El Senado fue convocado formalmente para el 28 de febrero, en la antesala de la primera apertura de sesiones de Alberto Fernández. También se tratará la designación de Marisa Graham como Defensora del Niño.
El Frente de Todos buscará sancionar la ley de góndolas el próximo viernes 28 de febrero, en la previa de la primera apertura de sesiones que encabezará Alberto Fernández. En la sesión también se tratará la designación de Marisa Graham como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
El miércoles pasado el oficialismo firmó en soledad el dictamen en la Comisión de Legislación General, donde senadores de Juntos por el Cambio expresaron su intención de abocarse una semana más al tema e incluso incorporar modificaciones al texto.
Finalizado ese encuentro, el presidente del FdT, José Mayans, había admitido que la iniciativa quedaría para debatir en el recinto después del 1ro. de marzo. Pero durante la reunión de este jueves, donde se aprobaron 12 pliegos de embajadores, se conoció que el oficialismo -que tiene mayoría en la Cámara alta- avanzará con la sanción durante extraordinarias.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado, apunta a evitar conductas monopólicas y anticompetitivas en supermercados, y propone como eje central que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola.
Finalizado ese encuentro, el presidente del FdT, José Mayans, había admitido que la iniciativa quedaría para debatir en el recinto después del 1ro. de marzo. Pero durante la reunión de este jueves, donde se aprobaron 12 pliegos de embajadores, se conoció que el oficialismo -que tiene mayoría en la Cámara alta- avanzará con la sanción durante extraordinarias.
Por la noche, la Presidencia del Senado convocó formalmente a la sesión extraordinaria especial para el próximo viernes, la cuarta y última, para tratar no solo la ley de góndolas, sino también un tema pendiente como es la designación de la abogada Marisa Graham como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Cámara alta votó las designaciones durante la sesión extraordinaria de este jueves. Reparos de la oposición a Carlos Raimundi, que irá a la OEA; y Sergio Urribarri, con destino a Israel.
El Senado aprobó este jueves los pliegos de 12 embajadores políticos propuestos por el presidente Alberto Fernández. En la sesión extraordinaria, la oposición no acompañó la designación de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA; mientras que Sergio Urribarri, con destino a Israel, obtuvo el rechazo de los entrerrianos Alfredo De Angeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR) y las abstenciones del resto del interbloque Juntos por el Cambio.
En tanto, con 65 votos positivos, fueron aprobados por unanimidad los pliegos de Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Fernando “Pino” Solanas (Unesco) y Mariano Kestelboim (Asociación Latinoamericana de Integración).
El primer pliego en votarse por separado fue el de Raimundi, designado como representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos, quien cosechó 44 votos a favor y 20 en contra . El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, destacó que la OEA “no es una organización menor para nosotros” y señaló que tiene entre sus objetivos “el pleno cumplimiento y la estricta defensa de los derechos humanos”.
“Nos preocupa la situación de Venezuela”, ratificó el formoseño y dijo que cuando el candidato fue consultado por el tema, mostró “cierta improvisación” y “la falta de respuestas sobre si considera que la Corte Interamericana tiene competencia para actuar ante las graves violaciones que están ocurriendo en Venezuela”.
Para Naidenoff, quien repasó la crisis que se vive en ese país, “el funcionario prácticamente asimiló la situación de Venezuela a lo que está ocurriendo en Chile”. “Nosotros tenemos una posición muy clara desde nuestro interbloque, no hay grises ni términos medios con las vulneraciones contantes y permanentes en materia de derechos humanos. Y no vemos contundencia ni en el Gobierno, ni en el presidente, ni en su candidato propuesto”, cerró.
Por el oficialismo defendió la postulación el senador Jorge Taiana, quien afirmó que el exlegislador “conoce la región, conoce los distintos países, y no hay duda que conoce la situación de Venezuela”.
“Sabemos que en Venezuela hay una profunda crisis institucional. Y el principal objetivo del gobierno argentino y muchos otros gobiernos de distintos países es lograr que se encuentre una solución que se base en el diálogo y en el principio de solución pacífica de las controversias. Raimundi está perfectamente capacitado para desarrollar bien esa tarea”, sostuvo.
Pese a no contar con impugnaciones legales, Juntos por el Cambio pidió el tratamiento apartado de la postulación del exgobernador Domingo Peppo, con destino a la embajada de Paraguay. La votación resultó con 63 votos positivos y una sola abstención del radical Víctor Zimmermann.
En diálogo con parlamentario.com, el senador explicó que se abstuvo por un pedido de la Unión Cívica Radical de Chacho, que planteó “objeciones de tipo políticas” respecto de “las funciones que ha cumplido como gobernador en nuestra provincia”.
La polémica volvió a levantarse con el nombramiento de Sergio Urribarri como embajador en Israel. El expediente recibió 43 votos afirmativos, dos negativos y 16 abstenciones.
La radical entrerriana Stella Maris Olalla recordó que en su provincia “es de público conocimiento la existencia de varios procesos judiciales pendientes de resolución en los que está comprometido” el exgobernador.
A pesar de mencionar “la validez del principio de inocencia”, la legisladora consideró que “no contamos con toda la información necesaria respecto de su situación judicial” y aseguró que está involucrado en once causas, acusado por los delitos de “enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado”.
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Además de recordar que comenzará un juicio en su contra en abril, Olalla dijo que no podía “desconocer el reclamo de mis comprovincianos” y “el pedido expreso de que no acompañe con mi voto esta designación”. Por su parte, Alfredo De Angeli recordó que en la audiencia pública, al ser consultado sobre “si la justicia lo hallara culpable iba a renunciar a su cargo”, Urribarri “no fue claro y me contestó con evasivas”.
Desde el Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli ironizó: “Estoy asombrado, asolado, por algunas expresiones que yo no sé si reírme, llorar o ponerle seriedad”. “Que haya senadores que hoy estén cuestionando al candidato porque tiene denuncias de dirigentes políticos de Cambiemos en la provincia, y que apoyaron a embajadores que tenían condenas como el caso de (Miguel) Del Sel o (Ramón) Puerta, llama poderosamente la atención esta contradicción manifiesta”, apuntó contra Juntos por el Cambio.
“Este ataque no es nuevo, es el mismo que utilizaron durante muchos años contra dirigentes políticos opositores”, continuó el kirchnerista, y señaló además que “algunos senadores que están en esas bancas me difamaron, me denunciaron, me desprestigiaron como una herramienta de acción política”.
Para Parrilli, “les duele que Urribarri haya recibido el apoyo de todas las organizaciones judías para ser embajador en la República de Israel”. Y enfatizó que el exgobernador “no está condenado, no tiene ninguna sentencia” y “concurrió a todas las audiencias que lo convocaron” desde la Justicia.
También dijo que la investigación realizada por la AFIP “demostró un patrimonio coherente y consecuente con todos los ingresos que él tenía”, mientras que las demás causas “son por decretos, por leyes, por resoluciones administrativas, por gobernar la provincia de Entre Ríos. Lo mismo que le hicieron a la actual vicepresidente de la Nación y a muchos de nosotros. Querían condenarnos por haber gobernado la Argentina”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, recordó que en el caso de Del Sel “al momento de ser votado su pliego tenía una denuncia, pero no tenía condena. La condena vino un año y medio después que dejó de ser embajador”, mientras que Puerta “tenía una denuncia que al día de hoy está sobreseído”.
Finalmente, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo: “No existe impedimento alguno para que le podamos dar acuerdo a la propuesta. Nadie puede ser condenado sin la actuación de los tribunales correspondientes. Si no tiene condena esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso rige para todos los ciudadanos”.
En la sesión de este jueves se aprobó además el retiro de 198 pliegos del Poder Judicial enviados por la gestión anterior, y se dio ingreso formal a la postulación de Rafael Bielsa como embajador en Chile.
El pleno confirmó a Claudia Ledesma de Zamora como presidenta provisional, a los vicepresidentes y secretarios, elegidos en noviembre pasado.
En una breve sesión preparatoria, a fin de cumplir con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, el Senado ratificó este jueves a sus autoridades, que habían sido elegidas en noviembre pasado durante la jura de los nuevos legisladores.
De esta manera, fue confirmada como presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La santiagueña ya debutó al frente de toda una sesión entera días atrás, cuando Cristina Kirchner se encontraba en Cuba. Incluso, el pasado 6 de febrero, estuvo a cargo de la Presidencia de la Nación por la superposición de los viajes de Alberto Fernández y la vicepresidenta.
En la reunión también fueron ratificados el radical Martín Lousteau (vicepresidente), el oficialista Maurice Closs (vicepresidente primero) y la macrista Laura Rodríguez Machado (vicepresidenta segunda).
