La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados se mostró esperanzada de construir los consensos necesarios, pero admitió que “los tiempos legislativos” no alcanzan ante el inminente vencimiento de la moratoria vigente.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marisa Uceda (FdT), admitió que el proyecto de ley de plan de pago de la deuda previsional -con media sanción del Senado- no llegará a tratarse antes de que venza la moratoria vigente.
Entrevistada en el canal DTV, la oficialista señaló que “por un lado está la urgencia de la prórroga de la moratoria vigente que alcanza solo a mujeres” ya que “en el 2017 (Mauricio) Macri excluyó a los trabajadores varones y los incluyó en la PUAM”. Y, por otro lado, “el proyecto apunta a resolver (la cuestión de las personas que no tienen aportes suficientes) y va más a fondo”.
En el comienzo del receso invernal, la mendocina explicó que “los tiempos legislativos y la generación de consenso llevan adelante un amplio trabajo” que “nos está complicando” llegar a aprobar la iniciativa antes del 24 de julio.
“La alternativa, que es la que espero, es que a través de un decreto presidencial se extienda esta moratoria hasta que podamos sancionar el proyecto”, sostuvo la legisladora.
No obstante, se mostró optimista de “poder conseguir esa construcción de consensos que pretendemos”. “Confío en que vamos a lograr esos consensos, pero lo cierto es que hoy no se pueden garantizar, por eso tampoco se puede tratar la ley de inmediato”, aclaró.
En cuanto al proyecto, consideró que “no tiene impacto fiscal considerable”, sino que por el contrario “robustece el sistema, porque no es una moratoria”, sino que establece que haya “personas aportando en su vida activa, que están regularizando con diez años de anticipación” sus aportes.
Consultada sobre si convocarán a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a dar su opinión, la diputada respondió: “Vamos a hacer las consultas que sean necesarias, no tiene la obligación la ministra de venir puntualmente, puede enviar informes”. Y destacó que en la primera reunión informativa que se realizó asistieron representantes de la ANSeS.
Cabe recordar que la oposición en el Senado cuestionó que no haya formado parte del debate la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en el caso de Diputados sí fue incluida.
En cuanto a los argumentos sobre que esta iniciativa va a contramano de las condiciones del acuerdo con el FMI, la camporista expresó: “El (ex)ministro (Martín) Guzmán cuando nos hizo conocer el acuerdo dijo que no iba a haber ajuste en materia previsional, entiendo que no debería colisionar con los objetivos”.
El proyecto impulsado por el Frente de Todos tuvo 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Contempla un plan para quienes no cuentan con aportes suficientes y para quienes están a 10 años de la edad jubilatoria. Pasa a Diputados.
Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que propone una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, y un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.
La votación resultó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Al oficialismo lo acompañaron, como es habitual, la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En tanto, también apoyó el proyecto la cordobesa Alejandra Vigo. Le faltó al oficialismo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, enfermo de Covid.
Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, espacio dentro del cual hubo un puñado de senadores del Pro que votaron negativamente: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Luis Juez, Humberto Schiavoni y José Torello.
La iniciativa del oficialismo fue presentada a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que fue motivo de reclamo por parte de la oposición.
Además, desde Juntos por el Cambio pidieron por la opinión del Ministerio de Economía sobre el costo fiscal y el impacto que tendría en el marco del acuerdo con el FMI. Pero el Frente de Todos aclaró y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera que conduce Martín Guzmán.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.
El debate
La primera oradora de la tarde fue la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien explicó en detalle el proyecto e indicó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%”. “La verdad que es insignificante”, consideró, ante lo que busca ser “un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”.
“Yo la verdad que no le pregunté al ministro (Martín Guzmán), le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, respondió sobre las críticas por la falta de opinión de la cartera económica, y agregó: “Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”.
Desde la oposición, el radical Víctor Zimmermann preguntó: “¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Para que, de alguna manera, poder tener un costo presupuestario del impacto que pueda tener”. “Porque creo que de la suma y resta, más allá de que uno es de aporte y otro de pasivo hacia adelante, va a tener un costo presupuestario importante”, consideró.
También consultó al oficialismo sobre si la iniciativa “no impacta en contra del compromiso con el FMI” ya que Argentina “se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”. Así, contradijo a Di Tullio: “Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener y si no significa una contrariedad en el contexto de la Argentina”.
El chaqueño sostuvo que “no podemos estar satisfechos con lo que ha pasado en el sistema previsional en Argentina porque hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes hoy”. Y pidió que el proyecto vuelva a comisión y se trate en Presupuesto.
Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri resaltó que “todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar. Sabemos que es enorme el déficit fiscal y es, en parte, producto de la falta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, de la inflación, que no son otra cosa que la angustia que viven a diario los ciudadanos”.
En esa línea, la porteña aseguró que “nos debemos un debate serio, sano, genuino, con todos los actores sentados, diputados, senadores, cámaras empresariales, sindicatos, absolutamente todos. No podemos seguir generando parches”.
Sobre el proyecto, la senadora cuestionó que “no sirve, no es real” y explicó que “esta moratoria es para los que tienen 10 años de aportes, por lo cual tampoco van a llegar a los 30 años; y si cada 4 años vamos a tener que hacer una nueva, es porque necesitamos revisar en serio y conjuntamente con seriedad el sistema previsional argentino”. “No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.
De la vereda de enfrente, el misionero Maurice Closs subrayó que se trata de beneficiar a muchas personas que “no llegan a completar los requisitos de edad y aportes” porque “tenemos una economía que lo largo de los años viene con desórdenes y problemas de pérdida del trabajo formal”.
“Esto busca incluir a esas personas que no cumplen el doble requisito, dentro del sistema con una medida que no es la primera vez que se hace”, manifestó el oficialista, que aportó datos sobre la situación en su provincia: “En Misiones hay 80 mil jubilados por moratoria y solo 18.800 que se jubilaron con la cantidad de aportes y edad necesaria, ¿imaginen si no hubiesen existido esos planes?”.
Aunque reconoció que esta iniciativa no resolverá los problemas estructurales, el legislador señaló que “si no damos una solución vamos a ver mucha gente sin condiciones de jubilarse, esa es la verdad y nos interpela a tomar una decisión. Es una solución coyuntural, sustentable y en la expresión de un país que no resuelve problemas como la inflación y la informalidad”.
Una de las autoras del proyecto, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que de no aprobarse este proyecto “solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones” en edad jubilatoria. Por eso, pidió asumir “la gravedad de la situación” y “la urgencia que tenemos en el tratamiento del proyecto de ley”.
La mendocina respondió entonces a los que “piden que volvamos a comisión, o dicen que ponemos parches al sistema previsional, o que nos merecemos un debate profundo acerca del sistema previsional. ¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!“.
En defensa de la iniciativa, la camporista sostuvo que esta moratoria “es superadora de las anteriores moratorias”, porque tiene una “vista al corto plazo y al mediano plazo”. También expresó que se busca “crear una conciencia previsional en todos los argentinos y argentinas” y este plan “se inscribe en el espíritu” de “las políticas de inclusión previsional” del kirchnerismo.
En contra de la gestión de Cambiemos, la legisladora recordó que al entregar el gobierno Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, había “un 98% de cobertura del sistema previsional” y “el haber mínimo más alto de Latinoamérica”. En tanto, durante el gobierno anterior, mediante la Ley de Reparación Histórica, que calificó como “un caballo de Troya”, se aprobó un “blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios” y “la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”, entre otras cuestiones.
“Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo”, dijo y denunció que “devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones y lo descapitalizó totalmente”. Además, precisó que el FGS tenía en diciembre de 2015 unos 66 mil millones de dólares y a fines de 2019 se entregó con 33 mil millones de dólares; hoy cuenta con 51 mil millones de dólares, por lo que destacó la recuperación de 18 mil millones.
En el tramo final, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo opinó que “no es un buen proyecto porque, más allá de la intención, no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados”. Sobre la situación crítica del sistema, detalló que “según datos de la ANSeS, el SIPA contaba con el 48% de la población activa, un 29% trabaja en la informalidad y un restante 6% que se encuentra desocupado. No se produce ingreso en concepto de aportes”.
Sin embargo, la cordobesa adelantó su voto positivo porque “es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar”. Pero cuestionó “la idea de pensar en que esto son soluciones o parches para una enfermedad grave como es el sistema jubilatorio”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, afirmó que “no estamos solucionando los problemas estructurales” y, por eso, “no hay que ofenderse cuando uno lo tilda a esto de parche”. El proyecto “claramente aumenta la vulnerabilidad del sistema, porque incorpora beneficiarios que no han tenido aportes”, observó.
El misionero expresó que “todos estamos de acuerdo que hay situaciones de injusticia y grupos que están en estado de vulnerabilidad”, pero “también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad, y en esto hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia”, aseveró y pronosticó que “este proyecto implica más déficit fiscal”.
“Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”, analizó en su discurso el senador Martín Lousteau.
En ese sentido, el radical apuntó que mucha gente afronta el problema del doble requisito en medio de “un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina”. Tras definir como “parche” a la iniciativa, cuestionó que “seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar”. “Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo; es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”, añadió.
Penúltimo orador, el otro autor del proyecto, el senador camporista Mariano Recalde, sostuvo que hay “una necesidad y urgencia” porque a partir del próximo 23 de julio, “una enorme cantidad de argentinos no van a poder acceder a la jubilación”. “Si no hacemos algo, que algunos definen como un parche, quedan librados a caer en esa especie de migaja, limosna poco digna, jubilación de segunda, una pensión con menos derechos que es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)”, advirtió y criticó que esta pensión -creada en el gobierno anterior- “es una suma equivalente al 80% de la mínima” que “no da derechos hereditarios a los familiares” y además “exige a las mujeres llegar a la edad de 65 años”.
El porteño defendió que “cuando hay una necesidad nosotros creemos que hay un derecho, pero además no se puede caer un derecho, no se puede perder”. Y subrayó que se trata de beneficiar a “gente que sí trabajó; no son parásitos”, sino trabajadores que no tuvieron los aportes suficientes por ser “víctimas de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país” o porque no tuvieron empleo o los tuvieron sus empleados en la informalidad. “No son responsables de no tener las contribuciones”, insistió.
Recalde manifestó también que el sistema previsional “se hace sustentable generando más empleo, combatiendo la informalidad, aumentando el poder adquisitivo de los salarios y no impulsando reducciones de los aportes patronales o reformas laborales con contratos basura”.
Finalmente, el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, consideró que el proyecto es “profundamente cristiano y humanista”. “Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y ahí está la urgencia. Porque también la tiene que votar la Cámara de Diputados”, argumentó.
“Es un proyecto excelente”, resaltó el formoseño, que opinó que no acompañarlo es “no tener corazón, que les importa tres pitos de todo el mundo”. “No votar esto es lo mismo que hicieron cuando creamos el SIPA. Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas”, fustigó a la oposición.
Y reiteró que la iniciativa “tiene en primer lugar a la justicia social y a la solidaridad” al “ponerse del lado de los que no se van a poder jubilar”.
Con críticas a la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron algunos de sus pares, Mayans señaló que “la CABA es la ciudad más beneficiada por la ANSeS, el 30% de su población está beneficiada por la ANSeS”. “Tanto que hablan de los planeros…”, chicaneó.
La jefa de Unidad Ciudadana abrió el debate sobre el proyecto que impulsa el oficialismo y aseguró que tiene un costo fiscal “insignificante”.
La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, abrió este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el oficialismo de una nueva moratoria previsional y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera de Economía que comanda Martín Guzmán.
La kirchnerista aseguró que la iniciativa busca “mejorarle la vida” a más de un millón de personas, al darles “previsibilidad a quienes hoy están trabajando” y “sobre todo a las mujeres”.
Tras detallar la letra del proyecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recordó el tratamiento del tema en comisión y cuestionó por parte de la oposición “la insistencia de preguntarle al ministro de Economía sobre si estaba de acuerdo o no con un proyecto que tiene iniciativa legislativa”.
A continuación, apuntó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%. La verdad que es insignificante”.
“Para endeudarse en 50 mil palos nunca le pidieron al ministro de Economía de ellos ninguna aparición en este Congreso”, lanzó.
Di Tullio insistió que se trata de “hacer un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”, con lo cual la cuestión del costo “no es una buena excusa para no votar este proyecto de ley”.
“Yo la verdad que no le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, expresó y agregó “las iniciativas legislativas, en general, no le preguntamos a los ministros”.
Más adelante, la legisladora estimó que con este proyecto se van a poder jubilar “en la provincia de Buenos Aires, 295.331 personas” y “en la Ciudad de Buenos Aires, que les quiero recordar transfirió la caja, 100.765”. “Ustedes no tienen caja pero nosotros vamos a aportar para que se jubilen los porteños y porteñas”, chicaneó.
En su discurso también defendió las moratorias realizadas durante los gobiernos K: “Desde 2005 a 2015, hemos jubilado 3.423.659 personas con los sistemas que hemos diseñado de un proyecto político que le interesa que la gente no esté en el peor de los mundos”.
