No fue sorpresa la ausencia de los funcionarios Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones a la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados para llevar a cabo sus respectivas interpelaciones, según lo había aprobado el pleno del Cuerpo el pasado 8 de octubre.

Ante ello, referentes de los diferentes bloques impulsores de la sesión le enviaron una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, exigiéndole la reprogramación de las interpelaciones para garantizar la presencia efectiva porque “la Constitución está para cumplirse”.

La misiva indica: “Nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

“La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”, precisaron y plantearon que tiene como objetivo que “brinden explicaciones sobre temas de alto interés público y relevancia institucional”.

Los diputados opositores plantearon que “los mencionados funcionarios alegaron, mediante una nota con fecha de ayer, cuestiones de agenda que les impidieron cumplir con la interpelación. Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para catar la interpelación dispuesta por esta Cámara de Diputados en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

“Consideramos inaceptable que cuestiones administrativas o de gestión se utilicen como excusa para eludir una convocatoria formal del Poder Legislativo, en el marco de un procedimiento constitucional que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la división de poderes”, sumaron desde el bloque Democracia Para Siempre quienes cuestionaron que “no se trata de una actitud aislada de un funcionario, todo lo contrario, es un modus operandis del Gobierno que elude al Congreso, y deberemos encontrar junto a la mayoría de los diputados una respuesta acorde a este incumplimiento constitucional”.

“Por lo expuesto, le solicitamos que envíe una nota requiriendo a los funcionarios que, por el mismo medio, nos informen la fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decida por este Cuerpo”, reiteraron el pedido.

Las sesiones convocadas para este miércoles -a las 12 y a las 14- en la Cámara de Diputados ya estaban en duda desde el día en el que fueron emplazadas. Y este martes había fuertes sospechas de que ni siquiera sería alcanzado el quórum para arrancar las mismas. Pero a poco de la realización de las dos sesiones, se confirmó lo que se especulaba: ninguno de los tres funcionarios convocados asistirán.

Los diputados recibieron temprano de parte de las autoridades de la Cámara copias de las notas remitidas por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, mediante las cuales comunican su imposibilidad de asistir a las sesiones.

Fuentes consultadas por parlamentario.com reconocieron que de esta manera se caen ambas sesiones. “Una sesión que tiene un único sentido interpelarlos pierde sentido si no van los interpelados. Habiendo o no sesión”, admitió un legislador opositor.

A la primera sesión había sido convocado Caputo, quien ha sido siempre muy remiso durante esta gestión a presentarse en el Congreso para brindar informes. Ya fue citado en abril pasado para ser interpelado, en ese caso por la investigación de la criptomoneda $LIBRA, y en esa oportunidad no asistió. Tampoco lo hizo para presentar los presupuestos de 2025 y 2026.

En alusión al viaje oficial que realizó a los Estados Unidos junto al presidente Javier Milei, el titular de la cartera económica argumentó su ausencia: "Por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada".

Por más que lo hubiera emplazado el pleno por 131 votos positivos, 70 negativos y una abstención, a partir de un proyecto de Unión por la Patria encabezado por Itaí Hagman, se daba por seguro que Caputo no asistiría. La iniciativa plantea obtener de él explicaciones verbales sobre el salvataje financiero por parte de Estados Unidos, que este martes Donald Trump condicionó al resultado de las próximas elecciones.

Para las 14 la oposición había pedido la presencia de la hermana del presidente y el ministro de Salud, ambos llamados al recinto por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo. En los mismos se revela un supuesto cobro de coimas, mediante contratos millonarios a la empresa Suizo Argentina.

A través de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General, se respondió: "Debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión".

En tanto, Lugones, el único que no estaba afectado en la comitiva oficial que fue a EE.UU., esgrimió "cuestiones de agenda impostergables". "Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite", agregó.

De acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". Sin embargo, no está prevista sanción alguna para quienes no lo hagan y desde el Gobierno no lo consideran una obligación.

A pesar de las notificaciones, la convocatoria a las sesiones se mantienen formalmente en pie. En caso de bajar diputados al recinto, podría haber expresiones en minoría.

AUSENCIAS - INTERPELACIONES

Karina Milei y Lugones no quieren hablar de las coimas en Discapacidad.

Toto Caputo no quiere venir al Congreso a contar lo que sabe del acuerdo con el Tesoro de los EE.UU.

Es un gobierno de corruptos y cagones. Lo van a pagar en las urnas. pic.twitter.com/G2l5zAq2OP

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) October 15, 2025

La reacción del jefe del bloque Unión por la Patria

A once días de las elecciones generales, la oposición intentará este miércoles realizar dos sesiones para interpelar a tres funcionarios del Gobierno libertario. Una medida difícil si las hay, no solo por tratarse de los tres funcionarios a todas luces más remisos a presentarse en el Congreso de la Nación, sino también porque la propia oposición sabe que tiene serios problemas para reunir el quórum en esta oportunidad.

¿Hace falta reunir quórum para este tipo de sesiones? Consultado al respecto por parlamentario.com, uno de los diputados convocantes para las sesiones de este miércoles consideró que en la materia “hay dos bibliotecas”, aunque concluyó que en Diputados Martín Menem requerirá que la oposición consiga reunir el quórum necesario para dar por iniciada la sesión de las 12, primero, y la de las 14 luego. A la primera sesión ha sido convocado el ministro de Economía Luis Caputo, quien ha sido siempre muy remiso durante esta gestión a presentarse en el Congreso para brindar informes. Ya fue citado en abril pasado para ser interpelado, en ese caso por la investigación de la criptomoneda $LIBRA, y en esa oportunidad no asistió. Tampoco lo hizo para presentar los presupuestos de 2025 y 2026, por lo que no se espera que esta vez vaya a ser distinto.

Por más que lo haya emplazado el pleno por 131 votos positivos, 70 negativos y una abstención, a partir de un proyecto de Unión por la Patria encabezado por Itaí Hagman, casi seguro que Caputo no asistirá. La iniciativa plantea obtener de él explicaciones verbales sobre "las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos de América".

Si bien se especulaba con que no pudiera asistir ya de por sí por estar fuera del país, al haber concurrido a Estados Unidos formando parte de la comitiva presidencial que vio este martes a Donald Trump, los funcionarios regresaron al país esta mañana.

Podrá argumentar el ministro cansancio, pero lo cierto es que, como hemos dicho, no tiene ninguna intención de asistir al Congreso por esta, ni por ninguna otra razón, según se desprende de su postura.

Para las 14 la oposición ha pedido la presencia de la hermana del presidente y del ministro Mario Lugones, ambos llamados al recinto por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo. En los mismos se revela un supuesto cobro de coimas, mediante contratos millonarios a la empresa Suizo Argentina.

Tampoco se espera que ambos funcionarios asistan, cumpliendo el artículo 71 de la Constitución Nacional, que reza: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

Si bien la secretaria General de la Nación cuenta con rango ministerial, podría argumentar el Gobierno que la hermanísima no es ministra.

Lo cierto es que con la excepción del jefe de Gabinete y probablemente también Patricia Bullrich, este es un Gobierno compuesto por funcionarios remisos a concurrir al Congreso, a menos que sea para ver y escuchar al presidente. Caputo fue citado en abril y no concurrió, al igual que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No hubo nada que hacer, pues en la Carta Magna no hay sanción prevista por inasistencia.

Semejante reticencia será un factor determinante en la ausencia de muchos diputados que no están nada convencidos de permanecer en Buenos Aires para participar de sesiones que seguramente no se harán. Menos a tan pocos días de las elecciones. Pero también es cierto que los gobernadores estarían correspondiendo los pedidos del Gobierno para retirar a sus diputados. Desde la propia oposición reconocieron que estarían percibiendo señales de que esos pedidos están surtiendo efecto. Ya de por sí la semana pasada, para las votaciones en las que la oposición se quedó corta, se percibió que varios de esos diputados alineados con sus gobernadores se abstuvieron o ausentaron.

