Una dura pelea se dio este miércoles en la Cámara de Diputados en relación al conflicto entre Israel y Palestina, con defensores de un lado y el otro.

Todo comenzó con un homenaje de la diputada del Pro Sabrina Ajmechet a “los ciudadanos argentinos que desde el 7 de octubre de 2023 están secuestrados en Gaza”. “Se habla de que es un conflicto que nada tiene que ver con nuestro país, pero Argentina es el país, después de Israel, que más secuestrados tiene”, con 4 entre 50 que permanecen rehenes, apuntó.

Para la legisladora bullrichista, “en el pueblo argentino no hay una consciencia de que son conciudadanos nuestros los que están sufriendo esto”.

Y consideró además que Juan Carlos Giordano, quien asumió su banca este miércoles por el Frente de Izquierda y entre las causas lo hizo por Palestina, “debería jurar de nuevo”. “Yo sé que pasó otras veces, pero ¿podemos por una vez no minimizarlo, no banalizar?”, planteó.

“Palestina es un lugar gobernado por Hamás, una organización terrorista que asesinó argentinos y tiene todavía hoy a 4 argentinos secuestrados”, resaltó y mencionó que por ser judía “en un acto explícito de antisemitismo todo el tiempo tengo que bancar que se me acuse de lealtad a otra nación”.

Ajmechet comenzó a levantar la voz a medida que desde el otro lado del recinto la diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik se levantó a los gritos a insultarla. “¿Quiere una interrupción diputada Pokoik? ¿Quiere ser antisemita con el micrófono abierto?”, la desafió, mientras la libertaria Lilia Lemoine grababa con su celular, en una práctica que adoptó en las últimas sesiones para escrachar a otros pares suyos.

¡LAMENTABLE LA DIPUTADA DE UNION POR LA PATRIA GRITANDO BARBARIDADES!

Mientras la Diputada @ajmechet pide que el diputado que juró por Palestina JURE OTRA VEZ POR LA BANDERA ARGENTINA. pic.twitter.com/tPTYRl9S2D

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) July 2, 2025

Al ser aludido, Giordano ratificó: “Estamos orgullosos con nuestro juramento en defensa de la causa Palestina y en buena hora que sean millones los que se movilizan en el mundo contra el genocidio que está provocando el Estado sionista de Israel con su máximo exponente, Benjamín Netanyahu, con el que se fue a abrazar de manera siniestra el presidente (Javier) Milei, poniendo en peligro al pueblo argentino”.

Desde el Pro, Silvana Giudici expresó que “lo que pasó acá es grave y no vamos a dejarlo pasar por alto; la diputada Pokoik se acercó al estrado gritando contra la diputada Ajmechet consignas antisemistas”. Y le reclamó al presidente del cuerpo, Martín Menem, “no tolerar” que “se le grite genocida a una diputada”.

“Es inadmisible que traten de asesino a un diputado de nuestro bloque (en referencia a Gerardo Milman) y a otra diputada de loca y gato, ¿dónde está la sororidad? ¡Hablan de sororidad y levantan cartelitos! ¿Por qué no se callan la boca ustedes que pactaron con Irán?”, exclamó.

Al tomar la palabra, Pokoik hizo su descargo: “No puedo aceptar que ninguno de este cuerpo me acuse de antisemita. Mi apellido es Pokoik, de un pueblo de Lodz, Polonia, y de una familia que también fue perseguida” y que “padeció el Holocausto”. “Tengo tanto o más derecho que ustedes a no reproducir un nuevo Holocausto a cielo abierto, como ustedes están convalidando”, continuó.

La kirchnerista llamó “hipócritas” a quienes “no respetan los tratados internacionales de un pueblo que tiene derecho a la libre determinación”. “¡Dejen de asesinar población civil, dejen de asesinar niños, dejen de ser parte de un proyecto geopolítico que quiere ir por todos los recursos naturales!”, manifestó.

La porteña aclaró que no cree “en los fundamentalismos de ninguno de los dos lados” y consideró que “los Parlamentos de todo el mundo deberíamos aportar a una solución que ponga el valor de la vida por encima de todo”.

“Dejen de hacer propaganda política del genocidio, pongan a defenderse la vida”, agregó y, muy dura, concluyó: “Pero claro, ustedes vienen de la cultura del odio, creen que todos los que piensan distinto deben ser exterminados”.

Dos elementos recientes convergen para que el Gobierno intente profundizar su giro autoritario: el préstamo del FMI, que constituye un apoyo geopolítico y habla del rol de ese organismo y, en paralelo, la caída ininterrumpida de la imagen del gobierno en la consideración popular. Alguien con más apoyo externo que interno se parece peligrosamente a la figura del virrey.

Ese es el trasfondo sobre el que se recorta y sobresale la criptoestafa $Libra, como un escándalo mayor dentro de una realidad escandalosa. No es un hecho aislado sino una radiografía del modo en que gobierna Javier Milei: con impunidad, sin controles y con desprecio por las instituciones democráticas.

Este martes, los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona decidieron no asistir a la interpelación convocada por la Cámara de Diputados, desconociendo groseramente sus obligaciones frente a otro poder del estado que, recordemos, Milei ningunea desde el mismo día de su asunción. La excusa fue tan simple como insultante: “cuestiones de agenda”. Caputo, además, negó todo vínculo con el caso y ofreció responder por escrito.

En consecuencia, lo que estaba en juego no es solo una estafa millonaria que afectó a miles de personas y en la que el propio gobierno promovió y respaldó el criptoactivo, sino el valor mismo del Congreso como poder independiente y la vigencia de los mecanismos de control establecidos por la Constitución.

Sin embargo, la oposición, con fuerza y convicción, logró imponer una nueva citación para el próximo 14 de mayo. Esa decisión no solo es un acto político: es un triunfo de la democracia y su institucionalidad, a diario amenazada por la casa de gobierno y sus socios, porque un gobierno que se rehúsa a rendir cuentas ante el Congreso, rompe el pacto democrático. Y un pueblo que exige respuestas, no está dispuesto a entregar su dignidad.

Apenas asistió Guillermo Francos, pero no pudo explicar quién le envió a Javier Milei el link del contrato del token $LIBRA, ni por qué el Presidente lo difundió sin ninguna consulta previa a los organismos del Estado.

Tampoco respondió qué papel jugaron Mauricio Novelli, Mark Haydn Davis, que afirmó que controlaba a Karina Milei porque le enviaba dinero, o por qué la propia secretaria general de la Presidencia desoyó las advertencias de los verdaderos expertos en criptomonedas, que desaconsejaban tratar con tan dudosos personajes ni por qué el Gobierno niega una estafa que ya perjudicó a más de 75.000 personas.

De las pocas y paupérrimas respuestas oficiales surge una sola conclusión: los únicos que pueden explicar qué pasó con $LIBRA, quiénes se beneficiaron y por qué no hubo controles, son Javier y Karina Milei.

El gobierno está cada día más incómodo con este asunto. Si los funcionarios pretenden proteger a los hermanos Milei, deberán esforzarse mucho más. Y se enfrentarán con la necesidad de esclarecimiento del pueblo, representado por los diputados. La transparencia no se declama: se ejerce. La Comisión Investigadora debe avanzar. El Congreso merece respuestas. El pueblo, también.

Ecuador ha atravesado en los últimos años una marcada inestabilidad política, con giros drásticos en su orientación interna y externa. Tras una década de gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2017) bajo Rafael Correa, caracterizada por políticas de izquierda en el marco de un proceso de integración regional, el país dio un giro con la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021). Moreno, originalmente aliado de Correa, rompió con el correísmo e impulsó una agenda más alineada con Estados Unidos y el neoliberalismo de estos tiempos. Al final de su gobierno, Ecuador enfrentaba graves problemas económicos y sociales, con su popularidad desplomada alrededor del 5%.

En 2021 asumió la presidencia Guillermo Lasso (2021-2023), un banquero conservador que continuó la línea pro-mercado y pro estadounidense. Lasso heredó una sociedad polarizada y crisis múltiples (especialmente exacerbadas por la pandemia de COVID-19). Su gobierno buscó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acercamiento a EE.UU., pero enfrentó protestas sociales (como el paro nacional indígena de 2022) y escándalos de corrupción. En mayo de 2023, acorralado por un juicio político, Lasso invocó la “muerte cruzada” – disolviendo la Asamblea Nacional y forzando elecciones anticipadas.

Los comicios extraordinarios de 2023 evidenciaron el descontento y la fragmentación política. En medio de una ola de violencia (incluido el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña), emergió sorpresivamente Daniel Noboa, un joven empresario de derecha moderada e hijo de un magnate, quien ganó la presidencia en segunda vuelta frente a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, en octubre de 2023.

Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023 para completar el período hasta 2025. Sin embargo, su breve gobierno (de apenas año y medio) ha continuado marcado por la crisis multidimensional de Ecuador: incremento inédito de la violencia ligada al crimen organizado, una economía estancada y recientemente una crítica crisis energética con apagones en la costa. Estos problemas han mermado la popularidad de Noboa y mantienen a la ciudadanía en un estado de zozobra de cara a las nuevas elecciones generales de 2025, ahora en su segunda vuelta pautada para el 13 de abril de 2025.

