Luego que los miembros de La Libertad Avanza cuestionaran el accionar de la bicameral encargada de la elección de la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo para el que resultó propuesta María Paz Bertero, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apuntó contra la oposición y aclaró que no tuvo parte en tal proceso.

A través de un comunicado, el riojano apuntó que el pasado martes se aprobó la terna en la comisión, tras un nuevo concurso público, y recordó que “la defensora anterior -puesta por el kirchnerismo-, en un hecho ilegal y sin precedentes decidió ‘auto prorrogarse el mandato’, lo que obligó a constituir la Comisión Bicameral para resolver tal situación”.

“En esta Comisión, al igual que en las que son de carácter permanente y como sucede en los plenos de las Cámaras, el bloque de la Libertad Avanza se encuentra en franca minoría”, remarcó y continuó: “A pesar de ello, el bloque se opuso a las modalidades en las que se realizó el concurso, por considerar que ciertas condiciones que iban a determinar la elegibilidad de los candidatos, se conocieron con los resultados a la vista, tal como lo explicó el diputado (Nicolás) Mayoraz en una de las últimas reuniones”.

Para Menem, disconforme con el nombre elegido, “lo que sucedió en la Comisión Bicameral es una réplica de lo que sucede en el Congreso en general, el kirchnerismo y el radicalismo kirchnerista con sus aliados -ayer enemigos íntimos- pretenden manejar la agenda de gobierno, sólo pensando en sus propios intereses y en la repartija de cargos que les permita subsistir ante la cercanía de su ocaso político”.

“Como presidente de @diputados, debo arbitrar los medios necesarios para que se respete la voluntad del cuerpo. Como mencioné antes, La Libertad Avanza cuenta con solo 37 de los 257 miembros de esta Cámara. En esta bicameral contamos con 2 de 10 miembros; atribuirme a mí decisiones que no comparto, ni en las que intervengo, no es más que una canallada como tantas otras”, rechazó.

Y, en tono electoral, cerró: “Para potenciar el gobierno de @jmilei en el Congreso es que estamos trabajando en todas las provincias. No tengo dudas de que a partir de octubre la realidad del Congreso será mucho más favorable. ¡VLLC!”.

Tras la elección de la terna por parte de la bicameral, los pliegos -de la defensora titular y los adjuntos- deberán tratarse en los plenos de ambas cámaras, donde requieren de una mayoría simple.

La Bicameral encargada de la selección del próximo defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante este lunes la tercera jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo.

De acuerdo con el cronograma del concurso público, entre el 2 y 21 de septiembre, los integrantes de la comisión realizarán la evaluación final y elaboración del dictamen, mientras que el próximo 22 será la definición del/la candidato/a y elevación a las cámaras, previo reunión de la bicameral y votación de la misma.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, y este lunes 1ro. de septiembre, se escucharon a los más de 70 postulantes que aprobaron el examen escrito anteriormente.

La primera expositora de la tercera jornada de audiencias públicas fue María Alejandra Reyna, quien propuso "una defensoría provincial, con constante interacción con las defensorías provinciales, las existentes y las a crearse". "La problemática de la niñez solamente puede abordarse desde la interdisciplina", remarcó.

Además, expresó que "es fundamental llegar a todos los puntos del país" y consideró que "lo que nos falta es una red, un trabajo conjunto". En ese sentido, habló de trabajar con "referentes comunitarios que conocen la necesidad que se plantea en una comunidad" y con "todos los operadores públicos y privados que trabajen con la niñez".

A su turno, Florencia Trufó destacó la "rapidez, transparencia, eficacia" de la bicameral en el proceso de selección para reemplazar a Graham. "Hubo una respuesta rápida y eficaz, que nos permitió seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades con tranquilidad, en un momento de zozobra que pasamos", dijo la socióloga, quien trabajó estos últimos cinco años en la creación e instalación de la Defensoría; antes había estado en la Sedronar.

Sobre su conocimiento del organismo, apuntó que existe un "sobredimensionamiento del área administrativa respecto del área técnica, sobre todo en el nivel jerárquico" y opinó que hay que encontrar un "equilibrio entre lo administrativo y lo técnico-profesional". También, afirmó que hay que "darle funciones específicas a los defensores adjuntos; no se puede seguir trabajando con una sola cabeza que tome todas las decisiones".

Por su parte, Nicolás Ezequiel Casas aseguró que "uno de los flagelos más graves que sufren a diario los chicos" es "el maltrato infantil, algo que cercena y vulnera derechos de los más básicos, y entiendo que en esto faltan cosas por hacer". "No tomamos consciencia de la naturalización que hay", observó.

Sobre la estructura de la Defensoría, sostuvo que "no tenemos que hacer cambios abruptos; en líneas generales debe mantenerse, con algunos cambios" como el de las funciones de los defensores adjuntos para que "estén divididos en sus funciones". Sobre esto, propuso que uno se ocupe de la cuestión federal y territorial y el otro de la incidencia, el litigio estratégico y promover la participación de niños y adolescentes. En línea con su preocupación, planteó que exista "una dirección específica de fortalecimiento en la prevención de maltrato infantil".

En su presentación, Abigail Mercado manifestó: "La infancia no puede esperar. Estoy acá porque pasan los días y un niño pierde una oportunidad que no volverá. Mi plan no es teoría, se trata de una gestión real, con tiempos medibles, protocolos claros, control ciudadano. No se trata de deshacer lo que se vino haciendo hace años, sino de construir sobre lo construido". "Vengo a presentar la decisión de no callar por nuestros niños. Cada día de demora es un chico en la calle, una nena abusada, un adolescente perdido en la droga. Es importante el trabajo en territorio, caminar y estar en el barro", agregó.

En coincidencia con otros postulantes, Matías Robledo señaló que el plan de trabajo "no puede desconocer lo que ya trabajó la Defensoría; hay ciertas bases que tenemos que reconocer". No obstante, su plan es "tener una Defensoría mucho más amigable, humana y sobre todo más cercana a la población" con "un programa de acción con impronta federal".

Exjueza de Menores, Flavia María Graciela Valgiusti planteó una "visión sistémica" con "eje en federalismo y territorialidad". "Si bien los recursos económicos son importantes y tenemos que pensar cómo llegan y se administran, necesitamos pensar en otros tipos de recursos. Argentina tiene excelente recursos humanos, ocurre que a veces no están suficientemente valorados o cuidados", subrayó.

Sobre esto, mencionó que hay un "problema con los recursos organizacionales e institucionales". A continuación, habló de llevar adelante una "articulación entre Nación, provincias y municipios para compartir políticas que tenga la misma visión" y convocar a "mesas de diálogo intersectoriales".

En una segunda jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo de defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, la bicameral encargada del concurso público se reunió este viernes para escuchar los planes de trabajo de los postulantes.

Esta instancia comenzó el jueves 28 y culminará el próximo lunes 1ro. de septiembre, con el fin de que expongan los 73 aspirantes que lograron aprobar el examen escrito. En tanto, la comisión se fijó el 22 de septiembre como fecha para la selección del sucesor de Marisa Graham.

Las legisladoras Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura -presidenta de la Comisión Bicameral-, del lado de la Cámara baja, y Stefanía Cora y Vilma Bedia, representantes del Senado, fueron quienes realizaron diferentes preguntas a las postulantes.

Tras una primera tanda de audiencias centradas en el diagnóstico sobre la situación de los menores en el país, la jornada de este viernes estuvo marcada por las ideas sobre la estructura que se le daría a la Defensoría y el federalismo: el trabajo en y con las provincias.

Primera en exponer este viernes, la abogada Melina Mabel Ghione advirtió que "las infancias y adolescencias están en crisis y la crisis es profunda y compleja". "Necesitamos una estructura eficiente, especializada y descentralizada", consideró y habló de tener "defensores adjuntos con enfoques específicos", seis direcciones y un comité asesor plural.

"No propongo una gestión indivudual ni mirar todo desde Buenos Aires. Hay que ampliar la presencia en las provincias porque no todas tienen Defensoría (provincial)", expresó y señaló que actualmente se cuenta con "una partida presupuestaria muy limitada para el desafío de la presencia territorial" que requiere la tarea.

María Ángeles López, quien trabaja hace una década en la Defensoría del Niño de La Pampa, enfatizó que la Defensoría Nacional "es un organismo de control y para poder controlar debemos trabajar de manera coordinada con el resto de las provincias". "Hay que garantizar una presencia territorial simbólica y material", dijo.

"Es fácil trabajar con las provincias que garantizan derechos, lo complejo y el desafío está en aquellas provincias donde todavía hay que reforzar la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación vigente", subrayó y aseguró que si asume el rol, "regionalizaría el organismo" y haría acuerdos con las provincias.

A su turno, Julián Axat opinó que "la Defensoría del Niño tiene que tener mayor volumen político, tiene que estar y ser protagonista de la agenda pública. La voz de la anterior defensora ha sido importante, pero me parece que le ha faltado proyección. Es necesario que el defensor en su autonomía, independencia y rol protector, sea una voz fuerte de la agenda pública y nacional. Una reforma por arriba desde lo político y una reforma por abajo desde la territorialidad".

El pedagogo y psicologo Roberto Fidel Candiano manifestó que hay que "impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, sobre todo, de los que más lo necesitan. Yo creo que si después de cinco años de un defensor no se mejora la calidad de vida de los chicos, nos tenemos que ir a nuestras casas y cerrar todo y no gastar más plata. Hay que mejorar la vida de los chicos".

También dentro de los candidatos, la exlegisladora porteña María José Lubertino enfatizó que "los derechos de niñas, niños y adolescentes son una política de Estado, pero eso lo tenemos que hacer realidad con el protagonismo de ellos mismos".

Entre los principios que propone, enumeró: "Federalismo de concertación, territorialización, democracia participativa, diálogo de saberes, acceso a derechos, acceso a justicia, desjudicialización, fortalecimiento del equipo, eficacia, eficiencia, indicadores, visibilidad y transparencia".

La abogada apuntó además que hay que "mirar las legislaciones comparadas provincia por provincia" con el fin de "disminuir los graves desfasajes y desigualdades" entre cada una de ellas. "Hay que trabajar con los gobernadores, con los ministerios, con las Cortes y los Ministerios Públicos federalmente", propuso.

"El primer desafío es construir en red", aseguró y habló de "aprender de las defensorías preexistentes". "No estoy presentando un proyecto ambicioso e irrealizable sino acorde al presupuesto que hay", indicó, al tiempo que vio con buenos ojos "impulsar la creación de defensorías en todas las provincias".

Por su parte, María Fátima Silva señaló que su gestión consistiría en "mucho territorio sin replicar acciones". "Las problemáticas y las cosas a resolver de cada provincia son distintas", aclaró y recomendó el armado de "mesas de trabajo en cada provincia" y la creación de "defensores juveniles voluntarios en todo el país".

"Yo iba a proponer en el plan y no lo quise hacer, porque imaginé que iba a ser un costo enorme, pero pensé en una Defensoría itinerante en algún momento, sin necesidad de replicar estructuras", reveló.

A su turno, María González Lonzieme consideró un honor ser parte de las audiciones para ser defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y definió que la creación de este organismo “fue un fruto histórico de lucha y personas comprometidas con la niñez”. Asimismo, afirmó que “la distancia entre las leyes y la vida real de nuestros chicos sigue siendo enrome”.

Acto seguido, G. Lonzieme consideró que “hay una situación crítica porque más de 7.000.000 de chicos, chicas y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que representa el 60% de muestra infancia”. También, advirtió que “la deserción escolar avanza”, y remarcó que “la pobreza infantil no es un dato, es una vulneración sistemática de derechos”.

La última audiencia fue la de Ana Belén Mormero, quien destacó “que este concurso estaba más orientado a abogados, pero se necesitan un montón de profesiones que hagan carne la premisa de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Ginebra de 1957”. Luego, remarcó que “el nodo central de la crisis que estamos atravesando en materia de infancias es, sin dudas, la pobreza infantil”.

“La pobreza infantil hay que ponerla en el centro y varios informes la analizan desde una mirad multidimensional, y tenemos que elevar el concepto como lo clasifica Unicef”, explicó. Además, agregó que “cuando tenemos un niño está afectado en la base de todos sus derechos que es su dignidad”.

Luego de nueve horas de reunión y con medio centenar de exposiciones, la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Natalia Sarapura, anunció que las audiencias públicas van a continuar el próximo lunes 2 de septiembre a las 9.30.

Durante tres jornadas, la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará en audiencia pública a todos los candidatos que superaron el examen escrito y buscan ocupar el cargo que quedó vacante este año con la salida de Marisa Graham.

En la primera jornada de este jueves, que tuvo un cuarto intermedio pasado el mediodía y se reanudó por la tarde, pasaron más de una veintena de postulantes. Las exposiciones continuarán este viernes 29 y el próximo lunes 1ro. de septiembre.

La audiencia, conducida por la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Los candidatos defendieron sus planes de trabajo e ideas para llevar a cabo desde la Defensoría, al tiempo que expusieron sobre diagnósticos actuales que atraviesan niñas, niños y adolescentes: pobreza, desigualdades, violencias, salud mental, educación, acceso a la justicia, adopción, menores en conflicto con la ley penal, entre otros temas. También recibieron preguntas de los legisladores.

La primera en hablar fue Sonia Gabriela Almada, quien se definió como una "sobreviviente de múltiples violencias vividas en la infancia", lo que la motivó a "tomar el compromiso de proteger a la infancia desde siempre", con el objetivo de que "la infancia pueda estar protegida y tenga una vida sin violencia". En ese sentido, contó que en 2003 fundó una asociación civil de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, desde donde han propuesto la creación de un Ministerio de la Infancia y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, entre otras iniciativas.

