En el paquete de proyectos a tratar se encuentra el reconocimiento a la Lengua de Señas en todo el país; alcohol cero al volante; asistencia a personas gestantes sobre muerte perinatal y el programa de protección integral a personas con cardiopatía congénita.
Tal como se venía barajando en los últimos días, en la tarde de este viernes se conoció la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 24 de noviembre a las 11 con un temario consensuado que consta de once iniciativas para poner a consideración del pleno.
El pedido de sesión fue elevado a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, firmado por el presidente del bloque, Germán Martínez, y sus compañeros de bancada Paula Penacca, Marcelo Casaretto, María Caselles, Ana Carolina Gaillard, Lucas Godoy, Daniel Gollán, Leonardo Grosso, Carlos Heller, Susana Landriscini, Tomás Ledesma, Jimena López, María Masín, Blanca Osuna y Eduardo Valdés, con el fin de tratar un grupo de proyectos, muchos de los cuales fueron dictaminados en los últimos días.
Según consta en la citación suscripta por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul, la convocatoria es para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, “con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, a fin de considerar los siguientes expedientes”.
El primer proyecto del temario es el que propone el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.
Otro de los proyectos establece la modificación a la Ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.
En ese sentido, la iniciativa establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Sobre este tema, hubo dos dictámenes. El de minoría corresponde a la radical Jimena Latorre representante de Mendoza -región vitivinícola-, y sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.
En materia de salud hay dos proyectos, uno tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.
De acuerdo con el proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Se busca dotar a los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.
Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.
El otro texto es un proyecto que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.
En materia de medio ambiente, se encuentra en el temario el proyecto que modifica la actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Específicamente el texto propone sustituir el artículo 49 que quedará redactado así: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas”.
Entre las sanciones enumera apercibimiento; multa de 900 Unidades Fijas (UF) hasta 900.000 Unidades Fijas (UF); suspensión de la inscripción en el Registro de 180 días hasta 3 años; Cancelación de la inscripción en el registro, y aclara que estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.
También se encuentra el proyecto para modificar la Ley 27.399 sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.
La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.
Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.
Además, se debatirá la transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
El dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.
También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.
Citacion-a-Sesion-Especial_-24-de-noviembre-2022_11-horasLa ‘Ley de leyes’ fue sancionada por unanimidad en la sesión especial del Senado, en la que también se convirtió en Ley la prórroga de seis impuestos y una fe de erratas sobre el artículo 89 del Presupuesto.
En la tarde de este miércoles, precisamente a las 17.35, el tablero del recinto marcó que la Cámara de Senadores convirtió en Ley el Presupuesto de Administración General de la Nación 2023 por unanimidad. Durante el cierre de la sesión especial, que duró tan solo 3 horas y que estuvo presidida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, también se convirtió en Ley la Prórroga de Impuestos.
Sin la presencia de JxC, que no bajó a dar quórum y tampoco presenció el debate en rechazo a la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, el oficialismo logró aprobar los proyectos con la presencia de los senadores aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Con una lista de oradores acortada, abrió el debate el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra (FdT), que en primer lugar se refirió a la prórroga de impuestos y asignaciones específicas que viene con media sanción de Diputados y explicó que el artículo 2 de la Ley 27.432 “prorrogó por última vez hasta el 31 de diciembre del 2022 cinco impuestos que son motivo de una nueva prórroga”.
En esa línea, detalló que la prórroga consistirá en 5 años hasta el 31 de diciembre de 2027 y enumeró los impuestos que se prorrogan: “Impuesto a las ganancias; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo;
“Además, se prorrogan una serie de asignaciones específicas hasta el 2027 que son nutridos de una serie de impuestos como el IVA, el de Capital de Cooperativas, sobre Bienes Personales, sobre impuestos a los pasajes al exterior”, precisó.
Guerra agregó que también se suspende lo que está establecido en el inciso A del artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales que establecía que el 90% del producido de dicho impuesto debía financiar el Régimen Previsional, pero “al ser suspendido dicho artículo el producido de dicho impuesto se coparticipa conforme al Régimen de Coparticipación Federal”.
Por último, indicó que “extiende por 5 años el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa que se nutre de un impuesto que se aplica sobre el capital de estas organizaciones y con una alícuota del 2%”.
“Los impuestos que estamos buscando su prórroga representan entre el 30 y el 32% de la recaudación tributaria”, remarcó el riojano y resaltó que “son de relevancia su continuidad para financiar, no solamente los presupuestos nacionales, sino también los provinciales, porque son impuestos coparticipables y a su vez el dinero producido de estos impuestos se destina a financiar al Régimen Previsional”.
Relacionando con el Presupuesto 2023, Guerra explicó que “la suma de cuatro impuestos de los que estamos prorrogando, involucran una cifra superior a los 11 mil millones de pesos más del 7% del PBI”, y subrayó: “Estamos sin duda ante un hecho muy importante y necesario que dichos impuestos continúen”.
Los impuestos que estamos buscando su prórroga representan entre el 30 y el 32% de la recaudación tributaria. Son de relevancia su continuidad para financiar, no solamente los presupuestos nacionales, sino también los provinciales“.
Por otro lado, el titular de la Comisión de Presupuesto reiteró que los impuestos son coparticipables y puntualizó en el impuesto a las ganancias que “es coparticipable en su totalidad de recaudación entre provincia, nación y conjuntos de provincias”. “Los bienes personales, primero tienen una detracción de cifras nominales con destino al INCUCAI y luego más del 93% se destina al régimen de coparticipación federal y un 6,2% se distribuye entre las provincias que no han transferido sus cajas previsionales a la Nación”, detalló.
Sobre los impuestos a los créditos y débitos bancarios manifestó que son “íntegramente destinados al ANSeS al igual que el producido de la Ley sobre el precio final de la venta de cigarrillos”, y aclaró que en el caso del impuesto al monotributo “que tiene dos impuestos el impositivo que se distribuye en un 70% al ANSeS y un 30% se distribuye conformen al Régimen de Coparticipación Federal; y lo que es el componente previsional que compone al monotributo se destina al ANSeS”.
En cuanto a las asignaciones específicas precisó que “sobre el producido al IVA un 11% se destina al ANSeS. El impuesto sobre el capital a las cooperativas el 50% se destina al Fondo para la Educación y la Promoción de las cooperativas. El impuesto a los pasajes al exterior se destina el 40% al Instituto Nacional de Promoción Turística y un 60% a la Secretaría de Turismo”.
“La vigencia de estos impuestos es de sustancial importancia tanto para financiar al Presupuesto nacional, a los presupuestos provinciales y al Régimen Previsional, es decir, al ANSeS”, reiteró Guerra y advirtió que “no hacer lugar a la prórroga de estos impuestos, tendríamos consecuencias impredecibles desde un punto de vista social”.
En segundo lugar, se refirió al Presupuesto 2023 y explicó que se realiza para cumplir con lo establecido del artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y sumó: “El proyecto propone converger a la estabilidad económica, a la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos y a la recomposición y fortalecimiento de los mercados tanto internos como externos”.
En ese sentido, puntualizó en los objetivos centrales de la “Ley de leyes” que “están referidos a fomentar el orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas en el Banco Central y generar un desarrollo social”.
Con relación al orden fiscal, planteó que “en el Presupuesto prevé que el déficit base caja no supere el 1,9% y está en consonancia con los compromisos asumidos con el FMI y también referido al financiamiento del déficit fiscal”.
En relación al sostenimiento del superávit comercial, el riojano explicó: “Se creó el Programa de Incremento Exportador que se conoció como ‘dólar soja’ que, además de dicho programa que comenzó a regir en el presente ejercicio, también se fomentó y se incrementó sustancialmente el control de las exportaciones y de las importaciones para evitar maniobras de subfacturación y de sobrefacturación”.
Al hablar del fortalecimiento de las reservas del BCRA, el oficialista señaló que “se consensuó con distintos sectores de la economía como la ganadería, la pesca, la minería, que liquiden exportaciones para que ingresen divisas como así también se buscó los desembolsos de diversos organismos multilaterales todo con el sentido de fortalecer las reservas que es el respaldo de la moneda en circulación”.
Sobre el objetivo con desarrollo en inclusión social, Guerra consideró que “constituye una política muy importante y relevante para el Gobierno y consiste en fortalecer los salarios y jubilaciones de los ciudadanos”.
En cuanto a los parámetros macroeconómicos fijados en el Presupuesto, según el FMI “prevé un crecimiento del producto bruto mundial del 2,9% y para nuestro país está previsto un crecimiento del 2%, porcentaje que también se prevé que se mantenga para el ejercicio 2024 y 2025”.
“El consumo privado y público se prevé un incremento del 2% y de la inversión un incremento del 2,9%. El comercio exterior, continuando con la consolidación de la balanza comercial, se prevé un saldo positivo de más de 12 mil millones de dólares”, explayó Guerra y agregó: “Con todas estas medidas y proyecciones macroeconómicas que implican un reordenamiento se espera que las expectativas inflacionarias sean contenidas para que, de ese modo, se concluya el 2023 con una inflación cercana al 60% y un tipo de cambio con un crecimiento levemente superior en los 169,9 pesos por dólar”.
En cuanto a los números globales del Presupuesto, el riojano precisó: “En materia de gastos se prevé un total de 28,9 billones de pesos que, si consideramos su distribución por finalidades y funciones, tenemos que más de un 64% está destinado a los servicios sociales, donde un gran componente es el pago a los jubilados. También tiene una participación importante la salud, la educación y la ciencia y la técnica”.
“15,5% lo componen los servicios económicos (subsidios), un 10% la deuda pública, un 4% los servicios de defensa y seguridad, y un 5,6% lo que es Administración Gubernamental”, detalló y siguió: “Geográficamente un 22% está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, un 21,2% en la provincia de Buenos Aires, de tal modo que el 43,2% está concentrado en esas dos jurisdicciones. El 17,9% queda en el Estado Nacional y un 38,7% para el resto de las jurisdicciones. Claramente denota una alta concentración”.
En materia de ingresos, indicó que “se prevé una recaudación de 22,4 billones de pesos, de los cuales el 99,6% son de ingresos corrientes y solo un 0,4% son de ingresos de capital. Más del 66% de lo que son los ingresos corrientes son obtenidos de la recaudación de impuestos y un 29% lo aportan las contribuciones a la seguridad social”.
Comparando los gastos con los ingresos, Guerra observó que “tenemos un déficit de 6,4 billones de pesos los cuales se van a financiar con la obtención de fuentes financieras por 30 billones de los cuales se aplicarán por 23,7 billones de pesos. El componente principal, tanto de las fuentes como de las aplicaciones, es el endeudamiento público en pesos”.
Por otro lado, el riojano informó que se han incorporado obras en el proyecto que serán ejecutadas “en cuanto y en tanto” se les asignen los recursos. Por último, consideró que el Presupuesto 2023 “es acorde al contexto en el cual proviene y se encuentra el país. Es un presupuesto realista en la cual financia los servicios esenciales del Estado como así también las políticas esenciales definidas como un plan de gobierno, pero en un arco de restricciones que esta dado por un contexto mundial con una guerra que tiene impactos globales grandes”.
“No hay que olvidar que el país tuvo que encausar una deuda muy elevada que dejó la gestión de gobierno anterior en la cual nos introdujo al sistema nuevamente del FMI y luego tuvimos que sufrir una crisis sanitaria muy costosa y dolorosa. Todas circunstancias que hacen un contexto en el cual se encuentra la Argentina sea de restricciones”, lamentó el senador del FdT.
También destacó que el Presupuesto es “una norma muy importante y fundamental para toda gestión de Gobierno. Es una norma que autoriza a invertir en los servicios esenciales como así también en las políticas que desde el Poder Ejecutivo se definen, permite recaudar los recursos que permiten luego financiar las políticas; fija parámetros macroeconómicos”.
“Se podrá coincidir o no con las proyecciones o las políticas, pero en todo caso eso serán motivos de observaciones, pero lo que no es materia de discusión es privar a un país a tener su Presupuesto como ocurrió el año pasado en al cual la oposición no acompañó y como vemos en esta oportunidad que está ausente para su tratamiento”, criticó Guerra y ponderó: “Es un presupuesto que tiene un fuerte componente federal en materia de obra pública en todas las provincias”.
En último lugar, explicó que el proyecto viene con un “fe de erratas” en el artículo 89 que establece que “tanto el Estado Nacional, estados provinciales y municipales que son los titulares de los servicios energéticos tengan que velar por el pago de la factura que emita la empresa distribuidora del mercado que es CAMESA. Velan que las facturas que emiten contra esa distribuidora finalmente sean pagadas”, y explicó que el sentido de la “fe de erratas” es porque la redacción original establecía que esas jurisdicciones “deberán controlar y garantizar el estricto cumplimento del pago”, corrige y debe decir: “Las jurisdicciones deberán controlar el estricto cumplimiento del pago”, es decir que las jurisdicciones deberán controlar, pero no garantizar el pago de las facturas que emita CAMESA contra las distribuidoras de energía eléctrica.
Luego fue el turno del rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) definió que “un presupuesto de alguna manera es prever o intentar prever qué es lo que vaya a suceder en el próximo año fiscal de un Estado. Obviamente que cuando más cerca de lo que se prevea o de lo que se haya planteado, esté la realidad o la ejecución de ese Presupuesto hay mayor certeza sobre rumbo de una administración pública o de un país. Cuando más lejos se está de eso que se estableció mayor desestabilidad, mayor desconfianza, mayor zozobra”.
“Fundamentalmente la confianza que le da el Congreso a un Poder Ejecutivo, porque de alguna manera, el hecho de aprobar lo que el PEN supone o piensa, o desea, no deja de ser un acto de confianza del Congreso de la Nación”, consideró y remarcó: “En definitiva, lo que estamos haciendo es permitir que se recauden los impuestos de la manera que se ha planteado, y sobre todo estamos autorizando los techos de los gastos en toda la administración pública”.
A su vez, analizó: “Es muy difícil encontrar un Gobierno en los últimos años que haya cumplido, de alguna manera, que refleje lo que el Congreso autorizó ya sea como ingresos o egresos. Creo que es uno de los temas que nos marca hoy por qué tenemos la situación que estamos viviendo, porque ninguno de los equipos económicos ha logrado cumplir lo prometido en este Congreso”.
Por otro lado, aseguró que “cada discusión del Presupuesto de la Nación es un momento de tensión entre Nación y provincias”, debido a que es el momento en el cual “se distribuye lo que hay, sea mucho, poco o más o menos. Y en esa distribución los que somos del interior aspiramos, deseamos y eximios que lo que el interior produce y genera vuelva en obras, en acciones, en mejorar la vida de quienes vivimos en el interior del país”.
