Durante la tarde, se reunieron en el Salón Illia cuatro comisiones para designar a sus autoridades en los términos del artículo 92 del Reglamento; determinar días y horarios de reuniones según el artículo 103 del Reglamento, y proponer un plan de trabajo para el presente año parlamentario. Luego de las reuniones de Relaciones Exteriores y Culto; y después el plenario con Presupuesto y Hacienda, llegó el turno de las constitutivas.

En primer lugar, se reunió, pasadas las 14.30, la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde se designó a la senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero (Frente Pro) presidenta. “Nos encontramos en un momento muy especial de la Argentina. Sabemos que en nuestras manos está la responsabilidad de cambiarle la vida a los argentinos”, aseguró la flamante presidenta y destacó que “esta Comisión tiene un amplio consenso de todas las partes: campo, ciudad, industria y energía, y en todos los sectores hay voluntad de hacer todos esos cambios necesarios”. Se determinó como día de reunión los martes por la tarde.

Cerca de las 15, Alfredo De Ángeli fue designado como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que la vicepresidencia y la secretaría fueron reservadas. En el encuentro se designó al miércoles como día de reuniones. Tras manifestar que “hay mucho trabajo por delante”, De Angeli enumeró algunos de los proyectos a tratar durante este año parlamentario como “consensuar una iniciativa sobre medio ambiente y buenas prácticas agrícolas, huella de carbono, créditos de carbono, una nueva ley de semilla, sumadas a las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo”.

Minutos después, la Comisión de Defensa Nacional del Senado designó a Luis Juez (Pro – Córdoba) como su nuevo presidente, y al igual que Agricultura, las vicepresidencias y secretarías quedaron reservadas. El senador agradeció su nombramiento y “el voto de confianza” a los miembros de la misma, y aseguró que “es una comisión muy importante, y la haremos funcionar como no ha funcionado durante muchos años. Hoy hay temas interesantes en debate en la agenda nacional sobre la defensa que nos imponen tener una comisión trabajando, escuchando y decidiendo”.

Por último, a las 16h, tras ser nombrada al frente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, la senadora por Mendoza Mariana Juri (UCR) destaco que “es una comisión que tiene por delante un gran desafío en los tres temas que tanto deterioro sufrieron en la Argentina en los últimos años”.

Se fijó como días de reunión, los miércoles a las 12.

Un plenario de las comisiones de Industria y Agricultura fue convocado para este miércoles a las 10, para tratar el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. La iniciativa perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero y fue vuelto a presentar los últimos días por diputados oficialistas.

Se trata de un proyecto que busca promover las inversiones y las exportaciones, mediante una serie de incentivos fiscales. Este proyecto había sido presentado en septiembre de 2021 en presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el año 2022, luego de la conformación de las comisiones permanentes, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó la realización de plenarios de las comisiones donde expusieron ampliamente funcionarios del Poder Ejecutivo, entidades productivas, asociaciones, interesados en el tema, en debates conducidos por los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

La iniciativa avanzó, pero finalmente no obtuvo el dictamen del plenario de comisiones (Agricultura y Ganadería, Industria y Presupuesto y Hacienda) -ya que en ese momento se debatió sobre el proyecto de ley de humedales, que terminó complicando el tratamiento en Agricultura- para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto caducó con el final del período parlamentario y ahora vuelve a transitar las instancias legislativas en este nuevo período ordinario.

En la reunión informativa que se dio en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, en la que estuvo de invitado el titular de la cartera homónima, Julián Domínguez, fue consultado por el desabastecimiento de combustible que afecta a 21 provincias y aseguró que “hay 30 millones de toneladas de gasoil” y reconoció que desde el mes de enero “teníamos claro lo que iba a pasar”, pero afirmó que “gasoil no va a faltar, se provee con retraso”.

En la ronda de preguntas y respuestas un tema que se repitió entre los interrogantes de los diputados fue sobre la escasez de combustible, ante lo cual Domínguez expresó: “Si hay algo que planteamos desde el primer momento era construir reglas que dieran estabilidad y previsibilidad. Mi obligación, además de construir certezas, es garantizar las condiciones básicas en un mundo tan cambiante como el que tenemos”.

En tanto, reconoció: “Debo confesar que el diagnóstico en el mes de enero lo teníamos en claro lo que iba a pasar y que permanentemente transmitimos la preocupación y sabíamos el impacto que va a tener en la economía del país y la demanda de divisas”. Sin embargo, afirmó: “La respuesta que técnicamente que tenemos es que hay dificultades en la logística en este momento, pero gasoil no va a faltar. Vamos a tener dificultades en los niveles de operación, pero gasoil no va a faltar se provee con retraso. Van a ingresar al país tres buques en los próximos 3 días”.

Consultado por el corte del biodiesel, consideró: “El corte al 12% del biodiesel me parece que la Argentina tiene una importancia de aumentar el corte sobre todo en este momento que se vive. La dinámica y la realidad global va a ser difícil que se puede abastecer sin utilizar este instrumento del aumento del corte”.

“La realidad mostró un convencimiento de mayor demanda de combustible, consecuencias no deseadas, está el reclamo permanente de los productores por el precio que pagan diferencial, las provincias más alejadas tienen este reclamo y los gobernadores nos hacen llegar”, sostuvo Domínguez, pero recalcó que “no va a faltar gasoil ni para la siembra ni para la cosecha, pero seguramente dificultades van a haber. Sería necio no ir contra a la realidad, pero va a haber provisión para la cosecha y la siembra”.

Además, informó que “la logística de YPF esta trabajando al 100% son informes que nos dan, el sector agropecuario incremento un 7% la compra a la misma fecha del año pasado, son datos de empresas privadas. Las dificultades existen, pero no creo que hagan que falte la producción argentina necesita”.

En suma, aclaró que “son 30 millones de toneladas de gasoil más el corte del biodiesel” los que llegarán y recordó que el corte del biocombustible fue una ley del Congreso. En ese sentido, manifestó: “No siempre los que estamos en la cartera coincidimos con las decisiones que se toman por afuera porque cada cartera tiene en su análisis números y la vida de la producción es diferente”, y opinó: “Nuestra posición sobre el corte es que entendemos que la realidad va a demandar que se mantenga”.

Convocado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que preside Ricardo Buryaile, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se presentará este miércoles a partir de las 17.

Será en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, adonde concurrirá el expresidente de la Cámara baja entre 2011 y 2015, para hablar sobre una extensa lista de temas que en este momento es encabezado por la crisis por la falta de gasoil en todo el país, sobre todo 21 provincias.

El tema retenciones, sobre el que en reiteradas oportunidades el ministro ya se ha pronunciado en contra de eventuales subas, será sin duda otro de los temas que se analizarán en esta reunión, como así también el proyecto de ley de renta inesperada, cuyo debate el oficialismo se apresta a iniciar.

Temas pendientes como una nueva ley de semillas serán debatidos, pero sobre todo la ley agro bioindustrial, destinada a estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, uno de los temas clave que figura al tope de la agenda oficialista para los próximos meses.

Una serie de cambios se produjeron este miércoles en el Senado, que tuvo cambio de autoridades en dos comisiones, producto de la salida de Jorge Taiana, quien renunció como senador días atrás y asumió como ministro de Defensa.

En la primera reunión que se realizó, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) anunció su renuncia como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para pasar a comandar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que dirigía el excanciller.

