El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de “usar el Senado para ejercer el revanchismo”, luego de la reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a la que fue convocado Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, enfrentado a sus exsocios de la UCR y el Pro.

“El kirchnerismo intenta utilizar el Senado para instalar falsedades y confusión en torno a las causas judiciales que investigan el atentado a la AMIA”, denunció la bancada presidida por Luis Naidenoff en un comunicado.

En la reunión citada por Oscar Parrilli (Frente de Todos), que además fue acusado en la causa por encubrimiento, Cimadevilla denunció que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además habló sobre el audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pidió protección para un exfiscal.

Tras mantener duros cruces con Cimadevilla, los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “en lugar de utilizar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para discutir propuestas que posibiliten que la Justicia reanude sus actividades paralizadas a raíz del establecimiento de la cuarentena, el kirchnerismo pretende utilizarla para arrogarse funciones propias del Poder Judicial”.

“Lamentamos que el exsenador Mario Cimadevilla, conocedor del reglamento del Senado, se haya prestado a esta puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial”, expresaron.

Además, consideraron “evidente” que “estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del memorándum con Irán, al pretender generar la caída de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado”.

“El gobierno de Cambiemos dejó sin efecto el memorándum con Irán, que ya había sido declarado inconstitucional por la Justicia y permitió que se avance en el juzgamiento de la causa por encubrimiento, a consecuencia de lo cual, después de más de 20 años de demora se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal”, recordaron desde Juntos por el Cambio.

Por último, instaron al Frente de Todos a “abandonar el uso del Senado para ejercer el revanchismo sembrando aún más divisiones entre nosotros, en un momento en que nuestros ciudadanos necesitan que nos aboquemos de lleno a los problemas que la pandemia y la cuarentena nos están provocando.

La reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se convirtió en escenario de durísimos cruces y pases de factura entre el radical Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, y senadores de Juntos por el Cambio, que además cuestionaron la citación al exfuncionario.

Cimadevilla fue convocado por el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, luego de que se conociera un audio de la exvicepresidenta Gabriela Michetti donde le pedía protección para un exfiscal “amigo” del gobierno de Mauricio Macri en la causa por encubrimiento del atentado.

“¿Cuál es el motivo por el que traemos a la Comisión de Justicia al exsenador Cimadevilla a hablar de un tema que no está en tratamiento de esta comisión?”, arrancó la radical Silvia Elías de Pérez, quien aclaró que “esta no es una comisión investigadora”.

Además recordó que el propio Parrilli “es un actor interesado en la causa” -como él mismo aclaró al inicio de la reunión- por ser uno de los acusados por el juez fallecido Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento del ataque a la mutual judía.

También se sumó a la embestida otra radical, Silvia Giacoppo, quien le preguntó a Cimadevilla “qué avances tuvo la causa” y “cuántas audiencias presenció”. El exsenador respondió: “No era mi función ir a las audiencias. Era un equipo de diez abogados con quienes nos juntábamos para seguir la marcha de la querella”.

Tras repasar que el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, decidió apartar abogados de la Unidad y nombrar nuevos, señaló: “Yo me fui cuando a mi me quisieron hacer decir algo de lo que no estaba convencido. Yo soporté todo, pero cuando me dijeron ‘tenés que decir tal cosa’, me fui”.

Remató con un mensaje a Giacoppo y al Pro: “Usted me va a entender porque es del mismo partido que yo. Los radicales hemos predicado con el ejemplo sobre cómo debe actuar el poder político respecto del Poder Judicial. No crea que quienes estuvieron aliados a nosotros en 2015 piensan lo mismo en estos temas. Piensan totalmente distinto”.

La jujeña no se quedó callada y, tras mencionar que “el ADN del radicalismo” está en “la ética y la moral”, aseveró: “No me cierra por qué el doctor no se fue antes, por qué no lo denuncio antes, y por qué no fue a ninguna audiencia”.

Cimadevilla se defendió: “No voy a aceptar que vayan a una causa judicial a hacer algo que no corresponde. Eso no es diferencia de criterios, es violentar los deberes de un funcionario público”. Y repitió: “No estaba entre mis funciones ir a las audiencias, sino coordinar el trabajo de la Unidad”.

Más adelante intervino Esteban Bullrich (Pro), quien coincidió con Elías de Pérez en que Parrilli es “parte interesada” en la causa y eso “tiñe a la comisión de un manto que no es el correcto”. “Esta comisión no está al servicio de resolver problemas de interés personal, sino problemas de interés general”, dijo.

Bullrich retomó el tema de la relación entre el Pro y la UCR. “Yo soy parte de esa alianza y usted dice que no se valora la Justicia, y no es cierto. Yo valoro la Justicia, tanto la valoro que he hecho denuncias de corrupción contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No acepto que usted se tiña de radical para justificar una mirada”.

“No me tiño de radical; soy radical de los que no quieren que me tiña de amarillo”, retrucó Cimadevilla, y aclaró que en 2015 “el radicalismo decidió concurrir a una alianza electoral en función de las urgencias que atravesaba el país: la necesidad de cambiar el signo político y de lograr un equilibrio parlamentario”.

Según el exsenador, ambos objetivos se lograron, “pero luego no gobernó Cambiemos; gobernó el Pro. Pensábamos que íbamos a ser partícipes en algunas decisiones del Gobierno, por eso yo me sumé en consonancia con mi partido”.

