El jefe del bloque Pro en el Senado, Alfredo de Angeli, destacó la medida anunciada por el presidente Javier Milei en la Sociedad Rural Argentina sobre una reducción definitiva en las retenciones y sostuvo: "El campo va a devolver con creces la baja en los derechos de exportación".

El entrerriano consideró que los anuncios fueron "muy positivos, porque está marcando una línea del descenso de los derechos de exportación, porque dice que la baja va a ser para siempre. Es un aliciente para el sector agropecuario".

"El Gobierno está empeñado en terminar con todo este retraso", celebró el dirigente rural, al señalar que "bajar los DEX es una inversión, parece un costo fiscal el primer año, pero después termina siendo inversión".

En este sentido, el legislador explicó que "a menor presión impositiva va a haber mayor producción y eso después se multiplica en transporte, impuesto a las Ganancias, dólares que van a entrar de afuera y se necesitan".

En diálogo con radio La Red, De Angeli indicó que "el campo en algunos lugares ha tenido muy mala cosecha" y "hay zonas en quebranto". "El productor necesita que se le saque la presión impositiva por la caída de los precios internacionales", dijo.

El senador del Pro resaltó que "el campo invierte más de 20 mil millones de dólares todos los años, es un gran inversor". "Los productores queremos que a este Gobierno le vaya bien, que no vuelvan los otros que piensan que los del campo son todos ricos, que no es así", expresó.

"Ideológicamente, en este Gobierno los DEX no deberían existir, lo que pasa es que recibió un gobierno echó pedazos", opinó e insistió: "Nosotros queremos que a este Gobierno le vaya bien, no queremos volver atrás, eso lo tenemos claro".

Ante la advertencia del presidente Javier Milei al sector agro, sobre el eventual levantamiento de la rebaja de retenciones a partir del 30 de junio, los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres presentaron un proyecto de ley para impedir dicha suba y, además, establecer que toda modificación en las alícuotas requerirá de una ley del Congreso.

La iniciativa tiene por objeto "garantizar la estabilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial, mediante la prohibición de aumentos en los derechos de exportación aplicables a productos del sector durante el año 2025".

Asimismo, establece que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025".

"Toda modificación de las alícuotas de derechos de exportación aplicables al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser aprobada por el Honorable Congreso de la Nación mediante ley expresa", agrega en otro de los artículos.

En los fundamentos, los legisladores señalaron que el proyecto "tiene como finalidad proteger la estabilidad y previsibilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial, ante la amenaza de una eventual suba de derechos de exportación (retenciones), anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la flexibilización del régimen cambiario y la salida del cepo".

"El sistema de retenciones ha sido históricamente utilizado como una herramienta de recaudación de corto plazo, muchas veces aplicada de forma intempestiva e inconsulta, generando incertidumbre y desincentivando la producción y la inversión en las cadenas agroindustriales. Esta práctica ha golpeado de manera particular a las economías regionales y a provincias productoras como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde el peso del agro en el PBI es determinante", resaltaron.

Desde nuestro bloque @DiputadosEF, tenemos junto a la diputada @Ale_Torres60 un proyecto para que las retenciones no vuelvan a subir a mitad de año, que es el reclamo de todo el Agro.

No es que seamos desconfiados pero…el que se quema con leche ve una vaca y llora…

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) April 14, 2025

Gutiérrez y Torres, que responden al oficialismo cordobés, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, apuntaron que "en este contexto, la eliminación o reducción de derechos de exportación implementada en el transcurso de 2024 ha sido un avance valorado por el sector. Sin embargo, la reciente advertencia oficial sobre la posibilidad de restablecer esas cargas fiscales hacia mediados de 2025, genera nuevamente un clima de incertidumbre, especulación y parálisis en las decisiones de inversión".

En enero pasado, a través del decreto 38/2025, el Poder Ejecutivo dispuso una baja temporal en las retenciones y llevo a cero los DEX para las economías regionales, hasta el 30 de junio. Este lunes, en el primer día del levantamiento del cepo, el presidente Milei expresó: "Avísenle al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro".

