El oficialismo enfrentará este jueves una nueva pulseada en el Senado, donde la oposición se dispone a revertir el veto presidencial a la ley que garantiza el envío automático de fondos a las provincias. La sesión incluirá además el tratamiento de iniciativas vinculadas a la salud, la seguridad y la justicia, con fuerte contenido social.
En una nueva sesión cargada de contenido político y social, el Senado debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Se espera que la oposición reúna los dos tercios necesarios para insistir con la norma, en lo que sería un nuevo revés institucional para el Ejecutivo.
Será al día siguiente de una nueva y sonora derrota legislativa, en este caso en la Cámara baja. El tratamiento del veto será el primer punto del orden del día, y todo indica que la Cámara alta repetirá la contundente mayoría alcanzada el 10 de julio, cuando la ley fue aprobada con 56 votos afirmativos y apenas uno en contra.
El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley tras el veto.
Una agenda con fuerte impronta social
Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.
También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.
Por último, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.
La sesión, prevista para las 11, se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió esta semana el rechazo de dos vetos en Diputados. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro golpe institucional en medio de un escenario económico cada vez más inestable.
Un repaso por los apoyos y rechazos que cada norma cosechó en el Congreso, donde la oposición buscará su insistencia. Emergencia Pediátrica, aprobada con más de dos tercios en ambas cámaras.
La autocrítica que Javier Milei prometió realizar tras la derrota en las elecciones bonaerenses no tenía que ver, según lo dicho por él mismo en su discurso, con cambiar el programa económico de su gestión. Y así lo ratificó esta semana, cuando bajo el argumento de que nada ni nadie lo hará correrse del equilibrio fiscal, volvió a vetar leyes que considera van en contramano de ese objetivo.
No importó si los reclamos -tras dos años con presupuesto prorrogado- tienen que ver con causas sensibles: al igual que en discapacidad, al presidente no le tembló el pulso para observar de forma total las normas que preveían financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales (en este caso, por segundo año consecutivo).
Mismo destino, que ya era anticipado, corrió la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, ideada originalmente por los 23 gobernadores y el jefe porteño, aunque en el camino algunos retiraron su apoyo, a través de sus legisladores, por los acuerdos electorales con La Libertad Avanza.
En medio de la campaña electoral, luego de la "paliza" en las urnas para LLA en la provincia de Buenos Aires, y en un contexto delicado para el Gobierno por la causa de presunta corrupción en la ANDIS que salpica a Karina Milei, la oposición buscará en el Congreso insistir con las leyes, para lo cual necesitará los votos de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras.
Al igual que sucedió con la Emergencia en Discapacidad -un veto que logró revertirse-, la Emergencia Pediátrica (Garrahan) tuvo dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario tuvo un resultado más ajustado en la Cámara baja, pero también consiguió dos tercios, igual que en el recinto de Senadores.
Finalmente, la Ley de ATN salió con dos tercios de la Cámara alta, más no alcanzó esta mayoría en Diputados por varios votos.
Nuevamente, quienes estuvieron ausentes, quienes se abstuvieron o quienes cambien su voto, serán clave para inclinar la balanza para un lado u otro.
Aquí, un repaso por cómo fue la votación de cada una de las leyes vetadas:
Garrahan: dos tercios en ambas cámaras
La Ley de Emergencia Pediátrica, que prevé el sostenimiento y financiamiento del Hospital Garrahan, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto.
Los votos positivos fueron 159, cinco por encima de la cifra justa de dos tercios para la cantidad de diputados que había sentados en ese momento. Dentro del lote de voluntades a favor de la ley aportaron 96 de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 11 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.
También votó por el sí la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, con 11. Mientras que el Pro se dividió y hubo 4 de sus integrantes que votaron positivamente: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y María Eugenia Vidal.
Se sumaron en esa ocasión los tres salteños que forman parte de Innovación Federal; los tres tucumanos del bloque Independencia; los dos santacruceños de Por Santa Cruz; el neuquino Osvaldo Llancafilo, del MPN; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; los santafesinos Mario Barletta (Unidos) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe); y la mendocina Lourdes Arrieta (Transformación).
En tanto, los 67 negativos fueron 37 de La Libertad Avanza junto a 4 de sus socios de Liga del Interior; 23 del Pro; Cecilia Ibáñez -en ese momento era del MID, ahora volvió a LLA- y Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad.
Las 4 abstenciones correspondieron a los chubutenses Jorge Ávila, de Encuentro Federal, y Ana Clara Romero, del Pro, quienes responden al gobernador Ignacio "Nacho" Torres. También se abstuvieron el porteño Ricardo López Murphy (RU) y la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).
Dentro de la veintena de ausentes -fueron 26 en total-, el Pro registró 6: Karina Bachey, Gabriela Besana, Sergio Capozzi, Luciano Laspina, Silvia Lospennato y María Sotolano.
Por su parte, por Innovación Federal no estuvieron cuatro misioneros y un rionegrino, que reportan a sus respectivos gobernadores.
En la UCR se ausentaron el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay; mientras que por Encuentro Federal lo hizo el entrerriano Francisco Morchio. Todos responden a sus gobernadores, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, respectivamente, quienes tienen acuerdos electorales con LLA en sus provincias.
Parte de LLA en ese momento, estuvo ausente Marcela Pagano, que ya rompió con el oficialismo. Tampoco estuvieron esa vez la tucumana Paula Omodeo y dos radicales "peluca" de Liga del Interior, todos del interbloque LLA.
El resto de las ausencias fueron 2 del MID, 2 de Unión por la Patria, 1 de Democracia para Siempre, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Futuro y Libertad.
Por amplísima mayoría, la ley se sancionó en el Senado el 22 de agosto con 62 votos afirmativos y 8 negativos, que fueron de seis libertarios, el formoseño -vuelto al mileísmo en su territorio- Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. En tanto, estuvieron ausentes el jefe del bloque Pro, Alfredo De Angeli, y el salteño Juan Carlos Romero.
Financiamiento universitario: más ajustado en Diputados y amplísima mayoría en Senado
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo corazón es la actualización de los salarios de docentes y no docentes, consiguió con lo justo los dos tercios de los presentes en la Cámara de Diputados, donde se votó el 6 de agosto y cosechó 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. El oficialismo quedó a dos votos de alcanzar el tercio de los presentes.
Gran parte del caudal de votos a favor lo aportaron las bancadas de la oposición: Unión por la Patria con 96, Encuentro Federal con 14, Democracia para Siempre con 11, la Coalición Cívica con 6 y el Frente de Izquierda con 5, Mario Barletta de Unidos; Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe, Osvaldo Llancafilo del MPN; y el santacruceño Sergio Acevedo.
Respecto a los aliados del oficialismo, votaron afirmativamente 11 de los 14 integrantes del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, quien también avaló con su voto; los tres tucumanos del bloque Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; los tres salteños de Innovación Federal que responden al mandatario Gustavo Sáenz; tres del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González); Lourdes Arrieta de Transformación; y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo, cercana al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
Sin sorpresas, los 75 votos negativos fueron 38 de La Libertad Avanza; 27 del Pro; 5 de Liga del Interior; la tucumana Paula Omodeo; la santafesina Verónica Razzini, de Futuro y Libertad; el santacruceño José Luis Garrido; el fueguino Ricardo Garramuño; y la cordobesa Cecilia Ibáñez.
