La tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento escala con los vetos a leyes sensibles. Mientras Diputados aún no acuerda fechas para sesionar, el Senado ya se encamina a tratar el rechazo al veto sobre los Aportes del Tesoro Nacional.
La pulseada entre el Gobierno y la oposición en el Congreso suma nuevos capítulos con la serie de vetos que salieron de la Rosada sobre el cierre de esta semana. Puntualmente los de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, que salieron entre miércoles y jueves; y el que rechaza la modificación de la ley que rige la distribución de Aportes del Tesoro Nacional, publicado este viernes.
Hay una diferencia entre las tres leyes: las dos primeras tuvieron inicio en Diputados, mientras que la ley promovida por los gobernadores arrancó por el Senado. De tal manera, Financiamiento Universitario y la ley más conocida como Garrahan deberán ser tratadas primero en Diputados, mientras que la de ATN en la Cámara alta.
En la Cámara de Diputados se vienen haciendo especulaciones desde que se conoció el primero de los vetos, al caer la tarde del miércoles. Por lo pronto, los bloques opositores que monitorean la reacción ante el veto no se ponen de acuerdo. Este jueves se habló insistentemente de la posibilidad de pedir una sesión para el miércoles que viene a fin de tratar sendos vetos. Se dijo incluso que el pedido saldría entre jueves y viernes.
Lo cierto es que, según pudo verificar parlamentario.com, la demora en el pedido para sesionar es la falta de acuerdo sobre las fechas. Democracia para Siempre, el bloque de los radicales disidentes que encabeza Pablo Juliano, piensa en hacer una sesión el miércoles 17 de septiembre para ir con la insistencia de los dos vetos: tanto Garrahan como universidades.
El bloque Unión por la Patria analiza en cambio otra postura. En principio piden dos fechas: el 17, para tratar el veto a la Emergencia Pediátrica, y el 24 de septiembre universidades. Están debatiendo en esa bancada qué hacer y mantienen contacto permanente con DpS para resolver qué es lo más conveniente. Por eso todavía no se ha pedido una sesión para la semana próxima.
En el Senado, en tanto, analizarán en las próximas horas y en contacto con los gobernadores cuándo tratar el veto a la Ley de ATN. Allí es más fácil rechazar el veto, lo tienen claro. Pero ya antes de la última sesión habían esbozado la idea de sesionar el 18 de septiembre, no solo sobre vetos, sino otras cuestiones pendientes también.
Con tres vetos sobre la mesa y una oposición que aún no logra articular una respuesta unificada, el Congreso se convierte en el próximo campo de batalla entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas que buscan marcarle límites. La pulseada no solo pone a prueba la cohesión de los bloques, sino también la capacidad del Parlamento para ejercer su rol frente a un gobierno que no duda en usar el bolígrafo presidencial. Lo que ocurra en las próximas sesiones será clave para medir el verdadero peso de la oposición en esta etapa del mandato.
El Ejecutivo nacional decidió vetar en su totalidad el proyecto de ley que buscaba redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un desafío a los gobernadores que reclamaban un reparto más equitativo.
En un movimiento que promete reavivar las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias en un momento crítico, luego de la fuerte derrota del Gobierno el domingo pasado, el presidente de la Nación vetó completamente el proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que buscaba modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La decisión, plasmada en el decreto presidencial 652/2025, se fundamenta en la necesidad de “mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, concebidos como una herramienta excepcional para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y no como parte de la masa coparticipable de distribución automática”.
El proyecto vetado proponía redistribuir los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por la Ley Nº 23.548, según los coeficientes de coparticipación establecidos en dicha norma, incluyendo los porcentajes reconocidos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, establecía que esta redistribución sería diaria y automática, equiparándola a los fondos coparticipables, lo que, según los gobernadores, garantizaría mayor transparencia y equidad en el reparto.
Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que esta reforma “desvirtúa la finalidad original de los ATN, que es asistir a las provincias en situaciones de emergencia, como desastres naturales, crisis económicas o sanitarias, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19”.
Según el decreto, los ATN son un “instrumento extraordinario” cuya asignación debe permanecer bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar flexibilidad y rapidez en la respuesta a contingencias imprevistas.
El veto subraya que transformar los ATN en un mecanismo de distribución automática privaría al Estado nacional de una herramienta clave para corregir asimetrías y atender crisis focalizadas, afectando el equilibrio federal. “La privación de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”, señala el decreto, citando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que prioriza un reparto equitativo y solidario de los recursos.
La decisión presidencial había sido anticipada oportunamente y ha generado un fuerte rechazo entre los gobernadores, quienes ven en el veto un nuevo capítulo en el conflicto por los recursos federales. Los mandatarios provinciales, tanto oficialistas como opositores, habían respaldado el proyecto de ley como una forma de garantizar un reparto más justo y predecible de los fondos, en un contexto de crecientes dificultades fiscales para muchas provincias.
El reclamo por una redistribución automática de los ATN no es nuevo. Las provincias han criticado durante años la discrecionalidad con la que el Ejecutivo asigna estos fondos, argumentando que, en muchos casos, las transferencias responden a criterios políticos más que a necesidades objetivas.
La sanción del proyecto en el Congreso, con amplio apoyo de los bloques legislativos, reflejaba un consenso poco habitual entre las provincias, que ahora ven frustrada su aspiración de reformar el sistema.
El argumento del Ejecutivo
El decreto presidencial defiende la vigencia del artículo 5° de la Ley Nº 23.548, que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de asignar los ATN bajo la supervisión de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
Según el texto, esta configuración responde a una “necesidad estructural” del federalismo argentino, que requiere herramientas ágiles para enfrentar crisis imprevisibles. El Ejecutivo cita ejemplos recientes, como las transferencias realizadas en 2024 y 2025 para mitigar emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias, como prueba de la utilidad de los ATN en su formato actual.
Además, el veto invoca el Pacto de Mayo, un acuerdo impulsado por el presidente con varios gobernadores para rediscutir integralmente el régimen de coparticipación federal. El Ejecutivo sostiene que cualquier cambio en el reparto de los ATN debe surgir de un consenso amplio entre la Nación y las provincias, en línea con el carácter de “pacto federal” que la Constitución asigna al sistema de coparticipación.
“Admitir modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación importaría desconocer el carácter de pacto federal”, advierte el decreto, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El veto presidencial no solo frena la reforma propuesta, sino que reabre un debate más amplio sobre el federalismo fiscal en Argentina. Los gobernadores, que esperaban un alivio financiero inmediato, deberán ahora replantear su estrategia, ya sea insistiendo en el Congreso para alcanzar los dos tercios necesarios para revertir el veto o buscando negociar un nuevo acuerdo con el Ejecutivo.
Por su parte, el Gobierno nacional insiste en que la solución no pasa por “reformas parciales ni decisiones coyunturales”, sino por un consenso duradero que reformule el sistema de coparticipación en su totalidad.
El presidente vetó totalmente el proyecto de Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas por un año, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad económica del país. La medida desató críticas por su impacto en la salud infantil, pero el Ejecutivo defiende su postura como un paso necesario para evitar un desequilibrio presupuestario.
Poco más de cuatro horas después de que se conociera el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el Boletín Oficial correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 dio cuenta también de una decisión en el mismo sentido adoptada por el presidente Javier Milei respecto de una ley aprobada el mismo día en el Senado, conocida como Ley de Emergencia en Pediatría, o directamente “Ley Garrahan”.
La decisión, que ya había sido adelantada por este medio, fue publicada como Decreto 651/2025, mediante el cual se veta en su totalidad el proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso de la Nación el 22 de agosto de 2025. Este proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un período de un año, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer los sistemas de residencias médicas mediante mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.
Pese a estos loables preceptos, el Ejecutivo consideró que la norma presenta serias falencias técnicas, jurídicas y financieras que justifican su rechazo.
Principales argumentos del veto
El veto presidencial se fundamenta en una serie de consideraciones que apuntan a la falta de precisión en la redacción del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipación federal.
Entre los puntos destacados del decreto se encuentran:
✅ Indeterminación normativa: El proyecto carece de parámetros claros y verificables para definir aspectos clave, como los criterios para la asignación de recursos, la delimitación de "funciones críticas" del personal de salud o los procedimientos para garantizar el acceso a servicios de alta complejidad. Esta ambigüedad, según el Ejecutivo, podría derivar en interpretaciones expansivas, litigiosidad y dificultades para la planificación financiera.
✅ Impacto fiscal insostenible: La recomposición salarial propuesta para el personal de salud pediátrica, que incluye equiparar los ingresos a los niveles reales de noviembre de 2023, generaría un costo estimado de $115.030.000.000. Este gasto, que debería financiarse mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y el uso de reservas para contingencias sanitarias, comprometería programas esenciales como el calendario de vacunación, la atención de enfermedades como VIH, tuberculosis o hepatitis, y el financiamiento de medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.
✅ Exención del impuesto a las ganancias: La propuesta de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud que realicen actividades críticas, horas extras o guardias, tanto en el sector público como privado, tiene un alcance "prácticamente ilimitado" y un impacto presupuestario inestimable, afectando directamente los ingresos de la coparticipación federal, una de las principales fuentes de financiamiento de la Nación y las provincias.
✅ Distorsiones salariales y desigualdades: El proyecto beneficia exclusivamente al personal vinculado a la atención pediátrica, lo que podría generar inequidades con otros trabajadores del sistema sanitario que desempeñan funciones igualmente críticas. Esto, según el Ejecutivo, profundizaría brechas retributivas injustificadas dentro del sector.
✅ Invasión de competencias del Ejecutivo: El artículo 10 del proyecto, que deroga la Resolución del Ministerio de Salud N° 2109/25, es considerado un avasallamiento de las potestades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso no tiene atribuciones para revocar actos administrativos. Esta resolución, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, fue diseñada para modernizar el sistema de becas de formación, adaptándolo a los desafíos sanitarios actuales y ofreciendo mayor flexibilidad a los residentes.
✅ Desfinanciación de programas clave: La reasignación de recursos propuesta equivaldría a un tercio del presupuesto destinado al calendario de vacunas o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Esto podría desfinanciar políticas públicas estratégicas, como el tratamiento de patologías especiales y el acceso a medicamentos esenciales.
El caso del Hospital Garrahan
Un punto central del veto es la declaración del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional, incluida en el artículo 4° del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta disposición es innecesaria, ya que el Garrahan ya es reconocido como un hospital de alta complejidad, según el Decreto N° 598/87.
Además, destaca los logros de la actual gestión, que “en menos de dos años logró normalizar su funcionamiento, optimizar recursos, eliminar cargos duplicados y alcanzar un déficit cero por primera vez en sus 38 años de historia, gracias a ahorros de más de $40.000.000.000 y un aumento en la recaudación”.
Con un presupuesto de $180.000.000.000 para 2025, ampliado a $220.000.000.000 con el aporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejecutivo sostiene que el hospital no requiere una declaración formal para garantizar su operatividad.
Contexto económico y fiscal
El veto se enmarca en la política de “emisión monetaria cero” impulsada por el gobierno de Milei, que prioriza el equilibrio fiscal como base para la estabilidad económica y la lucha contra la inflación.
El Ejecutivo argumenta que la aprobación del proyecto pondría en riesgo los avances logrados en la recuperación económica, al generar un aumento “desmedido e irresponsable” del gasto público. Además, señala que el próximo 15 de septiembre se presentará el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, donde se debatirán de manera integral las prioridades de gasto, incluyendo las necesidades del sistema sanitario.
El decreto también hace referencia al Pacto de Mayo, un acuerdo político que busca revisar el sistema de asignación de recursos públicos. En este contexto, el Ejecutivo considera que el Congreso debería abstenerse de tomar decisiones que comprometan el equilibrio fiscal, especialmente cuando los recursos propuestos no cuentan con una fuente de financiamiento genuina.
Implicaciones constitucionales
El veto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que otorga al presidente la facultad de observar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso.
El Ejecutivo defiende esta decisión como un ejercicio legítimo de sus atribuciones, en línea con la dinámica de control y contrapeso propia del sistema republicano. Además, cita fallos de la Corte Suprema, como el caso “Estado Nacional c/ San Juan, Provincia de s/ Reivindicación”, para respaldar la potestad del Ejecutivo de evaluar la razonabilidad y legalidad de las normas aprobadas por el Congreso.
El decreto también critica la pretensión del Congreso de derogar una resolución ministerial, considerándola una violación de la división de poderes. La Resolución N° 2109/25, según el Ejecutivo, moderniza el sistema de residencias médicas al introducir dos modalidades de beca (“Ministerio” e “Institución”), con alta aceptación en hospitales como el Garrahan (100% de adhesión) y el Posadas (70%).
El veto ya anticipado oportunamente por el Gobierno ha generado un intenso debate en la opinión pública y el arco político y social. Por un lado, sectores opositores y organizaciones médicas han criticado la decisión, argumentando que pone en riesgo la atención pediátrica y el fortalecimiento de las residencias médicas en un contexto de crisis sanitaria. Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como una acción responsable para proteger la estabilidad económica y evitar el colapso de las finanzas públicas.
El Ejecutivo asegura que continuará implementando políticas para fortalecer el sistema sanitario, pero con un enfoque en la viabilidad financiera y la sustentabilidad a largo plazo. Entre las medidas destacadas, se menciona la optimización de recursos en el Hospital Garrahan y la modernización del sistema de residencias médicas. Sin embargo, el veto plantea interrogantes sobre cómo se abordarán las necesidades urgentes del sector pediátrico en el marco de las restricciones presupuestarias.
El presidente rechazó la norma aprobada por el Congreso que garantizaba recursos para salarios, becas e infraestructura. Argumentó que carece de financiamiento real y que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
La advertencia que los universitarios lanzaron en vísperas de lo que acaba de confirmarse por parte del Gobierno libertario.
El Gobierno oficializó este miércoles, a través del Decreto 647/2025, el veto total al proyecto de ley N° 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto. La norma, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, había sido presentada como un intento de garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en materia de salarios, becas, infraestructura y programas de investigación.
Según pudo saber parlamentario.com, el veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso.
El veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso. Respecto de la Ley de Emergencia en Pediatría, según pudo saber este medio, el veto ya fue comunicado y será anunciado durante la jornada de hoy, cuando vence el tiempo de diez días para decidir.
Y en cuanto a la Ley de ATN, el gobierno tiene todo este jueves y viernes, ya que fue informada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el 29 de agosto.
Si bien se esperaba que el veto fuera publicado en los primeros minutos de este jueves, salió publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial. El texto vetado obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de manera bimestral según la inflación, recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales, y reforzar los programas de becas estratégicas y de bienestar estudiantil.
Según los cálculos oficiales, la aplicación de la ley hubiera implicado un gasto adicional de más de $1,06 billones en 2025 y de más de $2 billones en 2026, montos que, de acuerdo al decreto, no contaban con fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.
En los considerandos, la Casa Rosada advirtió que aprobar la norma significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el texto firmado por Javier Milei y sus ministros.
El Gobierno defendió la decisión como un ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 83, y recordó que la herramienta del veto ha sido utilizada por diferentes administraciones en los últimos 40 años. A su vez, adelantó que será en el Presupuesto 2026, a presentar el 15 de septiembre, donde se discutirá de manera integral el financiamiento del sistema universitario.
Con la devolución del proyecto al Parlamento, el Congreso tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, lo que abre un nuevo frente de disputa política. El tratamiento de esta ley había logrado reunir a la oposición dialoguista con sectores del kirchnerismo, en una señal de unidad frente al ajuste universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Senado el jueves 21 de agosto de 2025, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Esta ley había sido impulsada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apoyada por buena parte de la oposición legislativa. Su objetivo principal es elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI; establecer una actualización bimestral del presupuesto según la inflación; garantizar la recomposición salarial para docentes y no docentes.
Incorporar al básico del convenio colectivo todas las sumas no remunerativas y no bonificables; crear carreras estratégicas y fortalecer actividades de extensión, ciencia y técnica. Asimismo somete a las universidades a control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.
El veto presidencial no solo profundiza la tensión con el sistema de educación superior, que viene reclamando aumentos de partidas y mejoras salariales desde comienzos de año, sino que también coloca al Gobierno en un conflicto directo con las fuerzas opositoras que ya han dado señales de que podrían intentar revertir la decisión.
En un contexto en el que las universidades nacionales se preparan para un nuevo plan de lucha, la decisión de Milei confirma la prioridad absoluta del equilibrio fiscal sobre cualquier expansión del gasto, aun cuando se trate de un área altamente sensible y con fuerte impacto social.
La derrota por la Ley de Emergencia en Discapacidad expuso la cada vez más amplia soledad parlamentaria de Milei y abrió un frente de conflicto con sus aliados “dialoguistas”. El escándalo por los agravios del influencer libertario “Gordo Dan” contra Luis Juez terminó de complicar un cierre de semana marcado por señales de aislamiento y tensiones preelectorales.
Fue la crónica de una muerte anunciada. El veto presidencial firmado para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad siempre tuvo el destino marcado. Votado con amplias mayorías en las dos cámaras, nada hacía prever lo contrario de lo que terminó pasando el miércoles a media tarde en el Senado, donde el oficialismo cumple a rajatabla la ley que todos los manuales de política parlamentaria expresan que no debe suceder: ningún gobierno debe perder votaciones en el recinto.
Y menos aún, acostumbrarse a perder.
Una regla que alcanza incluso al Gobierno de minoría más extrema en la historia democrática argentina. ¿No puede evitarlo? Lo hizo a lo largo del primer año de gestión, con la colaboración de los bloques que a partir de entonces recibieron el nombre de “dialoguistas”, que aceptaron de buena gana. Pero esos mismos bloques se fueron alejando. Aunque como el que avisa no traiciona, lo anticiparon con antelación suficiente; incluso el Pro, que de todas maneras siguió sumándole al oficialismo en la mayoría de los temas, incluso a pesar del insólito destrato que se le prodigó.
Los bloques del medio, que le garantizaron a La Libertad Avanza nada menos que la Ley de Bases y la protección del mega DNU 70/23 -que les debería haber garantizado la eterna gratitud presidencial, mas consiguieron a cambio que se los llamara “degenerados fiscales”, o simplemente “ratas”-, avisaron con tiempo que, aprobadas las leyes de gobernabilidad, buscarían atender su propia agenda. En su gran mayoría son legisladores que pertenecieron a lo que fue Juntos por el Cambio y tuvieron esa actitud atendiendo lo que consideraban les exigía su electorado, el que fue parte del 56% del balotaje.
Previsiblemente los dialoguistas le dieron la espalda al Gobierno en la votación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Votaron contra el veto los senadores del Pro y también los radicales, incluso los que tienen acuerdos electorales para octubre, como los mendocinos y el del Chaco, Víctor Zimmermann. También votaron en contra los provinciales, incluso los misioneros -casi incondicionales para el oficialismo, aun en casos como ficha limpia, que a esta altura nadie duda de que no hayan tenido el guiño del Gobierno-.
Solo votaron para sostener el veto los libertarios -no todos, pues la jujeña Vilma Bedia se retiró para no votar-, el nuevamente oficialista Francisco Paoltroni y la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero, quien ha aceptado el papel de aliada incondicional del Gobierno y voluntaria vocera de sus ideas. De hecho, esta senadora que forma parte del bloque Pro fue la única voz que se elevó el jueves en defensa del veto, dado que nadie del bloque LLA lo hizo. El jefe de ese bloque, Ezequiel Atauche, que estaba anotado para cerrar el debate, se bajó.