En este convulso contexto nacional, la contienda enfrenta a dos proyectos antagónicos. Por un lado, Daniel Noboa busca la reelección prometiendo estabilidad y continuar con un modelo pro mercado, mientras que Luisa González encarna el posible retorno del correísmo y un giro a la izquierda.

La elección ecuatoriana ocurre en un momento clave para la geopolítica latinoamericana, marcado por una nueva configuración del péndulo ideológico en la región y esfuerzos renovados de integración. A inicios de la década de 2020, América Latina vivió un giro hacia gobiernos progresistas con la llegada al poder de líderes de izquierda o centroizquierda en México (Andrés M. López Obrador), Argentina (Alberto Fernández, reemplazado en 2023 por el derechista Javier Milei), Bolivia (Luis Arce), Perú (Pedro Castillo, depuesto en 2022), Chile (Gabriel Boric), Colombia (Gustavo Petro) y Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva).

Este bloque progresista reavivó la retórica de la “Patria Grande”, es decir, la unidad latinoamericana, la soberanía regional y la cooperación Sur-Sur independiente de los designios de Washington. En este marco, iniciativas que habían decaído recobraron impulso: por ejemplo, UNASUR –virtualmente paralizada tras las salidas de múltiples países entre 2018-2020– ha visto cómo gobiernos como los de Argentina (bajo Fernández), Brasil (Lula) y Colombia (Petro) anunciaron su retorno o intención de revitalizarla.

Del mismo modo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) recuperó protagonismo a través de cumbres presidenciales anuales impulsadas por México y Argentina, buscando consensos regionales sin la presencia de EE.UU. ni Canadá. La ALBA-TCP, aunque limitada a un núcleo de países socialistas (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos caribeños), se mantiene como foro de integración político-ideológica. Por su parte, el MERCOSUR (bloque económico del Cono Sur) enfrenta tensiones internas (ej. posturas dispares entre Brasil y Uruguay, y la reciente llegada de Milei en Argentina que amenaza con retraer la participación argentina), pero continúa siendo un referente de integración subregional.

En contrapartida, también existen proyectos de integración de corte liberal, como la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), que promueve la apertura comercial y lazos con Asia-Pacífico. Ecuador bajo Lasso expresó interés en unirse a la Alianza del Pacífico, aunque la inestabilidad política regional (crisis en Perú, diferencias entre México y Perú, etc.) dejó en suspenso esa adhesión. En suma, coexisten dos visiones de integración: una orientada a la solidaridad política regional y la autonomía estratégica (propugnada por los gobiernos izquierdistas), y otra enfocada en la liberalización económica y la alineación con EE.UU. (defendida por gobiernos conservadores o liberales).

Simultáneamente, la influencia de las grandes potencias extra regionales ha crecido. La disputa global entre Estados Unidos y China se siente en Latinoamérica de formas cada vez más directas. Washington sigue viendo al hemisferio como zona de interés estratégico, buscando contrarrestar la penetración china y rusa. Beijing, por su parte, ha establecido a Latinoamérica como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road), invirtiendo en infraestructura, comprando commodities e incorporando países de la región como socios estratégicos.

En Sudamérica, China ya es uno de los principales socios comerciales de casi todos los países (incluido Ecuador), y ha otorgado cuantiosos créditos y financiamiento de proyectos. De hecho, durante el gobierno correista, Ecuador profundizó su relación con China a niveles sin precedentes, recibiendo préstamos por cerca de $9.622 millones entre 2009 y 2019 (casi 10% del PIB), lo que generó una fuerte dependencia financiera de la potencia asiática. Estados Unidos, tradicional primer socio comercial ecuatoriano, observa con recelo este avance chino.

Este contexto regional es crucial para entender qué está en juego el 13 de abril en Ecuador. Según analistas, la elección definirá cómo Ecuador se inserta en la región y el mundo: ¿se sumará a la ola integracionista latinoamericana o reforzará la alianza tradicional con EE.UU.? ¿Respaldará iniciativas soberanistas regionales o priorizará tratados de libre comercio globales? Incluso cuestiones prácticas emergen: Ecuador recientemente ratificó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China (negociado bajo Lasso y aprobado bajo Noboa), mientras carece de un acuerdo comercial con EE.UU., lo que deja a sus exportaciones en desventaja arancelaria frente a países vecinos que sí tienen TLC con Washington. Las posturas de los candidatos frente a la integración latinoamericana, la soberanía nacional y las grandes potencias delinearán el rol ecuatoriano en esta dinámica.

Noboa, de 37 años, proviene de la élite empresarial (millonario e hijo de la aristocracia financiera) y encarna la continuidad del modelo económico liberal instaurado desde Moreno y Lasso. Su enfoque privilegia la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversión extranjera y la apertura comercial. En el plano internacional, esto se traduce en una política exterior pragmática y cercana a Occidente. Durante el año y pico que lleva en la presidencia, Noboa ha mantenido relaciones estrechas con organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial, asegurando desembolsos de crédito por más de $4.000 millones para Ecuador. Esta línea indica que un nuevo gobierno suyo seguiría cooperando con las instituciones de Bretton Woods antes que buscar alternativas financieras regionales.

En cuanto a alianzas estratégicas, Noboa ha buscado fortalecer lazos con socios tradicionales. Su gobierno ha priorizado una relación cordial con Estados Unidos y la Unión Europea, así como impulsar nuevos tratados comerciales con países desarrollados y asiáticos. Por ejemplo, bajo su gestión se finalizó la ratificación del acuerdo de libre comercio con China y se ha negociado tratados con Corea del Sur y Canadá.

Asimismo, Noboa probablemente retomaría la agenda de un posible acuerdo comercial o entendimiento con EE.UU., en vista de que Ecuador es de las pocas economías andinas sin TLC con Washington (algo que sectores empresariales locales presionan por alcanzar). En línea con sus antecesores inmediatos, es de prever que mantenga la distancia respecto a gobiernos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, alineándose con la postura estadounidense de crítica a esos regímenes.

De hecho, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Venezuela (iniciativa ya tomada por Moreno) y recientemente entró en conflicto con México al intentar arrestar a un exfuncionario correísta asilado en la embajada mexicana en Quito (Jorge Glas) – un operativo policial considerado “violación grave al derecho internacional” por la región. Aquella acción derivó en un enfriamiento de vínculos con el gobierno mexicano de López Obrador y tuvo eco negativo incluso entre aliados de EE.UU.

En términos de integración regional, el plan de gobierno de Noboa prácticamente no hace mención explícita a organismos como UNASUR, CELAC o ALBA. De hecho, su propuesta registrada ante el Consejo Nacional Electoral carece de un capítulo de política exterior, limitándose a hablar de “inserción estratégica en el mercado internacional” enfocada en la búsqueda de mercados para exportación.

Luisa González, abanderada del movimiento correísta Revolución Ciudadana, propone un viraje significativo en la política exterior ecuatoriana, retomando los principios de soberanía e integración que guiaron el gobierno de Correa (su mentor). Su visión se enmarca en el latinoamericanismo y el nacionalismo progresista.

Ella defiende abiertamente “una visión latinoamericanista y de integración regional”, distanciada del proyecto pro estadounidense de Noboa. En la práctica, esto significa que un gobierno suyo buscaría reincorporar a Ecuador en los espacios de integración autónoma de los que se alejó en años recientes. González ha expresado que “abogará por recuperar organismos regionales como la UNASUR y la CELAC”, lo cual implica volver a llenar el asiento ecuatoriano en UNASUR (bloque cuya sede, irónicamente, está en Quito) y asumir un rol activo en la CELAC para fortalecer la voz conjunta latino-caribeña. Es muy posible también que su gobierno restablezca formalmente la participación en la ALBA, dado que Ecuador fue miembro durante la era Correa y se retiró con Moreno.

La soberanía nacional es un eje discursivo central para González. En su plan de gobierno, proclama: *“Rechazamos cualquier forma de dominación, colonialismo o intervencionismo que socave la soberanía de los pueblos… Defendemos el derecho de cada nación a determinar su propio camino”*. Este principio de no injerencia y autodeterminación se traduciría en políticas concretas como: cero tolerancia a la presencia de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, control nacional sobre sectores estratégicos y recursos naturales, y una posición firme en foros internacionales en contra de sanciones o intervenciones unilaterales.

En cuanto a alianzas internacionales, Luisa González se alinearía estrechamente con los gobiernos progresistas de la región. Es previsible un acercamiento inmediato a Venezuela, Cuba y Nicaragua, restableciendo plenamente relaciones diplomáticas y de cooperación con estos países aliados ideológicos. De hecho, González ha evitado criticar a esos gobiernos; cuando se le preguntó sobre las denuncias de autoritarismo en Venezuela, respondió que no opinaría sobre un país soberano, postura que indica un respaldo tácito al gobierno de Nicolás Maduro. Esta actitud contrasta incluso con la de algunos presidentes de izquierda moderada (como Lula o Boric) que han señalado abusos en Venezuela, pero evidencia que González prioriza la unidad latinoamericana y no se sumaría a condenas públicas que aislen a Caracas.

Del mismo modo, su triunfo significaría una relación muy cercana con Colombia (gobierno Petro) y Bolivia (gobierno Arce), promoviendo la coordinación en temas de desarrollo fronterizo, Amazonía y defensa de gobiernos democráticos frente a desestabilizaciones. Con Brasil, seguramente apoyaría la agenda integracionista de Lula (UNASUR, CELAC, moneda común regional, etc.), y con Argentina, si bien ahora gobierna Milei (de derecha), intentaría mantener la cooperación en marcos multilaterales regionales, priorizando la solidaridad Sur-Sur.