Por otro lado, las cinco abstenciones fueron de la santafesina Germana Figueroa Casas, la chubutense Ana Clara Romero y la puntana Karina Bachey, del Pro; el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal -alineado al gobernador Rogelio Frigerio-; y de Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.
Respecto de los 18 ausentes, cinco fueron de Innovación Federal, los cuatros misioneros que responden a Hugo Passalacqua y el rionegrino Agustín Domingo; el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la UCR; el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santafesino Gabriel Chumpitaz; Martín Arjol de Liga del Interior; Eduardo Falcone y Oscar Zago del MID; la sanjuanina María Ángeles Moreno; Silvia Lospennato del Pro; dos integrantes de Unión por la Patria y Marcela Pagano.
En esta ocasión, LLA había tenido ausente a Pagano, pero en los votos en contra habían estado Carlos D'Alessandro y Gerardo González, todos hoy dentro del bloque Coherencia y con relación rota con el oficialismo.
En cuanto al Senado, donde la norma se sancionó el 21 de agosto, los votos fueron 58 afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.
Además de los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, votaron a favor 12 de 13 integrantes del bloque radical; 4 de Provincias Unidas; 2 del Pro, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; los dos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; y los dos misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Por su parte, votaron en contra Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero de LLA; el misionero Martín Goërling Lara y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del Pro; y la santafesina Carolina Losada, de la UCR.
Finalmente, el salteño Juan Carlos Romero, de PU; y las senadoras del Pro Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut) se abstuvieron. Alfredo de Angeli y Francisco Paoltroni fueron los ausentes.
ATN: dos tercios en la cámara de origen y lejos en la otra
La ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de "forma automática y diaria" salió del Senado en la sesión ordinaria del 10 de julio por 56 afirmativos y 1 negativo.
Los votos a favor correspondieron 34 a UP, 8 de la UCR, 4 del Pro, 3 de Provincias Unidas, 2 del Frente Renovador de la Concordia Misionero, 2 de Por Santa Cruz, la tucumana Beatriz Ávila y la rionegrina Mónica Silva. En tanto, el único voto en contra fue del cordobés Luis Juez.
Los 15 ausentes en esa jornada fueron 6 de LLA; 5 de la UCR; 2 de Provincias Unidas; 1 del Pro y 1 de Libertad, Trabajo y Progreso.
Al votarse en la Cámara de Diputados el 20 de agosto, la norma salió aprobada, pero quedó 21 votos abajo de los dos tercios de los presentes.
Los votos a favor fueron 143: 95 de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 8 de Innovación Federal, 3 de Independencia, 3 del Pro, 3 de la UCR, 2 de Por Santa Cruz, 2 del MID, 1 de Transformación, 1 de Unidos, 1 de Defendamos Santa Fe, más Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro, quienes ese día rompieron con LLA.
Por su parte, los 90 en contra fueron 35 de La Libertad Avanza, 31 del Pro, 10 de la UCR, 4 de Liga del Interior, 2 de Futuro y Libertad, 2 de Producción y Trabajo, 1 de CREO, 1 de Somos Fueguinos, la exMID Cecilia Ibáñez y Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. También votaron negativamente los entrerrianos Francisco Morchio, de Encuentro Federal, y Marcela Antola, de Democracia para Siempre, alineados al gobernador Frigerio.
Las abstenciones fueron 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y una del Pro, de la chubutense Ana Clara Romero.
Finalmente, los ausentes fueron una docena: 3 de UP, 2 de DpS, 2 de Liga del Interior, 2 de LLA (uno fue Gerardo González, hoy en Coherencia), 1 EF, 1 UCR y 1 MPN.
Distintas voces cuestionaron el tercer veto de Javier Milei a leyes que salieron del Congreso recientemente. En este caso, la que preveía recursos para las provincias.
Los gobernadores, impulsores del proyecto de ATN, durante una Asamblea Legislativa
Confirmado el tercer veto -en dos días- del presidente Javier Milei a una ley del Congreso, en este caso la que preveía el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, distintas voces se sumaron a las críticas hacia el Poder Ejecutivo, resaltando sobre todo lo "contradictorio" entre esa decisión y la convocatoria al diálogo con gobernadores.
"Sigue sin entender nada: @JMilei vetó la ley de distribución de ATN dándole la espalda a las provincias. ¿Así pretende convocar al diálogo a los gobernadores? @ProvUnidasAr viene a romper con este esquema centralista y autoritario. Queremos un país verdaderamente federal", fue el mensaje del senador radical Pablo Blanco.
También desde el Senado, cámara de origen de la ley, la cordobesa Alejandra Vigo resaltó que "el presidente vetó la ley de redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa acompañada por los 24 gobernadores".
"Lo paradójico es que, mientras convoca a una mesa de 'diálogo político' con las provincias, al mismo tiempo les niega la certeza de contar con los recursos que les pertenecen por Constitución", señaló.
La legisladora del interbloque Provincias Unidas sostuvo que "Córdoba, como cada provincia, necesita que esos fondos lleguen sin discrecionalidad para que municipios y comunas puedan sostener la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Sin recursos, nada de eso se sostiene. Sin federalismo real no hay futuro posible para la Argentina".
"El gobierno no reacciona a la derrota del domingo. Dicen que van a convocar a gobernadores. Pero para la foto. En dos días ya dio su tercer veto, ahora a la Ley de ATN, retiene recursos y bloquea obras. Esto no es gestión: es castigo a las provincias", aseguró la diputada de Democracia para Siempre Marcela Coli.
En tanto, el candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana recordó que "el Congreso votó una ley justa para que los ATN se distribuyan entre las provincias de manera transparente", sin embargo "Milei la vetó para seguir manejando discrecionalmente los recursos y castigar a los gobernadores que no se arrodillan: un atropello al federalismo".
"El gobierno nacional se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias. Por eso vetó la ley de ATN. Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa", remarcó el cordobés Juan Schiaretti.
El exgobernador y candidato a diputado por Provincias Unidas expresó que "la Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo" y "el centralismo condiciona a gobernadores e intendentes". "Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina", completó.
La tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento escala con los vetos a leyes sensibles. Mientras Diputados aún no acuerda fechas para sesionar, el Senado ya se encamina a tratar el rechazo al veto sobre los Aportes del Tesoro Nacional.
La pulseada entre el Gobierno y la oposición en el Congreso suma nuevos capítulos con la serie de vetos que salieron de la Rosada sobre el cierre de esta semana. Puntualmente los de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, que salieron entre miércoles y jueves; y el que rechaza la modificación de la ley que rige la distribución de Aportes del Tesoro Nacional, publicado este viernes.
Hay una diferencia entre las tres leyes: las dos primeras tuvieron inicio en Diputados, mientras que la ley promovida por los gobernadores arrancó por el Senado. De tal manera, Financiamiento Universitario y la ley más conocida como Garrahan deberán ser tratadas primero en Diputados, mientras que la de ATN en la Cámara alta.
En la Cámara de Diputados se vienen haciendo especulaciones desde que se conoció el primero de los vetos, al caer la tarde del miércoles. Por lo pronto, los bloques opositores que monitorean la reacción ante el veto no se ponen de acuerdo. Este jueves se habló insistentemente de la posibilidad de pedir una sesión para el miércoles que viene a fin de tratar sendos vetos. Se dijo incluso que el pedido saldría entre jueves y viernes.
