La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado recibió este martes en la Cámara de Diputados al equipo de profesionales del Hospital Italiano de La Plata, el primer nosocomio en dar alerta sobre las ampollas adulteradas provenientes del laboratorio HLB Pharma.

Además, se pasó a la firma el reglamento de funcionamiento y la presidenta de la comisión, Mónica Fein (EF), reveló que una comitiva mantuvo una buena reunión con el juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa y se mostró dispuesto a asistir. No obstante, el magistrado podría exponer sin preguntas y respuestas, para no comprometer la causa.

A la hora de las exposiciones, el primero en hablar fue Roberto Martínez, director General del Hospital Italiano de La Plata, quien abogó por que "nunca más se repita una cosa de este tipo" y expresó la "solidaridad con cada una de las pérdidas humanas, las víctimas y los familiares". "Desde el hospital también hacemos un pedido de justicia", agregó.

El doctor afirmó que "nunca" imaginaron que "adentro de una ampolla estéril nos íbamos a encontrar con dos bacterias multirresistentes, muy difíciles de tratar. Casi que no hay antibióticos que puedan frenar el tipo de agresividad que tienen estas bacterias".

Martínez señaló que tras la aparición de 18 casos, primero, y 19, después, se declaró el brote infeccioso sobre "una bacteria que nunca habíamos tenido en el hospital y no sabemos de dónde proviene". Tras indicar que había pacientes afectados en todos los sectores del hospital, "el equipo comenzó a trabajar en encontrar el nexo en común", algo que demoró 14 días. "Fueron días de zozobra, de angustia, de no saber lo que nos estaba pasando, de no entender", confesó.

Sobre el fentanilo, explicó que "es una droga que se usa hace más de 40 años, es una droga de uso cotidiano, usamos alrededor de 300 ampollas por día, se usa como analgesico y una droga que ayuda a la sedación".

El director del Hospital Italiano contó que el 29 de abril pusieron en cultivo las ampollas de fentanilo de los dos laboratorios que tenían: Denver y HLB Pharma. Al otro día, se encontraron con el cultivo de HLB "tenía una progresión de tipo de desarrollo bacteriano inédito". "Ese día, el 30 de abril, en un hora, se retiraron la totalidad de las ampollas que estaban circulando y se suspendió la distribución de ese fentanilo".

En el final, expresó: "Pusimos el corazón y todo a disposición, no sé si nos salió bien o mal, pero pusimos todo y no dejamos nada sin hacer por cada una de esas personas".

Tras su exposición, la microbióloga Virginia González y la farmacéutica Daiana Martínez relataron cómo fue el proceso de descubrir la bacteria, la decisión de sacar de inmediato de circulación las ampollas y el aviso a la ANMAT.

En tanto, el infectólogo Pedro Pessacq sostuvo que estuvieron ante "un desafío terapéutico" frente a "dos bacterias con enormes dificultades, desde la interpretación y desde la terapéutica". "Los familiares merecen saber que todos nuestros esfuerzos estuvieron puestos en tratar a los pacientes que estuvieron en terapia intensiva. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance de atención médica", aseguró y agregó: "No estamos comparándonos con los familiares de víctimas, pero sí fuimos damnificados porque no existe un hospital que chequee la esterilidad de cada una de las medicaciones".

Al responder preguntas del diputado Christian Castillo (FIT), Roberto Martínez reveló datos de la compra del fentanilo, realizada a través de una plataforma. "Compramos 10 mil ampollas a un precio unitario de 450 pesos y la otra oferta que teníamos de Denver era de 500 pesos cada ampolla".

En otro tramo, Pessacq subrayó que "el fentanilo es una obra muy útil, muy probada. Fentanilo es estándar de calidad para un paciente que uno tiene que ventilar". Y, al contestar a Castillo, afirmó que no recibieron recursos estatales para la investigación.

A su turno, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) le pidió detalles a Daiana Martínez, quien describió que la planilla de ANMAT para denunciar el caso era "escueta" y debió enviar un mail más extenso. "¿Cuánto tiempo tardó ANMAT en emitir la alerta desde que envió el mail?", consultó la legisladora. Entonces, la farmacéutica señaló que la planilla no era "errónea" pero debía llenarse paciente por paciente y eso era más engorroso. El mail se envió el 5 de mayo, el 6 le respondieron y ampliaron respuestas y el 8 la ANMAT lanzó la primera alerta.

Avanzada la exposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) consultó a dónde llevaron las ampollas con fentanilo contaminado y "cuál fue la disposición final de todo el lote". "El retiro inmediato de la medicación hizo que tomáramos una medida excepcional de conseguir un mueble particular, con seguridad y trabas, para poner esas ampollas", relató el director del nosocomio.

Y precisó que "de las 10 mil ampollas que teníamos" -entre el 7 y 30 de abril- se "usaron 1.669". El resto se encuentran hoy "en un lugar especial donde tomamos mayores medidas, con una cámara que las vigile". Allí también guardan "todos los tubos y muestras biológicas de los pacientes que son prueba; y los documentos en formato original de todas las pruebas que mandamos a la autoridad sanitaria y la justicia".

En la segunda parte de la reunión se recibió a un nuevo grupo de familiares de víctimas, y hubo un reclamo para que diputados de la comisión puedan reunirse con familias afectadas en Rosario, Santa Fe, a lo que Fein se comprometió.

Griselda Ivana Esteban, quien perdió a su madre en el Hospital Italiano de Rosario, habló de la "impotencia" ante "la ausencia de acompañamiento, de Estado". Si bien destacó que en La Plata "hicieron lo que tenían que hacer, eso en mi ciudad no pasó". "Estuve 30 días en el pasillo de la terapia compartiendo mi historia con los demás y veíamos morir a los pacientes. Muchos de los fallecidos fueron abuelos tratados con un trato bastante hostil", denunció.