Almada aseguró que desde la Defensoría impulsaría que "Argentina tenga por primera vez un marco de salvaguarda infantil", que consiste en "una cantidad de protocolos para que el Estado cada vez que intervenga -ante una vulneración de derecho- lo haga de una manera que proteja y no dañe, y sea de una forma segura, protectora y eficaz; que no haya maltratos institucionales". Y resaltó que este sistema tiene "bajo costo" y "no implica burocracia extra".

A su turno, la abogada Andrea Mariel Cirulli enfatizó que "el defensor no tiene que hacer el trabajo de un asistente social, es el que está arriba y tiene que coordinar". Y consideró que en una Defensoría "ideal", además de los defensores adjuntos, tiene que "haber un abogado, un psicólogo o psiquiatra y un educador; esa es la pirámide perfecta".

Al hablar sobre distintas realidades de los menores en el país, subrayó que "el régimen penal juvenil es algo que me preocupa mucho" ya que "Argentina no cuenta con datos rigurosos y confiables en la materia", y "en muchas jurisdicciones se continúa con la práctica ilegal de privación de la libertad o sanción penal a las personas no punibles". Asimismo, los lugares de reclusión de menores "son terribles, son medievales", definió.

"El objetivo de mi plan es identificar cosas actuales, prácticas concretas que están pasando y se observan en territorio", dijo y afirmó: "En caso de ser defensora voy a ser una defensora activa, me van a tener que echar de los despachos".

Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los periodos 2011-2015 y 2019-2023, manifestó que él tenía un "balance en términos generales positivos" de la gestión de Graham, "pero también muchos desafíos por delante". En su intervención, señaló que "hay que tener una mirada absolutamente amplia de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina", pero "esta etapa requiere un plus de aporte, de prioridad, mirando hacia los sectores más vulnerables, en particular los niños que están en la pobreza".

"El problema social más grave de la Argentina es la pobreza infantil y la Defensoría no puede tratar este tema del mismo modo que otros", ratificó, al tiempo que opinó que el organismo tiene que mejorar sus herramientas para "combatir la cultura del descarte". Además, al igual que otros postulantes, abogó por "más presencia cotidiana de la voz de los chicos en la gestión de la Defensoría".

Por su parte, la abogada María Amelia Moscoso Cardoso apuntó que "el principal desafío es tener federalismo". "No existe ninguna política pública que solucione problemas si se hace desde un estrado", sostuvo. Sobre su plan, expresó que "el Estado tiene que ser responsable al utilizar los recursos, en esa línea pensé en una estructura austera".

"La Defensoría no es un órgano ejecutivo, de modo que en esta naturaleza extra poder tiene la posibilidad de ser un agente de cambio real, sin asumir compromisos definitivos con ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna instancia política-partidaria, y ninguna ideología", destacó.

En su presentación, Gustavo Álvarez Pereira dio una serie de cifras contundentes que, sostuvo, “no son un accidente, sino síntomas de un sistema que falla en la garantía de derechos”. Por lo cual, propuso un modelo institucional basado en un fortalecimiento y la independencia de la Defensoría.

Así, presentó un organigrama según el cual, entre otras cosas, sugiere una defensoría adjunta con enfoque en la protección integral y el abordaje de situaciones y también la atención. “Propongo cuatro direcciones -dijo-. Una que tenga que ver con la atención integral y denuncias; otra que sea de derechos en situaciones de riesgo; otra de asesoría jurídica, y por último la dirección de fortalecimiento del sistema de protección”.

“Este defensor adjunto deberá tener la capacidad de fortalecer el sistema de protección en el acompañamiento a las situaciones de desprotección de niñas, niños y adolescentes”, señaló, agregando que proponía una Defensoría Adjunta con un enfoque en promoción, prevención y participación, también con cuatro direcciones. Una, la Dirección de Promoción y Prevención; la Dirección de Educación y Formación; la Dirección de Participación y Ciudadanía, y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Gisela Judith Clivaggio afirmó que "el foco tiene que estar puesto en representar los intereses de NNyA y sus derechos, y generar una alta incidencia en la materia" con "un carácter federal muy fuerte y un marcado anclaje territorial". "Tratar de estar siempre lo más cerca de chicos y chicas para poder escucharlos, garantizarles el acceso a la justicia y difundir sus palabras", subrayó.

Entre otros, María Emilia Lobelos, docente de todos los niveles y abogada en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recordó que los menores "son sujetos plenos de derecho" y "protagonistas de su propia historia". "Por eso, la base de mi gestión sería la de una Defensoría autónoma, basada en la participación activa de NNyA", dijo y aseveró que "las grandes transformaciones las podemos hacer si escuchamos de verdad".

En el marco del concurso público que se inició en el Congreso para elegir a un nuevo defensor/a de los derechos de niñas, niños y adolescentes, representantes de organizaciones que trabajan con la niñez participaron este martes de una reunión informativa de la comisión bicameral encargada de esa selección.

Durante el encuentro, los expositores, quienes plantearon sus distintas miradas en torno a temas como aborto o la ESI, sí coincidieron en pedir por una persona "idónea" con "trayectoria" en el tema y que tenga "autonomía política y partidaria".

A su vez, reclamaron una apertura del organismo, cuestionando la gestión de la ex defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, y enfatizaron sobre la "grave" situación que atraviesan los menores de nuestro país, estando más del 60% de ellos bajo la línea de la pobreza.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su mamá y la pareja de ésta en La Pampa en noviembre de 2021, expresó: "Queremos una Defensoría de puertas abiertas, que esté a la altura quien esté a cargo, con una trayectoria, que conozca la realidad de todo el país, porque en las provincias sí que hay vulneración de derechos".

"A Lucio se le violaron todos los derechos", señaló. Al frente de la asociación que lleva el nombre de su nieto, Dupuy reveló que a Graham le pidió "cinco audiencias y nunca fui escuchado, jamás, nunca se dignaron a levantar el teléfono y solidarizarse con la familia". Por eso, insistió en que se elija a quien "le abra la puerta a los niños y los defienda".

A su turno, Norberto Liwski, presidente de Defensa de los Niños Internacional-Sección Argentina consideró que, de cara a la elección del nuevo defensor/a, "deberíamos tener una evaluación adecuada de los logros alcanzados, de los obstáculos con los cuales se debió trabajar y también de los nuevos escenarios en la que se constituye esta segunda etapa" del organismo.

Remarcó que estamos ante "un deterioro en los sectores de la infancia y la adolescencia" que "no es atribuible a los últimos meses, pero sí agravado en los últimos meses". Además, sostuvo que quien sea elegido debe "contar y gozar de la más amplia autonomía política, ideológica y partidaria para que efectivamente aborde los problemas que están presentes históricamente, los que se han agravado y los problemas nuevos".

Ramón Eduardo Ferreyra, codirector Ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que forma parte de la red Infancia en Deuda, planteó "tres recomendaciones para garantizar un proceso riguroso" en el concurso público. Entre ellos, enumeró que haya "publicación total de la documentación y los resultados" como así también "la totalidad de los antecedentes y trayectoria de las personas candidatas".

"Que se publiquen los exámenes escritos, sus resultados y los puntajes", continuó y pidió la "conformación de un comité asesor integrado por expertos para asistir a la comisión en la elaboración y corrección del examen". "Un concurso transparente es crucial", expresó.

Otro de los oradores de la jornada fue Francisco Alanis, coordinador de la asociación civil Los chicos de la Cooperativa, que trabaja en el partido de La Matanza, quien subrayó que la Defensoría "tiene que tener presente el contexto donde viven los pibes y la escucha de los pibes". En su opinión, al paradigma de que los menores son sujetos de derecho "hay que seguir fortaleciéndolo y fomentándolo".

Respecto de la baja de la edad de imputabilidad, manifestó que "los pibes no son delincuentes y no tienen la culpa de la situación que les toca atravesar; los pibes son el fruto de una situación del mundo adulto-centrista que les toca pasar, nosotros decidimos sobre la vida de los pibes y las pibas".

Finalmente, Alanis pidió que haya una reunión de la comisión en la que se escuche a los niños y adolescentes, a la vez que el defensor/a lleve adelante su labor "no desde un escritorio, sino desde la realidad" y estando "en el territorio".

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, también parte de colectivo Infancia en Deuda, afirmó: "Para nosotros este proceso de selección no es uno más, es muy importante. Necesitamos que sea lo más transparente, pero también lo menos vinculado a los partidos políticos. Los niños no tiene partido político, los niños son ciudadanos y deben ser tratados como tales. Por eso, para nosotros es muy importante que se los considere sujetos de derecho, no como receptores".

"La situación actual se ha deteriorado y eso nos preocupa", coincidió con Liwski, y se refirió a dos temas a tratar por el organismo. "Para nosotros el embarazo adolescente no es menor, queremos que se ocupe de este tema y sobre todo de algo como el abuso sexual infantil, sobre el que lamentablemente no se está dando una atención como corresponde", advirtió.

En contraposición, Adolfo Francisco Morán, de la agrupación "La Carlos Menem" y miembro del directorio de "Padres Unidos", aseveró: "Nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro propio país que es cuidar a nuestros hijos, los hemos dejado expuestos a la depredación. Los hemos dejado vulnerables, los hemos apartado de las familias y los hemos dejado en manos de gente que tienen una agenda propia. A los chicos nadie los está cuidando".

Al referirse a Graham, la defensora que fue desplazada luego de autoprorrogarse el mandato, opinó que "ha sido una vergüenza y una mancha en la protección de los chicos de este país".

"El aborto infantil es una aberración, el abuso sexual infantil es una aberración, la adoctrinación sexual e ideológica en las escuelas es una barbaridad", expresó y criticó la Ley de Educación Sexual Infantil. También señaló que a los niños se los ha considerado "objeto de derecho" y "no sujeto de derecho" porque "no se podían valer por sí mismos; es la patria potestad y son los padres y la familia los que siempre han velado por la seguridad, el bienestar y la dignidad de ellos".

Por su parte, Paula Wachter, de la fundación Red por la Infancia, compartió con otros expositores "la enorme preocupación que tenemos sobre la situación en la que están viviendo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país". Y resaltó que "desde la pandemia no tenemos cifras oficiales, pero sí sabemos que la prevalencia de la violencia está aumentando". En ese sentido, habló de "grandes vacancias normativas y de políticas públicas" para combatir la violencia contra menores, como por ejemplo "las violencias digitales".

Al aportar una larga lista de recomendaciones para el concurso público, reclamó que la persona elegida tenga "autonomía política y partidaria" y se realice "un proceso plural, participativo y transparente para garantizar su legitimidad".

Más adelante, Raúl David Romero, del Centro de Desarrollo Familiar, definió "el perfil que esperamos desde la sociedad civil del próximo defensor: que tenga una mirada amplia de la niñez, que sepa ver y actuar donde los derechos se quiebran, que escuche a las organizaciones que trabajamos en el territorio, que construya redes y no se encierre en una oficina, que tenga un compromiso real hacia la infancia, independiente y sin sesgos ideológicos".

"No quiero dejar de mencionar que la defensora Marisa Graham militó activamente a favor de la legalización del aborto y, sin entrar en debates ideológicos, considero que esto resulta profundamente contradictorio con la función de quien debe velar por el interés superior del niño", lanzó y fue aplaudido por la mitad de la sala. La diputada libertaria Nadia Márquez incluso se paró de su silla.

Ramón Eduardo Ferreyra, integrante de la organización Infancia en Deuda propuso que se realice la publicidad de todos los perfiles que participan en el concurso, así como de los exámenes junto a los resultados, que se conforme un comité asesor para asistir a la comisión, y que se elabore una lista tabulada de puntajes.

A su turno, Teresa Bustillo, co-directora de MIF, exhortó a que se elija “un defensor que vea la necesidad real, que pueda mirar con profundidad, que se haga cargo”.

En representación de la Red de Defensorías provinciales, Rossana Marli Franco, defensora de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones, señaló que “los antecedentes son fundamentales, pero necesitamos un defensor que sea práctico, que este en el terreno, que resuelva casos”. Y remarcó que “la función del Defensor es controlar que las políticas públicas no vulneren derechos”.

En el mismo sentido, el defensor de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca, consideró que “no tiene que tener perfil político, con experiencia en los ámbitos de la niñez y en el territorio”. Por último, remarcó la necesidad de ponderar “la participación federal” para que exista representación de todo el país.

Los expositores coincidieron, además, en la necesidad de un concurso transparente y que cuente con un comité de expertos, en el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho, que los jóvenes puedan participar del proceso de selección del defensor, que sea una defensoría de puertas abiertas que atienda la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el país, que aborde la salud mental adolescente, en la necesidad de fortalecer las redes institucionales para proteger a los niños y niñas, que el defensor cuente con experiencia en la gestión de gobierno y trabajo en áreas comunitarias, que sea una persona idónea, integra, comprometida y cuente con una mirada federal, entre otros puntos.

Quejas por la lista de expositores

En el arranque de la reunión, los diputados de La Libertad Avanza Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz se quejaron de que hubo representantes de organizaciones convocadas por ellos que no pudieron ingresar a la reunión.

La presidenta de la comisión, la radical Natalia Sarapura, indicó que "no estaban acreditadas" y aclaró: "No es ánimo cercenar la voz, la participación y la escucha". "Tenemos criterios distintos", añadió.

