El Gobierno obtuvo una reciente victoria legislativa con la aprobación del aborto legal. También pudo avanzar con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la quita de fondos a la Ciudad. La reforma judicial quedó con media sanción. El repaso de cada uno de los temas.
Más de una treintena de proyectos envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación en su primer año de gestión, y en un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, durante el cual se alteró la forma de sesionar, pero no así la intensa labor que realizaron ambas cámaras.
De un total de 36 iniciativas, 19 fueron giradas a la Cámara de Diputados y 17 al Senado, aprobándose en total 21. En tanto, tuvieron media sanción 4 proyectos y otros 11 todavía no se debatieron en el recinto, aunque seis de esas propuestas están incluidas en el temario de sesiones extraordinarias previsto para el verano.
Primeras iniciativas
A pocos días de haber asumido, la gestión de Fernández se alzó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia en nueve áreas -económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social- y fue aprobada en 48 horas, primero en la Cámara baja y luego en el Senado, en la madrugada del 21 de diciembre.
Otra de las iniciativas enviadas allá por diciembre de 2019 fue el tradicional proyecto por el cual se autoriza al presidente -de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional- a ausentarse del país, cuando razones de gobierno así lo requieran. Un texto de similares características también se aprobó en la última sesión de este año en Diputados, de cara al 2021.
Durante enero de 2020, el oficialismo logró el aval del Congreso al Consenso Fiscal 2019, que Fernández había firmado con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a siete días de haber asumido.
Ya cuando el Covid-19 comenzaba a ser una amenaza para la Argentina, durante la última sesión presencial en el Senado, antes de la cuarentena que decretara el presidente, el 12 de marzo la Cámara alta convirtió en ley el proyecto del Gobierno que modificó los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.
Deuda pública
Tres fueron las iniciativas relacionadas con la deuda que el Poder Ejecutivo giró al Parlamento en 2020. La primera de ellas se aprobó el 5 de febrero en el Senado, con el respaldo opositor en una votación unánime. El proyecto declaraba la sostenibilidad de la deuda pública externa, y sirvió como herramienta para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, encare las primeras negociaciones con los acreedores.
El segundo fue la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública pero, esta vez, referida a los títulos emitidos bajo ley nacional. Se sancionó en la Cámara de Diputados el 4 de agosto, mismo día en que el Gobierno nacional anunció que se había alcanzado un acuerdo con los bonistas extranjeros. También contó con el apoyo de la oposición.
Finalmente, la tercer iniciativa es la que establece que el Congreso deberá aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier endeudamiento externo que supere el límite fijado en el Presupuesto Nacional. El texto obtuvo media sanción el pasado 30 de noviembre en el Senado y resta que lo trate la Cámara baja. Se encuentra incluido en el temario de extraordinarias.
Ampliación presupuestaria, moratoria universal y Presupuesto 2021
Hacia la segunda quincena de agosto, el Senado convirtió en ley una ampliación presupuestaria por 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI-, con el objetivo de afrontar los gastos provocados por la pandemia.
Además, con votos propios en la Cámara alta, el oficialismo aprobó una moratoria ampliada para que personas jurídicas y humanas pudieran regularizar deudas impositivas, aduaneras y previsionales, aumentando el universo de contribuyentes alcanzados primeramente por la Ley de Solidaridad Social. Durante el debate en ambas cámaras, Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López por un artículo que permitía el ingreso a empresas en quiebra como OIL Combustibles.
El 17 de noviembre del 2020, y tras un error insólito que estiró el trámite de la iniciativa -por falta de planillas sobre obras-, la Cámara de Diputados sancionó la “ley de leyes”, el Presupuesto 2021 que, entre otras proyecciones, prevé un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos para el año que comienza.
Agenda Malvinas y pesca ilegal
Tal como lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente envió este año al Congreso tres proyectos vinculados a la soberanía nacional, que finalmente fueron ley. El 5 de agosto, Diputados sancionó la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra iniciativa sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
En tanto, el 16 de septiembre vio luz verde en el Senado el aumento de penas a la pesca ilegal, a través de la modificación de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Con la nueva norma se estableció un nuevo mecanismo para medir los montos de las sanciones, a través de “Unidades Pesca”, que equivalen a un litro de gasoil.