Producto de su reclamo ante PAMI, el organismo auditó al hospital y detectó "deficiencias profesionales y de atención a afiliados" pero hizo "caso omiso al fentanilo". Además, se le impuso "una multa de 10 mil pesos".

Darío Benavidez y Sol Basualdo relataron el caso de su bebé, en Córdoba. "Fue un bebé que nació sano el 26 de abril. Tenía un tejido respiratorio que era algo normal de bebés a término, al borde de ser prematuro", contó Benavidez y señaló que a partir de eso "lo intubaron y usaron el fentanilo". Desde ese momento, el bebé comenzó a empeorar cada día y el 9 de mayo les dijeron que iba a fallecer.

"Incluso los doctores le decían todos los días que era culpa de ella (por su pareja), porque había tenido infección urinaria durante el embarazo. Pero ningún cultivo le daba esa bacteria", expresó. Tras cinco antibióticos, el bebé logró vencer la Klebsiella, pero se mantiene "muy propenso a infecciones". "Ya vamos cinco meses que el bebé sigue internado" y "todavía no puede respirar sin oxígeno" y "está desnutrido", añadió.

Con la voz quebrada, Basualdo manifestó: "Le doy un abrazo a todas las personas que no tienen sus familiares. Yo lo tengo, aunque es difícil. Tengo que ser fuerte para que él salga adelante y me demostró que es un bebé que quiere vivir, que me decían que iba a salir con edema cerebral, en estado vegetativo. Sí tenemos que ver con qué secuelas va a salir y es muy probable que todos los inviernos nos haga broncoespasmos. Es súper difícil ver que una criatura tenga que pasar lo que pasa".

También expusieron Mercedes Soledad Francese, Valeria Cuaglia y Estefanía Ferrari.

Con las miradas puestas en la sesión especial convocada para el miércoles, la Cámara de Diputados retoma la actividad legislativa este martes con varios encuentros informativos. Se destacan la reunión del mediodía de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado; y la de la Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA que deberá resolver qué alternativas elegir para la comparecencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El primer encuentro será el de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico a las 11. Presidido por Mónica Frade de la Coalición Cívica, se van a pasar a la firma cinco proyectos de resolución y declaración con el fin de adherir a al acta de Luján y a la campaña “Ni un pibe, ni una piba menos por la droga”, al Día Mundial sin Tabaco; al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas; y el repudio a la decisión del Gobierno de cerrar las casas de atención dependientes de la Sedronar.

A las 12, el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán va a exponer en la Comisión Especial de Seguimiento sobre Fentanilo contaminado que preside Mónica Fein. También se volverán a escuchar testimonios de familiares de las víctimas y se pondrán a consideración una serie de informes.

Una hora después, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas se reunirá en el Senado para poner a consideración del organismo la Cuenta de Inversión 2020. Del mismo modo y tal como se sugirió en la última reunión, se va a tratar el pedido de ampliación auditorías al Plan de Acción Anual. El encuentro será moderado por Miguel Pichetto, titular de la bicameral.

En la Sala 6 del Anexo del Palacio Legislativo, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados se reunirá a las 14 para abordar la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías y el piso porcentual de subsidio para las provincias patagónicas (Ley 27.637), propuesta en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026. Expondrán ante los vocales, intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo y referentes de asociaciones de consumidores, entre otros.

Para la reunión de las 16, las autoridades de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA aún no fueron notificados por la presencia de Hayden Davis, Julián Peh, Charles Hoskinson y Diógenes Casares. Tampoco fueron receptadas las declaraciones testimoniales de Mariano Cuneo Libarona, Demián Reidel, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales.

También, los integrantes de la Comisión Investigadora debatirán sobre la convocatoria de la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y pondrán a consideración una moción para solicitarle colaboración a la justicia para dejar efectiva la comparecencia de ella y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La última reunión será  de la Comisión de Cultura a las 17.30 con el objetivo de recibir al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; y a Carlos Pirovano, titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a efectos de exponer sobre: gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play; la retención de fondos con destino específico al Fomento y Producción de Cine y Audiovisual argentino Cine y Artes Audiovisuales; y la no consideración de las resoluciones de la Asamblea Federal del INCAA.

Durante la reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado, Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, una de las víctimas fatales, protagonizó un fuerte reclamo hacia la diputada Silvana Giudici (Pro), una de las primeras en recibir en mayo pasado a los familiares de los fallecidos.

"Con mucho respeto le voy a pedir públicamente a la diputada Giudici que borre la foto que retuiteó de la primera reunión que tuvimos con los familiares", pidió y acusó: "La señora de cara a las elecciones usó la foto de las familias y el dolor, y se fue a comer unas empanadas a Olivos".

Oviedo insistió que en "borre las fotos" ya que ella no está "a favor de las ideas de la señora". Y agregó que Giudici "culpó al kirchnerismo", pero "el kirchnerismo fue quien ordenó la trazabilidad de los productos medicinales".

Al momento de responder, Giudici dijo: "Lamento que se haya politizado hasta este punto la exposición de algunos de los familiares porque no era esa la intención". Y señaló que al momento de investigar, "nadie va a preguntar de qué partido es para buscar justicia ni para cumplir el rol que tenemos que cumplir".

"Nadie puede explicarse cómo durante siete años, desde la inauguración y puesta en funciones del laboratorio HLB Pharma, o antes de eso, con el caso del laboratorio Apolo en Rosario, esta gente, delincuentes y asesinos, pueden estar funcionando impunemente en Argentina. Muchos van a tener que dar explicaciones. Pero no podemos circunscribir esto a 18 meses de un gobierno. Creo que hay una línea de complicidades y omisiones evidentes que serán explicadas en la justicia", continuó.

