La visita del ministro de Economía Martín Guzmán todavía no tiene fecha, pero “sería la semana próxima”, la última de septiembre. El Presupuesto comenzaría a tratarse la primera semana de octubre.
En tiempos donde las reuniones entre el oficialismo y la oposición no abundan y solo hay muchos desencuentros altisonantes por las redes sociales, en la Cámara de Diputados se reunieron el presidente del Cuerpo, Sergio Massa (Frente de Todos), y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.
En esta reunión informal, se avanzó en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentaría “la semana próxima” en referencia a los últimos días de septiembre para presentar el presupuesto 2022, como lo había adelantado parlamentario.com.
En verdad, los pasos para determinar la visita de Guzmán a Diputados dependen de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para definir el protocolo sanitario de funcionamiento remoto que se utilizará para dichas reuniones, ya que el régimen establecido para los cuidados por el Covid-19 están vencidos y se debe discutir como se funcionará en la Cámara legislativa en un periodo de entre elecciones donde se debe tratar nada más y nada menos que el Presupuesto 2022.
Allí estará el principal punto de debate entre el FdT y JxC que tienen algunas diferencias de interpretación de las normas adoptadas por el Gobierno nacional.
El oficialismo quiere flexibilizar la cantidad límite de diputados presentes en las reuniones de comisión y en las sesiones, pero mantener la posibilidad de conectarse virtualmente a aquellos legisladores que así lo deseen por cuestiones de salud.
En tanto, desde la oposición aseguran que “están dadas las condiciones para volver a la actividad legislativa con normalidad”.
Desde JxC aseguran que “se vuelve a la presencialidad” en Diputados, mientras que el Senado tiene vigente una resolución de la vicepresidenta Cristina Kirchner para sesionar en forma mixta como lo viene haciendo durante toda la pandemia.
Según fuentes parlamentarias, podría haber sesión la semana próxima también con temas sin mayores polémicas como la ley Ovina aunque no está todavía firme si llegaría al recinto la ley de Etiquetado Frontal.
Un grupo de legisladores que responden a Elisa Carrió se presentaron ante la Justicia para reclamar que la AFIP haya desistido en la querella de la causa Oil Combustibles.
Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.
En la denuncia se describen “las relaciones económicas” de la vicepresidenta con López y “cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados”. “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.
Asimismo, la denuncia da cuenta de “los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia”. “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.
La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En el escrito, señalaron que “con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
“La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios”, resaltaron.
Y recordaron que tras la ley de moratoria, “armada como traje a medida”, Oil Combustibles “se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández”. “Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021”, mencionaron.
Sin embargo, “al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo”, enfatizaron.
Fiel a su estilo, la vicepresidenta dio un discurso en un acto en Avellaneda y encendió los ánimos de los opositores ¿Qué dijo Cristina Kirchner? ¿Qué le respondieron los dirigentes opositores? La campaña toma mayor calor político.
Se acercan las elecciones primarias del 12 de septiembre y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a participar de un acto en el municipio bonaerense de Avellaneda y logró hacer estallar las redes sociales con mensajes de los dirigentes opositores que salieron inmediatamente a responderle.
Morondanga
“¿Dónde están ahora los que decían defender la Republica mientras perseguían opositores? ¿Qué República era esa? Una República de morondanga”, dijo Cristina Kirchner.
Ante esas declaraciones, el diputado mendocino de Juntos por el Cambio, Luis Petri, respondió: “República de Morondanga no Vicepresidenta, República Argentina, representativa y federal como manda la Constitución, con división de poderes, justicia independiente e igualdad ante la ley, le suena?”
¿Qué es ser macrista?
En su discurso, Cristina Kirchner también fustigó: “Hay mucha gente que no vivió el peronismo, pero vivieron esto. Se sienten kirchneristas porque no tuvieron la experiencia del peronismo. Los que son macristas, ¿pueden invocar derechos, garantías y esas cosas? No, ¿saben que es? El odio hacia el otro”.
En respuesta, salieron al cruce los diputados nacionales Mario Negri, Mariana Zuvic y Juan Manuel López.
La foto de Todos
También la foto que disfundió Presidencia y el entorno de la vicepresidenta fue tema de debate, ya que se ven a todos los dirigentes del Frente de Todos, al presidente Alberto Fernández, al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner, pero en el centro y un paso adelante a Cristina Kirchner, lo que fue interpretado por la oposición como una señal de quien “manda” en ese espacio político.
El primer mandatario planteó la posibilidad de establecer reválidas de los mandatos de los magistrados. En duros términos le plantearon rechazos.
En el marco de un encuentro con estudiantes de Derecho, el presidente Alberto Fernández realizó una serie de críticas a la Justicia y deslizó un párrafo destinado a generar polémica. Fue cuando rechazó la posibilidad de elegir por el voto popular a los jueces, pero en cambio dijo que le gustaría poner en discusión el tiempo de permanencia de los mismos en el cargo.
“Podríamos ver algunos conceptos, por ejemplo el que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración”, deslizó.
Señaló que “lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día de su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mísmo que han dicho del procurador”. Y agregó que “si al procurador se le puede poner un térmno, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”.
“El presidente ya no sabe que hacer para que no haya justicia. Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”, replicó el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, en tanto que su par Fernando A. Iglesias fue aun más duro: “El presidente no explica el escándalo gateril de Olivos, ni tampoco renuncia; pero quiere ponerle límites a la duración de los jueces”.
En su exposición, Fernández admitió que estaba abriendo un debate “difícil, complejo”, aclarando que “no estoy proponiendo hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces. Pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó los dichos del mandatario diciendo que “ha mentido o ignora la Constitución al manifestar que por ley se puede acortar el período de los jueces a 10 años. Éstos se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta, a los 75 años requieren de un nuevo acuerdo del Senado. Chicaneo y barbaridad”.