Antes de la llegada de esa fecha, semanas atrás la Comisión de Agricultura y Ganadería comenzó con el debate de una serie de proyectos que proponen la rebaja y/o eliminación de las retenciones para el agro, y sobre la que ya expusieron también representantes de distintas entidades. Iniciativas a las que ahora se suma la presentada por los cordobeses.

"Cabe destacar que el presente proyecto no pretende clausurar el debate de fondo sobre el carácter y destino de las retenciones. Muy por el contrario: se propone abrir el debate sobre un sistema más federal, equitativo y previsible, donde la carga tributaria se defina con criterios técnicos y participación legislativa, y donde los recursos generados en las provincias productoras puedan destinarse, al menos en parte, a mejorar las condiciones de competitividad de las economías regionales", completaron los diputados del bloque Encuentro Federal.

BASTA DE CASTIGAR AL CAMPO‼️

El sector agropecuario y agroindustrial es el motor productivo de la Argentina. No puede seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos de turno. Necesita reglas claras, previsibilidad y una política fiscal seria, no más parches ni…

— Alejandra Torres (@Ale_Torres60) April 15, 2025

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Atilio Benedetti, se reunió este miércoles para continuar con el debate sobre las propuestas referidas a la baja de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, a la cual asistieron referentes del sector quienes expresaron la necesidad de eliminar dicho impuesto y le pidieron al Congreso una ley que lo respalde.

Al inicio del encuentro desde el Salón Delia Parodi el titular de la comisión recordó que el debate se inició hace un mes con la presentación de seis proyectos de diferentes autores sobre los derechos de exportación. Así, pidió hacer un esfuerzo la próxima reunión para emitir dictamen de todos los proyectos.

“Estamos ante una situación mundial donde compiten por quién pone más aranceles para complicar importaciones, y nosotros estamos con el problema de los derechos de exportación. Conozco el sector y el esfuerzo que hizo con respecto a este nuevo gobierno, pero el tiempo transcurre. Hay una previsibilidad que se aumenten las retenciones que fueron bajadas por el Gobierno en enero, pero como no hay una ley que contenga existe la posibilidad que aumenten en julio”, expresó el radical.

Por la Sociedad Rural Argentina habló Ivana Nadal, quien planteó que hace 20 años vienen pregonando por la eliminación de los derechos de exportación ante todos los gobiernos e, incluso, agotaron la instancia judicial porque “este impuesto solo postergó inversiones y la posibilidad de desarrollo del país con más de 200 mil millones de dólares que se transfirieron a las arcas del Estado contribuyendo que 100.006 productores abandonaran su actividad”.

“Este impuesto ha deteriorado la economía del interior del país y, por ende, el federalismo que constituye una de las causas de estancamiento del país”, lamentó y precisó que los derechos de exportación son un “mal impuesto, discriminatorio, confiscatorio e inconstitucionales porque genera desincentivos a los productores”.

Nadal remarcó que son una de “las pocas actividades que se aplica este impuesto. Se discrimina a sus productores agropecuarios”. También comentó que desde la Sociedad Rural presentaron un amparo colectivo para que declaren la inconstitucionalidad e ilegitimidad el cobro de derecho de exportación en 2022. “Los derechos de exportación exigen una ley del Congreso”, reclamó.

Por último, informó que la Mesa de Enlace coincide en que hay que derogar el 755 del Código Aduanero, la eliminación de retenciones y que es por ley donde se deben establecer los derechos de exportación.

Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas, ratificó que deben ser eliminados los derechos de exportación por una ley y eliminar el 755 del Código. “Los productores agropecuarios venimos pagando retenciones hace más de 20 años, se han aportado más de 200 mil millones de dólares”, informó.