“No quiero teñir a nadie de amarillo. Sus correligionarios pueden decir”, se defendió Bullrich, y trajo a la memoria la convención donde se selló aquella alianza: “Si quiere dirimir Gualeguaychú en una comisión del Senado, estamos en problemas”.

Antes de finalizar la picante reunión, Luis Naidenoff consideró que “la investigación de los hechos del pasado compete al Poder Judicial” y que la única vía por la que puede intervenir el Congreso es la del juicio político. “Fuera de esto, no tenemos ningún tipo de atribución”, acotó.

“Como hombre del partido reivindico el Estado de Derecho, y eso significa independencia de poderes. Si hay alguna cuestión que tiene que resolver en el ámbito judicial, será el Poder Judicial el que resuelva, no el Congreso”, insistió el jefe del interbloque Juntos por el Cambio.

Acto seguido, advirtió sobre “la hoja de ruta que se viene marcando desde que el Congreso se ha normalizado” y “la notable embestida de los últimos días por erigir al Congreso como un tribunal fiscalizador”.

“No hay pandemia que frene el ‘ABC’ que el oficialismo se trazó en materia judicial. Lo único que les interesa es el revanchismo”, denunció el formoseño, al referirse a las últimas reuniones de comisiones bicamerales, donde el oficialismo pidió investigar la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri y también volvió a la carga contra dos DNU de la anterior gestión en materia judicial.

Sin embargo, Naidenoff dijo que “nunca les escuchó emitir opinión” sobre declaraciones formuladas por el actual presidente Alberto Fernández en febrero de 2015, cuando aseguró que “el pacto con Irán es un pacto de encubrimiento”.

“En el marco de la pandemia hay una luz verde donde todo vale, pero mientras en las calles los comercios se cierran, muchas familias no tienen respuestas y vemos barrios que están cerrados como ghetos, pareciera ser que el oficialismo está en otro contexto. Cantan y bailan como la orquesta del Titanic, mientras el país se hunde. Pero ojo con el Titanic, porque el comando lo tienen ustedes y el iceberg está ahí”, ilustró.

El exsenador radical y extitular de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, denunció este miércoles que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además reconoció la veracidad de un audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide protección para un exfiscal de la causa.

Cimadevilla fue convocado a exponer, por videoconferencia, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli, acusado por el juez fallecido Caudio Bonadio de haber formado parte del encubrimiento del atentado junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Hace unos días, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer un mensaje de Michetti donde le exigía a Cimadevilla que protegiera al exfiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le decía la exvicepresidenta.

Ante los senadores, Cimadevilla admitió que el audio fue “inapropiado” y dijo desconocer cómo se hizo público, pero de todos modos sostuvo que “no es el hecho más grave que ha ocurrido” ya que durante el gobierno macrista hubo “resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo que apuntaban a obstruir la labor de investigación que estábamos llevando adelante para determinar las responsabilidades de quienes habían investigado el atentado”.

“El gobierno anterior, pese a que declaraba mucho interés, no tenía interés en saber qué había pasado en la AMIA”, lanzó Cimadevilla, y agregó que “cuando pedían la absolución de algunos imputados”, como Barbaccia, el también exfiscal Eamon Mullen, el expresidente de la DAIA José Beraja y el comisario Jorge “Fino” Palacios, “las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o del ministro”.

El relato de Cimadevilla

Cimadevilla recordó que fue designado al frente de la Unidad Especial AMIA en enero de 2016, con la supuesta misión de “determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer y desviar la investigación procuraron la impunidad de los responsables”.

“No acepté la designación en forma individual, sino consensuada con las autoridades del radicalismo”, aclaró de entrada.

Según comentó, la Unidad “tenía dos funciones: apoyar la investigación de jueces y fiscales durante el atentado, y ser querellante representando al Estado en la causa del encubrimiento, donde se investigaba la responsabilidad del doctor (Juan José) Galeano, funcionarios de su Juzgado, fiscales de la causa, jefes de organismos de Inteligencia, e incluso del propio presidente (Carlos) Menem”.

Por sugerencia de Elisa Carrió, Mariana Stilman -actual diputada de la Coalición Cívica- se incorporó a la Unidad como abogada querellante, tras haber trabajado años atrás en el juicio político contra Galeano.

“A medida que avanzaba la marcha de la querella, empezaron a aparecer los inconvenientes con el ministro (Germán) Garavano y algunos de sus funcionarios”, relató Cimadevilla, y amplió: “Colaboradores del ministro concurrían a las audiencias y permanentemente sugerían cosas a los abogados de la querella, y eso se hizo tan insostenible que terminaron renunciando a representar al Estado por este hostigamiento permanente”.

Según el exsenador, lo que demostraba el Gobierno en los hechos era que en la querella “no había que tener un criterio muy activo, no había que preguntar algunas cosas y no había que interrogar a algunos testigos”. Por ese motivo renunció Stilman, quien habló en ese entonces de los problemas que tuvo con Miguel Inchausti, quien oficiaba de “enlace” con Garavano.

“La actitud de los representantes del ministro impedía búsqueda de la verdad”, insistió Cimadevilla, y recordó que por esa razón Carrió hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la conducta de esos funcionarios, y luego pidió el juicio político contra Garavano.

Pero “la pelea total” con el Gobierno, que motivó la salida de Cimadevilla, fue “cuando revocaron el poder de los abogados de la querella, apoderaron a nuevos abogados y pidieron la absolución de algunos imputados”, los mencionados Barbaccia, Mullen y Palacios.