El diputado nacional del Pro y precandidato a senador por Santa Fe Federico Angelini tuiteó: “#Otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”.
A su vez, el radical Luis Petri planteó: “¿Ustedes se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados”. Y agregó: “¡Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”.
“Poner un término a la duración de los jueces en sus funciones es limitar su independencia”, observó desde el Pro Jorge Enríquez, que recordó que “ya se discutió en la Convención Constituyente de 1994 y se fijó un límite a los 75 años de edad. ¿Qué propone el presidente? Si hay un plazo de duración, se afecta la independencia. El intento de controlar a la Justicia es permanente.
¿Es una idea surgida en las reuniones nocturnas de Olivos? Porque tiene el mismo aire de frivolidad. En lugar de pensar en soluciones para los graves problemas sanitarios, económicos y sociales de la Argentina, el presidente «que no fue», solo se imagina formas de subordinar a los jueces, como sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua y los demás países con los que la Argentina está tristemente alineada”.
A su vez, el diputado Alvaro de Lamadrid escribió en su cuenta de Twitter: “O hay Cristina o hay Justicia. Pasé lo que pasé en las elecciones quiero que sepan que CFK va a redoblar la apuesta para ser la Justicia. Que ésta sea servil al poder como en Santa Cruz. Se evita con bloqueo parlamentario y una oposición dura y consistente”.
Se confirmó este viernes que el presidente del bloque de la Coalición Cívica tiene Covid, por lo que Sergio Massa y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio deben aislarse.
Singular revuelo causó la noticia del hisopado positivo del diputado nacional Juan Manuel López, quien es presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados. Es que por el cargo que ostenta, López mantuvo precisamente esta semana reuniones con los otros jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio y también del oficialismo, por lo que todos deben aislarse, como establecen los protocolos en pandemia.
Y no solo eso: también deberán aislarse los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que el miércoles pasado realizó una reunión de carácter presencial en esta capital.
La noticia se conoció este viernes a última hora: Juan Manuel López dio positivo, por lo que una serie de diputados y senadores deberían quedar aislados, por haber estado con él en las negociaciones en las que se diagramó la agenda parlamentaria para las próximas dos semanas. Estamos hablando del propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los otros jefes del interbloque JxC, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, entre otros. También, del oficialismo, el presidente del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, y su vicepresidenta, Cecilia Moreau.
Pero no solo ellos, pues -como hemos dicho- López asistió a la reunión de la Mesa Nacional de JxC que se realizó de manera presencial en el salón de eventos Galpón de los Milagros, ubicado en Gorriti 5417 de esta capital. Allí la foto difundida después del encuentro muestra a 16 personas ubicadas con distancia social entre sí, en un lugar aireado, aunque de todas maneras todos deberían aislarse. Allí se ve a los ya nombrados Maximiliano Ferraro, Mario Negri y Cristian Ritondo, pero también están el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo; los senadores nacionales Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Humberto Schiavoni.
Están también Miguel Angel Pichetto, el gobernador jujeño Gerardo Morales; Maricel Etchecoin (Coalición Cívica); los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aries, Jorge Macri (Pro) Maximiliano Abad (UCR) y Andrés De Leo (CC), y Joaquín De la Torre.
No asistieron a esa reunión María Eugenia Vidal, aislada por haber regresado en la semana desde Estados Unidos, ni Patricia Bullrich, por cuestiones personales. Con todo, la presidenta del Pro se reunió este viernes y se sacó fotos con Jorge Macri, así que también debería aislarse.
Es lo que ya hizo Negri, quien está aislado en su domicilio en Córdoba, y por precaución se realizó un hisopado en horas de la tarde, que dio negativo, según se informó. Volverá a hacerse otro testeo el lunes. Voceros del presidente del interbloque aclararon que está siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Diputados que recomiendan el aislamiento preventivo de los contactos estrechos del diputado López.
En efecto, la Dirección Médica de la Cámara de Diputados difundió un comunicado este viernes por la noche titulado “Autoridades parlamentarias en aislamiento preventivo”.
Con la firma del doctor Marcelo Halac, director médico de la Cámara, se informa que “el pasado 23 de junio se llevó a cabo en el seno de la H. Cámara de Diputados una reunión entre el Sr. Presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa, y autoridades parlamentarias del oficialismo y la oposición. La Dirección Médica de la H. Cámara de Diputados informa que, ante el posterior conocimiento de un caso positivo de Covid-19 de uno de los participantes, se ha recomendado que los y las integrantes de ese encuentro se aíslen de manera preventiva cumpliendo con el protocolo vigente”.
“Asimismo, se ha procedido a la confección de un Mapa Epidemiológico con el fin de reconocer los demás contactos estrechos del caso positivo conforme lo sugiere el procedimiento habitual de la HCDN en casos de esta índole”, agrega la nota.
Desde el entorno de Mauricio Macri se informó que el expresidente había estado bastante lejos de Juan Manuel López durante la reunión del miércoles, en tanto que el jefe de Gobierno señaló lo mismo y que no se aislaría. Rodríguez Larreta ya tuvo Covid y recientemente recibió la primera dosis de la vacuna.
En cuanto a la actividad en la Cámara de Diputados, hay que recordar que está previsto una reunión con representantes del Fondo Covax y del laboratorio AstraZeneca para este martes, de la que deberían tomar parte Sergio Massa y Cecilia Moreau, como presidenta de la Comisión de Legislación General. También pueden estar de manera virtual.
