Durante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que había sido emplazado en la última sesión, obtuvo dictamen un proyecto de ley que busca reformar la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La iniciativa, surgida a partir del escándalo de los audios y la salida de Diego Spagnuolo, busca modificar la estructura de gobierno de la ANDIS, “establecida por el decreto 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”.

El texto, que recibió dictamen de mayoría, busca sustituir el modelo de conducción unipersonal por una “Comisión Directiva” integrada por 7 miembros “con voz y voto”: un presidente y vicepresidente -con rango de secretario y subsecretario de Estado-, designados por el Poder Ejecutivo; 2 vocales en representación del COFEDIS, elegidos por mayoría simple de su pleno, conforme su reglamento; y 3 vocales en representación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Entre otros puntos, establece una serie de disposiciones sobre mecanismos de transparencia y control social.

Autor del proyecto, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que la reforma busca “garantizar que en su estructura de conducción y en sus organismos de control interno tengan voz y voto las organizaciones representativas de las personas con discapacidad”.

El opositor señaló que la iniciativa surgió este año, a partir del “escándalo de los audios donde se ponía de manifiesto el cobro de coimas”, además de considerar que hoy existe “una ANDIS que no funciona”. “No nos queda claro el resultado de la intervención que han realizado luego de estas denuncias. No sabemos si se han investigado, si se desplazaron a otros funcionarios”, resaltó.

Además, Marino subrayó que antes de las denuncias por presuntas coimas ya había cuestionamientos por “interrupción de las terapias, falta de pago a los prestadores, recortes arbitrarios de pensiones”.

El diputado argumentó que el proyecto se realizó acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de modo que “tengan una participación directa en la toma de decisiones”. “Tenemos que dar una respuesta rápida frente a una crisis institucional de esta naturaleza, porque las personas con discapacidad no pueden esperar”, completó.

Juan Marino

A su turno, Eduardo Valdés expresó que “está claro que la ANDIS no puede seguir como está”. Respecto de la propuesta, que indica que el Poder Ejecutivo podrá nombrar al presidente y vicepresidente del organismo, planteó: “¿Qué pasa si vuelven a nombrar a un Spagnuolo? Una persona que es capaz de una resolución como la 187/25, donde tildó a las personas con discapacidad como ‘idiotas, imbéciles y débiles mentales’”.

“Quiero proponer que las máximas autoridades, presidente y vicepresidente de la ANDIS, tengan que tener aprobación parlamentaria”, propuso el legislador de Unión por la Patria.

A su turno, el diputado de Encuentro Federal Juan Brügge anticipó la presentación de otro dictamen “propositivo, mejorando las características, pero va en consonancia en que nos preocupa mucho quiénes van a ser designados como presidente y vicepresidente”.

En ese sentido, el cordobés explicó que permiten que los designe el PEN, pero “previo a un concurso público de antecedentes y oposición”, mientras que “en la comisión directiva de la ANDIS queremos que se designe un experto en temáticas vinculadas a la discapacidad, el cual surgirá de un sorteo de un padrón que hará la Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas”. Para Brügge, esto apunta a “despolitizar” la ANDIS y dotarla de “mayor idoneidad”.

Desde la UCR, Karina Banfi cuestionó no contar con el tiempo para “profundizar y debatir” reformas que apuntan a “fortalecer a las instituciones descentralizadas como éstas”. Se quejó de que el proyecto no había pasado por asesores y se preguntó por qué estaba girado a Asuntos Constitucionales. Sobre el texto, la radical opinó que “en la estructura que están diseñando va a haber una mayor burocracia”. “No podemos debatir esto de esta manera”, dijo.

Al anticipar otro dictamen de minoría, la legisladora de Democracia para Siempre Carla Carrizo observó que “siempre las grandes innovaciones vienen con la emergencia y eso no está bien; no sé si es el mejor proyecto, es un proyecto que surge de alguna manera para separar a la ANDIS del Ejecutivo, porque la verdad que los Ejecutivos no garantizan transparencia en Argentina”.

“No sé si es el mejor proyecto, pero es gran paso”, afirmó la porteña, y argumentó que firmaría otro dictamen junto a su par Marcela Coli por cierta “ambigüedad normativa” y “tensión con las atribuciones del Ejecutivo; el Congreso controla, no gestiona, cuando queremos aspirar a más también nos vamos a equivocar”.

Durante la reunión, la diputada de UP Nancy Sand sostuvo que “el funcionamiento y la administración de la ANDIS” actual “no daba respuestas a las urgencias de todas y cada una de las problemáticas que se fueron suscitando con el Gobierno nacional”. “La forma de poder solucionar en la inmediatez es tener una participación institucional, una representación federal y un control democrático”, subrayó.

La radical Natalia Sarapura planteó que “cuando hablamos del órgano de la política pública que debe garantizar los derechos, tiene que ser con la mayor jerarquía posible y con la mayor determinación de autonomía”. “En este momento necesitamos dar un mensaje de control y transparencia. Tener un órgano fuerte, con control y participación social es necesario”, agregó.

En el cierre, Marino se mostró dispuesto a “lograr la ley que mayor respaldo tenga”. “Podemos avanzar en una serie de acuerdos para tener un texto común en el recinto”, ratificó y dijo estar a favor de propuestas que presentaron Brügge y Carrizo.

Por La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez consideró que “había que debatir más y estudiar un poquito más el tema” y se manifestó en contra de “forzar los consensos”. “El proyecto tiene aspectos positivos, pero genera una mayor burocracia, tal vez sin quererlo, genera más funcionarios. Y al igual que muchas de las leyes que impulsan, no dicen de dónde van a salir los recursos. Va a terminar siendo una mentira, por más noble que sea su título”, lanzó.

En el marco de los emplazamientos votados este miércoles en la sesión de diputados, se votó convocar a las comisiones de Pequeña y Mediana Empresa; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas y Presupuesto y Hacienda, para avanzar con iniciativas destinadas a beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sobre el tema se avanzó sobre ocho iniciativas que van desde la declaración de la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs en todo el territorio nacional, a un régimen de incentivo para el sector, pasando -entre otras cosas- por la creación de una ventanilla única para las PyMEs en el ámbito del Ministerio de Economía.

La fecha votada para reunirse fue la del martes 14 de octubre a las 14 horas.

Otro tema para el cual se avanzó con emplazamientos fue para un proyecto del diputado Juan Marino por el cual se deroga un artículo del Decreto 698/2017 para implementar una reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La norma tiene por objeto modificar la estructura de la Agencia con el fin de “democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Para tal fin se convocó a las comisiones de Discapacidad y de Asuntos Constitucionales a reunirse para dictaminar el martes 14 de octubre a las 15.00 horas.

Otro ítem en el que se avanzó fue con un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, para derogar el decreto 273/25 mediante el cual se habilita la importación irrestricta de maquinarias y equipos usados. La fecha prevista es el martes 14 de octubre a las 17.00 horas.

Asimismo el pleno avanzó con un emplazamiento para modificar la administración de recursos del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Sobre este tema había cinco proyectos de ley y se resolvió convocar a las comisiones de Deportes; Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda, para una reunión conjunta informativa con invitados para el martes 14 a las 11.00 horas; y una reunión conjunta para dictaminar el martes 21 de octubre a las 11.00 horas.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.

Así fue aprobado a mano alzada, y la fecha elegida para tal fin es este miércoles 15 de octubre.

A la hora de argumentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que “hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido”.

A su vez, Sabrina Selva intervino para contestarles a quienes sostenían que la oposición estaba desestabilizando a un gobierno con esta sesión. “Este gobierno se desestabiliza solo”, retrucó.

En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta se emitió dictamen para citar para brindar un informe sobre diversas cuestiones de su área al ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de fuertes reproches por la reticencia que viene demostrando para cumplir con ese requerimiento.

En el inicio de la reunión la titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, reivindicó la facultad que tiene el Senado de citar a los miembros del Poder Ejecutivo para brindar información para garantizar los actos de gobierno, tras lo cual se pasaron a la firma los textos puestos a consideración, con la convocatoria al exministro de Salud Mario Antonio Russo, para brindar información detallada sobre los programas y acciones implementados frente al brote de dengue, zika y chikungunya; la citación al actual ministro de Salud, Mario Iván Lugones, para informar sobre la situación del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"; y la citación al ministro de Salud junto a autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para brindar precisiones sobre el uso de fentanilo contaminado.

En un plenario posterior, al que se sumó la la comisión de Población y Desarrollo Humano, se emitieron dos dictámenes: el primero para citar para su interpelación al ministro de Salud Mario Lugones, para brindar información sobre tres puntos, a saber: el programa y acciones contra el dengue, zika y chikungunya; dar explicaciones pormenorizadas sobre la crisis en el Hospital Garrahan, e informar sobre “la gravísima situación” por el uso de fentanilo contaminado. Y el segundo dictamen, para citar al titular de la ANDIS, para exponer sobre la auditoría realizada sobre pensiones no contributivas por invalidez.

Los proyectos del primer plenario correspondían a las senadoras Carolina Moisés, María Inés Pilatti Vergara y Lucía Corpacci, que puntualmente defendieron sus pedidos de convocatorias.

En el caso de la catamarqueña Corpacci, titular de la Comisión de Salud, pedía citar al ministro Lugones y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a fin de brindar informe sobre el uso de fentanilo contaminado.

Lamentó que en la actualidad todo lo que hacen los legisladores es mirado como si tuviera que ver con lo electoral, cosa que rechazó al recordar que al ministro de Salud lo vienen convocando desde el 22 de mayo de este año. De hecho, la primera convocatoria fue hecha por la senadora chubutense Edith Terenzi, quien propuso entonces la visita de Lugones para aclarar un planteo hecho por el senador Juan Manzur sobre la situación del Instituto del Cáncer. A la semana siguiente, a instancias de la senadora Moisés, se planteó de nuevo la citación, sin éxito. Por entonces ya estaba en discusión la situación en el Hospital Garrahan, pero comenzaba a hacerse pública la situación del fentanilo. En ese momento, continuó Corpacci, los senadores Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Daniel Blanco, enviaron una nota a Salud para citar también al ministro. “Y seguimos, al día de la fecha, sin ninguna respuesta”.

“La verdad que entendemos que tiene que haber un diálogo fluido entre el Ejecutivo y el Legislativo; creemos que se deben dar las explicaciones necesarias cuando suceden las cosas que preocupan a la sociedad. Esto no sucedió y por eso presentamos este proyecto citándolo al ministro”, explicó Corpacci, quien aclaró que “lo hacemos con la buena voluntad de que es público que han sucedido muertes de personas internadas a las que se le administró fentanilo como analgésico y las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias que fueron causas posteriores de sepsis entre los pacientes”.

La catamarqueña consideró “increíble que nadie de una explicación formal de qué es lo que pasó, porque que alguien diga algo en las redes no es lo que uno espera de las instituciones de nuestro país, alguien tiene que dar una explicación”.

A continuación, la senadora Moisés, recordó que su proyecto es de 2024 y era para convocar al ministro de Salud anterior, Mario Russo. En su caso era para brindar información detallada sobre los programas y acciones que se implementan frente al brote del virus del dengue, zika y chikungunya.

“Parece gracioso, porque fue en el verano de 2024, cuando hubo un brote en todo el  norte. Creo que todos los funcionarios del Ejecutivo tienen que estar a disposición de los requerimientos que formule el Poder Legislativo -señaló la jujeña-. Me indigna que los funcionarios de todo este gobierno no estén dispuestos a cumplir con su función. Parte de su responsabilidad es dar cuenta ante el legislativo, ya que es parte de nuestra responsabilidad cuidar al Poder Ejecutivo”.

A continuación, su par salteño Sergio Leavy recordó que en 2009 y 2011, ante brotes epidémicos, se estableció una suerte de barrera sanitaria con la que pasaron de 250 casos febriles diarios en el Hospital Juan Domingo Perón a solo 10 por día. Para eso se procedió al descacharrado en la ciudad, limpieza de tanques, y otras medidas con las que pudieron vencer al dengue. “Ese año el resto del país no sufrió dengue, zika y chikungunya”, señaló el senador kirchnerista, que advirtió a continuación que “desde que llegó Milei, el control de vectores no tuvo más recursos. No le mandan combustibles, remedios, están despidiendo al personal… Los intendentes quieren poner combustible, pagar horas extra, hospedajes... Y el pedido de Control de Vectores Salta fue rechazado por Nación. Ahí es donde se produce el gran desmanejo”.

“Creo que están poniendo en riesgo de vida a todos los argentinos si no se vuelve a priorizar esta función, por el solo hecho de economizar centavos en el Presupuesto nacional”.

A su turno, la senadora Pilatti Vergara pidió citar al ministro de Salud para dar explicaciones sobre la situación en el Garrahan. Y no se expresó mayormente, porque consideró que “sería sobreabundante argumentar sobre las razones”, ya que lo han hecho reiteradamente durante el debate de la ley y lo harían al día siguiente al rechazar el veto. Cargó sí contra el Gobierno porque “vulneran los derechos más elementales de nuestras infancias y no podemos pasar por alto esta situación”.

Ante los cuestionamientos hechos durante la reunión por algunos legisladores a la ausencia de senadores de Unión por la Patria a las comisiones, el jefe de ese interbloque, José Mayans, pidió “no olvidar la discusión muy profunda que hubo por la conformación de las comisiones y rechazamos la composición hecha en forma arbitraria”, por haber sido hecha en detrimento de su bloque.

“Hubo abuso en la distribución de las comisiones y esto sirvió para que se tenga o no despacho y afectó el trabajo del Cuerpo”, enfatizó, recordando que “les dijimos que no iban a poder lograr mayorías e iban a afectar como afectó el andar del Cuerpo. Lo más normal es que un ministro del ejecutivo venga al Parlamento para explicar políticas públicas y no corra de las preguntas que pueda hacer un legislador. La ventaja de estas audiencias es que se transmiten a todo el país y el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Por otra parte, Mayans anticipó que se ocuparían en la sesión de este jueves del jefe de Gabinete por lo resuelto con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

A continuación, el senador Blanco pidió que no se convocara a los funcionarios para antes de las elecciones para evitar que el tema fuera tomado como excusa por parte del Gobierno para victimizarse.

En una seguidilla de plenarios convocados para este miércoles 1ro. de octubre, la oposición en el Senado buscará avanzar con dictámenes de convocatorias de interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, por diversos temas que incomodan al Gobierno.

Luego que por un emplazamiento de comisiones en la Cámara de Diputados se avanzara con un dictamen de solicitud de interpelación a Karina y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso ANDIS, los senadores harán lo propio sobre diversos expedientes que se acumularon en los últimos meses.

La primera reunión será a las 11, entre Asuntos Constitucionales y Salud, presidas por Alejandra Vigo (PU) y Lucía Corpacci (UP), respectivamente. Allí se tratarán las iniciativas que tienen que ver con reclamar la interpelación a Lugones por temas como fentanilo contaminado, conflicto en el Garrahan y prevención del dengue.

Para las 11.45, a ambas comisiones se sumará la de Población y Desarrollo Humano, donde tenía giro un proyecto que probablemente no prospere: la interpelación a Diego Spagnuolo, quien ya no está al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. El proyecto había sido impulsado por el senador Marcelo Lewandowski (UP) en relación a la baja de pensiones por invalidez.

A las 12.15, Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano tratarán sí interpelaciones ya relacionadas con el escándalo de los audios atribuidos a Spagnuolo, por los que ya hay una causa judicial que investiga presunta corrupción en la compra de medicamentos en la ANDIS, a través de contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina.

Además de la hermana del presidente -mencionada como presunta beneficiaria de retornos de "un 3%" en los audios que fueron considerados como "falsos" y "mentirosos" por el Gobierno-, también se exigen las explicaciones de Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Finalmente, a las 13, en un plenario de Asuntos Constitucionales y Economía Nacional e Inversión, a cargo ésta última de Pablo Blanco (UCR), se abordarán pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso $LIBRA.

En abril pasado, en la Cámara de Diputados se aprobaron cuatro interpelaciones por el escándalo de la criptomoneda promocionada en febrero por el presidente Javier Milei, y que también investiga la justicia tanto en el ámbito nacional como internacional. No obstante, "el jefe" había quedado fuera del listado aquella vez. Incluso, de los cuatro convocados, solo asistió Francos al recinto.

Aunque su secretaría tiene rango ministerial, desde el Poder Ejecutivo rechazan que a Karina se la cite en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, el que reza: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

Con el aval del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas resolvió la ampliación de auditorías en proceso en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por el caso de los presuntos pagos ilegales que involucraría a funcionarios y por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de víctimas.

La Bicameral es presidida por Miguel Pichetto y volverá a reunirse con el objetivo de aprobar la ampliación del Plan de Acción Anual 2025. Cabe recordar que Olmos se presentó este martes para dar conocimiento del PAA del período 2026. “Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, señaló el titular de la AGN.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, plantearon los senadores nacionales Guadalupe Tagliferri, Martín Lousteau y Pablo Blanco.

Sobre el PAA 2026, el titular de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas destacó que “es importante que analicemos el Plan de Acción Anual para que juntos podamos concluirlo de manera colaborativa”. Fue en ese momento que Olmos, presentó, también, los avances en los informes programados durante 2025, las conclusiones y los desafíos para el año próximo.

Respecto a las auditorías a universidades nacionales que la Bicameral solicitó, Olmos expresó: “En primer lugar, se encuentra la auditoría encargada a cuatro facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología), que representan un peso significativo dentro del presupuesto general de la UBA”, y destacó: “Las cuatro auditorias, han sido concluidas, se han remitido las vistas al auditado y los informes estarán disponibles a partir de la primera quincena de noviembre de este año”.

“Este año, también, finalizaremos las auditorias de las universidades del Nordeste, de Córdoba, y avanzaremos con los informes de las universidades de Salta, La Plata y Catamarca. Así como las auditorias transversales sobre las acciones de bienestar estudiantil y compras y contrataciones que se inicia en el 2026”, concluyó Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Por último, el presidente de AGN reveló que el Banco Central (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”. “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, remarcó Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

A más de un mes del escándalo desatado en la Agencia Nacional de Discapacidad, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública se reúne este martes 23 de septiembre a las 14 con el objetivo de dictaminar los proyectos de resolución que exigen los informes verbales de Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La obligatoriedad de pasar a la firma fue aprobada en el recinto de la Cámara de Diputados la semana pasada. El texto que involucra a la secretaria general de Presidencia de la Nación fue motorizado por la diputada nacional Sabrina Selva y el Frente de Izquierda a raíz de los audios difundidos con voz de Diego Spagnuolo -luego removido de la Dirección de la ANDIS- y el presunto pago de cobros ilegales en la contratación de medicamentos e insumos.

Por otro lado, el temario incluye el proyecto de resolución que impulsó Encuentro Federal con Oscar Agost Carreño a la cabeza para que el jefe de Gabinete junto a Lugones exponga un informe verbal sobre los presuntos cobros indebidos en la tramitación de prestaciones, autorizaciones, contrataciones y/o pagos en el área de discapacidad.

En medio de la presentación de una moción de censura por parte de Encuentro Federal por la promulgación sin ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en su conjunto abordará estos tres proyectos con la intención de llevarlos al recinto de la Cámara baja en una próxima sesión que dataría en los primeros días de octubre.

Los hechos que la oposición quiere profundizar

A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia. El 21 de agosto el Poder Ejecutivo resolvió la remoción del cargo del mencionado exfuncionario, pero a la semana siguiente la justicia determinó una serie de allanamientos por lo sucedido.

Paralelamente, el presidente Javier Milei había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad la cual fue insistida y aprobada por el Congreso de la Nación. Lejos de culminar el escándalo, la oposición logró emplazar los proyectos de resolución relacionados a las afirmaciones de Spagnuolo fijando como fecha de reunión para dictaminar este martes 23 de septiembre a las 14.

Después de casi cuatro horas desde el inicio de la sesión especial, la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar este miércoles los emplazamientos para interpelar a la secretaria presidencial, Karina Milei, por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad tras la remoción de Diego Spagnuolo.

De esta manera, se informa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Nicolás Mayoraz, a reunirse en un plenario junto a la Comisión de Acción Social y Salud Pública el próximo martes 23 de septiembre a las 14 horas para tratar en comisiones los expedientes vinculados a ANDIS y la obligación de pasar a la firma las tres iniciativas.

Los proyectos de resolución aprobados fueron tres: uno de Unión por la Patria que contempla, además de la interpelación a la secretaria general de Presidencia de la Nación, la citación ante la cámara baja del ministro de Salud, Mario Lugones; el de Encuentro Federal que cita al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el del Frente de Izquierda que propone lo mismo que el peronismo.

Luego de la difusión de una serie de audios de Spagnuolo donde había afirmado la presunta existencia de pago de coimas que involucran a la secretaria general de Presidencia de la Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la remoción del propio Spagnuolo de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Así las cosas, los proyectos de resolución exigen que los funcionarios a interpelar informen todos los procesos de contrataciones, compras y contratos con los diversos prestadores de medicamentos y sus respectivos laboratorios entre el 10 de diciembre de 2023 y el 20 de agosto de 2025. También requieren información sobre quiénes fueron los responsables administrativos de cada una de dichas contrataciones, compras y contratos, la cadena de firmas y los fundamentos para la contratación.

A partir de la remoción de Spagnuolo en la ANDIS, el Poder Ejecutivo designó a Alejandro Vilches, hombre de confianza de Mario Lugones, como interventor de la Agencia por los próximos 180 días en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento.

La moción de emplazamiento fue realizada por el diputado Itaí Hagman (UP quien recordó: “Se va a cumplir un mes desde que conocimos los famosos audios del entonces titular de la ANDIS en donde contaba, presuntamente, una enorme cantidad de hechos de corrupción. Un sistema de corrupción instalado en la agencia con la secretaria general presidencial, Karina Milei”.

“’¿Vos sabes que tu hermana está choreando? No te podés hacer el boludo”, fue uno de los audios que recordó Hagman y sumó: “Toda una cantidad de frases que hemos escuchado todos y requieren algún tipo de explicación por el Ejecutivo. Dos días después le revocaron la designación al titular de ANDIS”.

“Una semana después el presidente se refirió al tema reposteando un comunicado de la empresa. Algo raro. La droguería Suizo Argentina pasó de tener contrato con el Estado por más 3 mil millones de pesos en 2024 a 108 mil millones en 2025 un aumento del 2.278%”, apuntó y agregó: “Todos estos elementos son evidencia suficiente para exigir algún tipo de explicación por el Poder Ejecutivo cosa que no pasó con nadie, ni el presidente, ni el ministro de Salud”.

“Es tiempo que la Cámara de Diputados exija respuestas porque estamos ante una política inhumana de un gobierno corrupto, donde al mismo tiempo que le ajusta a discapacidad, arma un esquema de saqueo con empresas proveedoras. Esto es un sistema de corrupción”, remató.

Tras el envío de distintas notas por parte de diputados y senadores de la oposición, la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas definió este martes enviar una misiva a la Auditoría General de la Nación para que profundice la auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, a raíz de las denuncias sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos a la empresa Suizo Argentina.

El presidente de la comisión, el diputado Miguel Pichetto, aseguró que este es un tema que "hoy tiene una trascendencia importante". "El Gobierno hizo una auditoría de manera privada. Pero hay una auditoría abierta de la AGN sobre la ANDIS, a la que se incorporaría esta petición", explicó.

Luego que la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri remarcara que su pedido también tenía que ver con una auditoría en la ANMAT -por el caso del fentanilo contaminado-, tomó la palabra el diputado oficialista Julio Moreno Ovalle: "Ya hay una auditoría hecha, está en manos de la justicia. Con todo el respeto de quienes han presentando las notas, esto parece parte del show que se está buscando a través de esto, cuando en definitiva esto ya está en la justicia".

El libertario consideró que "forma parte de este período electoral" y de un "oportunismo" por parte de la oposición. A continuación, recordó informes de la AGN de 2021 y 2022 sobre irregularidades en el PAMI para contrarrestar. Sin embargo, Pichetto le indicó que "el PAMI no está en la agenda del día de hoy" y, como exauditor, señaló que "el PAMI subsanó los estudios contables y los últimos dos años (de la gestión pasada) tuvo aprobación". Además, expresó que tanto PAMI como ANSeS son organismos que se auditan todos los años.

"No hay que impedir que las auditorías se hagan. No estamos hablando de falencias, de problemas administrativos, estamos hablando de posibles coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad", enfatizó el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Y añadió que "la justicia llevará adelante lo que tenga que llevar, nosotros nos tenemos que encargar de lo que nos toca a nosotros".

A su turno, la radical Soledad Carrizo aclaró que ella también solicitaba una auditoría respecto de declaraciones que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 19 de julio de 2024, sobre que "se ha detectado una actividad fraudulenta de 3.400 millones de dólares" en la gestión anterior.

Al cruce del oficialismo salió el diputado larretista Álvaro González: "No creo que sea oportunismo, sino la forma en que diputados y senadores tienen que pedirle a la Auditoría las cosas".

Desde LLA, el senador Bruno Olivera Lucero insistió: "Esta gestión ha demostrado que está totalmente a favor de las auditorías. Acá le estamos diciendo a la AGN que haga lo que tiene que hacer, con lo cual no entiendo qué es lo diferente que le estamos pidiendo. Forma parte de lo electoral y el show".

Finalmente, Pichetto pidió "bajar la ansiedad con el tema" ya que "se está haciendo una Auditoría que comprende períodos anteriores" y remarcó que el organismo "trabaja técnicamente, no trabaja con una visión política". "Oportunamente cuando termine la auditoría habrán terminado las elecciones, no se va a poder usar electoralmente este tema. No va a salir una auditoría en una semana. Nosotros tenemos el deber de trasladarle esto a la AGN", completó el jefe del bloque Encuentro Federal.

Además, el presidente de la bicameral informó que el próximo 23 de septiembre a las 16 concurrirá el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, para informar sobre el Plan de Acción 2026 y "probablemente venga con técnicos de Acumar".

Durante la reunión surgió la recurrente preocupación por la falta de designación de los auditores tanto en la Cámara de Diputados (desde 2024) como en el Senado (desde abril de este año). "Es imperioso integrar la Auditoría. Hay que hacer un esfuerzo lo más rápido posible. No hay ninguna explicación de que el Congreso esté en esta situación", afirmó Pichetto y explicó que los equipos técnicos trabajan pero no se pueden validar los informes.

González recomendó "hacer una resolución de la comisión donde le expresemos a ambos presidentes la necesidad imperiosa de que se resuelva este tema en el corto plazo".

Por su parte, Martínez observó que "el oficialismo en ambas cámaras está jugando a que este tema no se resuelva". "La clave pasa por generar los mecanismos de diálogo político, generar las mayorías y la designación de los auditores en ambas cámaras. Más allá de las notas, el tema es netamente político", dijo.

Pichetto subrayó que en la Cámara baja "siempre hemos tenido responsabilidad de dejarle un lugar al oficialismo". "En diciembre va a hacer dos años sin Auditoría; estamos violando la Constitución abiertamente", aseveró.

Por otro lado, durante el encuentro se dio inicio al tratamiento de la Cuenta de Inversión 2020 y  se pasaron al archivo 21 expedientes, sobre 15 auditorías financieras, 5 de carácter reservado, 1 coordinada internacional y 5 de naturaleza administrativa de la AGN.

También, como en una reunión anterior, se volvió a reclamar información por parte del Ministerio de Economía sobre la ejecución de ciertos préstamos con organismos internacionales que "tienen un nivel de ejecución muy bajo", señaló Pichetto.

"Queremos tener precisión de cuál es el nivel de avance y especialmente que ha pasado en el último año y medio con los fondos que han venido del BID, que han ingresado al Tesoro y no se han remitido a las partidas respectivas de los proyectos. Hace falta una explicación del ministro (Luis) Caputo", sostuvo.

A su vez, reveló que le pidió un encuentro al titular del BID, Ilan Goldfajn, quien estuvo reunido con el presidente Javier Milei este lunes, pero "me contestó que no me podía recibir". "Le mandamos al señor este que estuvo con el Gobierno pero no tiene interés en hablar con sectores del Congreso, un informe que confeccionó la Auditoría respecto a los créditos BID y el grado de incumplimiento que hay", expresó.

Después del escándalo desatado por la remoción de Diego Spagunuolo en la ANDIS, diputados nacionales de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el radicalismo presentaron una nota ante Miguel Pichetto, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para exigir que la Auditoría General de la Nación revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”, señalaron los legisladores firmantes del escrito.

La nota fue encabezada por Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Así las cosas, los diputados mencionados señalaron en el texto motorizado: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

Remarcaron, además, que resulta “imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Además, pidieron llevar a cabo auditorías sobre la ANMAT con el objetivo de “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Y agregaron que “particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

En medio de la embestida del Gobierno contra periodistas en el marco de la decisión de prohibir la difusión de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el escándalo por presunta corrupción en la ANDIS, diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocaron este martes y recibieron a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico quienes adelantaron que presentarán más pruebas y audios.

Desde la comisión repudiaron el pedido del Gobierno a la Justicia de allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que reveló un presunto esquema de corrupción.

“Hicimos esta reunión ante la negativa de la presidenta de la comisión María Emilia Orozco a convocar. Hace un año que no se convoca. No pueden negarnos reunirnos ante la gravedad de la persecución que está llevando adelante el Gobierno mediante acciones judiciales y de otro tipo sobre dos periodistas”, denunció el vicepresidente de la comisión, el diputado de izquierda Christian Castillo.

“Luego de que destaparon la olla de las coimas en la ANDIS. Lo que hacen es usar a algún juez o fiscal para que haga espionaje ilegal y perseguir y amedrentar. Lo hicieron durante el tratamiento de la Ley Bases”, apuntó el diputado del FIT y sumó: “Quieren hacer una censura previa llena de incongruencias. Desde hace un año pedimos hacer una reunión formal de la comisión para repudiar otros hechos, pero el modus operandi que tiene el oficialismo en esta Cámara es no convocar”.

Castillo apuntó que “el Gobierno dijo que no había plata para jubilados ni discapacitados, pero mientras se la afanaban con la coima y lo mismo pasó en el PAMI. El intento de silenciar las denuncias es para que esto no se investigue y no se pueda llegar al final”.

A su turno, la diputada de UP Carolina Gaillard criticó: “Esta comisión de libertad de expresión estuvo clausurada porque desde que se constituyó la comisión no pudimos sesionar para denunciar hechos gravísimos que acontecieron. Estamos padeciendo la censura como en épocas de dictadura. Jamás pensé que en más de 40 años de la recuperación de la democracia íbamos a tener que informarnos por medios extranjeros. La libertad es el único derecho constitucional que no puede ser restringido. Este es un Gobierno que pretende censurar la libertad de prensa”.

Christian Castillo encabezó la reunión en la que hubo reiteradas críticas a la presidenta de la comisión, Emilia Orozco.

En su alocución, el periodista Jorge Rial expresó: “Me sorprende mucho escuchar que esta comisión está casi clausurada hace un año. Me gustaría ver a la diputada Orozco acá porque es su lugar natural y tendría que estar trabajando”.

“Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra nosotros que solo estamos informando sobre corrupción en el Gobierno”, planteó y comparó: “Esta es otra etapa de este Gobierno que en menos de dos años sistemáticamente ha hecho un plan que primero reprimió, después le metió la mano en los bolsillos a los discapacitados hasta que aparecimos nosotros a destapar esto”.

“Lejos de callarnos, les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto y estamos dispuestos a compartirlo con la justicia porque el laburo del periodismo es esto".

Rial sumó: "Vamos a mostrar más pruebas que no son solo audios, los ponen nerviosos los audios, no sé qué les pasa en la Casa Rosada. Es documentación que muestra cómo, de manera aleatoria se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios a los discapacitados. Lo vamos a mostrar a partir de mañana”.

Rial sostuvo que “no es fácil tener del otro lado al Estado, sobre todo a este que es muy voraz. Es un punto de quiebre esto porque se metieron con la libertad de expresión y si nos llevan puesto a nosotros, se van a llevar puesto todas las libertades porque no creen en la Constitución porque es como la criptonita para ellos”.

A su turno, el periodista Mauro Federico aclaró que no tiene relación con servicios de inteligencia: “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”, dijo.

También negó tener vínculos con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano y uno de los apuntados por el Gobierno como posible responsable de las filtraciones, y agradeció el apoyo de Rial.

“Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy. Jorge puso el cuerpo, nos bancó”, le agradeció y agregó: “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

El inicio de la reunión se demoró más de media hora, a la espera de los periodistas, que concurrieron al Congreso después de concluir su programa en C5N. Asistieron a la reunión diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda y la Coalición Cívica. Estuvieron Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Yolanda Vega, de Innovación Federal; Héctor Baldassi, del Pro, y todos los del bloque Coherencia, menos la periodista Marcela Pagano. Del bloque Liga del Interior estuvo Mariano Campero.

Entre los diputados que intervinieron durante la reunión, el diputado del flamante bloque Coherencia Carlos D’Alessandro se pronunció sobre su nuevo rol opositor. Y lo hizo cargando contra el partido que hasta hace pocos días integró: “Éramos La Libertad Avanza y nos estamos convirtiendo en La libertad Atrasa”. Y siguió: “Militamos la libertad y nos convertimos en censura. Lo que está pasando es tremendo y muy peligroso”.

“Desde el bloque Coherencia, que conformamos cuatro diputados que nos alejamos (del oficialismo), pero que nos alejamos pidiéndole coherencia a los diputados que dejamos. La realidad está demostrándonos que estamos convirtiéndonos en lo que buscaos combatir”, señaló en otro pasaje y concluyó diciendo que “rehazamos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión”.

Transitaba el último tramo de la reunión de la Comisión de Discapacidad este martes, cuando el oficialista Carlos García pidió la palabra. “Nosotros no aceptamos ningún acto de corrupción”, arrancó el diputado, quien al referirse al caso de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, señaló que “cuando la Justicia determine y haya una condena, uno podrá tomar una determinación”.

“Hoy hay una condenada que tiene una tobillera y hubo actos de corrupción”, dijo en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, para diferenciar que “no en este caso, porque estamos esperando que la Justicia haga su trabajo”.

En esta línea, el libertario insistió: “No podemos juzgar antes que lo determine la Justicia. No podemos guiarnos por lo que dicen los medios de comunicación. Hoy son trascendidos”.

Mientras desde la oposición comenzaba el murmullo, García defendió que “el Gobierno hizo lo correcto de apartar al funcionario y hacer auditorías”.

“Los que formamos parte de este espacio estamos convencidos de este proyecto nacional. Yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Chaco, donde veía a los punteros políticos como distribuían pensiones como caramelos y sacaban sus beneficios. Esas pensiones mal otorgadas fueron en detrimento de aquellos que en realidad la tenían que tener”, lanzó.

Rápido salieron a responderle. La primera fue la diputada de Unión por la Patria María Luisa Chomiak, quien le preguntó que “si le consta que hay pensiones mal otorgadas en Chaco, si hizo la denuncia correspondiente”. “Porque es muy fácil venir a tratar de defender, lo que para mí es indefendible, poniendo en tela de juicio nuevamente a las personas con discapacidad”, expresó la también chaqueña.

“Yo no hablé de los beneficiarios, sino que a muchas de estas pensiones se les dio una utilidad política y eso nadie puede negarlo, que punteros e intendentes usaron este beneficio para dárselo a gente que no se lo merecía, no me refiero a gente que sí lo merecía”, ratificó García.

También desde UP, Aldo Leiva le contestó: “No quiero polemizar con mi comprovinciano. La verdad Carlitos que venir a defender esto hermano… ¿Para qué? No tenes necesidad de venir a dar la cara por estos impresentables. Vos sabes, en Presidencia de la Plaza andá y ahí hay ciegos, sordos, personas con piernas amputadas, con cáncer, que le recortaron las pensiones”.

El opositor consideró que el recorte en discapacidad se hizo “para cumplir con los acuerdos con el FMI”. “¿Y dónde fueron a meter la mano? Lo de Spagnuolo es indefendible. Fueron a meterse con los que no se pueden defender”, subrayó.

Muy dura, la kirchnerista Florencia Carignano le devolvió: “Lo suyo fue de una pobreza intelectual terrible, no tiene idea de cómo se maneja el Estado. Anduvo por otros partidos, como Patricia (Bullrich), siga dando vueltas, sigan cagando a los argentinos como lo vienen haciendo. La misma Corte mafiosa y corrupta que decidió poner presa a la principal líder política de la oposición de este país, va a ser la que los va a meter presos a todos ustedes, empezando por los Menem, siguiendo por Karina y terminando por Milei. Así que yo que usted empiezo a buscar otro partido, porque son todos unos corruptos”.

A la reunión de la Comisión de Salud le siguió este martes en la Cámara de Diputados un encuentro de la Comisión de Discapacidad, donde se giró a Asuntos Constitucionales un pedido para que ponga en tratamiento rápidamente los proyectos referidos a interpelaciones y pedidos de informes por el caso de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan una presunta red de coimas que involucraría a importantes funcionarios del Gobierno.

Las distintas resoluciones impulsadas por la oposición tienen como cabecera a esa comisión, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que en ocasiones anteriores ya fue emplazada en varias oportunidades.

Además, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, anticipó que la semana que viene volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga que se vuelva a dar de alta a las pensiones suspendidas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS.

En primer lugar, el diputado socialista Esteban Paulón recordó que la discapacidad fue “un área de las más estigmatizadas por este Gobierno” que “se empeñó en vincular cada derecho conquistado con un supuesto curro de la casta política”. En ese marco, hablaron de que “las pensiones estaban infladas, que personas que no necesitaban el CUD lo tramitaban, que tenían el privilegio de no pagar los peajes”, señaló.

“En el medio del estigma vino el maltrato, las colas interminables, las auditorías fantasmas, las notificaciones a domicilios truchos para dar de baja las pensiones por discapacidad”, recordó el santafesino.

Sobre su pedido de interpelación, afirmó que quedó “abstracto” en cuanto a Spagnuolo, “pero sí hay una funcionaria que sigue estando y que es la que tendría que ver con este esquema de recaudación, y que es la funcionaria que como tiene pánico de que se le escuche su voz, pidió a un juez violar abiertamente la Constitución Nacional, en un acto claramente inconstitucional de censura previa”, dijo en referencia a Karina Milei.

Además, Paulón cuestionó a “un Gobierno que en dos semanas no logra dar una respuesta tan simple como que no hubo corrupción o no hubo coimas. No lo pudieron decir. Entonces, que vengan a dar explicaciones al Congreso”. “El hilo conductor de todos los escándalos que le ponen opacidad a este Gobierno tiene el nombre de Karina Milei, quien más temprano o más tarde tendrá que venir a dar explicaciones a este Congreso”, aseguró.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva expresó: “No vamos a aceptar que la única respuesta del Gobierno sea correr al funcionario del que surgen estos audios escandalosos y no avanzar con una sola respuesta por parte de los funcionarios involucrados”. “No vamos a aceptar que la única respuesta sea no seguir brindando información”, enfatizó.

“Este Gobierno aspira a la degradación institucional constante, lo que no podemos permitir es que aspire a cerrar este Congreso”, añadió la bonaerense, que desafió a que “si tenemos que crear 100 comisiones investigadoras para que los funcionarios sean obligados a comparecer y dar declaraciones”, lo hagan. “Agotemos todas las vías que tengamos que agotar”, sumó.

En su intervención, Eduardo Valdés criticó que “Spagnuolo se llenó la boca con la palabra auditoría. Y en distintos medios se reflejó como en 2024 y 2025 la dirección de la ANDIS se floreaba con la palabra auditoría. En este Gobierno, esa palabra significa recortar derechos”.

“Spagnuolo dice en los audios que (Federico) Sturzenegger lo obligó a reducir drásticamente el área de auditoría de la ANDIS. De 16 personas quedaron 4. ¿Así auditaron a 110 mil personas? ¿O fueron bajas sin revisión, como también se desprende de los audios? ¿Por qué Sturzenegger decidió vaciar el área? Para poder recortar derechos y para que no se controlen los contratos con las droguerías”, observó el legislador de UP.

Durante la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo destacó la “tarea extraordinaria, impresionante” del colectivo de personas con discapacidad en contraste con “la hipocresía sin límites del Gobierno”. “Donde decían que no había plata congelaron las prestaciones, liquidaron 110 mil pensiones. Hay plata para las coimas y no hay plata para los discapacitados; hay plata para sobreprecios en el PAMI, pero no para un aumento módico para los jubilados, y esto está indignando a mucha gente”, advirtió.

“Estamos ante una gran oportunidad política: se les acabó el relato, el mileísmo con esta situación no tiene más relato. Ese discurso de la casta contra el pueblo, la casta son ellos. La casta empresarial, la casta de lo peor de la política y el pueblo son las personas con discapacidad, los jubilados y los niños y niñas. Hablaban de corrupción de otros y los corruptos son ellos, y la corrupción con lo peor, con la salud y las personas con discapacidad. No deberían hablar más de la casta y la corrupción, deberían venir a dar explicaciones”, sentenció la radical Natalia Sarapura.

En tanto, Natalia de la Sota manifestó la “indignación respecto a lo que ha sucedido”. “En los audios quedó claro que le estaban defendiendo un porcentaje a Karina Milei, cosa que no se puede creer”, dijo la diputada de Encuentro Federal, que cuestionó las medidas tomadas en el área. “No tienen idea lo que es la discapacidad ni el interior del país. Hay que trabajar muchísimo es suspender la baja de las pensiones”, consideró.

Durante el encuentro, los oficialistas Gerardo Huesen y Carlos García estuvieron presentes. En el cierre, García tomó la palabra y distintos diputados de UP salieron a contestarle.

El senador nacional Martín Lousteau expresó su profunda preocupación por lo que definió como una “deriva autoritaria” del Gobierno nacional, en medio del escándalo por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que involucra incluso a Karina Milei, hermana del presidente.

“Estos desvaríos institucionales son cada vez más graves. Que se denuncie y se pidan allanamientos a periodistas no tiene antecedentes. Es una violación al secreto de las fuentes, protegido por la Constitución. Esto es lo opuesto a una sociedad abierta”, afirmó Lousteau en declaraciones radiales.

El líder radical también criticó el uso de un juez con múltiples denuncias —incluidas cinco por acoso sexual— para obtener una cautelar que limite la circulación de los audios. “Mientras tanto, el Gobierno se burla, ataca, impone su pensamiento y guarda silencio ante el escándalo. La ministra de Seguridad actúa como vocera judicial para frenar la difusión, cuando en otras circunstancias reaccionó de forma muy distinta”, señaló.

Lousteau subrayó que “la ministra debería ocuparse de que no se graben funcionarios en la Casa Rosada, no de perseguir periodistas”. Y recordó que la Corte Suprema ya se pronunció sobre la libertad de información, limitándola solo en casos que involucren a menores.

“Es insólito que en un gobierno que se autodefine como libertario se puedan decir barbaridades sobre un niño con espectro autista, pero no se pueda hablar de corrupción”, ironizó.

El senador también denunció que mientras se ajusta a personas con discapacidad, “les están robando”, y reveló que los contratos con la droguería Suizo Argentina se multiplicaron por 31. En ese marco, anunció que desde el Senado solicitaron a la Auditoría General de la Nación que audite a la ANMAT por la crisis de fentanilo y las irregularidades en la ANDIS.

Finalmente, Lousteau llamó a frenar el avance autoritario “desde los ámbitos institucionales y también con el voto de la ciudadanía”.

La Comisión de Acción Social y Salud Publica de la Cámara baja se reunió este martes para avanzar con interpelaciones que tienen como destinatarios a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, para buscar esclarecer la situación que rodea los audios que muestran situaciones de cohecho en la compra de medicamentos desde la ANDIS.

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, explicó las dificultades que se plantean para la labor parlamentaria por el manejo que las autoridades de la Cámara hacen de los proyectos, aumentándoles los giros de modo tal de extender el tratamiento de los mismos. En el caso puntual de los proyectos que estaban debatiendo, los mismos tenían como cabecera Asuntos Constitucionales, por lo que “vamos a avanzar en esto que nos permite el reglamento, que a pesar de no ser cabecera podemos iniciar el tratamiento de estos proyectos para que no nos inmovilicen en el trabajo parlamentario”. Así las cosas, terminarían emplazando para dictaminar, pero advirtió que “este es un sistema que no puede perdurar en el tiempo. Entiendo la idea de entorpecer el trabajo parlamentario, pero no lo podemos compartir. No debe ser así”.

Mientras tanto, los pedidos de informes de los diputados Sabrina Selva, Christian Castillo y Oscar Agost Carreño habían sido unificados en un anteproyecto, y los pasaron a la firma para servir de base para el dictamen. Al cierre de la reunión habían conseguido 21 firmas sobre 25 diputados presentes.

Como autora de uno de los proyectos, la diputada Selva pidió incorporar al texto la versión taquigráfica de los audios de Diego Spagnuolo, que a continuación leyó. “Mi pedido de interpelación es a Lugones y Karina Milei, la principal indicada por estos audios de ser la beneficiaria de estas coimas, más Lule Menem, al que no podemos citar porque no tiene rango de ministro, como sí lo tiene Karina Milei”, señaló la diputada de UP, aclarando que en lugar de estar discutiendo esa cuestión deberían estar abordando cuestiones como qué hacer con la ANDIS, las miles de pensiones dadas de baja, o el presupuesto de la ANDIS y la actualización de las pensiones. También puso la lupa sobre el PAMI, una investigación que anticipó será lo que viene.

Y finalizó afirmando que “hay mucha oscuridad, un nivel de crueldad exacerbado, hay que avanzar con esas interpelaciones, y sino crear una comisión investigadora”.

A continuación, Castillo atribuyó el escándalo a “la hipocresía sin límites de parte del Gobierno, que mientras cortaba servicios se afanaba la guita con las coimas”.

“La interpelación es lo mínimo que podemos hacer”, sostuvo, advirtiendo que “la coima está al servicio de un plan de ajuste brutal al pueblo trabajador con este gobierno”.

Finalmente Agost Carreño trazó un paralelismo con el escándalo $LIBRA, y habló de un comportamiento similar ante situaciones similares y extremas: “Se paralizan ante la información que surge, no aclaran nada y no denuncian a nadie, y le echan la culpa a la oposición o a la prensa”. Otro detalle común que encontró fue que las denuncias “vienen en general siempre de las entrañas del propio Gobierno”. Recordó además que “las fotos de Fabiola en la fiesta de Olivos también se dio en tiempo electoral y por supuesto que pudo haber una operación política… Ahora, las filtraciones tienen que ver con gente de confianza del Gobierno y no quita que haya que hacer una investigación a fondo. Una interpelación es el primer paso para eso”.

En la reunión participaron varios miembros del bloque oficialista, aunque ninguno de ellos intervino. Sí lo hizo el  jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien pidió cambiar la estrategia. “Si nos quedamos solo en la interpelación, ya sabemos lo que hizo (Luis) Caputo, el ministro de Justicia… Por el mayor escándalo de corrupción tenemos que irnos a Uruguay para enterarnos de las cosas”.

“Me voy a adelantar, sepamos una cosa: no va a venir Karina Milei, y este Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto, porque el enemigo está acá, en este Congreso, en la Casa Rosada”, cerró el diputado, para quien “si con los pedidos de interpelación no alcanza vayamos evaluando la creación de una comisión investigadora”.

Lo mismo dijo a su turno la diputada Mercedes de Mendieta, quien abogó por avanzar con la  interpelación, “pero todos sabemos que Karina Milei, ‘la cajera’ no va a venir al Congreso, porque estamos en el medio de un capítulo de una temporada que va a tener varios capítulos”.

A su turno, la diputada Cecilia Moreau hizo un análisis muy descarnado del caso, que definió como “cada vez más confuso, sucio, desprolijo”, y se preguntó por la reacción del Gobierno, que insiste en buscar el origen de las denuncias. En tono personal, dijo que “la fiesta de Olivos en parte nos cagó el Gobierno… Ahora, no nos pusimos a investigar entonces quién filtró la foto. ¿Qué importa eso?”.

“¿No les llama la atención que la única reacción del presidente ante este caso haya sido avalar el poseo de la Suizo Argentina?”, se preguntó, recordando que la droguería no quiso dar las claves de las computadoras a la justicia, el dueño intentó profugarse. “¿No les llama la atención que la única palabra oficial del Gobierno haya sido el posteo de la droguería? Esto es un escándalo”, remarcó.

Luego Moreau advirtió que “esto se resuelve tomando medidas más concretas: hay que remover a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales”. Luego de aclarar y disculparse por no haber hablado del tema con las autoridades de su bloque, sugirió hacer lo mismo con el presidente de la Comisión de Presupuesto, “porque está impidiendo el funcionamiento de nuestra tarea, y ahí tenemos que ver quién quiere que se investigue”.

Luego aseguró que “quieren desprestigiar al Parlamento, porque sin Parlamento no hay quien controle”.

Por último, advirtió que cuando su bloque dijo que había que constituir la Comisión de Juicio Político, no fue más que para que el Congreso pudiera interpelar y acusar. “O le ponemos todo el peso del Estado, o Karina Milei y Lugones no van a venir. Si no hacemos algo, vamos a ser cómplices de no estar cumpliendo el mandato popular”.

También hicieron uso de la palabra las diputadas Mónica Macha, Vilma Ripoll, Esteban Paulón, Juan Marino, Germán Martínez y Lourdes Arrieta.

Finalmente se pusieron a la firma otras once iniciativas de diversas temáticas, entre proyectos de resolución, declaración y pedidos de informes que ya habían sido aprobados en la comisión de asesores de Salud y Acción Social.

En el cierre de su discurso inicial ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la causa iniciada a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los que se sospecha de una presunta red de coimas que involucraría a altos funcionarios del Gobierno.

“Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, arrancó el funcionario.

A continuación, criticó tanto “la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas” que “forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, aseveró.

“Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”, continuó.

Al leer su discurso, el ministro coordinador recordó que removieron a Spagnuolo e intervinieron la ANDIS “para garantizar su correcto funcionamiento” y “realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

“Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante”, expresó y sumó: “No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional”.

En el final, Francos afirmó que “no hay lugar para medias tintas. Cuando el horizonte es claro y firme, no hay turbulencia ni obstáculo malintencionado que pueda desviar el rumbo. Como dijo el presidente, ‘no vamos a parar hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo’”.

Sin nombrar a ningún funcionario, ni siquiera a Spagnuolo, Francos volvió a referirse al tema después del primer tramo de preguntas, en el que consultaron los diputados del Frente de Izquierda y los de Coherencia –exlibertarios-.

“Creí que cuando hacían así (haciendo el número tres con la mano) hablaban de los votos que sacaron en Bolivia”, chicaneó Francos a los legisladores de la izquierda, que habían cargado duro contra el Gobierno y, sobre todo, contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, apuntada como presunta beneficiaria de un 3% de retorno en sobornos. El mismo gesto, cuando la sesión recién empezaba, le había hecho el cívico Maximiliano Ferraro y el jefe de Gabinete le había pedido que no le falte el respeto.

Tras el escándalo que protagonizó en el recinto la libertaria Lilia Lemoine contra su par Marcela Pagano, el jefe de Gabinete reanudó sus respuestas sobre el tema. Empezó aclarando que “Suizo Argentina no es un laboratorio, es una droguería. La droguería adquiere de los laboratorios y distribuye. No es cierto que esta droguería haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional estos ciento y pico de mil millones de pesos o 78 mil millones, no sé exactamente cuánto es porque hay unos que dicen una cosa y otros, otra”.

“Lo que ha habido es una licitación para la provisión, depósito y traslado de medicamentos por el término de dos años y en la que participaron otros oferentes. Tres renglones los ganó Suizo Argentina y el resto OCA”, precisó.

Además, afirmó que la ANDIS “tiene el mayor porcentaje de los trabajadores de personas con discapacidad que requiere la administración pública”.

En cuanto a las pensiones, subrayó: “Estamos haciendo un relevamiento sobre las pensiones que se han otorgado en los últimos 20 años. Es increíble ver cómo se han incrementado de 73 mil a 1.200.000 durante los años que gobernó el país el kirchnerismo. O creció mucho la discapacidad en la Argentina o se utilizaron las pensiones por discapacidad para beneficiar políticamente a municipios y provincias”.

“El Gobierno está preocupado por tratar de que se otorguen a quienes realmente las necesitan”, sostuvo y ratificó que “hay cientos de miles que no las necesitan y es lo que estamos investigando”.

El diputado nacional Carlos D'Alessandro, uno de los tres legisladores que la semana pasada abandonó el bloque de La Libertad Avanza, se refirió al escándalo de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y afirmó que cree que son veraces, al tiempo que aconsejó al presidente Javier Milei sobre su entorno.

"Yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie, para mí Milei es el norte que hoy marca la Argentina posible y distinta, no así la política que lo rodea. El presidente tiene la posibilidad todavía de virar el barco, sacarse a la vieja política de encima", opinó.

El jefe de la bancada Coherencia, que también integra Marcela Pagano, cuestionó que "LLA dejó caer las banderas que teníamos en 2021 y 2023. Tiraron la bandera de la pelea contra la corrupción, la casta y los privilegios de los políticos".

Para el puntano, en medio de este caso, es necesario "un reseteo de parte del Gabinete" y "una mejor relación con los aliados que nos pueden dar musculo político para seguir gobernando".

"Del presidente para abajo son todos fusibles", aseveró y observó que "si el presidente no modifica la política del Gobierno es muy difícil poder transitar un Gobierno que vuelva a ser creíble y que los argentinos de bien sigan soportando el ajuste".

Respecto de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se revela una presunta trama de coimas que involucraría a altos funcionarios, entre ellos la propia Karina Milei, D'Alessandro expresó: "Creo que esto está sucediendo en el Gobierno, porque los rumores son muy fuertes y la descripción de los audios pareciera totalmente veraz".

Además, apuntó que el incremento en la facturación en un 2.600% del laboratorio Suizo Argentina "respalda los dichos de Spagnuolo, donde se ve el favoritismo a una empresa".

"La Justicia por primera vez demostró celeridad. Necesitamos que esto se investigue y se juzgue en tiempo real", agregó en declaraciones a radio La Red.

Y defendió la postura de su nuevo bloque, que decidió salir de LLA: "Nosotros cuatro venimos a pelear contra la corrupción, no a callar ni avalar privilegios. Las coimas en la ANDIS son un escándalo que mancha al proyecto liberal. No vamos a ser cómplices de la corrupción".

Nadie esperaba que el ministro de Salud, Mario Lugones, ni Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, asistieran este miércoles a la reunión informativa para abordar la situación del organismo, en el marco del conflicto desatado por las supuestas coimas en el área. Por eso, cerca de las 12.30 cuando arrancó la reunión, se tomó la postura de los funcionarios con naturalidad, pero también con decepción.

Además, al encuentro no asistió ningún integrante de La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el Pro y la UCR -salvo una excepción-. Estuvieron sí Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Ante la ausencia de los funcionarios, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones.

En el comienzo tomó la palabra el titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”. En esa línea, mencionó que así había sucedido con el anterior ministro, Mario Russo; el actual, Lugones y el presidente del PAMI, entre otros.

"Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el tucumano, que resaltó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso.

Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las supuestas coimas en la ANDIS y compras directas de medicamentos.

El tema es que la mayoría de los proyectos tiene giro a comisiones que la oposición no maneja, como Asuntos Constitucionales, por lo que advirtió que “no nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos, sino no va a avanzar esto”.

El diputado de Unión por la Patria recordó que a las 14 estaba convocado otro plenario, en este caso para crear una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. “Y la verdad es que en estas últimas semanas hemos estado permanentemente en una situación donde muy por el contrario, en lugar de discutir una nueva ley para fortalecer la ANMAT, o mejorar por ejemplo la cobertura de vacunación de nuestros niños y adultos mayores, estamos permanentemente discutiendo para responder a situaciones de crisis que este Gobierno genera”, lamentó.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones”

A continuación, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, enumeró tres puntos que consideró clave para haber citado a los funcionarios ausentes. En primer lugar, llamó la atención por el contraste que dijo se está viviendo “entre los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad".

Puso como ejemplo al personal de los talleres protegidos, que perciben 28 mil pesos por mes. “Todo el debate que se ha hecho es para que empiecen a cobrar el 40% del salario mínimo, y en el marco de esto escuchamos audios que hablan de 500 mil, 800 mil pesos, de un lado y del otro”, comparó.

El legislador de UP se refirió a las acompañantes terapéuticas -habló en femenino, teniendo en cuenta que son mujeres la mayoría de quienes cumplen ese rol-, quienes están discutiendo hoy cómo pasan de cobrar 2.900 pesos la hora a cobrar 3.100… Ese es hoy el debate en el mundo del acompañamiento terapéutico, por 200 pesos. “El personal que hoy empieza a trabajar, va a cobrar el año que viene, porque cobra a seis meses… Esa persona que está escuchando cifras de 500 mil, 800 mil, que esta persona se queda con esto o lo otro…”, insistió.

También puso el ejemplo del transportista, que cobra 541 pesos el litro de nafta, que a su vez sale 1.500, por lo que en vez de trasladar a las personas con discapacidad los cinco días, con mucha suerte los traslada dos. Y puso en el mismo lugar a los hogares y centros de días, que buscan financiarse con rifas o ferias americanas.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones, con personas que no logran sostener su trabajo, y en el medio de esto se habla de cifras de 500 mil, 800 mil, 30 mil pesos”, volvió a comparar.

Segundo punto, continuó Arroyo, “tenemos audios que hablan también de las pensiones. En términos prácticos, las personas que han hecho 200 kilómetros, dos horas de cola, personas con ceguera de nacimiento que deben presentar otra vez sus estudios. En enero, un decreto creó las condiciones para acceder a la pensión; en mayo el decreto se anuló, y nadie sabe qué tiene que pedírsele a las personas con discapacidad. Se los hace trasladar desde tan lejos para ver si hay alguno que desiste”, interpretó, y si bien reconoció que “es evidente que había que hacer una auditoría, es evidente también que se hizo mal”.

Agregó que los pacientes “llegan y les dicen que tenían que venir el mes pasado”. Contó también que hubo 110 mil bajas, de las cuales casi 90 mil son problemas de domicilios. Por algo muy básico: se tomó el domicilio original; si alguien tiene 15 años de pensionado, tiene ese domicilio. No se hizo cruzamiento de datos, y el 40% de los telegramas no llegaron a destino. "Miren, si algo es fácil en este siglo XXI, es dar con las personas. Acá hubo 40% de pifie…”, señaló.

En tercer lugar, el opositor remarcó que las dos cuestiones expuestas son resueltas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que “reordena el nomenclador, que organiza las prestaciones, que hace que funcione el sistema y manda a hacer una auditoría, pero la manda a hacer bien”.

Por último, Arroyo pidió a las autoridades no poner en “estado de desesperación al conjunto de las personas”, y advirtió que “la puesta en marcha de la ley no es opcional. Nos falta el Senado, va a rechazar el veto y se terminó: no es si uno quiere, si le parece… ni bien se rechace el veto en el Senado, automáticamente se tiene que poner en marcha la ley”.

Al arrancar el debate, la diputada de Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta cuestionó "el silencio y la ausencia" del ministro Lugones, "implicado responsable de la masacre del fentanilo". Yendo al caso de los audios de Diego Spagnuolo, resaltó que "lo que está saliendo a la luz es que con (Javier) Milei lo que avanza es la corrupción. Dijeron que venían a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros. Está claro que son recontra casta".

"Hay una enorme estafa a las personas con discapacidad. ¿Hay plata para coimas pero no para personas con discapacidad?", agregó y anticipó que los hechos recientes son "la primera temporada de un montón de capítulos que faltan".

Denunciado meses atrás por Spagnuolo -y el fiscal Carlos Stornelli- por presunto "conflicto de intereses" en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado de UP Eduardo Valdés exhibió la sentencia de la jueza María Servini de Cubría cerrando la causa, donde ni siquiera fue citado. "Quienes me denunciaron son los autores de todas estas barbaridades", dijo.

El porteño hizo hincapié en audios del extitular de la ANDIS "referenciando las exigencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ordenaba dar las bajas de las pensiones directamente sin pasar por los controles médicos". "Por eso presenté un pedido de citación al ministro para que venga a dar explicaciones. Hay 110 mil pensiones que se dieron de baja con ese método. ¿Quién era la persona que obligaba a dar de baja las pensiones y obligó a despedir 12 de 16 personas que trabajaban en el área de auditoría?", planteó.

Además, Valdés anticipó que junto a su par Victoria Tolosa Paz trabajarán en un proyecto para que "las pensiones que se dieron de baja en este tiempo puedan ser reactivadas; nadie puede perder la pensión en las circunstancias que estamos viendo".

A su turno, también desde UP, Juan Marino lamentó el "espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo" y habló de una "banda de delincuentes" que "estaba pidiendo coimas a los proveedores de medicamentos del programa Incluir Salud, al mismo tiempo estaba paralizando la ANDIS".

El opositor subrayó que hay personas que no están accediendo a medicamentos y prestaciones, por eso "lo primero que tenemos que tratar" es "cómo se va a regularizar el funcionamiento de la ANDIS". En este sentido, pidió "depurar la ANDIS, que no sea rehén de la corrupción y que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad".

Desde Encuentro Federal, el socialista Esteban Paulón señaló que la ausencia de los funcionarios era "una pena esperada" ya que "no vienen cuando se los cita amablemente, ni cuando se los cita por votación de una mayoría del pleno". "Estamos ante un escándalo moral de proporciones, que se da además en un área que fue estigmatizada por el Gobierno", expresó.

El santafesino cuestionó que "el Gobierno de las auditorías" sea el que "no audita a los que venden los medicamentos al Estado y a los funcionarios que facilitaban contratos". Y, seguidamente, indicó que la empresa Suizo Argentina "multiplicó por más de 2.600% los contratos con el Estado Nacional".

"No nos queda otra que embarcarnos en una comisión investigadora", consideró el impulsor de un proyecto en este sentido, y aseguró que se fundamenta en "la gravedad del hecho" ante "170 mil millones de pesos reconducidos en compra de medicamentos" mediante decretos. "Hay que determinar responsabilidades políticas", sostuvo y reclamó que "el Gobierno debe dar urgente explicaciones porque Karina es Javier", según lo propiamente dicho por el presidente.

Más adelante, su correligionaria Mónica Fein observó que "para los mismos que nos dicen que hay que tener equilibrio fiscal y que entonces ajustan a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las prestaciones, parece que el equilibrio fisca no tiene nada que ver con las coimas, los retornos y el cohecho".

"Hay un sistema de corrupción que rompe el equilibrio fiscal", advirtió la socialista y cuestionó la ausencia de diputados aliados de La Libertad Avanza, al señalar que "parece" que para algunos "la corrupción mata según el Gobierno de turno". "Lamento que no estén aquí los que han usado tanto esa consigna. Acá hay gente que muere por falta de prestaciones y medicamentos, cuando hay millones de pesos que no sabemos a dónde van", remarcó.

Durante las exposiciones, el diputado de UP Leandro Santoro criticó al Gobierno: "Fundamentaron el ajuste brutal diciendo que lo hacían contra la corrupción y hace una semana nos venimos a enterar que mientras ajustaban a las personas con discapacidad estaban robando en las compras y contrataciones". "Es imprescindible que se hagan presentes el señor 'Lule' Menem y la señora Karina Milei, porque no se puede cortar siempre el hilo por lo más delgado", exclamó.

Única presente de su bloque, la radical Natalia Sarapura resaltó que "Spagnulo se fue sin venir nunca y eso que lo citamos un montón de veces", al igual que al exministro de Salud y al actual. "Se ha hecho costumbre que ante el escándalo hay silencio. Estamos ante el Gobierno que ya no nos van a alcanzar adjetivos para describirlo: decimos que es el Gobierno de la crueldad, de la inmoralidad y, además, son indecentes", lanzó.

La jujeña apuntó que las auditorías realizadas sobre las pensiones por discapacidad fueron "cuestionadas y sesgadas" y "cuando las hicieron no respetaron los estándares internacionales ni los derechos de las personas con discapacidad". Por eso, y ante el contexto actual, "se tiene que retroceder en las decisiones que se tomaron", pidió.

Casi en el final, la diputada de UP Florencia Carignano planteó: "Visto y considerando que no vamos a lograr que venga Karina 'tres por ciento' Milei, o 'la cajera', y su banda de corruptos a darnos alguna explicación, podríamos llamar a la droguería, a los directivos que se ofrecen a venir". En esa línea, señaló que el presidente Milei compartió el comunicado del laboratorio Suizo Argentina, donde expresan la "plena disposición" para presentarse ante "los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado".

En medio de la crecida del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reúnen este martes a las 12 en un encuentro plenario para abordar las presuntas irregularidades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado a la reunión, pero no ha confirmado su presencia.

La citación incluyó, también, al nuevo interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria, organismo estatal que funciona dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

El encuentro de las dos comisiones fue motorizado por sus dos presidentes: el tucumano Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Arroyo (Discapacidad). Según supo parlamentario.com, ninguna de las dos citaciones fue respondida por los funcionarios del área de Salud y desde el plenario dan por hecho que no asistirán, sobre todo, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al recinto de la Cámara baja al día siguiente.

La intervención de la ANDIS fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y el viernes pasado el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 16 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En medio de la polémica por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en su inmediata remoción del cargo, el diputado socialista Esteban Paulón impulsó la creación de una Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados.

El proyecto, acompañado por las diputadas Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein, busca esclarecer un presunto esquema de corrupción que, según el propio Spagnuolo, involucraría negociados con laboratorios y derivaría en el pago de coimas con “porcentajes y nombres propios”.

La iniciativa plantea que la comisión tenga amplias facultades: desde pedir informes a organismos públicos y privados, recibir denuncias y convocar a funcionarios, hasta recurrir a organismos internacionales especializados en lucha contra la corrupción. El cuerpo legislativo tendría tres meses de trabajo para emitir un informe final, con la posibilidad de denunciar penalmente a los responsables si se detectan delitos.

El proyecto fundamenta que, lejos de haber promovido una denuncia formal, el presidente Javier Milei se limitó a desplazar a Spagnuolo en la madrugada del 21 de agosto, lo que —según los autores de la propuesta— constituye “una confirmación indirecta de la veracidad de lo ventilado”.

Entre los funcionarios que la oposición considera clave citar figuran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

De aprobarse la resolución, cada bloque designará representantes para integrar la comisión, que deberá constituirse en el plazo de una semana. Su misión será desentrañar un escándalo que ya salpica al corazón del Poder Ejecutivo y que promete abrir un frente de alta tensión política en el Congreso.

Parafraseando al viejo tema de Viglietti, el presidente podría cantar “me matan si no ajusto, y si ajusto me matan”. Todas las votaciones de las últimas semanas en el Congreso lo ponen en esa disyuntiva: si los mercados lo ven timorato, desconfían, y si la mayoría social lo ve cruel, le ocurre lo mismo. No es la primera vez que sucede esto en la historia, obviamente. Pero para zafar de esa encerrona, el gobierno debería tener una válvula de escape que se llama consumo masivo, la cual no se verifica. El EMAE del INDEC (ojo con las renuncias internas) lleva dos meses seguidos en leve baja, lo cual significa un agotamiento de la recuperación. Con apretón monetario, tasas por las nubes y “plan recesión” va a ser muy difícil que suceda algo distinto.

Definitivamente esta semana fue mala en materia de noticias económicas, salvo la licitación de bonos del lunes que mejoró algo de las dificultades de la semana anterior. No obstante, el saldo de comercio exterior se está reduciendo mucho, subieron los precios mayoristas (señal de que la devaluación se está trasladando), julio tuvo déficit fiscal después de pagar deuda, el Índice Líder de la UTDT detecta que el temor a una recesión ahora es el doble al que existía en mayo, y algunos economistas empiezan a corregir la proyección de crecimiento del PBI más cerca del 4,5 %, ya no del 5.

Pero lo peor fue la caída del Índice de Confianza del Consumidor de la mencionada Universidad Di Tella: casi 14 % de descenso, el mayor en estos 20 meses de gestión libertaria (¿o ex libertaria, según la opinión de los economistas que renunciaron al Instituto Mises?). Dicho indicador cayó en todos los segmentos geográficos y sociales, además de que ya está por debajo del mismo mes de 2024. Téngase en cuenta que para la definición del voto no importa “el bolsillo”, sino la percepción sobre el bolsillo. Por eso cobra relevancia este índice.

Cuando el río suena, aguas trae. La saga de las tasas no es solo una puja coyuntural entre el gobierno y los bancos: es el fin de la luna de miel del poder económico con esta administración. Es común encontrar a economistas que alababan al oficialismo, ahora haciendo advertencias negativas sobre la segunda parte del mandato: mostrar resultados importantes para la sociedad va a ser más difícil -bajar la inflación es más sencillo que reactivar y crear empleos- y encima el mundo no ayuda. Además ¿es verdad que la decisión de desarmar las LEFIs fue del león, lo que generó muchos ruidos con el ala más racional del Banco Central? ¿Todo iba mejor cuando el Javo no se metía? Esta mala praxis monetaria ¿obligará a pedir “a little help from the Federal Reserve” post elección porque con el auxilio del Fondo no alcanza? “Que no panda el cúnico”: la geopolítica lo va a ayudar al gatito mimoso.

Como ya lo advertimos la semana pasada, la gestión luce muy lenta en sus reacciones, como un boxeador grogui en el décimo round. No tiene agenda para contrarrestar las malas noticias. Esta semana se comió dos cachetazos en el Congreso. Lo único que se les ocurrió fue un pobre posteo del vocero presidencial diciendo que estaban considerando asignar fondos al área de discapacidad. ¿Con eso imaginaban desarmar la piña desde Diputados? Los gobiernos no comunican intenciones: tienen que comunicar decisiones.

Todo lo que le pasa al gobierno en el Congreso, ya ni merece comentarios. Las decisiones sobre los cierres de listas tuvieron su efecto lógico: los que no tenían ya nada que perder por quedar afuera del juego, se esmeraron en ser empáticos con sus votantes. Hubo de todo en Diputados, hasta ruidos entre los propios gobernadores que forman parte de un mismo frente electoral nacional.

Y como si esto fuera poco, estalló la causa Discapacidad. ¿Por qué esto debería preocupar mucho a LLA?

• 1) a diferencia del caso Libra, aquí existe la sospecha (habitual) de coimas sobre contrataciones del Estado, mientras que aquél es un poco técnico para terminar de comprenderlo cabalmente;
• 2) es relevante la sumatoria de casos, lo cual genera un impacto distinto por efecto acumulativo: Libra + empresas de los Menem + Discapacidad;
• 3) se da en un marco económico de ausencia de boom de consumo, el cual podría llevar a que la mayoría haga la vista gorda;
• 4) Milei se llenó la boca sobre terminar con la casta y sus mañas: esto lo equipararía a la política tradicional;
• 5) se da en el comienzo de la campaña electoral nacional, y a 2 semanas de la elección bonaerense;
• 6) se menciona directamente a la hermana del presidente; y
• 7) estos temas son sensibles para los votantes del ex Juntos por el Cambio.

Esta última consideración es sustantiva porque es el segmento electoral más sensible a las cuestiones institucionales / republicanas. Los decepcionados tienen adónde ir, ya que hay muchas terceras vías. La gran cuestión es si querrán ir a votar o se quedarán en casa, desincentivados por la agudización de la grieta central. El abstencionismo es la gran amenaza para los opositores moderados. Pero como toda dinámica en la política contemporánea es exponencial, de corto plazo, nadie podrá arriesgar opinión hasta ver el clima de los últimos días. Proyectar el hoy hacia dos semanas -7 de septiembre- o dos meses -26 de octubre- es un ejercicio temerario.

El campeonato mundial del carpetazo dentro de LLA era esperable: el bando perdedor en los cierres de listas se cobra venganza, más aún con su aparato digital y “servilleta”. Una muestra más de que el triángulo dejó de existir hace meses. Muchos en este mundillo se preguntan si este desmadre no es tirarse un tiro en el pie que va a afectar al conjunto. Puede ser. Salvo que los violetas ganen el 7 de septiembre y haya una tregua, los ajustes de cuentas internos van a afectar el 26 de octubre.

Clima económico complejo, mala praxis política y sospechas de corrupción conforman un combo poco recomendable para empezar una campaña. Por eso el presidente dos veces ordenó en los últimos días “Poné a Francella”, y así tener un argumento para alimentar sus batallas culturales.

Estaba por concluir el último debate de otra sesión muy adversa para el oficialismo en el Senado y el oficialismo se aprestaba a sufrir otra sonora derrota por más de los dos tercios con la emergencia pediátrica, cuando volvió a pedir la palabra la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Minutos antes había hablado otro miembro de su bancada, pero a diferencia de ella muy cercano al Gobierno y de excelente relación con los hermanos Milei, Luis Juez, quien por una vez mostró un distanciamiento con las posturas del Gobierno. “No sé cuánta plata es esto -dijo el senador cordobés la ley que viene a atender la crisis del Hospital Garrahan, en un discurso que emocionó a todos-. No lo sé, le juro que no lo sé. Pero lo que necesite el Garrahan claramente se lo merece… Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que se merece para que nos sigan generando a nosotros la esperanza que desesperadamente salimos a buscar cuando pareciera que el cielo se nos cae encima”.

La senadora Tagliaferri -ya sin puntos de contacto con la estrategia de su partido- pidió salir brevemente de ese proyecto para aludir al primero de los temas debatidos esa larga jornada: la eliminación de cinco decretos del Poder Ejecutivo. Contó que a las 18.05 el Senado había rechazado el decreto 462 de facultades delegadas aplicadas sobre organismos como el INTA y el INTI, y a las 19.28 el Gobierno despedía a 367 trabajadores de esos organismos, en su mayoría profesionales. Indignada, exclamó: “Esto los pinta de cuerpo entero. Este Senado, juntamente con Diputados, rechazó ese decreto delegado; le dijo que no lo podía hacer. Y mientras esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto ¡que este Congreso le dijo que no es válido, que se lo rechazó!”.

Tagliaferri: “Mientras esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso rechazó”.

En efecto, el Gobierno buscaba sacar partido de unas facultades que se aprestaba a perder, pues a diferencia de las leyes que viene aprobándole la oposición contra su voluntad, los cinco decretos que el Congreso terminó ese día de rechazar no tienen vuelta atrás.

Fue otra semana negra para el oficialismo en materia legislativa, con sesiones en ambas cámaras en días consecutivos, en las que sumó derrota tras derrota. Aunque la jornada del miércoles en Diputados terminó con una sensación agridulce para la oposición, que se había ilusionado luego de rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad con conseguir lo mismo con el aumento a los jubilados. Pero ahí operó fuerte el Poder Ejecutivo con los gobernadores más afines y logró así torcer voluntades, cambiar posturas de modo tal de que ese veto no fuera volteado.