Sobre el audio difundido por Verbitsky, el exsenador afirmó: “Sí, reconozco que es un WhatsApp que me mandó la vicepresidenta Michetti, que tenía interés en saber, tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella”.

Por otra parte, Cimadevilla advirtió que “hace 20 años que la causa del atentado no se mueve, porque en Argentina existe una ‘tradición jurídica’ que dice que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar, hay iraníes imputados que se niegan a cumplir con los requerimientos de la Justicia argentina, por lo cual la causa está paralizada”.

Por eso, para el exfuncionario, “la reforma judicial no pasa por reformar un Código o por decir si la Corte va a tener dos o tres salas; pasa por que los jueces puedan actuar con total independencia”.

“Al partido radical nos pueden imputar muchas cosas, pero siempre hemos sido muy respetuosos del Poder Judicial, nunca hemos interferido en ninguna investigación”, concluyó Cimadevilla en su informe ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

La última sesión del Senado tuvo la particularidad de anticipar los temas en los que el oficialismo piensa avanzar esta semana en diversas comisiones, varios ligados a la gestión anterior. Pasó con José Mayans, anticipando la avanzada opositora para investigar la deuda contraída por el macrismo en la Bicameral de Deuda, y lo hizo también Oscar Parrilli en lo que este miércoles analizarán en la comisión que él preside. Hablamos de la de Justicia y Asuntos Penales, que se reunirá virtualmente este miércoles a las 16.

En la sesión del jueves, el extitular de la AFI le dijo a la presidenta del Senado: “No sé si usted se enteró de que la vicepresidenta anterior llamó para presionar a quien era el fiscal de la UFI-AMIA, que era un senador  opositor, que era muy bueno como  opositor. Tengo que destacar que, en la oposición, el senador Cimadevilla era una persona impecable. Obviamente, lo llamaron… ello son pensaron que él no tenía que hacer ese tipo de cosas”, señaló Parrilli. En su exposición, Parrilli se refirió a la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA, en el que tanto él como Cristina Kirchner están procesados. “Hemos escuchado un audio, que ha salido por todos lados, en el que la exvicepresidenta le estabamanifestando al titular de la unidad especial de investigaciones de la AMIA, Cimadevilla –del gobierno de Macri-, que cuidara y protegiera a uno de los fiscales acusados por encubrimiento”, agregó en su exposición.

Por eso es que el exsenador radical Mario Cimadevilla fue invitado a exponer ante la Comisión de Justicia de manera remota.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que “es un afrenta al Estado de Derecho y a las libertades” que el fiscal Carlos Stornelli y el defensor Gustavo Kollmann “sigan ocupando cargos”, tras haber realizado una presentación de juicio político contra ambos.

“Ellos dos formaban parte de la tríada, que componían junto con el difunto y perverso (juez Claudio)Bonadio, que violentaba todas las normas procesales y constitucionales”, disparó este miércoles el legislador en diálogo con FM La Patriada.

El neuquino señaló que Stornelli y Kollmann “llevaron adelante uno de los juicios más escandalosos, arbitrarios y que más daño le ha hecho a la Justicia argentina como fue el caso de las fotocopias de los cuadernos”, en referencia a la denominada causa de los cuadernos, en la que se investigó una presunta red de sobornos entre funcionarios y empresarios durante los gobiernos K.

“Cada uno tenía un rol distinto pero trabajaban en conjunto para encarcelar y detener a dirigentes políticos opositores”, expresó el dirigente de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además los acusó de “extorsionar a los empresarios con la posibilidad de meterlos presos si no decían lo que ellos querían”.

En este sentido, Parrilli aseguró que uno de los imputados en la causa le confesó que “en las declaraciones que les hacían firmar aparecían palabras que ellos no habían dicho”.

“Esa causa fue sustraída ilegalmente por Bonadio como si fuera él el dueño; la tomó para sí con Stornelli y Kollman y a partir de ahí hicieron todas esas barbaridades”, agregó.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado opinó que el “objetivo” de esa causa fue “generar una situación política antes de las elecciones de 2019, ensuciando a dirigentes opositores y especialmente a Cristina Kirchner”.

En el pedido de juicio político -presentado ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal; y ante la Defensoría General de la Nación, que conduce Stella Maris Martínez-, Parrilli acusó a los funcionarios judiciales de ser parte de “un sistema de persecución judicial” ideado por “el gobierno de Macri”, que tuvo al expresidente como “su principal responsable”.

El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) enfatizó la necesidad de que la Justicia investigue “a los responsables de la fuga de capitales” y “si hubo complicidad de funcionarios” durante la gestión de Cambiemos, luego que se conociera un informe realizado por el Banco Central sobre los últimos cuatro años.

Según el informe del BCRA, entre 2015 y 2019 la fuga de divisas superó los 86.000 millones de dólares y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período.

“Lo que hizo el Banco Central fue confirmar una presunción de gran parte de los argentinos, y ahora hay que investigar a los responsables de esta fuga de capitales”, aseguró este lunes el oficialista en declaraciones a radio El Destape.

El neuquino sostuvo que la fuga de divisas contó “con el protagonismo de los funcionarios del macrismo” y agregó que “participaron fondos de inversión extranjeros y muchos agentes locales”.

Con ese argumento, planteó la necesidad de “avanzar para saber si hubo complicidad de las autoridades que ocupaban el Banco Central y la Unidad de Información Financiera”.

De hecho, Parrilli insistió en que la Justicia ahora debe determinar “si hubo ilícitos, si hubo complicidad de los funcionarios con los fondos de inversión”.