Respecto a las grandes potencias, la relación de un gobierno de González con Estados Unidos probablemente sería más distante y tensa en comparación con Noboa. No buscaría un TLC con EE.UU. – recordemos que Correa durante 10 años rechazó rotundamente negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, prefiriendo proteger la producción local y la autonomía económica. González se inscribe en esa línea, y de hecho su plan de gobierno enfatiza mecanismos alternativos (como el fortalecimiento de la integración financiera regional vía un Banco del Sur, por ejemplo) en lugar de mayor dependencia del mercado estadounidense.

Con China, en cambio, un gobierno correísta mantendría y ampliaría los lazos. Correa estableció a China como socio estratégico clave – financió represas, carreteras, préstamos e inversión petrolera. González aprovecharía el flamante TLC con China para incrementar el comercio (se espera que ~90% de exportaciones ecuatorianas entren libres de arancel a China en los próximos años) y profundizar la cooperación en infraestructura y tecnología. Es decir, vería a China no solo como mercado sino como aliado geopolítico en la visión multipolar.

En conclusión, las elecciones del 13 de abril de 2025 en Ecuador trascienden sus fronteras: son un punto de inflexión que puede inclinar la balanza geopolítica regional. Dos proyectos en pugna ofrecen caminos opuestos.

Con Daniel Noboa, el país profundizaría su estrategia de inserción global alineada con Estados Unidos, priorizando la atracción de inversiones y acuerdos comerciales. Esto aseguraría la continuidad de las políticas económicas ortodoxas a costa de ceder protagonismo en la agenda integracionista latinoamericana. La integración regional avanzaría sin Ecuador como actor central, y es posible que el país incluso sirva de aliado a EE.UU. en foros hemisféricos, contrapesando a los gobiernos de izquierda de la región.

Con Luisa González, Ecuador retomaría el proyecto latinoamericanista, cooperando estrechamente con sus vecinos para resolver problemas comunes e impulsar su desarrollo independiente. Se recuperaría la participación en organismos como UNASUR, y Quito podría volver a ser sede de iniciativas de integración política, económica y cultural. La política exterior ecuatoriana recuperaría el tono soberanista y solidario de la década pasada y esto fortalecería la posición latinoamericana en su conjunto.

En síntesis, Ecuador se encuentra ante una decisión histórica: profundizar un modelo geopolítico de dependencia vs. retomar el sendero de la integración emancipada. Desde la perspectiva de la geopolítica latinoamericana, los comicios ecuatorianos podrían consolidar la fragmentación regional o reforzar la tan anhelada unidad latinoamericana. Cualquiera sea el resultado, las implicaciones serán profundas.

Probablemente estemos ante las semanas más difíciles en 41 años de democracia. Milei pretende tomar deuda con el FMI a espaldas del congreso, violando una ley de 2022, sancionada con apoyo de todos los bloques. La excusa inverosímil es que “no es deuda” pero, Adorni dix it, “hay que pagarla, como toda deuda”.

Para hacerlo recurre a un DNU, aunque la Constitución Nacional dice claramente en qué condiciones se puede recurrir a ese instrumento y no son estas. Lo hace porque es más fácil conseguir un tercio para evitar un veto que dos tercios para sancionar una ley, como antes contra los jubilados y el financiamiento universitario.

Esta vez, en su avance sobre el legislativo, va todavía un poco más lejos que las anteriores. Lo que pide es un cheque en blanco. Por eso, rechazar el veto, bancar el DNU, es como darle las llaves del congreso para que lo cierre por tiempo indeterminado.

En condiciones normales, si el congreso no estuviera a la altura de la situación, la Constitución Nacional dice claramente que definir la constitucionalidad o no de una norma es potestad de la Corte Suprema. Pero no estamos en condiciones normales, porque García Mansilla acaba de entrar por la ventana o por decreto, que es peor.

En síntesis, el estado actual de la corte no permite ni el menor optimismo. De manera que si el Congreso no rechaza el DNU con urgencia, Milei será libre de endeudarnos otra vez  por muchos años. Exactamente lo contrario de lo que predicaba cuando era candidato.

¿Se puede hacer algo? Por supuesto. En Diputados, hay votos previamente definidos, por convicciones políticas e ideológicas y otros que varían circunstancialmente. ¿En base a qué? A los acuerdos, a las encuestas y al humor social.

Por eso es importante marchar mañana con los jubilados. Para dar un mensaje a los que jugaron a ser oposición amigable u oficialismo blue, para que vean que el gobierno cruzó un límite y el pueblo se cansó.

De lo contrario, si se consuma esta estafa a la voluntad popular, después será demasiado tarde para reaccionar. Nos vemos en la calle, como siempre.

En el transcurso de la sesión de ficha limpia, la diputada camporista Lorena Pokoik pidió un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto para crear una comisión especial a fin de crear una comisión para investigar la denuncia sobre la creación de sociedades offshore a nombre de la esposa del diputado Cristian Ritondo, como así también la existencia de propiedades no declaradas.

La propuesta de la diputada de Unión por la Patria despertó la airada reacción del bloque Pro, cuyo presidente ya había expuesto minutos antes sobre el tema, luego de que ante la referencia de un diputado de izquierda aclarara que se trataba de una denuncia mediática sin ninguna presentación judicial.

En un encendido discurso, Pokoik sostuvo que eso no era contra el diputado Ritondo en términos personales, pero reclamó que “si no tiene nada que ocultar debería ser el primero en pedir que se lo  investigue para limpiar su buen nombre y honor”. A continuación,  habló de “doble vara” de quienes a su juicio “impulsan el proyecto de ficha limpia y dicen ser los paladines de la transparencia, siempre dispuestos junto al poder político y mediático a inventar causas contra quienes atentan contra los intereses del poder concentrado y sus privilegios, pero nunca dispuestos a rendir cuentas de cómo se enriquecieron”.

Y concluyó emprendiéndola contra “este proyecto de ficha limpia escrito por una justicia sucia, que tiene el nombre y apellido de Cristina Fernández de Kirchner”.

Le salió al cruce la secretaria Parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, quien vinculó esa embestida con “un lastimoso intento de pudrir esta sesión. Si quieren hablar de este apartamiento, también propongo tratar las 153 causas por las que están denunciados los miembros de Unión por la Patria y sus dirigentes”.

“Desde que iniciamos esta sesión, tanto los de izquierda como los UP tratan de poner en una falsa denuncia a miembros de nuestro bloque que tienen sus bienes declarados como un caso de corrupción”, alertó la diputada, que citó a continuación el caso del fallecido secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, quien tenía 200 empresas offshore y terminó muerto a manos de quienes buscaban esos bienes. “A ver a quién le van a hablar de corrupción, hipócritas”, lanzó, advirtiendo que “nuestro bloque va a votar con las dos manos ficha limpia, a ver qué vas a hacer vos”.

En el mismo sentido se pronunció Alejandro Finocchiaro, quien aclaró que “vamos a sacar el proyecto de ficha limpia y acá lo que se está tratando de  hacer es poner el foco en la figura de nuestro presidente de bloque para lograr que esta sesión se caiga. Eso es lo que no tenemos que dejar pasar”.

El legislador bonaerense citó la frase de que “cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena”, ante lo cual aclaró que “soy amigo del presidente de bloque y no lo voy a condenar. Lo más gracioso, si no fuese trágico, es que se está hablando de una denuncia mediática: el presidente de mi bloque no ha sido requerido ni por órgano nacional ni internacional”.

“Se está tratando que esta sesión se caiga. El bloque de Unión por la Patria tiene 152 denuncias, el ex jefe de Gabinete y ex canciller, tiene 4 carillas”, alertó y tras afirmar que “no hay ninguna imputación, hay una denuncia mediática”, le advirtió al presidente del Cuerpo que “le quieren cagar la sesión… La monada está excitada”, y le sugirió: “Deje 15 minutos que hagan sus monerías y no ataquen más”.

Por último, el diputado pampeano del Pro Martín Maquieyra cargó también contra UP diciendo que “tienen más causas que diputados”, y les sugirió hacer una comisión “para investigar al hijo de la expresidenta que está imputado, al excanciller”, y consideró que se trataba de “una operación mediática por defender la gobernabilidad del presidente de la Nación”. Y cerró: “Están nerviosos porque se les termina la joda con ficha limpia. Ustedes, los autores de la ruta del dinero K, el encubrimiento al Pacto de Irán, los bolsos de López… Se robaron un país y encima ahora quieren ir en contra”.

La votación fue nominal y fue rechazada pues tuvo 90 votos afirmativos, 100 negativos y 7 abstenciones, correspondientes al bloque de la Coalición Cívica y a Ricardo López Murphy.

El presidente del INCAA, Carlos Pirovano, fue convocado este martes a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de un debate sobre el impacto de las plataformas digitales y el streaming en la comunicación y la cultura.

Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, quien condujo el debate, aclaró que no se iba a hablar específicamente del funcionamiento del organismo, y que para ello iban a poder consultarle dentro de dos semanas al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien asistirá a la comisión homónima. Sin embargo, no fue posible. Las decisiones de la nueva gestión en torno al INCAA y el financiamiento para el cine surgieron en las preguntas.

La diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik reivindicó que el INCAA "es el ejemplo más claro de un instituto que, lejos de ser deficitario, genera divisas, valor agregado y un enorme valor intangible, con el cual ganamos premios. Nos enorgullecen como país nuestros artistas, productores y realizadores".

Observó luego que el presupuesto proyectado para el año que viene "no se condice con la inversión" que debería tener, y criticó un "desfinanciamiento" del sector a partir de "las previsiones para que un instituto al cual su Gobierno intentó cerrar, destruir, aniquilar".

Al responder, Pirovano expresó que "los premios, los títulos, el reconocimiento, no es del burócrata que está en el INCAA, es de los artistas que han sido reconocidos por el gran público, por la gente, y eso es muy valioso".

"La cultura argentina va más allá de los entes burocráticos y de las políticas públicas. La cultura argentina existió incluso sin ninguna política pública y va a seguir existiendo aún sin ninguna política pública", sostuvo.

Y cuestionó que "pareciera que el desfinanciamiento del INCAA viene con esta administración" cuando "no se me ocurre -dijo- un desfinanciamiento mayor que capturar los recursos que deberían ir a la actividad audiovisual y gastarlos en empleados públicos, edificios y gastos de estructura".

El funcionario detalló que el organismo "recauda genuinamente por ley 15 millones de dólares por año" y "se estaban gastando más de 12 millones entre nómina salarial y edificios". "Hasta 2009 el INCAA contaba con aproximadamente 100 empleados; en febrero de este año tenía 730 empleados", agregó. Sobre el año próximo, confirmó que se destinarán 12 millones de dólares de presupuesto.

Cuando tomó nuevamente la palabra, Pokoik manifestó que disentía sobre cuál "debe ser el rol del Estado en la cultura". "Esta cuestión del Estado mínimo y que los talentos nacen solo por la meritocracia, entiendo que responde al paradigma del Gobierno. Capacidad y talento hay a lo largo y ancho del país, en todos los pueblos de la Argentina. Lo que no hay en todos los pueblos son políticas públicas activas que igualen en la posibilidad de las oportunidades para que puedan desarrollarse", señaló.

Al subrayar que "la cultura es un derecho social", la porteña se quejó de que se haya buscado otorgarle a la SIDE 100 mil millones de pesos "para entre otras cosas financiar quizás, lo digo en potencial para evitarme un juicio, la próxima campaña electoral; o quizás para hacer persecuciones políticas". Y opinó que hablar de los edificios del INCAA y la burocracia es parte del "discurso anticasta que tiene que ver con un Estado mínimo".

"Para defender al Estado máximo uno tiene que entender que el Estado máximo usa los recursos de la gente, entonces el Estado máximo es la gente al mínimo. Y el Estado mínimo es la gente al máximo. Nosotros creemos realmente que la gente es lo importante, no la burocracia", le devolvió Pirovano.

El titular del INCAA afirmó que "lo que estamos haciendo nosotros es ordenar, pagar, liberar recursos, para justamente identificar talentos, ayudar a que se desarrollen, de dónde vengan, no importa su color, raza, ideología o religión".

Intervino después el diputado oficialista Carlos D'Alessandro, quien reveló que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, asistió a la bicameral de control y "demostró que no se había tocado un solo peso; trajo una certificación bancaria del Banco Nación, donde estaban 80 mil millones de dólares intactos" mientras que los otros 20 mil millones "no habían llegado del Tesoro Nacional".

"Este Estado no está acá para perseguir a nadie", aseguró el legislador de La Libertad Avanza y remató: "Estamos intentando hacer las cosas como no se hicieron antes, sin una doble vara, que tengamos un presidente que después diga que el cine argentino es una mierda, como escuchamos en las últimas grabaciones de Alberto Fernández".

A su turno, la diputada radical Natalia Sarapura hizo énfasis en "la obligación que tiene el Estado para garantizar un derecho" y consideró que "la inversión en cultura, en el cine, contribuye a la identidad nacional, al patrimonio nacional, y no podemos verla solo con la mirada del equilibrio fiscal".

Tras varias preguntas sobre medidas que se tomaron en el INCAA, como la eliminación del Comité de Preclasificación o el cambio en la modalidad del otorgamiento de anticipos de subsidios, Sarapura dijo: "Celebro que hayan superado el debate y el discurso de que 'no le vamos a quitar la comida a los chicos con una película', porque son dos temas absolutamente distintos".

"El INCAA se financia por una ley y esta ley es la que determina los recursos. Y nosotros ejecutamos esos recursos. Desde el INCAA no nos planteamos si la plata que viene al INCAA no le deja comer a los chicos, pero quiero decirle en términos personales que, si una película implica que un chico no coma, claramente la la opción no está en discusión. Preferimos que los chicos coman a que esté la película", aseveró Pirovano.

El diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) acusó durante la reunión de Comisión de Previsión y Seguridad Social que sufrió el ataque con gas pimienta de un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el reclamo de jubilados y docentes en las afueras del Congreso de la Nación.

En medio de la veintena de expositores presentes en la sala, Marino pidió la palabra y relató lo sucedido minutos antes en las calles del Congreso. “Vengo a denunciar la represión policial en la manifestación de jubilados y jubiladas”.

“Nos acercamos con la diputada Lorena Pokoik y pedimos que se hiciera presente algún responsable del operativo de la Policía de la Ciudad”, relató Marino, y aseveró: “Un efectivo que no tenía identificación sacó el nuevo gas que están usando y nos tiró directamente a la cara”.

A su vez, se dirigió al ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff, y manifestó: “Él fue diputado, debería solidarizarse por lo que pasó. La diputada Pokoik está siendo atendida porque ese gas le entró en las vías respiratorias”. “No se puede atacar abiertamente a manifestantes ni a diputados de la Nación”, regañó.

Así estaba hoy al mediodía. Agradezco al personal médico de la Cámara de Diputados y del Hospital de Quemados por la atención. Con @lorepokoik denunciaremos penalmente a quienes nos arrojaron este gas. La Policía de la Ciudad incurrió en un acto de violencia institucional. pic.twitter.com/hMMaOAzZis

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 5, 2024

Con relación al efectivo que la habría tirado el gas al diputado nacional de Unión por la Patria, señaló que “tenemos imágenes de quien que nos tiró gas pimienta” y denunció que el gas “es un compuesto nuevo que no se utiliza y no hay estudios sobre sus consecuencias”.

Finalmente, sin nombrarla, arremetió contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y criticó el protocolo anti piquetes: “Están en contra de todo ejercicio del derecho a la protesta”.

Horas más tarde de lo sucedido, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria repudió “la represión contra jubilados, docentes y los legisladores Marino y Pokoik”.

“Solicitamos que la justicia determine las responsabilidades penales ante la represión a nuestros compañeros, como así también al resto de las personas que se estaban manifestando”, señalaron y cerraron: “Llamamos al resto de los bloques legislativos a pronunciarse en repudio a lo ocurrido”.

📄 #COMUNICADO • REPUDIAMOS LA REPRESIÓN CONTRA JUBILADOS, DOCENTES Y DIPUTADOS DE NUESTRO BLOQUE POKOIK Y MARINO. pic.twitter.com/n9zpCqCb87

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 4, 2024

La exlegisladora porteña Lorena Pokoik no tuvo empacho este sábado en celebrar la salida del ministro de Economía Martín Guzmán.

“Mueve la reina y jaque mate! Renunció @Martin_M_Guzman”, tuiteó.

A continuación, la diputada camporista dijo sobre quien vaya a sucederlo: “Esperamos que el reemplazo de Guzmán contribuya a repensar un modelo de crecimiento, con desarrollo y equidad distributiva. Ese es el camino a profundizar en el marco de recuperar la integración regional. No sé trata solo de nombres, sino de las políticas que representan”.

Las legisladoras porteñas del Frente de Todos Lorena Pokoik, María Bielli, y Lucía Cámpora; junto a comuneras y comuneros de la Comuna 5, presentaron una acción de amparo para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no avance con el proceso de subasta de los inmuebles ubicados en la calle Pringles 340/342. Al mismo tiempo, solicitan que se declare la inconstitucionalidad la subasta del inmueble ubicado en la calle Pringles 344. 

“En este lugar funciona uno de los pocos Centros de Desarrollo Infantil que existen en la Ciudad de Buenos Aires y que da contención a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad”, afirma la legisladora porteña y precandidata a diputada nacional por la Ciudad, Lorena pokoik, y agregó: “Lo que venimos exigiendo al ejecutivo porteño, que arbitre todos los medios necesarios para que, en este lugar, construyan un jardín maternal”. 

El día 11 de noviembre de 2009, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objeto de declarar “innecesarios para la Ciudad”, así como autorizar su enajenación mediante subasta pública, a los inmuebles ubicados en la calle Pringles 340 y Pringles 342, entre otros. El proyecto tuvo giros a las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Rápidamente se solicitó el tratamiento de este proyecto, sin embargo, nunca tuvo debate en las Comisiones y en la última sesión del año legislativo que tuvo lugar el día 7 de diciembre, se pidió su tratamiento sobre tablas con un texto nuevo, entregado sobre las bancas horas antes de su sanción con el número de Ley N°3.397. 

