El oficialismo avanzó con el despacho en la comisión homónima de Diputados, con lo cual quedó a un paso su sanción, demorada por un error en las planillas. Juntos por el Cambio no acompañó con su firma.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados avanzó nuevamente con el dictamen del Presupuesto 2021, tras el regreso desde el Senado, que devolvió el proyecto por un error en la falta de planillas donde se detallan numerosas obras en las provincias que serán financiadas por el Estado Nacional.
El despacho reunió 26 firmas del oficialismo, el cordobés Paulo Cassinerio (Interbloque Federal) y el misionero Diego Sartori (Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo). En tanto, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron con su firma -misma posición que adoptaron con el dictamen anterior-.
Al comienzo de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, señaló que durante las negociaciones en la Cámara baja se incorporó “una cantidad significativa de obras”, a fin de “federalizar lo máximo posible el Presupuesto Nacional”.
Pero “se deslizó un error material en la migración de la ilustración de obras” y “el anexo remitido salió cortado en algunas de sus páginas”, explicó el oficialista. El legislador incluso indicó que “en la página web de la Oficina de Presupuesto del Congreso está la planilla completa”.
Más de una vez, Heller reiteró que el Senado devolvió el proyecto sin cambios. “Tanto el miembro informante en el Senado, el senador (Carlos) Caserio, como el presidente del bloque oficialista, José Mayans, resaltaron que el Senado nada modificaba” a la iniciativa, subrayó e insistió que “las planillas salieron completas de esta Cámara pero llegaron al Senado defectuosas”.
En contra de que el tema se haya incorporado a la reanudación de un cuarto intermedio, el radical Ricardo Buryaile consideró que “no corresponde sobre un cuarto intermedio ampliar el temario”. “No es la primera vez que nos avisan con poco tiempo”, reprochó y señaló que “no es lo mismo” tratarlo de esa manera que en “una nueva convocatoria”.
“Podríamos haber hecho un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión inmediatamente, era lo mismo”, le respondió Heller, que agregó: “Entendimos que estábamos frente a un error administrativo fácilmente comprensible”. “No ha habido una modificación de ni una coma. Se trata a todas luces de una cuestión formal. Me pareció que no era necesario y que el exceso de formalismo podía ser subsanado”, completó.
Por su parte, el misionero Luis Pastori comunicó la posición de Juntos por el Cambio de no acompañar el dictamen, y le transmitió a Heller una “inquietud” sobre el artículo 13, referido al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que recordó fue derogado.
En ese sentido, el radical pidió que se aclare “que lo que se ha reestablecido no es el impuesto, sino la transferencia a las provincias”. “Sería bueno que nos saquemos esa duda”, añadió.
El jueves pasado, el Senado aprobó con 45 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones el Presupuesto 2021, que debido al error administrativo volvió a Diputados, retrasándose así su sanción, que se dará finalmente en la sesión prevista para este martes en la Cámara baja.
En un trámite veloz, el oficialismo avanzó con la iniciativa en la comisión que preside el cordobés Carlos Caserio. Los senadores de Juntos por el Cambio no emitieron opinión, salvo en las consultas que transmitieron al titular de la OPC, Marcos Makón.
El Frente de Todos pasó a la firma este miércoles el dictamen del proyecto de Presupuesto 2021, que se convertirá en ley en la sesión prevista para la semana próxima. En un trámite veloz, el oficialismo avanzó con la iniciativa que se votó el jueves pasado en la Cámara de Diputados.
Tras la exposición del titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makón, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, cerraron el debate con sus conclusiones.
Los senadores de Juntos por el Cambio no emitieron opinión, salvo en las consultas que sí transmitieron a Makón, referidas a distintos temas.
Mayans reveló el trabajo coordinado que el oficialismo realizó con la Cámara de Diputados, para acelerar el debate, y señaló que estamos ante “una situación absolutamente especial por la emergencia”. “Si tenemos vacuna, creo que la situación puede cambiar y podemos llegar al pleno de la actividad económica”, sostuvo.
En ese sentido, el formoseño expresó que la pandemia tuvo “impacto” en “las exportaciones, en el mercado interno y el consumo, y en la inversión pública”. “La pandemia realmente golpeó fuerte a la economía mundial, Argentina no es la excepción”, continuó.
Sin embargo, destacó: “Hay una luz que yo estoy viendo, que es el tema de la recaudación, que el año pasado estaba en 500 mil millones y ahora está en 642 mil millones. A pesar del impacto que tenemos, hay un aumento de más del 25% y por segundo mes consecutivo supera a la inflación”.
