En un fallo por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo sobre la suspensión de las clases presenciales que dispuso el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 241/21.

El reclamo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta surgió luego que el pasado 15 de abril, y ante una decisión “inconsulta”, el Gobierno nacional dispusiera la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, en el marco de las restricciones tomadas para bajar los casos de Covid-19, bajo el argumento de reducir la circulación en las calles.

La medida desató una fuerte pelea entre Nación y Ciudad, y el gobierno porteño resolvió acudir a la Corte para reclamar por la inconstitucionalidad de ese DNU. Sin embargo, el máximo tribunal no declaró la inconstitucionalidad del decreto, dado que caducó el 30 de abril.

A partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, la administración de Rodríguez Larreta mantuvo la apertura de las escuelas desde el lunes 19 de abril, además de rechazar un fallo de la Justicia Federal que iba en línea con lo dispuesto por la Casa Rosada, y anticipó que aguardaría la resolución de la Corte.

Cumplido el plazo, el presidente extendió las medidas hasta el 21 de mayo a través del DNU 287/21, el cual la Ciudad tampoco acató en ese punto, y Rodríguez Larreta aseguró que continuarían las clases presenciales en jardines de infantes, escuelas primarias y educación especial, al tiempo de imponer un sistema bimodal para la secundaria. Ahora, el gobierno porteño cuenta con total aval de la Justicia para sostener su decisión.

Los magistrados Carlos Rosenkrantz -presidente del máximo tribunal-, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, a partir de distintos votos, coincidieron en resolver a favor de la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía en la materia, lo que representa un revés para el gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, Elena Highton de Nolasco se abstuvo de votar, alegando que la Corte no tiene competencia original en las causas que litiga la Ciudad.

En un voto conjunto, Maqueda y Rosatti enfatizaron sobre el fundamento del federalismo y la autonomía de la Ciudad, al sostener que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que lo llevaron “a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor”.

Fallo-de-la-Corte-gcba

“El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora”, continuaron.

Asimismo, los magistrados expresaron que “tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa, como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria, deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional”.

Y subrayaron que este fallo “no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”.

Por su parte, Rosenkrantz apuntó que el argumento de Nación de tomar la medida para reducir la circulación, “no satisface las exigencias de justificación referidas”. “En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural. Ha mostrado el carácter geográficamente acotado de la prestación de clases presenciales en función de varios indicadores, tales como la baja incidencia de los contagios dentro de los establecimientos educativos, el criterio de proximidad con el que se asignan las vacantes en el sistema público y la reducción en el uso de transportes públicos por alumnos en relación con la tasa de uso previa a la pandemia”, señaló.

El presidente de la Corte manifestó que el Estado Nacional “hace referencias al transporte de pasajeros dentro del territorio denominado AMBA pero lo hace de modo global, sin discriminar el transporte interno de cada jurisdicción y el transporte que pasa de una a otra y, por lo tanto, ello resulta insuficiente para determinar en qué medida este último -del cual depende, entre otras cosas, la existencia de interjurisdiccionalidad- se habría incrementado como consecuencia del comienzo de las clases presenciales dentro de la Ciudad Autónoma”.

“Sumado a ello, en la demanda se afirma -sin que haya sido puntualmente rebatido por el Estado Nacional- que la mayor parte del alumnado que concurre a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no utiliza el transporte público para concurrir a clases”, añadió.

En tanto, Lorenzetti remarcó que “la CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la Ley 26.206 y la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales”.

“El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias (Ley 26.206), estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente“, agregó.

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró este miércoles que en el Congreso todavía “no hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, y señaló que se dio un “mal entendido” y se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.

Pese a que el senador oficialista Oscar Parrilli y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, hicieron referencia al tema, Moreau consideró que existió “una interpretación equivocada” de las palabras del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa.

El legislador recordó que el mandatario pidió “acentuar una tarea que está rubricada en la Constitución, que es la tarea del control cruzado con el Poder Judicial”. Por eso, explicó que el Poder Judicial controla “tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo respecto a la constitucionalidad de la normas que se dictan”, mientras que “el Congreso tiene la facultad de dictar leyes vinculadas a la actividad del Poder Judicial”.

“Como un ejemplo extremo, si el Congreso el día de mañana sale diciendo ‘no hay más Código Civil’, no hay más Código Civil”, graficó, y agregó que el Parlamento se encarga de dictar las leyes orgánicas e incluso “la composición de la propia Corte se puede ampliar, se puede achicar, también por mayorías simples en el Congreso. Eso se llama control cruzado”.

En diálogo con radio Futurock, el oficialista indicó que ” ya existen comisiones de control y seguimiento, como la del Ministerio Público”. Entonces, consultado sobre si era un “error” hablar de una nueva comisión, respondió: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.

Lo que sí reiteró Moreau es su opinión de que “es absolutamente imprescindible una reforma amplísima del Poder Judicial, porque salta a la vista que está funcionando muy mal”.

“La Corte Suprema parece una especie de poder monárquico“, criticó y apuntó que los jueces del máximo tribunal “gozan de privilegios extraordinarios respecto al resto de los ciudadanos”.

Para el diputado hace falta “una reforma profunda”, pero “los que se oponen es porque se oponen a todo lo que signifique remover privilegios”. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo, tratar de dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad”, agregó.

Y volvió a disparar contra la Corte, al sostener que “se ha transformado en una especie de gobierno paralelo” y “apunta a veces incluso al corazón de decisiones tomadas por el Parlamento en el ejercicio soberano de su función. Carece absolutamente de prestigio”.