Cosa que se espera pase en gran número este miércoles, tanto al mediodía como a las 14.

En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta se emitió dictamen para citar para brindar un informe sobre diversas cuestiones de su área al ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de fuertes reproches por la reticencia que viene demostrando para cumplir con ese requerimiento.

En el inicio de la reunión la titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, reivindicó la facultad que tiene el Senado de citar a los miembros del Poder Ejecutivo para brindar información para garantizar los actos de gobierno, tras lo cual se pasaron a la firma los textos puestos a consideración, con la convocatoria al exministro de Salud Mario Antonio Russo, para brindar información detallada sobre los programas y acciones implementados frente al brote de dengue, zika y chikungunya; la citación al actual ministro de Salud, Mario Iván Lugones, para informar sobre la situación del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"; y la citación al ministro de Salud junto a autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para brindar precisiones sobre el uso de fentanilo contaminado.

En un plenario posterior, al que se sumó la la comisión de Población y Desarrollo Humano, se emitieron dos dictámenes: el primero para citar para su interpelación al ministro de Salud Mario Lugones, para brindar información sobre tres puntos, a saber: el programa y acciones contra el dengue, zika y chikungunya; dar explicaciones pormenorizadas sobre la crisis en el Hospital Garrahan, e informar sobre “la gravísima situación” por el uso de fentanilo contaminado. Y el segundo dictamen, para citar al titular de la ANDIS, para exponer sobre la auditoría realizada sobre pensiones no contributivas por invalidez.

Los proyectos del primer plenario correspondían a las senadoras Carolina Moisés, María Inés Pilatti Vergara y Lucía Corpacci, que puntualmente defendieron sus pedidos de convocatorias.

En el caso de la catamarqueña Corpacci, titular de la Comisión de Salud, pedía citar al ministro Lugones y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a fin de brindar informe sobre el uso de fentanilo contaminado.

Lamentó que en la actualidad todo lo que hacen los legisladores es mirado como si tuviera que ver con lo electoral, cosa que rechazó al recordar que al ministro de Salud lo vienen convocando desde el 22 de mayo de este año. De hecho, la primera convocatoria fue hecha por la senadora chubutense Edith Terenzi, quien propuso entonces la visita de Lugones para aclarar un planteo hecho por el senador Juan Manzur sobre la situación del Instituto del Cáncer. A la semana siguiente, a instancias de la senadora Moisés, se planteó de nuevo la citación, sin éxito. Por entonces ya estaba en discusión la situación en el Hospital Garrahan, pero comenzaba a hacerse pública la situación del fentanilo. En ese momento, continuó Corpacci, los senadores Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Daniel Blanco, enviaron una nota a Salud para citar también al ministro. “Y seguimos, al día de la fecha, sin ninguna respuesta”.

“La verdad que entendemos que tiene que haber un diálogo fluido entre el Ejecutivo y el Legislativo; creemos que se deben dar las explicaciones necesarias cuando suceden las cosas que preocupan a la sociedad. Esto no sucedió y por eso presentamos este proyecto citándolo al ministro”, explicó Corpacci, quien aclaró que “lo hacemos con la buena voluntad de que es público que han sucedido muertes de personas internadas a las que se le administró fentanilo como analgésico y las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias que fueron causas posteriores de sepsis entre los pacientes”.

La catamarqueña consideró “increíble que nadie de una explicación formal de qué es lo que pasó, porque que alguien diga algo en las redes no es lo que uno espera de las instituciones de nuestro país, alguien tiene que dar una explicación”.

A continuación, la senadora Moisés, recordó que su proyecto es de 2024 y era para convocar al ministro de Salud anterior, Mario Russo. En su caso era para brindar información detallada sobre los programas y acciones que se implementan frente al brote del virus del dengue, zika y chikungunya.

“Parece gracioso, porque fue en el verano de 2024, cuando hubo un brote en todo el  norte. Creo que todos los funcionarios del Ejecutivo tienen que estar a disposición de los requerimientos que formule el Poder Legislativo -señaló la jujeña-. Me indigna que los funcionarios de todo este gobierno no estén dispuestos a cumplir con su función. Parte de su responsabilidad es dar cuenta ante el legislativo, ya que es parte de nuestra responsabilidad cuidar al Poder Ejecutivo”.

A continuación, su par salteño Sergio Leavy recordó que en 2009 y 2011, ante brotes epidémicos, se estableció una suerte de barrera sanitaria con la que pasaron de 250 casos febriles diarios en el Hospital Juan Domingo Perón a solo 10 por día. Para eso se procedió al descacharrado en la ciudad, limpieza de tanques, y otras medidas con las que pudieron vencer al dengue. “Ese año el resto del país no sufrió dengue, zika y chikungunya”, señaló el senador kirchnerista, que advirtió a continuación que “desde que llegó Milei, el control de vectores no tuvo más recursos. No le mandan combustibles, remedios, están despidiendo al personal… Los intendentes quieren poner combustible, pagar horas extra, hospedajes... Y el pedido de Control de Vectores Salta fue rechazado por Nación. Ahí es donde se produce el gran desmanejo”.

“Creo que están poniendo en riesgo de vida a todos los argentinos si no se vuelve a priorizar esta función, por el solo hecho de economizar centavos en el Presupuesto nacional”.

A su turno, la senadora Pilatti Vergara pidió citar al ministro de Salud para dar explicaciones sobre la situación en el Garrahan. Y no se expresó mayormente, porque consideró que “sería sobreabundante argumentar sobre las razones”, ya que lo han hecho reiteradamente durante el debate de la ley y lo harían al día siguiente al rechazar el veto. Cargó sí contra el Gobierno porque “vulneran los derechos más elementales de nuestras infancias y no podemos pasar por alto esta situación”.

Ante los cuestionamientos hechos durante la reunión por algunos legisladores a la ausencia de senadores de Unión por la Patria a las comisiones, el jefe de ese interbloque, José Mayans, pidió “no olvidar la discusión muy profunda que hubo por la conformación de las comisiones y rechazamos la composición hecha en forma arbitraria”, por haber sido hecha en detrimento de su bloque.

“Hubo abuso en la distribución de las comisiones y esto sirvió para que se tenga o no despacho y afectó el trabajo del Cuerpo”, enfatizó, recordando que “les dijimos que no iban a poder lograr mayorías e iban a afectar como afectó el andar del Cuerpo. Lo más normal es que un ministro del ejecutivo venga al Parlamento para explicar políticas públicas y no corra de las preguntas que pueda hacer un legislador. La ventaja de estas audiencias es que se transmiten a todo el país y el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Por otra parte, Mayans anticipó que se ocuparían en la sesión de este jueves del jefe de Gabinete por lo resuelto con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

A continuación, el senador Blanco pidió que no se convocara a los funcionarios para antes de las elecciones para evitar que el tema fuera tomado como excusa por parte del Gobierno para victimizarse.

A más de un mes del escándalo desatado en la Agencia Nacional de Discapacidad, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública se reúne este martes 23 de septiembre a las 14 con el objetivo de dictaminar los proyectos de resolución que exigen los informes verbales de Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La obligatoriedad de pasar a la firma fue aprobada en el recinto de la Cámara de Diputados la semana pasada. El texto que involucra a la secretaria general de Presidencia de la Nación fue motorizado por la diputada nacional Sabrina Selva y el Frente de Izquierda a raíz de los audios difundidos con voz de Diego Spagnuolo -luego removido de la Dirección de la ANDIS- y el presunto pago de cobros ilegales en la contratación de medicamentos e insumos.