Mayoraz salió al cruce: "La iniciativa de escuchar a las organizaciones sociales vino de La Libertad Avanza, no de la presidencia, y usted unilateralmente decidió que sean dos organizaciones por legislador, eso no se consensuó". Y reveló que desde el bloque tenían "más de 40 organizaciones" que querían participar.

"No estamos de acuerdo con esta modalidad", dijo el santafesino y acusó a la titular de la bicameral de decidir por sí sola una próxima reunión informativa para el 1ro. de julio.

Sarapura aclaró entonces que eso se resolvió entre las autoridades de la comisión, no de manera unilateral. "Usted está decidido a acusar a esta presidencia porque claramente tiene otra vocación que no es que el concurso se dé", lanzó la jujeña, a lo que el oficialista contestó: "No le voy a permitir que diga eso".

"Cállese que está hablando la presidenta", salió en defensa de Sarapura el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán. Finalmente, la radical ratificó: "Usted dice todo el tiempo cosas que no son ciertas. Hasta ahora no tomé ninguna decisión unilateral".

Mayoraz ya había protagonizado el momento de mayor tensión, cuando sobre el final de las exposiciones de invitados cuestionó a viva voz al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, por su papel en el caso Lucio Dupuy. Lo cual motivó la intervención de Sarapura, que le reclamo reiteradamente que se callara. Sin mayor éxito por cierto. “Nadie defiende a la jueza”, le aclaró, en referencia a Ana Clara Pérez Ballester, quien fue sometida a un jury por su actuación en el proceso que derivó en la entrega de la tutela a la madre, quien luego fue condenada por el asesinato de Lucio.

“Estoy respetando a la institucionalidad en el Congreso”, gritó la diputada jujeña que exigió que se le permitirá hablar al invitado. Por el contrario, Mayoraz insistió en que le parecía “una falta de respeto a la comisión” la presencia de “este señor”, en referencia a Meaca.

“La víctima estuvo acá y se la respetó; usted debería hacer lo mismo”, le reclamó Sarapura a su par libertario, que replicó a los gritos de otros diputados opositores: “Vergüenza fue haber elegido a Graham de defensora”.

El funcionario pampeano luego señaló que su área no había tenido nada que ver en la muerte de Lucio, pero cuando sobre el final volvió a hablar, Mayoraz insistió en que era “una falta de respeto que haya venido el defensor (en referencia a Meaca), porque ha tenido una actuación deplorable en el caso Dupuy”. Luego le apuntó a Graham, adjudicándole “negligencia” en ese caso, como también en el caso Arco Iris, por haber ido a parar una orden judicial de restitución de un niño “en forma patotera y apelando a sus amistades políticas, para que se frenara una orden de allanamiento para retirar un niño.

Sobre el final, Márquez aclaró que el oficialismo había invitado a 40 organizaciones antes de que les notificaran que eran dos por bloque. “Entonces nos pareció una tomada de pelo”, señaló, aclarando que por eso habían planteado que no les parecía adecuado.

La diputada libertaria concluyó su intervención, sobre el final de la reunión, anticipando que “vamos a seguir trabajando para derogar la nefasta, inconstitucional, inmoral e ilegal, Ley del Aborto en la Argentina”.

Luego que la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abriera el concurso público para elegir al sucesor de Marisa Graham -desplazada por la comisión luego de autoprorrogarse su mandato-, desde las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda sugirieron una serie de medidas para ser incluidas en el plan de trabajo.

"Celebramos esta decisión y solicitamos un compromiso de la Comisión Bicameral para que la elección de la nueva defensora o del nuevo defensor ocurra en 2025. Además, señalamos que quien asuma el nuevo cargo, debe hacerlo mediante un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos", pidieron.

La bicameral convocó a concurso público de oposición y antecedentes a partir de este martes 17 de junio, estipulando su finalización tres meses después, el 22 de septiembre. Las inscripciones de aspirantes se desarrollarán del 19 de junio al 3 de julio.

En la reunión del pasado 28 de mayo, la comisión decidió que Graham y su adjunto, Facundo Hernández, cesen en sus funciones. Ambos habían finalizado sus mandatos en febrero de este mismo año, pero los habían prorrogado frente a una posible acefalía.

En su lugar, la bicameral autorizó a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría, a seguir ejerciendo sus funciones y le sumó las correspondientes a la Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera. Además, convalidó que el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del NNyA, Nicolas Sipioni, actúe como representante en juicio. Ambas designaciones se encuentran limitadas en el tiempo al nombramiento de una nueva defensora o nuevo defensor bajo el procedimiento del concurso. La comisión aseguró el funcionamiento institucional de la Defensoría respetando la legalidad del procedimiento.

"Desde las organizaciones que conformamos el colectivo Infancia en Deuda le enviamos una nota a la bicameral solicitando su compromiso para que la nueva autoridad que esté al frente de la Defensoría de la Niñez sea elegida en 2025. También le sugerimos distintas medidas para ser incluidas en el plan de trabajo", señalaron.

Entre las propuestas se encuentran: la creación de un Comité Asesor que asista en el armado y corrección del examen escrito, que debe constar de 70 preguntas múltiple choice y dos preguntas a desarrollar; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria, a los que el reglamento les asigna 10% del puntaje total del candidato/a; y el compromiso de difundir toda la información del concurso (antecedentes, exámenes, puntajes totales y parciales, etc.) y asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. En este sentido, el 24 de junio de 2025 habrá una audiencia con participación de los defensores provinciales y sociedad civil.

"En un país donde las infancias más vulnerables crecen sin protección, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el único organismo nacional -con capacidad de intervenir frente al Estado y ante sujetos privados- con herramientas para garantizar sus derechos", resaltaron desde Infancia en Deuda.

Además, mediante un comunicado, el colectivo precisó que "según la Ley 26.061, es el único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a las niñas, niños y adolescentes que sufren vulneraciones a sus derechos. La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos, que dieron lugar a 310 casos, 463 actuaciones administrativas (solamente en el periodo 2023-2024) y 20 acciones judiciales entre amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas, de las cuales 14 se encuentran en pleno trámite".

"Las temáticas de las intervenciones -tal como fue detallado por la Defensoría-, se relacionan con alimentación, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia y acceso a medicamentos, entre otros. También se destacan un 25% de intervenciones por graves situaciones de violencia, incluyendo abusos sexuales infantiles", agregaron.

Por otro lado, algunos de los litigios que lleva adelante la Defensoría impactan masivamente, como el reclamo por el acceso a becas escolares que afecta a más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación. También se destaca una causa en defensa del acceso al agua potable de niñas, niños y adolescentes en Salta, que puede afectar a 375.225 NNyA, de los cuales 81.725 son indígenas.

En marzo pasado, La Libertad Avanza no pudo quedarse con la presidencia de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, este miércoles cumplió su objetivo: remover de la Defensoría a su titular, la abogada Marisa Graham. Esto también alcanzó al defensor Adjunto, Facundo Hernández.

Junto a las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia votaron, a mano alzada, las legisladoras del Pro María Sotolano y Andrea Cristina, y de la UCR Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela. Aunque los miembros de Unión por la Patria manifestaron resistencia, al asegurar que tal decisión necesitaba dos tercios de los votos, desde LLA se argumentó que el rechazo a la resolución 1/25 firmada por Graham podía ser por mayoría simple.

A través de la mencionada resolución, Graham había modificado a principios de este año el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.

En rigor, la funcionaria había determinado que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia y su mandato culminó el pasado 1ro. de marzo.

La radical Natalia Sarapura, presidenta de la bicameral 

Al comenzar con la discusión, la diputada oficialista Nadia Márquez sostuvo: “Desde La Libertad Avanza vamos a rechazar la resolución, ya que nos parece sumamente grave que la defensora se autoprorrogue su mandato”. Y, en esa misma línea, aseguró que “no la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.

Junto a Márquez, su par Nicolás Mayoraz dio la pelea reglamentaria. “Está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”, aseveró el santafesino. Y agregó: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.

En el mismo sentido, la diputada del Pro María Sotolano afirmó que “no queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”. Las senadoras Vilma Bedia y Andrea Cristina coincidieron en el rechazo por autoprorrogarse el mandato y considerar ilegítimo que permanezca en el cargo.

Tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria ratificaron que debía continuar Graham hasta que se designe su reemplazo. Asimismo, ponderaron que la defensora, con tal decisión, “intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó”. Sobre esto, el senador Daniel Bensusán señaló que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”.

Tras el rechazo a la resolución se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, con horario a confirmar, para evaluar cómo queda la situación institucional de la Defensoría; en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.

El primer punto del temario había sido el que se refería al concurso público de antecedentes y oposición establecidos en la Ley 26.061 y su reglamento, que será por medio del cual se elegirá al próximo defensor/a. Con el voto de la mayoría de los presentes se estableció el 16 de junio como fecha de inicio del procedimiento.

Por otro lado, se terminaron de conformar las autoridades de la bicameral. Para el cargo de la vicepresidencia fue designado el senador Bensusán (UP), mientras que la diputada Sotolano (Pro) quedó como secretaria.

La Comisión Bicameral removió a Marisa Graham de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Termina una época oscura y perversa. pic.twitter.com/Uue8i5AONg

— Santiago Santurio 🇦🇷 (@Turios) May 28, 2025

El mensaje de un diputado de LLA tras la decisión de la bicameral 

Una de las bicamerales que no funcionó a lo largo de todo 2024, por la demora del Senado en designar a sus representantes, se pondrá en marcha con el arranque del período ordinario. Se trata de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde distintas organizaciones que trabajan con la infancia reclamaron desde hace meses con fuerza por la pronta conformación de la comisión, ante el vencimiento de los mandatos de la defensora Marisa Graham y su Adjunto, Facundo Hernández, este 1ro. de marzo.

Sin embargo, en el comienzo del año, a través de la resolución 1/25 del 7 de enero, la Defensoría modificó su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.

Así, el artículo 7 indica que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

Desde el organismo explicaron que "la preocupación" de que eventualmente la Defensoría quede acéfala es que "todas las causas (administrativas y judiciales que tramita) queden en el aire".

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.

La reunión constitutiva será el próximo jueves 6 de marzo, a las 14, en el Salón Illia del Senado. Por la Cámara de Diputados fueron nombradas como integrantes Eugenia Alianiello, Brenda Vargas Mayti (UP), Nadia Márquez (LLA), María Sotolano (Pro) y Natalia Sarapura (UCR); mientras que por el Senado figuran Mercedes Valenzuela (UCR), Andrea Cristina (Pro) y Vilma Bedia (LLA).

Los otros dos lugares restantes -son 10 en total- son para dos senadores de UP, que no enviaron sus nombres, como se ha repetido anteriormente en otras comisiones, por la disconformidad con el reparto realizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Varios pedidos, que transmiten preocupación y advertencia, llegaron en los últimos meses al Congreso por parte de distintas ONG’s, instituciones y organismos que trabajan con la infancia a raíz de la inminente situación de acefalía en la que quedará la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesta en marcha en plena pandemia, con el final del mandato de Marisa Graham desde el 1ro. de marzo próximo. 

La designación de este cargo es tarea de una comisión bicameral que este año no se constituyó por la falta de designación de senadores. Mientras desde Diputados fueron nombradas Eugenia Alianiello (UP), Nadia Marquéz (LLA), Natalia Sarapura (UCR), María Sotolano (Pro) y Brenda Vargas Matyi (UP), la Cámara alta nunca cumplió con este trámite. 

Tanto Graham como el defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, fueron elegidos por la comisión en abril de 2019 y tomaron juramento ante el Senado en febrero de 2020. También había asumido en aquella ocasión como defensor Adjunto Fabián Repetto, quien renunció meses después por diferencias con Graham. 

La selección de los funcionarios se llevó adelante con un proceso ejemplar, que comenzó en 2017 con la conformación de la bicameral, y culminó casi tres años después porque en el medio se coló la postura que la candidata tenía a favor de la legalización del aborto. Para ese momento, el Congreso ya contaba con una mora de más de una década en la designación del cargo. 

Sancionada en 2005, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 47 la creación de esta figura, encargada de “velar por la protección y promoción” de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

De acuerdo a la norma, el defensor “será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. A pesar de que no exige una votación de ambas cámaras, los pliegos se votaron en los recintos, requiriendo mayoría simple. 

La ley agrega que el defensor “durará en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. 

Cómo fue el proceso de selección de la defensora de NNyA

La Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se constituyó a finales de mayo de 2017. Desde ese momento, hasta octubre de 2018, realizó tres audiencias públicas con más de 130 representantes de organizaciones de todo el país; aprobó su reglamento de concurso de designación y finalizó la primera etapa de selección con más de 70 inscriptos, de los cuales 68 pasaron por un examen escrito.

Dicho examen, que versaba -entre otros puntos- sobre “la situación actual de la niñez y la adolescencia en la Argentina; principales desafíos, políticas públicas y legislación; y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a la Argentina”, se tomó a los postulantes el 28 de septiembre de 2018. 

Tras ello, resultaron aprobados 15 candidatos, entre ellos Graham, Hernández y Repetto, quienes pasaron por audiencia pública el 23 de octubre de 2018. Los demás eran Gustavo Álvarez Pereira, Claudia Bernazza, Roxana Contreras, Sergio Greco, Alicia Guerrero Zarza, Marisa Herrera, Gabriel Lerner, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Nora Pulido, Nora Schulman y Cecilia Sosa. 

El 25 de abril de 2019, durante un acto en el Salón Pasos Perdidos, la bicameral anunció la elección de Graham, Hernández y Repetto por consenso de todos los bloques, destacándose la transparencia y rigurosidad que se tuvo a lo largo del proceso. 