El jefe de la bancada oficialista compartió la “preocupación” por el sistema previsional, pero mencionó que durante la gestión anterior “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tuvo un impacto muy duro”. Y defendió que el Gobierno “comenzó a achicar las diferencias” entre los haberes de las jubilaciones.
También resaltó la cuestión de la inflación. “Hoy estamos en 22%”, manifestó, en comparación con el 57% de 2019, y dijo que existe “un gran esfuerzo de todos los sectores” y el Poder Ejecutivo está “trabajando en una nueva lista de Precios Cuidados”.
Mayans enfatizó: “No decimos que está resuelto el problema económico, pero esta es una gran línea de lo que se aspira”. “Hay una luz que nos está diciendo que es posible generar crecimiento económico en Argentina, controlar el proceso inflacionario y terminar con el problema del endeudamiento histórico, que no es fácil”, completó.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio aseguró que en el Presupuesto, el Gobierno plasmó “lo que cree que puede cumplir y lo que cree son las contribuciones que pueden mejorar el país”. “Las negociaciones de la deuda todavía no terminaron; el Covid no nos ha dejado”, advirtió, aunque abogó por que “ojalá las variables del año que viene sean superiores a las que manifiesta el Presupuesto”.
“Tenemos claro que es un Presupuesto que tiene un resultado financiero deficitario, pero también creemos que en esta situación tremenda de emergencia lo único que va a sacar al país adelante es un rol activo del Estado”, aseveró y recordó que “venimos de 2019 con una baja importante del PBI, casi dos puntos; y este año la baja del mundo y Argentina ha sido tremenda”.
El titular de la Comisión de Presupuesto afirmó que “el único modo es crecer, los ajustes nunca han dado resultado en Argentina”. “El déficit creemos que lo vamos a ir achicando de a poco; 4,5% parece mucho, pero si en en vez de 3,5% de déficit secundario tenemos 1,5%, como se nos permitió achicar con el canje, las posibilidades van a ser mejores”, añadió.
Finalmente, valoró la “fuerte impronta en la fuerza de la inversión pública” y “el incremento muy importante en innovación y desarrollo”, al tiempo que remarcó que en el Presupuesto está considerado “el gasto de la vacuna” contra el Covid-19.
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso
En su exposición, el titular de la OPC, Marcos Makón, brindó detalles sobre el “análisis de los artículos que tienen impacto fiscal” y, en relación al cálculo de ingresos, precisó que por el artículo 95, referido a la contribución obligatoria de 0,5% de las primas de seguro automotor se prevé recaudar 1.506 millones de pesos.
Además, se estiman 2.060 millones de pesos en concepto de contribución del 3% sobre primas de seguro, excepto el de vida (artículo 101); y 9.722 millones de pesos por el aumento de impuestos internos a los productos electrónicos (artículo 110).
En cuanto a la distribución tentativa de la recaudación de impuesto nacionales y aportes y contribuciones en 2021, se proyecta un total de 2.908 millones de pesos para las provincias.
Los nuevos gastos asignados alcanzan un total de 295.599 millones de pesos, en tanto Makón ponderó como “una novedad” la incorporación del artículo 88 por el cual se establece la “disminución de créditos” por 35.036 millones de pesos. “Es una novedad porque es la primera vez que el Poder Legislativo marca en qué se aumenta y le dice al Ejecutivo también en qué se debe bajar, o sea qué tipo de gastos es necesario reasignar”, indicó.
Los recursos destinados a obras alcanzan los 244.229 millones de pesos, y encabezan la distribución la Secretaría de Energía y la Dirección Nacional de Vialidad.
En cuanto a lo que hay que pagar en 2021 en concepto de aportes de capital y suscripciones a organismos internacionales, se estiman unos 3.684 millones de pesos.
El titular de la OPC señaló que existen “nuevos gastos con montos a definirse”, tales como el Plan Gas; condenas judiciales firmes para Santa Fe y La Pampa; la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMEs; y la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEP).
El FdT avanzó con el despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa. En tanto, el “schiarettista” Paulo Cassinerio firmó en disidencia; y el misionero Diego Sartori votó a favor, con un nuevo cambio incorporado en favor de su provincia.
El oficialismo se alzó este viernes con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto Nacional 2021, que se debatirá en sesión en la Cámara de Diputados el miércoles de la próxima semana. Los integrantes de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho, que alcanzó un total de 26 adhesiones -sobre 49 miembros de la comisión-.
Dentro de la principal bancada opositora se presenta una discusión interna sobre la postura que adoptarán en el recinto, puesto que los legisladores más “duros” quieren rechazar la iniciativa, pero hay un grupo que se inclinaría por la abstención.
