Durante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que había sido emplazado en la última sesión, obtuvo dictamen un proyecto de ley que busca reformar la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La iniciativa, surgida a partir del escándalo de los audios y la salida de Diego Spagnuolo, busca modificar la estructura de gobierno de la ANDIS, “establecida por el decreto 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”.

El texto, que recibió dictamen de mayoría, busca sustituir el modelo de conducción unipersonal por una “Comisión Directiva” integrada por 7 miembros “con voz y voto”: un presidente y vicepresidente -con rango de secretario y subsecretario de Estado-, designados por el Poder Ejecutivo; 2 vocales en representación del COFEDIS, elegidos por mayoría simple de su pleno, conforme su reglamento; y 3 vocales en representación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Entre otros puntos, establece una serie de disposiciones sobre mecanismos de transparencia y control social.

Autor del proyecto, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que la reforma busca “garantizar que en su estructura de conducción y en sus organismos de control interno tengan voz y voto las organizaciones representativas de las personas con discapacidad”.

El opositor señaló que la iniciativa surgió este año, a partir del “escándalo de los audios donde se ponía de manifiesto el cobro de coimas”, además de considerar que hoy existe “una ANDIS que no funciona”. “No nos queda claro el resultado de la intervención que han realizado luego de estas denuncias. No sabemos si se han investigado, si se desplazaron a otros funcionarios”, resaltó.

Además, Marino subrayó que antes de las denuncias por presuntas coimas ya había cuestionamientos por “interrupción de las terapias, falta de pago a los prestadores, recortes arbitrarios de pensiones”.

El diputado argumentó que el proyecto se realizó acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de modo que “tengan una participación directa en la toma de decisiones”. “Tenemos que dar una respuesta rápida frente a una crisis institucional de esta naturaleza, porque las personas con discapacidad no pueden esperar”, completó.

Juan Marino

A su turno, Eduardo Valdés expresó que “está claro que la ANDIS no puede seguir como está”. Respecto de la propuesta, que indica que el Poder Ejecutivo podrá nombrar al presidente y vicepresidente del organismo, planteó: “¿Qué pasa si vuelven a nombrar a un Spagnuolo? Una persona que es capaz de una resolución como la 187/25, donde tildó a las personas con discapacidad como ‘idiotas, imbéciles y débiles mentales’”.

“Quiero proponer que las máximas autoridades, presidente y vicepresidente de la ANDIS, tengan que tener aprobación parlamentaria”, propuso el legislador de Unión por la Patria.

A su turno, el diputado de Encuentro Federal Juan Brügge anticipó la presentación de otro dictamen “propositivo, mejorando las características, pero va en consonancia en que nos preocupa mucho quiénes van a ser designados como presidente y vicepresidente”.

En ese sentido, el cordobés explicó que permiten que los designe el PEN, pero “previo a un concurso público de antecedentes y oposición”, mientras que “en la comisión directiva de la ANDIS queremos que se designe un experto en temáticas vinculadas a la discapacidad, el cual surgirá de un sorteo de un padrón que hará la Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas”. Para Brügge, esto apunta a “despolitizar” la ANDIS y dotarla de “mayor idoneidad”.

Desde la UCR, Karina Banfi cuestionó no contar con el tiempo para “profundizar y debatir” reformas que apuntan a “fortalecer a las instituciones descentralizadas como éstas”. Se quejó de que el proyecto no había pasado por asesores y se preguntó por qué estaba girado a Asuntos Constitucionales. Sobre el texto, la radical opinó que “en la estructura que están diseñando va a haber una mayor burocracia”. “No podemos debatir esto de esta manera”, dijo.

Al anticipar otro dictamen de minoría, la legisladora de Democracia para Siempre Carla Carrizo observó que “siempre las grandes innovaciones vienen con la emergencia y eso no está bien; no sé si es el mejor proyecto, es un proyecto que surge de alguna manera para separar a la ANDIS del Ejecutivo, porque la verdad que los Ejecutivos no garantizan transparencia en Argentina”.

“No sé si es el mejor proyecto, pero es gran paso”, afirmó la porteña, y argumentó que firmaría otro dictamen junto a su par Marcela Coli por cierta “ambigüedad normativa” y “tensión con las atribuciones del Ejecutivo; el Congreso controla, no gestiona, cuando queremos aspirar a más también nos vamos a equivocar”.

Durante la reunión, la diputada de UP Nancy Sand sostuvo que “el funcionamiento y la administración de la ANDIS” actual “no daba respuestas a las urgencias de todas y cada una de las problemáticas que se fueron suscitando con el Gobierno nacional”. “La forma de poder solucionar en la inmediatez es tener una participación institucional, una representación federal y un control democrático”, subrayó.

La radical Natalia Sarapura planteó que “cuando hablamos del órgano de la política pública que debe garantizar los derechos, tiene que ser con la mayor jerarquía posible y con la mayor determinación de autonomía”. “En este momento necesitamos dar un mensaje de control y transparencia. Tener un órgano fuerte, con control y participación social es necesario”, agregó.

En el cierre, Marino se mostró dispuesto a “lograr la ley que mayor respaldo tenga”. “Podemos avanzar en una serie de acuerdos para tener un texto común en el recinto”, ratificó y dijo estar a favor de propuestas que presentaron Brügge y Carrizo.

Por La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez consideró que “había que debatir más y estudiar un poquito más el tema” y se manifestó en contra de “forzar los consensos”. “El proyecto tiene aspectos positivos, pero genera una mayor burocracia, tal vez sin quererlo, genera más funcionarios. Y al igual que muchas de las leyes que impulsan, no dicen de dónde van a salir los recursos. Va a terminar siendo una mentira, por más noble que sea su título”, lanzó.

Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), la oposición pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración por los cuales se reclama al Poder Ejecutivo que frene la baja de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas.

Sobre esto, Victoria Tolosa Paz (UP) se preguntó: "¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?".

Por eso, consideró "urgente" pedir información sobre "cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja". "En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado", dijo.

A su turno, Eduardo Valdés (UP) reclamó: "Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso".

"Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Un Estado que decidió avasallar al sector más vulnerable de la sociedad", enfatizó.

Por su parte, Blanca Osuna (UP) señaló que "las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución" de pensiones.

También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.

Durante la reunión, Alejandro Vilca (FIT) denunció una "intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones". Sobre el pedido de informes solicitado, indicó que buscan conocer "cómo se realizaron técnicamente las auditorías, desde las notificaciones, qué exámenes médicos se exigen y los criterios". Ante las "irregularidades", exigió que "se restituyan las pensiones".

Aunque el proyecto no estaba en el temario, Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes que "pone el foco en una empresa que hasta ahora no tuvo trascendencia" y que fue la encargada de "la logística y la distribución de las cartas documento, de los telegramas y de las notificaciones". "Estamos en presencia de un plan macabro llevado a cabo por una gran empresa de logística", lanzó.

Ley de Emergencia en Discapacidad: respuesta a Guillermo Francos

En el arranque de la reunión, Arroyo subrayó que "la Ley de Emergencia en Discapacidad ya es ley y el Gobierno tiene que promulgarla, y tiene que ponerla en marcha. Es una ley que es obligatoria, no es un consejo, no es una propuesta. Hay que compensar las partidas presupuestarias y esa es la tarea del jefe de Gabinete".

"La ANDIS tiene que actualizar el nomenclador como primer mecanismo", apuntó y sostuvo que " esta ley no tiene impacto presupuestario, sino lo que hace es compensar la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias".

En ese sentido, el legislador recordó que el nomenclador tuvo un 0.05% de aumento en todo este año. "La masa de recursos que no se aplicó a discapacidad sería interesante saber a dónde va. ¿Dónde aplicaron los recursos que les correspondían? Porque no se actualizó el nomenclador", agregó.

En referencia al discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional, Juan Marino (UP) aseguró que para las personas con discapacidad y sus familias "no solo lo peor no pasó, lo peor recién está arrancando". "Esta mentira de que ahora la prioridad sería Capital Humano con salud, educación, jubilados y discapacidad... Mentira, un mentiroso. Esos aumentos que anunció para 2026 son sobre la base de una inflación trucha del 10% proyectada en el Presupuesto y un dólar que cerraría este año en $1.325, cuando ya rompió ayer el techo de la banda", remarcó.

Respecto a lo dicho por Guillermo Francos sobre que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero no la reglamentarán porque "no están establecidos de dónde salen los recursos", Marino le recordó al funcionario que en la norma se expresa "taxativamente" que "la facultad de determinar la reasignación presupuestaria es del jefe de Gabinete". Y le advirtió que así lo haga, "si no quiere incurrir en el delito de los deberes de funcionario público" y tener una causa penal o un pedido de juicio político. "Si no la cumple habrá que ir a los tribunales para que le ordenen que la cumpla", completó.

Mientras que Ernesto "Pipí" Alí (UP) manifestó: "(Francos) tiene que leer el artículo 260 y el 264 del Código Penal, ahí va a entender perfectamente de dónde va a sacar la plata. O la va a sacar para los discapacitados o para pagarle a los abogados por la causa judicial que se va a comer".

La diputada de izquierda Mercedes de Mendieta habló inmediatamente después del único diputado libertario que expuso en la Comisión de Discapacidad. Era Gerardo Huesen, quien desafiante señaló: “Me da lástima en la comisión que quieran sacar rédito político”. Dirigiéndose a los diputados de UP, advirtió: “Son responsables del peor gobierno de la historia, tienen a su líder política con la tobillera saltando en el balcón… Los ciudadanos están viendo la vergüenza que están haciendo acá, quieren modificar la estructura de la ANDIS, generando desmanes, pero la verdad que dan lástima”.

Habló a continuación la diputada de izquierda Mercedes de Mendieta, quien dijo que en el Gobierno “van a ir a un derrumbe mayor y nosotros vamos a estar ahí empujando para el derrumbe de este Gobierno. Si el Gobierno de Milei se va a atrever a vetar la emergencia del Garrahan y universitarios, ya estamos preparándonos en la calle, ahí le vamos a tirar abajo los dos decretos”.

Para la diputada de Izquierda Socialista, lo que se hizo desde el Gobierno “no son auditorías, son una truchada absoluta para cortar personas con discapacidad. Tenemos que pelear para restituir todas las pensiones”.

“Acá, los únicos auditados tienen que ser los que están metidos en la red de corrupción (…) Lo único que hizo la justicia fue atacar a la prensa”, cerró la diputada.

A la reunión de la Comisión de Salud le siguió este martes en la Cámara de Diputados un encuentro de la Comisión de Discapacidad, donde se giró a Asuntos Constitucionales un pedido para que ponga en tratamiento rápidamente los proyectos referidos a interpelaciones y pedidos de informes por el caso de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan una presunta red de coimas que involucraría a importantes funcionarios del Gobierno.

Las distintas resoluciones impulsadas por la oposición tienen como cabecera a esa comisión, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que en ocasiones anteriores ya fue emplazada en varias oportunidades.

Además, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, anticipó que la semana que viene volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga que se vuelva a dar de alta a las pensiones suspendidas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS.

En primer lugar, el diputado socialista Esteban Paulón recordó que la discapacidad fue “un área de las más estigmatizadas por este Gobierno” que “se empeñó en vincular cada derecho conquistado con un supuesto curro de la casta política”. En ese marco, hablaron de que “las pensiones estaban infladas, que personas que no necesitaban el CUD lo tramitaban, que tenían el privilegio de no pagar los peajes”, señaló.

“En el medio del estigma vino el maltrato, las colas interminables, las auditorías fantasmas, las notificaciones a domicilios truchos para dar de baja las pensiones por discapacidad”, recordó el santafesino.

Sobre su pedido de interpelación, afirmó que quedó “abstracto” en cuanto a Spagnuolo, “pero sí hay una funcionaria que sigue estando y que es la que tendría que ver con este esquema de recaudación, y que es la funcionaria que como tiene pánico de que se le escuche su voz, pidió a un juez violar abiertamente la Constitución Nacional, en un acto claramente inconstitucional de censura previa”, dijo en referencia a Karina Milei.

Además, Paulón cuestionó a “un Gobierno que en dos semanas no logra dar una respuesta tan simple como que no hubo corrupción o no hubo coimas. No lo pudieron decir. Entonces, que vengan a dar explicaciones al Congreso”. “El hilo conductor de todos los escándalos que le ponen opacidad a este Gobierno tiene el nombre de Karina Milei, quien más temprano o más tarde tendrá que venir a dar explicaciones a este Congreso”, aseguró.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva expresó: “No vamos a aceptar que la única respuesta del Gobierno sea correr al funcionario del que surgen estos audios escandalosos y no avanzar con una sola respuesta por parte de los funcionarios involucrados”. “No vamos a aceptar que la única respuesta sea no seguir brindando información”, enfatizó.

“Este Gobierno aspira a la degradación institucional constante, lo que no podemos permitir es que aspire a cerrar este Congreso”, añadió la bonaerense, que desafió a que “si tenemos que crear 100 comisiones investigadoras para que los funcionarios sean obligados a comparecer y dar declaraciones”, lo hagan. “Agotemos todas las vías que tengamos que agotar”, sumó.

En su intervención, Eduardo Valdés criticó que “Spagnuolo se llenó la boca con la palabra auditoría. Y en distintos medios se reflejó como en 2024 y 2025 la dirección de la ANDIS se floreaba con la palabra auditoría. En este Gobierno, esa palabra significa recortar derechos”.

“Spagnuolo dice en los audios que (Federico) Sturzenegger lo obligó a reducir drásticamente el área de auditoría de la ANDIS. De 16 personas quedaron 4. ¿Así auditaron a 110 mil personas? ¿O fueron bajas sin revisión, como también se desprende de los audios? ¿Por qué Sturzenegger decidió vaciar el área? Para poder recortar derechos y para que no se controlen los contratos con las droguerías”, observó el legislador de UP.

Durante la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo destacó la “tarea extraordinaria, impresionante” del colectivo de personas con discapacidad en contraste con “la hipocresía sin límites del Gobierno”. “Donde decían que no había plata congelaron las prestaciones, liquidaron 110 mil pensiones. Hay plata para las coimas y no hay plata para los discapacitados; hay plata para sobreprecios en el PAMI, pero no para un aumento módico para los jubilados, y esto está indignando a mucha gente”, advirtió.

“Estamos ante una gran oportunidad política: se les acabó el relato, el mileísmo con esta situación no tiene más relato. Ese discurso de la casta contra el pueblo, la casta son ellos. La casta empresarial, la casta de lo peor de la política y el pueblo son las personas con discapacidad, los jubilados y los niños y niñas. Hablaban de corrupción de otros y los corruptos son ellos, y la corrupción con lo peor, con la salud y las personas con discapacidad. No deberían hablar más de la casta y la corrupción, deberían venir a dar explicaciones”, sentenció la radical Natalia Sarapura.

En tanto, Natalia de la Sota manifestó la “indignación respecto a lo que ha sucedido”. “En los audios quedó claro que le estaban defendiendo un porcentaje a Karina Milei, cosa que no se puede creer”, dijo la diputada de Encuentro Federal, que cuestionó las medidas tomadas en el área. “No tienen idea lo que es la discapacidad ni el interior del país. Hay que trabajar muchísimo es suspender la baja de las pensiones”, consideró.

Durante el encuentro, los oficialistas Gerardo Huesen y Carlos García estuvieron presentes. En el cierre, García tomó la palabra y distintos diputados de UP salieron a contestarle.

Luego del faltazo del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad, la oposición avanzará con el tratamiento de distintos proyectos que reclaman la interpelación de Lugones y de Karina Milei, mencionada en los audios por los cuales la justicia investiga presuntas coimas en el área de discapacidad.

Ambas comisiones de la Cámara de Diputados están presididas por Unión por la Patria y este martes se reunirán por separado para tratar las iniciativas que le fueron giradas. Sin embargo, todas ellas tienen como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, al mando del libertario Nicolás Mayoraz. La oposición sabe que, para que prosperen los dictámenes, deberá recurrir a la herramienta más utilizada en el último tiempo: que por decisión del pleno se emplace a la comisión.

Así sucedió en abril pasado, cuando se logró aprobar -por medio de ese recorrido- las interpelaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA. En ese momento, por falta de consenso, se dejó afuera a la hermana del presidente. Luego, al recinto, sólo asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el caso de la Comisión de Salud, conducida por el tucumano Pablo Yedlin, se reunirá a las 12 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja. El temario incluye dos proyectos de Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT), que piden por la interpelación de Lugones y Karina Milei, mientras que el restante es de Oscar Agost Carreño (EF) y solicita los informes verbales de Francos.

El jefe de Gabinete estuvo el miércoles 27 en la Cámara baja, donde evitó nombrar a funcionarios y ratificó la postura del Gobierno sobre el escándalo de los audios, al hablar de una "operación política" y "maniobras".

Por su parte, la Comisión de Discapacidad, presidida por Daniel Arroyo, abordará el proyecto de resolución presentado por Esteban Paulón (EF) para interrogar a la hermana de Milei y a Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS y a quien se le atribuyen los audios revelados.

Además, el temario de esta reunión, citada para las 14 en la Sala 2, incluye pedidos de informes por escrito solicitados por Sergio Casas, Andrea Freites, Eduardo Valdés (UP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

En medio de la crecida del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reúnen este martes a las 12 en un encuentro plenario para abordar las presuntas irregularidades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado a la reunión, pero no ha confirmado su presencia.

La citación incluyó, también, al nuevo interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria, organismo estatal que funciona dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

El encuentro de las dos comisiones fue motorizado por sus dos presidentes: el tucumano Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Arroyo (Discapacidad). Según supo parlamentario.com, ninguna de las dos citaciones fue respondida por los funcionarios del área de Salud y desde el plenario dan por hecho que no asistirán, sobre todo, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al recinto de la Cámara baja al día siguiente.

La intervención de la ANDIS fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y el viernes pasado el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 16 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se debatió este lunes sobre una eventual norma que fortalezca a las cooperativas que trabajan en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En primer lugar, Mariana Pacheco, de la cooperativa de inclusión socio-laboral La Huella, expresó: "¿Por qué debería haber cooperativas que brinden accesibilidad a las personas con discapacidad y por qué debería haber normativa? Cinco millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Argentina". De ese total, que cuenta con CUD, "el 82,5% no tienen trabajo" entre 18 y 64 años, según datos de la ANDIS de marzo de 2023.

"Este porcentaje es mayor en el caso de la discapacidad psico-social e intelectual, población que sin trabajo tiende a aislarse y aumentan sus síntomas", agregó.

Pacheco resaltó que "el cooperativismo ya en otros países ha mostrado capacidad para brindar accesibilidad a estas poblaciones" y habló de "modelos exitosos" en Italia y España. En ese sentido, indicó que "este modelo demanda instrumentos normativos apropiados".

"La persona trabajando disminuye el gasto en asistencia y medicamentos, conlleva efectos terapéuticos y bajan los casos de reiteraciones", aseguró.

Por su parte, Susana Fígaro, de la cooperativa de inclusión socio-laboral Abriendo Caminos, manifestó que "la importancia de la inclusión y la accesibilidad laboral en la sociedad y las experiencias de las cooperativas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos valores y de las personas con discapacidad".

Asimismo, abogó por tomar "iniciativas sustentables" y declaró que el compromiso para "trabajar en conjunto" y "crear un marco legal adecuado".

Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, detalló los antecedentes normativos sobre el cooperativismo de inclusión laboral y consideró que, en una eventual norma, se debe "reconocer a los múltiples actores que integran estas entidades, por eso una cooperativa de inclusión laboral es disruptiva respecto a una cooperativa de trabajo; aquí tenemos personas que están trabajando, personas que están acompañando, familias, y entidades públicas y privadas".

Sobre los beneficios que tendría que contemplar, subrayó los de carácter impositivo, no sólo sobre el impuesto a las Ganancias, sino también sobre débitos y créditos y el IVA. "Es interesante pensar un mecanismo para que puedan recibir donaciones", sumó.

A su turno, Rodolfo Tolosa, de la Federación de Cooperativas y Mutuales del Turismo, sostuvo: "Convivimos con innumerables mitos y prejuicios asociados a las personas con discapacidad, mitos que generan una brecha, limitando el desarrollo vital de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades ya sea laboral, educativo o de convivencia".

Desde la entidad que representa se "propicia un espacio que responda a la necesidad de las personas dentro del sector turístico", ya que "las personas viajan a donde pueden, no a donde quieren". "Hay que lograr la accesibilidad e igualdad de oportunidades en la industria turística", aseveró.

Marcelo Betti, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicoop, valoró que "en las cooperativas tenemos un lugar privilegiado, porque allí no es el fin de lucro, la maximización de la utilidad lo que motiva su naturaleza, sino que se buscan satisafacer necesidades humanas". Además, hizo referencia a que las cooperativas son mencionadas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde "se insta a los estados a promover cooperativas que fomenten el empleo de personas con discapacidad".

Entre los oradores, participó de la reunión Eugenia Pomazán, secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba, quien habló de los programas para las cooperativas y uno de ellos con el cual alcanzaron a "15 mil personas con discapacidad". "Esta política responde a una demanda histórica de las organizaciones sobre el financiamiento o fortalecimiento, mejor dicho, por fuera de un sistema prestacional. Un fondo en 2024 de 1.300 millones de pesos y este 2025 triplicado, más de 3.000 millones de pesos; se siguen fortaleciendo propuestas de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad", apuntó.

Y añadió: "Celebramos iniciativas que intentan construir respuestas concretas a aquellas organizaciones que con mucho esfuerzo intentan salir de un modelo asistencial hacia uno de dignificación de sus miembros".

En tanto, Raúl Lucero, director de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que actualmente la situación de los adolescentes y jóvenes con discapacidad "es una gran preocupación", no sólo por su terminalidad educativa sino su inserción laboral posterior.

El funcionario reivindicó el programa de Talleres Protegidos, uno de los más históricos, pues surgió antes que la Convención misma. Se trata de "espacios para iniciar la formación y ser un lugar de resistencia a la alternativa terapéutica", indicó. Y precisó que "la provincia hoy contiene a 176 Talleres Protegidos", siendo Buenos Aires "la única provincia que acompaña con una beca".

Lucero abogó por "normas que equiparen oportunidades, que compensen la justicia social, que se piensen con las personas con discapacidad. Acá hay un gran desafío".

Durante una breve reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja realizada este miércoles, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés rechazó una denuncia en su contra por supuesto conflicto de intereses en torno al proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad.

El legislador señaló que la presentación judicial, realizada por el fiscal Carlos Stornelli e impulsada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, es “por supuestamente integrar una fundación que tendría como objeto beneficiarse de la emergencia en discapacidad”.

“Quiero rendir cuenta ante mis pares y después responderemos en la justicia lo que corresponda”, afirmó y resaltó que él no es el autor de la ley. Asimismo, explicó: “La Fundación Infancias a la que hace referencia, que yo integré orgullosamente hasta 2014, nunca en su vida fue prestadora del Estado. Se dedica a promover los logros de las personas con discapacidad”.

Sobre la denuncia que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría -con intervención del fiscal Eduardo Taiano-, Valdés insistió: “No tengo nada que ver, no estoy de los dos lados del mostrador, estoy de un solo lado, que es el del colectivo de las personas con discapacidad, y tengo orgullo presidente (a Daniel Arroyo) del proyecto que usted ha presentado”.

Dirigiéndose a Spagnuolo, el porteño expresó: “Usted me acusa a mí, y yo la verdad lo felicito por haber derogado esa resolución 1.387/25 donde usted trató a este colectivo de imbéciles, idiotas y retardados. Nosotros somos la contracara de eso”.

Durante la reunión, la diputada de Democracia para Siempre Marcela Coli expresó su solidaridad porque “cuando se realiza una acusación sin fundamentos, duele. Y buscar una piedra cuando no existe, realmente es ensuciar”. A su vez, lamentó que “no hemos tenido la suerte de poder tener en la comisión” al titular de la ANDIS y pidió que se insista en convocarlo para que responda sobre las políticas para el sector.

En tanto, la legisladora de UP Victoria Tolosa Paz aseguró que conoce el “compromiso con la discapacidad” de Valdés y también la “enorme tarea educativa” que realiza esa fundación. “Quiero desligar cualquier manto de sospecha de que un diputado nacional que tiene un compromiso con la discapacidad puede estar utilizando algún tipo de ventaja o agua para su molino. Lo niego categóricamente”, sostuvo y abogó por que el proyecto de emergencia en discapacidad pueda aprobarse en la próxima sesión.

Aclarando que no es parte de la comisión, el diputado de UP Santiago Cafiero señaló que asistía para “ser parte del desagravio a un compañero, a un hombre, a un diputado nacional y a una familia. Porque Eduardo Valdés y su familia tienen un compromiso, una dedicación permanente a esta temática y un prestigio que ninguna injuria sacada de los pelos, oportunista, va a socavar”. Y acusó al Gobierno de “querer tapar” la situación que atraviesa el colectivo.

Por otra parte, en el encuentro se designaron como secretarias de la comisión a Estela Neder (UP) y Natalia De la Sota (EF).

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados recibió a exponentes que aportaron su mirada sobre la iniciativa que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad.

El proyecto de autoría del diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad, declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En este marco, expusieron distintos referentes en la temática, quienes aportaron su mirada sobre el proyecto de ley y las políticas públicas de discapacidad.

En primer lugar, expuso Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, quien se refirió a la auditoría de las pensiones no retributivas, anunciada por el gobierno nacional.

Graham aclaró que se comunicó con el Ministerio de Salud, donde manifestaron que “dicha auditoría no iba a hacerse en caso de niñas, niños y adolescentes” y las pensiones para esas personas “no se iban a modificar”. “Esa palabra ha sido cumplida”, añadió.

En tanto, Graham también mencionó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “las niñas, niños y adolescentes iban a estar cubiertos por la AUH con discapacidad y asignación familiar con hijo con discapacidad”. “Eso nos trae una preocupación porque, si bien es cierto que el monto es más alto que la pensión por discapacidad, lo cierto es que perderían todos los beneficios de Incluir Salud”, alertó.

En cuanto el proyecto de ley, Graham manifestó que "sería bueno que en esta ley pudiéramos incorporar un capítulo para niños, niñas y adolescentes”. “No cometamos el mismo error que cometimos con la Ley de Salud Mental, tengamos un párrafo especial para hablar de las infancias y adolescencias con discapacidad”, ejemplificó.

Posteriormente, tomó la palabra el padre Pablo Molero, integrante del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Molero dijo que el proyecto en discusión “es una manera de mostrar que queremos otra cosa para nuestro país”. “Lo más importante es que esta ley salga, es la respuesta para decir: queremos una sociedad distinta”, expresó.

A continuación, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre Personas con Discapacidad de la ONU, se mostró crítica respecto a las políticas públicas en el país.

“Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que tiene el enorme compromiso de cumplir eso a lo que se comprometió, estamos viendo que actualmente está en un franco retroceso”, dijo Gamio.

“Esta ley es para cumplir de inmediato con los principios que se habían abandonado, por lo tanto, hay que apoyarla totalmente”, comentó también.

Sabrina Paredes, de la Dirección de Análisis y Promoción del Empleo de la Provincia de Buenos Aires, pidió “un compromiso que tenga que ver no solo con la ley, sino con la importancia de la inclusión laboral de todas las personas”.

“Creemos que es sumamente importante sumar a los sindicatos dentro de las mesas de discusiones, que en sus paritarias también tengan en cuenta la inclusión laboral de personas con discapacidad”, opinó.

Estefanía Romero, integrante de la ONG Esperanza Hoy, manifestó que "muchas instituciones que acompañan a las personas con discapacidad tuvieron que cerrar sus puertas debido a la falta de pagos, las familias llegan desesperadas porque no poseen recursos y las obras sociales no se hacen cargo”.

En tanto, Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) graficó que “en Argentina menos del 25% de personas con discapacidad reciben una pensión, es decir, que hay muchas personas con discapacidad que requieren de una prestación de protección social y no la están recibiendo”

Además, Quiroga criticó que el Estado nacional reinstaló requisitos para recibir una pensión que son “inconstitucionales”.

Sobre el final de la reunión, el diputado Arroyo informó que “seguramente en la próxima sesión, la semana que viene, pidamos emplazar a la Comisión de Presupuesto para que tengan la obligación de tratar el tema”. “Eso es lo que vamos a presentar y esperemos que nos acompañe el conjunto de los sectores políticos”, sostuvo.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo de Daniel Arroyo (UP), se reunió este jueves y pasó a la firma un proyecto para declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad, junto con otras cinco iniciativas que son pedido de informes y días conmemorativos.

Durante el encuentro, diputados resaltaron la necesidad de debatir proyectos para la capacitación del trato digno y el buen lenguaje hacia las personas con discapacidad a raíz de la polémica resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que establecía na nueva normativa para evaluar la discapacidad intelectual en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, pero que había utilizado términos discriminatorios como "idiota", "imbécil" y "débil mental". Tras las críticas el Gobierno dio marcha atrás con eso.

Al inicio del encuentro en la Sala 6 del Anexo “A”, Arroyo comentó que los tres objetivos de cara al año legislativo son la declaración de la emergencia en discapacidad porque “es evidente que estamos ante un serio problema de falta de financiamiento de prestaciones, de no acceso a las pensiones por discapacidad de parte de todos aquellos que la están reclamando más un retraso o no pago de cuestiones básicas”.

“La resolución 187 que básicamente tiene varios aspectos, uno muy fuerte es que vuelve atrás con el concepto de pensión por invalidez. Pero, además, se ha incorporado conceptos tan brutales como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’ a las personas con discapacidad. El Gobierno se comprometió a volver atrás con los conceptos”, comentó en segundo luego y por último: “Es el cambio estructural de la ley que regula la situación de las personas con discapacidad. Es una ley que tiene más de 40 años que se hizo en el medio de la dictadura. No es solo que es una ley de la dictadura, sino que es viejísima”.

DICTAMINAMOS LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Recién en la Comisión de Discapacidad de @DiputadosAR logramos dictamen para mi proyecto de ley de emergencia en discapacidad.
Ahora vamos para que se trate en las comisiones de Salud y de Presupuesto para que sea LEY. pic.twitter.com/YH1ydKFAAv

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) March 20, 2025

Al pedir la palabra la diputada Carla Carrizo (DpS) planteó que pasaron “muchas cosas” desde diciembre a la fecha en el área de discapacidad, por sobre todo con el uso del lenguaje. “La palabra es el primer recurso de poder y en Argentina se trabajó mucho para llegar a la Convención de los Derechos Internacionales y no queremos volver atrás”, remarcó.

Carrizo recordó la modificación del CUD para “hacerle más fácil la vida a las personas con discapacidad. Son logros compartidos entre todos, avanzamos un montón. Siempre trabajamos en conjunto y se necesita hacer un monitoreo”, y pidió trabajar por la educación inclusiva porque “es una agenda que quedó pendiente”.

El chaqueño Aldo Leiva (UP) manifestó que “quienes tenemos responsabilidades políticas no podemos mirar para otro lado”. “Si estamos planteando la emergencia es porque estamos viviendo una situación límite en cuanto a las cuestiones vinculadas a la discapacidad”, alertó.

“Esta es una cuestión que no tiene color político, pero si tiene un contenido que va a plasmarse en que todos juntos podamos transmitirle a la Agencia de Discapacidad que hay medidas que no pueden detenerse, no podemos volver al pasado”, expresó y señaló que la cuestión vinculada al transporte “es muy importante, no podemos dejar de elevar nuestra voz”.

Leiva denunció que hay un “estancamiento” para el acceso a nuevas pensiones y se aduce que “hay pensiones que no se otorgaron como corresponde. Está bien que investiguen y que vaya preso quien tenga que ir, pero no se puede generar una parálisis total. El Ejecutivo tiene prorrogado el mandato y la responsabilidad de resolver la cuestión y llamo a la reflexión. Es inhumano que haya pasado un año para que el Gobierno reciba este mensaje. Asistimos a un Gobierno que mira para otro lado en estos temas”.

El vicepresidente de la comisión, el diputado Nicolás Del Caño (FIT), criticó que “se está viviendo un durísimo ajuste, no se están otorgando las pensiones y no se actualizan como deben ser, la actualización del 100% de pensión por hijo con discapacidad, que los trabajadores de prestadores estén registrados y se reconozca su relación laboral, la reincorporación de las personas despedidas de ANDIS. Hay una falta de atención a las personas con discapacidad y. reclamos”.

“El proyecto para avanzar en una declaración de emergencia es urgente. Hay que plantearlo rápido en el recinto. En estos proyectos estamos dando cuenta de esta situación de ciento de miles de personas”, afirmó.

Por el bloque Encuentro Federal el santafecino Esteban Paulon solicitó trabajar en asesores un proyecto para la instauración de capacitación permanente en relación a trato digno y equidad hacia las personas con discapacidad.

“Creo que la resolución que ha generado tanta preocupación y tanta imposibilidad de entender en qué cabeza de qué funcionario entra la utilización de determinados términos que claramente mancillan la dignidad y la integridad de un colectivo tan vulnerable como el colectivo de personas con discapacidad”, cuestionó y planteó: “Nos ha hecho prender una luz de alerta en relación a cómo mejoramos dentro de los equipos del Estado, fuerzas de seguridad, estados provinciales, estados municipales, la capacitación para garantizar”.

Paulon sostuvo que las personas con discapacidad “se enfrentan permanentemente a múltiples barreras. Hay barreras que no son tan visibles y que son barreras relevantes porque pueden significar la diferencia entre acceder a un derecho y no acceder a él y, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad, el Estado tiene que estar muy presente”.

“Estamos en una etapa donde pareciera que el Estado no se tiene que ocupar de nada, pero en este caso no hay dudas de que, sin el acompañamiento del Estado, la representación de la voluntad colectiva de integrar y de construir una sociedad integrada muchas personas quedan afuera”, consideró. Paulon propuso trabajar un paquete de iniciativas para llegar a una sesión especial y abordar el tema.

La radical Natalia Sarapura destacó que dictaminar las iniciativas es “un acto de expresión voluntad política de un grupo de diputados y respuesta legal a la situación que se vive”, y señaló que se “están violentando los instrumentos internacionales de los que Argentina es firmante y no se cumple la obligación del Estado que también generó este Congreso”.

Por el oficialismo se manifestó la diputada Lilia Lemoine quien expresó que "la situación de las personas con discapacidad es difícil por las barreras que tienen para desarrollarse en sociedad, por eso tenemos que integrarlas en el estudio y el trabajo”, por lo cual afirmó: “Queremos aliviar situaciones, integrándolas”. “No hay que tratar a una persona con discapacidad como alguien que no puede hacer nada, sino todo lo contrario”, remarcó.

Lemoine aclaró que este viernes saldrá la resolución para “corregir la barbaridad que salió sobre esa terminología que no se utiliza más, que no fue voluntad nunca del ANDIS. Es un tema complejo, hay dos personas despedidas por esto, no fue voluntario”, aclaró.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se reunirá para debatir un proyecto que propone la declaración de emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 2027.

El encuentro fue convocado para este miércoles 19 a las 12 en la en la Sala N° 6, del 3er piso del Edificio "Juan Carlos Pugliese" (Edificio Anexo A).

Además, pondrán sobre la mesa seis proyectos de resolución que tratan sobre pedido de informes al Ejecutivo sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, montos de las prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, conmemoración del día mundial sobre la concientización del autismo y otro sobre el síndrome de Down.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes y emitió dictamen del proyecto que establece una asistencia económica mensual para personas con discapacidad que practiquen deportes federados y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su firma definitiva, ya que cuenta con despacho de la Comisión de Deportes.

El texto reza: “Atento a los indiscutibles beneficios que el deporte apareja para dichas personas, para su entorno y para la sociedad toda, porque posibilita su integración social, el mantenimiento de una salud plena y su desarrollo integral”, según explica la norma.

La iniciativa es impulsada por la diputada Karina Bachey (Pro) quien remarcó que el proyecto “no está orientado al resultado, sino a la asistencia y apoyo al proceso del deportista con discapacidad”. “A través del deporte, las personas con discapacidad pueden encontrar el máximo protagonismo mostrando sus habilidades y destrezas, con el fin de incluirnos entre todos”, puntualizó.

En la reunión de la Comisión de Discapacidad de @DiputadosAR marqué cinco cuestiones muy graves que ocurrieron en este último año en relación a los derechos de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/e6RN6paKYx

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) November 12, 2024

Además, pasaron a la firma una batería de proyectos de resolución y declaración. Tres de ellos, de resolución, que le solicitan al Poder Ejecutivo diversas cuestiones.: uno de María Sotolano (Pro), que disponga realizar campañas de bien público destinadas a fomentar la adopción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o grupos de hermanos.

Otro corresponde a Martín Aveiro (UP) para que disponga dar cumplimiento al artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Ley 26.378; y el de Marcela Coli (Democracia para Siempre) sobre pensiones no contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al referirse a su proyecto, la diputada Coli, aseveró que “en muchas familias hoy lo ven como una preocupación y no como un beneficio que les fue otorgado como corresponde”. En esa línea, señaló que “debemos tener la información necesaria y adecuada para transmitir tranquilidad y transparencia”.

También, avanzaron seis proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación a: la realización del "I Encuentro Nacional de Deporte y Discapacidad Visual", que se realizará del 14 al 16 de junio de 2024 en la localidad de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires; a la vigésimo primera edición de la competencia internacional de tenis de mesa para personas con discapacidad, “Copa Tango”, que se realizó del 11 al 13 de octubre de 2024, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, de CABA; a “CaféLSA”, primera cafetería en lengua de señas argentina ubicada en la provincia de Salta; a los servicios de la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID); a las actividades de la fundación sin fines de lucro “Valentino”, cuyo objeto es acompañar a familias de niños y niñas que padecen o padecieron Síndrome de West y patologías similares; y a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", realizada el 12 y 13 de octubre de 2024 por la fundación "Infancias Jujeñas".

Como autora del proyecto, Natalia Sarapura (UCR) se refirió a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", y lo consideró como “un reconocimiento a aquellos esfuerzos que realizan personas para visibilizar la necesidad de una sociedad que respete los derechos y un Estado que los garantice”.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP), habló sobre su iniciativa para la fundación sin fines de lucro “Valentino” manifestando que “es importante llevar la voz porque creemos que muchas veces son invisibilizadas”.

Asimismo, luego de unificarse diecisiete iniciativas, se pasó a la firma el proyecto que busca expresar beneplácito por la participación de la delegación argentina en los “Juegos Paralímpicos 2024”, que se desarrollaron París del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. En ese mismo sentido, avanzaron las normas que expresan beneplácito por la participación del pampeano Joshua Ricardo en el "Torneo Nacional de Golf Adaptado"; y a la destacada participación del nadador paralímpico Bautista Bal, en los Juegos Olímpicos para personas con Síndrome de Down "Trisome Games" realizados en Antalya, Turquía.

En otro orden, se firmó el proyecto de resolución que expresa preocupación por la desafectación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. También una iniciativa que adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado el 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes para iniciar el debate sobre las Pensiones no contributivas y el derecho a la protección social de las personas con discapacidad en donde asistieron representantes de organizaciones que explicaron sobre la problemática que están atravesando.

Arroyo informó que también serán ejes de trabajo para próximas reuniones la problemática al acceso a tener el boleto para poder viajar de forma gratuita que “le corresponde por ley porque es un derecho establecido”, y afirmó que harán un pedido de informes al Ejecutivo sobre el tema.

De forma virtual, Amalia Gamio del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU recordó que la Convención es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratificaron”, y señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud, eso es un terrible retroceso”.

“Las personas con discapacidad han sido sujetas a grandes inequidades, son más propensas a sufrir pobreza y malnutrición. Tienen menos oportunidades de recibir educación. La brecha con niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación es un gran reto 93 millones de niños con discapacidad son los que tiene posibilidad de quedarse atrás. Tienen menos oportunidades de tener empleo y la situación para la mujer es peor”, alertó.

Gamio indicó que en 91 países y territorios de ocho regiones geográficas la relación empleo población de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 36% de media, mientras el de las personas sin discapacidades del 60%.  “La situación es peor para las mujeres con discapacidad, ya que la relación empleo y población de estas mujeres con discapacidad es inferior a lo de los hombres con discapacidad y también tienen menos acceso a servicios públicos”.

“La agenda 2030 establece que más del 80% de las personas con discapacidad viven en pobreza”, advirtió y lamentó que haya una reducción del presupuesto para las personas con discapacidad.

A continuación, disertó la Coordinadora del Programa De Derechos de las Personas con Discapacidad, Belén Arcucci, quien estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39%. Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”.

“Acumulan una caída del 47% comparando los recursos ejecutados en 2023 y sería el presupuesto más bajo asignado a este programa desde 2018”, criticó y sumó: “La información presupuestaria refleja una caída del 15% en la cantidad de pensiones que se proyectan otorgar comparadas con las que se dieron actualmente”.

Arnucci finalizó: “El 73,75% del presupuesto total de ANDIS, la caída de recursos de este programa explica la caída del 30,5% de los recursos proyectados para el 2025 en el organismo. Los recursos para el programa de atención médica aumentan un 15,85%”.

Gabriela Troiano explicó que la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad: “Es una ONG conformada por familiares y personas con discapacidad que viene desarrollando su acción en pos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina”.

“Este tema de las pensiones no contributivas no es nuevo, ya pasó en 2016. En este año con mayor perversidad. Estamos regresando a un sistema eugenésico porque se piensa que las personas con discapacidad no sirven a la sociedad. Es lo que se plantea hoy desde el Estado. Hay una doble discriminación al no dar trabajo a las personas con discapacidad y sacando las pensiones”.

Troiano aseguró que es “regresivo y perverso porque no se puede garantizar ni la autonomía ni la independencia porque lo toman como un gasto”, y exigió que el Estado cumpla con la Convención a la que está suscripta.

En representación de la Defensoría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Greco, señaló que “los organismos específicos de DDHH le están exigiendo a la Argentina que continúe con la garantía de la pensión no contributiva, para los niños con discapacidad”.

En tanto, la abogada especialista en discapacidad y seguridad social, María Daniela Savarese, manifestó: “En este gobierno de ajuste se ve a las personas con discapacidad como un gasto. Esto ya lo vivimos, nada mejoró y ningún proyecto trajo una solución real. Hoy nos convoca nuevamente el mismo tema: la quita de pensiones. Se la considera incompatibilidad con trabajo registrado y no se toma a la pensión como un derecho adquirido”.

El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, consideró: “Se podría pensar en una nueva ley que reconozca la asignación económica para las personas con discapacidad, solucionaríamos muchos de los problemas que están hoy”.

La investigadora del CONICET, María Pía Venturiello, detalló que “de la población argentina solo un tercio tiene acceso al Certificado Único de Discapacidad, que le permite el acceso a los derechos reconocidos. Otro dato adicional: la tasa de empleo es del 32% lo que evidencia la expulsión sistemática de las personas con discapacidad del mercado laboral”.

En tanto, la abogada Celeste Dimegli cuestionó que el decreto 853/24: “Introduce cambios significativos, establece la incompatibilidad laboral entre el cobro de una pensión y un trabajo registrado; esto significa que los beneficiarios no pueden tener un empleo formal mientras reciben la pensión”.

En representación de APDH expuso Claudia Naom quien planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad. Eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida. Con la eliminación de la pensión no se puede lograr eso y se le coloca una barrera más”.

Por último, expuso el psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS Joaquín Castro Valdez quien afirmó: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.

En la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se dio este miércoles dictamen a un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelva a funcionar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

El presidente de la comisión, y autor de la iniciativa, Daniel Arroyo (UP), señaló que esto va en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que “establece que los organismos competentes con discapacidad no tienen que estar ni en salud, ni en desarrollo social, ni en educación, sino en áreas que articulen varios ministerios”, porque tienen que cumplir varias competencias. 

El legislador recordó que durante el gobierno de Cambiemos la ANDIS pasó a la Secretaría General, y esto se mantuvo durante la gestión del Frente de Todos. “Este Gobierno arrancó teniéndola en la Jefatura y ahora fue a Salud” lo cual “complica para las competencias que tenga que realizar en educación y trabajo”, apuntó. 

Por otro lado, se despacharon distintos pedidos de informes sobre las pensiones por invalidez no contributivas. Arroyo anunció que el próximo martes 15 de octubre a las 13 se realizará una reunión informativa “por todo el debate que se ha dado y el nuevo decreto que objetivamente es un retroceso respecto a las personas con discapacidad”. 

Al hacer hincapié en el tema de las auditorías, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) explicó que su solicitud tiene que ver con que “no tenemos ninguna información oficial sobre cómo es la metodología, cómo se está haciendo” y el Gobierno ha dispuesto “condiciones totalmente restrictivas” de acceso para las pensiones por invalidez. “Queremos saber si busca un recorte, que es tremendo, o si hay alguna política que vaya en función de las necesidades de todo el colectivo”, expresó. 

En otro orden, se dictaminó un pedido de informes sobre la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, impulsado por la diputada Natalia Sarapura (UCR), quien dijo que se busca “profundizar sobre el cumplimiento de la ley”. “Nos va a dar información para seguir pensando una deuda pendiente de la reglamentación y construir una agenda que nos permita dar garantías”, señaló la radical. Entre las consultas, se pregunta sobre qué presupuesto, qué seguro se prevé para las personas, cuántos son en cada provincia y qué organismos están afectados, entre otros puntos. 

Además, el temario incluyó un beneplácito por las tres medallas de oro obtenidas por la delegación argentina de natación paralímpica en la World League, que se llevó a cabo del 30 de mayo al 2 de junio en Alemania. “Es importante visibilizar y reconocer el deporte paralímpico”, sostuvo la diputada Karina Bachey (Pro).

Al tomar la palabra, la legisladora Magalí Mastaler (UP) propuso hacer una reunión conjunta de la Comisión de Discapacidad y la de Deportes, que ella preside, para hacer un reconocimiento a la delegación de deportistas que han participado en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sarapura pidió sumar a la Selección de “Las Murciélagas”. 

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunió este martes para recibir por más de tres horas a una veintena de representantes de asociaciones vinculadas al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Algunas exposiciones fueron virtuales.

Al inicio, el titular de la comisión Daniel Arroyo aseveró que los trabajadores de los talleres protegidos “cobran 28.000 pesos”, y agregó que “hay más de 8.000 personas en situación crítica”. En virtud de avanzar con una legislación sobre la problemática incorporó la idea avanzar sobre créditos y beneficios fiscales a personas que contraten personas con discapacidad y fomentar las políticas de empleo y capacitación laboral en el mismo rubro.

El primer expositor fue Gabriel Corrao, del Taller Protegido Dignidad ubicado en la localidad de Chivilcoy, quien expuso diferentes problemas que atraviesan y cuestionó que, en el último informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se anunció que “hay dos talleres que evidentemente no están más”.

Entre los problemas mencionados, explicó: “La necesidad de agrandar cupos para darle a acceso a personas con discapacidad”, y agregó que “en los últimos cinco años egresaron 80 alumnos, pero solo el 30% de chicos accedió a empleo. El resto está en lista de espera”. Además, aseveró que “se incumple con una resolución del 2006”.

José Sauchelli del taller protegido San Francisco de Asís ubicado en Isidro Casanova exigió que “se reconozca nuestro trabajo con la parte monetaria” porque “vamos a trabajar, no vamos a jugar a las cartas o tomar mates”. “Que podamos tener una vida como cualquiera, no regalada con las necesidades básicas, buscando mecanismos”.

Estefanía Romero Lorenzo de la ONG Esperanza Hoy y Siempre manifestó: “Recibimos a personas con discapacidad para tener un jardín y brindar oportunidad a jóvenes docentes a ejercer la docencia inclusiva”. En el cierre, enfatizó que “que el Estado cubra los gastos”.

Desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, Laura Velo, cuestionó: “No estamos en el INDEC y somos 1.845.079 de personas con discapacidad”. De igual manera, aportó que “hay más de 600.000 adultos a quienes se le niega el derecho a trabajar y el Estado nacional solo da trabajo a 4.000 solo de AMBA”. En tal sentido, enumeró que “no se cumple el cupo laboral, que debe ser del 1,22 y es del 0,90”.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja avanzó este martes en las modificaciones a la Ley de Electrodependientes.

Además, se abordaron proyectos de declaración y resolución.

La comisión que preside Daniel Arroyo dictaminó de forma favorable al proyecto que introduce modificaciones a la ley de electrodependientes.

"Queremos mejorar la ley con una mirada desde la salud, que quede claro qué equipos corresponden y generar un proceso expeditivo para que accedan a una fuente de energía sin cargo", explicó el titular de la comisión.

En su intervención, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que “estamos atrasados y en deuda con el sector, que no tiene tiempo para perder. Esto ocurre porque no quieren darle los certificados a las personas que corresponden". Al respecto, Valdés planteó la necesidad de realizar un encuentro con carácter urgente entre los diputados de la comisión y el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. "No se nos caen los anillos por ir hasta su oficina, como ya hemos ido anteriormente", aseguró.

Además, los legisladores aprobaron declarar de interés de la cámara de diputados: el centenario de la Asociación Civil Biblioteca Argentina para Ciegos a celebrarse el próximo 18 de septiembre; la segunda publicación de la Red Interuniversitaria de Discapacidad denominada “Políticas en educación superior en las universidades públicas, discapacidad y universidad, periodo 2014 2016”; el noticiero "Inclui2", que se transmite por el canal "Diputados TV"; el 1° Encuentro Nacional de Buceo Inclusivo para personas con discapacidad que se desarrolló en la provincia de San Luis; la "Conferencia de Wasli - Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguas de Señas -, región Latinoamérica y el Caribe"; y el vehículo "Tricicleta all ride" destinado a la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad.

Presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), la Comisión de Discapacidad avaló este miércoles un proyecto sobre el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (Ley 24.901), abarcando prevención, asistencia y protección, garantizando atención universal y no discriminación. 

Además, durante el encuentro se manifestó la preocupación por la posible desregulación de los aranceles de las prestaciones. Sin embargo, desde el oficialismo la diputada Lilia Lemoine transmitió que no saldrá ningún decreto en ese sentido. 

El dictamen, que se alcanzó luego de unificar dos iniciativas, instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el sistema “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”. 

Durante el debate, Victoria Tolosa Paz (UP) destacó “la perspectiva de infancia esté presente” en el proyecto; mientras que Soledad Carrizo (UCR) advirtió: “Si no logramos que las provincias adhieran a la ley, vamos a tener una asimetría muy grande con las prestaciones”.

En tanto, Karina Bachey (Pro) remarcó que “necesitamos trabajar la discapacidad de manera altruista y de vanguardia, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está pidiendo”. “El sistema de discapacidad está muy viciado y necesitamos mecanismos de control y auditoría, tanto para quienes reciben las prestaciones como a los prestadores, gastando los recursos de forma eficiente y que lleguen realmente a las personas que necesitan la asistencia del Estado”, subrayó.

Al anticipar su apoyo al proyecto, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, instó a “garantizar la universalidad de las prestaciones”. La diputada Natalia Sarapura (UCR) afirmó: “Venimos a garantizar las prestaciones y definir el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. 

También habló la diputada Nancy Sand (UP), quien consideró que “esta es la forma que debemos trabajar en estos temas que son transversales”. 

En representación de La Libertad Avanza, Lemoine aseguró que “no va a salir” un decreto sobre desregulación de las prestaciones. “Es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”, aclaró. En otro orden, propuso realizar una capacitación en lengua de señas en las instalaciones de la ANDIS, para “demostrar compromiso de integración y poder comunicarnos”.

Con respecto al borrador de decreto, Arroyo reclamó “una comunicación oficial del Ejecutivo que dé cuenta de que el decreto no va a salir”.
En esa misma línea se avaló un proyecto de resolución que expresa la preocupación por la posible desregulación del sistema de determinación de valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador de Sistema Único de Prestaciones Básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad.

Al comienzo, Arroyo reveló que, como se había fijado en el último encuentro, el viernes pasado se reunieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto y le confirmó la intención de asistir próximamente a la comisión.

 

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Arroyo (UP), realizó una nueva reunión informativa para recibir a asociaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En primer lugar expuso María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien advirtió sobre “un sensible incremento de los obstáculos y dificultades que las personas con discapacidad están enfrentando para acceder a programa y prestaciones”.

“Las consultas y denuncias que ingresaron al organismo durante el primer cuatrimestre de 2024 crecieron un 25,5% respecto del mismo periodo del año anterior, destacándose el incremento de reclamos vinculados a pensiones y Plan Incluir Salud”, dijo.

En tanto, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que “los trámites sobre pensiones no contributivas se incrementaron en un 89 % respecto del año anterior y pasaron a ocupar el principal lugar de los temas gestionados por el área”. En ese sentido, ejemplificó con los casos de pensiones que “siendo aprobadas no se están liquidando”.

“Si se computa el 211% de inflación de 2023, los fondos administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apenas cubren el 52% del salto inflacionario, si no se toma una medida perentoria su accionar se verá desfinanciado en el corto plazo”, argumentó Muiños.

Por su parte, Mariano Unamuno, secretario Interior de UPCN Seccional Capital, se refirió al escenario en la ANDIS. “La situación es crítica a partir de los despidos injustificados que ha tenido la ANDIS, sumado a la nula iniciativa por parte de la gestión en establecer políticas públicas en favor de un sector tan postergado como son las personas con discapacidad”, dijo Unamuno.

“Hoy la tramitación de las pensiones no contributivas se encuentra totalmente paralizada, la Dirección a cargo de la emisión de las pensiones se encuentra vacante y sin designación alguna”, agregó.

En tanto, Facundo Diz, intendente del municipio bonaerense de Navarro, contó su experiencia personal con su padre con discapacidad y habló de “un retroceso de nuestra democracia” en relación a las políticas destinada al tema. “Es muy difícil imaginar un país donde no se integra a todas las personas, hoy no están siendo reconocidos sus derechos”, declaró.

Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes, expresó su “preocupación” sobre el cumplimiento de la norma que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Stefanizzi dijo que “se está recortando el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS)”.

“Se están rechazando muchos casos de electrodependientes, esto es realmente grave”, añadió. “A esas familias le están viniendo boletas de luz de 130 mil pesos y hay casos de personas desempleadas que tenían un derecho garantizado y ahora se lo están sacando”.

Se trató del segundo encuentro de la Comisión destinado a analizar la temática, anteriormente los diputados escucharon a integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de la Red por los Derechos de las personas con discapacidad (REDI), y de Caritas Argentina, entre otras asociaciones.

Presidida por el diputado nacional Daniel Arroyo (UP – Buenos Aires), la Comisión de Discapacidad se reunió este jueves para avanzar con el dictamen de una decena de proyectos de resolución.

En el inicio del encuentro, restaba confirmar a un miembro de Unión por la Patria en la Secretaría y la designada fue la santiagueña Estela Neder que acompañará como autoridad a Natalia de la Sota y Karina Bachey (secretarías); Eduardo Valdés y Nicolás Del Caño (vicepresidentes) y al titular Arroyo.

La lista de iniciativas aprobadas fue: La adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down a celebrarse cada 21 de marzo, impulsado por Ana María Ianni (UP – Santa Cruz); Expresar beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del día mundial del Síndrome de Down, de Gisela Marziotta (UP – CABA); y el reconocimiento a los hacedores del proyecto “alamesa”, primer restaurante del país atendido por jóvenes con neurodiversidad funcional, presentado por Micaela Morán (UP – Buenos Aires).

También, dictaminaron favorablemente el reconocimiento a la representación de la delegación argentina en los “Trisomes Games”, evento mundial para deportistas con Síndrome de Down, que se realizó en Antalya, Turquía, del 19 al 26 de marzo de 2024, presentado por Karina Bachey (Pro – San Luis) y la adhesión a la “semana azul” de visibilización y concientización sobre el Autismo, que se realizó el 27 de marzo al 2 de abril de 2024 en la República Argentina, de Marziotta.

El reconocimiento al proyecto de comunicación inclusiva llevado adelante por "los loros parlantes" a través de un programa de televisión digital, realizado por personas con discapacidad, de Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires) y la declaración de interés del desarrollo de “Dillo”, aplicación de intérprete de Lengua de Señas - LSA-, creada por Manuel Flores de la localidad de Jesús María, impulsado por Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) también tuvieron aval de la comisión.

Y finalmente, el pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentado por la diputada nacional Natalia de la Sota (HCF – Córdoba).

NOTA EN DESARROLLO

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo (JSRN), avanzó este miércoles con un paquete de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.

El primer tema que se abordó en la reunión fue una iniciativa que había tenido dictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no haberse tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tiene que ver con una nueva capacitación para los tres poderes del Estado.

El proyecto, unificado entre distintas propuestas, impulsa la creación del programa "Argentina Inclusiva" destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal.

La cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal) valoró que "todas las fuerzas entendemos que necesitamos capacitarnos necesaria y urgentemente en materia de discapacidad" de modo de saber "cuál es el trato adecuado, de qué manera asesorar". "Lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Necesitamos comprender, entender y aprender. Y en materia de discapacidad no sabemos", señaló.

Por su parte, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) consideró que esta iniciativa "abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad".

A su turno, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) resaltó que "la inclusión de personas con discapacidad es todavía una tarea pendiente" y, de allí "la importancia que tiene el conocimiento no solo en los que tenemos responsabilidad pública, sino ratificar en cada hecho, decisión y acción el rol del Estado como garante de derechos".

"En el caso de las personas con discapacidad, a veces el Estado, por falta de conocimiento, se convierte en una barrera que hace inaccesible el ejercicio de derechos", lamentó.

En segundo término, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un “Sello nacional de equidad laboral" y beneficios impositivos. Deberá analizarse también en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Impulsora de la propuesta, la porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que "es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos". Al referirse al cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una ley que tiene 42 años, la diputada subrayó que "un informe de ANDIS del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos".

"La mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de las fotocopias", manifestó y explicó que "tenemos programas de acompañamiento, pero no hay programas buenos de contratación", por eso "necesitamos el aliado del sector privado, tener sello de calidad e incentivos impositivos".

Carrizo alertó que "los jóvenes son los más castigados por la situación de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más, la tasa de inactividad es del 64%. No acceden a trabajos dignos y con calidad".

En el encuentro también se dio dictamen a un proyecto sobre sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, impulsado por la bonaerense Marcela Passo (FdT), quien destacó que "se trabajó de una manera muy intensa, a lo largo de 10 reuniones" en asesores y el texto final "es mucho más abarcativo e incluye a todas sus personas en sus diversas modalidades de discapacidad".

"Se busca tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando", apuntó y mencionó, por ejemplo, "la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados". Pero remarcó que lo "fundamental es la capacitación al personal para generar empatía".

También pasó a la firma el dictamen de un proyecto que modifica la Ley 25.643 de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas, de manera de "poder adecuar la ley que hablaba de personas con movilidad o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas", explicó Graciela Caselles; y otro que modifica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incorporándose la perspectiva de discapacidad; además de proyectos de resolución y declaración.

Capacitación en LSA volvió a asesores

El temario de la reunión incluía un proyecto de la diputada Gisela Marziotta (FdT) sobre capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) en los tres poderes del Estado nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda.

La porteña Dina Rezinovsky (Pro) reveló que "la comunidad sorda nos pide que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo, porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo, principalmente porque no se les consultó".

"Tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua", recordó en referencia a la ley que reconoció a la LSA como idioma viso-gestual en todo el país. Y opinó que quizás ellos tienen "otras prioridades" como "el acceso a LSA desde la edad más temprana, porque está comprobado que mientras más tarde los niños empiecen a aprender LSA, más difícil va a ser para ellos la integración después" o "que haya un registro de los interpretes".

El presidente de la comisión aclaró que "nosotros debemos escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo, somos nosotros".

No obstante, desde el oficialismo mostraron disposición a dar nuevamente discusión en asesores. "Si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario", aseguró la chaqueña Lucila Masin (FdT).

"Que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos", resaltó Caselles, que coincidió en que vuelva a ser tratado ya que "esta es la comisión de los consensos y antigrieta".

También volvieron a asesores dos proyectos que proponen modificaciones a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.

La Cámara de Diputados volvió a poner en agenda el tratamiento del proyecto que propone la capacitación obligatoria en Lengua de Señas que ya cuenta con media sanción del Senado desde abril pasado.

La iniciativa va a ser debatida en el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo, el próximo miércoles a las 10 en la Sala 2. La misma iba a reunirse el pasado jueves, pero el encuentro se suspendió.

La misma fue presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA como idioma viso-gestual para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado nacional.

La comisión también tiene previsto debatir un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

También se debatirá sobre un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista; y la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con TEA -y síndromes relacionados- en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial.

Por último, se encuentra en el temario tratar modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); a la de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas (25.643); y proyectos de resolución y declaración.

Tras la sanción definitiva, en abril pasado por parte del Senado, de la ley que reconoce a la Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional, la Comisión de Discapacidad de Diputados tratará un nuevo proyecto sobre el tema.

El temario de la reunión prevista para este jueves a las 10, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, prevé el tratamiento de una iniciativa presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA para los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado nacional.

Por otra parte, se debatirá un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

También se debatirá sobre un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista; y la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con TEA -y síndromes relacionados- en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial.

Además, la comisión presidida por Luis Di Giacomo (JSRN) tratará modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); a la de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas (25.643); y proyectos de resolución y declaración.

Tras la sanción definitiva, en abril pasado por parte del Senado, de la ley que reconoce a la Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados tratará un nuevo proyecto sobre el tema.

El temario de la reunión prevista para el miércoles 12 de julio, a las 15, prevé el tratamiento de una iniciativa presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA para los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado nacional.

Por otra parte, se debatirá un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

Además, la comisión presidida por Luis Di Giacomo (JSRN) tratará modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); y proyectos de resolución y declaración.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, se reunió este miércoles en la Sala 2 en donde debatieron un paquete de proyectos de ley y de resolución, entre ellos la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal y la incorporación de un artículo a la ley de personas con TEA.

El primer proyecto analizado fue el que propone la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, pero terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.

El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.

El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.

Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.

Al respecto, Di Giacomo acotó: “Este proyecto ya tuvo dictamen positivo. Se cayó luego y ahora vuelve a ser presentado sin cambios. Creo que no hay dificultades en su aprobación”. Tras lo cual se pasó a la firma.

La siguiente iniciativa que pasó a la firma y giró a la Comisión de Presupuesto y Hacienda plantea una modificación en el artículo 12 de la Ley de sistema Federal de la vivienda - Ley 24.464 - sobre criterios indicativos de selección y cupo referente destinado a personas discapacitadas.

Prevención y detección temprana de Trastorno del Espectro Autista

Otra de las iniciativas -unificada- propone la incorporación del artículo 1 bis sobre detección temprana del TEA: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”. También busca la sustitución del artículo 2.

Sobre este punto pidió la palabra la diputada y autora de uno de los proyectos Danya Tavela (Evolución Radical) quien agradeció y celebró el trabajo de la comisión que “trabajó en la unificación de los proyectos”.

“Esto da respuestas a una de las demandas de las familias, de las distintas ONG, de docentes que nos planteaban la necesidad de incorporar el Trastorno del Espectro Autista y su detección en las instancias educativas”, explicó y ponderó el “esfuerzo” que hicieron los equipos para unificar los proyectos. También destacó el “valioso aporte y el trabajo de las diputadas (Natalia) De La Sota y (Rossana) Chahla con quienes hemos unificado el proyecto”.

Por otro lado, contó que “este proyecto fue el primero que trajimos desde mi equipo al Congreso reflejando el compromiso que nuestro espacio tiene con la educación argentina y pública en momentos de tanto debate y confusión que se va generando de volver a poner en el centro de la agenda de manera transversal el rol de la escuela, de los docentes y la importancia que la educación tiene para todos los chicos”.

A su vez, precisó que los motivos por los cuales impulsaron el proyecto tenía que ver con “impulsar el plan de detección en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades para garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. Aquellos padres que tienen hijos con TEA saben de las dificultades que enfrentan en la escolarización. Un sistema inclusivo de educación garantiza el ingreso irrestricto de todos los niños a la escuela, pero también su permanencia y graduación que, finalmente, les va a permitir mejorar su calidad de vida y poder desarrollar sus propias trayectorias”.

Tavela explayó que la segunda idea “central” del proyecto se basa en la articulación del Ministerio de Educación y de Salud y remarcó que “es imprescindible para mejorar la vida de los argentinos que todas las áreas del Estado trabajen de manera mancomunada, articulada y con objetivos claros y la educación es una de ellas y la inclusión de nuestros chicos en las escuelas también”.

También incorpora dos cuestiones más, una sobre la autoridad de aplicación y la otra tiene que ver con la mirada interdisciplinaria social e integral del abordaje del diagnóstico. Al cierre de su intervención, Tavela pidió el acompañamiento de sus pares y concluyó: “Un Ministerio de Educación que aborde el TEA, con escuelas que realicen una detección de las condiciones, es decir, que identifiquen las señales de alarma y actúen a tiempo y acompañen a los niños en su escolaridad, puede marcar una diferencia enorme en el pronostico y futuro de cada chico, en la calidad de vida familiar y en el desarrollo de la sociedad inclusiva.

“No hay estadísticas que reflejan el TEA en el país”, expresó con pesar la diputada de JxC y sumó: “Proyectos como estos avanzan en esas posibilidades. Tampoco el CENSO 2022 nos va a poder arrojar cifras sobre el mismo porque no se incluyó la consulta, pero siempre mirando con optimismo la labor que tiene que ver con tomar la agenda del día a día que pesa y duele. Hemos hecho un avance con este proyecto, pero todavía nos toca trabajar mucho porque la educación en el país requiere de muchos proyectos que garanticen la inclusión y la calidad de innovación”.

De forma breve, el oficialista Eduardo Valdés manifestó con orgullo poder aprobar este proyecto y adelantó el acompañamiento de su bloque. Mientras que el presidente de la comisión sostuvo que “este tipo de proyectos efectivamente colaboran y, más que su grano de arena, ponen un elemento más y dan un paso más en la posibilidad del reconocimiento que merece la concientización que debe hacerse de este tipo de problemáticas donde hoy, lamentablemente, a pesar de los avances de la ciencia y las posibilidades de diagnóstico temprano y precoz, tenemos padres y madres deambulando por años en busca de un diagnóstico y me parece que esto, sumado a la capacitación de docentes que se lleva a cabo en el Senado. Son todos proyectos que ponen sobre el tapete que tenemos que hacernos cargos de esta problemática y que se ejerza la coordinación entre Salud y Educación va a ser algo positivo”.

Otras iniciativas

A continuación, se puso a consideración el proyecto que plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización. Al respecto, el autor de la iniciativa Eduardo Valdés pidió que quede en asesores hasta que la Comisión de Salud dictamine sobre los acompañantes terapéuticos y sumó: “El proyecto es muy bueno y sería mejor”.

Por su parte, el exministro de Salud Daniel Gollan (FdT) mencionó “hay un consenso generalizado entre todos los bloques que presentaron proyectos de unificar en un solo proyecto. Así que es muy probable Valdés que casi seguro que tu proyecto va a tener un trámite satisfactorio en la Comisión de Salud”, y propuso “plantear un tratamiento en conjunto”.

También debatieron sobre el texto que establece modificaciones en el artículo 22 de la Ley 22.431 sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje.

Al respecto, Dina Rezinovsky (Pro) mencionó que ha presentado un proyecto igual que perdió estado parlamentario, pero que especifica que las modificaciones son por “cuestiones médicas porque tenemos que ser responsables con los fondos que tiene el Estado que no son ilimitados”, y solicitó que los proyectos vuelvan a asesores para que ambas iniciativas sean tenidas en cuenta.

También se puso en consideración un proyecto de ley para modificar el artículo 6 de la Ley del Consejo Federal de Discapacidad incorporando un representante titular y un suplente de las organizaciones sociales de o para personas con discapacidad de cada una de las provincias del país; y otro que propone modificar el artículo 3 de la Ley 22.431 Sistema de protección integral de discapacitados sobre cambio de denominación de CUD- certificado único de discapacidad- a CUDAA – Certificado Único de Acceso a Apoyos.

Sobre este último, la autora del texto la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) manifestó que “hay que ajustarnos a cambiar la normativa a los nuevos paradigmas en donde el pasar del paradigma médico de protección a entender a las personas con discapacidad como sujetos con derechos”.

“No debemos centrarnos en la discapacidad, sino en el apoyo que el Estado debe dar para garantizar los derechos que son vulnerados por las barreras que tenemos. Muchas personas no sacan el CUD por miedo a ser estigmatizados. Solo 1 millón y medio han accedido al certificado. También tiene que ver con otras cuestiones, pero es un factor más y es necesario poder acercar los beneficios que trae el Certificado. El cambio de nomenclatura es un avance más en el cambio de paradigma y va a ayudar ya a colaborar para que muchas personas accedan al mismo. El Estado debe eliminar las barreras y ayudar a las personas a acceder a sus derechos”, explayó.

De la vereda de enfrente, la santafecina Alejandra Obeid propuso que se haga una consulta a COFEDIS por una “cuestión de respetar la opinión de las provincias”. “Me parece muy bien hacer la consulta”, resaltó Morales Gorleri.

“Es un pedido de la gente, de las organizaciones, más que de los profesionales de la salud. No es una jerga cerrada ni algo forzoso, sino que cambia el eje central que es la cuestión de discapacidad, por la cuestión de acceso a apoyos que me parece que habla de algo a un derecho a conseguir. Se puede hacer el pedido al mismo tiempo de dar el dictamen porque esto pasa a Derechos Humanos y no tratarlo hasta tener la respuesta”, propuso Di Giacomo a lo que adhirieron ambos bloques.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, convocó a una reunión este miércoles a las 15.30 en la Sala 2 a fin de considerar un paquete de proyectos de ley y de resolución.

Uno de los proyectos busca incorporar a la Ley 27.043 de salud pública y Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) el siguiente artículo: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”.

Otro de los proyectos a considerar plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización.

También se tratará la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, mas terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.

El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.

El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.

Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.

También se debatirá sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje; la modificación a la denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA) y proyectos de resolución.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Di Giacomo (JSRN), se reunió este jueves para emitir dictamen, entre varios proyectos y temas, sobre el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma el patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas en todo el territorio de la Nación.

El proyecto es el resultado de tres iniciativas presentadas por los diputados Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires), Lucila Masin (FdT – Chaco) y Julio Cobos (UCR – Mendoza). Ambos diputados oficialistas coincidieron en que ha sido “un día histórico”, ya que se esperaron más de 20 años desde la primera propuesta impulsada sin obtener aprobación.

“Este proyecto es un logro de la lucha y la militancia de las organizaciones. Agradezco la participación de las organizaciones que representan a las personas sordas”, enfatizó Masin. Además, la diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro - CABA) afirmó: “Este proyecto es todo de las organizaciones” y pidió “que sea ley”.

Tras anunciar la aprobación por unanimidad del proyecto, a través del presidente Luis Di Giacomo, los integrantes de la comisión continuaron votando proyectos de resolución y declaración, donde también obtuvo dictamen el proyecto impulsado por la diputada Karina Banfi (UCR) para solicitar al Poder Ejecutivo la disposició de incorporar una categoría especial para atletas con Síndrome de Down dentro de los Juegos Nacionales Evita.

La iniciativa sobre adopción del símbolo internacional de Accesibilidad Universal impulsado por la diputada oficialista Lucila Masin también fue aprobada por unanimidad. “La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó en 2015 un nuevo símbolo -que muestra a una persona con los brazos abiertos- de accesibilidad, que grafica la inclusión y la igualdad”, explicó.

Además, obtuvo dictamen el proyecto de la diputada nacional Natalia de la Sota (Córdoba Federal), unificado entre ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

En tal sentido, la legisladora cordobesa sostuvo que “es importante capacitarse en el ámbito de los tres poderes del Estado”. A su vez, agregó: “Esto en Córdoba ya fue aplicado, y genera que las personas con discapacidad se sientan incluidas para vivir en convivencia”.

Así también fueron presentadas y aprobadas, unánimemente, iniciativas de declaración de interés por la Cámara de Diputados como: el programa radial de discapacidad “Ahora es tiempo” que se emite en la ciudad de La Plata; la película documental “Los que no quieren ver”, dirigida por Graciela De Luca, cuyos protagonistas son una pareja con discapacidad visual; el plan de ciclovías inclusivas denominado “Programa Pedaleando Juntos”, implementado por la Municipalidad de Lujan de Cuyo; la participación de la Selección Argentina de Basquetbol “Los Topos” en las Sordolimpiadas de Caxias Do Sul, en Brasil; y la participación del atleta Fernando Champomier, quien padece esclerosis múltiple remitente recurrente controlada en el “Triatlon Ironman 70.3” de San Juan 2022.

Del mismo modo, fueron declarados de interés por la Cámara baja los proyectos presentados acerca de: el subcampeonato que obtuvo el seleccionado argentino de Futsal para personas con Síndrome de Down en el último mundial; el reconocimiento al nadador paratleta Sirur Maluf; y los beneplácitos por el desempeño de las delegaciones argentinas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en el sexto mundial de atletismo, tenis y tenis de mesa para personas con Síndrome de Down, y las medallas de oro, plata y bronce obtenidas por el nadador Iñaki Basiloff en el Campeonato Mundial de paranatación Madeira 2022.

También fue aprobado el beneplácito que declara personalidad destacada al deportista Gustavo Fernández, quien participó del abierto de Tenis Adaptado en Francia. Asimismo, se aprobó la distinción por la participación en deporte adaptado de Alexis Chávez, quien fue explicado por la diputada oficialista Micaela Morán, ante el desconocimiento del legislador Gustavo Bohuid (UCR – Jujuy): “Lo conozco a Alexis. Él nació prematuro y a los once años le detectaron parálisis cerebral. Se hizo conocido en el ámbito del deporte adaptado a los doce años cuando participó de los Juegos Bonaerenses”, relató.

Tras ello, el presidente de la comisión afirmó que “el reconocimiento es más que valido”, y continuo con la aprobación del pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la implementación de la Ley 25.643 (Ley de Turismo Accesible) presentado por Soledad Carrizo (UCR- Córdoba).

El último proyecto aprobado fue la declaración de interés de la Cámara baja sobre la guía “Latiendo” elaborada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) presentado por Dina Rezinovsky quien explicó: “Es una guía con cuatro ejes para que cada familia pueda ser acompañada ante el diagnóstico y los servicios integrales sobre Síndrome de Down”.

Finalmente, y con todos los proyectos aprobados por unanimidad, el titular de la comisión, Luis Di Giacomo, pidió por un aplauso para todos los diputados presentes y cerró la reunión de la Comisión de Discapacidad.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del diputado Luis Di Giacomo (JSRN), se reunirá este jueves a las 10 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja para tratar un conjunto de proyectos, entre ellos el que busca reconocer como Idioma Viso Gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Además, el temario incluye una iniciativa para adoptar el símbolo internacional de Accesibilidad Universal, diseñado por Naciones Unidas en 2015.

Actualmente, el símbolo utilizado en los lugares accesibles para personas con discapacidad es el contemplado en la norma IRAM 3722, fue aprobado en 1991 y simula una persona en silla de ruedas.

La nueva imagen consiste en una figura humana con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Otro proyecto a tratar será el que busca crear el "Programa Argentina Inclusiva", para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad.

Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se discutió el proyecto de ley que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Argentina como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio argentino.

La norma, entre otros puntos destacados, busca “eliminar las barreras comunicacionales y remover las barreras actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en Lengua de Señas Argentina en su interacción con el entorno”.

La diputada Dina Rezinovsky (Pro) explicó que hay otra iniciativa en el mismo sentido, por lo cual pidió un cambio de giro de ese proyecto para que, pueda ser tratado conjuntamente con el de autoría de la diputada Lucila Masin (FdT). La moción fue votada afirmativamente.

El otro punto del temario, que era una modificación a la Ley 22.431 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no se renueve en los casos de discapacidad irreversible, sino que sea permanente, no hubo consenso para un dictamen unificado y además se acordó que se trate en un plenario la semana próxima con la otra comisión a la que tienen giro los proyectos, que es la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Autora de una de las iniciativas, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC) expresó que “el proyecto que traemos a discusión sobre el Certificado Único de Discapacidad propone un Estado más presente, que cuide y tenga una relación de empatía a la hora de solicitar el trámite”.

“Las demoras en el CUD son un tema invisibilizado”, resaltó y cuestionó: “Hay algo en que el Estado y el Consejo Federal de Discapacidad fallan y que no están haciendo bien desde hace tiempo”.

Por su parte, la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro-JxC) coincidió con Carrizo y sostuvo que “la persona con discapacidad debe hacer pleno ejercicio de sus derechos, y eso se logra quitando esta renovación constante del certificado. Si esto se logra, estamos dando un paso adelante como sociedad”.

De la vereda de enfrente, la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT) se diferenció de sus colegas preopinantes y afirmó que “el tema discapacidad ha estado presente en la agenda del Estado, que es quien interviene y quita barreras”. A su vez, la oficialista argumentó que “llevar a la discapacidad dentro del sistema hegemónico de salud es un avance porque establece un dinamismo para el acceso pleno a la salud con soluciones definitivas para la discapacidad”.

Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés (FdT), autor de un proyecto en igual sentido, fue autocrítico y aseguró: “Estamos en deuda como Gobierno. Más de un millón y medio de personas que deben renovar de los cinco millones con discapacidad que hay en la Argentina. Es urgente dictaminar la semana que viene. Debemos resolver urgente, y le digo a mi Gobierno que estamos demorados”.

En tanto, la diputada Virginia Cornejo (Pro-JxC) enfatizó que actualmente “se somete a la burocracia a personas estigmatizadas”, y reclamó que “si están todos de acuerdo que el proyecto no sea frenado por una redacción”.

En medio de una controversia de legisladores que pedían un dictamen favorable este mismo miércoles, la diputada Jimena López (FdT) reconoció que “surgieron cuestiones que se deben seguir retocando respecto a las articulaciones”. "Firmar por apuro no es dar soluciones”, aseveró.

Tras las exposiciones de los diferentes diputados, el presidente de la Comisión de Discapacidad señaló que “dentro de los acuerdos hay controversias", al tiempo que reafirmó su intención de que se escuche antes al Consejo Federal de la Discapacidad y a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Luego, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC) fue la que propuso que el proyecto pase a un plenario en conjunto con la Comisión de Salud para continuar el tema el jueves que viene. Di Giacomo llamó a la votación, que dio como resultado por unanimidad, y se cerró la discusión.

En medio de los reclamos por los recortes en el área de discapacidad que llevó a cabo el Ministerio de Economía, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se reunirá para debatir la modificación de un artículo de la Ley 22.431 sobre la obtención el certificado único de discapacidad.

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 22 a las 12 en la Sala 2 de la Cámara baja, para darle tratamiento en conjunto a los seis proyectos presentados que proponen modificar el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Discapacitados eliminando la renovación del certificado único de discapacidad para casos permanentes e irreversibles.

Además, se analizará un proyecto del oficialismo que propone el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.

Con la presencia de diferentes organizaciones del ámbito de la discapacidad y la cuestión de los recortes y problemas con los pagos, se reunió este miércoles la Comisión de Discapacidad que preside el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro).

"Hay varias aristas a tratar: prestadores, Estado, instituciones y personas afectadas", señaló a modo de anticipo el rionegrino Di Giacomo en el inicio de la reunión. Por su parte, la vicepresidenta primera Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica – Córdoba) pidió “acompañar soluciones, porque conocemos la crítica situación del sector. Sabemos que hay retrasos en los pagos de los prestadores, el cual es un sector que viene golpeado desde la pandemia. Por ello venimos a empalmar los retrasos en los pagos para tener datos bien definidos”.

A su vez,la vice segunda, Graciela Caselles (FdT – San Juan) estimó que “se empieza a ver el tema discapacidad, que en Argentina estuvo oculto, estamos ante un momento oportuno para ordenarnos, bajo la honestidad y valores humanos. Es un paso más para resolver los problemas de discapacidad”.

La lista de invitados que participaron de la reunión estuvo conformada por Ana Donis (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ); Pedro Crespi, Alejandra Belyin y Rosa Scioti (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina); Verónica Vera (Red de Padres de TGD); Lucas Larocca y Julia Valmarrosa (Confederación Argentina de Sordos); Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich (Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos); Daniel Ramos (Concejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad); y virtualmente, Cecilia Palacio (Centro de Rehabilitación Dean Funes).

Abrió el juego Ana Donis (REDI), quien explicó: “Desde nuestra organización pensamos que lo fundamental era generar leyes que hagan cumplir la convención que tiene carácter constitucional”.

“Luchamos por una ‘Asignación Universal por Discapacidad’ que no sea menor a un salario mínimo, y pedimos que los cuidados pasen a formar parte de la agenda pública. Las personas con discapacidad son cuidadoras, pero no lo son a la hora del pago, hay que remediar que personas con Síndrome de Down pueda acceder a un pago por cuidar”, desarrolló la representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Pedro Crespi (ASDRA) detalló que trabajan con redes de familias con Síndrome de Down y tienen alcance nacional. Además, planteó dos cuestiones: “Necesitamos un diagnóstico claro de cómo viven las personas con discapacidad; pedimos al INDEC que para 2023 haya datos precisos sobre la situación educativa, económica y laboral de las personas con discapacidad”.

Asimismo, Crespi consideró una segunda cuestión: “Queremos conocer detalles de esta nueva ley de discapacidad. Necesitamos saber qué pasará con los aportes, es importante discutir cuestiones estratégicas y leyes con argumentos, información y datos fehacientes”.

Desde la misma organización, Alejandra Belyin destacó “la importancia de que el Certificado Único de Discapacidad tiene que ser definitivo y no que tenga la obligación de ser renovado cada dos o tres años. Nuestros hijos deben pasar por especialistas constantemente. A las familias de bajos recursos se le complica”, explicó.

También Rosa Scioti habló del conflicto que persiste con “las prestaciones en salud sobre discapacidad”, y deslizó: “Estamos pagando a profesionales, cuando no nos corresponde. Pensemos que debe haber acuerdos, pedimos responsabilidad para que no se use la situación de discapacidad para tapar otros problemas”.

En representación de la Red de Padres TGD, estuvo Verónica Vera, quien inició su discurso solidarizándose con prestadores y familias para que se retomen las terapias, y agregó: “Esto marca una falta de equidadm porque tenemos una situación gris sin claridad y se está mezclando todo. Responsabilizo al Estado por no haber claridad”.

Por otro lado, Vera advirtió que “nuestra mayor lucha es contra los monopolios del autismo, quienes son los únicos beneficiados a la hora de participar en leyes. Abrimos un centro gratuito en Merlo, organizado por familias, si el Estado hubiese ayudado sería aun mejor”, sostuvo.

A través de una videollamada por zoom, Cecilia Palacio expuso desde Córdoba que “hay más de cien pacientes con diferentes diagnósticos que no cuentan con equipos interdisciplinarios que logren responder a la alta demanda de análisis y tratamiento con gratuidad”.

“Nos sumamos al reclamo del derecho de acceso a la salud”, afirmó Palacio, quien agregó: “En el ámbito privado, el transporte no cuenta con rampas, hay faltante de información a las familias y carecemos de transporte. La falta de pagos vulnera derecho al transporte, el derecho a la educación y el derecho a la salud”, desarrolló la cordobesa.

En representación de la Confederación Argentina de Sordos, Lucas Larocca comunicó a través de una vocera que “tenemos como objetivo el reconocimiento de personas sordas para que sean reconocidas como ciudadanos. Quedan dos países sin reconocer la ‘lengua de señas’, Argentina es uno; necesitamos que se reconozca nuestro lenguaje lingüístico para la vida cotidiana”.

Julia Valmarrosa (CAS) informó: “Soy parte del 5% de personas sordas. Queremos desarrollar lenguas visuales para niños sordos con educación bilingüe para personas sordas. Queremos el desarrollo para el reconocimiento de personas sordas en todo el país”.

Marcela Kriskovich (ACPDU) tomó la palabra y enfatizó: “Pedimos inclusión real, el ajuste está cuando los médicos de auditoría de obra social recortan, el ajuste está cuando los padres de un niño con discapacidad deben pedir amparo. Le decimos no al ajuste”.

Además Kriskovich explicó que “la situación real es que la obras sociales sindicales están brindando un servicio para nuestros hijos. Queremos un país más inclusivo. la inclusión no es solo la ‘e’ y la ‘x’, la inclusión es la lengua de señas y el braille. Queremos dejar de ser un colectivo invisible, la carpa blanca en Plaza de Mayo logró visibilizar y poner el tema en agenda”.

Así también Daniel Masuzzo (ACPDU) pidió que “la política baje y escuche del tema”, y añadió: “El Gobierno dice que no es ajuste ni recorte, pero hay una agencia nacional de discapacidad que no funciona, si no cambia el directorio no va a funcionar, ellos dicen que está todo bien, y estamos viviendo un ajuste brutal, el sistema de prestaciones a nivel nacional esta vacío”.

En último lugar, Daniel Ramos (CAIDIS) planteó: “Estamos preocupados respecto a la problemática de incumplimientos con la discapacidad y nos solidarizamos con las personas que no han podido cobrar desde hace meses. Hay que sentarse a modificar el sistema de prestaciones”.

En el cierre de la reunión informativa, el presidente del Comisión de Discapacidad manifestó: “Daremos continuidad al tema en las próximas reuniones”, y agradeció a los diputados y diputadas, secretarios, y representantes de organizaciones por “haber participado de la reunión”.

Los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y los legisladores integrantes de la Comisión de Discapacidad por este espacio expresaron su "más profunda preocupación por el desfinanciamiento de las prestaciones para las personas con discapacidad y por el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados". “Las personas con discapacidad deben ser prioritarias para el Gobierno Nacional”, sostuvieron.

A través de un comunicado, los opositores señalaron que "la última semana ha sido por demás angustiante para las personas con discapacidad y sus familias. La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política carente de sensibilidad”.

“La demora en el pago de las prestaciones no encuentra justificación. En el contexto inflacionario imperante perjudica no solo el patrimonio de los prestadores, sino que pone en peligro la calidad de los servicios otorgados, lo que perjudica a los más vulnerables”, agregaron los legisladores.

Además, aseguraron que “el ajuste presupuestario realizado sobre las cuentas públicas no puede ser nunca hecho sobre las personas con discapacidad. Esto no solo representa el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino, de acuerdo con el marco del derecho internacional (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), sino que perjudica la vida del colectivo de personas con discapacidad, que debe ser prioritario en el diseño de cualquier política pública”.

“Instamos al Gobierno federal, a través de los órganos que corresponden, a regularizar la situación expresada y reclamamos que garantice la disponibilidad absoluta de fondos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, concluyeron los diputados nacionales de JxC.

Este miércoles a las 9, la Comisión de Discapacidad se reunirá para recibir a organizaciones y familiares de damnificados por estas medidas, para acompañarlos y tomar sus reclamos.

Por segunda semana consecutiva, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, en la reunión que se realizó en la Sala 1 del Anexo, respondió preguntas de los legisladores, cuestión que quedó pendiente en su exposición del miércoles pasado.

La sesión comenzó pasadas las 9.30 cuando el presidente de la comisión, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), presentó al funcionario de la ANDIS, que asistió para aclarar todo tipo de dudas y cuestiones vinculadas a la temática.

La primera en consultar fue la diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro-CABA), quien presentó dudas sobre el “Programa AccesAr”, los criterios de selección de municipios beneficiados, importación de insumos y cuestionó que “no se haya designado un funcionario al frente del Observatorio”.

Galarraga le respondió: “Hicimos una selección de municipios que venían trabajando con la Agencia, planteamos cambios de esquemas y desafíos del plan AccesAr. No se trata de un financiamiento exclusivo, sino que es un abordaje integrado entre la Agencia y los municipios, por eso se necesita el máximo involucramiento”.

En tal sentido, el funcionario explicó que “actualmente hay 43 municipios que recibieron importes para adquirir mobiliarios, computadoras y señalética”. Además mencionó “la idea de sumar 100 municipios más al plan y capacitar a más de 500 trabajadores municipales que forman parte del programa”.

Respecto a complicaciones en la importación de insumos, el titular de la ANDIS explicó que “no hay reportes con denuncias sobre que sea obstáculo. Se habló con AFIP y Aduana para facilitar la importación porque sabemos que el faltante es una barrera para las personas con discapacidad”.

La legisladora Rezinovsky cuestionó la falta de un funcionario al mando del Observatorio de la Discapacidad, por lo que Galarraga contestó: “La renuncia de la última directora fue en septiembre del 2021 y no designamos a nadie porque entendemos que el Observatorio no debe funcionar en la órbita de la Agencia y por eso no designamos, debe ser independiente y lo creemos así”, y concluyó: “El organismo que monitorea y controla no debe estar dentro del que debe controlar”.

Respondidas las primeras cuestiones, llegó el turno de la diputada nacional Ana Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA), quien expresó: “El 88 por ciento de los municipios beneficiarios del ‘Plan AccesAr’ son del Frente de Todos, buscamos que sea transparente y sin asimetrías partidarias”. Por otro lado, propuso “ampliar licencias por discapacidad”.

Ante estos cuestionamientos, Galarraga respondió: “Las designaciones son trabajadas a partir de los datos del INDEC previos al último Censo Nacional, con el cual tenemos convenios de recopilación de datos”, además anunció que “hay convenios con el Ministerio de Trabajo para lanzar medidas que alcancen a todo el universo de la discapacidad respecto a la ampliación de licencias”.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) planteó que “debe haber criterios de calificación de municipios para que nada quede bajo sospecha respecto a las transferencias”, y manifestó que “los programas ‘Turismo Accesible’ y ‘Pre-Viaje’ no cumplen temas pautados respecto a discapacidad”.

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad manifestó que “el Sistema es mucho más amplio de lo que se conoce”, y agregó: “Si se han detectado casos de atrasos en las transferencias nos ponemos a disposición, pero son casos aislados”.

Con relación al turismo, Galarraga explicó que “la Ley de Turismo no está reglamentada, entonces muchas de las cosas establecidas no están siendo cumplidas. Se está avanzando en una articulación fuerte para pensar a la persona con discapacidad como trabajador o trabajadora, y no solo como usuario”.

Por otro lado, el diputado nacional Héctor Baldassi (Pro – Córdoba) declaró: “En ningún momento escuché la palabra Deportes” y preguntó “si desde el ANDis y la Secretaría de Deportes están buscando algún programa en conjunto”.

En ese sentido, Galarraga expuso que “es un programa que fusionó distintos organismos con recursos que están a disposición del Plan AccesAr para que sea una decisión más estratégica de cada municipio”.

“En deportes hay un trabajo enorme por hacer, estamos trabajando en mejoras en la parte normativa en cuanto al acceso de las personas con discapacidad, firmamos convenios con clubes (Boca, Racing, Belgrano de Córdoba) de todas las categorías para desarrollar actividades y con la Secretaría de Deportes financiamos delegaciones deportivas en participaciones internacionales”, destacó el titular del ANDis.

La diputada nacional María Victoria Tejeda (Evolución Radical – Santa Fe) consultó por “el acceso a prestaciones de personas con discapacidad”, por lo que Galarrga le manifestó que “es un proceso no se cierra poque aún se está debatiendo”. Además advirtió que “si desde otros sectores quieren acercar sugerencias van a encontrar la voluntad de diálogo”.

La última legisladora en presentar cuestiones fue Victoria Morales Gorleri (Pro – CABA), la cual expuso sus consultas sobre “dispositivos de acompañamiento para la educación a lo largo de los años y la formación laboral de personas con discapacidad”.

“Hay desafíos como sociedad, la educación especial requiere constantes debates y por eso estuvimos asesorando al Ministerio de Educación respecto al plan Conectar Igualdad para la adquisición de computadoras con líneas Braille, pero que esos dispositivos cuestan 2.000 dolares cada uno”, explicó Galarraga.

Al finalizar la sesión, Galarraga ratificó que “en el proyecto de ley (de Discapacidad), que será enviado la próxima semana, estará incluido el programa Incluir Salud”, y concluyó: “Quedan por delante rondas de consultas e intervenciones de las organizaciones que giran alrededor de la discapacidad”.

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió este miércoles a brindar un informe de gestión a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).

Tras su exposición, que duró un poco más de una hora y en la que prometió el envío del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad en las próximas semanas, no se produjo intercambio de preguntas y respuestas con los legisladores. De esta manera, hay consultas que serán enviadas por escrito o se contestarán en una eventual nueva visita del funcionario. 

En el arranque de su exposición, el titular de la ANDIS destacó que el tema de la discapacidad se haya puesto en agenda. En ese sentido, ejemplificó que en las preguntas relacionadas la temática a través de los informes del jefe de Gabinete “siempre recibíamos un número reducido de inquietudes, cuatro, cinco, seis”, dijo, y comparó que en el próximo informe, tras más de dos años de gestión, “recibimos más de 50 consultas”. 

“Ha crecido en el interés, la preocupación, la ocupación, la tarea y el trabajo”, resaltó, y aseguró que el objetivo de la ANDIS es impulsar “una nueva ley, simplificarles los trámites y la vida a las personas con discapacidad, y acompañar a todo el sector involucrado en la temática”, la cual “había sido fuertemente invisibilizada durante mucho tiempo”. 

Habló entonces del “doble reto” de “por un lado, administrar los programas y las acciones del Estado”, pero también “hablar de las barreras, del entorno y empujar la transformación social que es tan indispensable” de manera de “cambiar prejuicios por información, estigma por oportunidades” y “crear una conciencia colectiva”. 

Galarraga recordó que la ANDIS “es un organismo reciente” que “fue creada por decreto en 2017”, pero al asumir en su cargo “todavía no reunía las condiciones como organismo público descentralizado para dar las respuestas que la sociedad demanda y el Estado requiere”. Así, subrayó que se dieron “pasos para el fortalecimiento de la Agencia”, que hoy día “se ha transformado en un referente de la sociedad”. 

“Es fundamental que sepamos y reconozcamos que falta muchísimo para que podamos decir que la inclusión está asegurada, que el Estado gestiona con perspectiva de discapacidad, que la sociedad derriba barreras”, aclaró, pero ponderó “lo mucho que hemos hecho”. 

Las cifras 

Al brindar el informe, el funcionario detalló que en lo que va de su gestión se han entregado 216 mil pensiones no contributivas, mientras que a la fecha están vigentes más de 1.100.000. La pensión “es una respuesta del Estado que tiene que estar para las personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad social”, afirmó, al tiempo que remarcó: “Hemos trabajado mucho para poder restituir pensiones, avanzar con trámites que llevaban mucho tiempo retrasados, y poder simplificar los trámites para llegar a esa pensión”. 

No obstante, apuntó que la pensión “no puede ser la única respuesta” y “no resuelve todos los problemas”, pero “si no está, la situación es mucho más grave”. Además, poseer este beneficio, habilita a las personas con discapacidad al acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través del cual se transfieren a todas las jurisdicciones “902 millones de pesos mensuales”. También, se destinan recursos por 3 mil millones de pesos a 1.200 instituciones. “En lo que va del año ya hemos invertido en el Programa Federal Incluir Salud 35 mil millones de pesos. Y entre 2020 y 2022 hemos invertido 122 mil millones de pesos”, precisó. 

Más adelante, Galarraga dijo que el Fondo Nacional para la Inclusión “este año tiene un presupuesto estimado de 1.315.000 de pesos” y “ya se está arriba de los 900 millones de pesos recaudados”. Además, indicó que actualmente se financian 294 proyectos por 504 millones de pesos, algunos referidos al mejoramiento de la infraestructura escolar o la creación de centros de rehabilitación. Y en lo que va de su gestión, “hemos financiado más de 1.500 proyectos por un total de 2.300.000 de pesos”. 

En cuanto a los certificados de discapacidad (CUD), señaló que en lo que va del año se otorgaron 157.692, de los cuales el 30% correspondían a renovación. El director de la ANDIS reconoció los reclamos por “el atraso en los turnos y la burocracia de papeles que se demandan”, pero valoró que “lentamente vamos recuperando la atención y la posibilidad de que las personas certifiquen a los niveles anteriores a la pandemia”. Actualmente hay 1.488.700 personas con CUD vigente. 

Entre varios temas a los que se refirió en su extensa presentación, el funcionario hizo referencia a la demanda de la inclusión laboral. Para atender esta cuestión, “se creó dentro de cada organismo público una figura, que no es un nuevo cargo, un nuevo sueldo, un nuevo trabajador, sino una nueva función asignada a alguien del área de recursos humanos” que se encargue del seguimiento de la persona con discapacidad,  porque “no es solo asignarle un puesto” sino que “la inclusión laboral lo dignifique, asignándole tareas, viendo qué barreras hay que eliminar, y que se piense en su evolución”.

Agregó que mientras se sigue “avanzando con más designaciones”, también se impulsan las capacitaciones; al tiempo que apuntó que existe un “histórico incumplimiento del cupo laboral del 4%”. De acuerdo a los últimos datos, “solo seis organismos (del Estado) cumplen el cupo laboral, y diez están por arriba del 3%”, expresó. 

Respecto a las versiones sobre un DNU que introduciría cambios en el financiamiento de las prestaciones dirigidas a personas con discapacidad, el titular de la ANDIS aseguró que “una respuesta que hay que dar es mejorar el financiamiento de las prestaciones básicas”. Sin embargo, aclaró: “Lo que quiero dejar bien en claro es que desde la Agencia y desde nuestro Gobierno no va a salir ninguna medida que signifique complejizar los trámites y perjudicar a las personas con discapacidad”. 

“Nunca se cambia a la obra social por el Estado y no se les va a pedir hacer trámites extra”, ratificó, y añadió que “las medidas que se están evaluando” tienen que ver con “el sistema que financia las prestaciones; en eso es en lo que estamos trabajando”.  

Nueva Ley de Discapacidad

Al recordar que el presidente Alberto Fernández anunció en la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo una nueva Ley de Discapacidad, Galarraga informó que desde ese momento se lanzó “un proceso histórico de apertura para el diálogo y la recepción de aportes”, porque este tema “no es un tema de una gestión, de un gobierno, es un tema que nos tiene que encontrar trabajando juntos a todos los actores políticos y de la sociedad”. 

A través de un formulario web se recibieron “más de 12 mil aportes”, mientras que en diferentes regiones del país se desarrollaron siete audiencias públicas, en las que se escucharon a casi 1.500 oradores. De esta manera, la ANDIS se encuentra “rescatando todos los aportes, en una tarea realmente compleja pero muy rica”, sostuvo, y anticipó que “en pocas semanas más vamos a tener cerrado este proceso para enviar al Parlamento este proyecto de ley, que reemplazará a la 22.431”. 

En el final de su exposición, el funcionario manifestó que “hay factores irreversibles y nosotros entendemos que esos factores tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de la certificación y de la renovación, pero hay otros factores que son más dinámicos, que tienen que ver con la inclusión laboral, el acceso a prestaciones, el acceso a determinados bienes, la vivienda, la salud”.

Sobre esto último, “el Estado debe y tiene que hacer un acompañamiento a lo largo de la vida de las personas con discapacidad, porque el acceso a esos factores pueden mejorar o empeorar”, enfatizó el funcionario, que prometió: “Vamos a simplificar el trámite, eliminar todos los obstáculos que existen a la hora de la renovación, vamos profundizar los operativos para llevar la certificación a todos los rincones de la Argentina. Y estamos trabajando en un proyecto de financiamiento internacional para conseguir recursos para el fortalecimiento de las Juntas”. 

Intervención de los legisladores

En el tramo final, aunque no hubo preguntas, algunos legisladores hablaron. En su caso, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) señaló que "era una expectativa poder escucharlo, así que espero que el informe lo manden" y dijo que hubiera sido bueno "poder haber hecho un intercambio" porque "no es unilateral el vínculo". "A mí me parece muy interesante la mirada del Ejecutivo, con quien hemos trabajado muy bien en pandemia", agregó.

Y planteó que continuará impulsando su proyecto relacionado a la renovación del CUD, el cual "tiene que ser un derecho de las personas, no una imposición del Estado". "Vamos a sostener ese proyecto con todas las ONG's que lo vienen planteando", cerró.

En tanto, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) pidió "tomarnos el tiempo necesario" en una próxima reunión porque se trata de "un tema demasiado sensible a la sociedad" y "hay mucho para debatir". Sobre el organismo que conduce Galarraga, el exministro de salud provincial señaló que tiene que "tomar decisiones federales que después son inaplicables" porque "en la práctica tenemos un país muy injusto".

En contra de la gestión de Cambiemos, la tucumana Rossana Chahla (FdT), quien fue también ministra de Salud, recordó que en los años anteriores "hemos tenido muchas dificultades con el Programa Federal Incluir Salud". "Los que estuvimos de ministro de Salud hemos padecido que no se hacían los depósitos en tiempo y forma, no nos daban a las provincias los recuperos", reveló y anunció que presentará un proyecto para darle jerarquía de ley a ese programa y "que no dependa de los gobiernos que vengan".

En el final, el misionero Héctor Bárbaro (FdT) fustigó a la oposición al recordar que, en 2018, el hoy senador nacional Martín Lousteau dijo: "Hay 800 mil pensiones por invalidez demás, son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial".

El oficialista aseguró que esa expresión "no coincide con lo que es la realidad de la Argentina" donde "no es lo mismo nacer en Buenos Aires, en Capital, con todos los lujos" que "nacer en un lugar pobre y ser hijo de un tarefero que a los 8, 9 años está trabajando en la chacra y a los 60 está prácticamente destruido. Esos son los que dice Lousteau que están pensionados de más".

Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) dio por cerrada la reunión, no sin antes pedir: "No politicemos la comisión, porque no llegamos a ningún buen puerto. La discapacidad es un tema que trasciende esto".

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistirá el próximo miércoles a las 9.30 a exponer ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). El encuentro se realizará en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja.

El funcionario expondrá ante los legisladores luego de que este viernes participara de un acto junto al presidente Alberto Fernández, durante el que se entregó la pensión no contributiva a personas con discapacidad número 200 mil.

En esa misma actividad, Galarraga hizo referencia al proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, que fue anunciado por Fernández en la Asamblea Legislativa de marzo pasado. Un tema que seguramente se abordará en la reunión de la comisión.

"Estamos terminando el proceso para la redacción de una nueva Ley de Discapacidad. Lo hicimos yendo a buscar a todo el país, a las personas con discapacidad, a las organizaciones, a las universidades", reveló el director de ANDIS.

Y agregó: "En pocos días más le vamos a entregar, como usted nos pidió, el proyecto para cambiar la vida de las personas con discapacidad y hacerlos parte de la historia que ellos merecen".

La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro – CABA) expresó su malestar en redes sociales al enterarse que miembros del Frente de Todos de la Comisión de Discapacidad – de la cual ocupa el cargo de secretaria – se reunieron con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galagarra, y no invitaron ni a la vicepresidenta de la comisión, Leonor Martínez Villada, ni a ningún diputado de JxC a participar.

A través de su cuenta de Twitter, expresó: “Que lástima señor @fggalarraga que no hayan invitado a los diputados de @juntoscambioar, sobre todo a la vicepresidenta de la comisión @leonormartinezv y a mí, que soy secretaria de dicha comisión. Es una lástima porque tenemos muchas ganas de escucharlo y que nos escuche”.

“Queremos conocer las conclusiones d las audiencias x la nueva ley d discapacidad, sobre el proyecto d creación del Fondo Nacional para la Cobertura d las Prestaciones Básicas d Atención Integral a favor d las PCD. Y queremos que conozca nuestros proyectos en favor de las PCD”, agregó en otro tuit.

Por su parte, Galagarra había publicado: “Me reuní con diputadas y diputados de la Comisión de Discapacidad de Diputados para charlar sobre el Certificado Único de Discapacidad y otros temas que nos ocupan, en función de la realidad de las personas con discapacidad”, y sumó: “Cada encuentro con las y los legisladores, nos posibilita mejorar la articulación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional”, lo cual despertó el malestar de la diputada del Pro.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja que encabeza el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) realizó este miércoles una reunión destinada a diseñar una agenda de trabajo y analizar los distintos proyectos que cuenten con estado parlamentario.

En ese sentido, el pleno de la comisión acordó el tratamiento de distintos proyectos relacionados con la nueva Ley de Discapacidad, así como también, el certificado único y la inclusión educativa.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la comisión, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) propuso que “se realice un seguimiento continuo de las personas con discapacidad”, en relación a las propuestas sobre la renovación automática del certificado único de discapacidad.

En tanto, la diputada María Masin (FdT) consideró “importante dotar al Estado para que pueda garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. Y añadió: “Tenemos que analizar la situación de cada provincia para que sea una Ley en función de las demandas de cada individuo”.

La diputada de la UCR Soledad Carrizo pidió citar al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, y en otro sentido, solicitó a sus pares “avanzar en el tratamiento de las Licencias para padres con niñas y niños con discapacidad”.

En la misma línea, su par de la UCR Ricardo Buryaile instó a que “la nueva Ley de Discapacidad tenga un concepto global de inclusión”.

En el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, y con presencia de legisladores de diversos espacios, se constituyó la Comisión de Discapacidad. En el acto se designaron las autoridades que estarán a cargo: Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) ocupará la presidente y Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos) será la vicepresidenta. 

El flamante responsable de la Comisión, expresó: “Es una tarea muy importante la que estamos asumiendo. Hoy estamos dejando una huella muy importante, que comenzó la diputada Victoria Montegro, a quien siempre le reconozco y agradezco su generosidad y compromiso con estas temáticas. Consideramos que había una deuda histórica con esta población, que es al menos el 10% de los porteños y porteñas, que no tenía ámbitos concretos de trabajo legislativo. Es un hito porque nuestros mandatos pasarán, pero este ámbito queda, es de las organizaciones y las personas con discapacidad y pasa a ser de una vez y para siempre parte del gran debate de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Por su parte, la legisladora Montenegro mostró su apoyo a la constitución del nuevo espacio: “Quiero celebrar y agradecer a toda la Legislatura y diputados y diputadas que acompañaron la creación de esta Comisión permanente que nos va a permitir abordar todos los desafíos en materia de discapacidad”. 

Finalmente, Valdés destacó el compromiso de distintos espacios políticos en este logro: “Durante dos años sostuvimos el trabajo de la Comisión en su carácter especial, la presidí desde una fuerza de la oposición como es el Frente de Todos y siempre contamos con la presencia y el apoyo de representantes de la bancada oficialista. Eso marca que el compromiso por la inclusión, por la accesibilidad y por la integración de las personas con discapacidad a la vida política en este ámbito y a la planificación de las políticas legislativas es transversal de esta Legislatura”. 

La diputada de la Ciudad Victoria Montenegro realizó una radio abierta en la puerta de la Legislatura porteña para exigir que la Comisión de Discapacidad sea incorporada como una Comisión Permanente de Asesoramiento.

Estuvieron presentes representantes de San Lorenzo de Almagro Social, Redi (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), Fundación Rumbos, SEA Señas en Acción, autoridades educativas de colegios porteños y representantes sindicales de UTE y SADOP.

También participaron los diputados porteños Laura Velasco y Juan Manuel Valdés.

“La planificación de la Ciudad en general no tiene en absoluto incorporada la perspectiva de discapacidad. Actualmente, al ser una Comisión Especial quiere decir que los proyectos que se presentan en la Legislatura no tienen giro a esta Comisión. Justamente lo que estamos exigiendo es que sea permanente. El impacto de la pandemia fue tremendo para todos, pero más aún para las personas con discapacidad. Necesitamos que en educación, salud y ambiente se incluya la perspectiva de la discapacidad. No es la discapacidad lo que no le permite a esas personas vivir una vida plena, sino que es el entorno discapacitante. Es esta Ciudad que construye una maqueta en la que muchos no estamos, y las personas con discapacidad ni siquiera tienen una voz para poder pronunciar”, expresó Montenegro.

En 2019, gracias al impulso de la diputada porteña, la Legislatura aprobó la creación de una Comisión para Personas con Discapacidad de carácter Especial, que actualmente es presidida por el legislador del Frente de Todos Valdés.

Sin embargo, de lo que se trata ahora es de impulsar que esa comisión sea definitivamente institucionalizada como una de las 25 comisiones permanentes.

Montenegro agregó que lograr que la Comisión de Personas con Discapacidad sea permanente “solo depende de decisión política. Ni siquiera tiene costo presupuestario, no cuesta un solo peso. La Comisión Permanente permitiría encontrar un espacio institucional para que esa voz sea escuchada. Se trata de entender al otro como un sujeto de derecho”, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.

De acuerdo con cifras oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos 10 de cada 100 personas tiene algún tipo de discapacidad.

Al mismo tiempo, mientras en la Comuna 8 se registra un 32% de los hogares con personas con discapacidad, en la Comuna 2 esa cifra es de un 15%. El sur duplica el número de casos.

Por su parte, las mujeres representan el 53 por ciento de las personas con discapacidad en CABA.

Técnicamente la iniciativa propone la modificación del artículo 110 del Reglamento Interno de la Legislatura para que sume esta Comisión de manera permanente.

“En 2019, logramos la creación de la Comisión Especial sobre personas con discapacidad y hoy necesitamos que sea permanente y vinculante, con obligación de giro, personal y recursos para abordar el tratamiento legislativo. La intención es que cuando se traten proyectos de educación, urbanismos o espacio público, por nombrar algunos temas, se tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad posibilitando la autonomía de las personas”, remató la legisladora.

Horas antes de la maratónica sesión del martes 26, a las 9.30, en la sala 2 del 2° piso Anexo A de la Cámara de Diputados, la Comisión de Discapacidad tratará el proyecto de ley en revisión por el cual se adopta el Símbolo de Accesibilidad Universal.

Además, se analizará en el orden del día el proyecto de ley en revisión por el cual se instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille en adhesión al Día Mundial del Braille.

Símbolo de Accesibilidad Universal

Este cambio de logo de accesibilidad para los discapacitados se trata de una adecuación que hizo se en 2019 a nivel internacional y con esta ley, Argentina se sumará a un nuevo concepto.

La iniciativa ya cuenta con el aval del Senado y ahora será el inicio del camino en Diputados, que se descuenta que tiene el apoyo de todos los sectores políticos.

El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano.

Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio.

Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.

El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.

Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.

Con la mirada puesta en avanzar hacia una ciudad más inclusiva, la Comisión especial de personas con discapacidad de la Legislatura porteña se reunió para discutir la problemática de la accesibilidad en los barrios populares del distrito con la presencia de especialistas en la temática, vecinos y legisladores.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Valdés, quien remarcó que “según la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, el 48% de los hogares en los cuales habitan personas con discapacidad denuncia que las condiciones de su vivienda son precarias. Además solo la mitad de las personas con discapacidad poseen pleno acceso a sus derechos”.

“Entender la accesibilidad desde una perspectiva de discapacidad, no es solo pensar en la discapacidad motora, también es pensar la accesibilidad para toda la población con y sin discapacidad. Creemos que podemos pensar en una ciudad accesible para todos y todas donde la autonomía sea el piso para poder pensar las políticas de Estado", afirmó.

Por su parte Ana Dones, miembro de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) sostuvo que “las personas con discapacidad que viven en los barrios populares no suelen conocer los derechos a los que pueden acceder porque no están adecuadamente difundidos”.

Mientras que la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería de la UBA y presidenta de Unidad Popular CABA, María Eva Koutsovitis, indicó que “en los barrios populares las barreras para las personas con discapacidad se multiplican. Los procesos de urbanización que se llevaron adelante por parte del Gobierno de la Ciudad no incorporaron la perspectiva de la discapacidad ni la perspectiva ambiental, que deben ir juntas”.

También expuso los relevamientos y encuestas que llevaron adelante desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA) para construir indicadores que surjan de la realidad de cada barrio y de las necesidades reportadas por los propios habitantes de cada barrio popular.

En otra de las intervenciones, la arquitecta María Rodríguez Romero, miembro de la Fundación Rumbos remarcó la vinculación entre discapacidad y pobreza, sosteniendo que la condición de pobreza empeora las condiciones de las personas en situación de discapacidad y agregó que: “la accesibilidad si bien no cambia la realidad ayuda a que haya mayor inclusión a nivel escolar, laboral, entre otros aspectos”.

Finalmente, Ana Vallejos, Directora de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad de ANDIS destacó que desde la gestión pública “estamos haciendo un trabajo muy grande para incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los ministerios”.

Además, expusieron durante la reunión: Meli Garbini, Coordinadora Operativa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y Rodrigo Pedraza, Coordinador General de la Casa de la Cultura y la Inclusión y las legisladoras Amanda Martín (FIT) y Lucía Romano (VJ).

En el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fue presentado un trabajo de Unicef destinado a establecer cómo afecta el aislamiento a los hogares con discapacidad. Así, se buscó determinar cómo ha ido teniendo un efecto el confinamiento y aislamiento en los hogares con discapacidad.

Así, según detalló Antonio Canaviri, de Unicef Argentina, se determinó que hay impactos diferenciados en diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, afectando de diferentes maneras a diferentes poblaciones, como las mujeres; trabajadoras domésticas; hogares con jefatura monoparental y femenina; hogares viviendo en asentamientos urbanos y villas; migrantes y refugiados y población con discapacidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes.

Según el censo de 2012, entre 12 y 13% de los hogares tenía al menos un miembro con alguna dificultad o limitación permanente.

El estudio permitió determinar que en la franja que va de 6 a 14 años, el 36,5% no tiene el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), que brinda accesos a beneficios sociales; en la franja de 15 a 39 años, esa cantidad asciende al 42,8%, un número que estimó como “considerable; al tiempo que al considerar los niños de 0 a 5 años, ese porcentaje llega a 25,9%. “Los porcentajes son elevados, hay un camino a recorrer para otorgar el certificado en Argentina”, estimó Canaviri.

El estudio analizó el acceso al certificado en todo el país, advirtiéndose que las provincias de Salta, San Juan, Neuquén y Río Negro son las que tienen menor cobertura del CUD.

En cuanto a los efectos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el especialista señaló que el 59% de las personas encuestadas son adolescentes jóvenes. En cuanto a la vida cotidiana de los hogares con personas con discapacidad, anteriormente al ASPO el 41% asistía a un centro recreativo; el 24% lo hacía a algún espacio de recreación; un 8% trabajaba y solo un 6% recibía una prestación profesional.

Tras la pandemia, las personas tuvieron que adecuar sus rutinas. Para un 67% fue necesario crear nuevas rutinas para las personas con discapacidad dentro del hogar. Un 35% dijo que seguía recibiendo terapia por la vía telefónica; un 10% siguió recibiendo viandas alimentarias; un 3% accedió a materiales pedagógicos, en tanto que un 39% no recibía ningún apoyo.

“Es un dato alto”, observó Antonio Canaviri.

En cuanto a las principales medidas de cuidado, el 56% realizó compras de insumos para higiene; el 22% hizo salidas solo para abastecimiento y un 16% tuvo salidas, cuando no se habían habilitado oficialmente las mismas.

El 54% de los hogares con algún miembro con discapacidad manifestaron que los miembros de los mismos tuvieron que dejar de trabajar, lo cual se tradujo en un 63% de reducción de los ingresos en el hogar.

“Los ingresos de los hogares disminuían en mayor proporción en los hogares con algún miembro con discapacidad, lo que establece que el aislamiento está afectando en mayor proporción a estos hogares”, señaló el especialista.

Con relación a las actividades de cuidado dentro del hogar, el 61% de los que se encargan del discapacitado son las madres, y solo el 3% esa función la cumple el padre.

De ese 61%, el 46% debió dejar de trabajar fuera del hogar para poder cuidar a la persona con discapacidad. “La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres”, observó Antonio Canaviri.

La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres.

Por otra parte, el estudio permitió observar que un 44% manifestó que las prestaciones que recibían previo a la cuarentena fueron suspendidas.

El especialista recomendó también observar cómo los jóvenes y  adolescentes están experimentando esta cuarentena, y en ese sentido precisó que 2lo que más los está afectando es esta sensación de aburrimiento, y lo que más extrañan son actividades como ver a sus amistades y familiares, ir a la escuela y salir a pasear.

Con todo, a la hora de responder las preguntas de los legisladores, Canaviri contó que al medir las salidas recreativas con los docentes encontraron que “los chicos no están queriendo salir; ven con mucho miedo salir y dar vuelta a la manzana. Eso creo que es interesante para seguir profundizando”, apuntó.

El 61% reaccionó con agrado a estas salidas, el 38% lo hizo con asombro y atención, y el 10% se opuso entre moderada y firmemente a estas salidas.

“Hay un universo de personas que van a quedar con muchísimas más dificultades”, advirtió la diputada Claudia Najul a la hora de analizar las consecuencias de la pandemia.

El presidente de la Comisión de Discapacidad y legislador del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para establecer capacitaciones obligatorias en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El texto establece que aquellas “personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones” serán sancionadas, debido a que se considerará como una falta grave.

En los fundamentos de la iniciativa, Valdés expresó que “los problemas que enfrentan cada día las personas con discapacidad no son resultado aislado de la deficiencia de la persona sino consecuencia de las barreras en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, actitudinales, jurídicas, informativas, o de cualquier otro tipo, que provienen de las falencias de una sociedad o cultura para hacer lugar y brindar los apoyos necesarios a todos sus miembros”.

“El Estado tiene la obligación de hacer frente a los obstáculos creados socialmente con el fin de promover y garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas”, señaló y concluyó explicando que “entendemos que se han hecho algunos avances en las últimas décadas en el camino a la inclusión de las personas con discapacidad, y para profundizar ese camino hay que avanzar en un cambio de carácter cultural, en el que se tiene que involucrar al conjunto de la sociedad. Estos avances han sido producto de la lucha de las personas con discapacidad”.

Cabe destacar que el proyecto también lleva la firma de Ana María Bou Pérez (VJ), Santiago Roberto, Matias Barroetaveña, María Rosa Muiños y Cecilia Segura (FdT).

Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos en la CABA y presidente de la comisión de Discapacidad, presentó un proyecto de ley para que haya capacitaciones obligatorias en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Según resaltó Valdés, el objetivo de la iniciativa es “tener una sociedad completamente integrada, sin barreras ni prejuicios; en donde la plena participación de sus componentes esté garantizada y los derechos de todos y todas sean respetados”. 

En este sentido, en los fundamentos, el legislador expresó: “Los problemas que enfrentan cada día las personas con discapacidad no son resultado aislado de la deficiencia de la persona sino consecuencia de las barreras en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, actitudinales, jurídicas, informativas, o de cualquier otro tipo, que provienen de las falencias de una sociedad o cultura para hacer lugar y brindar los apoyos necesarios a todos sus miembros”. 

“El Estado tiene la obligación de hacer frente a los obstáculos creados socialmente con el fin de promover y garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas. Entendemos que se han hecho algunos avances en las últimas décadas en el camino a la inclusión de las personas con discapacidad, y para profundizar ese camino hay que avanzar en un cambio de carácter cultural, en el que se tiene que involucrar al conjunto de la sociedad. Estos avances han sido producto de la lucha de las personas con discapacidad”, agregó al respecto Valdés. 

La iniciativa fue acompañada por Ana María Bou Pérez, Santiago Roberto, Matías Barroetaveña, María Rosa Muiños y Cecilia Segura. 

El legislador del Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña, Juan Manuel Valdés, encabezó el primer foro de dicha comisión en la que se debatió acerca de “Discapacidad y trabajadores de la Salud a 20 años de la Ley 448 de salud mental”.

De esta manera, el encuentro virtual se dividió en dos paneles y contó con la presencia de trabajadores de salud y especialistas en la temática, quienes reclamaron por el “efectivo cumplimiento de la Ley 448 y que se visibilice la discapacidad en la Ciudad”.

Durante el encuentro, la creadora de Desate y profesional de la Salud, Silvia Maltz, explicó que “no se puede hablar de salud mental y sus acciones si no se ponen en vigencia totalmente los derechos humanos. Salud mental es un concepto que se cruzan diversas acciones”; mientras que el artista e integrante de Colifata, Fernando Aquino, señaló que “el arte enseña, lo despiertan a uno. Porque uno cuando entra al psiquiátrico empieza a ser el hijo del psiquiátrico. En ese proceso de órdenes no tenemos nuestro pensamiento crítico”.

En tanto la psicóloga social y mamá de una persona con discapacidad, Julieta Cuestas de Blayer, le pidió a los legisladores de la Ciudad que “hagan visibles la discapacidad. Ayuden a implementar una legislación que pueda cumplirse para que las personas con discapacidad se sientan realmente incluidas”.

A la vez que el jefe de CCEE del Hospital Álvarez, Sergio Giordano, comentó que “el CUD cuando es una herramienta, es un instrumento maravilloso para poner en práctica una verdadera política de inclusión y de derecho”.

Además del primer panel también participó el co redactor de la Ley 448, Ángel Barraco; la coordinadora del Equipo Infanto – Juvenil del Centro de Salud Mental N°3, Daniela García Palou; y el presidente de la Asociación Mutual Aidis, Ricardo Gregorio. El segundo panel contó con la participación de uno de los integrantes del grupo de psicólogos en Escalafón General, Walter Audero; el doctor en Trabajo Social, Alfredo Carballeda; y el representante de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Marcelo Clingo.

Por su parte Carballeda expresó que “estos 20 años de la 448 nos sorprenden en una América Latina más desigual que cuando se sancionó. Estamos viviendo en el continente más desigual del planeta” y a su turno, Clingo comentó que “el fortalecimiento del lazo social permite tramitar mejor esta situación, al mismo tiempo limita la respuesta individual, que tiende a salidas que desconocen la lógica global”.

Al finalizar el encuentro, Valdés aseguró estar “muy emocionado por este primer foro de la comisión que me toca presidir. Abriendo las puertas de la Legislatura, discutiendo con los actores, vamos a construir una Ciudad sin barreras, justa e inclusiva”.

El legislador porteño Juan Manuel Valdés presidió la reunión virtual de la Comisión de Discapacidad, que contó con la participación de Leonardo Ruiz, director de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad (COPIDIS), quien brindó un informe de gestión e iniciativas que llevan adelante, además de responder preguntas de los legisladores presentes. Uno de los temas que se trató fue el traslado de la sede donde se tramita el Certificado Único de Discapacidad. 

El director de COPIDIS comentó los espacios que están trabajando durante el aislamiento social y las áreas del Gobierno de la Ciudad con las que llevan adelante acciones conjuntas para ayudar a las personas con discapacidad. Al respecto, Ruiz señaló: “Desde el Centro de Informes recibimos continuamente consultas de manera virtual y telefónica sobre cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, es lo que más pregunta la gente, sus plazos de vigencia. Desde el DNU número 11, el CUD que vence en cualquier día del 2020 se pasa el vencimiento al 2021. Toda la información está en las redes sociales de la Comisión”. 

En este sentido, el presidente de la Comisión preguntó: “¿Está prevista la adhesión al protocolo para tratamiento de personas con Covid positivas con discapacidad del Gobierno Nacional?, ya que la Ciudad no tiene un protocolo propio. ¿Tenes conocimiento de los plazos para el traslado a una sede específica para el trámite del Certificado Médico Obligatorio?, actualmente en el Borda, tenemos entendido que aún no inició la licitación”. 

Por su parte, la legisladora Victoria Montenegro consultó sobre las personas que están en la base de datos de inclusión laboral y cuántas lograron concretar el trabajo, el monto del subsidio de apoyos, y expresó: “A pesar que aún no volvieron las clases presenciales, estamos recibiendo varios casos de familias preocupadas por el acompañante de los chicos en las escuelas. Además, estamos recibiendo muchas demandas de prepagas que se negaron a dar el tratamiento correspondiente por tener el CUD vencido”. 

Sobre el traslado de la sede de tramitación del Certificado Único de Discapacidad, el tema más consultado por los legisladores, Ruiz contestó: “El traslado al Borda fue un parche que se extendió por este contexto. La idea era por tres meses y que se cambie a un edificio específico para las juntas. Hay un edificio ya determinado, el Ministerio de Salud está haciendo la evaluación de gastos, pero no está determinada la fecha de mudanza”. 

De la reunión participaron Juan Manuel Valdés, Victoria Montenegro, María Sol Méndez, Cristina García, Ana Bou Pérez, y Patricia Vischi. 

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, explicó este jueves que las prestaciones de esa índole fueron suspendidas de acuerdo con un “criterio epidemiológico” por la pandemia del Covid-19, aunque se mantuvieron aquellas brindadas en hogares y residencias.

Espósito expuso por videoconferencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Córdoba), y estuvo acompañado por la directora de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel López.

Durante la reunión virtual, la diputada Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) advirtió que “es un momento más que difícil para las personas con discapacidad y los papás y mamás que tienen hijos con discapacidad”, ya que “en el medio de la cuarentena se tuvieron que cerrar centros y eso ha generado un montón de interrogantes”.

En ese sentido, la legisladora consultó cuándo se van a restablecer servicios como fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional.

Espósito señaló que se utilizó un “criterio de suspensión epidemiológica” y aclaró que “las prestaciones que se mantuvieron son las de hogares y residencias”.

“Lo primero que tratamos es que si se puede evitar el contacto, que lo eviten. Nos preocupa mucho más una persona con discapacidad con Covid-19 que por una cuestión particularmente ontológica”, dijo.

Asimismo, indicó que “se han abierto otras opciones, como la visita al domicilio”, y reiteró que “la protección tiene que ver, en primer lugar, con el distanciamiento social” como medida preventiva de contagios.

Por otra parte, explicó que en el Directorio de Prestaciones Básicas “se unificaron criterios a nivel nacional” respecto de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, quedando afuera las obras sociales provinciales, que son autárquicas.

Ese Directorio, puntualizó, se atiene a los protocolos de salud de la Nación y de las provincias, y a su vez elaboró una guía para cada prestador, para evacuar consultas.

En otro orden, el funcionario informó que “las prestaciones tienen los mismos valores que se venían pagando con anterioridad” a la pandemia.

Al inicio de su exposición, Espósito explicó que el “lineamiento” de la ANDIS es “trabajar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

El director ejecutivo de la entidad mostró a los diputados, a través de la pantalla, barbijos transparentes hechos por personas con discapacidad “que permiten que se puedan leer los labios para los intérpretes de lengua de señas”.

A su vez, destacó la “transversalidad de las políticas de empleo, salud, trabajo y educación con los distintos ministerios”, y precisó que según el Censo 2010 hay “5 millones de personas” con discapacidad, que “necesitan el acompañamiento del Estado”.

En ese sentido, resaltó “la voluntad del presidente de poner en la agenda pública la discapacidad” y de “visibilizar” esa problemática.

Por otro lado, informó que dentro de la ANDIS hay un cupo del 8% de personas con discapacidad, y puso como ejemplo que el subedirector ejecutivo, Fernando Galarraga, es una persona ciega.