La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.

“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.

“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.

Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.

“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.

Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.

“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.

Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.

“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.

Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.

Tras conocerse que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó un acuerdo con el sindicato de Camioneros y piqueteros oficialistas para que lleven a cabo un control de abastecimiento de productos del programa “Precios Justos”, la oposición calificó la maniobra como un “apriete para amedrentar”.

“El kirchnerismo recurre al sindicato de camioneros y a grupos piqueteros para controlar los precios. Otro apriete para amedrentar”, denunció el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, y cerró: “¿Qué sigue después de esto? Si quieren bajar la inflación dejen de emitir para financiar a los militantes de La Cámpora y la campaña de Kicillof”.

Su par de bancada y coterránea Soledad Carrizo lanzó: “LA PATOTA SINDICAL DE CAMIONEROS. Los históricos amigos del poder K ahora blanquean sus aprietes como colaboradores del Estado. Un pasito más para alejar a los sindicatos de los trabajadores”.

“Enviar sindicalistas a los supermercados no es control, es extorsión. La inflación no se soluciona vigilando supermercados ni con aprietes, se enfrenta con un plan económico realista y a largo plazo”, expresó la diputada del Pro María Eugenia Vidal y sumó: “Según el INDEC, el Estado Nacional emplea a más de 340 mil personas, ¿no les alcanzan? ¿Para qué quieren a los Moyano en los supermercados? Las funciones inspección y control son del Estado, no de las mafias”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, manifestó: “El sindicato de camioneros, sin freno. Cuando el secretario de Comercio Tombolini le otorga facultades de control de precios y además acuerda con Pablo Moyano el abastecimiento a supermercados queda claro que en esta tómbola todos los números los tiene la mafia sindical”.

“Es preocupante que se ponga a Camioneros a controlar precios, dirigentes que tienen antecedentes de aprietes a empresarios. Massa demuestra la irrazonabilidad en frenar la inflación, por más que quiera mostrarnos una mejora, la inflación de diciembre respecto al mes anterior subió”, sostuvo Graciela Ocaña.

El diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) tuiteó: “Mandar a los Moyano a vigilar supermercados es legitimar el apriete, los bloqueos y las mafias. Al Estado Nacional le sobran ñoquis para enviar a controlar las ridiculeces de este gobierno”.

“Ni piqueteros ni sindicalistas pueden hacer esto. No están autorizados a entrar a un comercio a ejercer funciones de control. Es el comerciante quien lo tiene que denunciar”, advirtió el titular del bloque Avanza Libertad José Luis Espert. Su par Carolina Píparo lanzó: “Mandaron a la gente de Moyano y a piqueteros a ‘controlar’ precios. Son una banda de improvisados y extorsionadores. Los k, como siempre, al margen de la ley”.

“Massa los manda a vigilar los precios a los camioneros y los piqueteros. Después se da vuelta, les guiña el ojo a los empresarios y les dice: ‘Es para la gilada. Yo no soy como los kirchneristas’. La gilada somos nosotros”, escribió el diputado Jorge Enríquez (MC).

En su análisis detallado del dictamen del Presupuesto 2023, el diputado nacional del Pro Luciano Laspina criticó duramente el beneficio acordado en Ganancias para los trabajadores camioneros. El legislador santafesino señaló que “el artículo 104 del proyecto de ley de Presupuesto 2023 eleva brutalmente las deducciones para los camioneros.

“Un ‘bonus’ de $350.000 pesos al año por afiliado, pagado con el IVA de la polenta. Moyano si. Piumato no. Esto explica el acto de Máximo y Pablo del otro día. Vergüenza”, remarcó el legislador.

El artículo 104 quedó redactado de la siguiente manera: “Incorpórase como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022, el siguiente: ‘Tratándose de las actividades de transporte terrestre de larga distancia, en los términos del párrafo precedente, la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en 4 veces el monto de la citada ganancia no imponible’”.

Recordemos que el viernes pasado, al día siguiente del dictamen del Presupuesto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió al líder del gremio transportista para dialogar sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores.

En ese marco se habló de un reclamo histórico”, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) denunció que “el macrismo y los medios” buscan “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia, tras la reunión que mantuvo la comisión y en la cual los miembros del oficialismo que la conforman respaldaron todo lo actuado por su presidente, el diputado Leopoldo Moreau. El texto no contó con la firma de la oposición de Juntos por el Cambio.

La decisión de brindar apoyo al titular de la bicameral surgió luego que Moreau fuera denunciado por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas del gremio Camioneros, que están acusados por supuesta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro.

