El diputado nacional e integrante de la Bicameral de Inteligencia Rodolfo Tailhade (Frente de Todos -Buenos Aires) se refirió al rol y la función de los espías que participaron de la reunión de la Gestapo antisindical en el Banco Provincia y manifestó que “en la organización para combatir a los sindicatos a través del armado de causas judiciales participaron María Eugenia Vidal y Mauricio Macri de manera simultánea”.

“La Bicameral esta funcionando y va a seguir trabajando sobre la gravedad de los hechos que tenemos bajo análisis.  Ahora tenemos que establecer la participación y el sentido de la presencia de los agentes de inteligencia en la denominada reunión Gestapo. Nosotros no investigamos el armado de causas o el apriete a sindicalistas, investigamos qué hacían los servicios de inteligencia en este tipo de hechos”, expresó el legislador oficialista en declaraciones a Radio Nacional.

Además, señaló: “En ese sentido con lo que hicimos en enero estamos cerca de aclarar lo que ha ocurrido. Hubo informes y distintos testimonios”, y resaltó: “Avanzamos lo suficiente como para que de acá a quince días poder emitir un dictamen de conclusión de la investigación y establecer cuáles fueron las responsabilidades políticas del caso”.

En ese sentido, manifestó que “hay un doble comando en la organización de esta estrategia general de combatir los sindicatos a través del armado de causas. Es un doble comando porque acá hubo claramente participación de Vidal y Macri al mismo tiempo con Marcelo Villegas, fue en algo insólito, tres o cuatro veces a casa de Gobierno para reunirse. Macri estaba a cargo del tema y por supuesto Vidal, hay más evidencias que los comprometen como los testimonios los testimonios y la documentación demuestran que la gobernación pidió que reservaran esa sala del Banco Provincia”.

El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado para este martes por la subcomisión dependiente de la Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, a partir de la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal y empresarios analizaban estrategias sobre causas judiciales contra gremialistas.

El funcionario judicial respondió este lunes a través de una nota remitida al titular de la comisión bicameral, Leopoldo Moreau, en la que advierte que no ha recibido mayores precisiones sobre el sumario de investigación que una subcomisión está instruyendo y si bien expresa su “plena disposición para colaborar con las tareas de la comisión y con la mencionada subcomisión”, entiende que procede “dar respuesta por escrito a las consultas y requerimientos informativos que dispongan”.

Se basa para ello en el alcance que le asigna a esa comisión la Ley 25.250, ante lo cual solicita que “se tenga a bien tramitar la solicitud por ese medio, ratificando mi manifiesta colaboración con vuestra tarea”.

Ante ello, el presidente de la bicameral, Leopoldo Moreau, insistió en requerir la presencia física del funcionario, entendiendo que el requerimiento “se encuentra en el marco de las facultades que la ley mencionada ut supra le confiere a la comisión que presido”.

“Su comparencia responde a la posibilidad de dar respuesta a requerimientos de carácter político institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle”, puntualizó Moreau a través de una nota enviada este lunes al procurador general de la Provincia.

Aclara el legislador kirchnerista que “lejos de constituir la solicitud en cuestión parte de un proceso de características penales”, responde a “la labor de control parlamentario propio del sistema democrático”. Por eso entiende Moreau que “no resultan procedentes al caso las prerrogativas que la legislación procesal dispone para determinadas investiduras frente a un requerimiento jurisdiccional, al concederles la posibilidad de dar cuenta por escrito quedando exceptuados de la obligación de comparecer”.

Tras ampararse además en las facultades que le concede la Constitución Nacional, el titular de la Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia considera que la respuesta de Conte Grand, en caso de persistir en su postura, “lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer”.

Así las cosas, la nota concluye reprogramando el encuentro para el jueves 27 de enero a las 12.

Integrante de la bicameral y de la subcomisión referida, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade fue muy duro con el funcionario y a través de las redes sociales calificó de “vergonzoso” lo de Conte Grand, por pretender “condicionar el trabajo de una comisión investigadora del Congreso Nacional”.

El legislador posteó la presentación del procurador afirmando que “no está a la altura del cargo y de la democracia”.

Vergonzoso lo de Conte Grand pretendiendo condicionar el trabajo de una comisión investigadora del Congreso Nacional. Les dejo la presentación del Procurador que no está a la altura del cargo y de la Democracia ante la Bicameral de Inteligencia, y la respuesta de la Comisión. pic.twitter.com/X5vlqy5Nu8

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) January 17, 2022

El comisario Hernán Cassasa confirmó este jueves ante una subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso ser el autor de audios en los que revela el accionar de una mesa judicial durante el gobierno anterior, y detalla a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, ratificó sus dichos al declarar ante los diputados oficialistas Leopoldo Moreau -presidente de la comisión-, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el diputado radical Miguel Bazze.

En declaraciones a la agencia Télam, Tailhade contó que Cassasa “ratificó que es el autor de esos audios, su contenido y aportó una serie de elementos que necesitamos profundizar”.

“Fue una buena declaración. Ratificó lo que dicen los audios que son de conocimiento público de la mesa judicial”, subrayó el legislador K.

Asimismo, señaló que el policía detalló elementos sobre el funcionamiento de esa mesa judicial, similares a los que ya se habían obtenido en la bicameral producto de las investigaciones, y que está dispuesto a aportar más información.

En los audios, Cassasa afirmaba que “la mesa judicial que tenían” en la provincia de Buenos Aires estaba integrada por a exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exjefe de Gabinete Federico Salvai, el exministro de Seguridad y actual diputado Cristian Ritondo y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien fue citado para el próximo martes 18 de enero a la subcomisión.

Además, la decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la difusión del vídeo en el que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción conversan sobre denuncias a realizar contra dirigentes sindicalistas.

En el audio se menciona la colaboración que tendrían aseguradas por parte de una fiscal y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con Cassasa fue el único que pudo concretarse esta semana, ya que estaban previstas dos reuniones con empresarios. La del martes no ocurrió porque uno de ellos argumentó tener Covid y dos se encuentran fuera del país. En tanto, la del miércoles, que iba a ser con Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, tampoco se realizó, porque ambos alegaron que ante la imputación en su contra comparecerán primero en la Justicia y luego ante la subcomisión.

La próxima semana también se recibirán a los representantes de las distribuidoras de equipamiento Axis, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia creada para investigar sobre el vídeo de la “Gestapo” antisindical, en la que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, exagentes de la AFI y empresarios conversan sobre denuncias contra dirigentes gremiales, recibirá este jueves desde el mediodía al subcomisario Hernán Cassasa.

Se trata del policía de la Bonaerense a quien se le atribuyen audios en los que menciona el supuesto accionar de una “mesa judicial” contra sindicalistas, integrada por exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, y en el que incluso haría referencia directa al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

De la reunión con Cassasa también formará parte el presidente de la bicameral, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau.

En tanto, este miércoles se suspendió la reunión que estaba prevista con los empresarios Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, quienes participaron del vídeo y fueron imputados por la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo.

Precisamente por esa resolución, los empresarios “mandaron dos presentaciones pidiendo que se considere esa situación” y señalaron que “iban a dar las explicaciones primero ante el juez y después iban a comparecer en la comisión”, reveló a parlamentario.com uno de los legisladores que conforma la subcomisión.

Previamente, este martes se había suspendido otro encuentro con empresarios: uno de ellos argumentó estar aislado por Covid, mientras que los otros dos están fuera del país.

El grupo designado para llevar a cabo la investigación está integrado por los diputados oficialistas Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. En tanto, por Juntos por el Cambio fue designado el diputado radical Miguel Bazze.

Por otra parte, la subcomisión ya recibió un informe de la empresa Axis Communications, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión de 2017 en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

La firma internacional detalló que no vende sus productos en la Argentina, sino que tiene la representación legal y otras dos empresas locales hacen esas tareas.

La próxima semana la subcomisión tendrá una cita clave: espera recibir el 18 de enero al procurador Conte Grand, fuertemente señalado desde el kirchnerismo.

Previsiblemente la denuncia de la titular de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia por el video que muestra una reunión en el Banco Provincia en el que el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresa una desafortunada frase sobre tener una Gestapo con la cual avanzar contra los sindicatos, le ha dado bastante trabajo en este cierre del año a la Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación.

Como ya se informara, la misma se reunió el lunes pasado para analizar una serie de temas y ese en particular, decidiendo al respecto crear una subcomisión que se ocupe de investigar el tema. La misma estará compuesta por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y ese lunes se había propuesto por Juntos por el Cambio Gerardo Milman (Pro), aunque el presidente de ese bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, pidió consultar primero a la Mesa Nacional del espacio, y terminó resolviéndose que su representante en esa subcomisión sea el radical Miguel Bazze.

La subcomisión comenzó a trabajar prestamente y este jueves resolvió citar a los participantes de la reunión que data de junio de 2017, cuyo video la titular de la AFI entregó a la justicia en el marco de su denuncia. Así, serán citados los empresarios que allí aparecen, como así también exagentes de inteligencia.

La intención es reconstruir lo que allí pasó, según la versión de los propios participantes. También se habló de la posibilidad futura de citar a la diputada nacional y entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, como así también a su exministro de Gobierno, Federico Salvai. Evalúan convocar también al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, cuyo juicio político exigió el miércoles pasado la senadora Juliana Di Tullio en un durísimo discurso expresado en el Senado, en el que precisamente instó a los legisladores bonaerenses a “llenarlo de juicios políticos” por interpretarse en el video que las supuestas operaciones judiciales contra sindicalistas, por inferirse en el video que las supuestas operaciones contarían con la anuencia de la Procuración General.

En el centro de la investigación está quien llevara entonces la voz cantante, el ministro de Trabajo bonaerense de ese entonces Marcelo Villegas, pero los primeros que serán citados son los dos técnicos informáticos de la Agencia Federal de Inteligencia que dependían del área de Contrainteligencia que encabezaba Diego Dalmau Pereyra, presente en esa reunión.

Los reproches por la obra pública realizada durante la gestión de Mauricio Macri reflotó en el primer tramo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados este miércoles.
Luego de los cruces que se dieron durante la exposición del ministro Gabriel Katopodis, la radical Ingrid Jetter aprovechó para responderle a la oficialista Carolina Gaillard, quien dijo que “no se había hecho ninguna cuadra de pavimento en Entre Ríos cuando Rogelio Frigerio fue ministro”.
Entonces, repasó que el gobierno anterior “hubo desde 2016 a 2019 más de 22.831 millones de inversión en Vialidad Nacional; se hicieron 150 kilómetros, 60 de autopista, 60 de pavimentado nuevo, 1.219 kilómetros de repavimentación, 332 kilómetros de ruta segura, 6 kilómetros de puentes y hubo convenios con municipios de Entre Ríos”.
Sin ser miembro de la comisión, el kirchnerista Rodolfo Tailhade atacó: “El 9 de marzo del 2017 vino al plenario de Transporte y de Defensa del Consumidor el entonces ministro de Transporte (Guillermo Dietrich). Nos mostró unas diapositivas y prácticamente nos tapó de cemento, pasaban las autopistas por arriba de la cabeza, decía ‘nos propusimos duplicar las autopistas del país, ya comenzamos’. Después de sacarse el gorrito, pensando que estaban en Bruselas, dijo ‘vamos a duplicar la cantidad de autopistas y 100 mil kilómetros ya están en construcción”.
“El 13 de marzo de 2018 volvió a un plenario, también dejó el gorrito de la bicicleta en el escritorio, y básicamente dijo que en dos años íbamos a ser Alemania, para hacer unas consideraciones en materia de infraestructura y transporte”, chicaneó.
En ese momento interrumpió su discurso para solicitarles a sus pares en el recinto que “no se enojen, no se enojen, estoy diciendo lo que había en las taquigráficas”.
Y siguió: “Siempre mintió, decía ‘hemos impactado en 2018 18 mil kilómetros de rutas y autopistas en dos años, estamos planeando 12 corredores, dos puentes por 16 mil millones de dólares, una inversión monumental que se hará realidad en junio, y Macri dijo ‘ya terminamos 7 mil kilómetros y tenemos 13 mil en construcción”. “¡Que locura esto! Peor que los últimos 65 años”, ironizó.
“¿Qué pasó en la realidad? Durante los 4 años de macrismo se construyeron según Vialidad 461 kilómetros de rutas y autopistas, pero 7 mil kilómetros para el ministro”, subrayó el diputado oficialista. “Dietrich dijo ‘estamos haciendo autopista la ruta 19, con un plazo de dos años. La realidad es que hicieron 11 kilómetros”.
Otra vez, el presidente de la comisión, Carlos Heller, lo interrumpió para que cierre su discurso ante los gritos de diputados de Juntos por el Cambio, a lo que Tailhade respondió: “Usted me dio la palabra presidente, entre que usted me interrumpe y ellos también, no termino más”.
“Asfaltaron solo los ingresos en Las Flores, hicieron un acto como si hubiesen hecho toda la ruta”, cerró.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade opinó este jueves sobre el procesamiento del expresidente Mauricio Macri y afirmó que “falta todavía un largo camino por recorrer” porque “la causa a los familiares del ARA San Juan es sólo una parte del enorme dispositivo montado por el gobierno de Macri”.

Miembro de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el legislador del Frente de Todos recordó que “desde el minuto uno el Gobierno nacional se puso a investigar al igual que la comisión”.

Sobre el trabajo realizado en la bicameral presidida por Leopoldo Moreau, Tailhade mencionó que se elaboró un documento de 400 páginas bajo el título “El Estado mafioso”, y destacó que ese trabajo “fue ratificado” en la instrucción de la causa que sigue el juez Martín Bava, quien además de procesar -sin prisión preventiva- al expresidente, le trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes.