La legisladora bullrichista afirmó que la intención "es ponernos a disposición de las familias, de la sociedad, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas fuera de esta comisión".

"Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez de la causa porque era kirchnerista", replicó Oviedo en referencia al magistrado Ernestro Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En su segunda reunión, la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado recibió a familiares de víctimas, acordó numerosos pedidos de informes que se girarán a distintos ámbitos y se informó que una comitiva de ocho legisladores -uno de cada bloque- se reunirán este jueves a las 10.30 con el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa.

Tras anunciar esto, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (EF), sugirió a los diputados "leer el expediente" y dijo que buscarán tener contacto con la investigación judicial para saber "qué podemos hacer desde el Poder Legislativo" en cuanto a legislación necesaria para evitar otra tragedia de este tipo.

Además de nuevos pedidos de informes al Ministerio de Seguridad, la ANMAT y las provincias "mencionadas en el expediente" judicial, en la próxima reunión citarán a más familiares; a la directora del Instituto Malbrán, Claudia Perandones; y a Luis García Sigman, experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que exponga sobre proyectos de control de drogas sintéticas (previamente había estado en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico).

También varios legisladores coincidieron en solicitar que el Ministerio de Justicia arbitre todos los medios necesarios -que rigen por ley- para asistir a las víctimas.

Por el oficialismo, la diputada Nadia Márquez (LLA) solicitó pedir "la denuncia penal que hizo la ANMAT, que da inicio a la causa; informes a la justicia del cuerpo médico forense -si no están reservados-; informes al Malbrán, informes al Ministerio de Seguridad sobre la trazabilidad de precursores químicos y posibles o eventuales desvíos al mercado ilegal, informes a la ANMAT y al Ministerio de Seguridad sobre el plan de recupero de las ampollas a nivel federal, a los Ministerios de Salud de las provincias sobre la trazabilidad del fentanilo en cada una de las jurisdicciones, y saber qué provincias adhirieron a la nueva disposición de trazabilidad digital. Luego de una intervención de Pablo Juliano (DpS), sumaron pedir la resolución judicial donde se quitó a la ANMAT como querellante.

Durante la participación de los legisladores, Victoria Tolosa Paz (UP) aseguró que el trabajo de la comisión será contribuir "en la mejora de las leyes y normas, que es lo que nos compete como diputados nacionales" para legislar "independientemente de quién gobierna".

Tras el fuerte intercambio que una familiar tuvo con la diputada Silvana Giudici (Pro), la bonaerense llamó a "dar por desterrado cualquier utilización de algún partido político en la responsabilidad penal". "Debemos buscar qué falló, no en este Gobierno, sino que le falló a la Argentina", dijo, aunque afirmó que la gestión actual tiene igualmente responsabilidades.

Por su parte, la legisladora Paula Oliveto (CC) advirtió sobre la falta de auditorías, que hubieran servido de prevención, y sin embargo "este Parlamento sigue sin nombrar auditores". "Si el Ministerio de Justicia hiciera su trabajo hoy, estos familiares tendrían psicologos a disposición", añadió.

La porteña aseguró que en este caso "fallaron los mecanismos de control" y "están fallando las responsabilidades administrativas y políticas, que es lo que nosotros tenemos que evaluar acá".

A su turno, Juliano recordó que el Poder Ejecutivo nunca respondió el pedido de informes que se le envió por escrito y que, junto a sus pares Marcela Coli y Mariela Coletta, redactaron uno nuevo. "Ya no 30, sino 56 preguntas", detalló y apuntó que buscan conocer si hay irregularidades en otras drogas.

Sobre esto, apuntó que el Ministerio Público Fiscal confirma que había "irregularidades desde 2018" y se registraron "65 expedientes administrativos vinculados a reportes de desvío de calidad, reacciones adversas o medicamentos presuntamente adulterados", no solamente fentanilo.

Además, el radical pidió citar a funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desregulación, de la ANMAT, expertos, terapistas, bioquímicos, farmacéuticos y miembros de la junta médica de peritos que actúan en la causa.

En tanto, el legislador Christian Castillo (FIT) señaló que hay que investigar sobre "las responsabilidades del Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME". Luego, se preguntó: "(Ariel) García Furfaro compraba voluntades para que no lo investiguen, no lo controlen, para comprar negocios? Es un área de investigación que hay que pensar y ver a quién preguntarles".

El dolor de los familiares

En la primera parte del encuentro se le dio la palabra a los familiares de las víctimas. Roxana Sandra Altamirano, madre de Daniel Sebastián Oviedo, quien falleció el 17 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata, expresó: "Nuestro pedido es la trazabilidad del fentanilo y toda la cadena de medicamentos que correspondan, para que esta desgracia no vuelva a pasar".

"Es un momento muy difícil, es como que volvemos a perderlo. Estoy muy enojado por el destrato. Esto fue un destrato terrible, todavía no le conocemos la cara al ministro de Salud, nunca se comunicaron con nosotros", cuestionó Gustavo Oviedo. También habló su hija, Gisele Oviedo, quien se cruzó duramente con Giudici.

A su turno, Alejandro Nahuel Ayala, hermano de Esteban Ayala, abogó por que la comisión sirva para que "se conozca la verdad sobre este estrago doloso" que fue "un atentado contra la salud pública". "Estos labortorios operaban con irregularidades. Según el Ministerio Público Fiscal, desde 2018 hasta junio de 2025 se reportaron más de 276 expedientes en todo el país, que denunciaban la falta de elaboración de productos medicinales en ampollas y pasó inadvertido", señaló.

Además, denunció que "un organismo tan importante para dar seguridad a un pueblo (en referencia a la ANMAT), hizo omisión". "Confiamos en que esta comisión sea productiva para poder acompañar y colaborar con la justicia y las familias que aún no han recibido ninguna atención, ningún llamado, que no tienen asesoramiento jurídico ni asistencia psicológica", agregó.