Por otro lado, el temario incluye el proyecto de resolución que impulsó Encuentro Federal con Oscar Agost Carreño a la cabeza para que el jefe de Gabinete junto a Lugones exponga un informe verbal sobre los presuntos cobros indebidos en la tramitación de prestaciones, autorizaciones, contrataciones y/o pagos en el área de discapacidad.

En medio de la presentación de una moción de censura por parte de Encuentro Federal por la promulgación sin ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en su conjunto abordará estos tres proyectos con la intención de llevarlos al recinto de la Cámara baja en una próxima sesión que dataría en los primeros días de octubre.

Los hechos que la oposición quiere profundizar

A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia. El 21 de agosto el Poder Ejecutivo resolvió la remoción del cargo del mencionado exfuncionario, pero a la semana siguiente la justicia determinó una serie de allanamientos por lo sucedido.

Paralelamente, el presidente Javier Milei había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad la cual fue insistida y aprobada por el Congreso de la Nación. Lejos de culminar el escándalo, la oposición logró emplazar los proyectos de resolución relacionados a las afirmaciones de Spagnuolo fijando como fecha de reunión para dictaminar este martes 23 de septiembre a las 14.

La Comisión de Acción Social y Salud Publica de la Cámara baja se reunió este martes para avanzar con interpelaciones que tienen como destinatarios a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, para buscar esclarecer la situación que rodea los audios que muestran situaciones de cohecho en la compra de medicamentos desde la ANDIS.

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, explicó las dificultades que se plantean para la labor parlamentaria por el manejo que las autoridades de la Cámara hacen de los proyectos, aumentándoles los giros de modo tal de extender el tratamiento de los mismos. En el caso puntual de los proyectos que estaban debatiendo, los mismos tenían como cabecera Asuntos Constitucionales, por lo que “vamos a avanzar en esto que nos permite el reglamento, que a pesar de no ser cabecera podemos iniciar el tratamiento de estos proyectos para que no nos inmovilicen en el trabajo parlamentario”. Así las cosas, terminarían emplazando para dictaminar, pero advirtió que “este es un sistema que no puede perdurar en el tiempo. Entiendo la idea de entorpecer el trabajo parlamentario, pero no lo podemos compartir. No debe ser así”.

Mientras tanto, los pedidos de informes de los diputados Sabrina Selva, Christian Castillo y Oscar Agost Carreño habían sido unificados en un anteproyecto, y los pasaron a la firma para servir de base para el dictamen. Al cierre de la reunión habían conseguido 21 firmas sobre 25 diputados presentes.

Como autora de uno de los proyectos, la diputada Selva pidió incorporar al texto la versión taquigráfica de los audios de Diego Spagnuolo, que a continuación leyó. “Mi pedido de interpelación es a Lugones y Karina Milei, la principal indicada por estos audios de ser la beneficiaria de estas coimas, más Lule Menem, al que no podemos citar porque no tiene rango de ministro, como sí lo tiene Karina Milei”, señaló la diputada de UP, aclarando que en lugar de estar discutiendo esa cuestión deberían estar abordando cuestiones como qué hacer con la ANDIS, las miles de pensiones dadas de baja, o el presupuesto de la ANDIS y la actualización de las pensiones. También puso la lupa sobre el PAMI, una investigación que anticipó será lo que viene.

Y finalizó afirmando que “hay mucha oscuridad, un nivel de crueldad exacerbado, hay que avanzar con esas interpelaciones, y sino crear una comisión investigadora”.

A continuación, Castillo atribuyó el escándalo a “la hipocresía sin límites de parte del Gobierno, que mientras cortaba servicios se afanaba la guita con las coimas”.

“La interpelación es lo mínimo que podemos hacer”, sostuvo, advirtiendo que “la coima está al servicio de un plan de ajuste brutal al pueblo trabajador con este gobierno”.

Finalmente Agost Carreño trazó un paralelismo con el escándalo $LIBRA, y habló de un comportamiento similar ante situaciones similares y extremas: “Se paralizan ante la información que surge, no aclaran nada y no denuncian a nadie, y le echan la culpa a la oposición o a la prensa”. Otro detalle común que encontró fue que las denuncias “vienen en general siempre de las entrañas del propio Gobierno”. Recordó además que “las fotos de Fabiola en la fiesta de Olivos también se dio en tiempo electoral y por supuesto que pudo haber una operación política… Ahora, las filtraciones tienen que ver con gente de confianza del Gobierno y no quita que haya que hacer una investigación a fondo. Una interpelación es el primer paso para eso”.

En la reunión participaron varios miembros del bloque oficialista, aunque ninguno de ellos intervino. Sí lo hizo el  jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien pidió cambiar la estrategia. “Si nos quedamos solo en la interpelación, ya sabemos lo que hizo (Luis) Caputo, el ministro de Justicia… Por el mayor escándalo de corrupción tenemos que irnos a Uruguay para enterarnos de las cosas”.

“Me voy a adelantar, sepamos una cosa: no va a venir Karina Milei, y este Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto, porque el enemigo está acá, en este Congreso, en la Casa Rosada”, cerró el diputado, para quien “si con los pedidos de interpelación no alcanza vayamos evaluando la creación de una comisión investigadora”.

Lo mismo dijo a su turno la diputada Mercedes de Mendieta, quien abogó por avanzar con la  interpelación, “pero todos sabemos que Karina Milei, ‘la cajera’ no va a venir al Congreso, porque estamos en el medio de un capítulo de una temporada que va a tener varios capítulos”.

A su turno, la diputada Cecilia Moreau hizo un análisis muy descarnado del caso, que definió como “cada vez más confuso, sucio, desprolijo”, y se preguntó por la reacción del Gobierno, que insiste en buscar el origen de las denuncias. En tono personal, dijo que “la fiesta de Olivos en parte nos cagó el Gobierno… Ahora, no nos pusimos a investigar entonces quién filtró la foto. ¿Qué importa eso?”.

“¿No les llama la atención que la única reacción del presidente ante este caso haya sido avalar el poseo de la Suizo Argentina?”, se preguntó, recordando que la droguería no quiso dar las claves de las computadoras a la justicia, el dueño intentó profugarse. “¿No les llama la atención que la única palabra oficial del Gobierno haya sido el posteo de la droguería? Esto es un escándalo”, remarcó.

Luego Moreau advirtió que “esto se resuelve tomando medidas más concretas: hay que remover a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales”. Luego de aclarar y disculparse por no haber hablado del tema con las autoridades de su bloque, sugirió hacer lo mismo con el presidente de la Comisión de Presupuesto, “porque está impidiendo el funcionamiento de nuestra tarea, y ahí tenemos que ver quién quiere que se investigue”.

Luego aseguró que “quieren desprestigiar al Parlamento, porque sin Parlamento no hay quien controle”.

Por último, advirtió que cuando su bloque dijo que había que constituir la Comisión de Juicio Político, no fue más que para que el Congreso pudiera interpelar y acusar. “O le ponemos todo el peso del Estado, o Karina Milei y Lugones no van a venir. Si no hacemos algo, vamos a ser cómplices de no estar cumpliendo el mandato popular”.

También hicieron uso de la palabra las diputadas Mónica Macha, Vilma Ripoll, Esteban Paulón, Juan Marino, Germán Martínez y Lourdes Arrieta.

Finalmente se pusieron a la firma otras once iniciativas de diversas temáticas, entre proyectos de resolución, declaración y pedidos de informes que ya habían sido aprobados en la comisión de asesores de Salud y Acción Social.

En reuniones sucesivas, los diputados abordarán este martes los temas que más preocupan por estos días al Gobierno, a excepción de la economía. Las comisiones de Acción Social y Salud Publica a partir de las 12 y la de Discapacidad desde las 14 tendrán a cargo avanzar con el tratamiento de distintos proyectos que, entre otras cosas, reclaman la interpelación del ministro de Salud Mario Lugones y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios por los cuales la justicia investiga presuntas coimas en el área de discapacidad.