Rodríguez Saá agradeció a sus pares “por la colaboración todo este corto período que hemos trabajado juntos”, en el cual “hemos sacado temas importantes”, como la última iniciativa -ya con media sanción- referida a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

Luego fue el turno del jefe de la bancada oficialista, José Mayans (FdT), quien destacó el rol del puntano y reveló que el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), hasta ese momento secretario de la comisión, iba a pasar a la presidencia. “Nuestro bloque ha llegado a un acuerdo para que presida este comisión Alberto Weretilneck”, dijo.

Una vez designado, Weretilneck manifestó su “satisfacción muy grande” por el lugar otorgado y agradeció especialmente “a la presidenta del Senado (Cristina Kirchner) y al bloque del Frente de Todos por haber tomado esta decisión”.

“Es un gesto más del oficialismo” sobre “la participación que tenemos las minorías de las minorías”, sostuvo el exgobernador de Río Negro. También, prometió “escuchar a todos” en el marco de la comisión, sean “actores públicos o privados que tienen que ver” con las actividades competentes.

En esa línea, el senador ponderó lo que la agricultura, ganadería y pesca significan para la economía del país: “Más de 25 mil millones de dólares exportamos en todas estas actividades. Tiene mucho que ver con la impronta federal. Y cerca de 4 millones de argentinos y argentinas que trabajan y viven de estas actividades”.

Varios senadores se expresaron agradeciendo a Rodríguez Saá por su gestión y deseándole buenos augurios a Weretilneck.

El otro cambio fue el reemplazo de la santafesina Alejandra Vucasovich (JxC) en lugar del fallecido Carlos Reutemann, quien ocupaba la secretaría de la comisión. “Es un honor no solo reemplazar a Reutemann, sino integrar esta comisión porque vengo del sector agreopecuario, me crié en el campo”, expresó la legisladora, que enfatizó que estas actividades son “una de las bases fundamentales de la economía” de su provincia.

Otro dato es que Vucasovich también reemplazará al “Lole” en la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Concluido ese primer paso, se reunió después la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Como vicepresidente, el mendocino Julio Cobos (UCR) fue el encargado de poner a votación la designación de Rodríguez Saá.

Tras ser electo presidente, el senador puntano afirmó: “Me siento muy honrado de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, que la han presidido personalidades de una enorme trayectoria”. Sobre Taiana, señaló que “es una persona preparada, culta, difícil de reemplazar, pero pondré todo el esfuerzo para hacerlo”.

“Procuraré ser respetuoso de las diferencias, ser plural en la aceptación de las opiniones. Esta comisión tiene una particularidad: tenemos que defender la Argentina. En todas las comisiones la tenemos que defender, pero en ninguna como la importancia que tiene ésta”, aseguró y agregó que abogará por “un clima amistoso y respetuoso que no permita tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo argentino”.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado avalaron este miércoles el dictamen del proyecto de ley que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, presentado desde el Poder Ejecutivo. Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su rechazo.

La iniciativa, que se votaría en el recinto de la Cámara alta la próxima semana, recibió una serie de cambios respecto de la redacción original, según consensuaron los integrantes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico. Asimismo, en la sesión se incorporarán otras dos modificaciones.

En el texto se contempla además la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.

En el arranque, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebró el acuerdo alcanzado y las modificaciones introducidas, a partir de que “se han receptado todas las principales discusiones y debates que tuvimos”, y también las opiniones de los expositores que concurrieron durante las reuniones informativas, al tiempo de contar con la consulta y el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (FdT) valoró que “tenemos la capacidad de discutir los temas que parecen tabú” y eso muestra “un crecimiento en la visión y en la calidad legislativa que tiene este Congreso”. “Las políticas públicas se construyen así, escuchando a todos”, destacó el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT), que deseó “que tengamos una media sanción pronta”.

También a favor de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) sostuvo -en respuesta a Weretilneck-: “Yo no tengo nada contra el capitalismo. Sí contra el capitalismo financiero, que creo le ha hecho muchísimo daño al mundo y a la República Argentina. Pero sí creo que esta es una enorme oportunidad para que pequeños y medianos productores de Argentina puedan trabajar en materia de diversificación productiva”.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) resaltó que “el mundo entero está desarrollando hace pocos años esta industria que, en miras a lo que estamos viendo, es una industria novedosa, pero muy dinámica, en donde Argentina tiene la posición de ser un líder natural no solamente por nuestras condiciones climáticas, sino también por nuestra innovación científica”.

La postura en contra de Weretilneck

En medio del acuerdo armónico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que pocas veces ocurre, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck -aliado del FdT en el Senado- manifestó su posición en contra del proyecto.

Para el legislador, los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional “en cuanto a sumar a Argentina a los 50 países que en el mundo empiezan a formar parte de este negocio, con la finalidad de generar ingresos y exportaciones” se hacen “soslayando absolutamente el tema de la salud pública y fundamentalmente a nuestros jóvenes”.

“Esta es una ley de las más capitalistas que hemos visto en los últimos años, profundamente capitalista”, afirmó el exgobernador de Río Negro, que subrayó que “si vemos lo que está sucediendo en el mundo con el consumo de marihuana”, este “es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes multinacionales”.

Weretilneck opinó que “esto es el reemplazo del tabaco por la marihuana”, advirtiendo que “la humanidad tardó 80 años en darse cuenta del prejuicio del tabaco en la salud pública”.

“El debate es mucho mayor que si vamos a tener este perfil exportador o de creación de economías (regionales) en el país”, agregó y además aseveró que no cree que “el Estado esté en condiciones de controlar esta actividad tan riesgosa”.

El proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron los senadores, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

A partir de las opiniones de invitados en los plenarios, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.

Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.

En una nueva reunión informativa, que contó con la participación de más de una docena de especialistas, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado continuaron con el tratamiento del proyecto que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, impulsado por el Poder Ejecutivo.

En el arranque del encuentro, el senador Mario Fiad (UCR) pidió no dictaminar este mismo lunes, sino que “nos demos un par de días para consensuar el dictamen final”. “Estamos medios apurados y en el apuro pueden salir cosas que no sean prolijas”, advirtió el jujeño, que agregó que tienen “los tiempos necesarios hasta para poder dictaminar esta semana, si es que esto se quiere tratar la semana que viene en el recinto”.

Conductor del plenario, en su condición de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que se está llevando a cabo “un muy buen trabajo” y, por ende, este miércoles se buscará que “consensuemos las diferentes propuestas y modificaciones que le podríamos hacer al proyecto y emitir dictamen”.

A continuación, se pasó al tramo de las exposiciones y abrió la ronda el ingeniero Daniel Sorlino, integrante del grupo de estudio y trabajo sobre cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien dio una exposición técnica muy detallada y señaló que “en Europa desde hace muchos años se viene cultivando y viene habiendo un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar a diferentes áreas de uso farmacéutico, industrial”.

También recordó que el cáñamo, derivado del cannabis, “fue autorizado en 1989 en Francia” y desde ese momento “se multiplicó en cinco veces” la producción. En cuanto a Argentina, Sorlino mencionó que “en 1977, en la época del proceso militar” se dio la prohibición del cultivo de cáñamo, por lo cual se llevan “casi 50 años de prohibición” y lamentó de “todo lo que nos estamos perdiendo en función de no poder adoptar toda la tecnología que ya ha sido adoptada en el mundo”.