También confirmaron a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario; María Luz Alonso como secretaria administrativa; Juan Pedro Tunessi como prosecretario administrativo; Mariano Cabral como prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue como prosecretario de coordinación operativa.
Además, los senadores fijaron los días miércoles y jueves, a las 14, para la realización de las sesiones.
Doce postulantes se presentaron en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. A la única designación que se opuso Juntos por el Cambio fue a la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA.
En una extensa audiencia pública realizada en el Salón Illia del Senado, doce candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno obtuvieron el aval a sus pliegos en la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El paquete de nombramientos se votará este jueves, a partir de las 12, en una sesión extraordinaria.
La única designación que rechazó Juntos por el Cambio fue la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA. El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, confirmó ante la prensa acreditada que no están de acuerdo debido a las “improvisaciones” que mostró el postulante en torno al tema Venezuela. “Hay un acompañamiento expreso del Gobierno a la dictadura de (Nicolás) Maduro”, consideró el formoseño.
Al finalizar la reunión, Ernesto Martínez (Pro) confirmó a este medio que pese a la polémica por Sergio Urribarri -con cuestionamientos por parte de los senadores entrerrianos de JxC-, el exgobernador entrerriano tendrá respaldo de la oposición.
El primero en realizar su presentación este martes fue Alberto Iribarne, quien tendrá destino a la embajada de Uruguay. El exministro de Justicia aseguró que existe un “desafío de seguir trabajando para que la historia en común -de ambos países- se transforme en un proyecto en común”.
El candidato hizo hincapié en la necesidad de la integración regional para lograr la inserción en el mundo, ya que “somos conscientes, y el presidente también, que es un mundo difícil, un mundo complejo. Es muy difícil la salida individual como país”.
Iribarne señaló que hay un reclamo de las autoridades argentinas por vuelos británicos que se realizaron desde Uruguay a Malvinas, pero destacó que el país vecino “siempre ha apoyado en todos los foros internacionales” el reclamo argentino sobre Malvinas y que desde su lugar buscará “reactivar los grupos” de personalidades, políticos y académicos “que son amigos de la soberanía argentina en Malvinas”.
Luego fue el turno de Carlos Raimundi, postulado como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue acorralado por la oposición por el tema de Venezuela. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lo consultó por su posición sobre la decisión de la Asamblea Nacional de designar un embajador en la OEA, “mientras que el régimen de Nicolás Maduro ha optado por no ser parte”.
Además, el radical le preguntó si “Venezuela es miembro de la OEA” y qué pensaba respecto de que “la Corte Interamericana retomó competencia para juzgar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.
Raimundi sostuvo: “No negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí hay que plantear la multicausalidad de esta situación, que no responde únicamente a falencias en el actual gobierno, sino a un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y sus riquezas”.
“Hay una situación humanitaria delicada, pero que la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”, aseguró y enfatizó que apoya “la no injerencia externa, sino que los países hermanos tenemos que favorecer todos los canales de diálogo entre las partes” y “preservar a la región como zona de paz”.
El exlegislador ratificó que, a partir del nuevo gobierno, “Argentina no está entre los países que reconocen a (Juan) Guaidó como presidente”, ya que al presidente “lo tiene que designar legítimamente el pueblo” de ese país.
Por el oficialismo, recogió el guante el chubutense Mario Pais, que aclaró que “no todos los países que integran la OEA han aceptado la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana, uno es Estados Unidos y otro es Venezuela, desde antes, no de ahora”. Y subrayó que no conoce “el caso de algún Parlamento que pueda designar embajadores. Es una buena pregunta que se le podría hacer a Cancillería, no al doctor Raimundi”.
Con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, Jorge Argüello, que será enviado a Washington, ponderó que ya ha tenido reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ha encontrado “una buena disposición para los intereses argentinos que me va a tocar representar”.
“Me fui con una sensación epidérmica de que es buena la predisposición que encuentro para escuchar cuál es la posición de Argentina y una solución a nuestros problemas”, expresó en relación a la situación económica.
Además, Argüello recordó que este año será “particularmente movido” por las elecciones en Estados Unidos, y que estará trabajando en todo lo que tenga que ver “con las repercusiones en la relación bilateral”. También destacó como “bueno” el breve contacto que mantuvo en el despacho del presidente Donald Trump durante la presentación de sus cartas credenciales el pasado 6 de febrero.
En la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, el más elogiado por todo el arco político fue Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil. El todavía diputado nacional manifestó que tiene “mucha confianza de poder llevar adelante un gran trabajo, a partir del sentido común y de la profunda relación histórica” entre ambas naciones.
El exgobernador bonaerense expresó que tiene expectativa de que la situación tensa entre ambos gobiernos se irá “descomprimiendo”, y dijo que durante los recientes intercambios con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y sus funcionarios vio “buena disposición” para “dejar atrás la pirotecnia verbal”.
Scioli remarcó que recibió por parte de Alberto Fernández “una instrucción muy clara de volver a encauzar el vínculo en el cual volvamos a recuperar niveles de intercambio comercial”. En ese sentido sostuvo que buscará “conectar las economías regionales con las oportunidades que se dan en cada uno de los estados brasileños”.
Varios senadores hicieron uso de la palabra luego para destacar la candidatura de Scioli. El catamarqueño Oscar Castillo, aliado de Juntos por el Cambio, resaltó que “de su trayectoria no hay nada que hablar: amplia, larga, fructífera y con conocimiento de Estado”.
Y agregó que es “muy acertada la decisión” del presidente de “tener un hombre que es de la política, pero que siempre ha tenido relaciones y responsabilidad con el sector privado y las empresas, lo que hace que las relaciones seguramente sean las mejores”.
También lo ponderó el radical Martín Lousteau, que apuntó a sus “cualidades personales de moderación, de diálogo y siempre acercar a las partes”, las cuales “son sumamente importantes” para “distender la tensión” entre ambos gobiernos.
Expusieron además ante los senadores Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú) y Carlos Tomada (México); Fernando “Pino” Solanas, que irá a la Unesco y Mariano Kestelboim, a la Asociación Latinoamericana de Integración.
En un polémico proyecto, las legisladoras incluyen como un supuesto para anular la detención la difusión de investigaciones periodísticas contra el involucrado.
Un grupo de senadoras del Frente de Todos presentó un polémico proyecto de ley en el que propone límites a las prisiones preventivas de acusados por delitos de corrupción.
La iniciativa, que pretende modificar el Código Procesal Penal, plantea una serie de supuestos para la anulación de la detención, entre ellos la difusión de investigaciones periodísticas contra el involucrado y la “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.
El texto establece que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas” cuando “no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos”.
También incluye, para la suspensión de la medida judicial, la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
Otro de los supuestos son el “incumplimiento grave de plazos procesales” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.
Además, se pide que no haya prisión preventiva en caso de “direccionamiento en los sorteos de los jueces”. Y, la iniciativa va más allá, al pedir la anulación cuando la prisión se haya dado con “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo” o de “representantes de corporaciones profesionales” que mediante conductas o expresiones públicas afecten a “la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.
El pedido de nulidad podrá ser planteado “por el interesado, el Ministerio Público Fiscal de oficio o por solicitud de cualquier tercero con interés legítimo, salvo oposición expresa del imputado”.
El artículo 4 del proyecto indica que una vez solicitada la nulidad el juez o tribunal de la causa deberá “remitir en forma inmediata y como máximo en un plazo 24 horas el expediente a otro juez de primera instancia competente en la misma jurisdicción, designado por sorteo, a los fines que proceda a declarar la nulidad de los actos procesales cuestionados, y debiendo ordenarse la inmediata libertad del imputado en caso de corresponder”.
“En caso de rechazo, el imputado o el solicitante en su caso podrá apelarlo por ante el órgano correspondiente. Se procederá conforme los plazos de la acción de habeas corpus”, se establece en caso que el pedido resulte rechazado.
En los argumentos de la iniciativa, que fue presentada el pasado 20 de diciembre pero se conoce recién ahora, las legisladoras argumentaron que “en los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”.
El proyecto es encabezado por la puntana Eugenia Catalfamo, y acompañado por la correntina Ana Almirón, la chubutense Nancy González, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y la santacruceña Ana María Ianni.
Los “celestes” estarían dos votos arriba para imponer nuevamente el rechazo a la ley. Cómo están los números, según un conteo realizado por parlamentario.com y qué pasaría en caso de empate.
Por Melisa Jofré
Con un fuerte impulso por parte de Alberto Fernández -será la primera vez que un gobierno envíe un proyecto de ley sobre el tema- la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volverá al centro de la escena en este año parlamentario.
