Claudia Neira (UP) volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca crear “CannaBA”, la cuál se dedicaría a la producción de esos insumos con “fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales”.
Las legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira y Maia Daer volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa que busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.
A través de esa misma sociedad se buscará “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.
El proyecto de Neira establece que la empresa contará con un directorio conformado por cinco miembros, los cuales serán designados por la Legislatura porteña. El presidente será propuesto por el Ejecutivo mientras que los vocales por la mencionada Casa.
Para financiarse, “CannaBA” dispondrá, según consigna en el texto recientemente presentado, de los fondos que anualmente se le asignen por el Presupuesto General de la Ciudad; por los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba; y la totalidad de los ingresos netos percibidos por la empresa producto de la venta de bienes y/o servicios.
El proyecto establece que la firma será radicada en la Comuna 8 y que se promoverá la participación de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la producción y utilización de productos derivados del cannabis.
La iniciativa ya había sido presentada en 2022, pero debido a que no fue tratada por la Legislatura, perdió estado parlamentario, por lo que las legisladoras volvieron a insistir con su tratamiento.
El decreto salió publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada en el Congreso en mayo del año pasado.
El Poder Ejecutivo reglamentó este lunes la Ley 27.669, por el cual se creó un Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. La norma fue sancionada en mayo del año pasado en la Cámara de Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.
El decreto 405/23 -que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y los ministros Sergio Massa (Economía) y Carla Vizzotti (Salud)- establece que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Industria, tendrá la competencia de “controlar y emitir las autorizaciones administrativas” con respecto al uso de la planta, las semillas y productos derivados del cannabis.
Esto se hará, “atendiendo especialmente a la finalidad de contribuir al desarrollo de la actividad de cooperativas y de la pequeña producción agrícola e industrial y, en ello, a las perspectivas de género y diversidad”, aclara el texto.
También se dispone la integración del Consejo Consultivo Honorario, que funcionará bajo la órbita de la ARICCAME y estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación “ad honorem”, en el cual participarán instituciones de las áreas científico-tecnológicas del Estado Nacional, organismos técnicos especializados y organizaciones de la sociedad civil.
“A los fines de instrumentar el régimen de licencias y autorizaciones, se adopta el sistema de ‘Ventanilla única para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal’ para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias”, indica el decreto.
En los considerandos, el Gobierno -que impulsó el proyecto- recordó que la ley “rige en todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público” y “las actividades que en la misma se regulan están sujetas a la jurisdicción federal, y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la misma será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal”.
“El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil”, se resaltó.
Y agregó que “nuestro país posee claras ventajas comparativas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial, por las capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola e industrial, así como las propicias condiciones climáticas y de suelo del territorio nacional”.
La legisladora del FdT aseguró que la creación de una empresa estatal que haga productos derivados del cannabis le permitirá a la Ciudad “desarrollar una industria nueva que no tiene límites”.
Tras haber presentado el proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira insistió con la necesidad de que el Parlamento ponga en debate esa iniciativa que busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.
En ese sentido, la peronista explicó a través de sus redes sociales que presentó un “proyecto para crear Cannaba en la Ciudad, una empresa dedicada al desarrollo de productos derivados del cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos e industriales” y recordó que “en el mundo la industria del cannabis crece y una importante cantidad de Empresas cotizan en bolsa. En la Argentina varias provincias promueven el desarrollo y la investigación. La Ciudad no puede quedarse atrás”.
“Nuestra Ciudad no está avanzando en el desarrollo de nuevos sectores productivos. Tenemos mucho potencial científico, somos una Ciudad con mucho conocimiento y este es un sector donde hay que innovar”, añadió y concluyó señalando que “la Ciudad debe mirar al futuro, generar conocimiento, investigación y desarrollar una industria nueva que no tiene límites”.
Cabe recordar que el proyecto en cuestión busca “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.
Se trata de “CannaBA” y es una propuesta de los legisladores del FdT, la misma se dedicaría a la producción de esos insumos con “fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales”.
La diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.
A través de esa misma sociedad se buscará “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.
El proyecto de Neira establece que la empresa contará con un directorio conformado por cinco miembros, los cuales serán designados por la Legislatura porteña. El presidente será propuesto por el Ejecutivo mientras que los vocales por la mencionada Casa.
Para financiarse, “CannaBA” dispondrá, según consigna en el texto recientemente presentado, de los fondos que anualmente se le asignen por el Presupuesto General de la Ciudad; por los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba; y la totalidad de los ingresos netos percibidos por la empresa producto de la venta de bienes y/o servicios.
El proyecto establece que la firma será radicada en la Comuna 8 y que se promoverá la participación de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la producción y utilización de productos derivados del cannabis.
En los fundamentos de la inciativa, la legisladora explicó que “las oportunidades que genera esta nueva actividad productiva son enormes. Como principal área a abordar se encuentra el desarrollo medicinal, para productos bajo prescripción médica pero también hay suplementos dietarios u otras variantes” y remarcó que “también existen otras variantes de productos, como por ejemplo, la producción de cáñamo (plantas de cannabis que presentan muy bajo contenido de THC) que se puede utilizar como insumo industrial para diferentes producciones manufactureras”.
Sobre esa misma línea destacó que “por las condiciones geográficas de la Ciudad, no es esperable grandes plantaciones en nuestro distrito (aunque si se espera la posibilidad de hacerlo en otras regiones de nuestro país) pero esta industria presenta oportunidades de investigación y desarrollo en la etapa primaria de producción (desarrollo de nuevas variedades y modalidades de cultivos) como también en la etapa industrial (mejoras en procesos y nuevos productos)”.
“A su vez, se pueden generar eslabonamientos aguas arriba y aguas abajo de la cadena productiva, mejorando las producciones regionales y articulando con actores del tercer sector con basta experiencia en la materia y centros de investigación y empresas internacionales”, sentenció.
La iniciativa también lleva las firmas de Maia Daer, Cecilia Segura, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).
El acto, encabezado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard, se realizó este lunes en el Salón Delia Parodi.
Con la organización de una mesa debate titulada “Cannabis medicinal y cáñamo industrial: una política de Estado”, se presentó en el Congreso el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz.
El evento, que se realizó en el Salón Delia Parodi y tuvo como anfitriona a la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, contó con la presencia del rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; la coordinadora del Observatorio, Brenda Maier; la coordinadora de la Red de Cannabis Medicinal del CONICET, Silvia Kochen; y la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech.
Además estuvieron presentes los legisladores oficialistas Germán Martínez y Mara Brawer; Luis Osler, director del Diploma de posgrado en “Cannabis, Regulación y Política de Drogas” de la Universidad Nacional de Quilmes; Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis; y Sebastián Basalo, director de la revista THC.
“El Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz es una herramienta fundamental diseñada por esta casa de estudios para hacer el monitoreo, seguimiento y actualización de las regulaciones sobre el tema en Argentina y el mundo”, explicó Gaillard en la presentación.
La entrerriana señaló que este Observatorio “tiene como objetivo realizar el mapa integral de regulaciones locales e investigaciones sobre cannabis en todas las universidades del país para articular la política pública de manera adecuada. En este sentido, sistematizar toda la información es fundamental para el diseño e implementación de una política de Estado que garantice su efectiva aplicación”. “Este Observatorio dialogará con la Agencia que se creó recientemente por ley de este Congreso”, agregó en referencia a la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.
Además, la legisladora destacó “la decisión política del rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky” y consideró que “es un orgullo que la universidad pública se comprometa con la realidad social y las demandas de la comunidad”.
“El uso medicinal de cannabis se ha incrementado en la comunidad y su legitimidad es indiscutida, pero debemos articular recursos y saberes para que no se dispersen, sino que potencien la política pública para que sea accesible a toda la población y se construya una industria que genere empleo y valor agregado a la producción”, concluyó.
Sobre el Observatorio de Cannabis
El Observatorio -conformado por un equipo interdisciplinario de estudiantes, graduados, docentes e investigadores de la UNPAZ- busca consolidarse como un repositorio en el que se sistematice y analice el conjunto de legislaciones (municipales, provinciales y nacionales), desarrollos académicos y planes de investigación y productivos de todo el país, aportando a la divulgación y realización de producciones académicas que brinden información clara y sencilla sobre las políticas de regulación, indagando particularmente en los procesos legislativos, académicos y productivos de nuestro país.
El municipio avanza con la iniciativa para la producción del aceite con fines medicinales, a instalarse en el Polo de Educación Superior.
En el Polo de Educación Superior de Escobar, el municipio avanza con un proyecto de producción de aceite de cannabis con fines medicinales. En ese sentido, ya comenzó con la instalación y acondicionamiento de la planta donde se realizará la producción indoor del aceite.
El cultivo de cannabis con fines medicinales en el partido de Escobar se da en el marco de la Ley Nacional 27.350, a partir de un convenio que el intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Gestión y Control de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, firmó con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de desarrollar estudios e investigaciones en la materia. La producción en hidroponía, una técnica de cultivo a base de agua y sustrato inherente, está a cargo de especialistas del INTA y del área de salud municipal.
La planta de producción se está instalando en unos contenedores a pocos metros de la huerta agroecológica municipal de Ingeniero Maschwitz. Una vez que se avance con la primera producción de aceite de cannabis medicinal, el mismo será distribuido dentro del circuito hospitalario municipal que contempla los hospitales municipales de Garín y el Néstor Carlos Kirchner de Maquinista Savio, el Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi en Matheu, la UDP Pediátrica Susana Lara en Maquinista Savio y la próxima UDP en Ingeniero Maschwitz.
Por último, en el marco de Expo Escobar 2022 se brindó un coloquio sobre los usos medicinales de cannabis, el estado actual de la ley de cannabis medicinal y cómo avanza la producción de aceite de cannabis en el distrito. Las charlas estuvieron a cargo del coordinador del Programa Nacional de los usos medicinales de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, Marcelo Morante; el productor de cannabis Fernando Saicha; la representante de la asociación civil Mamá Cultiva y consultora psicológica Graciela Pardo; y el director de la revista THC, Sebastián Basalo.
La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, tras el acto que se realizó en Casa Rosada. Sus principales puntos.
Tras el acto realizado en Casa Rosada, se publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto de promulgación de la Ley 27.669, de Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.
La norma se sancionó en la Cámara de Diputados el pasado 5 de mayo, con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.
Entre sus puntos principales, la norma crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La ley, que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo, contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, se prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Asimismo, prevé la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
En un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, se anunció la promulgación de la ley que regula el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, anunció este martes la promulgación de la Ley que regula el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
El mandatario remarcó que “estamos poniendo en marcha una ley que fue el resultado de un gran consenso”, y destacó que “detrás de esta ley va a haber una industria que produzca, que dé trabajo, que traiga dólares, pero fundamentalmente que sane”.