En suma, Weretilneck puntualizó en el tema de los subsidios al transporte que “se discutió acá y se avanzó algo, no todo lo que hubiésemos deseado”. “Uno es el transporte, cuando vemos los millones que se destinan al AMBA y que no se destinan al interior del país, y el costo del boleto de transporte en el interior del país y en el AMBA, si bien es un tema que se avanzó hasta los 85 mil millones de pesos, nosotros necesitamos que en el presupuesto del año próximo esta cifra sea mejor”, comparó.
“Lo mismo en los subsidios a la electricidad y al gas, si bien en las distintas leyes que se han sancionado se ha avanzado, la distribución sigue siendo todavía inequitativa, y si bien en Diputados se avanzó, todavía hay que avanzar mucho más”, criticó el rionegrino.
A su vez destacó como “un hecho importante el artículo 117 de la ley, donde se ha planteado un tema que tuvo origen en algunos senadores, que el 117 cuando dice que a los fines de federalizar el impacto del gasto del Presupuesto nacional, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional comprendidas en el inciso A del artículo 8 de la Ley 24.156, así como las empresas y sociedades del Estado del inciso B, y los entes públicos incluidos en el inciso C del citado artículo, que tengan cedes en las provincias harán las acciones necesarias para descentralizar al menos el 50% de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios en cada una de las jurisdicciones. Creo que aquellos que eximimos en el Presupuesto cada vez más federalismo es un tema importante y no menor que merece que destaquemos”.
“A partir de la situación que se deriva de la deuda externa, a partir del peso que tienen los aportes y contribuciones, fundamentalmente las prestaciones sociales como son las jubilaciones, y el tema de los subsidios, vemos que entre estos tres ítems tenemos casi el 70% del gasto de la administración pública nacional, con lo cual es muy complejo poder destinar recursos para todas aquellas actividades, y promociones que se necesitan en todo el país”, explayó.
En otro tramo de su intervención, celebró la “predisposición del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la provincia de Río Negro, y la predisposición en la Cámara de Diputados de esta discusión entre los senadores de la provincia de Río Negro y los diputados nacional, ya sea del Frente de Todos como de Juntos Somos Río Negro, hemos logrado que este Presupuesto refleje las obras que nosotros necesitamos en la provincia, y que forman parte del proyecto de provincia que muchas veces compartimos los objetivos”.
“Este Presupuesto prevé obras por 12 mil millones de pesos en la provincia, 500 millones en medioambiente, 4 mil millones en obras de agua y cloacas en 12 localidades, prevé 870 millones de pesos en obras educativas en 16 ciudades, 4 mil millones en vialidad nacional, tiene 780 millones de obras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y tiene distintas obras de salud por 138 millones de pesos en términos generales”, precisó Weretilneck.
Y cerró: “Con lo cual uno siempre aspira a lograr la mayor cantidad de obras y de acciones del Estado federal en la provincia que se puedan, nosotros desde el punto de vista los senadores y diputados de la provincia de Río Negro hemos logrado por lo menos garantizar que este Presupuesto refleje las necesidades actuales y de los próximos años de la provincia”.
A su turno la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) repudió los dichos del senador del Pro Luis Juez que había expresado que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, y la frase del expresidente Mauricio Macri “Alemania, una raza superior” porque “no pueden tomarse a la ligera”.
Hecha esa introducción, la riojana se refirió al Presupuesto 2023 y lamentó que “no estén presente todos los senadores porque nosotros podemos aprobar cientos de leyes, pero la ley más importante es el presupuesto porque se establecen las políticas de Estado y qué prevé para las provincias”.
“Después de la triste experiencia que tuvimos el año pasado de no poder lograr la sanción del Presupuesto en un año difícil porque no pudimos atravesar ni superar la pandemia y el mundo entró en guerra. En ese año el presidente no tuvo una hoja de ruta y tuvo que reasignar partidas y tuvo que tomar decisiones donde el contexto mundial no era el más apropiado”, sostuvo Vega.
Además, expresó que “nosotros lejos de estar unidos y hablando de cuáles son las posibilidades que tiene Argentina en medio de la crisis mundial, estamos acá divididos, pelando, mirándonos el ombligo y defendiendo los pequeños intereses de cada uno de los sectores políticos”.
“Lejos de atender lo que la ciudadanía en general quiere, lo que en general votó en el 2021 porque creo que votó a sus representantes para que estén sentados acá defendiendo los recursos de cada una de sus provincias, y no sentados de opinólogos en los distintos canales de televisión tratando de menoscabar a quienes tiene hoy la responsabilidad de dirigir los destinos del patria, sino también hablando mal del país sin poner en la mesa el enemigo fundamental que es la inflación”, lanzó con duras críticas la riojana hacia JxC.
Y siguió: “Tendríamos que estar trabajando todos unidos para que realmente la inflación que prevé el presupuesto del 60% sea la que nos permitiría la proyección”.
La última oradora fue la bonaerense Juliana Di Tulio como titular del bloque Unidad Ciudadana que contó con 40 minutos para exponer y decidió hacer un fuerte discurso contra la Justicia y después se burló del libro que publicó el expresidente Mauricio Macri, al que en plena sesión en el Senado por el Presupuesto 2023 llamó “bruto”.
Al inicio de su disertación, la senadora oficialista cargó contra JxC: “Nos dejaron sin presupuesto nacional. Nos exigen una hoja de ruta, dónde está el plan, cuál es el plan para la Argentina, y cuando presentamos el plan o no nos votan, como hicieron el año pasado, o se ausentan de una manera poco responsable”.
“Por suerte, el presupuesto vino en revisión y aunque estemos solamente el oficialismo, y algunos monobloques que honrosamente decidieron acompañar, estamos acá tratando de darle una previsibilidad que a mí me parece muy importante darles a los argentinos, en este marco desastroso, en el que estamos los argentinos y el mundo”, celebró.
En ese contexto, apuntó con munición pesada contra el expresidente Macri: “Hace tres años lo más grave que le pasó al país fue que gobernó Mauricio Macri. Ahora, cuando hablan de hoja de ruta, de plan, de previsibilidad, en qué presupuesto nacional el Poder Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri mandó que iba a endeudar a la Argentina en más de 50 mil millones de dólares con el FMI. Eso no estuvo en ninguna hoja de ruta ni nada que se le parezca”.
“Absolutamente vedado para los argentinos ese datito de que Macri volvió a traer a la Argentina el FMI. Que en el 2007 le habíamos dicho chau, con un esfuerzo enorme”, disparó Di Tullio y siguió: “Y ya veníamos además con una deuda gigantesca, porque Mauricio Macri en esos 4 fatídicos años nos endeudó en otros 100 mil millones de dólares. Donde además por supuesto defaultearon la deuda en pesos. Inventaron una cosa bastante compleja de salir, un laberinto del que tenemos que salir entre todos, pero no encontramos la ayuda de ellos, son los grandes inventores de las LELIQs, pero tampoco colaboran a ver cómo desarmamos esa bomba que está a punto de estallar”.
A su vez, cuestionó que “esa deuda fenomenal, que además se fugó 85 mil millones de dólares, y quiero recordar que entre las PASO y las generales se fugaron 22 mil millones de dólares. Para los amigos del expresidente Mauricio Macri”.
“La derecha lo primero que hace en el poder es encarcelar, perseguir, y ha tenido otras épocas mucho más duras. En democracia, sobre todo durante los cuatros años del macrismo, hemos visto cómo armaban causas. El Poder Efectivo, junto al Poder Judicial para los sindicalistas. No solo no se arrepienten, sino que lo van a profundizar”, apuntó la senadora K.
En suma, recordó que “en el 2007 nosotros le dijimos chau al Fondo, pero no era una panacea. A veces nos olvidamos es de dónde venimos. Cuando asumió Kirchner estábamos en el fondo del mar. Kirchner sacó a flote este país. Por políticas muy parecidas, que hoy vuelve a expresar, pero muy recargado, Juntos por el Cambio, a través de su expresidente”.
“El pueblo argentino sabía que si no pagábamos la deuda no podíamos crecer. Que, si no pagamos la deuda no podíamos tener independencia económica, diseñar nuestras propias políticas, por lo tanto, no teníamos capacidad tampoco de tener soberanía política, y no podíamos alcanzar la justicia social, entonces lo que esa sociedad sabía es que había que deshacerse del FMI”, afirmó.
Y volvió a recordar que “en el 2015 teníamos, repartido entre el capital y el trabajo, el 52% para los trabajadores y el 48% para el capital. Hubo tres veces en la Argentina donde se logró esto.
Macri quiere que le sobre la mitad de los argentinos, quiere mano de obra barata. Por eso quiere que los sindicatos no sean fuertes, y por supuesto meterlos en cana”.
“En el 2015 el desempleo lo dejamos en 5,9% y en el 2019 teníamos 8,9, y hoy estamos en 6,9. La pobreza, según la UCA, en el 2015 era del 30%, y en el 2019 el 40%, diez puntos más, y en el 22’ el 36,5%. Bueno, los datos nos dan mejor. Nos dicen que somos el peor gobierno de la historia. Pero por favor, peor que el de Macri no hay”, detalló con crítica.
Y cerró: “Este presupuesto, que no conlleva ajuste, si no reasignaciones presupuestarias. La verdad que yo lamento que no esté la oposición, nuevamente, para hacerse cargo los desastres que nosotros estamos intentando de arreglar. Con mucho esfuerzo, en un escenario habiendo salido de una pandemia, con una guerra, y después de cuatro años del macrismo. 100 mil millones de dólares de deuda, 85 mil fugados, y un hombre que no se hace cargo del pasado, y mucho menos se va a poder hacer cargo del futuro”.
El proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, es decir, 37 votos.
El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.
A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate en Diputados se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales; entre otras modificaciones.
La iniciativa fue aprobada el pasado 9 de noviembre con 225 votos a favor y 1 en contra. La diputada oficialista autora del proyecto sostuvo que “busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.
La diputada nacional Jimena López (FdT) ponderó la media sanción que la Cámara baja le dio al proyecto de su autoría que crea un registro nacional de deudores alimentarios y expresó: “Será un gran paso”, al tiempo que explicó: “Busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la creación de un registro nacional de deudores alimentarios con 225 votos afirmativos y 1 negativo que establece que “quien figure en esta base de datos no accederá a la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones en el registro de propiedad de inmuebles y de automotor, otorgamiento de pasaporte y de licencia de conducir, Concesiones o adjudicaciones de licitaciones a nivel nacional o de jurisdicciones locales, habilitaciones de comercios, alta laboral en cualquier empleo del sector público, entre otros”.
Para la autora del proyecto: “La cobrabilidad de las cuotas alimentarias dependen de la justicia ordinaria y queda en discrecionalidad de los jueces y juezas que tardan más de 1 año para que las infancias no tengan vulnerado el derecho. Hay que cambiar el hecho de que miles de mujeres que reclaman la cuota alimentaria son también quienes deben demostrar la calidad de vida que lleva el deudor”.
“Lo que hay que traer al recinto es la inversión de la carga, tener un Estado presente en relación con las deudas alimentarias. Chile viene siendo pionero en el tema y creó la pensión alimentaria y la sancionó con la posibilidad incluso de retener los aportes jubilatorios como forma de adelanto de esa deuda alimentaria”, comparó la oficialista.
En ese sentido, remarcó que “el incumplimiento de la obligación alimentaria vulnera los derechos de las niñeces. Hay un nivel de violencia económica que se da sobre las mujeres, pero todos los proyectos que hablan sobre cuota alimentaria tienen una mirada adulto centrista y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de la responsabilidad parental. No pagar la cuota alimentaria es una ausencia de responsabilidad parental”.
“No podemos validar que haya varones que deciden no ejercer la responsabilidad parental. Es un delito que puede ser fraudulento –si se esconden ingresos- o doloso. Y no tiene que ver con lo mucho o poco que gane el señor. Porque hay gente que ganando muy poco igualmente paga la cuota. Tiene que ver con asumir que nuestros hijos no se alimentan del aire”, agregó.
Además, señaló que “es un hecho, por cómo funciona hoy la justicia según los miles de sentencias que dicta sobre cuota alimentaria, y entiende que la mujer tiene que sí o sí cumplir con el derecho alimentario de los hijos e hijas, mientras que el hombre puede evitarlo durante años y no tiene ningún tipo de consecuencias”.
“Creo que este Registro si bien no va a resolver la cuestión central que es la cobrabilidad de la cuota. Es un gran paso, porque busca limitar un poco la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”, fundamentó la diputada.
Desde la bancada opositora lo calificaron como “un parche” que “han fracasado decenas de veces”, mientras que desde el FdT lo ponderaron.
Mientras la inflación sigue trepando mes a mes, el Gobierno nacional a través del ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes el programa “Precios Justos” para mantener el precio congelado de 1.823 productos por un plazo de 120 días, cuyo listado incluye productos de los rubros de alimentos, bebidas, lácteos, limpieza e higiene personal.
Sin embargo, desde el bloque opositor salieron a criticar esta nueva medida, uno de ellos fue el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri: “Los anuncios de Massa son parte del ‘Plan Estirar para Llegar’. Los Precios Justos han fracasado decenas de veces”.
Además, el cordobés comparó: “A diferencia de Guillermo Moreno, Massa utiliza los modales. Pero la ‘estabilidad’ que ofrece es por 4 meses. Acá no hay ninguna respuesta integral a la inflación”.
“BASTA DE PARCHES INÚTILES”, encabezó su tuit el senador radical Martín Lousteau y agregó: “El ministro de Economía anunció Precios Justos. Quieren enfrentar los mismos problemas con soluciones inútiles. La inflación en 2022 no paró de acelerarse, afectando a millones de argentinos”.
En el mismo sentido se pronunció el puntano Alejandro Cacace (UCR) quien manifestó: “Intento de control de precios número 1000 del Gobierno”, y preguntó: “¿No se les cae otra idea para bajar la inflación?”.
A su vez, el liberal y economista Javier Milei (La Libertad Avanza) desde Córdoba vaticinó el fracaso del programa “Precios Justos” que el gobierno nacional lanzó para intenta frenar la escalada de precios y criticó la situación inflacionaria que azota al país al considerar que “se trata de un fenómeno monetario que debe ser atacado para que deje de ser un problema”.
Su par en la Legislatura Porteña, Ramiro Marra expresó: “Un gobierno que usa la fuerza del Estado para limitar el libre mercado, es justo lo que una empresa no necesita. NUNCA sirvió controlar los precios, prepárense para otro fracaso”.