Por su parte, Diego Bertone, de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina, aportó información sobre los múltiples usos del cáñamo. Entre ellos, ponderó que sirve para “limpiar suelos, disminuir el uso de agroquímicos”, al tiempo que tiene “un alto aprovechamiento industrial”.

No solo puede generar aceite, sino también harina, apuntó el ingeniero, que indicó que de la semilla del cáñamo pueden obtenerse “una infinidad de productos alimenticios”, al tiempo que del tallo, se puede sacar “plantas de producción de fibra larga” o “fibra corta para autopartes y fibra técnica no textil”. Asimismo, del cáñamo se pueden producir biocombustibles como el “bioetanol, biodiésel y biogás”. “Podemos hacer materiales para generar baterías, pilas, con menor impacto que el litio”, sumó.

Desde La Rioja, Clara Olmedo, integrante de la Asamblea El Retamo, grupo que denunció la contaminación por parte de la curtiembre Curtume CBR -que abandonó recientemente el país dejando a 800 trabajadores desempleados-, enfatizó que “el cáñamo representa un cambio de paradigma que no solo nos exige Nonogasta, sino que nos exige el mundo, el cambio climático y los desastres ambientales”.

Para la socióloga, esta ley ayudaría a combatir “la crisis laboral, ambiental y todos los problemas de salud que hemos sufrido por décadas en Nonogasta”. “Tenemos una oportunidad y les queremos exigir que permitan y agilicen la sanción de esta ley”, añadió.

En contrapunto al resto de los oradores, Claudio Mate Rothgerber, asesor en el Senado y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, alertó “que no hablemos de los riesgos de esta mercancía” cuando el cannabis “es una misma planta” y “una droga controlada” en todo el mundo.

“Hoy hablan de marihuana ONG’S, influencers, youtubers, con más autoridad pareciera que las publicaciones científicas o las agencias que controlan medicamentos”, aseveró el especialista en adicciones, que continuó: “Todas las agencias del mundo que controlan medicamentos no consideran a la marihuana un medicamento. Sí promueven y habilitan, como nuestra propia ANMAT, el uso compasivo, pero advierten especialmente que todos los usos deben estar bajo controles de estricta trazabilidad; no puede ser separado el componente medicinal de la planta en condiciones que no sea controlada”.

Además, Mate Rothgerber destacó que, según muestran los balances de empresas de esta industria en Latinoamérica, pese a promover “usos medicinales e industriales, incluso hasta ensayaron usos gastronómicos”, esos componentes comerciales “cada vez fueron formando menos parte de sus ingresos”, y hoy “las facturaciones y los activos que declaran son producto de la venta” de las categorías “también llamas adulto, recreativa: narcótico”.

El padre Pepe era uno de los expositores anotados para participar de esta comisión, pero no pudo conectarse a la videoconferencia.

A su turno, Florencia Corbelle, en representación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis e investigadora asistente del CONICET, se refirió a la cantidad de personas penalizadas por la tenencia de marihuana para consumo personal, por lo que celebró el proyecto, pero reclamó por el cambio de la Ley de Estupefacientes en este sentido.

Según la expositora, la regulación del consumo para mayores de 18 años “es una medida necesaria y urgente” porque “el cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y el tabaco”.

En cuanto a la iniciativa, Corbelle pidió que “se garantice, proteja y fomente la participación de cooperativas, pequeños y pequeñas y medianos y medianas productores y productoras, quien autocultiva y los clubes sociales” en la ley, porque “las formas cooperativas para producir cannabis no solo posibilitan el acceso democrático, sino que equilibran el precio en el mercado”.

A su turno, Soledad Pedrana, de la Asociación de Usuarias y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, contó que su provincia, no adhirió aún a la ley vigente, pese a lo cual la producción en los laboratorios provinciales avanza velozmente con la fragmentación de resina extranjera, cosa que demuestra a su juicio que no hay articulación entre las organizaciones y el Estado, pues hay mucha producción nacional que no está siendo utilizada.

Perla Peralta, representante de la Cámara de Emprendedores Cannábicos de la Argentina, habló de un mercado interno oculto nacional que se está desarrollando sin estar regulado, y respecto de las semillas nacionales que necesitan que la generación de patentes de genética y certificaciones agroecológicas nacionales les dén una ventaja competitiva al pequeño productor para que tengan fácil acceso a la patente y no deban caer en el régimen internacional, “pagando con dólares patentes que tendríamos que estar pagando en pesos”. En ese sentido dijeron que quieren pagar los impuestos correspondientes y destacó que según estadísticas que existe un mercado oculto que representa “muchísimo dinero del cual no le queda así nada al Estado”.

Por su parte, Martín Galíndez, asesor legal de Cannabis Medicinal Argentina, advirtió que hoy el derecho a la salud con respecto al cannabis se encuentra “postergado”, y destacó que se trata de una alternativa terapéutica “basada en un gesto humanitario, porque admitir una nueva terapéutica para dolencias y patologías que tienen una historia no resuelta es un gesto humanitario. Eso es lo que viene a hacer el cannabis medicinal: es una política sanitaria que se apoya en necesidades humanas”.

También expusieron en el plenario Pablo Oviedo, de la Asociación Cannábica Correntina; María Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios Cultura Cannábica; Gabriela Calzolari, de la Asociación Civil Ciencia Sativa; Fausto Botta, de la Campaña Cannabis al Congreso; Emilio Ruchansky, de Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, y Martín Alonso, gerente de Stay True Organic.

Se largará este miércoles en el Senado el debate del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para regular la industria y comercialización de cannabis -para uso industrial y medicinal-, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El encuentro se realizará desde las 15, en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; presididas por los senadores oficialistas Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Caserio y Dalmacio Mera, respectivamente.

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

Consiste, principalmente, en establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados.

Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal. Asimismo, incluye la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo aclaró que el mismo “no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis”, cuestión que debe quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino que “está exclusivamente dirigido a promover y regular el desarrollo de la cadena productiva del cannabis de uso medicinal y el cáñamo”.

En primer término, la iniciativa dirige el otorgamiento (y posterior control) de las licencias a una serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica (empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas, etc.).

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

La ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre sus funciones tendrá la de regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

Su directorio estará constituido por representantes del sector público con rango y jerarquía de secretario o secretaria, y será el funcionario/a designado/a por la cartera que conduce Kulfas quien ejercerá la presidencia.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.

El Gobierno argumentó que “durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil”.

“En un marco internacional en el que las iniciativas productivas y marcos legales de promoción del sector florecen, nuestro país debe generar las condiciones para impulsar su propio desarrollo. Con el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, la República Argentina podrá entrar en un sendero de convergencia en materia de desarrollo de capacidades productivas y de generación de empleo y logrará ponerse rápidamente a la altura de sus competidores regionales inmediatos, los cuales ya cuentan con algunos años en el desarrollo del sector”, agregó.

En un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable un proyecto para modificar la actual Ley Ovina -25.422-, que venció el pasado 5 de abril.

De acuerdo al texto, que incorpora al régimen a la ganadería de llamas, el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años.

La iniciativa, que contó con el respaldo de todos los bloques, fue presentada por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, tras un trabajo acordado con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, Mayans dijo que el proyecto podría tratarse sobre tablas en la sesión de esta semana. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) planteó sus inquietudes sobre una redacción que dejaría “en estado de debilidad” a los pequeños productores.