A partir de los anuncios del presidente, tanto legisladores del sector “verde” como del “celeste” aceleraron sus movimientos para vislumbrar cómo resultaría la votación de la iniciativa. “En Diputados pasa por una veintena de votos”, pronosticó ante parlamentario.com una legisladora que sigue de cerca el llamado “poroteo”.
Según un conteo realizado por este medio, los defensores de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevan ventaja en la Cámara baja. ¿Pero que podría pasar en el Senado? Allí, en agosto de 2018, la iniciativa resultó rechazada por 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones.
De acuerdo a un relevamiento de parlamentario.com, dentro de la composición que debutó el pasado 10 de diciembre, hay 34 senadores en contra y 32 a favor. Es decir que el margen de diferencia se achicó.
En tanto, hay dos que aún no se pronunciaron y otros dos que no adoptaron posición alguna. Un caso es el de la radical Stella Maris Olalla. Desde el entorno de la entrerriana confirmaron a parlamentario.com que la senadora esperará a saber cuál es la letra chica del proyecto para tomar una decisión.
De los senadores restantes, la neuquina Lucila Crexell se abstuvo en la votación de hace casi dos años. El otro es el tucumano José Alperovich, de licencia hasta fines de mayo por la grave denuncia de abuso sexual en su contra. El exgobernador se opuso a la legalización del aborto en aquella jornada histórica.
Entre los “verdes”, la mayoría de los senadores son del bloque del Frente de Todos. Pero dado la fusión que el PJ y el Frente para la Victoria -como figuraban las bancadas en 2018- alcanzaron en el Senado, existe ahora un número importante de legisladores del oficialismo que se oponen a la iniciativa.
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Un caso emblemático es el de José Mayans. Férreo opositor a la IVE, el formoseño es hoy jefe del bloque FdT y, por ende, encargado de defender los proyectos del Gobierno. También se encuentran en esa lista la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y el misionero Maurice Closs, presidenta provisional y vicepresidente de la Cámara, respectivamente.
Con esta muy leve tendencia en contra, el aborto legal podría ser nuevamente rechazado en la Cámara alta. Pero la balanza se terminará de inclinar una vez que ese grupo de cuatro confirme su voto. No obstante, de cara a un nuevo debate, deberá verse también si las posiciones de los senadores que participaron de la anterior discusión se mantienen intactas.
¿Y en caso de empate? A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa estaría lejos de tener que intervenir con el botón, una igualdad en la votación del Senado se resolverá con la participación de Cristina Fernández de Kirchner.
A pesar de no haber motorizado el tema durante sus ocho años de gobierno, la vicepresidenta votó a favor de la ley en agosto de 2018, cuando ocupaba una banca como senadora por la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad afirmó que la habían hecho cambiar de opinión “las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles”.
“Buena parte de los senadores de la UCR ha expresado su opinión contraria”, señaló el diputado y titular del partido. También opinó sobre los aumentos a jubilados.
El diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo ratificó este lunes que el interbloque de senadores de Cambiemos votará de manera unánime el pliego del candidato a la Procuración General, Daniel Rafecas, y dijo que “es probable” que la posición adoptada sea en contra.
“Buena parte de los senadores de la UCR ha expresado su opinión contraria, pero lo que hemos convenido en la Mesa de Cambiemos es que la decisión de los 27 senadores, que pueden bloquear esa decisión, va a ser unánime: a favor o en contra, pero unánime”, señaló Cornejo.
Y agregó: “Es probable que la gran mayoría esté en contra, con lo cual es probable que esa sea la posición”.
De todos modos, aclaró que “cuando entre el pliego y empiece el proceso se tomará una decisión definitiva”.
Como indicó parlamentario.com, el Frente de Todos tiene 40 senadores -sin contar al tucumano José Alperovich, que está de licencia-, por lo que necesita ocho votos extra para llegar a la mayoría requerida en el recinto y avalar la postulación de Rafecas.
Es por eso que si Juntos por el Cambio sigue la línea de rechazo de la mayoría de los radicales, la designación del juez se frenará en la Cámara alta.
En diálogo con Radio Con Vos, Cornejo también criticó los anuncios presidenciales del viernes pasado respecto del aumento a jubilados, y consideró que “se está discutiendo miseria”.
El legislador observó que hay “un 50% de los jubilados que están en la mínima y se ven beneficiados por este decreto, y un 50% que se ven perjudicados”.
Para Cornejo, “el 50% que se ve beneficiado es el que entró en una moratoria, el que tiene menos años de aportes y sin embargo accedió al beneficio jubilatorio”.
Por el contrario, advirtió que se verá perjudicado “el que hizo 30 años de aportes y que se esforzó muchísimo por cumplir con la ley”.
Por eso, opinó que el “mensaje” que deja el anuncio es que “cumplir no vale la pena” y que “estar en el marco de la ley es de estúpidos, no de gente inteligente”.
El diputado radical sostuvo que los beneficiados cobran la mínima, que es “una cifra irrisoria”, mientras que “los que fueron perjudicados ganan más de 18.000 pesos como si fueran millonarios”, por lo que, concluyó, “se está discutiendo miseria”.
El proyecto aprobado en Diputados será tratado desde las 15 en Legislación General y podría haber dictamen.
Luego de que el presidente Alberto Fernández incluyera el tema en el decreto de ampliación de extraordinarias, el Senado avanzará este martes con la ley de góndolas, que busca favorecer la competencia en los supermercados y evitar conductas monopólicas por parte de las grandes marcas.
El proyecto será tratado desde las 15 en la Comisión de Legislación General, que primero deberá constituirse y quedará al mando de la correntina Ana Almirón (Frente de Todos), alineada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa podría conseguir dictamen favorable, aunque no fue incluida en el temario de la sesión extraordinaria convocada para este jueves a las 12, por lo que el oficialismo tendrá que habilitar su tratamiento sobre tablas si quiere sancionar la ley esta semana.
El texto fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre pasado y apunta a diversificar las góndolas de los supermercados y evitar que las grandes marcas abarquen la mayor parte del espacio disponible, lo que deriva en conductas monopólicas y anticompetitivas.
En ese sentido, se busca que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola, y a su vez deberá garantizarse un 25% para la exhibición de productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
Además, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas -los sectores más codiciados de los supermercados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
Si bien originalmente el proyecto tenía giro a tres comisiones -Legislación General; Industria y Comercio; y Derechos y Garantías- el Frente de Todos tramitó la reducción de los giros, de modo que solo intervendrá la primera comisión.
La Cámara alta realizará su sesión preparatoria a las 11. En tanto, a partir de las 12, el pleno tratará pliegos de embajadores.
En la previa del fin de semana largo, el Senado tendrá este jueves doble sesión. La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó para las 11 a la sesión preparatoria en la que se ratificarán las autoridades y se acordarán los días y horarios de sesión.
En tanto, a partir de las 12, el pleno se reunirá en sesión extraordinaria para tratar el retiro de un paquete de pliegos enviados por la gestión anterior y, además votar las postulaciones de embajadores propuestos por el gobierno de Alberto Fernández.
Los candidatos pasarán este martes por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, donde se espera que las designaciones reciban aval de la mayoría.
El decreto que cita a la reunión no contiene entre los temas el proyecto de ley de góndolas, pero el oficialismo tiene la intención de dictaminar la iniciativa este martes en la Comisión de Legislación General -que se constituirá y quedará a manos de la correntina Ana Almirón (FdT)-.
Para debatirla en el recinto dos días después, se necesitarán dos tercios de los votos para habilitar su tratamiento, con lo cual el Frente de Todos dependerá del acuerdo que alcance con Juntos por el Cambio.
Los pliegos que el oficialismo buscará aprobar en la sesión del jueves son, entre otros, los de Jorge Argüello como embajador en Estados Unidos; y el exsenador nacional Fernando “Pino” Solanas, propuesto para la UNESCO.
También las postulaciones de tres exgobernadores: el bonaerense Daniel Scioli, futuro representante en Brasil; el entrerriano Sergi Urribarri, que irá a Israel; y el chaqueño Domingo Peppo, destinado a Paraguay.
Otros de los nombres propuestos son el exministro de Justicia Alberto Iribarne (Uruguay); Carlos Tomada (México); el exvicepresidente de la Nación Carlos “Chacho” Alvarez, impulsado como embajador en Perú; y Alfredo Atanasof (Bulgaria).
Los pliegos restantes son los de Rodolfo Gil (Portugal); el exdiputado nacional del ARI Carlos Raimundi (OEA); y Mariano Kestelboim, para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).
Se trata de postulaciones realizadas, en su mayoría, entre octubre y los primeros días de diciembre del año pasado. Entre ellos se encontraba una candidatura de Daniel Rafecas.
El Poder Ejecutivo envió al Senado una nota en la que solicita el retiro de 198 pliegos para la cobertura de cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, que habían sido girados por el gobierno anterior -en su mayoría- entre octubre y los primeros días de diciembre del año pasado.