“Los límites a la producción que imponen generan dolor y el impacto devastador a las comunidades, por eso son el peor impuesto”, apuntó y explicó que los derechos de exportación, conocidos también como “retenciones”, son impuestos que se aplican a la venta de los productores al exterior. “En la práctica son profundamente regresivos porque lejos de beneficiar al país, impidieron el desarrollo del interior, pusieron un techo a la producción y profundizaron la desigualdad que genera pobreza. Estos tributos reducen el precio al productor atacando la rentabilidad y desincentivando la inversión en tecnología e innovación”, planteó.

Ginestet sostuvo que la eliminación de las retenciones generaría “previsibilidad al sector” y agregó: “Argentina necesita un sistema tributario estable y transparente para promover la inversión, facilitar acceso a créditos, planificar la producción”, y pidió que se enfoquen “con decisión y valentía en la urgencia que enfrenta el país que es la reducción del gasto público”.

Por último, lamentó que desde la implementación de las retenciones desde 2002 hasta la actualidad el país perdió más de 75 mil productores agropecuarios, una caída superior del 25%.

Desde Federación Agraria, Claudio Angeleri reiteró el pedido de quita de retenciones de forma gradual o de una sola vez. “A lo largo de los años nos han prometido que iban a sacar ese derecho, y ninguno ha cumplido. Necesitamos previsibilidad para poder invertir, no tenemos la herramienta para hacerlo”, criticó y detalló: “De lo que tributamos, el 72% se va a en impuestos”.

Mientras que desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Patricia Luque consideró que "eliminar los derechos de exportación no implica resignar recursos fiscales, sino reorientarlos. Es una medida de política económica correcta para fortalecer el crecimiento, el desarrollo del interior productivo, generación de empleo y divisas y estabilidad fiscal del país”. Luque señaló que es “imprescindible” para mejorar la competitividad, garantizar un crecimiento sostenible en toda la cadena productiva.

“El agro es un pilar fundamental del desarrollo de la economía, especialmente ene l interior donde son la principal fuente de empleo y dinámica económica. Representa 1 de cada 4 puestos de trabajo privado; 1 de cada 4 pesos del PBI; 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria; 5 de cada 10 dólares de exportación”, indicó.

Por su parte, Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando remarcó: "Necesitamos previsibilidad y reglas claras para ser una Argentina competitiva”. “Todos queremos un país con desarrollo federal y para eso necesitamos que los cinco motores arranquen, la agroindustria es la que más está traccionando y es el único generador de divisas”, agregó.

Por último, Juan Schilling, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo que “la propuesta es eliminar las retenciones sin afectar el superávit fiscal”, y en ese sentido, señaló que “planteamos financiar el impacto fiscal, negativo que tiene esto, con una eliminación progresiva en tercios por año y la emisión de un bono similar al que se usó para regularizar las importaciones atrasadas que heredó este Gobierno".

Durante la reunión informativa que se desarrolló en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, además, expusieron Ariel Angeli, líder de Unidad investigación y desarrollo CREA, y Nicolle Pisani Claro (FADA).

La palabra de diputados

El pampeano Martín Ardohain (Pro) señaló que hablar de retenciones es “hablar del daño que le hicimos al campo y al sector productivo. Fueron 22 años nefastos para la producción, los números son contundentes, el sistema no funcionó, fracasamos y miles de puestos de trabajo se perdieron”. “Hay que sacarle el pie de encima a la producción”, remarcó.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, insistió en que la Cámara baja dictamine un proyecto para que las rebajas parciales al impuesto por los derechos de exportaciones del Agro no vuelvan a subir en junio, según el plazo establecido por el Gobierno Nacional.

El legislador cordobés instó a que “lo más pronto posible” la Comisión de Agricultura y Ganadería defina una iniciativa para garantizar que las rebajas parciales a las retenciones no suban desde mitad de año.

Al respecto, Gutiérrez sostuvo: “No es un capricho político ni de conveniencia. Para Córdoba y las provincias que integramos la zona central del país y para todas las economías regionales es fundamental que -de una vez por todas- no existan más las retenciones”.