Lo cierto es que, según pudo verificar parlamentario.com, la demora en el pedido para sesionar es la falta de acuerdo sobre las fechas. Democracia para Siempre, el bloque de los radicales disidentes que encabeza Pablo Juliano, piensa en hacer una sesión el miércoles 17 de septiembre para ir con la insistencia de los dos vetos: tanto Garrahan como universidades.
El bloque Unión por la Patria analiza en cambio otra postura. En principio piden dos fechas: el 17, para tratar el veto a la Emergencia Pediátrica, y el 24 de septiembre universidades. Están debatiendo en esa bancada qué hacer y mantienen contacto permanente con DpS para resolver qué es lo más conveniente. Por eso todavía no se ha pedido una sesión para la semana próxima.
En el Senado, en tanto, analizarán en las próximas horas y en contacto con los gobernadores cuándo tratar el veto a la Ley de ATN. Allí es más fácil rechazar el veto, lo tienen claro. Pero ya antes de la última sesión habían esbozado la idea de sesionar el 18 de septiembre, no solo sobre vetos, sino otras cuestiones pendientes también.
Con tres vetos sobre la mesa y una oposición que aún no logra articular una respuesta unificada, el Congreso se convierte en el próximo campo de batalla entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas que buscan marcarle límites. La pulseada no solo pone a prueba la cohesión de los bloques, sino también la capacidad del Parlamento para ejercer su rol frente a un gobierno que no duda en usar el bolígrafo presidencial. Lo que ocurra en las próximas sesiones será clave para medir el verdadero peso de la oposición en esta etapa del mandato.
En el marco de la sesión de este miércoles, la Cámara baja aprobó la iniciativa promovida por los gobernadores, para quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
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El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Miembro informante del dictamen de mayoría, el pampeano Ariel Rauschenberger sostuvo que “son fondos de las provincias los que estamos tratando de reasignar”, a los efectos de que “esos recursos lleguen a las provincias de manera automática y no como ahora”.
El diputado de Unión por la Patria habló de un “derrotero” del Gobierno nacional que “quiso fundir” a las provincias, “paralizando la obra pública, quitándole recursos, las transferencias automáticas”, y advirtió que el actual es “el segundo peor semestre de los últimos 20 años”.
“Las transferencias automáticas mejoraron” este año, con relación a 2024, cuando fueron bajísimas, aclaró, “pero no recuperaron el nivel relativo de 2023. Se ha retirado el Gobierno de la obra pública y esto significa que las provincias tengan que asignar mayor presupuesto” para suplir a la Nación.
Rauschenberger sostuvo que “este es un Gobierno nacional que se borra”, y advirtió que “hay fondos, que son los ATN, que están sin utilizar, y que este proyecto pretende reasignar de manera automática”. Aseguró que “en este Gobierno pasamos de la discrecionalidad a la discrecionalidad más la arbitrariedad”.
Al respecto señaló que 2024 tuvo el menor nivel de distribución de los ATN, con apenas un 7,3%; mientras que este año se está dando el 20%, lo cual promedia un 12,7%, “el más bajo de los últimos 20 años”.
Denunció además un “equilibrio fiscal ficticio” de un gobierno que “está usando los fondos de las provincias para lograrlo”. Y se quejó de “falta de diálogo, falta de recursos”, como así también de no tener presupuesto por decisión del Gobierno nacional. “Parece que le gustó el Gobierno anterior, porque viene gobernando con el Presupuesto de 2023”, cerró.
A continuación la diputada catamarqueña Silvana Ginocchio habló de “una legítima demanda; hay una fluctuación y una caída de los recursos coparticipables”.
Criticó la falta de presupuesto y advirtió que “también enfrentamos una fatal discrecionalidad respecto de los ATN creados por ley con un fin determinado. “Hay drásticos recortes, dramáticos ajustes que tienen que ver con el FONID, una obra pública cero, cero infraestructura para la Nación. La salud, universidades, la cultura, nuestros discapacitados… El Estado nacional se ha retirado en aras de un equilibrio fiscal que no es tal”.
Desde el oficialismo, el salteño Carlos Zapata se remontó en la historia para explicar la manera como se distribuyeron a lo largo del tiempo los fondos entre las provincias, hasta llegar a la Ley 23.548, de Coparticipación. Una ley que definió como “provisoria”, de la que sale la figura de los ATN, que tienen una finalidad que es la de atender las necesidades financieras de las provincias y sus emergencias.
Cargó contra la justicia social, que consideró que se ha constituido en “un factor de atraso” y cuestionó al “Estado presente”, basado en mayores impuestos. “En todo este esquema se transformó en una especie de bandera y quienes decían combatir el capital terminan compartiendo el capital en base a la corrupción”, criticó.
Defendió el dictamen de minoría, que dijo respeta el texto de la ley, agregando que la parte no ejecutada de la porción que le corresponde a los ATN se distribuye al año siguiente el sobrante no utilizado y no aplicado, señaló, considerando que es “una medida superadora”.
También hizo uso de la palabra el diputado Juan Manuel López, quien atribuyó a los ATN la función de “comprar” gobernadores y se preguntó si no fue utilizado esta misma noche con ese fin. “Sería bueno quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno”, dijo, señalando que el dictamen de la minoría asigna al Congreso la tarea de destinar esos fondos, como ya se hizo por ejemplo con los fondos que quisieron destinarse a Bahía Blanca.
López vinculó el uso de los ATN con maniobras como la que dijo que acababa de ocurrir en el recinto con el debate sobre el aumento a las jubilaciones. Y lo mismo dijo quien le siguió en el uso de la palabra, Christian Castillo. “Es cierto que los poderes ejecutivos usan discrecionalmente los ATN para premiar amigos y ‘despremiar’ (SIC) a aquellos gobiernos que los tienen circunstancialmente como adversarios”, dijo. Cosa que le atribuyó al Gobierno de Javier Milei.
Defendió entonces el dictamen que presentó la izquierda que establece que “los fondos tienen que tener la asignación específica de ir a los salarios de los docentes, los trabajadores de la salud, de ir a los trabajadores del sector público provincial y municipal de cada provincia. No que estos gobernadores del FMI, anti jubilados, dejarles la mano libre para que hagan lo que quieran. Y que la parte de la Nación no vaya para que Milei la use para pagarle al FMI, sino que vaya para la universidad pública y los hospitales de la Nación”.
La última oradora fue la libertaria Mercedes Llano quien apuntó: “Asistimos a la introducción de un nuevo parche del federalismo ficticio, que ha disfrazado y materializado el actual unitarismo”.
“La persistente puja de distribución entre Nación y provincias deja al desnudo la tergiversación y la fragilidad de nuestro actual sistema federal. Un federalismo que se vio desnaturalizado por un largo proceso de absorción de las autonomías provinciales por parte del Gobierno nacional”, planteó.
En esa línea, criticó: “La coparticipación ha materializado una relación injusta, de discrecionalidad, subordinación de las provincias a la administración central. El resultado de este nefasto sistema fue la institucionalización de un estado macro encefálico ante provincias que gastan irresponsablemente por arriba de lo que generan. Esto se soluciona con la eliminación de la coparticipación".