En el listado del documento, que lleva las firmas de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encuentra una postulación de Daniel Rafecas para cubrir una vacante en la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional porteña.
Tal como explicó parlamentario.com, para que pueda ingresar formalmente el pliego de Rafecas como procurador general de la Nación, cargo para el cual fue elegido por el presidente Alberto Fernández, era necesario cumplir primero con este trámite.
Dentro de la numerosa lista se encuentra también un pliego que impulsaba el ascenso de Gustavo Fresneda desde el juzgado federal de Pasos de los Libres al juzgado federal de Corrientes. El magistrado había sido muy cuestionado, por las acusaciones en su contra sobre trata y tráfico de influencias, cuando en diciembre de 2018 se aprobó su designación en la Cámara alta.
Además, se solicita retirar un pliego de Germán Moldes, hijo del fiscal del mismo nombre, que había sido propuesto para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, y el de Ignacio Mahiques, a quien se había postulado como juez federal de Mercedes.
El texto ingresó este miércoles por el Senado. La iniciativa propone la creación del programa “Gabinete Federal”. Cuáles son las ciudades elegidas.
El presidente Alberto Fernández envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley para declarar 24 ciudades del país como “capitales alternas”. La iniciativa, que ingresó por el Senado, crea en el ámbito del Poder Ejecutivo el programa “Gabinete Federal”.
Dicho programa estará destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias, de las cuales participarán ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno nacional, además de autoridades locales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, “con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias”.
Según el texto, el jefe de Gabinete tendrá que convocar a los encuentros “con una periodicidad no mayor a los 30 días”. En tanto, el Ministerio del Interior “coordinará con las autoridades provinciales y las organizaciones de la sociedad civil la elaboración del plan de trabajo de las reuniones”.
Asimismo, se establece que los ministros y funcionarios que asistan “deberán llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, el que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior”.
El artículo 6 de la iniciativa se refiere a la descentralización de los organismos del Estado nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
De acuerdo al proyecto, “la coordinación del proceso de evaluación y selección de las dependencias quedará a cargo del Ministerio del Interior”. Una vez finalizado el proceso, la cartera deberá elaborar “juntamente con los titulares de los organismos a trasladar o a instalar, y las autoridades provinciales, una propuesta integral, con plazos tentativos de ejecución, que elevará para su evaluación” a la Jefatura de Gabinete y luego se someterá para su aprobación al Poder Ejecutivo.
En los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo sostuvo que “de acuerdo con el principio fundamental del federalismo todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones. Dichas asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación”.
“La articulación de las funciones entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades y municipios de la Argentina debe buscar garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras. Al mismo tiempo, se debe procurar acercar el Gobierno a las realidades de las diversas jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales”, agregó.
Las 24 ciudades elegidas son: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
“La realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”, admitió el titular del bloque oficialista al cierre del debate en el Senado.
José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, cerró el debate sobre deuda externa y reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda”, por lo cual ahora el Gobierno buscará garantizar su sustentabilidad.
El senador formoseño precisó que el monto bajo legislación extranjera, que es el que contempla el proyecto, es de “casi 142.000 millones de dólares”, de los cuales “65.000 millones corresponden a bonos y el resto a organismos internacionales”.
Por eso, reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.
El titular del bloque oficialista sostuvo que el estado de emergencia es producto de que los mercados hayan dicho “basta”, tras lo cual el entonces presidente Mauricio Macri decidió acudir al FMI, “y ya se transformó en una deuda política”.
Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.
“El desafío es cambiar la política de especulación y de usura en la que estamos metidos por la política de producción y trabajo”, subrayó, y agregó en otro pasaje de su discurso que “los que viven el momento más duro son los que están en la pobreza y la indigencia”.
Por último, Mayans concluyó que “es positivo que podamos, con una mayoría calificada, respaldar esta acción de renegociación, porque es altamente difícil” la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero oficialismo y oposición cruzaron duros pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
Martín Guzmán consiguió la herramienta que le permitirá negociar en mejores condiciones con los acreedores. El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, en una muestra de respaldo de todo el arco político al proceso que iniciará próximamente el ministro de Economía.
El texto recibió 65 votos afirmativos y hubo solo siete senadores ausentes: el expresidente Carlos Menem por el Frente de Todos; Alfredo De Angeli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Ernesto Martínez y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio; y José Alperovich, quien se encuentra de licencia.
Si bien oficialismo y oposición coincidieron en que la norma será una contribución importante a las conversaciones con los bonistas, el recinto de la Cámara alta fue escenario de fuertes pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Mientras transcurría el debate, que duró casi nueve horas, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó a la prensa que Guzmán asistirá al Congreso el próximo miércoles 12, para exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la deuda externa, tal como estaba pautado en el cronograma oficial.
Según ese esquema, hacia fines de febrero iniciará formalmente el período de reuniones e intercambios con los tenedores de deuda externa, y la segunda semana de marzo se lanzará la oferta, de modo que cuando finalice el mes se anunciarán los resultados de las negociaciones.
El proyecto aprobado por el Senado solo contempla la deuda bajo legislación extranjera, lo que, según Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) solo representa “el 45% de la deuda” y “el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
Lousteau fue uno de los senadores escuchados con más atención entre los casi 40 que hablaron en el recinto. La sesión -la primera del año en la Cámara alta- fue conducida por su presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación por la gira europea de Alberto Fernández.
El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
El cordobés denunció que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% al 92% del PBI”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que el monto comprometido es de “más de 120 mil millones de dólares”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado explicó que el acompañamiento de esa bancada consiste en “asegurar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda”.
“Estamos votando esta ley porque la oposición no está pintada al óleo. Ese 41% que representamos es el del consenso, ese que ustedes necesitan para que cuando vayan a negociar al exterior entiendan que la confianza no viene de forma unilateral por decisiones que toman quienes ganaron la elección”, observó.
Varios senadores de la oposición que exigieron que el Poder Ejecutivo envíe el nuevo Presupuesto, ya que actualmente rige una prórroga del que fue aprobado para 2019. Una de las que levantó este reclamo fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien consideró que “para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico” porque eso “ayudará a negociar mejor”.
El misionero Maurice Closs, la incorporación más reciente del Frente de Todos, recogió el guante y explicó por qué “en estas condiciones es muy difícil hablar del Presupuesto”. “Solo teniendo en cuenta el vencimiento de este año sobre un Presupuesto actualizado del que mandó Macri para 2020, tendríamos un Presupuesto de 130.000 millones de dólares con 67.000 millones para pagar de capital de intereses. Ese es el problema: el peso del vencimiento se transformó en algo irracional para el 2020 y 2021”, precisó.
Closs puntualizó además que la flamante ley “autoriza una negociación de hasta 142.000 millones de dólares”, y agregó que “mientras más se logre negociar, mejor, porque significa que mayores montos tendrán mayor plazo de vencimiento y mejores tasas”.
El senador además dijo que “es muy probable que para convencer a la mayor cantidad de acreedores haya que emitir muchos y variados bonos”, y advirtió que la negociación será “una de las más duras de la historia por el monto y porque está el FMI adentro con 44.000 millones de dólares sin resolver”, a diferencia de los canjes de 2005 y 2010.
Uno de los discursos más resonantes fue el de Oscar Parrilli (Frente de Todos), quien denunció que “en el este tema de la deuda el gobierno de (Mauricio) Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó alrededor de 10 mil millones de dólares por año y la anterior gestión nos endeudó alrededor de 30 mil millones de dólares, y en dos años, inédito, llegó al default”.
“En 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares”, recordó el exsecretario de la Presidencia durante el kirchnerismo, y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.
También señaló que en este proceso “hay muchos responsables” y apuntó contra “todos aquellos que aplaudieron, se vanagloriaron y difundieron esta suerte de endeudamiento serial de la Argentina: publicistas, economistas, periodistas y muchos empresarios”.
“Ese grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y que fue el que aplaudió con bombos y platillos toda esta política de endeudamiento, y aplaudió también toda la política de baja de salarios, de desaparición del rol del Estado, de liberalización de importaciones, de entrada de divisas, de fuga de capitales”, disparó Parrilli.
El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.
“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguran que “en el período que gobernó el kirchnerismo nos desendeudamos”. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.
El formoseño precisó que “de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”, y agregó que “la salida del Fondo Monetario Internacional también fue un gran relato” y “le costó muy caro al país” porque “se utilizaron 9.800 millones de las reservas del Banco Central”.
A continuación, José Mayans reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.