“Muchos funcionarios estaban de los dos lados del mostrador, es decir, que eran funcionarios y tenían relación directa con las empresas que fugaron fondos”, disparó el dirigente de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Y continuó: “La fuga existió y muchos fueron los sectores, como el energético o de comunicaciones, favorecidos por las políticas del macrismo”.

En este sentido, el senador del FdT consideró que “el Estado no puede subsidiar ahora, ante la pandemia, a empresas que hayan participado en estas maniobras de fuga de capitales”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, que denunció sufrió presiones del gobierno anterior para votar a favor de la reapertura de la causa del Memorándum con Irán, confirman que “es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”.

El neuquino señaló que los dichos de la magistrada “han mostrado en boca ya de una funcionaria, una jueza nada menos, lo que todo el mundo sabía que venía pasando estos años durante el gobierno de Macri”.

En ese sentido, acusó a la gestión de Cambiemos de “utilizar los servicios de inteligencia para hacer espionaje interno; a jueces y fiscales para hacer persecución política; y a los medios para difamación y mentira” con el fin de “eliminar a dirigentes políticos opositores”.

En diálogo con radio AM530, el legislador recordó que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán, “denunció que el gobierno de Macri había utilizado el sistema judicial y mediático para realizar persecuciones políticas”.

Parrilli mencionó también parte del discurso del presidente Alberto Fernández, el pasado 1ro. de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que había que “terminar” con “los sótanos de la democracia”.

“Esto es lo que estamos esperando, que la pandemia nos ha demorado, pero no nos tenemos que olvidar: es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”, afirmó sobre el proyecto de ley que el Gobierno iba a enviar al Congreso este año, pero la emergencia por el Covid-19 frenó.

El oficialista agregó que “la reforma a los sistemas de inteligencia ya se está llevando adelante” por parte de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; mientras que, respecto a los medios de comunicación, opinó que “no sirve salir a pelearse” sino “contarle a la sociedad lo que los medios dicen y cómo son las mentiras”.

Este miércoles, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una presentación ante la Justicia para que se investigue la denuncia de Figueroa sobre presuntas presiones de funcionarios macristas. La vicepresidenta Cristina Kirchner, al igual que Parrilli, le atribuyeron directamente este accionar al exconsejero Juan Bautista Mahiques, actual procurador de la Ciudad de Buenos Aires.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) anticipó que pedirá la nulidad del fallo de Casación Penal sobre la firma del Memorándum con Irán, en el que fue acusado junto con la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Tras las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, quien declaró el sábado pasado haber sido “presionada” por un miembro del Poder Ejecutivo durante la gestión anterior -de Mauricio Macri- sobre su voto, el legislador consideró que en la decisión “fue viciada la voluntad de los jueces”.

“Yo estoy acusado en la causa donde votó (la jueza) Figueroa y voy a pedir la nulidad del fallo porque fue viciada la voluntad de los jueces”, sostuvo este lunes el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, en diálogo con radio El Destape.

El neuquino consideró que “si a Figueroa la presionaron, es probable que presionaran a los jueces (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky, que reabrieron la causa del Memorándum con Irán”, y calificó como “grave” la revelación de la magistrada, cuyo voto fue clave para reabrir la causa que se inició con la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman.

Parrilli disparó que “no es novedad que (Juan Bautista) Mahiques era el operador preferido, el Messi de (Mauricio) Macri para presionar a los jueces para perseguir opositores”. “Habría que preguntarle a (Horacio Rodríguez) Larreta por qué premió a Mahiques”, se preguntó irónico sobre quien actualmente es fiscal general de la Ciudad y añadió: “Si lo premió por la persecución”.

Luego de sus declaraciones, la jueza Ana María Figueroa aclaró que ella no había hecho mención a Mahiques.

Luego de que la jueza Ana María Figueroa dijera el sábado por AM750 que fue “presionada” durante el Gobierno de Cambiemos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le puso nombre y apellido al funcionario del Ministerio de Justicia que entonces conducía Germán Garavano, que había sido supuestamente el autor de esas presiones. Sin embargo más tarde la jueza, que durante la nota no quiso decir de quién hablaba, negó que se tratara de Juan Bautista Mahiques.

Ante ello, el senador nacional Oscar Parrilli se preguntó este domingo quién la había presionado entonces. “La jueza Ana María Figueroa dice que en el gobierno anterior había presiones a los jueces, que en este momento no hay presiones”, señaló este domingo por C5N, y agregó: “Le preguntan si fue Juan Bautista Mahiques que era el representante de (Mauricio) Macri en el Consejo de la Magistratura y deja a entender que efectivamente era él y que la presionaba en la causa del memorandum con Irán, que era una causa que se había archivado y que se reabrió con el voto de Figueroa”.

Parrilli recordó este domingo la votación en la Cámara Federal de Casación Penal: “Cuando se leen los votos, hay dos que están a favor, pero está el de Figueroa que cuando se lee parece que va a votar en contra de reabrir y termina votando a favor”.

“Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?”, se preguntó el senador kirchnerista, para agregar luego: “Ella reconoce que Macri la criticó en público, las presiones existieron y eran parte de lo que Alberto Fernández denunció como la cloaca judicial con servicios de inteligencia en relación con jueces y fiscales”.