La Cámara baja inició una maratónica jornada legislativa con el tratamiento de los vetos presidenciales a leyes de alto impacto social. Guillermo Francos volvió a criticar con dureza a la oposición, mientras se define si el Congreso logra revertir por primera vez una decisión de Javier Milei.
A las 12.16 y con la presencia de 136 diputados, la Cámara baja alcanzó el quórum y ya está sesionando para tratar los vetos del presidente Javier Milei a cuatro leyes clave: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. La sesión se desarrolla en medio de una fuerte tensión política y social, con movilizaciones en las afueras del Congreso.
El tema del quórum llegó a ponerse en duda poco antes de la hora de inicio de la sesión, al punto tal que por problemas con los vuelos la oposición le pidió al presidente de la Cámara modificar la hora de inicio, pasarla de las 12 a las 13, cosa que Martín Menem no aceptó. Sin embargo, finalmente la oposición no uvo inconvenientes para reunir el número para arrancar la sesión.
Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos endureció su discurso en las horas previas. En diálogo con Radio Mitre, calificó de “poco serio” que se avance en el tratamiento de proyectos sin dictamen de comisión, y acusó a los legisladores opositores de actuar con fines electorales: “Quieren hacerle daño al Gobierno porque ven que está fuerte en el consenso popular”.
Francos también advirtió sobre el impacto fiscal de las iniciativas: “No tenemos recursos para esto, salvo que emitan dinero, que tampoco vamos a aceptar. Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario”.
La sesión incluye además otros proyectos impulsados por gobernadores, como la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), así como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.
La oposición, que logró reunir los diputados necesarios para iniciar el debate, confía en revertir al menos dos de los vetos: el de la emergencia en discapacidad y el del aumento jubilatorio. La moratoria previsional aparece como el punto más difícil de sostener, mientras que el proyecto para Bahía Blanca podría definirse en una votación ajustada.
En paralelo, organizaciones sociales, gremios y familiares de personas con discapacidad se movilizan frente al Congreso, exigiendo que se rechacen los vetos y se restituyan los beneficios eliminados por el Ejecutivo.
La jornada se perfila como una de las más intensas del año legislativo, con votaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Gobierno. Si se logra revertir alguno de los vetos, será la primera vez que el Parlamento imponga un revés directo a la gestión de Javier Milei.
La oposición convocó a una sesión para este miércoles 20 de agosto con un temario cargado y polémico: vetos presidenciales, la criptomoneda $LIBRA, proyectos de gobernadores y hasta el huso horario. Si logra el quórum, será una jornada clave en Diputados.
Muchos pensaron que, al transcurrir el último día hábil de esta semana sin que la oposición convocara a sesionar este miércoles 20 de agosto como se venía especulando, ya no habría sesión esta semana. Pero este viernes no era feriado, sino no laborable… y el pedido de sesión llegó al caer la tarde.
Con las firmas de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), la oposición pidió sesionar el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar sobre nueve temas, entre los que se destacan el rechazo a los últimos 4 vetos presidenciales y el proyecto que permitirá destrabar la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, como así también los dos proyectos de los gobernadores. Como se ve, será una sesión para alquilar balcones, siempre y cuando la oposición logre reunir el quórum.
Teniendo en cuenta los bloques convocantes (UP, EF, DpS y CC), más la izquierda, la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados; pero ya se sabe que por estos días las matemáticas no son tan confiables en el Congreso. Aunque más allá de bajas propias, también la oposición podrá contar con algunos radicales (en este pedido de sesión firmó el radical jujeño Jorge Rizzotti), y figura el cambio de huso horario que promueve otro radical, Julio Cobos, con lo que se sabe que podrían sumarse más legisladores. Se verá.
Un temario amplio y diverso
Contra todos los pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Y también fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en el Senado.
Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen la última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento a las comisiones para tratar tres proyectos para modificar el huso horario durante el período invernal.
Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el diputado cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora el oficialismo ni siquiera activó en las comisiones.
Pedido Sesión Especial 20 de agosto 2025.docxSe trata de una de las dos iniciativas que impulsan los mandatarios provinciales y que fue debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hubo además tres despachos de minoría, entre ellos una propuesta del oficialismo.
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (Foto: HCDN)
El proyecto de ley que prevé el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional hacia las provincias recibió dictamen este miércoles en la Cámara de Diputados. Pese a ser avalado en un principio por todos los gobernadores, hubo dos que dejaron plasmado su retiro con la firma de sus diputados en un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo, que puso sobre la mesa su propia propuesta.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se abrió tras ser emplazada en la última sesión. El libertario la había citado con anterioridad, pero en el emplazamiento se dispuso que durante la reunión se emita despacho.
El proyecto va de la mano con otro, reclamado también por los mandatarios provinciales, que tiene que ver con la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que se tratará en Presupuesto junto a la Comisión de Energía y Combustibles.
De los 46 presentes en la comisión, 27 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal (sus representantes de Salta y Misiones) suscribieron el despacho de mayoría, que ratifica la media sanción. Pero hubo además tres de minoría.
Por su parte, La Libertad Avanza junto a sus aliados del Pro, el radical mendocino Lisandro Nieri -que responde al gobernador Alfredo Cornejo, socio electoral del partido violeta- y la sanjuanina Nancy Picón Martínez -bajo las órdenes del gobernador Marcelo Orrego- presentaron un dictamen propio.
También fueron con sus respectivos despachos la Coalición Cívica, presentado por Juan Manuel López; y el Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.
El dictamen de mayoría prevé que estos recursos se repartan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación e indica que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
En tanto, la propuesta del oficialismo, que no fue defendida por ningún diputado libertario, sino únicamente mencionada por la bullrichista Laura Rodríguez Machado, establece que la redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron”.
Durante la reunión, el diputado Ariel Rauschenberger (UP) señaló que los ATN se trata de “fondos que son de las provincias” y “no se están ejecutando”. “Los distintos gobiernos no han ejecutado la totalidad de estos recursos, pero en el caso del gobierno actual la no ejecución es la más baja de la historia y también lo que ha crecido es la discrecionalidad”, apuntó. En ese sentido, precisó que “hay ocho provincias que no han recibido ningún tipo de aporte durante 2024 y 2025” por este concepto, entre las cuales está La Pampa, de donde él proviene.
El opositor defendió que los gobernadores impulsan esta ley “ante el desfinanciamiento que están sufriendo y las necesidades que han tomado ante el retiro del Estado nacional de atender ciertas cuestiones”. Por eso, “es procedente que estos recursos se distribuyan”, dijo.
Además, el legislador aseguró que este proyecto “no afecta el equilibrio fiscal; son fondos que están retenidos para sostener un superávit ficticio”.
Tras una larga exposición, el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), subrayó que “no es que no hay plata, el tema es que el Gobierno elige a quién se la da y a quién se la quita. Plata hay. Y tiene que quedar clarito. Se la niega a los jubilados, a las universidades, a las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo le baja las alícuotas a las retenciones de productos agropecuarios, establece la eliminación de retenciones de minería y bajó impuestos internos para autos de hasta 75 millones. También aumentó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría mientras baja Bienes Personales”.
“Es mentira que no hay plata, hay que buscarla donde está y utilizarla para las cosas que hacen falta”, insistió el porteño, al advertir que “si no se cambia el rumbo, lo que viene es peor”, respecto a una eventual eliminación de ciertos impuestos. De acuerdo a la lógica del presidente Javier Milei, “si se bajan 7,6% los ingresos, hay que bajar 7,6% más los gastos; hay que seguir despidiendo, hay que seguir cerrando reparticiones y seguir en la misma línea que este Gobierno viene trabajando”, explicó.