"Todos sienten solidaridad con los familiares cuando pasan este tipo de masacres, pero quiero que trabajen sintiendo que fueron familiares de ustedes, así lo hacen con el dolor que lleva esto. Lo único que queremos es justicia, colaborar y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir", manifestó Mariano Rossetti, hijo de Luis Rossetti, fallecido por el fentanilo contaminado.

Tras el reclamo de familiares de víctimas del fentanilo contaminado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialista Nicolás Mayoraz, convocó a un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento para este miércoles a las 14 en la Sala 1 del Anexo.

Los distintos proyectos que prevén la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia sanitaria que registra casi un centenar de muertos fueron tratados anteriormente en dos reuniones de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato.

La primera de las iniciativas presentadas en mayo pasado fue de Silvana Giudici, bullrichista aliada de La Libertad Avanza. Cuando el proyecto se presentó no contaba con giro a Asuntos Constitucionales, pero por decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se amplió y se le asignó la primera competencia. Es decir, dejó en manos del oficialismo la cabecera.

La ampliación del giro también fue para el proyecto de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública; y para el de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), que coincide en algunos aspectos con el de Giudici.

Más tarde se sumaron iniciativas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien propone una bicameral.

“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar", dijo Lospennato en la última reunión de Peticiones.

Entre los temas que la oposición barajó incluir en un temario de sesión para este miércoles 17 se encontraba el del fentanilo contaminado, con la intención de emplazar a Asuntos Constitucionales. Ahora, se llamó a un plenario para día y horario en el que podría haber sesión.

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado le reclamaron este lunes al diputado oficialista, Nicolás Mayoraz, que convoque a la comisión que preside, la de Asuntos Constitucionales, a fin de que en un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento pueda dictaminar un proyecto para crear una comisión investigadora del caso.

Tras dos reuniones informativas de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, los familiares pidieron no dilatar más el trámite parlamentario.

"Nos dirigimos a usted en representación de las familias víctimas del fentanilo adulterado, con el propósito de solicitar su intervención para agilizar la convocatoria al plenario conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que usted preside, y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con el dictamen de creación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado", arranca la misiva.

En la misma recordaron que "el proyecto fue derivado tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino".

Los familiares destacaron que Lospennato "convocó a una primera reunión de esta Comisión ante la urgencia del tema; allí planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión, esto no había ocurrido". "Sin embargo, usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto", señalaron.

"Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración urgente para: convocar a plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la brevedad", pidieron.

También le solicitaron "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar la aprobación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado" y "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".

"Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.

En una escueta referencia a las casi cien muertes por fentanilo contaminado, que definió como una “catástrofe sanitaria”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó que el “suceso está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”.

“A su vez, el Instituto Malbrán funciona como perito central para la investigación. El avance de la causa ha generado la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma”, agregó en su exposición inicial, durante el informe de gestión en la Cámara baja, cuando habló sobre este tema, más no respondió luego a consultas que le hicieron Pablo Juliano, Facundo Manes (DpS) y Cristian Ritondo (Pro), entre otros.

El funcionario resaltó que la cartera a cargo de Mario Lugones “ha iniciado un sumario administrativo y de manera preventiva dispuso la remoción de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) tras detectarse una dilación presuntamente injustificada en el procedimiento de inspección del laboratorio”.

En medio de una creciente tensión de problemáticas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento se reunió este martes para iniciar el debate de la creación de una comisión especial investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización en el sistema de Salud del fentanilo contaminado. Pese a haber discrepancias, los legisladores presentes instaron a dictaminar la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la titular de la comisión Silvia Lospennato mencionó el malestar de los autores de proyectos por la ampliación de giros de los proyectos de ley, los cuales también serán abordados por Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz que se encuentra en Santa Fe abocado a la reforma constitucional. “No recibí respuesta positiva de Presidencia (Martín Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, reveló la presidenta de la comisión.

Sobre la creación de una comisión especial investigadora, se analizaron las propuestas de Silvana Giudici del Pro; la de Christian Castillo del Frente de Izquierda; la de Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y la de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Esta última propone un órgano bicameral para convocar con “mayor fuerza” a los funcionarios que sean citados. “A mayor degradación de las instituciones de la Argentina, mayor institucionalidad”, presentó.

La reunión contó con la presencia de familiares de víctimas por la partida adulterada que ya ha causado 96 muertes. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre en el Hospital Italiano de La Plata, señaló: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos, y que nos encontramos con una bacteria letal”. Luego, brindó un duro relato: “Lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros, no fuimos la excepción y podría volver a pasar porque le puede pasar a cualquiera”.

Acto seguido, Álvarez dio lugar a Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo: Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

El debate por la comisión investigadora

La reunión duró poco más de dos horas y la presidenta de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, Silvia Lospennato, anunció, en el cierre, una reunión de asesores para este viernes a las 13, posiblemente un encuentro único este martes y un encuentro plenario junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el jueves de la semana que viene. Además, pidió trabajar por el consenso y lograr un único dictamen.

En otro punto, anticipó su discrepancia a la iniciativa de una comisión bicameral porque “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”. Mencionó, además, una vocación legislativa para que a futuro “nuestros reglamentos sean parecidos”; y por último, sugirió que “nadie debería querer sacar un rédito político por las víctimas”.

La primera expositora del encuentro fue Silvana Giudici (Pro – CABA), autora del proyecto que propone una comisión especial investigadora con una composición idéntica a la del Caso $LIBRA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una modificación (en alusión al proyecto de resolución que destrabó la de la Criptomoneda) porque “no estamos de acuerdo con el voto ponderado”.