“Hoy no sabemos cómo van a impactar las medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos, aunque si debemos ser prudentes y tener un pronóstico de lo que puede traer aparejado para nuestro país. En cualquier caso, que no nos encuentre a contramano de lo que debe ser nuestra política productiva fundamentalmente ligada a las exportaciones”, afirmó el legislador y agregó: “Acompañamos el objetivo del superávit fiscal, pero sin un desarrollo productivo no nos lleva sino nuevamente a una frustración sobre el destino de nuestro país”.

También resaltó: “Estamos de acuerdo con que municipios y provincias se sumen a este esfuerzo de baja impositiva y a contribuir con la competitividad, pero debe hacerse con una discusión de una nueva matriz tributaria. Si no se le suelta la mano a las provincias sin importar lo que les pueda suceder”.

“Es una falacia que no se puede enfrentar el costo fiscal. Se lo puede hacer desde la progresividad y desde la discusión de una nueva matriz impositiva “, expresó por último Gutiérrez.

El tucumano Roberto Sánchez (UCR) expresó que “la mayoría de los impuestos que se han puesto aún persisten. Hubo una gran transferencia desde el campo a los gobiernos. Hay que ver con buenos ojos lo que hizo el Gobierno de mermar un 20% algunas producciones, pero no dan previsibilidad porque es solo hasta junio, no hay previsibilidad”, y cerró: “Vamos a tratar de dar la mejor ley que necesita el campo para salir de este letargo y no nos deja competir con los demás productores de los países y no podemos crecer”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados se reunirá este martes, a partir de las 17 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, para debatir sobre un tema recurrente: la baja de las retenciones, el impuesto a la exportación.

"No hay nada más injusto y nada más restrictivo del aumento de la producción agropecuaria que las retenciones", afirmó el radical Atilio Benedetti, presidente de la comisión.

En declaraciones radiales, el entrerriano se refirió a la medida tomada por el Gobierno nacional en enero pasado y dijo que "ojalá hayamos iniciado un camino de reducción para su total eliminación, que es lo que corresponde, porque (este impuesto) produce estancamiento".

A comienzos del año, el Poder Ejecutivo anunció una rebaja temporal en los DEX para los principales productos agrícolas, que rige hasta el 30 de junio próximo. En el caso de la soja, la alícuota pasó de 33% a 26%, mientras que para sus derivados, del 31% al 24,5%; en el trigo, del 12% al 9.5%; en el maíz, del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, del 7% al 5,5%. Además, se eliminaron las retenciones a las economías regionales.

Benedetti expresó que el objetivo del debate será "intentar algo que es difícil, pero no creo que sea imposible, que es poder consensuar alguna idea para al menos ponerle techo a este flagelo que tiene la producción".

El temario incluye un proyecto del radical Manuel Aguirre, que propone eliminar los DEX para el trigo a partir del 1ro. de enero de 2024; otro del santafesino Roberto Mirabella que plantea derogar las retenciones de todos los productos agropecuarios y sus derivados a partir del 1ro. de enero de 2025.

También hay proyectos de Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, que prevé un plan quinquenal de reducción progresiva de los derechos a la exportación agrícola, hasta su eliminación definitiva; de Luciano Laspina, del Pro, titulado "Reparación histórica del campo argentino"; de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; y del radical Fabio Quetglas.

El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) presentó un proyecto de ley para el reintegro del 100% de derechos de exportación tributados por las producciones agrícolas de la provincia de Formosa.

La iniciativa tiene como objetivo promover la competitividad del sector y fomentar el desarrollo económico de la región. “Este beneficio se aplicará a todas las exportaciones de cereales y oleaginosas producidas dentro del territorio provincial”, especifica el proyecto.

Los beneficiarios serán toda persona física o jurídica que acrediten el desarrollo de la actividad agrícola en la provincia. Para acceder al beneficio deberán acreditar la titularidad o posesión legal del establecimiento agrícola.

La autoridad de aplicación será la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Además, para la correcta ejecución y control del beneficio participará la Administración de Recursos y Control Aduanero (ARCA).