Ambas comisiones de la Cámara de Diputados están presididas por Unión por la Patria y este martes se reunirán por separado para tratar las iniciativas que le fueron giradas. Sin embargo, todas ellas tienen como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, al mando del libertario Nicolás Mayoraz. La oposición sabe que, para que prosperen los dictámenes, deberá recurrir a la herramienta más utilizada en el último tiempo: que por decisión del pleno se emplace a la comisión. Será entonces en la próxima sesión, todavía sin fecha.

Así sucedió en abril pasado, cuando se logró aprobar -por medio de ese recorrido- las interpelaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA. En ese momento, por falta de consenso, se dejó afuera a la hermana del presidente. Luego, al recinto, sólo asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el caso de la Comisión de Salud, conducida por el tucumano Pablo Yedlin, se reunirá a las 12 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja. El temario incluye dos proyectos de Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT), que piden por la interpelación de Lugones y Karina Milei, mientras que el restante es de Oscar Agost Carreño (EF) y solicita los informes verbales de Francos.

El temario fue ampliado luego con otro pedido de informes, en esse caso de la diputada Lourdes Arrieta (Coherencia), pero también proyectos de resolución y declaración por otras cuestiones, presentados por Karina Bachey, Florencia Carignano, Ariel Rauschenberger, Carlos Fernández, Mónica Fein, Pamela Calletti y Micaela Morán

Por su parte, la Comisión de Discapacidad, presidida por Daniel Arroyo, abordará el proyecto de resolución presentado por Esteban Paulón (EF) para interrogar a la hermana de Milei y a Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS y a quien se le atribuyen los audios revelados.

Además, el temario de esta reunión, citada para las 14 en la Sala 2, incluye pedidos de informes por escrito solicitados por Sergio Casas, Andrea Freites, Eduardo Valdés (UP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Luego del faltazo del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad, la oposición avanzará con el tratamiento de distintos proyectos que reclaman la interpelación de Lugones y de Karina Milei, mencionada en los audios por los cuales la justicia investiga presuntas coimas en el área de discapacidad.

Ambas comisiones de la Cámara de Diputados están presididas por Unión por la Patria y este martes se reunirán por separado para tratar las iniciativas que le fueron giradas. Sin embargo, todas ellas tienen como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, al mando del libertario Nicolás Mayoraz. La oposición sabe que, para que prosperen los dictámenes, deberá recurrir a la herramienta más utilizada en el último tiempo: que por decisión del pleno se emplace a la comisión.

Así sucedió en abril pasado, cuando se logró aprobar -por medio de ese recorrido- las interpelaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA. En ese momento, por falta de consenso, se dejó afuera a la hermana del presidente. Luego, al recinto, sólo asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el caso de la Comisión de Salud, conducida por el tucumano Pablo Yedlin, se reunirá a las 12 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja. El temario incluye dos proyectos de Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT), que piden por la interpelación de Lugones y Karina Milei, mientras que el restante es de Oscar Agost Carreño (EF) y solicita los informes verbales de Francos.

El jefe de Gabinete estuvo el miércoles 27 en la Cámara baja, donde evitó nombrar a funcionarios y ratificó la postura del Gobierno sobre el escándalo de los audios, al hablar de una "operación política" y "maniobras".

Por su parte, la Comisión de Discapacidad, presidida por Daniel Arroyo, abordará el proyecto de resolución presentado por Esteban Paulón (EF) para interrogar a la hermana de Milei y a Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS y a quien se le atribuyen los audios revelados.

Además, el temario de esta reunión, citada para las 14 en la Sala 2, incluye pedidos de informes por escrito solicitados por Sergio Casas, Andrea Freites, Eduardo Valdés (UP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Nadie esperaba que el ministro de Salud, Mario Lugones, ni Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, asistieran este miércoles a la reunión informativa para abordar la situación del organismo, en el marco del conflicto desatado por las supuestas coimas en el área. Por eso, cerca de las 12.30 cuando arrancó la reunión, se tomó la postura de los funcionarios con naturalidad, pero también con decepción.

Además, al encuentro no asistió ningún integrante de La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el Pro y la UCR -salvo una excepción-. Estuvieron sí Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Ante la ausencia de los funcionarios, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones.

En el comienzo tomó la palabra el titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”. En esa línea, mencionó que así había sucedido con el anterior ministro, Mario Russo; el actual, Lugones y el presidente del PAMI, entre otros.

"Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el tucumano, que resaltó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso.

Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las supuestas coimas en la ANDIS y compras directas de medicamentos.

El tema es que la mayoría de los proyectos tiene giro a comisiones que la oposición no maneja, como Asuntos Constitucionales, por lo que advirtió que “no nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos, sino no va a avanzar esto”.

El diputado de Unión por la Patria recordó que a las 14 estaba convocado otro plenario, en este caso para crear una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. “Y la verdad es que en estas últimas semanas hemos estado permanentemente en una situación donde muy por el contrario, en lugar de discutir una nueva ley para fortalecer la ANMAT, o mejorar por ejemplo la cobertura de vacunación de nuestros niños y adultos mayores, estamos permanentemente discutiendo para responder a situaciones de crisis que este Gobierno genera”, lamentó.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones”

A continuación, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, enumeró tres puntos que consideró clave para haber citado a los funcionarios ausentes. En primer lugar, llamó la atención por el contraste que dijo se está viviendo “entre los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad".

Puso como ejemplo al personal de los talleres protegidos, que perciben 28 mil pesos por mes. “Todo el debate que se ha hecho es para que empiecen a cobrar el 40% del salario mínimo, y en el marco de esto escuchamos audios que hablan de 500 mil, 800 mil pesos, de un lado y del otro”, comparó.

El legislador de UP se refirió a las acompañantes terapéuticas -habló en femenino, teniendo en cuenta que son mujeres la mayoría de quienes cumplen ese rol-, quienes están discutiendo hoy cómo pasan de cobrar 2.900 pesos la hora a cobrar 3.100… Ese es hoy el debate en el mundo del acompañamiento terapéutico, por 200 pesos. “El personal que hoy empieza a trabajar, va a cobrar el año que viene, porque cobra a seis meses… Esa persona que está escuchando cifras de 500 mil, 800 mil, que esta persona se queda con esto o lo otro…”, insistió.

También puso el ejemplo del transportista, que cobra 541 pesos el litro de nafta, que a su vez sale 1.500, por lo que en vez de trasladar a las personas con discapacidad los cinco días, con mucha suerte los traslada dos. Y puso en el mismo lugar a los hogares y centros de días, que buscan financiarse con rifas o ferias americanas.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones, con personas que no logran sostener su trabajo, y en el medio de esto se habla de cifras de 500 mil, 800 mil, 30 mil pesos”, volvió a comparar.

Segundo punto, continuó Arroyo, “tenemos audios que hablan también de las pensiones. En términos prácticos, las personas que han hecho 200 kilómetros, dos horas de cola, personas con ceguera de nacimiento que deben presentar otra vez sus estudios. En enero, un decreto creó las condiciones para acceder a la pensión; en mayo el decreto se anuló, y nadie sabe qué tiene que pedírsele a las personas con discapacidad. Se los hace trasladar desde tan lejos para ver si hay alguno que desiste”, interpretó, y si bien reconoció que “es evidente que había que hacer una auditoría, es evidente también que se hizo mal”.

Agregó que los pacientes “llegan y les dicen que tenían que venir el mes pasado”. Contó también que hubo 110 mil bajas, de las cuales casi 90 mil son problemas de domicilios. Por algo muy básico: se tomó el domicilio original; si alguien tiene 15 años de pensionado, tiene ese domicilio. No se hizo cruzamiento de datos, y el 40% de los telegramas no llegaron a destino. "Miren, si algo es fácil en este siglo XXI, es dar con las personas. Acá hubo 40% de pifie…”, señaló.