Aliada de La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) criticó los argumentos de la oposición y cargó: “Si hay un gobierno que en este país tuvo transferencias discrecionales de los ATN, que se utilizaron para disciplinar a las provincias, que se utilizaron para conseguir esos votos o apoyos políticos que necesitaban, y a las provincias que no eran del palo no se les transferían recursos, fue el kirchnerismo”.
“Utilizaron los fondos de los ATN para disciplinar a gobernadores, pero cuando no son gobierno quieren eliminar los fondos de ATN porque los tienen que utilizar los gobernadores o no”, insistió la bullrichista y expresó que con esta modificación “le estarían quitando una herramienta a un Gobierno que hasta ahora ha demostrado que (a estos fondos) los ha utilizado para las emergencias; probablemente por eso haya subejecución, porque no es para disciplinar”.
El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (CC), observó que “estamos ante un nuevo parche en esta estructura tributaria que hay que mejorar, y que provincia y Nación muestran distintas medidas de fuerza y ahora el Gobierno hace una propuesta”. “Da la sensación que este Gobierno utilizó los ATN para disciplinar, pero al mismo tiempo los tiene subejecutados, es decir, hay plata que hay que distribuir”, remarcó.
Y defendió el despacho de su espacio, que propone que “estos fondos se distribuyan como viene en la media sanción del Senado, pero que cuando haya situaciones como las que prevé la Ley de Coparticipación para los ATN las determine el Congreso, para que la discrecionalidad que ocurrió con todos los gobiernos deje de suceder”.
Al explicar el dictamen de la izquierda, el legislador Christian Castillo (FIT) indicó que la propuesta de su espacio consiste en que “la coparticipación de los fondos de los ATN tenga asignación específica tanto en lo que hace al Gobierno nacional como los provinciales”, de manera que los fondos “vayan para aumentar salario a los docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la administración pública, excepto las fuerzas de seguridad” y también para atender emergencias ígneas e hídricas.
El objetivo es que los gobernadores “no tengan esos fondos para hacer lo que quieran”. “¿Por qué darle un cheque en blanco a gobernadores que hacen lo que quieren?”, agregó.
Durante el debate, la diputada Danya Tavela (DpS) planteó: “La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de presupuesto por decisión del Gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio, y cuando se han visto recuperadas ha sido porque algún diputado o senador de esa provincia votó tal o cual artículo o acompañó el veto de tal o cual ley que ayudaba a todos los argentinos; hay que hacerse cargo. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Y cuarto, porque la obra pública está paralizada”.
“Creo que este proyecto es un límite a la discrecionalidad, de la que han hecho uso y abuso todos los gobiernos en los últimos años”, manifestó la radical y afirmó que con esta ley se establecen “criterios que garanticen el federalismo, la equidad y la eficacia del gasto público”.
Será este miércoles en sendas reuniones previstas para las 12 y las 16. Se trata de una ley sobre los ATN y otra que coparticipa de manera distinta a la actual el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
A instancias de los emplazamientos dispuestos en la sesión del miércoles pasado en Diputados, se tratarán este miércoles los proyectos de ley impulsados por los gobernadores.
El primero de los temas será tratado solo por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, y tiene que ver con la ley que regula la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Será tratada a partir de las 12 del mediodía.
El proyecto sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
A partir de las 16 será el turno del impuesto a los combustibles. En este caso se reunirán las comisiones de Presupuesto y de Energía y Combustibles, que preside la rionegrina Lorena Villaverde.
En este caso el proyecto establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto, propone que sea distribuido en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
La Cámara baja se prepara para una intensa agenda legislativa este martes y miércoles, con seis comisiones convocadas tras los emplazamientos votados en la última sesión.
Arranca una semana que representará una continuidad de la sesión muy adversa para el oficialismo que se realizó en Diputados el miércoles pasado. Es que de las 12 derrotas consecutivas que experimentó La Libertad Avanza en el recinto ese día, cinco correspondieron a emplazamientos que se concretarán entre martes y miércoles.
Lo cual le dará entonces una centralidad especial a la actividad legislativa de los próximos dos días en la Cámara baja, infrecuente tratándose de la semana previa a un cierre de listas. Pasa que es uso y costumbre que en las semanas en que hay un feriado la actividad se resienta en el Congreso, dado que muchos legisladores del interior tienden a no viajar a Buenos Aires; pero sobre todo tratándose de una fecha clave de cara a las elecciones del 26 de octubre, los legisladores prefieren quedarse en sus distritos para estar cerca de la confección de las nóminas que se presentarán.
No es el caso entonces de lo que sucederá estos días, dado que por lo menos los diputados integrantes de seis comisiones deberán estar a disposición y en Buenos Aires este 12 y 13 de agosto.
Atendiendo la cuestión de los vuelos y para evitarse contratiempos en la materia, la primera de esas comisiones convocadas el viernes pasado tendrá lugar este martes recién a las 17. Se reunirán entonces las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la diputada del Pro Silvia Lospennato. Es la única de las convocatorias hechas el miércoles pasado que no incluyen a Presupuesto y Hacienda, y será para considerar el expediente presentado por un grupo de diputados de buena parte de la oposición, encabezados por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), a los efectos de tratar un proyecto que buscará permitir que se destrabe la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA. Esto es, que puedan ser elegidas sus autoridades y comience a trabajar.
El emplazamiento en este caso se consiguió con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones. El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma.
La actividad en materia de comisiones emplazadas se reanuda al día siguiente, más precisamente a las 10.30 del miércoles, con un plenario de Acción Social y Salud Pública, comisión que encabeza el tucumano Pablo Yedlin, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, quien ya tiene asegurado el primer lugar al frente de la lista Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero que por lo menos estos dos días desatenderá la campaña en el principal distrito del país. La reunión será en el Anexo C, segundo piso, y allí se analizará el proyecto que crea el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral. Este proyecto impulsado por el diputado Facundo Manes cuenta ya con dictamen de la Comisión de Salud, y atiende la situación mental de aquellas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A través del mismo se establece la creación de un "Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)", orientado fundamentalmente a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas.
Luego a las 12 del miércoles, se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda solamente para cumplir con el emplazamiento correspondiente a la modificación de la Ley 11.672, complementaria permanente de Presupuesto, que es una de las iniciativas impulsadas por los gobernadores y en este caso tiene que ver con el reparto de ATN.
A las 14, será el turno de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que encabeza Daniel Gollán (UP) y la de Presupuesto, a fin de tratar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector científico. Se trata de un tema que tiene dictamen de la primera comisión citada desde hace más de un año.
Finalmente a las 16, se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles, que preside la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, a fin de tratar una iniciativa referida al impuesto a los combustibles, que establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Como se ve, hay un cronograma muy apretado de reuniones, por lo que deberán extremar recaudos para atenerse a los tiempos. Esto es, será conveniente, al menos para la oposición, ceñirse a emitir dictámenes, cuestión de dejar los temas habilitados para una próxima sesión, probablemente para la semana venidera.
Durante la sesión en Diputados se aprobaron los emplazamientos de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles, que igualmente el oficialismo se había anticipado en citar.