Pasaron 10 años sin haber llamado a subasta, y en la sesión convocada el 5 de diciembre de 2019, la Ley N° 3.397 fue modificada por la Ley N° 6.287 que declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la CABA a los inmuebles comprendidos en su artículo 1°, que incluyó una vez más el de Pringles 340 y 342. 

“Lo grave es que ambas Leyes (Nº 3.397 y Nº 6.287), fueron aprobadas con lectura simple porque Larreta dice que los edificios pertenecen al dominio privado de la Ciudad y por tanto no contaron con audiencia pública previa al tratamiento legislativo de los proyectos. Pero es mentira, estos edificios son públicos, de todos nosotros y nosotras, y tiene que haber una audiencia pública después de la aprobación simple, para luego votar definitivamente ambas normas. De esta manera el gobierno porteño viola la Constitución de la Ciudad, más precisamente el artículo 89”, consideró Pokoik. 

“Nosotros y nosotros desde el Frente de Todos, no solo le reclamamos al jefe de gobierno de la Ciudad, que en este lugar construya un jardín maternal para las más de 500 familias que buscan vacantes en la comuna 5, sino, además, le exigimos que respete las leyes y que no viole una de las herramientas más democráticas como es la participación ciudadana, al ignorar las audiencias públicas y negarse a escuchar las opiniones de vecinos y vecinas”, concluye la legisladora. 

Luego de que la Justicia porteña habilitara las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y porteños cuestionaron la medida y salieron con los tapones de punta contra el fallo y el Gobierno de Rodríguez Larreta.

La legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik habló de “Fórum shopping al palo”, y lo calificó de “lamentable”. “Dejen de politizar y judicializar la pandemia y háganse cargo de ser parte de la solución y no del problema”, reclamó.

Luego sostuvo que “los jueces Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini hicieron lugar al amparo presentado por dos ONGs ligadas al macrismo. Antes habían rechazado la recusación de Macchiavelli, hermana del secretario de Ambiente de CABA”, y remató: “⚠️Un tribunal local, por tanto incompetente, ordena que se suspenda una medida federal con fuerza de ley. Además de ser una aberracion juridica es una resolución hecha a medida de Larreta y su mundo paralelo que niega la pandemia”.

La diputada porteña Victoria Montenegro también protestó: “La oposición apuesta al caos, no les importa nada”.

A su vez, el diputado nacional Leopoldo Moreau dijo que “mientras Larreta y los empleados macristas de la justicia porteña están emperrados en no frenar la circulación del virus, el gobierno nacional sigue trayendo vacunas. Qué autoridad medica y científica tienen estos camaristas para tomar express esta decisión? Son irresponsables”.

Por su parte, el senador misionero Maurice Closs dijo que “en este caso, de las clases en CABA, es el corazón de un DNU que se deja sin efecto. Y lo hace una Cámara y ante el recurso de grupos de padres. Insisto, no es una posición acerca de este tema, es la advertencia del peligro de que toda ley tiene vida corta ante cualquier fallo”.

El diputado porteño Leandro Santoro tuiteó por su parte: “Cuando pase el tiempo y se estudie lo q ocurrió en esta época, la historia será implacable con "los políticos" q actuaron sin medir el CONTEXTO DE PANDEMIA. Podrán manipular la justicia e incluso tratar de hacer lo propio con la opinión pública, pero esta mancha es indeleble”.

A su vez, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy recogió declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, quien señaló que “utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”. “Objetivo: generar confusión y mayor desgaste en el pueblo en lugar de preservarlo ante una situación de pandemia. #LasLeyesSeCumplen”, tuiteó el senador salteño.

Desde la izquierda, la legisladora porteña Myriam Bregman también cuestionó el fallo diciendo: “La misma Cámara de Apelaciones que desde agosto 2019 no resuelve la apelación con la que el Gobierno de CABA logró frenar la aplicación de la sentencia que obtuvimos y que obliga a construir escuelas, ahora se expresa en tiempo récord cuando Larreta lo necesita ¡Qué sorpresa!”.

El secuestro y posterior rescate de M., la niña de siete años que estuvo desaparecida durante tres días, puso de manifiesto la dramática situación de los niños que viven en situación de calle. Es por ello que la diputada del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca de que asistencia estatal recibió la nena que vivía en situación de calle junto a su madre.

A través de esa iniciativa le exige al Gobierno de la Ciudad que informe si el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino para proteger los cuidados y derechos de M. y que se detalle qué tipo de intervención brindó y en qué fechas. Además buscará conocer si también hubo algún tipo de intervención por parte de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.

Asimismo prevé obtener detalles acerca de que programas y organismos han intervenido para brindar asistencia integral a la madre de M. y si desde el programa “Buenos Aires Presente” se ha intervenido para brindarles asistencia a la nena y su mamá; entre otras cuestiones.

En ese sentido, Pokoik indicó que “la desaparición de M. el pasado 15 de marzo es un tema que nos tuvo consternados y que también preocupó y tuvo latente a toda la ciudad. Es por eso que presenté este documento para que la Ciudad nos informe, entre otras cosas, que tipo de asistencia brindó el Estado porteño; si intervino el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o si tomó cartas en el asunto la Dirección General de Niñez y Adolescencia, o que programas y organismos han intervenido para brindar asistencia integral a la madre de M., entre otras cuestiones”.

“Vivir en situación de calle, con todas las dificultades materiales y de salud que eso implica, también supone una situación de inseguridad que se torna más peligrosa siendo mujer y/o niña. Es probable que si el estado hubiera atendido esta situación, como tantas otras, y hubiera dado una solución definitiva no estaríamos pidiendo por la aparición de M.”, indicó y concluyó afirmando que “lamentablemente hoy el Estado ve a M. a través de los ojos de una investigación penal por eso queremos saber con qué atención la vio antes de su desaparición y cuánto hizo para que ella y su familia viva en condiciones de dignidad y derechos”.

La iniciativa también lleva la firma de Claudio Morresi, Claudio Ferreño, Leandro Santoro, Ofelia Fernandez, Matías Barroetaveña y Cecilia Segura. También acompañan el legislador Manuel Socias, Maru Bielli, Santiago Roberto, Lucía Campora, Laura Velazco, Javier Andrade y Victoria Montenegro (VJ).

A pocos días de que en la Ciudad comenzaran las clases presenciales, la vicepresidenta de la Comisión de Educación y diputada del Frente de Todos (FdT), Lorena Pokoik, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará conocer el plan de vacunación a los docentes del distrito capitalino.

El documento solicita que el Ejecutivo porteño informe si procederá a la vacunación de los docentes de acuerdo a lo establecido en la 102° Asamblea del Consejo Federal de Educación y que en caso negativo que explique los motivo.

En ese sentido, la kirchnerista explicó que en su “carácter de legisladora porteña, elaboré un pedido de informe para que el Gobierno de la Ciudad brinde datos, en un plazo máximo de 30  días, sobre todo lo relacionado con el plan de vacunación contra el Covid 19 para los docentes” e indicó que “sería muy grave que Larreta incumpla con este punto, ya que la Ciudad firmó su compromiso de hacerlo, como el resto de las jurisdicciones”.

Al mismo tiempo que consideró que “es urgente que Larreta y Quirós expliquen el esquema de vacunación previsto para los y las docentes de todos los niveles y modalidades que se desempeñan en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Sr. jefe de Gobierno, no se puede jugar con la vida ni con la incertidumbre de los vecinos. Esto esurgente”, concluyó Pokoik.

Cabe recordar que el plan de vacunación a docentes ya comenzó en otras jurisdicciones, como en la Provincia de Buenos Aires, y en otros está a punto de comenzar. En el pedido de informe, la legisladora reclama también que el Gobierno porteño indique el cronograma establecido por grupos y por orden de prioridad según el Plan Nacional acordado para la población docente.

En el marco de la vuelta a la presencialidad en las clases, la comunidad educativa brindó este jueves una conferencia de prensa en las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que le exigieron a Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, un retorno seguro a la escuela.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, Lorena Pokoik, habló en representación del bloque de legisladores porteños del Frente de Todos: “Nos hemos encontrado una y mil veces junto a la comunidad educativa para que el Gobierno porteño no vulnere sus derechos. Esta era la oportunidad histórica que tenían Larreta y Acuña para estar a la altura de las circunstancias, y no lo estuvieron”.

Pokoik aseguró que “si éste no era el contexto para que todos y todas seamos parte de la solución, ¿cuál era? Sin embargo Larreta y Acuña le mienten una y otra vez a la comunidad educativa haciendo marketing político. Dicen primero la escuela, primero la educación. Hace muchos años que gobiernan la Ciudad y nunca estuvo primera la educación ni la salud para este Gobierno”.

De la jornada participaron todos los sectores de la comunidad educativa, representados en el cuerpo de delegados y delegadas de cooperadoras; Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB); Familias por la Educación Pública; el Grupo de Litigio Estratégico, Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET); entre otros.

La diputada porteña le pidió explicaciones al Gobierno local, en referencia a que no hay dinero para realizar obras ni escuelas nuevas: “¿Cómo nos va a explicar Larreta que no hay plata para la educación si gasta millones en encuestas telefónicas y los focus group? ¿Cómo nos va a explicar que no hay dinero si despilfarraron millones de pesos en gastos espurios en Costa Salguero?”, se preguntó.