“Empezamos a escuchar a unas madres que con el cannabis hacían aceite, que hacían a sus hijos la vida más llevadera”, destacó el jefe de Estado. Y agregó: “Comenzamos a prestar atención y hoy estamos ganando otra batalla contra la hipocresía”, a la vez que celebró el trabajo para impulsar la ley de las diputadas nacionales Carolina Gaillard y Mara Brawer, presentes en el acto.
Al respecto, la diputada Carolina Gaillard señaló que “nuestro gobierno escuchó la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y de miles de pacientes que reclaman acceder de forma legal a una sustancia segura y de calidad”.
En este sentido, Gaillard remarcó que “es una ley muy importante que genera una nueva industria y garantiza el derecho a la salud para miles de personas”.
“Nuestro gobierno ha decidido que el desarrollo del cannabis medicinal y la producción industrial de cáñamo sean una política de Estado”, continuó Gaillard. Y agregó que “esta ley abre un camino productivo, un camino a una nueva industria. Esta ley garantiza el desarrollo de nuestras economías regionales, genera trabajo y acerca la terapia con cannabis a miles de familias que vieron mejorías notables con este tratamiento”.
Kulfas resaltó que “la aplicación de esta ley va a permitir inaugurar una nueva industria en la Argentina”. En ese sentido, valoró que “es una industria que va generar desarrollo regional, en diferentes lugares del país, con fuerte presencia de cooperativas, de empresas pequeñas y medianas, generando puestos de trabajo”.
La norma crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, y será la encargada de aprobar y administrar las licencias para la producción industrial del cultivo.
El organismo público descentralizado tendrá como función regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
El objetivo de la norma es brindar un marco legal para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis.
La industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial tiene un crecimiento exponencial a nivel mundial, con un volumen en el mercado internacional de 42.700 millones de dólares proyectado para 2024.
Las previsiones de la cartera de Desarrollo Productivo para el año 2025 en la Argentina son de 500 millones en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de exportación anual, sumado a un potencial de creación de 10.000 nuevos empleos.
El proyecto se convirtió en ley tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.
La normativa cuenta con el apoyo de gobernadores, que respaldan la iniciativa para potenciar sus economías regionales. Tal es el caso de Jujuy, Corrientes y La Rioja que ya cuentan con cultivos de cannabis medicinal.
Del acto participaron la fundadora de Mamá Cultiva, Valeria Salech; de manera virtual, desde Portugal, Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis y desde La Rioja, Benjamín Enrici, presidente de Agrogenética Riojana.
También asistieron autoridades nacionales, legisladores, legisladoras, representantes de la Cámara Argentina del Cannabis, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, futuros emprendedores y emprendedoras en proceso de investigación, cultivadores y cultivadoras.
Así lo enfatizó el diputado Luis Di Giacomo para expresar su rechazo a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El diputado nacional Luis Di Giacomo expresó su rechazo a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, al alertar que con esta norma “estamos abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario”.
“Queda claro que ante este proyecto de ley hay diputados que están intentando, o pensando, que es muy probable con esto desarrollar tanto el cáñamo industrial como el cannabis medicinal. Eso es una parte del proyecto, la otra parte es claramente la legalización de la marihuana”, apuntó.
El jefe del interbloque Provincias Unidas consideró “inaceptable” que “se haya metido en la misma bolsa el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, porque si bien los dos responden a una misma especie, el cáñamo industrial proviene de una cepa que tiene características particulares”. “Lo que hay que controlar es que no se meta gato por liebre, que sea cáñamo y no marihuana lo que se está sembrando”, continuó.
Para el legislador de Juntos Somos Río Negro, al autorizar que sea el Poder Ejecutivo el que determine las cantidades que se sembrarán, “estamos delegando una cuestión que a nivel internacional de ninguna manera se delega”.
“Nos quieren vender sensiblemente, con buenas palabras y con un lenguaje atractivo hasta que es un planta sagrada”, criticó y advirtió que “detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales, porque con esto se calcula que para el 2025 este negocio va a mover más de 60 mil millones de dólares”.
Tras quejarse del “debate exprés”, Di Giacomo consideró que “falta un debate serio para poder decir hasta qué punto estamos hablando de lo que se quiere decir en la ley, y hasta qué punto lo que en realidad estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario que va mucho más allá del cáñamo industrial y el cannabis medicinal”.
Para el diputado, al “abrir el juego a miles de cultivadores”, más “lo que ya se está produciendo en los laboratorios estatales”, tendremos “un poderoso excedente” que “lo que va a pasar es que va a ir al consumo, que la industria cannábica multinacional llama recreativo o adulto, y nosotros lo llamamos por su nombre: el consumo narcótico”, alertó.
Además, anticipó que “cuando acá se se animen a discutir la legalización, nosotros vamos a traer también a la tribuna a todos esos jóvenes humildes que viven en las villas, que son hoy atendidos por las iglesias, por la gente que trabaja en los barrios, por la militancia por la vida. Y estos jóvenes son presos de lo que hoy significa el negocio del narcotráfico”.
“Hoy la marihuana no es más la plantita sagrada que tenía 5% a 7% de THC, hoy es un transgénico; le digo a esos progres porteños que hoy la plantita sagrada tiene 20% a 30% de THC, y eso significa psicosis, significa esquizofrenia, significa muerte”, lanzó el legislador, de profesión médico psiquiatra. Y sumó que “en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana” a partir de su legalización.
Finalmente, Di Giacomo dijo: “Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención”.
La iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo recibió sanción definitiva este jueves por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.
Tras un debate de cuatro horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, un proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, más precisamente desde la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.
A las 21.44 el tablero marcó 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. Los defensores de la ley rescataron la intención de crear puestos de trabajo a través de la creación de una nueva industria, además de aclarar que no contempla la arista “recreativa”; mientras que algunos de los que se opusieron resaltaron que es una “puerta” hacia la legalización de la marihuana, y otros cuestionaron la creación de una agencia estatal que sumará más burocracia.
En la votación en particular, que llevó unos cuantos minutos, ningún artículo fue rechazado, pero sí varios de ellos sumaron un poco más de votos en contra en relación a la votación en general.
La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021 y, en noviembre pasado, tuvo dictamen de comisiones en la Cámara baja, pero no llegó a tratarse en el recinto antes del recambio parlamentario. Aunque formaba parte del temario de extraordinarias tampoco se debatió en el verano.
Una de las mayores impulsoras de la norma, abrió el debate la porteña Mara Brawer (FdT), quien arrancó su discurso apelando a las palabras del general Manuel Belgrano en cuanto al desarrollo del cáñamo, tras lo cual destacó que luego de 200 años “estamos cumpliendo el sueño, con tecnología avanzada del siglo XXI” porque “ya no hablamos de velas, de telas, hablamos de cannabis medicinal, de niños con epilepsia, para adultos con dolores, para personas con problemas de sueño”.
“Cuando hablamos del cáñamo industrial, hablamos de una variedad del cannabis que tiene la característica de tener muy poco contenido de THC, y eso hace que desde el 61’ se excluya de la convención de estupefacientes. ¿Para qué sirve? Hacemos el marco de los lentes; con el cáñamo la fábrica de legos se comprometió a que los juguetes sean de plástico biodegradable hechos con cannabis”, señaló.
Entre sus usos, la oficialista enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley es fundamental para personas desnutridas, adultas mayores con problemas de alimentación”, insistió al resaltar sus cualidades.
“Todo se usa, desde la raíz, el tallo, las flores y hasta las semillas. Más de 25 mil productos al día están reconocidos en el mundo producto de esa planta”, sumó Brawer, y agregó que es importante la ley porque “nace una nueva industria en Argentina; para eso la ley crea el marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y cáñamo industrial y crea una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo integrada por representantes de salud, ganadería y agricultura, ciencia y de seguridad”.
En ese sentido, explicó el interés de la creación de la agencia federal: “Porque la planta del cannabis necesita fiscalización del Estado nacional al estar abarcada por la ley penal de orden público. Además, su producción para exportación en el uso medicinal está regulada por organismos internacionales”. “Las licencias van a ser para el cannabis medicinal y las autorizaciones para el cáñamo industrial”, aclaró sobre una de las funciones de la agencia.
En su intervención, el radical Ricardo Bruyaile (UCR) explicó que “el proyecto tiene usos medicinales no fines recreativos”, y recordó que en marzo del 2017 se sancionó “una ley que establecía el marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal, pero resulta insuficiente para que llegue a la sociedad, para que las etapas de comercialización y producción con fines terapéuticos estén contempladas”.
“No es el mejor proyecto”, consideró el formoseño, aunque dijo que “es un paso adelante”, ya que se está “apuntado a la salud pública para mejorarle la calidad de vida a miles de personas, porque hoy se consume aceite de cannabis en redes sociales y estamos exponiendo a eso a nuestra sociedad”.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería aclaró que “de ninguna manera estamos tratando en este Congreso al cannabis con uso recreativo, eso tiene que quedar descartado”.
Con respecto al cáñamo industrial, el radical sostuvo que es “una industria que puede generar millones de dólares en exportaciones, nuevos puestos de trabajo en las provincias”. Sin embargo, cuestionó que se le da “a la agencia la potestad de abrir agencias cuanto crea necesaria en un Argentina en estas condiciones. No estamos de acuerdo, no se pueden habilitar tantas agencias cuando considera”.
“No entendemos cómo se excluyeron a las provincias, en la selección de representantes no están contempladas las provincias. Queremos que tenga un verdadero espíritu federal”, enfatizó y propuso modificar la composición de ese directorio.
Buryaile sugirió, entonces, que tenga dos miembros en representación del Ejecutivo y tres por las provincias. “Hay provincias que están avanzadas en esto y queremos sumarlas. El Congreso debe seguir muy celoso que esta reglamentación no se desvíe”.
A su turno, la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) destacó el acompañamiento de investigadores, médicos y organizaciones, y recordó la sanción de la Ley 27.350 -de su autoría- que “fue un paso importante para desmitificar a la marihuana, para quitar prejuicios, y darle la legitimidad que la planta tenía. Es una planta que tiene muchos beneficios”.
Sin embargo, criticó al gobierno de Cambiemos porque reglamentó la ley con un decreto de manera restrictiva y el cannabis era solo para personas con epilepsia refractaria. “Según el artículo 8 establecía que iba a haber un registro de cultivadores; no fue tal porque no se reglamentó. El artículo de laboratorios públicos nunca se reglamentó, por lo cual esa ley fue a medias”, apuntó.
“Esa ley terminó frustrándonos porque las personas tenían que buscar el cannabis en otros lados, o cultivando en la clandestinidad porque estaba penado”, expresó Gaillard. En ese marco, destacó el decreto 883 del presidente Alberto Fernández que “reglamentó nuevamente la ley para que haya un registró de cultivadores, ampliar las patologías, que se acepte que las farmacias realicen formulaciones magistrales”.
Y cerró: “El cannabis cambia un montón de lógicas sociales, es una planta que nos viene a cambiar, incluso las fórmulas de los médicos. Estamos dando un gran paso con esta ley”.