“Creo que Macri tuvo unas décadas de recurrir a estas prácticas de espionaje industrial, policial, mientras estaba en la actividad privada. Lo hacía porque se sentía absolutamente impune. Nunca tuvo consecuencias en el ámbito privado y eso lo llevó a hacerlo en el ámbito estatal”, apuntó.

Además, en declaraciones a Radio 10, acusó que “Macri estaba al tanto de todo lo que llevaba adelante (Gustavo) Arribas, extitular de la AFI, que se dedicaba a los negocios, a apretar empresarios y hacer seguimiento de tipos con plata”.

“En la Bicameral de Inteligencia nos dedicamos a profundizar el espionaje político pero hay una parte que no pudimos alcanzar y que tiene que ver con el espionaje privado, con los negocios”, completó.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade se presentó este jueves en la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, a cargo de Gabriela Boquín, a efectos de informar una serie de giros al exterior por un total de 262.500 euros en noviembre de 2018 remitidos por Socma Americana SA, controlante de Correo Argentino SA, al Meinl Bank, la entidad bancaria austríaca que está acusada de complicidad con supuestas maniobras fraudulentas que le atribuye a la familia Macri en el concurso.

Se trata de tres giros por 87.500 euros cada uno, concretados en los días 20, 21 y 28 de noviembre de 2018, que a juicio del denunciante demostrarían la “relación espuria” entre los Macri y el Meinl Bank, en tanto serían pagos que no tendrían ninguna justificación y que se habrían ejecutado por fuera del expediente, cometiendo “fraude al resto de los acreedores que no han podido hasta el momento cobrar un solo peso de Correo Argentino SA”.

Recuerda Tailhade que la fiscal Boquín estableció que el Meinl Bank asumió una conducta contraria a sus propios intereses, en tanto renunció a cobrar prácticamente la totalidad de sus créditos verificados en el concurso, que ascendían a más de 120 millones de dólares, evidenciando una supuesta complicidad con los Macri a lo largo de todo el proceso.

“Estos pagos que ahora fueron descubiertos podrían mostrar parte del dinero que el banco austríaco le cobró a los Macri para mantener esa posición en el expediente, y vienen a corroborar el manejo delictivo que hicieron del concurso de acreedores”, sostiene el diputado kirchnerista, que agrega que los envíos de dinero de los Macri al Meinl Bank “se produjeron poco antes de que el Banco Central Europeo suspendiera su licencia para operar por lavar dinero de terroristas y narcos. Los principales ejecutivos del banco están presos o prófugos”.

El diputado anunció que llevará esta información a la justicia penal, promoviendo denuncia contra Mauricio Macri, Gianfranco Macri, todos los ejecutivos de Socma que hayan participado de estos hechos, y las autoridades del Meinl Bank, porque considera que “los hechos son delictivos en los términos del art. 180 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género”.

Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacará a la luz los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y celebrities.

Al respecto, el diputado bonaerense Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) publicó: “Nos van a seguir tomando por estúpidos y ocultando los nombres de los evasores argentinos? Van a liberar todos los nombres de los Pandora Papers? Queremos saber. Queremos libertad de prensa”.

En tanto, en Twitter, la diputada bonaerense Fernanda Vallejos (FdT) señaló: “Sobre #PandoraPapers, excelente investigación que sigue arrojando luz sobre el funcionamiento de las cloacas del sistema económico que montó el neoliberalismo con la expansión de las finanzas extraterritoriales y la “industria” de la fuga y la evasión, algunos puntos a resaltar”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade amplió este viernes la denuncia penal por el blanqueo de 2016 incorporando nuevos hechos que le imputa a los hermanos Mauricio y Gianfranco Macri y la madre de ambos, Alicia Beatriz Blanco Villegas, y pidió que el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, investigue la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y evasión tributaria agravada.

La denuncia original había sido presentada en diciembre de 2016, luego de que Mauricio Macri, mediante el decreto 1206/16, permitió el blanqueo para padres, cónyuges e hijos de funcionarios, situación expresamente prohibida por la Ley 27260 de blanqueo de capitales. En esa denuncia, Tailhade y otros diputados señalaron que “la modificación sorpresiva de una reglamentación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del PEN que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del Gobierno actual”, advertencia que finalmente se concretó.

La nueva información aportada en esta ampliación es que “Gianfranco Macri, cuando en 2016 se acogió al beneficio de blanqueamiento fiscal de la ley 27.260, fraguó los requisitos contenidos en la ley de amnistía fiscal, al declarar como propio ante las autoridades tributarias de la República Argentina un fideicomiso -de nombre Quiñel Trust- creado el 29 de noviembre de 2000, y radicado en el Principado de Liechtenstein, lugar considerado una guarida fiscal”, expresa el denunciante.

De acuerdo con una reciente investigación periodística, el Principado de Liechtenstein remitió documentación donde quien figura como primera beneficiaria y titular es la señora Alicia Beatriz Blanco Villegas, madre de Mauricio y Gianfranco Macri. Tailhade recuerda que “el artículo 83 de la ley 27.260 le impedía expresamente a la señora Blanco Villegas, por ser la madre de uno de los sujetos alcanzados por el art. 82 inc. a), la posibilidad de acogerse a los beneficios del sinceramiento fiscal. Es esta puntual situación la que llevó a Mauricio Macri a advertir que la ley y el primer decreto reglamentario impedían concretar lo único que le importaba: blanquear sin mayores inconvenientes los 25 millones de dólares que pertenecían a dicho fideicomiso. Este impedimento es la razón por la cual Macri intenta generar un cambio en el régimen legal, y en un episodio inédito e insólito (que a nuestro juicio configura una evidencia cabal de la presencia del dolo en la maniobra) decide sacar un nuevo decreto reglamentario (el ya mencionado 1216/16) con el que permitió –de manera ilegal- que aquellos sujetos impedidos de acogerse al blanqueo por la ley 27.260, pudieran acceder a los beneficios que contemplaba el régimen de exteriorización”.

El legislador agrega que “el blanqueo de estos fondos fue encabezado por Gianfranco Macri, fraguando la titularidad de esos activos, a pesar de que desde lo formal podría haber sido llevado a cabo por su madre habida cuenta que su hijo mayor había preparado el terreno para esa maniobra. ¡Cuál es la razón por la cual eligieron esta modalidad? Porque es evidente que el monto blanqueado fue conformándose a lo largo de los años, y ello llevaría a descubrir que el clan Macri y en particular Alicia Blanco Villegas fugaban divisas hacia esa cuenta cuando Mauricio ya era funcionario público y por lo tanto aparecía la objeción central a la operación: los bienes se fueron incorporando al fideicomiso de la madre mientras su hijo ya era funcionario público”.

Al unísono, varios diputados del Frente de Todos sumaron críticas al expresidente Mauricio Macri porque el hermano de Macri declaró como propio un “trust” cercano a los 25 millones de dólares; cuyo titular era su madre, Alicia Blanco Villegas, que en 2020 -cuatro años después- lo re introdujo en su patrimonio, a pesar de que la ley sancionada en 2016 impedía en su artículo 83 que accediera al beneficio.

Para el diputado Carlos Heller, la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, quien declaró como propio en 2016 un “trust” que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, “confirma que Mauricio Macri hizo trampa”.

“Se trata de una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron con ciertas particularidades. Recordemos que pusieron la cláusula que prohibía accedieran al beneficio los familiares del presidente para que se la voten, porque si no, no se aprobaba el blanqueo. Luego la vetaron para poder facilitar esta operación y aun así hicieron trampa”, explicó Heller.

“El veto parcial permitió que el hermano pueda, pero los padres no podían”, dijo Heller, quien agregó: “Aparentemente había una plata de la mamá de Macri, unos 25 millones de dólares declarados como de uno de los hermanos (Gianfranco) y ahora aparecen en la declaración de la mamá nuevamente”.

Según el artículo 83 de la Ley sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.

“Esto es grave. Me parece que hay un montón de cuestiones más allá de lo ético que debemos poner en debate, pero de esto no hablan los medios. Es una vergüenza, es grosero. Estamos hablando del 60 por ciento de lo que blanqueó el hermano de Macri y el tema no aparece en los medios”, dijo el diputado porteño.

Para el diputado bonaerense Rodolfo Taihlade se trata de “una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”, remarcó.

En tanto, la legisladora porteña Gabriela Cerruti consideró que “les molesta la plata en los bolsillos de la gente, porque la quieren toda en sus bolsillos”.

“Cada día queda más claro que Macri gobernó para él, para sus amigos ricos y para su familia”, ya que “la ley de blanqueo de capitales impedía que la madre de Macri pudiera blanquear las cuentas que tenía en el extranjero y lo que hicieron fue una maniobra para hacerlo a través de su hermano (Gianfranco) luego de que el ex presidente pidiera que se excluyeran a sus hermanos de la norma”, explicó la legisladora nacional.

Cerruti además indicó que “hicieron una ley a su medida, se llevaron la plata afuera para hacer negocios en el extranjero con plata que habían ganado en Argentina y después la trajeron sin pagar impuestos y con eso siguieron haciendo la bicicleta financiera”.

Para la diputada porteña, “lo mismo que hicieron con al mayor parte de la deuda que tomaron perjudicando a los argentinos y argentinas que la usaron para especulación financiera y que se fugó en dólares”.

“La familia Macri, al igual que (Horacio Rodríguez) Larreta, que (María Eugenia) Vidal y todo el grupo que lo secunda solo quiere regresar al gobierno para seguir haciendo negocios personales y para incrementar su fortuna, ellos y sus amigos a expensas de la enorme mayoría del pueblo argentino”, concluyó.

Al igual que Carlos Heller y Gabriela Cerruti, la legisladora Mara Brawer criticó la maniobra realizada por la familia Macri para blanquear capitales incumpliendo lo establecido por la Ley sancionada en el gobierno de Cambiemos.

“Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, su hermano blanqueó 35 millones de dólares. La ley no permitía el blanqueo de familiares de un funcionario público”, expresó Mara Brawer.

“Pudimos conocer lo que fue un verdadero blanqueo trucho. El hermano de Macri presentó como propio un fideicomiso de la madre de ambos por 25 millones de dólares. Un verdadero escándalo, se llenaron la boca hablando de la transparencia mientras movían millones de dólares sin declarar y mintiendo sobre su titularidad”, agregó la legisladora nacional.

Para Paula Penacca, “con esta noticia se confirma lo que todos sospechábamos: Macri impulsó el blanqueo de capitales para el beneficio de los negocios familiares”.

 “Siempre corriendo los límites de lo legal, Gianfranco Macri blanqueó como si fuera propio un fideicomiso de la madre del expresidente, algo que la ley de blanqueo expresamente impedía”, indicó Penacca.

El diputado Rodolfo Tailhade indicó: “Una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”.

La diputada bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la maniobra de blanqueo de la familia del ex presidente. “Macri ya dijo en televisión que la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos”.

“Ahora sabemos también que lo otro que necesitaba era un gobierno que les permitiera blanquear ese dinero. El suyo”, agregó Vilar.

Por su parte el diputado porteño, Itaí Hagman, expresó: “Gianfranco, que es Macri, no pudo con su genio y la costumbre familiar: hicieron trampa incluso al blanqueo que armaron para sus amigos y parientes”; y advirtió “esta gente quiere volver a gobernar el país”.

Los diputados nacionales Graciela Parola y Rodolfo Tailhade (FdT) formalizaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra exjuez federal subrogante de Formosa y actual cabeza de lista de Juntos por el Cambio en esa provincia, Fernando Carbajal.

El exmagistrado se hizo conocido en Formosa por sus fallos en contra de las medidas sanitarias dispuestas por la gestión de Gildo Insfrán para contener los contagios de coronavirus, las cuales fueron duramente cuestionadas por la oposición y parte de la población.

En la acusación se plantea que Carbajal “permitió que tres personas regresaran a la provincia aun teniendo la confirmación de que eran positivas de Covid-19, como así también declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de personas que buscaba evitar el aumento de casos y el ingreso de nuevas variantes”.

Además, el exjuez dio lugar a varios hábeas corpus de ingreso a Formosa “presentados, en su mayoría, por abogados del partido por el que hoy es candidato”, subrayaron.

En la denuncia, los diputados oficialistas sostuvieron: “Venimos con carácter de preferente despacho y de muy urgente en virtud de la gravedad institucional a presentar formal denuncia por mal desempeño contra el Dr. Fernando Carbajal, juez subrogante del Juzgado Federal N°2 de la Provincia de Formosa, en virtud de haber tomado conocimiento de la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.

Según detallaron, el Gobierno formoseño, a través del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, en su reporte diario sobre la situación de la pandemia difundió en su momento las cifras y actualizó los casos positivos de coronavirus. En ese contexto, precisaron que dentro de los primeros casos que resultaron positivos, también estaban ingresos ordenados en el marco de los hábeas corpus a la provincia por el magistrado que, en ese entonces, aún seguía como juez federal en Formosa.

“El hecho que se reveló se trató de un matrimonio, ambos de 24 años de edad, con domicilio en Río Gallegos (Santa Cruz), que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta irregularidad y expuestos a la misma, se realizaron un nuevo hisopado en la ciudad de Resistencia (Chaco), cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a la provincia, se realizaron el hisopado de control pertinente y las muestras dan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual son derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia Covid-19”, relataron sobre uno de los episodios.