El cordobés Paulo Cassinerio, del Interbloque Federal, firmó en disidencia, basado en su reclamo por más fondos para los subsidios al transporte en el interior. Mientras que el misionero Diego Sartori, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, dio su apoyo total al texto a raíz de una modificación en beneficio de su provincia.
Al comienzo de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, detalló tres cambios que se realizaron sobre el texto en las últimas 24 horas. Uno de ellos fue precisamente el referido a Misiones -plasmado en los artículos 124, 125 y 126-, por el cual se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia -y no solo en cuatro localidades como se planteaba originalmente-.
Este área, que se denominará “Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la Provincia de Misiones”, estará compuesta por las zonas y empresas que autoridades del Gobierno nacional y del gobierno provincial determinen; y contará con una extensa lista de beneficios impositivos.
Sartori celebró las modificaciones, afirmó que les “quitó el sueño cómo estaba en un principio” redactado el texto, y sostuvo que “para los misioneros es muy importante” este régimen.
Por otro lado, Heller informó que se reestablece un artículo que se había eliminado de la versión inicial sobre establecer que Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas deberán tener control obligatorio no solo del Congreso y de la AGN, sino también de la Sindicatura General de la Nación.
Y esos mismos términos, además de incluir a las sociedades anónimas de capital estatal y con participación estatal mayoritaria -ya previsto por ley-, correrán también para los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional y las Universidades Nacionales.
Finalmente, sobre el artículo que incorpora un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o tengan deudas “a niveles razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista, se añadió que la autoridad de aplicación será Secretaría de Energía, a quien se la faculta a dictar las normas necesarias para el cumplimiento de lo estipulado.
Durante la reunión también se aceptó una modificación planteada por el diputado oficialista Ariel Rauschenberger sobre el artículo 119, referido al impuesto al juego online, de manera que el aumento del 5% de la tasa “se reducirá en 50% para el caso de apuestas en que intervengan sujetos vinculados a la explotación de juegos de azar y/o apuestas que tengan inversiones genuinas en el país vinculadas a dicho rubro”.
En tanto, la alícuota del 5% se duplicará (10%) “para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un sujeto del exterior”, y se irá al 15% para “un sujeto del exterior que se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”, es decir, en paraísos fiscales.
Rauschenberger sostuvo que el cambio tiene que ver con “darle un tratamiento distinto a aquellos que generan trabajo en Argentina”. Y Heller aceptó la nueva redacción porque “respeta el espíritu” y es una “mejora” sobre “los distintos sujetos que podrían estar alcanzados por el gravamen”.
Tras el tratamiento de las últimas modificaciones, en representación de Juntos por el Cambio, el macrista Pablo Torello anunció que su interbloque no firmaría el dictamen “atento a la enorme cantidad de temas tan diferentes” incorporados durante el debate en comisión, que como se vio este jueves pasó de un proyecto original de 93 artículos a 135, es decir, 42 más.
El legislador opositor aseguró que esos cambios “nos impiden hoy tomar una postura”. “Nuestra postura va a ser expuesta en el recinto, pero no vamos a acompañar (el dictamen)”, ratificó.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace recordó que en la aprobación de la ley para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se estableció que “no hubiera límites para el pago de sentencias de la Reparación Histórica” y “la redacción de los artículos 36 y 37” del Presupuesto “es anterior a la sanción de esa ley” y “no contempla la nueva situación que está en la ley del FGS”.
“Eso sería incongruente a lo que sancionamos”, advirtió el puntano, a lo que Heller se comprometió a “considerar” porque el texto “debería ser compatible y no contradictorio”. “Vamos a tratar de tenerlo subsanado” para el próximo miércoles, afirmó el oficialista.
El oficialismo sacará despacho de la iniciativa en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que se realizará este jueves a partir de las 15.
Luego del análisis de varios cambios al texto original, el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzará con el dictamen del proyecto de ley del Presupuesto 2021, el primer plan de gastos y recursos de la gestión de Alberto Fernández.
El oficialismo tiene la intención de tratar la “ley de leyes” en el recinto la próxima semana.
El martes pasado, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que finalmente se incorporó un aumento de 7.000 millones de pesos a los subsidios al transporte en el interior, y que habrá incremento en las partidas destinadas a las universidades nacionales, entre otras modificaciones.
De la última reunión participó el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makon, quien precisó que la recaudación total de impuestos nacionales y aportes y contribuciones será de 9.297.141 millones de pesos, de los cuales 2.655.520 millones irán a la Administración Nacional -incluyendo la Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social-, mientras que 2.946.814 millones se distribuirán a las provincias.