Juan Facundo Hernández y Marisa Graham

En junio de 2019, los pliegos se votaron a mano alzada durante una sesión de la Cámara de Diputados, pero al pasar al Senado quedaron trabados por meses. La postura de Graham a favor del aborto legal motorizó a un conjunto de senadores a frenar su designación. Aunque ya había pasado tiempo, todavía pesaba en la Cámara alta el rechazo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, durante el primer intento que tuvo el proyecto en agosto de 2018. 

Pero además de eso, corría la campaña presidencial de ese año. En noviembre de 2019, cuando ya Alberto Fernández encaraba la transición con Mauricio Macri, y ante el pedido de distintas organizaciones, la bicameral se reunió para aclarar la interpretación del plazo para la aprobación de los pliegos. En ese encuentro, se firmó una resolución que indicaba que los 180 días dispuestos debían considerarse como días hábiles legislativos, es decir, aquellos comprendidos entre el 1ro. de marzo y el 30 de noviembre. Por lo tanto, se indicó que esos 180 días se comenzaron a contabilizar a partir de la elevación de la propuesta a ambas cámaras, lo que ocurrió el 25 de abril de 2019 y, según ese criterio, el pliego iba a caducar en la segunda semana de abril de 2020.

En su primer llamado a sesiones extraordinarias, Alberto Fernández incluyó el pliego de Graham en el temario. Para tratarlo, se convocó a una sesión el 28 de febrero. En la previa, un grupo de senadores de Cambiemos, quienes en su mayoría habían rechazado la legalización del aborto, objetaban que el pliego había caducado con la renovación parlamentaria y debía llamarse a un nuevo concurso. Mientras organizaciones “provida” protestaban en las afueras, la designación de Graham fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra dentro del recinto. En esa misma sesión se le tomó juramento. 

Graham juró en el Senado el 28 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia

Reclamos a Villarruel por la falta de designación desde el Senado

La lenta conformación de las bicamerales -sumado a las que todavía están pendientes- marcó el primer año parlamentario de la gestión libertaria. Como dijimos, la comisión encargada de monitorear a la Defensoría de NNyA y elegir a su titular fue una de las que no se constituyó. 

Entre los reclamos que hace meses comenzaron a llegar al Congreso, desde el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo destacaron la gestión de Graham y Hernández: “No sólo han cumplido a cabalidad la tarea encomendada, sino que han construido desde los cimientos mismos esta institución, que es uno de los pilares del sistema integral de protección que fija la ley y permite al Estado Argentino cumplir con los pactos internacionales firmados sobre tan sensible materia e incorporados a la Carta Magna en 1994”. 

“Esta primera gestión de la Defensoría no solo permitió visibilizar en la agenda política los desafíos que aún tiene nuestro país con relación a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que acompañó de forma propositiva a los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos nacional y provinciales en aportes para acciones positivas que promuevan, garanticen y restituyan derechos a los más chicos”, agregaron. 

En la nota firmada por la presidenta del Instituto, Amelia López, y el secretario general del mismo, el chileno Robinson Fuentes Lobos, advirtieron que “actualmente, se encuentran en trámite diversas acciones judiciales colectivas iniciadas e impulsadas por este organismo, las mismas corren peligro de continuidad frente a la inminente ausencia de autoridades que puedan proseguir dichos reclamos. Ello implicaría dejar en estado de indefensión a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad ya que dichos juicios están vinculados a la restitución de derechos elementales y afectan a colectivos que no cuentan con agencia propia para efectuar dicha exigibilidad”. 

En ese sentido, pusieron como ejemplo juicios colectivos que giran en torno a la entrega de alimentos, la tramitación de becas escolares, la construcción de espacios seguros para la primera infancia, la provisión de medicamentos para menores que padecen graves enfermedades, la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños, y el acceso al agua y a la alimentación de la niñez indígena.

Al recordar que desde el 1ro. de marzo caducará la gestión de Graham, apuntaron: “La norma impone que, antes de esa fecha, esté tomada la decisión de sus propias postulaciones o la de sus sucesores lo que no es, o en todo caso no sólo no es, una decisión política, legislativa o administrativa, sino que deviene de una obligación socialmente urgida”. “Respetuosamente instamos a la vicepresidenta a poner en marcha de inmediato la Comisión Bicameral”, completaron. 

La última reunión de la Bicameral del Niño, en noviembre de 2023

Con textos similares, Emilia María Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación y coordinadora del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; señalaron que la Defensoría de NNyA “ha cumplido con el asesoramiento y recepción de denuncias que afectan a niñas, niños y adolescentes de todo el país, promoviendo medidas judiciales y/o administrativas, y proponiendo acciones a los Estados, habiendo sido reconocida incluso por organismos internacionales”. 

Por ello, reclamaron ante la comisión “evitar la acefalía y virtual parálisis de la institución, y promover de ese modo la continuidad de las importantes acciones que lleva adelante, como institución fundamental para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país”. 

También sumaron lo dicho en el 7mo. reporte periódico del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado argentino, en el que el organismo afirmó que el país debe “garantizar la continuidad, independencia, financiamiento y mandato” de la Defensoría “para asegurar el monitoreo, la defensa y la promoción de los derechos de los niños”.

Organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo "Infancia en Deuda" presentaron notas dirigidas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los jefes de bloques de ambas cámaras del Congreso, en las que reiteraron su preocupación -transmitida el 23 de septiembre pasado- por la falta de convocatoria a concurso público para la designación del titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se trata de la persona que debe ser elegida para el periodo 2025-2030, cuya selección no se realizó por la falta de conformación de la bicameral correspondiente durante este año. El mandato de la actual defensora, Marisa Graham, vencerá el próximo 28 de febrero.

"Bajo la Ley Nacional 26.061, sancionada en 2006, se creó un sistema de protección integral de derechos y se decidió legalmente que la Defensoría Nacional tiene un rol preponderante como única institución federal especializada y autónoma con amplia capacidad de control de los poderes públicos, no pudiendo ser reemplazada funcionalmente por ningún otro organismo", enfatizaron desde el colectivo.

En ese sentido, recordaron que "después de 14 años de mora del Congreso Nacional, la institución logró ponerse en marcha para el periodo marzo 2020-febrero 2025". En ese momento, la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante un proceso de concurso y oposición de antecedentes para la selección de autoridades, conforme los artículos 49 y 50 de la Ley 26.061. "Este paso marcó un hito en la institucionalidad, la transparencia y la utilización de mecanismos que buscan asegurar la idoneidad y la autonomía del funcionariado público", resaltaron.

Sin embargo, reclamaron que este año, de cara al vencimiento del mandato de Graham, "el Senado omitió designar" a los senadores que debían integrar la comisión, "incumpliendo las exigencias de la ley y de su propio reglamento interno". En cambio, desde la Cámara de Diputados sí se habían nombrado a quienes integrarían la bicameral.

"Desde hace años las niñas, niños y adolescentes viven en nuestro país en una situación muy preocupante. Según UNICEF Argentina, en 2024, 7 de cada 10 crecen en la pobreza y 3 de cada 10 en la pobreza extrema, es decir, no acceden a una alimentación mínima. Por otro lado, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social-UCA, más de 2 millones no realizan ni siquiera una visita anual a un médico/a y enfrentan serias dificultades para acceder y sostener una trayectoria educativa, entre otras vulneraciones a sus derechos", apuntaron.

Desde Infancia en Deuda, instaron "a las autoridades parlamentarias y a los jefes de cada bloque a que consideren tomar las medidas necesarias para que se conforme, por fin, esta comisión bicameral y habiliten el concurso público para sean seleccionadas las nuevas autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país".

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina), se reunió este martes para la presentación del informe de gestión 2022/2023 en el marco del encuentro "A 40 años de Democracia y 18 años de la Ley 26.061 ‘Infancias y Adolescencias, avances y desafíos'".

Estuvo presente el defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Facundo Hernández.

En la presentación del informe de gestión, se proyectó un video del trabajo realizado durante los años 2022 y 2023 que incluyó las acciones realizadas por la Bicameral como disertaciones especiales, informes presentados por la Defensoría, tratamiento de temas como la adopción, el trabajo infantil, la salud mental, entre otros, la realización de jornadas especiales y presentación de propuestas tanto desde la propia Comisión como de diferentes organizaciones.

La presidenta de la bicameral Vega resaltó la tarea en conjunto con la Defensoría y las organizaciones sobre la agenda prevista  para conformar “esta estructura de trabajo mancomunado que hoy hemos logrado con el principal objetivo que es la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Luego, se inició la jornada: "A 40 años de Democracia y 18 años de la Ley 26.061 ‘Infancias y Adolescencias, avances y desafíos'", donde un estudiante compartió un cuento y reflexiones sobre el bullying donde pudo reflejarse la mirada, desde la infancia, sobre esta problemática.

También, otra niña presentó su perspectiva sobre la importancia de las instituciones en la vida de los niños y adolescentes.

A su turno, Facundo Hernández expuso un balance sobre el organismo rector de la niñez y adolescencia en 40 años de democracia, los desafíos pendientes e invitó a "pensar en una agenda de políticas públicas, teniendo a éste como un espacio fundamental".

"Es necesario elevar las transferencias de ingresos para cubrir, al menos, la canasta básica alimentaria, también profundizar las políticas de salud mental y sobre abuso sexual infantil, mejorar el nivel inicial, cambiar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ampliar las becas Progresar y realizar mejoras en materia de adopción para que los niños puedan crecer en un entorno familiar y no en una institución", finalizó.

Las especialistas que también disertaron fueron Carmen Storani, titular del Consejo de la Mujer; Manuela Thourte, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires; Paula Watcher, directora de la Red por la infancia; y Marisa Herrera, abogada especialista en Familia y Género.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentará el informe anual de su gestión ante la bicameral que controla el trabajo del organismo y está presidida por la senadora riojana Clara Vega.

El encuentro se realizará este martes, a partir de las 13, en el Salón Illia de la Cámara alta. Será la tercera reunión que mantenga la comisión, en lo que va de este año.

La bicameral, integrada en su totalidad por legisladoras, se constituyó el pasado 1ro. de junio, mientras que el 11 de julio recibió al titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

En esa jornada, el funcionario expuso sobre el proceso de reglamentación de la Ley Lucio, que establece la capacitación obligatoria para funcionarios y agentes que trabajan con las infancias en derechos de NNyA.

A tres meses de su sanción, se presentará en el Senado la puesta en marcha de la ley de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocida como "Ley Lucio", ante la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy.

Será en el marco de una reunión de la Bicameral del Defensor de NNyA, presidida por la senadora riojana Clara Vega, durante la que expondrá sobre la reglamentación de la norma el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. También participarán representantes de ONG's.

El encuentro se realizará este martes, a partir de las 12, en el Salón Illia de la Cámara alta. Además, se informará sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.

La "Ley Lucio" estuvo inspirada en distintos casos de maltrato infantil, pero el más resonante fue el de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, luego de una brutal golpiza por parte su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, ambas actualmente con cadena perpetua.

Con una variada agenda de temas que se propusieron abordar en la mitad de este año, se puso en marcha este jueves la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que fueron ratificadas sus autoridades.

La presidenta de la comisión, la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), reveló que la defensora Marisa Graham remitió el pasado 30 de mayo un informe de 300 páginas, para el cual se le darán 15 días a las integrantes de la comisión para su análisis y posterior envío de consultas.

Por su parte, la diputada Paola Vessvessian (FdT) pidió este año "darle un enfoque federal a la bicameral" porque si bien se tuvieron reuniones fructíferas el año pasado, "tuvimos poca representatividad de actores que trabajan el tema de la infancia a lo largo y ancho del país", dijo.

Además, la santacruceña sugirió convocar al secretario de Niñez, Gabriel Lerner, "que está trabajando con el Consejo Federal de Niñez en la reglamentación de la Ley Lucio". En esa línea, la secretaria de la bicameral señaló que "a seis años del Programa de Acompañamiento al Egreso", que salió por ley en 2017, también sería bueno conocer "los resultados en la implementación, como de otros programas que salieron con fuerza de ley".

A continuación, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), quien seguirá como vicepresidenta, recomendó "ir al interior y empezar a escuchar en el territorio lo que está pasando" como comisión, más allá de la tarea individual de cada legisladora en sus provincias. Entre los temas que propuso tratar mencionó la inteligencia artificial y la salud mental.

También sobre salud mental habló la diputada Carla Carrizo (UCR), quien contó que en la Comisión de Salud de la Cámara baja se está intentando avanzar en un "programa nacional de salud mental" que no modifica la ley y sería "bueno estar presentándolo en espejo en el Senado". Otro tema que destacó para avanzar es la capacitación docente para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

En reemplazo de la exdiputada Jimena López, la legisladora Brenda Vargas Matyi (FdT) se sumó a la comisión, desde donde pidió "promover la inserción de los adolescentes en el voto joven" ya que según estadísticas, "los mayores de 18 años participan en un 80% en las elecciones, y quienes tienen entre 16 y 18 años lo hacen en un 60%", apuntó. "Esa brecha hoy, a 40 años de la democracia, creo que es importante ir a buscar a esos pibes y pibas", sostuvo.

En tanto, la diputada Mabel Caparrós (FdT) advirtió que "tenemos casos muy graves de grooming que están ocurriendo con nuestros chicos". Por otro lado, opinó que al tratarse de un año electoral que complica el trabajo parlamentario deberían retomar el trabajo mixto, y hacer reuniones virtuales, para "ser prácticos" porque "este año es muy especial pero tiene que ser también un año en el que podamos dejar algo", planteó, algo en lo que coincidieron otras de sus pares.