Y continuaron: “En este marco, el Gobierno de Formosa, que venía manteniendo bajos niveles de contagios en la provincia, apuntaron contra el juez Fernando Carbajal, actual precandidato a ocupar una de las dos bancas que se disputa por la provincia en la Cámara de Diputados”.

Tras terminar la subrogancia en el Juzgado Federal N°2 de Formosa, Carbajal fue a cubrir como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, pero a mediados de julio presentó la renuncia en la provincia de Chaco y volvió a Formosa para ser el representante de Juntos por el Cambio y partidos aliados.

Sobre la denuncia, Tailhade expuso a la agencia de noticias de Formosa que “cuando Fernando Carbajal estaba a cargo del Juzgado Federal N°2 de Formosa todos sabemos que formó parte de una maniobra compuesta por varios factores que buscaba atacar la política sanitaria del Gobierno provincial”.

“En función de su cargo, desde el Juzgado Federal, empezó a generar huecos en la política sanitaria, por lo que ya en ese momento con la diputada Graciela Parola hicimos una denuncia en su contra por mal desempeño, a los efectos de que fuera destituido, ya que estaba ejerciendo con suma irregularidad su cargo”, sentenció el diputado kirchnerista.

Y explicó que esa denuncia comenzó a tramitarse en el Consejo de la Magistratura, pero quedó indefinida a partir de que Carbajal renunció a la subrogancia y asumió el rol de precandidato a diputado nacional.

En ese marco, “lo que hicimos con la diputada Parola fue volver a presentarnos ante el Consejo de la Magistratura y alertar sobre las maniobras irregulares que viene haciendo Fernando Carbajal desde que era juez y ahora ya en la política sin ningún tipo de máscara ni de careta”, apuntó Tailhade, y remarcó que el objetivo es que “esta persona no participe de ningún concurso público para aspirar a algún cargo de juez”.

“Con esta desfachatada maniobra que llevó adelante primero como juez y pocos días después ya como candidato político, me parece que no tiene ningún mérito. Está descalificado completamente para aspirar en algún momento a ser nuevamente juez federal”, agregó.

Y advirtió: “Vamos a seguir impulsando esta denuncia porque lo que ha pasado no tiene ningún precedente en la historia. No conozco ningún caso parecido a lo que hizo Fernando Carbajal”. “Estas cosas no pueden volver a pasar en el Poder Judicial argentino”, enfatizó.

Para el legislador bonaerense, recurrente denunciante, “no hay ninguna duda” de que los fallos de Carbajal tuvieron “tinte político contra las políticas sanitarias de Formosa”. “Él como juez cometió delitos, irregularidades y mal desempeño, otorgando los famosos hábeas corpus”, afirmó, en un accionar que se demostró que respondía a “una maniobra organizada por la oposición política en Formosa”.

Sobre ese punto, consideró que “había una connivencia absolutamente clara con el juez”, acentuando que la abogada que impulsaba los juicios que luego resolvía Carbajal “ahora lo acompaña como segunda candidata a diputada por la lista de Juntos, Emilia Maciel“.

Así, subrayó que en Formosa “la pandemia estaba controlada, hasta que aparecieron en escena Carbajal, Patricia Bullrich, los diputados nacionales y todos los que fueron a hacer campaña a la provincia, obviamente movilizados por los referentes provinciales de Juntos por el Cambio”.

A sabiendas de las acusaciones de los diputados oficialistas, Carbajal aseguró que su candidatura no genera incompatibilidades como sostiene Tailhade.

A días de las PASO, el exjuez continúa su campaña política apoyado por referentes nacionales de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Losteau, el último en arribar a Formosa para brindar su apoyo a los candidatos de ese espacio.

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade fue uno de los varios legisladores del Frente de Todos que intervinieron este jueves durante la extensa reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, que contó con la visita de Martín Guzmán.

Al igual que sus compañeros, el legislador K cargó fuerte contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri y, entre los reproches, enfatizó que “no puede no haber sospechas que detrás de cada corrida (cambiaria) de esos años había grandes beneficios para empresarios amigos”.

“Mirando investigaciones periodísticas, ahora que está de moda lo de Olivos, las visitas a Olivos”, expresó el kirchnerista con cierta ironía por el Olivos Gate del presidente Alberto Fernández, y mencionó que el 29 de agosto de 2019 “Mauricio Macri se reunió con Alejandro Asrin de Tarjeta Naranja, Daniel Denigris de ExxonMobil, Martín Alvarenga Guimaraes de British AM Tocacco, Miguel Devoto de Danone y Alberto Arizu de bodegas Arizu”.

Tailhade remarcó que “fue una reunión que se ocultó deliberadamente de los registros” de la residencia presidencial, pero él encontró la información por una nota periodística. Y aseguró que ese mismo día el exsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, también se reunió con empresarios.

“El viernes 30 hubo una corrida donde el Central tuvo que vender 383 millones de dólares y de reservas se perdieron 1.900 millones”, continuó, y recordó que “el domingo 1 (de septiembre de 2019) se anuncia el cepo”.

Entonces, sostuvo: “No quiero imaginarme que Macri y Bausili le anunciaron a estos empresarios que iba a haber un cepo, y no quiero saber que ese viernes esta gente compró muchos dólares”.

“Hay un montón de detalles que hacen imprescindibles avanzar en la responsabilidad” de los exfuncionarios, consideró.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció este jueves a Mauricio Macri por una serie de irregularidades advertidas desde la Inspección General de Justicia (IGJ), sobre la constitución y funcionamiento del denominado “fideicomiso ciego” que administró parte de su patrimonio durante el período en que fue presidente de la Nación, y pidió que se lo cite a prestar declaración indagatoria.

El legislador K presentó nueva información en la causa que se inició tras la denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Macri por ocultar bienes y consecuentemente falsear las declaraciones juradas que presentó como funcionario público.

En este caso puntual, “ese deliberado ocultamiento se complementa con operaciones financieras y movimientos bancarios de grandes sumas de dinero absolutamente inconsistentes con lo informado por el expresidente respecto de su patrimonio”, señaló en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini de Cubría.

Los hechos denunciados surgen de la investigación del periodista Ari Lijalad para El Destape Web. La publicación da cuenta de llamativas transferencias al exterior que durante 2019 realizaron distintos integrantes de la entonces familia presidencial, que sumadas arrojan un total de 9.358.361 dólares.

Tailhade apuntó que “en detalle, los envíos al exterior de Gianfranco Macri (hermano) totalizan 5.149.132 dólares; los de Francisco Macri (hijo) 1.443.139 dólares; Gimena Macri (hija) 1.151.287 dólares; Agustina Macri (hija) 669.654 dólares; Mariano Macri (hermano) 169.219 dólares; Juliana Awada (esposa) 139.149 dólares; Florencia Macri (hermana) 86.000 dólares; y el propio Mauricio Macri transfirió al exterior 720.000 dólares el 25 de abril de 2019, en medio de la salida de dólares más grande de la historia argentina”.

“Más allá de la profundización de la pesquisa en torno a esos giros bancarios, la transacción que involucra de manera directa al expresidente se revela absolutamente inconsistente en relación con sus declaraciones juradas, lo cual fue determinante para concretar esta presentación”, destacó el diputado.

Y sumó que “la declaración jurada de Macri de fines de 2018 arroja que tenía 140.726 dólares en cuatro depósitos, mucho menos de los que sacó del país unos meses después. El dólar estaba a 45,90 pesos. Si hizo una transferencia de 720.000 dólares necesitaba 33.048.000 pesos, pero declaró apenas 96.593 pesos en varias cuentas”.

El diputado nacional y titular de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, cuestionó la campaña del bloque opositor, primero se refirió a la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal por la Ciudad de Buenos Aires de quien manifestó que “no vota la reforma judicial porque tiene que seguir estando al servicio de los poderosos”, y luego juzgó al precandidato a diputado nacional Diego Santilli por la provincia de Buenos Aires, respecto del cual afirmó que sus propuestas “proponen profundizar el camino que nos llevó a la catástrofe”.

En diálogo con Nobleza Hormiga, el dirigente oficialista expresó que María Eugenia Vidal “no votará la reforma judicial, se posiciona así porque el resto del bloque lo hace”, y agregó que “el macrismo ha sido firme en la negativa de avanzar con los proyectos de en una reforma judicial”.

“Ella no puede sacar los pies del plato en relación a lo que su partido propone. Tienen una concepción de que la justicia que es la del macrismo, tiene que seguir estando al servicio de los poderosos“, ratificó el legislador nacional y criticó “lo que más le interesa a Cambiemos es mantener el status quo, que no se les de vuelta”.

En esta misma línea, continuó apuntando hacia Vidal porque “dejó terreno minado en la provincia, tuvieron intención de involucrar dirigentes oficialistas, persecución policial, las causas inventadas contra Moyano, la pedofilia en Independiente. Hay una línea muy clara que vincula las concepciones de Macri y Vidal en torno a la justicia”.

En relación a la candidatura de Santilli, arremetió con todo debido a que “las propuestas que presentó son intrascendentes, eslóganes vacíos, la misma retórica berreta de siempre. No conoce la provincia, no puede mostrar una propuesta porque la gente lo identifica con el gobierno que se fue en 2019″.

“Tienen que proponer algo diferente a lo que hicieron, pero lo que proponen es profundizar el camino que nos llevó a la catástrofe. Su núcleo duro del electorado es el de Macri, pero son todos lo mismo: derecha dura que viene a hacer ajustes, a que nos caguemos de hambre y por eso tienen que salir a decir pavadas”, cuestionó Tailhade.

Sobre la desaparición del policía federal Arshak, señaló que “Larreta y Santilli no solo no recibieron a la familia, sino que nunca les importó un bledo la desaparición ni tampoco han cooperado en la investigación. Todo indicaría que los involucrados eran pares de Arshak” y agregó que “no hay ninguna voluntad del gobierno de la ciudad ni de la justicia porteña en avanzar con la investigación, pero en términos políticos lo de Larreta y Santilli es de una miserabilidad y crueldad pocas veces vista”.

Por último, respecto al poder judicial precisó que “una de las cosas pendientes que tenemos es mostrarles a los vecinos que el poder judicial tiene un rol preponderante en las políticas públicas, porque tienen la capacidad de declarar inconstitucionales las leyes”, y concluyó que es necesario “un proceso de discusión. Lo inmediato es tomar la decisión política de que en el Consejo de la Magistratura haya concursos y que los que sean considerados sean personas que no vengan de la justicia”.

El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio Yamil Santoro apuntó contra el diputado K Rodolfo Tailhade y lo acusó de “haber presentado un certificado médico para faltar al Congreso un día antes del asado de fin de año en la Quinta de Olivos”, en referencia al brindis que protagonizó el presidente con legisladores del oficialismo y que por estos días volvió a ponerse en agenda, tras el escándalo por el cumpleaños de la primera dama.

“El día anterior al asado, Tailhade había presentado en la sesión de Diputados un escrito médico para justificar que estaba con problemas médicos y no podía asistir presencial. Se ve que ocurrió un milagro”, lanzó el dirigente que integra la lista Republicanos Unidos, referenciada en el exministro de Economía Ricardo López Murphy.

En diálogo radio Rivadavia, Santoro recordó que denunció a los 60 legisladores del Frente de Todos que asistieron al festejo de fin de año en la residencia presidencial.

“Hicieron el asado en la Quinta de Olivos mientras a nosotros (el presidente Alberto Fernández) nos pedía que no nos juntáramos a despedir el año para no matar a nuestros familiares”, se quejó.

E insistió: “Mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vivía una realidad paralela por encima de la ley”.

Además, el postulante de Juntos por el Cambio se refirió a la decisión judicial de desestimar la denuncia contra el jefe de Estado y el líder camionero, Hugo Moyano, por el asado que compartieron en Olivos en agosto de 2020, cuando regía el aislamiento.

“Las razones por las cuales se desestimó la denuncia son bastante flojas y poco creíbles. Aprovecharon mientras la jueza natural de la causa, que es (Sandra) Arroyo Salgado, no estaba pudiendo hacerse cargo, este juez subrogante, Mirabella, aprovechó rápidamente para exculpar al presidente y al clan Moyano por este incumplimiento de la cuarentena. Esa fue la primera denuncia vinculada al Olivos Gate”, finalizó el dirigente opositor.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó ante la Fiscalía Federal N°1, en la causa que se le sigue al diputado nacional Fernando Iglesias por presunto enriquecimiento ilícito, un escrito en el que informó sobre cuentas en el exterior que se atribuyen al imputado y que nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas que presentó en su carácter de funcionario público.

El legislador del Frente de Todos indicó que tomó conocimiento de “una operación bancaria que constituye una clásica maniobra de fuga de divisas, por la que Iglesias remitió desde su cuenta en el Banco Ciudad en Buenos Aires a una cuenta también propia en un banco español, todavía no identificado, la suma de us$30.560,75”.

Según detalló el oficialista, esta operación “se realizó el 3 de noviembre de 2016, y la entidad que canalizó la operación de fuga es el banco alemán Commerzbank”, a quien Tailhade pidió que se libre oficio para que aporte toda la información pertinente. Según el denunciante, el legislador del Pro giró esta suma a una cuenta suya en España que nunca declaró.

Asimismo, Tailhade pidió investigar también otra operación bancaria de Iglesias. Se trata de otro giro al exterior desde su cuenta en el Banco Ciudad a una cuenta desconocida, por us$17.921, en junio de 2019.

“Corresponde que la Fiscalía requiera al Banco Ciudad la totalidad de la información necesaria respecto de esta última operación, porque no es posible descartar que también configure un giro a una cuenta en el exterior no declarada por parte del imputado”, agregó en el escrito el kirchnerista, quien inició la denuncia contra su par en la Cámara baja en enero de este año.

“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló el diputado Tailhade.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los exfuncionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier “El Rengo” Pacheco.

Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales del organismo antilavado hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad, según se detalló en la denuncia.

Este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la vicepresidenta”, sostuvo el diputado en su presentación.

Con el cambio de gobierno, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”, desde donde Biancardi y Olari defienden, ahora, a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos.

“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló Tailhade.

En ese sentido, el diputado consideró que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos”.

Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la (actual) Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF.”

“Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostuvo Tailhade.

Entre las medidas solicitadas por el legislador, pidió que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la unidad antilavado llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.

La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó este miércoles al juez Mariano Borinsky y a Mauricio Macri por los 18 encuentros que mantuvieron durante el ejercicio de la gestión como presidente de la Nación de Macri.

La fiscal aceptó la ampliación de la denuncia presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés el 25 de junio, y pidió medidas de prueba para “establecer si dichos encuentros entre el expresidente de la Nación y el luez de Cámara fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción de los doctores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en función de un interés distinto al que debía guiar las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Casación Federal”.

Mangano le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa, que requiera a la Cámara Federal de Casación Penal que informe si en virtud de los sucesos denunciados y específicamente con relación Borinsky, “se iniciaron actuaciones, se labraron constancias, se cursaron comunicaciones a otros organismos competentes o se celebraron acuerdos de magistrados”. También que se consulte a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación si existen actuaciones, denuncias o comunicaciones vinculadas a los hechos denunciados con relación a Borinsky.

Asimismo, la fiscal requirió que se solicite a la Secretaría General de la Presidencia que, a través de Casa Militar, informe los nombres del personal administrativo que cumplió funciones en la Secretaría Privada de Presidencia los días y horarios en los que se produjeron los encuentros detallados en las denuncias y se recabe información de contacto para su posterior citación a declaración testimonial. Lo mismo para el personal administrativo que estuvo en funciones en protocolo o secretaría privada en la Quinta Presidencial de Olivos.

El juez Julián Ercolini sobreseyó con la velocidad de un rayo al exsecretario de Comunicación del gobierno del golpista Mauricio Macri, Jorge Grecco, un periodista devenido en multimillonario. 

Parece que los funcionarios macristas no tienen la mala suerte de los kirchneristas, que cuando son investigados por Ercolini están años y años sometidos al proceso. Eso para no hablar de las reaperturas delictivas que ordenó este juez en varias causas y las detenciones ilegales de dirigentes opositores sin más prueba que la tapa de los diarios y las editoriales de los columnistas principales. 

Pero en este caso el sobreseimiento apurado de Grecco se sustenta en argumentaciones bochornosas, que son exactamente las mismas que planteó el imputado. Es decir, Ercolini tomó al pie de la letra la defensa del acusado. 

Grecco dice que cobró $ 52.061.536,66 por la venta de sus acciones en la sociedad denominada Disvol el 17 de marzo de 2017. Tenía 1.200 acciones que había adquirido en 2014 y que declaró a un valor total de 4 euros.  

Sin embargo, ese no era el valor real ya que el propio Grecco expresó que al cierre del período 2016 corrigió el modo de calcular el valor de la propiedad de las acciones, al dividir el patrimonio neto de la empresa por 100 y multiplicarlo por su porcentaje expresado en acciones (1,88 %), lo que arrojó la suma de $ 548.310,05. Es decir que, siguiendo el cálculo que hace Grecco, el valor total de Disvol, en aquel entonces controlante de Edelap, era de poco menos de 60 millones de pesos. Disparatado.  

76 días después de ese “ajuste”, vendió esas acciones a un precio 100 veces superior. Valían a fines de 2016 poco más de $ 500 mil y menos de tres meses después por ese paquete recibió la suma de $ 52 millones. 

Asimismo, resulta incomprensible que no haya llamado la atención del juez que el incremento patrimonial de Grecco en este aspecto obedeció a medidas del gobierno que él mismo integraba como secretario de Estado. En efecto, fue la política tarifaria del gobierno de Macri la que impulsó directamente el enriquecimiento desproporcionado del imputado, miembro prominente de ese gobierno, lo que debió haber determinado a profundizar la investigación para establecer la posible comisión de otras figuras delictivas, como las negociaciones incompatibles.  

Grecco alega además que, en 2017, con aquellos $ 52.061.536,66, compró un departamento en Av. Libertador de CABA por 810.000 dólares ($ 13.481.880) y una casa en Colonia, Uruguay, por 350.000 dólares ($ 3.307.500).  

Dice que con los $ 35.272.156,66 restantes adquirió una participación en el Fondo Común de Inversión AXIS por $ 7.648.430, con lo que le quedarían $ 27.623.726,66 para la inversión que afirma haber hecho en Pershing Advisor Solutions LLC, “una cartera de valores cuyo valor al cierre del ejercicio 2017 totalizaba la suma de 1.857.054.82 dólares americanos equivalentes a unos $ 434.706.750”, según la sentencia de Ercolini. 

Más allá de que la inversión en la firma Pershing Advisor Solutionns nunca fue declarada por Grecco, para que esos US$ 1.857.054,82 equivalgan a los $ 434.706.750 declarados, la cotización del dólar para ese momento, cierre del año 2017, debería haber sido de $ 234,08. Pero la verdad es que el dólar valía $ 17 y en consecuencia la cantidad de dólares que tenía a ese momento Grecco debe estimarse en algo más de US$ 31 millones, un valor que no cierra bajo ningún aspecto. 

Resulta asombroso cómo el juez Ercolini admite como válida la argumentación de que US$ 1.857.054,82 equivalían a casi $ 435 millones.  

El sobreseimiento de Grecco, al igual que su enriquecimiento, es ilegal. 

El exsecretario de Comunicación de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, Jorge Grecco, fue sobreseído de la acusación de presunto “enriquecimiento ilícito” que había sido impulsada en su contra.

El fallo fue suscriptó por el juez federal Julián Ercolini, quien desestimó la acusación que pesaba contra Grecco respecto del supuesto incremento en un 7.000% en el período en que fue funcionario, impulsada por el juez federal Julián Ercolini.

Para el magistrado, “no existe elemento alguno que haga presumir la configuración de un incremento patrimonial apreciable que al mismo tiempo resulte injustificado”. El fallo establece además que “los elementos probatorios incorporados en la causa incluyendo el escrito presentado por la defensa han sido claros en ese sentido”.

La denuncia de Tailhade estaba basada en las declaraciones juradas de Grecco, quien según precisó el diputado arrancó en la función pública con un patrimonio de $2.024.995, y se retiró con un patrimonio de $145.724.966,53″.

Según la defensa de Grecco, a cargo de Gabriel Cavallo, el incremento en el patrimonio se debió en parte a la variación del valor del dólar durante ese lapso, como así también a ña operación venta de las acciones de Disvol a la empresa Inversora Energética S.A. el día 17 de marzo de 2017 que registró un precio de unos 260 millones de dólares.

A partir de un planteo de la senadora correntina Ana Almirón, el oficialismo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le envió un pedido de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal, sobre las medidas que se tomaron o no en torno a “visitas secretas” que los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior.

La oficialista leyó la nota remitida al presidente de la comisión, su par Martín Doñate, en la que requiere al procurador “que informe las medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas respecto de los fiscales” a raíz “de las reuniones secretas mantenidas con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante los años 2017, 2018, recientemente hechas públicas por una información periodística”.

En ese sentido, Almirón señaló que de acuerdo a una nota del portal El Destape, la ahora presidenta del Pro recibió a los tres fiscales, intervinientes en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, “el 24 de abril de 2017” sin que ese encuentro figure “en el registro de audiencias oficial”. “La gravedad es que todos estos fiscales llevaban causas contra la expresidenta”, enfatizó la senadora, que recordó también que en algunas de ellas la denunciante era la propia Bullrich.

La correntina resaltó la “gravedad institucional” de estos encuentros “secretos”, al detallar los días en que se habrían producido y las resoluciones que luego se daban en las causas.

Al cruce salió el diputado del Pro Cristian Ritondo, quien por ese entonces era ministro de Seguridad bonaerense. “El 24 de abril del año 2017 en el Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una reunión bajo la conducción del fiscal (Santiago) Marquevich, que es el titular de una fiscalía especializada en secuestros extorsivos, donde no solamente participaron estos tres fiscales, sino que participaron muchos más fiscales”, aseguró.

“Estuvo como tema central ese 24 de abril hablar sobre los secuestros extorsivos, sobre cómo resolverlos y cómo trabajarlos; y a los resultados me remito. En el año 2015 hubo 297 secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires y en el año 2019 hubo solo 29”, argumentó el jefe de la bancada macrista en la Cámara baja.

Para concluir, Ritondo observó que “el delito de agenda parece algo común en esta comisión” donde se cuestiona “cualquier reunión de un ministro de Seguridad con un fiscal, que es lo más normal del mundo, porque trabajan con la seguridad y trabajan con la Justicia constantemente, y más cuando es tan público como esto, que uno puede remitirse a los diarios, a las revistas, a la televisión de ese día. Fue público que no solamente estos tres fiscales, sino que hubo mucho más fiscales”.

Pedido de informes sobre un fiscal que trabajaría desde Miami

A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se solicitó a Casal que informe sobre el desempeño del fiscal Marcelo Martín Retes -a cargo de la Fiscalía N°23 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, quien se encontraría “desde principios del mes de mayo en Miami sin que conste que haya pedido la licencia o autorización correspondiente, y que desde allí firma los expedientes mediante el sistema de firma digital”.

Además, el legislador del Frente de Todos indicó que “el incidente de inseguridad informática” que perjudicó días atrás a todas las fiscalías del país “se habría producido a partir de la reacción del sistema frente a numerosos accesos desde el exterior”. “Si esto termina siendo ratificado por el procurador me parece que es una situación muy grave”, aseveró Tailhade.

Otros temas

Entre las varias notas remitidas a la bicameral, sobre las que informó la secretaria de la comisión, se pidió una ampliación -a solicitud de Tailhade- del detalle de la nómina de funcionarios del Ministerio Público Fiscal que estuvo o estaría ejerciendo cargos en el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se notificó el ingreso del descargo de Casal sobre la reprimenda a un grupo de fiscalas por una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y se recibió la opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público; entre otras.

Defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, envió a la comisión una propuesta de proyecto de ley para crear una defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires-

Al respecto, la diputada oficialista Vanesa Siley explicó que esta defensoría “existe en otras provincias como Salta, Chaco, Neuquén”, donde hay un caudal de cuatro o cinco causas actualmente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, con la mayor población del país y donde están la mayoría de los centros de detención, “actualmente tiene 75 causas la defensora de víctimas”. “Midiendo y ponderando esas situaciones es que se pide la creación de esta Defensoría”, agregó.

Hacia el final de la reunión que realizó este lunes la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, legisladores del oficialismo y la oposición se cruzaron por el pliego a procurador general de Daniel Rafecas, congelado en el Senado.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, pidió la palabra e hizo referencia a los reiterados cuestionamientos del Frente de Todos hacia el procurador interino, Eduardo Casal, y afirmó que “tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven lo que ha mandado el presidente al Senado”.

“Nosotros ya les hemos dado el acuerdo para que tengan los dos tercios”, expresó el macrista, que continuó: “Somos rehenes en una reunión donde queremos correr a una institución todo el tiempo, cuando en realidad podríamos estar nombrando al jefe de los fiscales como lo mandó el presidente”.

En ese sentido, ratificó que Juntos por el Cambio “ha dado el acuerdo para tratarlo, algo que nosotros no tuvimos en cuatro años”. “Seguimos teniendo interino por exclusiva responsabilidad del Frente de Todos”, lanzó.

“Les ofrecemos que empiecen con el complejo trámite, y van a tener el acuerdo de Juntos por el Cambio para que Rafecas sea el procurador”, completó el legislador.

Recogió el guante el presidente de la comisión, el senador rionegrino Martín Doñate, quien le recordó que fue el interbloque opositor que “puso condiciones” para “trabajar de forma remota, y entre ellas estaba el no tratamiento del pliego del procurador cuando se inició la pandemia”.

Además, el oficialista mencionó las declaraciones sobre “la jactancia de tener 29 votos para trabar esa designación” y las “del senador Ernesto Martínez repudiando las declaraciones de (Elisa) Carrió respecto de darle aprobación a la propuesta del Ejecutivo”.

Entonces, “después de esperar un año para que Juntos por el Cambio dé vía libre para tratar el pliego”, el Frente de Todos decidió “iniciar el trámite de los proyectos presentados por la oposición” para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, señaló Doñate, y abogó por que en Diputados “le den pronto tratamiento”.

“En ningún lado de la Constitución está establecido ni los dos tercios para la designación y el no plazo de término del mandato del procurador”, remarcó y fustigó: “Desde la oposición se ha pretendido generar todos los mecanismos para mantener a Eduardo Casal en el cargo”.

Enfático, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade subrayó que “se habla livianamente de que el Pro o Juntos por el Cambio van a acompañar”, pero “durante un año su único objetivo fue trabar la reforma judicial y mantener a Eduardo Casal en el cargo”.

“Primero arreglen las internas ustedes y después vengan a decirnos qué tenemos que hacer”, disparó el legislador, que consideró que el cambio de postura se produce “ahora porque la ley puede llegar a salir”.

Y siguió: “Esta posición que tiene Juntos por el Cambio es absolutamente coherente con la incoherencia que tiene esta fuerza política”. En esa línea, los tildó de tener “esquizofrenia”.

También defendió que “Macri no tuvo procurador” porque “el peronismo siempre fue coherente, porque el peronismo nunca bancó a (Inés) Weinberg de Roca”.

“La ley que estamos tratando no tiene el nombre de Casal ni de Rafecas; tiene un solo norte, normalizar este bochorno que es el Ministerio Público Fiscal. Cosa que no quiere hacer el macrismo, no lo quieren hacer, necesitan a Casal ahí. Quieren a este señor que está usurpando este cargo”, manifestó.

Para concluir, el diputado le pidió al Senado “que trate cuando tenga que tratar el pliego del candidato del presidente” y “no le hagamos caso a Juntos por el Cambio que nos quieren manejar la agenda”.

“Yo lo trato con respeto, me gustaría que Tailhade me trate de la misma manera”, le contestó Ritondo, que le enrostró: “Si es por incoherencia nos podemos poner a ver los vídeos de lo que decía el presidente de la vicepresidenta hace dos años atrás, o sobre el manejo de la justicia, y nos reímos un rato”. “No venga a hablar de incoherencias de nosotros, primero mire la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno”, cerró.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade se presentó este viernes en la causa abierta por la “autodenuncia” del procurador Eduardo Casal y aportó información relacionada con el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de los fiscales.

El legislador explicó que las declaraciones juradas de Casal “presentan inconsistencias que evidencian la pertinencia de abrir una profunda investigación, que persiga el objetivo de establecer si su desmedido crecimiento patrimonial, que se evidencia partir de su designación como procurador general de la Nación interino, está justificado en los términos del art. 268 del Código Penal”.

Entre las inconsistencias encontradas, Tailhade marcó que Casal en tres años compró más de 300.000 dólares, a un ritmo de 8.500 por mes, mientras que en sus 40 años previos en la función pública había acumulado poco más de 100.000. Es notable que sólo en 2017, año en el que asumió como procurador general de la Nación, adquirió la misma cantidad de dólares que en el resto de su vida anterior.

Asimismo, declara acciones en 15 empresas, entre ellas las más beneficiadas por los tarifazos del macrismo, y en el Standard Chartered Bank, un banco que sólo tiene una oficina de representación en Argentina y que se encuentra entre los más sancionados en el mundo por colaborar en el lavado de dinero ilícito y en la fuga de capitales.

El procurador también pasó de declarar 3 propiedades a fines de 2016, a 11 propiedades al final de 2019. Según consigna el propio Casal en sus declaraciones juradas, las ocho propiedades que incorporó en estos tres años fueron producto de “herencia”. “Este crecimiento exponencial de propiedades inmuebles debe ser examinado con mucho detalle, y para ello es necesario contar con los expedientes sucesorios aludidos por Casal. De todos modos, no alcanza con verificar solamente si las casas, terrenos, locales y departamentos que ‘heredó’ Casal se encuentran efectivamente informados en la sucesión de sus padres. Aquí hace falta subir un escalón más en el análisis y establecer en que fechas y de qué manera los señores padres del magistrado adquirieron esos inmuebles. Es que corresponde evaluar si se tratan de actos legítimos o simulados, esto es que Casal haya sido el verdadero titular de esas propiedades utilizando a sus padres como prestanombres”, señaló Tailhade en el escrito presentado ante el fiscal Federico Delgado.

Por último, el diputado solicitó que se incorporen a la causa la totalidad de las declaraciones juradas de Casal a partir del año 2013, de modo de estudiar su evolución, y se dispongan las medidas de prueba, especialmente los peritajes contables, requeridas en la presentación.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, señaló este martes que en el oficialismo entienden el planteo que hizo el candidato a la procuración del Gobierno, Daniel Rafecas, “pero nosotros no podemos supeditar esta cuestión tan grave”, por cuanto “es urgente” la normalización de la Procuración General de la Nación. “Tenemos que volver a poner en funcionamiento un organismo clave”.

Del mismo modo, consideró en diálogo con FM La Patriada que “el doctor Rafecas se apresuró. Puede conseguir los dos tercios igual”.

A hora de que la Cámara baja firme el despacho para avanzar en la reforma del Minsiterio Público Fiscal, Tailhade dijo al programa Nobleza Hormiga: “Que cambiemos el procurador no significa otra cosa que poner punto final a la crisis institucional del Ministerio Público sin conducción hace 3 años y medio”.

“Nadie va a hablar de (Eduardo) Casal, porque está ahí para aceitar los circuitos mafiosos que funcionan en la procuración y acentuado un nivel de feudalización del organismo”, dijo sobre el actual procurador y remarcó que “se lo protege tanto en los medios como en la oposición porque es un soldado de la derecha. Asumió como interino pero lleva 3 años y medio, ha generado una crisis institucional”.

“En 2017 cuando armaban causas a (Alejandra) Gils Carbó, el macrismo lanza un proyecto de modificación que pedía 5 años de mandato y mayoría absoluta para elegirlo, cuando había una procuradora legitimada”, recordó. En tanto, sumó que “el macrismo lo ve como un soldado propio, es fundamental para ellos mantenerlo”.

En otro momento de la entrevista se refirió al pedido de asilo político que hizo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en Uruguay: “Es un delincuente, no es ningún perseguido por la justicia”.

“Acá no hay partidos políticos, hay una causa penal de particulares. Empresarios que fueron extorsionados y están haciendo una denuncia a los responsables y uno de ellos es Pepin Rodriguez Simón”, agregó.

La última semana el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Rodolfo Tailhade, embistió duramente contra el procurador general provisorio, Eduardo Casal. No es la primera vez que él en particular y el kirchnerismo en general arremeten contra el jefe de los fiscales, pero en esta oportunidad el legislador de La Cámpora se despachó con una denuncia contra Casal por “enriquecimiento ilícito”.

La reacción del funcionario judicial fue inmediata: al día siguiente se autodenunció para que lo investiguen, argumentando que tiene todos sus papeles en regla.

Consultado sobre el tema, el legislador kirchnerista relativizó el accionar del procurador, calificándolo de “maniobra”.

“Debió decirle a la Bicameral que le fijen una fecha para dar las explicaciones”, expresó el legislador al ser consultado por radio Cooperativa.

Tailhade señaló que a él le parece lo que hizo Casal “más una maniobra que una respuesta genuina”. Por el contrario, para él lo que Casal debió hacer fue “decirle a la Bicameral: ‘Señores fíjenme una fecha para explicar esto que dice el diputado que está muy equivocado’”.

Como sea, afirmó que el procurador general deberá dar las explicaciones correspondientes ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público”.

Aclaró no obstante que él no lo denunció a Casal, ni dijo que hubiera sido algo delictivo su enriquecimiento. “Dije en la reunión que había recibido las declaraciones juradas y que me sorprendió su última declaración” patrimonial.

En ese sentido reiteró que el funcionario judicial “tenía tres propiedades, 700 mil pesos de ahorro, 130 mil dólares de ahorro” en una anterior declaración y tres años después acumulaba “once propiedades, 1 millón y medio de pesos y 440 mil dólares”.

Tailhade admitió que Casal “cobra bien, estamos hablado que como mínimo está cobrando 800 mil pesos por mes, pero es una compra de 8.300 dólares por mes. Parece medio difícil de justificar aun con esos sueldos altos”.

“Lo grave es la situación del Procurador, que en el fondo es lo que se está discutiendo” y dijo que se trata de “una crisis de autoridad, todo se debe a un interinato que es perpetuo”, señaló.

El diputado nacional Jorge Enríquez pidió este lunes la expulsión de la Cámara baja del diputado Rodolfo Tailhade. Motivan esa drástica medida “las manifestaciones agraviantes e injuriantes” del citado legislador kirchnerista contra los periodistas Joaquín Morales Solá, Alfredo Leuco, Luis Majul y Johnatan Viale, que para el diputado del Pro “son de una gravedad inusitada”.

“Sus expresiones recurrentes, cargadas de violencia y agravios, constituyen actos ciertos, graves y manifiestamente injuriosos que lo demuestran indigno de integrar uno de los poderes del Estado”, expresó Enríquez a través de un comunicado.

Este legislador ya solicitó este año el desplazamiento de los diputados Eduardo Valdés, Juan Benedicto Vázquez y Martín Soria. Ahora considera “imprescindible” remover a Tailhade “por inhabilidad moral sobreviniente, en los términos del art. 66 de la Constitución Nacional”. A su juicio, “su  inconducta política compromete la honorabilidad de la Cámara ante los restantes poderes del Estado y ante la sociedad argentina en su conjunto, y tiene como único fin  amedrentar al periodismo independiente de nuestro país”.

Acompañan los diputados Fernando Iglesias, Carla Piccolonini, Martín Grande, Héctor Stefani, Pablo Torello y Gonzalo del Cerro.

El diputado nacional oficialista Rodolfo Tailhade viene protagonizando los últimos días un duro enfrentamiento con periodistas y medios, y generando la reacción de asociaciones periodísticas que salieron a solidarizarse con los destinatarios de las críticas del legislador de La Cámpora.

La embestida del diputado oficialista en términos durísimos surgió a partir de una nota publicada en el diario La Nación por el periodista Joaquín Morales Solá, titulada “Las víctimas del fanatismo”, en la que plantea que la batalla judicial emprendida por el cristinismo “apunta en última instancia a presionar para que se vayan los jueces y fiscales independientes y nombrar en su lugar a militantes”.

En esa nota, el analista parte de la decisión anunciada por el diputado Tailhade de pedir la declaración jurada patrimonial de 25 fiscales. Tras aclarar que las DDJJ de los fiscales “son públicas”, el periodista agrega que dicho pedido “tuvo la sinceridad de delatar quiénes son los fiscales amigos si bien se mira a los que omite”.

La reacción de Tailhade no tardó en llegar. Lo hizo a través de un tuit durísimo, en el que destrató al  periodista: “Morales Sola, un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio, pretende  extorsionarme desde la tapa de La Nación para que no pida las declaraciones juradas. Rajá de acá, turro decrépito”.

Morales Sola, un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio, pretende extorsionarme desde la tapa de @LaNacion para que no pida las declaraciones juradas. Rajá de acá, turro decrépito. https://t.co/Wmy5BSP62Q

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) March 31, 2021

Semejante reacción despertó la solidaridad de colegas y hasta de entidades como ADEPA y FOPEA. La primera, hizo un llamado a los representantes de los poderes del Estado para “evitar que la lucha política haga perder la perspectiva de que ese papel del periodismo de señalar los excesos, los abusos y los errores de los gobiernos es inherente a cualquier sociedad democrática. Referencias como las del diputado nacional Rodolfo Tailhade contra el periodista y columnista Joaquín Morales Solá no representan el espíritu de tolerancia y debate crítico que la hora requiere, sino todo lo contrario”.

FOPEA, por su parte, se solidarizó con Morales Solá advirtiendo que “el trabajo periodístico está sometido al escrutinio social, pero resulta inadmisible que se apele al agravio personal, en particular, si proviene de un representante de la voluntad popular”.

Hasta la Academia Nacional de Periodismo, que precisamente preside Morales Solá, salió al cruce del diputado reprobando enfáticamente “el uso público del lenguaje insultante”, y advirtiendo sobre “las graves consecuencias que puede tener escalada”.

Pero lejos de retraerse, Tailhade redobló la apuesta y salió a cuestionar con dureza a los periodistas Alfredo Leuco, Jonatan Viale y Luis Majul. “Todo el tren fantasma hablando de mí -disparó-. Su jefe me marcó en una nota y ellos son muy obedientes. La Nación + no hace periodismo ni es un canal de televisión, es un proyecto político. Y sus periodistas son militantes de Macri, que es quien les paga”.

Leuco, Viale, Majul, todo el tren fantasma, hablando de mi. Su jefe me marcó en una nota y ellos son muy obedientes. La Nación + no hace periodismo ni es un canal de televisión, es un proyecto político. Y sus periodistas son militantes de Macri, que es quien les paga.

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) April 1, 2021

Y en su renovada embestida, Tailhade señaló también a Daniel Santoro: “Mirá quién apareció, hablando de sicarios baratos, el procesado por espionaje ilegal, armado de causas y aprietes a testigos. Vos también seguí participando Daniel Santoro”.

La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre “las medidas disciplinarias” que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.

La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad “no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.

La abogada aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”.

Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión”, señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.

El legislador K remarcó que “ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)”, por lo tanto “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.

“Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida”, insistió, para luego enfatizar que existe “una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo”.

Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como “una etapa bochornosa del cuerpo”, cuando el Consejo “fue uno de los dispositivos centrales del lawfare”. “Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial”, agregó y acusó que “fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta”.

Tailhade consideró entonces que Donato “siempre fue funcional” y “nunca representó a la abogacía independiente”. Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para “hacer las denuncias penales correspondientes” contra Donato, Mahiques y Casal.

Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que “no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora”. Y se preguntó que ante la “transcendencia pública” que tomó la discusión, el Colegio de Abogados “no se haya expresado”. “Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada”, aseveró.

“Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado”, prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso “no hay una incompatibilidad” como para “forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que “hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación”. “La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente”, afirmó el radical, que subrayó que “no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo”.

“No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no”, enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.

Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que “no se puede estar de los dos lados del mostrador” y, en caso de mantener a Donato en esa condición, “sería un desastre”.

Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver “a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula”. “Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar”, añadió.

En el final de la discusión, Tailhade admitió que “efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento”, pero “sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación”, dijo.

“No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados”, aclaró y lamentó: “A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada”. Por eso, el kirchnerista señaló que “de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos”.

Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que “acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!”. “Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente”, exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo “lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan”.

Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que “de manera urgente” dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal “sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular”.

Cuestionamientos a Stornelli

Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare”.

“No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía”, expresó.

Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.

La santafesina calificó de “declaraciones bochornosas” las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es “corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.

Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener “una charla de hombre a hombre” con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una “amenaza” porque “ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”.

Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica”. Por otro lado, defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.

“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.

En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario “histórico” de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.

Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.

También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a “disposición” de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos “presentados en tiempo y forma”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció penalmente a quien fue secretario de Comunicación Pública de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Jorge Miguel Grecco, por presunto enriquecimiento ilícito.

Según detalló el legislador, el exfuncionario “ingresó a la función pública en diciembre de 2015 declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio neto de $2.024.995, y se retiró en diciembre de 2019 declarando un patrimonio neto de $145.724.966,53”.

El kirchnerista pidió que se investigue “cómo el funcionario que estaba a cargo de distribuir la pauta oficial logró incrementar su patrimonio más de 7.000% en cuatro años”.

Entre las inconsistencias denunciadas, Tailhade indicó que “Grecco declaró al cierre de 2015 contar con una caja de ahorro en dólares estadounidenses por la suma de $1.620,09 y una caja de ahorro con $28.305,14, y se retiró de la función pública con una caja de ahorro en dólares por $2.976.812,52 (US$ 47.000 al cambio de la fecha), dos cajas de ahorro en pesos por $317.312,82, depósitos de dinero en el exterior por $446.964,69, efectivo en pesos por $72.000 y efectivo en dólares equivalentes a $35.938.752,10 (US$ 568.000 al cambio de la fecha)”.

“Al finalizar su gestión había incorporado el 50% de una casa de 3.000 metros cuadrados en Carmelo, Uruguay, que declara en $6.562.500, un departamento de 219 metros cuadrados en CABA que declara en $13.057.203,69, y dos lotes de terreno en Colonia de 10.000 metros cuadrados cada uno”, precisó el oficialista.

Además, el diputado aportó que “al cierre de 2015 sólo poseía acciones en Disvol Energía SL, en España, que valuó en $56,02 (US$ 4 al cambio de la fecha). En diciembre de 2019 declaró títulos y acciones en el exterior, todos adquiridos con ‘ingresos propios’, por $77.026.129,92 (más de 1,2 millones de dólares al cambio de la fecha)”.

La denuncia será investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del magistrado Julián Ercolini.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade destacó la exposición que la vicepresidenta realizó en su defensa por la causa “dólar futuro”, y consideró que dio una descripción “rotunda” sobre el rol del Poder Judicial.

“Me parece que lo más importante ha sido su caracterización del Poder Judicial. Este rol de cómplice, de garantía de los intereses más concentrados que viene operando hace muchos años”, sostuvo el legislador del Frente de Todos.

Para el oficialista, esa parte fue “lo más caliente del discurso de Cristina” y agregó: “Creo que tenemos que andar como militantes difundiendo ese mensaje de Cristina, esa definición del Poder Judicial tan rotunda”.

En referencia a la causa “dólar futuro”, el titular de la Comisión de Justicia de Diputados dijo que es una causa “sin ningún asidero, una causa que además es un símbolo del macrismo, un símbolo de los cuatro años de macrismo, porque están persiguiendo a los que generaron políticas económicas virtuosas y, al mismo tiempo, como la otra cara de la moneda, están dejando impunes a los verdaderos responsables del fraude del Estado”.

En diálogo con Radio 10, Tailhade completó: “Como dice bien Cristina, ahora empiezan a levantar el acelerador con respecto a esta causa porque se ven venir la querella criminal por la deuda, se ven venir que pueden haber causas por esto, por dólar futuro contra ellos, entonces ahora se hacen los que ahora comprenden que esto ‘no, no es un delito, es una política judicial y demás’; pero bueno, ahora lo de la causa quedó absolutamente claro”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió este jueves que se cite a prestar declaración indagatoria a Mauricio y Gianfranco Macri por el presunto negociado con parques eólicos durante el anterior gobierno, y solicitó que en caso que el hermano del expresidente no se presente se dicte el pedido de captura internacional.

En un escrito presentado ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, el legislador kirchnerista -que hace tres años denunció el “pasamanos” de seis parques eólicos que le habría reportado ganancias de 70 millones de dólares a las empresas de la familia Macri- le requirió al juez que determine si corresponde la citación de Gianfranco “o bien la orden de detención con fines de extradición, atento a que desde hace tiempo reside en la República Oriental del Uruguay”.

También pidió el llamado a indagatoria del exministro de Energía Juan José Aranguren y del excontador de Socma Víctor María Payaslian, que creó y presidió algunas de las sociedades utilizadas para cometer el ilícito.

El diputado oficialista aportó información revelada por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio internacional de periodistas que descubrió que detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos y fugar las ganancias se encuentra Lares Corporation SPF, una offshore con sede en Luxemburgo controlada por Gianfranco Macri.

También incorporó a la causa las afirmaciones del hermano de Mauricio y Gianfranco, Mariano Macri, quien en el libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donell confirma que “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”, tal cual lo había denunciado Tailhade en la causa.

Asimismo, el legislador solicitó que se investigue “la presunta intervención de la mesa judicial del macrismo”, ya que en sus estados contables Genneia S.A. -compradora de uno de los parques- estima que haber pagado 40 millones de dólares en la operación que le va retribuir 3.500.000 en 8 años, suma muy inferior a lo que le redituaría colocar ese dinero en la plaza financiera.

“La empresa de los Brito pagó los 40 millones el 29 de noviembre de 2017. Una semana antes, el 22 de noviembre, el recientemente fallecido Jorge Horacio Brito fue citado a indagatoria en el marco de la causa Ciccone, e indagado en tiempo récord el 27 de ese mes”, mencionó Tailhade.

Ya venían encendidos los ánimos cuando el diputado oficialista Martín Soria  (Río Negro) echó más nafta al fuego, al emprenderla contra la supuesta “mesa judicial” que habría funcionado en tiempos de Cambiemos, a través de la cual “se manipulaba a la Justicia”. “Convirtieron la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare”, sintetizó el legislador, que agregó que el despacho oficial del presidente se convirtió a su vez “en la agencia de Clarín y La Nación”.

Habló de “un Poder Judicial rancio, corrompido y sin rastros de independencia e imparcialidad”, y afirmó que “el lawfare en la Argentina perdió su sede en la Casa Rosada, pero sigue más vivo que nunca en algunos despachos del Poder Judicial; en algunos despachos de la Corte Suprema o de Comodoro Pro (SIC)”.

“Es raro que hablen de lawfare los miembros de un partido que desde 1983 controlan el Senado, porque todos los jueces que han sido designado pasaron por el filtro del Partido Justicialista, compañeros”, repuso a continuación el diputado Fernando Iglesias. Y enumeró: “Cuatro de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia los designaron gobiernos peronistas, compañeros; diez de doce de los de Comodoro Py los designó el gobierno justicialista, compañeros… Así que si quieren hacer limpieza en la Justicia, nosotros estamos de acuerdo, empecemos”.

Iglesias planteó entonces una cuestión de privilegio contra su colega Rodolfo Tailhade, quien lo denunció recientemente por supuesto “enriquecimiento ilícito”. Dijo tener 63 años y que tendría que concurrir a un tribunal para defenderse por primera vez. “Y eso me llena de pena, pero me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla que es el del chiquero de las denuncias, y en cierta forma estoy contento porque ya me sentía discriminado, porque ya había denunciado a casi todo nuestro bloque por las cosas más insólitas”, apuntó.

Luego detalló las denuncias que le hizo Tailhade, puntualmente respecto a un incremento patrimonial del 1300% y la propiedad de “un fastuoso loft en un edificio de Barracas, propiedad de Macri”.

“Después resultó que el fastuoso loft no estaba en Barracas, estaba en La Boca, no era propiedad de Macri, no eran 300 metros, y yo no tengo ninguna propiedad en ese edificio, y lo voy a probar”, agregó. Con todo, apuntó que “curiosamente ese loft desapareció de la denuncia”, luego de haberse hablado en lo que definió como “cadena de medios” oficialistas. Tras rechazar irregularidades sobre su patrimonio y apuntar que se le está imputando haber incrementado sus bienes en 50 mil pesos por mes. Concluyó dirigiéndose a sus pares del oficialismo, a los que recomendó pensar “en qué se han convertido, porque arrancaron hablando de derechos  humanos y ahora bancan al dictador Gildo Insfrán, y las operaciones de los servicios de la SIDE disfrazados de diputados”.

De manera remota habló a continuación el diputado Tailhade, quien sostuvo que “durante 2018 y 2019, mientras el país se empobreció por la crisis generada por el gobierno más inútil de la historia, mientras a los argentinos les iba muy mal, el diputado Iglesias viajó por todo el mundo… En esos informes de gestión no aparece ninguna consideración de esos viajes”.

La cuestión de privilegio de Rodolfo Tailhade contra su par Iglesias era entonces porque “ponen en crisis la legitimidad de nuestro ejercicio”. Enumeró a continuación los viajes realizados por el diputado de Juntos por el Cambio y relacionó a los mismos con congresos organizados por el Consejo Federalista Mundial, que el propio Iglesias preside. “Este sñor se autoinvitaba a sus propios congresos”, denunció, precisando que en tres viajes había recibido en concepto de viáticos 7.076 dólares. “Más de un millón de pesos para que este señor recorriera el mundo vaya a saber para qué”, razón por la cual pidió a la presidencia de la Cámara “investigar en profundidad” el tema, asegurándose “convencido de que hubo un fraude a la Cámara de Diputados. Que (Emilio) Monzó fue engañado, que otorgó viáticos para viajes que deberían haber sido costeados por la propia organización. Esto pone en crisis nuestro cargo”.

En la gestión anterior esta cámara sancionó una ley de Acceso a la Información Pública y tanto en Diputados como en el Senado empezó a funcionar por primera vez en la historia la oficina de acceso a la Información Pública. pic.twitter.com/EdcmbrHTgl

— Dolores Martinez (@martinezdolom) February 11, 2021

El juez federal Sebastián Casanello quedó a cargo este viernes de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro), presentada por el también legislador Rodolfo Tailhade (FdT), según consignó la agencia Télam.

Ahora, el magistrado deberá resolver si asume la investigación o la delega en la fiscalía.

Tailhade denunció a Iglesias ” y todas aquellas personas que, de acuerdo a las pruebas que se instruyan en autos, aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores del exponencial crecimiento patrimonial del diputado nacional, que en principio podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito”.

El diputado del Frente de Todos sostuvo que “de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción” por Iglesias “surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos”.

Tailhade especificó que en la DD.JJ. de 2017, el legislador opositor “consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $3.796.461,98 y una deuda de $44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $3.751.753,98”.

Añadió que “en tanto que al cierre de 2019 -última DD.JJ. presentada- declaró ante la OA activos por $12.250.198,90 y una deuda (…) por $ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $10.040.198,90”.

Además, el oficialista agregó que “según la DD.JJ., en 2019 Iglesias adquirió un vehículo 4×4, una propiedad de 100 m2 y tenía ese año una tenencia en efectivo de diez mil dólares que no poseía al inicio”.

“¿Cómo hizo para adquirir estos bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio? ¿Cuáles fueron esos ‘ingresos propios’ que no están consignados en su DD.JJ.?”, se preguntó Tailhade y añadió: “en la red social Twitter, Iglesias aseguró que los ingresos provinieron ‘de la venta de mis libros’, una justificación a todas luces ridícula siendo que no editó libros ni en 2018 ni en 2019”.

Para Tailhade, “resulta a las claras imposible que haya adquirido de forma lícita” un inmueble, un vehículo y haya ahorrado dólares “con una dieta de $161.000 mensuales como diputado nacional, el alquiler de dos departamentos con rentabilidad negativa y la venta de libros que no escribió”.

E ironizó: “Excepto que el mercado de venta de libros de saldo de Iglesias tenga dimensiones que envidiarían J. K Rowling y George R Martin”.

“Muchos gastos que debían ser afrontados de manera personal por Iglesias terminaron siendo absorbidos por el Estado Nacional, siendo esta una causal de enriquecimiento sin causa”, amplió en la denuncia.

Fiel a su estilo denunciatorio, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade puso en la mira ahora a un par suyo, de Juntos por el Cambio, claro. El diputado Fernando Iglesias. Lo denunció públicamente, a través de las redes sociales, por supuesto “enriquecimiento ilícito”.

Sin pasar aún por Tribunales para oficializar la denuncia, el diputado de La Cámpora arrancó en Twitter con ironía: “A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado Fernando Iglesias”, señaló, para afirmar a continuación que “ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado Luis Majul. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento)”.

A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado @FerIglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado @majulluis. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento).

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) January 29, 2021

Agregó que “en junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4×4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares”. Le sumó a todo esto viajes a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo “con viáticos pagados con la tuya”. En rigor, esos viajes fueron oficiales, pagados por la Cámara de Diputados. Fernando Iglesias es actualmente presidente de la Comisión de Mercosur de la Cámara baja.

“No me queda otra que denunciarte penalmente Fernando Iglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron”, concluyó Tailhade, que esta última semana aseguró que la fundación anunciada por el expresidente Mauricio Macri “no existe”, pues no figura “en la Inspección General de Justicia ni en ninguna dependencia provincial”.