En tercer lugar, el opositor remarcó que las dos cuestiones expuestas son resueltas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que “reordena el nomenclador, que organiza las prestaciones, que hace que funcione el sistema y manda a hacer una auditoría, pero la manda a hacer bien”.

Por último, Arroyo pidió a las autoridades no poner en “estado de desesperación al conjunto de las personas”, y advirtió que “la puesta en marcha de la ley no es opcional. Nos falta el Senado, va a rechazar el veto y se terminó: no es si uno quiere, si le parece… ni bien se rechace el veto en el Senado, automáticamente se tiene que poner en marcha la ley”.

Al arrancar el debate, la diputada de Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta cuestionó "el silencio y la ausencia" del ministro Lugones, "implicado responsable de la masacre del fentanilo". Yendo al caso de los audios de Diego Spagnuolo, resaltó que "lo que está saliendo a la luz es que con (Javier) Milei lo que avanza es la corrupción. Dijeron que venían a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros. Está claro que son recontra casta".

"Hay una enorme estafa a las personas con discapacidad. ¿Hay plata para coimas pero no para personas con discapacidad?", agregó y anticipó que los hechos recientes son "la primera temporada de un montón de capítulos que faltan".

Denunciado meses atrás por Spagnuolo -y el fiscal Carlos Stornelli- por presunto "conflicto de intereses" en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado de UP Eduardo Valdés exhibió la sentencia de la jueza María Servini de Cubría cerrando la causa, donde ni siquiera fue citado. "Quienes me denunciaron son los autores de todas estas barbaridades", dijo.

El porteño hizo hincapié en audios del extitular de la ANDIS "referenciando las exigencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ordenaba dar las bajas de las pensiones directamente sin pasar por los controles médicos". "Por eso presenté un pedido de citación al ministro para que venga a dar explicaciones. Hay 110 mil pensiones que se dieron de baja con ese método. ¿Quién era la persona que obligaba a dar de baja las pensiones y obligó a despedir 12 de 16 personas que trabajaban en el área de auditoría?", planteó.

Además, Valdés anticipó que junto a su par Victoria Tolosa Paz trabajarán en un proyecto para que "las pensiones que se dieron de baja en este tiempo puedan ser reactivadas; nadie puede perder la pensión en las circunstancias que estamos viendo".

A su turno, también desde UP, Juan Marino lamentó el "espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo" y habló de una "banda de delincuentes" que "estaba pidiendo coimas a los proveedores de medicamentos del programa Incluir Salud, al mismo tiempo estaba paralizando la ANDIS".

El opositor subrayó que hay personas que no están accediendo a medicamentos y prestaciones, por eso "lo primero que tenemos que tratar" es "cómo se va a regularizar el funcionamiento de la ANDIS". En este sentido, pidió "depurar la ANDIS, que no sea rehén de la corrupción y que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad".

Desde Encuentro Federal, el socialista Esteban Paulón señaló que la ausencia de los funcionarios era "una pena esperada" ya que "no vienen cuando se los cita amablemente, ni cuando se los cita por votación de una mayoría del pleno". "Estamos ante un escándalo moral de proporciones, que se da además en un área que fue estigmatizada por el Gobierno", expresó.

El santafesino cuestionó que "el Gobierno de las auditorías" sea el que "no audita a los que venden los medicamentos al Estado y a los funcionarios que facilitaban contratos". Y, seguidamente, indicó que la empresa Suizo Argentina "multiplicó por más de 2.600% los contratos con el Estado Nacional".

"No nos queda otra que embarcarnos en una comisión investigadora", consideró el impulsor de un proyecto en este sentido, y aseguró que se fundamenta en "la gravedad del hecho" ante "170 mil millones de pesos reconducidos en compra de medicamentos" mediante decretos. "Hay que determinar responsabilidades políticas", sostuvo y reclamó que "el Gobierno debe dar urgente explicaciones porque Karina es Javier", según lo propiamente dicho por el presidente.

Más adelante, su correligionaria Mónica Fein observó que "para los mismos que nos dicen que hay que tener equilibrio fiscal y que entonces ajustan a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las prestaciones, parece que el equilibrio fisca no tiene nada que ver con las coimas, los retornos y el cohecho".

"Hay un sistema de corrupción que rompe el equilibrio fiscal", advirtió la socialista y cuestionó la ausencia de diputados aliados de La Libertad Avanza, al señalar que "parece" que para algunos "la corrupción mata según el Gobierno de turno". "Lamento que no estén aquí los que han usado tanto esa consigna. Acá hay gente que muere por falta de prestaciones y medicamentos, cuando hay millones de pesos que no sabemos a dónde van", remarcó.

Durante las exposiciones, el diputado de UP Leandro Santoro criticó al Gobierno: "Fundamentaron el ajuste brutal diciendo que lo hacían contra la corrupción y hace una semana nos venimos a enterar que mientras ajustaban a las personas con discapacidad estaban robando en las compras y contrataciones". "Es imprescindible que se hagan presentes el señor 'Lule' Menem y la señora Karina Milei, porque no se puede cortar siempre el hilo por lo más delgado", exclamó.

Única presente de su bloque, la radical Natalia Sarapura resaltó que "Spagnulo se fue sin venir nunca y eso que lo citamos un montón de veces", al igual que al exministro de Salud y al actual. "Se ha hecho costumbre que ante el escándalo hay silencio. Estamos ante el Gobierno que ya no nos van a alcanzar adjetivos para describirlo: decimos que es el Gobierno de la crueldad, de la inmoralidad y, además, son indecentes", lanzó.

La jujeña apuntó que las auditorías realizadas sobre las pensiones por discapacidad fueron "cuestionadas y sesgadas" y "cuando las hicieron no respetaron los estándares internacionales ni los derechos de las personas con discapacidad". Por eso, y ante el contexto actual, "se tiene que retroceder en las decisiones que se tomaron", pidió.

Casi en el final, la diputada de UP Florencia Carignano planteó: "Visto y considerando que no vamos a lograr que venga Karina 'tres por ciento' Milei, o 'la cajera', y su banda de corruptos a darnos alguna explicación, podríamos llamar a la droguería, a los directivos que se ofrecen a venir". En esa línea, señaló que el presidente Milei compartió el comunicado del laboratorio Suizo Argentina, donde expresan la "plena disposición" para presentarse ante "los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado".

En medio de la crecida del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reúnen este martes a las 12 en un encuentro plenario para abordar las presuntas irregularidades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado a la reunión, pero no ha confirmado su presencia.

La citación incluyó, también, al nuevo interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria, organismo estatal que funciona dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

El encuentro de las dos comisiones fue motorizado por sus dos presidentes: el tucumano Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Arroyo (Discapacidad). Según supo parlamentario.com, ninguna de las dos citaciones fue respondida por los funcionarios del área de Salud y desde el plenario dan por hecho que no asistirán, sobre todo, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al recinto de la Cámara baja al día siguiente.

La intervención de la ANDIS fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y el viernes pasado el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 16 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

El escándalo en torno a la política de discapacidad sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, sean interpelados en la Cámara baja a raíz de la difusión de audios que dan cuenta de presuntos pedidos de coimas vinculados a la tramitación de prestaciones y contrataciones en el área.

En paralelo, el legislador cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber vetado la ley de emergencia en discapacidad, medida que la oposición logró revertir en el recinto esta semana, aunque resta ahora que el Senado cumpla esa tarea. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió en su cuenta de X.

El proyecto detalla un amplio cuestionario que deberán responder los funcionarios, que va desde la eventual presentación de denuncias penales y la autenticidad de los audios, hasta la identificación de funcionarios involucrados, los procedimientos administrativos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, los circuitos de pago a prestadores, la existencia de manuales de procedimiento y mecanismos de control, así como los protocolos de integridad y canales de denuncia internos.

