El legislador del Pro llamó a “impedirlo antes de que sea tarde”.
El martes próximo se ha citado a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar un proyecto de modificación a la ley de Ministerio Público. “Así expresado, puede no parecer algo trascendente para la vida cotidiana de los argentinos. Y sin embargo, es crucial”, alertó este sábado el diputado Jorge Enríquez.
“El kirchnerismo quiere suprimir por ley la independencia que la Constitución le otorga a ese órgano. Rebajando la mayoría necesaria para su designación, el procurador General será un mero militante que no velará por la legalidad sino por la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces”, afirmó el diputado nacional del Pro.
Agregó Enríquez que “como jefe de los fiscales federales sin dudas impulsará la persecución de quienes se opongan a la construcción de un populismo autoritario. Hay que impedirlo antes de que sea tarde”.
Fue luego de que el flamante ministro de Justicia apuntara contra el procurador Casal. Legisladores de Juntos por el Cambio insisten en frenar el proyecto del oficialismo.
Diputados y senadores de la oposición rechazaron las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, contra el procurador interino Eduardo Casal, y llamaron a rechazar la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a El Destape Radio, Soria denunció que Casal “es insostenible” en el cargo ya que “hace más de tres años que no está respetando la ley”.
Respecto de la reforma del Ministerio Público, sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley” y que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.
Frente a estos dichos, el senador nacional y jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, remarcó que “la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los derechos humanos de los argentinos”.
“Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”, consideró el legislador.
A su vez, el titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que Soria “quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado, y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo”.
El cordobés sentenció que en el kirchnerismo están “obsesionados con la impunidad”.
Por su parte, el diputado del Pro Jorge Enriquez ironizó: “Debutó el ‘ministro de aprietes a la Justicia’ haciendo los deberes que le piden. Dice que la situación de Casal al frente de la Procuración es insostenible. Falso: lo sostiene la ley”.
Enriquez recordó que el pliego del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, se encuentra trabado en el Senado: “La falta de designación de un nuevo procurador se debe a las feroces internas del oficialismo. Que se pongan de acuerdo entre ellos, porque un país desgobernado de esa forma sí es insostenible”.
En el mismo sentido se expresó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica: “Lo que no entiende Soria es que Casal es un funcionario de carrera y que quien no quiere aprobar el pliego del candidato propuesto por el presidente es su vice y su bloque. Tensionan las instituciones a lo patota, mientras los argentinos peleamos contra la pandemia y la crisis”.
Asimismo, el diputado radical Luis Petri consideró que “insostenible es la reforma al Ministerio Público Fiscal que impulsan, que no respeta la independencia con autonomía funcional que le otorga la Constitución”.
Tras exigir al oficialismo que retire el proyecto, Petri insistió: “Es clave el rechazo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Esa es la trinchera de la República. Ahí se detiene la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal”.
La reforma propuesta por el oficialismo, que ya cuenta con aprobación del Senado y está pendiente de tratamiento en Diputados, flexibiliza la mayoría necesaria para nombrar al procurador (de dos tercios a la mitad más uno de los votos) y fija un límite de cinco años para ocupar el cargo, hoy vitalicio.
Fue durante una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. También se aprobó por unanimidad el informe anual de la comisión.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside Martín Doñate (Frente de Todos) se reunió este jueves por videoconferencia para poner en conocimiento documentación remitida por el Ministerio Público Fiscal y otros organismos en respuesta a las notas presentadas por los integrantes de la comisión.
“Queremos poner en conocimiento y notificar, a cada uno de los integrantes de la bicameral, todas las respuestas que hemos recibido de la última reunión, donde también se enviaron pedidos de informes a distintos juzgados y organismos públicos”, afirmó Doñate.
Y agregó: “La idea es que se den por ingresados, se tome conocimiento, y luego de ese estudio que harán en los próximos días convocar a una reunión a partir de lo que inspiren esas informaciones”.
En la reunión también se presentó el informe anual de las actividades realizadas en la bicameral y se avaló el reemplazo de Luis Naidenoff (UCR) por su par Julio Martínez.
La iniciativa que, entre otros puntos, modifica la mayoría necesaria para la designación del procurador y acota el mandato a cinco años, fue votada por 42 votos a favor y 27 en contra. Pasa a la Cámara de Diputados.
Tras un debate de más de cuatro horas, el oficialismo se alzó este viernes en el Senado con la media sanción del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, tras una votación que resultó con 42 votos a favor y 27 en contra.
A los senadores del Frente de Todos lo acompañaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), impulsor de una iniciativa que se tomó como base para el dictamen.
En tanto, con fuertes críticas en sus discursos, el proyecto fue rechazado por los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que actúan en conjunto en casi todos los temas.
La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, modifica la mayoría necesaria para designar al procurador, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- de la Cámara alta. Además, limita el mandato, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
Antes de votar el dictamen, el miembro informante, Oscar Parrilli anunció una serie de modificaciones introducidas que a continuación leyó el senador Martín Doñate. Entre las mismas figura la integración del jurado de concurso, que “será presidido por el o la procuradora general de la Nación, o por un o una magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación; estará integrado además por un fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación; por un/una abogada de matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público, y por un/una jurista invitado/a”.
En cuanto a los traslados, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal no podrán ser trasladados sin su conformidad fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al arrancar el debate, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.
Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.
Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar’”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Pro) resumió la idea del proyecto oficialista en esta frase: “La acusación soy yo”. Y advirtió que si es aprobado, “los fiscales van a hacer aquello que los mantenga en el cargo… hay que agradar al poder político. Algún día se van a encontrar con la peor de las retribuciones, que es la revancha de los obsecuentes”.
Por el contrario, el senador opositor aclaró que “a nosotros lo que nos interesa defender es a los funcionarios libres, que actúan con independencia e interés de la ley; a los corsarios de todos los gobiernos no los vamos a encubrir absolutamente para nada, y ustedes actúen como quieran, como puedan, pero siempre dentro de la ley”.
Luego parafraseó al exsenador Jorge Yoma al señalar que “algo le pasa al oficialismo: cuando las cosas las pueden hacer mal, las hacen inexorablemente mal”. En ese sentido, citó los problemas constitucionales que tiene “la reforma del Consejo de la Magistratura, que está desde hace años en manos de la Corte Suprema para su análisis. Algo ocurre que este tipo de cosas no les salen bien: esos niveles de análisis constitucionales no los pueden traspasar”.
Martínez enfatizó entonces: “Lo único que necesitamos son fiscales independientes; ustedes lo único que figuran son decisiones de fiscales contenidos o asustados merced esta ley”.
También en contra de la iniciativa, su par Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”.
Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.
“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, opinó la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
En otro tramo, la legisladora resaltó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.
Más tarde, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) afirmó que “este proyecto va absolutamente en contra de la independencia que la Constitución nos exige respetar” en el Ministerio Público Fiscal y, al asegurar que desde muchos sectores han alertado sobre eso, hizo mención a palabras propias del presidente Alberto Fernández en su libro “La justicia acusada”.
Citando a Fernández, la radical leyó que sobre el Ministerio Público el mandatario sostuvo en su libro que “es clave hablar de autonomía, tiene y debe que actuar sin injerencia”, además de considerar que “será vulnerado si mantiene algún nivel de dependencia con otro poder del Estado”.