El titular del bloque del Frente de Todos sostuvo que el estado de emergencia es producto de que los mercados hayan dicho “basta”, tras lo cual el entonces presidente Mauricio Macri decidió acudir al FMI, “y ya se transformó en una deuda política”.
Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.
El proyecto aprobado este miércoles declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”. Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Paralelamente, al inicio de la sesión, el Senado aprobó a mano alzada un proyecto de resolución para ampliar la mesa de trabajo donde se discutirá la deuda que la mayoría de las provincias mantiene con organismos nacionales en pesos.
La iniciativa encomienda a Cristina Kirchner la tarea de gestionar ante Diputados la participación, en esa negociación, de las autoridades de los bloques de senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que habían sido excluidos del proyecto aprobado en la Cámara baja.
De este modo, la mesa quedará integrada por el presidente de la Cámara de Diputados; autoridades parlamentarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en ambas Cámaras; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía).
El jefe del bloque Juntos por el Cambio negó que haya habido una “gesta épica” y explicó por qué.
Hacia el final del debate sobre el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, el jefe del bloque Juntos por el cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.
Naidenoff observó que durante el debate en el recinto se habló de “dos modelos: un proyecto de desendeudamiento y un proyecto de endeudamiento a mansalva de manera irresponsable, causante de todos los males de la Argentina”.
“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguran que “en el período que gobernó el kirchnerismo nos desendeudamos”. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.
El formoseño precisó que “de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”, y agregó que “la salida del Fondo Monetario Internacional también fue un gran relato” y “le costó muy caro al país” porque “se utilizaron 9.800 millones de las reservas del Banco Central”.
“Nunca nos fuimos del Fondo y tampoco fue la intención del Gobierno”, aseguró el senador, y recordó entre otras cosas que “en 2013 la Argentina soportó por parte del Fondo una moción de censura”.
Finalmente, hizo mención a la herencia recibida en 2015: “Nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Asumimos una Argentina en default, con recesión desde 2011 y 14 provincias en déficit, de las cuales cuatro no podían pagar aguinaldos”.
“Para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico. Eso nos dará certidumbre, bajará el Riesgo País, ayudará a negociar mejor”, opinó la senadora radical.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) apoyó la reestructuración de la deuda, pero exigió al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de Presupuesto 2020 al Congreso para “darle mayor certidumbre a las negociaciones con los bonistas”, que piden saber cuál es el programa económico del presidente Alberto Fernández.
“La falta de sostenibilidad tiene que ver con todos los factores de la economía. Lo primero tiene que ver con las dudas sobre lo que se va a hacer en la economía de un país. Por eso es importante que hoy estemos todos de acuerdo en dotar a nuestros negociadores de las mejores herramientas para negociar. Son imprescindibles tres o cuatro puntos de consenso. Para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico. No es chicana pedir el Presupuesto. Eso nos dará certidumbre, bajará el Riesgo País, ayudará a negociar mejor”, dijo la senadora.
Elías de Pérez agregó otros factores: “Es imprescindible tener certidumbre jurídica, no se pueden cambiar las reglas permanentemente, porque si no nadie quiere invertir. Necesitamos mejorar la independencia de la Justicia. Necesitamos disminuir la carga tributaria. Desde 2011 no hay crecimiento sostenible. Es imprescindible crecer para poder pagar la deuda. Es indispensable que haya costos razonables para invertir. Los que vivimos en el Norte necesitamos ser tenidos en cuenta porque tenemos costos diferentes a los que viven cerca del puerto. Es fundamental no generar déficits que sean insostenibles”.
“En 2015 el déficit era mayor a 6 puntos del PBI, esto es equivalente a la producción anual de Tucumán multiplicada por tres. En pocas palabras, para hacer sostenible la deuda se necesita crecer y tener deudas con tasas de interés que sean pagables”, agregó la legisladora radical.
Por otra aparte, habló de las negociaciones que realizó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con bonistas: “Flaco favor nos ha hecho el gobernador Kicillof, dándole la peor de las ayudas al Gobierno nacional con su modo de negociación tan extraño. Por eso creo que es importante que las provincias sean atendidas”.
El senador abogó por que “el Gobierno tenga la capacidad, el apoyo, los conocimientos técnicos y el temple necesarios para encarar una negociación que va a ser difícil”.
El senador nacional Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) pronosticó en la sesión de este miércoles que la negociación por la deuda externa será “difícil” y en ese sentido destacó el acompañamiento de la oposición al proyecto del Poder Ejecutivo.
Lousteau explicó en primer lugar que “desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, muchas de las cosas incluidas ya están incluidas en leyes existentes”.
En ese sentido, mencionó que la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre “contiene muchas de las cosas que hoy estamos debatiendo”, y agregó que el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera “permite al Ejecutivo hacer operaciones de crédito público”.
Por eso, consideró que la ley en debate es en realidad “una manifestación de nuestro respaldo a una negociación que va a ser difícil”.
“Cuando uno habla de incapacidad de endeudarse por el costo de ese endeudamiento, está hablando de insustentabilidad, o como mínimo, de problemas de liquidez”, precisó el economista.
Detalló que el monto de los vencimientos de este año se calcula en “65.000 millones de dólares”, lo que equivale a “18 puntos del PBI”, lo que “manifiesta que hay una situación de fragilidad, donde todos tenemos que trabajar mancomunadamente para ver cómo salimos de este embrollo”.
Por otra parte, Lousteau indicó que el proyecto solo se refiere a la deuda bajo legislación extranjera, que representa “el 45% de la deuda” y “nada más que el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”. “Esta ley solamente va a permitir un instrumento para una parte del enorme monto de deuda que tiene la Argentina”, resumió.
También advirtió que “hemos pasado alrededor del 40% de nuestra vida en democracia en default”.
El senador observó que “recién en 2016 terminamos con los holdouts y cuatro años después estamos hablando otra vez de la renegociación de la deuda”.
“Si queremos tener una reestructuración que en cuatro o cinco años no vuelva a ser abierta, tenemos que ver dónde están nuestros problemas administrativos y dónde se genera la deuda”, opinó.
Sostuvo en ese marco que “la fuente principal” de la deuda “es cuando hay déficit”, pero señaló que hay muchos otros motivos.
Por eso, consideró que “es muy complejo señalar con el dedo”. “Lo único que estamos diciendo es que la culpa es del otro”, se quejó, al indicar que “en todos los casos ha habido mala praxis con el desendeudamiento”.
Por último, destacó que “la ley es necesaria para dar respaldo a aquellos que van a negociar, pero también debemos encarar esas negociaciones con otro tipo de confianza entre nosotros, pensando que la construcción de una Argentina colectiva es posible”.
Finalmente, abogó por que “el Gobierno nacional tenga la capacidad, el apoyo, los conocimientos técnicos y el temple necesarios para encarar una negociación que va a ser difícil”.
El senador del Frente de Todos advirtió que “se está enfrentando a un poder muy consolidado, muy fuerte, que son los fondos de inversión, los fondos especulativos”.
El senador del Frente de Todos y excanciller Jorge Taiana resaltó que la ley de sostenibilidad de la deuda externa es “imprescindible para el mejor éxito de la renegociación que tiene que encarar la Argentina” ante los acreedores, y apuntó contra la “timba financiera”.
Taiana consideró que se trata de “una contribución importante al éxito de esa estrategia, que no es sencilla, porque se está enfrentando a un poder muy consolidado, muy fuerte, que son los fondos de inversión, los fondos especulativos, que se mueven con gran facilidad y sin ninguna piedad, y que no tienen ninguna preocupación por la inversión productiva”.
El senador -que completa el mandato de la vicepresidenta Cristina Kirchner- sostuvo que “es obvio que en los últimos cinco años hubo una enorme aceleración del endeudamiento, se la mida como se la mida”, y puso como ejemplo que “en proporción del Producto Bruto, pasó del 48% al 90%”.
“Hay que reiterarlo: Argentina tiene voluntad de pago, pero para poder pagar, el país necesita generar capacidad para crecer y además cumplir con su deuda interna. Para pagar hay que crecer, y nosotros exigimos que se respete ese principio”, enfatizó.
El legislador insistió hacia el final de su discurso en que “el voto mayoritario de esta ley es una contribución importante a que los argentinos nos mostremos firmes y que mostremos un compromiso de decir ‘nunca más’ al endeudamiento especulativo”.
El senador del Frente de Todos también cargó contra el expresidente Mauricio Macri, al asegurar que “en el tema de la deuda fue peor que la dictadura”.
El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli cargó duro contra los empresarios, al sostener que “están boicoteando al gobierno de Alberto Fernández” con la suba de precios y consideró que “son en gran parte responsables” del endeudamiento contraído durante la gestión anterior.