Era una ley muy sensible, que demandaba un cuero muy duro para pronunciarse en contra. Como lo hizo otro cordobés, Luis Juez, que ya había intervenido con un emotivo discurso en la sesión que aprobó la ley. Esta vez no iba a hablar, pero lo hizo brevemente antes de votar. Se granjeó un deplorable posteo en la red social X del incalificable Daniel Parisini, un influencer y militante libertario conocido como “Gordo Dan”, que habita en las redes sociales como guardián de las ideas libertarias. Fue una agresión verbal de extrema violencia política y personal, tan grave que el jefe de Gabinete Guillermo Francos debió salir prestamente a tratar de acotar daños: por el canal TN avisó que ya se había comunicado con el senador Juez para pedirle disculpas, y desautorizó al militante libertario, quien ya había eliminado el tuit, aunque más tarde redobló la apuesta publicando otro mensaje con el mismo contenido, apenas suavizando el tono, pero igual de repudiable.
Si bien no cuenta con cargo oficial, Gordo Dan no es cualquier militante. Su influencia es tal que ha llegado a echar a miembros del gabinete nacional. De manera informal, pero efectiva. Dan cuenta de ello el ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y el exsubsecretario de Deportes Julio Garro, eyectados tras tuits condenatorios del Gordo Dan.
El posteo del Gordo Dan que luego eliminó, aunque volvió a postear un mensaje similar.
Conductor del programa “La Misa”, del que el presidente se ha confesado fiel oyente, en el canal libertario Carajo, Parisini es asiduo anfitrión de Javier Milei, quien ha estado al aire allí más de seis horas, en busca del récord Guiness. Y lo que es más, lo ha reivindicado incluso cuando la polémica por el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que conduce el propio Parisini, que las definió como “el brazo armado de Javier Milei”. Entonces el presidente lo defendió, criticando “la miserabilidad de los medios, que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular y empezaron a hablar del brazo armado, y empezaron a compararnos con los hijos de remil puta que durante fines de la 60, inicios de los 70, mataban gente”.
Está claro que el mandatario se siente a gusto con el lenguaje que usa su controvertido adherente, al que no desautorizó ahora ni siquiera en las redes por su diatriba cloacal contra “su amigo” Juez. Como dijo el propio senador cordobés, “si así cuidan a los aliados”…
La votación de la reforma de la reglamentación de los DNU dejó señales aun peores para el Gobierno, pues no podían esperar demasiado respaldo con el veto a una ley de tales características, pero debió haberles ido mejor con la que se debatió a continuación. Solo contaron con el respaldo de los libertarios y la infaltable Carmen Álvarez Rivero. La derrota para el Gobierno fue 56 a 8. De los “dialoguistas”, todos le votaron en contra al Gobierno, salvo los dos radicales mendocinos, el radical chaqueño y la cada vez más cercana al Gobierno Carolina Losada, que se ausentaron a la hora de votar. Las abstenciones fueron de los dos misioneros que responden a Carlos Rovira.
El resto del temario de ese jueves en el Senado era inocuo para el Gobierno, pero fue postergado para una próxima sesión, ya que esta se levantó tras un breve cuarto intermedio. Se venía el partido de la Selección y varios tenían entradas para el Monumental. Seguramente habladurías…
La sanción de la modificación del reglamento de los DNU. (Foto Comunicación Senado)
Estos resultados presagian que la hostilidad parlamentaria continuará al menos hasta el recambio legislativo, del que como ya hemos dicho no emergerá un oficialismo mayoritario. Lejos de ello, seguirán faltándole medio centenar de diputados y más de una veintena de senadores, con lo cual es imprescindible que el oficialismo forje alianzas con sectores de la oposición dispuestos a colaborar. Deberá reinventarse a partir del 10 de diciembre.
A menos que, con la excusa de seguir lejos de contar con los números necesarios para manejar el recinto, prescinda del Congreso -como lo ha hecho ya a lo largo de casi todo este año- y se dedique a gobernar por decreto y a puro veto. Para esto último sí contará al menos con un tercio en Diputados con el que podrá blindar sus vetos.
Más allá del impacto que pueda tener un triunfo electoral libertario en octubre, la oposición no le dejará pasar tal objetivo. Mucho menos si, por tercera vez consecutiva, Milei se propone gobernar sin presupuesto. En menos de diez días podría comenzar a develarse ese misterio, cuando por ley Economía debe mandar el proyecto al Congreso. Hay inquietud en la oposición -sobre todo en los más cercanos al Gobierno- por las versiones que indican que el Palacio de Hacienda se propone desairar nuevamente al Parlamento, sobre todo para evitar transparentar en el texto una eventual devaluación post elecciones, o bien tener que omitir anticipar lo que inexorablemente debería hacer después de octubre.
Como sea, una parte del misterio electoral comenzará a develarse este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez desde el 83 se han desdoblado los comicios. El Gobierno no llegó a estas instancias como esperaba, pues en la recta final preelectoral perdió la agenda, que fue dominada por el escándalo de los audios de las supuestas coimas. Ni qué decir del efecto de la ley sobre los discapacitados y el condenable posteo del Gordo Dan… En lo más alto del poder se espera que el desencanto emergente de estos sucesos tenga su correlato en un abstencionismo mayor que el que a priori se esperaba. Admiten que las encuestas anticipan que La Libertad Avanza no es favorita este domingo y que aun en una sección importante donde esperaban ganar se les podría complicar.
Para compensar aclaran que las elecciones que realmente les interesan son las de octubre y que si no les va bien este domingo, lo revertirán el 26/10, por el efecto anti K que generaría un resultado adverso.
En la antesala de este domingo electoral, en el Gobierno no descartan un triunfo que borre todos los malos presagios, pero en caso contrario sostienen que hasta una derrota por 5 puntos sería tan manejable como revertible. Empresarios consultados por este medio aclararon que cualquier eventual derrota -por el número que sea- tendrá su peso inexorable en los mercados el día después.
Fue un rechazo a la Ley Azucarera, sucedido en marzo de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Por amplia mayoría esa vez Diputados rechazó el veto a la Ley 25.715.
Este jueves se produjo en el Senado un hecho histórico: por primera vez en más de dos décadas se rechazó un veto presidencial. En efecto, desde tiempos de Eduardo Duhalde en el Gobierno que no sucedía algo así. Y eso que Duhalde tenía entonces una cantidad de diputados y senadores muchísimo mayor a lo que cuenta La Libertad Avanza en la actualidad.
Pero sucedió. Fue el 13 de marzo de 2003, fecha en la que la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el veto a la Ley 25.715 de Protección a la Industria Azucarera y le cerró de esa manera el paso a la pretensión del Poder Ejecutivo de regular la política arancelaria en el sector.
Con ese rechazo, los legisladores insistieron en que fuera el Congreso quien tuviera la facultad de modificar los aranceles de importación de azúcar contra la pretensión del Ejecutivo de tener injerencia en ese punto.
El cuerpo rechazó por 189 votos contra dos el veto del Poder Ejecutivo a la Ley del Azúcar, con lo cual quedó ratificada la vigencia de aranceles permanentes de importación del 20 por ciento para ese producto.
El rechazo de los diputados al veto del Poder Ejecutivo del 9 de enero de 2003 se produjo luego de que lo hicieran los senadores el 6 de marzo, por lo cual quedó en firme el texto sancionado por el Congreso el 26 de noviembre del 2002.
La decisión de la Cámara baja fue celebrada ruidosamente por productores y trabajadores azucareros norteños que se encontraban en las gradas, tras haber realizado durante todo el día intensas negociaciones en favor de rechazar el veto.
Según publicó entonces parlamentario.com, trabajadores y productores habían realizado además por la tarde una manifestación frente al palacio del Congreso, con cañas de azúcar en sus manos y cartelones que proclamaban la importancia económica de esa actividad para la región.
La ley que quedó firme, y que protege generosamente a la industria azucarera frente a la importación, era de autoría de los senadores justicialistas Guillermo Jenefes (Jujuy) y de Marcelo López Arias (Salta).
La norma impide al Poder Ejecutivo modificar aranceles de importación al establecer que los actuales (20 por ciento) sólo podrán ser alterados por ley del Congreso Nacional.
Argumentó que ya existe una ley de discapacidad y dijo que lo que falta es actualizar aranceles y mejorar la administración de los recursos.
Foto: Comunicación Senado
Ya se sabía que la cordobesa Carmen Álvarez Rivero respaldaría el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lo había anticipado al votar junto a Francisco Paoltroni y los seis senadores de La Libertad Avanza en contra de habilitar el tratamiento del tema. Pero, por si hacía falta, fundamentó su postura durante el debate. De hecho, fue la única que defendió el veto con un discurso.
Arrancó con los tacos de punta: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, les preguntó a sus pares. La senadora remarcó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… Necesitamos gestión”.
Álvarez Rivero señaló que desde enero viene reclamando la actualización de los aranceles para el sector, pero que “distintos personajes e instituciones que han venido al Senado han embarrado la discusión, y no se ha actualizado ese arancel”. Enfatizó que “necesitamos justicia, transparencia y gestión, sin duda, porque se trata de distinguir entre quienes realmente necesitan esos fondos y quienes se aprovechan del sistema cometiendo abusos y fraudes”.
La senadora también apuntó contra el Gobierno kirchnerista, al que acusó de haber dejado “un escenario de caos alrededor del ANDIS; sin duda hicieron caja, el ANDIS en esa época dependía directamente de Presidencia de la Nación”.
En otro pasaje, afirmó que “no hay otra forma de ejercer la justicia que distinguir entre quienes merecen recibir estos fondos y quienes se abusan del sistema. Por eso la prioridad es transparentar y mejorar esa gestión, que —tal como se mencionó— no solo administra la ANDIS, sino también el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La lupa tiene que estar sobre los tres organismos”.
Finalmente, aclaró que no acompaña la ley votada porque “ya tenemos ley, y esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de soluciones durante todos estos meses”. Ratificó su apoyo al veto presidencial y aprovechó el momento en el recinto para pedirle al ministro de Salud, Mario Lugones, que “aumente hoy mismo, esta tarde, los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir recibiendo las prestaciones que necesitan, los profesionales puedan seguir trabajando, y las instituciones no tengan que cerrar sus puertas. Eso no requiere una nueva ley, requiere gestión política”.
Carmen Álvarez Rivero concluyó su discurso volviendo a preguntar a sus pares cómo les estaba yendo con “el plan de desestabilizar al presidente Milei”.
A instancias de la oposición, el Cuerpo rechazaría el veto a la Ley de Discapacidad, algo que no sucede desde hace más de dos décadas.
La Cámara de Senadores sesiona desde las 11.11 con un panorama nuevamente adverso para el bloque libertario, que -a priori- poco podrá hacer para defender el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. En caso de que, como todo indica, sea rechazado el veto presidencial, sucederá algo que no se da desde hace 22 años. La sesión arrancó bajo la presidencia de Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo, por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.
La Ley de Emergencia en Discapacidad ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.
Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.
Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.
Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.
NOTICIA EN DESARROLLO
La sesión se concretará este jueves y de cumplirse ese objetivo de la oposición, será la primera vez que le suceda a un Gobierno en dos décadas. Qué otros temas se incluyeron.
La Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11, en la que será la novena reunión del año, contando extraordinarias. Y tal cual viene sucediendo en este período ordinario, el oficialismo no llegará al recinto cargado de optimismo. Por el contrario, lo más probable es que el Gobierno sufra al menos una derrota inédita en las últimas dos décadas.
Hablamos del rechazo a un veto presidencial, que tendría lugar este jueves, un hecho que no sucede desde hace exactamente 22 años. Y este jueves pasaría con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.
Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.
Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.
Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.
De la reunión de Labor participaron los senadores Ezequiel Atauche, José Mayans, Martín Göerling Lara, Eduardo Vischi, Mónica Silva, Fernando Salino, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Juliana di Tullio, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Carlos Espínola, Mariana Juri, Lucila Crexell, Carlos Arce, Edith Terenzi, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo De Angeli. La sesión fue presidida por la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y participó también el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.
Según pudo saber parlamentario.com, se acordó en esta reunión que el Cuerpo vuelva a reunirse el próximo 18 de septiembre, a partir de las 11, con temas a determinar para entonces.
Los bloques de la oposición tienen decidido llevar el tema al recinto esta semana. El temario contempla, además, la reforma al Régimen Legal de los DNU. No está descartado que haya otros temas en la sesión.
Foto: Comunicación Senado
Con el objetivo de rechazar definitivamente el veto presidencial, la oposición define los detalles para elevar un pedido de sesión ordinaria para este jueves 4 de septiembre. La principal cuestión del temario es la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el 10 de julio pasado, vetada por Javier Milei y avalada nuevamente por la Cámara de Diputados para su insistencia en la Cámara alta.
Por la sensibilidad del tema, la oposición confía en que podrán superar holgadamente los dos tercios requeridos -48 legisladores en caso de que estén los 72 presentes- para su sanción definitiva. Incluso, el senador cordobés Luis Juez votará a favor de la Emergencia en Discapacidad, pese a ser parte del armado político de La Libertad Avanza en su provincia.
Tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 83, de superar los dos tercios en la insistencia del proyecto de Emergencia en Discapacidad en la Cámara alta, el proyecto se convertirá automáticamente en ley y se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación. El pasado 17 de agosto la Cámara baja aprobó el primer rechazo con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.
En caso de que la insistencia del proyecto avance, el Congreso habrá rechazado un veto presidencial después de 22 años y medio. El último antecedente fue el 12 de marzo cuando el Poder Legislativo aprobó la insistencia de la Ley 25.715 sobre Reducción de los Aranceles para la Importación del Azúcar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.
Según supo parlamentario.com, también estará dentro del temario el proyecto de modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (Ley 26.122). El proyecto cuenta con un dictamen avalado por diferentes bloques de la oposición.
La reforma propone que la herramienta presidencial abarque solamente una materia por decreto; la facultad de que ambas cámaras puedan tratarlo en receso parlamentario; la obligatoriedad de ser blindado con la aprobación de las dos cámaras; que el rechazo de una implique la derogación; y la prohibición de insistir con un DNU en el mismo período si es derogado.
Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el miércoles por la tarde se llevará a cabo una reunión de Labor Parlamentaria entre las autoridades del Cuerpo y los jefes de bancada. Así las cosas, no está descartado que el temario pueda extenderse a otros temas.
A menos de dos horas del inicio de la sesión en Diputados que terminaría revirtiendo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo salió a contrarrestar la ofensiva legislativa con un anuncio estratégico.
A menos de dos horas de iniciarse la sesión en la cual la oposición buscaría rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno anunció estar considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El funcionario sostuvo que “este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.
Agregó Adorni que “de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”.
Y cerró el vocero presidencial: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.
La medida fue anunciada con el fin de frenar el rechazo al veto presidencial, ante las perspectivas serias de que la oposición tuviera los votos para conseguirlo, como terminó sucediendo.
“No todo es una variable macroeconómica o la fila de un Excel”, enfatizó el legislador de Berazategui Fabián Luayza al criticar puntualmente el veto presidencial.
El diputado bonaerense Fabián Luayza criticó en duros términos el veto que realizó el presidente Javier Milei a las leyes sancionadas por el Congreso, que establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
“Un gobierno que le da la espalda a las necesidades de la gente”, manifestó Fabián Luayza en sus redes sociales luego de la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.
“El presidente Javier Milei firmó el veto a las leyes que proponen un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad”, señaló el legislador provincial.
Y afirmó: “El cuidado del gasto público debe ser prioridad en la gestión pública, pero entienda presidente que está gobernando un país donde habitan personas reales”.
“No todo es una variable macroeconómica o la fila de un Excel”, enfatizó el legislador de Berazategui.
Aunque su uso no es frecuente, ha sido decisivo en momentos políticos clave. Desde Alfonsín hasta Milei, un repaso por los vetos más recordados y su impacto en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El veto presidencial es una herramienta constitucional que permite al presidente de un país rechazar total o parcialmente una ley que haya sido aprobada por el Congreso.
Cuando el Congreso aprueba una ley, esta pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El presidente puede:
✔ Promulgarla: es decir, aprobarla y ponerla en vigencia.
❌ Vetarla totalmente: rechazar toda la ley.
✖ Vetarla parcialmente: rechazar solo algunos artículos.
¿Qué pasa después del veto? El Congreso puede insistir con la ley y rechazar el veto si logra una mayoría especial (por ejemplo, dos tercios de los votos en ambas cámaras, según el país). Si lo logra, la ley se promulga sin necesidad del presidente.
Veamos algunos ejemplos históricos de vetos presidenciales en nuestro país que muestran cómo distintos mandatarios han utilizado esta herramienta:
Raúl Alfonsín (1983–1989)
Vetó 49 leyes, el 7,5% de las sancionadas.
Solo una de sus leyes vetadas fue ratificada por el Congreso. Usó el veto tanto total como parcial.
Carlos Menem (1989–1999)
Fue el presidente que más vetó leyes: 195, lo que representó el 12,5% de las leyes sancionadas durante su mandato. Vetó incluso proyectos impulsados por su propio partido.
El Congreso logró rechazar 30 de sus vetos, algo poco común.
Eduardo Duhalde (2002–2003)
Aunque su mandato fue breve, vetó el 20% de las leyes sancionadas: 37 vetos (24 parciales y 13 totales).
El Congreso rechazó 3 de sus vetos.
Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015)
Vetó 20 leyes, apenas el 2% de las sancionadas en sus dos mandatos.
Uno de los vetos más recordados fue el de la ley del 82% móvil para jubilados, impulsada por la oposición. Ninguno de sus vetos fue revertido por el Congreso.
Mauricio Macri (2015–2019)
Vetó 8 leyes, incluyendo la ley antidespidos en 2016, que fue su primer veto presidencial. Pese a su minoría parlamentaria, no fueron tantos los vetos a los que apeló.
Javier Milei (2023–presente)
Anunció el veto a un aumento jubilatorio que acaba de aprobar el Senado, alegando que “destruye el programa económico del Gobierno”. También los vetos de la moratoria previsional y la emergencia previsional.
Si el Congreso logra rechazar alguno de estos vetos, sería la primera vez desde Menem que se revierte un veto presidencial.
| Presidente | Vetos totales | Vetos parciales | Derrota en insistencias |
| Raúl Alfonsín | 37 | 12 | 1 |
| Carlos Menem | 51 | 58 | 18 |
| Carlos Menem | 44 | 42 | 12 |
| Fernando de la Rúa | 26 | 20 | 5 |
| Eduardo Duhalde | 13 | 24 | - |
| Néstor Kirchner | 13 | 26 | - |
| Cristina Kirchner | 2 | 18 | - |
| Cristina Kirchner | - | - | - |
| Mauricio Macri | 5 | 3 | - |
| Alberto Fernández | 0 | 13 | - |
| Javier Milei | 6 | - | - |
El presidente de la Nación vetó la ley de declaración de emergencia a Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses afectadas por inundaciones. Esta es la tercera norma que voltea con la herramienta constitucional. Las otras dos fueron movilidad jubilatoria y el Financiamiento Universitario.
“Voy a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero y el equilibrio fiscal”, fue la advertencia que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo hacia la oposición en el Congreso ante los eventuales leyes aprobadas que impliquen un costo presupuestario al Gobierno. Y cumplió ya en tres ocasiones.
Este martes, el Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia por inundaciones en Buenos Aires, puntualmente Bahía Blanca. Lo hizo a través del decreto N° 238/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que el veto es total.
La iniciativa había sido aprobada originalmente en Diputados por unanimidad el 12 de marzo –incluido el propio oficialismo-, pero el Senado terminó aprobando otro el pasado 7 de mayo, de autoría de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, que era muy similar y también salió por unanimidad. Finalmente se convirtió en ley el 5 de junio cuando el pleno del Cuerpo de la Cámara baja ratificó el texto que venía en revisión, pero en esa ocasión los libertarios votaron en contra. El resultado de la votación fue de 153 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención.