“Los derechos de exportación generan distorsiones en el mercado y perjudican el desarrollo de sectores como el agrícola que contribuyen a generar riquezas, trabajo e ingreso de divisas al país”, argumenta en el proyecto y agrega que “el nivel actual de dichos impuestos impide la actividad, conforme a la baja capacidad productiva, por sus suelos nuevos, el clima subtropical y la distancia a los puertos”.

Paoltroni planteó que la eliminación de los derechos de exportación permitirá a los productores invertir en nuevas tecnologías, habilitación de nuevos lotes que están improductivos, maquinaria agrícola y adopción de prácticas más eficientes.

En la tercera jornada con invitados de la sociedad civil en el plenario de comisiones que debate la ley ómnibus, Juan Carlos Novaira, de la Cámara Argentina del Maní, pidió que “se revean los derechos de exportación a las economías regionales”. 

“Nos sorprendió el hecho de querer volver a instalar los derechos de exportación para la economía regional, que se ha desarrollado sin amparo del Estado”, señaló y afirmó: “Coincidimos con el diagnóstico del Gobierno en cuanto a la reducción del déficit fiscal, la inflación nos pega y nos pega duro, pero sentimos que no se puede hacer a cualquier costo”. 

Sobre este sector, detalló que “el 90% de lo que producimos lo exportamos, somos el principal proveedor de maní de la Unión Europea, a donde van el 65% de nuestras exportaciones”. Respecto al consumo interno, “no tenemos la cultura de consumir maní, si bien en los últimos años se ha dado un incipiente consumo de pasta de maní”. 

Esta economía, que se realiza en Córdoba, La Pampa, San Luis y el sur de Santa Fe, “se ha desarrollado por más de 50 años, trabajando de manera proactiva, básicamente porque miramos el mercado externo y eso hace que compitamos con Estados Unidos, China, India y Nicaragua”, destacó Novaira. 

Y agregó: “Cada vez que hablamos de derechos de exportación nos pega en la competitividad y tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder mantener la posición de liderazgo que hoy tiene Argentina”.

Durante la quinta jornada de debate de la ley ómnibus, Manuel Chiappe, de la Fundación Barbechando, advirtió por la suba de retenciones que plantea el proyecto y sostuvo: “Es un pésimo impuesto. Los derechos de exportación empobrecen a las provincias, ya que no son coparticipables. Son menos hospitales, menos rutas y menos escuelas rurales”.

Además, explicó que “no contribuyen a bajar el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos” ya que, por ejemplo, “en el caso del pan representan menos del 1% del tributo”. “Nos saca competitividad, exportamos a 155 países y somos uno de los pocos que tiene derechos de exportación. Daña al productor, porque se aplica sobre el precio, gane o pierda y no se aplica sobre la rentabilidad”, continuó. 

En este sentido, el expositor señaló que “los precios no bajan cuando aplicamos derechos de exportación, sino que bajan cuando hay rentabilidad, esa rentabilidad se convierte en mayor inversión, esa mayor inversión se convierte en mayor productividad y termina siendo mayor oferta de alimentos que sí hace bajar el precio”.  

“Al momento de legislar les pedimos que lo hagan pensando en los habitantes de sus provincias; a todos ellos impactan los derechos de exportación”, resaltó y expresó que “aunque el corto plazo lo requiera, no los ahoguemos, porque nos hundimos todos”. 

Chiappe pidió cambiar “ese impuesto por mayor producción, el campo está dispuesto a poner el hombro”. “Las PyMEs son más del 99% de las empresas de nuestro país, siete de cada 10 empleos son generados por las PyMEs, dan una respuesta productiva rápida y federal, celebramos el artículo 641 con el régimen de incentivos a las grandes inversiones, pero les pedimos que incluyan en eso a las PyMEs”, sugirió en otro tramo y lanzó: “No seamos adictos a la macro, veamos también la microeconomía”. 

El representante de Barbechando solicitó a los legisladores que “no deleguen sus facultades indiscriminadamente. Si la urgencia lo exige, que sea puntual y acotado, seis meses, un año, pero no para darle potestad al Poder Ejecutivo para que suba los derechos de exportación que empobrecen a nuestras provincias”.