Otro proyecto enviado por la Casa Rosada, y también habitual, fue la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
Coparticipación CABA
El 10 de diciembre pasado, y tras un trámite de poco más de dos meses, el Senado sancionó la rebaja de los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en concepto de gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el gobierno anterior.
En la ley se estableció que el gasto anual que demande dicha transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados “en forma bilateral” por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad, en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley. Sin embargo, se determinó que “hasta la entrada en vigencia” del acuerdo, Nación girará un monto fijo de 24.500 millones de pesos mensuales.
Por esta medida, el Gobierno porteño volvió a recurrir a la Corte Suprema -lo había hecho en septiembre pasado con la primera quita de un punto de coparticipación por decreto-.
Por su parte, en el cierre del 2020, la Casa Rosada le envió la invitación a Rodríguez Larreta para sentarse a “definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”. Se verá cómo continuará…
Más proyectos
A lo largo del año, el Ejecutivo impulsó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que estableció una modificación en el esquema de financiamiento del programa de Reparación Histórica y, además, habilitó a que las provincias puedan renegociar las deudas que mantienen con la ANSeS. Se sancionó en el Senado el 30 de octubre.
Otro tema fue la nueva Ley de Economía del Conocimiento, que si bien el proyecto se envió en febrero, terminó aprobándose en Diputados el 8 de octubre, previo modificaciones que la Cámara alta introdujo durante el tratamiento en revisión. Esos cambios no fueron acompañados por Juntos por el Cambio, que se abstuvo, pero que en la primera aprobación había respaldado el texto.
Capitales Alternas fue uno de las primeras iniciativas que Fernández envió al Congreso, pero también se vio demorada su sanción, que finalmente se produjo el 12 de noviembre en la Cámara baja.
Por otro lado, el Parlamento ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza. También, el Senado aprobó un protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal -resta que lo trate Diputados-.
Reforma judicial, con media sanción
El 28 de agosto el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y dio media sanción a la reforma judicial, altamente rechazada por la oposición y que, por falta de apoyo, quedó congelada en su tratamiento en la Cámara baja ante la imposibilidad del oficialismo en reunir los votos necesarios.
Juntos por el Cambio se alzó enfáticamente contra la iniciativa, al calificarla de “inoportuna”, por tratarse en plena pandemia, “inconstitucionalidad” y parte de “un plan de impunidad”. Además, en ese momento se cuestionó la gran cantidad de cargos a crear, que aumentaban con las modificaciones de última hora que la bancada oficialista incorporó.
Fórmula de movilidad jubilatoria
En el último miércoles del año, el Frente de Todos en Diputados celebró la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con la cual se vuelve a un esquema similar al aplicado entre los años 2008 y 2017: el cálculo combinará 50% de recaudación de la ANSeS y 50% variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por índice RIPTE.
La fórmula implementada desde diciembre de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, había quedado suspendida por la Ley de Solidaridad Social y durante 2020 los haberes previsionales se actualizaron por decreto.
El plazo previsto para aprobar un nuevo cálculo era de seis meses, pero a mitad de año el Gobierno prorrogó el tiempo -envió un proyecto en este sentido al Congreso, pero no fue tratado-. Finalmente, tras el dictamen de una comisión mixta creada para tal fin, el Ejecutivo envió la iniciativa. La oposición reclamó que el trabajo de la bicameral no se tuvo en cuenta y tampoco hubo consenso, por eso fue ampliamente rechazada en la votación, donde solo 15 diputados de bloques provinciales ayudaron al oficialismo.
Legalización del aborto
En una jornada histórica, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado sancionó la legalización del aborto, enviada por el propio Gobierno, en línea con lo prometido por Alberto Fernández en campaña electoral. Es así que el proyecto contó con el impulso total del presidente, que se involucró en las negociaciones previas para alcanzar los respaldos necesarios.
La norma sancionada en la madrugada del 30 de diciembre habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Luego de ese plazo, la práctica solo podrá realizarse en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.
Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Junto con el proyecto se aprobó otro, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.
Temas pendientes
De todos los proyectos girados por el Ejecutivo al Congreso durante 2020, son 11 los que restan ser debatidos. En ese grupo aparece una iniciativa destinada a promover las inversiones en la construcción de obras privadas; otra sobre el sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario; el nuevo Consenso Fiscal 2020; y un proyecto para otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; entre otros.