La norma creaba un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal. El Fondo Especial se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete de Ministros. Se destinaría a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.
Movilidad jubilatoria la primera ley vetada
La declaración de emergencia a Bahía Blanca es la tercera ley a la que Milei le aplica el veto. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. El primer veto lo firmó contra la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones por considerar que comprometía la sostenibilidad fiscal del Estado.
Tras un consenso entre la oposición más dura y la dialoguista, el 4 de junio se debatió en una extensa sesión el proyecto de ley que establecía una fórmula de movilidad jubilatoria y una recomposición del 8,1% para los haberes de la clase pasiva.
La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobada por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.
Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establecía una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.
La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.
Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN. En tanto, los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2). Finalmente, las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).
Dos meses después, puntualmente el 22 de agosto de 2024 el Gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado de la Nación aprobó definitivamente la ley con 61 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, también con los dos tercios. Los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los seis senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro).
En menos de 24 horas, el presidente anunció el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Lo hizo a través de un comunicado que fue difundido a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en donde cuestionaba la iniciativa porque, según el oficialismo, tenía como único objetivo “destruir el programa económico”.
“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, argumentaron desde Casa Rosada.
Así, anticipaban que “el proyecto sancionado con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.
Esa advertencia se cumplió el 2 de septiembre cuando el presidente firmó el veto completo de la norma con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que constaba de tres artículos, el primero de los cuales observaba en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo indicaba la devolución a Congreso del proyecto. De esta manera, el Parlamento disponía de la potestad de decidir si aceptaba el veto o insistía con la iniciativa. Y así lo hizo la oposición.
El texto volvió a la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen donde debía ser aprobado con los dos tercios de los votos de los presentes y, si eso ocurría, el mismo proceso debería pasar en el Senado, pero eso no sucedió.
Con una gran movilización a las afuera del Congreso, el 11 de septiembre se convocó a una sesión en la Cámara baja que había sido solicitada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la CC. Finalmente, el oficialismo se alzó con el triunfo y logró blindar el veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria tras contar con la ayuda de sus aliados y un grupo de cinco radicales.
Con el ojo puesto en las ausencias que achicaban mayorías para un lado y para el otro, por sobre todo en aquellos legisladores que respondían a sus gobernadores, el timón giró a favor de La Libertad Avanza y la votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.
Un día antes de la sesión convocada, el Gobierno había mantenido una reunión en Casa Rosada con cinco diputados de la UCR: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier, quienes después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto (tres meses después fueron expulsados del Comité Nacional de la UCR). Solo Tournier no había estado en junio, pues todavía no era diputado. Ello, desató una fuerte interna dentro de la bancada radical. Al igual que ellos, también otros legisladores cambiaron de postura, incluso algunos de Unión por la Patria que responden a sus gobernadores.
Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.
Financiamiento Universitario, la segunda ley vetada
Previamente a que el oficialismo lograra blindar el veto a la movilidad jubilatoria, el 15 de agosto la oposición llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del financiamiento Universitario que proponía garantizar mayores fondos para las Casas de Altos estudios de carácter público durante todo el 2024.
Tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, recibió la media sanción el segundo dictamen de minoría correspondiente al bloque radical, de los cuatro que se habían presentado. La votación resultó con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.
Un mes después, precisamente el 13 de septiembre, la ley se sancionó en el Senado con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.
El 2 de octubre, Milei vetó la norma bajo el Decreto 879/2024, poco después de la Marcha Federal Universitaria. El presidente, justificó la decisión al argumentar que el financiamiento debía discutirse en el marco del Presupuesto Nacional 2025 y no mediante leyes “populistas”.
El veto fue ratificado en una sesión que se llevó a cabo en Diputados el 9 de octubre y la oposición no pudo salvar la Ley de Financiamiento Universitario. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.
En menos de un mes, el oficialismo anotaba una victoria más al lograr un tercio de legisladores que le permitieron sostener la decisión presidencial del veto, quienes fueron calificados por el presidente Javier Milei como los “85 héroes”.
A La Libertad Avanza los acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto. En tanto, el radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones, se abstuvo en esa ocasión.
El veto, un as bajo la manga de Milei
Esta herramienta Constitucional que Milei convirtió en un “as bajo su manga” está establecido en la Constitución Nacional, cuyo artículo 83 especifica: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
En concreto, esto significa que el camino que debe hacer el veto es: si una ley fue aprobada por mayoría especial en Diputados y, quizás también en el Senado, el Poder Ejecutivo puede vertarla sin importar el número con el cual fue sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.
Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto. En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo. Cabe aclarar que cuando se habla de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.
La medida apareció publicada en el Boletín Oficial. Se había aprobado en la última sesión de la Cámara de Diputados, el 4 de junio, justo al final de la misma. Los diputados de LLA votaron en contra.
El Poder Ejecutivo vetó este martes el proyecto de ley de Emergencia por Inundaciones en Buenos Aires. Lo hizo a través del decreto N° 238/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que el veto es total.
El proyecto en cuestión declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires, especialmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por las inundaciones de marzo de 2025. La ley proponía la creación de un Fondo Especial de 200 mil millones de pesos para atender los daños, así como la exención de impuestos para los afectados y un plazo de gracia de 180 días para quienes perdieron su fuente de ingreso.
El Poder Ejecutivo justificó su decisión en que “las medidas de asistencia ya han sido implementadas mediante el decreto mencionado, y que el proyecto no especifica la fuente de financiamiento necesaria, lo que contraviene la normativa vigente”.
Además, el Poder Ejecutivo destacó que “el 85,43% de los inscriptos para el Suplemento Único para la Reconstrucción Sur ya han recibido el pago correspondiente, lo que hace innecesario el auxilio financiero propuesto en la ley”. Y agrega: “El veto se justifica en la necesidad de evitar la duplicación de recursos y asegurar la viabilidad económica del Gobierno”.
Cabe recordar que el proyecto había sido aprobado originalmente en Diputados, pero el Senado terminó aprobando otro, de autoría de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, que era muy similar.
El proyecto establecía la declaración de emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días; la creación de un fondo especial de $200.000 millones para la reconstrucción; subsidios económicos para personas afectadas; obras de infraestructura.
Líneas de crédito blandas a través del Banco Nación; exenciones impositivas y una moratoria de 180 días para deudas y promoción de obras con mano de obra local.
El voto en contra en Diputados
La media sanción del Senado fue aprobada por Diputados en la madrugada del 5 de junio, cerca de las 2 y 30, por 153 votos afirmativos, 32 negativos y ninguna abstención.
Los votos en contra fueron de los diputados de La Libertad Avanza y la neuquina Nadia Márquez justificó ese voto “atento a que el decreto 238/2025 ya había asignado 200.000 millones de pesos, y se ha ejecutado el 80 por ciento de esa suma a la gente que se inscribió, por montos de 2 a 3 millones entregados directamente a cada persona”.
“Es por este motivo que inicialmente no habíamos acompañado esta iniciativa”, señaló la diputada oficialista que quiso que constara en actas el sentido del voto de su espacio.
Más allá de que formalmente ganara, Miguel Pichetto le recordó al gobierno que el miércoles solo se consolidaron como minoría. La votación la perdieron por 74 votos. El valor institucional de ese dato y la vigencia de Cristina Kirchner como la contrafigura deseada.
El presidente recibió al youtuber libertario y al delivery que lo cuando la horda izquierdista lo estaba fajando. Le regalaron una moto para reemplazar a la bici rota en la refriega.
Se lo veía contento al presidente el jueves. No era para menos: acababa de ganar una nueva batalla legislativa; esto es, en el ámbito donde su poder es más endeble. Mayor mérito.
Y eso que esta era bastante complicada. De hecho, antes del fin de semana los números los tenían en contra.
La tarde y noche del miércoles, tras la convalidación legislativa del veto, el presidente se la pasó en las redes, reposteando y likeando tuits, mas esta vez no escribió, ni para insultar, ni para felicitar a los que apoyaron. Al día siguiente celebró con el Gabinete, y esa mañana recibió a Fran Fijap, una de las estrellas del mundo mediático libertario que el día anterior había sido más protagonista que los diputados, con su performance en las calles, donde quisieron lincharlo.
Milei se hizo un tiempo para desembarcar a continuación en la casa de empanadas donde se refugió el youtuber la tarde anterior. Saludos, selfies, más pulgares en alto… Fue curioso ver ahí también a Karina Milei, Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Manuel Adorni, tentados por percibir in situ el calor popular. Eso sí, habrán hecho oídos sordos a los insultos que venían desde la vereda de enfrente.
Así, el presidente celebró con los propios. Más o menos lo que había descripto Miguel Pichetto en la sesión. El veterano legislador aprovechó para advertirle al Gobierno que si bien estaban creyéndose ganadores, en realidad perdían. Para ese momento, el poroteo daba -sin mayores precisiones- ganadora a la postura del Gobierno. Pero si bien habría un ganador festejando, el resultado sería abrumadoramente en contra del Gobierno.
De eso hablaba Pichetto, que le reprochó a la gestión libertaria que ya cerca de cumplir un año no hubieran podido consolidar “una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, la construcción razonable, la propuesta en ideas y de un camino cierto para la Argentina”. Eso es “institucionalidad”, remarcó Pichetto, que ve en cambio en el Gobierno “una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas”. Batallas que en el fondo pierden, dijo, porque lo que el jefe del bloque Encuentro Federal ve es una apuesta a “consolidar el partido del bloqueo y la minoría”.
En definitiva, puede que el Gobierno vea un éxito que reafirma el compromiso con su electorado, pero lo que les dice Pichetto es que ese desapego por lo institucional que es una marca en el orillo del primer mandatario no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores para que miren a la Argentina con cierto interés.
Como sea, el presidente siguió festejando el jueves, cuando se conoció la inflación y contrariamente a lo que todo indicaba, el Gobierno logró poner a la inflación en un número que arranca con 3. Y la comparación con Sergio Massa estaba cantada, pues esa fue la promesa que en enero del año pasado había hecho durante una entrevista con Jorge Fontevecchia: que la inflación podría estar en esas cifras para el mes de abril. Pasaron cosas… y eso lo consiguió ahora Milei.
Otro logro para el que trabajó la gestión de Alberto Fernández en general y Massa en particular fue también alcanzado el viernes pasado, cuando el directorio del FMI aprobó un recorte parcial y limitado en los sobrecargos que cobra a los países con altos nivel de endeudamiento con el organismo, como la Argentina. Con lo cual, nuestro país tendrá un ahorro de aproximadamente 3.200 millones de dólares.
Datos con los que celebró el gobierno en una semana que comenzó a tener señales positivas el domingo, con el posteo de Mauricio Macri en la red social X, donde pareció reconfigurar la postura que amagaba presentar el Pro de cara a este debate y terminó haciendo suyo el reclamo libertario sobre las auditorías, lo cual le valió una réplica particular de parte de la UBA. Las dudas persistían cuando se anunció que la “mesa de los lunes” se había suspendido, porque el bloque Pro esperaba primero tomar una decisión interna sobre qué hacer al día siguiente, en lugar de ir a la Casa de Gobierno. Sin embargo, sobre el mediodía se conoció un comunicado donde ya no quedaron dudas: más allá de las críticas a la gestión que expresaban, confirmaban su apoyo al veto.
Con el Pro no alcanzaba… pero sin ellos no se podía, así que con una base propia de casi 80 votos, el oficialismo salió a buscar los por lo menos 5 que le faltaban… o a forzar ausencias y abstenciones. Con una certeza: con los números todavía muy ajustados, el Gobierno tenía la convicción de tener ganada esa batalla, pues a la hora de la votación, si se complicaba, le alcanzaría con torcer alguno de los votos rebeldes, pero no tan firmes, y hacer faltar a algún diputado de ser necesario.
Logró reunir 85 voluntades, dos menos que un mes atrás con la movilidad jubilatoria, pero holgado por las ausencias y abstenciones que al final oficiaron como válvula de descompresión.
¿Pero de qué habla Pichetto cuando cuestiona que el Gobierno se autocelebre como “el partido de la minoría”? Que frente a ese tercio ha tenido del otro lado de la vereda a 159 diputados, y un mes antes a 153. En ninguno de los dos casos fueron dos tercios, pero en ambos se trató de mayorías notorias que debieran inquietar a un gobierno que se conforma con saber que está a salvo de un juicio político que nadie imagina pueda llegar a suceder.
Pero el oficialismo está en modo electoral. Da la pauta de ello la secretaria general de la Presidencia abocada de lleno al armado territorial, junto a Sebastián Pareja y el clan Menem. Con ese pensamiento, estos resultados “le suman” al Gobierno. Pues debe dejarle claro a la sociedad que necesita una mayoría parlamentaria que deberán conseguir en las próximas elecciones. Obvio, eso no sucederá, pero es relato.
Un estudio basado en la mejor elección que podría llegar a tener el oficialismo actual, arrasando en todos los distritos, le alcanzaría para obtener nada menos que 75 diputados. Repetimos: eso no puede suceder, pero vale como dato, pues así y todo La Libertad Avanza llegaría a tener entonces 107 diputados, a 22 del quórum.
Eso sí, ya no necesitaría mendigar ayuda para conseguir el tercio propio y podría vetar a destajo…
Fagocitado en parte por LLA y desaparecido como oposición visible Juntos por el Cambio, la principal oposición sigue siendo el peronismo, Unión por la Patria, el kirchnerismo… como se le quiera llamar. En ese contexto otro dato saliente de la semana que pasó fue la confirmación de Cristina Kirchner de aceptar presidir el PJ. Toda una curiosidad, cuando bien se sabe que los Kirchner siempre denostaron al Partido Justicialista, al que se referían despectivamente como “pejotismo”.
Pero la necesidad tiene cara de hereje, y es así que la exmandataria aparece dispuesta a hacer el “sacrificio” de aceptar presidir el PJ. Lo cual servirá para mantener bajo la férula K a la estructura partidaria, mal que les pese a quienes abogan por una renovación. ¿Por qué semejante cambio? Las explicaciones son varias, pero muchos caminos -sino todos- conducen a la situación judicial de CFK, quien ya se sabe que se desvela con esas cuestiones. Y tiene claro que en un mundo donde los expresidentes van presos o son condenados, le vendrá bien ser la presidenta del principal partido de oposición para enarbolar esa figura cuando la Cámara de Casación resuelva sobre su condena en la causa Vialidad.
Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también.https://t.co/yoh8fuOt6m pic.twitter.com/h8StzEGYIE
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 7, 2024
Dato al margen. Ya hemos dicho que en La Libertad Avanza el único que tiene permitido referirse a la situación judicial Cristina Kircher es el propio Milei. El, como Macri en su momento, la necesita competitiva y -en lo posible- candidata. No le desagradaría que la expresidenta encabezara la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso la enfrentaría la hermanísima presidencial, reeditando -imagina el Gobierno- el desafío definitivo de 2005 entre la ascendente CFK y Chiche Duhalde, en lo que se conoció como “la madre de todas las batallas”. Cristina enfrente sería factor suficiente para amalgamar a la oposición, o, sobre todo, eliminar la competitividad de terceros en discordia. La ganadora salió de esa elección tan competitiva que dos años después fue electa presidenta. ¿Y si el pingüino o pingüina funciona para el mileísmo?
A propósito de esto, el proyecto sobre “ficha limpia” fue despachado en las comisiones y está listo para llegar al recinto. Se daba por descontado que sería en la última sesión de Diputados, pero no figuró en el temario. Dicen que fue para evitar alargar la sesión con un tema que ameritaba gran debate.
Loable decisión, pero llamativa, cuando en Diputados esas cosas no parecen preocupar demasiado y estamos acostumbrados a sesiones maratónicas.
Habrá que ver si lo suman para la próxima sesión, que no tiene fecha. Pero el tema debería ser resuelto antes de fin de año, ya que se estila no tratar los temas electorales en años de elecciones. Y es un tema que necesitaría pasar luego por el Senado, donde el kirchnerismo resistirá seguramente su tratamiento. Así las cosas, hay muy pocas chances ya de que este proyecto sea aprobado en este ejercicio y se ponga en práctica en los próximos comicios.
¿Qué dice ficha limpia? Que los condenados en dos instancias serán excluidos de las listas electorales. La Cámara de Casación Federal confirmaría el próximo 13 de noviembre la condena de Cristina Fernández de Kirchner.
Además de asumir la crucial tarea de formar a los profesionales del mañana, las universidades son una pieza estratégica en el entramado científico nacional.
Una vez más, como pasó con la Ley de Movilidad Jubilatoria, Diputados avaló un veto de la crueldad. Pero lo que es peor, están arremetiendo contra un sector clave y estratégico para el futuro del país. La Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales sólo buscaba recomponer el presupuesto de las casas de estudios, y los salarios de los docentes y no docentes acorde a la evolución de la inflación de este año.
No era un proyecto ambicioso, como fue la sanción en 2006 de la Ley de Educación que fijó la inversión del 6% del PBI; aspecto que ahora quieren suspender en el presupuesto 2025; Y claramente es mucho menos audaz que el proyecto que presentó nuestro espacio político a fin del año pasado que la elevaba del 6% al 8% del PBI; del cual un 1,5% iba a estar destinado a la educación universitaria.
No pretendíamos que este gobierno incremente la inversión educativa. Pero sí, impedir que las Universidades Nacionales entren en su licuadora. Por eso es falaz el argumento del desequilibrio fiscal. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso, evaluó que su implementación sólo implicaría un costo adicional del 0,14% del PBI.
Este fue un veto completamente ideológico. Frente a quienes piensan que la educación debe ser un derecho de pocos, de quienes puedan pagarla; desde Unión por la Patria sostenemos que es la herramienta por excelencia para la movilidad social ascendente de los argentinos y argentinas; el desarrollo del país en su conjunto; y permite democratizar el derecho a la educación superior a lo largo y ancho del país.
En la provincia, la Universidad Nacional de Río Negro tiene sedes en todas las regiones (Andina, Atlántica, Valle Medio y Alto Valle); actualmente tiene 11.333 estudiantes; y 3696 egresados, de los cuales el 54% son primera generación de estudiantes universitarios.
La UNRN pone en práctica al federalismo: les permite a nuestros jóvenes estudiar cerca de sus hogares; y en sus carreras y planes de estudio se despliega conocimiento situado, con identidad regional, con el fin de responder a las demandas y necesidades de nuestra población y entramado productivo.
Por otra parte, tenemos que tener presente que las universidades, además de asumir la crucial tarea de formar a los profesionales del mañana, son una pieza estratégica en el entramado científico nacional.
Sus áreas de investigación son fundamentales para el desarrollo de las vocaciones científicas entre los jóvenes universitarios de las carreras de grado y posgrado. En ellas se articulan las actividades de investigación y desarrollo, con las demandas sociales, económicas, regionales y/o locales.
Desde las Universidades Nacionales también surgen diversos esfuerzos por orientar la investigación científica a partir de recursos financieros propios. Así, se despliegan dispositivos donde se seleccionan temáticas, a fin de concentrar los recursos humanos y económicos en áreas competitivas para la universidad.
Al convalidarse el veto, el esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad para el sostenimiento de la Universidad Pública a lo largo de los años, corre serio peligro. Prueba fehaciente de esto es que en los primeros 7 meses de 2024 se ejecutó (a valores reales) un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023. Y el panorama desolador se prolonga a 2025 al evaluar el presupuesto general para el año que viene, el cual les otorga la mitad de los fondos que reclaman los rectores.
A su vez, si analizamos la evolución del salario docente, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 23,71%, respecto a noviembre de 2023. Como síntoma de esta época la decana de la Facultad de Agronomía de la UBA reveló que en lo que va del año renunciaron 30 profesores. Y la situación se replica en las distintas casas de estudios.
