Polémica: ¿Cómo son los convenios urbanísticos que impulsa Larreta en la Legislatura?

Los legisladores porteños se preparan para debatir los 16 convenios en el recinto en los próximos días, por lo que parlamentario.com le acerca este informe en el que le explica al detalle el alcance de estos proyectos impulsados por el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de que las Comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieran dictamen favorable a dos proyectos que buscan avanzar con 16 convenios urbanísticos, parlamentario.com le acerca este informe en el que le explica punto por punto cómo son estas dos normas impulsadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y cómo fue la discusión en torno a los mismos.

Ambos proyectos ingresaron a la Legislatura porteña el lunes pasado, horas después del triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y tras un tratamiento exprés ya se encuentran listos para ser debatidos en el marco de una sesión ordinaria en los próximos días.

Uno de los textos presentados contempla 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.

Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. De esta manera, estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.

De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas “deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.

Mientras que en relación al segundo proyecto, el mismo define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.

Al igual que ocurrió con el convenio urbanístico por la Costanera Sur, donde se encuentra la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, la presidenta de la Comisión de Espacio Público y legisladora del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, insistió en que es necesario contar con mayor tiempo de debate en comisión. “Estos convenios no contienen, a nuestro modo de ver, un detallado y pormenorizado análisis  técnico, dominial y administrativo sobre el impacto que tendrán en la Ciudad. Hoy podemos decir que en la Ciudad no existe la más mínima voluntad de planificación.  La Ciudad ha abandonado la pregunta sobre el modelo de Ciudad que queremos”, aseguró en diálogo con parlamentario.com.

Además planteó que “los convenios urbanísticos se han convertido en la única herramienta de planificación urbana del oficialismo.  Esto demuestra lo que venimos sosteniendo: que estamos diseñando una Ciudad de las excepciones” e indicó que “los convenios urbanísticos, en definitiva, son un impulso del privado por generar una normativa especial que le permita construir por fuera de los patrones establecidos por el Código Urbanístico y que la Legislatura acepta a cambio de alguna contraprestación.  Un retroceso frente al compromiso del Nuevo Código urbanístico que ofrecía una certidumbre respecto a un crecimiento más homogéneo en toda la Ciudad. Así termina primando la excepción y no la regla”.

“Por ese motivo estamos pidiendo que la Comisión de Planeamiento Urbano trate nuestro proyecto donde solicita información sobre la metodología que utiliza el Ejecutivo para la evaluación de este tipo de Convenios. Porque ninguno de ellos se enmarca en una planificación de la Ciudad que atienda los intereses colectivos de los vecinos y vecinas de las diferentes comunas”, sentenció.

Al mismo tiempo, la peronista presentó en la Legislatura un pedido de informes al respecto de estos convenios, en los que le exige al Gobierno de la Ciudad que brinde precisiones al respecto de cómo se evalúan las diferentes propuestas de los privados y los criterios de selección a la hora de ser remitidos al Parlamento.

Audiencia-Informativa-Santa-Catalina

¿Cómo son los convenios?

Según informó el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, “los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse”.

Al mismo tiempo que indicó que en enero de este año el GCBA lanzó una “convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes” y precisó que este tipo de iniciativas propician “la cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan”.

La primera de las normas a evaluar contiene 15 convenios urbanísticos: Campichuelo 664, Hurgo Azopardo, Pinzón 1258, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Av. Del Libertador 5723, Arcos 1865/83, Arcos 3631, San Juan 2502, Corrientes 5761, 11 de septiembre 1535, Corrientes 3410, Díaz Vélez y Virasoro, Virrey Liniers 2301 y Álvarez Thomas 401.

La parcela de la calle Campichuelo cuenta con 2.135 metros cuadrados y actualmente se está utilizando como un centro médico privados y generará una contraprestación para la Ciudad de 3.358.399 UVAS.

En el caso de Hurgo Azopardo, la parcela cuenta con 1.218 metros cuadrados y la contraprestación será de 2.209.189 UVAS. Mientras que en Pinzon 1258 la parcela tiene 1.035 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, generará una contraprestación por 580.092 UVAS.

El de Amenabar 1501 cuenta con un predio mucho más pequeño de 583 metros cuadrados y actualmente se utiliza como comercio y la contraprestación será de 1.595.243 UVAS. A la vez que en Lafinur 3126 el predio cuenta con 1.590 metros cuadrados, en la actualidad es una vivienda y generará una contraprestación por 7.109.227 UVAS.

En Libertador 5723 hay actualmente unas canchas de futbol que cuentan con un predio de 1.558 metros cuadrados y generará una contraprestación de  3.770.044 UVAS; mientras que en Arcos 1885 hay un complejo de viviendas de 720 metros cuadrados, en el que se construirá una torre que generará una contraprestación de 3.405.235 UVAS. En Arcos 3631 el predio es amplio dado a que cuenta con 1.491,71 metros cuadrados, actualmente funciona en el lugar unas oficinas y generará una contraprestación de 4.853.515 UVAS.

A su vez el predio de la calle San Juan 2502 tiene una de las parcelas más amplias con 2.155 metros cuadrados, allí también se avanzará con la construcción de una torre y se generará una contraprestación de 1.802.674 UVAS. En Corrientes 5761 la parcela es de 1071 metros cuadrados y le dará a la Ciudad 3.652.052 UVAS. En tanto en 11 de septiembre 1535 actualmente hay una vivienda con 882 metros cuadrados, se prevé la construcción de una torre de más de 59 metros de altura y generará una contraprestación por 3.130.413 UVAS.

En lo que respecta a Corrientes 3410 la parcela cuenta con 1.212,61 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, le generará a la Ciudad una contraprestación por 1.908.798 UVAS. Mientras que en el caso de Díaz Vélez y Virasoro el predio también tiene un uso residencial y cuenta con 616 metros cuadrados, la contraprestación será por 1.478.690 UVAS.

Asimismo en Virrey Liniers 2301 se encuentra la parcela con mayor superficie: 3.204 metros cuadrados, y se prevé una contraprestación de 46.624 UVAS. Mientras que en Álvarez Thomas 401 el predio cuenta con 733 metros cuadrados y generará una contraprestación por 3.442.046 UVAS.

En lo que respecta al predio de Santa Catalina, el CUR establece una constructibilidad de 39.440 metros cuadrados y la altura máxima permitida es de 38 metros. Mientras que la propuesta del convenio que actualmente se encuentra en debate prevé una constructibilidad de 46.637 metros cuadrados y una altura máxima de 72 metros.

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