“Quiero recordarle al jefe de Gobierno que no es la vuelta a clases… Clases hubo todo el 2020, con el esfuerzo el sacrificio y la dignidad de todos los maestros y maestras de la República Argentina. Lo que le estamos pidiendo al jefe de Gobierno es que no exponga la salud de la comunidad educativa. Las clases tienen que comenzar cuando estén dadas las condiciones”, insistió.

También participaron de la conferencia, Cooperadores en Movimiento; La Vacantes es un Derecho; La Coope del Alva; Universidad Popular Barrios de Pie; y Vacantes para Todoxs en la Escuela Pública. Por último, la diputada porteña manifestó que “la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción, junto a Río Negro, que quiere que las clases sean 100% presenciales. Todos juntos, todos los días, todos amontonados, y que la escuelas se transformen en un foco de contagio”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que sólo están habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no pueden abonar la matrícula en la educación privada. Ante ello, la diputada porteña Lorena Pokoik sostuvo que “decir que hay justicia en la Ciudad es una falacia, el Tribunal Superior de Justicia es de Larreta, y hace los fallos a pedido, es una vergüenza que estos jueces sigan en su cargo”.

Para la legisladora de La Cámpora, el TSJ, va en contra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 advierte que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

“Hace años que las familias organizadas vienen luchando por la falta de vacantes en la Ciudad, y esta decisión del máximo órgano de la justicia porteña, es un verdadero atentado a esa lucha, y ‘legaliza’ el vaciamiento y el ajuste de Larreta y (la ministra de Educación, Soledad) Acuña, que bajaron el presupuesto en más de 11 puntos en los últimos años, y para el 2021 presentaron el más bajo de toda la historia de la Ciudad en ese sector”, agregó Pokoik.

La resolución judicial es en respuesta a la demanda presentada por una mujer en representación de su hijo, para obtener una vacante en la educación pública en la sala de 2 años, y al habérsela negado, inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto —subsidiariamente— en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

“Hay cientos de fallos de los diferentes juzgados porteños que en varias oportunidades determinaron que si el gobierno de la Ciudad no le puede garantizar una vacante en la educación pública de gestión estatal, debe abonarle la cuota en un colegio privado a la familia que la solicita. Con éste fallo no le dejan ninguna salida a las familias: no le asignan una vacante en la pública y gratuita y tampoco obligan a que el gobierno de Larreta se haga cargo abonando la matrícula en una privada”, detalló la vicepresidenta de la comisión de Educación, para agregar luego: “Hay que ponerle fin a esta justicia adicta y arrodillada al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que actúa conjuntamente con quién llevó adelante las peores políticas de vaciamiento en salud, educación y en cada uno de los sectores”.

Luego de que en las redes sociales se viralizara un video de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, opinando acerca del trabajo de los docentes y su organización sindical, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de repudio en contra de sus dichos y exigió su renuncia.

En ese sentido, la legisladora afirmó que “es realmente grave cada una de las expresiones de Acuña qué lanzó contra las y los docentes, y más grave aún es que invite a las familias a denunciarlos ante un supuesto adoctrinamiento que hacen las maestras y maestros dentro de las aulas” y aseguró que “no podemos permitir que una funcionaria de la democracia hable de esta manera, con tanta bronca y desprecio al trabajo y la formación de los docentes, es repudiable por donde se lo mire”.

Además consideró que “estas declaraciones son una clara expresión de persecución ideológica inadmisible en un país que goza de 37 años de democracia, y sin lugar a dudas, refuerzan lo que manifestamos en el 2018 cuando se debatía la creación de la UniCABA, en desmedro de los Institutos de Formación docentes” y recordó que “allí expresamos que el poder ejecutivo de la Ciudad estaba dando respuestas a las consideraciones de los organismos internacionales en materia de formación docente”.

Sobre esa misma línea Pokoik advirtió que “las palabras de la ministra Acuña son una prueba fehaciente, de que al frente del Ministerio de Educación porteño hay una persona que no conoce la labor pedagógica, que no tiene idea de cómo se lleva adelante la organización y la puesta en marcha de una clase, y mucho menos de la preparación integral que tiene cada profesional de la educación”.

“Con cada una de sus declaraciones lo único que hace es demostrar su desprecio contra las y los docentes y cerrar constantemente el diálogo con la comunidad educativa. Es por eso que considero que sería un gran gesto democrático y de retorno al diálogo con la comunidad educativa, que Horacio Rodríguez Larreta le pida la renuncia a Soledad Acuña”, concluyó.

Cabe recordar que los polémicos dichos de la ministra se dieron en el el ciclo “Un café con Iglesias”, programa virtual que conduce el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Allí la funcionaria manifestó que “cuando nos va mal en las pruebas de matemática en vez de mirar a los chicos por qué no aprenden, insisto, tenemos que mirar cómo estamos enseñando, quiénes enseñan y cómo aprenden a enseñar” y aseguró que “hay un sesgo cada vez más claro, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”.

“Y si uno mira el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”, añadió la ministra.

También explicó que “la raíz sobre la militancia política en las aulas está en la formación docente, en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación” y concluyó señalando que “la virtualidad nos permitió como oportunidad que las familias se sienten a mirar lo que pasa adentro del aula con la educación de sus hijos. Hasta este momento lo que pasaba en el aula cuando el docente cerraba la puerta quedaba entre los chicos y el docente. Era difícil enterarte”.

La legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik presentó un proyecto que propone que la calle donde mataron a Mariano Ferreyra lleve su nombre. 

El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra participaba de una manifestación junto a trabajadores tercerizados de la exlínea ferroviaria General Roca cuando fue asesinado por una patota sindical que atacó al grupo de manifestantes con armas de fuego. En dicha movilización, Ferreyra, mientras reclamaba el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos, fue asesinado. 

“Por eso creo necesario homenajearlo a él y a su lucha, modificando el nombre de la calle Pedro de Luján, entre las calles Río Limay y Santa Elena, por el de Mariano Ferreyra. Un homenaje que comprende a Mariano, pero también a su familia que, al cumplirse 10 años de su asesinato, y más allá que en este caso se hizo justicia, el vacío para su mamá y su hermano Pablo, sigue siendo enorme”, señaló al respecto la diputada porteña Lorena Pokoik. 

“Pablo (Ferreyra) fue compañero de bancada de nuestro espacio político en el período 2013 - 2017, y, además, es mi amigo, y él siempre hizo hincapié en que el mejor homenaje a Mariano era militar y trabajar para que las demandas de la lucha de su hermano se encarnen en legislación o política pública”, agregó Pokoik. “Este homenaje intenta abrazar a Mariano, pero también a Pablo y a toda la familia que supieron llevar adelante este difícil momento con el pedido de justicia, una herida difícil de cerrar, a pesar de que la justicia en este caso llegó de manera contundente”, señaló la diputada. 

“La asignación de nombres a diversos espacios públicos tiene como fin perpetuar en la memoria de la sociedad un hecho o una figura cuyo recuerdo resulta de importancia en tanto que expresan valores que siempre debemos tener presentes y la historia de Mariano no podemos olvidarla nunca, porque es ejemplo de convicción y de lucha”, dijo legisladora porteña. 

Además, Lorena Pokoik, presentó un proyecto de declaración para rendir homenaje a Mariano a diez años de su muerte y espera que sea aprobada por unanimidad este jueves 9/10 en la sesión ordinaria de la Legislatura porteña. “Ninguna fuerza política debería abstenerse de sancionar un homenaje a un joven que fue asesinado por luchar por más derechos”, finalizó. 

La diputada porteña Lorena Pokoik realizó el pedido formal para que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se presente ante la Comisión de Educación para ser interpelada. “El motivo de esta invitación es que responda ante la consulta de las y los legisladores sobre varios temas del sector, pero en especial ante la insistencia de la funcionaria de que los estudiantes regresen a clases en medio de la pandemia”, expresó a través de un comunicado.

Pokoik, que además es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, manifestó que “es necesario que la ministra de Educación se presente ante esta comisión, a raíz de las reiteradas presentaciones de protocolos de regreso a las clases que propone una y otra vez, intentando desconocer el contexto epidemiológico en el cual nos encontramos en la Ciudad. Desde el Frente de Todos queremos ser parte de la solución, pero para eso necesitamos que la ministra Acuña nos escuche y no se cierre en el diálogo”.

El resto de los espacios de la oposición acompañaron este pedido para que en el próximo encuentro Soledad Acuña esté presente en el lugar. “Es muy oportuno en tiempos de semejante crisis que golpea fuertemente al sistema educativo, que la ministra Soledad Acuña, tenga la gestualidad de presentarse, porque la verdad que es inédito que la ministra se tome el tiempo de recorrer canales de televisión, de hacer notas en radios y que no disponga de tiempo de poder concertar, dialogar, escuchar ideas y permitirnos ser parte de la solución”, señala la diputada Pokoik.

“Si bien el tema principal y más urgente es el referido al contexto de pandemia y a la necesidad de que más de 6.500 estudiantes se revinculen en la educación pero sin exponer su salud y la de su familia, hay varios otros temas que queremos dialogar con la ministra Acuña: UniCABA, alimentación de las y los estudiantes, presupuesto, entre otros”, cierra Pokoik.