Están fomentando -una vez más- la fuga de cerebros. Lamentablemente le torcieron el brazo a Diputados. Ahora es responsabilidad de la sociedad toda, impedir que arrasen con una institución símbolo y emblema de nuestro país.
Le pidió al Ejecutivo explicar el plan económico, “adónde nos llevan”. Y cuestionó “una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje”.
La intervención de Miguel Pichetto durante el debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario giró más allá del tema en debate. Fiel a su costumbre, el veterano legislador dio recomendaciones al Gobierno nacional respecto de lo que viene.
“Creen que ganan, pero en realidad pierden… Inevitablemente pierden”, arrancó, para agregar: “Como perdieron también con un sector muy importante como son los jubilados. A nueve meses de gestión, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria institucional, es la crisis también de las extremas derechas del mundo, que plantean la crisis no solo del sistema político, sino de la propia derecha”.
En cierto modo apocalíptico, Pichetto comparó al Gobierno con “un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación; una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un poco de bienestar del Estado argentino”.
“¿Qué es lo que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Ahora abrieron las exportaciones chinas… Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente”, se quejó. Y recomendó: “Expliquen el plan económico, adónde nos llevan; dígannos adónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del Presupuesto… Esperamos que el ministro venga, que tenga un gesto con esta casa”.
Pichetto dijo creer sinceramente que “se equivocan, que me parece que si analizamos además los números del costo fiscal, de lo que significaba el apoyo a las universidades, no llegaba al 0,14%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución de esta casa, prestigiosa”.
Para Pichetto, “lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje. A tratar de ganar batallas que en el fondo pierden. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Ese no es el escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a largo plazo con cierto interés”.
“La pobreza también tiene que ver con las variables institucionales; no va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional. Y si no consolidan una mayoría para poder gobernar”, advirtió, para agregar que “mirar las elecciones de medio término es un horizonte demasiado lejano”.
Le advirtió al oficialismo que “están perdiendo al electorado duro, fundamentalmente los jóvenes, y un sector importante que estaba enrolado en las filas del Pro, que son los jubilados”. Por último, llamó a “estar al lado de las universidades pública”, y finalizó: “Creo que están jugando con valores muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado, no es el conveniente para el país, ni tampoco para el Gobierno”.
En una sesión corta, el oficialismo logró blindar el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario con los números justos. Hubo opiniones divididas, incluso dentro de algunos bloques.
El oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados el respaldo del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la sesión que había solicitado parte de la oposición. La misma se inició con la presencia de 144 diputados y se extendió por cuatro horas.
En el inicio del debate, la diputada Vanina Biasi pidió rechazar el veto presidencial y respaldó la toma de universidades en todo el país. “Todos esos estudiantes que están protagonizando vigilias, toma de universidades, son conscientes de que ese veto presidencial no puede pasar porque contribuye en el hundimiento de la educación pública en la Argentina”, enfatizó.
Asimismo, llamó a que si el veto fuera rechazado, redoblar la lucha, dado que “el presidente ya se declaró en rebeldía respecto de lo que vaya a resolver este Congreso. Es un presidente que ha decidido desacatar las leyes que se votan en este Congreso”.
A continuación, el diputado del MPN Osvaldo Llancafilo pidió “bajarle el tono a la descalificación, la violencia verbal, porque de ahí a la violencia física hay un trecho corto. Abogó por el conocimiento, especialmente el conocimiento académico, cuyo 62% es aportado en la Argentina por la universidad pública, señaló. Recordó que el Presupuesto vigente fue pensado en 2023 y tiene un retraso del 70%, y le endilgó la responsabilidad de no tener presupuesto este año al presidente actual y a Sergio Massa. Sumó el tema de las auditorías; se mostró de acuerdo con ellas y aclaró que “ese control lo tiene que ejercer el Ejecutivo, lo tiene que realizar el Ministerio de Capital Humano. No es bueno supeditar esas auditorías al problema de financiamiento que tienen las universidades”.
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta, exoficialista, arrancó advirtiendo que su discurso no sería “para oídos sensibles”. Habló de un “debate sin sentido”, y se quejó de ser “tacaños” con la educación pública. Pidió atender para dónde va el financiamiento a las universidades: si a la infraestructura o los rectores. Alertó a los argentinos que con el IVA “están financiando a la universidad pública, pero también están financiando la SIDE, están financiando a los ñoquis, están financiando a los trolls, están financiando a la policía del pensamiento. En ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos, porque el dinero no está siendo bien administrado”.
“Yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado; la universidad pública no debe ser un debate, sino si está bien administrada”, concluyó.
Uno de los votos en duda hasta el final fue develado durante esta sesión con el discurso de la diputada del bloque Producción y Trabajo de San Juan Nancy Martínez Picón, que confirmó que el voto de los sanjuaninos (o en su caso las dos diputadas sanjuaninas alineadas con el gobernador Humberto Orrego) sería en el mismo sentido que el 15 de septiembre pasado, cuando apoyó la ley de financiamiento universitario.
“Creemos que la educación es esencial para el desarrollo de la Nación”, expresó y repudió “la presencia en la marcha de quienes destruyeron la educación. La presencia de Sergio Massa, de CFK, haciéndose dueños hoy de un reclamo justo de un sector que es el futuro del país, de los jóvenes”. “Sabemos que hay que hacer un ajuste y que es necesario que el presidente le dijo a cada argentino en campaña y votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, planteó.
Martínez Picón sostuvo: “No podemos haber votado hace unos días la esencialidad de la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque desde San Juan siempre va a defender la universidad por varias razones”, y cerró: “El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”.
A su turno, desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro habló de “no darle la espalda a la universidad pública” y abogó por “desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente decidió vetar de manera absoluta”. Dijo que esta discusión tiene que ver con lo presupuestario, pero “se inscribe en un contexto mucho más profundo, que tiene que ver con la defensa de la división de poderes y el respeto de lo republicano, pero también con lo que hace claramente al financiamiento universitario y la asfixia que hoy está sufriendo la educación superior. Pero también la pretensión de querer instalar un debate peligroso y poco sustancioso de qué hacer y cómo transformar a las universidades”.
Autora de uno de los proyectos del Financiamiento Universitario, la salteña de Innovación Federal Pamela Calletti planteó: “Estamos debatiendo qué modelo de país queremos. Un país basado en la timba financiera o un país con progreso basado en el conocimiento accesible a todos los argentinos”.
“La intervención del Congreso es para poner racionalidad al asunto y poder garantizar un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la educación. Es increíble que tengamos que reafirmar algo tan básico y esencial”, criticó y sumó: “Sin un presupuesto debatido y aprobado en este Congreso el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los fondos es absolutamente inconmensurable”.
Calletti resaltó que la Ley “garantiza los gastos de funcionamiento del Presupuesto 2023 actualizado por IPC por el INDEC y el salario docente y no docente es el 0,08 del PBI”, y desmintió que no hay auditorias porque “la Ley prevé la intervención de la auditoria con informes al Congreso y con control y monitoreo”.
“Cuando hablamos de universidad pública, hablamos de movilidad social ascendente intergeneracional, acceso al conocimiento y al progreso. En Argentina el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública tiene que ser una política pública irrenunciable para todos, gobierne quien gobierne. Mi voto es a favor de la ley y en contra del veto”, cerró.
Al confirmar su voto a favor, Agustín Domingo criticó la falta de diálogo en este tema y se quejó por la falta de presupuesto, que generó una “licuación” del presupuesto anterior, que benefició al Gobierno, dijo. “Las universidades, pese a que son autónomas para gastar, no tienen autonomía en sus recursos, dependen 100% del Estado nacional”, señaló, advirtiendo que el presupuesto que le asignaron la afectó fuertemente. Advirtió que si el Gobierno no está de acuerdo con cómo se manejan las universidades y se quiere generar un cambio, “el ajuste presupuestario no es la salida”. “La solución nunca puede ser atacar la autonomía universitaria licuando el presupuesto, y actualizar por debajo de la inflación, porque lo que vamos a hacer es profundizar los problemas”.
En su intervención, Miguel Ángel Pichetto dijo creer sinceramente que en el Gobierno “se equivocan, que me parece que si analizamos además los números del costo fiscal, de lo que significaba el apoyo a las universidades, no llegaba al 0,14%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución de esta casa, prestigiosa”.
Para Pichetto, “lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje. A tratar de ganar batallas que en el fondo pierden. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Ese no es el escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a largo plazo con cierto interés”.
La radical Danya Tavela apuntó contra los “dialoguistas” que apoyan el veto presidencial: “Vamos a poder ver quiénes quieren a la Argentina y quiénes la odian. Quiénes quieren que sea un país para muchos y quiénes quieren que sea para pocos”, y planteó: “Para justificar una decisión política construyeron una nueva Ley Bases de las mentiras y falacias. Los alumnos si existen, las universidades se auditan y lo hace la AGN y con la Sindicatura General de la Nación. Es una campaña de desprestigio absoluta y mentiras y búsqueda de pérdida de valor y no lo han logrado”.
Tavela le alertó al oficialismo que “se van a encontrar con un problema si van a la justicia”. La radical se dirigió a los diputados que apoyan el veto y les pidió que “no sean cómplices de los errores y de la mala fe del Gobierno. No sean cómplices de que a este Gobierno también le vaya mal y sigamos acumulando derrotas y desesperanza en el país. No sean cómplices de la destrucción en Argentina, de destruir los sueños. Están haciendo todo lo posible para que los chicos se vayan del país. No se transformen hoy en casta, son hijos de la universidad pública Votemos por el futuro y no por el pasado”.
Con un discurso duro contra el presidente de la Nación, Facundo Manes señaló que “no lo dejaremos dormir si usted no permite soñar a nuestros jóvenes”. Asimismo, defendió que el sistema universitario argentino “nos da un propósito en la vida, nos ayuda a ser alguien y a tener empatía”.
Cerca del final de su intervención, Manes se dirigió a la juventud que se movilizó a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto presidencial: “Cuando la juventud se involucró, pasaron cosas grandes”. “No tengan miedo, no están solos, desafíen lo establecido y desafíen a las generaciones anteriores”, concluyó.
El jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, apuntó contra el Gobierno y lo acusó de "estirar, patear, dilatar y agravar la crisis universitaria", al tiempo que le reprocho que "no hay una sola propuesta sobre las reformas que seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas".
Durante la sesión de Diputados, la diputada Silvana Giudici se pronunció con firmeza acerca del conflicto sobre el aumento a los docentes destacando la defensa del Pro de la educación pública y el trabajo realizado para incluir la garantía salarial para los docentes que representa un aumento de 4 mil millones de pesos y alcanza a 51 mil cargos.
Diputados de LLA durante un pasaje de la sesión.
En el tramo final, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, observó que el reclamo universitario se enmarca dentro de otras medidas relacionadas con la educación que tuvo el Gobierno. “Si Milei quiere una Argentina con un 80% de excluidos es absolutamente razonable que quiera hacer añico la educación pública”, dijo.
El santafesino enfatizó que “sí hay plata” porque “mientras al conocimiento y a la inteligencia, con mayúscula, que brinda la universidad pública le cortan los fondos, a la inteligencia con minúscula, la de los espías, la comandada por Santiago Caputo y sus seguidores, a esa han llevado el crédito inicial del año 2024 de 65 mil millones de pesos a un crédito inicial el año que viene, en la Ley de Presupuesto, de 350 mil millones de pesos”.
En su discurso, el legislador no sólo apuntó contra el oficialismo, sino también a quienes colaboraron con sostener el veto. “Tenemos que revelarnos contra la política de los aprietes del Gobierno y de algunos jefes políticos territoriales que no se dan cuenta que este tema merece otro tipo de análisis
enero a septiembre”, expresó y agregó: “Acá no estamos discutiendo ni una rotonda, ni una ruta, ni la caja de jubilaciones y nada que se pueda comparar. Estamos debatiendo el futuro de la Argentina y algunos están todavía en la chiquita”.
Blanca Osuna señaló que "la decisión de la Cámara baja que avaló el veto de la Ley de Financiamiento Universitario del presidente Milei, deja muchas pistas. Los 160 votos a favor y 84 en contra, ha dejado al descubierto un problema grave sin resolver para lo que resta del año. Pero si bien la oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios para ratificar la vigencia de la ley, lo que le quedó al oficialismo de LLA más el Pro y algunos trasnochados es consolidar una minoría que va a condicionar al Gobierno”.
La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.
Por su parte, Eduardo Valdés valoró la creación de “universidades de cercanía”, y destacó que “la universidad pública nos dió 5 premios nobeles, algo inédito en la región, Saavedra Lamas, Houssay, Leloir, Pérez Esquivel y César Milstein. Todos hijos de la UBA”.
También desde UP, Leandro Santoro consideró que los que acompañen al oficialismo cometerán “verdaderamente un desatino histórico; yo no sé si son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funcionan bien en el país. En lugar de reconocer que la inflación licuó el salario de los docentes universitarios y ayudar al Gobierno a que encuentre una solución al conflicto, por prejuicios ideológicos están profundizando las tensiones sociales”.
“La idea del déficit fiscal va hacia la eliminación del Estado, por eso (el presidente) le recorta a los jubilados, por eso está pretendiendo arancelar las universidades, por eso terminó con las obras de infraestructura, por eso avanza sobre el financiamiento de la salud. Tiene una concepción fiscalista insensible”, cuestionó.
En representación del oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert comenzó su intervención considerando que “la universidad pública no está en peligro”. En tal sentido, buscó minimizar el reclamo de la oposición y consideró que “es ridículo pensar que un gobierno, que estuvo detrás de la declaración como servicio esencial de la educación, está detrás de la destrucción de la universidad pública”.
Sin embargo, se manifestó crítico del actual sistema universitario: “Queremos mejores profesores, mejores graduados y mejores investigaciones, pero lo que no queremos es curros”. Tal como sucede en cada sesión, apuntó contra el kirchnerismo: “Destruir la educación pública es malgastar más de 3 millones de dólares”.
Y siguió: “La mayoría de los estudiantes tardan casi 10 años en terminar carreas que se podrían terminar en cinco; heredamos un sistema destruido donde solo 4 de 10 estudiantes son regulares (aprobar 2 materias o más)”. “Esto es una vergüenza ¿Dónde está la universidad pública inclusiva?”, cuestionó.
Para finalizar, Espert refirió que “la tasa de graduación de nuestro país es 40% más baja que la de Chile porque tenemos estudiantes universitarios crónicos”, señaló que “este proyecto no significa ningún cambio para la universidad”, y cerró que “las universidades deben ser auditadas por la AGN, a través de la SIGEN, donde el informe más reciente es del 2006”.
El bloque Pro se pronunció mayoritariamente en favor del veto presidencial.
La última oradora de la sesión fue la diputada libertaria Juliana Santillán, quien brevemente defendió su voto en virtud del veto presidencial y explicó que “busca la necesidad de proteger las finanzas públicas y asegurar la estabilidad de la República Argentina”. Asimismo, enumeró que este proyecto “presenta serias deficiencias fiscales, generaría incremento del gasto público en 1.5 billones de pesos y generaría tensiones fiscales insostenibles comprometiendo el equilibro fiscal”.
Por otro lado, destacó el aumento del 6,8% concedido a través del Ministerio de Capital Humano, y cerró: “No quieren perder sus cajas de financiamiento espurio, pero las universidades no han sido creadas para sostener armados políticos y usaron una causa noble, pero de objetivos oscuros”. “Las universidades deben ser auditadas y saber en qué se gasta”, concluyó.
El debate por el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario tiene un antecedente reciente registrado el 11 de septiembre, que permite imaginar lo que pasará esta vez.
No es habitual que un veto se lleve al recinto. Pasa, pero es muy poco frecuente. Sucede que ni al oficialismo que sea, ni a la oposición de turno les cae en gracia ir a una sesión a perder. Y en general los oficialismos suelen contar al menos con más de un tercio en alguna de las dos cámaras, razón por la cual no se los busca llevar al recinto para debatir la vigencia de un veto.
Pero como este es un oficialismo muy especial, porque tiene una minoría extrema en ambas cámaras, le pasa que cuando veta, la oposición trata de revertir ese veto. Y le pasa seguido, ya que por segunda vez en menos de un mes le tocará defender un veto.
La primera vez fue el 11 de septiembre pasado, por la Ley de Movilidad Jubilatoria, y ese antecedente nos sirve para ver qué puede pasar en esta sesión y cómo puede ser su desarrollo.
La sesión de hace un mes, arrancó a las 11.14 de la mañana y terminó justo a las 16. Casi cinco horas. Esa sesión arrancó con la aceptación de la renuncia del diputado radical Pedro Galimberti, y la asunción de su reemplazante, la diputada del Pro Nancy Ballejos. La primera controversia se dio en esa instancia, porque Nicolás del Caño pidió la palabra y no se la dieron. A continuación, se dio lugar a las manifestaciones y ahí sí pudo hablar del Caño, para criticar al presidente de la Cámara por no haberle dado la palabra antes de que se le aceptara la renuncia a Galimberti, sobre la cual plantó “un manto de sospecha enorme”.
A continuación, arrancó el debate del decreto 782/24, que observaba totalmente la Ley 27.756 sobre Movilidad Previsional. Al quedar habilitado el tratamiento en cuestión, la primera en hablar fue la diputada del Pro Silvana Giudici, quien hizo una moción para cerrar la lista de oradores, votar y luego hacer las alocuciones. Miguel Pichetto coincidió en tratar de acortar el tiempo de debate, pero aclaró que tratándose de un tema muy importante y con tanta trascendencia para un sector social “muy gravitante”, solicitó que se le asignara un tiempo por bloque para que cada uno pudiera expresarse. Y luego se pasara a la votación por “sí” o por “no”. Esto es, que no se cerrara la lista de oradores y, por el contrario, abrir el tema. “En un marco de tiempo razonable”, aclaró, reprochando que no hubiera habido reunión de Labor Parlamentaria donde se hubiera resuelto ese tema.
Coincidió en el reproche el jefe del bloque UP, Germán Martínez, y propuso lo mismo. Eso sí, “estableciendo un horario de votación prudente”.
Luego hablaron Juan Manuel López, Christian Castillo (quien pidió “que hable todo el mundo”) y Rodrigo de Loredo, quien como López coincidió en no cerrar el debate, tras lo cual intervino Giudici para que los jefes de bancadas se acercaran al estrado de la Presidencia para acordar y ordenar el debate.
Tras un breve cuarto intermedio, volvió a tomar la palabra Giudici, quien pidió dar lectura al acuerdo alcanzado, según el cual se acordó el tiempo que utilizarían los bloques, cada uno de los cuales repartiría internamente los minutos que le fueron asignados. Luego especificó cuáles eran los tiempos para los bloques, a saber: PO-FITU, 5 minutos; Partido Obrero-Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, 5 minutos; Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal F.C.E., 5 minutos; Producción y Trabajo, 5 minutos; Por Santa Cruz, 5 minutos; MID, 7 minutos; PTS-Frente de Izquierda Unidad, 9 minutos; Coalición Cívica, 15 minutos; Innovación Federal, 10 minutos; Encuentro Federal, 20 minutos; Unión Cívica Radical, 30 minutos; Pro, 20 minutos; La Libertad Avanza, 15 minutos; Unión por la Patria, 30 minutos.
Así, se escucharon los discursos de Vanina Biasi, que se extendió mucho más tiempo del previsto; Mónica Schlotthauer, Lourdes Arrieta; Sergio Acevedo, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Agustín Domingo, Alejandro Torres, Juan Brügge, Nicolás Massot, Pichetto, Gabriela Brouwer Koning, Martín Tetaz, Francisco Monti, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Pablo Juliano, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Natalia Sarapura, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Germán Martínez, quien usó el doble del tiempo acordado, según le reprochó Silvia Lospennato, que presidía la sesión en ese momento.