Ante esas diferencias, pero que no incidieron en el acompañamiento a la iniciativa -es decir, se pasó a la firma sin disidencias-, quedó en stand by la posibilidad que pueda llevarse al recinto esta misma semana.

Qué prevé el proyecto

De acuerdo al proyecto, se indica que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

El proyecto establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.

El artículo 12 del proyecto, que fue el que despertó la inquietud de Juntos por el Cambio, es el que expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. La palabra “prioritariamente” fue la que De Angeli propuso sacar del texto.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el proyecto.

El debate de los senadores

En el arranque de la reunión, el presidente de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), señaló que “la actividad ovina ha sido una de las actividades más importantes en otra épocas”, pero “a fines del siglo XX fue decayendo la actividad, hasta que apareció una ley de promoción ovina, que permitió empezar a recuperar no solo los planteles, sino a los productores”.

“Creemos que es necesario incentivar esta actividad”, sostuvo el puntano, que agregó: “Tenemos una gran premura en que se apruebe porque nos hemos quedado sin la promoción y es para no dejar al desamparo a un sector tan importante como este”.

Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (FdT) aseguró que para su provincia “es muy importante” y que esta ley constituye “una demanda muy fuerte en nuestra Patagonia”, por lo que agradeció los aportes del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

A su turno, la santacruceña María Belén Tapia afirmó que esta ley “es un gran anhelo de todos los sectores productivos que tenemos acá en nuestra provincia”. Propuso que, en vez de llamas, se incluya la palabra camélidos, para alcanzar a los guanacos. Pero Mayans dijo que Basterra aclaró que se trata de promociones distintas, al igual que los caprinos.

El rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) se mostró “muy satisfecho” con el proyecto, que tuvo en cuenta aspectos de la iniciativa presentada en la Cámara baja por Luis Di Giacomo, el diputado de su espacio. “Estamos ante una política de Estado” que consiste en “recuperar y consolidar la ganadería ovina en todo el país”, enfatizó.

En su intervención, Alfredo de Angeli (Pro) consideró a la iniciativa como “una buena ley”, pero observó que aunque el artículo 6 “habla de los pequeños productores”, en el artículo 12 “se habla de que se va a tener en cuenta la cantidad de ganado” para la distribución de los fondos.

Sobre ello, reveló que productores le manifestaron su preocupación por que “se les puedan resentir” los fondos, y “se encontrarían en un estado de debilidad”. Entonces, propuso establecer porcentajes sobre el stock y las unidades productivas, algo con lo que coincidieron incluso luego los oficialistas Daniel Lovera y Silvia Sapag.

El entrerriano también planteó “cómo actualizamos esos 850 millones de pesos”, ya que “hoy es una buena moneda, pero en dos, tres o cuatro años no sabemos cómo va a ser el índice de actualización”.

Mayans respondió que el proyecto es fruto de “un trabajo conjunto muy importante” y “una especie de síntesis acordada con Diputados”, con lo cual no aceptó modificaciones al texto y expresó que si Juntos por el Cambio firmaba con disidencias sería complicado llevar la iniciativa al recinto esta semana.

“No se especifica actualización porque están muy celosos (en el Ejecutivo) del tema presupuestario y de tomar compromisos sin ver cómo va a evolucionar la economía y la inflación”, explicó.

Sobre la distribución de los fondos, el senador formoseño apuntó que “la autoridad de aplicación junto con la CAT establecerá los criterios de distribución”, por eso no se fijan porcentajes.

La prórroga de la Ley de Biocombustibles, con media sanción del Senado desde octubre pasado, fue tema este martes durante la reunión constitutiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta.

Trajo el asunto a la mesa el senador entrerriano Alfredo De Angeli (Pro), quien solicitó “poner en agenda el tema bioenergía y biocombustibles. La ley se va a aprobar sin duda en Diputados, a cuatro años. Pero merece debate para que sea una ley con mucho más plazo, a quince o veinte años, y que quienes quieran invertir en todo el tema energético, principalmente las biomasas, tengan un norte”.

En consonancia con el pedido, el presidente de la comisión, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), aseguró que “el lobby petrolero está parando la ley, y esto significa un enorme atraso para el país; está funcionando muy fuerte y esto perjudica toda la producción nacional”.

Desde la provincia de Tucumán, la senadora Beatriz Mirkin (FdT) resaltó: “Obvio que estoy de acuerdo en hacer una jornada (con expositores invitados) sobre el tema biocombustibles. Mi provincia es la que tiene bioetanol y la que tal vez sea la mayor beneficiada en la prórroga“.

“Estamos con dificultades si no continúa el bioetanol”, advirtió la oficialista, que añadió que “no es menor la cantidad de trabajadores que están vinculados a esta actividad en forma directa”. “Esperamos que en Diputados pueda dársele una respuesta”, dijo.

Tomó la palabra entonces el jefe del bloque oficialista, José Mayans, que recordó que la prórroga de la Ley 26.093 involucra “los intereses generados en distintas provincias”, que “al votar por unanimidad le dimos una esperanza muy fuerte”. Por eso, pidió tomar contacto con la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido, el legislador Jorge Taiana (FdT) expresó que “es urgente tomar contacto y ver que están pensando ellos (en referencia a la Cámara baja), para evitar sorpresas y tener mayor diálogo”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, Rubén Uñac (FdT), afirmó que “se está trabajando en una modificación a la ley desde el Poder Ejecutivo” pero “lo que está sucediendo ahora en Diputados es que la oposición (…) estaba convocando a una sesión para este jueves para tratar la ratificación de la prórroga que nosotros votamos por unanimidad”. Y asintió establecer contacto, “para que nos den un panorama más amplio y podamos transmitirle a los colegas nuestros” qué pasará con el proyecto.

“Necesitamos comunicarnos con Diputados porque se va avanzando en una modificación que está contrariando de forma unánime lo que nosotros hemos expresado a través de Senadores”, enfatizó el chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Finalmente, Rodríguez Saá señaló que “la intención del Poder Ejecutivo es dictar una nueva ley, cosa que está bien, discutamos una nueva ley, pero mientras tanto no paralicemos la producción de todo el país porque están involucrados los intereses de las economías de diez, doce provincias”.

Por otra parte, durante la reunión el senador Julio Martínez (UCR) recordó que la modificación de la Ley de Manejo del Fuego “salió con muchos errores y falencias desde el punto de vista agrícola” porque “no pasó por esta comisión”.

El riojano alertó que “de poder aplicarse a rajatabla va a traer múltiples problemas a los productores que sufran incendios”, por lo que reclamó que “era una ley que sí o sí tenía que pasar por acá”.

Además, con asentimiento del oficialismo, se acordó tratar en lo pronto la prórroga de la Ley Ovina, que vence el próximo 5 de abril.

Al comienzo, el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue ratificado como presidente. En tanto, el entrerriano Alfredo De Angeli seguirá como vice y el santafesino Carlos Reutemann, como secretario.

Las comisiones de Banca de la Mujer y Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado dieron este miércoles dictamen favorable a un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.

La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), destacó que la propuesta se trabajó con los diferentes actores involucrados y señaló que a pesar de “la buena voluntad de las empresas y los armadores, veíamos que las mujeres no tenían muchas veces posibilidad de embarque”.