Señor jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, señora ministra Soledad Acuña, ustedes durante 6 meses dejaron a la deriva a miles de pibas y pibes que no tuvieron la posibilidad de seguir las clases por falta de computadoras y acceso a internet. Y 6 meses después salen a escena autoproclamándose paladines y defensores de la educación pública. Una postura muy poco creíble si hacemos un repaso breve de los últimos 10 años donde redujeron en 10 puntos el presupuesto de educación: pasó de 27% a 17,3%, una vergüenza garrafal. Hay algo que las y los funcionarios del gobierno porteño no entienden. No se puede hablar de un retorno a las aulas mientras el coronavirus esté presente, sobre todo en CABA y AMBA. Varios países que implementaron una vuelta a las Escuelas, tuvieron que retroceder 

Estamos hablando de países del primer mundo como Alemania, Israel, Corea del Sur, entre otros, que recularon cuando miles de estudiantes y docentes se contagiaron y provocaron un rebrote en las ciudades más importantes de esos países ¿De qué retorno están hablando? 

El gobierno porteño quiere instalar su realidad, una realidad imposible de creer. Se victimiza y culpa al Gobierno nacional por querer cuidar la salud de miles de pibas y pibes, las de sus familias y las de los docentes, en definitiva, la de todos las y los argentinos 

Esta postura de Larreta y su ministra Acuña es apoyada por los medios amigos, que tratan de desgastar a un Gobierno nacional que, durante estos casi 6 meses de pandemia, hizo lo imposible para resguardar la salud de todos y todas y sostener la economía. Mientras ustedes siguen sosteniendo esa postura lamentable, el Gobierno nacional entregó 39.645 netbooks en 7 provincias del Norte Grande y 20 distritos del Conurbano y 14.289 tablets. En la semana llegarán 23.203 netbooks y 4.564 tablets a Chaco, Corrientes, Misiones y Tucumán 

También entregó 10.000 licencias, a estudiantes y docentes de escuelas técnicas de todo el país para que realicen prácticas de forma virtual en laboratorios de física, química, matemática, ingeniería, y mecánica. Siguió subiendo a la plataforma Seguimos Educando, nuevos contenidos destinados a chicas y chicos de 6° y 7° grado, ciclo básico y ciclo orientado de educación secundaria. 

Este programa ya cuenta con 7 horas diarias de televisión en medios públicos, 7 horas de radio para todos los niveles educativos producidos especialmente y 9 cuadernos de estudiantes para todos los niveles. En medio de la pandemia, el Gobierno nacional lanzó la plataforma educativa federal Juana Manso que permite vincular a alumnas, alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas con contenidos abiertos y multimedia para los niveles primario y secundario. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, las maestras y maestros, tienen que dar clases vía zoom porque ustedes, después de 13 años de gobierno, no pudieron crear una plataforma virtual para que los estudiantes se conecten. Y después hablan de Secundaria del Futuro. Señora ministra Soledad Acuña ¿usted que el año pasado quiso cerrar escuelas secundarias, ahora dice estar preocupada porque no están abiertas? ¿No se da cuenta que estamos en medio de una pandemia? 

Le recuerdo, Soledad Acuña: Que los casos en CABA sigan estables se debe a que hay millones de personas que aún respetan la cuarentena, si las y los estudiantes salen a circular, ya sean 5 mil, 6 mil o 10 mil, el virus va a circular con ellos y las y los docentes. 

Toda la comunidad educativa busca que los chicos se revinculen con la escuela, pero eso no significa que vamos a permitir que se expongan, que perjudique su salud, la de sus familias, las de los docentes y, por ende, la de las y los vecinos. Dejen de jugar con la vida de las y los vecinos, con la vida de nuestras alumnas y alumnos y docentes, y con la integridad de toda la comunidad educativa. Dejen de hacer campaña con esta desgracia, que hace 6 meses las y los argentinos venimos luchando para salir adelante. 

Durante una entrevista realizada por el canal C5N al fiscal Santiago Terán, con motivo de declaraciones previas del funcionario donde instaba a armarse a las mujeres víctimas de violencia de género, se desarrolló un episodio de violencia machista a la vista de toda la audiencia del canal, contra la periodista Lucila Trujillo. Por este hecho la diputada porteña, Lorena Pokoik, presentó una declaración de repudio.

“Funcionarios como estos atrasan décadas, y si ejerció violencia de género a una periodista a los ojos de todos, imaginate cómo debe ser en la intimidad cuando nadie lo ve”, señala la legisladora Lorena Pokoik. “Creo que hay algo que es indiscutible: funcionarios con estas características, ya sean de la justicia, del ejecutivo o del poder legislativo, no tendrían que estar ocupando ningún cargo”, agregó.

La legisladora sostuvo que durante la entrevista, la periodista de C5N sufrió la descalificación personal, agravios personales, intimidación e insultos por parte del fiscal Terán. Frente a un intercambio de criterios, el funcionario expresó calificaciones hacia la periodista como “¿sabés qué sos vos? Vos sos de esas que se victimizan…como locas se victimizan”, increpó.

“No hay lugar, no debe haber más lugar a hechos como estos, en ningún ámbito. No debemos permitir que sigan avasallando nuestra integridad como personas, que nos descalifiquen, insulten, golpeen y hasta que nos maten, por el simple hecho de ser mujeres”, cerró Pokoik.

El documento presentado, la legisladora manifestó: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio a la violencia machista ejercida por el fiscal Santiago Terán contra la periodista Lucila Trujillo durante una entrevista en el canal C5N. A su vez, expresa preocupación por el desconocimiento e irresponsabilidad de sus declaraciones sobre la materia”.

Luego de que se difundieran unas imágenes del director general de Educación de Gestión Estatal de la Ciudad, Fabián Capponi, bailando y abrazando a varias personas sin barbijo; la presidenta de la Comisión de Educación y diputada del Frente de Todos (FdT), Lorena Pokoik, insistió en que ese funcionario debería presentar su renuncia e impulsó un pedido de informes en la Legislatura porteña para conocer en detalle lo ocurrido.

En el pedido de informes, la kirchnerista reclamó que se indiquen las actividades realizadas en el Ministerio de Educación e Innovación en el marco del festejo en el que participaron funcionarios y empleados de dicha dependencia el pasado 22 de julio.  El documento también indaga además sobre si existe un protocolo o recomendaciones para el personal  que cumple tareas esenciales en dicho organismo; así como también exige precisiones sobre quiénes son los funcionarios encargados de hacer cumplimentar las medidas establecidas.

Al respecto de la iniciativa, Pokoik explicó que hizo el “pedido de informes ya que el funcionario argumenta que esas acciones las realizó en el marco de una jornada institucional, lo que agrava mucho más la situación” y advirtió que “es una irresponsabilidad que un funcionario de Gobierno porteño se muestre sin barbijo, a los besos y abrazos”.

Asimismo insistió en que quiere “saber si la ministra Soledad Acuña o sí Luis Bullrich, que la está reemplazando, tenían conocimiento de dichas actividades, ya que si sabía de esta actividad, nos resulta incomprensible que no hayan tomado todos los recaudos de prevención para evitar la propagación del coronavirus” y aclaró que “todos podemos tener dentro de un gobierno funcionarios irresponsables, que no miden las consecuencias de sus acciones, a cualquier gobierno le puede tocar; lo que no puede pasar bajo ningún concepto es que no tomen ninguna medida después de que tuvieron conocimiento de este hecho. No pueden ignorar, y mucho menos no tomar ninguna decisión por algo que uno de sus funcionarios hizo mal”.

“No es un hecho al que hay que restarle importancia, tampoco lo podemos tomar como un descuido de un funcionario que, además, sabía que estaba siendo filmado, que arengaba a que sus compañeros de trabajo al contacto físico y que como corolario, no tenía barbijo”, añadió y sentenció que “sería una buena reacción por parte del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pedirle la renuncia a Capponi”.

El sábado una persona fue prendida fuego mientras dormía bajo la autopista, en Virrey Cevallos entre San Juan y Cochabamba. Ante ello se elevaron varias voces críticas desde el Frente de Todos. Entre ellas, la de la diputada porteña Lorena Pokoik, quien sostuvo este lunes que “le pedimos al gobierno de la Ciudad que actúe rápidamente y que despliegue un fuerte operativo en toda la Ciudad”.

“Queremos prevenir y evitar situaciones similares. Éste grave hecho lo dio a conocer la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle”, comentó la legisladora kirchnerista, que se manifestó “consternada”. Y agregó: “Ya son muchas las personas que murieron a la intemperie durante la pandemia, personas que deberían estar en algún hotel o parador de la Ciudad”.

Pokoik recordó que el 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería; el 7 de junio fue Leonardo Macrino, que había sido desalojado de un hotel del barrio de Monserrat. Más tarde Sergio, de 63 años, amaneció muerto en México y Sánchez de Loria.

La diputada siguió enumerando: “el 27/06 fue Dimitri, en avenida Caseros y Lavardén. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra; y el sábado 4 de julio este hecho”.

“¡Basta! Necesitamos cuanto antes una solución”, concluyó la presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura porteña.

“Hoy murió Sergio, de 63 años, dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria, San Cristóbal”, manifestó este domingo la legisladora porteña Lorena Pokoik, luego de que se conociera el deceso de una persona en situación de calle fallecida en la Ciudad de Buenos Aires y con síntomas de haber contraído coronavirus.