Habitualmente filoso en las redes, Fernando Iglesias contestó con ironía a quienes en Twitter salieron a atacarlo. Y en ese marco dijo tener un patrimonio de 80.000 dólares “en parte por haber laburado 45 años en el sector privado, en parte porque en 2015 se les murió la mamá y les dejó dos departamentitos en Avellaneda”.

Sí. Sobre todo los que como yo tienen un patrimonio de 80.000 dólares, en parte porque laburaron 45 años en el sector privado, en parte porque en 2015 se les murió la mamá y les dejó dos departamentitos en Avellaneda. Unos hdp. Son todo iguale, son. Seguí votando peronistas nomás https://t.co/hwryibVuj4

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 30, 2021

Parece que acumulé un patrimonio escandaloso de 85.000 dólares después de 45 años de laburo en el sector privado y dos mandatos como diputado. Me descubrieron. Sunescandalo! #TomÁtelÁ https://t.co/XugIJEGhYZ

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 30, 2021

Laburar https://t.co/MyskERF1Y7

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 30, 2021

Entre otros, salió en su defensa su par Waldo Wolff. “Siempre espalda con espalda con @FerIglesias”, escribió, para agregar luego: “Quienes no saben generar riqueza si no es de manera ilícita creen que el genera en lo privado es como el ladrón, de su condición”.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade calificó este miércoles como “un recurso publicitario de cuarta” el anuncio del expresidente Mauricio Macri de lanzar una fundación que lleva su nombre, y aseguró que “no existe” en ningún registro nacional.

“Me llamó la atención el anuncio del expresidente porque inscribir y registrar una fundación no se hace de un día para el otro. Me provocó sospechas y me puse averiguar, y efectivamente no existe ninguna fundación Mauricio Macri en la Inspección General de Justicia (IGJ), ni en ninguna dependencia provincial“, afirmó el titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja.

En diálogo con AM 750, el legislador del Frente de Todos sostuvo que la decisión de Macri de crear una fundación que lleva su nombre se trata de “todo un recurso publicitario de cuarta con el que hizo ese anuncio”, al afirmar que “detrás de eso es una cascara vacía”.

Tras señalar que “para constituir una fundación hacen falta muchos requisitos y fundamentalmente un informe económico estimando por tres o cuatro años el dinero que va a recaudar la fundación”, Tailhade opinó: “No lo veo a Macri consistente para informar sobre este tema”.

“No sé si es un posicionamiento en la interna, pero es una persona que fue dos veces jefe de Gobierno de la ciudad más importante, fue presidente de la Nación y es el principal dirigente de la oposición que quiere hacer política a través de una ONG”, enfatizó.

Me puse a averiguar: NO EXISTE la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri.

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) January 26, 2021

A raíz de las revelaciones que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó en una entrevista concedida al diario Clarín, diputados del Frente de Todos solicitaron que se la llame a prestar declaración testimonial en la investigación de la supuesta asociación ilícita liderada por el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la causa judicial conocida como “mesa judical M”.

“El 15 de noviembre pasado Clarín publicó una extensa entrevista en la que Carrió dio cuenta de la existencia de una mesa judicial, la participación en ella de José Torello (exjefe de asesores presidencial) y la existencia de ‘acuerdos’ entre esa mesa y algunos jueces”, señalaron los legisladores oficialistas Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

Los diputados explicaron que, puntualmente, “Carrió recordó que en la previa del juicio político a Daniel Rafecas que impulsaba el macrismo ‘por lo del Pacto con Irán’, exigió a ‘un representante de Macri en esa famosa mesa judicial’ que ‘primero me sacan a los coimeros de Comodoro Py'”.

“Al ser consultada por su interlocutor en aquella exigencia, la líder de la Coalición Cívica nombró ‘a Torello. Dije: si no sacan los coimeros y acuerdan con coimeros, cómo lo van a sacar a Rafecas sólo por un solo fallo. Estoy hablando de la verdad histórica'”, apuntaron sobre las declaraciones de la exdiputada y socia de Cambiemos.

En las manifestaciones de Carrió, “es posible identificar la injerencia indebida de la mesa judicial sobre los procesos de remoción de magistrados, que excedía ampliamente las funciones de quienes integraban esa organización, pues queda claro que se entrometían en decisiones propias de otros poderes”, expone la ampliación de denuncia presentada ante el fiscal Franco Picardi.

Según la presentación de los legisladores, “ese avance o freno a los procesos de remoción de magistrados que manifiesta la señora Carrió, no respondía a criterios constitucionales sino a ‘acuerdos’ que, obviamente, exceden el marco de legalidad que determina el sostenimiento o no en el cargo de un magistrado”.

Este tipo de señalamientos de Carrió, “no son aislados ni novedosos, pese a ser los más explícitos que ha brindado hasta este momento”, afirman los diputados en la denuncia, al tiempo que recuerdan que “con anterioridad había señalado la injerencia del Poder Ejecutivo macrista sobre las decisiones del Poder Judicial”.

Entre las medidas de pruebas solicitadas por los diputados, figura un pedido de exhorto a la Cámara de Diputados para que remita copia del proyecto de pedido de juicio político que Carrió impulsó al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, por mal desempeño en sus funciones.

Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria presentaron este miércoles una ampliación de las denuncias penales radicadas a principios de mayo por la existencia de una supuesta “mesa judicial” que actuó durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esta oportunidad, los legisladores sostuvieron que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue el “brazo ejecutor” de esa asociación ilícita, a través de la “persecución” a sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, y el petrolero Guillermo Pereyra.

La denuncia original fue motivada por las declaraciones de Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, quien reveló que recibió presiones en el marco de en la causa del memorándum de entendimiento con Irán.

Tailhade solicitó luego que “se investiguen las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por numerosos miembros y organismos del sistema judicial argentino”.

Según el legislador, existió “un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial de la Nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías institucionales del país, y que configuran diversos delitos”, como los de amenazas, coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre otros.

Tailhade recordó que además de Figueroa, los jueces Delfina Forns y Luis Raffaghelli “en sus declaraciones públicas reconocieron la existencia de la mesa judicial y de las presiones sufridas durante el gobierno de Macri”.

El oficialista sostiene que esa “mesa judicial” era conducida por José Torello, jefe de asesores de Macri, junto a Germán Garavano, exministro de Justicia; Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica; Fabián Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri; Juan Bautista Mahiques exconsejero de la Magistratura; Bernardo Saravia Frías, procurador general del Tesoro del anterior gobierno; Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia; y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors.

Sin embargo, en la ampliación presentada este miércoles, Tailhade, Valdés y Soria sumaron a este listado a Bullrich y solicitaron nuevas medidas de prueba para constatar que la exministra y actual presidenta del Pro fue “parte central” de la “asociación ilícita”, que tenía entre sus objetivos la “persecución” y “disciplinamiento” de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

La ampliación de la denuncia

Amplía-Denuncia-Penal-Mesa-Judicial

El diputado nacional Rodolfo Tailhade ratificó y amplió la denuncia por el supuesto desvío de más de 1.000 millones de pesos desde el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo durante la gestión macrista, causa en la que están imputados Rodrigo Sbarra, Sebastián Bideberripe y otros ex funcionarios del área.

Asimismo, el legislador aportó 47 documentos que según él ilustraría sobre el supuesto accionar de una “asociación ilícita”, en la que los pagos habrían sido “liberados por Bideberripe a medida que se presentaban “informes de avance” que en buena parte consistían en copias textuales de contenidos generales disponibles en internet”, sostiene en su presentación,

Tailhade también proporcionó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa que investiga el fiscal Jorge Di Lello, copias de la supuesta “contabilidad paralela” que habrían llevado Sbarra y Bideberripe “con los ‘retornos’ que dejaban proveedores del ministerio, entre ellos varios relacionados con integrantes de la banda delictiva”.

Asimismo, aportó elementos con los que pretende probar que “a través de testaferros Sbarra creó al menos dos sociedades anónimas simplificadas  (Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS) que utilizó para poner a su nombre el Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que al menos hasta diciembre de 2019 utilizaba el ex funcionario, y dos Chevrolet Cruze modelo 2018 que utilizaban dos de sus cómplices”.

Como información nueva para la causa, Tailhade presentó documentos que demostrarían que Depuración General Sustentable SAS adquirió un inmueble ubicado en Hudson, Berazategui, el 10 de septiembre de 2019. “Curiosamente en la misma fecha Claudio Daniel Giménez, sindicado como ‘alijero’ de la banda -detalla Tailhade-, les vendió a María Guadalupe Bideberripe y Martina Bideberripe (hijas de Sebastián Bideberripe) un inmueble con frente a la avenida Gutiérrez 4840 de Hudson, Berazategui”. La sospecha del diputado es que se trataría del mismo inmueble y que la SAS habría sido utilizada como “pasamanos”.

Por último, el diputado del Frente de todos pidió investigar el hecho informado por la periodista Carla Pelliza el 30 de marzo de 2020 en El Destape, sobre el ingreso al país de Sbarra en un vuelo privado, “no sólo porque el costo del viaje de Sbarra equivale al 30% de su patrimonio según lo que consignó en su última declaración jurada, sino también porque la dirección que consignó a las autoridades argentinas es la misma dirección de correo de Arquigreen Corp, firma subsidiaria de Arquigreen SA”, una de las empresas denunciadas como parte del entramado delictivo.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó un proyecto de resolución para declarar “de interés” de la Cámara de Diputados de la Nación el libro “La larga Noche de los Lápices. Relatos de una sobreviviente”, de Emilce Moler. 

“No es solo un libro, sino el relato de primera mano de una sobreviviente de la etapa más oscura que nos tocó atravesar al conjunto del pueblo argentino”, resaltó el legislador del Frente de Todos en los fundamentos del proyecto. 

Emilce Moler nació en La Plata. A los 17 años fue secuestrada por hombres armados pertenecientes al Ejército Argentino de la casa de sus padres durante la Noche de los Lápices. Aún era estudiante secundaria. Estuvo detenida-desaparecida durante seis meses hasta que fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto y finalmente liberada bajo vigilancia hasta los 20 años. 

Moler es doctora en bioingeniería, magister en epistemología y profesora en matemáticas. Colaboró en la denuncia contra los represores ante la Justicia y continúa participando activamente en mantener viva la memoria sobre ese periodo tan nefasto de la Argentina. Suele dar charlas en secundarios, y participar de movilizaciones y actos vinculados a la juventud. 

“Emilce Moler ha logrado interpelar a la juventud sobre la importancia de participar activamente de las causas justas, teniendo como instrumento principal la palabra y ejercitando la memoria aun incluso siendo dolorosa”, destacó el diputado y concluyó: “En estos tiempos destacar a personas como Emilce y su obra es un reconocimiento que debemos hacer los y las que creemos en la importancia de la memoria, verdad y justicia”. 

IEASA (exENARSA) amplió este viernes la denuncia por la privatización a precio vil de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, realizadas durante el gobierno de Macri, y aportó documentación sobre el perjuicio para el Estado nacional en más de US$ 118 millones que significó la operación.

La denuncia había sido presentada en 2019 por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Por el hecho se encuentran imputados Mauricio Macri, Juan José Aranguren, Javier Iguacel, Gustavo Lopetegui y exdirectivos de IEASA.

Las centrales habían sido tasadas en US$ 305.900.000 (Ensenada de Barragán) y US$ 217.000.000 (Brigadier López), pero se adjudicaron en US$ 229.529.500 la primera al grupo Pampa-YPF y en US$ 165.432.500 la segunda a Central Puerto. La pérdida para el Estado nacional fue US$ 118.054.000.

IEASA señala en su presentación judicial que para poder realizar este supuesto perjuicio al Estado se modificaron los contratos de fideicomiso (que prohibían la privatización de las centrales) y se cambiaron los pliegos para eliminar el valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación como valor piso a presentar.

Asimismo, remarca que las centrales habían sido financiadas con fondos del FGS, e IEASA usó el dinero de las ventas para comprar los títulos de deuda que tenía el FGS, con lo cual a la venta a precio vil se sumó que IEASA se quedó con títulos que se repagan a través de contratos con el mercado mayorista y tienen alto riesgo asociado.

La causa tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello e investiga el fiscal Ramiro González.

El Poder Judicial desconoce la Constitución Nacional, y desprecia al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En momentos en que todo un pueblo hace sacrificios enormes, esta casta impresentable pretende mantener privilegios intolerables.

Los jueces del lawfare Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -irregularmente trasladados a la Cámara de Apelaciones porteña  durante el macrismo- presentaron un amparo para impedir que se cumpla la Constitución Nacional. Piden que el Gobierno y al Senado “se abstengan de iniciar el trámite previsto en el art. 99 inc. 4 de la CN”. ¿Pueden seguir siendo magistrados estos señores?

Bruglia y Bertuzzi ultrajan la Constitución una y otra vez en este escrito que quedará en la historia como una infamia sin precedentes, e insisten con que el procedimiento previsto en el art. 99 inc. 4° de la Constitución “constituye un acto de arbitrariedad manifiesta”.

Dicen que sus traslados cumplieron estrictamente con el reglamento del Consejo de la Magistratura. O son mentirosos o son brutos, porque ninguna de esas reglas se verificaron.

En primer lugar, un tribunal oral y una cámara de apelaciones no tienen la misma competencia, son ámbitos radicalmente distintos. En segundo lugar, ninguno de estos dos sátrapas tuvo acuerdo del Senado para otro cargo que no sea un tribunal oral; es más, Bruglia nunca en su vida se presentó a un concurso. Y tercero, la violación más flagrante del reglamento de traslados: uno de los requisitos exigidos es que no exista un concurso en trámite para cubrir las vacantes, y sobre esto los dos impostores nada dicen. Ocultan que estaba en pleno desarrollo el concurso.