En medio de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición -a través de distintas cuestiones de privilegio- por el proyecto de intervención de la justicia jujeña, y con una Cristina Kirchner con pocos ánimos de paciencia, el senador Oscar Parrilli apuntó contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

En la sesión de este jueves, el kirchnerista recordó que el mandatario provincial lo acusó a él y a la vicepresidenta de “ser los autores, los responsables y los impulsores del proyecto” de intervención del Poder Judicial de Jujuy, presentado por el oficialista Guillermo Snopek.

“Ofende al senador Snopek en cuanto a la suficiente libertad, capacidad y honestidad intelectual de llevar adelante proyectos de su provincia en los cuales esté absolutamente convencido”, señaló.

Parrilli resaltó que él no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se trata el tema. “Con lo cual no sé por qué se asusta el gobernador”, expresó y subrayó que en la iniciativa “no está planteada la libertad de Milagro Sala”.

Sobre este punto, el legislador sostuvo que hace cuatro años viene “sosteniendo que está arbitraria e injustamente detenida por un motivo de lawfare y persecución mediática y judicial”.

“Si él es tan transparente, defiende tanto las instituciones y tiene tanta tranquilidad en la independencia del Poder Judicial, ¿cuál es el problema que investiguen?”, desafió.

Pero además, el neuquino acusó al gobernador radical de mandar “un grupo de mujeres, ocho o diez, al ingreso del edificio a vociferar en contra nuestro, en contra de los senadores” del Frente de Todos.

“A confesión de parte, Milagro Sala…relevo de pruebas”, cometió el furcio Parrilli, lo que provocó las risas entre opositores. “Ríanse, ríanse, que muchos jujeños no se ríen”, se enojó el senador y, desde el estrado, se escuchó a Cristina Kirchner: “No dialoguen che, por favor”.

La replica de Mario Fiad

Por su parte, el senador jujeño Mario Fiad advirtió que mientras se alega la “falta de imparcialidad en el Poder Judicial de una provincia”, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales María de los Ángeles Sacnun “es parcial a la hora de definir que peticiones de los senadores resultan conducentes, y cuáles no”.

Además, sostuvo que “no hay duda que gran parte del pueblo jujeño hoy se encuentra inmerso en zozobra e incertidumbre por un proyecto de ley con argumentos inconsistentes, y evidentes manipulaciones de situaciones que no están probadas tiene por objetivo al poder judicial de nuestra provincia”.

“No es un proyecto de intervención, es un proyecto de liberación, y tiene nombre y apellido, ‘liberación de Milagro Sala’. Es inexcusable que se me haya silenciado en la comisión”, replicó el senador.

Finalmente, pidió que se aparte a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales “por ser parte afectada”.

El senador nacional Alfredo De Angeli (Pro) presentó una cuestión de privilegio contra su par Oscar Parrilli (Frente de Todos), por sus declaraciones sobre el sector agropecuario a raíz del paro del campo.

Para el legislador de JxC, esos dichos representaron una “ofensiva hacia los hombres y mujeres del sector agropecuario”. Parrilli había dicho días atrás que sentía “orgullo” de que sean los sectores agropecuarios los “primeros que nos ataquen”, en referencia al gobierno de Alberto Fernández.

Luego de leer una nota que le “hicieron llegar” productores, el macrista sostuvo: “No vengo a defender a los grandes productores agropecuarios, pero Argentina los necesita. ¿Qué pasaría si el campo deja de producir?”.

Y advirtió que los pequeños productores le transmitieron que “todavía no saben cómo se va a reglamentar la devolución” del aumento de las retenciones a la soja.

“Espero que el senador Parrilli pueda rectificar lo dicho. Esto va en contra de la paz social”, agregó.

El oficialismo pondrá en marcha este miércoles la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, una comisión clave ya que está encargada de controlar a la Agencia Federal de Inteligencia, hoy intervenida por disposición del gobierno de Alberto Fernández.

La presidencia, que estará en manos del Frente de Todos, le corresponde este año a un diputado, ya que su último titular fue un senador -el radical Juan Carlos Marino- y el reglamento establece la alternancia entre ambas Cámaras.

Por la Cámara de Diputados fueron designados los kirchneristas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna y Eduardo Valdés; los macristas Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca; y el radical José Cano.

En tanto, desde el Senado formarán parte Oscar Parrilli, exdirector de la AFI; Martín Doñate, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro, del Frente de Todos.

Mientras que los senadores de Juntos por el Cambio serán Juan Carlos Marino (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico de Catamarca).

La reunión, de carácter reservado, como es habitual de esta comisión, será a las 17.30.

El senador nacional Oscar Parrilli, quien asumió como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, le respondió este martes al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien lo acusó de estar detrás de la ofensiva para intervenir el Poder Judicial de esa provincia, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Si él está absolutamente convencido de que la situación del Poder Judicial de Jujuy es tan transparente, independiente, republicana e institucional, ¿cuál es el problema de que se lo investigue? No debería tener ningún problema. No sé por qué se enoja tanto”, cuestionó Parrilli.

En diálogo con periodistas acreditados, el legislador aclaró que no pertenece a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tratará el proyecto de ley del peronista Guillermo Snopek. “No sé por qué se preocupa, porque yo no participo ni voy a votar ahí”, dijo.

Pero además, señaló: “Por lo que yo sé, la intervención del Poder Judicial de Jujuy no tiene nada que ver con la excarcelación o no de Milagro Sala”.

De todos modos, aclaró que su postura “respecto de la intervención arbitraria e ilegal no es de ahora, es del año 2016”.