Respecto a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak por la partida de fentanilo contaminado, hizo una cronología de los hechos denunciados y amplió: “Hay más de 188 instituciones afectadas por el fentanilo y cuando comenzamos a tener noticias por las primeras muertes, pensamos en la importancia de que el Congreso intervenga y acompañe”.

Remarcó el consenso logrado para aprobar el pedido de informes al Poder Ejecutivo y destacó que “la misión del Congreso es respetar la Constitución Nacional y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”. Por la intromisión de la justicia fue detenido Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo cuando se elaboró la partida contaminada.

Después, sumó que “esta crisis sanitaria tiene tres ámbitos de actuación: una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.

En el último tramo de su intervención, Giudici pidió ahondar en el “reclamo persistente por la trazabilidad de la última milla de los medicamentos”, y anticipó la posibilidad de una modificación al Código Penal porque “aun sumando todas las figuras penales en esta causa, hay un riesgo a que la pena no sea proporcional al daño causado que fue el de envenenar a 100 pacientes y contaminar quirófanos del ámbito de la salud pública y privada”.

Silvana Giudici fue la primera diputada en proponer una comisión investigadora por el fentanilo adulterado.

Brevemente, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego) consideró que “no estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, y contempló la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”.

Sin embargo, el fueguino optó porque su proyecto sea absorbido por el de Tolosa Paz y explicó que “estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”. Asimismo, se diferenció de la iniciativa del Pro y cargó que “hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”.

Autor de otro proyecto, el jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano mencionó considerar el proyecto de resolución que motorizó Maximiliano Ferraro para lograr destrabar la Comisión $LIBRA y también, mencionó los chats de los empleados de Laboratorios Ramallos: “Tenemos que entrar a investigar esto, si no somos una burla”.

Se adelantó a la posibilidad de que este tratamiento pueda tener dos dictámenes y pidió “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. En línea con otros planteos, propuso considerar la colaboración de organismos internacionales: “Tenemos que pedir ayuda porque esto es grave”.

De cara a los familiares de las víctimas, expresó: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”, y cerró: “Esto no tiene que ver con el vecindario, esto es más grave”.

En representación del proyecto del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo aseveró: “Hay que tener dimensión que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. En ese tramo, comparó esta tragedia con el accidente de Lapa ocurrido el 31 de agosto de 1999 y la ausencia de control aeronáutico.

También responsabilizó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y relató: “Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”. Además, vinculó la causa con los despidos en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

En un segundo planteo, propuso que los familiares tengan accesos a todas las reuniones de comisión y sumó que uno de los objetivos de esta comisión debería ser “dilucidar la responsabilidad estatal y si hubo inspecciones, responsabilidad del ANMAT de la ex INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)”.

Por último, pidió investigar exhaustivamente la “dimensión de Ariel García Furfaro” y todo el entramado de su arribo a la industria farmacéutica. En el final de su intervención, explicó la posibilidad de ampliar la composición a los bloques que contengan dos representantes y exigió que “los funcionarios del sector público tienen que poder ser citados y que tengan la obligación de venir”.

La última autora de proyectos en exponer fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien adelantó que Unión por la Patria va a insistir con un dictamen que proponga la creación de una comisión bicameral y reveló que cuenta con el apoyo de integrantes del bloque Encuentro Federal. “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas, le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, reiteró.

“El mayor grado de institucionalidad es, sin dudas, ambas cámaras, la mayor representación legislativa y parlamentaria, que tenga peso federal, y con la mayor vocación política de buscar en un tiempo determinado todo lo que las víctimas, por sí solas, no pueden llegar a juntar -datos, historias clínicas y procedimientos-”, explicó.

Así las cosas, agregó que “lejos de querer dilatar, la consolidación de un informe de una comisión bicameral puede resultar de insumo sumamente necesario para los familiares y para las víctimas, y necesario, también, para ahondar en las distintas causas que se van a ir abriendo sobre la responsabilidad pública del laboratorio y sobre el resto de las implicancias que se van a ir desarrollando a lo largo de estas comisiones”.

Profundizó, además, que su proyecto toma como base a la Comisión Bicameral del ARA San Juan que “le permitió al Juzgado de Caleta Olivia avanzar más rápido y tener datos importantísimos para que cualquier juez investigue cuales son las responsabilidades”. En esa línea, consideró: “Teniendo una buena correlación de fuerzas entre quienes estamos acá y nuestros pares senadores, no estamos lejos de construir, con fuerza de ley, una bicameral investigadora en el plazo y los limites que nos pongamos de acuerdo”.

Respecto a potenciales interpelaciones, Victoria Tolosa Paz remarcó: “Es fundamental decir que una comisión investigadora bicameral tiene que tener peso para no naturalizar, como hemos visto en esta Cámara de Diputados, interpelaciones a funcionarios aprobadas y que acá no pasó nada”. “Antes no pasaba esto de que un ministro dijera ‘no voy al Congreso’ y presente una notita”, cuestionó.

Victoria Tolosa Paz reiteró que Unión por la Patria va a insistir en la creación de una bicameral.

En última instancia, el diputado tucumano Pablo Yedlin, vocal de esta comisión y titular de Acción Social y Salud Pública, reiteró el reclamo por la ampliación de giros y auguró: “Nos van a obligar a emplazar nuevamente”. Luego, expresó: “Lo que hemos vivido en la Argentina con las ampollas de fentanilo contaminado es una tragedia enrome”.

Sobre la causa, anticipó que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer el marco normativo y regulatorio de la ANMAT, la cual fue creada por el Decreto 1490/1992, y cerró: “Seamos firmes en que la semana que viene tengamos dictamen, si no todo termina siendo una ‘paparruchada’”.

Con tres proyectos sobre la mesa, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), debatirá este martes, desde las 14, la creación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, por el cual ya hay casi un centenar de muertes en todo el país.