También exige explicaciones sobre la ejecución presupuestaria del área, la deuda acumulada con prestadores, las medidas de resguardo de documentación y sistemas, y un eventual plan de reformas para garantizar transparencia y continuidad en las prestaciones.

“El acceso oportuno y transparente a los apoyos y servicios para personas con discapacidad es un mandato jurídico y ético que el Estado no puede desatender. La difusión de un audio que asigna conductas ilícitas exige verificación inmediata, identificación de responsables y medidas correctivas”, argumenta Agost Carreño en los fundamentos.

El pedido de interpelación fue acompañado por legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Mónica Fein, Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

La polémica se enmarca en un contexto de fuertes reclamos de beneficiarios y prestadores por demoras y trabas en la cobertura de prestaciones, sumado a un creciente malestar social por el veto presidencial. Ahora, la oposición busca que el Gobierno dé explicaciones públicas en el Congreso sobre lo que podría transformarse en uno de los mayores escándalos de la gestión en un área especialmente sensible.

Después de la remoción de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocaron a un plenario para este martes a las 12, en donde convocan al ministro de Salud, Mario Lugones para tratar las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos.

El anuncio fue confirmado por el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de Acción Social y Salud Púbica. Por su parte, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, también será parte del encuentro plenario.

También fue citado el interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue asignado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La intervención fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y este viernes el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 14 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa, contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En el arranque de la sesión de este jueves en el Senado, la legisladora de Unión por la Patria Lucía Corpacci presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Salud, Mario Lugones. "La cuestión de la salud en nuestro país viene, desde que asumió este Gobierno, de mal en peor. Negar la salud a los niños es una falta grave", comenzó.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Salud recordó que al funcionario se lo citó en "reiteradas oportunidades" para que "venga a explicar distintas situaciones de irregularidad" en el área. Sin embargo, "jamás ni siquiera se tomó la molestia de contestar", dijo.

A raíz del caso del fentanilo contaminado, que provocó casi un centenar de muertes en distintos puntos del país, la catamarqueña denunció que las ampollas salidas del laboratorio HLB Pharma "no han sido controladas debidamente o, aún peor, porque habiendo sido controladas y habiendo sido vistas irregularidades, no se actuó con la premura que se debía actuar".

Al recordar las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la actuación de la ANMAT, la senadora expresó: "Este Gobierno tiene un problema, todo lo que pasa es culpa del kirchnerismo. Pero, además, no propone nada que solucione ningún problema. Todo lo que propone es motosierra, motosierra, y lo demás se lo lleva puesto. El tema es que lo hoy uno toca del Gobierno, sale pus".

"Es gravísimo que no haya ni un responsable de lo que pasa con el fentanilo. Porque detrás de la falta de controles de la ANMAT, mucho cuidado. Ahí está el narcotráfico. Mucho cuidado", alertó.

En el cierre, la exgobernadora catamarqueña le pidió a sus pares de otros bloques de la oposición que acompañen un pedido de interpelación a Lugones. "Espero que el Gobierno tenga la valentía y la honestidad de enviar al ministro a que dé explicaciones; y de investigar las causas de las muertes de estas personas por un fentanilo contaminado que muchos sabían que así estaba", concluyó.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de resolución donde piden por la interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de las 96 muertes registradas en distintos hospitales y clínicas por el fentanilo contaminado proveniente del laboratorio HLB Pharma.

La solicitud se extiende además a las directoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio; y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumadó.

El texto indica que deberán informar sobre "diversas cuestiones vinculadas a la distribución y control de calidad de partidas de la medicación de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, provenientes de HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo". "Dichas dosis de medicación fueron distribuidas en varias provincias y estarían relacionadas con el fallecimiento de al menos 96 personas hasta el momento de la presentación de este pedido", agregaron.

En los fundamentos, los legisladores del FIT remarcaron que "pese a las revelaciones diarias, aún no hay avances en la causa donde están involucrados de momento empresarios de los laboratorios, autoridades de la ANMAT y el Ministerio de Salud comandado por Mario Lugones, a cargo de aplicar en el sector la desregulación de los controles del Estado en todos los rubros".

"La contaminación con bacterias alcanzó a unas 154.000 ampollas, elaboradas por la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, cuyo propietario, Ariel García Furfaro, se jacta de tener numerosos vínculos políticos con referentes del oficialismo y la oposición del PJ, está hoy procesado por estafas", apuntaron.

En ese sentido, recordaron que "exactamente hace cuatro años, el 12 de agosto del 2021, ANMAT prohibió barbijos descartables producidos por esta empresa que tomó trascendencia nacional durante la pandemia del coronavirus. A pesar de las denuncias, la empresa siguió produciendo".

"El caso también expone las 'fallas' de control y la connivencia entre las empresas y el Estado bajo gestión libertaria", advirtieron y, al citar a la periodista Camila Dolabjian, manifestaron que "la ANMAT sabía de 'deficiencias críticas y mayores' en el laboratorio un mes antes de la producción de los lotes de fentanilo contaminado, y permitió que esos lotes salieran al mercado".

Los diputados opositores denunciaron que "el Ministerio de Salud de la Nación actuó tarde, en complicidad, de manera insuficiente, dejando en evidencia un sistema que prioriza intereses empresariales por encima de la salud pública"; y consideraron que este "no es tampoco un hecho aislado: se inscribe en una política de desregulación y falta de control que atraviesa a todo el sector farmacéutico, con inspecciones mínimas y denuncias de pactos con los propios laboratorios".

El proyecto fue firmado por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano.

La senadora nacional Carolina Moisés cruzó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por el comunicado en el que se desliga de las políticas sanitarias y se las endilga a las provincias. Asimismo, acusó a los funcionarios provinciales de la cartera sanitaria: “¿Cuántos argentinos más tienen que morir mientras (Javier) Milei sea presidente y Lugones ministro? Callarse también es ser cómplice”.

La respuesta de la legisladora jujeña fue a través de X, donde cargó: “Le pido a todos los gobernadores que llamen a sus ministros de Salud porque si esto se sostiene destruirá la excelencia académica de nuestros médicos, la práctica de las residencias quedará viciada y su multiplicarán los problemas de recursos humanos en el sistema de salud”.

📢 17 Ministros de #Salud provinciales y… ¿NINGUNO dijo nada?
¿Nadie tuvo el coraje de oponerse a esta barbaridad que rompe los parámetros de formación, práctica y exigencia médica en Argentina?

El dengue no es un problema "sólo del NOA y NEA”. Desde 2009 se trasladó al AMBA,… https://t.co/knkUB01E0O

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) August 12, 2025

Integrante del bloque Convicción Federal, Moisés es, además, vocal en la Comisión de Salud del Senado. En ese contexto, agregó que “desde 2026 cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente”. Sin embargo, consideró que esta decisión “rompe los parámetros de formación, práctica y exigencia médica en Argentina”.

En otro punto, hizo referencias sobre la problemática del Dengue en la Argentina y señaló que la postura de Lugones sobre el tema es “una falacia y una mentira grave”. Y amplió: “El dengue no es un problema sólo del NOA y NEA porque desde 2009 se trasladó al AMBA, la zona más poblada del país”.

“Todo médico, en cualquier lugar del país, debe poder diagnosticar un caso de dengue y la formación médica debe ser integral y federal ya que resignar esa visión es condenar la salud pública”, aseveró Carolina Moisés.

Finalmente, acusó al Gobierno nacional de querer “desligarse de la responsabilidad de la salud pública federal”, y mencionó que eso se observa en las medidas de “eliminación del calendario nacional de vacunación” y “de dejar de comprar vacunas para chicos, embarazadas y adultos mayores”. “Ya dejaron de adquirir medicamentos oncológicos y los pacientes de cáncer se están muriendo; no controlan el fentanilo y siguen muriendo personas hospitalizadas”, concluyó.