Oscar Agost Carreño al plantear el segundo emplazamiento, para el miércoles que viene a las 16.
Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se aprobaron los emplazamientos de comisiones para el debate de los proyectos impulsados por todos los gobernadores sobre el reparto de fondos hacia las arcas provinciales.
La iniciativa referida a los ATN se tratará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12; mientras que la que tiene que ver con el impuesto a los combustibles líquidos se discutirá en un plenario de Presupuesto junto a la de Energía y Combustibles ese mismo día, pero a las 16. Las reuniones serán en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.
Ambas comisiones están presididas por el oficialismo, con José Luis Espert en Presupuesto y Lorena Villaverde en Energía.
Antes del arranque de la sesión, La Libertad Avanza se anticipó en la convocatoria y Espert oficializó las correspondientes citaciones. Sin embargo, la oposición insistió con que el pleno vote los emplazamientos -para ese mismo día y horario- y quede claro que los encuentros tendrán el objetivo de firmar dictamen.
Luego de la aprobación de la ley de financiamiento universitario, el jefe de LLA, Gabriel Bornoroni, sugirió retirar las mociones de emplazamiento del temario porque, ante la convocatoria, “quedaría en abstracto”. “Solicito que se levanten estos puntos del orden del día porque ya hemos citado a las dos comisiones para que estos temas sean tratados”, dijo.
Miguel Pichetto, presidente de Encuentro Federal, consideró que el emplazamiento no estaba “de más” ya que “hay un requerimiento de los gobernadores, una mirada federal respecto al tratamiento de estos temas que son muy sensibles a las provincias, por lo tanto, me parece bien que hayan convocado, pero también que ratifiquemos en una sola votación los emplazamientos”.
Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, mencionó que tenían redactada la moción que “no solamente plantea el día y horario, sino el momento de emisión del dictamen, que es lo más importante”. “Que quede como una resolución del cuerpo es lo importante”, afirmó.
En la misma línea, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal expresó: “Yo no tengo confianza en el comportamiento del presidente de la Comisión de Presupuesto”. Y habló de que se corría “el riesgo” de que “hoy se convoque y unas horas antes la deje sin efecto”.
A su turno, el titular del Pro, Cristian Ritondo, coincidió con que se ratifique la citación, pero pidió que se traten los dos emplazamientos juntos. “No estamos de acuerdo en modificar el orden del día”, rechazó Carbajal y agregó: “Cuando llegue el momento de tratar el otro tema, lo trataremos”.
Finalmente, el diputado de UP Ariel Rauschenberger leyó la moción de emplazamiento para el primer proyecto, referido a ATN, y defendió: “No genera costo fiscal para el Estado nacional porque son fondos de las provincias, reafirma el federalismo y le devuelve a las provincias parte del dinero que están necesitando, ante el desfinanciamiento al cual las está sometiendo el Gobierno nacional”. Así, el emplazamiento de Presupuesto y Hacienda para el miércoles a las 12 se aprobó a mano alzada.
A continuación, Silvana Giudici planteó que era “ridículo” no tratar el otro emplazamiento para ese momento y pidió que se lo adelante. Carbajal insistió con que se siga con el orden del día. La moción de la diputada del Pro resultó rechazada y la del formoseño, aprobada. Así, el emplazamiento al plenario de Presupuesto y de Energía y Combustibles quedó para después del debate de la emergencia pediátrica. También se avaló a mano alzada.
Los proyectos, avalados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, tuvieron media sanción en el Senado por 56 votos a favor y 1 en contra -del cordobés Luis Juez-.
Los textos habían ingresado con la firma de 10 senadores de Unión por la Patria, UCR, Pro y bloques provinciales el 2 de julio y se llevaron directamente al recinto el pasado 10 de julio. Durante la sesión se habilitaron sobre tablas, con dos tercios de los votos.
La iniciativa sobre el impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto, propone que sea distribuido en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, el proyecto sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
El jefe de Gabinete aseguró que “no se pueden solucionar los agujeros negros de la economía”, y planteó: “No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa de emitir dinero”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó este martes cuándo vetará el presidente de la Nación las leyes de jubilaciones y discapacidad que aprobó el Congreso, y afirmó que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.
“Es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, que se emita dinero sin problemas, eso es muy fácil. Pero inmediatamente replica en una inflación desbocada, como pasó en la última parte del Gobierno anterior y en distintos gobiernos de la Argentina”, subrayó.
Francos adelantó que también serán vetados los proyectos de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles, aprobadas en el Senado, "si llegan a ser convertidas en ley por la Cámara de Diputados”.
“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar”, anticipó y sumó: “Al igual que toda iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, en declaraciones a Radio Splendid.
El funcionario agregó que la sociedad argentina “está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica, como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del ‘23”.
Los índices de pobreza
En esa línea, Francos expresó que “el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados, porque además de la inflación, asumimos el Gobierno con más del 50% de pobreza y hoy la pobreza está en el 31%”.
“Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante Gobierno”, aseveró y sostuvo que “si esta política seria se continúa en el tiempo y la lidera como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista”.
Tras destacar que esta disminución de la pobreza “no es un tema menor”, la atribuyó además de a la política antiinflacionaria, a “las políticas sociales que implementó el Gobierno, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elemento para ganar dinero”.
El jefe de Gabinete recalcó: “Hoy las ayudas a los sectores vulnerables llegan directamente a las personas carentes de recursos, como la Asignación Universal por Hijo que se ha incrementado fuertemente”.
Sin embargo, Francos advirtió que sin recursos “no se puede inventar ni se puede solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura, pero el desastre de infraestructura del país no la generó este Gobierno, lleva mucho tiempo y no es lo único que está roto”. “No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa, de emitir dinero”.
Finalmente, Francos respondió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien lo calificó como “imbécil” por sus declaraciones sobre un “golpe institucional” del Senado al aprobar las leyes de jubilaciones y discapacidad, y señaló: “Los imbéciles ven a todos de su misma condición”.
Se trata de iniciativas que modifican la distribución de ingresos entre Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de aprobar el tratamiento sobre tablas, la Cámara alta alcanzó la media sanción de forma unánime.
Después de haber conseguido habilitar por mayoría especial el tratamiento de los proyectos impulsados por los gobernadores, la oposición en el Senado consiguió aprobar sendos proyectos relacionados con la distribución de fondos entre las provincias.
Antes de votar, para evitar eventuales planteos del oficialismo, la Cámara se declaró previamente en comisión. Lo explicó José Mayans: “Como vemos cómo están jugando con cartas sucias, para prevenir, vamos a pedir que se haga el despacho del Cuerpo y se pase a votar después”.
La habilitación del debate se había conseguido con 54 votos a favor y 0 en contra, en tanto que el proyecto que reforma el reparto del impuesto a los combustibles se aprobó por 56 votos a favor y uno en contra. El mismo resultado, o sea por más de los dos tercios, 56 a 1, se aprobó el proyecto que reforma la distribución de ATN. El único voto en contra fue de Luis Juez.
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Tras avalar el tratamiento sobre tablas, el senador puntano Fernando Salino ofició como miembro informante y luego, pidió por un marco de federalismo: “Nosotros vamos por el federalismo porque tenemos la convicción de que el crecimiento y el despegue de la Argentina pasa por las provincias”.