Además de presentar un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo, la Cámara baja discutirá la necesidad de conformar un grupo especial, que tenga un plazo de tres meses para recabar datos y elaborar en 30 días un informe final.

Las iniciativas de Silvana Giudici (Pro) -la más antigua, presentada a finales de mayo- y de Pablo Juliano (Democracia para Siempre) coinciden en esos tiempos, al igual que en la integración que deberá tener dicha comisión.

Según los proyectos, deberán conformarla 2 representantes por cada bloque o interbloque que cuente con más de 5 miembros; 1 representante por cada bloque o interbloque con menos de 5 miembros; y por cada 20 diputados que integren un bloque, se sumará un miembro adicional. En tanto, el presidente, vicepresidente y secretario se elegirán por mayoría de votos.

En el caso de Juliano, prevé qué sucedería en caso de empate para la elección de autoridades, algo que trabó el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.

"En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara. La vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques que hayan impulsado al presidente designado", reza el texto del radical crítico.

En las iniciativas se faculta a la comisión investigadora a remitir oficios y solicitar informes a distintos organismos; convocar a funcionarios públicos y terceros interesados; y recibir denuncias, entre otras atribuciones.

El proyecto encabezado por el jefe de DpS agrega que se podrá "solicitar la colaboración de organismos internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la venta ilegal de medicamentos, así como expertos en el control de este tipo de drogas en el mercado legal".

Ambos proponen la investigación sobre el funcionamiento del laboratorio HLB Pharma, involucrado en la distribución de los lotes contaminados y cuyos dueños fueron detenidos el pasado miércoles 20 de junio. Mientras que Juliano también apunta al accionar de la ANMAT.

Precisamente sobre la responsabilidad de este organismo de control se centra el tercer proyecto, presentado por el diputado Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a integrarse por dos legisladores de cada bloque que sean parte de esa comisión permanente.

En el arranque de la sesión de este jueves en el Senado, la legisladora de Unión por la Patria Lucía Corpacci presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Salud, Mario Lugones. "La cuestión de la salud en nuestro país viene, desde que asumió este Gobierno, de mal en peor. Negar la salud a los niños es una falta grave", comenzó.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Salud recordó que al funcionario se lo citó en "reiteradas oportunidades" para que "venga a explicar distintas situaciones de irregularidad" en el área. Sin embargo, "jamás ni siquiera se tomó la molestia de contestar", dijo.

A raíz del caso del fentanilo contaminado, que provocó casi un centenar de muertes en distintos puntos del país, la catamarqueña denunció que las ampollas salidas del laboratorio HLB Pharma "no han sido controladas debidamente o, aún peor, porque habiendo sido controladas y habiendo sido vistas irregularidades, no se actuó con la premura que se debía actuar".

Al recordar las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la actuación de la ANMAT, la senadora expresó: "Este Gobierno tiene un problema, todo lo que pasa es culpa del kirchnerismo. Pero, además, no propone nada que solucione ningún problema. Todo lo que propone es motosierra, motosierra, y lo demás se lo lleva puesto. El tema es que lo hoy uno toca del Gobierno, sale pus".

"Es gravísimo que no haya ni un responsable de lo que pasa con el fentanilo. Porque detrás de la falta de controles de la ANMAT, mucho cuidado. Ahí está el narcotráfico. Mucho cuidado", alertó.

En el cierre, la exgobernadora catamarqueña le pidió a sus pares de otros bloques de la oposición que acompañen un pedido de interpelación a Lugones. "Espero que el Gobierno tenga la valentía y la honestidad de enviar al ministro a que dé explicaciones; y de investigar las causas de las muertes de estas personas por un fentanilo contaminado que muchos sabían que así estaba", concluyó.

Durante la primera tanda de cuestiones de privilegio en la sesión de este miércoles, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade cargó contra su par Silvana Giudici, del Pro, quien “viene agraviándome desde hace semanas, involucrándome en la tragedia del fentanilo y, por lo tanto, intentando limitar y restringir mis facultades como legislador nacional”, arrancó.

El kirchnerista recordó que la bullrichista “sugirió en tres sesiones anteriores, consecutivas, que hay diputados de nuestro bloque relacionados con el laboratorio HLB Pharma”. “No había dicho nombres, pero el 7 de agosto a las 19.39 en el programa de Eduardo Feinmann en A24 fue explícita”, señaló y citó cuando dio su nombre y apellido al aire en TV.

La supuesta vinculación vendría de compartir domicilio legal en el mismo edificio que los dueños del laboratorio. “Esto que repitió tres veces en el recinto y 100 en la televisión, no es cierto”, afirmó y continuó: “La diputada se montó sobre una estupidez que empezaron a divulgar los trolls en las redes sociales. Todo para empezar una campaña de encubrimiento de las autoridades del Gobierno nacional, que son las que verdaderamente están involucradas en la tragedia”.

Tailhade reveló que el estudio jurídico en el que trabajó hasta 2011, cuando se retiró para irse “a trabajar a la gloriosa gestión de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia” está ubicado en una de las dos torres del domicilio citado por Giudici. Y aclaró que ese lugar y las propiedades de HLB Pharma estaban en distintos departamentos.

Además, el legislador precisó: “HLB Pharma constituye ese domicilio de 2012 a 2019. Yo me fui del estudio jurídico en el año 2011”.

“Se trata de una pantomima que quieren hacer para encubrir la responsabilidad de (Federico) Sturzenegger y (Mario) Lugones”, denunció y completó: “No le voy a pedir una rectificación, no me interesa. Sí le voy a pedir que deje de caranchear con el dolor de las familias que perdieron un pariente, un familiar, un ser querido como víctimas de este Cromañón de la salud. Y les advierto a los familiares de las víctimas que cuando esto termine, Giudici no los va a defender más, va a defender a Sturzenegger, a Lugones, a (Javier) Milei, como hizo justamente con Cromañón”.