De la vereda de enfrente, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) recordó que en su provincia ya se produce aceite de cannabis para uso medicinal, pero advirtió que en el país hay cultivos “ilegales”. Por otro lado, precisó que el cannabis tiene dos componentes puntuales, el THC y CBD, uno de ellos tiene que ver con el dolor y el otro con problemas neurológicos.
Al coincidir con su par Buryaile, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que “estamos creando un organismo de mucha crisis en la Argentina, una agencia regulatoria que crea una cantidad de estructuras que considero innecesarias, porque hay áreas del Estado que trabajan mucho en esto. ¿Es necesario crear esta estructura que no tiene participación de las provincias, que le otorgan facultades amplias sobre las que el Congreso no participará? No confío en dejar una política central en manos del Ejecutivo, de la producción y comercialización del cannabis. No puedo acompañar eso. Esto va a traer un gasto burocrático grande, el camino es otro, no creo que este proyecto venga a resolver problemas de salud”.
En el mismo sentido se pronunció el neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical), quien, en principio, destacó la importancia de generar un marco regulatorio, pero criticó que “no hay que caer en crear estructuras, no estamos en condiciones de seguir sumando gastos al Estado, ya tenemos serios problemas de pobreza e inflación”. “También se habla de la creación de un gravamen que genera, por lo que no debería ser la Cámara de origen la de Senadores, sino Diputados”, sumó.
Por el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) lanzó fuertes críticas al proyecto, ya que denunció que detrás del mismo hay “aspectos económicos de interés que inspiran la sanción”. Además, calificó al Estado de “inepto” para combatir la problemática del narcotráfico.
“Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de Salud Mental para que los jóvenes puedan ser tratados, porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental, ni contra las adicciones, ni el narcotráfico”, enfatizó.
También en contra, el jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), opinó que con esta ley “lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario”, porque aseguró que “detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales”.
“Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina, que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención”, remarcó, al indicar que en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana, “se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana”.
Desde la izquierda, Romina Del Plá (FIT-PO) expresó: “Apoyamos la ley de regulación del cannabis, porque consideramos que es un paso hacia la flexibilización de la nefasta Ley de Drogas vigente; y es un escalón más para pelear por la legalización de la marihuana y la despenalización del consumo”.
A su turno, el jujeño Jorge Rizzotti (UCR) anticipó su voto a favor al sostener que a partir del 2017 con la sanción de la Ley 27.350 iniciamos en el país un proceso “con el desarrollo del cannabis como respuesta necesaria en el área de salud, pero también desde el punto de vista del desarrollo de economías regionales”.
A su vez, enumeró los motivos por los cuales es necesaria la ley: “Existe un desarrollo industrial y comercial del aceite, porque la diversidad productiva del territorio así lo exige, porque hemos empezado un camino de construcción de conocimiento en salud, pero porque la tendencia mundial insta a la Argentina a ser protagonista en eso”. “Esta ley podría haber sido tratada el año pasado y avanzar mucho más, pero esta ley no es la ideal, es la que se puede. Hay una intervención por parte del Estado que no es ideal, tampoco la falta de participación de las provincias es ideal”, observó.
No obstante, el diputado que responde al gobernador Gerardo Morales, interesado en la ley, manifestó que “es importante avanzar porque el mercado del cannabis medicinal estima una proyección de más de 170 mil millones de dólares; debemos poder mirar el territorio y dar la posibilidad del desarrollo del país”.
Contrariamente, el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) ratificó su postura en contra por “razones de orden federal, porque no pueden iniciarse impuestos en el Senado y esa tasa tiene todas las características de un impuesto. No avalo una estructura burocrática en un país que está quebrado”.
“Nosotros tenemos que buscar soluciones que no impliquen estos costos, no podemos tener estructuras burocráticas federales, provincias y locales. Tenemos que partir de la realidad económica del país. La idea de subir impuestos, de blanquearlos, acá otra tasa más, más un organismo burocrático de gran magnitud, no lo comparto”, añadió el economista liberal, en relación a que la agencia que se crea podrá determinar una “tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos alcanzados por la ley, así como su metodología de pago y recaudación, cuya cuantía será de hasta el cinco por mil del importe facturado”, según indica el artículo 7.
En el tramo de los cierres, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aseveró: “No entendemos por qué la creación de una agencia autárquica, más allá de que algunos dicen que es por un compromiso internacional, o el Consejo Federal, o las competencias que tienen las provincias”. “Estamos frente a una sustancia prohibida, que pasa a ser una sustancia controlada, porque tiene algunos usos lícitos”, señaló y, en ese sentido, dijo que “hay organismos que ya controlan sustancias”.
También se quejó de que el proyecto “no tuvo giro a la Comisión de Salud, y podría haber tenido giro a la Comisión de Legislación Penal, porque en alguna medida modifica la Ley de Estupefacientes”.
A cargo del cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, defendió que esta ley “puede abrir un sendero de producción, de generación de valor agregado, de creación de empleo, y empleo de calidad y federal”. “Nunca es fácil arrancar un camino de estas características”, reconoció, pero resaltó que “muchas provincias que ya vienen desarrollando iniciativas al respecto”.
“Estamos ante una enorme oportunidad en un país que, con todas las contradicciones que tiene nuestro presente, tiene también oportunidades de desarrollo productivo, crecimiento, generación de empleo, inclusión y distribución del ingreso que yo creo tenemos que aprovechar”, continuó.
Al afirmar que entendía las “dudas” planteadas por algunos de sus pares, el santafesino se comprometió pedir al Poder Ejecutivo que “en la reglamentación podamos ser muy estrictos en tres principios que se escucharon: el principio de la idoneidad de todos aquellos que integren la agencia; la austeridad en la administración de la agencia, lejos estamos de querer plantear una superestructura burocrática; y garantizar en esa conformación que el principio de federalismo esté presente en todas las instancias”.
Puntos centrales de la nueva ley
La flamante ley, impulsada desde el Poder Ejecutivo, crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La norma contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, se prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
La diputada por el interbloque Federal destrozó el proyecto del Ejecutivo y denunció que “hay aspectos económicos” detrás de la iniciativa. “El Estado resulta tan inepto a la hora de resolver la problemática del narcotráfico”, criticó.
En un tramo del tratamiento del proyecto que crea el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, la diputada nacional e integrante del interbloque federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destrozó la iniciativa del Ejecutivo y adelantó su voto negativo.
“Esta nueva ley intenta abrir el camino y la producción al nivel industrial, no es una normativa con propósitos de salud, sino que está inspirada con otros fines”, comenzó su intervención y recordó: “Según nos informó el ministro de producción son ‘aspectos económicos’ los que inspiraron la sanción de la ley en función de la comercialización interna y exportación se perdieron demás aspectos involucrados”.
Con un tono más elevado, Camaño señaló: “En primer lugar no se trata de cualquier commodity se habla de materias primas, no es el cannabis medicinal cualquier materia prima. Al momento de informar el ministro de producción señalaba que se iban producir 10 mil nuevos empleos y que el mercado interno alcanzaría 500 millones de dólares, hay 75 mil inscriptos”, y apuntó: “Se supone que con el cannabis medicinal vamos a hacer medicamentos y cremas, vamos a encremar a la Argentina con esto. Hay 50 millones de exportación”.
“Esos datos me llevan a cuestionar las ventajas comerciales que se crean en esa super estructura burocrática de los ministros y funcionarios que no funcionan, sin que sean ponderados los riesgos y peligros de la iniciativa en términos de expansión”, advirtió la diputada bonaerense.
En tanto, criticó que es “un proceso que se genera de un flagelo dentro de la Argentina, el avance de la droga y organizaciones vinculadas con el narcotráfico se han expandido y el Estado argentino, que resulta tan inepto a la hora de resolver esta problemática con enfermos y con el narcotráfico, asumió contratos internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico”.
“Es sobre abundante los motivos que me llevan a rechazar esto porque sabemos que estamos frente al peligro más importante que tenemos como sociedad que nos lleva a ver a madres que nos piden que hagamos algo para que los chics puedan ser relvados a un tratamiento”, expresó la legisladora.
En ese sentido, lanzó: “Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de salud mental para que las jóvenes puedan ser tratados porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental ni contra las adiciones ni el narcotráfico”, y cerró: “El commodity bajo el ropaje del cáñamo, es como el gato por liebre, y esto es terrible liebre. Lo que sigue es la legalización de la marihuana y yo estoy en contra de la legalización de las drogas”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, pero no llegó a ser tratado en el recinto de la Cámara baja. Este martes un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Haciendo retomó el análisis del proyecto que pasó a la firma.
En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.
Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que “es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis”.
En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un “gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal”.
“La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo la entrerriana.
Además, destacó: “El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, y subrayó que “hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal”.
“El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud”, explayó la legisladora del FdT.
“Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo”, puntualizó Gaillard y cerró: “El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad”.
A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.
Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado”, resaltó.
En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: “Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal”. Sin embargo, señaló que “el presente proyecto tiene aristas a marcar”, y precisó: “Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen”.
A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en “la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute”. Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el “centralismo de la ubicación de la agencia en CABA”, por lo que sugirió que puede ser “más federal”.
A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es “una ley que no es la ideal”, y ejemplificó con la situación actual de su provincia que “es la que más ha avanzado en el cultivo” y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.
Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde “el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana”.
“Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene”, criticó el rionegrino y pidió “debatir en profundidad el tema”.
De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque “hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal”. En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.
Los puntos centrales del proyecto
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
La diputada nacional del FdT celebró la incorporación del proyecto de su autoría al temario de sesiones extraordinarias.
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el periodo entre el 1 y el 28 de febrero, donde tendrán tratamiento entre otros proyectos de ley, el que da marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y del cañamo industrial y la nueva ley de VIH, ambos impulsados por la diputada entrerriana Carolina Gaillard.
“Estamos muy contentos que se hayan incorporado tanto cannabis como la nueva ley de VIH, porque entendemos que son dos leyes que vienen a garantizar derechos, a generar oportunidades, fundamentalmente, en lo que respecta al derecho a la salud”, expresó la legisladora al respecto.
“El marco legal para desarrollo productivo del cannabis medicinal viene a generar las condiciones para el desarrollo de una industria que garantice productos seguros y de calidad de cannabis y sus derivados, y el acceso a la población a estos productos”, señaló Gaillard y remarcó la creación de puestos de trabajo, y el desarrollo científico tecnológico que agrega valor.
Otro tema sobre el que viene trabajando la legisladora será tratado en extraordinarias: se trata del proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).
En relación a este proyecto la diputada indicó que “es un gran logro de las organizaciones que actualiza la vieja ley de sida, consagrando derechos para los pacientes, no sólo de VIH sino también de hepatitis virales y tuberculosis”.
“Ambos proyectos fueron analizados y debatidos con organizaciones y referentes, para tener una mirada integral que garanticen derechos”, explicó Gaillard, y consideró que “es un gran avance en materia de derechos”.
Se dará en el marco de la Ley Nacional 27.350, a partir de un convenio que el intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, firmó con el INTA el pasado septiembre.