“Moreau empezó siendo diputado junto con la Democracia. Nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Ahora, por meterse a investigar una denuncia que hace el abogado de Camioneros, se come tres denuncias en un día. Hay un sector muy vinculado a Macri que busca desprestigiar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, desde que tomamos declaración a Majdalani”, sostuvo Valdés en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, explayó: “En la Bicameral de Inteligencia aprobamos por consenso todo lo actuado por el presidente. Su actuación está ratificada además por el fallo del juez de San Nicolás. Hablamos de un espionaje ilegal que se hizo en un expediente reservado sobre dos dirigentes de Camioneros, donde se interceptaron sus diálogos con su abogado. En lo que hace al expediente reservado, que tanto le ha molestado a Santoro, Winazky, Arietto, el juez le dio la razón a Moreau para que se haga una investigación en la procuración general de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, Valdés dio a conocer algunos detalles sobre la actividad del cuerpo parlamentario: “Todas las acciones que tomó la Bicameral fueron con acuerdo político. Arribas fue a declarar porque hubo agentes de inteligencia que dependían de él, que declararon que quienes pidieron poner cámaras en las reuniones donde se habló de la Gestapo antisindical fueron Arribas y Majdalani. Abajo de ellos, estaban todos los espías de la banda Super Mario Bros. Ningún espía es suicida, actúan por órdenes de superiores”.

“¿Quién le dio las órdenes a Arribas y Majdalani? Se llama Mauricio Macri. Cada vez que el expediente llega cerca de Macri, le sacan la causa y la mandan a Comodoro Py”, analizó.

Para concluir, Valdés se refirió al rol de los medios de comunicación y apuntó contra la Corte Suprema: “Llama la atención la actividad que está teniendo el periodista Santoro para desprestigiar la actividad de la Bicameral. Desde que Rosatti tomó el control de la Corte y del Consejo de la Magistratura, vemos un renacer de los grupos mediáticos poderosos para desprestigiar toda posibilidad de investigación”.

El titular del bloque de diputados nacionales del Frente Pro rechazó el bloqueo del Sindicato de Camioneros a la ciudad de San Nicolás y dijo que “los Moyano usan métodos mafiosos porque los dejan. Y agregó que “el Estado ausente de la Provincia permite estas barbaridades”.

Recordemos que el gremio de Camioneros dispuso un paro de recolectores de basura y el bloqueo de ingreso de camiones a la ciudad en protesta por la detención por extorsión y coacción de dos dirigentes de ese sindicato que habían paralizado una empresa. El intendente de esa ciudad, Manuel Passaglia, salió a denunciar este domingo un “apriete” del gremio y se autodefinió como “rehén de los Moyano”.

“Una ciudad bloqueada, sin sistema de abastecimiento ni tareas de limpieza ni recolección de residuos es un ataque al orden público y merece una resolución inmediata de parte de las autoridades judiciales y de Seguridad”, agregó Ritondo.

Seguidamente, el jefe de la bancada republicana explicó que “la medida de fuerza de los Moyano de ningún modo se hace en defensa de los trabajadores camioneros, es el desacatamiento a un fallo judicial que penaliza la extorsión y la coacción a una empresa. Por eso, les pedimos que desistan de esta actitud criminal y que se limiten a defender, dentro de la ley,  a los camioneros y no a los delincuentes”.

“La indiferencia del kirchnerismo gobernante admite que se vulneren los derechos y garantías constitucionales de 160.000 nicoleños. Lo mismo sucede con la megatoma de tierras en Los Hornos, con un juez amigo del Gobierno que justificó el delito. Exigimos una resolución inmediata de estos conflictos para que los bonaerenses puedan trabajar y vivir en paz como corresponde en una sociedad civilizada”, concluyó Ritondo.

Cerca de 2000 camioneros se encuentran varados hace varios días en el paso fronterizo Cristo Redentor que une Argentina con Chile por un conflicto que se inició por la decisión de las autoridades chilenas de hacer un test de Covid-19 a todos los camioneros para autorizarlos a ingresar al país. Por ese motivo legisladores mendocinos, encabezados por el jefe del interbloque de JxC en el Senado Alfredo Cornejo, se reunieron para buscar una pronta solución.

“Como legisladores nacionales por Mendoza, nos preocupa la situación que se vive en el paso fronterizo Cristo Redentor con los conductores de camiones. Quisimos conversar con los protagonistas y acercar propuestas que ayuden a destrabar este conflicto”, informó a través de su cuenta de Twitter el exgobernador de la provincia cuyana.

En tanto, comunicó que “hemos dialogado con Cancillería argentina y también con el embajador chileno en nuestro país, en el marco de un conflicto sindical que se desarrolla en Chile con el sector de aduanas”, y agregó: “Es primordial afrontar la situación sanitaria que atraviesan los conductores y avanzar en un acuerdo con las autoridades chilenas para agilizar los chequeos”.

