Tras un intenso debate, la Legislatura porteña sancionó con 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones una ley promovida por los legisladores de Vamos Juntos (VJ) y la UCR-Evolución (UCR-Ev) a través de la cual introdujeron una serie de modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad, con la intención de poder regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.

La medida contó con el acompañamiento de VJ, UCR-Ev, GEN, CF y PS; el rechazo de PTS, FIT, PO y AyL; y la abstención de FdT.

Es así que el texto recientemente aprobado incorpora Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

Es así que la vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la normativa sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.  En tanto fija sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

El debate

Al inicio de la discusión, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), señaló que “la Ley Nº 5526 sancionada en mayo de 2016 había establecido un marco regulatorio para esta actividad, si bien pasaron cuatro años, es necesario introducir mejoras que contemplen las aplicaciones que por aquel entonces no estaban desarrolladas y que ahora en este marco de pandemia están cumpliendo un rol fundamental”.

“Durante el aislamiento los pedidos a través de estas aplicaciones crecieron en un 25% y un 20% más de comercios los incorporaron para hacer sus ventas, pero además la actividad ha tenido un crecimiento sostenido antes de la pandemia, un tercio de los vecinos de la Ciudad las utilizaban y tenían un 90% de aceptación”, indicó.

Por su parte el peronista Santiago Roberto (FdT) explicó que “esta pandemia si ha servido para algo fue para visibilizar con mucha crudeza lo desigual que es la Ciudad de Buenos Aires y sobre el rol del Estado para aplicar medidas urgentes” e indicó que como bloque no estaban “de acuerdo con este proyecto de ley, todos los diputados del FdT dejamos en claro nuestras posturas, nosotros queríamos mesas de trabajo y escuchar a todas las voces; pero seguimos trabajando para ver cómo se podía modificar esta ley, pudimos obtener algunas modificaciones aunque entendemos que no son suficientes”.

“Reconocemos la predisposición del bloque oficialista para modificar el proyecto original, tomando algunas propuestas que nosotros hicimos, entre ellas obligar a las empresas a que le garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria y , también, que hayan sumado la obligación de que las empresas contraten a su exclusivo cargo, o sea sin costo para los trabajadores, seguro de vida, responsabilidad civil y de accidentes personales para la protección de los repartidores”, señaló.

Además alertó sobre que “hoy en día las Apps son el canal de venta más utilizado por los comercios y los comerciantes pagan comisiones de hasta un 35% sobre cada venta, las que son estipuladas unilateralmente por las empresas de delivery” y concluyó señalando que “en v ista de estos abusos es que proponemos un tope máximo del 15 % y que, además, esta medida se extienda después de la pandemia. En conclusión, si bien se han incorporado cambios, no acompañamos este proyecto porque aún no están garantizados en su plenitud los derechos de los trabajadores, los comerciantes y los usuarios que son el eslabón más débil de la cadena”.

A su turno Myriam Bregman (PTS) consideró que “es un proyecto que institucionaliza el fraude laboral, cuando existe fraude se lo combate y se pone al Ministerio de Trabajo para que intervenga, no se lo endulza para ver si se lo puede aggionar” y advirtió que “lo que se está votando refuerza las cadenas de desigualdad, esta ley la entiendo en el marco de la reforma laboral que se está tratando de avanzar en derecho y que se aplica de hecho. Esto ya lo tendría que haber discutido el Congreso”.

En tanto Marta Martinez (AyL) afirmó que “el oficialismo presenta este proyecto en el marco de una pandemia muy grave y no lo hace para cuidar a los trabajadores, sino que lo hace para deslindar las responsabilidades de las empresas” y aseveró que “profundiza este sistema capitalista que se llena de ganancias a costa de la salud de sus trabajadores, este proyecto no es beneficioso para los trabajadores y legitima la precariedad laboral”.

Por otro lado el legislador del GEN Sergio Abrevaya remarcó que “esta es una de las nuevas formas de trabajo en el mundo, revoluciona la economía en todo el mundo” y recordó que “la Argentina tiene una experiencia dramática con la concentración de capital, en los 90 con el hartazgo de los vecinos por pagar más caros los productos en los almacenes, llegaron los hipermercados y la gente creyó que era la solución, pero al tiempo aumentaron los precios”.

Además explicó que “cuando las empresas logran una posición dominante y se cartelizan, sucede esto. Es inevitable el avance de este formato” y aseguró que ante esta situación es “necesario proteger al comercio minorista”.

A su turno Marcelo Guouman (UCR-Ev) -quien es co autor del proyecto- explicó que “esta ley regula un sector declarado esencial en la pandemia pero que ya venía en pleno crecimiento. Ahora hay ley, donde antes había un vacío y desprotección” y remarcó que “Buenos Aires se ubica entre las primeras ciudades del mundo en avanzar en una regulación integral del delivery. Esto muestra a un Estado y a un Parlamento atento a las nuevas dinámicas”.

“El Congreso Nacional tiene por delante la cuestión de la legislación laboral de este nuevo paradigma digital. El desafío es cómo seguir incluyendo y, al mismo tiempo, incentivando la inversión”, finalizó.