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau reiteró su idea de ampliar la Corte Suprema de Justicia y consideró que incluso hay que iniciar el juicio político contra algunos de sus miembros.

“La reforma del Poder Judicial hay que empezarla de la cabeza hacia abajo“, sostuvo este lunes el radical K, que aseveró: “Yo creo que hay que modificar la Corte Suprema de Justicia, hay que ampliarla, eso no necesita los dos tercios, merece simplemente una mayoría simple en el Parlamento”.

En consonancia con declaraciones que Alberto Fernández formuló en una entrevista con Página/12, el legislador opinó que “hay que reformar, como lo afirmó el presidente en un reportaje, la facultad que tiene la Corte de rechazar o aceptar recursos extraordinarios o recursos en queja, no puede tener esa arbitrariedad en sus manos”.

Para el oficialista, “hay que hacer algún juicio político en la Corte y en algunos de otros estamentos, como estas Cámaras”, en relación a la Cámara Federal porteña.

En ese sentido, Moreau acusó a un sector de la Justicia de buscar “darle impunidad a Macri y sus cómplices”. “Por eso peleaban con dientes y uñas sostenerlos a (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi en la Cámara (Federal porteña)”, continuó.

En declaraciones a radio El Destape, el diputado apuntó que “lo primero que hizo Bruglia fue firmar una resolución intentando sacar la causa del espionaje ilegal de Lomas de Zamora para llevarla a Comodoro Py”.

“(Martín) Irurzun, prácticamente a sola firma, decidió desprocesar en una causa que es un verdadera escandalo, que salta a la vista que el Grupo Macri, el Grupo SOCMA, hicieron un negociado que le costó a Argentina 744 millones de dólares, que es la causa de peajes”, cuestionó.

Y añadió: “Irurzun, junto a otro camarista que también tiene la lapicera fácil para facilitar la vida del macrismo, que es Mariano Llorens, firmaron una resolución para proteger a gente del macrismo”.

“La más escandalosa fue la última, la del camarista (Eduardo) Riggi, que para paralizar la causa que llevaba adelante el Grupo Indalo por la mesa judicial, para demostrar la extorsión de la que fue víctima, lisa y llanamente de una manera grosera no se le ocurrió mejor cosa que sacarle el expediente físico (a la jueza María Servini de Cubría)”, criticó y enfatizó: “Están actuando de manera descarada, desfachatada”.

También aseguró que “un juicio político clavado” es que le corresponde a la jueza Marta Gastaldi, quien “le negó a Santiago O’Donnell el derecho a la defensa”, luego que le exigiera al periodista entregar las anotaciones y grabaciones que utilizó para su libro “Hermano”, sobre la familia Macri.

“Soy consciente que en el Consejo de la Magistratura no se llegue a reunir el número de votos suficiente” para juicios contra éstos magistrados, dijo el legislador.

Sobre la Corte, el kirchnerista acusó que había “jueces que se reunían con Macri” durante su gobierno, porque “era tanta la impunidad que iban directo a verlo a Macri para ver qué era lo que tenía que hacer el tribunal”.

“Nosotros no tenemos el número que la Constitución requiere para llevar adelante un juicio político” en el Congreso, aclaró y lamentó: “Estamos con dificultades en ese sentido”. Sin embargo, valoró el trabajo de la Comisión Bicameral del Ministerio Público donde se analiza la actuación del procurador interino. “Es una unidad básica del macrismo la que encabeza (Eduardo) Casal”, disparó. Y mencionó también la labor de Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que él preside, “donde hemos trabajado y mucho en desnudar estas maniobras”, expresó.

En otro tramo, Moreau fustigó que “la Corte al único per saltum que dio lugar es a aquel que tuvo que ver con la situación de Bruglia y Bertuzzi, para tratar de sostenerlos un tiempo más. Hay miles de razones para dar otros per saltum y además ese no tenía ninguna gravedad institucional, porque había intervenido el Senado, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo”.

“Es una corporación que se está defendiendo así misma, que sabe que participó de muchas porquerías, de manipulación de la justicia, que practicaron prevaricato, que condenaron gente inocente, que inventaron procesos, y siguen todavía con la parodia del supuesto asesinato de (Alberto) Nisman”, completó.

Luego de que se llevara a cabo una movilización para exigir la liberación de Milagro Sala y que un grupo de manifestantes atacara a la Corte Suprema de Basura con bolsas de basura, el diputado del GEN Sergio Abrevaya insistió con un proyecto de ley de su autoría en el que insiste con que la Ciudad le exija a Nación un reembolso por los gastos que le ocasionan este tipo de movilizaciones.  

En ese sentido, el legislador indicó que “es urgente que se apruebe mi proyecto que pide que la Nación se haga cargo de los gastos en manifestaciones por temas nacionales” y remarcó: “defiendo a la Corte, es un disparate lo que hicieron al insultarla arrojándole basura en la manifestación por Milagro Sala”.

“Siguen atacando a la Corte en busca de impunidad, esta Argentina feudal no para de arrasar instituciones y ensuciar todo a su paso. A esto me refiero cuando pido cobrarle al Gobierno Nacional”, aseveró e insistió en que “no es posible que los porteños sigamos cargando con estos gastos solamente por ser sede de los tres poderes de la Nación. Además, tiraron basura extra, como una burla a las Instituciones y los porteños que la tenemos que levantar; mi proyecto debe aprobarse y la Nación debe pagar”.