El Gobierno nacional tomó la decisión de eliminar un subsidio histórico que financia buena parte del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia y desde la organización, que es pionera en la investigación de la patología, alertó que podría desaparecer.

La cartera sanitaria que conduce Mario Lugones decidió eliminar el fondo discrecional que desde hace años financia entre el 50 y el 70% del funcionamiento de la fundación que es una referencia desde hace más de 80 años.

La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el subsidio generó indignación y en redes se multiplicaron los cuestionamientos a Lugones.

“LA CRUELDAD A FLOR DE PIEL”, tituló el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, quien contextualizó: “Mientras el gobierno profundiza el ajuste, algunos siguen justificando el desastre diciendo que ‘son las formas del Presidente’. Y siguen sin decir una palabra sobre los jubilados, el vaciamiento del Garrahan, el desguace del INTI, el ataque a la ciencia y la tecnología, o el hostigamiento a periodistas, entre tantas otras decisiones crueles y profundamente insensibles”.

Se sumó el diputado socialista Esteban Paulon quien apuntó contra Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Ya no es no motosierra ni crueldad. Es simplemente ESTUPIDEZ”.

"La crueldad avanza. El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado, investigación y contención de pacientes, en este caso con hemofilia", cuestionó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al hacerse eco de la decisión del Gobierno nacional.

La Fundación de Hemofilia en peligro

Fue la propia organización la que, a través de una carta abierta, alertó días atrás sobre su dramático presente y aseguró que su continuidad está "en peligro".

Bajo el título "Carta abierta a la comunidad de Fundación de la Hemofilia", advirtieron que el corte abrupto del subsidio es una "enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar", señala el texto.

"Una de las importantes fuentes de financiación de esta organización es un aporte estatal, más precisamente del Ministerio de Salud de la Nación, que nos permite mantener el funcionamiento de la estructura de atención interdisciplinaria que todos conocemos, indispensable para el tratamiento de la hemofilia", sostiene la carta de la fundación. Y en esa línea, agrega: "Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos para adaptarnos a las circunstancias".

Después de la publicación de la carta abierta y en los días posteriores, la Fundación lanzó una campaña para que, quienes quieran, ayuden a través de una donación. "Para continuar recibiendo cuidados y asistencia necesitamos Fundación. 80 años acompañando la vida con hemofilia en Argentina. Hoy estamos en peligro", advierten en la misma publicación que piden ayuda a través del alias SOMOS.FUNDACION.FH, que remite a una cuenta del Banco Nación.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

Los dichos del presidente Javier Milei en la entrevista concedida a La Nación+ el jueves pasado dieron mucha tela para cortar. Por ejemplo cuando se refirió a la situación en el Hospital Garrahan. Ya fueron polémicos sus dichos sobre los residentes, pero también cuando se refirió al financiamiento del nosocomio.

Dijo el presidente que “nosotros le incrementamos los recursos al Garrahan en un 240%, muy por encima de todos los que dimos a otros lugares. Por lo tanto, nosotros no decimos que no nos importa el Garrahan: lo manifestamos en hechos, poniendo plata. 240% aumentó la partida del Garrahan”.

Se hizo eco el ministro de Salud, Mario Lugones, quien posteó en la red social X: “Como dijo @JMilei, bajo nuestra gestión el Hospital Garrahan empezó a contar con los fondos suficientes para garantizar y ampliar su funcionamiento: el año pasado incrementamos su presupuesto en un 244% y este año aumentamos los ingresos de los residentes”.

Le salió al cruce el legislador porteño Hernán Reyes, quien le dijo: “Ministro, prefiero pensar que sos un hipócrita y no un ignorante total sobre el Garrahan y la salud pública”. Agregó que “el Garrahan no tiene los recursos necesarios desde hace años, incluyendo 2024. Si realmente valoraras su nivel, le darías el presupuesto que hoy le negás”.

El diputado de la Coalición Cívica reconoció que “es cierto que en 2024 hubo una leve mejora respecto a 2023. Pero en 2025 enviaste el mismo presupuesto sin avances reales. Y fue peor: le recortaron 23 mil millones de pesos”.

Aclaró Reyes que “el hospital necesita 192 mil millones solo para mantener su nivel de 2024. Le asignaste 169 mil”.

“El Garrahan atiende patologías complejas de niños de todo el país, presencialmente y con interconsultas. Es un hospital escuela único, con una carga y complejidad que justifican su gasto. Ese gasto se traduce en tratamientos únicos, formación de profesionales e innovación médica”, sostuvo el legislador de la CC, planteándole al funcionario que “si realmente defendieras la salud pública, sabrías lo que pasa con los sueldos. A los residentes los explotan y a los especialistas les destruyen los incentivos. Así perdemos capital humano todo el tiempo. Eso genera vacantes, demoras y frena la innovación”.

Para Reyes, “el esfuerzo no está en el ministerio. Está en los residentes, los especialistas que se quedan por vocación y los equipos que apuestan al país”. Y concluyó diciéndole a Lugones que “vos vas a pasar, pero podés elegir: ser parte del problema o de la solución. Hasta ahora, elegiste vaciar el Garrahan”.

En medio del fuerte reclamo que vienen desarrollando los residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes cruzó con dureza al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, después de que este celebrara la primera cirugía fetal intrauterina realizada en ese centro médico.

Todo comenzó cuando el funcionario compartió en sus redes sociales un posteo en el que destacaba el trabajo realizado en el hospital pediátrico. “La primera cirugía fetal intrauterina realizada en el Hospital Garrahan es un hito de nuestra medicina pública. Este es el camino que valoramos, fortalecemos y premiamos: calidad médica, trabajo en equipo, excelencia y vocación. No es con asambleas ni agitación, es con mérito, formación y eficiencia”, manifestó.

Atento a esta situación, Reyes salió al cruce. “No seas caradura. Lo que hace el Garrahan es un orgullo pero lo hacen a pesar del vaciamiento que le estás haciendo. Hacete cargo”, sentenció.

Con Elisa Carrió a la cabeza, la Coalición Cívica amplió su denuncia este lunes contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación que viene atravesando el Hospital Garrahan. También, añadieron una denuncia por amenazas contra Mario Lugones, funcionario a cargo de Salud, por amenazas contra los residentes en la audiencia fallida de negociación.

“Este es un delito moral que afecta a los niños con un nivel de perversión propio de a quienes no les importa la vida del otro”, señalaron en la nueva presentación judicial. Además de la líder de la Coalición Cívica están las firmas del legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli.

Los dirigentes ampliaron la causa N° CFP 4239/2024 en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional N°3, a cargo de Daniel Rafecas, y por la que el fiscal Guillermo Marijuán imputó al ministro Lugones.

La presentación de Carrió y compañía tuvo como anexada a los testimonios de personas con responsabilidad directa o conocimiento técnico sobre la crisis del hospital durante un programa en LN+: “Desde los residentes hasta los médicos planta, lo que se recibe son distintas formas de amedrentamiento o intimidación, como única forma de negociación por parte de las autoridades”.

Entre los testimonios uno de los presentes afirmó que “los residentes fueron víctima de aprietes de todo tipo y la constante amenaza de retirarlos del Garrahan, si insisten en la defensa de su derecho”.

“Los ministros se creen impunes, pero han promovido la declaración de emergencia sanitaria con el DNU 70/2023, han buscado superpoderes con la Ley Bases y decidieron trabajar sin presupuesto en 2025, esos no pueden ser motivos para dispensar su responsabilidad, todo lo contrario. Piden delegaciones para trabajar sin el Congreso, entonces tienen que hacerse cargo de cuidar las prioridades de los argentinos”, expresó Hernán Reyes.