“Les pido que sin mezquindades, sin especulaciones, sin chicanas y sin falsas razones puedan acompañar a cada uno de sus habitantes, que seguramente son sus votantes también. No defrauden a los hombres y mujeres que también los votan a ustedes”, cerró.
El proyecto que fue presentado a principios de mayo se tratará este martes, a las 10.30, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, tratará este martes -a partir de las 14- el proyecto de ley que propone una moratoria previsional para aquellas personas que estén en edad de jubilarse pero no cuenten con los años de aportes suficientes.
La iniciativa se debatirá en el encuentro, que se realizará en el Salón Illia, luego de más de un mes de haber sido presentada por Di Tullio y sus partes del interbloque oficialista Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, durante una conferencia de prensa en la que admitieron que la propuesta no había sido consultada con el Ministerio de Economía.
En esa jornada, los legisladores kirchneristas aseguraron que esta nueva moratoria tendría un costo fiscal mínimo, de 0,02%, al tiempo que contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”.
De acuerdo al proyecto, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.
Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023.
La senadora kirchnerista aseguró que dentro de la coalición “se sigue debatiendo” porque hay “un problema de orientación económica”.
La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio se preguntó “por qué no le dan pelota” a la vicepresidenta Cristina Kirchner dentro del Gobierno, al reafirmar en la coalición existe “un problema de orientación política” que “no tiene nada que ver con si falta un poco de tiempo” para ver la recuperación, por eso “se sigue debatiendo”.
Al ser consultada por dichos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien dijo que el crecimiento “lleva tiempo” y algunos están “ansiosos”, la legisladora lanzó: “Sí, por supuesto, siempre estamos ansiosos. El más ansioso debería ser el ministro”. Y rechazó la teoría de “ya va a derramar”, al resaltar que “no va a derramar, nunca derrama”.
“Nosotros somos un gobierno de coalición, eso hay que entenderlo. Tenemos distintas miradas y distintas experiencias”, sostuvo en diálogo con AM750. Sin embargo, apuntó: “Dicen que Cristina es una de las líderes mundiales más importantes, que tiene la experiencia que nadie tiene, una inteligencia que es extrema, que estudia todo el tiempo y es muy difícil -con ese nivel de rigurosidad de sus datos- poder revertirla, entonces, ya que es parte del Gobierno, ya que tenés al mejor cuadro político, dale bola porque la señora sabe“.
Por otra parte, la jefa del bloque Unidad Ciudadana se refirió al proyecto de un nuevo plan de pagos previsional que presentó el interbloque Frente de Todos y reveló que “hay algún espíritu constructivo de parte de la oposición”, que “por más que no les guste que tengamos buenas iniciativas” tienen que saber que “se trata de casi 800 mil personas que no se podrían jubilar si no lo hacemos”.
“¿Va a dejar 800 mil personas a la deriva?”, se preguntó cuando fue consultada por la posición en contra que anticipó Alfredo Cornejo, titular del interbloque Juntos por el Cambio, argumentando los problemas de sustentabilidad que tiene el sistema previsional. “No es poner en problemas al sistema previsional, todo lo contrario. Y además tiene un costo fiscal del 0,02%. Al revés, esto tiene también un fin recaudatorio”, expresó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tras manifestarse a favor del proyecto de ley de un grupo de diputados del Frente de Todos para crear el salario básico universal, o de la iniciativa de Máximo Kirchner pidiendo al Ejecutivo adelantar las cuotas del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la senadora remarcó que “las familias están sobreeendeudadas desde la época de (Mauricio) Macri” y “eso tiene que tener alguna solución por parte del Poder Ejecutivo”. “Hay que trabajar todos los días con mucha creatividad, con mucha responsabilidad”, sumó.
Los legisladores oficialistas presentaron este viernes el proyecto de ley durante una conferencia de prensa. Aseguraron que la iniciativa tiene un 0,02% de costo fiscal y que contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”. También habrá un plan para quienes estén a 10 años de cumplir la edad para jubilarse.
Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron este viernes un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes.
Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas aseguraron que la iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”, a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.
En el arranque de la conferencia, el jefe de la bancada, José Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008, cuando “la mínima era de 700 pesos” y “300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima”. Sobre las distintas moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista, destacó que se incorporaron a “casi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema”.
“Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, sostuvo y enfatizó que “a mayor justicia social, mayor paz social”, por eso “el Estado no se puede hacer el distraído”.
Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el formoseño remarcó que con la propuesta “no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie”, sino que se trata de “tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana”. “Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar”, añadió.
Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, indicó que las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años “han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral”, también “la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del ’89; y los picos de desocupación de los ’90 y 2001”, con lo cual “se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse”.
La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente “podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones”.
Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó que entre 2003 y 2015 “llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional” y en 2015, antes de entregar el gobierno, “la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina”.
“Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años”, sumó y, en ese sentido, dijo que el proyecto “tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse”.
Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la senadora respondió: “La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas”.
“Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos”, aclaró. Y, sobre el impacto fiscal, señaló que “casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo”.
A su turno, el senador Mariano Recalde, que explicó los detalles técnicos del proyecto, destacó que se trata de “permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación” y “poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar”.
“Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber”, afirmó el porteño y explicó que “el sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja”.
En esa línea, defendió que “esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer” pero “en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno”.
De acuerdo a la propuesta, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.
Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. “Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016”, indicaron en un comunicado.
Los senadores del Frente de Todos consideraron que “es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)”.
Proy.-Ley-Plan-de-Pago-de-Deuda-Previsional.-Rev.-06-05-2022El régimen de regularización de deudas impositivas, aduaneras y previsionales recibió 41 votos a favor y 28 en contra, cerca de la medianoche. Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” de OIL Combustibles.
El Senado convirtió en ley este jueves la moratoria ampliada para personas humanas y jurídicas en el contexto de la pandemia del Covid-19, tras un debate donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López por un artículo que permite el ingreso a empresas en quiebra como OIL Combustibles.
El régimen de regularización de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, que alcanza una deuda total de 534.000 millones de pesos con la AFIP, recibió 41 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana; y 28 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, destacó que la flamante ley amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Así, se incluyen todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria va a ser muy ventajosa para las empresas y los ciudadanos. También va a servir para aliviar las arcas del Estado y darle la posibilidad a los contribuyentes para ponerse al día”, destacó el senador del Frente de Todos.
La norma ofrece planes de pago de hasta 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a la seguridad social; y hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, con una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021.
Se permitirá incluir deudas vencidas al 31 de julio de 2020, pudiendo adherir a la moratoria hasta el 31 de octubre y pagando la primera cuota a mediados de noviembre. Además, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores, basado en beneficios fiscales.
Esteban Bullrich (Pro) consideró que ese último incentivo “debe ser algo permanente en los proyectos de moratoria tributaria”, aunque consideró que el proyecto “se queda a mitad de camino” y “es algo parcial”.
“No entendemos la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto. Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina”, cuestionó, pero principalmente habló de un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Al tema también se refirió, con su estilo característico, el cordobés Ernesto Martínez: “Puedo votar una amnistía por razones políticas, lo que no voto son amnistías para delincuentes comunes, así vengan como gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias”.
Desde el oficialismo, Oscar Parrilli respondió a las diatribas de la oposición. “No quiero defender a ninguna empresa, sino defender la verdad”, aclaró, y dijo sentir “vergüenza ajena” por la acusación de “supuesta estafa” de los empresarios ligados al kirchnerismo.
“Han mentido. Del juicio surge que a diciembre de 2015 OIL Combustibles estaba al día en un plan de pagos que tenía, y la consecuencia que derivó en la falta de pago fueron medidas que tomó la AFIP” en las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, dijo.
Parrilli informó que “se habla de 8.000 millones” de deuda de la empresa, “cuando en realidad eran 1.500 millones”, y además “se dice que estamos perdonándole la deuda de lo que ellos supuestamente han retenido, pero el ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) fue modificado en 2018 y recién ahora es un impuesto directo”.
Además, sostuvo que en el blanqueo de capitales aprobado en 2016 “estaba previsto que el ITC pudiera entrar en moratoria”.
El salteño Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Federal, coincidió con Juntos por el Cambio en que “el pretexto” para esta ley “fue incluir algo que nunca estuvo previsto: incluir a los quebrados en la moratoria”.
Hacia el final, Luis Naidenoff reconoció que “quizás la moratoria puede implicar una respuesta ante situaciones críticas” como la pandemia, pero alertó que “lo que realmente marca esta moratoria es el beneficio a un grupo económico en particular”.
Naidenoff recordó que “cuando a principio de año este grupo empresarial solicitó ante la AFIP la posibilidad de una refinanciación de pagos, esa refinanciación fue rechazada por el procesamiento de los accionistas de la empresa por el delito de defraudación. No había manera para que esta empresa amiga del poder pudiera ser beneficiada para obtener un acto de salvataje”.
Al cierre del debate, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, sostuvo que la oposición va contra López por representar a “un grupo de medios que el gobierno anterior no lo quería, que tenía un alto rating y que decía el desastre que estaban haciendo, entonces buscaron licuar a ese medio para tener una única voz”.
“No busquen la excusa de la moratoria para venir con este discurso político donde en realidad no buscan colaborar: lo que buscan es tumbar al Gobierno y ven una oportunidad en la crisis”, disparó el senador.
Por último, destacó que “esta moratoria que pretende recuperar recursos es indispensable para nuestro programa económico y vamos a trabajar en el próximo Presupuesto, y una vez que tengamos la vacuna (contra el coronavirus), la Argentina va a estar en otras condiciones para poder desarrollar las actividades económicas que hagan a la recuperación del país”.
La Cámara alta también trata tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesiona desde las 14.30 en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
En primer lugar, se votarán, en la jornada de este jueves las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la sesión será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
La Cámara alta también tratará tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesionará este jueves nuevamente en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
La sesión comenzará a las 14 y en primer lugar se dará ingreso formal a pedidos de acuerdos, tras lo cual se votarán las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la jornada será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
En el marco del debate en comisión del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, la titular de la AFIP destacó que 4.700 empresas están en condiciones de pedir el advenimiento.
Luego de su aprobación el viernes en la Cámara de Diputados, comenzó a debatirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado la moratoria impositiva. Por eso se presentó en la comisión que preside el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien brindó precisiones sobre la ampliación de la moratoria.
“Esta es una moratoria universal, que incluye a todos los sujetos económicos y sociales” subrayó la funcionaria, que durante más de una hora participó del encuentro que se realizó por la modalidad de videoconferencia.
Tras escuchar el informe de Marcó del Pont, el oficialismo anticipó que emitirá un dictamen apoyando “sin modificaciones” el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara baja, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio presentará uno propio que elimina los artículos 11 y 16 del texto original.
El senador por Buenos Aires Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) comunicó que su bancada se opone a que en la moratoria pueda ingresar el empresario Cristóbal López, “cuya deuda es previa al 2015”, dijo.
Marcó del Pont señaló sobre el tema que a partir de esta ley “solo se extinguen responsabilidades penales que tienen que ver con cuestiones tributarias, aduanera o previsionales y esto no es novedoso”.
Para Caserio “eliminar a una empresa (de la moratoria) es discriminatorio” y ratificó que el oficialismo respaldará el proyecto tal como vino de Diputados mientras que el jefe del bloque del Frente de Todos, el senador por Formosa José Mayans, adelantó que la intención de su espacio es que la ley “se trate en el recinto en la próxima sesión”.
Al brindar detalles de la ampliación de la moratoria, con relación a la ley 27.541 que se reglamentó en febrero pasado, Marcó del Pont afirmó que “esta reforma es una universalización del acceso” a ella.
Según Marcó del Pont, “el monto de la deuda total, en lo que es deuda exigible no regularizada, es de 540.762 millones de pesos, lo que representa la cuarta parte del total del crédito al sector privado”. La titular de la AFIP subrayó que “esta moratoria es una necesidad que se inscribe en un conjunto de políticas que se están pensando para impulsar la actividad económica y la sostenibilidad del empleo”.
Por otra parte reveló que “la deuda con el fisco creció un 90 por ciento”, detallando que “la deuda de las PyMEs desde noviembre aumentó un 60 por ciento y la deuda de personas físicas y grandes empresas creció un 180 por ciento”.
“La deuda total exigible es de 540.762 millones de pesos, lo cual es muy relevante”, precisó antes de señalar que la moratoria “va a ser un canal muy importante de oxígeno para que las empresas que están en situación complicada puedan encarar un proceso de recuperación”.
De inmediato, la funcionaria resaltó que “hoy es un día muy importante” por el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con los acreedores internacionales, hecho que también fue destacado por los senadores de la oposición Esteban Bullrich y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).
Finalmente, Marcó del Pont consignó que “4.700 empresas están en condiciones de pedir un advenimiento y ojalá todas ellas puedan seguir funcionando”. En otro orden indicó que “no van a entrar ganancias y bienes personales en la moratoria. No habrá cambios para el período 2019” aunque admitió que “sí estamos estudiando el tema de los anticipos de ganancias”.