El Presupuesto 2021 prevé terminar este año con una caída del 12% de la actividad, para pasar a un crecimiento del 5,5% en el año próximo, un 4,5% en 2022 y un 3,5% en 2023.
En cuanto a la inflación, se pronostica un 32% para diciembre de este año, un 29% para diciembre de 2021, un 24% para el mismo mes de 2022 y un 20% para 2023.
También, la iniciativa proyecta un déficit primario de 4,5%; un crecimiento del gasto primario real de 7,6%; y una caída en las erogaciones de los intereses de la deuda, gracias a la reestructuración alcanzada.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Carlos Heller se reunirá este martes desde las 15.
El oficialismo buscará este martes, desde las 15, la firma del dictamen del proyecto de Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Carlos Heller.
En la reunión de la semana pasada hubo varios pedidos de modificación por parte de la oposición, algunas en las que coincidieron miembros del Frente de Todos, como el tema de las partidas para los subsidios al transporte en el interior.
El Presupuesto 2021 prevé terminar este año con una caída del 12% de la actividad, para pasar a un crecimiento del 5,5% en el año próximo, un 4,5% en 2022 y un 3,5% en 2023.
En cuanto a la inflación, se pronostica un 32% para diciembre de este año, un 29% para diciembre de 2021, un 24% para el mismo mes de 2022 y un 20% para 2023.
También, la iniciativa proyecta un déficit primario de 4,5%; un crecimiento del gasto primario real de 7,6%; y una caída en las erogaciones de los intereses de la deuda, gracias a la reestructuración alcanzada.
El proyecto contempla una inversión en infraestructura productiva y social de 835 millones de pesos, lo que representa el 2,2% del PBI; y destina partidas por 187 millones de pesos o 0,5% del PBI para la innovación y el desarrollo.
En materia de salud pública, se prevé que en 2021 incrementarán en un 49% la inversión real en el área respecto de 2019, a partir de una inversión proyectada en 199 millones de pesos.
Entre otros puntos, para educación, habrá un 11% de aumento -respecto a 2019- en los fondos destinados a la conectividad, que alcanzan los 483 millones de pesos.
El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría con el acompañamiento del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo. Juntos por el Cambio rechazó los cambios introducidos luego de la vuelta a comisión de la iniciativa, y presentó un dictamen de minoría insistiendo con la versión original.
Tras un debate de más de tres horas, el Frente de Todos se alzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado Nacional asista económicamente a empresas que tengan activos en guaridas fiscales.
La iniciativa, que reunió 25 firmas, fue acompañada por los representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el cordobés Paulo Cassinerio y el misionero Diego Sartori, respectivamente.
En tanto, el dictamen de minoría alcanzó las 20 firmas de los miembros del interbloque Juntos por el Cambio, quienes insistieron con la versión original del texto, es decir, con el proyecto que había obtenido unanimidad previo a su vuelta a comisión en la sesión del pasado 24 de septiembre.
Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller, destacó que los tres diputados impulsores de la iniciativa hayan llegado a un texto común, luego que el tema haya sido revisado.
El cordobés Pablo Carro aseguró que “no es diferente en lo sustancial y en el objetivo que se propone”, y el nuevo análisis “nos ha permitido enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras”. “Hoy es es mucho más claro acerca de lo que queremos lograr”, añadió el oficialista.
En tanto, la diputada Fernanda Vallejos habló de un “buen dictamen” que contempla “la multiplicidad de situaciones, maniobras, prácticas que caracterizan a quienes buscar eludir y evadir los controles de los Estados” y “se quedan con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”.
Lo que se busca es que “quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, no deben capturar esos recursos públicos”, señaló la legisladora del Frente de Todos, y remarcó que esos recursos deben, en cambio, “ser destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan”.
La economista manifestó que se establecen “criterios exigentes en la procura de contemplar a la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos”. “Creemos que es fundamental que todos los vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado Nacional como un Estado bobo al que no aportan nada, pero que le sacan todo lo que pueden cada vez que pueden”, completó.
Desde Consenso Federal, Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión pero trabajó en el proyecto, dijo estar “convencida” de que a este tipo de empresas “no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez”. “Tenemos que premiar a aquellos empresarios, emprendedores y personas que toleran una carga impositiva muy importante en Argentina”, apuntó.
En contra de la iniciativa, el radical Luis Pastori anunció que el interbloque Juntos por el Cambio presentaría “un dictamen de minoría, de rechazo al proyecto”. El misionero recordó que la intención de su espacio era la de acompañar “el proyecto original”.
Sin embargo, el legislador indicó que el nuevo texto “tiene muy poco que ver” con la redacción inicial. “Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, afirmó y consideró que “es todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones”.