Luego hablaron Itai Hagman, Juan Marino, Emiliano Estrada, Silvia Ginocchio, Gisela Marziotta, Diego Giuliano, Leandro Santoro, Tomás Ledesma, Sergio Palazzo, Eduardo Toniolli, Martín Soria, Aldo Leiva, Carlos Cisneros, Sergio Casas, Juliana Santillán, José Luis Espert y cerró Gabriel Bornoroni. Antes del jefe del bloque LLA pidió una interrupción Mariano Campero por haberse sentido aludido.
A continuación, se procedió a votar.
Antes de cerrar la sesión, hubo cuestiones de privilegio de Alejandro Vilca, Eduardo Valdés, Fernando Iglesias, Lorena Villaverde, Mónica Schlotthauer y Lisandro Almirón, tras lo cual, justo a las 16 horas, concluyó la sesión.
Un poroteo de la votación que tendrá lugar este miércoles arroja cifras muy ajustadas, y si bien la oposición estaba alcanzando los dos tercios, al caer la tarde de este martes esa ventaja se perdía. Clima de alivio en el oficialismo.
En vísperas de la trascendental sesión que se celebrará este miércoles en la Cámara de Diputados, los números que se manejan de cara a la sesión que comenzará a partir de las 11 muestran un grado de paridad extrema entre quienes apoyan y rechazan el veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Todo quedará librado a las presencias o ausencias estratégicas y a priori el poroteo de parlamentario.com estaría llegando al siguiente resultado: 162 votando por la continuidad de la ley y 83 en favor del veto. Habría 5 abstenciones y 7 ausencias. Así las cosas, el oficialismo estaría alcanzando el objetivo de contar con un tercio suficiente para evitar que frenen el veto. Las abstenciones serían determinantes, porque para los dos tercios la oposición necesitaría 166 diputados.
Durante toda la jornada los números estuvieron muy equilibrados, pero con una ventaja de la oposición. Pero tan finita que el oficialismo estaba convencido de conseguir los votos necesarios. Y los habría conseguido con los radicales, al caer la tarde, cuando dieron vuelta el resultado.
A favor del veto estamos sumando a los 39 votos de La Libertad Avanza. Contrariamente a lo que muchos están especulando, la diputada Lilia Lemoine salió al cruce de las versiones que indican que no estaría llegando a tiempo desde Ucrania, adonde viajó la semana pasada por una misión humanitaria. Ella aseguró este martes que llegará a tiempo a la sesión.
El que no estará, como ya informamos, es Oscar Zago, presidente del bloque MID, que entonces aportaría solo 2 de sus 3 votos posibles. Zago, extitular del bloque LLA, informó a este medio que el viaje comprometido era ya impostergable, pues 4 veces lo había cambiado.
El Pro aseguró este lunes su respaldo al veto. Para frenar algunas dudas, como las de Sabrina Ajmechet, representantes de esa bancada se reunieron con el Gobierno el lunes por la noche para pedirles “un gesto”, consistente en elevar la propuesta salarial al oficialismo a un 6,8% y poner una cláusula gatillo que permita que ningún docente perciba menos de 400.000 pesos. El Gobierno accedió y Capital Humano publicó en las redes sociales esa concesión, pasadas las 22 del lunes.
Así y todo, no estarían los 38 votos del Pro. Habría por lo menos 2 en contra, que serían de Alvaro González y Héctor Baldassi, y podría haber otras dos ausencias.
La UCR aportó para avalar el anterior veto presidencial 5 votos. Ahora habría 4. Consultado por este medio el diputado Luis Picat, mostró sus reservas a avalar la Ley de Financiamiento Universitario, resumiendo el dilema a una cuestión paritaria, pero aclaró que votaría como lo hizo cuando se trató la ley, el 15 de agosto pasado. Y esa vez él, como otros de los “héroes”, estuvieron ausentes. Ahora lo damos entonces entre los ausentes probables, pero en el oficialismo dan por descontado que si los necesitan porque los números están tan ajustados, votarán a favor del veto.
En definitiva, Mariano Campero, Picat, Martín Arjol y José Federico Tournier votarían a favor. El neuquino Pablo Cervi sería el único en no votar a favor del veto: se abstendría. También se abstendría el catamarqueño Francisco Monti. El número de radicales que votarían la Ley de Financiamiento Universitario sería de 26.
Entre los 83 votos que estamos considerando a favor del veto, sumamos a los 3 tucumanos de Independencia, las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo y a la tucumana de Creo, Paula Omodeo. Sobre las sanjuaninas circuló la versión al caer la noche de que podrían no alinearse esta vez con el Gobierno, sino mantener el voto del 15 de agosto, cuando sumaron para la media sanción de esta ley. Ninguna de las dos contestó la consulta de este medio.
Entre los 167 que podrían alcanzar quienes buscarán voltear el veto estamos sumando a los 99 de Unión por la Patria, 2 del Pro, y 28 de la UCR. A los 29 que originalmente estábamos contabilizando se sumó este martes la ausencia de Fernando Carbajal, quien se encuentra de licencia, por lo que un voto seguro en contra será ausencia.
Encuentro Federal podría sumar a 14 de sus 16 miembros. Se ausentaría Ricardo López Murphy y habría que ver si alguno alineado con gobernadores termina transformando su voto a favor por ausencia. Tampoco estará en la sesión la cordobesa Alejandra Torres, debido a que está transitando problemas de salud, entre ellos Covid, según anunció este martes por la noche, a través de sus redes sociales. Era un voto a favor de la ley, que pierden los que quieren sostener la norma. También se ausentaría Jorge “Loma” Avila.
Los del bloque de Innovación Federal parecía que votaría como el 15 de septiembre apoyando la ley. Pero este miércoles trascendió que tres de los misioneros se abstendrían. Innovación Federal sumaría entonces a 5 de sus 8 miembros al apoyo a la ley.
La Coalición Cívica sentaría en sus bancas a sus 6 miembros para votar a favor de la ley, lo mismo que los 5 de la izquierda, los 2 santacruceños y los monobloquistas Osvaldo Llancafilo (MPN) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo), aunque quienes porotean esta sesión no están muy seguros de contabilizarla y no descartan que se abstenga. Entre los ausentes, tendríamos a un diputado del MID, 2 del Pro, un radical, una cordobesa de Encuentro Federal y el chubutense de esa bancada.
Con estos números tan ajustados, el oficialismo podría llegar a tener algún voto más a favor, que podría salir de algún ausente del Pro. Por eso es que el bloque La Libertad Avanza llega a esta sesión con números justísimos… pero muy confiado.
A cuatro días de haberse presentado tres pedidos por distintos bloques, la sesión especial fue oficializada este lunes. Gran expectativa respecto del resultado que vaya a tener la votación esta vez.
La Cámara baja oficializó la convocatoria a sesionar este miércoles a partir de las 11 para debatir el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario. Tres pedidos fueron realizados por distintos bloques de la oposición un día después de la gran marcha universitaria reclamando por la vigencia de la norma.
Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema. Según supo parlamentario.com, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.
Así las cosas, el primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual la nota suscripta por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, hace referencia a las solicitudes formuladas por Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Germán Martínez para "considerar el expediente 17-PE-2024, Mensaje Nro. 0057/2024 de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del Decreto 879/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757".
Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza.
Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley). Así, con que al Gobierno le falte alguno de sus “héroes”, estaría complicado. Envalentonamiento o ingenuidad para el oficialismo haber creído que ese tercio que logró el pasado 11 de septiembre se convertiría en un mágico número automático.
Dentro de los apoyos que buscará LLA están los cinco diputados de la UCR que, polémicamente, acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria. Después de eso, sumado a la causa universidades, por la cual el partido centenario levanta bandera, se encuentran aún más presionados. En la votación original dos de ellos estuvieron ausentes y los otros tres votaron a favor de la ley. Si alguno no votara esta vez junto al Gobierno y además se ausentara, colaboraría con la oposición. Dentro de la bancada radical aseguran que están “trabajando uno a uno los votos para la insistencia”.
También es mirado con atención que harán los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. A la Ley de Financiamiento Universitario la acompañaron positivamente. Los salteños están dispuestos a ratificar el voto a favor, según lo anunció la propia jefa del bloque, mientras que los demás todavía no se sabe. Aunque este lunes hubo definiciones por parte de un misionero.
En este marco, LLA tuvo este lunes una buena noticia, al anunciar el Pro que apoyará el veto. Amén de algunos díscolos, como el larretista Álvaro González y Héctor Baldassi, ausentes en la primera votación, que ya dieron indicios de que votarán en contra del veto. El porteño participó de la marcha de este miércoles, mientras que el cordobés publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Cuando salió la media sanción hubo además otros cuatro legisladores del Pro ausentes. Este miércoles podría haber más que disientan con la postura oficial del bloque.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.
El exmandatario puso la lupa en el uso de recursos por parte de las universidades. No solo de la UBA, sino también de “la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos”.
Con toda la expectativa puesta esta semana en lo que vaya a hacer el Pro en la sesión del miércoles para tratar el veto presidencial sobre Financiamiento Universitario, el expresidente Mauricio Macri se pronunció en torno al tema, y si bien no se expresó puntualmente sobre el veto, dejó señales tranquilizadoras para el Gobierno.
“En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, señaló el presidente del Pro, en sintonía con la postura del Gobierno de reclamar auditorías en las universidades.
Para Macri “acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.
“La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas”, apuntó el exmandatario, que agregó que “para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder. Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy”. Y remató: “El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades”.
En un extenso comentario en la red social X, Macri habló de un “momento bisagra de la historia argentina”, en el que “debemos aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas”.
Y cerró: “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”.
La marcha por las universidades nacionales causó menos impacto esta vez en un oficialismo que ante cada desafío acelera. Los consejos no escuchados y el maltrato a los más cercanos pueden estar cerca de tener efectos adversos.
El Gobierno vivió la segunda masiva manifestación en su contra el miércoles pasado con una sensación de alivio. Si bien lo sucedido no justificaba las caras de satisfacción de más de un funcionario, el balance que el “tridente de hierro” hacía en la intimidad del poder al caer la tarde del miércoles era medianamente satisfactorio.
El solo hecho de que la manifestación en favor de las universidades nacionales en la Plaza del Congreso hubiera sido menos nutrida que la del 23 de abril pasado -que verdaderamente los tomó por sorpresa y les causó impacto-, era un consuelo suficiente para quienes nerviosamente temían por lo que fuera a suceder esa tarde.
Los propios protagonistas de la marcha del 2 de octubre reconocían -sin pesar- que en la movilización de abril “no se podía caminar”, de tan apiñados que estaban; en cambio esta vez, podían circular sin mayor esfuerzo. Pero fue inocultable que el número de manifestantes fue esta vez igualmente elevado, y debe multiplicarse por la cantidad de gente que se movilizó en las principales ciudades del país.
Así y todo, por recomendación de los estrategas comunicacionales, el oficialismo evitó minimizar la movilización, y su cuestionamiento fue hacia las presencias en la misma. Ya de por sí habían celebrado cuando la CGT confirmó su participación; pero se regodearon cuando, mate en mano, Sergio Massa insistió en mostrarse en una marcha por la educación -ni qué decir cuando se abrazó con Guillermo Moreno-, y cantaron hurras cuando Cristina Kirchner alentó a las masas desde el balcón del Instituto Patria. El maltrago que pasó Martín Lousteau, con su reacción huidiza ante el atosigamiento libertario, y la intemperancia de un custodio; más el desasosiego de Horacio Rodríguez Larreta empapado por intolerantes que rechazaron su presencia, divirtieron a los popes del Gobierno.
Sonó curioso que mientras el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expresaba un no muy convincente repudio circunstancial hacia las agresiones a dirigentes opositores, desde Olivos el presidente no paraba de likear y replicar en sus redes los episodios con Lousteau y Larreta.
Horacio Rodríguez Larreta, agredido durante la marcha universitaria.
Tuvo eso sí el presidente la deferencia y tacto de no publicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario antes de la marcha, pero sí lo confirmó a través de un comunicado esa misma noche, y apareció en el Boletín Oficial ni bien el reloj alumbró un nuevo día. Desde la oposición amigable se fastidian con la falta de aplomo oficial en la materia y lamentan que no escuchan sus recomendaciones respecto de que un gobierno en minoría extrema debe ser muy cauteloso con esas herramientas institucionales que solo pueden sostener las administraciones más nutridas legislativamente hablando. No es que el veto y los DNU queden circunscriptos a gobiernos con mayorías parlamentarias, pero al menos necesitan dominar algo más de un tercio en alguna de las dos cámaras para blindarse en serio. Esa es la razón por la que a ningún gobierno se le rechazó nunca un veto.
Desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, los presidentes emitieron 191 vetos totales, ninguno de los cuales fue jamás revertido. Milei lleva dos, y este miércoles se enfrenta a la posibilidad cierta de que la Cámara baja reúna los dos tercios necesarios para rechazarlo. Si eso sucede, después deberá transitar el Senado, pero allí no tiene ninguna chance de revertir el eventual rechazo.
Los “dadores de gobernabilidad” que le recomendaron no emprender el camino del veto son los mismos a los que hoy el Gobierno intima a no ir contra el veto, so pena de ser expulsados del paraíso…
El Gobierno le habla especialmente al Pro, que ha dejado trascender que no está cómodo votando a favor del veto y en contra del financiamiento de las universidades. La réplica viene desde la misma fuerza, aunque ya todos en el partido amarillo la entienden fuera de la misma: Patricia Bullrich, que de ella hablamos, dijo en referencia al partido que ella presidió hasta hace 9 meses que “sería inconsistente” un voto a favor cuando ya lo votaron en contra.
Karina Milei y Patricia Bullrich con sus diputados provinciales en la Casa Rosada.
Párrafo aparte merece la ministra de Seguridad, que los últimos días ha dado pasos determinantes en su alejamiento del Pro. Esta semana sumó a sus diputados provinciales a la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, y es más, la formalización del pase se hizo con una foto en Casa Rosada. Pero más que eso enojó a Mauricio Macri la postura del bullrichismo durante el debate en la Legislatura porteña del Código Urbanístico, donde los legisladores que responden a la ministra se diferenciaron del oficialismo porteño denunciando un pacto con el kirchnerismo. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno”, reprochó públicamente Macri, a través de las redes sociales. Dejando claro que la ruptura es total, Bullrich replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote (…) Yo no miento, solo revelo lo que pasó”.
Con vistas a la votación clave del miércoles, hubo un encuentro “secreto” -que igual trascendió- entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, en el que el asesor todoterreno intentó acercar posiciones de cara a la sesión sobre el veto. Parece que sin demasiado éxito, aunque no está resuelto aún cómo votarán los diputados del Pro. El exmandatario está haciendo control de daños y por eso la reunión de la semana con los senadores de su bancada. Uno de ellos, muy cercano a las posiciones del Gobierno nacional, pero que no tuvo empacho en mostrar su genuino enojo hace dos semanas cuando el bloque libertario se abstuvo a la hora de votar la emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios, ya adelantó que si el veto se discute en el Senado él votará en contra. Hablamos de Luis Juez, presidente del bloque, pese a no ser del partido.
El expresidente reunió a sus senadores en Acasusso.
Como compensación, el veto tendrá el respaldo de su comprovinciana del Pro Carmen Alvarez Rivero, muy alineada con las posturas de ajuste estricto del Gobierno nacional.
Pero para que el tema llegue al Senado, primero la oposición debe conseguir los 2/3 este miércoles, y la postura del Pro será clave. El tema será discutido en una reunión este martes. Previamente en Casa Rosada, durante la reunión de la “mesa de los lunes”, el Gobierno oteará el semblante de los representantes del Pro. También forman parte de esa mesa los diputados del MID, tres votos seguros para el oficialismo, aunque esta vez serán dos, pues su presidente, Oscar Zago, estará de viaje. “Tengo un viaje programado hace cuatro años, que ya lo cambié tres veces”, confió a este medio este diputado que hace algunos meses se fue en malos términos de la presidencia del bloque oficialista.
Para ese día, cada voto vale oro y por eso más de uno se inquietó cuando vio este viernes que Lilia Lemoine estaba en Ucrania. Muy cercana a Javier Milei, la blonda legisladora aclaró que el viaje -costeado por dos ONG- había sido informado a las autoridades de la Cámara, pero emprenderá la vuelta anticipadamente para estar sin falta el miércoles en la sesión.
El bloque Pro se reunirá un día antes para resolver si en definitiva dan libertad de acción. Por lo menos cuatro diputados no estarían dispuestos a apoyar el veto. Podrían ser suficientes; pero si la postura fuera más amplia, precipitaría el inexorable rechazo del veto. En la semana, luego de firmar el veto, Milei publicó en sus redes sociales una imagen donde puso de un lado a La Libertad Avanza y del otro al justicialismo, la UCR, la izquierda y el kirchnerismo. En el medio, trazó una grieta. Ahí falta el Pro, y la imagen sonó para algunos a advertencia. Para otros, partidarios de tomar distancia de una vez por todas, fue una señal de ninguneo.
La pregunta que muchos se hacen es si esa decisión será tomada finalmente por Mauricio Macri, quien ya ha tomado conocimiento de que en el interior del oficialismo se confiesa sin rodeos que “el enemigo es Macri”. No el kirchnerismo, mucho menos Cristina Kirchner.
Una señal confirmatoria la tuvo en ese sentido un diputado de La Libertad Avanza que durante la sesión del martes pasado tuvo un pasaje muy duro para el kirchnerismo en general -lo cual es común en los discursos libertarios-, pero terminó nombrando lapidariamente a la expresidenta. Y lo reprendieron por eso.
El único que puede mencionar a Cristina Kirchner en LLA es Javier Milei.
Alertan ante la advertencia oficial de no acatar un freno al veto presidencial a la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.
El Gobierno del presidente Javier Milei se está pasando de la raya. Enamorado de su fanático “ajuste brutal” y alentado por la irresponsabilidad de Santiago Caputo, el líder libertario elige transitar por los senderos de la abierta ilegalidad.
La amenaza de no acatar las decisiones del Congreso, provoca una fisura en la institucionalidad republicana y cuestiona la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
Desde el Poder Ejecutivo juran que no cumplirán con la Ley de Financiamiento Universitario ante un eventual rechazo al veto por parte del Congreso.
Hacen trascender a los medios que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que ninguno de los gastos que la administración nacional ejecuta en 2024, estuvo efectivamente previsto en el Presupuesto General, ya que el Poder Ejecutivo decidió no formular un presupuesto para el presente ejercicio anual, sino prorrogar el de 2023 para este año.
Es por esa misma razón que la administración nacional permanentemente actualiza, amplía y reasigna partidas a través de decretos, resoluciones y decisiones administrativas durante 2024.
En este contexto, es indudable que le corresponde al Poder Ejecutivo asignar los fondos para adecuarse a las nuevas exigencias del Financiamiento Universitario.
La misma Ley 24.156 de Administración Financiera establece, en su artículo 27, inciso c) que, en caso de estar en vigencia el Presupuesto del año anterior, es el Poder Ejecutivo quien “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.
No acatar un eventual rechazo al veto presidencial por parte del Congreso, significaría romper la legalidad y violar la institucionalidad vigente.
La sociedad argentina no lo merece.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
Javier Milei sigue postergando esa decisión y los tiempos se van acortando. ¿Cuándo vence el plazo para vetar esta ley aprobada hace dos semanas?