La legisladora kirchnerista señalo a través de un comunicado: “El sábado 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. Hace una semana fue Leonardo, un hombre en situación de calle que fue desalojado de un hotel y que presentaba síntomas de Covid y del que todavía esperamos los resultados de su autopsia”, y agregó que “hoy nos enteramos de esta tragedia, que no es tragedia, es desidia del Gobierno porteño. Todas estas muertes son evitables”.

Sergio era diabético y pasó la noche con fiebre y una tos prolongada. Al llegar al lugar, personal del SAME confirmó su fallecimiento. “Nuevamente el Estado llegó tarde a este caso. Tres muertes en dos semanas. Esto no da para más Horacio Rodríguez Larreta”, alertó Pokoik.

“El 108 colapsa para recibir denuncias sobre personas en situación de calle, el SAME llega luego de varias horas, la única solución que les brindan a las personas que duermen en la calle son frazadas y comida caliente, o llevarlos a un parador donde corren riesgo de contagiarse coronavirus. ¿Dónde está el Gobierno que flexibiliza la cuarentena pero no se hace cargo de las consecuencias”, preguntó la diputada.

Pokoik concluyó señalando que “en el peor momento, el Estado porteño no prevé estas situaciones y su principal política es netamente asistencial. Necesitamos que empiece a gobernar señor jefe de Gobierno. Es urgente que piense en los que peor la están pasando. Queremos que ponga todas las herramientas del Estado al servicio de los más postergados. Cuenta con todo el presupuesto y recursos: es una decisión política”.

En medio de la pandemia por el coronavirus, la diputada del FdT Lorena Pokoik advirtió sobre el fallecimiento de algunas personas que fueron desalojadas de los hoteles en los que vivían y alertó que se trataría de pacientes sospechados de tener Covid 19. Asimismo responsabilizó directamente al Gobierno de la Ciudad por esta situación.

Tan es así que la kirchnerista dio a conocer la historia de Leonardo Javier Macrino, que fue desalojado el día miércoles junto a su pareja, María Soledad, del Hotel La Florida, ubicado en la calle Chile 1480, del barrio porteño de Monserrat. “Los desalojaron pese a que los desalojos están prohibidos durante la cuarentena. Es más, el desalojo de Leonardo y de María Soledad se conoció porque en la madrugada del domingo encontraron a Leonardo sin vida, a pocos metros del hotel”, explicó y señaló que el hombre tenía un retraso madurativo.

Sobre esa misma línea, señaló que desde el FdT están “consternados con esta muerte que era evitable, y cuando empezábamos a hacer un recorrido de cómo fueron los hechos, en la media noche de este domingo, nos enteramos que había otra pareja que fue desalojada de ese mismo hotel, que estaba durmiendo en la calle en la esquina de Rivadavia y Boedo”. Por lo que Pokoik precisió que “inmediatamente me dirigí hacia ese lugar y llame varias veces al 108 para ponernos en contacto con el Buenos Aires Presente (BAP) para que tome cartas en el asunto y que la pareja sea trasladada a un lugar seguro”.

Según relato la diputada, la pareja estaba durmiendo a la intemperie, en la esquina de Rivadavia y Boedo, está conformada por Vivíana Tolosa y Rafael Carro, ambos mayores de 70 años. “Cuando llegamos hablamos con ambos para conocer su historia, mientras esperábamos que lleguen los asistentes del BAP. Viviana tiene un tumor en el pecho del lado derecho y Rafael sufre de la enfermedad pulmonar, EPOC, ambos en altísimo riesgo de salud”, informó.

Además aprovechó para “agradecer a los y las trabajadoras del BAP y del SAME y para decirle a los funcionarios responsables de áreas vinculadas a la emergencia que deberían tener sus teléfonos encendidos y atenderlos. Esto jamás sucedió” y remarcó que “tardamos horas para lograr que Vivíana y Rafael ahora estén en el hospital Ramos Mejía donde les harán el hisopado para descartar que no sean portadores del virus y luego serán trasladados a un parador”.

“El abandono y la desidia del Gobierno porteño es tan evidente que se nos mueren personas en la calle, que fueron desalojadas, cuando los desalojos están prohibidos durante la cuarentena y Horacio Rodríguez Larreta no hace nada al respecto”, sentenció Pokoik.

En medio de la pandemia del Covid 19, la diputada del Frente de Todos Lorena Pokoik celebró la resolución de la Justicia que obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a brindarle a los artesanos un subsidio mientras dure la el aislamiento social obligatorio que se extendió hasta el 28 de junio.

En ese sentido, la kirchnerista aseguró que “nuevamente la Justicia tiene que obligar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a ayudar a los que peor la están pasando, apaludimos esta decisión del juez Gallardo” y remarcó que “por más que una ya esté acostumbrada a que Larreta priorice sus negocios personales y no la situación económica de las y los vecinos, no deja de sorprendernos que la legislatura no quiera discutir el proyecto que presentamos en el mes de abril, precisamente para resarcir económicamente a este sector de laburantes que hace prácticamente 90 días que no tienen ingresos”.

Al mismo tiempo recordó que el pasado 23 de abril, presentó un proyecto de ley para que el gobierno de la Ciudad brinde un ayuda económica a las y los artesanos y trabajadores de la cultura del distrito capitalino.

“Nuestro proyectos incluye no solo a artesanos y manualistas, sino también a las y los artistas callejeros e independientes, técnicos y libreros de las diferentes ferias de la Ciudad de Buenos Aires. Son 3 mil trabajadoras y trabajadores de las ferias y otra cifra muy importante de artistas independientes y callejeros de todo el distrito”, afirmó Pokoik.

El mismo proyecto además provee de herramientas a las y los trabajadores feriantes y artistas, respecto a que puedan utilizar la plataforma “Cultura en Casa”, para que logren comercializar sus productos y sus expresiones artísticas.

La presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social y legisladora del FdT, Lorena Pokoik, cuestionó duramente la decisión del Gobierno de la Ciudad de reducir en reduce 785 millones de pesos del programa “Fortalecimiento a grupos comunitarios” y advirtió que esos fondos se destinarán a los subsidios para el subte.

Dicha resolución fue dictada por el Subsecretario de Hacienda, Arengo Piragine, y establece “readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Al respecto de esta medida, Pokoik explicó que “este programa de fortalecimiento tiene como objetivo sostener los comedores de los barrios más vulnerables de la Ciudad y esos recursos estaban destinados a alimentar a 54.500 personas” e informó que esta subejecución del programa representa un 16% de ajuste en los comedores de los barrios más postergados de la Ciudad.

“Es increíble pensar que luego de comprar barbijos a tres mil pesos cada uno y que encima estaban vencidos, ahora el Gobierno de la Ciudad vuelva a incurrir en otro hecho lamentable como este”, afirmó y concluyó señalando que “es realmente lamentable que Larreta siempre ajuste a los más postergados para nutrir a empresas amigas del Gobierno de la Ciudad, sobre todo en este contexto de pandemia donde el hambre duele y la comida escasea en los barrios populares. Es repudiable la actitud del jefe de Gobierno”.

Tras varias denuncias de docentes y padres sobre la falta de bolsones de alimentos para estudiantes y de la escasa calidad nutricional de los mismos, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), participó del el segundo operativo de entrega de la canasta alimenticia escolar.

En ese contexto, la kirchnerista recorrió la escuela infantil Nº 6 y la escuela de educación media Nº 3 -ambas ubicadas en el Bajo Flores-, con el objetivo de garantizar la entrega de los bolsones de comida que realiza el Gobierno de la Ciudad. “Estamos recorriendo las escuelas de los barrios más humildes entendiendo que, en medio de esta gran crisis que profundiza la pobreza en muchos hogares, es cuando el Estado debe hacerse más presente que nunca", manifestó.

Al mismo tiempo señaló que “si bien la Ciudad mejoró varios aspectos del operativo y aumentó un 7 % la cantidad de alimentos que se están distribuyendo, vuelvo a reiterarle al jefe de Gobierno y al ministro de Educación sobre la importancia de cubrir el 100 % de la matrícula escolar con alimentos y elementos de higiene” y aseveró que “no existe excusa presupuestaria, solo es una cuestión de voluntad política”.

“Hace menos de 48 horas nos enteramos que el Gobierno porteño gastó casi 53 millones de pesos para adquirir 150 mil balas de gomas en medio de la pandemia. Se equivocan, las crisis no se reprimen, se evitan y para ello es necesario mayor transferencia de recursos a los sectores populares”, advirtió Pokoik.

Por otro lado, la legisladora destacó que “durante las últimas dos semanas estuvimos en diálogo permanente con las autoridades de la cartera educativa de la Ciudad, para proponer ideas y corregir algunas irregularidades que ocurrieron en el primer operativo”.

No obstante precisó que en este segundo operativo hubieron algunas demoras pero “estuvo mucho mejor organizado que el primero, cumplieron con muchos puntos que planteamos en la última reunión con el ministro de Educación, pero no cumplieron con la matrícula total de los bolsones,  seguimos peleando para universalizar el derecho de la canasta escolar en todos las escuelas y niveles educativos”.

Por último, concluyó precisando que con el objetivo de que cada familia recoja sin inconvenientes los alimentos “desde el bloque del Frente de Todos de la ciudad, seguiremos escuchando a la comunidad educativa para estar atentos y atentas a cualquier irregularidad que surja en la logística, distribución, calidad y cantidad de alimentos que contienen los bolsones”.