Giudici quiso contestar inmediatamente, pero, ante las protestas de la oposición, Martín Menem le dijo que la anotaba primera para la segunda tanda de cuestiones de privilegio. Pasada la votación sobre el veto de la Emergencia en Discapacidad, la diputada arrancó: “Me he sentido agraviada, y quiero denunciar determinados aprietes, telegramas, cartas documento que intentan hacerme callar, vulnerando el derecho constitucional que me asiste de la inmunidad de palabra”.

“Le agradezco que me haga esta aclaración (sobre el domicilio). La información sobre la dirección debería aclararse en la causa”, le contestó a Tailhade y recordó que su pedido para que se conforme una comisión investigadora sobre el caso “y que la causa que lleva adelante el juez (Ernesto) Kreplak termine con algún llamado a indagatoria, por lo menos, o alguien en prisión preventiva”. Además, advirtió que “cada día es más oscura la trama y los familiares no están siendo escuchados”.

La bullrichista defendió que “estuvimos desde el primer momento del lado de las víctimas y los familiares”. “¡Con qué autoridad moral pueden hablar de caranchear de los muertos si hace décadas se vienen riendo de los muertos víctimas de la corrupción en Argentina!”, lanzó y prometió: “Vamos a procurar que se llegue bien al fondo” en la causa.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de resolución donde piden por la interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de las 96 muertes registradas en distintos hospitales y clínicas por el fentanilo contaminado proveniente del laboratorio HLB Pharma.

La solicitud se extiende además a las directoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio; y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumadó.

El texto indica que deberán informar sobre "diversas cuestiones vinculadas a la distribución y control de calidad de partidas de la medicación de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, provenientes de HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo". "Dichas dosis de medicación fueron distribuidas en varias provincias y estarían relacionadas con el fallecimiento de al menos 96 personas hasta el momento de la presentación de este pedido", agregaron.

En los fundamentos, los legisladores del FIT remarcaron que "pese a las revelaciones diarias, aún no hay avances en la causa donde están involucrados de momento empresarios de los laboratorios, autoridades de la ANMAT y el Ministerio de Salud comandado por Mario Lugones, a cargo de aplicar en el sector la desregulación de los controles del Estado en todos los rubros".

"La contaminación con bacterias alcanzó a unas 154.000 ampollas, elaboradas por la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, cuyo propietario, Ariel García Furfaro, se jacta de tener numerosos vínculos políticos con referentes del oficialismo y la oposición del PJ, está hoy procesado por estafas", apuntaron.

En ese sentido, recordaron que "exactamente hace cuatro años, el 12 de agosto del 2021, ANMAT prohibió barbijos descartables producidos por esta empresa que tomó trascendencia nacional durante la pandemia del coronavirus. A pesar de las denuncias, la empresa siguió produciendo".

"El caso también expone las 'fallas' de control y la connivencia entre las empresas y el Estado bajo gestión libertaria", advirtieron y, al citar a la periodista Camila Dolabjian, manifestaron que "la ANMAT sabía de 'deficiencias críticas y mayores' en el laboratorio un mes antes de la producción de los lotes de fentanilo contaminado, y permitió que esos lotes salieran al mercado".

Los diputados opositores denunciaron que "el Ministerio de Salud de la Nación actuó tarde, en complicidad, de manera insuficiente, dejando en evidencia un sistema que prioriza intereses empresariales por encima de la salud pública"; y consideraron que este "no es tampoco un hecho aislado: se inscribe en una política de desregulación y falta de control que atraviesa a todo el sector farmacéutico, con inspecciones mínimas y denuncias de pactos con los propios laboratorios".

El proyecto fue firmado por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano.

El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión investigadora por la adulteración de fentanilo.

Entre los objetivos principales está el de "determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados".

"La misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales. Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la ANMAT y que se ha cobrado casi cien vidas", explicó Pablo Juliano, presidente de la bancada y autor del proyecto junto con los otros once integrantes del bloque.

En tanto, su par Carla Carrizo consideró que "no alcanza un pedido de informes", como el que se despachó este miércoles en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. "Yo quiero que se cite a los responsables de la ANMAT para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados. Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde", dijo la porteña.

Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora del criptoescándalo, la iniciativa prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión y establece un plazo de funcionamiento de tres meses desde su constitución.

En los fundamentos, los legisladores expresaron: "Es necesario determinar la responsabilidad del Ministerio de Salud, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de los laboratorios involucrados. Aquí fallaron todos los órganos de control, desde la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad; y esto exige una investigación exhaustiva".

"Debemos tener en cuenta que esta cadena concatenada de irregularidades se cobró la vida de casi 100 personas, casi 100 familias destrozadas, cifra que supera a las víctimas de la tragedia de Once y del atentado terrorista a la AMIA. Es necesario fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios de esta naturaleza y garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional", agregaron.

Con este proyecto de resolución de Democracia para Siempre ya son tres los proyectos que buscan crear comisiones investigadoras sobre la adulteración de fentanilo. Los dos restantes pertenecen a Silvana Giudici (Pro) y Jorge Araujo Hernández (UP).

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC) se refirió este jueves a casi el centenar de muertes por fentanilo contaminado y expresó que "es una tragedia sanitaria que tiene ya más muertes que la tragedia de Once y la AMIA. Es inaudito. No hay un solo imputado, solamente inhibición de bienes para directivos del laboratorio".

"Celebro que el ministro de Salud (Mario Lugones) como querellante haya recusado al juez (Ernesto) Kreplak, creo que es una acción que corresponde. Ahora, no es solamente el juez Kreplak quien tiene que dar explicaciones de cómo se desempeñó, sino también la ANMAT y ahí es responsabilidad del ministro de Salud", apuntó.