Si bien nunca expresó concretamente que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, todos dan por descontado desde su aprobación que Javier Milei tomará esa decisión respecto de esa norma. Diversas figuras del Gobierno también dieron señales en ese sentido. Sin embargo, el presidente todavía no estampó la firma correspondiente. Pasan los días y crecen las expectativas sobre el tema.
Recordemos que el veto es una facultad habilitada por la Constitución Nacional en el artículo 83°. Es una prerrogativa que el presidente de la Nación puede ejercer para casi todo tipo de leyes. Pero tiene un plazo para vetar: 10 días. Si eso no ocurre en ese tiempo, la ley queda automáticamente promulgada.
Ahora bien, ¿cuándo vence ese plazo? Porque recordemos que el proyecto de Financiamiento Universitario fue convertido en ley en el Senado el pasado 13 de septiembre, por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Si tomamos esa fecha como punto de partida para su veto o promulgación, el plazo vencería este jueves 26 de septiembre. Así que teniendo en cuenta que el presidente Milei está en Estados Unidos y recién emprende la vuelta el miércoles, se acotarían mucho los tiempos.
Pero tiene más, pues el plazo comienza a correr a partir de que la ley se comunica, y eso sucedió el jueves 19. Así las cosas, la fecha límite es el 3 de octubre próximo.
Hasta entonces el presidente Milei tiene tiempo de seguir analizando qué es lo que hará. Recordemos que para el 2 de octubre está prevista una nueva marcha universitaria, que se prevé masiva, como contundente fue la del pasado 23 de abril. El presidente podría aguardar a que la misma se concrete y recién después vetar la ley, pero sonaría muy desafiante que el decreto se conociera al día siguiente, como respuesta.
Así como para el caso de la Movilidad Jubilatoria se le recomendó al presidente no ir al veto total, sino hacer uno parcial, que podría atemperar los ánimos y evitar un contraataque en los recintos, para este caso le han sugerido lo mismo, y abrir negociaciones con algunos rectores. Pero algunas fuentes consultadas sostienen que el presidente ha dicho que no tiene otra opción que aplicar un veto total, pues lo contrario sería una muestra de debilidad que no está dispuesto a dar. Con la decisión tomada, en ese caso, habrá que aguardar una definición para cuando el presidente haya regresado de Nueva York.
Se esperaba una semana negra para el Gobierno en el Congreso, que el resultado en Diputados revirtió en gran parte. Amargura por un jueves para el olvido (para LLA) en el Senado, que no fue más que una consecuencia de lo inevitable.
Tal cual le pedían, Javier Milei le puso el cuerpo a las negociaciones. Aunque lo fastidia hacer política, participó de encuentros sucesivos con diputados y senadores, y los resultados fueron bastante aceptables. Estuvo cerca de coronar una semana casi perfecta, pero… pasaron cosas, y el Gobierno terminó con un sabor agridulce. Pudo ser peor.
Habíamos dicho que la administración mileísta se encaminaba a vivir otra semana negra en el Congreso; entre miércoles y jueves podría acumular tres derrotas contundentes, sino cuatro. La cuarta -improbable pero posible- era la aprobación de la Boleta Única de Papel, que podía fracasar por desaveniencias en el seno de una mayoría que la vicepresidenta forjó en diciembre pasado, pero se le desordenó en el verano.
Los otros tres temas eran los que concentraban toda la atención del oficialismo, que arrancó la semana reuniendo a los aliados más cercanos de la Cámara baja en la Casa Rosada. Esta vez sin el presidente, pero con la presencia de El Jefe, Karina Milei, ocupando el rol de Guillermo Francos, que el domingo debió ser internado por una indisposición que todos vincularon a la malasangre que se hizo por la desautorización pública que no pudo digerir con el tema del decreto sobre Acceso a la Información.
Al día siguiente Milei sí estuvo en el encuentro sorpresa que encabezó con cinco miembros del bloque radical de Diputados. Una reunión en Casa Rosada donde tampoco estuvo Francos -aún recuperándose-, pero sí Karina y Patricia Bullrich, lo que dio lugar a muchas interpretaciones sobre un rol distinto de la ministra de Seguridad en esta gestión. En rigor, ella fue clave para concertar esa reunión con radicales que le son cercanos desde la interna salvaje que ella protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta. Al lado de Bullrich se sentó en la Casa Rosada su excompañero de fórmula, el hoy también ministro Luis Petri. La excandidata presidencial de JxC debió salir a aclarar luego que no estaba buscando el puesto de Guillermo Francos, pero terminó la semana con raspaduras como consecuencia de los excesos en la represión del miércoles en Congreso.
Ese encuentro resultó clave para el éxito oficialista en la sesión del miércoles en Diputados. Sobre todo porque allí estuvieron los cinco miembros del bloque UCR que votaron a favor del veto presidencial. Y cinco fueron los votos que tuvieron por arriba del tercio de los presentes, que según la asistencia a la hora de la votación se alcanzaba con 82 diputados: 87 fueron los votos que le aseguraron el éxito a La Libertad Avanza el miércoles. Son los “87 héroes” que Milei ahora quiere invitar a comer un asado para celebrar lo que algunos ya presentan como la alianza táctica “anti 2/3”; y algún exagerado considera el resguardo contra un juicio político.
Esa reunión resultó ser la contracara de una realidad que venía viéndose en los últimos tiempos en un oficialismo que en lugar de sumar estaba siendo expulsivo. Signado por insólitas y salvajes internas, los ya de por sí hiper reducidos bloques oficialistas de ambas cámaras se habían achicado más por expulsiones inéditas en los oficialismos, que suelen ser expansivos. En cambio la imagen del martes, con radicales sonrientes sacándose selfies con los libertarios, demostró ser una versión corregida de un gobierno que sigue siendo favorecido por las encuestas. La cual continuó exhibiéndose el viernes, con la incorporación formal a La Libertad Avanza del bloque de dos compuesto por Carolina Píparo y su cuñada, lo cual le permite al oficialismo recuperar la condición de segunda minoría de la Cámara perdida precisamente esta semana a manos del Pro, cuando el bloque de Cristian Ritondo sumó una diputada entrerriana en reemplazo de un radical que renunció para asumir un cargo en un ente binacional. Esa foto no lo tuvo al presidente, pero sí a su hermana, clave en este acuerdo, y al presidente de la Cámara Martín Menem.
Carolina Píparo y Lorena Macyszyn firmando su ingreso a La Libertad Avanza.
Hizo política el oficialismo estos días y eso se tradujo en un contundente triunfo el miércoles en Diputados, a pesar de que formalmente el resultado fue derrota en una votación en la que la oposición necesitaba dos tercios para rechazar el veto presidencial a la Movilidad Jubilatoria. Una ley que trabajosamente había conseguido la oposición con sendos triunfos por 2/3 en las dos cámaras, pero que ahora quedó en la nada.
Ese mismo miércoles, por la mañana, hubo otra foto en la Rosada, de nuevo con Milei en la cabecera, el regreso de Guillermo Francos y la novedad de Victoria Villarruel al lado del presidente (y en consecuencia sin Karina Milei, fuertemente distanciada de la vicepresidente). Sentados todos frente a ocho senadores de la oposición dialoguista, con quienes se intentó así revertir las dos derrotas que se anticipaban para el jueves.
Los senadores recibidos también en la Casa Rosada, con Milei en la punta de la mesa.
Hubo sonrisas en ese encuentro y al cabo de otra jornada marcada por las negociaciones en el Senado, el Gobierno creyó haber coronado un acuerdo que disipaba la posibilidad de la derrota que más los inquietaba por lo simbólico: por el DNU de los fondos reservados para la SIDE. Las partes creyeron tener garantizada la postergación de ese debate con la oferta de una sesión secreta a la que asistirían el titular de la SIDE, Sergio Neifert, y los ministros Bullrich y Petri. Allí les explicarían para qué necesitaban los cien mil millones de pesos pedidos a través del DNU, pero no repararon en que el reglamento de la Cámara establece la necesidad de contar con la aprobación de una mayoría de 2/3: artículo 18, inciso a) del reglamento del Senado que se ve que no leyeron... Obviamente el bloque Unión por la Patria no les concedió tener esa sesión, e inesperadamente el radicalismo se sumó para restituir el debate del decreto en el temario del jueves.
“Nos negamos a tener una sesión secreta acá, porque es una maniobra de dilación. Hay algunas cosas de las que nos damos cuenta; no somos tan despistados”, advirtió en su tono histriónico y punzante el senador José Mayans ya en la madrugada del viernes, a poco de una votación que arrojó una contundente derrota oficialista por 2/3, con todo lo simbólico que la misma tuvo: por primera vez en la historia, un gobierno vio rechazar un decreto de necesidad y urgencia.
El resultado, registrado a las 2.19 de la madrugada del viernes, marcó el cierre de una sesión que terminó con dos derrotas para el oficialismo y una victoria, la de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados. El otro traspié fue con la Ley de Financiamiento Universitario, que el viernes el presidente confirmó que vetará.
El rechazo al decreto de necesidad y urgencia graficado nombre por nombre. (Foto: Comunicación Senado)
Si a priori al Gobierno le hubieran propuesto ese resultado de dos traspiés -con Financiamiento y el DNU- y una victoria (pírrica, pero victoria al fin) con el veto presidencial, sin dudas hubiera firmado al pie. Pero sucede que el miércoles por la noche se engolosinaron y creyeron ver un escenario exitoso, pues la postergación del debate del decreto lo hubiera sido. La realidad es que el éxito obtenido al confirmar el veto presidencial con una ley del tenor de la previsional, debería ser valorada por el alcance simbólico. Con solo 37 diputados propios, lograron neutralizar los 2/3 sobre una ley de semejante peso.
Y de cara al debate por el veto inminente para el aumento para las universidades nacionales, fuentes radicales admitían el viernes que les sería aún más difícil frenar el veto, a pesar de tratarse de un tema tan caro para los miembros del radicalismo. “Si el Gobierno reúne a sus 87 héroes (ni siquiera a todos ellos) ya bloquea”, admitió con pesar una fuente del partido centenario consultada.
Sin pausa, el presidente coronará esta semana de protagonismo legislativo yendo personalmente a “la cueva de la casta”, para escenificar una inédita presentación del Presupuesto 2025. Será el primero de su gestión, luego de que el año anterior pactara con Sergio Massa liberarse del corset que esos textos imponen, que fue lo que en definitiva resultó de ese acuerdo entre ambos para que el Gobierno saliente demorara el debate sobre el tema.
Con presencia legislativa menguada y en consecuencia un escenario a priori favorable -solo concurrirán al recinto de la Cámara baja los legisladores menos confrontativos-, se espera el mensaje de un Milei más adentrado en su rol de economista, enfocado en su papel de ajustador en aras del déficit cero. Como el 1° de marzo, no se espera que hable de “ratas”, ni lance mayores exabruptos, pero no será contemplativo con quienes deberán resolver sobre el Presupuesto. Al cabo, no utilizará el prime time para desairar a su audiencia más fiel. Atento a los tiempos que corren, ya no estará pendiente de votos que deba reunir, sino de los puntos de rating que tendrá. Con la ayuda de una cadena nacional como reaseguro de audiencia.
A través de varios reposteos en X, el jefe de Estado reiteró la medida. Sería el segundo veto de la gestión libertaria.
El presidente Javier Milei informó a través de X que vetará la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en la madrugada de este viernes por el Senado. La posibilidad estaba latente tras lo ocurrido con la Ley de Movilidad Jubilatoria y fue confirmada en un reposteo en el perfil del libertario.
Durante este viernes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, le había respondido a varios usuarios que la última palabra la tiene el presidente de la Nación. Minutos más tarde, el jefe de Estado contestó la publicación confirmando que habrá “veto total”.
VETO TOTAL
— Javier Milei (@JMilei) September 13, 2024
Tras el anuncio de Milei, su perfil en X se llenó de publicaciones reposteando a cuentas trolls que reaccionaban a la noticia del veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Por la mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había mencionado que la posibilidad “estaba siendo analizada”.
Será la segunda vez que el presidente utilice la facultad legislativa establecida en la Constitución Nacional. De esta manera, una vez que sea oficializado en el Boletín Oficial, ambas cámaras podrán insistir con el proyecto, pero deberá alcanzar los dos tercios de los presentes en cada recinto para insistir con el proyecto.
Esta iniciativa fue impulsada por la oposición en la Cámara baja que tras varios intentos fallidos, de sesión y emplazamientos, finalmente la madrugada del 15 agosto le dio media sanción por por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. En el Senado, obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, superando los dos tercios que debería repetir en caso de que el veto se haga y el Congreso insista.
Por su parte, el 23 de abril la comunidad educativa llevó a cabo la marcha federal universitaria desde la Plaza de los Dos Congresos hacia la Plaza de Mayo con más de un millón de personas. Ante este nuevo escenario, varias organizaciones se pronunciaron respecto a repetir e, incluso, duplicar la masividad de una nueva movilización en contra del veto de la Ley de Financiamiento Universitario.
Un millón de personas marcharon desde el Congreso a Casa de Gobierno el 23 de abril.
Por el contrario, calificó a los que pidieron mantener la ley aprobada como “grupo de irresponsables” y agregó una advertencia: “Si es necesario, les vamos a vetar todo”.
Previsiblemente, el presidente Javier Milei celebró este miércoles que en Diputados lograran frenar la intentona opositora de voltear el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Lo hizo a través de la Oficina del Presidente, que destacó “la labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas”.
En el comunicado se enfatizó que el veto presidencial tenía como objetivo “evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato”.
“Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación; cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para futuras generaciones”, agrega el comunicado de la Oficina del Presidente.
Allí se remarca que “la inflación es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados”. Y agrega: “En otras palabras, esta medida populista significaba pan para hoy y hambre para mañana”.
El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina concluye diciendo que “este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”.
Luego de la conversión de un grupo de diputados respecto a junio pasado, La Libertad Avanza, sus aliados y algunos radicales bloquearon los dos tercios que se necesitaban para rechazar la decisión de Milei. Un rápido debate, con movilización en las afueras.
Foto: HCDN
Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción, permitió que La Libertad Avanza bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.
Sin mayores problemas para conseguir el quórum, tal cual se preveía, la reunión arrancó a las 11.15 con la presencia de todos los espacios. Luego de la jura Nancy Ballejos, la habilitación del tratamiento del veto se votó a mano alzada, sin inconvenientes, pues fue avalado tanto por la oposición como por el oficialismo. Al no haberse convocado a reunión de Labor Parlamentaria, algo que algunos reclamaron a Martín Menem, titular del Cuerpo, se pasó a un breve cuarto intermedio para que los jefes de bloques acordaran la lista de oradores y el debate comenzó 11.53.
La sesión había sido solicitada la semana pasada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Si bien varios opositores sabían que alcanzar el número de los dos tercios de los presentes para la insistencia de la ley era complicado, consideraron que había que convocar a discutir el tema antes de que se enfriara y se perdiera entre otras cuestiones. O antes de que el Poder Ejecutivo lograra persuadir a más legisladores.
Así las cosas, los impulsores de la ley siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, pero venían con el envión ganador y se sentían optimistas. La Libertad Avanza sumaba, además, derrotas parlamentarias en las últimas semanas.
En la previa la mirada estaba puesta en la clave que serían las ausencias -que achicarían las mayorías necesarias para un lado y para el otro- y también en las posturas que tomarían los diputados que responden a sus gobernadores, tanto radicales como los de, por ejemplo, Innovación Federal (que, efectivamente, pasaron del voto a favor a la abstención). Pero llegando a la sesión, el panorama cambió y el oficialismo comenzó a asegurarse apoyos para sostener el veto.
La situación terminó de inclinarse a favor del Gobierno con la reunión de este martes en la Casa Rosada entre el presidente Milei y cinco diputados de la UCR, que después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto. Solo uno de ellos no había estado en junio, pues todavía no era diputado.
Tras la foto, que reavivó una fuerte interna dentro de la bancada radical, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó. El cambio de posición de un grupo de legisladores fue parte de varios discursos durante la sesión.
La ley vetada
La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno.
El debate
En su debut fuera del bloque de La Libertad Avanza, la mendocina Lourdes Arrieta expresó que "los jubilados no pueden ser considerados pasivos fiscales", y arremetió contra el oficialismo al recordar que cuando militó para dicho espacio "fue bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, pero no para los jubilados”.
El santacruceño Sergio Acevedo adelantó su voto a favor de la ley y de rechazo al veto, al asegurar que las razones fiscales “no son ciertas, hay una especulación absolutamente absurda” y habló de la necesidad de “romper con la creciente desigualdad que se cierne en el pueblo argentino”. “El presidente debería ahorrarse los adjetivos y ser responsable”, enfatizó.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño denunció que “estamos asistiendo a un nuevo escándalo como vivimos con la Ley Bases, donde aparecieron en el Senado con las valijas repartiendo cargos” y opinó que existe “un manto de sospechas de corruptela de todo tipo” en torno a los apoyos al veto.
“Con estas prácticas del toma y daca de la casta, este Gobierno está actuando en contra de las mayorías trabajadoras y en particular de los jubilados”, continuó y afirmó que para “los más ricos sí hay plata”. “Milei lo que hace es beneficiar a sus amigos, como el millonario (Marcos) Galperín; un presidente que dijo que venía contra la casta y es la mayor estafa electoral”, sumó.
Por la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro realizó un enfático discurso contra sus pares que cambiaron el voto respecto a junio pasado y criticó el “transfuguismo político”. “Hoy creo que darse vuelta es claramente darle la espalda a los jubilados. No le encuentro una sola razón objetiva, política, material, ni cambio en la realidad de los jubilados en Argentina que justifique que algunos diputados voten contrario al mandato de Juntos por el Cambio, voten contrario a lo que votaron el pasado 5 de junio en este recinto”, señaló.
Al anticipar la abstención del bloque de Innovación Federal, Agustín Domingo dijo que “no es cierto que la fórmula para los jubilados sea inviable fiscalmente, o como dijo el presidente, que sea obra de degenerados fiscales”. Sin embargo, el rionegrino adelantó que junto a sus compañeros no iban a “votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar”.
El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot planteó que “no debiera ser una obligación esta idea de que 'no hay plata'” de cara a la visita del presidente para presentar el Presupuesto. “Hay plata, y hay bastante. De nosotros depende y autorizamos cómo se aplica eso y es lo que estamos haciendo hoy acá”, manifestó.
El bonaerense recordó que el Gobierno proponía un recorte a jubilaciones y pensiones del 0,4% y luego, con la Ley Bases, querían derogar la fórmula jubilatoria, medida que fue rechazada por el Parlamento. También criticó el DNU que “le puso un punto y medio de ajuste a los jubilados casi el cuádruple”.
“La fórmula anterior era mala y había perjudicado a los jubilados, Unión por la Patria entendió eso. Hubo la oportunidad acá de votar casi por unanimidad una fórmula de movilidad, pero el Gobierno optó por el conflicto, no por la política del acuerdo”, cuestionó y defendió que con la ley se propone devolverle el 0,3% que “el Gobierno les manoteó a los jubilados”. “Si a este Gobierno le va bien en la baja de la inflación, vamos a estar condenando a los jubilados a que ganen una miseria para siempre, porque están en el momento mínimo de su incidencia sobre el producto. Nunca ganaron menos los jubilados en términos reales y, si la inflación realmente baja y no vuelve a subir, van a ganar una miseria para siempre. Es muy relevante que haya un componente salarial para que los jubilados participen del crecimiento futuro”, advirtió.
En su intervención durante el debate, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, reprochó al Gobierno no haber tenido en cuenta los antecedentes de la historia reciente y alertó sobre las consecuencias fiscales que tendrá el rechazo a esta ley en materia de litigios judiciales.