Además, mantuvo una charla vía telefónica con el senador chileno Francisco Chahuán con el fin de “buscar una solución a la congestión de camiones de carga en Los Libertadores. Haremos gestiones ante el canciller Andrés Allamand”.

La senadora Silvia Elías de Pérez  (Tucumán – Juntos por el Cambio) y presidenta de la Comisión de Economía Nacional del Senado, apuntó contra el Gobierno y los Moyano luego del bloqueo a más de cinco centros de logística de distribución que posee Mercado Libre.

“Estamos en un contexto muy difícil por la pandemia del coronavirus, que repercute directamente en la economía de nuestro país. Entonces, cuando vemos patotas que quieren llevarse por delante el esfuerzo de más de 4000 PyMEs que dependen de Mercado Libre, y que se trata de los mismos gremialistas a los que el presidente calificó de ejemplar, no podemos menos que señalar esa doble vara”, manifestó la senadora radical.

Elías de Pérez afirmó que la sociedad argentina, luego del intento de expropiación de Vicentín, ya le había marcado al presidente que no iba a tener el poder ilimitado.

“No podrán ir por todo. No vamos a permitir el avance del patoterismo, que para el Presidente parece un ejemplo. Esta doble vara en la que dice ser un hombre de diálogo, pero mira para otro lado cuando se bloquea la producción porque la realizan sus sindicalistas. En vez de declarar que no conoce detalles del conflicto, debería llamarlos a ‘reflexionar’ sobre el casi millón de empleos perdidos producto de cuarentena más larga del mundo”, finalizó la senadora.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Chubut Ignacio Torres denunció este martes que los líderes sindicales del SOMU y Camioneros produjeron la pérdida de 500 toneladas de langostino por provocar un paro que “pone de manifiesto que hay un esquema extorsivo por parte de la corporación gremial que termina condicionando la matriz productiva y atentando contra el desarrollo de nuestro país”.

“Y me refiero a la cúpula del SOMU y no a las bases que quieren laburar. Hay una puja de poderes, junto con Camioneros”, añadió Torres.

Asimismo, el diputado sostuvo que “los camiones son de empresas o particulares, con choferes nucleados en Camioneros. Los trabajadores no quieren adherir al paro, por eso buscan esquivar los retenes. Los marineros y choferes habían salido a trabajar igual”.

A eso agregó que “los gremialistas amenazaron. Hay un rol activo de la dirigencia gremial del SOMU y de Camioneros. El conflicto es de la flota congeladora”.

También destacó que “las autoridades provinciales tienen miedo porque los sindicalistas que intervienen son amigos del presidente y tienen un manejo extorsivo”.

“Llama la atención que hace solo un mes el gobierno provincial celebraba la solidaridad del sector pesquero de donar 40 toneladas de merluza a los sectores vulnerables en plena pandemia, pero ahora no dice nada porque detrás está Moyano”, añadió.

Finalmente, Torres sostuvo que “hay riesgo para miles de puestos de trabajo y toda la cadena de valor. Que se hayan perdido 500 mil kilos de langostino, que significa un millón y medio de dólares en tiempos de pandemia, sirve para reflexionar sobre el rol de los malos sindicatos en nuestro país”.

Al conocer la noticia de que el Ejecutivo Nacional consideró de “total nulidad” la millonaria sanción de $810 millones, que se le había impuesto al gremio de Camioneros por no haber acatado en dos oportunidades la conciliación obligatoria en un conflicto, la diputada nacional Soledad Carrizo presentó un proyecto por el que pidió al Gobierno que informe sobre la condonación de dicha multa.

La legisladora cordobesa expresó su indignación por lo que consideró “una clara muestra de impunidad con la que se maneja el Gobierno y algunos amigos del poder. A los privados le pedimos que paguen los impuestos, se le demora la ayuda del Estado e imponemos miles de requisitos para poder acceder a la misma y a un gremio le condonamos una multa millonaria que le fue impuesta por transgredir la ley, a eso le llamo yo impunidad con la que se manejan algunos que evidentemente se llevan las instituciones por delante”.

“El Ministerio de Trabajo tiene que velar por los trabajadores y que se cumpla con la ley, cosa que evidentemente no ocurrió en esta oportunidad, todo lo contrario. Los elogios que el presidente hizo en su momento al dirigente camionero Hugo Moyano no fueron gratis, claro que como siempre ocurre el costo lo debemos asumir los ciudadanos que somos responsables y cumplimos con la ley”, agregó Carrizo.

Acompañan la iniciativa Federico Zamarbide, Graciela Ocaña, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Estela Regidor, Diego Mestre, Julio Sahad, Gonzalo Del Cerro, Hernán Berisso, Gerardo Cipolini.