El intendente interino Beto Ramil recibió a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien le entregó a la municipalidad de Escobar la resolución oficial que la habilita a producir aceite de cannabis con fines medicinales.
Al respecto, Ramil dijo que “es un honor recibir a la ministra, la capitana en esta guerra que debimos librar contra un mal inédito para nuestra humanidad. Y en el caso de hoy, trayendo esta resolución que nos permite empezar a trabajar con un proyecto que surgió de las bases y que vamos a articular desde el municipio con el gobierno nacional y distintas instituciones para atender una necesidad de la ciudadanía. En definitiva, se trata de hacer política y empoderar a una comunidad organizada. Eso es lo que sentimos cuando escuchamos a los padres emocionados por esta resolución”.
Por su parte, Vizzotti expresó que “todo el equipo del Ministerio de Salud ha trabajado estos dos años para enfrentar la pandemia, ampliar derechos, generar más acceso a la salud, y dar respuesta a las asignaturas pendientes. Por eso, junto a la comunidad cannábica y a todas las familias que tenían una situación familiar difícil, nos comprometimos a darle un marco regulatorio y avanzar desde Nación, Provincia y los municipios con la sociedad civil, la academia y la ciencia para generar más evidencia, más acceso y más equidad”.
Cabe resaltar que el cultivo de cannabis con fines medicinales en el partido de Escobar se dará en el marco de la Ley Nacional 27.350, a partir de un convenio que el intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Gestión y Control de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, firmó con el INTA el pasado septiembre, con el objetivo de desarrollar estudios e investigaciones en la materia.
Luego de la entrega de la resolución, la ministra conoció las instalaciones del nuevo Hospital Municipal de Garín, supervisó la campaña de vacunación Covid 19 y se interiorizó sobre los avances en el distrito del programa nacional 1.000 días.
Se dio en el marco de un encuentro que el gobernador jujeño mantuvo en España con el responsable del Departamento Comercial de la empresa CAFINA.
El gobernador de Jujuy Gerardo Morales se reunió en España con Xavier Martínez, responsable del Departamento Comercial de la empresa CAFINA (Cáñamo y Fibra Naturales), para iniciar un proceso de inversión y producción de ingredientes y derivados de cannabis medicinal, cuyo objetivo principal es lograr la exportación al mercado europeo de la producción de Cannava, la empresa provincial creada en su gestión.
El encuentro se produjo en la Sede de la Embajada Argentina en Madrid, donde Morales invitó a la empresa de Martínez a invertir en la zona franca para fabricar y exportar desde Jujuy a Europa ingredientes farmacéuticos activos IFAS o productos de cannabis medicinal.
En la reunión, también se sentaron bases para iniciar un proceso de desarrollo tecnológico que ya está generando la provincia y se acordó realizar la próxima semana una reunión de equipos técnicos de la empresa estatal jujeña Cannava y expertos de CAFINA, en cuyo marco se establecerá una mesa de diálogo en busca de entendimientos y agenda común.
CAFINA es una compañía asociada a la firma canadiense Canopy Growth, para la elaboración de aceite de cannabis de grado farmacéutico en Europa, aprovechamiento del cáñamo, producción de fibras textiles y certificación de Normas GMP.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dio dictamen favorable con anuencia del oficialismo y la oposición.
El proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y con media sanción del Senado, completó su trámite en comisiones en la Cámara de Diputados, al obtener este miércoles el dictamen favorable en Presupuesto y Hacienda.
Con aval del oficialismo y la oposición, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, ya que este martes fue despachada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que asistió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En defensa del proyecto la diputada Carolina Gaillard (FdT) celebró “la decisión política de poner en tratamiento este tema tan importante” que “hemos trabajado desde Diputados ya antes de que venga de revisión del Senado”.
En ese sentido, la entrerriana recordó la sanción en 2017 de la Ley 27.350 -de la cual fue autora- que “fue un paso importante, pero fue una ley que quedó circunscrita a la investigación y no terminó de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas que necesitaban tratamiento con cannabis medicinal”.
La oficialista indicó que en la actualidad quienes requieren de cannabis medicinal “tienen que importarlo de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos o acceder de manera ilegal”, mientras que con esta ley se va a “generar una industria” y se van a “generar divisas para nuestro país”, además de “garantizar el acceso a la salud”.
A continuación, la diputada Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.
También, la oficialista mencionó que “este fue un sueño de (Manuel) Belgrano” ya que el cáñamo -prohibido en la última dictadura- tuvo un amplio desarrollo en “el siglo XV, XVI, XVII” e incluso “cuando (Cristóbal) Colón llegó la vela de los barcos y la ropa de los marineros” eran de cáñamo.
Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros.
A su turno, el radical Jorge Rizzotti dijo que la ley abre “una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales” y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy “la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país”. “Necesitamos de esta ley fundamentalmente para seguir creciendo”, agregó.
Los puntos centrales del proyecto
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
Se dio con la presencia del titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.
Tras una intensa jornada, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Cámara de Diputados, presidida por José Ruiz Aragón (FdT), se reunió este martes por la tarde en un encuentro en el que emitió dictamen al proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.
En su exposición, el funcionario explicó: “Es un proyecto que se trabajó más de un año en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo que pensamos y discutimos en los sectores del futuro que puedan ampliar la matriz productiva argentina, con un carácter general, para generar empleo, incorporar un conocimiento de ciencia y tecnología”.
“Nos encontramos con una riqueza de debate importante. Luego de un recorrido largo llegamos a un texto que entendemos que satisface buena parte de las necesidades de este sector. Le puede dar mucho potencial a la Argentina”, destacó Kulfas y estableció cuatro preguntas que responde el proyecto: “¿Por qué el cannabis para uso medicinal e industrial puede ser una actividad económica de alto crecimiento y porque Argentina tiene condiciones para ser productor importante en esta industria?, ¿Por qué es necesario tener una ley para regularlo y que beneficios esperamos de ese marco regulatorio?”.
En esa línea, respondió: “La primera pregunta es mostrarles que ya hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legislación y utilización del cannabis sobre el uso industrial y medicinal. Estamos hablando de una actividad que aumenta exponencialmente, a principios del siglo se producía menos de una tonelada y hoy estamos cerca de 500 millones de toneladas y se incrementa año a año”.
“Se proyecta una producción global de 4 mil millones de dólares para el año 2024. Vemos algunos líderes como Israel, Canadá y Estados Unidos, y a nivel regional Uruguay y Colombia. Es una oportunidad para que Argentina se desarrolle en esta actividad que es intensiva en empleos y conocimientos. El 20% de los empleos de esta cadena productiva está destinado a investigación y desarrollo, calidad. Generar también una gran cantidad de eslabonamiento de alto valor agregado considerando toda la cadena”, precisó el titular del Ministerio de Desarrollo.
Y agregó: “¿Por qué Argentina tiene condiciones? Porque tiene un liderazgo mundial en materia de producción agropecuaria, tienen una red de investigación científica en torno al cannabis, una industria productiva, un adecuado entramado de laboratorios, mucha experiencia en organizaciones, numerosas iniciativas en 22 provincias y 80 municipios”.
“Pero necesitamos un marco regulatorio. Se ha desarrollado un denso entramado científico tecnológico en torno al cannabis”, señaló el funcionario y recordó: “Tenemos una legislación, la Ley 27.350 que surgió de este Congreso que permitió un avance en la producción de cannabis medicinal, pero en muy baja escala por estar limitado exclusivamente a fines experimentales y no productivos”.
En este contexto, detalló que se “apunta a la legalización de la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a ciertas regulaciones, basado en recomendaciones internacionales y en estudios realizados sobre los países pioneros a nivel global y regional”. “Las regulaciones establecidas apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”, destacó y añadió: “Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a la máxima calidad de producto, valorizando sus exportaciones”.
Entre los objetivos productivos, precisó: “Desarrollar integralmente la cadena del cannabis de uso medicinal y fisioterapéutico mediante la creación del marco regulatorio para que puedan realizarse inversiones públicas y privadas en todos los eslabones productivos. Regularizar los proyectos existentes y complementar la legislación actual”.
En cuanto al cáñamo industrial señaló: “es una variedad especifica con bajo THC, hay estudios que muestran que pueden ser un insumo para varios sectores productivos como fibras, textiles ropa, calzado, cosmético, material de construcción, papel, autopartes. Es una panta que genera efectos ambientales positivos en el suelo”.
Por su parte, Ana Carolina Gaillard (FdT -Entre Ríos) afirmó: “Si no hay una licencia en el país en nuestro país no hay desarrollo privado. Hay mas de 14 proyectos aprobados, pero son de investigación. Entonces nos encontramos con una ley limitada en el acceso para la salud porque no garantizaba la producción. Le faltaba una parte y este marco legal le viene a agregar el desarrollo productivo al permitir que esta agencia de autorización para cultivar, comercializar productos s de cannabis y de cáñamo.
“Es central que esto avanzada porque lo que ocurre es que las familias tienen que importar de países donde esta legalizado o a cultivadores solidarios y acceder de forma ilegal. Esto provoca que las familias no acceden a un producto seguro y de calidad, se busca que haya una industria que haga estos productos, trabajar sobre el precio justo y que no haya una o dos empresas grandes”, finalizó la diputada.
En tanto, Mara Brawer (FdT -CABA) explicó: “Tienen a la vista una ley del cáñamo industrial. El cáñamo es una variedad que produce bajos porcentajes del THC. Se puede utilizar toda la planta y se pueden producir diferentes derivados”. “Tiene combinación de omega 6 y 9, son ricas en proteínas, se pueden utilizar para reemplazar la fibra de vidrio. Tiene una enorme calidad productiva”, indicó.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productores agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
A partir de las opiniones de invitados en los plenarios de la Cámara alta, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.
Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.
Se aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo para regular la producción del cannabis medicinal con una amplia mayoría. Pero hubo un amplio reclamo de senadores de diferentes bloques para que en la reglamentación se de mayor participación a las provincias.
El marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial recibió el aval de la Cámara alta con 56 votos a favor y 5 en contra y 1 abstención, con el apoyo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mientras que otros senadores de ese interbloque opositor votaron en contra.
Los senadores nacionales que votaron en contra son: Laura Machado Rodríguez (JxC-Córdoba); Julio Cobos y Pamela Verassay (JxC-Mendoza); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); Alfreo de De Angelis (JxC-Entre Ríos); mientras que y una abstención: Víctor Zimmermann (JxC-Chaco).
Al cerrar el debate que se extendió por más de un hora y media, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) aseguró “Lo más importante es que en un estudio de la UBA se afirma que en un desarrollo a mediano plazo en la República Argentina se puede generar 10 mil puestos de trabajo y un mercado de interno de unos 500 millones de pesos anuales a mediano plazo, lo que es una gran noticia y muy necesario”.
“Vamos a estar generando una nueva industria, trabajo y producción nacional que nos une a todos los argentinos como un objetivo común”, cerró la legisladora mendocina.