En medio del conflicto entre las provincias y el presidente Javier Milei, el legislador aclaró que “no estamos creando un impuesto nuevo porque hablamos de temas relacionados pura y exclusivamente con la distribución de un impuesto”. Reiteró, en varias oportunidades, que “lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo”.
En representación de Unión por la Patria, añadió que “desde la política sabemos que no es un tema fácil y desde el partido que ocupo, para nosotros primero está la Patria, después del movimiento y por último, estamos los hombres”.
Minutos después, el senador sanjuanino Sergio Uñac se manifestó en el mismo sentido, y agregó: “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que se atraviesa y la baja en la distribución de los fondos de coparticipación. Es importante asumir el compromiso de hablar con cada uno de los gobernadores para tener el mismo correlato”.
En segundo lugar, la senadora cordobesa Alejandra Vigo le enrostró un cuestionamiento al jefe de Estado por la ausencia de un “conocimiento cabal de recorrer las provincias, hablar con los gobernadores y los municipios”. En otro punto, afirmó que “las provincias sostienen la atención de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, y concluyó que “si esos fondos no están, se ven afectados los ciudadanos del interior”.
La senadora rionegrina Mónica Silva, alineada con el gobernador Alberto Weretilneck, remarcó que “hay fondos ya existentes que pedimos que sean redistribuidos de otra manera”. En la misma línea, pidió cumplir con la Constitución Nacional y remarcó que “no podemos pensar que el federalismo no tiene carnadura”.
De la misma manera, señaló que “estas leyes (aprobadas) no son para hacerle favores a nadie, sino que tienen que ver en como comprendemos la realidad al interior de nuestro territorio”. En última instancia, aclaró que “estamos pidiendo que la coparticipación federal se distribuya de mejor manera” porque “actualmente ingresa por goteo”, concluyó.
También, el senador porteño Martín Lousteau expresó que “todos esos ATN -que deberían ir a las provincias y el Gobierno los retiene-, cuando hay emergencias Nación no los gasta y cuando desequilibrios no los transfiere. Entonces los gobernadores, con prudencia, piden repartirlos tal como la Ley de Coparticipación”.
Opositor a La Libertad Avanza, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que “el Gobierno nacional tiene que cumplir con los compromisos asumidos con ciertas provincias para la finalización de obras públicas”. “Voy a acompañar estas dos leyes porque hacen falta”, señaló en el recinto.
La legisladora tucumana Beatriz Ávila, aliada desde el principio del oficialismo, señaló que “los senadores somos la voz de las provincias y por eso debatimos acá este proyecto”. Además, consideró que “es un trabajo prudente y se trata de recursos que no les corresponden al Gobierno nacional. Son de las provincias y las provincias son preexistentes a la Nación”.
Los cierres del debate
A la hora de los cierres, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, se sumó a las quejas por carecer de Presupuesto desde hace dos años. No tenerlo, dijo, “equivale a darle cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo”. Agregó que “hay una Argentina que se debate en algunas grietas, que se debate en qué Estado queremos, qué estado podemos tener y qué Estado podemos solventar”.
El legislador correntino sostuvo que “el debate es cuidar el gasto público, tener equilibrio fiscal, se valora muchísimo, pero si no hay presupuesto no sabemos dónde está el equilibrio, dónde se están poniendo las prioridades”.
Sobre el final, el legislador radical señaló que “es un acto de justeza y realmente de federalismo que se aplica y no se declama el hecho de que se distribuyan los recursos que hoy están siendo retenidos por la Nación, y como son de las provincias, no generan un mayor gasto público y no tendrían porqué afectar el equilibrio fiscal”.
Luego la senadora Juliana di Tullio intervino, comentando inicialmente que durante su trayectoria tuvo “sesiones difíciles”. “Ahora, sesiones donde hay un Poder Ejecutivo con nulo compromiso con las instituciones, la verdad es la primera vez que me pasa”, aseguró.
Di Tullio hizo hincapié en que “vivimos una situación inusitada: que un funcionario de esta casa interpretara con una serie de consideraciones, como si fuera más que los senadores, si teníamos dictamen o no. Eso es gravísimo, yo no lo vi nunca, y tengo 20 años de legisladora nacional”.
Contó además que “cuando llegamos a este recinto, nos cortan el sistema de votación, nos tratan como si tuviéramos 14, 15 años”, ante lo cual “vamos a exigir una auditoría: es imposible lo que pasó. Además, oh casualmente, cuando se terminaron los temas ríspidos, cual milagro de la iglesia que fue a inaugurar el presidente el sábado, se terminaron los problemas”.
Luego la emprendió contra el presidente, cuya entrevista del miércoles desgranó. Hizo hincapié en sus dichos respecto de que si los senadores rechazan el veto, lo va a judicializar. Y desde la Bolsa de Comercio este jueves insistió, diciendo que los gobernadores “están desesperados”, repitió que lo va a vetar, pero apostó cien mil a uno que va a vetar. Ante lo cual ella aseguró, y apostó lo mismo, que van a insistir. “El Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de vetar, y el Poder Legislativo puede insistir”, remarcó, asegurando que no tenía registro que un presidente en democracia haya judicializado una ley, como anticipó el presidente Milei. “No es creativo el presidente, es peligroso para la democracia, para las instituciones: está avasallando el Poder Legislativo”, advirtió, y le sugirió al presidente tomar nota que las leyes aprobadas este jueves fueron por unanimidad o los dos tercios.
Cerró el debate el presidente del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, con un mensaje directo a los gobernadores. En principio, pasó la factura por las bancas vacías que había en ese momento. “Ya asumieron un compromiso y veo muchas bancas vacías. Acá falta mucha gente y el compromiso era trabajar juntos. Hay un salmo que dice ‘presintiendo el desastre’… Acá los gobernadores acaban de darse cuenta de que el programa económico no va. Lo que está madurando acá, están presintiendo que va a haber problemas duros, y en salvaguarda están pidiendo que tratemos esto”, señaló el formoseño.
Mayans se preguntó “qué es lo que pasa con los gobernadores. Para mí es el destrato y la humillación por parte del presidente. Y fíjense ustedes cuando hay varios gobernadores que le dicen: ‘tenemos este problema con el plan económico’. El presidente los humilla y los manda a hablar con Sturzenegger, el bárbaro… Y éste les dice que ahora les va a pasar a ellos la motosierra, porque son unos gastadores compulsivos”.
“Entonces, podemos engañarnos y decir que es un acto de madurez de los gobernadores que ahora se encontraron y hablan… No, los une el espanto ahora”, aseguró, para agregar que “los gobernadores ven el peligro, porque acá el problema es que el programa económico no cierra”. Y tras advertir que lo que busca el Gobierno es llegar a octubre y después será un “sálvese quien pueda”, consideró que “los gobernadores dicen: nosotros tenemos que hacernos de estos fondos antes que esto explote en octubre, por eso presentaron esto ahora. Se dieron cuenta que no tienen salida”.
Senadores de distintos bloques, con respaldo de gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires, presentaron iniciativas para modificar el Impuesto a los Combustibles y redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional. Buscan terminar con la discrecionalidad y fortalecer el federalismo.