La senadora Victoria Huala (Pro) consideró "fundamental que la bicameral pueda tener una mirada federal" y solicitó hacer un trabajo de recopilación de los "muchísimos proyectos presentados por colegas referidos a los derechos de niños, niñas y adolescentes" de modo que "la bicameral sea impulsadora de estos proyectos".

A su turno, la senadora María Eugenia Duré (FdT) propuso repetir una reunión con adolescentes de todo el país, en la importancia de escuchar la voz de la juventud; dijo que "nos debemos un trabajo muy profundo" sobre las infancias trans; y también avaló abordar la cuestión de la salud mental. "En Tierra del Fuego tenemos una problemática importante con el tema del suicidio", señaló.

En el tramo final, Vessvessian planteó una revisión de la normativa existente en cuanto a niños, niñas y adolescentes, los vacíos legales que hay y una comparación entre la legislación de las diferentes provincias. Vega se mostró a favor y expresó que también hay que "repensar si la Ley 26.061 está acorde a estos tiempos".

La Bicameral encargada del seguimiento de la Defensoría de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunirá este martes a las 18 en Salón Hector Amaya, ubicado en el cuarto piso del Anexo del Senado.

La comisión, a cargo de la senadora riojana Clara Vega, tratará la resolución para aprobar el informe anual presentado por el organismo que encabeza la abogada Marisa Graham.

La bicameral ha tenido varias reuniones en el segundo semestre del año, luego de haberse conformado el 11 de agosto pasado. El 30 de ese mes, Graham asistió de manera presencial para exponer sobre el trabajo realizado en la Defensoría.

La Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recibirá este martes, desde las 14 en el Salón Illia, al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

En la reunión, el funcionario expondrá sobre la asistencia a las víctimas protegidas por la Ley Brisa (menores que perdieron a sus madres producto de femicidios) y respecto de las partidas presupuestarias para cuidadoras de Centros de Desarrollo Infantil.

El pasado 6 de septiembre, ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, había advertido: "Hay partidas faltantes que impiden que la SENAF el mes que viene pueda cumplir con el PAE (Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales), con la Ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil".

"Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda", había dicho la funcionaria, luego de revelar que ya habían reclamado por carta al ministro de Economía, Sergio Massa.

Luego que se suspendiera -sin motivos- su presentación, que estaba prevista para el día en que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó su descargo judicial desde el Senado, y se vieron afectadas todas las actividades de comisiones, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a brindar su informe anual.

La funcionaria asistirá en el marco de una reunión de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Illia de la Cámara alta desde las 14.30. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

Días atrás, en la bicameral que recibirá a Graham fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, la defensora fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

En una reunión que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón del Senado, se constituyó este jueves la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que correspondía estuviera presidida este año por un representante de la Cámara alta.

Al momento de pasar a designar las autoridades, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, propuso a la riojana Clara Vega, quien tiene un monobloque pero es una aliada contada como una más por el oficialismo.

En tanto, por Juntos por el Cambio se eligió a la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri como vicepresidenta. Y la secretaría quedó en manos de la diputada del FdT Paola Vessvessian, quien en los últimos dos años la presidenta de esta comisión.

Al tomar la palabra, Vega agradeció a "los compañeros que han creído que podía ser la persona indicada". Luego dijo que "el compromiso" es "ponernos a todo, porque estamos a más de la mitad del año". En ese sentido, afirmó que convocarán a la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham para que brinde un informe "sobre los temas que viene trabajando".

También se buscará avanzar con "la agenda que tiene pendiente esta comisión", señaló la riojana y abogó por que la bicameral pueda "tener relevancia" al "ocuparse de la temática de la niñez y la adolescencia que han sido tan impactadas en este tiempo de pandemia".

Por su parte, Morales Gorleri coincidió que "lo que han atravesado y están atravesando" los niños y adolescentes "es muy doloroso y preocupante". "No podemos dejar de pelear por esos derechos que están en deuda hace mucho tiempo", aseveró y convocó a "trabajar en conjunto" de modo que "esta temática nos una, y para que no haya grieta cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes".

La senadora oficialista María Eugenia Duré sostuvo que "nos queda muchísimo por hacer", al tiempo que reivindicó la labor realizada durante pandemia, cuando además "pudimos oír a los jóvenes". Mientras que su par María Eugenia Catalfamo pidió poder "sumar a distintas infancias que no han sido tenidas en cuenta a lo largo de la historia, como las infancias trans" entre la agenda a tratar.

A su turno, la senadora radical Gabriela Valenzuela remarcó que "es importante traer la demanda de parte de ellos", en alusión a los niños y adolescentes, al conocer el territorio y los problemas que hay para "darles lo que ellos se merecen".

Luego, la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo consideró que hay una "deuda pendiente" que tiene que ver con que "la Ley de Salud Mental no los contempla -a los niños y adolescentes- y la Ley 26.061 no habla de salud mental. Así que son los ni-ni de la política de salud pública". En ese sentido, propuso modificar esas normas porque "lo que no se nombra no se presupuesta". "Hoy es un tema que atraviesa a todos, pero se viene planteando desde 2015", agregó.

Otra de las que habló fue la diputada del FdT Jimena López, quien planteó la necesidad de "seguir profundizando un modelo que tenga que ver con los derechos, con la subjetivización de nuestros niños, niñas y adolescentes", porque "si bien es cierto que Argentina tiene leyes de avanzada en relación a las infancias, no es menos cierto que nuestros dispositivos institucionales siguen aplicando el patronato".

Vessvessian repasó el trabajo realizado por la bicameral en los últimos dos años, y abogó por darle en este nuevo tramo la misma dinámica y alcanzar "mayores resoluciones". Aseguró que hubo "mucho intercambio, mucho diálogo, respetándonos las diferencias, pero también acordando que en las infancias no se disputan las cuestiones políticas". "Tenemos que buscar que la realización de los derechos se hagan respetando el interés superior del niño", manifestó.

Finalmente, la diputada oficialista Mabel Caparrós expresó que "hay un enorme trabajo para esta comisión" y mencionó temas como las nuevas tecnologías y la salud mental, al tiempo que opinó que todo debe hacerse bajo el "concepto de federalismo" y "escuchar al interior, que es tan distinto" en todas sus regiones.

La bicameral quedó integrada por las senadoras Clara Vega (Hay Futuro Argentina), María Eugenia Duré (FdT), María Eugenia Catalfamo (FdT), Gabriela Valenzuela (UCR) y Victoria Huala (Pro); y las diputadas Mabel Caparrós (FdT), Carla Carrizo (Evolución Radical), Jimena López (FdT), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Paola Vessvessian (FdT).

En una reunión informativa de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que tuvo lugar este lunes, el director del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, Gustavo Herrero, informó sobre el proceso de postulación para adopción y explicó los tres ejes principales que son “el fortalecimiento de la red federal, impulsar una mejora para agilizar el proceso y acercar el registro a la comunidad”. Además, reflejó una preocupación por el descenso de legajos de adopción.

Luego de que la presidenta de la comisión Paola Vessvessian (FdT) y la vicepresidenta Guadalupe Tagliaferri (Pro) le agradecieran la participación, Herrero recordó que en 2012 y 2015 ya estuvo en el cargo, por lo que “es una oportunidad interesante para presentar los ejes que tiene que ver con mejorar el proceso de adopción”.

Acompañado de unas diapositivas, explicó que “la creación del registro fue en 2003 con la Ley 25.854 dentro de un marco normativo”, respecto de lo cual destacó que “permitió que se pudiera avanzar en las adhesiones de los registros provinciales que llevó mucho tiempo. Era importante lograr las adhesiones de las provincias. Conformar registros en provincias donde no había y estuvimos trabajando en eso”.

“En 2014 creamos un programa de apoyo técnico de acompañamiento a las familias en período de vinculación que aún continúa. El Código Civil también incluye el marco normativo. En esta normativa se creó el Concejo Consultivo, está representa la secretaria nacional de Niñez y todos los organismos superiores. Actualmente participan las 24 jurisdicciones”, agregó el director.

En esta línea, procedió a exponer “los 3 ejes de trabajo”, que son “el fortalecimiento de la red federal de registros en las 24 jurisdicciones y la base de datos conformada por las distintas nóminas de postulantes de cada una de las provincias”, en donde se encargan de “visualizar los legajos en el proceso de adopción. Administramos los datos”.

“La base de datos tiene 3 tipos de usuarios: los registros provinciales que pueden incorporar o dar de baja a los legajos o modificar información, los jueces y los postulantes a adopciones. Es fundamental fortalecer el funcionamiento de la red a través de las reuniones y la parte registral del sistema que está relacionado con la información actualizada y fidedigna a la hora de hacer búsquedas”, enumeró Herrero.

El segundo eje, propone “impulsar una mejora que permita agilizar los procesos de adopción, para ello tenemos que trabajar con todos los sectores y profesionales que están en este proceso. Es fundamental promover este trabajo de forma conjunta con los organismos locales y los juzgados o tribunales. El formato ideal es el que plantea el Código Civil en el art 609 en las reglas de procedimiento”, resaltó y aseguró que “el organismo de niñez trabaje al momento de seleccionar los legajos con el registro adoptante, facilitará la tarea del juez”.

“El tercer eje es acercar el registro a la comunidad. Impulsamos distintos espacios de encuentros para personas que no han tenido contacto con la adopción. Se hace una inscripción única. Son charlas que se hacen una vez al mes con personas inscriptas se intenta acercarle la información de los niños y la situación, la franja etaria. También ponemos a disposición el programa de acompañamiento a los postulantes que están en guarda en el proceso de adopción”, precisó el director de la entidad.

Las estadísticas

Por otro lado, las estadísticas de evolución de la cantidad de legajos entre 2016 a 2021 muestra un descenso, más aún en el 2019 ante lo que se cree que “hubo múltiples factores tales como económico, pandemia. Los motivos pueden ser porque las familias desistieron, porque cambiaron de decisión, que haya habido un proceso de vinculación fallido y hay que revaluar a las personas", expresó Herrero y mostró preocupación: "Nos resulta muy importante la baja de registro de legajos”.

Según los datos presentados por Herrero, la disponibilidad adoptiva por edad refleja que un 87 por ciento pretenden niños entre 0 a 1 años. A su vez, en relación a la disponibilidad adoptiva de grupos de hermanos un 51 por ciento solo aceptan un solo niño, mientras que un 83 por ciento de los postulantes no aceptan chicos con discapacidad o enfermedades.

“El 71 porciento de los legajos son de parejas, un 21 por ciento son monoparentales, un 3 porciento de propuestas familiares del mismo sexo”, informó y detalló que la búsqueda de familia se realiza a nivel “local, regional y nacional”.

Luego de la exposición, le cedió la palabra a Juan Jeannot integrante de la entidad, quien contó sobre el funcionamiento del programa de acompañamiento que es “apoyo técnico para familias en periodo de guarda y adopción. Es fundamental acompañar a las familias en la construcción del vínculo”, y añadió que “se intenta construir de forma gradual el vínculo a través de los encuentros, con la presencia en principio del equipo profesional”.

“Durante la pandemia, los encuentros se dieron de forma virtual. Periódicamente mandamos informes a los juzgados para solicitar la guarda”, relató Jeannot y agregó que “en la otra parte del programa acompañamos a los adultos en un espacio de escucha, pero no realizamos informes para no intervenir en el proceso. Solo en el caso que lo amerite”.

Por último, ante la pregunta de la diputada Jimena López (FdT- Buenos Aires), respondió que “los tiempos están relacionados con la disponibilidad adoptiva y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, no hay una forma de medirlo de otra manera”, y destacó: “Pusimos a trabajar a todo nuestro equipo en el país, pero depende de cada jurisdicción”.

Por su parte, ante la consulta de la senadora Guadalupe Tagliaferri, ratificó que “hay 2.900 legajos a nivel nacional, lo cual nos preocupa. Es un dato de legajos, no de personas, propuestas familiares que están esperando a ser llamadas”, y concluyó que “el programa de acompañamiento la idea era que se replique en cada jurisdicción. Esta más vinculado con el seguimiento que con la guarda. Nuestro trabajo apunta a trabajar con las dificultades que aparecen sin informarlo. Es una instancia diferente”.

La voz de los pibes y pibas llegó al Congreso. Fue en el marco de una reunión informativa de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT), un grupo de jóvenes de diferentes puntos del país relataron sus testimonios sobre cómo transitaron la pandemia.

Durante un encuentro remoto, que duró más de dos horas, adolescentes de distintas provincias interactuaron con las integrantes de la comisión, quienes los consultaron sobre varios temas. Entre ellos se destacaron la educación, la salud mental, el trabajo en el núcleo familiar y los efectos de la cuarentena.

Una de las invitadas, Ángeles Virginia Tapia de San Fernando del Valle de Catamarca, expresó que "la pandemia fue difícil" porque "en esta edad era muy necesario estar con mis amigos, y quedamos encerrados. Me afectó en lo emocional, pero lo supe llevar". Para la joven, lo más complicado fue "extrañar a mis amigos, verlos en el colegio, compartir cosas con ellos".

En lo que respecta a los ingresos de su familia, Tapia relató que el emprendimiento de harinas alternativas que realiza con su mamá "fue un ingreso muy importante en mi familia". "Gracias a eso llegábamos a fin de mes, porque no se podía trabajar", agregó.

Desde la localidad de Gaiman, provincia de Chubut, Lautaro Balge señaló que la tecnología "ayudó mucho a que pudiéramos seguir en línea con los familiares a distancia" y con los amigos. "El tema de la escuela fue difícil; en un principio acostumbrarse a lo que es estudiar en tu casa con bastantes distracciones, te distraes mirando una serie, una peli, no haces la tarea", contó.