De la vereda de enfrente respaldaron la medida. Uno de ellos fue el diputado bonaerense Daniel Arroyo quien acompañó a Massa en la presentación y destacó que el programa “es un mecanismo para estabilizar los precios de la canasta básica por cuatro meses. Y es la forma de empezar a combatir la inflación”.
“Más de 1700 productos que van a tener el precio, que van a poder acceder claramente a través del celular, a través de distintas aplicaciones durante 4 meses. Es estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos. Es una forma para empezar a combatir la inflación”, ponderó Arroyo.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Ramiro Gutiérrez: “Cada actor público y privado con responsabilidad en frenar la suba de los precios acompañó a Massa y el equipo económico en el lanzamiento de Precios Justos”.
¿De qué trata el nuevo programa?
“Precios Justos es un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados para mantener con precios constantes más de 1500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza”, anticiparon fuentes oficiales.
Según detallaron, el acuerdo consta de dos ejes:
Los principales puntos del nuevo programa
El senador oficialista de Entre Ríos expresó su “enojo y queja” a la resolución de la secretaria de Energía que establece una tarifa diferencial eléctrica a las provincias del norte argentino.
Al hacer uso de la palabra en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de este jueves, en la que se emitió el dictamen a la Ley de leyes, el senador oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) criticó la resolución de la secretaría de Energía que beneficia con una tarifa diferencial eléctrica a las provincias del norte y adelantó que “si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.
En su alocución, Kueider se refirió a la resolución de la Secretaría de Energía sobre las tarifas diferenciales y expresó: “Las provincias del norte en el período estival se ven beneficiadas con esta resolución porque van a tener una tarifa diferencial eléctrica”.
“Vengo a traer mi queja, mi oposición y profundo malestar con esa resolución que discrimina a la provincia de Entre Ríos y otras provincias que componen el centro del país”, disparó Kueider y siguió: “Lo digo porque la resolución 719/22 tomada arbitrariamente por un pedido de gobernadores, y felicito la gestión de ellos, pero que no contiene y carece de sustento técnico. Tranquilamente lo podría demostrar con los mapas isotérmicos que tiene la Secretaría disponibles en los cuales se basaron, por ejemplo, cuando sancionamos la Ley de Zonas Frías que favoreció a gran parte del país con la tarifa del gas”.
En esa línea, criticó: “En esta ocasión para implementar un beneficio en el verano en la tarifa eléctrica, que también vamos a sufrir los entrerrianos, y que también estamos incluidos en los mismos criterios de varias provincias que hoy están favorecidas por esa resolución 719. En esta ocasión la secretaria de Energía dice que ‘el establecimiento de dicha medida tiene sustento en la solicitud efectuada conjuntamente por las mismas donde manifiestan la cuestión que las inclemencias climáticas propias del periodo estival bla bla’, el anclaje técnico y el justificativo de esta medida tiene que ver en que se las han pedido”.
“Con el mismo criterio yo la estoy pidiendo. En el día de ayer he elevado la queja y la solicitud correspondiente al presidente de la Nación, al ministro de Economía y a la secretaría de Energía. Por un lado, para la provincia de Entre Ríos, pero por una cuestión de equidad como debería haber sido, he presentado formalmente en este Senado un proyecto de declaración solicitando al Ejecutivo que incorpore a todas las provincias que, con criterio técnico y equidad le correspondería exactamente la misma mediad y sean favorecidas de la misma manera”, informó el entrerriano.
Además, recordó: “Que ese criterio técnico está muy relacionado con el proyecto que presentamos el año pasado. Yo presenté un proyecto de zonas cálidas, varios lo hicimos. En aquella oportunidad veníamos de tratar zonas frías, una ampliación de las zonas que todos votamos desde la solidaridad porque plantearse que en el sur hace frío y las condiciones son extremas, quién votaría en contra. ¿Cómo se financia? con un fondo fiduciario que aportamos todos los argentinos, entre ellos los entrerrianos, todos y no estamos beneficiados por las zonas frías”.
“En ese momento, en las discusiones de comisión, alguien planteó que en el verano en el norte tenemos muchas dificultades y necesitamos refrigerarnos haciendo uso de la energía eléctrica la cual no está nada barata en la Argentina. Se planteó trabajar en un proyecto del Norte Grande y empecé a trabajar en un proyecto de zonas cálidas porque la lógica era que los entrerrianos en la boleta de gas vamos a financiar la calefacción del sur y en la eléctrica vamos a financiar a la refrigeración del norte. Sin embargo, no somos beneficiarios de nada”, cuestionó el senador oficialista.
Y cerró: “Si vamos a los criterios de zonificación que tiene ENARGAS, que son los mapas isotérmicos, a la provincia de Entre Ríos le corresponde tanto como a varias de las provincias incluidas en la resolución2, y solicitó “la inclusión de esto. Tiene que ver con lo presupuestario. Expreso mi rechazo a esta resolución de la secretaria de energía y por supuesto si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.
El proyecto prorroga la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) cuestionó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos.
Ausente en el recinto durante la sesión de este miércoles, Milei se expresó a través de las redes sociales tras la aprobación del proyecto de ReNaBap y apuntó contra la principal bancada opositora: “¿Te das cuenta que cuando se trata de violentar la propiedad privada los de Juntos por el Kargo no son diferentes a los del Frente de Chorros?”, y remató: “Te asustan con el KuKo y ellos hacen lo mismo, pero sólo con buenos modales”.
La iniciativa propone la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años. Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”.
También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
El diputado liberal adelantó su postura de cara a la sesión especial en la Cámara baja a la que convocó el oficialismo para repudiar el atentado hacia la vicepresidenta. “No acompañaré el proyecto por más repudiable que considere el atentado a CFK”, aclaró.
Ante el proyecto de resolución que presentó el oficialismo y la posterior convocatoria a sesión especial en la Cámara baja para repudiar el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) adelantó su rechazo: “No voy a firmar que la justicia, los periodistas y la oposición sean la usina de un discurso de odio”.
En diálogo por Radio Rivadavia, Espert manifestó: “El proyecto de resolución que propone el oficialismo, para resolver en el día de mañana en esta sesión que han convocado en Diputados para las 12, yo de ninguna manera voy a aceptar firmar que acá hay un discurso de odio del cual espacios políticos, culturales, judiciales y mediáticos son la usina. De ninguna manera”.
“No tengo idea lo que va a pasar, no he conversado con los demás bloques de la oposición, pero, así como está este proyecto de resolución que ha enviado el oficialismo, yo personalmente no lo firmo ni empedo”, remarcó el diputado y explicó: “De ninguna manera voy a firmar algo que tiene que ver con hacerme cargo de un discurso de odio cuando yo vivo sufriendo desde el 2004 el discurso del odio del kirchnerismo. Desde el 2004 la primera denuncia de complot que hizo Néstor Kirchner con Alberto Fernández como jefe de Gabinete me involucra a mi solo porque critique la política económica del gobierno”.
Y remató: “Y esta gente viene a meterme a mi dentro del discurso de odio que ellos generan, pero ni empedo firmo”.
A su vez, en su cuenta de Twitter reiteró: “No acompañaré el Proyecto de Resolución oficialista en Diputados, por más repudiable que considere el atentado a la vicepresidenta CFK. No acepto que la Justicia, los periodistas y la oposición seamos propagadores de un discurso de odio. Eso es exclusividad del Gobierno”.
Así lo adelantaron los diputados Luciano Laspina y José Luis Espert en sus redes sociales de cara a la próxima sesión de la Cámara baja en la cual el oficialismo irá por la media sanción a seis impuestos, entre ellos, Ganancias y Bienes Personales.
La Cámara de Diputados sesionará el próximo miércoles y la oposición ya anticipó su postura respecto a uno de los temas que estará en el temario y será uno de los platos fuertes de la jornada: la prórroga a seis impuestos. En ese sentido, los legisladores Luciano Laspina (Pro) y José Luis Espert (Avanza Libertad) dejaron en claro su rechazo al proyecto del oficialismo.
La iniciativa, que ingresó el pasado 1ro. de agosto -incluso fue firmada por la exministra Silvina Batakis– establece la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
En ese contexto, Laspina se expresó en su red social de Twitter y aclaró: “NO HAY ACUERDO CON EL OFICIALISMO para la prórroga de impuestos. Vamos a VOTAR EN CONTRA del proyecto del oficialismo para intentar imponer EL NUESTRO QUE BAJA IMPUESTOS. En particular, Bienes Personales y Cheque”, y recordó que “¡Mauricio Macri fue el único presidente que bajó impuestos!”. El posteo fue retuiteado por el diputado Waldo Wolff.
En el mismo sentido se pronunció Espert: “Voy a rechazar toda prórroga de impuestos distorsivos que nacieron para cubrir baches fiscales de emergencia y que hace 20 años deberían haberse abolido. Si es el Estado sigue con déficit, el problema es el gasto público”, y sugirió: “Empecemos los diputados bajándonos las dietas”.
Además, la diputada oficialista sostuvo que están “en estado de alerta para defender la democracia y a Cristina”. También cuestionó el pedido de juicio político presentado por JxC: “Están empecinados en entorpecer la democracia”.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) se refirió este viernes sobre el enjuiciamiento de la vicepresidenta y consideró que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial”. Además, cuestionó el pedido de juicio político presentado por el interbloque de JxC y lo consideró como un “entorpecimiento” a la democracia.
En una entrevista por Radio Nacional AM 870, la legisladorase refirió a la reunión del PJ en LA Plata de la cual destacó que fue “muy buena” y señaló: “Estamos en estado de alerta para defender la democracia, para defender a Cristina y para intentar generar una demanda social, que ya existe, pero canalizarla hacia afuera sobre un sistema de justicia que está funcionando de una manera desastrosa”.
“Hay una memoria popular imborrable como suele suceder en nuestra querida patria de los derechos y conquistas del pueblo. La sociedad argentina en su conjunto incluso algunos empresarios, las conquistas materiales que consiguió la sociedad en 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina es imborrable y el pueblo le devuelve con tanto amor”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que “son jueces que fueron elegidos por el poder real y mediático para salir en los grandes medios de comunicación para ponderar lo que hacen o para todo lo contrario”, y denunció que “se manipula al sistema Judicial actual” porque “son jueces que fueron puestos a dedo”.
“Ese repudio generalizado en la sociedad porque, además, hay demandas sociales en torno al sistema de justicia y hay una situación muy clara con el avasallamiento que están realizando sobre Cristina, la persecución”, consideró Siley.
En ese sentido, remarcó que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial, que ha formado parte de un engranaje antidemocrático y debe ser revisado en su funcionamiento”.
Por último, sobre los dichos del presidente respecto a la comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, y el posterior pedido de juicio político por parte de JxC sostuvo: “Creo que la derecha argentina representada en parte de JxC, porque hay muchos que están en esta sobreactuación, esta empecinada en entorpecer la democracia y utilizan distintos mecanismos a esos fines y este es uno de ellos”.
“Quedó claro en los últimos días que todo el juicio este vestido desde el inicio porque los fiscales no cumplieron su rol, no construyeron un relato solo leyeron, hablaron vía zoom para salir en la televisión, violaron las garantías constitucionales a Cristina”, enumeró la diputada del FdT.
Y cerró: “Hay integrantes políticos de JxC que sobreactúan todo y quieren tener más protagonismo que el Papa”.
Así lo aclaró el diputado nacional Itaí Hagman quien, además, insistió en la aplicación de un salario básico universal porque “el mandato electoral del Gobierno tenía que ver con mejorar los ingresos de la población, si no hacemos eso no lo estamos honrando. Por otro lado, consideró que “eran necesarios” los cambios en el gabinete.
El diputado nacional Itaí Hagman (FdT) y referente del Frente Patria Grande aclaró que “no” van a “romper” la bancada oficialista, pero advirtió que “si no se incluyen a los sectores vulnerables en anuncios de políticas económicas, vamos a armar un bloque propio dentro del FdT”. En ese sentido, se refirió a la aplicación del proyecto de un salario básico universal y recordó que “el mandato electoral del Gobierno tenía que ver con mejorar los ingresos de la población, si no hacemos eso no lo estamos honrando”. Por otro lado, consideró que “eran necesarios” los cambios en el gabinete.
“Nosotros lo que planteamos luego de los anuncios de Sergio Massa, estuvimos hasta último momento esperando que se incorpore una política para los sectores más vulnerables, planteamos que no podemos apoyar un programa de estabilización que no apoye esos sectores”, comenzó su aclaración Hagman en diálogo por el programa radial Tres Al Aire.
En esa línea, afirmó: “No vamos a romper el FdT ni nos vamos a ir porque es la única herramienta para enfrentar a la derecha y que no vuelva el año que viene”.
“Si no se acepta o incorpora una política que incluya a los sectores más vulnerables, nosotros vamos a evaluar a cambiar nuestra forma de pertenecer, armando un bloque propio en la Cámara de Diputados dentro del FdT”, ratificó Hagman y agregó: “Esa es la idea que tenemos para manifestar nuestra disconformidad”. Sin embargo, explicó que “no es una decisión tomada, lo vamos a discutir y vamos a hacer un congreso en nuestro espacio. Si hay anuncios para esos sectores bienvenido sea”.
En ese contexto, sobre la posibilidad de aplicar un salario básico universal sostuvo que “es posible otorgarlo”, pero señaló que “eso no significa que no haya que debatir de qué manera financiarlo”.
“La idea tiene que ver con establecer un piso de ingresos para toda la población que no tiene un trabajo formal, que no está en relación de dependencia, que trabaja en la informalidad, que está en situación de vulnerabilidad, todo ese universo de personas que requiere un piso que le garantice, no lo que necesita para vivir dignamente, sino por lo menos la subsistencia. Por eso nuestro proyecto lo establecimos tomando como referencia la canasta básica”, explicó en base a la iniciativa.
Y sumó: “Es un piso de protección para que ningún argentino caiga por debajo de la línea de indigencia. Es un proyecto que amerita ser debatido, requiere discutir su financiación, no necesita agregarse nuevo gasto público, sino reorientar el existente en políticas sociales que están hoy en si y se pueden centralizar”.
“Es una discusión amplia que no es sencilla. Se pueden pensar formas de financiar. No se puede hacer de un día para el otro, pero se puede avanzar por partes en etapas teniendo en cuenta los recursos fiscales. Es una forma de pensar cómo salimos de esta situación económica del país incluyendo los sectores más vulnerables”, explayó el economista.