El senador nacional Eduardo Vischi respaldó los proyectos de ley presentados en el Senado que proponen una reforma en la distribución de fondos nacionales, con el objetivo de garantizar mayor previsibilidad y equidad para las provincias. Las iniciativas, impulsadas por legisladores de distintos bloques y con el apoyo de gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apuntan a modificar el Impuesto a los Combustibles y establecer una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Las provincias necesitan previsibilidad para cumplir con funciones claves como salud, educación, seguridad y justicia. Hoy eso no está garantizado”, advirtió Vischi.
Los proyectos buscan eliminar fideicomisos que operan por fuera del presupuesto nacional y cuya asignación de recursos escapa a controles efectivos. En su lugar, se propone que los fondos sean coparticipados automáticamente entre Nación, provincias y CABA, según criterios preestablecidos.
Una de las reformas clave es la modificación de la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos, con una nueva fórmula de distribución que respete las competencias de cada jurisdicción. Vischi aclaró que la iniciativa no afecta las finanzas nacionales: “Los fondos que se redistribuyen ya están afectados a funciones específicas que, en la práctica, ejecutan las provincias. Además, eliminamos estructuras opacas que dificultan el control y el uso eficiente del gasto público”, dijo.
Otro punto central es la redistribución automática de los ATN, que pasarían a regirse por los coeficientes de coparticipación vigentes. Según el legislador correntino, esto permitiría una asistencia más ágil ante emergencias financieras, reduciendo la discrecionalidad y las demoras burocráticas.
“Corrientes fue castigada en el pasado por criterios arbitrarios en el reparto de fondos. Esta ley evitaría que eso vuelva a suceder, no solo en mi provincia sino en todo el país”, afirmó Vischi, quien definió las propuestas como un acto concreto de federalismo: “El federalismo no se declama, se practica. Y estos proyectos son una forma clara de hacerlo”.
Finalmente, el senador subrayó que el espíritu de ambas iniciativas es institucional y constructivo: “No se trata de atacar a nadie ni de generar conflictos. Se trata de construir un país más justo, con provincias fuertes y un Estado nacional que actúe con transparencia y responsabilidad”.
Se trata de las iniciativas que plantean un nuevo esquema de distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y los ATN. Lleva la firma de UP, UCR, Pro y provinciales.
Sin una contraoferta por parte del Gobierno nacional a sus reclamos por fondos, los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño decidieron avanzar con los proyectos que la semana pasada anticiparon presentarían en el Congreso a través de los legisladores.
El ingreso de las iniciativas representa toda una alerta para el Poder Ejecutivo Nacional, de significativa minoría parlamentaria como para frenar una aprobación por amplísima mayoría en ambas cámaras.
Justamente la transversalidad del reclamo se vio en las firmas que quedaron estampadas en los proyectos: fueron suscriptos por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Pro y otros espacios provinciales.
Los firmantes fueron los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) -las tres bancadas del interbloque Unión por la Patria-, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente Pro), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
La iniciativa que propone el reparto federal del impuesto a los combustibles y los ATN fue firmada por los senadores de Convicción Federal, bloque que se encuentra dentro de Unión por la Patria.
Los cuatro senadores del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque Unión por la Patria, firmaron este miércoles el proyecto de ley que piden los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para disponer el reparto federal del impuesto a los combustibles y los ATN.
Se trata de Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca), quienes acompañaron así -junto a otros bloques- la iniciativa que recoge el reclamo presupuestario y busca garantizar los recursos que retiene el Gobierno nacional.
"La decisión política de los gobernadores va en línea con nuestra prioridad como representantes de las provincias en el Senado de la Nación, que es lograr el mayor ejercicio de federalismo que permita que los fondos que son de todos los argentinos vayan directo a la salud, la educación y las rutas de los argentinos", destacaron.
En ese sentido, subrayaron: "No podemos seguir permitiendo que en nombre de un ajuste que sostiene un déficit ficticio, las provincias sigan sin recibir recursos para contingencias, políticas públicas y obras que quedaron paralizadas y siguen pendientes".
El ministro destacó que al llegar LLA al poder se encontraron con que la administración anterior se había gastado todo y no tenían ni siquiera elementos para repartir en las zonas afectadas por el tornado.
En su intervención al inicio de la jornada, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a los fenómenos meteorológicos que vienen registrándose en muchas partes del país, citando particularmente el caso de Bahía Blanca, y por eso le planteó al ministro del Interior, Guillermo Francos, un cuestionamiento por la falta de ayuda por parte del Gobierno nacional a los distritos afectados.
El funcionario le contestó puntualmente: “Cuando nos hicimos cargo del gobierno no había un peso disponible de los ATN, ningún elemento en los depósitos de Desarrollo Social, para repartir en las provincias. No teníamos nada. Cuando uno no tiene ni plata, ni elementos, no tiene cómo asistir”, explicó, para sintetizar entonces que “quisimos estar presentes y acompañar la situación”, pero remarcando que no habían podido aportar más que palabras.
Tras ello, le advirtió al jefe del bloque UP que “su gobierno discriminó con los ATN a provincias que no eran de su partido, o que siéndolo, tenían una diferencia con el Gobierno nacional. Cuando se sanciona la ley de eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, resolvió a través de ATN cubrir la merma que habían tenido las provincias, algunas provincias que no eran afines al Gobierno, no recibieron, y quedaron en la bandeja. Un caso puntual fue Córdoba, que no recibió la compensación vía ATN”, ejemplificó, acotando luego que la transferencia correspondiente a los cordobeses a través de ATN la hizo él mismo hace dos semanas.
Francos concluyó diciendo que “no tenemos ningún gobernador, por eso trataremos a las provincia de manera equitativa. Porque no tenemos compromiso con nadie”.
En un proyecto elaborado por Laura Rodríguez Machado, piden al Poder Ejecutivo que gire a todos los municipios y comunas del país el 30% de los ATN.
Senadores nacionales de Juntos por el Cambio pertenecientes a 13 provincias presentaron este miércoles un proyecto de comunicación mediante el cual le solicitan al Poder Ejecutivo que “de manera excepcional” envíe a todos los municipios y comunas de cada provincia el 30% de los fondos que deriva a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el fin de paliar los efectos de la pandemia.
La iniciativa es impulsada por Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y fue acompañada por Humberto Schiavoni (Misiones), Julio Martínez (La Rioja), Claudio Poggi (San Luis), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Gladys González (Buenos Aires), Esteban Bullrich (Buenos Aires), Luis Naidenoff (Formosa), Alfredo De Angeli (Entre Rios), Stella Maris Olalla (Entre Rios), Julio Cobos (Mendoza), Pamela Verasay (Mendoza), Victor Zimmermann (Chaco), Silvia Elías de Perez (Tucumán), María Belén Tapia (Santa Cruz), Oscar Castillo (Catamarca) y Ernesto Martínez (Córdoba).
El proyecto también dispone que lo mismo suceda con los fondos que, en calidad de ATN y otra denominación, se deriven de ahora en más a las provincias, mientras dure la emergencia sanitaria y económica por el coronavirus.
“Las administraciones locales se encuentran en una crítica situación económica, financiera y tributaria, no solo porque en muchos casos la recaudación propia es escasa o nula, sino porque también están afrontando compromisos para enfrentar la enfermedad de manera directa para con sus vecinos”, sostuvo Rodríguez Machado.
La senadora por Córdoba consideró que, por este motivo, “toda distribución de fondos del Estado Nacional debería tener asignación directa a estas jurisdicciones secundarias” y recordó que “la emergencia sanitaria lo habilita” para ello.