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del Ejecutivo contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
El debate
El miembro informante del oficialismo Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que “con la legalización del uso medicinal y terapéutico del cannabis y cáñamo industrial se ha dado un importante impulso a una industria global que tiene un amplio futuro de crecimiento”.
“Estamos ante una actividad intensiva y creadora. Con un empleo de alta calidad”, consideró el legislador puntano que además agregó: “Una parte fundamental de esta iniciativa es la oportunidad que genera para mejorar el acceso de la salud, por lo que se va a poder acceder legalmente y sin clandestinidad al aceite de cannabis”.
Asimismo, dijo que “el cultivo del cáñamo y el cannabis “tiene cualidades ambientales y mejora la estructura del suelo porque además no demanda la utilización de herbicidas”.
Durante el debate, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), justificó su voto negativo al señalar: “Estoy de acuerdo en sacar de la clandestinidad el cultivo del cannabis y tener un control de la producción, pero lo que hace este proyecto es violar la Constitución en temas de facultades de provincias que son las que regulan el tema de desarrollo agrícola”.
En su crítica, señaló: “Como cordobesa creo que es una afrenta dedicarle el voto positivo a una ley que solo el Ejecutivo se va a dedicar a controlar -la producción de cannabis medicinal- mientras desde el oficialismo se generan acciones legislativas o decretos que perjudican la producción del centro agropecuario argentino”.
“Parece que quieren liquidar el campo, pero ahora quieren salir a generar la industria de la marihuana con el control del Ejecutivo nacional y sin la facultad de intervención de las provincias”, criticó Rodríguez Machado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, Mario Fiad (JxC), remarcó los “cambios realizados en el proyecto de ley original”, y señaló: “Apoyo el impulso que se le quiere dar a esta actividad, en especial teniendo en cuenta que Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales”.
La senadora sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) resaltó el proyecto de ley pero planteó que “se espera con ansias que la cuota de federalismo, que fue un compromiso del ministro de Producción, Matías Kulfas, se cumpla” en la reglamentación que realizará el Ejecutivo respecto a la agencia de control donde el reclamo es que las provincias tengan mayor participación y su opinión sea vinculante.
En su discurso, el senador Alfredo Luenzo destacó el hecho de que el cannabis “salga del ámbito de la clandestinidad” y se le dé “el marco que tiene que tener la planta de marihuana”. “El prohibicionismo en el tema del cannabis es un gran problema que tiene que enfrentar el mundo. Como lo enfrentó Canadá, como lo enfrentó recientemente Uruguay, con resultados óptimos en contra del narcotráfico. El prohibicionismo lo único que hace es alentar el narcotráfico”, argumentó.
El chubutense consideró que el Congreso debe darse la discusión sobre la despenalización total del cannabis, porque de esa manera “vamos a ganar la pelea del narcotráfico”. “Tenemos que abrirnos en que el cannabis tiene que dejar de ser una política de prohibicionismo”, insistió.
Además, señaló que “en los barrios vulnerables, cuando los pibes no tienen otra alternativa, de cada 10 pibes, siete, comienzan en el menudeo y esa es la puerta de ingreso”. Reforzando su posición, indicó que en Uruguay “bajó en un 58% el narcotráfico. No es que estamos idealizando la despenalización, estamos mostrando hechos”, concluyó.
Con un discurso crítico y en respuesta a Luenzo, el legislador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro): “Voy a votar en forma negativa en convencimiento hacia dónde vamos como país con respecto de la marihuana. no estoy de acuerdo en sumarme al mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. Ya no se habla de marihuana y ahora se habla de cannabis como una versión atenuada.
El senador por Río Negro fustigó: “El negocio de la marihuana va a tener una irrupción económica más grande desde la creación de Amazon. Se prevé que habrá millones y millones de dólares en el mercado”.
“Esta es la ley más pro capitalista y la más relacionada a las multinacionales que votó este Congreso”, afirmó el exgobernador rionegrino, que remarcó: “No hay ninguna agencia de control de medicamentos que haya aprobado a la marihuana como un medicamento”.
Ante esa afirmación, la senadora jujeña Silvia Giacoppo (JxC) aseguró: “Vamos para donde va el mundo con un cambio de paradigma al dejar de demonizar al cannabis que con su uso medicinal tiene facultades que están probadas para muchísimas dolencias y problemas como la epilepsia”.
Para la senadora puntana Eguenia Catalfamo (FdT) “esta iniciativa genera una oportunidad única, constituye un verdadero triunfo para todos los argentinos y argentinas”, ya que “la propuesta busca mejorar la salud y la calidad de vida de aquellas personas que requieren del tratamiento medicinal del cannabis”.
A su turno, la senadora mendocina Pamela Verasay (JxC) sostuvo que “esta ley tiene falta de federalismo, el marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”.
El senador catamarqueño Dalmacio Mera (FdT) sostuvo que “este proyecto es un buen proyecto que contempla muchas realidades y tiene una especificidad de lo que considera o no estupefacientes, por lo que esta ley aspira a cubrir vacíos y va en sintonía con algunas leyes internacionales”.
Por su parte, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) dijo que “esta iniciativa genera mucha alegría y también esperanza porque vamos a estar consagrando derechos y dando posibilidades en este difícil contexto de pandemia. Estamos creando y regulando un nuevo mercado desde un anclaje basado en la salud pública”, apuntó.
La Cámara alta dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que regula con una ley marco el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Conozca los detalles.
La ley de desarrollo industrial del cannabis medicinal fue aprobada este jueves por el Senado y pasó a Diputados.
Pero, ¿qué establece esta futura ley?
Con cambios, el oficialismo y Juntos por el Cambio avalaron la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, que se votaría la semana próxima en el recinto. Rechazo del rionegrino Alberto Weretilneck.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado avalaron este miércoles el dictamen del proyecto de ley que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, presentado desde el Poder Ejecutivo. Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su rechazo.
La iniciativa, que se votaría en el recinto de la Cámara alta la próxima semana, recibió una serie de cambios respecto de la redacción original, según consensuaron los integrantes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico. Asimismo, en la sesión se incorporarán otras dos modificaciones.
En el texto se contempla además la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.
En el arranque, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebró el acuerdo alcanzado y las modificaciones introducidas, a partir de que “se han receptado todas las principales discusiones y debates que tuvimos”, y también las opiniones de los expositores que concurrieron durante las reuniones informativas, al tiempo de contar con la consulta y el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (FdT) valoró que “tenemos la capacidad de discutir los temas que parecen tabú” y eso muestra “un crecimiento en la visión y en la calidad legislativa que tiene este Congreso”. “Las políticas públicas se construyen así, escuchando a todos”, destacó el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT), que deseó “que tengamos una media sanción pronta”.
También a favor de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) sostuvo -en respuesta a Weretilneck-: “Yo no tengo nada contra el capitalismo. Sí contra el capitalismo financiero, que creo le ha hecho muchísimo daño al mundo y a la República Argentina. Pero sí creo que esta es una enorme oportunidad para que pequeños y medianos productores de Argentina puedan trabajar en materia de diversificación productiva”.
En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) resaltó que “el mundo entero está desarrollando hace pocos años esta industria que, en miras a lo que estamos viendo, es una industria novedosa, pero muy dinámica, en donde Argentina tiene la posición de ser un líder natural no solamente por nuestras condiciones climáticas, sino también por nuestra innovación científica”.
La postura en contra de Weretilneck
En medio del acuerdo armónico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que pocas veces ocurre, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck -aliado del FdT en el Senado- manifestó su posición en contra del proyecto.
Para el legislador, los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional “en cuanto a sumar a Argentina a los 50 países que en el mundo empiezan a formar parte de este negocio, con la finalidad de generar ingresos y exportaciones” se hacen “soslayando absolutamente el tema de la salud pública y fundamentalmente a nuestros jóvenes”.
“Esta es una ley de las más capitalistas que hemos visto en los últimos años, profundamente capitalista”, afirmó el exgobernador de Río Negro, que subrayó que “si vemos lo que está sucediendo en el mundo con el consumo de marihuana”, este “es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes multinacionales”.
Weretilneck opinó que “esto es el reemplazo del tabaco por la marihuana”, advirtiendo que “la humanidad tardó 80 años en darse cuenta del prejuicio del tabaco en la salud pública”.
“El debate es mucho mayor que si vamos a tener este perfil exportador o de creación de economías (regionales) en el país”, agregó y además aseveró que no cree que “el Estado esté en condiciones de controlar esta actividad tan riesgosa”.
El proyecto
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron los senadores, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
A partir de las opiniones de invitados en los plenarios, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.
Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.
Un plenario de comisiones recibió a 16 especialistas en una nueva jornada informativa. El oficialismo buscará avanzar esta semana para debatirlo la próxima en el recinto. La iniciativa prevé además la legalización del cáñamo.
En una nueva reunión informativa, que contó con la participación de más de una docena de especialistas, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado continuaron con el tratamiento del proyecto que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, impulsado por el Poder Ejecutivo.
En el arranque del encuentro, el senador Mario Fiad (UCR) pidió no dictaminar este mismo lunes, sino que “nos demos un par de días para consensuar el dictamen final”. “Estamos medios apurados y en el apuro pueden salir cosas que no sean prolijas”, advirtió el jujeño, que agregó que tienen “los tiempos necesarios hasta para poder dictaminar esta semana, si es que esto se quiere tratar la semana que viene en el recinto”.
Conductor del plenario, en su condición de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que se está llevando a cabo “un muy buen trabajo” y, por ende, este miércoles se buscará que “consensuemos las diferentes propuestas y modificaciones que le podríamos hacer al proyecto y emitir dictamen”.
A continuación, se pasó al tramo de las exposiciones y abrió la ronda el ingeniero Daniel Sorlino, integrante del grupo de estudio y trabajo sobre cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien dio una exposición técnica muy detallada y señaló que “en Europa desde hace muchos años se viene cultivando y viene habiendo un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar a diferentes áreas de uso farmacéutico, industrial”.
También recordó que el cáñamo, derivado del cannabis, “fue autorizado en 1989 en Francia” y desde ese momento “se multiplicó en cinco veces” la producción. En cuanto a Argentina, Sorlino mencionó que “en 1977, en la época del proceso militar” se dio la prohibición del cultivo de cáñamo, por lo cual se llevan “casi 50 años de prohibición” y lamentó de “todo lo que nos estamos perdiendo en función de no poder adoptar toda la tecnología que ya ha sido adoptada en el mundo”.
Por su parte, Diego Bertone, de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina, aportó información sobre los múltiples usos del cáñamo. Entre ellos, ponderó que sirve para “limpiar suelos, disminuir el uso de agroquímicos”, al tiempo que tiene “un alto aprovechamiento industrial”.
No solo puede generar aceite, sino también harina, apuntó el ingeniero, que indicó que de la semilla del cáñamo pueden obtenerse “una infinidad de productos alimenticios”, al tiempo que del tallo, se puede sacar “plantas de producción de fibra larga” o “fibra corta para autopartes y fibra técnica no textil”. Asimismo, del cáñamo se pueden producir biocombustibles como el “bioetanol, biodiésel y biogás”. “Podemos hacer materiales para generar baterías, pilas, con menor impacto que el litio”, sumó.