Asimismo consideró que el hecho de arrojar basura contra la Corte fue “un apriete” y advirtió que “el mundo K es profundamente feudal, creen que la Justicia tiene que ser favorables, sino hay que cambiarla y limitarla. Así con Boudou y los millones de USS de CFK. No hay que permitir la impunidad y defender la división de poderes”.

Luego de que el Gobierno porteño presentara dos acciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el diputado del GEN Sergio Abrevaya volvió a pedirle a ese organismo que se expida y falle a favor del distrito capitalino dado que la normativa votada en el Congreso que recorta esos recursos ya comenzó a regir.

En ese sentido, el legislador explicó que “la Ley que promueve la quita de recursos de la Ciudad de Buenos Aires ya entró en vigencia” e insistió en que “la Corte debe intervenir, porque la Constitución protege a las provincias de leyes inconstitucionales que mayorías circunstanciales puedan aprobar impulsadas por el Ejecutivo”.

Sobre esa misma línea precisó que “la única manera de garantizar los fondos del traspaso de la policía y las fuerzas de seguridad es a través de la coparticipación, de otra forma la CABA queda expuesta a los designios del Ejecutivo nacional, si quieren mandan la plata, si no quieren no”.

“Esperamos que la Corte se expida con rapidez y evite el sometimiento al que el Gobierno Nacional nos está exponiendo”, añadió y concluyó pidiéndole al presidente Alberto Fernández “que deje de perjudicar a los porteños, que no castigue a los vecinos y vecinas de la Ciudad por ser un distrito políticamente adverso”.

La plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente. 

En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional. 

El respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza. 

Tras una nueva reunión virtual, los representantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio advirtieron que la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner “avalada por el presidente” es “un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”.

“Juntos por el Cambio tendrá la firmeza institucional para impedir que este clima hostil contra el máximo tribunal se transforme en hechos concretos de ataque y cambios constitucionales”, anunciaron mediante un comunicado.

Para los dirigentes de la oposición, “está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de ‘lawfare’, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política”.

“Las manifestaciones de la vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”, continuaron.

Los referentes del Pro, la UCR y la CC-ARI aseguraron que “en todas las democracias constitucionales, los jueces tienen la delicada tarea de proteger los derechos ciudadanos y de controlar que los otros poderes actúen de acuerdo a la Constitución. Se trata, entonces, de un torpe intento de tratar de evadir la discusión sobre la veracidad o falsedad de los hechos que se imputan, cuestionando políticamente los procesos que se encuentran en curso”.

“Alberto Fernández no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza. Le corresponde al presidente defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la Justicia y a la Corte Suprema como el que se ha efectuado”, alertaron.

Desde la coalición opositora insistieron: “Vamos a defender con toda energía la independencia de la Justicia, con el fin de que, a través de un juicio con todas las garantías, aplique la ley a quien corresponda, sin que importe su poder o influencia política”.

“Este año hemos resistido diferentes embates en cuanto a cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial: el proyecto de cambio en la Justicia; el intento de copar la Procuración; la amenaza contra la libertad y la propiedad, el trabajo y la economía de las familias. La ciudadanía cuenta con la decisión de Juntos por el Cambio, que estará firme en todos los campos, al lado de la sociedad, defendiendo nuestra Constitución”, concluyeron.

De la reunión, que duró una hora, participaron por el Pro el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Humberto Schiavoni y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Por la Unión Cívica Radical asistieron los diputados nacionales Alfredo Cornejo (presidente) y Mario Negri (presidente del interbloque), y los senadores Luis Naidenoff (jefe del interbloque) y Martín Lousteau. En representación de la Coalición Cívica-ARI estuvieron el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el diputado nacional Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y por otra parte pospuso la definición sobre el pliego de Daniel Rafecas como procurador general.

Los referentes del espacio opositor se reunieron durante la mañana a través de la plataforma Zoom y luego de analizar la situación emitieron un comunicado.

Del encuentro participaron el expresidente Mauricio Macri; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto.

También estuvieron los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Juan Manuel López; y la legisladora provincial Maricel Etchecoin.

“El fallo de la Corte Suprema no nos satisface”, expresó Juntos por el Cambio luego de que el máximo tribunal ordenara a Bruglia y Bertuzzi permanecer en los cargos a los cuales fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri hasta que se realicen nuevos concursos para definir jueces naturales.

“La Corte ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables”, consideró la alianza opositora.

Por otra parte, manifestó “preocupación” por el intento del oficialismo de modificar en el Senado la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de acotar el mandato del procurador y cambiar las mayorías necesarias para su designación y remoción.

“Alertamos sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al procurador general de la Nación, por lo que implica su figura en nuestro ordenamiento institucional, la promoción de la acción penal y a su vez en pleno proceso de implementación del sistema acusatorio”, advirtió Juntos por el Cambio.

Por último, postergó su decisión sobre la postulación de Rafecas, que se encaminaba al rechazo hasta que, en los últimos días, Carrió pidió avalar al candidato de Alberto Fernández, lo que provocó un sismo en la alianza política.

“En el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al procurador general de la Nación”, dice el comunicado.

El titular del bloque Unidad y Equidad Federal, diputado José Luis Ramón, presentará un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación frente al incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley 26.861 (ingreso democrático), y deficiente respecto de las obligaciones que le impone la Ley 27.499 (Ley Micaela) y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

El proyecto insta al Poder Judicial en su totalidad y a la CSJ como su máximo tribunal a cumplir con sus obligaciones en cada ley. Además, el texto indica que la Corte no ha reglamentado o implementado de ninguna manera la ley de ingreso democrático, sancionada en mayo del 2013, “negándose a cumplir con las obligaciones que le impone la ley, así como un funcionamiento transparente y democrático”.  