Lo dijo Máximo Kirchner en el discurso de cierre del debate de este viernes en Diputados. Tildó de “irresponsables” al exoficialismo, negó que JxC haya sido una mejor oposición que el kirchnerismo e ironizó con Macri diciendo que “es mejor turista que presidente”.
El presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, dio este viernes el discurso más duro que se le recuerde en el recinto. No solo desde que preside la bancada del Frente de Todos, sino desde que es diputado.
Fue al cabo del debate en el que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ampliación de la moratoria impositiva, y con sus palabras cerró un extenso debate caracterizado por momentos por los cruces entre el oficialismo y la oposición por el artículo 11 del proyecto, que permite ingresar a la moratoria a Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López.
No hubo otro cierre de presidentes de bloques, tal cual se había acordado previamente. Y Máximo Kirchner volvió a hablar, luego de que el día anterior fuera el diputado Leonardo Grosso el encargado de cerrar por parte del bloque Frente de Todos.
“Llegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri. En diciembre nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”, señaló Máximo Kirchner en el arranque.
“Uno ve que todos los días empeora, así que me parece muy bien ver cómo rescatamos a miles de argentinos que ven con desesperación que no pueden mantener el comercio abierto y si lo tienen, no hay quien pueda ir a comprarle algo”, señaló el hijo de los Kirchner.
A continuación hizo referencia al “agotamiento lógico” de la población por la extensa cuarentena, pero advirtió que “no tenemos que incentivarlo más”, y mostró entonces la fotocopia de una tapa del diario New York Times, señalando que “por más que haya un presidente irresponsable que incentiva a la sociedad a salir, la economía se cae a pedazos de todas maneras. Hablo de Estados Unidos porque para algunos es la madre patria”. Comparó también la situación en Brasil, con Jair Bolsonaro, a quien definió como “un claro producto mediático”, que “nunca hubiera sido presidente sino hubiera sido por los medios”.
“Parte de esos grupos que quieren romper aquí la cuarentena se llaman ‘Argentina despierta’”, comentó, y recordó que “el nazismo nace en Alemania con una consigna similar: ‘Alemania despierta’. Coincidencias…”.
Se preguntó luego “cómo salimos de esta situación: “Uno ve que se reúnen la CGT y AEA”, comentó, y ponderó ese tipo de reuniones señalando que “tenemos que dialogar entre todos, pero el diálogo debe ser franco. Pero advirtió luego sobre el comunicado emitido al cierre del encuentro, en el que se señalaba que “Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico”. Y dijo: “si vamos por ahí, va a ser un gran error”.
“En AEA dicen que fueron décadas muy malas, pero no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas”, comentó, destacando que “la moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día”. Y aclaró que “Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar”.
En otro pasaje el presidente del bloque oficialista señaló que “el año pasado el 48% de la recaudación fue del IVA y el 33% de Ganancias. Pero dentro de Ganancias, se ve que el 33% está constituido por los trabajadores que pagan ganancias. ¿Cómo puede ser que pague más ganancias un trabajador que una empresa energética?”. Luego le apuntó al Gobierno anterior al señalar que “dijeron que no iban a pagar más ganancias y le mintieron a la sociedad para juntar más votos pero después no supieron que más hacer”.
“No gobernó Juan Carr sino Mauricio, que es Macri. El de Sevel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema, el de Ruckauf, el del Correo Argentino. No le pagaba al Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo vino modificado desde la Casa Rosada”, evocó Máximo.
“Ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del Correo. Lo que hicieron fue insolventarse evadiendo impuestos y después armaron un blanqueo para traerla de vuelta”, señaló el hijo de los Kirchner. Trascartón, disparó: “¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje”.
Recordó que el día anterior había escuchado decir al presidente del interboloque JxC, Mario Negri, decir que ellos habían sido una mejor oposición. Y con ánimo de rebatirlo, disparó: “¡Nos dejaron sin presupuesto! ¡Votaron el 82% móvil y la populista Cristina lo tuvo que vetar porque el Estado no podía! ¡Ustedes estuvieron cuatro años y no pusieron el 82% móvil porque hacen política de una manera irresponsable, tratando de frustrar a la sociedad!”. Y continuó: “¡Irresponsables, irresponsables, terminaron en default!”
En otro de los pasajes en los que la emprendió contra el expresidente, aclaró que “Macri tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente a que el Poder Judicial le haga algo? Creo que hace lo que le gusta que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente”.
Sobre el final, Kirchner recordó una noticia reciente: “Claver dijo que el préstamo a la Argentina del Fondo Monetario Internacional había sido para que Macri ganara las elecciones. Le prestaron 44 mil millones de dólares para que ganara las elecciones y las perdió. Un intendente del pueblo más recóndito del interior con ese dinero le gana las elecciones”.
En ese marco, Kirchner contrastó: “Cada vez que Cristina viajaba se fugaba. Tenía la hija enferma y se fugaba. Pero no se fugó: se quedó con la gente. Y perseguida y sin el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen”.
Se trata del artículo 11 del proyecto oficial, que recibió 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención. Quiénes fueron los diputados de la oposición que acompañaron al Frente de Todos.
El artículo del proyecto de moratoria que permite ingresar al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de actividades, definido por la oposición como “cláusula Cristóbal López”, fue aprobado finalmente con 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención.
Con todos sus diputados presentes en la sesión, el Frente de Todos contó con el acompañamiento de una docena de representantes de la oposición.
Apoyó el polémico artículo el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, junto a cinco de sus pares: el bonaerense Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal), el rionegrino Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Wellbach (Frente Renovador de la Concordia).
Desde el Interbloque Federal, votaron a favor su titular, Eduardo “Bali” Bucca; el salteño Andrés Zottos; y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti -Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio-. Por último, sumó su adhesión Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
El rechazo provino, además de Juntos por el Cambio, de ocho diputados de otros bloques: los bonaerenses Graciela Camaño y Jorge Sarghini (Consenso Federal); la tucumana Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social); el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal); los santafesinos Enrique Estévez (Socialista) y Luis Contingiani (Fte. Progresista Cívico y Social); Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
La votación arrojó, en consecuencia, una división al interior de las bancadas presididas por Ramón y Bucca: en la primera, seis diputados votaron a favor del artículo 11 y dos en contra, mientras que en la segunda, seis votaron afirmativamente y cuatro, negativamente.
Hubo una sola abstención, de Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), y dos ausentes, el riojano Felipe Álvarez (Acción Federal) y el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), mientras que el chaqueño Gerardo Cipolini, también radical, fue considerado “ausente sin voto”, luego de que no se registrara su voto a pesar de estar conectado a la plataforma Webex.
El proyecto que permite regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras a todos los contribuyentes recibió 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones. El interbloque de Negri denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López. El debate pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Tras un debate atravesado por acusaciones de la oposición sobre una supuesta “amnistía” a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, que alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19 recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El proyecto, que ahora fue girado al Senado, permitirá regularizar con la AFIP una deuda total de 534.000 millones de pesos, con planes de pago de hasta 60 o 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
Si bien todos los bloques de la oposición coincidieron en que “nunca una moratoria estuvo tan justificada” como en el actual contexto, buena parte de la discusión se centró en el artículo 11, que permite adherir al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.
Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de López y De Souza, empresarios ligados a la familia Kirchner, mientras que desde el bloque “lavagnista”, Jorge Sarghini coincidió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
El cierre del debate, cerca de las 23, estuvo a cargo de un encendido Máximo Kirchner, quien le respondió a quienes denunciaron un “plan de impunidad” al recordar que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por escuchas ilegales y luego fue sobreseído, y ahora se investiga espionaje ilícito durante su gestión.
El jefe del bloque del Frente de Todos también apuntó al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios y la deuda del Correo Argentino. Y tuvo un párrafo aparte para el viaje de Macri a Francia: ironizó que “tiene todo el derecho de viajar por el mundo con su familia” y que “está haciendo lo que le gusta: turismo”, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner “viajaba (a Cuba) porque tenía a su hija enferma”.
El proyecto aprobado amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, incluyendo a todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
La futura ley permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 -el proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió-. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores. “Los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que, creemos, es de estricta justicia”, admitió al respecto el radical Luis Pastori.
En nombre de Juntos por el Cambio, Pastori reconoció que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios y pago de sueldos”.
Sin embargo, definió el artículo 11 como “la cláusula Cristóbal López” y advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares” en lo inmediato. “Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es”, sugirió.
En la misma línea, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que Cristóbal “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador” de Santa Cruz y recordó los nexos entre ambos, investigados en distintas causas judiciales.
Otro diputado que levantó críticas fue Sarghini (Consenso Federal), quien recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó.
Desde el oficialismo, el santacruceño Pablo González aclaró que “esta ley no tiene nombre propio”. “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”, aseguró.
Su par Darío Martínez también consideró que “es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, y ejemplificó: “Sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Martínez destacó que “esta ley le calza a todo el entramado socioeconómico que se vio perjudicado en los últimos cuatro años y ahora vio agravada su situación por la pandemia. Es una herramienta que va a servir para proteger el empleo y la producción”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá advirtió que la moratoria “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas” y “es una orientación de subsidios al capital, con recursos que no se están colocando en un reforzamiento del sistema de salud y en sostener a los que no tienen ingresos”.
Integrante del interbloque de José Luis Ramón, cuyos votos se contaban para el oficialismo, la legisladora tucumana anticipó que apoyaría en general la moratoria, pero rechazaría en particular el artículo que beneficia a Oil Combustibles.
Un dato clave se verificó promediando el debate de la moratoria cuando expuso la diputada tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que encabeza el mendocino José Luis Ramón. Es que la legisladora tucumana manifestó su apoyo en general al proyecto de ley, pero adelantó un rotundo rechazo al artículo 11 de la norma.
“Comparto plenamente los beneficios de esta moratoria, una herramienta necesaria para muchos contribuyentes, algo así como 4 millones; pero también la necesitaba el Estado nacional para incrementar sus ingresos”, señaló la legisladora tucumana, que recordó que “la obligación del Estado es estar y ayudar a las empresas, que son, a través del sector privado, las que generan la riqueza en nuestro país”.
“Pero quiero dejar también muy aclarado que en lo que respecta al artículo 11, debemos hacer respetar al Estado, porque sino después muchas empresas en estas condiciones pueden decir: ‘Bueno, está bien, no pago, total después va a haber una moratoria y después puedo inscribirme’”, advirtió.
Avila señaló que “es cierto que hay muchas empresas concursadas a las que tenemos que llevar alivio, pero también tenemos que distinguir a aquellos que han llegado a esta situación por la crisis económica, por la recesión, por la pandemia, de aquellas empresas cuyos titulares cometieron hechos delictuales, en contra del fisco nacional. Porque si no hacemos esa diferencia, vamos a estar queriendo esconder un elefante”.
La diputada tucumana describió las cinco maneras de esconder un elefante enumeradas por el filósofo Peter Kreeft, pero a las mismas le sumó una sexta: tratar de esconder a un elefante dentro de una manada. “En este caso lo que se trata de haer es esconder varios elefantes blancos importantes, y de ninguna manera puedo avalar este modo de ver este artículo”.
“Así que el Partido por la Justicia Social va a apoyar en general, pero no en particular, no voy a apoyar de ninguna manera este artículo 11”, concluyó.
Negó que se trate de “una ley con nombre y apellido”, y aseguró que servirá para apalancar una economía que “ya venía golpeada por 4 años de pésima gestión”.
El diputado Darío Martínez enmarcó los beneficios de la moratoria propuesta en un contexto mundial al que la pandemia generó “un desastre a nivel global sin antecedentes”. Y para tener una idea de la magnitud, leyó números de la Oficina de Análisis Económicos de la Agencia Oficial del Gobierno de Estados Unidos: el PBI en ese país se contrajo en un 32,9%, y se perdieron 1.430.000 puestos de trabajo por semana en Estados Unidos.
“Por eso nuestro Gobierno ha entendido que es una necesidad a lo largo y ancho de nuestro país, dar una herramienta que le permita a todo nuestro entramado financiar la deuda que se ha ido generando con el Estado”, señaló el legislador kirchnerista, que precisó que “el objeto de esta ley es muy claro de analizar: facilitar el funcionamiento de todas las empresas; proteger el trabajo y la producción, básicamente. También aliviar el peso tributario, evitando el crecimiento de las deudas”.
El diputado neuquino remarcó que “todos aquellos aportes que venían con la intención de enriquecer el proyecto se han tenido en cuenta” y en el debate en comisión “surgió una amplísima mayoría que acompaña la necesidad de esta herramienta acertada que nos manda el Ejecutivo nacional”.
A continuación, Martínez se refirió al tema de las empresas en quiebra beneficiadas. “Es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, dijo, ejemplificando entonces que “sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Y continuó: “Es un error analizar que puede tener el nombre de Correo argentino, que también puede acceder a esta moratoria”, tras lo cual puso ejemplos de su provincia: “Sería un error ponerle el nombre de Cerámica Neuquén, una empresa quebrada y recuperada por los trabajadores, y seguramente esta moratoria les va a permitir seguir funcionando… Como Zanón, o empresas chacareras, o frutícolas”, que enumeró.