Tan golpeada quedó la oposición por ese traspié que no le alcanzó con el resultado positivo para los tres temas siguientes, y terminó retirándose del recinto sin debatir los dos vetos que quedaban, a sabiendas de que perdería esas votaciones. Por eso fue que el Gobierno celebró, asegurando que en realidad el resultado había sido “uno a uno”, considerando solo los vetos, el tema que más desvela al Gobierno. Incluso llegaron a decir que, de no haberse levantado la sesión, hubieran salvado 3 de los 4 vetos.

La verdad es que sí, aunque el resultado concreto de ese miércoles fuera 5 a 1 en favor de la oposición.

El mileísmo minimiza esa adversidad legislativa esperanzado en que termine siendo funcional a lo que suceda en las elecciones de octubre, cuando se definirá el futuro Congreso. Si la gente quiere revertir esa debilidad de Milei en el Poder Legislativo, tiene que votar violeta, es el mensaje. Pero la realidad indica que La Libertad Avanza seguirá siendo minoría en ambas cámaras, más allá de que consiga un rotundo éxito en estas elecciones. En el mejor de los casos, duplicará su caudal en ambas cámaras… pero en Diputados le estarán faltando el año que viene 50 diputados para abrir cada sesión, y en el Senado una veintena. Demasiado, que habrá que ver si consigue entre los bloques del medio que ya hoy no le son suficientes.

El cierre de listas dejó a la presidenta de La Libertad Avanza como gran ganadora. No queda ninguna duda de que Karina Milei hizo y deshizo como se le dio la gana con las listas, imponiendo en casi todos lados su voluntad en la confección de las mismas. La pregunta es si promediando la segunda mitad del mandato de su hermano su estrategia se revelará como acertada. Hay muchas dudas de que así sea, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el Pro, que hoy tiene 35 diputados, será a partir de diciembre un bloque de 14… más los que sume en octubre, un número muy menguado por todo lo que le ha concedido a su socio mayoritario, y el hecho de exponer 21 diputados.

La UCR, en tanto, quedó reducida a 14 miembros, como resultado de las tensiones que le creó su estrategia muy cercana al Gobierno nacional. Y renuevan 11 de esos diputados que le garantizaron parte de la gobernabilidad que el mileísmo tuvo en el Congreso.

Hay más: los “radicales peluca”, que desde el primer veto se pintaron de violeta y terminaron rompiéndole el bloque a Rodrigo de Loredo, son 6, pero en diciembre quedarán reducidos a la mitad.

De Loredo negoció hasta último momento un acuerdo con LLA que le permitiese presentar resultados dignos en su partido, de modo tal de morigerar los cuestionamientos internos, pero el primer lugar de la lista que le habían prometido terminó siendo el tercero, y el radical dejó la negociación. “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación”, confesó sobre el filo del cierre de listas. ¿Con qué argumentos convencerán en el futuro a un diputado opositor que les garantice más de una docena de votos con semejante antecedente?

La estrategia electoral del mileísmo es polarizar con el kirchnerismo, que ha preparado listas con un perfil aun más duro que el actual. En el medio, aparece una atomización producto del acuerdo de LLA con el Pro -desventajoso para los amarillos, pero acuerdo al fin-, que desinfló las chances de recrear un remedo de Juntos por el Cambio que sumara votos dentro del mismo caudal que La Libertad Avanza, con lo cual los votos se los dividirán el actual oficialismo y Fuerza Patria. Lo cual no aumentará el número que ya hemos anticipado.

La realidad es que al Gobierno no le interesa el Congreso. Se da por satisfecho con asegurarse el tercio por el que hoy tiene que penar tanto para garantizar todos los vetos que vaya a firmar Javier Milei. Y las ambiciosas leyes que promete para esta segunda etapa que arrancará tras el recambio legislativo, tales como las reformas laboral, impositiva y previsional... se verá si alcanza con lo que hay, o quedarán para un segundo mandato.

Previsor, el peronismo ha sumado muchos sindicalistas a sus listas, lo que garantiza un rechazo férreo a la mayoría de esas reformas. En tanto que el oficialismo no parece haber dotado a sus filas de figuras muy diferentes a las que ya tiene en un bloque que se ha caracterizado por una endeblez que va más allá de lo cuantitativo. Dominado además por las internas, como la que esta última semana generó la salida de tres diputados propios.

Si fue muy mala para La Libertad Avanza la semana legislativa (hay que sumarle el 7 a 0 del jueves en el Senado), ni qué decir para el Gobierno en general, con la olla que comenzó a destaparse el martes y cuyas dimensiones nadie se atreve a calcular. Comenzando por el propio Gobierno, que exhibió de manera dramática su desconcierto con el silencio que mantuvo. Dos veces se presentó el presidente ante auditorios desde que estalló el escándalo y en ambas se limitó a hablar de economía.

Había sobre todo gran expectativa el viernes por la noche en la Bolsa de Rosario, pero el presidente desinfló de entrada tal interés cuando al anunciar que hablaría “sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy”, se refirió a “la volatilidad de la tasa de interés”.

Que no le será sencillo al Gobierno salir de este brete lo dio el silencio mantenido, pues bien dice el dicho que “el que calla otorga”. Quedó muy claro que el mutismo obedecía a las incógnitas respecto de las pruebas que vayan a surgir, no sea cosa de dar argumentos que sean rápidamente contradecidos. En el ojo de la tormenta quedó la hermana presidencial, que pasó de ser un fin de semana la gran armadora del Gobierno… a ser protagonista el siguiente del peor escándalo de esta gestión. Así las cosas, en apenas una semana, el Gobierno pasó de administrar expectativas a administrar daños, en un escenario donde el silencio ya no es estrategia, sino síntoma.

Después de la remoción de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocaron a un plenario para este martes a las 12, en donde convocan al ministro de Salud, Mario Lugones para tratar las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos.

El anuncio fue confirmado por el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de Acción Social y Salud Púbica. Por su parte, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, también será parte del encuentro plenario.

También fue citado el interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue asignado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La intervención fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y este viernes el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 14 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa, contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Después de la crecida del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y los presuntos audios de Diego Spagnuolo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará este miércoles 27 de agosto a las 12 el informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Será la tercera vez en el año que el jefe de Gabinete asista a la Cámara baja. La primera vez estuvo relacionada a la interpelación por el Caso $LIBRA y la otra fue meramente informativa. Ambas fueron en el mes de abril.

Guillermo Francos regresa al Congreso tras la abrupta sesión informativa en el Senado, cuando se retiró del recinto ofendido por las acusaciones de la fueguina Cristina López, quien le endilgó la palabra “mentiroso” el pasado 26 de junio.

Me dijeron que Francos ya está practicando para el miércoles que viene, tema coimas:

"Yo no, no manejo el sistema... así que no le puedo contestar esa pregunta."
"Yo no sé si fue el primero, el segundo o el tercero."
"Yo no soy técnico en esto, no se lo puedo decir."
"Bueno, no… pic.twitter.com/d2oMlhrqul

— Julia Strada (@Juli_Strada) August 22, 2025

Sin embargo, la oposición hizo eco del anuncio de la sesión informativa y se prepara para ahondar en temas como la partida contaminada de Fentanilo que causó un centenar de muertes, los presuntos audios de Spagnuolo y la polémica en torno a la Secretaría General de Presidencia de la Nación y, nuevamente, el Caso $LIBRA.

Sobre los audios del extitular de la ANDIS, removido de su cargo esta semana, el jefe de Gabinete, consultado por la prensa, manifestó que "no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario".

Este viernes, Diego Spagnuolo fue retenido en una casa en el barrio La Isla de Nordelta. La Justicia secuestró su teléfono celular y fue allanada una máquina de contar billetes.

Las diputadas nacionales Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda y Julia Strada de Unión por la Patria ya anticiparon a través de mensajes en X que buscarán profundizar estos tres temas cuando Francos se siente en el estrado del recinto.

Legisladores de distintos bloques de la oposición se manifestaron este viernes a raíz de los allanamientos policiales que fueron realizados en el marco de la causa judicial que ya se inició por la difusión de audios, atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se revela un supuesto cobro de coimas mediante la compra de medicamentos.

Los procedimientos ordenados por el juez Sebastián Casanello fueron sobre la dependencia de la ANDIS y en sedes de la droguería Suizo Argentina. Además, al empresario Emmanuel Kovalivker se le secuestraron 266 mil dólares cuando estaba yendose en su auto de su domicilio en Nordelta.

Si bien no hay una orden de detención, recién en el mediodía de este viernes se encontró a Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei y quien fue desplazado este miércoles de la ANDIS, organismo en el cual además estaba muy cuestionado por el colectivo de personas con discapacidad por su gestión.

"Este presunto entramado de corrupción es una estafa contra las personas con discapacidad, quienes vienen sufriendo recortes en nombre de 'equilibrar las cuentas'. Mientras el gobierno ajusta, parece que solo ganan los negocios espurios a costa de quienes más lo necesitan", cuestionó la socialista Mónica Fein.

En tanto, la diputada Margarita Stolbizer cargó, sin nombrarla, contra Karina Milei: " 'El Jefe' de esta nueva organización delictiva que opera desde el gobierno al mismo tiempo que echa trabajadores, recorta derechos y se queda con la plata de personas con discapacidad, debe salir del escondite para declarar en Tribunales y en el Congreso".

"Fueron votados para terminar con el robo de los anteriores y se abusan del apoyo popular por reemplazar a (Alberto) Fernández, el peor presidente de la Argentina. Pero OJO! La vara moral no la puede poner CFK que ahora dice no conocía todas las obras de vialidad, pero bien que se quedaba con las coimas", lanzó, al cuestionar la reacción de la expresidenta ante este escándalo.

Finalmente, la bonaerense escribió: "Vamos por una alternativa decente sin volver atrás y sin aceptar a los que se disfrazan de lo que no son".

"Libra, valijas, coimas, laboratorios, Scaturicce. Esta película ya la vimos en la Argentina. Es la parte 2 de La Ruta del Dinero K: de Kirchner a Karina. Cuando el presidente decía que la mafia era superior éticamente al Estado, había que tomarlo en serio. Ahora lo estamos viendo en acción", enfatizó el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes.

A través de la red social X, el neurocientífico sostuvo que "la corrupción es como los derechos humanos: no es posible tener doble vara. No se puede condenar algunas corrupciones y en otras hacer la vista gorda. No se puede condenar los cuadernos y la Rosadita y ahora quedarse callados frente a este nuevo 'esquema' de recaudación. El silencio, por la razón que sea, es complicidad".

ACABAN DE RETENER A DIEGO SPAGNUOLO:

El funcionario mas inútil y perverso de la historia de la ANDIS.

El mismo que le recriminó al niño con autismo Ian Moche, que pagara los peajes igual que el.

El mismo que firmó el decreto 187/2025, refiriéndose a las personas con… pic.twitter.com/s8HEynMrl9

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) August 22, 2025

"200 LUCAS VERDES! IGUAL QUE KUEIDER. En el allanamiento de anoche detuvieron a Emanuel Kovalivker con USD 200.000 en efectivo en sobres. Mismo monto que Kueider! Casualidades", observó el socialista Esteban Paulón, que irónicamente agregó: "Parece que las coimas se pagaban en crocante en el Lote 5 de 'La Isla' de Nordelta".

En otro posteo, el santafesino -ahora candidato a senador por CABA- habló de "una estafa más" de La Libertad Avanza. "Los Milei juraron ir contra la casta, pero se rodearon con los fósiles más rancios de cada partido. Prometieron erradicar los curros, pero hicieron del Estado su kiosco familiar. Parece que la 'libertad' era para hacer sus negocios".

Algunas cuestiones sobre el trámite de la causa que investiga los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad.

Es fundamental que los operativos sigan a cargo de la Policía de la Ciudad y no de fuerzas federales. Como cuando en 2015, en el marco de la…

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 22, 2025

"Van cayendo todos los actores de esta política perversa! Estafas por doquier y lo que es peor, tomando a los sectores más vulnerables para atacarlos y ajustarlos. Mientras a los poderosos les perdonan todo tipo de impuestos o les facilitan los medios para que evadan y fuguen hasta el último peso/dólar", fue el mensaje del diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca.

Desde Unión por la Patria, el diputado Hugo Yasky dijo que "en la criptoestafa aparece Karina Milei, en las coimas con medicamentos para discapacitados aparece Karina Milei, en la venta de candidaturas aparece Karina Milei. Ya es hora de que 'el jefe' aparezca por el Congreso para dar explicaciones".

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió: "Cuidado que la intervención de la ANDIS, no sea para 'proteger' las huellas que dejaron, entre otros, (Daniel) Garbellini. Quizá sea para 'acomodar' documentación, aunque no para sanear el organismo y beneficiar a los discapacitados... sino para garantizar impunidad, entre otros a la 'gran hermana', sospechada de dueña del 'mecanismo'. Todos miramos...".

Presidente @JMilei, en las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, fondos que deberían tener un sólo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La información señala…

— Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 22, 2025

En un largo posteo, su par Maximiliano Ferraro aseguró que "estamos ante una ausencia de gestión y de todo tipo de control. Muchos organismos y negocios divididos en bandas. Lo advertimos desde la Coalición Cívica y con @MonicaFradeok: hay un patrón de conducta muy burdo, marginal y lumpen".

En ese sentido, el legislador enumeró "la compra y venta de candidaturas, venta de audiencias en lo más alto del poder, estafa Libra, valijera sin control, coimas por medicamentos en la Agencia de Discapacidad, ANMAT, financiamiento Fundación Faro, contrataciones directas express y fondos reservados a la SIDE sin ningún tipo de control".

"Por eso trabajamos y desbloqueamos la Comisión Libra y en febrero denunciamos ante la Justicia Federal al Presidente y luego a la Secretaria General por tráfico de influencias, cohecho y violación a la Ley de Ética Pública, mientras muchos se rendían con pleitesía ante el poder y se limitaban a especular con el cierre electoral", destacó.

Y finalizó: "Siempre investigamos y denunciamos, y vamos a seguir haciéndolo, gobierne quien gobierne. Que no sea tarde, los argentinos ya pagamos un precio alto por el 'roban, pero hacen'”.

Cuidado que la intervención del ANDIS, no sea para "proteger" las huellas que dejaron, entre otros, Garbellini.
Quizá sea para "acomodar" documentación, aunque no para sanear el organismo y beneficiar a los discapacitados... sino para garantizar impunidad, entre otros a la "gran…

— Monica Frade (@MonicaFradeok) August 22, 2025

Envuelto en una polémica por audios que se le atribuyen y en el que hay referencias al pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei echó de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad a Diego Spagnuolo.

Durante la misma jornada en la que en la Cámara de Diputados se debatía sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la divulgación mediática de audios adjudicados al ahora exfuncionario abría un escándalo con sospechas de corrupción sobre la administración libertaria.

En la madrugada de este jueves, a través de la Vocería Presidencial, se comunicó el desplazamiento de Spagnuolo, pero con críticas hacia la oposición.

"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", se informó.

Además, el Poder Ejecutivo señaló que "el Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

"Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo, en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de 500 mil dólares cada mes, justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad", denunció temprano este miércoles en el recinto el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro.

A raíz de la escalada del tema, los legisladores de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro realizaron una presentación judicial en el marco de una denuncia que ya habían realizado contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Nos hemos presentado en la fecha, en la denuncia a Karina Milei. Queremos que se clarifique si el ex abogado de @JMilei, Spagnuolo, ratifica o rectifica la existencia de coimas en favor de la hermana presidencial. Que atestigüe", expresó Frade.

SPAGNUOLO NO SOLO DEBE RENUNCIAR, DEBE DAR EXPLICACIONES ANTE LA JUSTICIA

La inminente renuncia de Spagnuolo confirmaría la autenticidad de los audios. Su salida de la Agencia de Discapacidad no puede tapar el fondo de la cuestión. Por eso, junto a @MonicaFradeok nos presentamos… pic.twitter.com/KdczqEffpk

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) August 21, 2025

Por su parte, Ferraro consideró que el desplazamiento de Spagnuolo "confirmaría la autenticidad de los audios". "Su salida de la Agencia de Discapacidad no puede tapar el fondo de la cuestión. Por eso, junto a @MonicaFradeok nos presentamos ante la Justicia para que se lo cite como testigo en la causa en la que ya habíamos denunciado a Karina Milei por la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. El gobierno mata al mensajero para tapar su corrupción. Caiga quien caiga no puede haber más impunidad en la Argentina", escribió en su cuenta de X.

Otros de los que opinó sobre la polémica fue el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy: "El Gobierno nacional debe dar explicaciones. ¿Por qué renunció Spagnuolo a la Agencia de Discapacidad? ¿Quién lo obligaba a cobrar coimas?".

Por otro lado, sumó que "mientras son detenidos los García Furfaro, asesinos con fentanilo contaminado, ¿alguien va a explicar por qué la ANMAT no intervino en el momento adecuado? ¿O acaso creen que somos todos imbéciles y que el Gobierno no tiene responsabilidad?". "Pasarán a la historia por su soberbia: la de creer que ni la corrupción ni la incompetencia merecen explicación", sentenció.

La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) alertó que el ajuste económico y desmantelamiento del Estado que propone el programa del Gobierno nacional, incluye también la desjerarquización y desfinanciamiento de las políticas de discapacidad.

Así, contó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud”, y analizó: “Esto implica un gran retroceso en derechos obtenidos porque deben garantizarse condiciones y políticas inclusivas, donde las personas puedan desarrollarse en educación, trabajo, tener una vida digna”.

El organismo encargado de implementar las políticas públicas y proteger los derechos de las personas con discapacidad este año “no tiene presupuesto actualizado, se ha desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, han despedido a 350 de sus trabajadores de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y se ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política”, precisó.

“Hemos presentado un proyecto para que se rectifique esta decisión, ya que transferir la ANDIS al Ministerio de Salud implica un abordaje absolutamente médico de las personas con discapacidad, cuando hasta el momento se aseguraban sus libertades e inclusión en todos los aspectos de la vida, yendo en línea con las convenciones internacionales de derechos humanos”, argumentó Fein.

Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y la ausencia de medidas de protección hacia las personas con discapacidad.

“Los impactos generales de las decisiones económicas, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos como el de la salud, los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados”, sostuvo.

“Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado. Preocupa que el Director actual de la agencia no tenga ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad y que solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas”, concluyó la legisladora.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió al reclamo que realizaron legisladores de distintos espacios políticos alertando por el decreto provisorio que avanzaría en la desregulación del sistema único de prestaciones para las personas con discapacidad y señaló que "el diálogo es urgente y transversal y no tiene banderas políticas”.

"Estamos haciendo todas las gestiones para evitar esta desregulación, como el viernes que estuvimos reunidos con el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo”, relató el legislador.

En declaraciones a El ciudadano news, añadió que “tenemos expectativas con este diálogo, vamos a ver como continúa ahora, pero depende del actual jefe de gabinete Guillermo Francos". En tal sentido, sostuvo que “en todos los espacios hay personas con discapacidad".

Valdés destacó el actual sistema de prestaciones y amplió que “actualmente existe un nomenclador que paga la prestación en igual calidad y con igual precio”. “Este sistema nace al calor de la Ley 24.201 durante el gobierno de (Carlos) Menem y ha sido un ejemplo en el mundo, ahora pretenden desregularla y que cada obra social pague lo que quiera y lo que pueda, lo que genera personas con discapacidad de primer, segundo y tercer nivel”, sumó.

También, expresó que “trabajamos para que las personas con discapacidad puedan autovalerse. La ley 24.901 habla de la educación para el autovalimiento, sería una de las cosas que estaría cuestionadas en ese decreto, por eso es tan importante visibilizarlo”.

Sobre el cierre, el diputado porteño respondió sobre los recientes cierres de talleres protegidos para personas con discapacidad: "Son la gran posibilidad que tienen las personas con discapacidad de llevar adelante actividades productivas, hay que actualizar los valores de estos talleres que tienen una remuneración muy baja”.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población “generará desigualdad” porque implicaría “romper con un sistema” creado por ley hace 25 años y que “hasta la actualidad permite el acceso en igualdad de condiciones” a los tratamientos, cualquiera sea la cobertura de salud que se posea.

En sintonía con el planteo del Foro, el diputado nacional Eduardo Valdés se expidió sobre el tema en el recinto de Diputados, durante la sesión que fue convocada para tratar el financiamiento universitario y el Fondo de Incentivo Docente. El legislador llamó a todos los bloques políticos a dejar las diferencias de lado y defender los derechos de las personas con discapacidad. “Este tipo de cuestiones deben atravesarnos a todos”, sostuvo.

Valdés advirtió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por el borrador de un decreto para desregular del Sistema Único de Prestaciones para las personas con Discapacidad.

“Si esto avanza habrá personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta”, observo el congresista, quien había hecho pública en el recinto de la Cámara baja su preocupación, e instó a “defender los derechos de las personas con discapacidad”.

“En el Cottolengo de Don Orione están internadas 1200 personas en doce sedes de todo el país. Son de una población con una discapacidad aguda y severa, la mayoría no tiene familia. Si el Estado las deja de asistir, ¿quién lo hará?”, planteó.

El diputado de Unión por la Patria detalló que el último censo establece que “el 12% de las personas del país tienen algún tipo de discapacidad”, y llamó a reflexionar antes de avanzar con la idea de la desregulación “no todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad”, y cuestionó a las autoridades porque el ANDIS porque cierra “oficinas en todo el país”.

“No todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad porque a veces les es muy difícil realizar los trámites, muchos de ellos no tienen familiares o personas que los asistan. Ante esa realidad, ANDIS cierra oficinas de todo el país, donde las personas más humildes que no pueden trasladarse a Buenos Aires, tienen la posibilidad de tramitar el certificado”, sostuvo.

El diputado nacional Eduardo Valdés mostró su preocupación por la ola de despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo cual motivó a un pedido de informe en la Cámara de Diputados.

La Dirección Ejecutiva de la ANDIS, que tiene como titular al abogado Diego Spagnuolo, llevó adelante el despido de 163 trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad de todo el país, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con discapacidad. Estas desvinculaciones se suman a las 135 que ya habían sido anunciadas a fines de febrero.

Entre las consultas del pedido de informe presentado por el diputado Valdés están las razones de los despidos, además de precisar si alguno de los trabajadores despedidos eran personas con discapacidad y contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD); si estas personas ingresaron a desempeñarse como trabajadores del ANDIS en el marco del cupo laboral para las personas con discapacidad y si estas desvinculaciones impactan en las misiones y funciones llevadas adelante por el organismo, y en las políticas públicas planificadas en favor de las personas con discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada en el año 2017 y a partir del 2023 pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete, entre sus funciones se encuentran el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, como así también de las acciones necesarias para promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva social y dinámica, de acuerdo con las determinaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, tiene a su cargo la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez en todo el territorio nacional.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, explicó este jueves que las prestaciones de esa índole fueron suspendidas de acuerdo con un “criterio epidemiológico” por la pandemia del Covid-19, aunque se mantuvieron aquellas brindadas en hogares y residencias.

Espósito expuso por videoconferencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Córdoba), y estuvo acompañado por la directora de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel López.

Durante la reunión virtual, la diputada Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) advirtió que “es un momento más que difícil para las personas con discapacidad y los papás y mamás que tienen hijos con discapacidad”, ya que “en el medio de la cuarentena se tuvieron que cerrar centros y eso ha generado un montón de interrogantes”.

En ese sentido, la legisladora consultó cuándo se van a restablecer servicios como fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional.

Espósito señaló que se utilizó un “criterio de suspensión epidemiológica” y aclaró que “las prestaciones que se mantuvieron son las de hogares y residencias”.

“Lo primero que tratamos es que si se puede evitar el contacto, que lo eviten. Nos preocupa mucho más una persona con discapacidad con Covid-19 que por una cuestión particularmente ontológica”, dijo.

Asimismo, indicó que “se han abierto otras opciones, como la visita al domicilio”, y reiteró que “la protección tiene que ver, en primer lugar, con el distanciamiento social” como medida preventiva de contagios.

Por otra parte, explicó que en el Directorio de Prestaciones Básicas “se unificaron criterios a nivel nacional” respecto de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, quedando afuera las obras sociales provinciales, que son autárquicas.

Ese Directorio, puntualizó, se atiene a los protocolos de salud de la Nación y de las provincias, y a su vez elaboró una guía para cada prestador, para evacuar consultas.

En otro orden, el funcionario informó que “las prestaciones tienen los mismos valores que se venían pagando con anterioridad” a la pandemia.

Al inicio de su exposición, Espósito explicó que el “lineamiento” de la ANDIS es “trabajar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

El director ejecutivo de la entidad mostró a los diputados, a través de la pantalla, barbijos transparentes hechos por personas con discapacidad “que permiten que se puedan leer los labios para los intérpretes de lengua de señas”.

A su vez, destacó la “transversalidad de las políticas de empleo, salud, trabajo y educación con los distintos ministerios”, y precisó que según el Censo 2010 hay “5 millones de personas” con discapacidad, que “necesitan el acompañamiento del Estado”.

En ese sentido, resaltó “la voluntad del presidente de poner en la agenda pública la discapacidad” y de “visibilizar” esa problemática.

Por otro lado, informó que dentro de la ANDIS hay un cupo del 8% de personas con discapacidad, y puso como ejemplo que el subedirector ejecutivo, Fernando Galarraga, es una persona ciega.