El texto presentado exclama: “No se vislumbra cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entiende ajena a las obligaciones que le impone la ley, o se entiende dispensada de su cumplimiento”.  

Con respecto a la Ley Micaela, Ramón reconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha firmado un Convenio de Colaboración con la autoridad de aplicación a efectos de asumir las capacitaciones, así como su implementación, pero que “preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones”. En particular, la más importante para la efectividad: “el registro público de los capacitados y de los que se hubieran negado a la capacitación”.  

“Como primera cuestión, el reciente desentendido con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (CSJN, Resolución 2143/2020) expone deficiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las obligaciones asumidas de remitir los informes correspondientes a la autoridad de aplicación (cláusula 3)”, sostiene el proyecto e insiste en el ejemplo que debiera dar el Poder Judicial, así como lo están realizando todos los demás poderes del Estado Nacional e incluso provinciales.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que la Corte Suprema “tiene un termómetro bastante raro para medir la gravedad institucional”, luego de la decisión del máximo tribunal de abrir el “per saltum” presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, algo que calificó como “un asalto a la Constitución”.

“(La Corte) habilita el per saltum por un reclamo absolutamente corporativo de los jueces. No vi ningún per saltum en estos cuatro años que tuviera que ver con parar los tarifazos. No vi ningún per saltum para parar la deuda que se tomó con el FMI y no pasó por el Congreso; se endedudó al país de una manera exorbitante. No vi ningún per saltum para frenar el espionaje ilegal, las filtraciones de las escuchas. Ni para intervenir cuidando la salud de (Héctor) Timerman o cuando se citaba a ocho indagatorias a la expresidenta Cristina Kirchner”, cargó.

En diálogo con radio Futurock, el oficialista remarcó que los cortesanos “sin duda que han sido presionados, y no por la opinión pública, sino por los grupos mediáticos y todos sus voceros constitucionalistas, abogados, diputados y demás”.

Para el neuquino, la decisión unánime del máximo tribunal “ha sido un asalto a la Constitución” porque, si bien todavía no resolvieron sobre el fondo de la cuestión, “tendrían que haber esperado que se resuelva el caso en el fuero contencioso administrativo”, opinó.

“Intentan responder a las presiones mediáticas y corporativas que le han hecho los escraches, lo cual pone a la Corte en una situación muy frágil, porque si son factibles a esto, ¿qué confianza podemos tener, no?”, agregó y reiteró su crítica a que “no tuvieron la misma celeridad para resolver graves problemas que tenían que ver con la gente” durante el gobierno anterior.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución en el cual exhortaron a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre los desplazamientos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

El proyecto fue firmado por los diputados Mario Negri, Gustavo Menna (UCR), Cristian Ritondo, Pablo Tonelli (Pro), Maximiliano Ferraro y Mariana Stilman (Coalición Cívica).

Los legisladores advirtieron que con los decretos 750, 751 y 752/20 del Poder Ejecutivo, donde se oficializó la suspensión de los traslados, “se rompió la tradición de respeto por la inamovilidad de los jueces en sus cargos, que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional como garantía de independencia del Poder Judicial”.

“Nunca en toda su historia se desplazó a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo”, sostuvieron, y agregaron: “De ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan”.

Para los representantes de Juntos por el Cambio, “resulta impostergable que la Corte Suprema, en su carácter de garante final de la vigencia de la supremacía de la Constitución por sobre cualquier decisión autocrática adoptada al margen de sus disposiciones, ejerza la potestad que le asigna el artículo 116 y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo”.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pidieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia que “contemple la posibilidad” de concederles “una licencia de carácter extraordinario” hasta que se resuelvan sus planteos judiciales acerca de la suspensión de sus traslados.

Además, pidieron al máximo tribunal que les “indique y ordene de qué manera deben proceder” y “dónde y en qué carácter cumplir funciones” luego que el Senado dejara sin efecto sus traslados a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Según informó la agencia Télam, en una nota enviada de forma virtual al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Bertuzzi y Bruglia solicitaron que “dada la crítica situación” generada por la decisión del Senado, se “contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinaria”.

“Les solicitamos tengan a bien establecer los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha; ello a fin de evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica”, consigna la misiva.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”.

Para los camaristas federales “las situaciones consolidadas por nuestros decretos originarios de designación implican que estos últimos solo deberían ser revocados con intervención judicial”, razón por la cual, acotaron, “deberíamos continuar con nuestras funciones ante el Tribunal en el cual actualmente nos encontramos”.

“Además, solicitamos a esta Corte que también considere la particular situación en la cual este contexto nos coloca, a la luz de las diversas dificultades que van a surgir producto del dictado de los actos administrativos cuestionados”, completaron en el texto.

Bertuzzi y Bruglia remarcaron que, en caso volver a los tribunales que integraban antes de sus traslados “legalmente dispuestos hace años”, colisionarían con quienes concursan para esos puestos y jueces subrogantes que en ellos actúan.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, confirmó que se resolverá sobre el recurso de per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en rechazo a la revisión de sus traslados por parte del kirchnerismo en el Senado.

“Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”, expresó el titular del máximo tribunal.

En una entrevista con el diario La Nación, Rosenkrantz reveló que junto a los miembros de la Corte han estado “intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura”.

“Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir”, aclaró y aseguró: “El país tiene que estar seguro de que el Tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho”.