Para el miércoles y el día siguiente están previstos dos días de sesiones de la Cámara baja. Habrá que verificar si Sergio Massa es habilitado para conducirlas. Dependerá de los resultados de los hisopados previos, y de si es habilitado para presidir la sesión. Recordemos que el año pasado hubo una oportunidad en que debió conducir la reunión el vicepresidente primero de la Cámara, Alvaro González (Pro – CABA), hasta que Massa fue habilitado en el transcurso de la sesión a sentarse en su lugar. Primero había tenido que aislarse por un testeo positivo de un miembro del Fondo Monetario Internacional con el que se había reunido el fin de semana anterior.
El Gobierno suspendió por 30 días las exportaciones de ese producto y la medida fue cuestionada de manera severa desde la oposición legislativa.
El Gobierno nacional suspendió este lunes por 30 días las exportaciones de carne vacuna, con el anunciado fin de contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses. Así se lo adelantó el presidente Alberto Fernández a representantes del sector nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.
Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alfredo de Angeli, no anduvo con vueltas: “Es una locura cerrar las exportaciones de carne vacuna. Van a volver a destruir todo lo que costó tantos años construir después del 2006 cuando cerraron las exportaciones (perdimos el 20% del stock ganadero y no pudieron controlar la inflación)”.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López señaló que “para tener asado caro meses antes de la elección tendremos asado carísimo los próximos años. Se viene otro fracaso del Presidente @alferdez”.
El senador pampeano Juan Carlos Marino expresó por su parte que “el cierre a la exportación de carne por 30 días que estableció el Gobierno lo único que demuestra es que el kirchnerismo no aprende de los errores del pasado. Ya tomaron estas medidas, ya fallaron”.
“La inflación no se soluciona cerrando exportaciones. Con esta medida solo recortan dólares que ingresan al país y que el Estado recauda a modo de impuestos -no olvidemos que gran parte del costo de los productos está ahí- pero no se baja el precio del mercado interno”, agregó el senador radical, para quien “resulta incomprensible que repitan una medida que ya demostró no funcionar y que, en lugar de tomar medidas que favorezcan la generación de más empleo y más exportación, perjudiquen al productor poniendo freno a uno de nuestros principales sectores productivos”.
Y concluyó diciendo: “La falta de un plan concreto lleva a estos “manotazos de ahogados” que agravan la situación en lugar de traer alivio. Le pido al Gobierno que repiense y revea la medida”.
A su vez, el diputado nacional Javier Campos afirmó: “Emiten a lo perro (más de una base monetaria) generando 60% de inflación anual. Pero como necesitan carne a bajo precio para las elecciones, cierran las exportaciones. Resultado? Menos carne y menos dólares”.
Y concluyó: “El gobierno del FdT se ha convertido en una máquina de generar pobreza”.
Por su parte, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado consideró que se trata de “una medida que ya había adoptado en 2006 y llevó a la Argentina a perder el 20% del stock ganadero sin poder controlar la inflación”.
El diputado Pablo Torello pidió al presidente, ahora que cerró las exportaciones de carne, tener a bien “abrir las importaciones de textiles que han subido más del 80% también. Si es que le preocupa la inflación. Sino parece que va contra el campo!!!”.
A su turno, el diputado del Pro Ezequiel Fernández Langan consideró que se trata de “medidas viejas que ya han demostrado su ineficacia”. Y agregó: “En 2006 por la prohibición de exportación de carne (que duró mucho más de lo anunciado) se perdieron 10 millones de cabeza de ganado. Nuestro país necesita producir más. Más producción es más trabajo, más ingresos y menos pobreza”.
“Dicho y hecho: cerraron las exportaciones de carne. Este tipo de control de precios se ha probado muchas veces, y los resultados fueron siempre los mismos: menos stock, pérdida de puestos de trabajo y menos dólares. ¿Qué hace creer al Gobierno que esta vez será distinto?”, se preguntó el radical Fabio Quetglas.
La exdiputada nacional del socialismo Alicia Ciciliani señaló que “cerrar las exportaciones de carne por 30 días? Toda pérdida. Para todos. No aprendieron nada. Pan para hoy hambre para mañana. Carne para nadie. Condenados al fracaso”.
La legisladora porteña Natalia Fidel tuiteó: “Carne para hoy, hambre para mañana. El Kirchnerismo ya pobró cerrar las exportaciones. ¿El resultado? Se perdieron 17 millones de cabezas, 12 mil operarios y 10 mil ganaderos”.
El senador Blanco y diputados de la CC ARI presentaron denuncias por la droga ilícita que permaneció varios días en el puerto de Buenos Aires y luego fue incautada en la Operación Atlántico Norte.
Tanto el senador nacional Pablo Daniel Blanco (JxC-Tierra del Fuego) como los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López pidieron explicaciones sobre la participación de Argentina en la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte. En el operativo se confiscaron 23 toneladas de la droga ilícita que estuvieron varios días en el puerto de Buenos Aires.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto que exige al Gobierno Nacional información sobre el hallazgo de la cocaína y cómo habría permanecido en el puerto de Buenos Aires durante varios días sin ser detectado.
En el pedido solicita que se detalle “si el Estado Argentino recibió alguna alerta internacional en relación a la existencia de este cargamento en tránsito, inspecciones previstas para ese tipo de tránsito en hidrovía y puertos argentinos según la normativa vigente e inspecciones efectivamente realizadas por autoridades aduaneras, fiscales, sanitarias, de seguridad de la navegación y de prevención del tráfico de drogas entre otras”.
“Este hecho constituye una vergüenza sin precedentes para la República Argentina y un indicador flagrante de la incapacidad del Estado para la lucha contra el crimen organizado y la complicidad por acción u omisión de funcionarios públicos para la consecución de estos ilícitos”, opinó el legislador fueguino.
