Se trata de un programa de promotores educativos, que tendrán como objetivo acompañar a los estudiantes de nivel primario en el barrio, fomentando el fortalecimiento del vínculo con los docentes.
Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) participaron de un acto junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el cual firmó un convenio para llevar adelante un programa de promotores educativos con el objetivo de acompañar a los estudiantes del nivel primario del barrio.
El programa contará con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, que les brindará una beca a las estudiantes que formen parte del programa. Los encargados de realizar el seguimiento serán estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta (A-1522s) funciona desde hace seis años en el Barrio Padre Carlos Múgica; además colaborarán con el vínculo con su docente y fortaleciendo su trayectoria.
Durante el lanzamiento, Trotta afirmó que “es fundamental el rol de la comunidad cuando se organiza en pos de un objetivo concreto; tenemos que hacer sinergia entre el Estado nacional y una agenda de construcción de justicia social y de justicia educativa con el objetivo de fortalecer los aprendizajes” y remarcó que “en un momento tan difícil, se consolidó el mayor compromiso de nuestra comunidad educativa, de nuestras maestras y maestros, en este desafío de seguir educando”.
En el mismo sentido, el senador por la Ciudad, Mariano Recalde, sostuvo que “cuando uno ve a la comunidad educativa y al pueblo organizado, cuando uno ve organizaciones de vecinos y vecinas que se juntan para resolver un problema, cuando vemos que hay militancia, uno enfrenta las cosas de otra manera”.
Mientras que la diputada porteña y referente del barrio, María Bielli (FdT), señaló que “estas son las acciones que se necesitan para fortalecer el sistema educativo, una comunidad comprometida y en articulación con la escuela” y remarcó que “el Gobierno nacional realiza en la Ciudad lo que Axel propuso en provincia, incentivar a que los futuros docentes cumplan un rol en esta etapa”.
“En la Ciudad no hubo ninguna política más que las burbujas, que ya sabemos, tienen baja adhesión y en algunos casos resultan riesgosas en términos epidemiológicos”, sentenció.
La firma del convenio se realizó en el jardín de infantes “Sueños Bajitos” y contó con la participación de autoridades del Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta” y del jardín y promotoras educativas.
También participaron del encuentro los diputados de la Ciudad Lucia Cámpora, Santiago Roberto, Lorena Pokiok y Claudio Ferreño (FdT); autoridades del Ministerio de Educación Nacional: la Subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky; el Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga y la Directora de Experiencias de Educación Comunitarias y Cooperativas, Natalia Peluso; docentes y autoridades de escuelas del barrio; referentes de espacios educativos, del programa Paebyt y del comité de crisis. Asimismo, se reunieron con la Red Educativa del Barrio Padre Carlos Múgica.
El organismo presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a través del cual buscará solicitarle al Gobierno de la Ciudad que cree esa nueva cartera.
Con la intención de dar respuestas a los reclamos que vienen llevando a cabo las mujeres y las diversidades, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó una iniciativa en la Legislatura porteña a través de la cual buscará instar al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, a que implemente las medidas necesarias para la creación de un “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades”.
En los fundamentos de la medida, el organismo explicó que “la Argentina y la región de América Latina presentan altos niveles de violencias por motivos de género y alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios” y remarcó que “los reclamos y demandas de los movimientos de mujeres y personas LGBTI constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social y política de democracias occidentales, poniendo en agenda cada vez con más fuerza la necesidad de mejores y más eficaces políticas de prevención de las violencias por motivos de género y de asistencia y protección de aquellas personas que la atraviesan”.
Asimismo consideraron que “el derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin discriminación se presenta como una condición indispensable para vivir en sociedades más igualitarias, justas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas y el Estado debe cumplir en ello un rol inexcusable en el reconocimiento y garantía de esos derechos”.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado se creó a nivel nacional se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios 22.520, y que tiene entre sus funciones el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género y asistir integralmente a las personas en situación de violencias en todos los ámbitos.
“En consideración de la importancia creciente de la creación y profundización de políticas públicas de género que incluyan, además de las temáticas de violencia de género, la cada vez más amplia mirada en los diversos y complejos abordajes en todos y cada uno de los aspectos relacionados con las mujeres e integrantes del colectivo LGTBI es menester la creación de un organismo cuya jerarquía sea acorde con la importancia y urgencia que los problemas de su incumbencia exigen”, señaló y concluyó afirmando que “es imprescindible considerar el abordaje de los problemas que no sólo se relacionan con situaciones de violencia, sino también con aquellos vinculados con cada uno de los diversos quehaceres que involucran la vida de los habitantes de la Ciudad con toda su complejidad y diversidad y que a la vez brinden una posibilidad de atención en todos los ámbitos en los que se requiera”.
La Comisión de Salud analizó un proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos, a través del cual buscará establecer lineamientos, principios y alcances de ese tipo de prestaciones.
Debido al crecimiento de esa atención de modalidad médica, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev), se reunió con profesionales de la salud para comenzar el análisis de un proyecto de ley que propone regular y organizar los sistemas de consulta y asistencia médica por medios electrónicos, telemáticos, redes sociales y similares formas de conexión a distancia, lo que se denomina telemedicina.
La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.
De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.
Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.
Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.
En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.
Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.
La iniciativa en cuestión había sido impulsada meses atrás por la exministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez (VJ), en coautoría con Claudio Romero (VJ), presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.
De la reunión -que en parte fue virtual y en parte presencial- tomaron parte el Dr. Daniel Barbagallo, que es el titular de la Asociación Civil de Telemedicina (ACTRA), una entidad que nuclea a los principales sanatorios privados del país, y la directora general de Sistemas de Información Sanitaria y médica informática, Dra. Analía Baum.
Otos expositores fueron el Dr. Adrián Gindin, profesor de bioética y secretario de tecnología educativa de la Facultad de Medicina de la UBA; el Dr. Esteban Figueroa, docente de bioética de UBA y UCA e investigador en administración de laboratorios, y la Dra. Marisa Aizemberg, abogada especialista en derecho civil y graduada en administración y conducción de hospitales.
La Comisión de Salud se reunirá este miércoles a las 12 para continuar analizando un proyecto que buscan regular la utilización en investigación acerca de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos, al mismo tiempo que buscarán construir consensos para su sanción.
A un mes de que la Legislatura porteña abriera el debate, la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (VJ)- convocó a una nueva reunión para este miércoles a partir de las 12, a fin de que los diputados continúen con el análisis de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.
El proyecto en cuestión también legislaría sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.
Cabe destacar que el debate al respecto comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando la Comisión de Salud se reunió con el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.
La oficialista Cecilia Ferrero impulsó un proyecto de declaración en el que, además, manifiesta su profundo pesar por el asesinato de tres ciudadanos franceses en ese contexto.
La diputada de Vamos Juntos (VJ) Cecilia Ferrero presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su profundo pesar por el asesinato de tres ciudadanos franceses, ocurrido el pasado 29 de octubre en la Basílica de Notre Dame en la ciudad de Niza en Francia, y expresa su más enérgico repudio al ataque terrorista, así catalogado por las autoridades francesas y europeas, perpetrado contra la sociedad francesa.
En los fundamentos de la medida, la oficialista recordó que “este brutal ataque fue perpetrado dentro de la Basílica de Notre Dame, un lugar sagrado para la comunidad católica de esta ciudad costera, situada en la región de los Alpes Marítimos de la Riviera Francesa” y aseveró que fue “un ataque directo contra los valores y creencias de toda sociedad civilizada que debe ser repudiado de forma tajante y sin ambigüedades”.
Sobre esa misma línea indicó que “fue un jueves negro para Francia; además del atentado en Niza, la policía redujo a otro hombre armado en la ciudad de Lyon (Francia) y en Yeda (Arabia Saudí), un vigilante del consulado francés también fue atacado en un hecho que está siendo investigado también bajo la sospecha de haber sido un ataque terrorista”.
Cabe señalar que dos semanas antes de este ataque, también había sido asesinado Samuel Paty, un profesor de secundaria asesinado a la salida del colegio Bois-d’Aulne en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, una tranquila localidad residencial a las afueras de París. El hecho fue catalogado como “acto terrorista” tras comprobarse que el profesor fuera asesinado de forma premeditada. “Paty era profesor de Historia y, al abordar la temática de Libertad de Expresión en una de sus clases, mostró una caricatura de Mahoma de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, hecho que lo sentenció de muerte, el pasado 16 de octubre, a manos de uno de sus estudiantes al salir de la escuela”, destacó Ferrero.
“El mundo sigue siendo desafiado por la barbarie y el terror; vivimos tiempos donde debemos mantenernos unidos en la defensa de la libertad y en el inequívoco repudio al terrorismo en cualquiera de sus formas. Nuestra obligación es condenar los actos que atenten contra dos de nuestros valores fundamentales: la libertad y la vida”, sentenció.
La medida también lleva la firma de Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Juan Facundo Del Gaiso, Natalia Fidel, María Luisa González Estevarena, Reyes y Claudio Romero (VJ).
Se trata de un proyecto de la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, a través de la cual buscará obtener detalles acerca de los contagios que se habrían producido durante las jornadas de revinculación pedagógica.
A pocas semanas de que el Gobierno de la Ciudad estableciera la presencialidad de las clases para los alumnos que no tuvieron conectividad con el colegio, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación y diputada del Frente de Todos (FdT), Lorena Pokoik, impulsó en la Legislatura porteña dos pedidos de informes para indagar sobre los primeros contagios de coronavirus en escuelas, que se produjeron en el marco de las jornadas de revinculación pedagógica.
De esta manera el Ejecutivo porteño deberá responder sobre el protocolo de prevención aplicado en cada institución; si el trabajador/a tuvo contacto estrecho con el personal docente, no docente o miembros de la comunidad educativa de la institución en los últimos diez días; si esto ocurrió deberá informar las acciones realizadas para aislar a dichas personas, como así también las acciones que se llevaron adelante una vez conocido los caso.
En ese sentido, la legisladora señaló que “este 27 de octubre nos enteramos que la casera de la escuela primaria N° 10 D.E. N° 11 Ing. Octavio Pico dio positivo de Covid -19 a raíz de realizarse el test previo a una intervención quirúrgica que tenía programada” y añadió que “también conocimos por diferentes medios, que dos trabajadoras de la escuela Técnica N° 14 D.E. N° 5 Libertad también dieron positivo. Lo grave del caso es que ambas tuvieron contacto con el personal de conducción, docentes y estudiantes”.
Asimismo manifestó que le “preocupa mucho el silencio por parte del gobierno porteño sobre este tema, estos pedidos de informes es un llamado urgente a conocer todos estos datos como así también el estado actual de salud de las y los trabajadores afectados” y precisó que “cada día que pasa queda más en evidencia que este retorno fue solo para la foto y las cámaras de televisión, ya que la implementación de dichas actividades no dejan de ser improvisadas y muy poco planificadas como nos manifiestan los diferentes actores de la comunidad educativa”.
Sobre esa misma línea, Pokoik remarcó que “un dato a tener en cuenta, hasta la fecha 8 instituciones no abrieron sus puertas por falta de insumos de limpieza, y otras 16 por falta de alumnos. Asimismo en una escuela artística se tuvo que suspender la burbuja ya que solo había asistido una sola estudiante”.
“Instamos al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministra de Educación e Innovación, María Soledad Acuña, a que dejen de lado el relato y tomen conciencia de la gravedad de los hechos, dando marcha atrás con la apertura de instituciones educativas”, sentenció la kirchnerista.
La Comisión de Planeamiento Urbano se reunió con representantes de esa institución deportiva, quienes explicaron el alcance del proyecto presentado, el cual prevé cambios en la zonificación del predio ubicado sobre Avenida La Plata.
Tal como lo adelantó parlamentario.com días atrás, la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- comenzó este viernes el proceso de debate acerca de un proyecto de ley a través del cual se buscará avanzar con la construcción de la nueva cancha del club San Lorenzo en el predio ubicado en Avenida La Plata 1600/1700, en el barrio de Boedo.
En el encuentro de modalidad mixta estuvieron presentes varios representantes del club, entre ellos el presidente de esa institución deportiva, Marcelo Tinelli; el vicepresidente, Horacio Arreceygor; y el secretario Miguel Mastrosimone.
El debate de la iniciativa se dio en medio de un fuerte conflicto con los vecinos, ya que una parte de los mismos se manifestó en contra de la misma y exigieron que en el predio se cree un nuevo espacio verde; mientras que otra parte de la ciudadanía expresó su apoyo a la propuesta de San Lorenzo y aseguraron que permitirá reactivar la actividad económica en la zona.
De esta manera quienes se mostraron en contra aseguraron que “una cancha traería ruido, cortes de calles, vibraciones, trapitos y suciedad. Tengo dos hijas adolescentes, estoy muy preocupada, les pido que no avancen con este proyecto” e insistieron en que “los vecinos estamos en contra de que la idiosincrasia de nuestro barrio sea destruida por la llegada de un nuevo estadio, que colapsará aún más los servicios. No a la rezonificación, no al estadio, no queremos esta rezonificación nosotros lo que queremos es más espacios verdes, los cuales ya no alcanzan”.
Mientras que otra parte de los vecinos explicaron que “San Lorenzo no quiere solamente mudar un estadio, quiere volver a darle vida al barrio y no creemos que haya motivos valederos para oponerse a esto” y pidieron que le “restituyan a San Lorenzo lo que la dictadura le robó, sí a la rezonificación; tienen la posibilidad histórica de ayudar a finalizar un proceso histórico, que lleva ya muchísimos años… los socios queremos que esto suceda. La apertura de un nuevo estadio permitirá la creación de nuevos comercios, lo cual también generará muchísimos nuevos empleos”.
De los representantes del club, el primero en tomar la palabra fue Mastrosimone aseguró que “San Lorenzo y Boedo son indisolubles desde 1916, épocas en las que se inauguró el viejo Gasómetro; el barrio fue creciendo a la par del estadio, que se convirtió en un verdadero templo para la zona” y recordó que “hay miles de historias de los vecinos con el club, porque es justamente el club el vecino más antiguo de Boedo. Les pedimos que piensen en lo que nos pasó: nos arrebataron nuestro lugar, nuestro estadio, nuestro barrio… la excusa fue que se iban a abrir calles y construir una escuela, algo que nunca ocurrió”.
“Las nuevas generaciones queremos recuperar nuestra identidad y pertenencia, lo queremos por nosotros y por nuestros antepasados”, manifestó y recordó que para recuperar las tierras en donde se irguió el antiguo estadio, los hinchas compraron un simbólico metro cuadrado. También detalló una serie de actividades sociales y de beneficencia que llevaron a cabo en los últimos años.
Asimismo remarcó que “estamos presentando un proyecto superador, que nos llevó varios años poder hacerlo; es un proyecto integral que impactará muy positivamente en Boedo y barrios aledaños, e inclusive creemos que tendrá impacto para toda la Ciudad” y aseguró que la rezonificación permitirá que “no gane la impunidad de la dictadura”.
En tanto el protesorero del club, Sergio Constantino, indicó que “queremos ser el primer club de la Argentina que lidere un proceso coparticipativo plural, innovador y cercano donde las ideas, inquietudes, experiencias y opiniones de los vecinos, vecinas y organizaciones sociales construyan con el club un vínculo de confianza para desarrollar un proyecto integral que mejore el barrio” y destacó que “este proceso participativo llevó a que se realizaran 17.653 llamados telefónicos y 4.350 encuestas”.
Al mismo tiempo que detalló que de las reuniones que realizaron con los vecinos se obtuvo como resultado que la mayor preocupación tiene que ver con la seguridad, así como también con la creación de nuevos puestos de trabajos y comercios. Además destacó que tras los encuentros, el 73% de los vecinos consideraron que en el barrio hacía falta un proyecto integral.
“Boedo pide honrar el legado y su historia barrial; los vecinos esperan más que un estadio, quieren espacios de recreación y que les permita realizar actividades culturales; construir en comunidad un proyecto integral; más inversión social y empleo; y más espacios verdes”, señaló.
Sobre esa misma línea Constantino aseguró que “será la inversión privada más grande de los últimos años ya que se generarán 1500 puestos de trabajo, se invertirán 80 millones de dólares, participarán 42 gremios, entre otras cuestiones”.
Durante la reunión Manuel Socías (FdT) –el legislador que levantó el proyecto del club- explicó que “este proceso lleva ya más de cuarenta años y hoy estamos entrando en esta etapa final. La Legislatura ya se puso de acuerdo en que San Lorenzo tiene que volver a los predios de Av. La Plata, esto no es un dato menor; la expropiación de ese predio no le costó un peso a la Ciudad, lo pagaron sus socios, quienes lo hicieron por amor y eso no puede soslayarse” y destacó que “vamos a tener un nuevo Boedo gracias al proyecto que está proponiendo San Lorenzo, hace años que la zona sur no tiene una inversión tan grande”.
Además otros diputados realizaron diversas preguntas técnicas para los representantes del club, a quienes les consultaron sobre la forma en la que se dispondrían los accesos al estadio, como se erguirían los nuevos espacios verdes, entre otras cuestiones.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Ana María Bou Pérez, Cristina García, Agustín Forchieri, Carolina Estebarena, María Luisa González Estevarena, Jorge Apreda, Gonzalo Straface, Hernán Reyes, Esteban Garrido, Cecilia Ferrero, Daniel Del Sol, Guillermo Suarez, María Sol Méndez (VJ), Claudia Neira, Matías Barroetaveña, Manuel Socías (FdT), Ariel Álvarez Palma, Martín Ocampo, Inés Gorbea (UCR-Ev) y Sergio Abrevaya (GEN).
El proyecto
El futuro estadio comenzó a gestarse en el año 2012 con la Ley de Restitución Histórica que aprobó la Legislatura por unanimidad, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de Avenida La Plata Nº 1624, entre Las Casas e lnclán, en la Comuna 5.
La intención de San Lorenzo no es avanzar solamente en la construcción de un nuevo estadio de fútbol, hecho que podrá realizarse una vez que se apruebe el proyecto, sino que el club propone potenciar el barrio y sus alrededores, con el desarrollo de un Polo Social, Cultural y Deportivo que abarcaría a la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco).
Se contempla una nueva cancha, con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.
Según establece el proyecto el club también agrandará el cupo de becas para chicos y adolescentes de bajos recursos y crecerán los talleres sociales, que actualmente desarrolla para la comunidad de las zonas aledañas al Estadio “Pedro Bidegain” abarcando primera infancia, alumnas madres y apoyo escolar.
En función de esto, el texto plantea que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.
Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.
En este caso se permitirá que las construcciones alcancen hasta un 60% del total de la zona y contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.
Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.
En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.
NOTICIA EN DESARROLLO
La iniciativa impulsada por el FdT también prevé que las mismas sean de mano única y se conecten con puntos turísticos, comerciales y recreativos del distrito.
El diputado del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte, Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a ampliar la actual red de ciclovías en avenidas de la Ciudad de Buenos Aires y que solamente sean mano única.
También se busca establecer un criterio para ampliar la red para que se conecte e integre la Ciudad y que vecinos y organizaciones participen delineando circuitos turísticos, comerciales y/o recreativos en todas las comunas. Además la iniciativa contempla la publicación trimestral en el Boletín Oficial de la Ciudad sobre el plan de ampliación, readecuación y/o remoción de ciclovías, bicisendas y ciclocarriles que componen la Red Integral y Permanente para la Circulación de Bicicletas, además de las estaciones de distribución y estacionamiento de unidades del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB).
En los fundamentos del proyecto, Valdés expresó que “el auge de la utilización de la bicicleta como medio de transporte es un fenómeno al que asistimos en todas las grandes ciudades del mundo” y aseguró que “con motivo de la pandemia, gran parte de la sociedad intenta evitar el uso del servicio de transporte público en trenes, subtes y colectivos, entendiendo a la bicicleta como la mejor alternativa”.
“Este fenómeno no es ajeno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el uso de la bicicleta como medio de transporte creció más del 100% respecto al año anterior; por eso entendemos necesario poner en discusión y modificar el paradigma sobre el que está construida la infraestructura del Sistema Público de Bicicletas de la Ciudad”, detalló.
Sobre esa misma línea, el legislador explicó que “es imprescindible plantearnos que hoy la bicicleta ya no es solamente una alternativa de transporte frente a los demás servicios de transporte público, sino que es una realidad de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que utilizan este medio para trasladarse a sus lugares de trabajo” y aseveró que “la prioridad debe ser la construcción de ciclovías sobre avenidas que permitan una mejor conectividad y capacidad de flujo entre las distintas zonas de la Ciudad hacia el Microcentro porteño, así como, entre Norte y el Sur”.
Para finalizar Valdés sostuvo que con esta iniciativa “proponemos consolidar diferentes circuitos turísticos, recreativos y comerciales en todas las Comunas porteñas” y consideró que es un “trabajo para el cual es esencial la articulación con las diferentes autoridades comunales, asociaciones civiles, cámaras de comerciantes, trabajadores/as y vecinos/as en su totalidad, garantizándoles plena participación en el proceso de planificación y consolidación de dichos circuitos, lo cual también va a fomentar una mayor apropiación del espacio público y conciencia en su uso”.
“Buscamos jerarquizar y realizar un adecuado seguimiento de las políticas públicas que hacen a la movilidad en bicicleta, entendiendo que se trata de una de las directrices que la Ciudad de Buenos Aires debería adoptar”, sentenció.
Se trata de una propuesta de los legisladores del FdT impulsaron un proyecto de ley que busca atender a la situación económica que atraviesan las asociaciones civiles, a raíz de la pandemia del coronavirus.
A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó un proyecto de ley a través del cual buscará eximir del pago de deudas por Ingresos Brutos (IIBB) de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de fomento y cualquier otra figura de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
La iniciativa plantea condonar las deudas que estas asociaciones hayan contraído hasta el 1 de octubre de este año, cuyo monto sea menor a las cinco mil unidades fijas –es decir, 107 mil pesos-, en el estado en que se encuentren (pendientes, judicializadas o en proceso de serlo).
En tanto para quienes registren deudas superiores a las cinco mil unidades fijas, el texto prevé generar un plan para la financiación de las referidas deudas, a sola firma, en 24 cuotas iguales y consecutivas, a tasa 0% y con un período de seis meses de gracia para el pago del primer vencimiento.
De esta manera, en los considerandos de la iniciativa, Roberto recordó que “si bien no hay un organismo que pueda registrar palpablemente la cantidad de ONGs que se encuentran en actividad, por la información recabada en distintas reuniones que mantenemos con muchas de ellas, podemos estimar que hay aproximadamente entre mil y dos mil en actividad, de las cuales un importante porcentaje (alrededor del 80%) se encontraría con problemas en sus estados contables en relación a los Ingresos Brutos”.
Asimismo señaló que “las deudas de las que estamos hablando son iguales o menores cinco mil unidades fijas equivalentes al presente a unos 110 mil pesos; el impacto en el presupuesto sería de unos 90 millones de pesos que, prorrateado en 12 meses daría un importe mensual de unos 7.5 millones de pesos (el impacto total sería de un 0,018% del presupuesto de la Ciudad)”.
“La pandemia, obviamente, contribuyó al empeoramiento general de la situación y provocó que alrededor de 250 mil porteños y porteñas de clase media cayeran en la pobreza. Según la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de la Ciudad la indigencia alcanza al 15,70% y la pobreza al 33,6% de los porteños y porteñas al segundo semestre de 2020”, aseveró Roberto concluyó señalando que “en lo que respecta al trabajo, el nivel de desocupación en la Ciudad es el más alto desde el 2002. En el segundo trimestre de 2020 el promedio subió al 14,7% pero en la zona sur llegó al 21% y en las mujeres al 15% (DGEC). Además de esto, en la Ciudad de Buenos Aires se perdieron entre marzo y junio más de 56 mil puestos de trabajo (Centro de Estudios Metropolitanos – CEM)”.
La medida también lleva la firma de la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), y el legislador Matías Barroetaveña (FdT).
La ley fue sancionada por unanimidad, lo que permitirá que las instituciones deportivas inscriptas en el RUID no paguen ese tipo de impuestos hasta fin de año.
Los legisladores de la Ciudad aprobaron –este jueves- por unanimidad la eximición del pago de los Derechos de Delineación y Construcción , Tasa por Servicio de Verificación de Obra y el Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, establecidos en Código Fiscal, a todas aquellas entidades deportivas sin fines de lucro inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).
La normativa también plantea la condonación de esos impuestos cuyo hecho imponible se hubiere configurado desde entre 2015 al 2020, ambos inclusive, que regularicen la o las obras en contravención, de acuerdo al Código de Edificación aprobado por la Ley Nº 6.100, antes del 31 de diciembre de este año.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “la inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas constituye un requisito indispensable para acceder a los programas, subsidios, y cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico recreativas” y remarcaron que “la norma proyectada contempla exenciones por el plazo de un año, a todas las instituciones deportivas sin fines de lucro inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, con el objeto de incentivar la realización de mejoras en la infraestructura deportiva de la Ciudad y profundizar la legislación que fomenta el deporte”.
Durante el debate, el diputado Matías López (VJ) explicó que “los clubes siempre tienen problemas de espacio y van creciendo en la medida que pueden, lo hacen con mucho esfuerzo y ayuda del Estado, los vecinos y sus socios” e indicó que “no se hace de manera planificada u organizada, se hace cuando se puede… hay muchas historias en las que se cuenta que se hacían fiestas y la entrada eran ladrillos o material”.
Por su parte Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que viene “impulsando la reactivación económica con las desgravaciones impositivas y las habilitaciones para poder trabajar. En este caso, los clubes quedan eximidos de pagar por obras y refacciones que estuvieron haciendo; si no han podido trabajar, no se les puede cobrar” y consideró que “hay que intentar, incluso, buscar alguna desgravación más y seguir ayudando a los clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires que hacen un gran trabajo local”.
En ese mismo sentido, el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) recordó que “el apoyo a los clubes de barrio es una política que venimos sosteniendo hace varios años, creemos que hay que impulsarlo aún más, por eso apoyamos este tipo de medidas” y aseveró que “ahora tenemos que avanzar con la condonación de las deudas que en estos meses de cuarentena han contraído, eso requiere un gran compromiso del Gobierno nacional”.
Los diputados aprobaron por unanimidad una normativa que incorpora la perspectiva de género a la composición del Consejo Asesor del Deporte, comisiones directivas de los clubes y otras instituciones deportivas.
En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura sancionó por unanimidad una serie de modificaciones a la Ley N° 1624 del Deporte Amateur y Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de garantizar la equidad de género en el ambiente deportivo.
De esta manera, el texto recientemente aprobado incorpora la perspectiva de género en la asignación de recursos provenientes del Fondo del Deporte y modificando la composición del Consejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva, al igual que la integración de las Comisiones Directivas de los clubes y asociaciones deportivas, estableciendo la equidad de género en la representación, la cual deberá alcanzarse de manera progresiva en un plazo de cinco años.
Además, propone un incentivo para aquellas instituciones que vayan alcanzando la paridad, las cuales tendrán preferencia en la asignación de los recursos del Fondo del Deporte; hasta el tercer año, contarán con este beneficio aquellas que acrediten un cupo de 30% de mujeres y, durante el cuarto y quinto año de vigencia de la ley, ese piso se elevará al 40%.
El objetivo es promover la igualdad y representación de las diferentes identidades de género en el ámbito deportivo, así como garantizar la participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de su identidad sexo-genérica.
Además de propiciar políticas de acción afirmativa a modo de fomentar la participación equitativa de las mujeres y disidencias en la vida política de las instituciones deportivas, introducir en la infraestructura de las instituciones normas de uso y accesibilidad que contemplen a todas las identidades de género y promuevan la no discriminación y la erradicación de la violencia.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida el oficialista Matías López (VJ) explicó que “es una modificación histórica, es establecer una política pública para incentivar y promover la participación de las mujeres en las entidades deportivas, para que puedan tener lugares de lidezargo”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Turismo y Deporte, Claudio Morresi (FdT), precisó que “va a ser un cambio sumamente importante en nuestra sociedad, va a ser muy importante porque incorpora la perspectiva de género y garantiza el pleno desarrollo y participación de las personas sin distinción de su sexo o género” e indicó que “uno se ilusiona mucho cuando mañana otros tantos luchadores por la diversidad van a estar en un club, no van a ser discriminados”.
En tanto Marta Martínez (AyL) aseguró que esta ley “no cumple con la equidad de género porque poco cumple sobre fomentar el acceso al deporte, está basado en una construcción patriarcal que tiene que ver con cuales deportes son los que pueden hacer mujeres y hombres” y consideró que “si bien se habla de entidades sexogenericas, pero a la hora de conformar las comisiones están tomando en cuenta solo a las mujeres… por lo cual solo se fomenta el acceso de las mujeres”.
Al mismo tiempo que la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), “es excelente que hayamos podido avanzar con este proyecto, la cual venía siendo hace mucho tiempo construida por muchas mujeres que querían que se incorpore esta perspectiva” y recordó que “las mujeres y las disidencias somos más de la mitad de la población, es por eso que tenemos que avanzar en este sentido”.
El cuerpo parlamentario aprobó una declaración en la que homenajearon al ex presidente de la Nación, quien falleció el 27 de octubre de 2010 mientras se realizaba el Censo Nacional.
A raíz de una iniciativa impulsada por los legisladores del Frente de Todos (FdT), la Legislatura de la Ciudad homenajeó al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner en el marco del décimo aniversario de su fallecimiento, el cual ocurrió el 27 de octubre de 2010 mientras en el país se realizaba el censo.
En los fundamentos de la medida, los diputados recordaron que “a lo largo de su carrera, intendente de Rio Gallegos, tres veces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y primer mandatario de la Argentina, pasó a la inmortalidad marcando un antes y un después en la historia de nuestra Nación” y destacaron que su deceso se produjo “como consecuencia de un paro cardiorespiratorio”.
“Su salud venia deteriorada producto del estrés por el ritmo de su vida que, a pesar de las recomendaciones, nunca pudo modificar. En febrero de ese año había sido operado de la carótida y en septiembre había sido sometido a una angioplastia, pero su pasión por la política y su compromiso con los asuntos de la Argentina, quien por entonces era conducida por Cristina Fernández, no le permitieron priorizar su propia salud”, detallaron.
Al mismo tiempo que manifestaron que “la vida de Néstor Kirchner marcó la historia de la Argentina, recuperó el valor de la política como herramienta para la transformación de la sociedad e incorporó al debate público a nuevas generaciones”.
En el homenaje que se llevó a cabo en el recinto, la kirchnerista Lorena Pokoik (FdT) aseguró que Néstor “fue un hombre que, sin dudas, marco uno de los grandes capítulos de la historia argentina y en Latinoamérica” y remarcó que “la democracia estaba debilitada, los índices económicos y de pobreza requerían de la convicción y audacia que solo los grandes líderes tienen, él lo tenía en claro y sabía que había que romper con los viejos paradigmas. Asumió la difícil tarea de generar un cambio de rumbo y lo hizo hacía la dirección correcta”.
En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) afirmó que como bloque “no coincidimos con el rol histórico que se le da al ex presidente Kirchner, pero votamos a favor en el marco de los principios que enarbola nuestro partido político: y ese es el de la soberanía popular” y reconoció que “Néstor fue un presidente constitucional, electo por el pueblo y es parte de la historia que nos define como nacionalidad”.
Mientras que el diputado Javier Andrade (FdT) expresó que “Néstor no beneficio solamente a un sector de la ciudadanía, lo que logró fue poner a la política en el centro de la escena de nuestra Argentina y eso fue un beneficio para el conjunto de los partidos políticos, para la militancia” y concluyó señalando que “después de la crisis del 2001 contar con un presidente que puso por delante la política, permitió que –entendiendo la fragmentación y crisis de representación- se pueda comprender lo que pasaba en la Argentina y sentar nuevas bases, las que permitieron una mejora integral del país”.
Los diputados porteños destacaron la realización del Plebiscito Nacional 2020, con el objetivo de decidir el proceso y los mecanismos a través del cual ese país redactará una nueva Constitución.
A menos de una semana de que Chile realizara el Plebiscito Nacional 2020, la Legislatura porteña aprobó –en la sesión ordinaria de este jueves- una declaración en la que celebraron la decisión del pueblo chileno de avanzar en la determinación del proceso y mecanismo para redactar una nueva Constitución.
Asimismo, celebraron el resultado favorable y que se instituya como el primer proceso constituyente con paridad de género de la historia. Al mismo tiempo le desearon “al pueblo chileno un camino virtuoso en la búsqueda de una nueva carta magna más justa y equitativa para todos sus habitantes”.
En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “el pasado 25 de octubre en el plebiscito nacional por la reforma constitucional de Chile, su pueblo expresó la categórica decisión de eliminar los últimos restos del legado dictatorial y dar inicio a un cambio político y social histórico” y precisaron que “de acuerdo a los datos del Servicio Electoral de Chile, poco más del 78% de los votos emitidos optaron por la opción de ‘apruebo’, reafirmando así la voluntad de un pueblo que hace meses se moviliza en las calles para terminar definitivamente con un modelo constitucional que hace 40 años le fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet”.
Y si bien la Constitución establecida por Pinochet fue modificada en reiteradas oportunidades, los diputados consideraron que “la definitiva redacción de una nueva Constitución Nacional será un paso más en la construcción de un país más democrático y transparente”.
“La elección de una Convención Constitucional compuesta íntegramente por miembros elegidos para este propósito -y no una Convención Mixta conformada por una mitad de legisladores con mandato vigente- solo puede interpretarse como una demanda por un cambio de raíz que buena parte de la clase dirigente chilena se ha mostrado reacia o incapaz de resolver por demasiado tiempo”, sentenciaron.
Los legisladores porteños aprobaron un proyecto de resolución, a través del cual buscarán obtener precisiones acerca del presupuesto que se destinará a esa institución para el próximo año, su vinculación con otras Casas de altos estudios, entre otras cuestiones.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, los diputados de la Ciudad aprobaron un pedido de informes a través del cual le solicitarán al Gobierno porteño mayores precisiones acerca de la creación de la UniCABA y la forma en la que articulará su trabajo con otros terciarios y Casas de altos estudios.
De esta manera pidieron que se especifique el presupuesto con el que la Universidad contó este año y el previsto para el 2021; si recibe subsidios de ONG y si habrá cambios en las readecuaciones presupuestarias debido al aislamiento social preventivo. Mientras que en relación a su vínculo con otras instituciones, los legisladores pidieron que se detalle con que terciarios o universidades se prevé establecer una relación; que se informe cuál será la relación de dicha universidad con los institutos de formación docente y si la UniCABA tiene relación con la Universidad con el Parque de la Innovación.
En cuanto a la apertura del profesorado de educación primaria, se solicitó información acerca de la matricula prevista para el 2021; el presupuesto previsto, fuente de financiamiento y el programa; el proceso de confección del plan de estudio; el perfil del egresado/a, el título obtenido y las incumbencias del mismo.
Mientras que en relación con la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas también pidieron detalles acerca del plan de estudio y el presupuesto que se destinará a esa carrera. Al mismo tiempo que exigieron que se destalle el listado completo de las carreras de grado, posgrado y postítulo que se implementarán en la Universidad.
Además pidieron información acerca de si se cobrará algún tipo de arancelamiento, que viene muebles conforman en la actualidad el patrimonio de la UniCABA, si se planea una beca estudiantil, entre otras cuestiones.
La Legislatura porteña se reúne desde las 12.07 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria un proyecto de ley que busca reducir el pago de tasas, impuestos o aranceles por obras realizadas en sus instalaciones con el propósito de ampliar la oferta de actividades a los socios y vecinos.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.07 para debatir una serie de proyectos de ley vinculados a las actividades deportivas y los clubes y asociaciones barriales donde se desarrollan. Así como también otras iniciativas destinadas a generar una mayor equidad de género.
Por un lado se votará un proyecto de Matías López (VJ), consensuado en la Comisión de Turismo y Deportes, que preside Claudio Morresi (FdT), destinado a eximir a los clubes de barrio y asociaciones similares sin fines de lucro del pago de tasas, impuestos o aranceles por obras realizadas en sus instalaciones con el propósito de ampliar la oferta de actividades a los socios y vecinos.
El objetivo de la iniciativa es aliviar la carga de gastos de esas entidades civiles y facilitar la normalización sin costos las obras realizadas, proyectadas o en ejecución. Por tratarse de excepciones a disposiciones del Código Fiscal, intervino en tema la Comisión de Presupuesto.
La otra iniciativa de ley es de Morresi, con el acompañamiento de su bloque y dictamen conjunto con las comisiones de Presupuesto y de Mujer. Es una propuesta de modificación a la ley de deportes de la Ciudad para incorporar preceptos que impulsen y obliguen a aplicar políticas de igualdad de género tanto en el acceso de las personas a las actividades deportivas y a las competencias afines, cuanto a la participación femenina en las comisiones directivas y otros órganos de conducción de los clubes y demás entidades civiles vinculadas a lo deportivo y social.
Se trata de un paquete de iniciativas vinculados a asistir a los emprendimientos de la economía social y popular, en el marco de la crisis agravada por la pandemia.
Debido a que el aislamiento social ya se extendió por más de siete meses y a causa de la crisis económica que se vio profundizada a raíz de la pandemia, la Legislatura porteña comenzará a debatir en los próximos días un conjunto de proyectos vinculados a asistir a los emprendimientos de la economía social y popular, entre ellos, el de la legisladora Laura Velasco y el presentado la semana pasada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.
Es así que Velasco explicó que una ley de asistencia a la economía social y popular debería incluir, cinco puntos básicos: la creación de un Fondo de Emergencia con recursos públicos y privados; el acceso al crédito para el desarrollo productivo; prioridad para estos emprendimientos en la provisión de bienes y servicios para la Ciudad; espacios físicos y subsidios en las tarifas de servicios públicos para el fomento de la producción; capacitación técnica para los trabajadores; y un Consejo Asesor conformado por representantes de las organizaciones que realice un seguimiento de la implementación de la ley.
Asimismo manifestó que “la acuciante situación que se vive en nuestros barrios, donde surgen y se desarrollan la mayoría de estos emprendimientos productivos frente a la imperiosa necesidad de ganarse el mango para sobrevivir, precisa una respuesta urgente” y remarcó que “por eso celebramos que el Ejecutivo porteño haya escuchado los reclamos y decidido avanzar en la sanción de una ley para la Economía Social y Popular”.
Al mismo tiempo que rememoró que bajo la consigna “Somos Esenciales”, las organizaciones sociales sostuvieron un reclamo de asistencia para el sector de la economía que menos resto tiene para sobrellevar la pandemia. “Fue a partir de estas demandas que nos pusimos a trabajar, desde la Legislatura porteña y junto a las organizaciones, en una propuesta que permita sostener estas fuentes de trabajo, que representan el único ingreso para miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Velasco.
“Nos referimos, en la mayoría de los casos, a las formas en que los sectores más vulnerados de la sociedad organizan el trabajo; cooperativas textiles, gastronómicas, y todo tipo de emprendimientos productivos y comerciales que también requieren asistencia financiera, económica, técnica y profesional para poder buscar alternativas y sortear de la mejor manera esta pandemia”, detalló y concluyó señalando que “vamos a seguir trabajando dentro de la Legislatura, en los barrios y en la calle, junto a las organizaciones sociales, para que este año el Fondo para la Economía Social y Popular sea ley”.
El legislador Juan Manuel Valdés (FdT) impulsó un proyecto de ley para que en el ámbito legislativo de la Ciudad se conforme dicha comisión, a fin de obtener precisiones sobre el incendio y derrumbe que provocó la muerte de diez personas.
Tras haberse reunido con los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una “Comisión Investigadora sobre el incendio y consecuente derrumbe de un depósito de la empresa Iron Mountain”.
Dicha comisión tendrá como función determinar si hubo responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el depósito de la empresa Iron Mountain.
La misma podrá requerir información, expedientes, documentación, peritajes o cualquier otro material de interés al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Entes Autárquicos de la Ciudad, así como recibir declaración de autoridades, funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Entes Autárquicos; puede también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su cometido.
De acuerdo al texto, la comisión deberá estar integrada por 17 diputados, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas; la misma será presidida por un legislador representante de la primera minoría, un vicepresidente y un secretario, electos por los miembros.
A su vez plantea que en el marco de la investigación, toda información requerida por la comisión al Poder Ejecutivo debe ser suministrada en un plazo no mayor a los diez días desde el momento de su recepción.
En los fundamentos de la medida Valdés recordó que la tragedia que se cobró la vida de diez personas ocurrió el 5 de febrero de 2014 en la calle Azara 1245, del barrio de Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Desde que ocurrió hasta el día de hoy la investigación judicial en curso ha ido adquiriendo diferentes caminos, pero la única línea conductora es que quienes han perdido familiares en Iron Mountain aún no han encontrado justicia”, manifestó en los fundamentos del proyecto.
Al mismo tiempo rememoró que en mayo de 2018 “un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional les quitó la posibilidad de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de sus seres queridos” y precisó que “tras una larga lucha de ellos y ellas, junto al apoyo de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires lograron que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal revocara la decisión, habilitando nuevamente a que sean parte de la causa”.
“Como cuerpo debemos contribuir al esclarecimiento de este hecho ya que es de público conocimiento que el expediente de habilitación de la empresa Iron Mountain 58541/07 nunca fue encontrado en su formato original por lo que no podemos saber a ciencia cierta en qué condiciones de seguridad estaba funcionando el depósito cuando se incendió”, concluyó.
La iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque FdT, Claudio Ferreño, y las legisladoras Victoria Montenegro, Claudia Neira, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
Se trata de una propuesta de los alumnos de la escuela Cristiana Evangélica Argentina, a través del cual prevén que se generen lugares de juegos sensoriales y adaptados en plazas y parques el distrito.
A fin de garantizar la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), los alumnos de la escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA) que participaron en el programa “La Legislatura y la escuela” presentaron un proyecto de ley a través del cual pidieron que se generen en la Ciudad espacios públicos recreativos adaptados para personas con TEA.
El proyecto de ley presentado por los estudiantes estipula que se creen en los espacios verdes “áreas recreativas al aire libre y contarán con juegos especializados para los niños con estas características, tales como entretenimientos sensoriales y algunos juegos tradicionales adaptados” y establece que en la Ciudad debe haber cuatro de estos espacios.
Asimismo pidieron que se realice una prueba experimental en el parque Carlos Mugica, a los efectos de evaluar adecuadamente los potenciales beneficios sociales de su implementación.
En los fundamentos de la medida, los chicos explicaron que “es indiscutido que todo niño merece su momento y lugar de esparcimiento, respetando lo enunciado en la Declaración de los Derechos del Niño, y como todos los niños por igual tienen esos mismos derechos” y recordaron que tanto en la Constitución Nacional y de la Ciudad “se menciona la importancia del mismo trato para las personas que tienen alguna discapacidad”.
Sobre esa misma línea afirmaron que “dado que no existe ningún espacio orientado específicamente para los niños con TEA consideramos de suma importancia la implementación de estos patios como espacios de recreación, donde se les pueda brindar su momento y lugar de esparcimiento pensando en el desarrollo de sus capacidades a través del juego”.
“Con la creación de los espacios propuestos lograríamos que los niños con TEA puedan disfrutar de sus derechos, generando un espacio donde puedan recrearse libremente, y asimismo maximizar sus posibilidades de integración y desenvolvimiento social”, concluyeron.
Se trata de una propuesta del radical Ariel Álvarez Palma, quien explicó que “las personas que nacen a través de gestación solidaria o por sustitución tienen los mismos derechos que las demás”.
Con la intención de garantizar el derecho a la identidad de los recién nacidos, el legislador de la UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual prevé regular en la Ciudad la inscripción de los niños nacidos a través de gestación solidaria o por sustitución.
De acuerdo al proyecto, el registro de los nacimientos deberá ser llevado a cabo sin efectuar discriminación alguna de género y priorizando el interés superior del niño o niña a estar debidamente inscriptos por quienes hayan manifestado voluntad procreacional. Es así que se deberá acreditar, al momento del registro tanto el nacimiento como la voluntad procreacional de los solicitantes expresada de forma previa, libre e informada.
Al mismo tiempo que deberá quedar documentado que la persona gestante hubiera expresado no tener voluntad procreacional. Los documentos deberán ser presentados al momento de la inscripción debidamente legalizados, de esta forma quienes manifiesten la voluntad procreacional serán incluidos en el acta de nacimiento; mientras que la información de la persona gestante será asentada en el legajo correspondiente al acta mencionada.
Al respecto de la iniciativa, Álvarez Palma explicó que “en la actualidad cuando ambos padres son varones la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil de la Ciudad producidos a través de técnicas de reproducción humana medicamente asistida, de alta complejidad o de gestación solidaria, depende de una medida cautelar cuya vigencia futura se desconoce” e indicó que su “objetivo es que el interés superior de las niñas y niños sea contemplado por una ley que asegure su cumplimiento y evite toda discrecionalidad, porque todos y todas deben tener los mismos derechos”.
Sobre esa misma línea señaló que “la preservación de los datos en el legajo es para resguardar el derecho del niño o niña a conocer su identidad por razones debidamente fundadas, evaluadas por una autoridad judicial, en los términos del artículo 564 del Código Civil y Comercial de la Nación” y advirtió que “con esta acción se deja constancia además de datos médicos del o los donantes en caso de que en un futuro la historia genética de los niños y las niñas sea relevante por cuestiones referentes a su salud”.
“Respecto de la inscripción de las y los menores nacidos fuera del ámbito de la Ciudad, los y las solicitantes deberán presentar el acta de nacimiento original donde conste la fecha y lugar del nacimiento y la firma del médico. Si el nacimiento se produjera fuera de los centros de salud sin intervención médica y se acreditan las razones, la inscripción se realizará normalmente previa intervención del Ministerio Público Tutelar”, sentenció el legislador porteño.
El proyecto aguarda a ser aprobado en la Legislatura porteña, el busto ya está listo para ser ubicado en el espacio público pero por el momento aguarda en un local de La Cámpora en Caballito.
En el marco del décimo aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, el senador Mariano Recalde pidió que avance en la Legislatura porteña la aprobación de un proyecto de ley que busca emplazar un busto del ex mandatario en Parque Centenario, en la intersección de las avenidas Díaz Vélez y Patricias Argentinas.
La iniciativa fue propuesta por los comuneros de La Cámpora del Consejo Comunal 6 en Caballito, y la acompañaron los cuatro comuneros que representan a Juntos por el Cambio. El texto en cuestión ya fue presentado en el Parlamento de la Ciudad pero aún no fue debatido por los legisladores, por lo que aguarda por su llegada al recinto.
No obstante, el busto que homenajea Kirchner ya está listo y se pueden ver sus fotografías en las redes sociales, pero hasta que la Casa logré sancionar la medida y autorizar su emplazamiento en el espacio público, la pieza continuará aguardando en un local partidario de La Cámpora en Caballito.
Fue el propio senador quien compartió las postales y aseguró: “el barrio de Caballito tiene el primer busto de Néstor Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. Un hermoso homenaje a 10 años de su partida”.
Se trata de un proyecto impulsado por Vamos Juntos, a través del cual se exigirá que el nombramiento de calles y espacios públicos respete la paridad de género.
Las legisladoras de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán modificar la Ley Nº 83, a fin de que los nombres que se impongan a las calles y lugares públicos observen la perspectiva de género, a fin de que se exprese una mayor representatividad de las mujeres en ese sentido.
La iniciativa también establece que “como medida de acción positiva y hasta lograr mayor representatividad de mujeres en la nomenclatura urbana, se priorizarán aquellos nombres que las representen”.
En los fundamentos del proyecto, las diputadas aseguraron que a través de la misma prevén “lograr mayor presencia de las mujeres en los espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y recordaron que “en la actualidad, sobre un total de 517 espacios verdes públicos y 2068 calles de la Ciudad que hacen referencia a personas, solo el 17% de los espacios verdes y el 10% de las calles tienen nombre de mujer, según datos que surge de Dirección General de Opinión Pública de la Subsecretaría de Comunicación del Gobierno de la Ciudad”.
Asimismo detallaron que “la mayoría de ellas se encuentra en una de las zonas más nuevas de la ciudad de Buenos Aires: Puerto Madero; con 27 arterias femeninas que remiten a revolucionarias que lucharon contra los prejuicios de su época y que defendieron la libertad y la independencia, es el barrio que concentra la mayor cantidad de nombres de mujeres notables”.
“La necesidad de visibilizar a las mujeres en las calles y espacios públicos de nuestra ciudad es un paso importante para sentar las bases de un cambio cultural que consolide la igualdad de género, en consonancia con la normativa internacional y nacional vigente, que establecen la obligación del Estado de impulsar medidas para cambiar las actitudes sociales y culturales, eliminando los prejuicios y las prácticas cotidianas de discriminación hacia las mujeres”, sentenciaron.
El texto lleva la firma de Victoria Roldán Méndez –autora del proyecto-, Ana María Bou Pérez, Merces De Las Casas, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, María Luisa González Estevarena, María Sol Méndez, Paola Michielotto, Lucía Romaro y Gimena Villafruela.
Los diputados del FdT presentaron un proyecto de resolución a través del cual solicitaran precisiones acerca del episodio que originó la rotura de las ruedas del coche y del andén de la estación Independencia.
Luego de que se viralizara en las redes sociales un video en el que se puede ver el descarrilamiento de una formación de la Línea E, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual exigirán precisiones sobre la colisión que se produjo el pasado 20 de octubre en la estación Independencia, cuando se produjo la rotura de las ruedas del coche, haciendo que el tren se salga de las vías y colisione con el borde del andén.
De esta manera, los diputados pidieron que se individualice a los coches que integraban la formación que descarriló, a fin de identificar cual es el coche que presuntamente sufrió una falla en el bogie; la antigüedad, uso y kilometraje del mismo; el ciclo de vida útil de cada coche, según la recomendación del fabricante; y la cantidad de mantenimientos realizados en cada unidad.
También solicitaron información acerca sobre en qué fecha se realizó el último control del estado de vigas, durmientes y trocha de la Estación Independencia de la Línea E de subterráneos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Cecilia Segura, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).
Reunión con metrodelegados
A raíz de este incidente, Ferreño, Segura y Javier Andrade (FdT) se reunieron con los metrodelegados para conocer la inversión y planificación que lleva adelante la gestión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la red de subterráneos y sobre el descarrilamiento de la formación de una unidad de la Línea E.
Durante el encuentro, los metrodelegados insistieron en que “si la formación, que se encontraba circulando con pasajeros, hubiera descarrilado en el túnel o al cruzarse con otro tren de sentido contrario, podría haber sido una tragedia” y advirtieron que “la falta de inversión en el subte de la Ciudad se observa en formaciones obsoletas, con presencia de amianto que deben dejar de circular a la brevedad”.
En ese sentido el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli, aseveró que “lo más urgente es la renovación de la flota. Deben retirar todas las formaciones con amianto que son obsoletas, como la que descarrilló” y explicó que “el que se descarriló, es un tren que no estaba en condiciones de circular, estuvo parado desde marzo. Estuvo meses apagado desde el inicio de la pandemia y descarriló por falta de mantenimiento”.
Mientras que Segura concluyó señalando que “desde el Frente de Todos acompañamos el reclamo de los metrodelegados e instamos a Metrovías, a SBASE y al Gobierno de la Ciudad a que realicen las inversiones necesarias para que el subte sea un transporte seguro y eficiente, tanto para sus trabajadores como para los pasajeros”.
Se trata de un proyecto del FdT que propone un paquete de medidas de auxilio que incluyen exenciones impositivas, créditos blandos y subsidios para afrontar el pago de salarios y tarifas.
Debido a la crisis económica que afrontan tras más de siete meses cerrados a causa de la pandemia del Covid 19, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual solicitarán la creación del “Programa de Protección y Asistencia Económica”, destinado a asegurar la subsistencia de los sectores constituidos en salones privados de eventos y de fiestas, centros culturales y gimnasios deportivos.
Entre las medidas económicas que propone la iniciativa, se encuentra una exención del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y el ABL mientras dure la actual emergencia y se condona la deuda generada desde que se inició la emergencia económica. Además plantea que se establezca un subsidio por seis meses sobre el 50% sobre la facturación total en el pago de las tarifas de agua, gas y electricidad que correspondan al uso de sus instalaciones.
El texto también plantea la creación de una línea de crédito a tasa cero, cuyo monto dependerá de la categoría en la que el beneficiario se encuentre inscripto en MiPyMEs, como autónomo y/o monotributista. No obstante, establece como monto máximo para el crédito la suma de 300 mil pesos, que para su devolución contará con un periodo de gracia de seis meses y se realizará en 24 cuotas fijas sin interés.
Por otra parte, prevé que el Gobierno de la Ciudad disponga un subsidio mensual por un importe que no sea inferior a cuatro sueldos básicos vital y móvil, por un periodo de ocho meses pagaderos.
Al respecto de la iniciativa, Matías Barroetaveña (FdT) -el autor de la misma- explicó que las actividades en salones o multiespacios que organizan eventos sociales, los centros culturales, espacios culturales independientes, clubes de música y teatros independientes se encontraron imposibilitados de proseguir con su normal funcionamiento, afectando así sus capacidades de ingresos que al mismo tiempo trajo aparejados problemas de empleo y atraso en el pago de servicios e impuestos. Asimismo recordó que se trata de actividades que no se han beneficiado de la apertura y no cuentan con cronograma o protocolos aprobados.
“La nueva normalidad supone que una serie de actividades continúen en apertura cero o casi cero; es indispensable activar una política focalizada para auxiliar a sectores como Centros Culturales y Salones de Fiestas”, manifestó el legislador e indicó que “el objetivo de este proyecto es crear una asistencia económica que permita a estas actividades subsistir hasta que las autoridades gubernamentales autoricen su funcionamiento pleno. Frente a la situación crítica que atraviesa el empleo en la ciudad, es necesario desarrollar medidas que sostengan a flote a estas actividades para resguardar los puestos de trabajo”.
La medida también lleva la firma de los diputados Santiago Roberto, Claudio Morresi y Manuel Socías (FdT).
Según le informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com en los próximos días la Comisión de Planeamiento Urbano comenzará a analizar el proyecto impulsado por ese club, a través del cual prevé garantizar su vuelta al barrio de Boedo.
A pesar de la resistencia de un grupo de vecinos que exigen que en el lugar se instale un nuevo espacio verde, fuentes parlamentarias le confirmaron a parlamentario.com que la semana que viene la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- comenzaría a analizar el proyecto de ley impulsado por el club San Lorenzo, a través del cual buscará avanzar con la construcción de su nueva cancha en el predio ubicado en Avenida La Plata 1600/1700, en el barrio de Boedo.
En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio indicaron que “es muy probable que se realice una reunión informativa el día 29 de octubre; pero como hay sesión, se verá si ese día o más adelante”.
La iniciativa en cuestión busca modificar la zonificación del predio, dado que en la actualidad funciona un supermercado de una reconocida cadena. De esta manera, el mismo se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.
Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.
En este caso se permitirá que las construcciones alcancen hasta un 60% del total de la zona y contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.
Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.
En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.
Cabe recordar que esta es la segunda vez que San Lorenzo presenta en la Legislatura porteña un proyecto de este estilo, dado que la primera ocasión fue en noviembre de 2018. Además a fines del año pasado el presidente de esa institución deportiva, Marcelo Tinelli, se reunió con Roldán Méndez y el vicepresidente primero del Parlamento, Agustín Forchieri (VJ).
En dicho encuentro las partes acordaron una reunión con el Poder Ejecutivo para comenzar trabajar sobre un convenio urbanístico, aunque luego no se avanzó con el debate en la Legislatura.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina y diputados de la Ciudad, en donde dialogaron del fallo de la Justicia que habilitó a las familias a ser querellantes en la causa por el incendio.
Luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal habilitara como querellantes a los familiares de las víctimas de Iron Mountain, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, y el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Javier Carella, recibieron a una delegación de familiares de las diez víctimas del incendio y derrumbe, ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas.
En el encuentro, realizado en el Departamento Central de la Policía Federal, participaron también los legisladores porteños del bloque del Frente de Todos, Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
Los funcionarios nacionales y porteños escucharon a Jorge Campos, Gerardo Conesa, Ariel Veliz y Ricardo Martinez, en representación de los diez trabajadores que perdieron la vida durante las tareas de rescate y combate del fuego en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain.
Tras el encuentro Fuks explicó que “está reunión que hicimos con los familiares, el jefe de la Policía Federal, el superintendente de Bomberos y Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es para afirmar con certeza que el Ministerio de Seguridad y la PFA van a poner a disposición del Poder Judicial todos los elementos que sean necesarios en su búsqueda de verdad y justicia” e insistió en que “es hora de que quede claro cuáles fueron las responsabilidades y puedan redimirse”.
Mientras que Valdés aseguró que fueron al “Ministerio de Seguridad a acompañar a los familiares a esta celebración que es el acto de justicia que, gracias al fallo de Casación, los familiares puedan volver al expediente y sepan qué sucedió con sus seres queridos y qué grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al no haber entregado el expediente de habilitación en el cual se permitió el funcionamiento de la planta de Iron Mountain”.
Mientras que Jorge Campos, padre del bombero de la Policía Federal Sebastián Campos, destacó que “la reunión fue muy productiva y sabemos que contamos con el apoyo de la Policía Federal y sus bomberos, para nosotros es fundamental que se sepa fue un incendio intencional” y concluyó señalando que “queremos la verdad y el porqué. Queremos justicia y la verdad de porqué nuestros seres queridos no están más con nosotros”.
Los diputados porteños aprobaron una ley que busca garantizar la privacidad, confidencialidad e intimidad de las personas en el marco del uso de cámaras de video vigilancia.
Con la intención de regular aún más la implementación del reconocimiento facial en la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó una serie de modificaciones a la Ley 5.668 de Sistema Integral de Seguridad Pública, con el objeto de reforzar las disposiciones que garantizan el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad de las personas frente al uso de las imágenes de video vigilancia.
La normativa sobre seguridad en la Ciudad ya tiene un título destinado a reglamentar el uso de esa metodología de seguimiento y control preventivo y también están estipuladas las garantías de confidencialidad, brindándole a todos los ciudadanos la seguridad jurídica sobre las circunstancias en las que se utilizarán informaciones que tienen que ver con su identidad personal, como lo son los datos biométricos. Pero ahora se consignó la prohibición de incorporar datos biométricos, imágenes y/o registros de aquellas personas que no cuenten con una orden de restricción de libertad en el Registro de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas.
También queda vedado modificar o editar las imágenes y se estipula que ningún material audiovisual -que pudiera afectar la intimidad de los ciudadanos- sea difundido por televisión u otros medios.
Además para garantizar un adecuado control institucional del uso de sistemas de video, se crea una Comisión de Seguimiento del Sistema de Video Vigilancia de la Seguridad Pública y se da participación e intervención como contralor a la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa original fue de Claudia Neira (FdT) y otros miembros de su bancada y el tema fue tratado en la Comisión de Seguridad, que preside Claudio Cingolani (VJ), quien hizo de miembro informante en el debate parlamentario. No obstante, Neira informó en el debate que su bancada iba a votar negativamente alegando que eran necesarios nuevos consensos on más sectores de la comunidad.
Por su parte, Marta Martínez (AyL) explicó que rechaza “este sistema ahora que lo incluyen en la ley del mismo modo que rechazamos cuando se implementó por decreto el año pasado. Es una reforma que no fue discutida abiertamente ni se le dio la posibilidad de expresarse a los organismos de derechos humanos y hasta Naciones Unidas que la cuestionan fuertemente” y remarcó que “con la excusa de identificar a prófugos, desde que se implementó este sistema en abril pasado varias personas inocentes fueron detenidas de manera arbitraría mediante este sistema”.
“Por otro lado, este sistema le permite al Gobierno reconocer a las personas que circulan por la calle o a los trabajadores que participan en una protesta en la vía pública y que luego no se sabe qué hace el Gobierno con toda esa información, sin mencionar las denuncias de los organismos de derechos humanos acerca de la dificultad del sistema para identificar personas de tez oscura de manera absolutamente discriminatoria”, aseguró y concluyó rechazando que “el Gobierno de la Ciudad siga destinando millones de pesos a fortalecer el aparato represivo y policial mientras trabajadores de la salud, educación y del sector estatal cobran salarios de miseria y encima se lo congelaron durante todo este año con la excusa de la pandemia”.
En tanto Myriam Bregman (PTS) indicó que “hay algo que ha caracterizado al macrismo en la Ciudad, desde el ex jefe de la policía local Fino Palacios a esta parte, es el espionaje ilegal y la persecución arbitraria” y destacó que “los antecedentes de este sistema de cámaras y reconocimiento facial son, entre otros, que se usó como parte del sistema de espionaje del grupo de la AFI ´Super Mario Bros´. Han sido utilizadas, para perseguir a los trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago y referentes de la Garganta Poderosa mientras se manifestaban frente al Congreso contra la Ley de Presupuesto en octubre de 2018; poco tiempo atrás, nos enteramos que la AFI aún tenía las fichas de estos manifestantes perseguidos: ¿demasiada casualidad?”.
Al mismo tiempo que cerró alertando que “vamos a presentar un proyecto para la prohibición del sistema de reconocimiento facial, dado que está comprobado en muchas partes del mundo que permite una vigilancia masiva y automatizada inédita. Lo grave es que revierte la carga de la prueba, violando la presunción de inocencia: todas las personas que pasen frente a la cámara son culpables hasta que el sistema ´descarte´ que no son a quienes se busca”.
La Legislatura porteña aprobó una declaración a través de la cual se incita al Gobierno a habilitar la exhibición de salones de eventos, a fin de que puedan concretarse futuras celebraciones y reuniones.
Gracias a una iniciativa impulsada por el diputado del GEN Sergio Abrevaya, la Legislatura de la Ciudad sancionó un proyecto de declaración para que el Gobierno establezca un protocolo para que los salones de eventos y fiestas puedan realizar actividades alternativas y permitir que puedan exhibir los locales para concretar futuros eventos.
En ese sentido, el legislador manifestó que “los salones de fiestas van a ser de los últimos comercios en poder reabrir sus puertas, por eso, le solicitamos al Ejecutivo les permita desarrollar actividades alternativas en los espacios que disponen, así como también poder ser exhibidos para futuros eventos” e indicó que “hay que darles opciones a los comercios y a las PyMEs, la pandemia también ha arrasado con la economía y la gente necesita trabajar”.
En los fundamentos de la medida, Abrevaya explicó que “a partir del 20 de marzo del corriente, los salones de fiestas y eventos privados vieron un freno en su actividad de manera total; la pausa extendida por ya casi siete meses provocó una situación de ahogamiento en el sector en donde los gastos fijos de manutención de los establecimientos superan a los nulos ingresos que registran”.
“Agrava la situación que los eventos y fiestas con aglomeración de gente sean probablemente una de las últimas actividades en permitirse, por el riesgo de proliferación del Covid 19. Por esta situación es que el diagnóstico para esta actividad es crítico, sin saber si van a poder reabrir, o ´mantener a flote el negocio ‘en el momento en que se les permita”, señaló y destacó que “muchos salones de fiestas y eventos tienen la opción de reinventar sus actividades de manera temporal y solo con el fin de poder cubrir los gastos fijos mínimos para poder mantener el negocio hasta el momento de la reapertura normal del sector al fin del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y por ello es importante poder proporcionar a este sector la posibilidad de diversificar su actividad momentáneamente y con protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo, y así no verse obligados a cerrar definitivamente”.
Sobre esa misma línea consideró que “garantizar la continuidad de los empleos es fundamental para la Ciudad y es un sector que no comprende únicamente a los dueños de los inmuebles y establecimientos, sino a un amplio número de trabajadores como cocineros, musicalizadores, artistas, meseros, decoradores, floristas, sonidistas, cocineros y demás trabajadores que vieron sus ingresos pausados durante ya un largo tiempo”.
Asimismo remarcó que “durante la extensión en el tiempo del aislamiento, todas estas personas y sus familias se vieron afectadas por la falta de ingreso para subsistir” e insistió en que “en un momento como el que la Ciudad se encuentra atravesando, de una gran caída económica, es importante salvaguardar las actividades de la mejor manera posible, y sin que eso implique un riesgo a la salud pública”.
Cabe recordar que Abrevaya a lo largo de estos meses ha solicitado al Gobierno permita trabajar con protocolos a muchas actividades tales como comercios barriales al principio, profesionales como psicólogos y contadores, paseadores y peluqueros caninos, lavaderos de automóviles, así como también a bares con mesas exteriores y albergues transitorios, entre otros.
La medida fue aprobada con 39 votos positivos y 20 negativos. Busca poner en valor la zona del Casco Histórico y fomentar la reactivación económica del sector hotelero en el distrito capitalino.
Debido a la crisis económica que profundizó la pandemia del Covid 19, la Legislatura porteña aprobó con 39 votos a favor y 20 en contra una ley que busca reactivar el sector hotelero a través de un régimen de residencias estudiantiles, mediante el cual se busca poner en valor la zona del Casco Histórico.
El texto recientemente aprobado sostiene que “la implementación de políticas de fomento dirigidas a las personas humanas y personas jurídicas así como a fideicomisos que lleven a cabo un proyecto de inversión destinado a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad” y prevé impulsar la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; así como también la remodelación, incluyendo la reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes.
En cuanto a los beneficios para los inversores, la iniciativa sostiene que podrán “convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión” u optar por “la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
Además establece que el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión en el plazo máximo de cinco años desde su aprobación y una vez finalizado el mismo, el beneficiario deberá presentar una “Declaración Jurada dando cuenta de la finalización”, “la constancia de autorización para el funcionamiento del establecimiento, otorgada por la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace”, así como también cualquier otro tipo de comprobante que pueda solicitarse en el momento.
Asimismo el régimen contempla incentivos adicionales para la remodelación de los establecimientos ubicados en el Casco Histórico, un barrio de alta afluencia de estudiantes universitarios, con cinco universidades y 62 predios ocupados por establecimientos educativos. Asimismo, es una zona de accesos a los principales centros de transbordo de la Ciudad, que conectan con universidades porteñas y de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
También amplía los beneficios para los proyectos emplazados en el Casco Histórico y promueve su construcción en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros. La ampliación de incentivos propuesta en este Régimen es fundamental para sostener la mejora de la competitividad de la infraestructura hotelera, y extender el impacto positivo del turismo a nuevos barrios de la Ciudad.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Marcelo Guouman (UCR-Ev), aseguró que “la ley tiene dos partes que se complementan: la primera tiene por objeto la promoción de proyectos de inversión de residencias de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires que pueden ser llevados a cabo por personas humanas, jurídicas o fideicomisos” e indicó que “los beneficios son otorgados cuando las inversiones recaigan en proyectos nuevos e inversiones sobre remodelaciones, ampliaciones y reformas de establecimientos que ya estaban habilitados”.
“La segunda parte de la ley modifica la Ley 6038 y la Ley 6186 extendiendo los incentivos fiscales para las inversiones en el sector hotelero anteriores a 2021 y hasta 2023 en igualdad de resultados. Recordemos que, en las leyes citadas, las inversiones, antes y durante 2021, obtenían ventajas superiores a las inversiones realizadas en 2022 y 2023”, destacó y manifestó que “por la crisis del sector hotelero durante la actual pandemia y por la prohibición de las tareas de construcción, las inversiones durante 2021 fueron paralizadas. Entonces, se extienden los incentivos al resto del período”.
Asimismo aclaró que “quienes desarrollen los proyectos de inversión podrán optar entre dos beneficios: el primero, convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y la segunda, la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de 24 meses contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
En tanto la diputada Cecilia Segura (FdT) afirmó que “el nombre de este proyecto da a entender que se propicia beneficios para los estudiantes, pero la realidad es que no hay ningún beneficio para ellos, lo que se hace es mejorar la infraestructura para los turistas, estudiantes y profesionales” y destacó que “se ha dicho en el debate que ampliar la oferta hace que bajen los precios, esto no es así y queda demostrado en que cada vez se construye más y el valor de los alquileres sigue en aumento”.
Por su parte Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que no está “seguro de si es el mejor proyecto que podría hacerse, sé que las cámaras no están tan convencidas, pero si es en líneas generales lo que necesitamos hoy. ¿Serán las grandes empresas o las PyMEs las que lo hagan? No me queda claro, pero las PyMEs podrían hacerlo… es una apuesta a que ocurra” y aseveró que “la demanda existe, es propia de una ciudad universitaria. Yo creo que esta es una buena apuesta”.
En tanto el autor de la iniciativa, Gonzalo Straface (VJ), concluyó asegurando que “lo que esperamos con esta iniciativa es que cuando un estudiante venga a la Ciudad no recurra al mercado de los alquileres, sino que vaya a una residencia estudiantil. Es un proyecto de ley positivo, no resuelve el tema en profundidad pero si en parte”.
Fue por sus declaraciones acerca de una de las últimas movilizaciones en contra del Gobierno de Alberto Fernández, dado que consideraron que las mismas fomentaban la “violencia en el país”.
Luego de que el oficialista Facundo Del Gaiso (VJ) impulsara la iniciativa, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron este jueves una declaración en la que manifestaron “su enérgico repudio a las expresiones vertidas por Raúl Enrique ‘Dady’ Brieva en razón de la manifestación popular del 12 de octubre, así como a toda otra declaración que fomente la violencia en nuestro país”.
El humorista había asegurado en su programa radial ‘Volver mejores’ que al ver la movilización le dio “ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio” y remarcó que “a nosotros (por el kirchnerismo) nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.
En los fundamentos de la medida, el oficialista recordó que “el pasado 12 de octubre se realizó en las inmediaciones del Obelisco una multitudinaria manifestación pública de protesta a la gestión del Gobierno nacional, principalmente vinculada con cuestiones referentes al proyecto de ley de reforma de la justicia, al traslado de jueces nacionales y, en general, al manejo de la pandemia desatada por el Covid 19” y consideró que los dichos de Brieva “son los que incitan a la sociedad a la violencia, los que generaron la tan denostada ‘grieta’ en nuestro país y lamentablemente no hacen más que agrandarla día a día”.