Además, enfatizó que la Corte “es la autoridad final” por lo que “posee siempre la última palabra” y más en los temas en que “se pone en cuestión la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

La semana pasada, en audiencia pública, el Frente de Todos rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli -quienes no se presentaron a la reunión-, ocurridos durante el gobierno anterior.

Tras la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con la revisión, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta 10 pliegos de jueces federales, y el oficialismo votó en contra de esos tres, mediante un dictamen de mayoría. Ahora resta que se traten en el recinto, donde el Frente de Todos cuenta con mayoría para aprobarlos y generar que los jueces vuelvan al tribunal anterior.

Por José Angel Di Mauro

Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.

Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.

Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…

La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.

Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.

Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.

¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.

El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.

Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.

El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.

La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.

Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.

En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…

La reforma de la Corte Suprema

Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.

El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.

Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.

Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.

En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.

La Corte de 9

El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.

Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.

En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.

Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.

El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.

Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.

Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.

La nueva Corte

Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.

Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.

Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.

Quién te ha visto y quién te ve

Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.

La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.

Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.

Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.

Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.

Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.

“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.

La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,  

Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.

Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.

En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.

En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.

Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.

Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.

La diputada entrerriana radical Gracia Jaroslavsky destacó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear el Comité de Emergencia Ambiental para detener los incendios en el Delta. Consideró que el Congreso de la Nación, las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes deberían participar de este espacio porque “se requiere un rango de legislación que ordene lo que existe y avance hacia un equilibrio jurisdiccional”. 

“Celebro el fallo de la Corte, especialmente porque resulta un ordenador de las prioridades que deben tener hoy las jurisdicciones involucradas: Entre Ríos, Santa Fe, Victoria, Rosario y la Nación”, sostuvo la legisladora. 

Luego consideró que dicho Comité de Emergencia “deberá avanzar rápidamente en dos vías: una de coyuntura que implica poner a disposición los recursos adecuados para combatir los focos ígneos, ya que es inverosímil que quienes actúan en el territorio tengan que preocuparse además por el dinero para la nafta de los vehículos, entre otras cuestiones”. 

La otra vía por la que se debería avanzar es la construcción de “una mirada holística que parta de la erradicación de la mirada antropocéntrica sobre la naturaleza y que imponga programas de educación ambiental desde una nueva cultura en la que se transforme el vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza”.

“Todo este enorme desafío impone acordar un camino común entre las partes”, sostuvo la diputada entrerriana, quien calificó como “auspicioso” que el Comité se constituya en el marco del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas). 

Jaroslavsky luego insistió, como lo viene haciendo desde hace meses, en la necesidad de “contar con leyes que definan con precisión qué actividades están consideradas como sustentables en el equilibrio de este ecosistema, qué actividades debe promover el Estado, qué debe prohibir y claramente cuáles son las sanciones ante los incumplimientos”. 

Es en este marco, que considera imprescindible que “los Poderes Ejecutivos inviten a las Legislaturas a participar del Comité de Emergencia que crea la Justicia”. 

“El Congreso de la Nación, las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes son necesarios en la discusión porque se requiere de un rango de legislación que ordene lo que existe y avance en concordancia y equilibrio jurisdiccional”, concluyó. 

El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal que enviará al Congreso en las próximas horas, acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo que, en forma paralela, opinarán sobre una posible ampliación de la Corete Suprema de Justicia.

El anuncio tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con la participación de funcionarios nacionales, legisladores del oficialismo y la oposición -de forma presencial y remota- y solo una de las integrantes del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.

“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, proclamó el jefe de Estado.

Fernández insistió en que “es hora de tener una Justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”.

Explicó que, en términos generales, la iniciativa apunta a “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal”.

La nueva Justicia Federal Penal

En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Cada uno de esos tribunales, precisó el presidente, actuará con una de las dos Secretarías que actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en Secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

“Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, puntualizó.

El objetivo es evitar que “el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, lo que provocó que este fuero “se politizara”.

Fernández argumentó que en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia Federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar delitos entrelazados como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas o el contrabando “se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico”, y por eso consideró que “es hora de unificarlos”.

Para que el nuevo fuero “comience a funcionar cuanto antes”, se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, donde intervendrán la  Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.

El presidente aclaró que este proceso “en nada afecta el principio del juez natural” ya que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.

El proyecto también contempla la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de Tribunales Orales, de Fiscalías y Defensorías.

Asimismo, propone transferir a la Ciudad “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”.

Unificación de fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo

El segundo título del proyecto propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

Según Fernández, “la experiencia da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.

La Justicia Federal en el interior del país

En su título tercero, la iniciativa propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país, y recoge un proyecto que perdió estado parlamentario, presentado por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez.

Lo que busca el Ejecutivo es reforzar la Justicia Federal con asiento en las provincias y la especialización por materia para evitar la superposición. “Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”, explicó Fernández.

Reglas de actuación judicial

El capítulo final del proyecto está dedicado a “una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales”, como por ejemplo “evitar comportamientos que indiquen favoritismos”; “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones” y “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia”.

El incumplimiento de estas pautas -siete en total- constituirá una causa grave de mal desempeño y estará sujeto a sanciones administrativas y penales.

El Consejo Consultivo

Fernández estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes calificó como “juristas de reconocimiento técnico indiscutido”.

Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.

“Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, destacó el presidente.

Detalló que la tarea de este Consejo será elevar “propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, que serán evaluadas por el Ejecutivo y luego enviadas al Congreso.

El jefe de Estado aclaró que los juristas “tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente”. “No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados a expresarse libremente”, dijo a los miembros.

Críticas a la gestión macrista

El presidente dedicó buena parte de su discurso a formular un repaso histórico del funcionamiento del Poder Judicial e hizo foco en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, al advertir que “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.