Al ser consultado si ve voluntad del Gobierno de discutir el tema, precisó: “Nosotros tenemos un debate en el FdT respecto de cuál es el plan de estabilización para llevar adelante. En el país se necesita un plan de estabilización con el tema de los precios, escases de dólares, son desequilibrios macroeconómicos”.
“Un programa de estabilización, después de 6 años terribles, no puede dejar afuera a la gente y a los sectores más vulnerables. Es la discusión q tenemos en el FdT”, reiteró el legislador y recordó: “El mandato electoral del FdT tenía que ver con mejorar los ingresos de la población, me parece que, si no hacemos eso como Gobierno, no estaríamos honrando ese mandato electoral”, por lo que consideró: “Tenemos la oportunidad de corregir ese rumbo en el año que nos queda mientras resolvemos problemas coyunturales de la economía”.
En ese marco, Hagman opinó que “hay tiempo para mejorar, pero hay que actuar rápido y con mucha autoridad política”. Celebró los cambios en el gabinete porque “así como veníamos no podíamos seguir, no íbamos a poder remontar la situación económica. El cambio de gabinete era necesario. Era necesario una refundación del Gobierno y del programa económico”.
“El escenario del 2023 es que vamos a seguir peleando el espacio contra una peor versión de los que gobernaron cuatro años. Si ese espacio vuelve a gobernar, el país va entrar en un escenario complicado, se van a poner en riego muchos derechos y va a tener retrocesos difíciles de remontar. Tenemos la obligación desde el FdT en este año y medio de hacer las cosas bien y que no esté la derecha gobernado la Argentina después”, concluyó el diputado oficialista de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Será este martes a las 14. Lo que no está confirmado aún es si el presidente de la Cámara solo renunciará a ese cargo o también lo hará a su banca.
Tras ser designado el todavía presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al frente de una cartera de Economía que absorberá otras dependencias, se oficializó este viernes la convocatoria de la Cámara para una sesión especial el próximo martes a las 14, tal como lo se lo había anticipado el tigrense a la prensa parlamentaria en el Congreso.
Ese día la bancada oficialista propondrá al Cuerpo al nuevo titular de la Cámara baja, cuyo nombramiento deberá ser aprobado por el pleno. Lo que no anuncia la convocatoria a la sesión es el tratamiento de su renuncia, lo que pone en duda si el designado ministro de Economía renunciará también a su banca o pedirá licencia.
En efecto, el texto de la convocatoria a los diputados suscripto por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul señala como motivo de la convocatoria “el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, a fin de considerar el expediente 3818-D-2022 relativo a la renuncia a la Presidencia del Cuerpo del Diputado Sergio Tomás Massa y a la elección de su reemplazo.
La convocatoria lleva las firmas del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, la vicepresidenta Cecilia Moreau, Paula Penacca, Daniel Brue, Lía Caliva, Marcelo Casaretto, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Itai Hagman, Blanca Osuna, Gabriela Pedrali, Vanesa Siley y Hugo Yasky.
Luego de ser confirmado el traspaso de Massa al Poder Ejecutivo, en el FdT comenzaron a barajarse nombres para el sillón que dejará y, entre los que trascendieron, pica en punta el de la actual vicepresidenta del bloque Cecilia Moreau.
Este viernes una alta fuente del oficialismo aseguró a parlamentario.com que la bonaerense será la reemplazante, aunque su nombre no está confirmado formalmente y desde la bancada que conduce Germán Martínez, afirmaron a este medio que el sucesor/a se terminará de definir entre el lunes y martes de la próxima semana.
Sin embargo, no fue el único nombre femenino que apareció entre los sucesores, ya que también se mencionó a Marcela Passo, Mónica Litza y Rosana Bertone.
En la danza de nombres también aparecieron el sanjuanino José Luis Gioja, quien ocupa la vicepresidencia segunda, pero con menos probabilidades; el porteño Carlos Heller, que comanda la Comisión de Presupuesto y Hacienda; o el entrerriano Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Industria. Y otra chance -aunque más baja- sería la del propio jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, hombre de Agustín Rossi. Pero sacarlo de ese lugar podría provocar un desajuste para el oficialismo.
Como dijimos, Massa no confirmó si también renunciará a su banca o se tomará licencia. En caso de que suceda lo primero, sería reemplazado por Juan Marino, líder del Partido Piquetero. Es además director provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza el camporista Andrés “Cuervo” Larroque. Su nombre tampoco fue oficializado por el FdT.
Además, el titular de la UCR en Diputados advirtió: “Esto es de extrema gravedad porque están llevando a la Argentina a las puertas de la anarquía social”. También, adelantó que “es imposible” que salga del Congreso la ampliación de la Corte Suprema porque “es una falacia”.
En un contexto de fragilidad política del Frente de Todos, con una inflación que no para de crecer y sumado a los ataques permanentes de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema, el presidente del bloque UCR en la Cámara baja, Mario Negri, cuestionó: “El Gobierno está demoliendo la economía y Cristina es insaciable en la búsqueda de impunidad”, y lanzó una severa advertencia sobre lo que puede ocurrir en el país si no se cambia el rumbo.
“Estamos frente a un Gobierno que está enclenque. Es un Gobierno que cree que puede recrear una utopía sobre el hambre que la hacen crecer, una utopía sobre una sociedad viviendo sobre una silla eléctrica, están arriba de un drone. Es un Gobierno débil. No tiene puntos de apoyos”, describió el cordobés en una entrevista por LN+.
Y sumó: “El presidente no tiene palabra. El presidente no tiene credibilidad, esta fracturado el poder, se vaciaron las cajas”, y preguntó: “¿Cuáles son los puntos de apoyo? los únicos puntos de apoyos están vinculado con una contraprestación con la CGT para ver si resuelven alguno de los problemas con las obras sociales y algo más. Con los movimientos piqueteros, fracturados y con plata. Parece más importante la guerra de poder entre la representación piquetera que la fuerza que tiene el poder del Gobierno”.
“No tomamos conciencia de la gravedad, no es que queremos transmitir escepticismo, pero la verdad es que (Silvina) Batakis es una circunstancia, no es mago, no tomaron ninguna medida, solo aumentaron el gasto público. Han hecho un despilfarro”, criticó el radical.
En ese sentido, consideró que “el Gobierno está apresado y se está manteniendo sobre lo que le pueda dar a movimientos que organizan el hambre de la población a cambio de extorsión. Tienen esa vieja costumbre de sacar a la gente a la calle cuando ellos no son gobierno”.
“El Gobierno está demoliendo la economía y Cristina es insaciable en la búsqueda de impunidad”, alertó Negri y señaló que “esto es de extrema gravedad porque están llevando a la Argentina a las puertas de la anarquía social. Es el momento de mayor gravedad que ha vivido la Argentina”.
Además, adelantó que “es imposible que del Congreso salga la ampliación a 25 miembros de la Corte. La falacia de la vergüenza, de la chantada, del trueque que eso significa es la misma que propuso bajar a 5. Creen que todo se puede comprar y vender. Eso es imposible, es un disparate”.
Y agregó: “Nos cuesta comprender que esto pase con el peronismo. No veo dirigentes del peronismo que le pueda discutir una idea al kirchnerismo, al populismo, de defender la República. Lo que es peligro es que sobre la fatiga social ellos van sin ningún tapujo por todo, de cualquier manera. Han perdido el pudor “.
“Es una cosa que no tiene límite. Es un gobierno que está en default político”, concluyó con furia Negri.
“No debería haber inconvenientes para que hablen”, remarcó el diputado sanjuanino y le mandó un mensaje de advertencia a la oposición.
Luego de tres meses que el presidente de la Nación y la vicepresidenta no se comunicaban para dialogar, finalmente lo hicieron este domingo con el fin de conversar sobre el reemplazo de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía tras su renuncia. En ese contexto, el diputado nacional José Luis Gioja (FdT – San Juan) aseguró que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no son enemigos”.
En declaraciones a C5N, Gioja apeló a la “solidaridad” de todo el arco político para transitar los momentos de incertidumbre y sentenció que “es momento de sincerarnos”.
A la oposición le advirtió “que nadie crea que si al país le va mal a él le va a ir bien” y llamó al debate entre los miembros del Gobierno nacional para “defender lo que hicimos bien y rectificar las cosas que no estuvieron bien”.
Sobre los debates dentro del Frente de Todos (FdT), el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados aclaró que el presidente y la vicepresidenta “no son enemigos” y por lo tanto “no debería haber inconvenientes para que hablen”.
Eso expresó el titular de la Cámara baja al participar de un acto en Malvinas Argentinas. “No tenemos dudas de que podemos ser un gran país, pero ese país se construye sobre la base ponernos de acuerdo entre todos”, consideró.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó junto al titular de ENACOM, Claudio Ambrosini; el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicas, Leo Nardini; la secretaria de Abordaje Integral de la Nación, Micaela Ferraro; y la intendenta Noelia Correa, de la firma de un convenio entre esa entidad y Malvinas Argentinas para extender la red de conectividad a más de 17mil vecinos.
“Los que gobernamos tenemos que poner el cuerpo, buscar soluciones y resolver problemas en un mundo que, para la Argentina, presenta dificultades, pero también oportunidades”, remarcó Massa.
Como parte del Programa de Conectividad para Barrios Populares, que impulsa el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se firmó un convenio entre esa entidad y el municipio de Malvinas Argentinas, con el fin de extender la red para beneficiar a más de 17mil vecinos y vecinas de Grand Bourg y Pablo Nogués.
Al respecto, Massa destacó que “la idea que nos rige a quienes hoy gobernamos, de que donde hay una necesidad, hay un derecho, yo agregaría que donde hay problemas tiene que haber soluciones. Y tenemos que venir los que gobernamos a poner el cuerpo y a buscar soluciones”.
Y agregó: “En un momento complicado del mundo, y de la Argentina, nuestra tarea es la de venir al encuentro de la gente, aportar soluciones. Es la responsabilidad que tenemos a la hora de gobernar: no complicarles la vida, sino resolver problemas en un mundo que, para la Argentina, presenta dificultades, pero también oportunidades”.
“No tenemos dudas de que podemos ser un gran país. Pero ese país se construye no sobre la base de ver quién tiene razón, sino de ponernos de acuerdo entre todos en esos temas en los que la Argentina puede ser un gran jugador mundial”, finalizó el líder del Frente Renovador.
Durante el evento, se entregaron además 2.500 tablets a jóvenes y jubilados, dentro del Programa Conectando con Vos.
Estuvieron también presentes los diputados nacionales Sergio Palazzo y Carlos Selva; el diputado provincial Rubén Eslaiman; los senadores provinciales Sofía Vanelli, y Luis Vivona; funcionarios y referentes del municipio, entre otros.
Fue en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales del Senado a la que los miembros de JxC no asistieron. Los mandatarios provinciales se pronunciaron por llevar a 25 los miembros de la Corte, respetando la paridad de género.
El Senado retomó este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la que JxC una vez más se ausentó al rechazar la propuesta. Esta vez participaron como invitados a exponer siete gobernadores, que se mostraron a favor de la ampliación de la Corte Suprema, según el proyecto suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y al cabo de la reunión se firmó el dictamen correspondiente.
El proyecto de ampliación a 25 miembros podría ser debatido el jueves 14 de julio, según trascendió.
Desde el Salón Illia los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) se hicieron presentes para respaldar la iniciativa kirchnerista. Recordemos que fueron 16 los que suscribieron en su momento una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes. Los mandatarios provinciales se pronunciaron por llevar a 25 los miembros de la Corte, respetando la paridad de género.
Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.
Al comienzo de la reunión, el jujeño y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó los diferentes proyectos que se han presentado en relación al tema que se pusieron en tratamiento en la comisión. Uno de ellos de la senadora riojana Clara Vega que “hablaba de la paridad de género en la integración de la Corte”, otro fue presentado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá donde “elevaba ese número de miembros de la Corte”; un proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck donde establece un número de 14 miembros y la regionalización “a los efectos de la federalización y el involucramiento de todo el territorio nacional”; el último proyecto de la neuquina Silvia Sapag donde “establecía requisitos particulares de los miembros para su integración”.
Acto seguido, contó que se abrió una instancia de debate con expositores que “plantearon la necesidad de reforma, la ampliación, se habló de una Corte de 24 miembros. Distintos expositores del ámbito académico plantearon las dificultades que tiene la Corte en su funcionamiento como el cúmulo de causas y ese reclamo y lejanía que tiene con la sociedad con lo justiciable”.
El primero en hablar fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien apuntó que “hablar de la Corte en Argentina es como un tema que parece que en el país hemos decidido que ‘de esto no se habla’”. En suma, señaló que “en la Facultad de Derecho se estudia su competencia, su jurisdicción, atribuciones, etcétera; dentro de la división de poderes”, y cuestionó que “no se estudia la historia”.
Por ese motivo, recordó que el máximo tribunal en Argentina “fue instituido en la Constitución del 53’ y ahí se hablaba de 9 miembros que el presidente Urquiza designó 3 pero nunca se constituyó la Corte. En la Reforma se eliminó el número y quedó en manos de la ley. Así es el juego constitucional. El número de miembros se establece por ley y así ha sido”.
“La historia de la Corte es de turbulencias en la vida política e institucional de los argentinos”, calificó el puntano y explicó: “Si uno lee lo poco que hay sobre la Corte, va a leer la Corte de Mitre que era de cinco miembros, si bien designó partidarios, lo hizo respetando el federalismo. Después apareció la Corte de Roca que duró mucho tiempo, luego viene la Corte que avala la doctrina de facto”.
En ese contexto, manifestó que “hay que hablar de la Corte y ver los problemas. Los gobernadores abordamos los problemas fuera de la grieta porque es un problema grande, serio, importante y debemos hablar de esto y mirar hacia el futuro para hacer o intentar algo fundacional en un clima de unidad nacional no queremos que sea la Corte de una persona”.
Sobre los problemas del máximo tribunal, Rodríguez Saá señaló que “la Corte con su número, es una de las más pequeñas en el mundo. Tiene el problema de los casos que por interpretación la Corte ha ido ampliando el recurso extraordinario a casos que taxativamente no enumera el artículo 14”. También criticó que al momento de la decisión en una causa hay “falta de información. Son cuatro personas para resolver casi 20 mil casos, es un problema”.
“La Corte no está cumpliendo con la cuestión de género y debe ser tratado en un clima de unidad nacional, no respetan la paridad de género. Estamos en un momento de la historia donde la mujer está en primer plano, es necesario que las mujeres se empoderen en los poderes del Estado. Busquemos la paridad de género”, reclamó el gobernador de San Luis.