“Vamos a insistir; queremos ser coherentes con lo que hemos votado en la sesión” del 5 de junio, confirmó y rechazó de manera tajante que se los considere degenerados fiscales y, por el contrario, aclaró que “hemos actuado con mucha materia en la materia”. En el final, le advirtió al Gobierno que “este universo previsional argentino hay que tenerlo en cuenta y el tema en la sociedad tiene un impacto. Este es un mensaje que le hago llegar al Gobierno. Empezar a comprender algunos temas que no es solo el ajuste fiscal donde hay que inmolarse, sino también la previsibilidad económica y la previsibilidad fiscal”.
Aunque no participó de la reunión con el presidente Milei en Casa Rosada se preveía que la santacruceña radical Roxana Reyes cambiaría su voto. Y efectivamente así lo confirmó en el recinto, al adelantar su abstención. Para justificar el cambio, cargó contra el kirchnerismo. “Estamos todos de acuerdo que quienes nos pusieron en este brete, quienes nos trajeron acá, el kirchnerismo, que primero lo hizo en mi provincia durante 30 años, y luego lo hizo en la Nación, dejó en esta situación al sistema previsional; metiendo por la ventana, con su conocido populismo, a jubilados que nunca habían aportado, ahí le fueron a meter la mano a los jubilados”, manifestó.
En su discurso cuestionó que, a través de la ley, “a un Gobierno nuevo le mandan a pagar en seis meses todos los juicios que ustedes no pagaron”. “El Gobierno tendría que haber hecho un veto parcial”, consideró, pero lanzó: “También es cierto que van a tener que ir a terapia muchachos. Ganó Javier Milei, no ganamos nosotros, entonces el que gobierna y el que fija el plan económico es Javier Milei”.
De la otra vereda dentro del bloque de la UCR, el bonaerense Pablo Juliano aseveró: “Yo no voy a cambiar mi voto, yo voy a votar igual que la vez pasada, porque fue mi bloque el que construyó esta alternativa que se convirtió en ley”. “Los que se llenan la boca hablando de la base de sustentación tienen una urna en la cabeza”, se quejó y desafió que “los que se sacan fotos muevan sus bancas, tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro”.
A su turno, el jefe de bloque del Pro, Cristian Ritondo, ratificó la postura de su bancada y cargó contra los integrantes de la Unión Cívica Radical: “Háganse cargo de haber votado con el kirchnerismo”. Por otro lado, argumentó que el proyecto vetado propone un déficit fiscal de “6.000 millones para este año y de 15.000 millones para el que viene”. En tal sentido, defendió el ajuste del Gobierno nacional y sumó que este texto atenta contra “el esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos”.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de la necesidad de que los jubilados tengan una mejora en sus haberes a la hora de pensar en sus ingresos y realizó un repaso de todo lo actuado en el transcurso de estos meses con este tema. “El diablo disfrazado de fuerzas del cielo metió la cola, y se empezó a llevar diputados de todos los bloques. Y la alcanzó con una mayoría mínima”, enfatizó el santafesino y dijo que el Gobierno alcanza ese logro “colgado del travesaño".
También de Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman apuntó contra el presidente Milei y sostuvo: “Vengo a desmentir que acá estemos poniendo en peligro el equilibrio fiscal porque fue el propio Gobierno nacional quien presentó el 12 de diciembre que el ajuste previsional iba a tener un 0,4% del PBI y lo triplicó”.
Asimismo, se dirigió a la bancada oficialista y aseveró que “van a evitar la derrota legislativa, pero no van a poder evitar la derrota política”. “Milei miente al decir que esto afecta el 1,2% del PBI porque, en perspectiva, la política de Milei es el congelamiento y la estamos congelando a los niveles más bajos de la historia”, indicó el porteño.
Sobre el cierre de su intervención, expresó que “solo estos seis meses, la jubilación estuvo por debajo de la canasta básica” y que “no siempre fueron miseria, pero desde 2017 vienen a la baja y Milei no revirtió el declive”. “Los que voten en contra de la insistencia, votan el congelamiento”, cerró.
Referente liberal dentro del oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert también lanzó críticas contra la bancada de Unión por la Patria y sumó que “estamos reunidos y no puedo creer que el kirchnerismo le siga mintiendo a la gente como le miente usando a los jubilados para desestabilizar un programa de gobierno, pero no lo van a lograr”.
Asimismo, pidió hacer memoria y apuntó contra CFK: “Tuvimos como presidenta a una multiprocesada por chorra que además firmó un memorándum con Irán para ocultar la responsabilidad de los más 100 muertos en los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia”.
Se cruzó con Leopoldo Moreau, a quien le dijo “quédate quieto que te va a dar un bobazo”. Para terminar, recordó la gestión de Alberto Fernández y el exministro de Economía, Martín Guzmán: “Pedí reclusión perpetua para ellos porque son asesinos y delincuentes”.
“Ustedes le robaron a los que estaban aportando en las AFJP, son chorros, y la fórmula de ustedes produjo una caída del 30%, pero la fórmula de Milei propone mejoras del 10”, explicó Espert, quien aseveró: “Ustedes jubilaron a 4 millones de personas sin aportar”.
Para el cierre de las exposiciones antes de la votación, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, reiteró que la oposición “utiliza a los jubilados como ‘carne de cañon’”. También, mencionó los vetos presidenciales de los últimos 41 años y remarcó que “Milei está cumpliendo el rumbo de campaña”.
En el cierre, manifestó que la oposición “utiliza a los jubilados al decirle que le damos más, pero le sacamos con la inflación”, y los llamó “caraduras porque tenían a los jubilados cagados de hambre”.
Por último, explicó que “se necesitan 4 trabajadores por jubilado y hoy tenemos 1,8” e invitó a debatir una reforma laboral. Remarcó que será vetado cualquier proyecto que ponga en peligro el equilibrio fiscal y concluyó al grito de “viva la libertad carajo”.
Así definió el jefe del bloque UP el cambio de voto de numerosos diputados de la oposición frente al veto presidencial a la movilidad jubilatoria.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de la necesidad de que los jubilados tengan una mejora en sus haberes a la hora de pensar en sus ingresos y realizó un repaso de todo lo actuado por su bancada en el transcurso de estos meses con este tema.
“Diputados acá presentes convocaron el 13 de marzo a una sesión especial para emplazar y empezar a trabajar esto. No lo habíamos convocado nosotros, pero fuimos al recinto igual. Por poco no tuvimos quórum”, recordó, destacando que siempre acompañaron las medidas desarrolladas estos meses.
“Constituyeron la Comisión de Previsión Social, intentamos hacer un acuerdo político; no pudimos, estuvimos cerca y lo seguimos intentando”, señaló. Agregó que “eso fue a mitad de abril; en mayo hubo en el plenario de comisiones tratamos de ir con un dictamen lo más parecido posible al de otros bloques, y lo hicimos conscientemente, sabiendo que era lo mejor que necesitaban los jubilados”.
“Pero sabíamos que para aprobarlo teníamos que acordar en el recinto y lo hicimos”, destacó, recordando que “buscamos puntos de acuerdo que nos llevaran a una mayoría holgada que fue lo que conseguimos: 160 votos. El 60% de esos votos los proporcionó el bloque de Unión por la Patria, pero con nosotros no alcanzaba, necesitábamos de todos los bloques. Se vivió como lo que fue: un triunfo”.
Cuando llegó al Senado, Martínez señaló que “ahí algunos comenzaban a comentar que iban a sacarle cosas, pero no, el Senado insistió. Tuvo una mayoría holgada, también tuvo senadores del Pro, que no hicieron en ese momento ninguno de los análisis que se hicieron después”.
“Pero el presidente veta esto. Podía haber hecho un veto parcial; no, hizo veto total. Se llevó puesto todo”, afirmó el titular del bloque más numeroso de la Cámara, que sostuvo luego que “venimos con la misma coherencia, la que nos hizo sentar en sesiones que no habíamos pedido. Venimos a rechazar el veto de Javier Milei, porque no estamos solamente en el recinto, estamos con miles y miles de jubilados que en todas las plazas rechazan este veto”.
Sobre el final de su encendida exposición, advirtió que “el diablo disfrazado de fuerzas del cielo metió la cola, y se empezó a llevar diputados de todos los bloques. Y la alcanzó con una mayoría mínima”. En ese sentido aseguró que este Gobierno alcanza esos logros “colgado del travesaño; y así y todo se lleva diputados que votaron a favor en su momento”.
Germán Martínez concluyó mandando un mensaje a los diputados que cambiaron sus votos, haciendo suyas las palabras de León Gieco: “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.
“Estamos generando un problema y un gasto adicional que podíamos haber resuelto con inteligencia”, señaló y pidió al Gobierno comprender que “no es solo el ajuste fiscal donde hay que inmolarse”.
En su intervención durante el debate sobre el veto a la Ley de Movilidad Previsional, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, reprochó al Gobierno no haber tenido en cuenta los antecedentes de la historia reciente y alertó sobre las consecuencias fiscales que tendrá el rechazo a esta ley en materia de litigios judiciales.
“Probablemente hoy no logremos los dos tercios; probablemente el Gobierno tenga hoy un triunfo en términos del objetivo buscado en estos diálogos que ha tenido con distintos representantes”, arrancó el legislador, que sentenció a continuación: “Podemos decir que pueden vencer, pero seguramente no van a convencer”.
Para Pichetto, “en política y en la vida se puede hacer cualquier cosa; lo que no se puede es evitar los efectos y consecuencias”. Fue entonces cuando advirtió que “algunos no saben de historia en el Gobierno. Si recordaran lo que le pasó a Menem con Cavallo y una señora que hacía manifestaciones”, en referencia a la dirigente de los jubilados Norma Plá.
Recordó también los eventos que vivió el Gobierno de Mauricio Macri. “Había ganado las elecciones, había triunfado en octubre… Había crecido la economía, fue la única vez que creció durante sus cuatro años; pero no recordó la frase de Napoleón: Ejército que triunfa, descansa. Y quiso tratar en diciembre la reforma previsional. En lugar de terminar el año muy bien, terminó muy mal”.
Con todo, Pichetto reivindicó la fórmula que se aprobó en tiempos de Cambiemos, en la que él trabajó también como senador opositor. Era sobre la base de 70% de inflación y 30 de RIPTE. Explicó que como ese Gobierno pensaba que la inflación iba a la baja, aceptaron esa integración de la fórmula. “Lamentablemente ocurrió lo contrario y los efectos fueron negativos”, señaló, recordando que ese Gobierno también hizo trampa al implementarla más tarde de lo previsto, quedándose el Gobierno con el primer trimestre. “Es lo que hizo este Gobierno también”, destacó Pichetto, en referencia a que esta administración obvió también la inflación de enero, cosa que le endilgó a “algún asesor de esos que tiene brillante”. Para él, debieron haber “actualizado el 20,5% de enero, que era muy alto, y haber puesto después ajuste por inflación y RIPTE”.
Así las cosas, anticipó que “lo que empieza ahora es un proceso de judicialización muy intenso, que además es todo a perdedor, porque no hay una aplicación de una fórmula polinómica. Hay muchos antecedentes, a la Corte le gusta este tema, ha asentado una clara definición de que es imprescindible que el sistema previsional debe tener una clara fórmula polinómica, que tenga en cuenta el deterioro del salario, costo de vida… El mundo judicial se va a poner en marcha inexorablemente, donde las cámaras previsionales además son todas que funcionan en línea con el reclamo de los jubilados”.
“Por lo tanto, estamos generando un problema y un gasto adicional que podíamos haber resuelto con inteligencia”, agregó, considerando que “un veto parcial hubiera sido razonable”, manteniendo el ajuste por inflación, el 20,5% de enero y manteniendo el RIPTE.
Pichetto advirtió que también pudo el Gobierno haberlo hecho en el Senado, que “estuvo esperando algunas sugerencias para hacer correcciones. No llegó ninguna propuesta del Ministerio de Economía”.
Por último, el jefe del bloque Encuentro Federal confirmó que “vamos a insistir; queremos ser coherentes con lo que hemos votado en la sesión” del 5 de junio. Rechazó de manera tajante que se los considere degenerados fiscales y, por el contrario, aclaró que “hemos actuado con mucha prudencia en la materia”.
Y concluyó advirtiéndole al Gobierno que “este universo previsional argentino hay que tenerlo en cuenta y el tema en la sociedad tiene un impacto. Este es un mensaje que le hago llegar al Gobierno. Empezar a comprender algunos temas que no es solo el ajuste fiscal donde hay que inmolarse, sino también la previsibilidad económica y la previsibilidad fiscal”.
Si bien cuando se votó el tema el 5 de junio pasado habían apoyado el proyecto, e incluso incorporaron sus iniciativas al dictamen, en esta oportunidad optaron por la abstención y lo argumentaron.
“No es cierto que la fórmula para los jubilados sea inviable fiscalmente, o como dijo el presidente, que sea obra de degenerados fiscales”, advirtió en su intervención el rionegrino Agustín Domingo durante el debate sobre el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Y lo argumentó diciendo que la misma “evitaba lo que ahora será inevitable: una catarata de juicios contra el Estado por no respetar el empalme de una fórmula y la otra. Son juicios que el Estado va a perder, es un mayor gasto futuro”.
Con todo, el legislador de Innovación Federal anunció en su discurso la abstención de esa bancada.
El rionegrino sostuvo que “la fórmula de ajuste que votamos tenía muchas virtudes, porque le reconocía a los jubilados ese 8% para completar la inflación de enero, que no solo completaba los ingresos, sino evitaba esa catarata de juicios”. Aclaró también que el costo de esta movilidad jubilatoria es solo del 0,4% del PBI, y agregó que “con el ahorro fiscal, reduciéndole las transferencias discrecionales fiscales a las provincias se duplica ese costo fiscal de haberles modificado la fórmula a los jubilados”.
En consecuencia, consideró que no hay por parte del Gobierno una decisión fiscal, sino una decisión política.
De todos modos, aclaró finalmente respecto al voto de Innovación Federal, que el 5 de junio pasado fue positivo, que “no vamos a votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar. La posición de nuestro bloque va a ser la abstención”.
La oposición no contaría con los votos necesarios para alcanzar el techo de los dos tercios. La alternativa que maneja por si no puede concretar la aspiración de máxima.
Toda la expectativa en Diputados está puesta en lo que vaya a suceder este miércoles, cuando la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Para ello necesitará contar con 2/3 de los votos no una, sino dos veces. No parece ser sencillo. Veremos por qué.
Si bien a priori la oposición cuenta con un antecedente de peso que es haber alcanzado los 2/3 cuando el 5 de junio pasado le dio media sanción al proyecto, no necesariamente eso se replicaría este miércoles.
En esa oportunidad, la aprobación se consiguió por 160 votos afirmativos, 72 negativos y hubo 8 abstenciones. Con lo justo. Ahora a esta sesión prevista para las 11 de la mañana han convocado diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros. A los que además se sumarán los diputados de Unión por la Patria (99) y la izquierda (5), que el 5 de junio se abstuvieron y ahora votarán contra el veto. Lo que no está garantizado es que, por ejemplo, los radicales voten todos en contra.
Ya de por sí el bloque que conduce Rodrigo de Loredo tendrá bajas. Ya no son 34, pues renunció este lunes el entrerriano Pedro Galimberti, un enconado crítico del Gobierno de Javier Milei, y en su lugar asumirá una diputada del Pro. No es seguro que Nancy Ballejos -la reemplazante- jure este miércoles, pero como sea, no será un voto contra el veto.
Fuentes consultadas dan por seguro que serán varias las ausencias en el bloque radical, y hay quienes anticipan que alguno votaría incluso a favor de mantener el veto. Como sea, serán varios los diputados radicales alineados con gobernadores con buena relación con la Rosada que no estarían presentes este miércoles. El argumento sería que piden insistir solo parcialmente con la ley aprobada, haciendo valer el 8,1% correspondiente a la pérdida por la inflación de enero.
“No tenemos dos tercios ni de casualidad”, confió a parlamentario.com una fuente legislativa consultada.
A sabiendas de esos datos, el formoseño Fernando Carbajal, quien encabezó el pedido de sesión para este miércoles, cuestionó a sus pares de bancada que se muestran renuentes a insistir en la ley. En declaraciones a A24, el diputado de la UCR señaló: “Viéndolo desde el punto de vista político, ¿por qué un radical que votó esta ley previsional porque entendía que era necesario dar un 8% por enero y establecer como mecanismo de actualización el IPC, más una eventual recomposición puede ahora cambiar de posición? ¿Solamente porque Milei decidió convertir esto en una puja política?”.
“Porque reitero, en realidad, desde el punto de vista fiscal, no hay justificación para el veto. No entiendo las razones, no entiendo los motivos, pero bueno, yo no voy a hacer de intérprete de ellos. Será la ciudadanía quien los juzgará”, sentenció.
También desde la Coalición Cívica tomaron nota de las dificultades para alcanzar el número necesario para rechazar el veto. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió en su cuenta de X que “darse vuelta, es darles la espalda a los jubilados”. Para el presidente de la CC, “no hay razones objetivas, políticas, ni cambios en la realidad de los jubilados que justifiquen que algunos diputados voten lo contrario a lo que apoyaron el 5 de junio. En estos tres meses, el castigo hacia los jubilados no ha cambiado, solo se ha profundizado la injusticia. En lugar de reafirmar su compromiso, algunos optan por abandonarlos”.
Ferraro consideró “vergonzoso que el 27% del ajuste público lo paguen lo jubilados y que algunos se den vuelta y miren para otro lado. Es vergonzoso que, si tomamos los primeros 7 meses de 2024 y lo comparamos con igual período de 2023, los jubilados hayan perdido un 19,9% de su poder adquisitivo y que algunos se den vuelta y miren para otro lado”.
“¿Qué habrá en ese otro lado que les desvía la mirada?”, se preguntó.
El tratamiento sobre tablas
Si está tan definida la situación para la oposición, ¿cuál es la alternativa que manejan para este miércoles? Como decíamos al principio, quienes quieren voltear el veto necesitan contar con los 2/3 dos veces. La primera, para habilitar el tratamiento del tema sobre tablas, habida cuenta de que no hay dictamen, pues no se cumplió el trámite de pasar por las comisiones correspondientes. Y si no tienen los 2/3 para el rechazo, tampoco lo tendrán para esa primera instancia de habilitar el tratamiento. Así las cosas, buscarían entonces votar un simple emplazamiento a Gabriela Brouwer de Koning y José Luis Espert, presidentes de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, para que traten y dictaminen rápidamente, con lo cual ganarían un par de semanas para tratar de revertir lo que a priori se presenta como una misión imposible.
Una encuesta marca señales de desgaste en el humor social, aunque el Gobierno conserva buenas credenciales ante la opinión pública. El núcleo duro oficialista banca el rechazo a la ley previsional.
Un sondeo conocido en las últimas horas alerta sobre señales de desgaste en el humor social. En ese sentido se enmarca el hecho de que, por primera vez, la imagen negativa del presidente Javier Milei se posiciona en el mismo nivel que su aprobación (50%).
Con todo, no se encienden luces de alarma para el Gobierno, por cuanto el presidente sigue siendo el dirigente con mayor respaldo social.
Según una encuesta de Opina Argentina, el mandatario tiene tanta imagen positiva como negativa. El 30% conserva una imagen muy positiva suya, y un 20% algo positiva; mientras que un 5% tiene una imagen algo negativa, pero para un 45% es “muy negativa”.
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich tienen un 49% de imagen positiva, aunque las negativas son de 50% para la vicepresidenta y 51% para la ministra de Seguridad.
Mauricio Macri cuenta con un 43% de imagen positiva y un 57% negativa; Axel Kicillof 41% a favor, 58% en contra; y Luis Caputo 41% y 53%.