El senador opositor consideró que de confirmarse su veracidad, estos hechos “ponen en evidencia la ausencia total o cómplice del estado en un espacio de delito y corrupción que mata, genera servidumbre, pobreza, marginalidad y más crimen.” “No sólo se advierte un fallo en las autoridades de seguridad sino también en las aduaneras”.
La CC-ARI también pidió explicaciones sobre el tema, al presentar una denuncia ante el Procurador de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Diego Iglesias para pedir una investigación judicial. El escrito está firmado por los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López.
En la denuncia se exige la necesidad de contar con “un organismo multiagencial en el que se trabajen los casos más complejos con protocolos para mantener la información pero, a su vez, donde policías locales, agentes federales y de inteligencia pueden trabajar en conjunto e intercambiar información de manera segura”.
“El hecho de que las drogas capturadas en Alemania se hayan originado en Paraguay parece indicar que las vías fluviales de ese país con Bolivia son ahora una ruta crucial de transporte de drogas en el camino a los puertos del Atlántico”, alertaron los diputados opositores.
“La pandemia está provocando que los traficantes de drogas se vuelvan más atrevidos en sus métodos, ya que han estado haciendo envíos individuales más grandes a través de múltiples puertos para hacer frente a la interrupción del comercio mundial durante las sucesivas cuarentenas”, agregaron.
La denuncia señala que “en casos de esta gravedad, la inteligencia criminal es la que debe actuar. La Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas son los organismos que manejan la información. Pero quien coordina y lleva adelante los controles es la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, donde interactúan los organismos mencionados”.
“En el ámbito de la hidrovía existen protocolos de actuación específicos para diversas actividades y situaciones. La negligencia o falta de recursos para la tarea de control y prevención puede provocar hechos de gravedad que constituyen ilícitos y que pueden causar daños materiales o lesiones y muertes en agentes de las fuerzas de seguridad”, se agregó en el escrito.
Por tal motivo, la Coalición Cívica ARI pidió que se considere la investigación de los siguientes delitos: Delitos Contra la Administración Pública, Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados; Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); Falsedad Ideológica en Documento Público (artículo 286 del Código Penal) y, además, por la violación de la Ley 22415 (Código Aduanero) y sus normas reglamentarias, de la Ley 24093 (Ley de Puertos), de la Ley 27126 (Agencia Federal de Inteligencia) y de la Ley 23.737 (Narcotráfico), como así también por los eventuales actos ilícitos favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos.
En ese contexto, solicitó que se requiera al juez competente para que tome las medidas cautelares para investigar estos hechos y esclarecer la posible existencia de irregularidades por parte de la empresa concesionaria Hidrovía S.A., las acciones realizadas por la AFI referidas a la producción de inteligencia criminal, nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior del buque CAP San Artemissio, entre otras cuestiones.
También se planteó una citación a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic “para que informe sobre el caso particular por la gravedad que revista y sobre los recursos que están afectados al control de la hidrovía, teniendo en cuenta la permeabilidad de las fronteras que permite el ingreso del narcotráfico al país por diversas vías, en especial la fluvial”.
En operativos conjuntos entre las autoridades alemanas, belgas y holandesas se completó lo que se considera la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes del mundo. El hecho sucedió el 23 de febrero y se encontraron 23 toneladas de narcóticos en los puertos de Hamburgo y Amberes. Esos contenedores habían venido desde Paraguay y habían hecho trasbordo en Argentina.
La información aduanera indicaría que el contenedor estuvo como mercadería en tránsito en el puerto de Buenos Aires desde su llegada el 28 de diciembre de 2020 hasta su trasbordo al buque CAP SAN ARTEMISSIO el 11 de enero de 2021. La justificación de que el envío no fue chequeado en la Argentina se fundamentaría en que, al ser “mercadería en tránsito” no ingresa al país y no requiere de control físico alguno, salvo sospecha fundada y orden de juez competente.
Ante las quejas de la oposición, el presidente de la Cámara baja concedió la sesión del jueves, pero se mantiene también la del sábado, en una situación insólita.
Una situación verdaderamente insólita es la que se abrió en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias: Sergio Massa cedió al pedido de Juntos por el Cambio para tratar la iniciativa este jueves, pero mantiene hasta ahora la convocatoria para el sábado con el mismo temario.
El interbloque presidido por Mario Negri había solicitado una sesión especial para el jueves a las 14 con el fin de votar los proyectos de Ganancias y reforma del monotributo, pero Massa había ignorado el pedido y, en cambio, resolvió convocar a otra sesión para el sábado.
Esa decisión enojó a Juntos por el Cambio, que acusó a Massa de violar el reglamento con una maniobra sin antecedentes, y finalmente el titular de la Cámara baja concedió el pedido, aunque desde el oficialismo no garantizan dar quórum en esa sesión.
En efecto, Massa no desactivó la sesión del sábado y fuentes parlamentarias deslizaron que el Frente de Todos no asegura estar presente el jueves, en una situación inédita tratándose de un proyecto propio.
Luego de que Massa convocara a sesionar el sábado, Mario Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) advirtieron que según el artículo 36 del reglamento interno, el presidente de la Cámara estaba obligado a conceder el pedido para el jueves, que había sido ignorado.
Ese artículo indica que si al menos diez diputados -sea del bloque que sean- solicitan una sesión especial, el presidente “ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.
El secretario parlamentario de la Cámara, Eduardo Cergnul, respondió sosteniendo que en la convocatoria del sábado serán considerados los dos expedientes requeridos, los de modificaciones en Ganancias y en el régimen de monotributo, por lo que “se considera cumplido” lo establecido en el artículo 36.
Pero, disconformes con el argumento, Negri, Ritondo y López enviaron una nota a Massa y lo acusaron de cometer una “clara violación del reglamento”, ya que “no es una facultad discrecional del presidente” sino “su deber” convocar a la sesión pedida.