Desde La Rioja, Clara Olmedo, integrante de la Asamblea El Retamo, grupo que denunció la contaminación por parte de la curtiembre Curtume CBR -que abandonó recientemente el país dejando a 800 trabajadores desempleados-, enfatizó que “el cáñamo representa un cambio de paradigma que no solo nos exige Nonogasta, sino que nos exige el mundo, el cambio climático y los desastres ambientales”.
Para la socióloga, esta ley ayudaría a combatir “la crisis laboral, ambiental y todos los problemas de salud que hemos sufrido por décadas en Nonogasta”. “Tenemos una oportunidad y les queremos exigir que permitan y agilicen la sanción de esta ley”, añadió.
En contrapunto al resto de los oradores, Claudio Mate Rothgerber, asesor en el Senado y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, alertó “que no hablemos de los riesgos de esta mercancía” cuando el cannabis “es una misma planta” y “una droga controlada” en todo el mundo.
“Hoy hablan de marihuana ONG’S, influencers, youtubers, con más autoridad pareciera que las publicaciones científicas o las agencias que controlan medicamentos”, aseveró el especialista en adicciones, que continuó: “Todas las agencias del mundo que controlan medicamentos no consideran a la marihuana un medicamento. Sí promueven y habilitan, como nuestra propia ANMAT, el uso compasivo, pero advierten especialmente que todos los usos deben estar bajo controles de estricta trazabilidad; no puede ser separado el componente medicinal de la planta en condiciones que no sea controlada”.
Además, Mate Rothgerber destacó que, según muestran los balances de empresas de esta industria en Latinoamérica, pese a promover “usos medicinales e industriales, incluso hasta ensayaron usos gastronómicos”, esos componentes comerciales “cada vez fueron formando menos parte de sus ingresos”, y hoy “las facturaciones y los activos que declaran son producto de la venta” de las categorías “también llamas adulto, recreativa: narcótico”.
El padre Pepe era uno de los expositores anotados para participar de esta comisión, pero no pudo conectarse a la videoconferencia.
A su turno, Florencia Corbelle, en representación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis e investigadora asistente del CONICET, se refirió a la cantidad de personas penalizadas por la tenencia de marihuana para consumo personal, por lo que celebró el proyecto, pero reclamó por el cambio de la Ley de Estupefacientes en este sentido.
Según la expositora, la regulación del consumo para mayores de 18 años “es una medida necesaria y urgente” porque “el cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y el tabaco”.
En cuanto a la iniciativa, Corbelle pidió que “se garantice, proteja y fomente la participación de cooperativas, pequeños y pequeñas y medianos y medianas productores y productoras, quien autocultiva y los clubes sociales” en la ley, porque “las formas cooperativas para producir cannabis no solo posibilitan el acceso democrático, sino que equilibran el precio en el mercado”.
A su turno, Soledad Pedrana, de la Asociación de Usuarias y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, contó que su provincia, no adhirió aún a la ley vigente, pese a lo cual la producción en los laboratorios provinciales avanza velozmente con la fragmentación de resina extranjera, cosa que demuestra a su juicio que no hay articulación entre las organizaciones y el Estado, pues hay mucha producción nacional que no está siendo utilizada.
Perla Peralta, representante de la Cámara de Emprendedores Cannábicos de la Argentina, habló de un mercado interno oculto nacional que se está desarrollando sin estar regulado, y respecto de las semillas nacionales que necesitan que la generación de patentes de genética y certificaciones agroecológicas nacionales les dén una ventaja competitiva al pequeño productor para que tengan fácil acceso a la patente y no deban caer en el régimen internacional, “pagando con dólares patentes que tendríamos que estar pagando en pesos”. En ese sentido dijeron que quieren pagar los impuestos correspondientes y destacó que según estadísticas que existe un mercado oculto que representa “muchísimo dinero del cual no le queda así nada al Estado”.
Por su parte, Martín Galíndez, asesor legal de Cannabis Medicinal Argentina, advirtió que hoy el derecho a la salud con respecto al cannabis se encuentra “postergado”, y destacó que se trata de una alternativa terapéutica “basada en un gesto humanitario, porque admitir una nueva terapéutica para dolencias y patologías que tienen una historia no resuelta es un gesto humanitario. Eso es lo que viene a hacer el cannabis medicinal: es una política sanitaria que se apoya en necesidades humanas”.
También expusieron en el plenario Pablo Oviedo, de la Asociación Cannábica Correntina; María Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios Cultura Cannábica; Gabriela Calzolari, de la Asociación Civil Ciencia Sativa; Fausto Botta, de la Campaña Cannabis al Congreso; Emilio Ruchansky, de Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, y Martín Alonso, gerente de Stay True Organic.
El ministro de Desarrollo Productivo expuso sobre el Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Vea los gráficos con todos los detalles.
La iniciativa oficialista establece los mecanismos para la regulación de la actividad del cáñamo industrial y del cannabis medicinal, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.
El proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” ingresó este martes al Senado, para comenzar con su recorrido legislativo tras ser presentado días atrás por el Gobierno nacional, en un acto que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La iniciativa establece los mecanismos para la regulación de la actividad del cáñamo, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.
El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.
El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales. La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.
Basado en varias iniciativas de legisladores, ahora será el Poder Ejecutivo nacional el que impulsa el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. Será este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario.
El Gobierno nacional, encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, presentará este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario, el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” ante consejeros, académicos, legisladores, referentes del sector y gobernadores.
Desde la Rosada se explicó que el objetivo de la ley es dar un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, donde cooperativas del sector y pymes “tendrán un espacio importante” para fomentar el desarrollo de la industria.
Tras la presentación que hará Kulfas, la iniciativa será enviada al Congreso para su debate legislativo.
El acto contará con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; consejeros y consejeras y expertos y expertas en la materia que disertarán en diferentes paneles.
También participarán la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza; y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.
Estarán presentes de manera virtual, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard (FdT); la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT); el director del IIEP CONICET, Andrés López; y el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio.
La transmisión de la presentación podrá ser seguida en vivo desde el canal de YouTube del Consejo, Económico y Social (CES).
El jueves en la sesión de la Cámara baja se buscará aprobar la iniciativa de Ley y se presumen posiciones diversas entre oficialismo y oposición.
Se aprobó en Comisión el proyecto que el poder Ejecutivo remitió a la legislatura, pero Juntos por el Cambio si bien apoyó la iniciativa, elaboró un despacho en minoría con algunas modificaciones.
En una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó por mayoría el despacho del proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo bonaerense sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados.
Si bien todos los bloques se mostraron de acuerdo en avanzar con esta Ley, desde el bloque de Juntos por el Cambio votaron un despacho en minoría, proponiendo algunas modificaciones al proyecto oficial.
“Todos compartimos el espíritu de esta Ley. Nosotros iniciamos este camino con la presentación de un proyecto de Ley de nuestro bloque, autoría del diputado Emiliano Balbín, y luego el Poder Ejecutivo envió el suyo, en muchos aspectos sobre la base de lo que habíamos trabajado ya desde la comisión de Salud”, indicaron los diputados firmantes del despacho de minoría del bloque de JxC: Alejandra Lordén, Daniel Lipovetsky, Anastasia Peralta Ramos, Verónica Barbieri, Laura Ricchini, Melisa Greco, Rosío Antinori, Valentín Miranda, y el propio Balbín.
“Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en comisión, sobre todo en algunos aspectos que nosotros queríamos agregar, y esperamos que el jueves en la sesión podamos finalmente llegar a un consenso, para tener la mejor Ley”, señaló la diputada Alejandra Lordén.
Por su parte, Balbín especificó que “si bien estamos conformes con el proyecto del Ejecutivo, porque, como dijimos, toma en gran parte el proyecto que presentamos en mayo del 2020 y al que adhirieron más de setenta (70) Concejos Deliberantes, creemos fundamental mejorar la figura de la Agencia, para darle mayor representatividad a todos los sectores”.
Al respecto, el diputado Lipovetsky señaló su voluntad de apoyar la Ley, y fundamentó el despacho votado “por la importancia que tiene el tema que no solo abarca la cuestión medicinal, sino que también interesa una dimensión productiva, creemos que requería un mayor debate en las comisiones, para llegar a la mejor Ley. Buscamos que la provincia, además de dar respuesta a los papás y mamás que buscan una solución para sus hijos, sea líder en la producción de cannabis medicinal. Y es por eso que planteamos algunas pequeñas modificaciones que para nosotros mejoran la Ley”, dijo.
Finalmente, el titular del bloque, Maximiliano Abad, indicó que “desde Juntos por el Cambio acompañamos e impulsamos esta Ley, porque entendemos que es un reclamo genuino de la gente, y una posibilidad de desarrollo para la provincia, y este jueves en la sesión trabajaremos para incorporar los cambios que creemos necesarios para mejorar la futura norma”.
Entre otras cuestiones, la principal modificación que se plantea en el despacho votado en minoría por los legisladores de Juntos por el Cambio, es que allí se solicita la transformación la figura de Agencia que plantea el Poder Ejecutivo, por la de un Instituto colegiado, con la participación de más actores, entre los que estarían las universidades nacionales con asiento en la Provincia, organizaciones civiles con objeto en la materia, y una representación parlamentaria.
Lo adelantó el jefe comunal Martín Randazzo, quien dijo que el proyecto está avanzado en el municipio.
Tras la reglamentación de la Ley 27.350 que posibilita el autocultivo del cannabis medicinal, el intendente de General Lamadrid, Martín Randazzo, dijo que el municipio cuenta con todos los elementos para producir –para toda la provincia– en el parque industrial todos los productos que pueden derivar de la planta.
En diálogo con los medios locales, Randazzo aseveró que “a nosotros nos pone en un lugar de privilegio porque ya tenemos bastante avanzado el proyecto”.
El jefe comunal resaltó además que “se abre un gran abanico, con la producción de aceite y cualquier transformación como el uso en animales”.
Cabe resaltar que la nueva reglamentación habilita no solo a importar productos medicinales de cannabis, que ya estaba permitido, aunque solo para las epilepsias refractarias y vía ANMAT, sino también el expendio en farmacias habilitadas para vender y producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas.
La Ley incluye la promoción pública de programas de extensión universitaria vinculados al cannabis medicinal, el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso; así como la posibilidad de articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos, privados y organizaciones no gubernamentales
El Parlamento sancionó por unanimidad una ley que reglamenta la utilización e investigación de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos.
Tras varias semanas de debates en el marco de la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev)-, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. También declara de interés sanitario para la Ciudad las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados, sea tanto con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también en el programa de reducción de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos.
Además plantea que el Ministerio de Salud porteño, a través de los organismos pertinentes, promoverá estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso del cannabis con fines terapéuticos, con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso. Se impulsará la participación de asociaciones civiles que estén relacionadas a la temática, de los entes estatales tales como hospitales públicos, universidades, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para que establezcan pautas y protocolos precisos de investigación.