El secretario de la comisión advirtió que la ley podría alcanzar a empresas bajo régimen de promoción especial, como “todas las de Tierra del Fuego”, y sostuvo que “esto es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga un enorme listado de a qué empresas van a asistir y a cuáles no”.
“Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida”, agregó y continuó: “Acá le estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”. Tras una extensa argumentación, Pastori ratificó que la ley “resulta de imposible acompañamiento”, que será de “difícil aplicación” y dará “una discrecionalidad muy grande al Ejecutivo”.
A continuación, el macrista Luciano Laspina enfatizó que “es evidente que hay un cambio notable” entre el proyecto original y el nuevo. “No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad”, alertó y se preguntó si esta iniciativa “no viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad en la competencia”.
El santafesino pronosticó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”, al tiempo que resaltó que “no está claro si las excluye o no” a las sociedades constituidas en el extranjero. “Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, expresó y opinó que “en una primera lectura” lo que se ve es la intención de “no le queremos dar más ayuda de ningún tipo a los inversores extranjeros directos”.
Recogió el guante el porteño Itaí Hagman, que cuestionó a la oposición por haber hecho “un planteo parecido” con el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. El oficialista subrayó que no se está “discutiendo qué empresas tienen derecho a existir o no existir, sino cuáles tienen derecho a recibir beneficios”.
“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador y calificó al proyecto de “razonable”, además de afirmar que “no es un ataque a las empresas ni al sector privado”.
También desde el Frente de Todos, el santacruceño Pablo González negó que se esté “legislando retroactivamente” -como planteó Pastori-. “De acá para adelante no van a poder acceder (a un beneficio), nadie dice que se les va a sacar lo que hayan recibido”, aclaró y enfatizó que “es un disparate” decir que “las empresas no puedan venir a invertir” con esta ley.
Avanzado el largo debate, Camaño llamó a “mirar bien el proyecto” y mencionó que la regulación de la Unión Europea dijo que “los países, de manera individual, pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Y de hecho, Dinamarca, Francia, Polonia, Italia, así lo hicieron”.
Según la Red Tax Justice Network, “se pierden 500 mil millones de dólares en impuestos de corporaciones multinacionales que abusan de la ley”, informó la diputada y comparó que esa cifra “es 250 veces más que los 2 mil millones de dólares que se calcula y que ha pedido la ONU para hacer frente a la pandemia en los países más pobres”.
La legisladora pidió dejar “los discursos cargados de sectarismo, de ventajismo”. “Yo no soy oficialista y soy muy crítica”, resaltó, pero aseveró que “una cosa es la crítica y otro es que nada les venga bien”.
Molestos porque no se avanzó con el proyecto original, en el cual había unanimidad, varios legisladores de Juntos por el Cambio plantearon su disconformidad. Uno de ellos fue Javier Campos, de la Coalición Cívica, quien se quejó: “¿Por qué no volvemos al texto acordado y lo votamos todos como estábamos predispuestos a hacerlo? No entiendo porque nos hacen cargo ahora a nosotros, que ustedes parece que son Robin Hood, y nosotros somos los que estamos mal, los que estamos out side. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser unos obstruccionistas de este tema”.
Nuevamente tomó la palabra Laspina, vicepresidente de la comisión, para insistir con que se vuelva “al espíritu original” del proyecto, que “era muy específico de acotar la ayuda” a las empresas “efectivamente evasoras”. “Este es un error que va a tener que ser revisado por el Poder Ejecutivo“, advirtió y habló de un “gran riesgo en los alcances de este dictamen”.
Finalmente, y antes de pasar a un breve cuarto intermedio para afinar la redacción, Heller leyó una incorporación propuesta por Camaño respecto a que “las prohibiciones y exclusiones establecidas por la ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso”.
“Me parece que cubre todas las dudas que se están planteando y pone en nuestra responsabilidad el análisis de las situaciones a excepción”, cerró Heller.
Qué dice el proyecto
El proyecto establece “la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional” a una serie de sujetos, detallados en un largo artículo 2, lo que provocó el rechazo de la principal bancada opositora.
Además, un tema no mencionado durante la reunión, es que la nueva iniciativa no contempla que la prohibición será “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”, como establecía la versión original. De hecho, esas palabras no figuran en el nuevo texto.
La propuesta alcanza a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”; a las personas humanas o jurídicas, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones.
También incluye a personas humanas, jurídicas o sociedades que “tengan participación” en empresas con activos en guaridas fiscales; o aquellas que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada” en paraísos fiscales.
Entre otros, incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero; y a aquellos que tengan deudas con el fisco o con el sistema de seguridad social por montos “iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada”.