En la misiva, los diputados citan al exsenador Eduardo Menem, que en su libro “Derecho Procesal Parlamentario” señala que “no se trata de una decisión opcional o discrecional del presidente, sino que está obligado a hacerlo (citar a la sesión), según surge del texto mismo de las respectivas normas reglamentarias”.
“El principio de igualdad y representación de todos los legisladores que integran el Cuerpo queda violentado cuando el señor presidente arbitrariamente ordena la convocatoria a sesión solicitada por unos legisladores, desconociendo aquella peticionada por otros”, advirtieron Negri, Ritondo y López.
Los legisladores insistieron en que “esta decisión menoscaba abiertamente el derecho de los legisladores, garantizado en el reglamento, a solicitar el tratamiento de los proyectos que considere pertinentes sin ser compelidos a concurrir a una sesión en día y hora diferentes sin causa justificada”.
Diputados del interbloque alertaron que “lo más grave” de esta prohibición y de “la estigmatización de la conducta de los jóvenes” es que “pueda derivar en la multiplicación de casos de violencia institucional”.
A pocas horas de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se restringirá la circulación en todo el país desde las 23 hasta las 6, llegaron las primeras críticas de la oposición. Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio advirtieron que este tipo de medidas “no pueden ser la única respuesta” ante la suba de casos de coronavirus y el agravamiento de la crisis sanitaria.
A través de un comunicado firmado por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), los legisladores expresaron su “gran preocupación por la noticia de que en las próximas horas, a través de una norma cuya jerarquía desconocemos, el Poder Ejecutivo Nacional prohibirá la circulación nocturna en todo el territorio nacional”.
“Nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus”, lamentaron los diputados.
Advirtieron a su vez que “sin un plan de vacunación ni acuerdos que garanticen el acceso a la vacuna en los próximos meses para la población de riesgo, ni una política de testeos masiva y eficiente, se intenta ocultar la negligencia en el manejo de la pandemia culpando a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, por el aumento de los contagios. Ya nadie puede desconocer, además, que la falta de políticas sanitarias agravan los problemas económicos”.
“Pero lo más grave –señalaron- es el riesgo de que una prohibición de este tipo y la estigmatización de la conducta de los jóvenes pueda derivar en la multiplicación de casos de violencia institucional como los que se produjeron durante la cuarentena, y que causó muertes como la de Blas Correa, Luis Espinoza, Facundo Astudillo Castro y muchos otros casos que aún deberán aclararse en la Justicia”.
Finalmente, manifestaron: “Advertimos esta situación ante el silencio del Gobierno en relación a las múltiples violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la reiteración de episodios de violencia institucional que los ciudadanos ya hemos padecido en muchas provincias argentinas durante la cuarentena”.
Con la firma de sus 14 diputados, el bloque pidió juzgar a la vicepresidenta en el Congreso por una serie de acciones que implicarían un avance sobre el Poder Judicial.
Por impulso de la dirigente Elisa Carrió, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó este jueves, tal como había anunciado, el pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto fue encabezado por Juan Manuel López y acompañado todos los integrantes del bloque, Maximiliano Ferraro (jefe), Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada.
En los fundamentos, los legisladores consideran que Cristina es “responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional, alterando el orden institucional y el sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional”.
En particular, sostienen que la titular del Senado “ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
“Estamos frente a un plan orquestado por Cristina Kirchner y ejecutado por funcionarios vinculados a ella, que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción”, denunciaron los diputados.
En ese contexto, mencionaron diferentes acciones, como la “desarticulación” del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; el proyecto de reforma judicial aprobado en el Senado; la suspensión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli; y el intento de desplazar al procurador general interino Eduardo Casal.
El texto también refiere a la reforma de la Ley del Ministerio Público -pendiente de tratamiento en Diputados- y la última carta difundida por la vicepresidenta, donde sugirió un intento de impulsar el juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como la ampliación del máximo tribunal y la elección de jueces por voto popular.
“Es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder. Ningún poder del Estado puede obstruir esta herramienta de excepción que constituye el juicio parlamentario. No existen privilegios, sus actos deben ser controlados y sus incumplimientos sancionados”, sentenciaron los diputados de la Coalición Cívica.
El procedimiento del juicio político está regulado en la Constitución Nacional y requiere una mayoría de dos tercios de los votos en ambas Cámaras para la destitución del funcionario: Diputados actúa como Cámara acusadora y al Senado le corresponde juzgar.
“No se le atreven a Cristina Fernández de Kirchner”, aseguró Juan Manuel López, que advirtió a quienes hoy están en el oficialismo y votaron la Ley del Arrepentido que sufrirán “la venganza” de la vicepresidenta.
En el marco de una cuestión de privilegio, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López recordó cuando en la última sesión de Diputados Leonardo Grosso dijo que no se podía ser ambientalista y de Juntos por el Cambio. No nombró puntualmente a su colega del Frente de Todos, pero calificó ese episodio de “grotesco”. López recordó que su par “actuó como soldado del bloque del Frente de Todos y dijo que no se podía ser, exagerando, de una manera sobreactuada, que no se podía ser ambientalista y de Juntos por el Cambio”.
“Yo me voy a eximir de contestar a ese nivel de cinismo -aclaró-. Pero sin estridencias, con tranquilidad, yo les digo con total convicción que se pueda ser político y del Frente de Todos… Cada vez dudo más de que se pueda ser político, parlamentario y del Frente de Todos… Que se pueda ser democrático y del Frente de Todos… Lo dudo sinceramente… Ustedes son un ejército de soldados obedientes, sumisos, que no se le atreven a una persona: a Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos no se le atreve”, aseguró. “Ni usted”, le dijo a Cecilia Moreau, que presidía la sesión en ese momento, “ni Sergio Massa, ni nadie… y lamento tener que nombrarlos”.
