Promueven que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios sean imprescriptibles

El proyecto es del diputado Martín Berhongaray y busca “impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, incorporando al Código Penal un artículo 62 bis.

El objetivo es hacer imprescriptible la acción penal cuando se cometan los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función; enriquecimiento ilícito; prevaricato; encubrimiento; y lavado de activos de origen ilícito.

“En todos los delitos cometidos por funcionarios públicos y que perjudican a la Administración Pública es indispensable garantizar que la investigación sea completa y suficiente. El procedimiento debe llegar a su fin con un debate amplio del tema, que permita alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. De allí la necesidad de impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”, señaló Berhongaray.

Y agregó: “Sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones termina beneficiando a los imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”.

El legislador radical sostuvo que “no debe perderse de vista que la complejidad que caracteriza la investigación de esta clase de delitos -por la indebida influencia que muchas veces se pretende ejercer desde las esferas del poder político-, sumada a su dificultad probatoria y a la grave amenaza que representan a la estabilidad y legitimidad de las instituciones, deben llevar a poner en práctica un conjunto de medidas que desalienten la participación en la vida pública de aquellas personas que pretenden servirse de su actividad para aumentar sus patrimonios o fortunas personales”.

Acompañaron con su firma el proyecto los diputados Facundo Suárez Lastra, Lidia Ascárate, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Juan Martín.

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