Arrancó con todo 2022, con la noticia rimbombante de la renuncia del titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Y cerró de manera similar, con los puentes entre el oficialismo y la oposición saltando por los aires en la Cámara baja. En el ínterin, estuvieron la renuncia del presidente de Diputados, y leyes de importancia mayúsculas aprobadas con notorias peculiaridades.
2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.
Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.
Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.
Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.
Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.
En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.
El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.
Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.
El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.
El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.
En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.
“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.
Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.
Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.
El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.
En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.
Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.
Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.
El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.
El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.
Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.
Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.
Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.
La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.
Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.
Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.
El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.
Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.
Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.
El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.
Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.
Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.
Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.
¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.
Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.
Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.
Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.
El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.
“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.
La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.
En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.
Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.
Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.
El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.
Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.
Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.
El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto
Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.
En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.
El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.
“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.
Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.
El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.
El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.
Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.
Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.
No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.
El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.
En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.
Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.
Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.
El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.
El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.
Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.
Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.
El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.
Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.
Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.
En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.
A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.
En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.
Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.
En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.
El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.
“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.
Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.
Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.
A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.
La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.
El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.
Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.
Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.
Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.
El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.
Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.
El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.
Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.
En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.
El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.
El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.
El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile– hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.
La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.
Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.
El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.
En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.
El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.
En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.
No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.
A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.
Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.
Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.
En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50 años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.
El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.
En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.
El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.
Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.
Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.
De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.
La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.
Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.
Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.
Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.
Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.
Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.
“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.
La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.
El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.
La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.
Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.
A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.
El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.
Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.
En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…
El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.
El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.
El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.
Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.
No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.
Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto.
El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.