Respecto a los proyectos, reiteró que la propuesta es de un clima de “unidad nacional, la grieta es tremenda y hace daño a la política argentina. No pensamos igual entre todos los gobernadores, pero nos ponemos de acuerdo conversando”.
“La propuesta es de 25 miembros, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Uno por cada provincia, respetando la paridad de género. ¿Cómo aseguramos que sean de las provincias? los gobernadores conversamos con el presidente y está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose y pidiendo a los gobernadores que envíe una cuaterna de dos hombres y dos mujeres con un amplio curriculum. Acá viene el federalismo, la Corte debe ser federal, desde el primer día se empezó a ser centralista. Las provincias chiquitas jamás llegamos a la Corte”, explayó.
Y siguió: “El número no asusta”, a lo que ejemplificó que la Corte en Brasil tiene 11 miembros, en Colombia son 23, Chile 21, España 5 presidentes y 74 magistrados, Italia 15 miembros, la francesa 6 salas y tres civiles de 120 consejeros.
“Tenemos que tener una Corte federal, con paridad de género con 12 o más mujeres. Lo más lógico sería de 25 o de 29 miembros transitoriamente”, cerró y pidió tratar el tema con un clima de unidad nacional.
A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el federalismo y la justicia “están en crisis”, por lo que remarcó que el nuevo proyecto debe ser un “pacto federal” que cumpla con lo que “las 14 provincias iniciales y los hombres que forjaron la Nación y destaca el Preámbulo de la Constitución del 53’”.
“En el marco de la República generó la justicia que a lo largo de la historia fue teniendo modificaciones. Aquella Corte que actuaba con competencia originaria se fueron modificando por la jurisprudencia de la arbitrariedad que generó que un instituto y una Constitución que tuvo como base la de Estados Unidos en su basamento”, remarcó.
En ese contexto, señaló que “en el esquema ha ido mucho más las funciones de la Corte que tiene cuatro miembros, es incompleta la Corte de 5 miembros con una función que tienen los jueces porque son académicos y tienen cuestiones de capacitación y el ejemplo de llevar el modelo de la Corte estadounidense donde llegan y se resuelven 200 causas máximo, tenemos una Corte a la que llegan hasta 35 mil causas por año”.
“Es imposible que una Corte de 4 miembros pueda resolver todos esos casos y es imposible pensar al Corte con 1 millón de habitantes con 4 miembros. Esto nos lleva a la necesidad de ampliarla para conformar una verdadera Corte federal que solucione los problemas del federalismo en crisis y del país porque es imposible hablar de un país sin federalismo, aunque en la práctica se volvió unitario desde el primer día”, cuestionó Zamora.
En su alocución, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “debemos hacer una evaluación desde el punto de vista de su integración a través de la historia” por lo que retomó las palabras dichas por su predecesor Rodríguez Saá y comentó que “existieron cuatro leyes que determinaron el número de miembros de la Corte que cuando, provincia de Buenos Aires, a través del Pacto de San José de Flores y la inclusión dentro de la Constitución del 53 y del 60, establece que se excluya lo que determinaba la Constitución que eran 9 miembros a través de una ley del Congreso y fueron cuatro”.
Asimismo, explicó que fue primero la Ley 27 con 5 miembros, luego la Ley 15.271 de 1960 que elevó el número a 7; la Ley 23.774 de 1990 que elevó el número a 9 y luego la 26.183 que reduce el número a 5.
“Tenemos que hacer una evaluación de lo que pasó en la historia de la Corte donde solo 3 fueron mujeres miembros de los últimos 141 años. Un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57.3% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5,5% de Santa Fe. Si uno observa quiénes no han tenido participación en la designación de autoridades son 11 provincias que a lo largo de 159 años nunca tuvieron un juez o jueza en el máximo tribunal”, cuestionó Capitanich.
Por último, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, de forma breve recalcó que “este proyecto no es contra nadie, porque cuando hablamos de justicia queremos hacer un salto de calidad. Con una mirada de poder de ayudar a la justicia porque hay que dar respuesta, para darle agilidad y eso se hace con la cantidad de miembros a tal demanda que hay. Hay que ampliar y eso tiene un sentido federal también”.
Eso escribió el titular del bloque oficialista en Diputados en sus redes sociales al compartir la tapa de un diario cuyo titular rezaba “Ley de Alquileres: la oposición se unió y se prepara para volver a golpear a los K”.
El presidente del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, compartió en sus redes sociales la tapa de un diario cuyo titular rezaba “Ley de Alquileres: la oposición se unió y se prepara para volver a golpear a los K”, y cuestionó que los medios “entienden la política como si fueran rounds de una pelea de box”.
Luego de que en la última reunión de la Comisión de Legislación General oficialismo y oposición firmaron dictámenes por separado sobre la Ley de Alquileres para ir al recinto, algunos medios de comunicación lo expresaron como un “nuevo golpe al kirchnerismo” por parte de la oposición tal como sucedió con Boleta Única de Papel.
En ese contexto, Martínez cuestionó: “Así entienden a la política, como si fueran rounds de una pelea de box”, y aclaró que “no van a ‘volver a golpear a los K’. En ese mismo hilo, apuntó contra el bloque opositor: “Si avanzan, van a lastimar a miles y miles de inquilinos de toda la argentina”.
En tanto, consideró que “la salida es ampliando incentivos. No es quitando derechos a las y los inquilinos”.
Fue luego de una propuesta impulsada por las cámaras industriales de Norte Grande. En ese sentido expresó que desde el oficialismo “nos pronunciamos por un país más federal, más justo, con una visión de una inversión”.
El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, respaldó la necesidad de analizar políticas públicas que promuevan el “desarrollo económico con justicia social” en el país, tras conocer una propuesta para generar políticas fiscales diferenciadas para el Norte Grande Argentino impulsada por las cámaras industriales de esa región.
“Los argentinos tenemos que resolver qué tipo de país queremos. Nosotros (por el FdT) nos pronunciamos por un país federal, por un país más justo, con una visión de una inversión más justa y para que cada argentino pueda, vida donde viva, tener una vida digna”, señaló Mayans. Al mismo tiempo, marcó la necesidad de “ver las formas de desarmar las trabas que impiden el crecimiento de las distintas regiones de la República Argentina”.
Fue durante un encuentro -organizado por el senador tucumano Pablo Yedlin– realizado este miércoles en el salón Azul de la Cámara alta, del que también participó el vicejefe de Gabinete Nacional, Jorge Neme, donde representantes de las Uniones Industriales del Norte Argentino (UNINOA) dieron a conocer a los senadores su propuesta para generar una ley de promoción de políticas fiscales diferenciadas para el desarrollo productivo del Norte Grande Argentino.
Para el formoseño, las políticas diferenciadas pueden ayudar “al desarrollo con justicia social” en las distintas regiones del país. “Necesitamos la mirada federal, que se vea reflejada en la inversión pública, y que potencie las posibilidades de producción”, insistió y destacó lo imprescindible de contar con inversiones públicas “para que las fuerzas productivas se manifiesten”.
Mayans ponderó la presencia de senadores de la oposición en el encuentro, que se enmarcó y tuvo origen en la visita que un grupo de senadoras y senadores del Frente de Todos realizó, semanas atrás, primero, a la provincia de Tucumán y, luego, a La Rioja, donde se tomó contacto con las realidades productivas locales y conocieron, en boca de empresarios y trabajadores, las diferentes situaciones que se viven allí.
En el mismo sentido, apuntó que el país debe “alcanzar acuerdos” y dijo que el primero de dichos entendimientos debe ser en materia de contar con “políticas públicas que incentiven el sistema productivo, porque gobernar es dar trabajo”.
Además, vinculó el desarrollo nacional a una estrategia global regional, cuando apuntó: “Es fundamental recomponer el MERCOSUR porque se trata de un mercado de más de 350 millones de personas y en su momento, cuando alcanzamos una buena relación entre los países miembros, llegamos a aumentar, entre diez y quince veces, la comercialización entre los estados parte”.
El senador peronista enfatizó el deseo de generar políticas que vayan en la senda del “crecimiento económico y el bienestar de nuestras provincias”, como las que integran el llamado Norte Grande, que representa al 25 por ciento de la población argentina, es decir, más de diez millones de personas.
Por eso, abogó por “trabajar en conjunto” y estudiar esta propuesta de promoción productiva; aunque aclaró que debe ser analizada en profundidad porque “las promociones duran, luego, entre diez o veinte años” y deben ser bien pensadas para no generar nuevos desequilibrios. “Pero este es el tiempo de hacerlo. Ahora, no mañana ni pasado”, puntualizó.
La senadora oficialista resaltó la importancia de que las juventudes puedan “tener participación activa y real en los espacios de poder y de toma de decisiones en materia ambiental”.
La senadora puntana María Eugenia Catalfamo (FdT) participó de la segunda sesión de la 8va Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios en Egipto en la que se abordaron las iniciativas parlamentarias para luchar contra el cambio climático. En el panel estuvieron también representantes de Egipto, Reino Unido, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
De la conferencia del organismo internacional participaron más de 200 jóvenes parlamentarios de 60 países e intercambiaron opiniones con el objetivo de definir la acción climática en el período previo a la COP27.
En ese marco, Catalfamo aseguró que “las juventudes debemos ser reconocidas como verdaderos agentes de cambio, pudiendo tener participación activa y real en los espacios de poder y de toma de decisiones en materia ambiental”, y resaltó el rol fundamental de las organizaciones de jóvenes que “en Argentina han logrado instalar una agenda verde e involucrar al Estado Nacional -junto con los gobiernos provinciales y locales-, consolidando acciones concretas e impulsando políticas de protección ambiental”.
Además, repasó las leyes de mayor trascendencia en materia ambiental de los últimos 20 años: la Ley General de Ambiente (2002); Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (2019); Ley Yolanda (2022), Ley de Educación Ambiental Integral (2021); y la ratificación del Acuerdo de Escazú (2021).
Posteriormente, la legisladora puntana analizó cómo el cambio climático perpetúa las brechas de género y reiteró la necesidad de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, también, en materia ambiental.
En tanto, explicó que el impacto socioeconómico del cambio climático se puede comparar con los efectos de una crisis económica porque “produce un aumento de las desigualdades preexistentes, principalmente en mujeres jóvenes, profundizando el aumento de la brecha salarial y de la precariedad laboral”, así como de la desigualdad estructural en acceso a educación “porque en ellas recaen las tareas de cuidado no remuneradas y el sostenimiento de sus comunidades”.
Además, la diputada oficialista recordó un echo de violencia de género que le tocó atravesar cuando fue concejala en La Plata: “Fue el primer caso que luego sirvió de antecedente para modificar la Ley contra la Violencia de Género y agregar un capítulo sobre violencia política”.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos – Buenos Aires) hizo un recorrido de su vida para contar sus comienzos en la militancia territorial y expresó: “Hace veintiséis años que abrazo la justicia social”. Además, relató un echo de violencia de género que le tocó atravesar cuando fue concejala en La Plata: “Fue el primer caso que luego sirvió de antecedente para modificar la Ley contra la Violencia de Género y agregar un capítulo sobre violencia política”.
“Pedro Canoero de Teresa Parodi es la primera canción que recuerdo, yo tendría ocho años, sería 1981 ó 1982. Creo que hasta lloraba con ese tema. Me imaginaba toda la escena del rio y Corrientes”, recordó la legisladora por Radio Provincia y siguió: “Mercedes Sosa estuvo también muy presente en esos años, fue acercarme al folclore, esos temas marcaron una etapa de mi vida”.
La legisladora pasó parte de su infancia en Posadas, la capital misionera, cuando sus padres eligieron esa ciudad para refugiarse de la dictadura cívico militar: “Huimos de La Plata. Mis viejos no militaban, pero sus amigos eran universitarios y ya comenzaba a verse la tragedia de la dictadura. Muchos amigos de mi viejo empezaron a desaparecer. Mis padres ya tenían tres hijas y decidieron llevarnos a vivir a otra provincia. La familia de base era radical, aunque no eran muy politizados”.
En otro orden, la diputada relató sus comienzos en la militancia territorial en la provincia de Buenos Aires: “Empecé a militar porque la vida me puso en un lugar vinculado a lo social. En 1996 vivía en La Plata, ya tenía dos hijos y mi vecina era una persona que luego fue ministra de lo que ahora es el ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Yo estudiaba Ciencias Económicas y empecé a trabajar con ella en los programas más importantes de esa época como el programa Comadres, las Manzaneras, la estructura comunitaria al servicio de los más desposeídos de la patria. Empecé a recorrer algo que estaba muy lejos de mi vida, ya que venía de la clase media platense”.
“Empecé a comprometerme y a ver por qué no adhería a esa historia del peronismo menemista. Trabajando en el ministerio de Desarrollo Social empecé a entrar a los barrios más vulnerables y empecé a revisar toda esa historia que me habían contado de a poco de Perón y Evita en mi familia con muchas críticas. En los ranchos, las señoras venían con las fotos de Eva y me contaban llorando lo que había sido Evita para ellas y sus familias. En los sectores populares seguían anhelando ese período. Me di cuenta que tenía que deconstruir esa mirada familiar”, señaló.
Finalmente, Tolosa Paz analizó su labor contra la violencia política a raíz de una experiencia en el Concejo Deliberante de La Plata: “La Argentina tiene una ley maravillosa que previene la violencia de género, pero el país no tenía una ley para prevenir la violencia política. Cuando fui concejala de La Plata fui víctima de una situación muy violenta por parte del presidente del Concejo Deliberante (Fernando Ponce, del PRO). En una sesión fue tal el nivel de violencia que quedó grabado y logré que una jueza le diera la sentencia de reparación que dice que, en el mismo lugar donde ocurrió la violencia, deba pedir disculpas y desdecirse de lo dicho”.
“Fue el primer caso que luego sirvió de antecedente para modificar la Ley contra la Violencia de Género y agregar un capítulo sobre violencia política. No quería que mi hija quiera ser concejal el día de mañana y tenga que soportar eso de ningún machirulo”, remarcó.
“Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas”, disparó el titular del bloque UCR en la Cámara baja.
El jefe de bloque UCR en la Cámara de Diputados, el cordobés Mario Negri, rechazó el proyecto presentado por senadores oficialistas para elevar el número de integrantes de la Corte Suprema y lo calificó de “grotesco”. En sentido, apuntó contra el oficialismo: “Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas”.
“El kirchnerismo nos quiere hacer creer que está preocupado por solucionar los problemas urgentes de los argentinos. Pero quedó demostrado que el único plan que tiene es perseguir la impunidad”, lanzó el cordobés y calificó de “grotesco” el proyecto para elevar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema.
En ese sentido, disparó contra el FdT: “Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas. El sólo hecho de pensar que la libertad, la propiedad y los derechos más elementales van a estar en manos de jueces delegados de (Gildo) Insfrán, (Jorge) Capitanich o (Axel) Kicilllof hace poner la piel de gallina”.
Negri agregó que “de todos modos, la sociedad debe saber que, aunque el PJ logre sacar esta iniciativa del Senado, donde tienen mayoría, en Diputados daremos batalla. Y si este mamarracho se convirtiera en ley será una ley abstracta, porque la Constitución exige dos tercios del Senado para designar cada nuevo juez de la Corte Suprema. Esa mayoría está muy lejos del oficialismo”.
También recordó que el Frente de Todos no pudo, por sus discrepancias internas, nombrar al Procurador General propuesto por el presidente (Daniel Rafecas) y que el Ejecutivo ni siquiera ha propuesto el reemplazo de Elena Higthon de Nolasco, la ex jueza de la Corte que renunció en octubre de 2021.
Además, el diputado de JxC realizó un análisis de cara al 2023 y remarcó que “tenemos que aprender de lo que está pasando en el gobierno”. Por otro lado, habló del contexto inflacionario: “Los excesos de gastos y la emisión le hacen daño al país”.
El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) hizo un análisis sobre las internas en el gobierno y el rol de la coalición opositora, respecto lo cual sostuvo: “Tenemos que aprender de lo que está pasando en el gobierno”, y remarcó que “la coalición opositora debe concentrarse en elaborar un programa alternativo”.
En diálogo por la AM 990, el economista se refirió al contexto inflacionario y a la suba constante de precios: “Es una situación delicada que se ha venido gestando por el descontrol inflacionario que hemos tenido que refleja muchas cosas, pero probablemente una inadecuada valoración de los miembros del Gobierno cuando al comienzo se optó por esa estrategia y también un contexto muy exigente para Argentina en términos poder aprovechar su potencial, por algunas razones el país no hizo las inversiones que debió hacer para explotar sus inmensas reservas de gas y estamos bajo una presión muy grande para pagarlo que no sobra. Eso explicando todas las dificultades macroeconómicas que repercuten en el nivel de vida de los argentinos”.
“En marzo de 2001 hubo una gran resistencia hacia el programa económico que yo propuse, pero en 2003 casi salgo presidente. Eso fue todo un aprendizaje. Hoy todos saben que los excesos de gastos y emisión le hacen mucho daño al país lo cual debilitó la capacidad de crecimiento y debilitaron el desempeño y nos retrasaron”, señaló López Murphy.
Respecto a los proyectos para dolarizar la economía del país, expresó: “Conviven el dólar y el peso como pasa en Uruguay, Perú. Nosotros hemos tenido durante muchos años inflaciones muy altas, lo más fácil por hacer es legalizar esas operaciones y si se legalizaran habría muchos menos actividad.
“Todo el mundo discute la Boleta Única; las cuestiones sobre la transparencia son ciertas y además nos ahorraríamos mil millones de dólares. Yo tengo una obsesión para ahorrar la plata que no tenemos y que gastamos”, comentó sobre los debates en la Cámara baja.
Consultado sobre las internas en la gestión del Frente de Todos, respondió: “La interna no hace bien. Si algo tenemos que aprender es que la coalición alternativa debe tener reglas de juego y cooperación explícitas para que no pase lo mismo”, y afirmó que “las coaliciones grandes suelen tener dificultades de cooperación”, por lo que remarcó: “Me parece importante que la coalición opositora se concentre en las reglas de juego para poder operar de una forma amistosa y fraterna, y elaborar un programa alternativo”. También se refirió a los políticos que se encuentran inmersos en la campaña presidencial de cara a las elecciones 2023, y dijo: “Creo que la mejor forma de mostrar aspiraciones en política es haciendo propuestas, trabajando para evitar los conflictos en la propia coalición. Tenemos que aprender de lo que está pasando en el gobierno”.
El titular del interbloque de JxC les señaló que “necesitan ordenarse para ordenar la economía”. Además, les adelantó: “No van a solucionar nada con este proyecto”.
Al cierre de la sesión de este jueves en la Cámara alta, donde se debatió el proyecto que propone crear un fondo con dólares fugados para pagar la deuda con el FMI, el titular del interbloque de JxC, el radical mendocino Alfredo Cornejo, le preguntó al oficialismo: “Si es ilegal la deuda, ¿por qué la reestructuraron”. En tanto, les adelantó que “no van as solucionar nada con el proyecto”, y los acusó de que solo lo hacen para “molestar el acuerdo que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán con el FMI”.
“Este desorden político que tiene la Argentina hoy hace que nos confundamos y generamos incertidumbre a la ciudadanía. Algunos han descolgado el debate y ya ni les importa. Hay pedido una cuestión de privilegio sin respetar la opinión por un asiento de una banca, más ridículo aún. Esa senadora se sienta hace tres sesiones en esa banca”, comenzó Cornejo al referirse al pedido de Anabel Fernández Sagasti (FdT) al inicio de la sesión.
Y siguió: “Confusión a más no poder. He escuchado con sorpresa que el gobierno del Frente de Todos considera esta deuda con el Fondo como ilegal”, y preguntó: “Si es ilegal ¿por qué la reestructuraron?”. “¡Es increíble! ¡Nos confunden todo el tiempo!”, exclamó Cornejo.
“Están creando un fondo, para pagarle al Fondo una deuda ilegal. ¡Es raro eh! No se puede entender ni entendernos entre nosotros”, apuntó el radical y volvió a consultar: “¿Por qué no buscamos el diálogo entre nosotros y resolvemos problemas?”.
En otro tramo de su discurso, disparó: “Hace dos años y medio que están gobernando ustedes y no hicieron nada, ¿qué están diciendo? No los entiendo, pero buena parte de la argentina no los entiende”.
“Esas cartas, esos tuits entre la vicepresidente y el presidente, esa competencia de echarse la culpa entre ustedes confunde. Ordénense porque es fundamental para la economía. Gobiernen, háganse cargo”, enfatizó el titular del interbloque de la oposición.
Respecto al proyecto, señaló: “Dijeron que no es un blanqueo, pero lo explicaron los propios especialistas que expusieron y ellos lo reconocieron. Dicen que no es algo tributario, pero usan la palabra tributo en el proyecto. Es un blanqueo porque perdonan impuestos de gente que no pagó, eso es blanqueo. ¿Qué tiene que ver que sea voluntario?”.
En tanto, precisó: “Fija una tasa, y tienen naturaleza tributaria. Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no nos escuchamos. Este ámbito debe ser honesta, esto es un blanqueo y tiene materia tributaria, los 5 requisitos se cumplen en esta ley”.
“No van a solucionar nada con esta ley. Solo buscan despegarse del Gobierno de Alberto, molestan el acuerdo que hizo junto con Martín Guzmán con el FMI”, cerró el mendocino.
El dictamen de mayoría corresponde al FdT, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC busca reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El restante despacho pertenece al interbloque Federal. Se definirá en el recinto, pero aún no hay fecha.
Cumplido el plazo de 30 días hábiles que habían puesto oficialismo y oposición para dictaminar reformas a la Ley de Alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, realizó su última reunión este miércoles -que se extendió por más de tres horas-, respecto al debate en torno a la actual norma, pero al no arribar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, irán al recinto -aún sin fecha programada- con tres dictámenes diferentes.
Luego de las tres reuniones informativas realizadas de manera mixta -en las que participaron 132 expositores-, en las que se escucharon las posturas de inquilinos, corredores inmobiliarios, ONGs y especialistas en la materia, entre otros, la intención entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio era arribar a un dictamen consensuado, pero no sucedió debido a que difirieron en dos puntos: los plazos de los contratos y la fórmula de actualización.
Por un lado, el oficialismo apunta a respetar el “espíritu de la ley” original para “proteger a los inquilinos”. De esta manera, propone mantener el plazo de 3 años en los contratos, el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE) y facilidades para las garantías de los inquilinos, tres puntos centrales que fueron defendidos por los representantes de inquilinos.
En la vereda de enfrente, el dictamen de Juntos por el Cambio establece que los plazos de los contratos y la fórmula de actualización son los dos puntos que son cuestionados. Por el contrario, la oposición propone volver al plazo de 2 años en los contratos, actualizaciones anuales y semestrales -según acuerden las partes-, sin índice fijo de actualización, sino que se usará el índice “que le resulte conveniente a las partes” propone que sean cada 6 meses “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
El dictamen del interbloque Federal plantea volver al plazo de 2 años en los contratos; eliminar que el locador debe aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario; que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación; la posibilidad del inquilino de realizar pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
Los dictámenes de FdT y el del interbloque Federal presentan un capítulo sobre incentivos fiscales, no así en el de JxC.
Desde el Anexo “A” a las 15.30 se inició la reunión que, antes de abocarse al tema, el bloque de Juntos por el Cambio designó a Victoria Morales Gorleri (Pro) en el cargo de secretaría que habían dejado vacante.
Sin ser miembro de la Comisión, pero al ser autor de uno de los proyectos, el diputado del Pro Álvaro González destacó el trabajo que se llevó a cabo porque “hemos llegado a dos dictámenes que condensan la opinión de la mayoría de los diputados”.
Al referirse al proyecto, señaló que “tiene cinco artículos, dos son consideraciones que hizo entendiendo en función del requerimiento que le hicieron actores del mercado inmobiliario. Tanto el plazo como los índices son temas centrales que, la mayoría de los que expusieron, han hecho mención a eso sin querer desmerecer otra cuestión”. En tanto, bregó por “llegar a una solución de un problema que atraviesa a muchísimos argentinos. Hay casi 2 millones que están con esta problemática y hay mucha expectativa y están esperando cómo sale la ley”.
En uso de la palabra, el rionegrino Agustín Domingo remarcó que “todos estamos de acuerdo en que estamos debatiendo la problemática habitacional que ataña al país. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto y queremos dejar de manifiesto que el rol del Estado es muy importante, pero no es la forma de abordarlo modificando la ley”.
En ese sentido, siguió apuntando contra el Ejecutivo que debe “atacar la problemática macroeconómica para garantizar el acceso a créditos hipotecarios y solucionar el problema de fondo. Esta es nuestra postura”.
Respecto a la Ley de Alquileres señaló que generó “inconvenientes en todos aquellos que prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres. Terminó estigmatizando la actividad en vez de incentivarla, le puso más trabas, más requisitos impositivos”. Por ese motivo, adelantó que unificarían el proyecto en el dictamen de la diputada Graciela Camaño que “incluyen medidas que tienden a corregir lo que creemos que son verdaderas trabas y desincentivo. También una serie de medidas para incentivar fiscalmente la actividad, pero de ninguna manera una mayor intervención del Estado”.
A su vez, detalló que proponen “volver al plazo de dos años”, sobre el artículo de garantías precisó que es “muy voluntarista, pero en la práctica no tiene efecto”. Y continuó: “Que el ajuste en el precio las partes negocien libremente incrementos escalonados, pero con un tope que no superen el índice de evolución de precios. Darle la posibilidad de hacer pagos anticipados por parte del inquilino. Ampliar el objeto de los contratos temporarios para darle mayor atractivo al alquiler”. Además, precisó modificaciones en la redacción: “La definición de los arreglos urgentes”, y propusieron que se defina “urgente como aquello que por su gravedad impidan u obstaculicen el goce sobre el inmueble”.
Por último, aclaró que sobre el índice de incentivos fiscales irá en dos dictámenes porque “en nuestro proyecto propinamos para los monotributistas porque se plantea una inequidad, y fomentar la formalización en los contratos e incorporamos la desgravación en bienes personales para inmuebles por debajo de los 30 millones”.
En su intervención, Pablo Tonelli (Pro) remarcó que el tema de los alquileres es un “tema difícil y delicado en todo el mundo, porque es difícil encontrar un adecuado y término medio que contemple de forma adecuada y razonable los derechos de inquilinos y de los locadores o propietarios”, y explicó: “En la medida en que se exagere proteger los derechos de unos o de otros, en la medida en que se pierda ese equilibrio, el resultado es malo porque empiezan a escasear las viviendas o se encarecen o la oferta termina siendo alta y el rendimiento desaparece”.
A continuación, opinó que en el 2019 “no me pareció que el proyecto, que concluyó con la sanción, fuese equilibrado por eso no lo acompañé y la práctica demostró que hubo exceso, particularmente en prohibiciones”, en lo que respaldó lo dicho anteriormente por Domingo respecto a los plazos de la locación y al procedimiento de actualización de alquileres, por lo que coincidió en que los “tres años y con actualizaciones anuales y un solo índice prestablecido resultaron una decisión no acertada porque hizo que se retrajera la oferta de vivienda en alquileres”.
“Proponemos volver a esa materia en lo que era el plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales y semestrales, no con un índice fijo sino con cualquier índice que a las partes les resulten adecuados respectos sus realidades”, explicó Tonelli y sostuvo que el problema más grande que afecta el alquiler es el referido al “rendimiento económico que tiene la inversión. El rendimiento se redujo muchísimo, a tal punto que muchos decidieron no poner sus viviendas en alquiler”. “El plazo de dos años fue el original y ha sido el plazo que tradicionalmente ha sido el plazo mínimo de locaciones urbanas y también dar mas libertad a las partes para que acuerden entre ellas el modo de actualización del alquiler”, remarcó Tonelli.
En tanto reconoció que personalmente “hubiera derogado el artículo 16 de denunciar ante la AFIP los contratos de alquiler, me parece una cláusula fascista. ¿Qué tiene que hacer la AFIP en los desalojos?”, y consideró que “con estas modificaciones el mercado debe mejorar, pero con esto no alcanza”.
En su intervención, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman remarcó que “la ley nació con buenas intenciones”, pero “puso ciertos límites y parámetros cuya receta fue malísima”. En ese sentido, reconoció que “se había dado una única respuesta para un montón de situaciones disímiles, para diferentes pueblos, se aniquiló la autonomía de la voluntad con una fórmula que no funcionó. Era necesario obtener una respuesta”.
Sobre el proyecto de JxC, señaló que “habiéndose planteado todos los sectores que la principal discusión estaba en el plazo que generaba incertidumbre, era necesario volver a un esquema en que el plazo atento a las circunstancias del país les diera más seguridad a ambas partes”. En tanto, advirtió que esto es una “corrección de un error legislativo”, pero “no va a resolver todos los problemas, y planteó la necesidad de realizar incentivos en la oferta.