Y graficó que algunos de sus compañeros "no tenían para conectarse y algunas escuelas le han dado la oportunidad con una computadora" o "algunos profesores imprimían la tarea y se las llevaban a las casas".

"El mayor miedo es que volvamos a las casas, que se pierda la presencialidad en las escuelas, ver cara a cara a tu familia y no en una pantalla", dijo sobre el futuro.

También desde Chubut, pero en la localidad de Puerto Madryn, Macarena Pizzaro manifestó: "En pandemia no la pasamos muy bien con mi familia, fue una situación bastante difícil por el hecho del trabajo y los estudios".

"Hace tres años que estamos atravesando en Chubut una situación bastante difícil con los docentes, que no se les están pagando los sueldos, se les debe más de cuatro meses de sueldo este año", apuntó.

Desde lo personal, Pizzaro reveló: "Repetí tercero y me han hecho pasar a cuarto sin tener la base que se necesita para cuarto. Estoy cursando este año como puedo, hay cosas que no las entiendo, que me cuestan un montón".

"En mi escuela más de 30 estudiantes están pasando por la situación de no contar con un celular, una computadora o servicio de internet para hacer las actividades", subrayó y completó diciendo que "a nosotros todavía nunca nos entregaron las computadoras del gobierno, porque cuando me tenía que tocar a mí fue cuando entró en gobierno (Mauricio) Macri y sacó este sistema de entregar las computadoras, y después nunca más nos entregaron ninguna".

Por su parte, Magalí Buccolo, integrante del centro de estudiantes del Instituto Comunicaciones, habló de los efectos en las relaciones familiares, como por ejemplo la que tuvo con su padre, quien es una persona de riesgo y al no vivir en la misma casa solo vio tres veces el año pasado. "Es terrible para un vínculo padre-hija", resaltó.

La joven también señaló que, respecto a las relaciones con los amigos, "cuando pasaron unos meses la falta se empezó a sentir. Es una edad en la que queremos estar constantemente con nuestros pares". Y mencionó que "Argentina es uno de los países que tiene la tasa más alta de ansiedad en los jóvenes, y por supuesto la pandemia lo agudizó".

A su turno, Ulises Llanes, estudiante de la provincia de Mendoza, puso sobre la mesa la cuestión de los centros de estudiantes, que "son el primer espacio democrático que tienen los pibes y las pibas una vez que entran a la escuela". "Con la pandemia vimos muy afectado eso", aseguró y advirtió que hay "directivos y directivas que no quieren que creemos centros de estudiantes; es una realidad que ya nos venía sucediendo pero que quizás se ha profundizado con la pandemia".

Llanes advirtió que la pandemia dejó "un montón de necesidades, un alto nivel de pobreza y donde el centro de estudiantes puede ser una ayuda muy concreta".

"El acceso a la educación el año pasado fue totalmente desigual", aseveró y continuó: "Yo pude acceder a educación, conectarme, resolver mis trabajos, porque tenía una situación socio-económica en mi familia que me lo permitió". Sin embargo, "dejamos bastante afuera a todos aquellos pibes y pibas que no tenían una compu, o tenían que compartirla, o en su casa había solo uno o dos teléfonos", remarcó.

Durante la reunión expuso además Lucca Ocampo, estudiante de la provincia de Salta, quien expresó que la cuarentena ha causado "altos niveles de estrés y ansiedad; necesitábamos salir a tomar aire, distraernos, y salir de ese encierro que tanto daño nos ha hecho". "La salud mental ha sido uno de los elementos en los que los adolescentes y toda la sociedad se ha visto perjudicada", alertó.

Y añadió que "hubo sentimientos de tristeza, soledad, desolación e incertidumbre, lo que ha provocado que muchos cayeran en trastornos de alimentación e incluso depresión. Ser adolescente es difícil en cualquier etapa, pero más en este período de contingencia".

También participaron Nicolás Améndola, de la localidad bonaerense de Necochea e integrante de la Selección Argentina de Natación para personas con Síndrome de Down; Juan Ignacio Cardenas Alonso, también estudiante de Necochea; Agustina González, referente de Casa Joven, dentro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo; Ariela Sánchez, estudiante de la provincia de Mendoza; Julieta Rufino, estudiante de la provincia de Santa Cruz; y Mateo Juárez, estudiante de la provincia de Tucumán.

En una reunión que se extendió por más de dos horas, cinco defensores provinciales expusieron ante la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, donde reclamaron por una serie de reformas legislativas y la necesidad de mayor inversión presupuestaria para efectivamente llevar adelante políticas públicas.

Los funcionarios de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, donde actualmente existen Defensorías especializadas, también abogaron por la creación de instituciones específicas que trabajen en el cumplimiento de los derechos de este sector de la población, y la cuestión no se transforme solamente en algo declamativo.

En primer término expuso la defensora del Niño de Córdoba, Amelia López, quien apuntó que desde que asumió en su cargo, en 2016, se realizó una "reorganización de la institución" y se puso en marcha "un área que cumple funciones de asistencia, de acompañamiento y de supervisión, un área conformada por un equipo multidisciplinario, donde confluyen abogados, asistentes sociales, psicólogos y mediadores. Esta área va haciendo el seguimiento de los casos".

En tanto, hay otro equipo encargado de "actividades de supervisión de las residencias de niños sin cuidado parental" y de los centros socio-educativos penales juveniles, precisó. "También tenemos un equipo que trabaja sobre promoción de derechos", con la escucha de niños y adolescentes, y "un área de monitoreo de derechos", añadió.

López resaltó el trabajo articulado entre los defensores provinciales "antes de la elección de la defensora nacional", como cuando estuvieron juntos en "resistir la baja de la edad (de imputabilidad) e insistir en la necesidad de medidas alternativas", cuando durante el gobierno anterior se puso en discusión el Régimen Penal Juvenil.

No obstante, reconoció que la designación de Marisa Graham "marcó un nuevo espacio", donde hay "un sistema de recíproca colaboración". En ese marco, opinó que "este es un momento importante para hacer una revisión en torno a cuál debería ser la función y el rol de acompañamiento que la comisión bicameral haga a la Defensoría Nacional, al proceso de federalización de las Defensorías provinciales y acompañe también esta agenda, pero no superponiendo actividades".

Muy puntual en su lista de sugerencias a las legisladoras, el defensor de Niños de La Pampa, Juan Pablo Meaca, recordó que al llegar al organismo "la primera acción directa que tuvimos fue el retiro de los bebés del sistema penitenciario", un tema que "tiene que ser tomado por el Congreso de la Nación: la permanencia o la existencia de bebés o niños en los sistemas de privación de libertad de adultos vulnera convenios y normas a las que nuestro país está adherido en cuestión de derechos humanos".

También mencionó, en referencia a las intervenciones ante situaciones de abuso sexual infantil (ASI), que es "un tema en el que hay que abocarse para tener reglas claras en todo el país, sobre cómo se atiende a la víctima, cómo le garantizamos los derechos al niño, cómo lo acompañamos". Entonces, solicitó "modificar el Código Penal porque las penas para abusadores de niños tienen que ser elevadas, porque hoy es bastante escasa la condena que tienen, y rápidamente recuperan su libertad, en un delito de alta reincidencia".

En su exposición, Meaca consideró que "es extremadamente necesaria" una ley de sistema penal juvenil. "Es vergonzoso que no tengamos una ley de fondo, y en las provincias se termine improvisando", dijo. Además, enfatizó que "los derechos de los niños son presupuesto" y "si no están las partidas garantizadas, en realidad el derecho de los niños solo es declarativo". "La Ley de Niñez implica un nuevo estudio", agregó, entre otras cuestiones.

A su turno, Miguel Molina, defensor del Niño de Misiones, observó que en la sociedad "el niño es considerado como propiedad y no como sujeto de derecho" y también "es considerado inhábil". En consonancia con Meaca, subrayó que "toda decisión tiene un costo y si no hay presupuesto para resolver las cuestiones que afectan a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cuestión deviene en declarativa".

"No tengo dudas sobre la necesidad de la creación de las defensorías en todas las provincias", impulsó el funcionario, que abogó por "la creación de un área específica de la niñez", que representa el 40% en su provincia y el 36% a nivel nacional, sin embargo "no tenemos instituciones especificas que se ocupen de los niños".

En esta línea, pidió que la creación "en el ámbito del Senado de una comisión de Niñez y Adolescencia, porque es absolutamente necesaria". En otro pasaje, Molina aseveró que "los niños necesitan más del (Poder) Ejecutivo y (Poder) Legislativo y menos del (Poder) Judicial"; y ponderó la "ley de acogimiento familiar", como poseen a nivel provincial.

"El contexto de pandemia agravó el sector de los niños, y hoy es el más vulnerado y vulnerable. Sin embargo esa problemática está invisibilizada. Son quienes más han sido afectados, quienes más han sido privados de la escuela, de los abuelos, de los juegos, de la vacuna", observó.

Otra de las defensoras que expuso fue Analía Colombo, de la provincia de Santa Fe, quien destacó el trabajo "articulado" entre el puñado de defensores de los derechos del niño que hay en el país, quienes coinciden en "identificar cuáles son los temas transversales y prioritarios" sobre este sector de la población. "Hay temas que hoy siguen increíblemente invisibles", lamentó.

En sintonía con Molina, llamó a "avanzar para que niñas, niños y adolescentes en todas las provincias cuenten con una figura de defensor" o "al menos que haya áreas especializadas de niñez en todas las provincias, siendo óptimo que dependan del Ejecutivo".

Asimismo, al explicar el trabajo que realiza la Defensoría, Colombo resaltó que hay que propiciar que los niños y adolescentes "sean sujetos activos de la palabra, creo que eso es una asignatura pendiente, porque todo está centrado en la decisión de los adultos".

La funcionaria manifestó que la pandemia "profundizó las vulneraciones de derechos" y "más del 60% de niños y adolescentes del país son pobres". "Es estructural que estén en agenda, con temas urgentes y emergentes", enfatizó. Además, mencionó el "derecho a una vivienda digna"; pidió por una ley de sistema penal juvenil que "derogue un nefasto decreto ley de la última dictadura militar; no es posible que hoy los adultos estén en mejores condiciones de niños y adolescentes"; y atender la cuestión de la Educación Sexual Integral.

Finalmente, Leandro Dubre, quien hace un mes asumió como defensor del Niño de Santiago del Estero, remarcó las dificultades presupuestarias que afrontaba el organismo, donde "nos encargamos específicamente de resolver casos judiciales". Recién el año pasado se destinaron recursos y, a partir de ello, se está realizando una "concientización e institucionalización de todas las temáticas de niñez", reveló.

Sobre algunas de las acciones que realiza la Defensoría, el funcionario contó que se está trabajando en "áreas que tienen que ver con la violencia institucional", a partir del caso de Abigail Jiménez, cuando "se vio reflejada la vulneración en niños en época de pandemia". En ese sentido, se avanzó en un convenio con la SENAF para la capacitación "en la mirada del niño en las fuerzas de seguridad en todas sus jerarquías".

"Hoy somos una Defensoría adjunta. Creemos que la Defensoría del Niño debe ser independiente", sostuvo y reiteró: "Debe contar con un presupuesto propio, sin ello es imposible llevar mecanismos macro, sino solo nos detenemos a resolver casos puntuales, sin poder llevar políticas de concientización en otras áreas".

Durante la reunión también expuso, brevemente, Daniel Molina, Coordinador Federal de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes -que encabeza Marisa Graham-, quien ponderó el "diálogo permanente con los defensores provinciales" quienes "hacen aportes muy ricos a diferentes áreas de la Defensoría". Y destacó las conversaciones con 17 provincias para que, a través de las Legislaturas provinciales, avancen en la creación de una Defensoría local, al tiempo de trabajar en "el seguimiento de lo que es la política (de niñez) a nivel provincial".

Luego de transcurrir la primera semana de agosto sin actividad en comisiones -y mucho menos en el recinto- este lunes, a partir de las 11, está agendada una reunión de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos).

Luego, se realizará un plenario de comisión en el Senado, que involucra a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el bonaerense Jorge Taiana (FdT), y de Trabajo y Previsión, presidida por el pampeano Daniel Lovera (FdT), en el que se tratarán acuerdos de seguridad social con Israel y la República de Corea.

A diferencia del año pasado, cuando en plena cuarentena y con la novedad del trabajo remoto los legisladores literalmente "no pararon", este año se instaló hacia fines de julio el habitual receso de invierno. Y, además, todo coincidió con el cierre de listas para las PASO y el inicio de la campaña del 24 de julio.

En el caso del Senado, entre los días hábiles del 19 de julio al 30 de ese mes hubo reuniones aisladas de comisiones: un plenario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales, donde se dictaminó un proyecto sobre el reciclado de los neumáticos fuera de uso; y dos audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos para analizar pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el 19 de julio tuvo lugar la última reunión, cuando se desarrolló un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, que comenzó con el debate de la creación de un “Área Marina Protegida Bentónica” en la zona conocida como Agujero Azul.

Ese mismo día también se reunió la Bicameral del Defensor del Niño -integrada por representantes de ambas cámaras-, que será la que el próximo lunes retome su trabajo y reciba a defensores provinciales de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, en el marco de una reunión informativa.

Temas pendientes a tratar

Previo a iniciarse este "impasse", en la Cámara de Diputados quedaron varios temas listos para ser tratados en el recinto. Sin embargo, para la próxima semana no asoma, por ahora, una convocatoria a sesión, afirmaron fuentes parlamentarias a este medio.