A partir de esta norma se proyecta que “se vayan adaptando los barcos y las navegaciones a las mujeres”, quienes “se han integrado al mundo marítimo como cualquiera de los hombres”, resaltó la senadora oficialista. Y agregó: “La mayoría de estas mujeres son sostén de familia y lo hacen con la total responsabilidad y amor a la tarea de la misma manera que lo hace un hombre”.

Por su parte, el riojano Julio Martínez (UCR) consideró que “este proyecto va en el sentido correcto, creo que es lo que hay que hacer”. Al relatar su experiencia sobre la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa recordó que “la tarea la había comenzado (Agustín) Rossi, y antes de Rossi, (Nilda) Garré”; por lo cual enfatizó que se tiene que tratar de “una política de Estado”.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa tiene por objeto “promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional”.

El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.

Uno de ellos indica que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”; y otro que estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”.

Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.

Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.

Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.

La iniciativa también prevé que “el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías”.
“Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal”, agrega.

Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.

Proyectos de declaración de la Banca de la Mujer

Previo al plenario, la Banca de la Mujer pasó a la firma un paquete de proyectos de declaración, entre ellos uno consensuado entre iniciativas de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), de repudio por el femicidio de la profesora Paola Tacacho en San Miguel de Tucumán, que fue asesinada por Mauricio Parada Parejas, a quien había denunciado por acoso en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, se avaló un texto consensuado de adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre; y la declaración de interés del Día Internacional de la Igualdad Salarial, celebrado el 18 de septiembre.

Además, entre los proyectos, se aprobó un beneplácito por el logro de la periodista deportiva Ángela Lerena, quien se convirtió en la primera mujer de la historia de la televisión en comentar partidos de la Selección Argentina de fútbol masculino, a partir del 8 de octubre de este año cuando empezaron las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022.

Mediante videoconferencia, logró respaldo el proyecto que cuenta con media sanción del Senado por el cual se crea el Programa nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y Economías Regionales (PRONAFER). “Esta iniciativa prevé el financiamiento de la agricultura familiar y de las economías regionales, una parte muy importante de la producción nacional”, aseguró el diputado del Pro Alfredo Schiavoni.

Además, obtuvo dictamen favorable el régimen de control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos. La jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, Diana Guillén, defendió la iniciativa: “Es importante tener el principio precautorio respecto a lo que significa el riesgo en la salud humana y ambiental”.

Asimismo, se aprobó la creación del Observatorio Integral de Agroquímicos de la República Argentina que tiene como objeto generar información pública en base a información científica, nacional e internacional, sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria.  El diputado Pablo Torello señaló que desde Juntos por el Cambio presentarán un dictamen de rechazo.

En la misma línea, fue respaldada por la comisión la iniciativa de autoría del diputado Marcos Cleri (FdT) que establece la creación de un fideicomiso con la afectación de un porcentaje del Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya titularidad le corresponde al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para financiar proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo del sistema agroindustrial, agroalimentario y bioindustrial del país.

El diputado Luis Contigiani (Frente Progresista, Cívico y Social) aseveró que “esta ley va a fortalecer la extensión agropecuaria del país”. Desde Juntos por el Cambio, acompañaron la iniciativa, pero con disidencias en uno de los artículos.

Por otra parte, se unificaron y aprobaron los proyectos de las diputadas oficialistas Mabel Caparrós y Susana Landriscini que establecen la derogación del Decreto nacional 820/16 sobre soberanía de Tierras Rurales.  “Buscamos defender los procesos que eviten, sin impedir las inversiones, la extranjerización desmesurada de nuestras tierras”, argumentaron. Desde Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de rechazo.

En tanto, la comisión dictaminó a favor de la iniciativa que declara el 30 de noviembre de cada año como Día nacional de la Trashumancia -una práctica ancestral relacionada con la actividad ganadera-, así como también, del proyecto de declaración que expresa beneplácito por la celebración de la edición 2020 de la Semana del Algarrobo, que se llevó a cabo del 26 al 30 de octubre de manera telemática.

Se reunió este miércoles la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que preside el diputado oficialista José Ruiz Aragón, para iniciar el debate de la creación del Observatorio Integral de Agroquímicos.

Los diputados de la oposición expresaron su rechazo a la iniciativa, que volvió a asesores, argumentando la “celeridad” en el tratamiento y la “superposición” de atribuciones con organismos estatales ya existentes.

El Observatorio Integral de Agroquímicos de la República Argentina, que dependerá del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, tendrá como objeto generar información pública en base a información científica, nacional e internacional, sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria.

Otra de las principales funciones del organismo será la de evaluar con criterios científico-técnicos interdisciplinarios los posibles efectos e impacto del uso de agroquímicos -presentes en productos que la población consume o utiliza-, en el ambiente, en la biodiversidad, y en la salud de la población, de los trabajadores y pobladores locales vinculados directa o indirectamente con éstas actividades productivas.

Autora de la iniciativa, la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar argumentó que el proyecto “plantea el uso e impacto de agroquímicos, temática central para el desarrollo agropecuario de nuestro país, pensando en las cuestiones ambientales y, también, cómo repercute en la salud de la sociedad, creando evidencias que apunten a las futuras políticas públicas federales al respecto”.

Desde el Pro, Pablo Torello anticipó varias objeciones al expresar que la iniciativa ya “está comprendida por la ley nacional 27.233, de Sanidad Animales y Vegetales, por lo que se estaría duplicando las atribuciones”. “En un momento de pandemia y crisis económica, no me parece el mejor momento de crear este Observatorio”, fustigó. Desde el mismo bloque, Gisela Scaglia, afirmó que “estamos a las corridas tratando un proyecto que lo único que genera es una nueva estructura en el Estado”.

En tanto, el diputado kirchnerista Pablo Carro consideró “imprescindible” avanzar en un organismo de este tipo porque “necesitamos investigaciones científicas precisas que nos demuestren cuál es la situación que tenemos en la Argentina sobre el uso de agrotóxicos, algo tan importante para la producción pero también para la vida de nuestros ciudadanos”, subrayó.

En otro orden, los legisladores emitieron dictamen a una decena proyectos de declaración y resolución, dentro de los cuales se destacan el que solicita al Poder Ejecutivo declarar la emergencia agropecuaria en las provincias de Corrientes y Formosa, y el que expresa pesar por el fallecimiento del ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, el 12 de septiembre de 2020.

Las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado llevaron a cabo este martes una reunión informativa sobre el tema de la agroecología, en la que participaron especialistas.

En primer término expuso Eduardo Cerdá, director de Agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien destacó que “con agroecología podemos tener rendimientos similares pero con una gran ventaja: menos costos, menos conflictos y problemas como los que hemos vivido en los últimos tiempos”.

“Es un mito pensar que no se puede producir de otra manera que no sea con agroquímicos”, sostuvo el funcionario, e insistió que “se puede producir con menos costo y con menos daño para el ambiente y los alimentos”.

Cerdá precisó que en los últimos años “hemos perdido entre un 30% y un 50 % de la materia orgánica de los suelos”. Además, con el actual modelo, “en los años ’90 utilizábamos unos 380 millones litros de químicos” y, pese a que “no se duplicó la superficie”, hoy “estamos cerca de los 500 millones de litros de agroquímicos por año”.