En primer lugar, recordó que con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y sus normas complementarias.

A su vez, “la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.

“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, cuestionó.

Y agregó: “En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”.

Después de que el Frente de Todos propusiera aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya cuestionó la intención del oficialismo en Nación de avanzar con la formación de una comisión de notables que tendrá como función analizar y proponer cambios en el máximo tribunal, por lo que advirtió que “la Justicia no puede opacarse con la impunidad”.

En ese sentido, el diputado explicó que “otra vez reformarían la Justicia federal, la Corte y el Consejo de la Magistratura” e insistió en que “como en muchas provincias del interior, donde la Justicia es una continuidad del Ejecutivo, movida por los eternos gobernadores millonarios, que manejan el poder legislativo y el judicial y controlan la vida de sus coprovincianos a través de ese sistema. Ellos jamás serán enjuiciados por impunidad, porque la Justicia les pertenece”.

Al mismo tiempo que aseguró que “ahora intentan trasladar este formato a la Nación, como lo hicieron Menem y Cristina, ahora intentan hacerlo nuevamente” y señaló que “este modelo es el que persigue Cristina Fernández de Kirchner, ejemplar representativo, que pertenece a la misma familia de propietarios de provincias, como sucede en Santa Cruz. Ella mueve las piezas hacia la impunidad”.

“La única manera de tener una Justicia independiente, es no someterla al manoseo”, concluyó tajante el diputado de la Ciudad.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) propuso modificar la composición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia elevando de cinco a nueve sus integrantes, con una mayor representación federal, equilibrio de género y juristas de distintas especialidades.

Actualmente, el máximo tribunal está compuesto por los jueces Carlos Rosenkrantz (presidente), Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El proyecto presentado por Rodríguez Saá apunta a sumar cuatro nuevos miembros, que tendrían que ser electos también con acuerdo del Senado, con el voto de dos tercios.

“En los últimos tiempos ha quedado en evidencia la necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia de género y por una integración que respete el federalismo”, sostuvo el exgobernador puntano.

La iniciativa consiste en modificar el artículo 21 del decreto ley 1285/58, estableciendo que la Corte Suprema quedará integrada por nueve jueces, y que la composición “deberá reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

Para “asegurar la diversidad de género”, el tribunal “no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género”, señala el proyecto.

La “diversidad en especialidades” en la Corte es otra de las modificaciones planteadas, donde “se deberá incluir, por lo menos, representantes del derecho civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

Sobre la temática federal, la iniciativa indica que “debería haber al menos un miembro de la Corte Suprema de cada una de las regiones (Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires)”.

Rodríguez Saá apuntó que las regiones argentinas “tienen poca representación en la Corte” ya que Lorenzetti y Rosatti pertenecen a Santa Fe, y Maqueda a Córdoba -los tres de la región Centro del país-, mientras que Highton es bonaerense y Rosenkrantz, porteño.

Lejos de prolongar una polémica con el Tribunal Supremo luego de que el mismo considerara innecesario responder positivamente el pedido hecho por ella al mismo para determinar si el Senado puede sesionar de manera no presencial, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio por cerrado el tema y se limitó a observar la parte del vaso llena, celebrando que la Corte determinara a su juicio que “se puede sesionar virtualmente”.

Este sábado por la mañana, al día siguiente del fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que determinó que no puede actuar como la presidenta del Senado había pedido, y que por el contrario ese cuerpo debe ser el que resuelva por sí mismo la cuestión, Cristina Kirchner destacó lo resuelto en el fallo de 74 fojas.

“Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas”, tuiteó este sábado la exmandataria.

Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 25, 2020

“Al regular el funcionamiento del Congreso, la Constitución no previó el trabajo no presencial de sus integrantes en el marco de las sesiones”, señala el fallo de la Corte Suprema, que agrega que “de esa circunstancia no se deriva la inconstitucionalidad de tal sistema, dado que no podría pedírsele a los constituyentes (originarios o reformadores), que imaginaran un futuro (o este futuro) tecnológico, respectivamente. La ausencia de normas para atender a situaciones actuales, pero inexistentes al momento de sancionarse la Constitución (o de reformarse), no convierte a las soluciones posibles en inconstitucionales, sino que exige un esfuerzo interpretativo para ponderar si tales remedios son compatibles o no son compatibles con el espíritu del texto constitucional, siendo de suma significación considerar, además de la letra de las normas, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad”.

En todo caso, ahora la polémica futura podrá plantearse en torno a si para modificar su reglamento por sí mismo -que es lo que dejó claro la Corte que le corresponde al Senado- es necesaria primero una sesión “presencial” que lo haga.

Tal cual se preveía y había anticipado a través del fallo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia rechazó este viernes por la noche el pedido de la presidenta del Senado Nacional de expedirse en torno a la posibilidad de ese cuerpo de realizar sesiones de manera virtual.

El fallo del Tribunal Supremo fue unánime. La única disidencia entre los integrantes del mismo radicó en que mientras que cuatro de ellos consideraron que no corresponde la intervención del tribunal “por la causal de ausencia de caso o controversia”, el presidente de ese órgano, Carlos Rosenkrantz, desestimó el pedido in límine, o sea sin someterlo a consideración.

“La competencia originaria de esta Corte se encuentra taxativamente fijada en la Constitución y no puede ser extendida ni limitada por las leyes”, señala el fallo de 74 hojas conocido este viernes por la noche, que agrega: “Por esta razón, la gravedad institucional invocada resulta ineficaz para habilitar la competencia originaria en un supuesto no previsto por la Constitución”.