Además, el pasado 23 de julio venció el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que permite el trabajo en comisiones para dictaminar y la realización de sesiones mixtas, con la participación de la mayoría de los legisladores de forma presencial y los exceptuados, conectados virtualmente. El presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques no firmaron hasta ahora la renovación, con lo cual está caído.

Dentro del paquete de proyectos que ya cuentan con dictamen de comisión figuran la nueva Ley Ovina; la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay; una ley sobre violencia institucional y otra para garantizar derechos de las personas en situación de calle.

También tuvo despacho un proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores y contratistas de viñas; la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda; un conjunto de transferencias de inmuebles y convenios internacionales.

De los últimos temas tratados en comisión está la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tuvo cuatro dictámenes distintos, siendo el de mayoría el que reproduce la media sanción del Senado, votada el año pasado.

Por su parte, el Senado tiene en agenda -además del mencionado proyecto sobre neumáticos fuera de uso y los pliegos judiciales- dos proyectos de ley, impulsados por Oscar Parrilli, que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga y seguros-.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, se presentó este lunes ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde brindó un detallado informe de gestión y dejó dos pedidos a las legisladoras que integran la comisión.

Por un lado, el funcionario las convocó a "trabajar juntos" en la falta de estadísticas judiciales, al tiempo que remarcó que "hay mucha conflictividad judicial en los temas de niños en relación a cuidados parentales y alternativos".

En segundo término, recordó que en diciembre de 2019 "arrancamos con un presupuesto que había aumentado muy poquito", y que para 2020 aumentó a 13% y para 2021 un 34% -está en ejecución casi en su totalidad, afirmó-. "Téngannos en cuenta cuando se discuta el presupuesto" de 2022, pidió.

Al exponer sobre las principales acciones y programas de la SENAF, el secretario se refirió al Plan Nacional de Primera Infancia que "supone el apoyo a espacios -de organizaciones, municipios o provincias- de educación y cuidado para niños de 45 días a 4 años de edad, con un subsidio mensual y un subsidio inicial para el mejoramiento de los espacios".

"Tomamos en 2019 el plan con 1.657 espacios en funcionamiento y lo llevamos a 2.350, un incremento de 693 nuevos espacios", apuntó, mientas que anunció que "ya está el acuerdo para la construcción de 333 espacios para la primera infancia, una inversión en obra pública de 10.000 millones de pesos".

En alusión al Programa Nacional Primeros Años, el funcionario informó que el pasado 1ro. de julio se firmó un nuevo convenio. El programa tiene como ejes de trabajo los buenos tratos en la crianza y el acompañamiento perinatal, basado en la Ley de los Mil Días, que el Congreso sancionó en diciembre pasado en paralelo a la ley de aborto.

También mencionó que hay "un fuerte enfoque de introducción del programa en la protección de derechos", para lo cual hay un trabajo articulado con los organismos locales y provinciales. En ese sentido, habló de la creación de zonas de crianza comunitaria, que a partir de convenios con los municipios se trata del desarrollo de lugares físicos.

"Ya hay 31 zonas de crianza funcionando en todo el país", precisó, y dijo que se aspira a que estos centros, dedicados al trabajo con familias de sectores populares, lleguen a 51 en diciembre y se inauguren "otras 100 más en el transcurso de 2022".

En su exposición, el titular de la SENAF detalló que en lo referido a la protección especial -el abordaje de los derechos vulnerados de los niños-, hay 19 provincias que están trabajando con la implementación de sistemas de registros en base a un Registro Único Nominal (RUN).

La idea del RUN es "tener un instrumento ágil de carga de los legajos" y "generar una información nacional que nos permita direccionar la política de restitución de derechos", explicó.

"Hoy tenemos un diagnóstico mucho más preciso sobre la cantidad de niños separados del medio familiar, en qué lugares se encuentran, si están en hogares o residencias, y si esos hogares son estatales o son de organizaciones", agregó.

En cuanto a los niños y niñas sin cuidados parentales, Lerner señaló que "hay un poco más de 9.000 niños y niñas que están en dispositivos residenciales o familias de acogimiento", y que la SENAF aspira a incrementar la cantidad de niños y niñas que puedan estar en una familia extensa, es decir, con un tío, un abuelo o pariente.

Con una exposición llena de gráficos y datos, el secretario de Niñez aportó información sobre el Programa de Asistencia al Egreso, sancionado por ley en mayo de 2017, al cual han adherido todas las jurisdicciones. Actualmente, entre adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, hay inscriptos un total de 1.336 y para este año hay un presupuesto estimado en 110 millones de pesos.

Sobre la reparación económica de niños, niñas y adolescentes, mediante la Ley Brisa, el funcionario indicó que de diciembre de 2019 a junio de 2021 se otorgaron 930 reparaciones, con un incremento notable, ya que en diciembre de 2019 se encontraban cobrando 339. El presupuesto proyectado para este año es de 350 millones de pesos.

Finalmente, destacó la creación del Consejo Consultivo de Adolescentes. "Sabemos que en nuestro país hay un alto grado de participación de chicos y chicas, que tienen voces en la escuela, en las familias, en los barrios, en los clubes, en los credos, en las parroquias, pero estamos tratando de incrementar sus capacidades de incidencia política".

"El consejo consultivo se ha creado para que asesore a la SENAF, para que la interpele. Son 48 chicos, 32 titulares y 16 suplentes, chicos y chicas de todo el país" seleccionados "con criterio de perspectiva de género, diversidad sexual, hay pibes y pibas de pueblos originarios, chicos y chicas con discapacidad, pibes o pibas que han atravesado trayectos de dispositivos penales-juveniles. Estamos muy contentos con esta iniciativa", completó.

Legisladoras que integran la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT)- acordaron este lunes la pronta visita de Gabriel Lerner, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Según se programó, el funcionario expondrá ante la comisión el próximo lunes 19 de julio a las 10.

Además, diputadas y senadoras avanzaron con un proyecto de resolución que reúne conclusiones sobre el informe que días atrás brindó la defensora de los derechos del Niño, Marisa Graham.

En dicha resolución, destacaron que la Defensoría ha tenido -en su poco tiempo de consolidación- "articulación con instituciones gubernamentales de todos los niveles, con organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales locales en temáticas referidas a niñez y adolescencia".

Asimismo, el organismo tuvo "intervención federal en problemáticas que se han acentuado con la pandemia como lo son la salud, la educación y la pobreza" e "intervención directa ante casos de amenazas o vulneración de derechos, especialmente en aquellos lugares donde todavía no existen dispositivos locales de protección de derechos", en alusión a la falta de defensores provinciales.

Por otra parte, entre las propuestas que plantearon las legisladoras, la diputada Claudia Bernazza (FdT) destacó que se realizará una jornada de debate referida a la crianza comunitaria, algo que consideró "el punto donde radica un vórtice de los temas referidos a la vulneración de los derechos de la niñez".

"La interpretación de la Ley (26.061) y su aplicación, tanto en sedes judiciales como administrativas, no cumplen con el espíritu tanto de la norma como del legislador", sostuvo y advirtió que "muchas veces, bajo nuevos nombres, como casas de abrigo, hogares convivenciales, se esconden los institutos de menores".

Por eso, celebró poder invitar a "referentes sociales de estas respuestas -en referencia a la crianza comunitaria- que tienen seguramente mucho para contarnos y decirnos".

Por más de dos horas, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, rindió un informe ante diputadas y senadoras, durante el que afirmó que "la escuela estuvo presente" en la pandemia y pidió no subestimar "el esfuerzo" de los alumnos que continuaron con sus trayectorias educativas. Además, se comprometió a consultar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la vacunación contra el Covid para los menores.

Al responder preguntas de la diputada Carmen Polledo (Pro), sobre "el duro impacto de algunas medidas que se tomaron en la educación" como "la falta de clases y la asistencia a la escuela", la funcionaria enfatizó: "La escuela estuvo presente, y me parece que el discurso del mundo adulto en general tiene que decir que la escuela estuvo presente, porque sino dejamos afuera el esfuerzo que han hecho muchos niños, niñas y adolescentes en las peores condiciones para sostener sus trayectorias escolares".

"El problema es qué pasa con el cierre de los establecimientos y los vínculos que se generan; para los más chicos los vínculos interpersonales son de un valor incalculable", continuó la abogada y remarcó que "esos 80 mil fallecidos o más, que lamentamos cada uno, son abuelos, padres, tíos de niños, niñas y adolescentes que han padecido la muerte de un ser cercano".

La defensora reveló que en el organismo se han reunido "con los padres que estaban a favor de la presencialidad, pero también con padres y madres que estaban a favor de la no presencialidad, algunos pertenecientes a los mismos establecimientos escolares".

Por otro lado, señaló que "siempre el gran problema de Argentina fue la escuela secundaria", en la que "tenemos una deserción que siempre es la misma, incluso antes de la pandemia".

"Casi el 100% de los niños que terminan la primaria entran a la secundaria", apuntó, pero precisó que de ese total, "un 30% no la terminará nunca; y del 70% que sí la termina, la mitad la termina con sobreedad y con mucha repitencia". "No es un problema de la pandemia, sino un problema que la pandemia desnuda y agrava", sostuvo.

Al brindar el informe anual ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Vanesa Vessvessian (FdT), Graham resaltó que "son muy pocos los países que están vacunando" a menores de 18 años contra el Covid, al tiempo que se comprometió a trasladar esta inquietud a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Además, la funcionaria aseguró que el organismo continuará trabajando por garantizar el acceso a la conectividad de niños y adolescentes, y advirtió que la asimetría digital existe no solo en el interior más profundo del país, sino también dentro de las grandes ciudades.

Al contestarle a la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), la abogada admitió: "No sabemos cuál es la causa por la cual las vacunas no pueden ser aplicadas a niños y adolescentes. Lo que sí que la vacunación se está llevando adelante en todas las jurisdicciones del país por edades. Es una de las preguntas a hacerle a la ministra (Vizzotti)".

Y se comprometió a pedir que las vacunas estén garantizadas "por los menos para aquellos (menores) que tiene comorbilidades existentes". No obstante, aclaró que "no hay ninguna organización que se ya presentado en pedirnos vacunas para los chicos".

Respecto a la conectividad, la abogada subrayó que "en algunas provincias de nuestro país, la conectividad no resuelve el tema" porque hay familias que viven en parajes, y allí "es presencialidad o nada".

Pero también remarcó que tanto en la Ciudad de Buenos, como en Córdoba Capital o Rosario, "hay lugares donde hay conectividad y lugares donde no". "La exigencia que venimos teniendo sobre la conectividad la vamos a seguir teniendo, incluso después de la pandemia", prometió.

Informe anual

En el inicio de su exposición, Graham habló de "los obstáculos" que enfrentó la Defensoría en su comienzo como institución, sumado a la pandemia, "se convirtieron en fortaleza". "Conseguimos un aumento importante del presupuesto destinado para el 2020", destacó.

En ese sentido, detalló que también se logró que "los fondos de reserva de los años anteriores, 2018-2019, se constituyeran en nexo y ya está reservados para la compra de bienes de uso de informática y tecnología, lo más caro que tenemos que enfrentar como compra".

La abogada celebró que el organismo está presente en todas las redes sociales y consiguió "una gráfica que nos identificara, desde el logo hasta la estética de nuestra página web, que es otra gran noticia para nosotros".

"Empezamos a tener más presencias en otros lugares del país, no solo en la Ciudad y el Conurbano. Estamos teniendo relación con las 24 jurisdicciones", aseguró la defensora.

Sobre el personal de la Defensoría, Graham precisó: "Hoy por hoy somos 70, somos pocos para el volumen de trabajo que tenemos. Hay 50 (personas) en las áreas sustantivas y 20 en las áreas de apoyo". "Estamos ahora esperando que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) nos firme una nueva resolución con la inclusión de once personas más", añadió.

La funcionaria recordó que con la pandemia los temas de agenda se reenfocaron sobre "seguridad alimentaria; el tema de los ingresos en los hogares; deserción escolar, sobre todo en el secundario; y la cobertura insuficiente para la primera infancia".

En referencia a la Asignación Universal por Hijo, la abogada ponderó el pronunciamiento de la Defensoría sobre los requisitos para acceder a este beneficio y el diálogo encarado con el Poder Ejecutivo para lograr los cambios que se dieron a través del decreto 840/2020. Asimismo, mencionó el pronunciamiento realizado sobre la necesidad de ampliar la cobertura de la tarjeta Alimentar.

Graham enumeró que el organismo actuó en casos de "restitución internacional de menores; interrupción legal del embarazo en niñas menores; el caso del asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay; y el desalojo en Guernica".

Además, el jefe de Gabinete de la Defensoría viajó a Formosa y mantuvo diálogo con autoridades provinciales, como con denunciantes, y luego se presentó "un informe a UNICEF Argentina, al Comité de Prevención contra la Tortura, y a la Secretaría de Derechos Humanos".

A continuación, se refirió a "un caso emblemático para nosotros" como es el trabajo en el Chaco Salteño con niños de la comunidad wichi donde, entre otras cosas, se llevaron adelante operativos de identidad y Renaper entregó "2.166 documentos nuevos", al tiempo que "170 chicos fueron registrados" y "ANSeS incorporó 5.871 chicos a la AUH".

Por otra parte, la titular de la Defensoría anunció que se está trabajando para que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires "tengan su propio defensor", como es el caso de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa.