En un extenso discurso, el neuquino lanzó que “en el este tema de la deuda el gobierno de (Mauricio) Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó alrededor de 10 mil millones de dólares por año y la anterior gestión nos endeudó alrededor de 30 mil millones de dólares, y en dos años, inédito, llegó al default”.
“En 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares”, recordó el exsecretario de la Presidencia y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.
En tanto, “la deuda en dólares se elevó del 12,2% al 41,9%; la deuda con los organismos financieros internacionales del 6,3% al 20,1%; y lo que ellos tanto dicen de que nosotros teníamos una gran deuda con los organismos del sector público, intraestado, la nuestra era del 30,1% y la de ellos del 29,1%, de manera que la redujeron un punto, pero aumentaron en casi 30 puntos la deuda en dólares y casi la duplicaron con los organismos financieros internacionales”, enumeró.
Para el extitular de la AFI, “en la historia no todos tenemos la misma responsabilidad” y en el tema de la deuda “hay muchos responsables”. En ese sentido, apuntó contra “todos aquellos que aplaudieron, se vanagloriaron y difundieron esta suerte de endeudamiento serial de la Argentina: publicistas, economistas, periodistas y muchos empresarios”.
Y continuó: “Ese grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y que fue el que aplaudió con bombos y platillos toda esta política de endeudamiento, y aplaudió también toda la política de baja de salarios, de desaparición del rol del Estado, de liberalización de importaciones, de entrada de divisas, de fuga de capitales”.
“Estos empresarios, que fueron responsables de gran parte de lo que nos ocurrió, están hoy boicoteando al gobierno de Alberto Fernández”, acusó y dijo que lo hacen -a su criterio- a través del “aumento desmedido, desmesurado y sin absoluta razón del precio de los alimentos, que han hecho a partir de los primeros días de enero”.
Parrilli advirtió: “Tienen que darse cuenta que están jugando con el fuego, que no han correspondido a un presidente que los ha llamado con toda generosidad y les ha abierto las puertas de la Casa Rosada”. “Cuando no hay aumento de tarifas, cuando el dólar está estable, aumentan de una manera desmedida los precios de los alimentos”, se quejó.
Finalmente insistió que “ellos también en gran parte son responsables, no solo del endeudamiento y la crisis con la que han dejado la Argentina, sino que hoy están nuevamente en una actitud antiargentina, antinacional y en contra de los intereses de nuestro pueblo y están boicoteando al gobierno”.
Con una extensa lista de oradores, avanza en la Cámara alta la discusión sobre el proyecto que busca respaldar la reestructuración de la deuda. Se espera un amplio respaldo.
Con una extensa lista de oradores, avanza en el Senado el debate sobre el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa, enviado por el Poder Ejecutivo, de cara a las negociaciones que emprenderá el ministro de Economía, Martín Guzmán, en las próximas semanas.
La sesión extraordinaria inició a las 10.37 y cerca de la noche se producirá la votación, donde el Frente de Todos contará con apoyo de Juntos por el Cambio y otros senadores monobloquistas.
El debate es conducido por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.
El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
Antes de repasar en qué consiste la iniciativa artículo por artículo, el cordobés recordó que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% del PBI al 92%”.
Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que “el monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, el 44% de la deuda total”, calculado en “más de 120 mil millones de dólares”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado ratificó el apoyo al proyecto, pero advirtió que no es necesaria la ley para iniciar las negociaciones, ya que el Poder Ejecutivo fue facultado para esta tarea con la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre.
Por otra parte, la legisladora destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri se tomara deuda para “pagar endeudamiento contraído por gestiones anteriores”, al recordar que el presidente anterior asumió “súper fuera del mercado de crédito, en un país en default” y con “una deuda impaga” y “procesos judiciales pendientes” como el embargo de la Fragata Libertad.
El proyecto oficialista declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en un total de “142 mil millones de dólares”, según el jefe del bloque oficialista, José Mayans.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
La senadora resaltó que “la oposición no está pintada al óleo”, al hacer hincapié en la importancia del acompañamiento de Juntos por el Cambio al proyecto de reestructuración.
La senadora nacional Laura Rodríguez Machado defendió que durante el gobierno de Mauricio Macri se tomó deuda para pagar endeudamiento contraído por gestiones anteriores, y le respondió al presidente Alberto Fernández, quien este miércoles dijo desde Francia que con Macri “vivimos un 2001 por goteo”.
Al iniciar su discurso, la cordobesa señaló que “siempre hemos dicho que vamos a asegurar la gobernabilidad” y el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública exterior “responde a los cánones que nosotros consideramos que el Gobierno nacional debe tener”.
“Hoy lo que se está votando es un instrumento para ver si el Ejecutivo encuentra una vía que interpreta para generar un programa de gobierno”, expresó, aunque resaltó que el acompañamiento “tiene una parte crítica”. “Esperemos que encuentren ese timón, que todavía no está muy explicitado a la sociedad, y que lleguen a buen puerto”, insistió.
En defensa de la gestión de Cambiemos, la legisladora enfatizó que Macri “asumió no fuera del mercado de crédito, súper fuera del mercado de crédito, porque asumió un país en default” con “una deuda impaga” y “procesos judiciales pendientes” como el embargo de la Fragata Libertad.
“Hubo un default que solucionamos con nuestra gestión rápidamente”, dijo y subrayó que se recuperó “un país al crédito internacional, que pudo insertarse al mundo” y las provincias pudieron acceder a organismos multilaterales para financiar obras.
Al justificar el voto positivo de la bancada opositora, Rodríguez Machado destacó que “el 41% que nosotros representamos es el 41% del consenso”. “La oposición en Argentina no está pintada al óleo”, sostuvo y consideró: “Con nuestro voto le damos mucha fuerza al Gobierno nacional, para que entienda que la confianza no viene unilateralmente por decisiones que tomen quienes ganan la elección”.
La senadora remarcó que “un 73% de la deuda emitida desde que asumió Mauricio Macri corresponde a deudas de gobiernos anteriores”, y que “tres de cada cuatro dólares” se utilizaron “para pagar deudas heredadas” y “el dólar restante para pagar déficit fiscal”.
En referencia a los dichos del presidente Alberto Fernández desde Francia, donde manifestó que con Macri se vivió “un 2001 a goteo”, la cordobesa recordó: “En el 2001 hubo tres presidentes en un mes, además de declarar públicamente el default nacional había cuasimonedas, había semanas enteras de feriados bancarios y cambiarios, no se podía extraer dinero de nuestras cajas de seguridad y de nuestras cuentas personales”.
“¿Ustedes creen que era lo mismo que heredaron o se le fue un poquito la mano (a Fernández)?”, se preguntó y afirmó que el mandatario al decir eso en el exterior “queda como un mentiroso” porque “el default lo solucionó el presidente Mauricio Macri y no los 12 años que ustedes gobernaron”.
Así lo sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó que el Gobierno “tiene voluntad de pago”.
En el arranque del debate sobre el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda exterior, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
El cordobés comenzó recordando que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% del PBI al 92%”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudó a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante dijo que el país “se endeudó de un modo impresionante” y, al asumir la gestión de Alberto Fernández, “nos encontramos con un país muchísimo más pobre de lo que recibió el gobierno anterior”.
Al repasar uno por uno los artículos del proyecto impulsado por el Ejecutivo, el legislador del Frente de Todos afirmó que se busca “un beneficio en esta renegociación”, en línea con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. “Tenemos que lograr mejorar los montos, los plazos y los intereses, porque sino no tiene ningún sentido la renegociación”, señaló.
“El Gobierno nacional ya dijo hasta el cansancio que quiere pagarla”, enfatizó, pero advirtió que “para pagarla hay que tener los recursos” y “se quiere lograr una mejora en los gastos que siempre lleva la reestructuración”.
Detalló a continuación que “se ha pasado del 0,2%” que utilizó en 2016 el gobierno anterior “a un tope de 0,1% como gasto de cualquier actividad de consultoras, especialistas o el mundo financiero que sirve para apoyar la renegociación de la deuda”.
“Una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, consideró Caserio, quien precisó que “el monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, el 44% de la deuda total”, calculado en “más de 120 mil millones de dólares”.
El senador resaltó que “cada vez se destina más del Presupuesto para pagar intereses de deuda” y eso genera “menos inversión”. “Es cierto que el endeudamiento como está es insostenible, hay que buscar mejores condiciones. Argentina está atrapada por los vencimientos y eso nos hace un día a día más difícil de gobernar”, insistió.
“Argentina tiene voluntad de pago, pero necesita también tener capacidad de pago”, agregó y finalizó: “Es un proyecto hecho en Argentina para los argentinos”.
La Cámara alta se reúne para tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El oficialismo contará con el respaldo de Juntos por el Cambio y otros monobloques.