El proyecto indica que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días corridos desde su promulgación; y que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación, la cual “implementará las acciones conducentes a efectos de la elaboración, actualización y publicación anual de la Lista Única de Jurisdicciones de Baja o Nula Tributación”.
Será el turno esta vez de los ministros Matías Kulfas, Gabriel Katopodis y Daniel Arroyo.
Continuará este lunes el debate del Presupuesto 2021, esta vez con la presencia de tres ministros del gabinete nacional. En efecto, a partir de las 15 será el turno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller, estarán el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
La metodología será virtual, y representará la continuidad de un debate que se inició con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes y viernes de la semana pasada con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y ek secretarui de Finanzas, Diego Bastourre.
Los funcionarios expondrán ante los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, quienes luego podrán hacer las preguntas de rigor.
El proyecto será tratado el próximo lunes a las 17 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
Rápidamente comenzará el tratamiento en el Senado del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para reducir aún más el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
El texto ingresó este jueves y será tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio -respectivamente-, el próximo lunes a las 17.
Según el temario, se tendrá también “a la vista” un proyecto similar, presentado el año pasado por el senador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).
La iniciativa estima llevar a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño, al establecer un monto fijo para ser transferido a la Ciudad por los gastos que demande la Policía Federal -fusionada con la Policía de la Ciudad-, traspasada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto prevé que, cada año, el financiamiento será actualizado por una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otra parte, la semana pasada, a través de un decreto, el Gobierno nacional bajó de 3,5% a 2,32% el porcentaje de coparticipación para la Ciudad, hecho por el cual este viernes la administración porteña presentó un reclamo ante la Corte Suprema.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados tratará la iniciativa a partir de las 15. Además, asistirán funcionarios de la ANSES para exponer sobre el proyecto que busca defender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El próximo martes 15 de septiembre, fecha en la que justamente vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021, comenzará el debate de la iniciativa que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el porteño Carlos Heller -quien trabajó en la redacción de ese texto-, se reunirá desde las 15. Además, el temario incluye el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para el cual asistirán a explicar funcionarios de la ANSeS.
El proyecto de aporte solidario y extraordinario tiene por objetivo “ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos.
Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
De acuerdo a la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.
Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.
El otro punto del temario es el proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 19 de agosto pasado.
La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.
En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.
Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
A pedido del senador oficialista Maurice Closs, la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzó con el dictamen de la iniciativa, que además incorpora a la provincia de Buenos Aires en el listado.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó un proyecto de ley para prorrogar por un año la emergencia cítricola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, además de incorporar al listado a la provincia de Buenos Aires.
A pedido del senador Maurice Closs (FdT), legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en avanzar con la iniciativa que extiende el plazo -vencido en mayo pasado- por el término de 365 días. También, se faculta al Poder Ejecutivo a extender el alcance geográfico previsto.
El legislador misionero leyó el proyecto y señaló que iba en igual sentido a lo presentado por Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Glayds González, Pedro Braillard Poccard, Stella Olalla y Silvia Elías de Pérez, del interbloque Juntos por el Cambio.
Bullrich remarcó que la provincia de Buenos Aires “a pesar de que llegó a tener más de 20 mil hectáreas de producción de cítricos, hoy apenas tiene 8 mil” y “esta reducción tiene un enorme impacto en el empleo”.
“Con el senador Alberto Weretilneck estamos trabajando en la emergencia frutícola más general”, anunció el macrista, a lo que el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio (FdT), se comprometió a “tratar más a fondo” en la próxima reunión que se realice.
Tras la exposición del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, los senadores pasaron a la firma el proyecto, que se trataría este jueves en sesión. La iniciativa amplía los gastos por un monto de 1,9 billones de pesos.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó este martes con el dictamen del proyecto de ampliación presupuestaria, enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se prevé un aumento de gastos por un monto de 1,9 billones de pesos.
La iniciativa se trataría en sesión este jueves, de modo que para su habilitamiento sobre tablas se deberá contar con los dos tercios de los votos.
Tras la exposición del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que la ampliación representa un 17% del total. “La presencia de la pandemia alteró todo el esquema económico en cuanto a la recaudación y el gasto”, dijo, en consonancia con las palabras del funcionario.
El formoseño agregó que “hay un impacto fuerte en la economía nacional y hay provincias que tienen problemas por verse afectada su economía y por el endeudamiento en dólares”. “Estamos en condiciones de respaldar esta modificación presupuestaria que es absolutamente racional. Es un año altamente difícil para todos, y para el sector público y privado”, completó.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, el macrista Esteban Bullrich, se quejó de que “no estando más la excusa de la negociación de deuda” no asista a la comisión el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Además, el legislador rechazó los números aportados por Rigo sobre la gestión anterior y enfatizó que, en esa información, “para la comparación del déficit de 2015 a 2019 no se toman las consideraciones que se toman para el 2020”.