“Por ello, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por e1 señor procurador general interino, se resuelve rechazar in límine la presentación efectuada”, expresa el Máximo Tribunal de la Nación.

La Corte tiene en cuenta especialmente la referencia hecha desde la presidencia del Senado puntualmente al proyecto de impuesto a la riqueza que aún no se ha presentado siquiera en la Cámara baja, pero que se sabe impulsa el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. En su pedido, Cristina Kirchner señala que desea adelantarse a eventuales planteos que vayan a hacerse contra la sanción de esa ley. El Tribunal Supremo señala al respecto que si una Cámara no funciona, “no pueden sancionarse leyes de cualquier tipo, no solo las tributarias o cuyas materias no sean susceptibles de ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia. Por el contrario, no puede adoptarse ninguna ley formal”. Y agrega: “Si una Cámara no funciona dificulta o impide el funcionamiento de la otra. Y no solo la sanción de leyes quedaría trunca, también la función de control sobre los otros dos poderes del Estado, que es una función esencial, en este caso, del H. Senado”.

En conclusión, advierte el fallo que “el no funcionamiento del H. Senado afecta de manera directa a uno de los órganos constitucionales del Estado (el Congreso de la Nación) y afecta, ineludiblemente, el principio de división de poderes”. Así las cosas advierte la Corte que -las negritas corresponden al fallo- “la verdadera gravedad institucional no estará entonces en la eventual imposibilidad de debatir una norma cuyo texto ni siquiera se conoce, que incluso debería presentarse originariamente en la otra Cámara que la que está representada en esta petición y sobre la que esta Corte solo podría expedirse en la medida en que fuera sancionada, promulgada, entrara en vigencia y luego fuese cuestionada en un caso concreto, sino en el no funcionamiento de una institución irremplazable y su afectación al sistema republicano de gobierno, previsto en el artículo 1° y cc de la Norma Fundamental”.

Si una Cámara no funciona dificulta o impide el funcionamiento de la otra. Y no solo la sanción de leyes quedaría trunca, también la función de control sobre los otros dos poderes del Estado, que es una función esencial, en este caso, del H. Senado”.

Más adelante la Corte observa que “al regular el funcionamiento del Congreso, la Constitución no previó el trabajo no presencial de sus integrantes en el marco de las sesiones”. Con todo, señala que “de esa circunstancia no se deriva la inconstitucionalidad de tal sistema, dado que no podría pedírsele a los constituyentes (originarios o reformadores), que imaginaran un futuro (o este futuro) tecnológico, respectivamente. La ausencia de normas para atender a situaciones actuales, pero inexistentes al momento de sancionarse la Constitución (o de reformarse), no convierte a las soluciones posibles en inconstitucionales, sino que exige un esfuerzo interpretativo para ponderar si tales remedios son compatibles o no son compatibles con el espíritu del texto constitucional, siendo de suma significación considerar, además de la letra de las normas, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad”.

El fallo tiene en cuenta que “el texto constitucional es enfático al señalar, en su artículo 66, que cada Cámara hará su reglamento, lo cual constituye una derivación expresa de su citada autonomía normativa”.

Si la Corte actuara de otro modo, si se pronunciara en el presente en torno a cómo debe trabajar el Senado desde la perspectiva procedimental (…) desbordaría el principio de colaboración y violentaría la forma republicana de gobierno que ella misma”.

“La Cámara de Senadores de la Nación tiene dentro de sus potestades la interpretación e integración de las normas constitucionales relativas a su funcionamiento, y específicamente aquellas relacionadas al procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes, entre cuyos aspectos cabe incluir la ponderación de la modalidad de sesión presencial o por medios virtuales o remotos, aspectos que solo son susceptibles de control de constitucionalidad por el Poder Judicial en la medida en que se verifique una vulneración de los requisitos mínimos e indispensables par que exista la ley”.

Así las cosas, la Corte aclara que dicha verificación jurisdiccional “exige necesariamente una ponderación posterior y no previa a su implementación, y la existencia de un caso o controversia que habilite la actuación de los tribunales de la Nación”.

“Si la Corte actuara de otro modo, si se pronunciara en el presente en torno a cómo debe trabajar el Senado desde la perspectiva procedimental, si interpretara una norma infra-constitucional (como lo es el reglamento) destinada a regir la actuación de otro órgano, estaría asumiendo una incumbencia que le es ajena, desbordaría el principio de colaboración y violentaría la forma republicana de gobierno que ella misma, como cabeza del Poder Judicial, debe en última instancia garantizar”, puntualiza el fallo de la Corte al rechazar el pedido.

Sobre el final reseña que “el Senado no solo puede sino que debe sesionar para poder cumplir con su rol constitucional”, y para ello “debe hacerlo con las modalidades que el propio Senado establezca”.

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En una dirección similar a la de la vicepresidenta Cristina Kirchner, un senador realizó una segunda presentación ante la Corte Suprema de Justicia en torno a la posibilidad de sesionar de manera virtual. Se trata del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien impulsó en las últimas horas una acción declarativa de certeza del máximo tribunal.

A través de sus abogados, Damián Torres y Silvina Moyano, Weretilneck pidió que la Corte “despeje el estado de incertidumbre constitucional respecto a la validez del proceso de formación y sanción de leyes” a través de sesiones virtuales.

Según explicaron a parlamentario.com fuentes consultadas, el pedido del rionegrino cambia el eje del planteo de Cristina, ya que no se funda en la interpretación del reglamento del Senado, sino en la propia letra de la Constitución, para determinar si la formación y sanción de una ley es válida si se lleva a cabo por medios remotos.