Asimismo afirmó que “es en estos momentos en donde hay que abogar por la paz y la tranquilidad, y en particular son los llamados ‘líderes de opinión’ quienes tienen un rol esencial a la hora de apaciguar los ánimos y no exaltar ni generar violencia innecesariamente”.
“Cuando una persona cumple un rol destacado en el debate público, debe tener siempre presente que sus palabras tienen un gran impacto en la sociedad y por lo tanto deben medir sus palabras para evitar exacerbar los ánimos de la ciudadanía, principalmente en momentos de gran zozobra como los que estamos viviendo en el marco de la pandemia producto del Covid en conjunción con una gran crisis social y económica”, completó.
Los diputados ponernos aprobaron este jueves un beneplácito por la implementación de un programa que establece un “protocolo de visitas, acompañamiento y despedida final en pandemia”.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña sancionó un proyecto de declaración para expresar su beneplácito por la implementación del programa de contención por Covid 19 denominado “protocolo de visitas, acompañamiento y despedida final en pandemia”, llevado adelante por parte del Sanatorio Güemes.
En relación al programa, los diputados señalaron que el mismo “buscó la manera de valorar y respetar la dignidad de la persona durante su internación, y aún más si estaba transitando momentos de riesgo de vida” y remarcaron que “se procuró de esta manera respetar el principio de proporcionalidad que, sin dejar de lado los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, eviten restringir derechos inalienables contemplados en la legislación nacional e internacional como lo son morir acompañado, despedirse de un ser querido y realizar un duelo adecuado, entre otros”.
Asimismo afirmaron que “este protocolo pretende crear un marco de contención psicológica, espiritual y afectiva al paciente, su familia y al equipo de salud” y destacaron que “el objetivo es establecer lineamientos para facilitar y promover de manera segura el acompañamiento familiar del paciente durante su internación en período de pandemia, lo que incluye la situación de últimos días y la despedida final, en un marco de información y contención”.
“Dicho protocolo consta de varios puntos a tener en cuenta: requisitos de acompañantes y visitas, consentimiento informado, despedida final, ingreso y egreso al sanatorio, etc”, aseveraron y precisaron que “además se realizó una estrategia de capacitación y cuidado del personal de salud, poniendo énfasis en las entrevistas para lograr una comunicación correcta y efectiva con pacientes y familiares”.
Es por ello que los legisladores consideraron que debido a “esta sumatoria de esfuerzos, y la apuesta que hace el Sanatorio Güemes a la valoración de la dignidad de la persona humana, dando respuesta a las necesidades de acompañamiento, contención emocional a los pacientes y sus familiares con el diseño y puesta en marcha de circuitos adecuados y favoreciendo la comunicación, es que creemos necesario otorgarles nuestro reconocimiento”.
Un importante hallazago
En esa misma sesión ordinaria, la Casa también aprobó un proyecto de declaración en el que se expresó el beneplácito por el descubrimiento de la primera formulación pediátrica de Nifurtimox, medicamento utilizado en el tratamiento para la enfermedad de Chagas, desarrollada por el equipo de investigadores del Servicio de Parasitología y Chagas del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas (HNRG- IMIPP-CONICET).
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que se trata de “una formulación pediátrica, inédita, de un medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Chagas- el Nifurtimox-, que se adapta a las necesidades especiales de los pacientes pediátricos desde recién nacidos hasta los 18 años de edad” y recordaron que la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó está primera formulación.
Además indicaron que “el Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que transmite hacia el humano a través de la heces de vectores como la vinchuca-triatominos infectados-, pero también puede contagiarse por transfusión sanguínea o trasplante de órganos infectados, durante la gestación por vía transplacentaria o por la ingestión de alimentos contaminados”.
“Según datos publicados por la OMS, se calcula que en el mundo existen entre 6 a 7 millones de infectados, y en la Argentina, según estimaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, nacen anualmente 1200 niños con la enfermedad”, aseveraron y concluyeron precisando que “este nuevo descubrimiento es muy importante para los casos congénitos; la detección temprana y el tratamiento son importantes. La enfermedad es curable cuando se detecta y se trata poco después de la infección. Las personas no tratadas, en un 30% de los casos, pueden presentar compromiso cardíaco y, en menor proporción, compromiso gastrointestinal”.
La Legislatura porteña aprobó una declaración a través del cual le solicitan a los senadores a votar por la negativa la iniciativa que modifica el régimen de coparticipación federal.
Gracias a una iniciativa impulsada por los diputados del oficialismo, la Legislatura de la Ciudad sancionó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un texto a través de la cual busca instar a los senadores por el distrito capitalino “a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
La iniciativa había sido promovida algunos días atrás por Hernán Reyes (VJ) y otros legisladores de la Casa, quienes en los fundamentos del mismo aseguraron que “es menester que este cuerpo se exprese respecto del avasallamiento de las instituciones republicanas y federales a la que estamos asistiendo en las últimas semanas” y consideraron que “la decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Asimismo afirmaron que los senadores de la Ciudad “tienen el deber político de defender la autonomía de nuestra Ciudad. Este deber, deviene de su obligación de defender las bases de nuestro sistema federal de Gobierno establecido por el Artículo 1 de la Constitución de la Nación por la que juraron ejercer su mandato. Fueron electos con este mandato por parte de la ciudadanía y por parte de la Constitución Nacional”.
Al mismo tiempo indicaron que el proyecto remitido por el presidente de la Nación al Honorable Senado, implica una retracción de la coparticipación de la Ciudad y una asignación de un recurso no correspondiente a la masa coparticipable en función de los gastos asumidos por la Ciudad en el marco de la transferencia de los servicios de seguridad no federal” y concluyeron señalanado que “estas acciones son francamente inconstitucionales y contrarían los principios de nuestro régimen de coparticipación federal y nuestro estatus jurídico de Ciudad Autónoma consagrado a partir de la reforma constitucional de 1994”.
La medida también lleva la firma de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea (UCR-Ev), Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, María Luisa González Estevarena, Guillermo Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ) y Roy Cortina (PS).
Los diputados porteños se reúnen desde las 12.19 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que buscarán darle aprobación a un régimen que busca impulsar el sector hotelero y garantizar la vivienda para los estudiantes de carreras de grado.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.19 para analizar dos iniciativas de ley, una referida a un régimen de promoción hotelera que busca garantizar el acceso a residencias estudiantiles y otra inherente a la seguridad ciudadana.
El programa para residencias estudiantiles es una iniciativa de Gonzalo Straface (VJ) que fue analizada y despachada por tres comisiones legislativas: de Desarrollo Económico, de Presupuesto y de Turismo y Deportes. Se trata de un régimen de promoción para que los empresarios del sector hotelero -especialmente los del casco céntrico histórico- inviertan en remodelaciones o edificaciones nuevas destinadas a estudiantes universitarios y terciarios o de pos-grados que llegan a Buenos Aires para cursar sus carreras.
La iniciativa prevé, respecto de las normas de promoción hotelera sancionadas en 2018 y en vigencia, “ampliar los porcentajes de inversión realizada computables en concepto de Ingresos Brutos para los proyectos emplazados en determinadas zonas de la Ciudad, promoviendo su emplazamiento en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros”.
Otro proyecto que se debatirá es una modificación a la ley que creó el sistema integral de seguridad pública, a los efectos de actualizar la normativa referida a video vigilancia, considerando la modernización de las tecnologías utilizadas.
La propuesta fue de Claudia Neira (FdT) y otros miembros de Frente de Todos, trabajada luego por distintos bloques en la Comisión de Seguridad, que preside Claudio Cingolani (VJ). El objetivo expreso es aumentar y especificar las disposiciones ya establecidas en la ley tendientes a garantizar la privacidad, confidencialidad y derecho a la intimidad de las personas en lo referente a las cámaras que captan imágenes públicas.
Con proyectos del oficialismo y la oposición, los legisladores también tienen previsto emitir manifestaciones de pesar por el asesinato de un agente policial y de repudio a las amenazas contra un sacerdote que predica en barrios de emergencia.
El jefe de Gabinete porteño asistirá al Parlamento el 24 noviembre a las 9.30, a fin de brindar precisiones acerca de la gestión del jefe de Gobierno, en medio de la pandemia del coronavirus.
Tal y como ocurre todos los años, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, volverá a la Legislatura porteña el próximo 24 de noviembre a las 9.30 para informar a los diputados de las diversas bancadas acerca de la gestión que viene desarrollando el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se vio afectada por la pandemia del Covid 19.
En ese sentido se prevé que durante su exposición el funcionario brinde precisiones acerca de las medidas que el Ejecutivo viene implementando para combatir al coronavirus y sobre la situación en la que se encuentran los hospitales y centros médicos de la Ciudad. También brindará detalles de cómo se está implementando la educación a distancia, el funcionamiento del transporte público y cómo se articula la asistencia a las áreas más necesitadas, entre otras cuestiones.
La convocatoria a la sesión especial lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, y da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 5460, cuya sanción (noviembre de 2007) establece que “el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura dos veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del Plan General del Gobierno”.
Cabe destacar que esta es la décima oportunidad en la que Miguel concurre a la Legislatura para brindar el informe de gestión, siendo que su última participación fue el pasado 4 de agosto.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones y prevé incorporar la perspectiva de género a la composición del Consejo Asesor del Deporte, comisiones directivas de los clubes y otras instituciones deportivas.
En una reunión conjunta de las comisiones de Deportes –presidida por Claudio Morresi (FdT)-, Mujer –encabezada por Laura Velasco (FdT)- y Presupuesto –liderada por Claudio Romero (VJ)- de la Legislatura porteña, el proyecto de ley de equidad de género en el deporte obtuvo un dictamen de mayoría y ya se prevé que sea debatido en el recinto en las próximas sesiones.
La iniciativa, que unifica proyectos de legisladores de distintos bloques, actualiza la Ley N° 1624 del Deporte Amateur y Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando la perspectiva de género en la asignación de recursos provenientes del Fondo del Deporte y modificando la composición del Consejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva, al igual que la integración de las Comisiones Directivas de los clubes y asociaciones deportivas, estableciendo la equidad de género en la representación, la cual deberá alcanzarse de manera progresiva en un plazo de cinco años.
Además, propone un incentivo para aquellas instituciones que vayan alcanzando la paridad, las cuales tendrán preferencia en la asignación de los recursos del Fondo del Deporte; hasta el tercer año, contarán con este beneficio aquellas que acrediten un cupo de 30% de mujeres y, durante el cuarto y quinto año de vigencia de la ley, ese piso se elevará al 40%.
El objetivo es promover la igualdad y representación de las diferentes identidades de género en el ámbito deportivo, así como garantizar la participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de su identidad sexo-genérica. Además de propiciar políticas de acción afirmativa a modo de fomentar la participación equitativa de las mujeres y disidencias en la vida política de las instituciones deportivas, introducir en la infraestructura de las instituciones normas de uso y accesibilidad que contemplen a todas las identidades de género y promuevan la no discriminación y la erradicación de la violencia.
Al respecto de la medida, Velasco explicó que “como sucede en todos los campos, en los medios de comunicación, en la política, en la cultura y también en el deporte, estamos trabajando e impulsando proyectos que nos permitan tener una sociedad más justa e igualitaria; así que este avance nos llena de alegría y esperamos que pronto llegue al recinto y sea ley”.
Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández (FT) presentaron un proyecto a través del cual buscarán que la Ciudad garantice y facilite el acceso a viviendas dignas para los sectores más vulnerables.
Tras haber presentado el expediente en la Legislatura porteña y a la espera de que el mismo sea tratado en comisión, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández presentaron por videoconferencia el proyecto de creación del “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.
En ese contexto, Fernández expresó que “es impactante que la problemática de las personas en situación de calle no haya traído ninguna medida extraordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en este tiempo” e indicó que “las respuestas ante las problemáticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ser abordadas integralmente. Este proyecto busca una respuesta más estable”.
Mientras que Valdés sostuvo que “con la pandemia, las desigualdades quedaron al descubierto, nos mostró lo que la agenda pública ignoraba. Este proyecto busca una salida superadora, resolver la falta de vivienda poniendo a disposición unidades habitacionales de forma duradera, no paradores” y destacó que desde el FdT buscan “soluciones de fondo, queremos que se visibilice este crimen social que significa que la gente duerma en la calle”.
En el encuentro virtual también estuvieron presentes Horacio Ávila de Proyecto 7, Eduardo Resse del CELS, Martín Lemma y Marisa Tadei por la Defensoría del Pueblo. “Se ha avanzado mucho por las luchas, no por lo que nos gobiernan. En todos los años macristas solo recibimos palos. Vamos a defender el proyecto en todos los espacios donde tengamos que hacerlo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede seguir ocultando los niveles de pobreza que tiene”, aseguró Ávila.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.
Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat impulsó en la Legislatura un proyecto de ley a través del cual buscará crear el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social.
Debido a la crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad impulsó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual buscaran “potenciar el valor productivo de los barrios populares, organizar las bases de su actividad a través de la generación, el desarrollo y la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo”.
Según precisaron desde esa cartera, el texto presentado “surge de la identificación de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento: el acceso al financiamiento, el desarrollo de su capacidad productiva y pocos canales de comercialización”.
Es por ello que prevé la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que contempla a sectores como la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde, que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en el mediano plazo.
El mismo le permitirá a los inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva.
Además, se dispone la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento. La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral y propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta tres años.
Al respecto de la medida, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, explicó que “para nosotros la mejor política social es el trabajo, por eso buscamos fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra hoy a cientos de miles de personas en la Ciudad” e indicó que “esta ley otorgará herramientas para que este sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida”.
Asimismo precisó que “este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad” y aseveró que “estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”.
En tanto el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, remarcó que están “convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento” y destacó que “cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad”.
“Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria”, concluyó.
El club presentó en la Legislatura porteña un nuevo proyecto de ley para avanzar con la construcción de su nueva cancha en Boedo e insistió que el mismo permitirá reactivar la economía en el barrio.
A pesar de que un numeroso grupo de vecinos se manifestó en contra de la mudanza del estadio en reiteradas oportunidades, el club San Lorenzo volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscará avanzar con la construcción de su nueva cancha en el predio ubicado en Avenida La Plata 1600/1700, en el barrio de Boedo.