Empero, dio a continuación “una buena noticia, que a muchos de ustedes los debe poner muy incómodos: la Ley del Arrepentido es constitucional. ¡Lo dijo Casación Federal! Los juicios van a seguir”.
Y concluyó asegurando que el oficialismo no iba por el jefe de Gobierno de la Ciudad, sino “por la Ciudad entera, por sus habitantes. Bueno, los que votaron la Ley del Arrepentido, los que la propusieron, como la diputada (Graciela) Camaño, como el diputado Massa, algún día sufrirán también la venganza de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy va por nosotros, por los ciudadanos de la ciudad y después va a ir por todos los que le molestan”.
Uno tras otro, legisladores del interbloque se quejaron por la poca anticipación con la que se citó a la sesión. Advirtieron que el oficialismo viola el protocolo y la Constitución.
El momento dedicado a las cuestiones de privilegio en la sesión de la Cámara de Diputados se convirtió en una catarata de diatribas de Juntos por el Cambio contra el oficialismo y, puntualmente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa.
A lo largo de casi tres horas, integrantes del bloque presidido por Mario Negri advirtieron sobre la convocatoria “irregular” a la sesión para tratar, principalmente, el proyecto que reduce la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
“El funcionamiento irregular de Diputados atenta contra el debate democrático”, alertó Lospennato desde el recinto, al presentar la primera cuestión de privilegio sobre el tema.
La legisladora recordó que el Protocolo de Funcionamiento Remoto, renovado a lo largo de todo el año, vence este mismo lunes. “Había una excepcionalidad y por eso condicionamos la vigencia del protocolo al ASPO”, aclaró.
Sin embargo, señaló que “en la convocatoria a esta sesión claramente se incumplió una de las condiciones que nuestro interbloque fijó para su renovación: que los temas relevantes fueran tratados de manera presencial”, como sucedió con el Presupuesto 2021 y el impuesto a la riqueza.
Según precisó Lospennato, el protocolo indica que si un bloque lo solicita, la sesión debe ser con mayoría presencial, pero la solicitud debe realizarse con una semana de anticipación, algo que no fue posible en este caso porque la sesión se pidió el último viernes por la noche.
“Es imposible solicitarlo si convocan a una sesión el viernes después de cerrada Mesa de Entradas”, planteó la diputada del Pro, y agregó que “esto, además de ser irregular, es profundamente antifederal, porque da la sensación de que todos los diputados viven a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires”.
En ese sentido, indicó que “no se ha restituido la totalidad de los vuelos”, y remarcó la necesidad de que cualquier diputado, “desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pueda venir a representar al pueblo que lo eligió”.
Por otra parte, Lospennato advirtió que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió a la Cámara baja para brindar su informe de gestión este mes, como correspondía, y por lo tanto asistió solo una vez este año. “Se está vulnerando la Constitución Nacional”, sentenció.
Su par de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo: “Volver a la normalidad para nosotros no es una opción, es un mandato constitucional. Nuestros fueros no son para que no vayamos presos: son para que los oficialismos de turno, cuando se vuelven autoritarios, no nos impidan ejercer nuestro rol y nuestra representación. Y estamos sufriendo demasiadas dificultades para eso”.
El diputado de la Coalición Cívica se preguntó: “¿Por qué todo el tiempo le quieren bajar la calidad al debate? ¿A qué le tienen miedo?”.
“Yo no tengo miedo de convertirme en calabaza, vamos a dar el debate, pero mantengan las reglas de convivencia”, reclamó el porteño.
La oficialista Vanesa Siley presentó una cuestión de privilegio en la sesión de este miércoles, que luego Graciela Camaño pidió se le dé “tratamiento efectivo” en Asuntos Constitucionales. Juan Manuel López y Gustavo Menna cuestionaron al presidente y al oficialismo del Senado.
En vísperas a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo por parte del Senado, ratificado por decreto por el presidente Alberto Fernández, sobre los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El tema fue traído este miércoles por la oficialista Vanesa Siley, quien planteó una cuestión de privilegio contra los magistrados y fustigó que “se intenta confundir en varios medios de comunicación”.
La legisladora recordó que los jueces “no han acudido a la audiencia pública del Senado” y “han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo”.
“La Corte Suprema de Justicia ya ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado, el cual es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”, explicó.
En ese sentido, la consejera señaló que “los jueces y juezas son funcionarios de alto rango” y “son los únicos que no son electos de manera directa”, en tanto “esa función se ejerce a través del involucramiento de los tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo”.
“Por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido”, continuó, para decir luego que el tema “se comenzó a discutir en marzo” en el Consejo “y se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia”.
Siley indicó que sobre los “10 traslados mal realizados” se envió una comunicación al Poder Ejecutivo, que fue el que luego envió a la Cámara alta los pliegos de diez magistrados, de los cuales “siete concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se someten a la interpelación de los senadores” pero “tres no fueron”. “Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución”, enfatizó.
La diputada del Frente de Todos resaltó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado”. Ahora, ante el rechazo “estos tres jueces deben volver a sus tribunales de origen, siguen siendo jueces, no dejar de serlo”. Y destacó que la decisión haya sido ratificada por la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones.
En contra de la oposición, la oficialista reclamó que “se escuchó decir ‘que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución’ y lo que está pasando es todo lo contrario, se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el presidente continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Creo que eso no lo debe querer nadie”.
“La república no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos”, lanzó y abogó por “la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país”.
Aunque no estaba anotado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López salió a contestar. Planteó entonces otra cuestión de privilegio, contra el presidente Alberto Fernández “por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados”.
El legislador defendió que en los traslados de 2018 “se cumplió con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento y con la acordada 4 de la Corte Suprema y una acordada posterior” sobre casos análogos.