Juan Grabois tiene 39% y 60%; Cristina Fernández de Kirchner 38% y 61%; Martín Llaryora 35% y 28%, y Sergio Massa 32% de imagen positiva y 68% negativa.
El trabajo de Opina Argentina indica que se sostiene la mirada crítica sobre el presente. Un 50% considera que la Argentina está peor que el año pasado, mientras que el pesimismo sobre el futuro se ubica por primera vez en el mismo nivel que el optimismo: 45%. Con todo, los afines son los más optimistas: 8 de cada 10 votantes de Milei 2023 mantiene la expectativa de mejora del país.
Por primera vez desde el comienzo de la serie, el porcentaje de oficialistas y de opositores es el mismo (41%) al indagárselos sobre su posición política respecto del Gobierno de Milei. La proporción de personas que apoya a su gobierno cayó 6 puntos porcentuales en 5 meses.
Los jóvenes siguen siendo el grupo etario de mayor respaldo a los libertarios (52%).
Seis de cada 10 encuestados se opone al veto del presidente a la Ley de Movilidad Previsional que asigna un aumento extra a los jubilados. Un 59% considera al veto una medida negativa, aunque un 35% la considera positiva. Entre los que tienen buena imagen de Milei, sin embargo, hay comprensión en torno a la medida. Para el 70% se trata de una decisión positiva.
En síntesis, se advierte un pequeño cambio en el humor social, pues aunque el Gobierno nacional preserva buenas credenciales ante la opinión pública, se observan algunos síntomas de desgaste en las percepciones.
Se evaporó el diferencial de imagen positiva de Javier Milei, que por primera tiene una aprobación idéntica a su rechazo, aunque el presidente sigue siendo, de todos modos, el dirigente nacional con mayor valoración social, en tanto que todos los dirigentes oficialistas están mejor evaluados que los opositores.
Asimismo se observa un debilitamiento en las expectativas a futuro. Crece el pesimismo y por primera vez en la era Milei alcanza el mismo nivel que el optimismo respecto al futuro del país.
Diputados y Senado se aprestan a vivir dos días intensos, el miércoles y jueves próximo, en los que el Gobierno se prepara para sufrir derrotas legislativas, pero intenta contrarreloj acotar los daños. A qué se juega un pleno para matizar los traspiés.
En momentos en que el presidente Javier Milei ha redoblado sus críticas al Poder Legislativo, las dos cámaras se aprestan esta semana a asestarle mandobles que resentirán sin lugar a dudas más la ya de por sí frágil relación.
Prueba de lo complicado que es el relacionamiento que el primer mandatario ha elegido para con el Congreso, vale cualquier discurso que brinde en el momento que sea. En todos desgrana un sinnúmero de críticas con epítetos de todo calibre. Vale como muestra esta frase emitida por Milei en el exCCK el jueves pasado: “Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.
Independientemente de esa resolución sobre un espacio que él mismo habitó junto a quien sería finalmente su compañera de fórmula en las elecciones, durante dos años completos, está claro que la oposición no está haciendo otra cosa que cumplir con lo que anticipó una vez brindó los votos para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal: retomar su agenda propia.
Hablamos, claro está, de aquella oposición denominada “colaborativa”, pues la de Unión por la Patria en ningún momento se alineó, ni se espera que lo haga, con alguna de las políticas implementadas por la administración libertaria. Es, ni más ni menos, que la postura que asumió entre 2019 y 2023 lo que se conocía como Juntos por el Cambio, razón por la cual nadie debería rasgarse las vestiduras por el tipo de oposición que hoy ejercen los bloques conducidos por José Mayans y Germán Martínez, en cada una de las cámaras.
De cómo ahora lo que fue JxC termina votando en ocasiones con Unión por la Patria hay diversas explicaciones y matices. Aun cuando el mismo Pro aparece ejerciendo ese tipo de actitudes.
De hecho, el partido de Mauricio Macri dijo en su momento, promediando el debate de Bases y visto el relacionamiento del propio Milei con el principal partido aliado, que pasada esa instancia ellos mismos comenzarían a mostrar una conducta más autónoma.
Todas las estaciones de esta relación tan especial entre el oficialismo y la oposición más cercana se vieron en la semana negra que tuvo el oficialismo, cuando en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos. Martes: Bicameral de Inteligencia, con la elección de Martín Lousteau. Miércoles: aprobación con 2/3 de la ley Financiamiento Universitario, con votos del Pro. Jueves: el Senado convirtió en ley el proyecto sobre Movilidad Previsional, también con 2/3 de los votos.
Ahora el oficialismo se apresta a tener otra semana muy complicada en materia legislativa. Aunque tal vez consiga contener una de las tres derrotas que podría llegar a sufrir, con lo cual podría compensar su pesar y dar un mensaje hacia el Poder Legislativo y los mercados.
La sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. De hecho, debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo. Se verá si consigue algo más que eso, pero lo cierto es que ese respiro debe atribuírselo a la cuestionada internamente Victoria Villarruel, que primero consiguió evitar la sesión para el miércoles y luego puso en punto muerto la convocada individualmente por Unión por la Patria para el día siguiente.
No podía resistir más y por eso este jueves a partir de las 14 deberá enfrentar lo que a todas luces aparece como dos traspiés seguros. La oposición conseguirá convertir en ley -seguramente con dos tercios de los presentes- la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Un tema sobre el cual el presidente no ha anunciado abiertamente el veto que muchos ya dan por seguro y juran haberlo escuchado al propio Milei anticiparlo, pero que el Gobierno resiste. Y después, será el turno del decreto de necesidad y urgencia N° 656/24, que asigna adicionalmente al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese tema figura tercero en el temario de esa sesión del jueves 12 de septiembre, fecha que quedará en la historia como la primera vez en que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno.
Estas derrotas buscará el oficialismo matizarlas con la aprobación de un tema no menor, como es la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. Antes, deberá asegurarse el oficialismo de que están los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), cosa que hasta la última semana no estaba garantizada.
Un día antes, toda la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor ha pedido a partir de las 10 de la mañana una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria, con lo que está garantizado el quórum para arrancar.
Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará 2/3. Primero, para el tratamiento sobre tablas de ese tema que no ha pasado por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda); después, para vetar. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto queda vigente y fin de la historia. Si la oposición lo logra, debe pasar por el Senado, que por composición le da más garantías a esa oposición que quiere voltear el veto.
¿Qué tan sólida está la oposición en este tema? No tanto, advierten desde los sectores convocantes. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y está dispuesta a votar contra el veto aclaraba ante este medio el jueves pasado que creía que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia, que es tan importante como la otra alternativa.
Se sabe que el Gobierno está trabajando sobre los gobernadores para garantizar “que bajen diputados de la sesión al menos”. Se verá el poder de convencimiento que hay en este tema emblemático, que podía llegar a dejar un mensaje contundente para propios y extraños y alcanzaría también a compensar en alguna medida los traspiés del día siguiente.
A priori, los números están muy finitos, sobre todo para el miércoles, pero será para alquilar balcones… o al menos reservarse desde temprano un lugar en los palcos de ambos recintos para esas sesiones que serán -sin exagerar, por los motivos expuestos- históricas.
La facultad constitucional de “observar” los proyectos de ley. Ordinaria atribución colegislativa, derivada del sistema presidencialista y vigente en la Constitución Histórica 1853/60
El pasado viernes 30 de septiembre, el presidente de la Nación suscribió el decreto del Poder Ejecutivo nacional vetando el proyecto de ley (registrado bajo el Nro. 27.756) sancionado por el Congreso de la Nación (y publicado en el Boletín Oficial de ayer, lunes 2 de septiembre de 2024). Dicho texto, con referencia a la denominada “movilidad jubilatoria”, y promovido por la oposición parlamentaria.
De entre las atribuciones de las que goza el Poder Administrador, sobresalen -entre otras- aquellas funciones legisferantes rutinarias, previstas en la Carta Fundamental histórica de 1853-60, con más las incorporaciones -polémicas algunas- de la enmienda de 1994 (muy especialmente, las denominadas “facultades legislativas de excepción” de los Arts. 76, 80 y 99, inciso 3).
El presidente de la Nación entonces -y como habitual metier, dentro del cúmulo de sus misiones y funciones- “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución” (primer párrafo del inciso 3; Art. 99; C. N.), lo que significa que contribuye al proceso de creación legislativo desde su inicio hasta el final. Esto último, la culminación “natural” del derrotero de trámites entre el Congreso y la Casa Rosada, es la promulgación -total o parcial, conforme los alcances del actual Art. 80; C. N.)- de un proyecto de ley, lo que lo convierte en “ley de la Nación”. Esta última situación, torna exigible su cumplimiento a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según el plazo específicamente indicado en la propia norma que se promulga o según las hipótesis previstas en el derecho de fondo (Art. 5° del vigente Código Civil y Comercial de la Nación).
Cuando se supone que ha concluido el trámite estrictamente parlamentario (ingreso y estado legislativo, tratamiento en comisiones, audiencias, dictámenes, orden del día numerada, debate en plenario, sanciones parciales de cada Cámara, con idas y venidas, aprobación final por el Congreso, y remisión al Poder Ejecutivo con número de proyecto de ley), el texto pasa -precisamente al poder administrador, al “poder ejecutor”- “para su examen” (nos dice el Art. 78; C. N.).
“Examen” es una primera evaluación; es “indagación y estudio que se hace acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o de un hecho” (según la Real Academia Española, en una primera acepción). Así interviene el Primer Magistrado en el procedimiento legislativo ordinario, teniendo la oportunidad procesal constitucional de aprobar u oponerse a la sanción, lo que se manifiesta (siempre usando como herramienta un decreto del Ejecutivo nacional) en una “promulgación” (el proyecto con número será “ley de la Nación”, a partir de su publicación en el Boletín Oficial) ó en una “devolución” u observación (Art. 80; C. N.) al Cuerpo Legislativo federal.
La Carta Magna no menciona el término “veto”; con la excepción del Art.40, en donde luce el término “vetada”. “Vetar” es el derecho o prerrogativa de persona o corporación para “vedar o impedir algo”. Sí, en cambio, aparece la leyenda “no observadas”, para referirse a las partes de un proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo (Art. 80; C. N.) no cuestionadas y tácitamente aprobadas por el poder político administrador.
“Observar” -vocablo que sí menciona, en cambio, el decreto por el que devuelve el proyecto- debe interpretarse como sinónimo de “vetar”, ya que la academia hispana no acude en nuestro auxilio. En la parte dispositiva del acto presidencial, luce textualmente y prácticamente ‘de forma’: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.756” (Art. 1º; decreto PE nacional Nro. 782/24), y -seguidamente, en el Art. 2º:- “Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.
En nuestro sistema constitucional vigente, la utilización de esta facultad debe ejercerse “en el término de diez días útiles” (hábiles administrativos), pues -si transcurre dicho lapso y no hay “devolución” u “observación” formal (acto administrativo, con ingreso al Poder Legislativo)- el proyecto de ley enviado por éste “se reputa aprobado” tácitamente. Desde esta circunstancia fáctica -determinada por el simple paso del tiempo- sólo debe esperarse el decreto de promulgación que lucirá en el Boletín Oficial, más tarde o más temprano.
¿Qué puede ahora hacer el Poder Legislativo? ¿Qué ocurre con la “devolución”? El Ejecutivo reenvía el trámite ¿a qué Cámara y por qué? Todos estos interrogantes tienen suficiente respuesta en el texto del Art. 83; C. N.
Cuando el texto remitido por el Congreso, con asignación de número de proyecto de ley, resulta “desechado en el todo o en parte” por el Ejecutivo, “vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen”. “Desechar” significa “excluir, reprobar” y/o -en una segunda acepción- “menospreciar, desestimar, hacer poco caso y aprecio” (DRAE). Este Cuerpo -iniciador primigenio del proyecto- “lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos” el expediente pasa a la Cámara revisora. “Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría” el texto es ley y el Poder Ejecutivo no tiene otra opción constitucional que la de proceder a su promulgación obligada
Ahora bien, ¿qué ocurre con la tan mentada -y no ha tenido lugar en nuestro caso de hoy- ‘promulgación parcial de un proyecto de ley’?. Pues habrá que ceñirse a las prescripciones del nuevo Art. 80 de nuestra Constitución:
Art. 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
Si se hubiese producido el ejercicio de esta ‘atribución legislativa de excepción’ (la promulgación parcial de un proyecto de ley, con la consiguiente observación de la parcialidad restante), debería tener lugar una ulterior intervención del Congreso de la Nación. Ella, debida y formalizada -a los efectos del control y examinando la validez de la promulgación parcial- por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (mañosamente reglamentada por la Ley N° 26.122, en cumplimiento de la manda del inciso 3° del Art. constitucional 99). Luego, el plenario de cada Cámara decidirá la suerte final del proyecto.
Néstor Fabián Migueliz es abogado, investigador y docente. Asesor Legislativo Prosecretaría Parlamentaria – Senado de la Nación
Se descuenta que la oposición insistirá con el proyecto a partir del veto total del presidente de la Nación, Javier Milei. Ahora el proyecto deberá volver a ser tratado. Qué número requiere cada cámara para insistir.
Cuando el debate de la Ley de Bases, las modificaciones del Senado llevaron a revisar los reglamentos para saber cuál debería ser el renovado recorrido de esa norma. Ahora, con el confirmado primer veto de Javier Milei, vale refrescar la metodología que deberá seguirse para conocer los pasos que le esperan al proyecto.
Sancionada por 61 votos a favor y 8 en contra, la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social fue vetada por el presidente de la Nación.
El veto que todo presidente puede hacer es total o parcial (en este caso será un veto total). El recorrido varía, según sea uno u otro caso.
El poder de veto es una prerrogativa que la Constitución Nacional le concede al presidente de la Nación, que puede ejercerla para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.
Esa posibilidad figura en la Constitución Nacional, precisamente en el artículo 83, que dice: “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
Pasemos en limpio. Ante este veto total, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto.
El veto se comunica a la cámara de origen del proyecto, en este caso, Diputados. ¿Debe pasar por comisiones antes de llegar al recinto? Sí, pero…
En este caso, veto total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.
El proyecto llegará entonces al recinto de la Cámara de origen, Diputados en este caso, donde debe conseguir los 2/3 de los presentes para rechazar el veto y que siga su recorrido.
En el Senado, mismo trámite y requisitos.
Si consigue 2/3 de los presentes en ambos casos, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.
Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.
Tal cual había adelantado a los legisladores que recibió el viernes en la Casa Rosada y ya había anunciado ni bien los senadores aprobaron la norma, Javier Milei firmó el veto completo a la misma.
El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó de manera completa el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756, sancionado el pasado 22 de agosto, por el cual se disponen importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social.
Así se confirmó en los primeros minutos de este lunes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que consta de tres artículos, el primero de los cuales observa en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo se indica que se devuelve al congreso dicho proyecto de ley. El Parlamento tiene potestad ahora de decidir si acepta el veto o insiste con esa iniciativa, tal cual está facultado por el artículo 83° de la Constitución nacional.
Recordemos que el proyecto de ley tuvo origen en Diputados, donde como cámara de origen tendrá que iniciarse el proceso de rechazo del veto, que solo prosperará en caso de alcanzarse los dos tercios de los votos de los presentes. En caso de que eso suceda, deberá repetirse el proceso en el Senado, donde el proyecto se convirtió en ley con 61 votos a favor y 8 en contra.
El veto lleva las firmas del presidente de la Nación, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello, Luis Andrés Caputo, Diana Mondino, Luis Petri, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Federico Adolfo Sturzenegger.
El decreto establece que el proyecto de ley sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En ese sentido precisa el decreto que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera “es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Asimismo señala que el propio reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo…”.
Sostiene el Poder Ejecutivo que “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.
Agrega el texto suscripto por el presidente que el proyecto vetado, en caso de ser aplicado, “implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos para el año 2024; y de quince billones cuatrocientos treinta mil millones de pesos para el año 2025”.
Los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Asimismo se indica respecto del gasto previsional de la ANSeS que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024; y de 29,2% para el año 2025.
Por otra parte se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada por el Congreso conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales.
La cifra mencionada, asegura el decreto de veto, tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.
El diputado del Movimiento Popular Neuquino Osvaldo Llancafilo anticipó que votará “de manera positiva” para sostener la ley aprobada por el Congreso.
Ante el veto que ya estaría firmado y pronto a ser publicado en el Boletín Oficial, uno de aquellos diputados que muchos imaginan que el Gobierno buscará para evitar el rechazo en el recinto se pronunció en contra de esa medida por parte del presidente de la Nación.
El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino Osvaldo Llancafilo -que cuando el debate en la Cámara baja votó a favor de la ley- dijo que el Gobierno nacional está sobredimensionando el costo de la Ley de Movilidad Jubilatoria, la cual de ninguna manera pone en riesgo el equilibrio fiscal.
En este sentido, expresó que “es un error vetar la ley, que resulta ser un paliativo al ingreso de los jubilados que hoy no supera los 300.000 pesos, incluido el bono de 70.000 pesos mensuales, más aún si contemplamos que no hay política pública o un sendero previsible en materia previsional, de ninguna manera la ley pone en riesgo el equilibrio fiscal. Por eso, a la hora de tratar la insistencia de la ley vetada votaré de manera positiva para sostenerla".
Llancafilo afirmó que "el estudio y análisis realizado define claramente que el impacto presupuestario significa un 0,4% del PBI, para nada significativo cuando hablamos de jubilados que han hecho un esfuerzo en estos 9 meses de gestión. Además, debemos contemplar que históricamente han sido la variable de ajuste de los últimos 20 años".
Asimismo, el legislador neuquino indicó que "el bono que actualmente se otorga en forma discrecional por parte del Ejecutivo constituye un 0,7% del PBI, por lo que la ley aprobada por el Congreso viene a dar un marco de previsibilidad en los ingresos de los jubilados".
Por otro lado, aseguró que "lamentablemente a esto se agrega la reducción de un tercio de las drogas para 1.000 medicamentos que el PAMI ofrecía, con lo cual de 3.000 opciones de medicamentos que se entregaban a las personas mayores ahora tienen acceso a 2.000 variantes, estamos hablando de falta de gestión presupuestaria razonable para el sector".
El expresidente de la Nación publicó un segundo comunicado en X por el que cuestionó la postura tomada por los senadores del Pro, comparándolos con la votación del bloque en Diputados cuando se trató el proyecto el pasado 5 de junio.
Mauricio Macri ratificó nuevamente su apoyo al veto que va a imponer el presidente de la Nación, Javier Milei, al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria sancionado en el recinto de la Cámara de Senadores con el voto afirmativo de cinco integrantes del bloque Frente Pro. “El partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino”, explicó.
En las primeras horas de este viernes, el expresidente de la Nación había publicado un comunicado en X por el cual señaló que “por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”. En esa ocasión, no hizo menciones respecto a la postura tomada por los senadores de su bancada, pero sí de los opositores.
A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el…
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024
En este nuevo texto, Macri cargó: “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general, contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad”.
El pasado 5 de junio, la Cámara de Diputados le había dado media sanción a la nueva fórmula jubilatoria con recompensación de un 8% y todos los miembros de la bancada presidida por Cristian Ritondo habían votado negativamente. Diferente fue lo que ocurrió en el Senado el jueves: Salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, los otros cinco legisladores del Pro acompañaron el proyecto en la votación general.
Así las cosas, Mauricio Macri señaló que “comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”. Esta postura había sido mencionada en el primer comunicado que lanzó este viernes cuando manifestó que los senadores de la oposición “aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal”.
En el medio, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acusó al presidente del Pro de usar a los senadores del Pro como “carne de cañón”.“Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Estás de un lado o del otro. Basta de especular", cargó la funcionaria.