“Coincidimos en la urgencia del tema”, aseguró sobre el proyecto, aunque alertó por “un ajuste de 8 mil millones de pesos que nos preocupa” a las universidades públicas. “Es casi la deuda que le estamos perdonando a Cristóbal López” en el proyecto de moratoria, consideró. Asimismo, se manifestó en contra de la dolarización de la deuda en pesos sin límites.
Por su parte, el radical Víctor Zimmermann consultó al secretario sobre los criterios de distribución de distintos recursos destinados a las provincias, mientras que el puntano Claudio Poggi preguntó si el financiamiento del Banco Central al Estado es “mediante utilidades o activos que le presta al Tesoro”.
También consultó la tucumana Silvia Elías de Pérez, quien señaló que “el incremento del déficit se financia en un 80% con emisión monetaria” y advirtió que “ya se estaría llegando al máximo de lo que ley permite”.
A su turno, el radical Martín Lousteau remarcó que el rubro de universidades es “de los que menos aumento tienen” y “el déficit que tienen las universidades es cerca de 20 mil millones de pesos”. Respecto a las transferencias a provincias, dijo: “Es cierto que los ATN y otros rubros han sido distribuidos de manera similiar a la Coparticipación, pero en la asistencia financiera 9 de cada 10 pesos se los está llevando la provincia de Buenos Aires”.
Las respuestas de Rigo
En cuanto a la dolarización de deuda en pesos, el secretario de Hacienda sostuvo que “el mercado de deuda doméstica está conformado por numerosos actores, algunos de los cuales han mostrado aspectos no colaborativos” y son éstos los que “expresan una demanda por un bien que es escaso en Argentina, como son los dólares”.
Rigo indicó que el artículo 7 “sí tiene un límite de 1.500 millones de dólares”, que los tenedores podrán suscribir y “esa suscripción se va a hacer a través de licitaciones mediante subastas”. “El Gobierno entiende que esto es una buena alternativa”, defendió.
Bullrich intervino nuevamente y manifestó que entendía “la importancia de la herramienta para resolver el problema; en su momento la sugerimos como una salida y la oposición no la aceptó”. “La pregunta es, ¿por qué no tiene un límite del precio de bono?”, consultó, a lo que el funcionario contestó: “Las condiciones de igualdad (entre tenedores) van a estar garantizadas, por eso no existe un límite en el precio”.
“Sin ánimos de polemizar, el 2019 cerró con un crédito ejecutado de 147 mil millones de pesos” para las universidades, apuntó el secretario, y afirmó que este año los recursos serán de “195 mil millones de pesos, es decir un crecimiento del 33% interanual, que está bastante en línea con la inflación”.
Sobre los criterios de asignación de los distintos fondos destinados a provincias, argumentó que “hay criterios ya existentes, propios de cada caso, con autoridades de aplicación ya definidas”.
En referencia al financiamiento del déficit, Rigo precisó que el Estado “viene recibiendo financiamiento del Banco Central; estamos recibiendo adelantos transitorios. Son préstamos al Tesoro, que tienen vencimiento de 12 a 18 meses”. En tanto, “las utilidades están establecidas en el balance del Banco Central”. “Los montos que están consignados en el proyecto de ley están en consonancia con los límites que están establecidos en las utilidades y los adelantos transitorios”, aclaró.
Finalmente, el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio, opinó que “no hay muchas alternativas: la pandemia ha cambiado la economía del mundo. El Estado Nacional no podría seguir funcionando sin esta ampliación presupuestaria”.
El secretario de Hacienda informó en el Senado que la asistencia del Estado Nacional se realizó mediante ATN y préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En tanto, la ampliación presupuestaria prevé recursos por 50 mil millones de pesos, afirmó.
El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto del Senado, donde defendió el proyecto de ampliación presupuestaria, que el oficialismo buscará convertir en ley esta semana.
En una exposición inicial que se extendió más de una hora, el funcionario repasó cifras de la gestión anterior y justificó la falta del envío del Presupuesto 2020. “La situación económica al final del año 2019 era una situación delicada; la economía presentaba una serie de desequilibrios producto de algunas medidas económicas que no impactaron positivamente”.
“Los indicadores demostraban verdaderos desequilibrios financieros, monetarios y reales”, señaló y resaltó que aunque “las cuentas públicas mostraron un perfil de disminución del déficit primario y del déficit financiero”, ese resultado “mostraba un perfil bastante inestable”.