La legisladora del espacio de Elisa Carrió resaltó: "Sabemos que este laboratorio ha tenido muchos vínculos políticos y pareciera que hoy sigue apañado por el poder y esto enturbia toda investigación que se puede hacer".

Consultada en radio La Red sobre declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien dijo que en este caso falló "la ANMAT kirchnerista", Campagnoli lo consideró "lamentable" y afirmó que "fue la ANMAT actual".

"A partir de esto el prestigio que tenía la ANMAT se ve cuestionado, me genera sospechas", manifestó la bonaerense, quien asimismo sostuvo que "la ANMAT tiene que existir, no es el médico el que controla la calidad de los medicamentos. Tiene que haber un órgano rector como en todos los países". "Que haya cometido un error la ANMAT no quiere decir que no tenga que existir. El ministro quiere dar de baja todos los controles y los controles son necesarios", agregó.

Por otra parte, la diputada señaló que le "llama la atención" que "el dueño del laboratorio (Ariel García Furfaro) se victimiza, dice que el fentanilo no tiene nada que ver con estas muertes y encima da detalles pormenorizados, con nombre y apellido, de las historias clínicas. ¿Cómo tuvo acceso a las historias clínicas si ni siquiera está imputado en la causa?".

"Por supuesto hay un principio de inocencia, yo no estoy acusando a nadie, pero me genera sospechas que el juez Kreplak, hermano del ministro de Salud (bonaerense, Nicolás Kreplak) le haya facilitado a él, al ministro o al Hospital Italiano de La Plata, le hayan facilitado al dueño del laboratorio las historias clínicas, que son privadas, para que vaya preparando su defensa", completó.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo de la senadora Lucía Corpacci (UP), avanzó este miércoles con dictámenes sobre proyectos de ley vinculados a la prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país; y modificaciones a la Ley 27.716 sobre Diagnóstico Humanizado para ampliar la cobertura de derechos, entre otros.

Asimismo, se pasaron a la firma nueve proyectos de declaración y nueve de comunicación, entre los que se encuentra la solicitud de informes al Ministerio de Salud de la Nación sobre la exposición de pacientes a fentanilo contaminado que derivaron en la muerte de más de 90 personas. En la comisión homónima de la Cámara de Diputados se hizo lo propio.

En el inicio del encuentro se recibió a la doctora María Althabe, coordinadora de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan, quien expuso sobre el proyecto de emergencia pediátrica -con media sanción de Diputados- y aportó un panorama de la situación actual en el nosocomio.

“La institución está atravesando una situación crítica, las propias autoridades del hospital nos acusan de sostener una lucha que es ajena a su misión, minimizan una crisis que es evidente por el vaciamiento progresivo, el éxodo de profesionales y la desintegración de equipos interdisciplinarios", enfatizó.

Más tarde fueron presentadas y puestas a la firma iniciativas referidas a instituir el segundo sábado de octubre como el "Día Nacional de los Cuidados Paliativos"; modificaciones de la Ley 26.529 sobre el derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud; y la declaración del 29 de junio de cada año como el "Día Nacional de la Concientización y Difusión sobre la Esclerodermia".

Posteriormente, se inició el tratamiento del proyecto de ley sobre la enfermedad de la obesidad, presentado por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de Misiones), y compartieron su testimonio tres pacientes ya tratados y a la espera de tratamiento, respecto del padecimiento de la misma, las necesidades que ésta acarrea y catalogaron a la enfermedad de "invalidante" para la persona que la tiene.

Por su parte, Arce señaló que "la legislación actual define a la obesidad como un trastorno alimentario y esto resta porque, en realidad, se trata de una enfermedad metabólica, multicausal y crónica que afecta gravemente a la salud pública. Esta ley es fundamental para disminuir esta enfermedad".

El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, representante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública.

El objetivo es determinar las responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la distribución de fentanilo contaminado, un hecho que, según registros preliminares, causó la muerte de al menos 68 personas en distintas provincias argentinas.

El proyecto, que busca esclarecer las fallas en los controles sanitarios, propone evaluar la actuación de la ANMAT en la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad. Además, se plantea determinar el número exacto de víctimas y establecer la relación causal entre el fentanilo contaminado y los fallecimientos.

La iniciativa establece que la comisión estará integrada por dos representantes de cada bloque o interbloque de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quienes elegirán a sus autoridades y dictarán su propio reglamento, con aplicación supletoria del Reglamento Interno de la Cámara.

Para sesionar, se requerirá la mayoría de los miembros, aunque podrá funcionar con un tercio de ellos tras media hora de espera. La comisión tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones, que será publicado en el Boletín Oficial del Congreso Nacional.

En los fundamentos del proyecto, Araujo Hernández destaca la gravedad de la crisis desatada por la distribución de fentanilo contaminado, un analgésico opioide de uso hospitalario que requiere estrictos controles debido a su alto riesgo toxicológico. “La sospecha de que el medicamento contaminado logró ingresar y distribuirse en hospitales y clínicas sin detección oportuna exige una investigación exhaustiva”, sostiene el diputado.

El texto también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios y restituir la confianza en el sistema de salud.

El proyecto propone cinco objetivos clave: evaluar la supervisión de la ANMAT, analizar la trazabilidad del medicamento, verificar el cumplimiento de protocolos de calidad, cuantificar las víctimas y proponer medidas normativas para evitar nuevos casos. “Este hecho ha conmovido profundamente a la sociedad argentina y constituye una grave crisis de salud pública con implicancias sanitarias, legales y políticas”, señala el diputado en los fundamentos.

La creación de esta comisión investigadora busca no solo esclarecer las responsabilidades en este caso particular, sino también garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional.

Araujo Hernández solicita a sus pares la aprobación del proyecto, considerándolo un paso esencial para garantizar la seguridad sanitaria y la transparencia institucional en el país.