Y llamó también a “buscar la manera de acotar dicha imposición a soja, maíz y trigo por un período definido, con un programa explícito e improrrogable de reducción hasta su total eliminación, mientras se vayan logrando objetivos fiscales”. 

Diputados nacionales del bloque UCR, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 755 del Código Aduanero. Además, se propone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto Nacional la totalidad de posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso Nacional tome conocimiento y, de acuerdo a sus atribuciones, resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.

Buryaile, autor de la iniciativa, sostuvo que “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma del '94. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.

También, el proyecto busca derogar el artículo 644 del Código Aduanero, por ser lo dispuesto una atribución del Congreso y modificar el artículo 26 de la Ley 24.156 en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero, según lo ordenado por la Constitución Nacional.

“Se crea así un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional, la misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo, quien establece las bases y plazos de la delegación”, apuntó el legislador formoseño.

En ese sentido, remarcó que "el Poder Ejecutivo, sin una delegación de facultades por parte del Congreso no puede tomar como propia la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Puesto que, si lo hiciere, dicha decisión sería de nulidad insalvable”.

“Está más que claro que, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero no tienen posibilidad de ser utilizados sin una ley del Congreso y tampoco son necesarios porque las pautas de determinación, plazos y bases de delegación deben ser también consignados por el Poder Legislativo de la Nación. Lo más armónico para compatibilizar las normas con la Constitución Nacional es propiciar la reforma y derogación que se propone en la propuesta de ley que presentamos”, destacó el radical.

Asimismo, en los argumentos del texto se indica que "la Corte Suprema ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Poder Legislativo, el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones. Esta doctrina surge del fallo Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/Ministerio de Economía de la Nación, de 2014”.

La iniciativa fue acompañada por Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge Vara, Pamela Verasay, Julio Cobos, Soledad Carrizo, Fernando Carbajal, Víctor Romero, Ximena García, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Juan Martín, Roberto Sánchez, Juan Carlos Polini, Francisco Monti y Manuel Aguirre.

Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, acompañados por el liberal Javier Milei, impulsarán dos proyectos de ley que apuntan a derogar los derechos de exportación y retornar al 18% el IVA.

La propuesta referida a las retenciones apunta a derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero y las normas complementarias, como decretos y resoluciones en la materia, de modo que el Congreso recupere sus facultades.

"Pero principalmente se vuelve al ámbito pertinente, en el cual amplios consensos busquen resolver las tensiones propias del desarrollo, que lamentablemente nunca debió transformarse en un conflicto y que hoy impide la expansión de nuestros recursos productivos, exportación y la construcción de una base sólida para nuestro federalismo", sostuvo la oposición.

En cuanto al IVA, los legisladores señalaron que "al determinarse como alícuota general y máxima el 18% en el Impuesto al Valor Agregado, se asienta en el camino contrario al del oficialismo de más impuestos y más presión tributaria, camino que ha quedado claro no produce beneficios ni para los hogares de menores recursos que deben destinar la casi totalidad del ingreso al consumo; ni para el sector productivo".

"Al definirse la disminución de alícuota, también se sostiene las alícuotas menores establecidas en la normativa vigente y propende su impacto al mayor consumo", añadieron.

Los firmantes de los proyectos son: Gerardo Milman, Omar De Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Matías Tacceti, Alberto Asseff, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte, Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio); Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.

El proyecto indica que el decreto 1060/2020 "omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego".

El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.

Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.

"El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa", apuntó el legislador chubutense.

Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.

“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.

Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

La diputada nacional del Frente de Todos Estela Hernández le hizo llegar un pedido al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra para que desde su cartera se revean cuestiones vinculadas a las retenciones de exportación de lana peinada; sector que tiene una elevada actividad industrial en Chubut y que, en los últimos años, sumado a los efectos que provocó la pandemia, viene en caída constante. 

“Somos un Gobierno que escucha a todos los sectores y es mi obligación como legisladora estar en contacto permanente con mis compañeros y compañeras que hoy ocupan cargos claves en el Ejecutivo para trasladarles estas necesidades. En esta oportunidad, le expresé a Basterra mi preocupación y la del sector productivo de la región, por el aumento de las retenciones que aplican sobre la exportación de lana peinada que actualmente fuera modificado por el Decreto 1060/2020 publicado en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2020”, señaló la diputada.  

En esta línea, Hernández hizo hincapié en que “es muy importante la quita de retenciones que se hizo a productos agroindustriales por decisión del Gobierno Nacional, pero también considero necesario ampliar aún más estos beneficios. Es una realidad que esta industria sufre la caída permanente y constante de la producción primaria desde hace más de 10 años; lo que cada vez hace que sea menor el número de lana base sucia que se acopia. Por eso, también es necesario y fundamental una prórroga en la Ley 25. 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de abril de 2001”. 

Respecto a las retenciones, teniendo en cuenta que prácticamente no existe casi diferencia entre exportar lana sucia que peinada (7% vs 4,5%), Hernández manifestó que las fábricas vinculadas al sector lanero están sumamente preocupadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones de lana sucia que podría producirse bajo este escenario, en detrimento de la lana procesada.  

En ese sentido, expresó que “dicha situación generaría un desabastecimiento de materia prima, poniendo en riesgo un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, debido a que se generaría en las mismas un importante incremento de capacidad ociosa, lo que hace aún más difícil sostener las fuentes laborales, sobre todo en este duro contexto de incertidumbre que hoy atraviesa el mundo entero por la pandemia”.  

Por último, la legisladora chubutense indicó que quizás lo más alentador sería otorgarle al sector una diferenciación en cinco puntos en los reintegros entre la lana sucia y la procesada y se mostró confiada en que las autoridades nacionales generarán propuestas para impulsar el crecimiento de este sector, entendiendo que históricamente es de suma importancia para el desarrollo industrial de este punto del país. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se expresó sobre la disputa entre el campo y el kirchnerismo acerca de la exportación de maíz.

El presidente del partido UNIR cuestionó la prohibición de exportar granos expresando que “así no bajarán los precios de los alimentos”.

Además, Asseff lamentó que “prohibiendo exportaciones se dará otro paso hacia la Argentina pobre” y exhortó a “derrotar el pobrismo al que nos lleva la medida restrictiva”.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó al Gobierno Nacional que implemente la exención de los derechos de exportación para las lanas rionegrinas mientras dure la emergencia agropecuaria. Lo hizo a través de un proyecto de comunicación presentado días atrás en la cámara alta del Congreso de la Nación.

“Las intensas nevadas provocaron la pérdida de miles de animales en la zona sur y oeste de la provincia. Necesitamos urgentes medidas para poder paliar la crisis generada por el temporal en plena pandemia y ayudar a las economías regionales”, explicó Weretilneck.

La iniciativa establece durante el período que dure la actual emergencia agropecuaria, la exención de los derechos de exportación para las lanas limpias, de 5% a 0%, y para las lanas sucias, del 7% al 0%.

En el proyecto, Weretilneck detalla que en Río Negro ya se perdieron 130.000 cabezas de ovinos, 15.000 caprinos y 4.500 bovinos, y que hay involucrados más de 2.800 productores rionegrinos. “Precisamente mil de ellos se encuentran en las zonas más afectadas y el pronóstico a futuro no es alentador: se estima una pérdida de 65.000 ovinos, 15.000 caprichos y 2.000 bovinos. Necesitamos medidas urgentes para aliviar la situación”.

Días atrás, el Gobierno de Río Negro declaró la emergencia agropecuaria que fue ratificada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Además de esta iniciativa Weretilneck solicitó mediante otro proyecto, una ayuda económica extraordinaria para productores afectados por la nieve prevista en el artículo 20 de la ley 25.422, ¨Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina¨, en relación a la declaración de emergencia agropecuaria por nevadas en el área comprendida por los departamentos: Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio.