Con la participación de funcionarios, arrancó en Diputados el debate sobre Ganancias
El ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria expusieron ante un plenario de comisiones sobre los proyectos de suba del mínimo no imponible y de cambios al régimen de monotributo. La discusión se reanudará el jueves con especialistas.
Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.
La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.
Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.
Las dudas de la oposición
Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.
En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.
El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.
“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.
Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.
Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.
Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.
“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.
Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.
En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.
“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.
Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.
“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.
El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.
Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.
“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.
En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.
Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.
Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.
El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.
Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.
Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.
Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.
También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.
En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.
Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.
Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.
El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.