Por eso, insistió que “resultaba muy complejo en el contexto fiscal de diciembre de 2019 poder hacer proyecciones con certeza o seguridad respecto del desenvolvimiento de las principales variables macroeconómicas”, sumado al “problema de la deuda y las restricciones para el acceso al mercado de capitales”.
Rigo defendió que las primeras medidas económicas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández buscaron “recomponer el poder adquisitivo de la sociedad” y “tranquilizar la economía”.
En referencia a la aparición de la pandemia, el secretario de Hacienda subrayó que “todos los países sufrieron consecuencias” porque “todo se desplomó” y hubo un “impacto económico a nivel planetario”. “La pandemia produjo un empeoramiento de los principales indicadores fiscales”, agregó.
En ese sentido, detalló que “durante el primer semestre” de 2020, es decir, hasta el 30 de junio, el déficit primario “trepó al 3,3% del PIB”. “A partir de febrero-marzo la recaudación se desplomó, y a partir de ese mismo período los gastos treparon”, expresó.
El funcionario sostuvo que “los gastos treparon para atender las políticas de asistencia y de fortalecimiento sanitario”, tales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), distintos programas del Ministerio de Desarrollo Productivo, etc..
Con respecto a la asistencia a las provincias, Rigo dijo que “desde el Estado Nacional se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de compensar la pérdida de recursos de origen nacional sufrida por las provincias en el marco de la emergencia por Covid-19”, la cual alcanzó los “160 mil millones de pesos”.
Sobre esto, informó que la compensación se realizó a través de los ATN y también de préstamos mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. “Tenemos pendiente de distribuir 20 mil millones de ATN” y “18.200 mil millones” en diferentes créditos.
“Sin considerar que este proyecto de ley prevé la ampliación de los fondos por 50 mil millones de pesos para continuar con esta política de asistencia”, añadió.
El secretario de Hacienda afirmó: “Necesitamos contar con la aprobación de la ampliación presupuestaria para continuar con la ejecución de todas las políticas de contención económica, sanitaria y de promoción”.
Ya en el tramo final de su presentación, detalló que la ampliación presupuestaria “propone incrementar los gastos en prácticamente 1,9 billones de pesos”, de los cuales el 80% de las partidas están distribuidas en prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
“IFE y ATP se llevan 170 mil millones de pesos. Gran parte de lo que se ha concedido ya está en el presupuesto vigente”, apuntó, pero aclaró que este monto es para cubrir “los períodos que se proponen continuar” con la asistencia.
La iniciativa del Gobierno prevé un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos. El texto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se debatirá este martes desde las 11.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el cordobés Carlos Caserio (FdT), tratará este martes desde las 11 el proyecto de ley de ampliación presupuestaria, en el se prevé un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos, cifra equivalente al 6,5% del PBI.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, donde obtuvo 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.
El 80% de las partidas estarán destinadas a prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
Por pedido de la oposición, en la Cámara baja el oficialismo aceptó incorporar 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
Además, el Frente de Todos avanzó con la eliminación de la suba del 10,5% del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21% del IVA al 10,5% para las leches aditivadas, un punto que había despertado polémica y rechazo.
No obstante, el oficialismo sí avanzó con una medida criticada por la oposición, referida a la posibilidad de que tenedores de bonos pueda dolarizar deuda en pesos.
Se tratará este viernes a partir de las 11. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados a fines de junio.
Un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los senadores oficialistas Alfredo Luenzo y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará este viernes el proyecto de ley de economía del conocimiento.
La iniciativa, que será debatida a partir de las 11, cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde el pasado 25 de junio se aprobó por 246 votos afirmativos y solo dos en contra, del Frente de Izquierda.
El proyecto tiene como objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, al tiempo que establece una serie de beneficios que prevén duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones del sector de acá a diez años.
El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.
En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.
Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
Luego de postergar ayer la firma del mismo, trata de consensuar posiciones para conseguir llevar al recinto el proyecto este viernes.
Luego de que este miércoles pasara a un cuarto intermedio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará a partir de las 14.30 los acuerdos suficientes para poder firmar el dictamen que permita el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno, que el oficialismo aspira a aprobar en el recinto este viernes.
Tras un debate de tres horas, donde hubo pedidos de la oposición e incluso el oficialismo para incorporar modificaciones a la iniciativa, el presidente de la comisión, Carlos Heller, propuso el miércoles postergar la firma del despacho 24 horas más.
“Tendría la aspiración que tengamos un dictamen único”, dijo y apostó por tratar de “ver qué cosas de las que aquí se han planteado pueden tener solución o acuerdo, o encontrar un punto intermedio”.