Para terminar, Darío Martínez señaló que “esta moratoria también premia a los cumplidores, pero su objeto es apalancar el funcionamiento de la rueda económica, que está deteriorada por la pandemia, y que ya venía golpeada por los cuatro años de pésima gestión… Esta herramienta les va a servir a todas y todos los argentinos”.
El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que la moratoria “es para una empresa del poder”, en alusión a OIL Combustibles.
Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, reiteró en la sesión de este viernes que la moratoria ampliada es “un traje a medida para dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Souza, que son empresarios ligados desde hace muchos años al viejo poder y al poder actual”.
El “lilito” consideró “inédito” que se permita ingresar a la moratoria a empresas en quiebra. “Ojalá algún abogado, juez u operador jurídico me explique quién se va a hacer cargo del pago de las cuotas, si esa empresa no existe más”, dijo.
Luego recordó que Cristóbal López “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia”.
El diputado señaló que el holding fue creciendo hasta tener “casinos en La Florida, Estados Unidos” y se expandió también al rubro del petróleo, donde López tuvo “una causa por sobornos por la compra de Petrobras”.
López advirtió sobre el trato que el canal C5N, también del grupo, le otorgó a la oposición desde que en 2004 se supo que “este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia”.
Luego, en 2008, se realizó la famosa denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, el exministro Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros, “por cómo fue concesionado el casino en la Ciudad de Buenos Aires”.
Tras insistir en que la moratoria “es para una empresa del poder”, OIL Combustibles, López advirtió que el impuesto a los combustibles “no lo evadía, se lo robaba, e iba -por ejemplo- a la empresa M&S, de su holding”, donde la encargada del área legal era Romina Mercado, sobrina de Kirchner.
Además, “desde esa empresa le alquilaban los hoteles” a la familia presidencial, siendo Mercado “la presidenta del directorio de Hotesur”, señaló el diputado López.
Para el legislador santacruceño, el artículo 11 “no es un traje a medida”, como insiste la oposición, y argumentó que en el caso de la empresa de Cristóbal López “no hay condena”.
El diputado nacional kirchnerista Pablo González se ocupó de defender enfáticamente en su discurso el cuestionado artículo que permite a la empresa Oil Combustible, de Cristóbal López, adherirse a un plan de pagos incluido en la moratoria debatida. Cuestionó entonces el término “traje a medida” utilizado por la oposición, y dijo: “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”.
Para González, “se parte de una mentira, como que ya hay una condena cuando no la hay, porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa, muchas de ellas que atañen a la figura de Mauricio Macri”. Y a propósito del expresidente, el exvicegobernador santacruceño se remitió a la Ley 27260, que imposibilitaba a familiares de funcionarios a acogerse al blanqueo. “Y yo aclaro: en esa Ley 27.260 no se incluyeron a familiares, los familiares se incluyeron por decreto… Y tengan la absoluta certeza que nosotros no vamos a incluir con ningún decreto a los familiares para el blanqueo. Eso se hizo en aquel momento en que la diputada Carrió dijo que no iba a acompañar un pacto de impunidad. El pacto de impunidad se convalidó en el momento en que se emitió el decreto en el que se permitió que los familiares adhirieran a la ley”.
El diputado del Frente de Todos remarcó que la norma requiere el “avenimiento”. Esto es, que el 100% de los acreedores esté de acuerdo con el plan que se le ofrece para pagar la deuda. “Avenimiento que sería bueno que también se reclame en el caso de Vicentin, que le debe a sus acreedores 99 mil millones de pesos, y en ese caso se defendía a Vicentin y se trataba a los directores como si fueran niños cantores de Viena… Y en este caso se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena, y quedan muchas cosas por resolver”, enfatizó.
Pablo González insistió en que “acá no hay condena; se quiere cumplir, que 4.600 contribuyentes puedan entrar en esta facilidad de pago, y además se dice otra mentira: que (la empresa beneficiada) no tiene nada”, cuando en realidad “la empresa tiene medios de comunicación que forman parte de la misma: tiene a C5N, Ambito Financiero”, ante lo cual se preguntó: “¿No será que se está buscando quebrar algunas empresas de medios que no piensan como los poderes hegemónicos? ¿No será que se está buscando demonizar a una empresa que lo que busca es el avenimiento del 100% de sus acreedores?”.
“De ninguna manera entiendo que estemos en camino de ponerle nombre propio. Esta ley no tiene nombre propio”, concluyó.
Para el diputado de Juntos por el Cambio, “la señal” que el Congreso está dando es que “está dispuesto a darle un salvavidas” a las empresas quebradas de modo fraudulento.
El diputado Luciano Laspina (Pro) denunció este viernes que “dentro de la ley de moratoria hay otra ley de amnistía” para las empresas en quiebra que podrán ingresar al régimen, y advirtió que el Congreso, con la sanción de esta norma, “está dispuesto a darle un salvavidas” a esas compañías.
En primer lugar, Laspina reconoció que “nunca estuvo más justificada que hoy una moratoria” dada la emergencia sanitaria por la pandemia, ya que “las empresas van para cinco meses de imposibilidad de facturar y es imposible no darles una mano en estas circunstancias”.
Asimismo, destacó la decisión de “complementar la moratoria con una reforma temporaria a la Ley de Quiebras”, aprobada en el recinto también este viernes, dado que “la moratoria da auxilio a la mochila con el fisco pero también había que dar una respuesta a las deudas privadas de las empresas”.
Sin embargo, alertó que Juntos por el Cambio tiene “diferencias insalvables” con la propuesta del oficialismo, porque “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Además, Laspina subrayó que “aunque este traje a medida le calce perfecto a una empresa en particular”, en referencia a OIL Combustibles, “es un traje a medida que le puede encajar en el futuro a otras, y esto es tanto o más grave que la impunidad que estamos consagrando”.
Por último, el santafesino insistió en que “nunca en ninguna moratoria” se permitió el ingreso de “empresas quebradas sin continuidad de actividades”.
“Nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, sostuvo el diputado de Consenso Federal.
El diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini apoyó este viernes la moratoria ampliada, pero criticó el polémico artículo 11 del proyecto, al sostener que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
Sarghini expresó que el acompañamiento del bloque que comparte con Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez “a las razones generales que motivan la moratoria”, ya que “nadie discute lo que ha venido al mundo y a la Argentina con esta pandemia”.
En ese sentido, destacó que se haya atendido en el dictamen de mayoría “el reclamo que hicimos desde el primer día de darle un premio a los buenos contribuyentes”.
Sin embargo, advirtió que presentaron observaciones porque la iniciativa oficial permite acceder a la moratoria a empresas en quiebra.
El bonaerense recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó el diputado.
Sarghini insistió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
Reconoció que siempre que se elabora un régimen de este tipo “es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes”, pero pidió “no caer en la casuística” sino “hacer una ley justa y equitativa”.
“Nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, concluyó el legislador.
En líneas generales, el miembro informante de Juntos por el Cambio ponderó la ley elaborada, pero cuestionó duramente una serie de artículos, sobre todo el 11°, que consideró “un traje a medida” de Oil Combustibles.
Si bien el miembro informante de Juntos por el Cambio, el radical misionero Luis Pastori, se mostró muy de acuerdo en líneas generales con la moratoria propuesta, detalló una serie de elementos que hicieron que ese bloque tomara la decisión de abstenerse de votar favorablemente el dictamen de mayoría.
El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.
Al referirse puntualmente a la ley de moratoria, recordó el contexto que establece que entre febrero y abril de este año, alrededor de 15 mil empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas ante la AFIP, y 193 mil empleadores recibirán este mes el auxilio de la ATP para cumplir con 2.040.000 salarios.
Asimismo, Pastori señaló que se registró en este contexto un incremento del 50% de la deuda tributaria del universo de contribuyentes.
El legislador por Misiones señaló que en esta ley se agregan, a instancias de la oposición, aportes que benefician a los contribuyentes cumplidores, “siguiendo la línea que durante el Gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria de 2016, que premió a los cumplidores”. En este caso, aclaró que “los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premios a los contribuyentes cumplidores”.
Con todo, Juntos por el Cambio terminó presentando un dictamen de minoría. ¿Por qué? Pastori explicó que la norma “adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, que tienen un sesgo antiempresa, cargado de ideologismo, y lo más grave: el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero a Oil Combustibles SA”.
“¿Por qué decimos insuficiente? Si bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, eso no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas para el impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes al año 2019”, señaló. Por el contrario, dijo, las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, generando así lo que consideró “una gran inequidad en desmedro de las personas humanas”.
Al detallar las “insuficiencias” de la ley, agregó que no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de obras sociales, porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista al 31 de octubre, siendo su propuesta la de llevarla al 30 de noviembre. Entre otras cosas, tampoco amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota. “Nuestra propuesta es llevarla al 1° de febrero de 2021; también porque no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuenta.
Con relación al sesgo antiempresa, Pastori mencionó dos artículos. Por el 8°, “se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la caducidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios, cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados en el exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, poniéndole trabas así al funcionamiento a operatorias que son normales”.
Mencionó también el artículo que Carlos Heller acababa de señalar que habían modificado. El 2°, que excluía del beneficio a entidades financieras, compañías de seguros, y empresas de telefonía. “Pero dejan la limitación a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito: excepto lo repatríen en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días”, apuntó Pastori, que recordó luego que con la ley de emergencia aprobada en diciembre se buscó premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, y resultó un fracaso. “Ahora se les pide un 30%. Esto, y decir que no pueden entrar a la moratoria es lo mismo”, apuntó.
Una vez concluido su discurso, Heller aclaró que en el apuro no había alcanzado a leer una modificación en ese punto, que quedó estableciendo “personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MyPEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%”.
El diputado Luis Pastori apuntó luego al artículo 11, que definió como “la cláusula Cristóbal López”. Recordó el diputado que es práctica habitual en los regímenes de regularización impositiva la exclusión de los sujetos declarados en quiebra. “No existen razones de índole comercial, fiscal, ni legal, para ofrecer el beneficio de un plan de pago extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo”, apuntó el diputado, agregando que “no obstante el proyecto de ley prevé que accedan al régimen de regularización”.
El diputado recordó que Oil Combustibles presentó este año un pedido paga pagar su deuda que la AFIP dictaminó que debía ser rechazado. En ese sentido, Pastori advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares”, pasando a cobrar 130 o un poco más en casi diez años.
“Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es…”, concluyó Pastori, que advirtió que la ingeniería legal aplicada “luce como un traje a medida para una sola empresa. Esto imposibilita acompañar el dictamen de mayoría”.
“Todo podríamos haberlo consensuado, pero lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11, un escándalo que hará que -ojalá me equivoque- esta ley sea recordada en el tiempo como la Ley Cristóbal. Nos vamos a abstener en votar el dictamen de mayoría, entonces, sino hay cambios”, cerró.
“Está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir”, afirmó el titular de la Comisión de Presupuesto al abrir el debate.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, destacó en la sesión de este viernes el proyecto de moratoria universal y adelantó cambios al proyecto dictaminado, entre los que se encuentra la ampliación, hasta el 31 de julio, del plazo de deudas a regularizar.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó Heller.
El legislador del Frente de Todos recordó, con cifras, la “herencia muy pesada” del gobierno anterior, y sostuvo que “el Estado quedó debilitado por la acción del Gobierno nacional entre 2016 y 2019”.
A continuación, señaló que en el marco de la pandemia del Covid-19 “son enormes los esfuerzos que ha hecho el Estado Nacional”, con una inversión de “más de 960.000 millones” de pesos.
Dentro de esa asistencia, mencionó los “9 millones de beneficiarios” del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los “2.800.000 trabajadores y 310.000 empresas” que accedieron al Programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), además de los “440.000 créditos a tasa cero otorgados a monotributistas y autónomos”.
“Pese a todos estos esfuerzos, se verifica un deterioro del aparato productivo”, lamentó Heller, y habló de “un fuerte incremento de la deuda tributaria, que impactó en todo el universo de contribuyentes”.
En ese sentido, recordó que la deuda total con la AFIP es de 534.000 millones de pesos, incluyendo la deuda que no se está pagando y la que está regularizada con distintos planes.
El titular de la Comisión de Presupuesto adelantó que se modificará el artículo dos para incluir las obligaciones vencidas al 31 de julio, dado que el dictamen establecía como límite el 30 de junio, pero no se pudo ampliar antes porque se corría el riesgo de que los contribuyentes dejaran de pagar.
Por otra parte, dos actividades que originalmente estaban excluidas del régimen quedaron ahora habilitadas: las actividades reguladas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, y el servicio de telefonía fija, telefonía móvil y telecomunicación vía Internet.
Por otra parte, a propuesta de la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) se incluyó a organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal sin fines de lucro.
La Cámara baja buscará dar media sanción al proyecto que permite regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020. En tanto, el segundo tema se tratará sobre tablas con un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición.
La Cámara de Diputados realiza desde las 15.45 una sesión virtual en la que buscará dar media sanción a la moratoria impositiva, aduanera y previsional, impulsada por el Gobierno nacional. Además, se tratará sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras.
Tras la exposición de ayer del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el cuerpo presidido por Sergio Massa vuelve a reunirse este viernes, y debatirá sobre dos temas vinculados a la situación económica producto de la pandemia de Covid-19.
La iniciativa de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
El proyecto establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota será el 16 de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal -que podría dividirse a la hora de la votación- y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará sobre tablas un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021. En la previa de la sesión, el tema se debatió en la Comisión de Justicia, pero a raíz de una discusión reglamentaria sobre la competencia de esa comisión para dictaminar sobre esta materia, la iniciativa no tuvo dictamen.
Oficialismo y oposición consensuaron un texto unificado que, tras un cuarto intermedio en el que se negociaron las modificaciones, obtuvo el aval de los integrantes de la comisión. De esta manera, su tratamiento deberá habilitarse con los dos tercios de los votos.
El proyecto amplía la moratoria vigente alcanzando a todos los contribuyentes. Los planes de pago serán de hasta 120 cuotas. Las grandes empresas tendrán que cumplir ciertas condiciones.
La Cámara de Diputados aprobó este viernes pasadas las 23 el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera en el marco de la pandemia del Covid-19. La iniciativa amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
A continuación, los puntos centrales:
La Cámara baja sesionará desde las 15. La ampliación presupuestaria, que ya cuenta con dictamen, quedó para la semana que viene.
Por primera vez en mucho tiempo, la Cámara de Diputados sesionará un viernes. Será para aprobar dos proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19: la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, y una reforma al proceso de concursos y quiebras.
La sesión virtual fue convocada para las 15 y quedó afuera del temario el proyecto de ampliación presupuestaria, que a pesar de haber conseguido dictamen favorable se tratará la semana próxima en una nueva sesión.
El proyecto de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
La iniciativa establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el mes de octubre y los primeros pagos serán a mediados de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto el dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará en la sesión la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020. El tema se discutirá previamente, a las 11, en la Comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde la aspiración es lograr una redacción unificada entre múltiples proyectos.
Fueron incluidas como beneficiarias, un pedido de la diputada Fernanda Vallejos que acompañó la oposición. Sostuvo que estas entidades son muy importantes en la actual situación de pandemia debido al rol social que cumplen.
El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen -con 27 votos a favor- al proyecto de ampliación del régimen de moratoria establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del mes de diciembre, para el pago de deudas impositivas y previsionales. Por iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos, se añadió como beneficiarias a las organizaciones comunitarias ya que desarrollan programas de promoción y protección de derechos sociales que permiten paliar las consecuencias de la crisis. La propuesta recibió el respaldo de los diputados de Juntos por el Cambio, Luis Pastori (UCR), y de Paula Oliveto (CC). La oposición, por su parte, emitió dictamen de minoría con 22 votos.
“En el contexto de universalidad que tiene esta política, que el Poder Ejecutivo trajo para su tratamiento, me gustaría enfatizar el rol de las organizaciones comunitarias que participan en el seno de nuestra sociedad y que además han tenido un rol tan notable en el desarrollo y contención de diferentes acciones que han ayudado mucho a mitigar los impactos de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables, los que sufren más duramente las consecuencias de la crisis”, destacó Vallejos.
“Nos parece oportuno mencionar específicamente al conjunto de las organizaciones comunitarias inscriptas”, prosiguió la legisladora. “Son organizaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y que desarrollan programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa que, insisto, en este contexto en particular, están cumpliendo un rol muy importante”, destacó.
Se consideran organizaciones comunitarias a las fundaciones, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa. De este modo, la moratoria contempla a clubes de barrio, bibliotecas populares, entidades de bien público, jardines y casas del niño, centros juveniles, culturales y deportivos.
La moratoria es parte de las medidas de recuperación de la economía del Gobierno nacional. Busca ser un alivio para empresas y personas ante la inédita crisis económica que provocó la pandemia, aseguró la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Durante su exposición dos semanas atrás ante los diputados, precisó que la deuda total a regularizar es de $534.000 millones.
Entre las modificaciones al dictamen de mayoría, por pedido de otros bloques, los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la AFIP “podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de junio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente Capítulo”.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y “las personas humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.
En otro orden, se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria. Esa atribución será del Congreso.
También se excluyen aquellas “actividades de servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil y telecomunicación vía internet, en la medida de que se verifique que han tenido un aumento en su facturación, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”. Quedan exceptuados de esta exclusión las Cooperativas y MyPYMEs.
La tasa de interés será fija del 2 % mensual, durante las seis primeras cuotas resultando luego de aplicación la Tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados, aplicándose para ambos el sistema de amortización francés.
Diputados del Frente de la Concordia Misionero y el bloque Córdoba Federal firmaron a favor del texto del oficialismo, que sufrió modificaciones. Juntos por el Cambio expresó su fuerte rechazo a mantener la inclusión de empresas en quiebra y presentó su propio despacho.
Por Melisa Jofré
Tras haber incorporado una serie de cambios al texto original, el Frente de Todos avanzó este martes con la firma del proyecto de moratoria, enviado por el Gobierno, y buscará aprobarlo este mismo viernes en el recinto.
El dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda reunió 27 votos a favor, mientras que Juntos por el Cambio presentó un despacho propio que alcanzó las 22 firmas.
Al Frente de Todos lo acompañó Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón; y Pablo Cassinerio (Córdoba Federal), del Interbloque Federal comandado por Eduardo “Bali” Bucca.
Precisamente desde el Interbloque Federal, los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño (Consenso Federal) -quienes no forman parte de la comisión- manifestaron sus diferencias con lo propuesto por el oficialismo y anticiparon que presentarían sus observaciones. Por lo tanto, se avecina para la sesión una votación dividida dentro de este espacio, que reúne 11 legisladores.
Aunque el Frente de Todos introdujo modificaciones, tales como incorporar beneficios a los contribuyentes cumplidores o eliminar que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de prorrogar el régimen sin pasar por el Congreso, el hecho de mantener el beneficio de moratoria para empresas en quiebra sin continuidad de actividades mantuvo el rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.
dictamen-002-PE-2020-DEFINITIVO-0-horasDesde el principal interbloque opositor denunciaron nuevamente una “ley de amnistía”, a medida de los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera OIL Combustibles, en proceso de quiebra y con una deuda millonaria investigada por la Justicia.
Además de quedar afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART, en los cambios se excluyó también del régimen a las personas humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior; a las entidades financieras; y a las empresas telefónicas, “en la medida de que se verifique que han tenido un aumento en su facturación, en los términos y condiciones que determine la reglamentación, quedando exceptuados de esta exclusión las Cooperativas y MyPYMEs”.
Antes de detallar las modificaciones, Carlos Heller, presidente de la comisión, expresó: “Hemos recogido una cantidad de cosas que entendemos pueden tener consenso y han sido consultadas con el Poder Ejecutivo. No todas las cosas que se plantearon fueron incorporadas, porque tenemos diferencias concretas y profundas; pero hemos logrado un avance en relación a lo que era el proyecto original”.
En tanto, el radical Luis Pastori señaló que había modificaciones “sustantivas” y “en muchos casos recogen pedidos de la oposición”, pero insistió en el desacuerdo absoluto con “incluir a los quebrados sin actividad, en lo que es central OIL Combustibles. Este punto por si solo amerita que presentemos dictamen de minoría”.
En el mismo sentido, su par José Cano remarcó que “todas las coincidencias que podemos tener con el oficialismo quedan en las antípodas de nuestra visión cuando se incorpora a la empresa OIL Combustibles de Cristóbal López, con conclusiones lapidarias por parte de la AFIP durante nuestra gestión y la del actual oficialismo, y con un avance de causas en la Justicia”. “No podemos con una ley garantizar impunidad”, agregó.
En tanto, el macrista Luciano Laspina afirmó que “la moratoria es necesaria, probablemente sea la más justa y necesaria de la historia de las moratorias”. Sin embargo, se preguntó los “criterios” de las nuevas exclusiones y pronosticó que podrían traer “problemas en materia de fallos judiciales”.
“Alguien podría decir, ¿por qué las telefónicas no y las minerías sí?”, subrayó y también planteó “qué va a pasar con las empresas vinculadas al comercio exterior”, en referencia a la no inclusión de las empresas con activos financieros fuera del país.
El vicepresidente de la comisión celebró que “se haya incorporado un premio al contribuyente cumplidor”, aunque “falta la cuestión del incentivo hacia adelante”.
“La diferencia más grande que tenemos es respecto al artículo 11, que el Gobierno no ha modificado, que es la inclusión de las empresas en quiebra sin continuidad de actividades”, dijo y recordó que hay casos de “quiebras fraudulentas” que “han defraudado al Estado”, por lo cual este punto “representa una enorme injusticia y una afrenta al principio de legalidad”.
El santafesino resaltó: “No estamos a favor de la ley de amnistía para OIL Combustibles, que incluye esta moratoria de manera excepcional”. “Jamás en la historia de las moratorias se ha incluido tamaña injusticia”, continuó y consideró que avanzar con esto “es una señal tremenda” y “una vergüenza para este Congreso de la Nación”.
Recogió el guante Heller, quien lo invitó a Laspina a dar un día “un debate público y abierto” sobre “alguna de esas cosas que usted ha dicho”, y recordó entonces que cuando durante el macrismo se debatió el blanqueo tuvo “una enorme indignación cuando vi que se le permitía blanquear a gente que había cometido delitos, había dejado de tributar y se había llevado plata de Argentina”.
“El kirchnerismo también tuvo blanqueos y ahora se está evaluando otro”, retrucó Laspina, a lo que agregó que eran casos “provenientes de evasión tributaria”. “La evasión tributaria es un delito, es una defraudación al fisco”, contestó el oficialista y completó: “Y la plata que se fuga, como se fuga, muchas veces tampoco se sabe cuáles son sus orígenes y de dónde viene”.
A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, reiteró que “estamos ante una quiebra en plena ejecución, la jueza de la quiebra acaba de ordenar seguir adelante la liquidación de los bienes. En enero de 2020, OIL Combustibles pidió un avenimiento a la moratoria, pero los abogados de AFIP dijeron no a lugar por la defraudación y la causa judicial”.
“Todos sabemos que en esa quiebra hay 100 millones de dólares en bienes. Es una quiebra sin continuidad, ya no hay actividad alguna de la empresa. El 90% de las acreencias las tiene el Estado argentino, es decir que es el primero para cobrar. Sin embargo, le abren la ventana para que tenga doce años para pagar, los eximen a sus dueños de las causas penales y, además, interrumpen el camino judicial. Este es un antecedente gravísimo. Tiene nombre, apellido y domicilio. Les están poniendo a los procesos concursales una mancha negra que ningún gobierno antes se animó”, lanzó.
El cordobés recordó que en la moratoria de diciembre, a través de la Ley de Solidaridad Social que incluyó únicamente a las PyMEs, “no se incorporaron a los combustibles ni a los juegos de azar”. “OIL Combustibles cobró entre 2010 a 2015 el impuesto y no los derivó a la AFIP, sino que hizo nuevas unidades de negocios”, añadió.
En el cierre, el oficialista Dario Martínez manifestó: “Con respecto a las particularidades que plantean, de los trajes a medida: el Gobierno no toma ninguna decisión en ese sentido. El Gobierno toma decisiones en función de seguir movilizando la rueda de la economía”.
“Aquellos que entendían al Estado como una herramienta para beneficiar a un sector, a una persona, poner a un familiar en un decreto… este no es este el espíritu de esta moratoria”, defendió de las críticas el legislador del FdT y sostuvo que se trata de que “una deuda con el Estado, con la AFIP, no sea una traba para que esa rueda gire con dificultades u obligue a cerrar una ventana o despedir un trabajador”.
La nueva moratoria permitirá incluir deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. En tanto, se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre.
Ambos temas se tratarán este martes a las 11 en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Habría sesión especial el miércoles.
El oficialismo buscará firmar este martes en la Cámara de Diputados el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de moratoria universal, y también buscará avanzar con una ampliación presupuestaria para atender la pandemia del Covid-19.
Ambos temas serán abordados en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), a partir de las 11, y podrían ser tratados en sesión especial este mismo miércoles.
La moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a incorporar tanto a empresas como a personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente, pudiendo incluir deudas contraídas hasta el mes de junio.
Los deudores podrán adherir el régimen hasta el mes de octubre y pagarán la primera cuota a mediados de noviembre, con diferentes planes de pago según el tipo de deuda. Según cálculos de la AFIP, la deuda total alcanzada es de 534.000 millones de pesos.
Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la inclusión de los impuestos al juego y a la Transferencia de Combustible (ITC), motivo por el cual Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para la firma OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.
A raíz de estos y otros cuestionamientos, el Frente de Todos decidió postergar una semana el dictamen y abrió un período de consultas y negociación cuyos resultados se conocerán en la reunión de este martes.