“Anularon (los traslados) arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que les prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional”, insistió y remarcó que los decretos del presidente Mauricio Macri -derogados la semana pasada- habían “generado derechos subjetivos” con lo cual “solo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado”.
Y sobre el Consejo de la Magistratura, López manifestó que “es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo”. “Ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político, que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y orden de ideas y cosas que prevé nuestra Constitución”.
Seguidamente, el radical Gustavo Menna sostuvo que “estamos en presencia de una situación inédita” que solo tiene “precedentes en golpes de Estado”. Para el chubutense, este hecho “es un absurdo que nos pone al margen del ordenamiento constitucional” y rechazó que “por un decreto del Poder Ejecutivo se produzca ese desplazamiento”.
“Estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedentes que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal”, reiteró y dijo que “trasciende el derecho de los afectos” y “afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con un Poder Judicial independiente”.
Finalmente, tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, donde se avanzó con la revisión. “Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo la república no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto”, cargó contra Juntos por el Cambio.
Y habló de una “necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Siley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, algo que “no ocurre en el Parlamento”.
“Hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicios políticos”, recordó y mencionó que para la misma fecha del traslado de los magistrados se había pedido el juicio político contra el exministro de Justicia, Germán Garavano, “donde claramente se hablaba de concursos que están mal hechos”.
El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que la moratoria “es para una empresa del poder”, en alusión a OIL Combustibles.
Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, reiteró en la sesión de este viernes que la moratoria ampliada es “un traje a medida para dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Souza, que son empresarios ligados desde hace muchos años al viejo poder y al poder actual”.
El “lilito” consideró “inédito” que se permita ingresar a la moratoria a empresas en quiebra. “Ojalá algún abogado, juez u operador jurídico me explique quién se va a hacer cargo del pago de las cuotas, si esa empresa no existe más”, dijo.
Luego recordó que Cristóbal López “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia”.
El diputado señaló que el holding fue creciendo hasta tener “casinos en La Florida, Estados Unidos” y se expandió también al rubro del petróleo, donde López tuvo “una causa por sobornos por la compra de Petrobras”.
López advirtió sobre el trato que el canal C5N, también del grupo, le otorgó a la oposición desde que en 2004 se supo que “este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia”.
Luego, en 2008, se realizó la famosa denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, el exministro Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros, “por cómo fue concesionado el casino en la Ciudad de Buenos Aires”.
Tras insistir en que la moratoria “es para una empresa del poder”, OIL Combustibles, López advirtió que el impuesto a los combustibles “no lo evadía, se lo robaba, e iba -por ejemplo- a la empresa M&S, de su holding”, donde la encargada del área legal era Romina Mercado, sobrina de Kirchner.
Además, “desde esa empresa le alquilaban los hoteles” a la familia presidencial, siendo Mercado “la presidenta del directorio de Hotesur”, señaló el diputado López.
“El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”, lazó Omar De Marchi. Jorge Enriquez y Pablo Tonelli rechazaron la reforma judicial, y Alfredo Cornejo denunció discriminación a Mendoza.
Los diputados de Juntos por el Cambio no ahorraron críticas al Gobierno durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Representantes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica advirtieron sobre la falta de un plan económico, rechazaron la reforma judicial y denunciaron discriminación hacia provincias no oficialistas.
El primero en hablar fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), quien arrancó con los tapones de punta contra Cafiero. “Ha tenido un mensaje lleno de odio, ¿está nervioso?”, le preguntó, y le reprochó: “Si hubiera cumplido con la Constitución, hoy sería la octava vez en venir a rendir cuentas. Es verdad, nunca les gustaron los controles, ni en doce años de gestión ni ahora”.
“Nunca tuvieron plan económico y no lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron ni lo tienen”, alertó De Marchi, y en ese sentido le preguntó al funcionario sobre las estimaciones de inflación, dólar y déficit primario para fin de este año.
El diputado habló de “tres mentiras básicas con las que ganaron las elecciones: prometieron aumentar las jubilaciones un 22% y las bajaron; iban a llenar las heladeras de los argentinos y hoy las heladeras están vacías; iban a poner a la Argentina de pie y lo que hicieron fue poner a los argentinos de rodillas”.
“Volvieron peores, llenos de odio y revancha. Se advierte en el rostro de la vicepresidenta y en el rostro desconcertado de Alberto Fernández de Kirchner”, ironizó, y remató: “El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”.
Luego fue el turno de otro mendocino, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consultó “por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% que le corresponde en cada uno de los programas de asistencia del Gobierno nacional para los gobiernos provinciales”, mientras que “provincias como Buenos Aires se llevan más del 50%”.
Desde el recinto, otro legislador que cargó contra Cafiero fue Jorge Enriquez, del Pro: “Le conozco la voz, por suerte, y pude apreciar que sus recursos literarios en sus tuits son módicos. Pensé que sus recursos oratorios eran superiores, con ese sentido que usted tiene y que tiene el kirchnerismo de una concepción alarista”.
“Ustedes inauguraron este período y al escucharlo a usted pienso en el espejo retrovisor, pienso en el odio serial. ¿Quién trajo el odio serial a la Argentina? ¿Nos vamos a remontar a 1905 con la Ley del Odio? Es bueno repasar la historia, no una concepción alarista que empieza cuando yo llego, de que el pasado no existe. No quieren discutir el pasado porque se sienten cómodos… el pasado ahí está, no se puede revertir”, dijo.
Enriquez se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial, ya que “no advirtieron que van a tener que nombrar la misma cantidad de fiscales y defensores que están nombrando con estos 46”.