Comisión constituida

Parrilli quedó al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales con aval de todos sus miembros, mientras que como vicepresidente fue electo Ernesto Martínez (Pro), quien estuvo ausente en la reunión.

Además, integrarán la comisión Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Mario Pais, Claudia Ledesma Abdala, Edgardo Kueider y Antonio Rodas por el Frente de Todos.

Por Juntos por el Cambio estarán Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Oscar Castillo, Guadalupe Tagliaferri, Pedro Braillard Poccard y el mencionado Martínez, y cierra la lista Magdalena Solari Quintana (bloque Misiones).

A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado avanza con la constitución de comisiones clave en el arranque del nuevo período ordinario. Este martes se conformará la de Justicia y Asuntos Penales, que quedaría en manos del oficialista Oscar Parrilli, hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Además de Parrilli, por el oficialismo integrarán la comisión Anabel Fernández Sagasti -otra leal a la exmandataria-, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Mario Pais, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Edgardo Kueider y Antonio Rodas.

En tanto, Juntos por el Cambio designó a los senadores Ernesto Martínez, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Oscar Castillo, Guadalupe Tagliaferri y Néstor Braillard Poccard. Completa la lista la monobloquista Magdalena Solari Quintana (Misiones).

La reunión constitutiva se realizará a las 15 en el Salón Illia.

Por José Angel Di Mauro

“Positiva”, fue la definición elegida en la Casa Rosada para calificar la presentación del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Realmente al día siguiente se percibían en la sede de gobierno señales de satisfacción a la hora del balance sobre el debut del mandatario abriendo un período de sesiones ordinarias, y esa sensación era resumida por un funcionario con esta referencia: “Esta vez todo el protagonismo fue de Alberto”.

En efecto, a diferencia de la ceremonia del traspaso presidencial ya no hubo consultas a intérpretes de gestos y esta vez nadie reparó en las caras de la vicepresidenta mientras Alberto Fernández daba su discurso; ella se cuidó de no seguir  por sí misma la lectura del mensaje mientras su elegido para la presidencia hablaba.

Sí hizo carrera en las redes sociales el video con una presunta discusión entre el binomio presidencial en el Salón Azul del Congreso, donde Cristina pareciera decirle al Presidente un sugerente “acá se terminó”. Detalles de color, sin mayor trascendencia. “La relación entre ambos es mejor que la que esperábamos”, insiste en afirmar un miembro del albertismo, admitiendo implícitamente los reparos que el desafío de la cohabitación presupuso siempre.

En efecto, CFK esta vez  no acompañó la lectura del mensaje presidencial, y hasta sonrió satisfecha en algunos pasajes. Por ejemplo, cuando el Presidente lanzó una de sus sentencias más enfáticas, al proclamar: “Nunca más al endeudamiento insostenible”. Pasa que esa frase representa el pensamiento de su mentora. En efecto, el tema del endeudamiento de la era Macri es una de las obsesiones de Cristina Kirchner, quien ha hablado una y otra vez de ese tema en las sucesivas presentaciones de su best seller “Sinceramente”. Sin ir más lejos, el pasado 8 de febrero en La Habana, la vicepresidenta reclamó un “nunca más al endeudamiento”, y fue aún más lejos al pedir una investigación a fondo, sugiriendo que el Banco Central haga un informe sobre la tema de deuda en los tiempos de Cambiemos y quienes fueron sus beneficiarios.

Fue exactamente lo que Alberto Fernández dijo ante el Congreso el domingo pasado: “El Banco  Central de la Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que las mismas tuvieron”. Cristina sugirió en Cuba la creación de una suerte de Conadep para hacer esa investigación; por ahora Alberto no se animó a tanto.

El pasado 8 de febrero en La Habana, la vicepresidenta reclamó un nunca más al endeudamiento”.

El afán investigativo de la exmandataria no pasa solo por la deuda. Referentes ultra K fueron verdaderas usinas de denuncias contra funcionarios durante toda la gestión Cambiemos, y hoy persisten en esa misión. No solo denuncias judiciales: el gobernador Axel Kicillof -el dirigente más ponderado de CFK- dedicó buena parte de su discurso del 2 de marzo en la Legislatura a demoler la gestión de María Eugenia Vidal. Un poco más moderado, Alberto Fernández también pronunció una vez la palabra “tierra arrasada”, leitmotiv kirchnerista que el ministro Tristán Bauer convirtió en documental.

En esa dirección podría interpretarse la decisión de la Justicia de intervenir el Correo Argentino -una empresa vinculada al apellido Macri-, a pedido de la fiscalía y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Hay más: el viernes Cristina Kirchner denunció a la exvicepresidenta Gabriela Michetti por “defraudación” y “negociaciones incompatibles” por contratos millonarios para obras que afirman se encuentran inconclusas. La denuncia fue formulada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, una sólida abogada que fue ariete del kirchnerismo durante la pelea por la Ley de Medios.

A propósito, desde Juntos por el Cambio en el Senado salieron a denunciar el viernes un avance del Frente de Todos contra los medios de comunicación. La denuncia la hizo un viejo conocido de Cristina, el radical santacruceño Eduardo Costa, quien habló de un “atropello a las instituciones y la violación de reglamentos internos” porque el Congreso dispuso la designación del camporista Rodrigo Rodríguez al frente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida fue adoptada por una resolución firmada el 4 de marzo por Cristina Kirchner y Sergio Massa, designando interinamente a Rodríguez -quien es además secretario administrativo de la Cámara baja- “hasta tanto sea conformada la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual”. Para Costa, lo que el gobierno busca es “avanzar sobre los medios de comunicación y afianzar el control de los medios  públicos”.