El otro proyecto a tratar en la comisión es la readecuación de los recursos y gastos del Presupuesto vigente -que es una prórroga de la ley de 2019-, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Según el proyecto enviado este viernes, los recursos totales -corrientes y de capital- aumentarán un 17,2%, mientras que los gastos totales tendrán un incremento del 33,6% respecto del Presupuesto vigente.
Por otra parte, como complemento a la moratoria, la oposición puja para avanzar este martes con un proyecto consensuado de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes.
ANSES: Se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Ministerio de Desarrollo Productivo: Tendrá un incremento de 1.625 millones de pesos con destino al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, MiPyMEs, cooperativas e instituciones de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria.
Ministerio de Educación: Se contemplan asignaciones por 1.500 millones de pesos en el marco de la iniciativa Volver a la Escuela, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se refuerza la necesidad de crédito en la Prestación por Desempleo en 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, se prevén créditos por 250 millones para brindar ayudas económicas destinadas a trabajadores de actividades afectadas por la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y distanciamiento vigentes.
Ministerio de Salud: Se contemplan asignaciones para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia por 215,5 millones de pesos.
Poder Legislativo Nacional: Se propician incrementos por 210 millones de pesos destinados a la Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social del personal legislativo.
El proyecto será incluido en el temario para analizar en la Comisión de Presupuesto este martes, y se debatirá al día siguiente en la Cámara de Diputados. Los detalles.
Días intensos vivirá la Cámara de Diputados esta semana, que está previsto que sesione miércoles y jueves. Con relación a la reunión de este miércoles, prevista para tratar la moratoria impulsada por el Poder Ejecutivo, se supo este fin de semana que también se incluirá en el temario de esa sesión el debate de la modificación del Presupuesto 2020. Otro proyecto que abordarán es la reforma de la Ley de Quiebras, donde hay siete textos de la oposición que el oficialismo busca consensuar.
El proyecto ingresó el viernes pasado a última hora y será incluido en el tratamiento de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunirá a partir de las 11, para tratar también el proyecto de moratoria impositiva.
El envío al Parlamento de la ampliación del Presupuesto es una concesión que hace el Poder Ejecutivo al Parlamento, por cuanto el jefe de Gabinete fue facultado a través de un DNU cuestionado por la oposición para asignar partidas directamente por decreto.
4-PE-2020El proyecto de modificación del Presupuesto remitido a la Cámara de Diputados establece entre otras cosas la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros, de acuerdo con un detalle obrante en planillas anexas. Asimismo prevé una asignación de 7.100.000 pesos a favor de la provincia de La Rioja y 340.000.000 a favor de los municipios de esa provincia.
En su artículo 5°, el proyecto dispone el ingreso como contribución al Tesoro Nacional de la suma de $83.324.270.
En otros considerandos se ampliá en seis mil millones de pesos el límite establecido en el artículo 31 de la Ley 27.467 del Presupuesto 2019, prorrogada por decreto el 2 de enero pasado, destinando esa suma al pago de deudas previsionales. Queda de tal manera ampliado el presupuesto en ese concepto a $55.313.300.000.
En otro artículo se dispone que durante 2020, las futuras suscripciones de títulos públicos denominados en dólares a emitirse bajo ley de la República Argentina por hasta USD1.500.000.000 puedan realizarse con los instrumentos de deuda pública denominados en pesos que determine el Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera.
Asimismo se dispone una transferencia a favor del INSSJP por $11.088.000.000, la que se instrumentará mediante la entrega de Bonos de Consolidación Octava Serie a su valor técnico a la fecha de colocación, a fin de que puedan abonarse los saldos deudores correspondientes a la provisión de medicamentos del segmento oncológicos y tratamientos espeicales, hemofilias y suplementos nutricionales a las personas afiliadas al instituo durante el período que va de noviembre de 2018 a diciembre de 2019.
En el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial creado por decreto el 8 de abril pasado para atender el normal funcoinamiento de las finanzas provinciales, cubriendo los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria, se asigna una suma adicional de 50 mil millones de pesos.
Por otra parte también se elimina la exención del IVA para la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos.
Según acordó el presidente de la Cámara y los jefes de bancada, el miércoles tratarían la moratoria enviada por el Poder Ejecutivo. Al día siguiente se presentará Santiago Cafiero.
Luego de una sesión intensa el último jueves en el Senado, en la que a lo largo de varias horas el Cuerpo aprobó una serie de proyectos, convirtiendo en ley varias iniciativas de singular importancia, esta semana será el turno de la Cámara baja, que volverá a abrir las puertas del recinto de sesiones por partida doble.
Miércoles y jueves son las fechas agendas por los diputados para volver a sesionar, a un mes de la última reunión de esa Cámara, el 25 de junio pasado. Recordemos que al cabo de esa sesión se conoció el testeo positivo del diputado riojano Julio Sahad, quien ya fue dado de alta de Covid-19. También dieron positivo otros dos diputados que participaron de manera presencial, como Sahad, de esa última sesión de Diputados.
El pasado 7 de julio los jefes de bloques de la Cámara baja firmaron la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto para seguir sesionando de esa manera, pero recién esta semana volverán a reunirse. Según acordaron este viernes el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bancada, este miércoles tratarán el proyecto de moratoria que todavía no tuvo dictamen. La idea original del oficialismo era llevar el proyecto al recinto esta semana que pasó, pero fue postergado con el objeto de buscar los consensos necesarios para su aprobación. La idea es entonces sacar dictamen el martes y debatirlo al día siguiente, para lo cual el Frente de Todos necesitará contar con los dos tercios. De tal manera, antes deberán limar asperezas entonces.
Juntos por el Cambio y los diputados lavagnistas observan dos cuestiones puntuales del proyecto: el artículo permite que puedan ingresar a la moratoria empresas en proceso de quiebra, por un lado, y el que posibilita incluir en la moratoria el impuesto a los combustibles y al juego. Eso es interpretado por la oposición como una especie de amnistía para Oil Combustibles, empresa de los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Fabián De Souza; si se les permite ingresar a la moratoria, se corre el riesgo de que la pena que les correspondería por el delito investigado se extinga.
Para el jueves 30 está prevista la visita a la Cámara baja del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Será la primera vez del funcionario en la Cámara baja, luego de que el mes pasado brindara el primer informe de su gestión en el Senado. Con vistas a esta presentación en Diputados, Cafiero debió responder por escrito 1.650 preguntas formuladas por los legisladores.
El horario de su presentación no está todavía confirmado, pero será -como fue en el Senado- de manera presencial, acompañado por su equipo de colaboradores, y según pudo saber parlamentario.com, en esta segunda presentación ante el Congreso Cafiero no va a hacer referencia como en el Senado a lo que fue la gestión anterior. En este caso estará más enfocado en la pandemia y, sobre todo, un mensaje a futuro: la post pandemia.
Justo cuando la Justicia avanza con el proceso de quiebra y liquidación de activos, el jefe del interbloque JxC sostiene que “estamos ante las puertas de un escándalo”.
Mario Negri, presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, insistió este jueves en que el oficialismo retire del proyecto de ley de ampliación de la moratoria fiscal los beneficios especiales a la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.
La declaración de Negri se produce luego de conocerse que la jueza del juzgado comercial 5, Valeria Pérez Casado, decidió avanzar con el proceso de quiebra y liquidar los activos de la compañía para pagar a los acreedores, entre los cuales el Estado -a través de AFIP- concentra casi el 90 por ciento de las acreencias.
“Es de conocimiento público que se están liquidando los bienes de la quiebra y los 100 millones de dólares existentes son pasibles de cobrarse rápidamente por el Estado, por ser el principal acreedor”, explicó Negri.
El diputado cordobés señaló que “mediante una maniobra oculta en la ley enviada por el Poder Ejecutivo se pretende salvar a los imputados de sus responsabilidades, dándoles la posibilidad de que se acojan a un plan de pago a 10 años. Esto va en detrimento del fisco y de todos los argentinos que tienen posibilidades de recuperar el dinero inmediatamente por la decisión de la Justicia que entiende en el concurso”.
Pero, además, Negri cuestionó que el oficialismo busque beneficiar en un artículo del proyecto de ley a empresas quebradas sin continuidad, como Oil Combustibles. “Expresamos nuestro contundente rechazo a la amnistía encubierta destinada a beneficiar a Cristóbal López y su socio de Oil Combustible. Pretenden algo inédito: que empresas quebradas sin continuidad sean beneficiarias de tal moratoria”.
Negri recordó que Oil Combustibles presentó un pedido de “avenimiento falencial” ante la AFIP en enero de este año y que en marzo el Servicio Jurídico de AFIP manifestó el rechazo a la solicitud, dado que están imputados tanto Cristóbal López como su socio Fabián De Souza por apropiarse de los impuestos del Estado.
“Estamos ante las puertas de un escándalo. De prosperar estos artículos oscuros del proyecto de ley pesará una responsabilidad enorme para quienes los voten”, agregó Negri.
La iniciativa del oficialismo recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Juntos por el Cambio y representantes del sector volvieron a reclamar la emergencia. El trámite culminará en Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).
Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.
Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.
Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.
El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).
Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.
Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.
El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.
Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.
El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.
En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.
También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.
Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.
Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.
“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.
Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.
Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.
“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.
Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.
Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.
Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.
Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.
A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.
Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.
Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.
Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.
El titular del interbloque de Juntos por el Cambio planteó el espíritu imperante en la oposición respecto de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
“Desde Juntos por el Cambios apoyamos la ampliación de la moratoria, pero no queremos ni una amnistía ni la impunidad para algunos amigos del poder de turno”, expresó Mario Negri, presidente del interbloque opositor en la Cámara baja.
Según Negri, quien participó este martes de la reunión de la Comisión de Presupuesto de Diputados donde se analizó el proyecto del Ejecutivo, “hay intencionalidad política” en algunos puntos de la iniciativa del Gobierno.
“Entre algunos aspectos que legítimamente amplían la moratoria (por ejemplo, aumentar el número de contribuyentes alcanzados y brindar nuevos planes de facilidades de pago), se incluyen modificaciones objetables: los impuestos sobre los combustibles líquidos y sobre realización de apuestas”.
“Estos impuestos estaban excluidos de la moratoria anterior por una razón contundente: quienes deben ingresarlos a la AFIP son agentes de percepción, meros intermediarios entre quienes pagan los tributos y el Fisco, calificados como responsables de cumplimiento de deuda ajena por la Ley de Procedimiento Fiscal. Incluir estos impuestos en la moratoria desnaturaliza su sentido de aliviar al contribuyente, se pasa a premiar a quienes se apropiaron de fondos que ya pertenecían al Fisco; todo con un doble efecto: facilidades de pago y suspensión de acciones penales por el delito de apropiación indebida”.
“Esto sería una suerte de amnistía que legitima negocios con dinero ajeno, como lo hicieron Cristóbal López, De Sousa y tantos otros”, agregó Negri, quien recordó que la empresa Oil Combustibles se presentó ante la AFIP en enero para avenirse a una moratoria, pero que en marzo el Servicio Jurídico de AFIP rechazó este pedido por encontrarse la empresa en quiebra.
Justamente por esto, el otro punto central que cuestiona JxC del proyecto del Gobierno es que se permite a las empresas quebradas, como Oil Combustibles, ingresar a la moratoria. “Llamativamente el proyecto regula también la posibilidad, bajo ciertos condicionamientos, de que empresas quebradas sin continuidad negocial adhieran a un plan de facilidades de pago para concluir el proceso falencial por avenimiento. Algo inédito y que implica la condonación de deudas por intereses”, manifestó Negri.
“Si la finalidad de la moratoria es dar alivio a las empresas afectadas para que puedan continuar sus negocios, es un absurdo posibilitar que quebrados se acojan a planes de facilidades de pago. Podría considerarse que esta es otra señal de que el proyecto está pensado a medida de empresas como Oil Combustibles a la que recientemente se le rechazó un pedido ante AFIP para adherirse a un plan de pagos y finalizar su quiebra”, agregó el diputado cordobés.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputados de distintos bloques propusieron la exclusión de las empresas en quiebra, la ampliación del plazo para acceder al régimen y un premio a los contribuyentes cumplidores.
Por Melisa Jofré
Luego que el oficialismo en la Cámara de Diputados aceptara postergar una semana el dictamen del proyecto de moratoria ampliada -enviado por el Gobierno-, la oposición pidió este martes introducir una serie de modificaciones al texto, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Legisladores de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en solicitar cambios, entre los que se destacan la exclusión de las empresas en quiebra, la ampliación del plazo para acceder al régimen y un premio a los contribuyentes cumplidores.
Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), anunció que la firma del despacho se realizaría el martes próximo y sostuvo que “esta moratoria tiene un doble propósito”.
“Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras; pero al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que se ha caído de manera notable”, señaló.
El oficialista subrayó también que la moratoria “le permite a quien está en una situación irregular, regularizar su situación, pero al mismo tiempo esa regularización tiene una condición que es cumplimiento hacia adelante de las obligaciones”.
Tras la lectura por parte del secretario de la comisión de todos los proyectos presentados sobre el tema, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), defendió la iniciativa de Juntos por el Cambio y aseguró que el proyecto del Ejecutivo “se trata de dos leyes” en un único texto.