A raíz de eso, el porteño consultó a Cafiero sobre el costo que tendría la ley promovida por el Ejecutivo “con infraestructura, equipamiento, remodelaciones, magistrados y empleados”. “Teléfono para el jefe de Gabinete: ¿Sabe que estamos pasando una situación terrible? Hay familias que están en la pobreza e indigencia… una pandemia que está devastándonos totalmente y pareciera que ustedes quieren darse esta fiesta, este carnaval de designar jueces, cuando la reforma judicial debería pasar por otro lado.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien asistió a la sesión de modo presencial, le preguntó a Cafiero si el Gobierno considera “oportuno, relevante y necesario” que el presidente y todos los funcionarios realicen una declaración jurada de intereses, además de la de bienes.
Recordó que Alberto Fernández “en dos oportunidades distintas declaró haber sido abogado de la empresa Repsol o YPF”, y además “dijo que asesoraba al grupo Indalo”. “Ahí hubo una confusión, o al menos no quedó claro, ¿fue a la empresa de combustibles o a otra empresa del grupo?”, interrogó.
En ese sentido, se refirió al proyecto de ley de moratoria que será tratado este viernes, donde “vamos a tener la oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Sousa”. “Queremos saber, para preservar la imagen presidencial, en qué términos asesoró a ese grupo empresario”, insistió el “lilito”.
Pablo Tonelli (Pro) volvió a la carga con el tema del “ambicioso y costoso plan de la reforma judicial”, mientras “al mismo tiempo el Gobierno genera zozobra entre los magistrados al promover la revisión de traslados” en el Consejo de la Magistratura.
El diputado consideró que “hoy en día lo que más necesita la Justicia es la designación de nuevos magistrados” para cubrir vacantes.
“Hay alrededor de 250 vacantes de un total de algo menos de 1.000, es decir, estamos por encima del 25% de los cargos vacantes, y mientras tanto los pliegos duermen en algún cajón del Ministerio de Justicia”, señaló Tonelli.
Tras la solidaridad expresada por la CC-ARI con los trabajadores de ese canal, el diputado recordó las denuncias contra Cristóbal López y Fabián De Souza.
A propósito del incidente que tuvo como víctimas el jueves pasado a trabajadores de C5N en la zona del Obelisco, el diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López rememoró este domingo un cruce que la exdiputada nacional Elisa Carrió tuvo en el pasado con ese canal de noticias.
Con relación a los episodios del jueves, López aclaró que “repudiamos la violencia y más cuando pasa a lo físico”, ya que “ese es un límite que no debería pasar ninguno y que no se debe tolerar”. Y con relación al incidente de Carrió con periodistas de dicho canal en el Instituto Hannah Arendt del barrio porteño de Recoleta a principios del 2019, recordó que “ese día llegué tarde, cuando estaba terminando el cruce. Estaba Lilita con otros dirigentes de la Coalición Cívica y alumnos en una clase que puede ser pública, pero no era un acto político, y la gente del canal apareció de una forma poco usual, ya que no era una conferencia, un acto político o una entrevista”.
Esa vez, Carrió manifestó que C5N es “parte de la delincuencia argentina” y que “forma parte de una asociación ilícita”. “Cristóbal López, que quería comprar Petrobras, que se lo impedí, está preso y (Fabián) De Sousa también está preso. Y a todos los que dicen mentiras, muchos de los cuales conozco, les digo que yo los miro así y ellos no pueden mirar a nadie”, sentenció.
Más de un año después, López explicó, en diálogo con Radio Con Vos, que “fue un cruce difícil, pero Lilita también dice que los trabajadores no tienen la culpa”, al tiempo que dejó en claro que ella “siempre repudió la violencia”.
“Lilita siempre dijo algunas cosas muy duras, pero nosotros a C5N, y muchísimo menos a los periodistas que trabajan ahí, les mandamos un pedido de rectificación de información o cartas documentos”, explayó.
Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que el diputado publicara en sus redes sociales que se “suscribe” a “cada palabra de Carrió”. “Empezando por los trabajadores, no tienen la culpa. Repudio la violencia, banco la libertad de expresión”, afirmó.
Y concluyó: “No escondemos ninguna mano, no tiramos ninguna piedra, denunciamos con nombre y apellido hace años a Fabián De Souza y Cristóbal López”.
El cívico Juan Manuel López y el radical Mario Negri presentaron un proyecto en el que cuestionan aspectos técnicos de los decretos y la falta de concurso de antecedentes de los interventores designados.
Los diputados Juan Manuel López (CC-ARI) y Mario Negri (UCR) presentaron un proyecto de ley en el que piden que se deroguen los decretos que establecen la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en los cuales también se designaron como interventores a Federico Basualdo y Federico Bernal, respectivamente.
En la iniciativa, los legisladores de Juntos por el Cambio consideraron que “se excedió lo autorizado por el Congreso en la ley de emergencia”, en referencia a la Ley de Solidaridad Social sancionada en diciembre pasado, donde se autorizaba la intervención de los organismos.
Además, los opositores resaltaron en los fundamentos que los decretos tienen “gruesos errores legales en su redacción” y “están viciados por la arbitrariedad de las designaciones y suspensiones que pretende imponer, sin concurso de antecedentes y sin participación del Congreso”.
“Como en tantos otros aspectos bajo el halo de la emergencia, lo que se buscaba era la discrecionalidad, designando funcionarios sin concurso y ortogándoles la facultad de anular concursos efectuados conforme a la ley”, indicaron, en alusión a que se suspenderá a los directores que venían de la gestión anterior, sin goce de sueldo.
Respecto a este punto, López y negri consideraron que esa decisión “encubre el cese de las funciones de los directores elegidos y expone al Estado a una litigiosidad innecesaria”. “El recurso de la intervención no era necesario ni correspondía legalmente”, agregaron en los considerandos.