"Hemos avanzado en 12 provincias sensibilizadas en el tema del defensor", dijo, y afirmó que hay "cuatro que están más cerca" como Jujuy, San Juan, Catamarca y Mendoza. "Tenemos la expectativa de llegar a fin de año con por lo menos dos defensores más", agregó.

En otro tramo, la funcionaria apuntó que algunos de los "obstáculos" con los que se encontraron fue "con la confusión sobre nuestro rol" y "las resistencias" de "jueces y juezas que no nos dejaron intervenir en algunos expedientes, no reconociéndonos legitimidad", al igual que algunos fiscales y defensores.

Sin embargo, remarcó que, como contrapartida, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Nacional ha tomado pronunciamientos de la Defensoría como "base argumentativa para sus fallos". "El Poder Judicial siempre es más resistente a los cambios por su estructura, y también el Ministerio Público", cuestionó.

Graham estuvo acompañada por el defensor adjunto, Facundo Hernández; y la directora de Investigación Aplicada, Vanesa Salgado; quienes también contestaron preguntas. Además, la defensora aseguró que enviarán más respuestas por escrito.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se reunió este lunes de forma virtual por segunda vez en lo que va del año. En esta ocasión se eligieron autoridades y se planificó la visita de la  Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, para el 22 de junio próximo. Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) es la flamante vicepresidenta de la bicameral.

La presidenta de la comisión, la diputada Paola Vessvessian (Frente de Todos-Santa Cruz), abrió el encuentro al resumir: “Mi idea de trabajo es que podamos generar un proceso junto, con agenda activa y positiva. Poder aportar a la construcción de la política de la infancia desde la mirada legislativa”. 

Al momento de la elección de autoridades, la diputada Carmen Polledo (Pro-CABA) propuso a la senadora Guadalupe Tagliaferri para la vicepresidencia, quien fue designada por decisión unánime. “Creo que es una persona más que idónea y que ha entregado su compromiso fuertísimo en el trabajo de la defensa de los niños, de las cuestiones de género, de las mujeres”, argumentó la legisladora porteña, que luego la tildó de “la candidata ideal”.

Para la secretaría, la senadora Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) propuso a Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) por su “amplia trayectoria de militancia y trabajo en su territorio por los derechos de los niños y jóvenes, con una basta experiencia y formación”. Desde Diputados, Carla Carrizo (UCR-CABA) presentó a Carmen Polledo para la posición. “Tiene mucha experiencia en cómo construir consensos en políticas que no tienen que estar partidizadas porque no tienen partidos sino derechos”, consideró. Ambas fueron aprobadas por unanimidad.

Tras la conformación de la comisión, la presidenta de la bicameral sostuvo: “Estamos constituyendo todas las autoridades, así que con lo cual solo resta ponernos en acción, tener una agenda activa, positiva y que esté pensando en las infancias”. A continuación, Vessvessian propuso citar a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, el 22 de junio para que dé su Informe Anual y responda preguntas.

También se aprobó el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de los derechos del niño y adolescente. La diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos-Buenos Aires) pidió avalar la estructura “tal como la presentó la defensora”, idea secundada por la oposición a través de la voz de Guadalupe Tagliaferri, que expuso: “No tenemos una objeción con la estructura”.

Por su lado, la senadora Eugenia Duré aprovechó la ocasión para conmemorar el Día del Periodista. “Quería saludar a los periodistas en su día, teniendo en cuenta que desde la comunicación se deben garantizar los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes”, consideró.

En la reunión también se aprobó la Declaración “La protección de la salud integral de las infancias y adolescencias es prioridad”.

La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos-Tucumán), por su parte, debió ausentarse por una reprogramación de su vuelo de regreso a Tucumán, por lo que envió un escrito en donde expuso su posición acerca de los temas pertinentes a la reunión: “Adhiero a los temas propuestos, en especial lo referido a aprobar el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de la Defensoría”.

En una reunión marcada por la ausencia de representantes de la oposición, se reunió este lunes la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que eligió a la diputada del oficialismo Paola Vessvesian (FdT-Santa Cruz) como presidenta.

El resto de los cargos de esa comisión se resolverán en una nueva reunión en la que participen también los representantes de la oposición. 

💻Queda constituida la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la diputada @paolavessvess como presidenta

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 19, 2021

La senadora Beatriz Mirkin (FdT-Tucumán) condujo la reunión, que inició poniendo énfasis en la ausencia de las representantes de la oposición. “Yo no elijo la fecha en que tengo la posibilidad de tener Zoom, sino que esta fecha me la da la Secretaría de Comisiones; la posibilidad de tener horario es muy difícil conseguir”, explicó para justificar por qué no había movido el día del encuentro a pesar del pedido de las diputadas de Juntos por el Cambio Carla Carrizo y Carmen Polledo.

En el mismo sentido, expresó en relación a las senadoras Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay que “cuando les planteé si iban a participar las dos senadoras ellas me dijeron que no, que no tienen actividad pero atendiendo a que no van a participar las diputadas, ellas no van a participar de la reunión”. La tucumana propuso entonces seguir adelante con la reunión: “Tenemos quórum, somos la mitad más uno, somos seis”.

La diputada Claudia Bernazza (FdT-Buenos Aires) también se quejó de la ausencia de la oposición. “Muchísimas veces las reuniones se superponen, no es una novedad, y todos los legisladores y legisladoras estamos acostumbrados a generar acuerdos”, por lo que “la simultaneidad de comisiones no es obstáculo para el funcionamiento”, sostuvo.

La ausencia de Juntos por el Cambio se mantuvo en el foco de atención. Mirkin aprovechó para reclamar que “ellas viven actuando muy enojosamente, muy políticamente, actuaron dándole indicaciones a la defensora respecto de cómo tenía que hacer respecto del tema de Formosa. Una situación muy difícil en la cual dieron por hecho que las mamás habían sido separadas de sus hijos y que era un problema de carácter internacional, cosa que les reclamé porque pasaron por encima de la comisión”. “Quieren institucionalizar en la bicameral también una forma de acción política contra los derechos de la niñez", acusó.

María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) también fustigó a las ausentes: “Me parece que este compromiso que tenemos nosotras como diputadas y senadoras con nuestros niños, niñas y adolescentes hoy no lo estarían teniendo las diputadas de la oposición, o de Cambiemos”.

La senadora fueguina además opinó sobre la presencialidad en los colegios al argumentar que los niños y adolescentes “son los que trabajan naturalmente y tienen incorporado naturalmente el tema de la virtualidad. Somos nosotras quizás las que tuvimos que adaptarnos un poquito más”.

A continuación, Paola Vessvessian también reprendió a la oposición: “Con lo que está pasando a mí me parece que hay un tema de oportunidad y conveniencia. La política de los niños es una política pública, la salud es una pública y cuando una política pública la queremos hacer política partidaria nos pasa lo que nos está pasando y realmente en vez de fortalecer los derechos de los niños los estamos vulnerando doblemente, por lo cual me parece, lo quiero dejar expresado, no adecuado y me parece que no hace a una coherencia política no estar presente hoy en esta bicameral”.

A continuación, Bernazza propuso a la nueva presidenta. Auspició que la bicameral “necesita alguien que conozca del tema de la niñez y la adolescencia, pero también hay que conocer el marco jurídico, la historia de la legislación, su origen, su génesis, su aplicación”, a lo que agregó que “quién mejor para esto que mi compañera la diputada nacional Paola Vessvessian". "Con la presidencia de Paola no gana el Frente de Todos, ganamos todos y todas", concluyó la legisladora bonaerense. Las demás presentes apoyaron la propuesta.

La diputada elegida para presidir la bicameral se mostró sorprendida por la nominación que había hecho su compañera Bernazza, pero aceptó de buen grado. Habló de “construir códigos comunes, que son los que nos van a identificar”. Dijo creer en “las respuestas comunitarias, en las universitarias, los sindicatos”, y señaló en ese sentido que “esta bicameral tiene que escuchar no solo la voz de la defensora Marisa Graham, sino también las de las distintas voces de la comunidad”.

La reunión concluyó con la presidenta saliente, Beatriz Mirkin, proponiendo a instancias de la catamarqueña Inés Blas emitir una declaración sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia.

La bicameral que controla el desempeño de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes acordó este martes avanzar con la aprobación de la estructura orgánica, funcional y administrativa del organismo, dentro de un plazo de dos semanas, tiempo que se tomará para sistematizar la información.

La comisión, presidida por la senadora tucumana Beatriz Mirkin (FdT), resolvió que tras ese paso se avanzará con una agenda de trabajo, que incluye numerosos temas que tienen que ver con la realidad de las infancias en el contexto de post pandemia.

"Nos hemos contactado con distintas instancias provinciales y les hemos solicitado información para actualizar un mapa regionalizado de las demandas que requieren la atención de niños, niñas y adolescentes", señaló Mirkin al comenzar el encuentro.

Entre los "grandes ejes de trabajo" que propuso, la titular de la bicameral mencionó "el derecho a ser oído; el derecho a la salud integral y respetuosa; el derecho a integrar una familia; el derecho a la identidad; y el derecho a la comunicación, la conectividad y la tecnología".

Por la oposición, la radical Carla Carrizo recordó que las diputadas "no podemos tomar decisiones porque estamos sin protocolo (de trabajo remoto)", pero "sí podemos hacer reuniones informativas". Asimismo, pidió que se conforme el grupo de asesores, quienes procesen la información que envía la Defensoría, y así "ir haciendo un diagnóstico de los primeros puntos más importantes que tenemos que saldar".

"Más allá del protocolo, el tema de la infancia no puede esperar", enfatizó la diputada oficialista Paola Vessvessian, quien a pedido de Mirkin quedó como encargada de contrastar la información ya obtenida -con la presentación semanas atrás de la defensora Marisa Graham- con la información nueva que sea requerida al organismo, para así poder "tener metas y objetivos concretos para ir encauzando el trabajo de la comisión", afirmó.

Quien planteó aprobar la estructura de la Defensoría fue la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri, que advirtió se necesita "aprobar, darle institucionalidad y acompañar el proceso de creación de la Defensoría en misiones y funciones, estructura y presupuesto", porque si no "difícilmente nosotras nos podamos dar en la bicameral una agenda de trabajo".

En el mismo sentido, la senadora radical Pamela Verasay sostuvo que "si la agenda no abraza la agenda de la Defensoría me parece que no tendría sentido", más allá de que "hay un abanico de temas que a todas nos preocupan". "Es clave analizar la estructura de la Defensoría con el plan que va a ejecutar", agregó.

Finalmente, Mirkin coincidió en evaluar "cómo está planteada su planificación y acciones, cuál es el presupuesto y en qué está pensando (la Defensoría), para que nosotros podamos aprobarlo" y "una vez que tengamos eso poder plantear el plan de acción" de la comisión.

Se conformó este viernes la Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que quedó presidida por la senadora oficialista Beatriz Mirkin, mientras que la diputada radical Carla Carrizo fue elegida vicepresidenta. En tanto, la diputada Claudia Bernazza (FdT) y la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) quedaron designadas como secretarias.

En la primera reunión, las 10 legisladoras que integran la comisión acordaron tener un primer encuentro con Marisa Graham, la abogada que juró ante el Senado en febrero pasado como defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo que estuvo vacante por 15 años.

Durante el encuentro, desde el Frente de Todos se manifestaron quejas a la convocatoria que se le realizó a Graham desde la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes.

Mirkin consideró que se le realizó una "convocatoria terrible", porque "se la citó poco cordialmente", y pidió que se emita "una disculpa pública" al tiempo que solicitó a las diputadas de Juntos por el Cambio que intercedan para que se retire ese pedido "para que la defensora pueda venir tranquilamente a la bicameral como corresponde".

En el mismo sentido, la diputada oficialista Claudia Bernazza sostuvo que hay que cuidar "a estos nuevos institutos que costaron tanto crear", y opinó que la citación debe hacerse "en otros términos, con otro lenguaje". "No podemos pretender que (Graham) tenga todas las soluciones" en el breve tiempo que lleva en la función y en medio de "una tragedia planetaria", señaló.

Por otra parte, al asumir como presidenta, Mirkin expresó que "merecen los niños de nuestra patria tener cada vez más derechos", y en ese sentido hizo hincapié en "el derecho a la identidad" para garantizar que "no quede nadie en Argentina sin tener nombre y apellido, que es el derecho básico cuando uno nace".

A su turno, la diputada Carla Carrizo destacó que la elección de la defensora "fue un trabajo de mucha construcción colectiva", por eso "este el momento donde tenemos que cuidar, proteger y construir ese proceso nuevo que es el comienzo de la institución". También dijo que hay que "llevarla a todos los distritos, hacerla conocer" e "instalarla a nivel nacional".

Durante la presentación de cada una de las integrantes, la senadora oficialista Inés Blas aseguró que esta comisión "cobra una relevancia extraordinaria en virtud de que son nuestros niños y adolescentes quienes son los que más están sufriendo las consecuencias del encierro" y "mucha de la problemática que viven está invisibilizada".

En tanto, la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri valoró que "todas estamos de acuerdo y coincidimos en que lo que estamos hablando es todo construcción", y abogó por "velar y garantizar" los derechos, al tiempo de pensar en políticas públicas sabiendo que "podemos hacer algo para que esa vulneración (de derechos) con nombre y apellido no se replique en más pibes".

La bicameral quedó integrada por las senadoras Beatriz Mirkin, María Eugenia Duré, Inés Blas (Frente de Todos); Pamela Verasay (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro). Y por las diputadas Claudia Bernazza, Jimena López, Paola Vessvessian (Frente de Todos); Carla Carrizo (UCR) y Carmen Polledo (Pro).