Asimismo, promoverá la investigación y capacitación de la siembra y el cultivo de Cannabis y sus derivados, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Los estudios e investigaciones vinculados al uso de cannabis con fines terapéuticos deben ser desarrollados en el marco del mejoramiento de los determinantes de salud, propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
Por otro lado, el texto recientemente aprobado crea el “Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis” conformado por representantes de asociaciones civiles especializadas en la investigación y uso terapéutico del cannabis, representantes de los usuarios de medicamentos a base de cannabis medicinal, profesionales e investigadores de Universidades.
Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus cargos ad honorem. El número de representantes, el carácter y la periodicidad de las reuniones, lo establecerá la autoridad de aplicación en la reglamentación correspondiente.
El debate en el recinto
En su exposición en el recinto, Vischi expresó su “satisfacción por el consenso alcanzado que permitió este avance en materia de políticas de estado superadoras para alcanzar leyes tendientes a la salud integral de las personas” y remarcó que “en la búsqueda de la construcción de derechos teníamos que resignar posiciones dogmáticas y flexibilizar aspiraciones para la búsqueda de una ley que sumara y permitiera una alternativa terapéutica para quienes la necesiten”.
Asimismo señaló que “la adhesión a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal permite que esta jurisdicción acompañe con particularidades propias lo establecido por la Ley 27.350 y que más allá de la epilepsia refractaria se investigue para que enfermedades se considere el cannabis como tratamiento, contempla el acceso informado y seguro cómo recurso terapéutico” y remarcó que “la medicación con cannabis que pueda mejorar las condiciones de vida de menores y adultos va a ser la mejor contribución que desde la Legislatura podemos brindar a quienes la necesiten; será imprescindible promover la investigación y estudios para conocer sus aplicaciones, indicaciones, dosis y contraindicaciones las que serán necesariamente regidas por el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación”.
“De esta manera una vez más implementamos medidas en pos de mejorar las condiciones de vida de la población y democratizamos la salud extendiendo derechos a la comunidad y a su vez la ciudad jerarquiza sus instituciones de salud mediante protocolos de investigación aplicada enmarcada en la Bioética”, destacó y aseveró que “en este año tan particular, donde la vida cotidiana nos cambió a todos, entendimos aún más, que los temas de salud son políticas de estado, que debemos construir puentes, que como en las leyes de ILE, Plasma y acompañamiento para pacientes con Covid en etapa final de vida, el objetivo principal es el acceso a la salud de la ciudadanía”.
En tanto Myriam Bregman (PTS) destacó que “es importante lo que estamos debatiendo, quiero saludar a las organizaciones que vienen luchando desde hace muchos años; Manuel Belgrano fue uno de los primeros en hablar del cannabis medicinal, así que miren ustedes si este tema tiene retraso” y recordó que “muchas familias tuvieron que convencer a los diputados y legisladores de que era necesario, muchos tuvieron que llevar a sus hijos para que vieran los efectos”.
A la vez que manifestó que “ahora hace falta un debate más integral y de fondo, es decir, la regulación integral del cannabis para todos sus usos… hay que legalizar el cannabis, la legalización integral de la marihuana para que la ANMAT pueda controlar todo lo que se consume, incluido el consumo adulto o recreativo”.
Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “este es un triunfo de las familias, la verdad es que hay que reconocérselos, reclamaban por un derecho que es elemental y sin embargo costó muchísimo. Todavía es un derecho que se está aprobando de una manera muy limitada, porque las patologías que están aprobadas eran pocas, porque no se regulaba el cultivo y el cultivo solidario”.
Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) expresó que “tenemos que permitir el uso medicinal del cannabis en la Ciudad para que quienes conviven con diferentes patologías como dolor crónico, Parkinson o fibromialgia, por ejemplo, puedan sobrellevarlo mejor” y consideró que “hay que desterrar el prejuicio que rodea al cannabis medicinal y entender que es una solución a las dolencias de muchas personas. Apoyo esta ley porque amplía derechos y se suma a la ley nacional”.
A la vez que el socialista Roy Cortina (PS) manifestó que “la sensación que uno tiene con esta temática es que a partir de la sanción de la ley que aprobó el Senado, se dio un paso adelante para visibilizar el tema pero quedó la sensación de que se quedó a mitad de camino. Por obra de la resilencia legislativa, esas impresiones, ha dejado a las distintas jurisdicciones provinciales a regular de la mejor manera posible el uso del cannabis medicinal”.
La peronista e impulsora de una de las iniciativas al respecto, María Rosa Muiños (FdT), recordó que “este despacho se aprobó en Comisión antes de la nueva Ley Nacional. Hasta el 2017 el cannabis estaba relacionado con las drogas, por lo que quien cultivara y consumiera también era perseguido por un delito” y sentenció que “las familias tuvieron que organizarse para darle pelea a un sistema que los criminalizaba, aun cuando ellos solo buscaban darles una mejor calidad de vida a sus hijos”.
A su turno el legislador de UCR-Ev e impulsor de una ley de regulación del cannabis, Leandro Halperín, explicó que “es un día en el que esta Legislatura tenemos que estar orgullosos, estamos ampliando derechos y estamos derribando prejuicios. ¿Por qué regulamos sobre el cannabis medicinal? Efectivamente porque hay una ley, pero eso no excluye otras previsiones de otras leyes al respecto de los usos del cannabis”.
“Construimos los acuerdos necesarios y llegamos a lo que soñamos. Nosotros desde la UCR venimos acompañando a las familias desde hace mucho tiempo, en 2018 presentamos un proyecto de ley en ese sentido”, destacó y concluyó señalando que “hay mucho prejuicio sobre la marihuana, se la asocia a las drogas y el reagge… claro que también tiene esos usos, pero también se usa con fines terapéuticos y ayuda a muchas personas”.
Los diputados se reúnen desde las 11.57 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán darle aprobación a una ley que reglamentaría la utilización e investigación de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reúne desde las 11.57 para darle sanción a una iniciativa de ley que busca establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro al cannabis medicinal y sus derivados, además de establecer parámetros de investigación al respecto.
La ley que se pondrá a votación refiere a esa planta herbácea “como recurso terapéutico, para la investigación y el uso científico, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”, según el despacho conjunto de las comisiones de Salud –presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev) y de Presupuesto -a cargo de Claudio Romero (VJ)-.
Una iniciativa de María Rosa Muiños (FdT) propiciaba la adhesión a la ley nacional sobre el tema y una posterior propuesta de Leandro Halperín (UCR-Ev) y el resto de su bancada derivó en la elaboración de una normativa regulatoria propia para la Ciudad de Buenos Aires, incorporando a la vez lo aprobado en el Congreso de la Nación (Ley 27.350).
Lo que se debatirá es la declaración “de interés sanitario para la CABA las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados”, a cuyos efectos se plantea normatizar sobre investigación, autorizaciones para el cultivo personal de marihuana, atribuciones de la autoridad de aplicación, creación de un Consejo Asesor y la habilitación para firmar convenios con instituciones, asociaciones u organismos.
Según el texto despachado para la sesión, la ley dejaría a cargo de la reglamentación, que corresponde a la Jefatura de Gobierno, la definición de detalles técnicos y operativos.
Por otro lado se debatirá un régimen de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales de la CABA se propone que sea incorporado a la ley de ética pública (N 4.895, de 2013)-
El asunto tuvo despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales -preside Hernán Reyes (VJ)-, de Legislación General -Guillermo Suárez (VJ)- y de Presupuesto. Había al respecto siete proyectos en consideración y se concluyó elaborando un texto respaldado por la mayoría de Vamos Juntos y otros bloques afines.
También se proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones.
El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
La Comisión de Salud firmó el dictamen favorable de un proyecto de ley que reglamentará la utilización e investigación de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos.
Tras varias reuniones en las que se debatió al respecto, la Comisión de Salud –presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev)- firmó un dictamen de mayoría de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.
El proyecto en cuestión también legislará sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.
Al respecto de la medida, el diputado Leandro Halperín (UCR-EV), quien es autor de la norma, explicó en sus redes sociales que “falta poco (para su sanción), el acuerdo es robusto, todos los bloques de la Legislatura somos parte” e insistió en que “estamos ampliando derechos, estamos protegiendo el derecho a la salud”.
“Dentro de pocos días, el cannabis medicinal en la Ciudad de Buenos Aires será ley y las familias estarán más y mejor protegidas”, concluyó.
La Comisión de Salud se reunirá este miércoles a las 12 para continuar analizando un proyecto que buscan regular la utilización en investigación acerca de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos, al mismo tiempo que buscarán construir consensos para su sanción.
A un mes de que la Legislatura porteña abriera el debate, la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (VJ)- convocó a una nueva reunión para este miércoles a partir de las 12, a fin de que los diputados continúen con el análisis de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.
El proyecto en cuestión también legislaría sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.
Cabe destacar que el debate al respecto comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando la Comisión de Salud se reunió con el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Carolina Gaillard, avanza en más aspectos que la ley sancionada en 2017.
La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral del uso del cannabis medicinal, al tiempo de “generar las condiciones normativas para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos”.
La legisladora, quien en 2017 presidió en la Comisión de Salud el debate de la Ley 27.530, impulsa ahora una nueva iniciativa que cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
“Se trata de garantizar el acceso efectivo al cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental, entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente”, explicó la oficialista.
Además, apuntó que “con este proyecto integral lo que se busca es que las y los usuarios finalmente puedan acceder al uso medicinal en sus distintas formas; y se generan las condiciones para el desarrollo de una industria de cannabis para la salud, considerando que es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país”.
“Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera Ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella Ley tiene limitaciones por lo que desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, sostuvo.
El proyecto promueve “un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal”.
En el texto se propone la creación de un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, articulando con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.
También se buscará “promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que serán coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales”.
“Una característica fundamental en este sentido es la promoción de este desarrollo científico, tecnológico y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal y desde la perspectiva de género”, agrega.
En lo que refiere a la producción, se propondrá regular el autocultivo garantizando el acceso universal para todos los pacientes que lo necesiten; de esta forma se crearían figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud.
Se estipula la creación de un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las cuales serán gratuitas para autocultivo y cultivo solidario. Mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se estima crear un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.
En este sentido, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó: “Como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones, proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”.
Desde lo judicial, este nuevo proyecto contempla una despenalización de todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud y brindaría garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
Entre sus firmas, acompañaron la iniciativa los oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez, Mara Brawer, Martin Soria, Gabriela Cerruti, Monica Macha, Cecilia Moreau, Fernanda Vallejos, Jimena López, Blanca Osuna, Graciela Landriscini, Gabriela Lena, Pablo Carro, Lucila Masin, Leonardo Grosso y Nicolás Rodríguez Saá; y la cívica Marcela Campagnoli.