“No hay posibilidad que nuestro ecosistema pueda metabolizarlo”, alertó y reveló que estudios de la Universidad de La Plata demostraron que “tenemos agroquímicos en los suelos, en las nubes, en los ríos, en los lagos, en los algodones, en los alimentos”.

En su intervención, el director de Agroecología agregó que “en enero de 2019 la relatora de Naciones Unidas le dijo al Gobierno que debía impulsar la agroecología. Por eso debemos festejar que este Ministerio de Agricultura haya creado la Dirección Nacional de Agroecología”, que afirmó es “la primera en Latinoamérica”.

Presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, Santiago Sarandón, explicó que esta ciencia “nace como una respuesta a la percepción cada vez más clara de un modelo de producción de alimentos que está agotado”, y muestra de ello se ven situaciones como “pérdida de suelo, erosión, pérdida de nutrientes, plaguicidas”, entre otros.

Sobre esto, señaló que “no es que estos problemas son típicos de la agricultura, son problemas de un modelo excesivamente simplista”. “La agroecología es una nueva ciencia, un nuevo enfoque, un nuevo paradigma y una nueva mirada”.

El especialista enfatizó que con la agroecología “se puede producir alimentos para todo el mundo de una manera mucho menos agresiva, de manera más sostenida o sustentable, es decir, sin deteriorar los recursos productivos -tiene más futuro-, y con niveles productivos incluso superiores a los actuales”.

A su turno, Martín Zamora, coordinador nacional de Agroecología del INTA, advirtió que “la pérdida de fertilidad es notoria en toda la Pampa húmeda” y usar fertilizantes químicos “no es la solución”. “Los suelos cada vez pueden aportar menos nutrientes con el paso de los años”, dijo y expresó que se necesita “darle al suelo fertilidad para lograr cultivos sanos y esos cultivos sanos después dan alimentos sanos”.

El expositor resaltó que pasar del sistema actual a este sistema es “un cambio estratégico de la producción” y genera “la no dependencia del productor al uso de insumos”.

Además, aseguró que “la agroecología es muy competitiva” ya que, con ese sistema, producir un kilo de trigo “está alrededor de 4,5 y 5 pesos”, mientras que con el sistema actual el costo es de “8 pesos”. “Eso también incide en el acceso a los alimentos que pueda tener la población”, remarcó.

Por su parte, Federico Bert, director de investigación y desarrollo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), manifestó la necesidad de que se profundicen los conocimientos en los principios de la ecología y llamó a “transitar y promover un camino de mejora continua”, poniendo “especial foco en la relación entre producción y ambiente” con “dos elementos indispensables: el desarrollo y la aplicación de los conocimientos ecológicos, y la innovación tecnológica”.

Entre los oradores participó María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó el hecho de “promover procesos donde lo agroecológico sea un motor fundamental para el desarrollo de los barrios populares”.

“La producción de alimentos y la producción agroecológica en la Ciudad, sobre todo en estos barrios, tiene mucho potencial para seguir creciendo”, observó y sumó que allí viven vecinos que “tienen muchísimo conocimiento de cómo trabajar la tierra, y esto creemos que es una práctica que hay que recuperar”.

La funcionaria relató entonces el proceso de trabajo realizado en el barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Puerto Madero, con “un grupo de 15 mujeres autoconvocadas que producen alimentos, con las cuales empezamos a transitar un proceso de empoderamiento”. Llamadas “la vivera orgánica”, Migliore contó que “le venden verdura a los habitantes del barrio, en precios accesibles”, mientras que en pandemia “han empezado a distribuir plantines en toda la Ciudad”.

En el encuentro también expusieron Marcelo Schwerdt, de la Red Argentina de Municipios y Comunidades por la Agroecología (RENAMA); Guillermo Mas, docente de la Universidad Nacional de los Comechingones; y Ernesto Viglizzo, investigador del CONICET; entre otros.

El Frente de Todos en el Senado firmó dictamen de mayoría (11 votos afirmativos) al proyecto de ley que busca aumentar las multas por la pesca ilegal, durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que comenzó con una fuerte discusión entre los senadores Alfredo De Angeli y José Mayans.

Tras la retirada de los legisladores de Juntos por el Cambio, que plantearon su rechazo a tratar una iniciativa que consideran inválida por la forma en que fue votada en la Cámara de Diputados, los oficialistas escucharon a los funcionarios que defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En primer lugar expuso el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien señaló que el proyecto “viene a resolver un problema de administración” porque “la legislación vigente tiene un defecto central”. Y destacó que la iniciativa “no es una medida aislada”, sino que “forma parte de una política estratégica” de soberanía.

Al repasar las acciones realizadas en el área de pesca en estos meses, el funcionario aseguró que “el nivel de coordinación que existe entre distintos ministerios para garantizar la preservación y defensa de nuestros mares es para que nos sintamos orgullosos”.

“En los primeros meses tuvimos tres capturas de buques y el acompañamiento pleno de los Estados de las distintas banderas para acompañar las políticas de defensa de nuestro Estado Nacional”, señaló y abogó por “terminar de ajustar los aspectos punitorios de las infracciones que se cometen en nuestro mar argentino” mediante el proyecto.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, consideró que este “es un tema central”, que “estaba entre las tres leyes que prometió el presidente el 1ro. de marzo”. “El sentido es defender la soberanía, entendida como una cuestión integral”, sostuvo.

Dijo asimismo que la iniciativa “tiene que ver con la defensa de los recursos naturales”, por eso lamentó “que cuando haya que discutir soberanía haya diputados o senadores que no estén presentes; porque la demarcación de la plataforma continental (que ya se convirtió en ley) estaba lista para hacerla en 2017, y por algo no se hizo durante estos años”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “lo mismo pasó con las multas” a la pesca ilegal, y subrayó que necesitan una actualización porque “datan del año ’98 con el dólar 1 a 1. No resisten ni un segundo”.

Además, Filmus reveló que a principio de año el senador Esteban Bullrich solicitó discutir la iniciativa con las cámaras pesqueras, algo a lo que el Ejecutivo accedió y se llevaron a cabo reuniones con “la más absoluta apertura”. “Incluso nos hicieron sugerencias interesantes, y las hemos tomado. Por eso nos duele que no la hayan votado en Diputados y que vuelvan a excluirse”, agregó.

Encargado de explicar los aspectos del proyecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, resaltó que la propuesta busca que las multas “signifiquen materialmente una sanción”, debido a que las actuales “por producto de algunas corridas inflacionarias han perdido sustancialidad”.

“El proyecto trae no solamente una actualización de los montos, sino además un mecanismo que va a prever de cara al futuro que esto no vuelva a ocurrir”, indicó y detalló que se medirán en Unidades Pesca, siendo cada UP equivalente “a un litro de gasoil grado 2” que es el que se emplea para la pesca.

También, el funcionario ponderó que “antes de hablar de multas y decomiso”, lo “primero que va a tener que enfrentar el buque infractor” son los costos que el Estado haya tenido en realizar la operación de captura. “El Estado Nacional ya no va a quedar perdidoso”, subrayó.

Y resumió: “El proyecto salvaguarda los recursos económicos del Estado Nacional; obtenemos por vía del decomiso todo aquello que había obtenido el buque infractor; y además incrementa las multas”.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.

La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.

“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.

El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.

En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.

Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.