“Nuestro país y el mundo se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente la vida de las personas y el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones. La actividad legislativa también se ve afectada por esta realidad extraordinaria, lo que constituye una situación de extrema gravedad institucional”, indicó Weretilneck en el escrito.

Cabe recordar que, ante el pedido de Cristina, el procurador interino Eduardo Casal, dictaminó que no es competencia de la Corte Suprema expedirse sobre el pedido de la titular del Senado, y ahora resta que el máximo tribunal se pronuncie al respecto.

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El procurador interino Eduardo Casal solicitó este martes desestimar el planteo realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza para que se expida sobre la validez de las sesiones virtuales.

En su dictamen -no vinculante-, el fiscal ante el máximo tribunal consideró que el planteo de la presidenta del Senado se trata de una consulta y no de una demanda en la que tenga que intervenir el Poder Judicial.

“La aplicación de los básicos conceptos referidos conduce a rechazar el planteo de la actora, en tanto ella se limita a requerir, sin que exista una causa judicial en los términos exigidos por la legislación y doctrina reseñadas, que se despeje el estado de incertidumbre con respecto a la validez de sesionar por medios virtuales o remotos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la H. Cámara de Senadores, teniendo en cuenta la situación de gravedad institucional generada por el COVID-19, hipótesis que excede el marco de actuación del Poder Judicial”, sostuvo Casal.

Además, el procurador recordó que desde 1865 la Corte ha sostenido “que si de la formulación de la petición no surge el agravio no se trata de una demanda, sino de una consulta”. “En consecuencia, ante la falta de un agravio discernible respecto de una cuestión justiciable, estimo que corresponde desestimar la solicitud”, remarcó.

Casal también señaló que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público”.

En una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti -presidente y vicepresidenta respectivamente del bloque Frente de Todos- respaldaron el pedido de Cristina Kirchner sobre una acción declarativa de certeza que avale la validez de sesiones virtuales.

Este martes, mismo día en que el procurador interino Eduardo Casal rechazó que se trate el planteo de la vicepresidenta, los legisladores que se presentaron en nombre de toda la bancada afirmaron que “no resulta posible sesionar de manera presencial” hasta que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio y consideraron como un “camino adecuado” para el trabajo parlamentario al método remoto.

Los senadores le solicitaron al máximo tribunal que se manifieste sobre el pedido de CFK para “despejar el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos en aplicación de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación”.

“Es evidente a todas luces que nuestro país y el mundo se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente la vida de las personas y el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones”, expresaron y continuaron: “Resulta indudable que la actividad legislativa también se ve afectada por esta realidad extraordinaria, lo que constituye una situación de extrema gravedad institucional”.

Para los oficialistas, “resulta imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar y cumplir con el rol que nuestra Carta Magna le otorga”, pero “teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación imperante, debemos encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”, consideraron.

“A nuestro criterio, no resulta posible sesionar de manera presencial mientras se mantenga el distanciamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional”, señalaron y enfatizaron que “un importante número” de senadores se encuentra en sus respectivas provincias cumpliendo con la cuarentena, con lo cual ante un hipotético traslado a Buenos Aires se estarían “quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social”.

También recordaron que muchos miembros de la Cámara alta se encuentran dentro de los “grupos de riesgos”; y Mayans remarcó que en su provincia no hay todavía ningún caso de Covid-19. “Es evidente entonces, que en caso de que el suscripto participara en una sesión presencial en la Ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia se transformaría en un riesgo para la salud pública local”, se expresó.

En la misiva, afirmaron que “no se trata aquí de actuar con más o menos valentía frente al virus, sino que se trata de actuar con responsabilidad institucional, frente a una situación excepcional que nos exige actuar con inteligencia y creatividad”.

“Estamos convencidos de que la realización de una sesión por métodos remotos o virtuales es el camino adecuado que nos permitiría garantizar el adecuado funcionamiento del H. Congreso de la Nación y, al mismo tiempo, cuidar la vida de todos”, finalizaron.

La nota también lleva la firma del apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau.

La semana pasada el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró “innesario” el pedido de Cristina Kirchner a la Corte; mientras que este lunes senadores del Interbloque Federal reclamaron que la Cámara alta sesione en el recinto de Diputados.

La Corte Suprema de Justicia habilitó este viernes la feria judicial extraordinaria por la acción declarativa de certeza solicitada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la validez de las sesiones virtuales en el Congreso.

En una resolución firmada por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se dispuso dar curso a la presentación de la titular del Senado y pedirle un dictamen a la Procuración General de la Nación, que sería no vinculante.

“A los fines de dar tratamiento a la acción entablada, habilítase la feria judicial extraordinaria dispuesta en la Acordada Nro. 6/2020 prorrogada por la Acordada Nro. 8 y Nro. 10/2020”, indica la disposición.

Y agrega: “Dese vista a la Procuración General de la Nación para que en el término de 48 horas, que comenzarán a correr desde la recepción de la presente –sin computar los días sábado y domingo- acompañe su dictamen”.

Hace tres días, Cristina había pedido a la Corte -a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo- una acción declarativa de certeza sobre la validez de las sesiones online, con miras al tratamiento de un proyecto de ley para establecer un impuesto a los grandes patrimonios.

En su presentación, pidió conocer si en esta coyuntura cabe la aplicación del artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Sergio Massa trabaja para habilitar una sesión virtual, tras haberse desarrollado numerosas reuniones de comisión informativas de ministros bajo esa modalidad.