Con la participación de dos expertos, la comisión homónima comenzó a tratar el tema en base a un proyecto de Alfredo Cornejo (UCR) y otro del oficialismo.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Diego Mestre (UCR) avanzó este jueves en el debate sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con la participación de dos expertos en la materia.
“El Código de Defensa del Consumidor es muy importante para todos los argentinos. La Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, fue una ley de vanguardia para ese momento, pero ya tiene 27 años, y si bien se ha ido modificando y ha tenido algunos parches, es un buen momento para resistematizar todo lo que hace a los derechos de los consumidores”, introdujo Mestre.
El legislador recordó que el año pasado se realizaron reuniones informativas sobre el tema en el Senado, pero los proyectos no prosperaron, y este año se presentaron dos iniciativas en la Cámara baja, una perteneciente a Alfredo Cornejo (UCR) y otra al bloque del Frente de Todos.
“Estamos ante una gran oportunidad para avanzar y están dadas las condiciones para eso”, garantizó el cordobés.
Destacó que el proyecto de Cornejo, que tomó como antecedente el programa Justicia 2020 de la anterior gestión, “se adecúa a los parámetros de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos” y distintas leyes.
También resaltó que contiene “algunos aspectos que hacen a la cotidianeidad de los consumidores”, como el acceso a la información, la contratación electrónica y el problema del sobreendeudamiento.
Uno de los invitados al encuentro virtual fue Gonzalo Sozzo, especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo explicó que la Ley 24.240 fue de “primera generación”, y ahora el Código de Defensa del Consumidor “colocaría a la Argentina en la vanguardia porque se trata de una normativa de tercera generación, porque trata temas de actualidad, como los portales de venta, las técnicas de financiamiento sofisticadas, el sobreendeudamiento de los consumidores, las nuevas técnicas de marketing y la protección de consumidores hiper-vulnerables”.
Además, el doctor mencionó que en el proyecto de Cornejo el derecho de los consumidores “tiene puntos de contacto con el derecho alimentario, el derecho ambiental, los derechos humanos y la perspectiva de género”.
También señaló que “prácticamente la mitad del articulado está dedicada a la efectiva implementación de los derechos del consumidor”, y afirmó que “fue construido en base un amplísimo consenso teórico”.
La segunda expositora fue Belén Japaze, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y co-autora del proyecto de ley que retomó Cornejo.
“Es indudable la preocupación global por el sobreendeudamiento de los consumidores, no solo en el contexto de excepción que vivimos por la pandemia sino por la dinámica propia del mercado en tiempos de normalidad, y esto lo asumieron países con economías estables”, aseguró Japaze.
La experta remarcó la “impostergable necesidad de un abordaje de la problemática en nuestro país”, y aunque aclaró que “no se resuelve con un dispositivo legislativo, es un punto de partida necesario”.
Japaze definió al sobreendeudamiento como “la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en situación de pronta exigibilidad, aunque no necesariamente deudas vencidas”.
En ese sentido, apuntó que el proyecto “no solo consagra un principio y prevé un catálogo de deberes, sino que deja establecido que todas aquellas consecuencias adversas que se deriven de créditos que se hubieran otorgado en infracción de estos deberes han de ser soportadas total o parcialmente por los dadores del crédito”.
Al finalizar las exposiciones, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente de Todos), destacó que “tenemos un gobierno que está pensando en los usuarios y consumidores”.
“En la apertura de sesiones ordinarias el presidente habló de los consumidores y ya había pensado en llevar adelante determinadas acciones, pero vino la pandemia y fuimos viendo sobre la marcha muchas cuestiones”, dijo, y al respecto mencionó la declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos.
En tanto, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) fue crítico del proyecto de Juntos por el Cambio y advirtió que no solo “no existe consenso”, sino que ya durante el debate en el Senado numerosas asociaciones de consumidores señalaron que “violenta seriamente la operatividad del artículo 42 de la Constitución”.