Su par Marcela Campagnoli hizo alusión a un proyecto de alquileres que presentó que “viene a cerrar un vacío legal que quedó cuando entró en vigencia e Código Civil en 2015 y se derogó la Ley 21342 en su artículo 47 comprendía los convenios de desocupación que respetan la voluntad de las partes y acuerdan plazos diferentes de lo que se pactó originalmente, una fecha para finalizar el contrato de alquiler. Este vacío legal muchos jueces no lo tienen en cuenta, es importante volver a los convenios de desocupación porque da certidumbre al propietario. Es un proyecto que pude beneficiar a las partes y al mercado inmobiliario”.
Al comienzo de su exposición, la oficialista Gisela Marzziota lamentó la ausencia de autoridades del Estado para escuchar sus posturas. Acto seguido, cuestionó la Ley de Alquileres que se sancionó en el 2020 por “el mal que ha hecho al mercado inmobiliario y cómo a partir de la ley se quitaron propiedades”.
En esa línea, subrayó que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución Nacional, provinciales y Pactos a nivel Internacional, por lo que tenemos que hablar del rol del Estado para este cumplimiento y no dejarlo librado a la famosa mano invisible desde 1976 con la Dictadura Militar que desregulo el mercado inmobiliario”.
Sin embargo, reivindicó: “Esa ley, que ustedes dicen que le hizo tanto mal al mercado inmobiliario y que por eso faltan propiedades, por empezar es falso porque la ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, y pidió disculpas a los inquilinos por ser parte del oficialismo que debe hacer cumplir la ley que “no se esta cumpliendo”.
A su vez, destacó que “tiene artículos que son extraordinariamente muy buenos para los inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron reglamentados”, y reiteró sus disculpas porque “es el Estado nacional que debe hacerse cargo de reglamentar la ley”.
La ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, reconoció Marzziota.
“Esa ley es muy buena, y no se cumple. Lo que no se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley porque los contratos son absolutamente ilegales, de dos años con suerte, con precios dolarizados. Ese es el escenario”, apuntó Marzziota y sumó: “Propiedades hay, el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto a una necesidad”.
Sobre su proyecto, destacó que es “recuperar una política que se llevó a cabo adelante desde 1943 cuando se creó la Cámara Nacional de Alquileres que existió hasta 1976. Fue la dictadura que desregularizó y dolarizó el mercado. Hay que recuperar y volver a ese punto que se perdió. Recrear esa Cámara donde todas las partes están representadas, debería controlar los contratos con una duración de tres años porque es un tiempo lógico. Establecería este equilibrio, congelar los alquileres hasta que se ponga en función la Cámara y sea ella quien establezca los precios, salir de la dolarización de los alquileres por lo que proponemos multas a quienes incumplen la ley; pagar el deposito hasta en seis cuotas”.
A su turno, Alberto Asseff (Pro) apuntó contra el discurso de quien lo precedió porque “es pura ideología. Lamentablemente con esa ideología logamos que nuestro rico país se haya venido abajo que cada vez es más arcaico y la queremos traer de nuevo como si fuese modernidad”.
“Acá hay que entender que la complejidad de la cuestión radica en dos factores: el primero es la crisis habitacional y de viviendas urbanas que tiene una larga data un déficit de viviendas de 3 millones. El segundo tema es la tradicional proverbial y lastimosa situación de la macroeconomía con una inflación que vuelve a ser peligrosamente alta y tiene una idea del dibujo del serrucho, pero tiene tendencia a desequilibrar el sistema económico argentino y el mercado inmobiliario que no pude ser ajeno y que nadie puede refutar”, explayó.
Y siguió: “Tenemos un problema de déficit de oferta en materia de viviendas urbanas. Eso ocurrió por la gran incertidumbre de propietarios, baja de ingresos de quienes trabajan, congelamiento es lo más nefasto que se puede decir porque va a generar más crisis en el mercado. Hay que amparar a las dos partes, si hay autonomía de voluntad ellos se van a entender”.
En su exposición, el sanjuanino y autor de dos proyectos José Luis Gioja contradijo a su par propinante porque “cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el acceso y las condiciones de los inquilinos. Es mentira eso de la regla del mercado, el que esta arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene”.
“Solucionar los problemas de las viviendas es una de las mejoras banderas de justicia social. Hay que solucionar problemas de vivienda, es grave el problema”, resaltó el diputado del FdT y aclaró que “se están construyendo viviendas en el país. El año pasado hemos crecido más del 10% en el PBI”, y criticó: “Esta ley se sancionó cuando el oficialismo era Juntos por el Cambio en el 2019 en esta Cámara y quien la defendió fue Lipovesky porque defendía a los inquilinos que son a quienes tenemos que defender. Hay que defender a los que menos tienen, hay que darles derechos. Esta Ley fue injustamente castigada que, por distintos motivos, la criticaron”. A continuación, reivindicó: “Esta ley sirve, pero no se ha aplicado, reglamentémosla y va a andar bien”.
En el mismo sentido se pronunció su par Federico Fagioli quien destacó que la actual ley es “la mejor que existe en Latinoamérica y solo regula dos cosas los años de los contratos y las actualizaciones de los alquileres”. En tanto, apuntó a la oposición por “defender al mercado” al decir que “la ley es mala”, y señaló que lo que hay que modificar es “aumentar la cantidad de artículos que defienda al inquilino porque están en desigualdad con el mercado”.
La secretaria de la Comisión, Karina Banfi, recordó que “la Ley 27.551 de 2019 tuvo un objetivo bien intencionado, pero sin embargo al momento de su implementación no alcanzó su objetivo, principalmente porque quedó fuera de la realidad. Con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas. Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda social que nos pide que lo resolvamos. Y eso venimos a resolver”.
“Algunos hablan de poner topes y límites al mercado. Ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler. Debemos aprender entonces qué tipo de mercado queremos y dejar de confundir el mercado de la construcción para la vivienda con el mercado de alquileres, que en Argentina tiene un diseño que poco se parece a la realidad que algunos pretenden enfrentar”, agregó.
En este sentido, señaló que “el mercado de alquileres en Argentina es absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con los grandes mercados oligopólicos como sucede en otros países. Entonces lo que debemos buscar es incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y que la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otro sector que es parte de una contratación”.
Banfi se refirió también al rol del Estado en el mercado de los alquileres: “Nadie puede oponerse a la garantía constitucional del derecho a la vivienda, pero eso lo debe hacer el Estado con una política macroeconómica que efectivamente baje la inflación, que hoy es exorbitante, porque el salario no vale nada, no existe el crédito hipotecario, todos los programas que están desarrollados para la vivienda excluyen a los de clase media”.
Por el lado de los libertarios, tomó la palabra Carolina Píparo (Avanza Libertad) quien sostuvo que la postura era derogar la ley porque “el Estado se metió donde nadie lo llamó”. “Apoyaremos en el recinto los artículos que son los más problemáticos para los inquilinos, que es el plazo y e ajuste porque hizo que haya menos oferta, en provincia en peor la oferta”.
“Siento enorme vergüenza”, lanzó y apuntó contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: “Pensé que en nuestra primera sesión abuso a estar derogando la ley, había sido promesa de campaña de muchos, me encuentro en un debate donde hay un bloque que ha presentado el proyecto, reconoce el error y que ha fallado, otro bloque que defiende la ley del otro y hablando de que se ‘instaló que es una mala ley’ si solo fue eso no estaríamos debatiendo el tema”.
Y continuó: “Es una mala ley, lo muestra el inquilino”, y los invitó a sus pares a que “salgan a escuchar a la gente”, y adelantó el acompañamiento en dos puntos del dictamen de JxC que permita replantear los plazos. Sin embargo, avizoró que “sería una vergüenza no llegar al recinto con un acuerdo que solucione el problema de millones de argentinos. El Estado se metió donde nadie lo llamó. Vayamos a sesionar para resolver el problema”.
Por Santa Fe, habló el diputado oficialista Eduardo Toniolli que señaló: “Hay una crisis habitacional y en el mercado de alquileres”, por lo que “se impuso la idea de que es culpa de la Ley”. Por consiguiente, resaltó que la ley entró en vigencia en plena pandemia, en un proceso inflacionario, pero en algunos de sus aspectos “porque no están siendo aplicados” y es una ley que “no llegó a cumplir el período de un contrato en una Argentina donde la renta de inmuebles es en dólares”.
Al igual que Píparo, el santafesino también recordó que “hicieron campaña con la derogación de la ley”, que “tiene aspectos positivos, algunos negativos y algunos que no se cumplen”. También, remarcó la necesidad de incentivos fiscales.
En suma, el diputado oficialista remarcó la importancia de la “unidad dentro del FdT”. También, defendió el discurso de la vicepresidenta: “Un peronista no puede sentirse satisfecho cuando el salario de un trabajador formal no pasa la línea de la pobreza”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) se refirió al futuro del oficialismo de cara a la elección presidencial del año que viene y remarcó que “es el tiempo que tenemos para enderezar la situación, bajar la inflación y dar mayor poder adquisitivo a los salarios”. También, habló sobre el discurso que brindó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde Chaco y coincidió: “No estamos satisfechos en cómo se está dando la distribución de este crecimiento”.
“No hay 2023 sin 2022, no es tiempo de candidaturas, es tiempo de gestión. Si se hacen las cosas bien los candidatos van a ser naturales, y van a haber unas buenas PASO, eso nos fortalece”, expresó Valdés.
Así, señaló la importancia de resolver las dificultades económicas: “Ni a Alberto, ni a Cristina, ni a Scioli ni a Capitanich les puede ir bien en la elección general si no gestionamos bien en 2022. Es el tiempo que tenemos para enderezar la situación, bajar la inflación y dar mayor poder adquisitivo a los salarios”.
Además, analizó el discurso de la vicepresidenta en la Universidad Nacional de Chaco Austral: “Uno tiene necesidad de escucharla seguido, no despierta solo interés en la Argentina, es una persona que ha trascendido las fronteras”.
Sobre las críticas realizadas a la gestión, Valdés señaló: “Cristina es el gobierno. Ella mismo resalta que integra el Poder Ejecutivo. Es quizás quién más construyó el Frente”, y apuntó contra los medios: “Ella ha definido claramente que no está peleándose con nadie. La quieren hacer pelear, pero ella se siente parte integral del gobierno y siente que hay cosas que le gustaría que salgan mejor”. Sin embargo, coincidió: “Muchos lo entendemos parecido. Un peronista no puede sentirse satisfecho cuando el salario de un trabajador formal no pasa la línea de la pobreza”.
Entrevistado por Jorge Rial en Radio 10, Valdés realizó una lectura sobre la actualidad política y los desafíos del gobierno nacional: “Hay hechos positivos, como el crecimiento y la baja del desempleo. El déficit es la población por debajo de la línea de la pobreza. Construimos el Frente de Todos para representar a la población que sufre las políticas neoliberales, esa es nuestra base social de sustentación. La mirada de la vicepresidenta tiene que ver con eso, no estamos satisfechos en cómo se está dando la distribución de este crecimiento”.
En este sentido agregó: “Nosotros no somos de la política del derrame, somos del crecimiento social sostenido, es lo que queremos lograr. Con Guzmán o sin Guzmán es necesario distribuir la torta de manera que le llegue a las personas que nos acompañan y depositaron las expectativas en nosotros”.
El diputado oficialista se refirió a la importancia de la Unidad dentro del Frente oficialista: “Nos merecemos un Frente de Todos donde estas discrepancias hayan sido el fin y que nos pongamos a andar y resolver los temas sin traumas, con unidad, con conversación, hay que instalar la mesa y comunicar al presidente y la vicepresidenta. Me parece importante que el presidente la llame, somos frentetodistas, sabemos que en la unidad está nuestro poderío”.
Para finalizar, Valdés opinó el proyecto de Máximo Kirchner para adelantar el aumento del salario mínimo: “Por lo pronto me parece importante adaptar ahora el salario mínimo vital y móvil. Se había hecho un buen acuerden o el Consejo del salario hace un mes, pero la inflación avanzó. Adaptemos el salario mínimo vital y móvil al nivel que lo están llevando los salarios de los trabajadores con mejores condiciones”.
Es para tener claro qué clase de compromiso asumirá el país. Además reveló que a su juicio el acuerdo debería comenzar a ser debatido en Diputados.
El jefe del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, señaló este lunes que es necesario conocer “el detalle del acuerdo con el FMI” para saber en qué tipo de “compromiso vamos a meter” a la República Argentina.
“Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI, para saber en qué compromiso vamos a meter al país”, señaló el formoseño, antes de adelantar una posición de la bancada oficialista de la Cámara Alta sobre el entendimiento del Gobierno Nacional y el organismo internacional.
No obstante, aclaró: “Yo no dudo de la buena fe del ministro (de Economía, Martín Guzmán), de (el negociador argentino Sergio) Chodos ni de la gestión que vienen realizando, pero para eso también estamos nosotros (los legisladores). El pueblo argentino ha votado representantes y espera que hagamos las cosas bien”.
En declaraciones a El Destape Radio, el senador oficialista cuestionó: “El nivel de deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri fue desastroso. Hubo irresponsabilidad tanto de parte del FMI como de parte de Macri”.
En tanto, calificó: “Hay una deuda que es ilegítima e ilegal porque no ha pasado por el Congreso. Esa plata entró al país, pero salió”, y sumó: “El expresidente se metió en una usura para entregarle la plata a los bancos”. En tanto, aclaró que sobre eso “la Bicameral de Deuda está trabajando”.
“El FMI tiene requerimientos para el Banco Central, sobre el déficit, pide la suba de tarifas y la elevación de las tasas, y hay que ver cómo impacta eso en la economía”, señaló Mayans y afirmó: “Le pedí a Sergio Chodos y a Martín Guzmán los detalles del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. Yo confío en el ministro, pero el pueblo nos votó como representantes para hacer las cosas bien”.
“Hay mucha esperanza en el crecimiento de la economía”, sostuvo.
Además, expresó: “Muchos no tienen idea lo que le debemos al Fondo: debemos 20 veces el puente Rosario – Victoria”. “Tuvieron irresponsabilidad en el Gobierno y ahora irresponsabilidad como oposición”, criticó el jefe del bloque FdT en la Cámara alta.
“A Macri le entregamos un Gobierno con Presupuesto, ellos no”, señaló haciendo referencia al rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 que se dio en diciembre del 2021 tras el recambio legislativo y agregó: “Es difícil manejar la situación con la irresponsabilidad que tiene la oposición. En las últimas sesiones, la oposición lo único que hizo es dejarnos sin quórum. Es difícil trabajar así”.