Críticas a Juntos por el Cambio

Al momento de las preguntas, los senadores oficialistas destacaron el proyecto y defendieron las políticas del Gobierno, pero también cuestionaron a los legisladores de Juntos por el Cambio, que se retiraron sin escuchar ni siquiera a los funcionarios.

“Durante los últimos cuatro años la cuestión Malvinas ha sido sumamente castigada, invisibilizada, silenciada”, comenzó la fueguina María Eugenia Duré, quien dijo que los opositores “ya nos tienen acostumbrados al show”. “No les importa la soberanía a la oposición, no les importa la cuestión Malvinas, como no les importó en cuatro años”, cargó.

En tanto, Jorge Taiana manifestó entender “la objeción”, pero apuntó que “la objeción en nada obstaba para que escucharan a los funcionarios e hicieran preguntas”. “Les preocupaba más el show que avanzar en el debate”, opinó y aseveró que “es una lástima porque estos son temas serios, trascendentes para Argentina, una política de Estado”.

El cordobés Carlos Caserio lamentó “el mamarracho” y agradeció a los funcionarios “haber pacientemente estado presentes con todo este circo”. “Ya se terminó la Argentina que habían creado los medios con el gobierno anterior que no tenía Congreso, porque no tenía mayoría, ni siquiera podía dar quórum en ninguna de las dos cámaras”, lanzó.

Muy duro, acusó a la principal fuerza de la oposición de tener “poco apego a recuperar un país que ellos mismos fundieron”. “Tienen muy poco para decir de Malvinas y de soberanía”, coincidió con sus pares y expresó que la gestión macrista tenía “una mentalidad entreguista, donde prácticamente faltaba que le pidan perdón a los ingleses porque nosotros seguíamos peleando por la soberanía”.

“Lo único que hacen con esta actitud, desde el momento en que terminó la elección en Argentina y el pueblo decidió que el presidente sea Alberto Fernández y la vicepresidenta sea Cristina Fernández de Kirchner, ha sido atacar y tratar de deteriorar toda la institucionalidad de la democracia“, sostuvo el pampeno Daniel Lovera.

Finalmente, el titular de la comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá explicó que “un principio básico del derecho administrativo” es que “todos los actos administrativos se presumen legítimos”. “Lo que ha hecho la Cámara de Diputados se presume legítimo; sino simplemente este mediocre planteo significaría que cualquiera puede presentar un amparo y ya es nulo porque hizo un planteo”, argumentó y añadió: “Lo que están haciendo es un planteo político, crítico”.

Los senadores Alfredo De Angeli (Pro) y José Mayans (Frente de Todos) protagonizaron este miércoles una fuerte discusión, al comienzo de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la que asistieron funcionarios.

Al inicio del encuentro, De Angeli -vicepresidente de la comisión- pidió alterar el orden del día para tratar un conjunto de iniciativas sobre agricultura familiar en primer lugar, y dejar para lo último al proyecto que aumenta las multas a la pesca ilegal y fue aprobado la semana pasada en la polémica sesión de la Cámara de Diputados.

Para apoyar el pedido, el macrista Esteban Bullrich manifestó que “es un buen proyecto el de pesca, pero lamentablemente está viciado de nulidad por la manera en que se trató en Diputados”. “No podemos tratar ese proyecto que nuestros diputados están impugnando”, señaló, además de decir que no lo consideran “válido”.

“El tema entonces es otro, no es cambiar el orden del día, sino que no quieren tratar el proyecto”, expresó el titular de la comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

El oficialista dijo: “Nosotros debemos dar por válida la sanción legislativa de la Cámara de Diputados”. “Los actos producidos por las instituciones se presumen legítimos hasta tanto no haya una declaración de nulidad”, resaltó y agregó que “no” son los senadores quienes deben “juzgar la legitimidad de un acto de Diputados”, sino “un juez”.

“Si habremos hecho algo mal, habrá que corregir. Si es nulo aquello, será nulo esto, pero por el momento es válido”, sentenció y aclaró que “hasta que se trate en el recinto hay un tiempo en el que seguramente se irán corrigiendo las cosas”. Entonces, se votó a mano alzada por cambiar o no el orden, y el Frente de Todos -con mayoría- prevaleció en mantener el temario como estaba previsto.

Volvió a pedir De Angeli la palabra para “plantear el segundo punto”, cuando Mayans tiró: “No, no, ya se votó presidente”. “Senador Mayans, no estamos en el pleno”, le reclamó el entrerriano y comenzó un ida y vuelta, con gritos superpuestos, entre los que se escuchó al formoseño: “Siguen el show, siguen el show”.

“Presidente, dígale al senador Mayans que por favor me respete, yo quiero hacer un planteo y nada más”, pidió el senador del Pro, que tras la intervención de Rodríguez Saá, continuó con su opinión.

Es muy triste que el Senador Mayans y el @frentedetodos además de no respetar las instituciones (al querer tratar en comisión un proyecto de ley que viene de una sesión judicializada), no permitan hablar a las minorías. Respetar las instituciones debe ser un compromiso de todos. pic.twitter.com/9CeoAcNAE3

— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) September 9, 2020

El opositor enfatizó que desde Juntos por el Cambio no podían “estar convalidando este expediente”, lo que volvió a generar los comentarios de Mayans. “¡Vamos a respetarnos! Si el diálogo es lo mejor para la democracia”, le reclamó De Angeli, mientras el jefe de la bancada oficialista fustigó: “No vengan a entorpecer el funcionamiento de la comisión”.

“Nosotros somos la oposición, estamos en minoría, ¿o también quieren callar a las minorías?”, lanzó el macrista, mientras que el oficialista se quejó de que “no respetan a las mayorías y lo que se ha votado”.

Nuevamente con una discusión en la que se mezclaban las voces, y cuando Rodríguez Saá pudo ordenar un poco la reunión, De Angeli aseguró que el proyecto “es bueno” y “tendríamos que estar apoyándolo”, pero “viene mal de la Cámara de Diputados y nosotros no podemos convalidar esto”.

“No vamos a convalidar esta comisión y nos vamos a retirar”, anunció y completó: “Para que las cosas terminen más o menos bien tienen que empezar muy bien, y esto ya nació mal”.

Cuando terminó, los legisladores opositores se desconectaron y Rodríguez Saá pasó a darles la palabra a los funcionarios, no sin antes decir: “Hay que cuidar las instituciones, y las instituciones se cuidan trabajando y escuchando”.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos), tratará este miércoles desde las 11 el proyecto de ley que propone un aumento a las multas por la pesca ilegal.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en julio pasado y se aprobó la semana pasada -sin haber tenido dictamen de comisión- en la polémica sesión que realizó la Cámara de Diputados.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.

La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.

“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.

El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.

En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.

Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.

La comisión debatirá además iniciativas vinculadas a la agricultura familiar; un proyecto que establece un sistema de reintegros para productores a fin de reducir el costo de flete por transporte de materias primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy; y otro sobre la creación de un registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el diputado José Ruiz Aragón (Frente de Todos), referentes del sector tabacalero abordaron el efecto negativo de las medidas cautelares sobre el sector productivo de las provincias tabacaleras, y la demora en la transferencia automática de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) a la provincia de Misiones.

Al respecto, Enrique Cornejo, representante del gobierno de la provincia de Salta ante la Unidad de Transformación del Sector Tabacalero, explicó que “hay tres empresas cigarreras que han planteado la inconsitucionalidad del impuesto interno mínimo a la comercialización de los cigarrillos y, desde 2016, no lo están tributando”.

