Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán este miércoles, a partir de las 12.30, para debatir sobre iniciativas que buscan establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

Sobre la mesa se tendrán en consideración dos proyectos presentados por los oficialistas Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu. Con algunas diferencias, pero con la misma base, los textos buscan un marco regulatorio para el reciclado de estos elementos, e incluyen sanciones para quienes no cumplan la ley.

En el caso de la propuesta de Luenzo, el senador excluye de la norma a los “neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos de menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas”.

Según la iniciativa del chubutense, los productores de neumáticos deberán “constituir asociaciones que tengan alcance nacional”, cuyo objeto será la de “implementar y formular Sistemas de Gestión Integral de NFU (neumáticos fuera de uso)”, el cual a su vez será aprobado por la autoridad ambiental nacional que designe el Poder Ejecutivo.

Los proyectos de Sistema de Gestión Integral de NFU deberán contener “los planes y programas operativos que incluyan los mecanismos de recuperación, recolección, transporte y difusión; las técnicas y detalle del tratamiento a utilizar teniendo en cuenta la disposición final y los mecanismos para el monitoreo y control del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la ley”.

También establece la prohibición del “abandono y/o desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación destructivo que no impliquen su valoración”.

En tanto, el proyecto de García Larraburu habla de que “los productores son solidariamente responsables por el funcionamiento del SIG (Sistema Integral de Gestión), y los incumplimientos a las obligaciones establecidas para estos últimos serán directamente imputables a los mismos”.

“Los consumidores, usuarios y otros tenedores de NFU deberán entregar los NFU en los lugares o a las personas expresamente autorizados, puntos de colecta y CAT, para su recepción en el marco del o de los SIG aprobados”, indica otro artículo.

En los fundamentos de su propuesta, la senadora rionegrina señaló que el proyecto “adopta un esquema similar al desarrollado en los países de la región, Brasil (desde el año 1999, con su adaptación en el año 2009) y Uruguay (desde el año 2015)”.