La opositora se quejó de que “este es el proyecto que pone el oficialismo” aunque quieren “hacer parecer que tiene como génesis a otros proyectos presentados por la oposición, y no es así”. La iniciativa “vulnera sin ninguna duda la figura del procurador general, pero también le quita estabilidad a todos los fiscales de la Argentina”, agregó.
“Casal ha sido propuesto por ustedes y cuando la procuradora (Alejandra) Gils Carbó renunció, la ley ha determinado que esté en el lugar que está”, subrayó y defendió que “no le han podido encontrar nada, a pesar de que le inventaron de todo”.
“Con estas modificaciones estamos precarizando el Ministerio Publico Fiscal, en contramano de lo que busca nuestra Constitución, que es la autonomía e independencia del poder de turno”, advirtió Julio Cobos, para quien “realmente no se entiende la propuesta de elegir al procurador y el defensor con mayoría absoluta, es un atajo sin sentido, que además provoca mayor inestabilidad, porque si anteriores procuradores que contaban con acuerdos de dos tercios podrían llegar a tener presiones, imaginemos un procurador que tiene que convivir con este nuevo sistema de elección dependiente de un partido político”.
Desde la vereda contraria, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) enumeró todos los proyectos sobre los que se trabajó antes de llegar al dictamen, recordando el de 2017 correspondiente a Federico Pinedo y Miguel Pichetto, entre otros, establecía la elección del procurador por mayoría simple, destacando que entonces no escuchó las críticas que hoy se enarbolan desde la oposición.
“Algunos creen que (la Procuración) es un extrapoder, algunos hablan de un cuarto poder, pero eso no significa que no deba ser controlado”, dijo, enfatizando el contralor que “sin lugar a dudas se debe llevar adelante y lo ejerce esta Comisión Bicameral Permanente”, criticando a los senadores que cuestionan ese papel.
Luego la emprendió contra Casal, acusándolo de “haber utilizado ese cargo para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”. Pidió entonces discutir “cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina”.
“¿Creemos que son razones jurídicas las que obturan la democratización de la Justicia, o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o hay otras razones que tienen que ver con el poder o la distribución del poder?”, se preguntó en otro pasaje la santafesina, que continuó: “¿Por qué tanto miedo por el control que tiene que llevar adelante el Parlamento de la Nación?”.
Y añadió: “También me parece que este proyecto está planteando algunos temas que son centrales, como por ejemplo el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera. Esto es parte de lo que nosotros entendemos que sirve para acercar a la sociedad el Ministerio Público”.
En otro pasaje se refirió al tema de los dos tercios: “Es necesario que se relajen esas mayorías, de lo contrario vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la República Argentina un procurador interino”, disparó.
El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “acá no hay un proyecto de modificación institucional, es el intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle al oficialismo mayor control, no a la gente como dicen, al oficialismo”, y subrayó que “solo tres expositores de 16 en la Comisión dijeron que no le daban importancia a la mayoría de dos tercios y ninguno sugirió modificar los mecanismos de remoción”.
“Me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio como darle más legitimidad y más autonomía al procurador”, sostuvo Lousteau y consideró que “se gana poder pero se corroe la institucionalidad que se quiere preservar, de hecho el próximo procurador tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría: alguien al que no se le cree, o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar transparencia?”, le preguntó a la bancada oficialista.
Muy crítico, el senador kirchnerista Martín Doñate aseguró que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.
“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.
En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.
Luego de criticar duramente el proyecto puesto en debate, el senador Esteban Bullrich lo dio por aprobado, pero advirtió que “cuando esta mayoría cambie, vamos a modificar esta ley”.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que “hemos aprendido mucho que el delito evoluciona y también las instituciones que persiguen el delito tienen que evolucionar para cumplir nuestro objetivo que es el acceso a la justicia y la protección de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo cual hemos trabajado más de un mes para llegar a este resultado”.
“¿Por qué es fundamental que avancemos hoy en esta reforma?”, se preguntó, afirmando que “con esta iniciativa venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, donde el que preside ese órgano ha sido designado de manera interina hace tres años. Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”.
Negó que el Gobierno quiera controlar a los jueces y fiscales y llamó en cambio a leer la Constitución, en cuanto a que “no existe la autorregulación de los jueces” y es el Congreso de la Nación “el encargado de organizar al Poder Judicial y a la Procuración General de la Nación”, destacó.
Para la senadora mendocina “este dictamen que hemos consensuado le da una herramienta a la Procuración para agilizar el sistema de justicia”, valorando la eliminación del cargo vitalicio para el cargo. Se preguntó entonces por qué los legisladores se someten al escrutinio de la gente, y los fiscales y defensores generales de la Nación no puedan venir al Congreso porque “ustedes se oponen”, en referencia a la oposición. “¿Está mal que el Congreso controle al que debe perseguir el delito?”.
Autor de uno de los proyectos que antecedieron al dictamen puesto a consideración, el senador rionegrino Alberto Weretilneck replicó a las críticas que desde la oposición se le hicieron a su iniciativa, la cual, dijo, “tiene como finalidad mejorar uno de los órganos más importantes como es el Ministerio Público Fiscal. Responsable de la situación de descrédito que tiene el Poder Judicial”, sostuvo.
“Por lo tanto defiendo a mi proyecto, acepto a regañadientes las modificaciones que ha realizado el oficialismo”, dijo, y replicó las críticas de la oposición recordándoles el proyecto que habían impulsado desde Cambiemos en 2016, que tenía muchas de las cosas que hoy cuestionan.
En sus críticas incluyó al fiscal Carlos Rívolo, por haber cuestionado los últimos días el contralor que se pretende aplicar, negando en ese sentido que se vaya a perseguir a los fiscales. “Quienes acusan son fiscales”, aclaró. “Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con desnaturalizar la independencia del Poder Judicial, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con querer influir con decisiones que tengan que ver con el incumplimiento de la ley; lo que hay es una toma de mecanismos de control por parte del Congreso de la Nación en las facultades que nos da la Constitución”, remarcó.
A la hora de los cierres, el senador salteño Juan Carlos Romero sostuvo que quienes impulsan ese proyecto “están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad, sumado a la revancha y la venganza que tan bien ejerce el oficialismo y su vocero, como el miembro informante del oficialismo”.
Consideró “deshonesto” haber tomado como base proyectos de la oposición para avanzar con el dictamen puesto a consideración, y cuestionó la eliminación de los 2/3 necesarios para votar al titular de la procuración.
“Para el oficialismo, la justicia buena es la que le da la razón; y la justicia que no es buena es la que no le da la razón, es una justicia que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número, son capaces de hacer cualquier cosa y esta es una muestra de lo que están dispuestos a hacer en la búsqueda de la impunidad a través de la revancha y la venganza”, enfatizó.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, estimó que “hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el Ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.
Citó luego al senador Martín Doñate, que había dicho que “los dos tercios son impracticables”. “No, no es impracticable -aclaró-. Esto tiene que ver con lo que se siente y percibe en función de los criterios democráticos”.
El presidente del bloque JxC concluyó diciendo que “lamentablemente una vez más, como viene ocurriendo en los últimos años, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia, y será la Corte la que al final del camino termine declarando esta ley, si se termina aprobando -cosa que dudo en la Cámara de Diputados-, como inconstitucional. Por lo tanto, más allá de todas las discusiones, tropiezan con la misma piedra. Les fue muy mal y no aprenden, será la Justicia la que encauce y ponga freno a un poder desenfrenado”.