En líneas generales, podría decirse que el plan del gobierno es no pagar la deuda por cuatro años ” .

La buena estrella del domingo de apertura de sesiones menguó en los días hábiles siguientes, en los que la negociación con los bonistas por la deuda pareció complicarse, concluyendo la semana con el riesgo país a  2.414 puntos, luego de haber tocado antes el nivel elevadísimo post PASO. Está claro que los fondos que hablaron con el ministro de Economía no salieron demasiado convencidos. El reclamo de los acreedores, con el FMI a la cabeza, sigue siendo la necesidad de conocer el plan económico del gobierno. Y el gobierno dice que necesita arreglar  primero el tema de la deuda para definirlo. En líneas generales, podría decirse que el plan del gobierno es no pagar la deuda por cuatro años. Difícil convencer a alguien con eso.

Pero tampoco ayuda el contexto de un mundo conmovido por los efectos de la acelerada expansión del coronavirus. Como un deja vu de los peores años del kirchnerismo en el poder, el mundo se conmueve hoy ante el avance de un virus inquietante -como en 2009 pasó con la gripe A-, y el campo vuelve a movilizarse contra el aumento de retenciones -como en 2008-. Protagonista en aquel entonces en su condición de jefe de Gabinete, Alberto Fernández asumió siempre como un gran error el conflicto con el campo por la 125 y lo que menos quiere es revivir esa pelea. No es lo que se advierte en el ala más radicalizada del heterogéneo Frente de Todos, donde varios se entusiasmaron cuando se anunció un paro agropecuario de 4 días. Sin cortes de ruta, pero los tractores ya han traspasado las tranqueras.

Lejos de buscar calmar los ánimos, un empoderado Oscar Parrilli -encabezará la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia- se manifestó “orgulloso de que nos ataquen” desde el campo, al que responsabilizó por la crisis que vive el país; mientras que el dirigente social Juan Grabois hizo su aporte llamando “parásitos” precisamente al sector que financia los planes sociales que manejan organizaciones como la del amigo personal de Francisco.

Nada más incómodo que esas expresiones para el Presidente, para quien tampoco fue una buena noticia la libertad de Julio De Vido. Más allá de que la decisión judicial se enmarque dentro de lo que Fernández sostiene respecto de las prisiones preventivas, nada peor que el exministro -con el que nunca se llevó bien- proclamando que su libertad se la debe “al soberano pueblo argentino que echó al macrismo”. Dicho esto haciendo la “V” de la victoria, como se vio a la dirigencia partidaria el jueves, graficando la unidad en el Congreso del PJ en Ferro. Una unidad que algunos sugieren debería exhibirse ya no reeligiendo a José Luis Gioja, sino al propio Alberto Fernández, como exploró el titular del PJ porteño Víctor Santa María. Se verá. Mientras tanto, Jorge Capitanich no baja sus pretensiones, lo que representaría un empoderamiento del cristinismo.

Un cristinismo que tiene vida propia, más allá de lo que pueda haberse visto en el microestadio de Ferro. Ese mismo día se los vio celebrando los cuatro años de vida del Instituto Patria, el think tank del espacio. Con Parrilli encabezando el acto, anunciaron “el fin de la resistencia” y proclamaron que no van a diluirse “ahora que somos gobierno otra vez”. Por el contrario, se afirmó en los discursos que “gran parte de las medidas que viene tomando el gobierno tuvieron su gestación en el Patria”.

Una muestra más del peso de la compañera de fórmula de Alberto Fernández en esta administración, donde son cada vez más notorias las muestras de poder del sector. Por ejemplo con la designación de Federico Bernal al frente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Cristina personalmente pidió por él ante Alberto, quien prefería otro nombre, por considerar a Bernal muy identificado con De Vido. Ganó Cristina, y Bernal será el encargado de revisar el tema de las tarifas durante los últimos años: la rentabilidad de las empresas durante la era Cambiemos y sus inversiones.

Ese fue, precisamente, otro de los pasajes salientes de la exposición de CFK en La Habana, hace apenas un mes.

Luego que se publicara en el Boletín Oficial el DNU para reformar la Ley de Inteligencia Nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto donde se designan a los siete senadores que formarán parte de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

La integración de la comisión se completará cuando el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, haga lo propio y nombre a los siete diputados que se sumarán a ese cuerpo.

Por el Senado formarán parte Oscar Parrilli, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia y hombre de estrecho vínculo con la vicepresidenta. También por el Frente de Todos fueron designados el rionegrino Martín Doñate, el salteño Sergio “Oso” Leavy y el santiagueño Gerardo Montenegro.

En tanto, Juntos por el Cambio propuso a Juan Carlos Marino -quien hasta el año pasado presidió la bicameral-, Pamela Verasay y Oscar Castillo.

La presidencia, que estará en manos del oficialismo, corresponde este año a un diputado, ya que su último presidente fue un senador y el reglamento establece la alternancia entre ambas Cámaras.

El senador nacional Oscar Parrilli expresó que siente “orgullo” que los sectores del campo sean los “primeros” que “ataquen” al gobierno de Alberto Fernández, al referirse al paro anunciado por la Mesa de Enlace con motivo del aumento de las retenciones a la soja.

“Qué raro que el primer paro que le decretan a este Gobierno venga de donde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina”, apuntó el oficialista tras un encuentro en el Instituto Patria.