En otro tramo de la entrevista con El Destape Radio, Mayans contó que, en una charla mantenida días atrás con Chodos y otro integrante del equipo económico, expresó su parecer que era “conveniente” que el debate parlamentario del acuerdo por la deuda se iniciara por la Cámara de Diputados. Aunque aclaró que esa decisión depende del Poder Ejecutivo.
En otro orden de cosas, confirmó que este martes mantendrá un encuentro con representantes de la oposición parlamentaria “para ver el tema de las comisiones bicamerales y unicamerales”, sobre todo en lo referido a las autoridades de las mismas. Y reseñó que, durante todo el año anterior, el trabajo de la oposición fue “no dar quórum”. Recordó que, cuando se trató la reforma del impuesto de bienes personales que beneficiaba a un universo de un millón setecientos mil contribuyentes, la oposición no bajó al recinto. Y su correlato en la Cámara baja fue dejar al Gobierno macional sin Presupuesto para el 2022, remarcó.
Además, el diputado del FdT aseguró que “la decisión del presidente es la que había que hacer”. Por otro lado, avaló la marcha contra la Corte Suprema.
El diputado nacional e integrante de la Comisión Bicameral Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Eduardo Valdés (FdT), se refirió al primer entendimiento que anunció el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó la decisión del presidente, pero consideró que “no se firma feliz ni contento nada”. Aunque, destacó que “es un acuerdo que permite que la Argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo”.
En declaraciones a Radio 10 Valdés se refirió al viaje que realizó la vicepresidenta a Honduras en la que el legislador integró la comitiva: “Es un orgullo estar con Cristina (Kirchner) y hablamos del acuerdo con el FMI y está pendiente permanentemente del país. Sobre todo, que no sea un acuerdo que haga sufrir a los argentinos que se siga el crecimiento. Es muy Néstor Kirchner en eso ella”.
“El viernes fue un día de esos que, en nuestra actividad, no queríamos que llegue nunca, pero llegó. Me parece a mi que la decisión del presidente es la que había que hacer”, se sinceró y agregó: “Nosotros tenemos dos cepos muy fuertes desde el día que asumimos el Gobierno son los dos nudos que tenemos que desatar. Uno es la corporación judicial absolutamente activista al macrismo y que intenta permanentemente legitimar actos que a simple vista son ilegales como el espionaje ilegal”.
Y siguió: “El otro tema es el endeudamiento que con un crédito el Fondo Monetario Internacional que les dieron 45 mil millones, pero lo sorprendente es el término de evolución. No se firma feliz ni contento nada. He escuchado mucho a Carlos Heller que se expresa por nosotros porque es el presidente de la comisión de Presupuesto y he visto que es un acuerdo donde no hay flexibilización laboral, donde no se privatizan las jubilaciones, es un acuerdo que permite que la argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo y recién después de 4 años va a desembolsar”.
“Quiero ver el vaso lleno, tengo que construir esperanza día a día y trato de ver acá lo que me parece lo mejor de la negociación y habrá otras cosas que no me gustan, pero no las voy a decir”, opinó.
Por último, consultado sobre la marcha convocada para este martes contra la Corte Suprema manifestó: “Es muy vergonzoso ver cómo espiaban a los miembros y los mandaba el número uno que era Mauricio Macri. La justicia en la Argentina es como una serpiente, solo pican a los que tienen los pies descalzos”.
Además, el diputado oficialista reiteró que “el entendimiento con el organismo le permite al país seguir creciendo”. En tanto, apuntó contra la gestión de Cambiemos que contrajo la deuda.
El diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Buenos Aires) consideró que se logró “un buen acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que el entendimiento con el organismo le permite al país “seguir creciendo”. En tanto, acusó a la gestión de Mauricio Macri por “el endeudamiento contraído” porque lo utilizó para “fortalecer la política económica y su campaña electoral”.
“La Argentina tiene una deuda de 45 mil millones de dólares, de los cuales 19 mil millones vencen este año y 20 mil millones el año que viene. Eso hay que pagarlo”, señaló Casaretto en declaraciones formuladas a Radio Provincia y destacó: “Se arribó a un principio de acuerdo tras una ardua negociación con el FMI. En las próximas semanas se formalizará la carta de intención, que tiene que ser analizada por el Congreso antes del próximo vencimiento”.
El legislador reiteró que el acuerdo le permite a la Argentina “seguir creciendo” y recordó que “el año pasado el país creció 10.3 por ciento en su PBI e incrementó en un 42 por ciento en sus exportaciones”. “La Argentina plantea seguir por el sendero del crecimiento y, a partir de allí, empezar a pagar. Tendrá cuatro años de gracia y diez para pagar la deuda con el FMI”, manifestó.
Además, acusó que “el endeudamiento contraído por el expresidente Macri fue para fortalecer la política económica de su Gobierno y su campaña electoral, pero finalmente no logró ninguno de esos objetivos”.
“Ese programa fue un fracaso y lo reconoció el propio FMI. Ahora, la Argentina le ofrece a los jubilados y a los trabajadores un buen acuerdo. No se tocan derechos laborales ni previsionales, como se ha hecho siempre. Nos da satisfacción que el país crezca, pero queremos que lo haga con inclusión social”, concluyó el diputado oficialista.
El legislador del Pro se refirió a las negociaciones con el FMI. También recordó su ausencia en la sesión donde el oficialismo logró aprobar la ley de Bienes Personales.
El diputado nacional Álvaro González (Pro -Ciudad de Buenos Aires) habló sobre las negociaciones entre el Gobierno y el FMI por la deuda externa y aseguró que “vamos a acompañar lo que sea razonable”. También apuntó contra el oficialismo porque “en Diputados, hay una clara mayoría de 129 votos a favor de aumentarle los impuestos a los ricos”. Además, se refirió a su ausencia en la sesión donde la oposición perdió la votación sobre Bienes Personales, ya que se encontraba en Berlín por un compromiso familiar.
“No hay ningún indicador que esté por arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Conceptualmente al Gobierno le cuestan las cosas. Cuando Néstor Kirchner pagó la deuda que tenía con el Fondo era porque quería sacarse de encima los controles. Ahora, si pretendes que te refinancien la deuda, el acreedor te va a pedir precisiones sobre el sendero que vayas a tomar, que le muestres un plan. Tal vez no quiere que le refinancien la deuda. En esa estamos”, señaló en durante una entrevista realizada en el diario El Cronista.
En ese contexto, González comparó: “Nosotros somos mejor oposición del FdT que lo que ellos fueron con nosotros”, y agregó: “Desde el relato de la construcción de la deuda, cada vez que el Gobierno vino a que le votáramos leyes razonables, lo hicimos. Vinieron a pedir que no se tome más deuda sin aval del Congreso, lo que antes no estaba legislado, y lo hicimos. Bueno, ahora tienen que venir al Congreso y nosotros vamos a acompañar lo que sea razonable, por supuesto”.
En tanto, destacó que “la coalición opositora es horizontal. (Mauricio) Macri llegó a liderarla porque ganó unas PASO en forma contundente en el 2015. El desafío del 2022 es construir las opciones desde la horizontalidad. Claro que no soy de los que cree que tenemos que estar en televisión todos los días autoflagelándonos como si fuéramos monjes de clausura”.
“La opción es la construcción política, y no hay que tenerle miedo a la política. La UCR buscará sus candidatos, también el Pro, supongo que también la Coalición Cívica. Este es un año para construir desde la horizontalidad. En términos personales, creo que la persona es Horacio Rodríguez Larreta, y trabajo para que eso ocurra”, cerró el diputado de JxC respecto a ese tema.
Por otro lado, sobre la última sesión de la Cámara de Diputados en donde el oficialismo logró aprobar la ley de Bienes Personales aseguró: “Con el diario del lunes no hubiera pedido licencia. Pedí licencia el 9 de diciembre por un compromiso familiar que todos en mi bloque sabían que tenía, y cuando solo estaba pautada para la esa fecha el tratamiento del Presupuesto, ingresado hacía tres meses y que luego el Gobierno pretendió aprobar en tres días”.
“Intenté volver vía Ámsterdam, que era el aeropuerto que tenía disponible, pero estaba cerrado por Covid-19. Toda una fatalidad. Creo que fui el chivo expiatorio de una sesión que se pidió sin tener los votos, que es un tema que hablaré en el bloque”, precisó el legislador y cerró: “En lo personal, hice lo que cualquier laburante, pedir licencia, luego de una presencia en el recinto del 100 por ciento en las sesiones. Si me hubieran dicho que pensaban tratar bienes personales, seguramente no lo hubiera hecho”.
María Laura Ramírez desafía a la lista que respalda el intendente Fernando Espinoza.
La diputada provincial del Frente de Todos María Laura Ramírez presentó una lista de candidatos a concejales y consejeros escolares que lidera ella misma, denominada “La Esperanza de Todos”, y pretende disputarle una interna dentro del oficialismo en La Matanza al intendente Fernando Espinoza en las PASO del 12 de septiembre.
Sin embargo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no aprobó aun la lista de la legisladora que culmina su mandato este año.
“Se bajaron 90 listas en toda la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, además de la lista que encabeza el actual intendente Fernando Espinoza, presentaron cuatro listas más que bajaron todas, menos la de los intendentes”, dijo Ramírez.
En ese sentido, explicó: “lo que a nosotros nos refiere la Junta Electoral es por el artículo 6 del Código donde, supuestamente, se aduce falta de avales, pero nosotros somos 34 candidatos, que se llaman el grupo familiar, y los 200 avales que te piden las cuotas están más que justificados”.
“Nosotros hemos presentado 10.000 avales en la lista del Frente Esperanza de Todos y hemos hecho el reclamo el día 29 de julio pidiendo la observación para que nos puedan expresar cuáles son los avales que consideran que no están en condiciones de avalar la lista y ese petitorio fue avalado por 600 avales más”, agregó la diputada bonaerense.
Y reclamó: “En ese contexto esperamos que la Junta Electoral, en este segundo dictamen, acompañe la apertura de darle la posibilidad a nuestros vecinos y vecinas de tener opciones de elección dentro del peronismo”.
Finalmente, la diputada Ramírez consideró que “me toca encabezar esta lista en el distrito más populoso donde tenemos 2.300.000 habitantes, La Esperanza de Todos es un proyecto a 10 años en el que estamos trabajando con equipos técnicos, profesionales, organizaciones sociales, iglesias y todos los sectores de la comunidad”.
Las legisladoras del FdT impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución, mediante el cual buscarán conocer detalles acerca de la oferta académica que brindan los terciarios ante la inminente puesta en marcha de la UniCABA.
Luego de que el Gobierno porteño pusiera en marcha la UniCABA, las diputadas porteñas del FdT presentaron en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de resolución, a través de la cual buscarán que el Ejecutivo local brinde precisiones acerca de las carreras de formación docente que se dictan en instituciones dependientes del Ministerio de Educación.
En ese sentido, buscarán conocer cuál es el cronograma de inscripción para el segundo cuatrimestre de 2021 de todas las carreras de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires discriminado por tipo de oferta e instituciones; el cronograma de inscripción a las carreras; y que indiquen si en algunas carreras no se prevé iniciar el proceso de inscripción en el segundo cuatrimestre de 2021.
Además le solicitaron al Gobierno que señale y explicite el criterio pedagógico utilizado para validar las inscripciones a las carreras de formación docente para el nivel inicial, primario, lenguas extranjeras y certificación pedagógica para profesionales y técnicos con 20 estudiantes como mínimo; y que informe si se prevé realizar un curso de ingreso de carácter unificado en todas las instituciones para 2022.
La medida lleva la firma de Lorena Pokoik, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Laura Velasco y Manuel Socías (FdT).
El bloque de senadores de Juntos por el Cambio volvió a pronunciarse sobre la imposibilidad de avanzar, por la negativa del oficialismo, con un proyecto de ley que pretende instaurar una “asistencia extraordinaria” a la educación pública de gestión privada o mixta.
En la última sesión que se desarrolló en el Senado bonaerense, el bloque de Juntos por el Cambio pretendió aprobar por mayoría simple un proyecto de ley que implicaba “nuevas erogaciones presupuestarias”, según se remarca desde el oficialismo. El bloque del Frente de Todos esgrimió que la aprobación por mayoría simple va en “contra de lo que indican tanto el Reglamento de la Cámara como la Constitución provincial”.
Desde el bloque de JxC, finalmente, y luego de un debate en el recinto, desistieron de votar la iniciativa que pretende establecer una Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada o Mixta.
Tras lo cual salieron con un duro comunicado donde se sostenía que “la educación no es prioridad” para el Gobierno, comunicado que fue respondido por el bloque oficialista afirmando, entre otras cosas, que han “demostrado que la educación es la prioridad” del espacio político que integran.
Ahora, en este último pronunciamiento, desde la principal fuerza opositora y única con representación parlamentaria en el Senado, se sostiene que “sorprende la liviandad con la que tratan la educación”.
“Dejan en evidencia que para ellos la educación es un gasto”, dijeron los legisladores de JxC y remarcaron “para nosotros la educación es una inversión y debe ser prioridad para el gobierno de la provincia” de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof.
Por otro lado, los legisladores opositores sostuvieron que “los senadores oficialistas siguen cometiendo el error de pensar que los problemas se generaron en 4 años”.
En esa dirección, el titular del bloque, el senador Roberto Costa, manifestó “en la gestión de María Eugenia Vidal se resolvieron muchos de los problemas que se habían generado en los 28 anteriores y principalmente en los 12 años de kirchnerismo explícito”.
“Destrozaron la educación pública, no capacitaban a los docentes y generaron un inédito poco aprendizaje en los alumnos, la infraestructura escolar era deplorable. Nosotros trabajamos para revertir esa situación. Por supuesto faltó, pero fueron 4 años en los que se realizaron obras y se giraron fondos a los municipios para que también puedan concretarlas”, manifestaron los legisladores.
“Fue nuestro gobierno el que puso en funcionamiento el Boleto Estudiantil para todos los niveles educativos. En este tiempo, hablaron mucho de palos en la rueda. Palos en la rueda son los que los dirigentes gremiales que se referencian en el partido gobernante le metieron sistemáticamente, no a nuestro gobierno, sino a todo el sistema educativo”, remarcaron desde JxC.
En esa dirección, el titular del Bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Roberto Costa sostuvo: “tienen que buscar soluciones a una problemática real. Esto pasa ahora y el gobierno son ustedes”.
Y concluyó: “Pedimos que acompañen nuestra iniciativa que busca llevar respuesta a escuelas públicas de gestión privada o mixta que albergan al 35% del total de los alumnos de la Provincia y que generan 125 mil puestos de trabajo. Sin este aporte, peligra el trabajo de docentes y no docentes, y la continuidad pedagógica de nuestros chicos”