Además, los motivos del traslado son inconsistentes, pueriles e impropios para un magistrado. No podían poner “queremos ser miembros de la Cámara Federal porque estamos dispuestos a cumplir todo lo que pida Macri y así meter en cana a CFK y a los peronistas”, porque iba a ser demasiado.

Asimismo,  hoy nos enteramos de que Bruglia y Bertuzzi no están solos en este abierto desafío al orden constitucional. Los jueces de la bien llamada “Cámara del Crimen” señalan que es inconstitucional un proyecto de ley cuya discusión recién arrancó en el Congreso.

¿Qué clase de señal están enviando? ¿Debemos tomarlo como una amenaza, un ataque frontal a la naturaleza misma de la democracia, o sólo son un grupo de brutos desaforados que consideran a la Constitución Nacional papel higiénico? ¿Quiénes se creen que son?

No les tenemos miedo, señores. No vamos a permitir que pisoteen la Constitución Nacional. No vamos a dejar que sea violada por quienes tienen la obligación de defenderla. No vamos a permitir que el Poder Judicial gobierne nuestro país.

Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, tras un acuerdo contrarreloj, la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras en el marco de la pandemia del Covid-19. La iniciativa, consensuada entre proyectos de distintos bloques, recibió 250 votos afirmativos y dos abstenciones, del Frente de Izquierda.

El texto fue unificado en una reunión de la Comisión de Justicia previa a la sesión virtual, y declara hasta el 31 de marzo de 2021 “la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

El presidente de la comisión, Rodolfo Tailhade, destacó el acuerdo alcanzado en ese ámbito para tratar sobre tablas, y en tiempo récord, un proyecto unificado. “Me resulta difícil hablar de consensos habida cuenta de mis antecedentes”, bromeó el diputado oficialista.

Señaló que si bien “todos tenían observaciones”, las dejaron a un lado para acordar un texto único, entre iniciativas de Carlos Selva (Frente de Todos), Ximena García (UCR) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), entre otros.

Tailhade explicó que se busca “aportar desde el Parlamento una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad”, lo que significa “un consuelo en medio de una crisis tan profunda”.

#SesiónVirtual@lorematzen sobre el proyecto de emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras: “Esta iniciativa dará facilidades para que el proceso de concurso sea una herramienta jurídica de supervivencia y no el camino de un cierre definitivo”. pic.twitter.com/cjBiS22S73

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) July 31, 2020

Desde el recinto, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, señaló que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha creado una serie de desafíos” y en ese marco “las empresas están en riesgo, y con ellas cientos de miles de empleos formales”. Por eso, consideró que la reforma en los concursos preventivos y quiebras es “una señal política muy concreta”.

El oficialista Carlos Selva, autor de uno de los proyectos, sostuvo que “la pandemia ha agravado la situación complejísima de la que venían las pymes el año pasado”. Asimismo, destacó que se haya llegado a una redacción consensuada donde se subsanaron aspectos que “podrían haber generado mayor litigiosidad o conflicto”.

“Vi con mucha satisfacción con qué profundidad y desprendimiento partidario todos los integrantes (de la Comisión de Justicia) analizaban este conflicto”, celebró y subrayó que este tema es “concordante con la moratoria” y “tiene que ver con poner a la Argentina en marcha”.

El bonaerense completó: “Tenemos que sacar del agobio de lo que significaría para las empresas un esfuerzo para atender procesos judiciales, y que ese esfuerzo sea volcado a poner en marcha la producción y generación de empleo”.

Desde la UCR, Lorena Matzen coincidió en que “en este Congreso tenemos la responsabilidad de defender al laburante” y destacó que el proyecto “otorga seguridad jurídica y agilidad en el proceso judicial”, así como “facilidades para que este sector pueda afrontar este proceso”.

Matzen explicó que se intenta “que el concurso sea una herramienta jurídica de supervivencia y continuidad, y no el camino hacia el cierre definitivo” de las empresas.

Otra radical, Ximena García, puntualizó que se trata de “un marco mínimo y excepcional” por la emergencia sanitaria, y agregó que a futuro se discutirá una “reforma más profunda” de la Ley de Concursos y Quiebras.

“Estamos convencidos de que tenemos que contribuir a las soluciones que necesitan los argentinos y evitar que miles de pymes y empresas tengan como único destino el concurso y la quiebra”, reforzó la santafesina.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó que “100.000 empresas van a estar complicadas cuando se reabran los tribunales”.

“Hay un sector al que no podemos darnos el lujo de permitir que esto lo afecte: es el sector empresarial. El tipo que tiene el espíritu emprendedor, el espíritu innovador. No nos podamos dar el lujo de no acompañar ese espíritu”.

La legisladora destacó que la futura ley será “un alivio” y que permitirá “cerrarle la tranquera a la posibilidad de que las empresas se vayan al diablo”.

Durante el plazo que dure la emergencia, se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.

Se establece que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.

En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

Además, se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.

🏛️SESIÓN | @DiputadosAR
"La ejecución de una deuda alimentaria también se suspende, porque en este contexto no podemos permitirnos dejar que se continúen, si las familias hoy lo que necesitan es asegurar la comida en la mesa."

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) July 31, 2020

También se suspenden “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, y por otra parte se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, destacó esa última excepción, al sostener que “si se suspende la ejecución de una deuda alimentaria, lo que se está suspendiendo es un trabajador, una familia, alguien que tiene un crédito alimentario que no puede dejar de comer”.

Desde la misma bancada, Lui Di Giácomo indicó que “existe una ruptura generalizada de la cadena de pagos” y por ese y otros factores “la masificación de la quiebras va a ser el verdadero problema a atender” cuando acabe la pandemia.

Un discusión reglamentaria en la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), impidió el dictamen de un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la crisis desatada por la pandemia.

Ante el planteo de Juntos por el Cambio de que correspondía tratar la iniciativa en Legislación General, y con el pedido de una serie de modificaciones para avalar la propuesta y aportar los votos para los dos tercios, el oficialismo aceptó los cambios. También habían sugerido incorporaciones los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).

Tras un cuarto intermedio, en el que se abrió un proceso de diálogo entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques, la comisión arribó a una redacción consensuada que se pondrá a consideración en el recinto.

Al comienzo de la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) sostuvo que el tema “tiene una competencia definida, que es la Comisión de Legislación General”, donde se trata lo referido a materia civil y comercial. Tras leer las competencias de cada comisión, la macrista enfatizó que “el reglamento no permite la exclusión de la Comisión de Legislación General”.

Y recordó que otros proyectos “presentados por compañeros de mi bloque”, como por ejemplo Ezequiel Fernández Langan, fueron girados por la Presidencia de la Cámara a Legislación General. Por lo tanto, pidió que se convoque a un plenario y “respetemos el reglamento”.

A continuación, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó: “Sabemos todos que tenemos un problema muy serio. El día lunes se termina de abrir, de alguna manera, la justicia comercial y todos sabemos que vamos a tener un problema, vamos a tener muchas presentaciones de quiebras, de cheques rechazados”.

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La diputada remarcó que este es un tema “que venimos charlando entre todas las fuerzas” y afirmó que “jamás” se “prestaría a vulnerar el reglamento”, pero “la realidad es que estamos en un problema serio”. “Creo que podemos salvar la cuestión reglamentaria y dar una señal muy clara de que queremos suspender los plazos”, agregó.

Por su parte, el legislador Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidió convocar a un plenario para la semana que viene ya que, aunque se trate esta tarde en sesión, el proyecto “no va a ser ley, el Senado no va a sesionar mañana ni el domingo”. “Es un tema muy técnico, requiere estudio”, señaló y ratificó su postura de evitar que se le brinde “ningún beneficio a ninguna empresa que esté con procesos penales”, como OIL Combustibles de Cristóbal López.

Intervino entonces nuevamente Lospennato para solicitar que, “atendiendo la situación de emergencia”, se pueda “llegar a un acuerdo virtuoso” sin “violentar nuestra regla básica de convivencia”.

Tailhade justificó el giro a la Comisión de Justicia al decir que “es cierto y comparto que el ámbito natural de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras es la Comisión de Legislación General”, pero argumentó que “todos los otros proyectos plantean reformas de fondo a la ley”, mientras que esta iniciativa en particular “aspira a ser una respuesta a una coyuntura muy compleja”.

“Pero es una respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de administración de justicia, más allá de que es la política la que está dando este paso”, añadió.

El autor del proyecto en cuestión, Carlos Selva (Frente de Todos) resaltó que la intención era aprobar este tema junto al proyecto de moratoria y manifestó que “claramente el mensaje tiene que estar dado a la sociedad”.

Desde JxC, el diputado Pablo Tonelli (Pro) fue el encargado de proponer los cambios y, sobre todo, habló de una “modificación sustancial” que tiene que ver con “la necesidad de que queden claramente excluidos los procesos en los cuales la quiebra ya está decretada y esa quiebra ha quedado firme”.

En el mismo sentido, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “el espíritu de la ley siempre fue salvar a los vivos” y “lo que nunca estuvo en discusión fue salvar o discutir mejoras en los procedimientos de las empresas fallidas o quebradas, ni tampoco de los acreedores”.

Tras retomar la reunión, Tailhade leyó el proyecto y aclaró: “En función del acuerdo político vamos con un texto unificado (a la sesión) para con los dos tercios incorporar su tratamiento al orden del día”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció que la Agencia Federal de Inteligencia elaboró en 2019 informes falsos para presentar ante la Justicia e intentar colocarlo como jefe de la banda de extorsionadores que integraba Marcelo D’Alessio.

El diputado kirchnerista detalló que la documentación fue enviada el viernes por la actual conducción de la AFI a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que Tailhade integra, luego de que en la semana un agente de inteligencia afirmara ante la comisión que, a pedido de las autoridades de la AFI, había elaborado informes falsos para involucrar al diputado en causas judiciales y a la vez poder intervenir su teléfono.

El material incluye un gráfico de vinculaciones de la actividad de inteligencia de agentes, exagentes y abogados, al frente de la cual se colocó al diputado. La bicameral también recibió un escrito firmado por el titular de la AFI macrista, Gustavo Héctor Arribas, y otro por la subdirectora Silvia Cristina Majdalani; informes de la dirección operacional de Contrainteligencia; y un oficio elevado al juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, entre otros papeles.

Las fechas de los documentos son contemporáneas con la denuncia penal que Majdalani presentó contra el diputado Tailhade, y con la visita de los dos principales responsables de la AFI macrista a la Bicameral de Inteligencia, en abril de 2019. En esa reunión, Majdalani le dijo a Tailhade que el ex agente Rolando Barreiro, detenido en la causa D’Alessio, “trabajaba con usted”, y negó que se hicieran tareas de inteligencia en su contra. “¿Sabe lo que pasa Tailhade? Yo no lo sigo a usted, ni lo espío”, consta en la taquigráfica de la reunión.

El diputado integrante de La Cámpora figura como uno de los dirigentes espiados y cuyo mail habría sido intrusado por la AFI conducida por Arribas y Majdalani, según consta en una causa que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade estalló contra el productor Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, a raíz de la edición del programa del sábado, durante el cual Juana Viale se preguntó si el presidente Alberto Fernández terminará su mandato.

“Este programa ya fue escenario de una operación de inteligencia para acusar de pedófilos a opositores y periodistas. Ahora ensayan golpismo explícito. El corrupto de @nachoviale va a tener que explicar en la Bicameral de Inteligencia sus negocios con la mafia macrista”, lanzó en su Twitter el legislador del Frente de Todos.

Y agregó: “Después de explicarle a la Bicameral por qué armaste en TV una operación ilegal de inteligencia con Destefano y Miragaya, con agentes de inteligencia supervisando en el piso, @nachoviale vas a tener que pasar por Lomas de Zamora porque te voy a denunciar como parte de la mafia”.

Este programa ya fue escenario de una operación de inteligencia para acusar de pedófilos a opositores y periodistas. Ahora ensayan golpismo explícito. El corrupto de @nachoviale va a tener que explicar en la Bicameral de Inteligencia sus negocios con la mafia macrista. https://t.co/9tDD2RfyqH

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) July 5, 2020

En su tuit, el legislador oficialista hizo referencia a una nota donde se hacía alusión a las declaraciones que tuvo Juana Viale, quien reemplaza a su abuela en la conducción. Durante la noche del sábado pasado -día que encontraron asesinado a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner-, el politólogo Julio Bárbaro opinó que “este Gobierno no gana en la próxima elección”, a lo que ‘Juanita’ repreguntó: “¿Y, termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”.

“Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara”, expresó este lunes la actriz por Twitter.

Nada mas ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara.

— Juana Viale (@ViaJuani) July 6, 2020

El oficialismo pondrá en marcha este miércoles la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, una comisión clave ya que está encargada de controlar a la Agencia Federal de Inteligencia, hoy intervenida por disposición del gobierno de Alberto Fernández.

La presidencia, que estará en manos del Frente de Todos, le corresponde este año a un diputado, ya que su último titular fue un senador -el radical Juan Carlos Marino- y el reglamento establece la alternancia entre ambas Cámaras.

Por la Cámara de Diputados fueron designados los kirchneristas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna y Eduardo Valdés; los macristas Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca; y el radical José Cano.

En tanto, desde el Senado formarán parte Oscar Parrilli, exdirector de la AFI; Martín Doñate, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro, del Frente de Todos.

Mientras que los senadores de Juntos por el Cambio serán Juan Carlos Marino (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico de Catamarca).

La reunión, de carácter reservado, como es habitual de esta comisión, será a las 17.30.