El legislador, hombre de confianza de Cristina Kirchner, subrayó que no le “gustan los paros”, pero ironizó que es un “orgullo” que ese sector “sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios”.

Por otro lado, el neuquino disparó contra los empresarios del “famoso círculo rojo, los formadores de precios, que siguen boicoteando al gobierno de Alberto y siguen aumentando indiscriminada e injustificadamente el precio de los alimentos”.

“Eso tienen que pararlo, porque van a seguir perjudicando al pueblo y nosotros no lo vamos a tolerar”, advirtió y concluyó: “Les exigimos que frenen y paren la mano, así no se va a reconstruir la Argentina; los vamos a denunciar y utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance”.

El senador nacional Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que propone topes a los intereses de las tarjetas de crédito. Acompañado por una veintena de legisladores oficialistas, la iniciativa busca modificar los artículos 16 y 18 de la Ley 25.065.

En diálogo con radio Nacional, el neuquino explicó este miércoles que se intenta “ponerle un límite a los intereses abusivos que están cobrando los bancos” y que “la tasa máxima que pueden cobrar sea la tasa de referencia del Banco Central, que es un 44%”.

“Los bancos no van a perder plata, pero por lo menos van a dejar de hacer usura y aprovecharse de los argentinos”, señaló el kirchnerista, que consideró: “Llegamos a esta situación por la política económica de Macri”.

Parrilli apuntó que el gobierno anterior dejó “endeudadas a las familias y la clase media se financia con las tarjetas de crédito”. “Los bancos creen que sigue gobernando Macri. Fueron cómplices y socios del macrismo, lucraron de una manera desmesurada”, sostuvo.

El proyecto establece que “la suma de las tasas de intereses compensatorios y punitorios y/o resarcitorios, en caso de corresponder, por financiación de saldos que apliquen las entidades bancarias y no bancarias, no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central de la República Argentina”.

“La misma será la tasa promedio adjudicada (Tasa de política monetaria- TPM) informada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina correspondiente a las Letras de Liquidez (LELIQ) o por la que el Banco Central determine como Tasa de Política Monetaria. Los Costos Financieros Totales producto de la financiación del saldo, en ningún caso podrán superar al que fije el Banco Central de la República Argentina a tal efecto”, agrega.

En los argumentos de la iniciativa, el senador señaló que “los planes de financiación de resumen generan una situación de ahogo financiero que agrava la economía de las familias, introduciéndolas en una rueda de pago de intereses que se acumulan, incrementando el monto debido y empujándolas a situaciones críticas de endeudamiento”.

Para el legislador, “es hora de que los bancos sean quienes realicen el esfuerzo necesario o atenúen su extraordinaria rentabilidad para poder salir de la situación de emergencia en la que se encuentra sumergida la economía argentina”.

Acompañaron con su firma el proyecto los senadores del Frente de Todos José Mayans -jefe del bloque-, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Mariano Recalde, Jorge Taiana, Carlos Caserio, Juan Mario Pais, Adolfo Rodríguez Saá y Alfredo Luenzo, entre otros.

El senador nacional Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que propone topes a los intereses de las tarjetas de crédito. Acompañado por una veintena de legisladores oficialistas, la iniciativa busca modificar los artículos 16 y 18 de la Ley 25.065.

En diálogo con radio Nacional, el neuquino explicó este miércoles que se intenta “ponerle un límite a los intereses abusivos que están cobrando los bancos” y que “la tasa máxima que pueden cobrar sea la tasa de referencia del Banco Central, que es un 44%”.

“Los bancos no van a perder plata, pero por lo menos van a dejar de hacer usura y aprovecharse de los argentinos”, señaló el kirchnerista, que consideró: “Llegamos a esta situación por la política económica de Macri”.

Parrilli apuntó que el gobierno anterior dejó “endeudadas a las familias y la clase media se financia con las tarjetas de crédito”. “Los bancos creen que sigue gobernando Macri. Fueron cómplices y socios del macrismo, lucraron de una manera desmesurada”, sostuvo.

El proyecto establece que “la suma de las tasas de intereses compensatorios y punitorios y/o resarcitorios, en caso de corresponder, por financiación de saldos que apliquen las entidades bancarias y no bancarias, no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central de la República Argentina”.

“La misma será la tasa promedio adjudicada (Tasa de política monetaria- TPM) informada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina correspondiente a las Letras de Liquidez (LELIQ) o por la que el Banco Central determine como Tasa de Política Monetaria. Los Costos Financieros Totales producto de la financiación del saldo, en ningún caso podrán superar al que fije el Banco Central de la República Argentina a tal efecto”, agrega.

En los argumentos de la iniciativa, el senador señaló que “los planes de financiación de resumen generan una situación de ahogo financiero que agrava la economía de las familias, introduciéndolas en una rueda de pago de intereses que se acumulan, incrementando el monto debido y empujándolas a situaciones críticas de endeudamiento”.

Para el legislador, “es hora de que los bancos sean quienes realicen el esfuerzo necesario o atenúen su extraordinaria rentabilidad para poder salir de la situación de emergencia en la que se encuentra sumergida la economía argentina”.

Acompañaron con su firma el proyecto los senadores del Frente de Todos José Mayans -jefe del bloque-, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Mariano Recalde, Jorge Taiana, Carlos Caserio, Juan Mario Pais, Adolfo Rodríguez Saá y Alfredo Luenzo, entre otros.