“La moratoria es algo en lo que todos coincidimos”, expresó el santafesino y, aunque consideró que quizás no sea un “buen momento”, es “una de las moratorias más justificadas que yo recuerde”. A continuación, propuso “dar un premio al contribuyente cumplidor” como sucedió en la moratoria de 2016 y resaltó: “Además del premio queremos generar un incentivo”.
Pero, por otra parte, el macrista cuestionó que “lo que tiene también el proyecto adentro es una ley de amnistía; un traje a medida de las necesidades de OIL Combustibles”, la petrolera en proceso de quiebra de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.
Laspina indicó que se trata de “una cuestión inédita” incorporar a “los quebrados sin continuidad de actividades”, por lo que el artículo 11 del proyecto sería “un precedente muy negativo” y “podría generar gran perjuicio para la hacienda pública”.
En ese sentido, solicitó que la AFIP remita a la comisión “un dictamen técnico” respecto a “la conveniencia” de avanzar con ese punto, además de “un listado de todos los expedientes susceptibles de ser alcanzados por el beneficio”.
“En lugar de darle un salvavidas a una empresa que ya no tiene continuidad de sus actividades, deberíamos estar discutiendo una reforma a la Ley de Quiebras”, opinó y pronosticó que después de la pandemia habrá “una catarata de quiebras”.
En tanto, Luis Pastori (UCR) pidió introducir “una cláusula que incorpore expresamente el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las ganancias de las personas humanas” para “poner en pie de igualdad a las personas humanas y jurídicas”.
“También deberían estar incorporadas las obras sociales, que tienen una morosidad bastante elevada; y proponemos que tanto el impuesto a los combustibles como el impuesto a las apuestas permanezcan excluidos”, agregó.
El radical sostuvo que habría que “ampliar la ventana temporal de acceso a la moratoria” porque hasta que se apruebe la ley y la reglamente la AFIP, “el 31 de octubre suena muy próximo”, por lo que señaló que “el 30 de noviembre” sería una fecha adecuada de corte para acogerse al régimen, además de “un plazo de espera de tres meses para el pago de la primera cuota”.
Por su parte, Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) planteó que se puedan regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de octubre -en el proyecto original el plazo es hasta el 30 de junio-, y que haya tiempo para adherirse hasta el 31 de diciembre -en la versión oficial es hasta el 31 de octubre-, es decir, un mes más de lo propuesto por Pastori.
También, el legislador del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apuntó que “más que invitar” a las obras sociales, hay que “proponerles planes de pagos”, al igual que a las ART. Finalmente, manifestó que “algo que reclaman muchos contribuyentes que están al día” es “algún beneficio” para “seguir cumpliendo con el fisco”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “No estamos de acuerdo con este tipo de moratorias porque son eternas”. Y se quejó de que “grandes empresas” puedan ingresar a una moratoria cuando “han recaudado dinero de terceros, que se lo han quedado en lugar de transferirlo de forma inmediata al fisco”. “Estamos en presencia de un salvataje y un nivel de subsidio a las patronales que es infernal”, enfatizó.
Desde el Interbloque Federal, Jorge Sarghini, autor de otra iniciativa, dijo que habría que excluir “a aquellas deudas que corresponden a los impuestos indirectos en las apuestas online” y, por otra parte, incluir un artículo “en defensa del Estado” para que los beneficiarios de esta moratoria deban “desistir de toda acción o derecho contra el Estado Nacional por causas relacionadas a este régimen”.
Asimismo, el bonaerense coincidió con lo planteado desde Juntos por el Cambio en eliminar el artículo 11 que permite el ingreso de las empresas en quiebra, las cuales “sus causas nada tienen que ver con la pandemia”, porque se produjeron anteriormente, y además “dentro de ésas, hay quiebras fraudulentas”. Y remarcó que tras la crisis económica provocada por la pandemia, “va a haber un pedido de quiebras en cascadas” y “de eso sí nos tenemos que hacer cargo”.
Sarghini también propuso “incorporar un artículo que premie a los buenos contribuyentes” y “que haga de incentivo para la continuidad del cumplimento de estos contribuyentes hasta fin de año”. “Todas las moratorias son injustas”, expresó el legislador de Consenso Federal, al tiempo que reconoció que “es necesaria” en el contexto actual, pero advirtió que hay que “darle mucha equidad interna, tratar igual a los iguales. No hay que beneficiar a nadie en detrimento de otro”.
En representación del oficialismo, Marcelo Casaretto apuntó que en 2018 y 2019 “cayó la actividad económica en Argentina” y hubo, en ese mismo período, más de tres mil concursos preventivos. “Venimos de una situación en la cual quebraron seis empresas por día en 2018, y siete empresas por día en 2019”, recordó.
“Desde el Gobierno tenemos que permitir que esas empresas puedan normalizar su situación impositiva”, defendió y consideró que “tenemos que tenderle la mano a todos”, abarcando “todos los impuestos”.
El entrerriano subrayó que “todos los sectores de la actividad económica y todos los sectores de la sociedad están pidiendo un régimen de moratoria para enmarcarse dentro de la ley”, e insistió: “Todos necesitan la mano tendida del Estado para volver a crecer”.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos (FdT), solicitó que se mencionen específicamente como beneficiarias de la moratoria a las organizaciones comunitarias, que “han tenido un rol tan notable en el propio desarrollo y contención de diferentes acciones que han permitido mitigar el impacto de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables”.
Finalmente, Heller sintetizó las cuestiones planteadas y envió un mensaje a la oposición al decir que “el consenso no puede ser una trampa que le da a la minoría la posibilidad de impedir que se aprueben las cosas. El consenso tiene que ser una cosa flexible e inteligente, y una búsqueda del acuerdo”.
“Cuando no hay consenso, vale la voluntad mayoritaria”, sostuvo y añadió: “Sigamos buscando aquellas cosas que podamos dialogar con el Poder Ejecutivo, y podamos ir incorporando y tratar de llegar al mayor consenso posible. Y en las cosas que no tengamos consenso, tendremos que resolverlo como se resuelve democráticamente, construyendo mayorías para una u otra posición”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, informó al comienzo de la reunión de este martes que continuarán “discutiendo” y “analizando” la iniciativa para “lograr las mayores coincidencias posibles”.
El Frente de Todos decidió postergar una semana más el dictamen del proyecto de moratoria ampliada, enviado por el Poder Ejecutivo, según lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller.
Al comienzo del encuentro de este martes, el oficialista reveló que hay cuestiones planteadas por la oposición -a través de otras iniciativas- que se están “considerando” y “hablando” con el Gobierno “para ver cuáles de esas cosas pueden ser modificadas”.
Heller reconoció que “aquellas cosas que podamos incorporar” facilitarán los acuerdos y la aprobación de la ley. Por eso, aclaró que esta reunión sería “para exponer, pero no es nuestro objetivo sacar dictamen”, y afirmó que se convocará a una nueva cita el martes que viene.
“Nos tomamos una semana para habilitar la posibilidad de seguir discutiendo, analizando diversos aspectos y tratando de lograr las mayores coincidencias posibles”, dijo.
Y agregó: “Creemos que, más allá de las cosas que hay que perfeccionar, este es un buen proyecto, que viene a atender un reclamo generalizado. Es imperioso y necesario que nos aboquemos a esta situación”.
“Moratoria sí, impunidad no”, planteó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, a favor de un beneficio especial para “los que la están pasando mal”.
En el marco del inicio del tratamiento de la moratoria impulsada por el Poder Ejecutivo en la Cámara baja, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC-ARI, dejó clara la postura de su bancada, que puede extenderse al resto de Juntos por el Cambio. En ese sentido, el legislador planteó: “Moratoria sí, impunidad no”.
“Promovemos y acompañamos una moratoria para Pymes, sectores productivos, comerciantes, para los que hoy la están pasando mal”, señaló el legislador, que advirtió que la moratoria “no puede ser sólo para los amigos del poder”.
Ferraro planteó además que “queremos incentivos para el que pagó y cumplió”, pero dejó claro que “no queremos anmistia e impunidad para el juego y para Cristobal López y sus empresas que se quedaron con dinero del Estado y están en quiebra”.
El entrerriano Atilio Benedetti expresó su beneplácito por la prórroga impositiva a las empresas, pero en contra de un perdón a la petrolera Oil Combustibles.
El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) se mostró de acuerdo con la necesidad de que se implemente una moratoria “amplia y generosa”, pero adelantó que Juntos por el Cambio propone una serie de modificaciones para evitar que la reforma implique una “amnistía” a empresarios kirchneristas como Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Este martes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación -que integra Benedetti- abordará el proyecto para ampliar la moratoria creada por la ley 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación Productiva) con el propósito de incluir también las deudas ocasionadas durante la pandemia de Covid-19.
Refiriéndose a la iniciativa, el diputado entrerriano coincidió en la necesidad de instrumentar “una moratoria amplia y generosa”, pero aclaró que desde Juntos por el Cambio plantearon algunas sugerencias.
“Apuntamos a que se pueda seguir con el criterio de la moratoria que votamos a fines del año pasado, que expresamente excluía las deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC)”, señaló, al tiempo que agregó que además pretenden que se excluya a “todas aquellas empresas que están en quiebra, ya que entendemos que ya han sido desapoderadas y están en proceso de liquidación de activos”.
Para Benedetti, “la moratoria es necesaria”, pero desde JxC quieren “evitar que se convierta en un traje a medida” del empresario kirchnerista Cristóbal López, el zar del juego y propietario -junto a Fabián de Sousa- de la petrolera Oil Combustibles, hoy en quiebra y con una deuda multimillonaria.
Otro de los puntos que plantea Juntos por el Cambio es que “haya un reconocimiento a los buenos contribuyentes”, acotó Benedetti, que resaltó la importancia de “valorar la cultura impositiva” y premiar a quien se esfuerza por cumplir.
“Si el oficialismo tiene la voluntad de incorporar estas propuestas y sugerencias, es posible que haya dictamen único, de lo contrario evaluaremos ir con uno propio”, advirtió finalmente el diputado nacional.
Mencionó la moratoria que analizará la Cámara que él preside y la deuda emitida bajo legislación local, que se debatirá en el Senado, como “vitales” para “garantizar un mejor porvenir”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resaltó los dos temas “vitales para hacer frente a los problemas que nos trajo la pandemia” que analizará el Congreso de la Nación esta semana. Temas que además, enfatizó, servirán para “garantizar un mejor porvenir a los argentinos y las argentinas”.
Moratoria y deuda externa son las cuestiones que analizarán ambas cámaras a partir de este martes, enumeró el tigrense. En el primer caso, el proyecto “abre un mejor escenario a todos los actores económicos de la Argentina, a partir de la decisión del Gobierno de dar facilidades que van desde pequeños monotributistas hasta grandes industrias y productores para poder superar esta crisis”, dijo.
Construyendo, agregó, “un plan de facilidades de hasta 120 meses. Para que a la salida de la pandemia no tengamos al Estado complicando la vida de quienes generan trabajo y valor en la Argentina”.
En el caso de la deuda externa argentina emitida bajo legislación local, citó el proyecto que se trata a partir de este martes en el Senado, “para darle el mismo trato en la oferta a quienes tienen títulos de deuda argentinos de esas características. Consolidando el camino de seriedad, transparencia y diálogo que el Estado llevó adelante en su tratamiento hasta realizar su última oferta”.
“Entendiendo que es el máximo esfuerzo que podemos realizar los argentinos y las argentinas en una propuesta sustentable y cumplible”, agregó Massa.
El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que “todas estas acciones se llevan a cabo luego de extender los mecanismos remotos y telemáticos con firma digital del Congreso para garantizar el normal funcionamiento legislativo, cumpliendo el decreto de esta nueva fase”.
La Comisión de Presupuesto se reunirá este martes a las 11 y el Frente de Todos aspira a tratar esta semana el proyecto en sesión especial. Juntos por el Cambio sugiere modificaciones.
El Frente de Todos buscará firmar este martes el dictamen favorable al proyecto de ley de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Será en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 11.
La intención del oficialismo es tratar esta misma semana -posiblemente el jueves- el proyecto en sesión virtual, para luego girarlo al Senado. Se espera una aprobación por amplia mayoría en el recinto, aunque Juntos por el Cambio buscará imprimirle algunas modificaciones al texto original.
El interbloque presidido por Mario Negri tenía prevista una videoconferencia para este lunes a última hora, con el fin de definir la postura que llevarán a la discusión. La bancada podría presentar un dictamen propio si el oficialismo no acepta cambios en algunos artículos.
El debate comenzó el jueves pasado con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien destacó que la nueva moratoria alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.
La nueva moratoria apunta a incorporar a aquellos que no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Se podrá adherir, según el proyecto, hasta el 31 de octubre.
Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 -más baja que la de la moratoria vigente-, y a partir de ese momento habrá una tasa variable en pesos, es decir, se reformularán los planes ya ingresados.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.