En el texto en cuestión la institución deportiva, que es presidida por Marcelo Tinelli, plantea un cambio en la zonificación del lugar, dado a que actualmente en el predio funciona una reconocida cadena de supermercados.
De esta manera, el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.
Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.
En este caso se permitirá que las construcciones alcancen hasta un 60% del total de la zona y contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.
Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.
En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.
El apoyo del FdT
Tal y como ocurrió en la primera ocasión que San Lorenzo presentó el proyecto en la Legislatura porteña, en esta oportunidad el legislador Manuel Socías (FdT) será el encargado de levantar el texto e incentivar su debate en la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ).
Al respecto de la medida, Socías manifestó que “esta historia empezó hace más de 40 años, cuando la última dictadura obligó al Club a sacar el viejo gasómetro de su ubicación original” e indicó que “en lo personal, es un privilegio ser parte de la etapa final de un proceso que lleva la marca de miles de familias cuervas”.
Asimismo remarcó que no es “hincha de San Lorenzo, pero desde muy chico escuché de boca de Matías Lammens las historia de amor y compromiso colectivo de sus hinchas por volver a su casa y me identifiqué con ese sueño común” y recordó que “en 2012 la Legislatura aprobó por unanimidad la Ley de Restitución Histórica por la cual se habilitó la expropiación de esos terrenos a favor del Club, quien los adquirió gracias al esfuerzo realizado por decenas de miles de hinchas que compraron su metro cuadrado”.
Sobre esa misma línea, el opositor explicó en sus redes sociales que “hace poco más de un año, San Lorenzo finalmente tomó posesión del terreno de Av. La Plata y dio comienzo al último tramo de su vuelta a Boedo; así como en 2012 la Legislatura asumió el compromiso de la restitución, hoy se da el primer paso para su materialización” y destacó que “la iniciativa llega tras meses de un trabajo de participación vecinal que encaró el Club con asesoría de reconocidas consultoras cuyos informes se incorporaron al proyecto presentado”.
“La propuesta incluye la construcción de espacios públicos y verdes, así como equipamientos educativos y de usos múltiples que potenciarán el rol de un club con una fuerte inserción barrial y compromiso social como San Lorenzo”, aseguró Socías y concluyó afirmando que “el proyecto es la base sobre la cual discutirán legisladores del oficialismo, la oposición y el Poder Ejecutivo; la ley requiere de una doble lectura y una audiencia pública, instancias que permitirán arribar al mejor proyecto posible”.
El conflicto con los vecinos
En la iniciativa que la institución deportiva presentó esta semana en la Legislatura porteña, San Lorenzo explicó en los fundamentos de la misma que “se llevaron a cabo diferentes acciones que permitieron escuchar y detectar los distintos deseos y necesidades de la comunidad, buscando generar consensos para incorporarlos al proyecto urbanístico que se pretende construir, cimentándolo así desde su inicio”.
Por lo que para incorporar una perspectiva profesional que contemple los intereses e inquietudes de todas las partes involucradas, el club contrató “a la firma GELH, una consultora reconocida internacionalmente como una de las principales firmas especializadas en calidad urbana y en espacio público, experta en estrategias para fomentar ciudades sanas, incluyentes y sustentables, con un enfoque que combina las ciencias sociales y la arquitectura a fin de generar espacios que verdaderamente satisfagan las necesidades de las personas que habitan en ellos”.
Al mismo tiempo que explicaron que para conocer la voluntad de los vecinos, la firma inició una campaña en las redes sociales y distribuyó más de 20 mil folletos informando a los vecinos sobre el proceso participativo e invitándolos a las reuniones virtuales. “Como consecuencia de lo anterior, se realizaron en el barrio 3355 encuestas y 23 talleres que, acorde con las actuales restricciones y limitaciones en materia de reuniones por la pandemia, se llevaron a cabo de manera virtual y contaron con mil participantes”, afirmaron.
Como resultado de esos encuentros, en los considerandos el club explicó que los vecinos “expresaron que les faltaba información en cuanto a los componentes del proyecto, el proceso y la línea de tiempo”; otros también manifestaron que la llegada del hipermercado afectó a los comercios del barrio y todos coincidieron en la falta de espacios verdes en la zona.
“Por todo lo señalado, estamos convencidos de la importancia del proyecto para el barrio de Boedo, para su historia y para la Ciudad toda, y de su conveniencia para el interés público”, aseveraron y concluyeron señalando que “estamos convencidos también de que sólo existirá una verdadera reparación del despojo sufrido por San Lorenzo en la medida que, complementariamente a lo dispuesto mediante las leyes N° 2.464 de ‘Reparación histórica’ y N° 4.384 de ‘Restitución Histórica’, se le devuelva al Club la posibilidad de volver a tener su estadio -como parte de un proyecto urbanístico integral- en el lugar del que nunca debió ser marginado”.
Pero más allá de lo esgrimido por el club, hay un númeroso grupo de vecinos que se manifestó en contra del proyecto y algunos meses atrás juntó más de 25 mil firmas en contra de la medida. Asimismo, se movilizaron en reiteradas oportunidades frente a la Legislatura porteña exigiendo que no se avance con la medida.
Y si bien ahora el proyecto fue presentado por segunda vez, lo cierto es que fuentes parlamentarias le confirmaron a parlamentario.com que por el momento no es una prioridad para la Legislatura porteña y que se tomarán tiempos prudenciales para analizar y debatir el texto en cuestión.
El ministro de Cultura se reunió con la Comisión de Cultura, a fin de informar acerca de las políticas que implementó la cartera para brindar ayuda al sector y permitir el acceso de los porteños a actividades culturales.
A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid 19, la Comisión de Cultura -presidida por el socialista Roy Cortina (PS)- se reunió de manera virtual con el Ministro de Cultura, Enrique Avogadro, para la conocer la actualidad del sector cultural y las próximas habilitaciones que se podrán implementar.
Durante el encuentro, el funcionario detalló que la ayuda a los sectores de la cultura ya superó un 40% de lo presupuestado para este año, pese a que existe una política restrictiva por la emergencia económica. Afirmó, además, que todas las acciones se llevaron adelante en acuerdo con los representantes del ámbito afectado.
En ese sentido explicó que “la magnitud de la crisis hace que solamente el gobierno nacional tenga espaldas para brindar herramientas como el IFE o los ATP”, aunque destacó que en “la Ciudad de Buenos Aires, en comparación con los otros estados subnacionales, ha estado al frente en el apoyo al sector cultural independiente en medio de la pandemia”.
Asimismo insistió en que en el distrito capitalino “no contamos con las mismas herramientas que el Gobierno nacional” y aclaró que cada estado “tiene sus responsabilidades”.
Como ejemplo de alternativas novedosas para paliar la crisis, Avogadro ponderó el programa Cultura en Casa, que continuará con nuevos contenidos “con y en espacios culturales independientes, a través de Streaming (tecnología que permite transmitir contenidos por internet) y se paga el trabajo como corresponde, lo artístico y lo técnico”, enfatizó.
La iniciativa impulsada por Gonzalo Straface (VJ) obtuvo dictamen favorable de un plenario de comisiones y busca reactivar la actividad del sector hotelero y fomentar el arribo de más estudiantes al distrito capitalino.
Tras una serie de debates en el marco de un plenario de comisiones, la Legislatura porteña analizará este jueves a partir de las 11 -en el marco de una nueva sesión ordinaria- un proyecto de ley impulsado por el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), que busca fomentar un régimen de residencias estudiantiles y poner en valor la zona del Casco Histórico, a través de la reactivación económica del sector hotelero.
La iniciativa llegará al recinto con el dictamen favorable de las Comisiones de Desarrollo Económico, Presupuesto y Turismo y Deportes, y requiere de una mayoría simple para lograr su aprobación, por lo que el oficialismo porteño ya cuenta con los votos necesarios para hacerlo, aunque se encuentra trabajando para arribar a mayores acuerdos con el resto de las bancadas que conforman la Casa.
La normativa prevé implementar “políticas de fomento dirigidas a las personas humanas y personas jurídicas así como a fideicomisos que lleven a cabo un proyecto de inversión destinado a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad” y busca promover la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; así como también la remodelación, incluyendo la reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes.
Mientras que en lo que respecta a los beneficios para los inversores, el proyecto que podrán “convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión” u optar por “la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
Además establece que el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión en el plazo máximo de cinco años desde su aprobación y una vez finalizado el mismo, el beneficiario deberá presentar una “Declaración Jurada dando cuenta de la finalización”, “la constancia de autorización para el funcionamiento del establecimiento, otorgada por la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace”, así como también cualquier otro tipo de comprobante que pueda solicitarse en el momento.
Sobre esa misma línea, el régimen contempla incentivos adicionales para la remodelación de los establecimientos ubicados en el Casco Histórico, un barrio de alta afluencia de estudiantes universitarios, con cinco universidades y 62 predios ocupados por establecimientos educativos. Asimismo, es una zona de accesos a los principales centros de transbordo de la Ciudad, que conectan con universidades porteñas y de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
También amplía los beneficios para los proyectos emplazados en el Casco Histórico y promueve su construcción en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros. La ampliación de incentivos propuesta en este Régimen es fundamental para sostener la mejora de la competitividad de la infraestructura hotelera, y extender el impacto positivo del turismo a nuevos barrios de la Ciudad.
La oficialista María Luisa González Estevarena (VJ) presentó en la Legislatura un proyecto de declaración a través del cual reconocerá la laboral de la médica Marta Cohen que fue declarada “Oficial de la Orden del Imperio Británico”.
Con la intención de reconocer su labor al campo de la medicina, la diputada de Vamos Juntos (VJ) María Luisa González Estevarena impulsó en la Legislatura porteña un texto de declaración a través del cual buscará expresar su beneplácito por la distinción otorgada a Marta Cohen, médica argentina, como “Oficial de la Orden del Imperio Británico” debido a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.
En los fundamentos de la medida, la oficialista señaló que el galardón que recibió Cohen –que es oriunda de Trenque Lauquen- “es uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido” y destacó que la médica, que actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield, pasa a formar parte de la “Excelentísima Orden del Imperio Británico”, fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.
Cohen es egresada de la Universidad de La Plata (UNLP) y Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield. Cuando el premio se hizo público, el sábado 10 de octubre y recibió la llamada del director CEO del hospital, manifestó sentirse feliz como argentina egresada de una universidad pública de haber llegado a recibir esta distinción. Vale remarcar que se trata de un galardón que han recibido figuras como Paul McCartney (1965), John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades.
“Es tradición en el Reino Unido que para el cumpleaños de la soberana se otorguen este tipo de distinciones a ciudadanos que se han destacado en arte, ciencia o deporte. En el pasado mes de mayo le habían informado desde la Oficina de Gabinete británico que había sido propuesta para la lista, solicitándole absoluta reserva”, aseveró la legisladora.
Cabe destacar que la médica es además profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del Hospital de Sheffield, hizo en Argentina una residencia en Patología General en el Hospital de Clínicas y la residencia en Patología Pediátrica en el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez.
Obtuvo una beca en Patología Pediátrica en la Red Cross War Memorial Children’s Hospital, Ciudad del Cabo, Sudáfrica; fue directora del curso avanzado de posgrado de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre 2014 y 2018, donde continuará hasta junio de 2021.
En su destacada trayectoria, presidió la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre el 2016 y 2018; y en Inglaterra es miembro del Grupo de Referencia Clínica de Servicios para Mujeres y Niños del NHS Inglaterra, como se denomina al Servicio Público de Salud de ese país.
Fue miembro de la Junta y directora en representación de la Sociedad Europea de Patología de la Colaboración Internacional para la Notificación del Cáncer (ICCR) y fue nombrada en 2015 como una de las patólogas más influyentes e incluida en la Power List “The Pathologist 2019”, que presenta a 100 de los principales expertos del área.
Se trata de un proyecto de Santiago Roberto (FdT) a través del cual se promueve un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera para garantizar la transparencia del Gobierno de la Ciudad.
Al igual que lo hizo algunos años atrás, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual busca crear una “Oficina Anticorrupción” en el distrito capitalino, a fin de garantizar una mayor transparencia en la gestión.
Dicha oficina funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
De esta manera el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.
A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora. Podrá ejercer el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.
La Oficina Anticorrupción estará compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones -cuya función principal es llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícito y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción- y la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia -responsable de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción-.
Al respecto de ese proyecto, Roberto remarcó que “la Ciudad necesita de mecanismos institucionales y normas que regulen el comportamiento de las y los funcionarios y las y los empleados de la administración pública con el objetivo de garantizar transparencia y cuidar los intereses públicos” y destacó “la importancia de que el nuevo organismo cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera”.
“Llevan 13 años gobernando la Ciudad y nunca quisieron debatir un proyecto que garantice transparencia y control de los recursos. Consideramos que es urgente la aprobación de esta Ley para contribuir a ponerle fin a este flagelo que degrada la política como herramienta de transformación”, sentenció.
El Frente de Todos (FdT) impulsó una iniciativa que busca crear un programa de viviendas que buscará atender la situación habitacional de esos ciudadanos, aunque se le dará prioridad familias con niños, personas con discapacidad o que sufran violencia de género.
Debido a la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el aumento de la pobreza a nivel nacional, los diputados del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández promovieron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.
Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.
Al respecto de la medida, Valdés aseguró que buscan “fomentar el desarrollo de un Estado presente y activo en la coordinación entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil” y precisó que “hace tiempo que el sistema de paradores, subsidios habitacionales ha colapsado. Planteamos un cambio de paradigma que proponga soluciones de fondo”.
Asimismo indicó que “en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que más de 7500 personas se encuentran en situación de calle, se cuestionan los métodos para censarlas y no se brindan las soluciones” y destacó que “el proyecto de vivienda primero viene a fomentar el desarrollo de un Estado presente y que brinde soluciones a la grave situación que estamos atravesando con políticas públicas en favor de quienes peor la están pasando”.