El legislador radical se refirió al debate parlamentario respecto a la regulación del cannabis para tratamiento medicinal, y sostuvo que se trata de “un desafío importante para regular una sustancia que se demuestra cada vez con mayor eficacia”.
El diputado porteño radical Leandro Halperin se refirió al debate en la Legislatura de CABA para regular al cannabis para tratamiento medicinal, e indicó que “tenemos un desafío importante para la ciudad de regular una sustancia que se demuestra cada vez con mayor eficacia para tratar muchas patologías de manera medicinal y terapéuticamente también. El desafío es regular un derecho que el Congreso nacional estableció a fines de 2016 y que el acceso al cannabis es legal y el Estado tiene que grantizar que quienes lo necesita puedan tenerlo”.
En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, el legislador por Evolución fundamentó los motivos por los que cree que este proyecto es prioritario, y sostuvo que “si algo quedó en claro en estos momentos de pandemia es la importancia del rol de Estado en la prevención para no tener que lamentar y costear las consecuencias de un Estado que llegue mal o tarde a problemas vinculados a la salud pública”.
En este sentido, Halperin consideró además que al regular el cannabis “le da a la Ciudad la posibilidad de generar ingresos que en este contexto son importantes para cualquier lugar”. Y que, el tercer argumento es que “la falta de regulación hace mantener a muchas familias en la marginalidad, que al cultivar porque necesitan el cannabis medicinal no pueden acceder de manera legal al aceite. La falta de regulación hace que termine interviniendo el Poder Judicial con la Justicia penal”.
Aún así, el legislador aclaró que debe haber una intervención de un profesional de la medicina en la preescripción de la marihuana. “Los beneficios del cannabis son muchos y la regulación puede dar lugar a que encontremos más todavía con fines industriales, medicinal y terapeúticos”, manifestó.
“En CABA, al no estar regulado todavía, no se vende en las farmacias, el acceso se hace a través del ANMAT y de la importación. En otras juricciones como la provincia de Buenos Aires se puede conseguir en farmacias, en Jujuy el Estado siembra, ha creado una empresa para hacerlo, hay municipios en Río Negro, en Neuquén que han autorizado el auto cultivo y cultivo solidario”, explicó.
Con respecto a aquellos que se oponen a este proyecto dijo: “Hay muchos prejuicios alrededor de la marihuana y esta asociación que tiene con lo delictual, a lo violento, es lo que reina, pero estos argumentos han sido derribados por la ciencia. Por eso estamos trabajando en la sensibilización y lo importante es que haya un acuerdo amplio para que no sea sólo una mayoría circunstancial”, concluyó el legislador radical.
La Comisión de Salud puso en debate dos proyectos que buscan regular la utilización en investigación acerca de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos, al mismo tiempo que buscarán construir consensos para su sanción.
Tal y como lo anunció parlamentario.com la semana pasada, la Comisión de Salud -presidida por María Patricia Vischi (UCR-Ev)- dio inicio al debate entre diputados, médicos y organizaciones de la sociedad acerca de la utilización e investigación sobre el cannabis medicinal.
Al respecto, existen con estado parlamentario dos proyectos de leyes de los legisladores Leandro Halperín (UCR-Ev) y María Rosa Muiños (FdT), aunque todos los diputados de diferentes bloques expresaron la intención de acordar “de forma transversal” un texto común que surja del consenso con diversos actores de la sociedad y del ámbito científico.
En ese sentido Vischi explicó que lo que está en tratamiento relativo al cannabis es “su aplicación terapéutica para casos donde ha sido aprobado su uso” e indicó que se busca “darle visibilidad al tema y para eso es importante escuchar, impulsar investigaciones y conocer experiencias”, con el propósito de “acordar la mejor ley posible entre todos”.
Por su parte, Halperín defendió su proyecto para “la protección del derecho a la salud”, comentó que está en contacto con las asociaciones de cultivadores y las familias que “necesitan con fines terapéuticos” el uso de la marihuana y anticipó que su bancada está predispuesta a hacer “acuerdos transversales amplios”.
Dicho texto tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. También plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
En esa misma reunión la ex ministra de Salud y legisladora de Vamos Juntos (VJ), Ana María Bou Pérez, insistió en la necesidad de “lograr una ley que cubra todas las necesidades de las personas y de las patologías que requieran la utilización del aceite de cannabis”, pero también resaltó que “el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de trazabilidad para garantizar las características óptimas de la medicación”. Asimismo hizo hincapié en que es menester capacitar y formar profesionales de la salud en la aplicación y el seguimiento del uso de este remedio alternativo.
Mientras que la peronista Claudia Neira (FdT) consideró que “este es un debate trascendental”, mencionó que “hay un compromiso entre las distintas fuerzas políticas, un debate para profundizar con los distintos actores de la sociedad y un compromiso también a nivel nacional”.
Entre otros, conferenció ante la Comisión de Salud el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.
También formaron parte de la comisión los diputados Paola Michielotto, Gimena Villafruela, Sol Méndez, Facundo Del Gaiso y Guillermo González Heredia (VJ); María Rosa Muiños, Victoria Montenegro, Laura Velasco, Juan Valdés y Javier Andrade (FdT); Inés Gorbea y Diego Weck (UCR-Ev).
La Comisión de Salud de esa Casa iniciará este lunes el debate acerca de una norma que busca establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro, la investigación, uso y producción pública del cannabis.
Buscando dar respuesta a un reclamo de las familias, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña iniciará este lunes a partir de las 16 el debate acerca de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por el diputado de la UCR-Evolución Leandro Halperín y lleva la firma de los legisladores Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Franciso Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte y María Patricia Vischi (UCR-Ev).
El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.
El proyecto en cuestión también legislaría sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.
Al respecto del inicio del debate, Halperín explicó que “tenemos mucha alegría, venimos trabajando hace tiempo con familiares que necesitan esta planta para sus seres queridos y mejorar su calidad de vida” y recordó que también trabajaron “con especialistas y cultivadores solidarios que con responsabilidad colaboran con quienes lo necesitan”.
“Estamos cerca, estamos convencidos que vamos a llegar a buen puerto. Faltan construir los acuerdos que nos quedan por hacer pero estamos seguros de que estamos derribando prejuicios”, indicó y concluyó señalando que “estamos protegiendo el derecho a la salud”.
El proyecto de Ley tomó estado parlamentario el 23 de julio de este año y busca modificar la Ley 14924, de adhesión a la Ley nacional 27.350
Mientras esperan que el Ejecutivo provincial avance en el tema, y con el compromiso de las autoridades de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de tratarlo en conjunto, desde el bloque trabajan en un proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para el uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados.
El proyecto de Ley tomó estado parlamentario el 23 de julio de este año, a instancias del diputado Emiliano Balbín y con el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio, y busca modificar la Ley 14924, de adhesión a la Ley Nacional Nacional 27.350 de “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, para crear un marco integral regulatorio del uso medicinal del cannabis en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
“Esa ley, la 14924, sancionada en 2017, adhiere al marco regulatorio nacional, pero no avanza más allá. Lo que buscamos ahora es, entre otras cuestiones, que el cannabis medicinal esté contemplado en el sistema público de salud de la Provincia, y avanzar en un marco regulatorio integral propio, tanto en la etapa de la investigación, del desarrollo y de la producción del cannabis medicinal”, señaló al respecto el legislador.
“Para este trabajo hemos revisado las experiencias que hay en nuestra Provincia, como en General La Madrid, hemos trabajado con los concejales del distrito de Tornquist, las Universidades y Asociaciones Cannabicas, profesionales, y hemos recibido además aportes de otros legisladores que nos han brindado su mirada, como Melisa Greco, Valentín Miranda, Rosio Antinori, Anastasia Peralta Ramos, Daniel Lipovetzky, Laura Ricchini, Verónica Barbieri, la Dra. Alejandra Lorden, quien tuvo un rol fundamental como profesional y como vice presidenta de la de la comisión de Salud, y las diputadas nacionales Karina Banfi y Josefina Mendoza ”, agregó.
El proyecto declara de Interés Público Provincial las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de Cannabis y sus derivados con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también con fines preventivos en materia de adicciones y consumos problemáticos.
También incorpora al Sistema de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires los medicamentos a base de Cannabis medicinal y todas sus formas farmacéuticas derivadas, reconociendo la cobertura médico asistencial integral de todos los pacientes que necesiten de estos tratamientos.
Para ello, el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia (IOMA), deberá incorporar como prestación obligatoria y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura total e integral de los medicamentos a base de Cannabis medicinal y todas sus formas farmacéuticas.
La iniciativa, además, prevé la creación de un programa terapéutico especial para dar cumplimiento a la norma, al tiempo que regula el desarrollo y la producción pública de medicamentos, el autocultivo, registro de cultivadores, y campañas púbicas de concientización.
Finalmente, establece como autoridad de aplicación, y en forma conjunta, a los ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario de la Provincia.
Luego de esta presentación, otras propuestas han ingresado a la Cámara, y en ese sentido y para finalizar, Balbín dijo: “la idea es lograr la mejor Ley posible sobre cannabis medicinal para todos los bonaerenses, y el trabajo en conjunto estará dirigido en ese sentido”.
El legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín encabezará una jornada de debate al respecto y volverá a insistir con un proyecto de ley de su autoría que busca autorizar el autocultivo de cannabis con fines medicinales.
Con la intención de ampliar los derechos a la salud, el diputado porteño de la UCR-Evolución Leandro Halperín volverá a presentar este miércoles en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca regular el autocultivo de cannabis con fines medicinales en el distrito capitalino y encabezará una jornada de debate al respecto, en la que participarán especialistas en la materia.
En ese sentido, el radical le explicó a parlamentario.com que “el objetivo es sensibilizar a la comunidad legislativa pero también al conjunto de la comunidad de la Ciudad sobre la necesidad de avanzar en la sanción de esta ley, que ya está presentada desde hace dos años pero viene demorada en su tratamiento” y aseguró que tiene “la expectativa de que durante el 2020 la podamos llevar a la Comisión de Salud y, con un dictamen favorable, al recinto para su aprobación”.
Además remarcó que “hay acuerdo entre los distintos partidos, solamente hace falta voluntad política para sancionarlo y a esa voluntad hay que ayudarla” y precisó que “con ese objetivo es que hacemos esta actividad, como todas las que venimos haciendo, para difundir la importancia de regular el acceso al derecho a la salud, en este caso para quienes necesitan del cannabis medicinal. El Estado tiene todas las herramientas para hacer las cosas bien, ya no hay argumentos para seguir haciéndolas mal”.
Según consignó el legislador, el proyecto de ley volverá a ser presentado porque el anterior perdió su estado parlamentario; es así que su nueva presentación se hará este miércoles a las 10, en el salón Jauretche de la Legislatura, en el marco de un debate público del que participarán especialistas.
En la jornada participará la representante de la asociación de Asociación Pensamiento Penal y Cultivadores Argentina, Gloria Juárez; el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Arturo Pozzali; el neuropediatra y representante de Procannt, Carlos Magadalena; y la psicóloga Rosario Gauna Alsina.