Las objeciones de Juntos por el Cambio se concentran en al menos dos aspectos: el proyecto permite el ingreso al régimen a empresas que resuelvan su situación de quiebra en 90 días; e incluye la posibilidad de regularizar deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Desde la principal bancada opositora advierten que con estas reformas podrían verse beneficiados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, propietarios de la petrolera OIL Combustibles, que se encuentra en proceso de quiebra y que retuvo cifras millonarias por ese impuesto, en una maniobra que investiga la Justicia.
Asimismo, desde Juntos por el Cambio piden incorporar un “premio” a los contribuyentes cumplidores, entre otras cuestiones.
0002-PE-2020Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien precisó que el proyecto incorporará las medidas sanitarias y ayudas sociales y para empresas implementadas como consecuencia de la pandemia.
En lo que representa un gesto de parte del Gobierno para con la oposición acordado ya en el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo enviará esta semana un proyecto de ley que amplía la prórroga del Presupuesto 2019. De tal manera, en lugar de hacerlo por la vía del decreto, como podría a partir del DNU que amplió oportunamente las facultades del jefe de Gabinete, el Gobierno procederá a permitirle al Parlamento debatir la ampliación de recursos presupuestarios para lo que resta del año.
Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien al ser entrevistado por la Televisión Pública señaló que esa ampliación “incorporará todas las medidas de cuidado de la salud y de ayuda a la gente y las empresas” devenidas por la pandemia de coronavirus, y de cara a lo que definió como “la etapa de la recuperación económica” que es la que viene ahora, según señaló.
Cafiero anticipó que “vamos a estar enviando esta semana al Congreso la ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019 para terminar este año, y allí se incorporarán las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y a las empresas con los créditos blandos y moratorias que estamos implementando”.
En ese marco, Cafiero confirmó que “no habrá presupuesto 2020 porque el que estaba elaborado por el anterior Gobierno estaba mal hecho o con los valores distorsionados porque lo hicieron antes de que reperfilaran los vencimientos de deuda”.
En otro orden, el jefe de Gabinete señaló que “la ley de Moratoria que se está tratando en el Congreso es una de las medidas de recuperación que enviamos para que se debata porque son herramientas necesarias para recuperar la producción y el empleo”.
Senadores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal presentaron un pedido de informes. Advierten sobre el riesgo de una “búsqueda de impunidad”.
La oposición en el Senado ya encendió luces de alarma sobre el proyecto de ley de moratoria universal que este jueves comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Integrantes de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para “entender si este proyecto de ley no es más que otro paso en la búsqueda de impunidad de quienes han saqueado al pueblo argentino”.
En la iniciativa, encabezada por Laura Rodríguez Machado (Pro), los senadores advierten que “el proyecto establece tres modificaciones polémicas a la moratoria original: la incorporación de deudas por impuesto a los combustibles líquidos, la adaptación de los sujetos con quiebra decretada y la inclusión expresa de la posibilidad de suspensión de la acción penal tributaria y aduanera en curso para autores, coautores y partícipes necesarios de los delitos de evasión que estuvieran en trámite ante el pago total o definitivo de la deuda”.
Según entienden, gracias a estas modificaciones, la petrolera OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Souza, podría resultar beneficiada con la nueva moratoria.
“Estas modificaciones están hechas a la medida de los titulares de la empresa OIL Combustibles S.A., que durante los años previos al gobierno de Cambiemos se habrían apropiado indebidamente de aproximadamente 900 millones de dólares, causa que en la actualidad se tramita ante la Justicia Federal, y de exfuncionarios de la AFIP, incluida su máxima autoridad, Ricardo Echegaray, imputados por defraudación contra la administración pública”, advirtieron los legisladores.
Por esa razón, advirtieron que el proyecto oficial “no es solo una ampliación de la moratoria, sino que incorpora cláusulas de exculpación que impedirían al Poder Judicial avanzar en consagrar justicia en causas de corrupción y evasión”.
En el pedido de informes, solicitaron al Ejecutivo detalles sobre el monto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ITC) declarado por los sujetos obligados, el monto ingresado y el monto adeudado, además del monto actual de deudas exigibles por ese impuesto.
En ese sentido, se solicita el CUIT y la denominación social de los deudores, indicando el monto adeudado por cada uno y por qué importe podrían adherir al nuevo plan.
Además de Rodríguez Machado, firmaron el proyecto Luis Naidenoff -jefe del interbloque Juntos por el Cambio-, Pablo Blanco, Pedro Braillard Poccard, Oscar Castillo. Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Stela Maris Olalla, Humberto Schiavoni, Pamela Verasay, Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo y Belén Tapia.
Desde el Interbloque Parlamentario Federal, suscribieron su titular, Juan Carlos Romero, y los senadores Clara Vega y Carlos Reutemann.
Al participar del debate en la Comisión de Presupuesto, el ministro de Desarrollo Productivo aportó cifras sobre la caída de la actividad y destacó los resultados de las medidas tomadas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que la moratoria que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso es “un proyecto de vital necesidad para la economía de la post-pandemia” y destacó además los resultados de las medidas tomadas en el actual contexto.
Kulfas remarcó la importancia de “una moratoria que permita tener al tejido productivo, comercial y de servicios lo más fortalecido posible para enfrentar lo que viene”.
“Vivimos una doble crisis: la crisis que atraviesa la economía argentina desde abril de 2018, y que se agudizó con esta crisis internacional inédita”, repasó el funcionario, al señalar que la Argentina ya venía con “una reducción de los niveles de financiamiento, aceleración de la recesión e inflación”.
De esta manera, advirtió que en abril se registraron “caídas récords en la economía global, y esto se vio reflejado en la economía argentina”, por ejemplo, con una caída de la actividad industrial manufacturera del 26% en mayo y del 33% en abril.
En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno, mencionó que “310.000 empresas cobraron al menos un ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción)”, esto es, “2,8 millones de trabajadores” que cobraron la mitad de su sueldo por esta vía. En total, se invirtieron 93.000 millones de pesos en las primeras dos rondas de este beneficio.
Además, se entregaron “414.000 créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos hasta fines de junio”, y “más de 282.000 millones de pesos en créditos al sector productivo”.
Kulfas sostuvo que “así como Argentina está negociando con sus acreedores internacionales” para lograr que la deuda sea sostenible, “este mismo concepto tiene que ser aplicado al sistema productivo” de nuestro país.
El ministro consideró finalmente que es necesaria “una moratoria amplia y generosa que permita a las empresas argentinas acceder a una reestructuración de sus deudas para estar mejor parados ante lo que se viene”.
Así lo informó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ante la Comisión de Presupuesto. “Es una moratoria generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”, dijo.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.
Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.
“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.
La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.
En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.
Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.
Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.
En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.
Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.
Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.
“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.
“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.
En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.
Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, anunció que el martes 21 habrá una nueva reunión para dictaminar sobre el proyecto del Ejecutivo.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar la semana próxima con el proyecto de ley de moratoria universal enviado por el Poder Ejecutivo, para que individuos y empresas puedan regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social.
Al inicio de la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular, Carlos Heller, anunció que el próximo martes 21 habrá una nueva reunión para firmar dictamen sobre la iniciativa, que podría tratarse esa misma semana en sesión virtual.
“No hay apuro en dictaminar hoy. Discutámoslo con tranquilidad. Es tiempo de unirnos y de hacer esfuerzos en pos de todos los argentinos”, aportó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, al abrir el debate.
Massa explicó que “estamos hablando de darle una herramienta, un salvavidas, a las víctimas de una pandemia que está destruyendo las economías mundiales, para que en la salida no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que pueden recuperar”.
El presidente de Diputados resaltó además que con la moratoria propuesta desde el Gobierno abarca “más de 500 mil millones de pesos que los argentinos podrán regularizar ante el fisco”.
De este modo, la reunión de este jueves se limitó a escuchar las exposiciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El proyecto del Poder Ejecutivo será debatido este jueves a las 15 en la Comisión de Presupuesto, con la participación de funcionarios.
La Cámara de Diputados pondrá en marcha este jueves a las 17, con la presencia de funcionarios nacionales, el debate sobre la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del Covid-19.
La discusión se dará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y una vez que el proyecto obtenga dictamen favorable, quedará en condiciones de ser tratado en el recinto.
Si bien no fue confirmado, participarían de la reunión virtual la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La propuesta del Ejecutivo consiste en una moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social que amplía el alcance de aquella que se aprobó con la Ley de Solidaridad Social en diciembre pasado.
Tanto personas humanas como jurídicas podrán regularizar todas las deudas vencidas hasta el 30 de junio de este año, pudiendo adherir al régimen hasta el mes de octubre, y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, y en el caso de las obligaciones de seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas.
La titular de la AFIP calificó al proyecto presentado esta semana por el Poder Ejecutivo como “una herramienta para amortizar una crisis sin precedentes”.
Un día después de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ampliación de la moratoria destinada a PyMEs, comercios, monotributistas y grandes empresas, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, calificó esa medida como “una herramienta para amortizar una crisis sin precedentes”.
El proyecto que ingresó este martes a la Cámara de Diputados amplía la moratoria para empresas de todo tipo, tamaño y sector ya contenida en la Moratoria 2020 que estaba incluida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el oficialismo consiguió aprobar con apoyo de la oposición en diciembre pasado.
Esta ampliación incluye a contribuyentes que no estaban contemplados en ese momento e incorpora una quita de intereses para las deudas acumuladas en el marco de la pandemia. El proyecto incluye deudas vencidas hasta el 30 de junio último y estará vigente, en caso de ser aprobado, hasta el próximo 31 de octubre.
Marcó del Pont recordó la aprobación del proyecto en diciembre del año pasado y confió en que “genere un gran consenso cuando se discuta en el Congreso”.
Por AM 750, la titular de la AFIP recordó que “la situación es muy grave y no alcanza con aquella moratoria, porque la deuda se acumuló es muy grande. La moratoria aprobada a multas de 2019 se focalizó en las PyMEs, que eran el sector más afectado después de cuatro años de discriminación y caída del mercado interno”.
Reconoció la funcionaria que el Covid-19 llevó a todo el entramado productivo a acumular “nuevas deudas que la ampliación de la moratoria busca abordar”.
En tal situación se encuentran no solo las PyMEs, dijo Marcó del Pont, sino también “las grandes, los autónomos, los monotributistas, y muchos de ellos no habían ingresado a la moratoria de diciembre”.
En ese sentido reconoció que “a las empresas grandes les estamos pidiendo compromisos como por ejemplo, no distribuir utilidades por 24 meses, no podemos hacer pagos al exterior entre las mismas empresas, y estamos impidiendo que utilicen mecanismos de elusión a través de la compraventa de bonos”.
Recordó que es un tema que viene siendo pedido por diversos sectores desde hace un par de meses, y aclaró que quienes se acojan no podrán distribuir dividendos, transferir fondos al exterior o hacer operaciones de Bolsa con liquidación en el exterior”.
El diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez destacó la moratoria que presentó el Poder Ejecutivo y que se va a tratar en el Congreso. Aseguró que “en esta iniciativa venimos trabajando desde hace varias semanas junto a otros diputados y funcionarios nacionales, y ahora toma forma de proyecto de ley”.
“Las PyMEs, los pequeños contribuyentes personales, las entidades sin fines de lucro, pero también las grandes empresas, tendrán así una efectiva ayuda del Estado, con condonación de multas y sanciones, quitas y reducción de intereses, y una importantísima ampliación de los plazos y cantidad de cuotas, que generarán un verdadero alivio financiero para toda la actividad económica”, sostuvo el diputado neuquino.
Señaló que “desde hace un par de meses venimos recibiendo en nuestra provincia este tipo de solicitudes, tanto desde las empresas regionales de servicios petroleros, como las vinculadas al turismo y el comercio en general. Lo propio ocurrió en distintos contactos con cámaras empresarias de todo el país. De tal forma fuimos trabajando desde el bloque con funcionarios nacionales del área económica y tributaria, y finalmente, el presidente tomó la decisión”.
Martínez además dijo que “este verdadero esfuerzo fiscal del Estado tiene por objeto acompañar a todas las empresas argentinas, ayudándolas a soportar la crisis que genera esta pandemia. Por eso, aquellos que reciban este auxilio, no podrán distribuir dividendos, ni transferir fondos al exterior o hacer operaciones de bolsa con liquidación en el exterior”.
“Los contribuyentes argentinos tendrán hasta 120 cuotas para refinanciar deudas tributarias vencidas al 30 de junio, incluyendo planes que tengan vigentes o caducos por haber dejado de cancelar lo previsto”, cerró el legislador.
La iniciativa incluye a personas humanas y empresas, y permite regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio. Funcionarios terminaron de definir este lunes la letra chica.
El Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley de moratoria universal, que alcanzará tanto a personas humanas como a empresas, en una nueva medida económica tendiente a paliar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La iniciativa amplía el alcance de la moratoria creada en la Ley de Solidaridad Social, incluyendo a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados, y tiene como fin aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio.
El anuncio fue realizado tras una reunión del gabinete económico de la que participaron Santiago Cafiero y los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
A continuación, los puntos centrales del proyecto que será elevado al Parlamento:
