Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de Diputados avalaron la iniciativa que establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTIQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen este jueves durante un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que culminó con aplausos.
La iniciativa logró un amplio acompañamiento, aunque fue firmado con disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.
En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.
En primer término, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), destacó que el dictamen es “producto de un trabajo muy intenso” que reunió aspectos de “15 proyectos presentados”. Asimismo, avisó que la iniciativa es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans.
La bonaerense remarcó que “la incorporación al ámbito laboral formal” es fundamental para que muchos puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. Además, valoró la militancia de las organizaciones de la diversidad y reconoció las figuras de Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (FdT), señaló que “el puntapié a este avance no se puede negar que lo ha dado el Poder Ejecutivo y también el Senado”, al tiempo que agradeció a sus “compañeras que han luchado para que esto se concrete”. Agregó que “sin dudas para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales”, y aseguró que los gremios “se deben este debate” de incorporación de personas trans y travestis.
A su turno, el santafesino Albor Cantard (UCR) lamentó que la Comisión de Legislación del Trabajo no haya tenido la oportunidad de debatir el proyecto, ya que esta fue la única reunión conjunta, más allá de las varias reuniones informativas que llevó a cabo la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En ese sentido, el legislador expresó que hubiera sido bueno discutir sobre “qué se entiende por antecedentes penales relevantes o no; si las personas que han cometido delitos contra la administración pública entran a la ley o no; si está bien el 1% para el cupo o el 0,5% era suficiente”, entre otros aspectos.
En consonancia con su par de Juntos por el Cambio, el porteño Alejandro García (Pro) consideró que la iniciativa “toca un montón de puntos que hace ni más ni menos que a la competencia específica de nuestra comisión”. “No entiendo ninguna explicación razonable para que este proyecto no haya sido debatido una sola vez en la comisión que usted preside y que yo integro”, le reclamó a Vanesa Siley.
El legislador apuntó que “no son temas menores” las reformas previstas a la Ley de Empleo Público e insistió que “hay muchas materias en las que se podría haber mejorado la redacción”. “No lo podemos acompañar responsablemente”, completó.
Siley le respondió que receptaba la crítica y la iba a tener en cuenta para “la próxima oportunidad”, pero argumentó que “las reuniones informativas son públicas”, además de que mientras se realizaban en la Comisión de Mujeres y Diversidad “nosotros estábamos abocándonos a discusiones de la Ley de Teletrabajo y la ratificación del Convenio 190 OIT”.
“Cuando las luchas son largas y llevan muchos años, el momento de conquistar derechos también se analiza en la oportunidad, mérito y conveniencia, y había un impulso muy grande a raíz del avance del Poder Ejecutivo y el Senado”, justificó la oficialista.
Durante el debate, la diputada Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) opinó que con el proyecto se está “sanando un poquito en todo lo que se vieron limitados (los miembros del colectivo) y totalmente excluidos, tanto al trabajo, la salud y la educación”.
La misionera pidió no hablar de cupo, sino de “inclusión”, porque “con esta legislación estamos tratando de dignificar”. También llamó a “acompañar la lucha en el día después de la sanción de la ley” para “que se cumpla en cada una de las provincias”.
“Rescato los pedidos que han hecho los compañeros de nuestro interbloque, en torno a que hubiera facilitado el proceso de debate las informativas conjuntas; pero también quiero decir que esto tiene una larga historia en nuestra Cámara, que se remonta mucho más allá de 2016”, dijo Brenda Austin (UCR).
La cordobesa añadió que “las condiciones de la Cámara están dadas para que avancemos con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, continuó y, en esa línea, se refirió a la niñez trans, de modo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.
Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (FIT) propuso una serie de modificaciones, entre ellas que la ley sea de orden público y de aplicación inmediata -ya que se prevé su entrada en vigencia 60 días después de su aprobación-, al tiempo de rechazar los incentivos para el sector privado. “A las patronales no hay que subsidiarlas más”, aseveró.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo Moyano (FdT) ratificó su aval a la iniciativa, pero también enumeró varias propuestas de cambios al texto -antes de su llegada al recinto- para “estar sólidos en el argumento político y legislativo”. “Tenemos que tratar de mejorar el proyecto en cuanto a la técnica legislativa”, subrayó, entre ellos “ser específicos en los antecedentes penales”, algo planteado por Cantard y García.
El jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, enfatizó que la iniciativa es para beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, ponderó, además de manifestar que “tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT) resaltó que esto es parte de “una lucha que se viene dando desde hace tanto años” y “una deuda pendiente enorme que tiene el Estado”. La oficialista sostuvo que el proyecto tiene “una enorme legitimidad”, al contar con “el respaldo de 200 organizaciones” de todo el país.
La iniciativa permite que las personas del colectivo trans “puedan comenzar a tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó la legisladora, y celebró: “No creo que sea una casualidad que se trate hoy, que se conmemora el 125° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón”.
Puntos centrales del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el artículo 7.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, agrega.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