El Senado comenzó a las 10.37 la sesión extraordinaria en la que buscará convertir en ley el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa, enviado por el Poder Ejecutivo, que espera contar con la sanción de la norma de cara a las negociaciones con los acreedores.
El Frente de Todos contará con el respaldo de Juntos por el Cambio y otros monobloques, con lo cual se espera un unánime respaldo. Para el debate, hay 41 oradores anotados.
La reunión es conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.
El proyecto oficialista declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en un total de 142 mil millones de dólares.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
El jefe del bloque del Frente de Todos pedirá reducir los giros de comisiones. Piensan en un tratamiento el viernes 21 en el recinto.
Cuando el presidente Alberto Fernández amplió el temario de las sesiones extraordinarias, incluyó en la enumeración la denominada ley de góndolas, que ahora el oficialismo buscará acelerar en el Senado.
Se trata del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre pasado para diversificar las góndolas de los supermercados y evitar que las grandes marcas abarquen la mayor parte del espacio disponible, lo que deriva en conductas monopólicas y anticompetitivas.
En ese sentido, la iniciativa busca que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola, con el fin de promover mayor participación de segundas marcas y productos elaborados por pymes.
El jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans, adelantó a la prensa acreditada que pedirá reducir el número de comisiones a las que fue girado el proyecto, con el fin de facilitar su tratamiento.
El texto fue girado a las comisiones de Legislación General, Industria y Comercio, y Derechos y Garantías; Mayans pedirá en los próximos días acotar el debate a la primera comisión, que será presidida por la correntina Ana Almirón.
Mayans imagina un dictamen veloz y no descarta que el proyecto llegue al recinto el viernes 21, luego de una sesión preparatoria que será convocada para ese día a efectos formales, con el fin de ratificar autoridades y acordar días y horarios de sesión.
La Comisión de Acuerdos se constituyó este martes y fijó fecha para la audiencia pública en la que deberán presentarse los propuestos por el presidente.
La Comisión de Acuerdos del Senado se constituyó este martes y acordó recibir el próximo 18 de febrero a los candidatos del presidente Alberto Fernández para ocupar distintas embajadas y representar al país en organismos internacionales.
Con acuerdo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos nombró presidenta de la comisión a la camporista Anabel Fernández Sagasti, excandidata a gobernadora de Mendoza y de estrecho vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Agradezco que me permitan ocupar este lugar tan trascendental para el Senado”, expresó Sagasti sobre la estratégica comisión, que debe avalar los pliegos de jueces, fiscales, defensores oficiales, y diplomáticos, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Como vicepresidente del cuerpo fue electo el cordobés del Pro Ernesto Martínez, quien se ausentó en la reunión, mientras que como secretaria fue nombrada la misionera Magdalena Solari Quintana, que en diciembre se alejó de su socio Maurice Closs y conformó un monobloque.
En la breve reunión, los senadores acordaron recibir primero a los candidatos a embajadores, y luego -en fecha a confirmar- a los propuestos para dirigir al Banco Central.
En la sesión convocada para este miércoles, el Senado dará ingreso formal a una docena de pliegos de embajadores y diplomáticos.
Tomarán estado parlamentario los pliegos del exministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el exvicepresidente Carlos “Chaco” Álvarez, que irá a Perú; Rodolfo Gil, que irá a Portugal; y Alberto Iribarne, impulsado para Montevideo.
También ingresarán los pliegos de Jorge Argüello, propuesto para Washington; y de tres exgobernadores, el bonaerense Daniel Scioli (Brasil); el entrerriano Sergio Urribarri (Israel); y el chaqueño Domingo Peppo (Paraguay), a los que se suma Alfredo Atanasof, propuesto para Bulgaria.
Como diplomáticos fueron propuestos el exlegislador Fernando “Pino” Solanas para la Unesco; Mariano Kestelboim para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y el exlegislador Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).
Por otra parte, ya tienen estado parlamentario los pliegos de Miguel Ángel Pesce como presidente del Banco Central, y de los directores Alberto Zenón Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Susana Stein, quienes tendrán mandato hasta 2025.
También fueron propuestos, con mandato hasta 2024, Marcos Moiseeff como síndico titular de la entidad; y Waldo Farías como síndico adjunto.
Además de Fernández Sagasti, integran la comisión por el Frente de Todos José Mayans, Guillermo Snopek, Martín Doñate, Ana Almirón, Mario Pais, Matías Rodríguez, Oscar Parrilli, Claudia Ledesma Abdala y Eugenia Catalfamo.
Por Juntos por el Cambio fueron nombrados Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Oscar Castillo, Pamela Verasay y Ernesto Martínez; y la comisión se completa con Magdalena Solari Quintana.
Foto: Comunicación Senado
Cuando faltaba media hora para su inicio, se suspendió sorpresivamente la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que se disponía a tratar 19 Decretos de Necesidad y Urgencia y dos decretos simples.
En la reunión, convocada originalmente por el presidente de la comisión, el diputado Marcos Cleri, iban a abordarse DNU’s que en su mayoría fueron firmados durante la gestión de Mauricio Macri y que no tuvieron tratamiento el año pasado.
Además, el temario incluía seis decretos firmados durante los dos primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, entre ellos el que dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (52/2019); la declaración de la emergencia ocupacional y doble indemnización por 180 días (34/19); y la modificación de la Ley de Ministerios (7/19).
Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo. La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados […]
Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo.
La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, se debatió durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó al comienzo y quedó -como se preveía- a cargo del cordobés Carlos Caserio.
Desde Juntos por el Cambio reclamaron precisiones sobre la fecha en que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2020 y también cuestionaron la falta de respuestas a una serie de preguntas que solicitaron a los funcionarios que asistieron, el subsecretario legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane; y el subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Rodrigo Ruete.
En una breve exposición, Dellepiane destacó que desde un principio la intención del Poder Ejecutivo fue “contar con este instrumento a la hora de comenzar con las negociaciones” por la reestructuración de la deuda.
“Se buscaba el consenso y la publicidad que está teniendo este proyecto para, de cara a una negociación, tener la norma con mayor rango legal posible. Y que en la negociación se encuentre con esta herramienta jurídica que es sumamente importante, como un respaldo y una muestra para una política de Estado más que una mera política de gobierno”, agregó.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien aseguró: “Estamos acá desde nuestro interbloque como hicimos en Diputados para avalar, como gesto político que necesita la Argentina en este momento, el acompañamiento a la iniciativa”.
No obstante, el radical sostuvo que el proyecto “posee facultades de delegaciones excesivas” porque “queda todo en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Economía”. En ese sentido, señaló que en la reestructuración de 2016, bajo la gestión macrista, el Congreso tomó conocimiento del tema.
Naidenoff consultó sobre “cuál es el programa macroeconómico del Gobierno”, porque es necesario conocer “algunos lineamientos”; también “qué plazo se ha fijado el Poder Ejecutivo para el envío del proyecto del Presupuesto” porque eso “es central para la negociación de los propios acreedores” y “cuáles son los montos nominales que se pretenden involucrar en la renegociación”.
Recogió el guante el misionero Maurice Closs, quien enfatizó que en 2016 “estábamos hablando de un problema 10 veces menor”, ya que “la magnitud del saldo de la deuda ahora es de 150 mil millones de dólares” y se tomó “en un período de tiempo muy breve”.
“El saldo de la deuda de moneda extranjera pasó de 15 mil millones de dólares a 150 mil millones”, continuó y agregó: “No le estamos pidiendo al Gobierno que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts, sino que acomode toda la deuda. Estamos en una situación de terapia intensiva”.
A su turno, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, expresó que “estamos realmente en una emergencia, y en ese marco estamos trabajando”. “La situación es compleja, por eso me agrada la actitud de que la bancada opositora va a acompañar”, dijo.
El formoseño defendió que todavía no haya precisiones sobre el envío del Presupuesto 2020, al argumentar que “una cosa es un Presupuesto en condiciones de economía estable y otra cosa dictar un Presupuesto en condiciones volátiles, por eso ya tuvimos problema con el Presupuesto 2018 y 2019”.
“En este momento la certeza que necesita el país es saber cuántos bonistas que están bajo legislación extranjera están dispuestos a canjear su bono”, resaltó, al tiempo que coincidió con la “preocupación” por la deuda de las provincias y anticipó un “fuerte debate” para la sesión de este miércoles.
Hacia el cierre, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) subrayó: “Creemos que la previsibilidad se da cuando uno sabe hacia dónde va, cuáles son las variables macroeconómicas básicas que tienen el presidente y el Ministerio de Economía, cuál es el rumbo, ya que no tenemos un presupuesto”.
“Esperábamos que quienes vinieran nos saquen las dudas, no que vengan a leer el proyecto”, se quejó y pidió que el Senado “tenga su representación” en la mesa de trabajo conformada en Diputados para abordar el tema de las deudas provinciales, ya que es la Cámara alta “la que justamente representa a las provincias”.
Finalmente, Naidenoff opinó que “en una reunión de comisión estas características no es bueno la presencia de funcionarios que tengan limitantes o prácticamente ausencia absoluta para dar respuestas”.
Tras la reunión, fuentes del oficialismo confirmaron a la prensa acreditada que dentro de dos semanas se prevé que el ministro de Economía, Martín Guzmán, asista a la Bicameral de Deuda -que previamente deberá constituirse y podría quedar nuevamente en manos José Mayans- para explicar los detalles de las negociaciones.
La Comisión de Presupuesto quedó dominada por el oficialismo, con 10 miembros sobre 17. Por el Frente de Todos la integran -además de Caserio- Jorge Taiana, Maurice Closs, Beatriz Mirkin, Antonio Rodas, Edgardo Kueider, Teresa González, Ana María Ianni, Roberto Mirabella y Rubén Uñac.
En tanto, por Juntos por el Cambio se encuentran Esteban Bullrich -elegido vicepresidente-, Pamela Verasay, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez y los aliados al interbloque Claudio Poggi y Juan Carlos Romero.
El proyecto
La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa abarca puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
FOTOS: Prensa Senado
El Frente de Todos necesita sumar entre ocho y nueve votos para alcanzar la mayoría requerida. Los caminos que se abren.
Por Carolina Ramos
El Senado es terreno de expectativa por la suerte del futuro procurador general de la Nación. El hombre propuesto por el presidente Alberto Fernández es el juez federal Daniel Rafecas, y si bien su pliego todavía no fue enviado a la Cámara alta, el tema comenzó a ser discutido en los despachos y el bloque oficialista ya evalúa cómo encarar las negociaciones.
El artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación establece que la propuesta debe ser avalada por dos tercios de los senadores presentes; es decir 48, si hay asistencia perfecta. El Frente de Todos, con José Mayans a la cabeza, tiene 40 integrantes más uno de licencia, el tucumano José Alperovich, que volvería a entrar en funciones en el mes de junio.
No es necesario indagar demasiado para verificar que, sin el aporte de parte de Juntos por el Cambio, el oficialismo no podrá aprobar en el recinto la designación de Rafecas. El interbloque presidido por Luis Naidenoff tiene 26 miembros, número suficiente para bloquear la votación.
La semana pasada, la Mesa Nacional partidaria -que se reunió en el propio Congreso- le dio a sus 26 senadores el mandato de adoptar una posición unánime, lo que arrastra al interbloque al rechazo. Es que el bloque radical, que cuenta con 14 miembros, es el más refractario a votar a favor. El Pro tiene solo ocho legisladores y la Coalición Cívica no tiene representación en la Cámara alta.
La principal bancada opositora se completa con el catamarqueño Oscar Castillo (Frente Cívico), de extracción radical; el sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo); el puntano Claudio Poggi (Avanzar) y el salteño Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre).
Basualdo y Romero son dos de los senadores a los que el Frente de Todos buscará convencer. En el caso del sanjuanino, no tendría reparos personales en acompañar al oficialismo, pero según supo parlamentario.com, se mantendría alineado junto al interbloque a la hora de decidir.
Por fuera de Juntos por el Cambio, hay cuatro monobloquistas que definen postura: la riojana Clara Vega (Mediar Argentina), el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), el santafesino Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) y la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).
Consultada por este medio, Vega aclaró que no tiene decisión tomada aún, lo cual la acercaría más al “sí” que al rechazo. Reutemann no tendría problemas para votar el pliego y lo mismo haría Weretilneck, aunque el exgobernador está lejos de querer mostrar un alineamiento automático con el Poder Ejecutivo. Deberán convencerlo entonces.
Una vez que el pliego sea enviado al Senado y que el pleno le dé ingreso formal, deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos, a cargo de la camporista Anabel Fernández Sagasti. El candidato deberá someterse a una audiencia pública donde tendrá que defender sus aptitudes para el cargo y responder preguntas de la oposición.
El Frente de Todos tiene número suficiente para iniciar la sesión con quórum propio, por lo que ausentarse en el recinto no es una opción para Juntos por el Cambio. Al contrario: sus senadores tendrán que estar presentes en sus bancas si quieren bloquear la votación.
En su trayectoria como juez, Rafecas fue protagonista de al menos tres causas judiciales relevantes, y las resoluciones que adoptó en cada una conducen al radicalismo a rechazar su nombramiento como jefe de los fiscales.
En 2009, fue Rafecas quien envió a juicio oral al expresidente radical Fernando de la Rúa, en la causa por las coimas en el Senado. La UCR siempre atribuyó esa medida al gobierno de Néstor Kirchner -veía detrás la mano de su jefe de Gabinete… Alberto Fernández-. Cinco años después, el Tribunal Oral Federal Nro. 3 absolvió a De la Rúa.
Por otra parte, Rafecas fue protagonista de un escándalo al ser apartado de la causa por la estatización de la exCiccone Calcográfica. Fue cuando Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado de José María Núñez Carmona, reveló una serie de conversaciones con Rafecas por Whatsapp, en las que el juez buscaba colaborar inicialmente con Amado Boudou, el exvicepresidente hoy preso por esta misma causa.
Otro polémico capítulo en la carrera judicial de Rafecas se dio cuando el magistrado desestimó, en 2015, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA. Ahí radicales y el Pro alinearon su encono con el juez federal.
El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, que preside Luis Naidenoff, se reunió este lunes por primera vez en el año y ratificó su apoyo al proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa, aunque aclaró que el acompañamiento será “con sentido crítico”. Los legisladores confirmaron que aportarán al quórum y votarán […]
El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, que preside Luis Naidenoff, se reunió este lunes por primera vez en el año y ratificó su apoyo al proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa, aunque aclaró que el acompañamiento será “con sentido crítico”.
Los legisladores confirmaron que aportarán al quórum y votarán a favor de la iniciativa, en el marco de un encuentro breve que tuvo lugar en las oficinas del tercer piso del Palacio Legislativo.
“Vamos a dar quórum y a acompañar con sentido critico”, dijo a este medio la vicepresidenta del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, y agregó que durante la reunión realizaron “un análisis del tema desde las provincias”.
En ese sentido, acordaron insistir en el debate con “incorporar a la negociación las deudas provinciales”, para que puedan realizar una reestructuración “en las mismas condiciones que la Nación”.
El proyecto será tratado este martes desde las 11 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que primero deberá constituirse; y al día siguiente en el recinto, donde habrá que habilitar el debate con los dos tercios de los presentes.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 224 votos a favor, dos en contra -del Frente de Izquierda- y una única abstención, del socialista Enrique Estévez.
En paralelo, la Cámara baja aprobó una resolución para constituir una mesa de trabajo donde deberá abordarse el tema de las deudas provinciales, con participación de representantes del Poder Ejecutivo y de legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, será nombrada este martes presidenta de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, que se reunirá a las 17 en el Salón Illia para definir sus nuevas autoridades. La elección de Fernández Sagasti -muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner- se dio a fines […]
La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, será nombrada este martes presidenta de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, que se reunirá a las 17 en el Salón Illia para definir sus nuevas autoridades.
La elección de Fernández Sagasti -muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner- se dio a fines del año pasado, cuando el bloque oficialista se repartió las presidencias de las principales comisiones.
Así, la camporista tendrá un rol clave en el debate por la elección del nuevo procurador general, cargo para el cual el Poder Ejecutivo propondrá al juez Daniel Rafecas.
En lo inmediato, la comisión deberá analizar una docena de pliegos de embajadores, a los cuales el Senado dará ingreso formal en la sesión extraordinaria de este miércoles.
El Ejecutivo envió los pliegos del exministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el exvicepresidente Carlos “Chaco” Álvarez, que irá a Perú; Rodolfo Gil, que irá a Portugal; y Alberto Iribarne, impulsado para Montevideo.
Otro nombre clave -por el rol que tendrá en la relación con Estados Unidos y, en particular, en la negociación con el FMI- es el del diplomático Jorge Argüello, propuesto para la Embajada en Washington.
Asimismo, tres exgobernadores aspiran a convertirse en embajadores: el bonaerense Daniel Scioli en Brasil; el entrerriano Sergio Urribarri en Israel; y el chaqueño Domingo Peppo en Paraguay. Se suma el duhaldista Alfredo Atanasof, propuesto para Bulgaria.
En cuanto a las figuras para representar al país en organismos internacionales, fueron propuestos el exlegislador Fernando “Pino” Solanas para la Unesco; Mariano Kestelboim para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y el exlegislador Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).