En el cierre del debate de la reforma de la Ley del Ministerio Público, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dedicó la mayor parte de su discurso a referirse al proyecto que en 2017, durante la gestión Cambiemos, llevaba las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Angel Rozas, entre otros. “Esta es la inspiración que tienen estos cambios”, afirmó el senador formoseño, citando también las iniciativas presentadas por los senadores Martín Lousteau, Lucila Crexell y Alberto Weretilneck.
Se refirió luego a Alejandra Gils Carbó, a quien -sostuvo- “Macri decidió echarla”. Y agregó: “Teníamos una procuradora elegida por los dos tercios, que debía durar mientras durara su buena conducta… Pero había un plan internacional contra todos los que representaban los movimientos populares”, señaló, citando a Lula y hasta (Fernando) Lugo en Paraguay. “Era una estrategia que no estaba pensada solo para la Argentina; era muy amplia: proteger al poder económico, el esquema de usura, los fondos fuera del país, y un ataque al sistema político, al adversario”, denunció.
En su discurso, Mayans se refirió incluso a los arrepentidos, afirmando que eran obligados a acusar a Cristina Kirchner. “Eso fue lo que pasó con la Justicia argentina. Esto está dentro de ese plan de desprestigio”, agregó, asegurando que muchos legisladores de la oposición “tienen algunos periodistas que les dicen lo que tienen que decir. Yo leo el domingo lo que dicen los periodistas y sé lo que van a decir ellos el jueves… Y algunos lo repiten mal”, ironizó.
Así lo expresó la macrista Laura Rodríguez Machado durante el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal, y aseguró que la nueva ley tiene como objetivo “lograr la impunidad” y “poner de rodilla a los fiscales argentinos”.
La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo este viernes que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”, durante el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.
“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, consideró la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
La legisladora enfatizó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.
Rodríguez Machado alertó que “inventaron un nuevo juicio para remover al procurador”, con lo cual pronosticó que “en breve es lo que se viene” -el juicio a Casal-. En ese sentido, explicó que en el proyecto “ante una vacancia (del procurador), se puede cubrir con un fiscal coordinador de distrito, que hay dos, son Laura Monti y (Víctor) Abramovich”.
Sobre este último, resaltó que “es miembro del CELS, eso no tiene nada de malo que sea del riñón de (Horacio) Verbitsky; es miembro de Justicia Legítima; y ha sido docente con una dirección del senador (Jorge) Taiana en la universidad”.
En su discurso, la macrista continuó: “Supongamos que con esta mayoría simple logren colocarlo a Rafecas… también con este instrumento lo van a tener pendiendo de un hilo, a ver si Rafecas continúa o no como procurador”. “Todos sabemos, o por lo menos es vox populi en los pasillos, que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta, que va a poner otro”.
Luego, al repasar puntos de la iniciativa, la cordobesa advirtió que de acuerdo a la reforma “el Tribunal de Enjuiciamiento puede actuar incompleto”, con lo cual “pueden sacar a los fiscales como se les ocurre”, y observó que esto “es un mensaje para (Carlos) Stornelli” porque “hace rato quieren bajar la causa cuadernos, es una preocupación para la vicepresidenta”.
“Los fiscales independientes tengan la certeza que tienen un bloque de senadores que va a velar por la independencia del Ministerio Público Fiscal”, expresó y adelantó que harán “las denuncias donde las tengamos que hacer”. “Viene el embate por Casal, por sacarle poder a Rafecas, por poner de rodillas a los fiscales”, concluyó.
El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales defendió el proyecto de reforma del Ministerio Público y dijo que la discusión “no se trata de Rafecas sí, Rafecas no, sino de Casal sí, Casal no”.
En el comienzo del debate del proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, el senador Oscar Parrilli acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.
Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.
Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar'”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.
En defensa del proyecto, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales destacó la propuesta para que el nuevo procurador esté obligado a presentarse ante el Congreso y hacer saber cuál será su plan de criminalidad.
En ese sentido, afirmó que varios expositores que concurrieron a dar su opinión coincidieron en que “era necesario que el Parlamento intervenga, colabore y trabaje en conjunto con el procurador para perseguir las actividades ilícitas”.
Por eso, el legislador insistió que hay una “necesidad de que exista un procurador con un plan nacional de criminalidad, y que ese plan sea evaluado por el Congreso, supervisado, y sea exigido su cumplimiento”.
“Esto no tiene nada que ver con una interferencia para decirle ‘usted haga tal cosa en una causa'”, subrayó y, entre otros aspectos, remarcó la reforma para prohibir que el procurador “pueda valerse de la Agencia Federal de Inteligencia para hacer espionaje interno”.
Sobre la duración del cargo del jefe de los fiscales, el senador del Frente de Todos señaló que “la Constitución no habla de que el procurador sea vitalicio”. “Solo hay dos países en América Latina donde el procurador tiene cargo vitalicio, Cuba y Argentina, ahora solo quedará Cuba”, agregó.
Al respecto de los votos necesarios para su designación, un tema que “ha generado algunas suspicacias”, manifestó, Parrilli argumentó que “como ya no es vitalicio no nos parece conveniente que ya no tenga los dos tercios”. “No estamos diciendo que no busquemos los dos tercios. La ley no prohíbe los dos tercios”, aclaró y apuntó que será elegido con “mayoría absoluta, 37 miembros, no mayoría simple como se dijo”.
“Los que dicen que nosotros queremos copar la Procuración se callaban la boca cuando el DNU de Macri le sacaba la autonomía financiera (al Ministerio Público), cuando perseguían a (Alejandra) Gils Carbó, o cuando removían a (Juan Pedro) Zoni”, reprochó.
Y completó diciendo que “nos acusan a nosotros que vamos a hacer, cuando nunca en el pasado lo hicimos, las cosas que ellos hicieron”, como “intentar manipular a la Justicia”, cargó.
También, en su discurso, el neuquino cuestionó a la oposición porque “se alzan voces en defensa de esas leyes” -sancionadas bajo el gobierno kirchnerista-, cuando “todos lo que hoy la defienden, la votaron en contra, en aquel momento”.
Además, defendió que la exprocuradora Gils Carbó fue designada con el respaldo del “92% de los senadores”, y repasó la “despiadada, brutal y feroz persecución” que vivió durante el gobierno de Cambiemos.
“Terminó renunciando, en diciembre de 2017, porque en octubre de ese año, en connivencia con sectores del Poder Judicial, un gran diario publicó el teléfono de su hija, y le empezaron a llover las amenazas e intimidaciones de todo tipo. Finalmente terminó renunciado porque estaba en riesgo y juego no solamente la estabilidad en el cargo, sino la seguridad de su hija y toda su familia”, añadió.
Y criticó que “nombraron como interino a Casal” porque “no les convenía buscar un procurador que representara a todos los sectores políticos”.
La Cámara alta se reúne desde las 14.20. El proyecto prevé la modificación de la mayoría necesaria para designar al procurador, además de acotar su mandato, entre otros puntos. También se votarán iniciativas consensuadas.
El Senado realiza desde las 14.20 la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de flexibilizar la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador -pasando de dos tercios a la mitad más uno-, y de acotar el mandato a cinco años.
El Frente de Todos, con ayuda de aliados, se encamina a dar media sanción a la iniciativa para girarla a la Cámara de Diputados, mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales.
El proyecto recibió dictamen favorable hace una semana, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) -pese a la resistencia de éstos-, sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente.
Además de modificar la mayoría necesaria para la designación del procurador y limitar su mandato -hoy vitalicio-, el texto introduce varias reformas importantes.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
Por otra parte, el Senado tratará un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.
Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.
El Frente de Todos buscará aprobar este viernes en el Senado el proyecto que modifica la Procuración General. Punto por punto, un repaso por el proyecto.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos intentará aprobar este viernes en el Senado el proyecto de ley que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, mientras sigue congelada la designación del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales de la iniciativa:
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general- por un fiscal seleccionado por sorteo público, dos juristas invitados y un integrante de la bicameral. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado, y la bicameral no tiene representación.
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
La Cámara alta sesionará este jueves para aprobar las modificaciones en torno a la figura del procurador general, y el viernes se debatirá el proyecto para que los acuerdos con el FMI deban pasar por el Congreso. Además, se tratarán numerosos temas consensuados, al filo del cierre del período ordinario.
Al filo del cierre del período ordinario, que termina el próximo lunes 30, el Senado tendrá doble sesión, este jueves y viernes, para tratar dos proyectos clave: las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar el modo de selección del procurador general y acotar su mandato, y el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa.
Las dos sesiones se acordaron en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, y si bien circuló la versión de que la actividad legislativa podía suspenderse por el duelo nacional decretado por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, las convocatorias siguen en pie.
El jueves se celebrará una sesión ordinaria, a partir de las 14, donde el principal tema será el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa recibió dictamen favorable el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el oficialismo realizó un agregado al texto original, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.
El segundo proyecto relevante para el Frente de Todos se debatirá en la sesión del viernes y tiene que ver con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador en el Senado -pasando de dos tercios a la mitad más uno de los presentes-, aunque para la remoción se mantendrá la mayoría especial.
La discusión se da mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales, quien meses atrás pidió mantener la mayoría agravada para su designación, aunque el Frente de Todos no tenga los votos porque la oposición rechaza el pliego.
El oficialismo consiguió el dictamen favorable el viernes pasado, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente
En ambas sesiones se tratarán además proyectos consensuados que cuentan con dictamen, ya que el lunes termina el período ordinario y todavía no se firmó la prórroga, como tampoco se convocó a extraordinarias, a pesar de las versiones que indican que así será.
En la sesión del jueves se tratarán una serie de pliegos judiciales, transferencias de inmuebles, declaraciones de días nacionales y monumentos históricos nacionales.
También se votará un proyecto para avanzar en la historia clínica digital; una modificación a la Ley de Tránsito referida a la circulación de vehículos de emergencia; y otra modificación a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referida a la realización de jornadas de concientización en colegios.
El viernes, en tanto, se buscará aprobar un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.
Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá este viernes y el Frente de Todos buscará firmar dictamen sobre los cambios en la Procuración General. Qué dijeron los expertos que asesoran al presidente.
Tras el veredicto del consejo asesor del Gobierno en materia judicial, el Frente de Todos buscará avanzar en el Senado con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría para nombrar al procurador general y fija un límite temporal para su mandato.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, se reunirá este viernes a las 10 y la intención del oficialismo es firmar dictamen favorable, luego de la ronda de consultas con especialistas.
El bloque buscaría que el procurador general -cargo para el cual fue nominado el juez Daniel Rafecas- sea designado en el Senado con mayoría absoluta -37 votos- y no dos tercios -48 votos-, tal como indica la ley actual.
Asimismo, se fijaría un límite de cinco años para el mandato del jefe de los fiscales -que hoy es vitalicio-, prorrogables por otros cinco.
Esas modificaciones son las que tomó el senador Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) en el proyecto que presentó en los últimos días y que el Frente de Todos ve con buenos ojos, más allá de las antiguas iniciativas de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).
Weretilneck también propone modificar el mecanismo de remoción del procurador, que hoy se basa en el procedimiento del juicio político.
Este miércoles se conoció la opinión -no vinculante para el Gobierno- del consejo asesor en materia judicial, integrado por Claudia Sbdar, Andrés Gil Domínguez, Carlos Beraldi, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, León Arslanián, Inés Weinberg de Roca, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Raúl Ferreyra y Omar Palermo.
Según difundió el portal Infobae, el tema de la mayoría para designar al titular del Ministerio Público Fiscal dividió aguas entre los juristas: mientras que una mitad optó por mantener los dos tercios, la otra mitad -incluyendo a Beradi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner- se inclinó por la mayoría absoluta.
Por otra parte, hubo una clara mayoría a favor de limitar el mandato del procurador, y en ese marco la propuesta que tuvo más asidero fue la de cinco años, renovables por el mismo período.
El presidente Alberto Fernández ya recibió el documento -de unas 800 páginas-, que también será material de debate este viernes en el Senado.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó a expertos y sumó el proyecto del rionegrino Weretilneck. Se pasó a un cuarto intermedio para la firma del dictamen, a la espera de la opinión del Consejo Asesor del Gobierno en materia judicial.
El oficialismo avanzará en las próximas horas con la letra fina de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, luego de que finalizara este lunes la ronda de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli (Frente de Todos).
Además de los proyectos de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), se sumó ahora el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que acota el mandato del procurador general a cinco años y flexibiliza la mayoría necesaria para la designación, pasando de dos tercios a mayoría absoluta del Senado.
La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles y Parrilli informó que antes de la firma del dictamen esperan contar con la opinión del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial.
Nicolás Becerra, doctor en Derecho Penal y primer procurador general nombrado tras la reforma constitucional de 1994 relató: “La lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años, muy enquistada en el Poder Judicial, donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado inquisitivo, y donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos”.
“Era muy común oír a los jueces hablar de ‘mi fiscal’, ‘mi defensor’”, comentó, y prosiguió: “Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de convencer tanto a defensores como a fiscales de que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica casi en espejo con el Poder Judicial”.
De esa forma, afirmó Becerra, “se comenzó a desandar un camino arduo de formación y de organización de un Ministerio Público que poco a poco fue robusteciéndose”.
El especialista sostuvo que “el procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, y puso como ejemplo su propio caso: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó”.
Respecto de los proyectos en debate, se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De La Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció.
“La etapa que viene, donde el modelo acusatorio terminará de instaurarse, requiere una conducción firme, consolidada, con un acuerdo y un respaldo políticos suficientes”, subrayó Becerra.
A su turno, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho de la UBA y profesor de Derecho Constitucional, consideró que “la discusión no puede empezar por el final, dando la receta, sin discutir qué es lo que queremos con la reforma”, y en ese sentido fue crítico con los proyectos de Lousteau, Crexell y Weretilneck, que “deberían ser replanteados”.
“No se trata de escoger, como si fuera una excusa, cualquier razón general, para proyectos que ya venían de antemano”, advirtió, y además sostuvo que las iniciativas son en algunos aspectos “llamativa, provocativa o exageradamente opuestas a la Constitución”.
Gargarella explicó que los proyectos se centran en la designación y en la remoción del procurador “descuidando todo lo que es importante, que es lo que está en el medio”.
“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el experto, y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”.
Por su parte, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, lamentó que la reforma constitucional de 1994 “en vez de resolver problemas, ha generado muchísimos problemas”, ya que “quedó a medio camino, está incompleta y eso genera tensiones”.
“El constituyente del ’94 no consiguió ponerse de acuerdo en instituciones fundamentales”, alertó, y en ese sentido afirmó que “guarda silencio” sobre aspectos importantes de la Procuración, como el nombramiento de su titular.
Risso aseguró que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.
“El legislador no puede establecer condiciones más gravosas que las que establece la propia Constitución, por eso es que una ley no puede establecer una mayoría agravada cuando el constituyente no lo ha dicho”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que “la legitimidad de origen no tiene que ver con las mayorías parlamentarias”, sino que refiere a “un respaldo de la estructura política, pero este respaldo no deja de ser un respaldo coyuntural, porque toda estructura política es coyuntural”.
El especialista puso como ejemplo que Gils Carbó “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”, y por eso pidió basarse en “la legitimidad de ejercicio” y no en la de origen.
Respecto de la perpetuidad en el cargo, advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.
En tanto, Fernando Díaz Cantón, profesor de Derecho Penal y Criminología y autoridad de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) indicó que “el fiscal ha recobrado en el sistema acusatorio un poder enorme sobre la decisión del caso”, y a diferencia de otros poderes del Estado “que tienen varios jefes, éste tiene un único jefe”.
Díaz Cantón señaló que el poder del procurador “puede hacer que se convierta en la espada del poder político para la persecución de adversarios políticos y a su vez en el escudo protector de la propia tropa”.
“Es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”, planteó, y agregó que “más allá de la legitimidad de ejercicio, los mecanismos de designación y destitución son fundamentales para evitar esos desvíos”.
En ese marco, se mostró en contra de modificar la mayoría para el nombramiento y sugirió mantener los dos tercios para esa instancia, y por otra parte coincidió en la necesidad de acotar el mandato a “cinco o seis años”.
Díaz Cantón también cuestionó -como propone Weretilneck- que el incumplimiento de la rendición de cuentas ante el Congreso sea una causal de mal desempeño para la destitución, dado que sería “una injerencia indebida de un poder en otro”.
La fiscal federal Mónica Cuñarro, especialista en Derecho Penal y en género, señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”.
Cuñarro coincidió en que la mayoría de dos tercios sirvió como respaldo al procurador, por ejemplo, para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -como hizo Becerra- o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el resto del mundo”, destacó.
Respecto de si los legisladores pueden o no establecer una mayoría no estipulada en la Constitución, consideró que “es una decisión política, pero la Convención Constituyente no dio cheques en blanco, así como los jueces tampoco tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional”.
La fiscal además indicó que “esta discusión no puede estar afuera del problema que le ha tocado al Ministerio Público en la relación espuria con los servicios de Inteligencia”, y “tampoco puede estar aislado del tema del sistema acusatorio”.
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”.
En esa línea, dijo que el proyecto de Weretilneck, en lo referido al tribunal de enjuiciamiento para la remoción, aumenta sus integrantes de siete a nueve, pasando de uno a tres representantes del Poder Legislativo, y estableciendo que los fiscales también podrán ser removidos por mayoría absoluta -cinco votos- al igual que el procurador.
“Los dos tercos no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.
El último expositor fue el abogado Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien consideró que “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador, ya que esa regulación está ausente en el artículo 120.
“Los dos tercios son más que nada una construcción desde la jurisprudencia en el sentido de que aseguran una autonomía del Ministerio Público, pero en lo personal creo que no asegura la autonomía”, se diferenció Erbes, al poner como ejemplo que “Gils Carbó fue nombrada como marcaba la ley orgánica pero sufrió persecución política y terminó renunciando”, y “el procurador interino ya lleva bastante tiempo y ni el gobierno anterior ni el actual han logrado nombrar un nuevo procurador con los dos tercios”.
El rionegrino defendió este lunes, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del jefe de los fiscales y flexibilizar la mayoría para su nombramiento.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) defendió este lunes, al participar de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del procurador y flexibilizar la mayoría para su nombramiento, y pidió a la Cámara alta que el futuro jefe de los fiscales sea designado con la nueva ley ya sancionada.
“Yo comparto que en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”, sugirió Weretilneck, en línea con el oficialismo, antes de que comenzara la última reunión informativa de la comisión presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos), con la participación de especialistas.
El rionegrino explicó que el suyo “no es un proyecto original, porque de una u otra manera toma distintos proyectos que anteriormente se trabajaron en el Congreso, toma opiniones y posturas políticas públicas de la actualidad, y también toma experiencias internacionales”, como por ejemplo la de Estados Unidos, con “un plazo prácticamente igual al del presidente” y “mayoría absoluta” para designar al procurador.
“Cuesta encontrar en las Constituciones de otros países el cargo vitalicio. Es muy difícil encontrar una figura de procurador que tenga perpetuidad”, comentó, y agregó que “la propuesta de cinco años es acorde a lo que las constituciones han planteado para el resto del mundo”.
Weretilneck sostuvo que “todos están planteando esta necesidad de períodos más cortos, y como consecuencia, cambiar la mayoría para elegirlo”. “El hecho de ser por un plazo no tan exagerado amerita una mayoría absoluta”, insistió.
El senador repasó algunos aspectos de su iniciativa y destacó que, por ejemplo, se regulan los traslados “de una manera clara” tras lo sucedido con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En cuanto al tribunal de enjuiciamiento para la remoción del procurador, resaltó que en su proyecto solo uno de los nueve integrantes será del Poder Ejecutivo; los restantes serán tres por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos abogados de matrícula federal y dos fiscales generales.
“Todas aquellas acciones de organismos del Estado que no se evalúan, terminan devaluándose. A nadie le debe molestar el control”, dijo el autor del proyecto, donde adquiere un rol importante la comisión bicameral, actualmente presidida por el oficialista Martín Doñate.
Weretilneck enfatizó que “hay que pensar una ley para todas las circunstancias, no para el gobierno de hoy”, y consideró que una reforma “va a permitir poner fin a lo que ha sucedido con la doctora (Alejandra) Gils Carbó” en adelante. “Al plantear los cinco años, evita este tipo de circunstancias”, dijo.
Asimismo, opinó que “en un plazo de cinco años, cuando vaya intercalándose con distintos presidentes, pensaremos que es más fácil que se terminen los cinco años a empezar el camino de la destitución”.
“La institucionalidad de nuestro país ya no soporta más que la Procuración no tenga la persona designada de acuerdo al Congreso”, aseguró, y por último pidió a sus pares que “en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”.
La Comisión de Justicia vuelve a reunirse este lunes, con la inclusión de la iniciativa del exgobernador rionegrino como novedad saliente.
La Comisión de Justicia que preside el senador oficialista Oscar Parrilli continuará este lunes a partir de las 15 con el debate de proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de modificar la condición “vitalicia” del cargo de procurador general de la Nación, pero que paralelamente incluye un cambio en las mayorías necesarias para su designación y relevo.
Para tal fin se han recogido dos proyectos presentados oportunamente por la senadora neuquina Lucila Crexell y otro del radical Martín Lousteau, quienes como se recordará solicitaron el retiro de los mismos para evitar precisamente que se los utilizara para alterar la mayoría de los 2/3 que originalmente dispone para ese cargo. La novedad es que se ha sumado al debate de este lunes el expediente S-2777/20 del senador Alberto Weretilneck, que modifica las leyes 27.148 y 27.149 del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y que además de modificar como los otros el tiempo de vigencia del mandato para los titulares de esos organismos, sí incluye la posibilidad de designarlos o removerlos ya no por una mayoría calificada, sino por una mayoría absoluta.
Según confiaron a parlamentario.com fuentes legislativas, es ese proyecto el que más posibilidades tiene de avanzar en el Senado y el que sería tomado como base para el proyecto de ley que terminen votando y que inexorablemente modificará el tema de las mayorías.
Para este lunes habrá otra ronda de invitados, y expondrán entonces Nicolás Becerra, doctor en derecho penal, exdefensor general de la Nación y exprocurador general de la Nación; Guido Risso, doctor en ciencias jurídicas y especialista en constitucionalismo, profesor de derecho constitucional y derecho político; Roberto Gargarella, abogado y licenciado en sociología, doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de derecho constitucional; Fernando Díaz Cantón, presidente de la junta directiva del Instituto de Estudios Legislativos (Idel) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), profesor de derecho penal y criminología; Mónica Cuñarro, fiscala federal, especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de género, profesora de grado y posgrado; y Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, director del departamento de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Hay que recordar que tal cual anticiparon los senadores oficialistas, no avanzarán en lo que vayan a resolver en la Comisión de Justicia hasta tanto no se expida la comisión de especialistas designada por el presidente Alberto Fernández, que entre otras cosas se pronunciará en torno a la Procuración General de la Nación. Y ya ha trascendido que entre las cosas que han llegado a conclusiones figura, previsiblemente, la modificación de la cuestio´n de los 2/3, que cambiará por mayoría simple.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó la opinión de especialistas sobre los proyectos que buscan modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general. El próximo lunes se hará la última reunión informativa.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.
Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.
Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.
El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.
El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.
“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.
Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.
Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.
Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.
Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.
A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.
“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.
Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.
También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.
Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.
“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.
Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.
Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.
Con una nueva tanda de expositores, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales seguirá con el tratamiento de los proyectos de Lousteau y Crexell, impulsados por el oficialismo.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Oscar Parrilli, continuará este martes con el tratamiento de los proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el propósito que se fijó el Frente de Todos en el Senado.
En una reunión virtual convocada para las 15, la comisión volverá a analizar, con la presencia de expositores, los proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), que el oficialismo decidió impulsar.
La reforma que se analiza consiste en acotar el mandato del procurador general, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, así como también revisar las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de los fiscales.
En esta oportunidad, fueron convocados a exponer Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA; y José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial.
También fueron invitados Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El listado termina con Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo; y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.
Se quejó del fallo de la Corte Suprema y advirtió que en el Senado el kirchnerismo “está decidido a ir por todo”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez manifestó su alarma por el avance del Gobierno en su “plan de impunidad”.
“Nos preocupa, aunque no nos sorprende, que el oficialismo sólo tenga como plan someter a la Justicia para favorecer a los principales acusados de la corrupción en la década kirchnerista”, dijo la senadora radical.
Para la legisladora tucumana, “el fallo de la Corte Suprema nos deja gusto a poco, porque al sostener a los jueces Bruglia y Bertuzzi solo temporalmente, hasta que se hagan nuevos concursos para los cargos de camaristas que hoy ocupan, debilita uno de los principios básicos sobre los que se asienta la independencia de la Justicia: la garantía de la inamovilidad de los cargos que deben tener todos los magistrados”.
Se preguntó entonces: “¿Qué juez trasladado, incluso los que tuvieron aval del peronismo en el Senado recientemente, va a fallar en contra del Gobierno en una causa si sabe que está provisoriamente en el cargo y que de querer participar del concurso tendrá que sortear los votos del peronismo en el Consejo de la Magistratura y en el Senado?”.
Agregó Elías de Pérez que por otra parte “en el Senado observamos que el kirchnerismo está decidido a ir por todo. Al hostigamiento y persecución política que le hacen al procurador (Eduardo) Casal ahora se suma la voluntad de cambiar la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar la mayoría exigible en la designación del Procurador. Es preocupante que los senadores del oficialismo congelen el pliego enviado por el Presidente, que nominó hace más de seis meses al juez Daniel Rafecas. Las instituciones del país han quedado entrampadas en una interna cada vez más visible en la coalición gobernante”.
“La sociedad argentina está atenta a todo esto. Observa con mucho dolor a un gobierno sin rumbo económico que solo tiene el plan de la impunidad para sus miembros, amigos y líderes”, concluyó.
“Nadie nos tiene que condicionar en la discusión”, insistió la senadora. La líder de la Coalición Cívica la acusó de no actuar sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe.
Luego de que la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun acusara a la dirigente Elisa Carrió de ser “la 12 del Senado” por opinar sobre la designación de Daniel Rafecas como procurador general, este martes continuaron los cruces entre ambas.
A través de Twitter, Carrió -quien días atrás respaldó al candidato del Poder Ejecutivo- acusó a Sacnun de no actuar sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe.
“Honorabilísima senadora de la Nación @sacnun. No quiero entrometerme en tan alta y suprema Cámara. Pero le pregunto. Hace más de 20 años que investigo el narcotráfico en Santa Fe y la Hidrovía porque la política y la Justicia lo protegían. Si no lo hubiera hecho yo, ¿quién lo hacía? ¿Usted?”, ironizó Lilita.
Por su parte, Sacnun -quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado- insistió en que “nadie nos tiene que condicionar en la discusión, ni Daniel Rafecas, ni Elisa Carrió, ni nadie”.
“Nos viene a dar instrucciones a los senadores y la verdad es que me gustaría conocer la posición de los legisladores de su propio espacio político respecto de que ella nos venga a dar instrucciones”, cuestionó la santafesina en diálogo con radio FutuRock.
En ese marco, recordó que en 2018, en su rol de diputada, “Carrió ya quiso presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, y no tuvo el apoyo y ni sus propios compañeros y compañeras la acompañaron”.
“Hace mucho tiempo que ella muestra interés por influir en la política criminal del Estado argentino y se trata de una persona sospechada de reunirse junto a otra diputada, (Paula) Oliveto con el falso abogado (Marcelo) D´Alessio”, resaltó Sacnun.
Por eso, se preguntó: “¿Esta mujer es la que nos va a decir a los senadores a quién le tenemos que prestar acuerdo para que sea procurador? A mí me da que pensar. Me replanteo qué es lo que está dialogando y esperando Carrió ahora que, en forma intempestiva, pide que se le dé acuerdo al pliego de Rafecas”.
En este marco, consideró que la discusión en torno a una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público apunta a “una política de alto vuelo que no se puede reducir solamente a la mayoría requerida para la designación” del procurador y afirmó que se trata de debates que tienen que “ejercer los legisladores”.
“Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que votar. Y sí creo que primero tendremos que ir hacia una reforma de la ley. Esperaremos también a ver qué dice el Consejo Consultivo”, aseveró la legisladora.
Por otra parte, apuntó al actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, al recordar que “no tiene acuerdo del Senado y es interino, además de que ha cometido troperías importantes”.
Sacnun pidió en este contexto “destrabar algunas cuestiones para contar con un procurador para que tenga, como dice la Constitución, el acuerdo del Senado”.
Tres abogados participaron de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos opositores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).
El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.
Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.
El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.
“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.
Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.
“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.
El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).
Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.
Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.
El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.
Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.
“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.
Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.
Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.
Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.
Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.
El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.
“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.
El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.
Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.
En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”.
El senador de la UCR-Evolución le preguntó a Rusconi si comparte la opinión de Rafecas en contra de ser designado con mayoría simple.
“Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, ¿tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”, indagó Lousteau.
De inmediato, Parrilli intervino: “Debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”.
Pero no hizo falta la aclaración, porque Rusconi ya tenía pensado no responder. “Por respeto al Poder Ejecutivo, que ya eligió un candidato a procurador, y por respeto al candidato que eligió, lo último que haría es responder esa pregunta”, dijo.
Fue la definición que utilizó la senadora María de los Ángeles Sacnun para referirse a Elisa Carrió. La cuestionó por haberse pronunciado sobre el nombramiento de Daniel Rafecas, aunque la dirigente pidió apoyarlo.
Tras un tiempo sin presencia mediática, Elisa Carrió levantó polvareda al pedir a Juntos por el Cambio -a través de un comunicado de la Coalición Cívica- que apoye la designación de Daniel Rafecas como procurador general, facilitando los dos tercios de los votos en el Senado.
El pronunciamiento generó malestar en Juntos por el Cambio, que mayoritariamente se opone a la figura de Rafecas. Sin ir más lejos, el senador cordobés Ernesto Martínez llamó a Carrió “señora gorda”. Por eso sorprendió que, este lunes, fuera una oficialista quien saliera a cuestionar a “Lilita”. La dirigente que pidió, justamente, avalar al procurador propuesto por el presidente Alberto Fernández.
Al participar de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun utilizó una metáfora futbolera. “En la cancha, a la tribuna se le dice ‘La 12’… acá parece que hubiera una senadora sin banca, que es el caso de Elisa Carrió. Viene a ser como ‘La 12’ del Senado”, comparó.
Y siguió: “Resulta que ahora se ha adjudicado la facultad de decirnos a los senadores cuándo tenemos que otorgar acuerdo, cuándo no tenemos que otorgarlo, y yo tengo mis dudas en cuanto a cuál es la política criminal que quiere Elisa Carrió, que aparentemente era una de las que consumía parte de la información que, de manera ilegal, la AFI tenía y cruzaba con algunos fiscales y miembros del Poder Judicial para el armado de causas”.
Sacnun se expresó así durante el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras cosas para limitar el mandato del procurador, que hoy es vitalicio. Es la vía que explora el oficialismo ante el obstáculo para avanzar con el pliego de Rafecas.
El partido de Elisa Carrió -que no tiene senadores- sostuvo que la oposición debe prestar los dos tercios para la designación, que está trabada en la Cámara alta.
En un mensaje que sorprendió, la Coalición Cívica-ARI, partido referenciado en Elisa Carrió, llamó a votar a Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación, como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.
En un comunicado de la Junta Ejecutiva Nacional, el partido sostuvo que “hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones”.
“Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del procurador General de la Nación propuesto por el presidente de la Nación, el doctor Rafecas”, consideró la CC-ARI.
Por último, sentenció: “En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos al régimen de (Nicolás) Maduro”.
El pliego de Rafecas se encuentra trabado en el Senado porque los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal se unieron para bloquear la mayoría especial necesaria para avalar la designación.
Frente a este panorama, la Comisión de Acuerdos, que preside Anabel Fernández Sagasti, no realizó aun la audiencia pública con el candidato del Ejecutivo.
Por el contrario, el oficialismo emprendió una embestida contra el actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, en diversas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, encabezada por Martín Doñate.
Esa bicameral reunió distintos testimonios y pruebas contra Casal y envió material a la Comisión de Juicio Político de Diputados, poniendo en tela de juicio la gestión de Casal con el objetivo final de lograr su remoción.
Paralelamente, el último viernes, el oficialismo abrió en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre dos proyectos de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que buscan limitar el mandato del procurador, que actualmente es vitalicio.
En una acalorada reunión, el oficialismo en la Bicameral del Ministerio Público avaló a mano alzada el traslado de las solicitudes. Además, se acordó citar a un grupo de fiscales, entre ellos Gabriela Boquin, a quien recientemente se le inició un sumario.
En una acalorada reunión, marcada por gritos y reclamos de la oposición, el Frente de Todos votó -a mano alzada- en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal el giro de los 12 pedidos de juicio político contra el procurador general interino, Eduardo Casal, a la comisión competente de la Cámara de Diputados.
El traslado de las solicitudes se aprobó luego que interviniera el diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político -presidida por la oficialista Josefina González-, quien consideró que “es de gravedad absoluta la situación del procurador interino y su falta de apoyo al Estado de Derecho”.
“Quiero anunciar que vamos a llevar adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde”, anticipó el legislador y, acto seguido, el titular de la bicameral, el senador Martín Doñate, realizó una rápida votación a mano alzada, que dio por aprobada “por la mayoría”.
Minutos después, el diputado Diego Mestre (UCR) se quejó de “haber votado sin habernos escuchado, sin haber contado por parte de usted (a Doñate) cuáles son los diputados y senadores por la supuesta mayoría, el traslado de estos pedidos de juicio político… bueno, dígame si eso no es persecución”.
“Previamente lo que deberíamos hacer es mínimamente escuchar al procurador Casal. ¿Por qué no darle la posibilidad?”, expresó y cuestionó avanzar de esa manera “sin escucharlo, sin darle el derecho de defensa”. También pidió volver a votar de manera nominal, algo que no tuvo éxito.
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) estalló: “Cuando ustedes hablan parece ya una hoguera pública. ¡No hemos escuchado a una sola persona, no hemos leído un solo renglón de lo que nos han respondido y ustedes ya votan para pasarlo a la Comisión de Juicio Político!“. “Así no ha trabajado nunca esta comisión; se ha escuchado a todos, se ha tenido un debido proceso y se han hecho las cosas que se tienen que hacer”, añadió.
Al comienzo del encuentro, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) cargó contra el funcionario por la “demora absolutamente inexplicable, además de inadmisible” de su respuesta sobre el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni en la causa de Correo Argentino, “donde como todos sabemos se encuentra mencionado el expresidente de la Nación (Mauricio Macri)”.
El kirchnerista además remarcó que el procurador “está ocupando un lugar que la verdad es bastante dudoso”. “No sé por qué hoy el doctor Casal es el procurador interino, no conozco ningún papel donde se haya establecido que sea el reemplazante natural”, cuestionó.
Y recordó que en la gestión anterior, “el bloque oficialista tuvo una muy marcada actitud de cuestionamiento, para no hablar de persecución, contra la exprocuradora (Alejandra Gils Carbó), en una posición mucho más compleja que la que tiene Casal”.
En referencia al sumario que se le abrió en su contra Gabriela Boquin, quien encabezó las denuncias en la causa de Correo Argentino, la diputada Vanesa Siley (FdT) alertó que la fiscal “viene recibiendo un claro hostigamiento que data desde abril de 2018: inconsistencias en su custodia, llamadas, robos en su auto. Y este hostigamiento termina con un sumario”.
“El Congreso no puede permitir esa persecución y le manifestamos a la víctima nuestra preocupación. Debemos citar a la fiscal Boquin de manera urgente. Nuestro sistema de normas para la protección a las mujeres se ha robustecido en estos años: apliquémoslas”, agregó.
A su turno, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que trabajadores judiciales “están denunciando” que las acusaciones contra Boquin “fueron guionadas”. Y consideró que en el sumario contra la fiscal “se quiso construir, estigmatizando y con una violencia machista inusitada” a una “mujer autoritaria, diría ‘loca’, como se adjetiva comúnmente a las mujeres de carácter”.
Al cuestionar el desempeño de Casal, la santafesina criticó que el procurador interino le haya aplicado “un apercibimiento” al fiscal Carlos Stornelli, “cuando escuchamos los audios explicándole al falso abogado (Marcelo) D’Alessio cómo iban a armar causas”.
Y agregó: “¿El procurador interirno espera que nosotros le pidamos informes, o no los tiene elaborados? ¡La tendría que tener preparada a la información!”.
Desde la oposición, el diputado Cristian Ritondo (Pro) advirtió que “habría que ver el informe sobre lo que hizo Zoni en la causa y no preocuparnos tanto”. Respecto a Boquin, dijo: “Me extraña que se hable así cuando fueron siete trabajadores que denunciaron, y seis son mujeres y una de ellas discapacitada”.
“Está denunciada por cuestiones de maltrato laboral; tenemos que tener cuidado”, señaló el jefe del bloque macrista en la Cámara baja y coincidió en citarla a la comisión para que brinde explicaciones sobre “la relación con el personal”.
En otro tramo, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) se quejó de que la bicameral “ya no parece una comisión de control y seguimiento, sino una comisión de persecución”. “Lo que quiero es que acá triunfe la verdad. Pero veo lisa y llanamente una persecución y esto me preocupa”, siguió.
La tucumana defendió que el funcionario no haya remitido a tiempo la información: “¿Dónde viven los que creen que es una burla, que no saben lo que está pasando en el país?”. Y afirmó, ante las críticas del oficialismo, que Casal es el procurador interino “por imperio de la ley, eso no un invento de nadie”.
En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que se quiera “poner un manto de duda a una actividad que está llevando adelante la Procuración”, y mencionó que el mecanismo para iniciar sumarios a los fiscales se realiza a sugerencia del Consejo Evaluador, procedimiento en el que actuó Casal. En cambio, “(la exprocuradora Alejandra Gils Carbó) era ella la que decidía a qué fiscal se le abría un sumario y a qué fiscal no”, reclamó.
Hacia el final de la reunión, expuso la abogada Natalia Salvo -respecto a un pedido de juicio político contra Casal-, pero por falta de tiempo los legisladores no pudieron hacer preguntas. Doñate informó que el próximo miércoles, a las 14, volverán a convocar para escuchar a los invitados que no expusieron y, además, asistirá la fiscal Gabriela Boquin.
Al bloquear en la sesión de este jueves el tratamiento de dos proyectos sobre tablas, dio una muestra de cara al debate sobre el nuevo procurador general.
Por primera vez en el año, las dos principales bancadas de la oposición en el Senado se unieron para bloquear el tratamiento de dos proyectos y dejaron, de esa forma, una clara señal: al oficialismo no le será fácil reunir los dos tercios de los votos necesarios para avalar el pliego del juez Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo como nuevo procurador general de la Nación.
Con asistencia perfecta en la sesión virtual, los senadores de Juntos por el Cambio -presidido por Luis Naidenoff- y del Interbloque Parlamentario Federal de Juan Carlos Romero rechazaron debatir sobre tablas los proyectos de alquileres y de educación a distancia, que fueron dictaminados esta semana y no contaban con la vigencia de siete días reglamentarios.
La votación resultó con 42 votos a favor y 29 en contra, es decir, al Frente de Todos le faltaron seis votos para los dos tercios. Si bien el bloque presidido por José Mayans contó con dos apoyos extra -de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck-, no fueron suficientes.
Además, el oficialismo no contó con el voto de José Alperovich, que continuará de licencia por 90 días más. La prórroga fue aprobada al inicio de la sesión, a mano alzada, e implica que el tucumano estará fuera de juego para votar el pliego, al menos por los próximos seis meses.
En la primera sesión del período ordinario, el pasado 12 de marzo, el Senado dio ingreso formal a la postulación de Rafecas, que será tratada en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos). Aun no hay fecha prevista para la primera reunión ni tampoco para la audiencia pública.
El candidato del Ejecutivo recibió unas 700 adhesiones, de parte de organismos judiciales y de Derechos Humanos, y tan solo tres impugnaciones, presentadas por el exministro Julio De Vido, la Fundación Apolo -cuyo titular es el macrista Yamil Santoro- y el abogado Fernando Lardies.
Respaldo a la recomendación de Eduardo Casal a desestimar el pedido que le hizo la vicepresidenta Cristina kirchner para que el máximo tribunal determine la legalidad de las sesiones virtuales.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio se refirieron este martes al dictamen del procurador general de la Nación adjunto, Eduardo Casal, quien rechazó la competencia de la Corte Suprema de Justicia para validar un mecanismo de sesiones virtuales en el Senado.
En este sentido, el presidente del bloque UCR y del interbloque de JxC, Mario Negri (UCR-Córdoba) sostuvo: “Tal como era previsible el Procurador aconsejó desestimar el planteo de Cristina Kirchner sobre la legalidad de las sesiones virtuales. Como ya dije, se trata de una sobreactuación de la titular del Senado. Sólo el Legislativo puede establecer cómo sesionar”.
Por su lado, el diputado del Pro Pablo Tonelli (Pro-CABA) señaló a parlamentario.com que “la presentación de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte es un mamarracho”, y consideró que el dictamen del procurador general es correctísimo y refleja la invariable e inveterada doctrina de la Corte Suprema”.
“Clarísimo el procurador rechazando la acción de Cristina Fernández de Kirchner. No hay cuestión judicial. La potestad de decidir cuándo y cómo sesionar es del Senado. Y algo elemental para quien haya leído el artículo 117 de la Constitución: no hay competencia originaria de la Corte”, expresó por su parte el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A su vez, Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) declaró que “la única certeza es que la Vicepresidenta quiere mantener cerrado el Congreso y se tiró un piletazo a ver si la Corte pisa el palito. Es preocupante que el Congreso esté cerrado y quieran hacer de esto algo permanente”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo (UCR-CABA) señaló que “a un mes y medio de la emergencia, con 21 DNU y decenas de proyectos para aportar y debatir; no hay razones para que los legisladores no sesionen”.
Por su parte, el legislador Gonzalo del Cerro (UCR-Santa Fe) citó un fragmento del dictamen de Casal para reafirmar la división de poderes. “Cuando se refiere al examen de las actividades ejecutiva y legislativa, es imperioso respetar para la preservación del principio de división de poderes”.
Por último, el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza) expresó: “En épocas de emergencias, poderes exorbitantes y facultades extraordinarias, debe ser la Justicia quien corrija los desvíos de poder y, el Congreso, quien fiscalice el ejercicio de la inmensa cantidad de facultades delegadas al Gobierno”.