“Esto genera la desfinanciación del sector, solicitamos se ordene este mercado”, concluyó Cornejo.

También participaron del encuentro el presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini; el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix; el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Omar Olson; Ricardo Saraceni, integrante de la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones; Orlando Marino y Marcos Giraudo, presidente y vicepresidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (RENATRE), respectivamente, entre otros.

La primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja celebrada bajo la modalidad remota no ofrecía a priori elementos para la discordia. Más bien lo contrario. Apenas había un proyecto que exhibía discrepancias y por eso se dejó para el final, tal cual anticipó al inicio de la reunión el titular de la comisión, el oficialista José Ruiz Aragón.

Lo cierto es que esa iniciativa y su tratamiento dio tela para cortar.

Por tener que retirarse luego por cuestiones personales habló al principio el diputado riojano Danilo Flores, autor de un proyecto que beneficia al sector olivícola. Valoró que esa área “representa materia exportable y fuentes de trabajo para muchas familias”, y en ese sentido contó que su iniciativa atiende la cuestión del riego, que tiene un “altísimo costo, sobre todo energético, con tarifas dolarizadas”. Algo que hace de esa actividad “inviable”, sino fuera por la asistencia provincial para pagar las facturas. Así las cosas, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a fin de relevar la cantidad de productores y beneficiarlos. Una iniciativa que en la comisión de asesores fue modificada, atendiendo a que a productores de provincias vecinas les pasaba lo mismo y se terminó haciendo “más inclusiva”.

Otras dos iniciativas relacionadas con la actividad apícola fueron fusionadas. Las mismas atienden a promocionar la producción de un producto que favorece la necesidad de exportación que tiene la Argentina. Se recordó en ese sentido que nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial y tercero en producción a nivel mundial.

Entre las iniciativas propuestas, una de la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que pide al Ejecutivo se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia de Santiago del Estero, fue objetada por el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Conocedor del área, valoró la importancia del INV y preguntó a la autora la finalidad de ese pedido, atendiendo a los problemas presupuestarios del mismo. Como no estaba presente la diputada para defender su iniciativa, se atendió un pedido de Facundo Suárez Lastra de “ver qué opina el Instituto” y verificar si presupuestariamente es viable lo que pide la diputada santiagueña, por lo que se decidió hacer las consultas pertinentes antes de dictaminar.  

Se llegó finalmente al proyecto que presentaba diferencias, que consistía en que la Cámara de Diputados expresara su pesar por el fallecimiento de Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal, que en los 90 fue presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Falleció el pasado 14 de febrero, y el homenaje es impulsado por el diputado del Pro Hernán Berisso.

Tomó la palabra la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, quien compartió con sus pares “algunas omisiones en las que cae el proyecto”. Aclaró que lo hacía “sin desmedro de la persona en cuestión, sin desmedro de que sus familiares, colegas y seres queridos puedan penar su fallecimiento, o incluso sin dejar de considerar sus conocimientos y aportes científicos”, se estaba omitiendo que “fue director del Senasa en el 80, plena dictadura cívico militar, presidencia de Jorge Rafael Videla”. La diputada kirchnerista aclaró que el Senasa recién en 1996 se estableció como un organismo descentralizado, destacó que “la dictadura cívico-militar fue sostenida también por actores de la sociedad civil” y recordó además que ese organismo tiene trabajadores desaparecidos.

“No me parece una omisión menor y lamento que no haya constado en el proyecto de resolución; por eso el Frente de Todos no va a acompañar este proyecto de resolución”, concluyó.

Intervino entonces el diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien aclaró que tenía la disposición de acompañar a su bloque, “si no surge ninguna imputación directa a la acción personal (de Gimeno) que no sea su participación en un período determinado de la historia como funcionario”. De tal manera pidió conocer si había “una imputación directa. Quisiera saber si hay algo más concreto. Por lo que está planteado por Floerncia, me da para acompañar a mi bloque, pero no quisiera acompañar si hay alguna participación directa. Algún cargo específico y concreto”.

Luego de que Florencia Lampreabe aclarara que había quedado “explícito” que el cargo que se le hacía era haber sido “un funcionario designado por la dictadura” y que no estaba haciendo “una imputación directa”, se procedió a la votación.

Quince diputados adhirieron al homenaje -los de los integrantes de Juntos por el Cambio y el exCambiemos Pablo Ansaloni- y 16 negativos, sobre 31 diputados. “El expediente entonces queda en comisión”, señaló el presidente de la comisión, justo cuando el diputado Buryaile le informó que el diputado Alfredo Cornejo reportaba por teléfono su apoyo, pues tenía problemas de conectividad. Como ya había sucedido con la anterior votación, Ruiz Aragón recordó que tanto el mendocino como el resto de los que no habían podido registrar su voto “van a tener todo el día para adherir”.

Sin embargo intervino ahí el subdirector de Comisiones, para aclarar que “si el resultado es que no se dictamina, el proyecto no se va a subir para la firma”. Luego aclaró que el protocolo prevé que el voto se registra “a viva voz o por firma digital”. Y agregó: “Como el proyecto no estaría llegando con la cantidad de firmas”, quedaba archivado. Y respecto de Cornejo, recordó que “tampoco tiene firma digital. En el caso de que no pueda hacer su voto a viva voz, no será registrado”. Buryaile preguntó si no había posibilidad de postergar la firma y el funcionario le aclaró que para subir el proyecto a la plataforma tiene que haber acuerdo.

“Lo que esto está demostrando es que hay gente que quiere votar y no puede, hay que tener en cuenta eso”, apuntó entonces el diputado Pablo Torello, a lo que el subdirector de Comisiones le aclaró que “el protocolo no lo hizo la dirección”.

Ataques a silobolsas

Antes de concluir la reunión de Agricultura y Ganadería, pidió la palabra la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-ARI) para advertir que en esa comisión se estaba obviando el “contexto muy hostil con el sector agropecuario” que se está viviendo y más allá del valor de las iniciativas analizadas no se habían abordado los proyectos de repudio a hechos de vandalismo que se vienen registrando. Eso a pesar de ser casos que van “en contra del Estado”, pues “el 80% de la producción que se vandalizó era para las arcas del Estado. Es importantísimo que esta Cámara repudie lo que viene sucediendo y que el Gobierno ponga los elementos que puedan tener para proteger la vida”.

Se quejó Lehmann también de que el Gobierno había anunciado al mantener las retenciones que habría segmentaciones, pero eso no sucedió. Preguntó entonces cuándo van a reintegrar el dinero que se le está sacando a los pequeños y medianos productores, y concluyó: “Reunirnos en estos momentos y no tocar esos elementos que son de fondo, no es bueno y no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”.

El diputado Javier Campos preguntó entonces si había “alguna razón de fondo” para no hacer lo que pedía su compañera de bancada. Esto es, expresar su repudio hacia lo que son hechos delictivos.

“Usted presenta un proyecto y se trata en la comisión”, le dijo el diputado Ruiz Aragón, a lo que Lehmann volvió a intervenir para insistir en que había varios proyectos presentados a los que no se les había dado lugar para tratar en la comisión. “Bueno, los tratamos en la próxima”, cerró el presidente de la comisión.