También señalaron que “se ha mantenido el mismo presupuesto para 2025 que el vigente del 2024, sin considerar la inflación que lleva acumulado más de 13% en lo que va del año lo que corresponde a una quita en valores reales de 23.248.641.543 de pesos”, y agregaron que “en el proyecto de Presupuesto que enviaron al Congreso para 2025, y que finalmente no se votó, el propio Gobierno contemplaba un incremento de las partidas equivalente a esos 20 mil millones de pesos”.

En el final, el legislador porteño reiteró: “Lugones no puede desentenderse de estas amenazas, es por eso que le pedimos a la Justicia que investigue su rol al frente de estas negociaciones y las agresiones sufridas, así como de cualquier otro miembro del Ministerio de Salud de la Nación o del Consejo de Administración que haya amenazado a los residentes”.

En medio del conflicto entre el Gobierno y los médicos y residentes del Hospital Garrahan, la Comisión de Salud del Senado, a cargo de la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), volverá a citar al ministro de la cartera, Mario Lugones, para que asista a una reunión y brinde un informe sobre la situación del país y la decisión del cierre de determinadas áreas.

Corpacci recordó que se había invitado al ministro de Salud para que asistiera a comisión y brinde un informe sobre la situación de la salud en el país que “era una preocupación y había sido planteada la semana anterior, no tuvimos ninguna respuesta y tampoco vino el ministro”.

“Vamos a volver a circular la nota, dado que no todos la habían podido firmar, para insistir con la presencia del ministro”, comentó.

Al pedir la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, apuntó: “Todas las semanas tenemos un martes 13 en el área de salud del Gobierno nacional, lo único que nos queda es interpelar, lamentablemente, aunque el oficialismo se enoje, pero nosotros queremos saber cuál es el plan que tiene el ministro con cierres de áreas tan caras a la salud como el Instituto Nacional del Cáncer, sistema de infectología, el conflicto del Garrahan”.

Tras el fuerte reclamo salarial que llevaron a cabo los residentes del Hospital Garrahan, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, cruzó con dureza al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y lo acusó de aumentar los salarios “por la presión social”.

El cruce entre ambos se dio después de que el funcionario nacional posteara en sus redes sociales un extenso descargo acerca de la situación de ese hospital pediátrico. “El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X-ex Twitter-.

“Como resultado del ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a regir esta madrugada, se otorgará un aumento a los médicos residentes del Hospital Garrahan, elevando sus ingresos a aproximadamente $1.300.000 a partir del 1 de julio”, continuó Lugones y agregó que “este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”.

A la vez que concluyó señalando que “resulta relevante mencionar que, a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”.

Atento a los dichos del funcionario, Reyes salió al cruce. “Hablás de mérito, orden y eficiencia pero solamente aumentan los salarios de los residentes por la presión social. No te interesa cuidar a las personas, no te interesa defender el mérito de los excelentes profesionales del Garrahan, no te importa mantener en orden la atención de los chicos y, menos aún, te importa la eficiencia”, le espetó.

“Si creyeras en la eficiencia, estarías desviviéndote por atender a más chicos y reducir más la mortalidad infantil. Pero no. De eso se hacen cargo los médicos y residentes del Garrahan, a esos a los que no le querías aumentar el salario hasta ayer. Ministro, menos hipocresía y más empatía. Menos abandono y más gestión”, completó el legislador porteño.

Lejos de solucionarse el conflicto con los trabajadores del Hospital Garrahan continúa, pues la junta interna del nosocomio advirtió que el aumento concedido por el Gobierno excluye a más del 90% del personal del centro de salud.

El comunicado a través del cual se dio a conocer la decisión del Gobierno resalta que se están eliminando “los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas”.

Al respecto, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo este domingo que “el mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”.

“Como resultado del ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a regir esta madrugada, se otorgará un aumento a los médicos residentes del Hospital Garrahan, elevando sus ingresos a aproximadamente $1.300.000 a partir del 1° de julio”, señaló el funcionario, que habló de una nueva etapa “orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”. Y destacó que “a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”.

“Hablás de mérito, orden y eficiencia, pero solamente aumentan los salarios de los residentes por la presión social”, le respondió el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes. Y le señaló al ministro: “No te interesa cuidar a las personas, no te interesa defender el mérito de los excelentes profesionales del Garrahan, no te importa mantener en orden la atención de los chicos y, menos aún, te importa la eficiencia”.

Reyes le dijo además al ministro: “Si creyeras en la eficiencia, estarías desviviéndote por atender a más chicos y reducir más la mortalidad infantil. Pero no. De eso se hacen cargo los médicos y residentes del Garrahan, a esos a los que no le querías aumentar el salario hasta ayer”.

“Ministro, menos hipocresía y más empatía. Menos abandono y más gestión”, cerró el legislador de la CC.

Los bloques del Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la no renovación de 1400 contratos de personal de salud en diferentes instituciones de la salud pública. Exigen el detalle de las causas de esos vencimientos y “el ahorro” por la no renovación.

“El sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”, acusaron en el texto que encabezó el diputado tucumano Pablo Yedlin.

Asimismo, detallaron el pedido en varios ítems: Informe detallado de la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de porqué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024; y metas y acciones planificadas para este año 2025.

En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.

Por el lado del texto que firmaron los cinco integrantes del FIT-U, en primera instancia rechazaron a los 1400 despidos mencionados y denunciaron que las medidas del Gobierno ejecutadas por el ministro de Salud, Mario Lugones, “implican el desmantelamiento en instituciones fundamentales de la salud pública”.

El proyecto encabezado por Vanina Biasi, aseveró entre los fundamentos que “esta política tiene como principal blanco de ataque el Hospital Posadas, el Bonaparte, el Instituto del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, Andis, Anlis-Malbrán, Anmat e Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur)”. “En el Somer ya se notificó el despido de 130 trabajadores, mientras que en el Bonaparte contabilizan 200 despidos”, acusaron.

“El plan motosierra de presidente Milei, de Stuerzenegger y Lugones no solo se aplica sobre los trabajadores del área de salud, sino que lo hace sobre áreas sensibles de atención. Estos despidos completan una política de destrucción de la salud pública que incluye salarios por debajo de la línea de pobreza, desmantelamiento de los hospitales públicos y los programas sanitarios, e incluso el arancelamiento en distintos municipios por la colaboración de otras fuerzas políticas”, concluyeron en el proyecto de resolución.

La diputada nacional Marcela Campagnoli y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentan una denuncia por abuso de autoridad por cambiar el consejo directivo del Hospital Garrahan.

La denuncia será presentada este miércoles en los tribunales federales.

En el texto de la misma piden investigar la posible comisión de un abuso de poder por parte del flamante ministro de Salud, Mario Iván Lugones y quienes resulten responsables de los hechos que han tenido lugar en el Hospital Garrahan.

Recuerdan las denunciantes que Lugones, en su calidad de  ministro de Salud habría solicitado el pasado 2 de octubre la renuncia de la totalidad del consejo directivo del hospital, lo que obedecería a la entrega de un “bono” al personal.

Dicha orden habría sido emitida directamente por Lugones -en anuencia con sus superiores- con motivo de que dicho bono (que es una facultad discrecional del consejo directivo) no habría sido consultado con él en su calidad de máxima autoridad de la cartera.

Lo cierto es que dicha suma obedecería a una cantidad que habitualmente se le entrega a los profesionales de la salud que prestan funciones en el mencionado nosocomio, la que obedecería al excesivo trabajo y los bajos sueldos que estos cobran por sus funciones, reza la denuncia, que aclara que dicha suma proviene de un fondo que el consejo administra y del cual puede decidir discrecionalmente y sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

Asimismo se aclara que “dicha suma no corresponde a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de Salud nacional”.

Según Campagnoli y Carrió, “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión claramente arbitraria  y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo, posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios, ya que se ha recortado el presupuesto de Salud”.