Sobre esa misma línea manifestó que prevé que “se garantice y se facilite el derecho a acceder a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad social, con la utilización de inmuebles en desuso y desocupados con los que cuenta el ejecutivo porteño” y afirmó que “esta iniciativa replica experiencias exitosas como las de Estados Unidos, España, Francia, Dinamarca, Holanda o Bélgica. Nuestra ciudad tiene recursos comparables con las capitales de esos países, debemos exigir una solución digna para los porteños y porteñas”.
“Muchas de las personas que se encuentran en situación de calle a menudo son víctimas de consumos problemáticos o cuentan con problemas de salud mental; el Estado debe asistirlas con programas de reinserción social”, resaltó y aseguró que “por eso, mediante un Consejo asesor integrado por diversos actores de la Ciudad ofrecemos una herramienta para complementar el trabajo fragmentado que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”.
Por lo que concluyó señalando que “no podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Es tiempo de cambiar o pasaremos todos los inviernos indignados frente a una realidad que empeora. Nuestro objetivo es construir una ciudad más justa y que brinde soluciones habitacionales a los miles de porteños y porteñas que se encuentran desamparados”.
La diputada Ana María Bou Pérez (VJ) impulsó un proyecto para destacar el descubrimiento de un medicamento pediátrico para tratar esa enfermedad.
La ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora de Vamos Juntos, Ana María Bou Pérez, presentó en la Legislatura porteña un texto de declaración a través de la cual buscará expresar su beneplácito por el descubrimiento de la primera formulación pediátrica de Nifurtimox, medicamento utilizado en el tratamiento para la enfermedad de Chagas, desarrollada por el equipo de investigadores del Servicio de Parasitología y Chagas del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas (HNRG- IMIPP-CONICET).
En los fundamentos de la medida, la oficialista explicó que se trata de “una formulación pediátrica, inédita, de un medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Chagas- el Nifurtimox-, que se adapta a las necesidades especiales de los pacientes pediátricos desde recién nacidos hasta los 18 años de edad” y recordó que la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó está primera formulación.
Asimismo indicó que “el Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que transmite hacia el humano a través de la heces de vectores como la vinchuca-triatominos infectados-, pero también puede contagiarse por transfusión sanguínea o trasplante de órganos infectados, durante la gestación por vía transplacentaria o por la ingestión de alimentos contaminados”.
“Según datos publicados por la OMS, se calcula que en el mundo existen entre 6 a 7 millones de infectados, y en la Argentina, según estimaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, nacen anualmente 1200 niños con la enfermedad”, aseveró y concluyó precisando que “este nuevo descubrimiento es muy importante para los casos congénitos; la detección temprana y el tratamiento son importantes. La enfermedad es curable cuando se detecta y se trata poco después de la infección. Las personas no tratadas, en un 30% de los casos, pueden presentar compromiso cardíaco y, en menor proporción, compromiso gastrointestinal”.
Los diputados de esa bancada mantuvieron un encuentro virtual con las familas que, gracias a un reciente fallo, se convertirán en querellantes en la causa por el incendio en el depósito que se incendió en Barracas en 2014.
A más de cinco años de la tragedia que acabo con la vida de diez personas –entre bomberos y rescatistas-, los legisladores del Frente de Todos (FdT) se reunieron de manera virtual con familiares de víctimas de la tragedia de Iron Mountain, donde dialogaron sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal que habilitó a las familias a ser querellantes en la causa por el incendio del depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014.
En el encuentro virtual, los familiares celebraron la posibilidad de que les da la justicia de llevar a juicio a los responsables y remarcaron que “para la fiscal y para nosotros no hay dudas de que el incendio fue intencional; esta noticia nos da esperanza porque queremos que nos den explicaciones los responsables”. No obstante señalaron que el Gobierno de la Ciudad, hasta el momento, no presentó en la causa el expediente de habilitación que tenía el depósito.
Asimismo Juan Manuel Valdés (FdT) destacó el proyecto de creación de una comisión investigadora en la Legislatura porteña, los distintos proyectos y pedidos de informes de los legisladores del bloque sobre las habilitaciones del depósito que se encuentran en la Casa para esclarecer el hecho. “Reafirmamos nuestro compromiso con los familiares de las víctimas y los acompañamos en su búsqueda de la verdad y la justicia”, explicó.
También participó de la reunión el jefe del bloque FdT, Claudio Ferreño, y los legisladores Matías Barroetaveña y Laura Velasco; los diputados nacionales Mara Brawer e Itai Hagman; y Alberto Toro, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Un plenario de comisiones debatió este jueves un programa que busca poner en valor la zona del Casco Histórico y fomentar la reactivación económica del sector hotelero en el distrito capitalino.
Tal y como lo anunció parlamentario.com, la Legislatura porteña avanzó este jueves con un proyecto de ley impulsado por el oficialista Gonzalo Straface (VJ) que busca fomentar un régimen de residencias estudiantiles, a través del cual se busca poner en valor la zona del Casco Histórico.
La iniciativa obtuvo el despacho favorable durante un plenario de Comisiones en las que participaron diputados de las comisiones de Desarrollo Económico, Prespuesto y Turismo y Deportes. Se prevé que llegue al recinto el próximo 22 de octubre y se aprobaría con una mayoría simple, es decir que el oficialismo porteño ya cuenta con los votos necesarios para sancionar la normativa.
Al respecto de la medida, Straface aseveró que “representa una alternativa de desarrollo productivo para el inversor/propietario, ya que constituye una opción de excelente rentabilidad y flujo financiero para aquellas personas físicas o jurídicas que posean inmuebles en desuso, o que quieran reconvertir el existente y transformarlo en una residencia de estudiantes”.
“El proyecto impulsado, entonces, busca no solo paliar una necesidad, sino que paralelamente potencia y fortalece al Casco Histórico como punto de referencia turístico y cultural, promocionando a su vez el ecosistema local, y mejorando el espacio público”, destacó y manifestó que “representa una excelente oportunidad para beneficiar a los estudiantes y ayudarlos en la búsqueda de un lugar para vivir, considerando además que los estudiantes valoran y prefieren vivir en residencias por el hecho de los espacios de recreación, estudio, e interculturalidad con sus pares”.
De esta manera el texto sostiene que “la implementación de políticas de fomento dirigidas a las personas humanas y personas jurídicas así como a fideicomisos que lleven a cabo un proyecto de inversión destinado a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad” y prevé impulsar la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; así como también la remodelación, incluyendo la reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes.
En cuanto a los beneficios para los inversores, la iniciativa sostiene que podrán “convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión” u optar por “la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
Además establece que el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión en el plazo máximo de cinco años desde su aprobación y una vez finalizado el mismo, el beneficiario deberá presentar una “Declaración Jurada dando cuenta de la finalización”, “la constancia de autorización para el funcionamiento del establecimiento, otorgada por la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace”, así como también cualquier otro tipo de comprobante que pueda solicitarse en el momento.
Asimismo el régimen contempla incentivos adicionales para la remodelación de los establecimientos ubicados en el Casco Histórico, un barrio de alta afluencia de estudiantes universitarios, con cinco universidades y 62 predios ocupados por establecimientos educativos. Asimismo, es una zona de accesos a los principales centros de transbordo de la Ciudad, que conectan con universidades porteñas y de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
También amplía los beneficios para los proyectos emplazados en el Casco Histórico y promueve su construcción en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros. La ampliación de incentivos propuesta en este Régimen es fundamental para sostener la mejora de la competitividad de la infraestructura hotelera, y extender el impacto positivo del turismo a nuevos barrios de la Ciudad.
El oficialista Facundo Del Gaiso (VJ) presentó una iniciativa para que la Legislatura exprese su beneplácito por la implementación de un programa que establece un “protocolo de visitas, acompañamiento y despedida final en pandemia”.
A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para expresar su beneplácito por la implementación del programa de contención por Covid 19 denominado “protocolo de visitas, acompañamiento y despedida final en pandemia”, llevado adelante por parte del Sanatorio Güemes.
En relación al programa, el diputado señaló que el mismo “buscó la manera de valorar y respetar la dignidad de la persona durante su internación, y aún más si estaba transitando momentos de riesgo de vida” y remarcó que “se procuró de esta manera respetar el principio de proporcionalidad que, sin dejar de lado los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, eviten restringir derechos inalienables contemplados en la legislación nacional e internacional como lo son morir acompañado, despedirse de un ser querido y realizar un duelo adecuado, entre otros”.
Asimismo señaló que “este protocolo pretende crear un marco de contención psicológica, espiritual y afectiva al paciente, su familia y al equipo de salud” y destacó que “el objetivo es establecer lineamientos para facilitar y promover de manera segura el acompañamiento familiar del paciente durante su internación en período de pandemia, lo que incluye la situación de últimos días y la despedida final, en un marco de información y contención”.
“Dicho protocolo consta de varios puntos a tener en cuenta: requisitos de acompañantes y visitas, consentimiento informado, despedida final, ingreso y egreso al sanatorio, etc”, remarcó Del Gaiso y precisó que “además se realizó una estrategia de capacitación y cuidado del personal de salud, poniendo énfasis en las entrevistas para lograr una comunicación correcta y efectiva con pacientes y familiares”.
Es por ello que el oficialista consideró que debido a “esta sumatoria de esfuerzos, y la apuesta que hace el Sanatorio Güemes a la valoración de la dignidad de la persona humana, dando respuesta a las necesidades de acompañamiento, contención emocional a los pacientes y sus familiares con el diseño y puesta en marcha de circuitos adecuados y favoreciendo la comunicación, es que creemos necesario otorgarles nuestro reconocimiento”.
Matías Barroetaveña (FdT) impulsó un pedido de informes en el que exigió detalles acerca de la “tala indiscriminada” que se estaría llevando a cabo en dicho espacio verde.
El diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual le pedirán al Gobierno porteño que informes sobre la poda y extracción de ejemplares en el Parque Avellaneda. Dicho pedido se origina en las repetidas denuncias que realizaron a lo largo del año los integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque.
Al respecto de la medida, el legislador manifestó que “los vecinos y vecinas del barrio denuncian un daño indiscriminado sobre árboles con alto valor patrimonial, cultural, histórico y natural” e indicó que “dentro del Parque hay alrededor de 1000 ejemplares arbóreos, algunos de los cuales son más que centenarios y su presencia puede remontarse a los orígenes del parque, o incluso antes, a la Estancia de los Olivera”.
Sobre esa misma línea afirmó que “los datos provenientes del censo del gobierno de la ciudad actualizado en 2019 muestran que en el período 2007-2019 la biodiversidad específica del parque ha disminuido en un 25%” y destacó que buscan “conocer cuál es el dictamen técnico que avala la orden de extracción de ejemplares únicos como el Eucalyptus crebra realizada este año”.
Barroetaveña también explicó que “en el contexto que estamos atravesando producto de la pandemia, donde la sociedad ha manifestado la necesidad de replantear los modelos y prácticas promoviendo un mayor cuidado del ambiente, acciones como las ocurridas en el Parque Avellaneda, deberían sancionarse, repensarse y rápidamente corregirse”.
Cabe recordar que desde el año 2003 el parque cuenta con la Ley N° 1153 que le confiere legalidad a la forma de gestión que se lleva adelante en este espacio y que involucra de manera asociada a vecinos, organizaciones barriales y trabajadores. A su vez, este espacio cuenta también con la protección establecida por Ley N° 3042 como Área de Patrimonio Histórico porque el parque ocupa actualmente parte de la antigua Chacra de los Remedios, perteneciente a la familia de Don Domingo Olivera.
La medida también lleva la firma de los diputados Santiago Roberto y María Bielli (FdT).
Un plenario de comisiones se reunirá este jueves a las 12 en el salón San Martín para continuar con el debate de una iniciativa que prevé impulsar la construcción y remodelación de edificios cercanos a Universidades.
Tras una reunión informativa con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, un plenario de comisiones de la Legislatura porteña se reunirá este jueves a las 12 en el Salón San Martín para analizar con mayor profundidad un proyecto de ley impulsado por el diputado de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface, que busca desarrollar en el distrito capitalino un régimen de residencias estudiantiles.
El texto plantea “la implementación de políticas de fomento dirigidas a las personas humanas y personas jurídicas así como a fideicomisos que lleven a cabo un proyecto de inversión destinado a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad”. De esta manera se buscará impulsar la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; así como también la remodelación, incluyendo la reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes.
Para aquellos inversores que desarrollen nuevos edificios como las remodelaciones en las construcciones existentes, podrán “convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión” u optar por “la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
El texto establece que el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión en el plazo máximo de cinco años desde su aprobación y una vez finalizado el mismo, el beneficiario deberá presentar una “Declaración Jurada dando cuenta de la finalización”, “la constancia de autorización para el funcionamiento del establecimiento, otorgada por la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace”, así como también cualquier otro tipo de comprobante que pueda solicitarse en el momento.
Además, el régimen contempla incentivos adicionales para la remodelación de los establecimientos ubicados en el Casco Histórico, un barrio de alta afluencia de estudiantes universitarios, con cinco universidades y 62 predios ocupados por establecimientos educativos. Asimismo, es una zona de accesos a los principales centros de transbordo de la Ciudad, que conectan con universidades porteñas y de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
También amplía los beneficios para los proyectos emplazados en el Casco Histórico y promueve su construcción en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros. La ampliación de incentivos propuesta en este Régimen es fundamental para sostener la mejora de la competitividad de la infraestructura hotelera, y extender el impacto positivo del turismo a nuevos barrios de la Ciudad.
Facundo Del Gaiso (VJ) presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para rechazar las declaraciones del humorista por fomentar la “violencia en el país”.
Tras la masiva movilización del pasado 12 de octubre en contra del Gobierno nacional, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual buscará manifestar “su enérgico repudio a las expresiones vertidas por Raúl Enrique ‘Dady’ Brieva en razón de la manifestación popular, así como a toda otra declaración que fomente la violencia en nuestro país”.
El humorista había asegurado en su programa radial ‘Volver mejores’ que al ver la movilización le dio “ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio” y remarcó que “a nosotros (por el kirchnerismo) nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.
En los fundamentos de la medida, el oficialista recordó que “el pasado 12 de octubre se realizó en las inmediaciones del Obelisco una multitudinaria manifestación pública de protesta a la gestión del Gobierno nacional, principalmente vinculada con cuestiones referentes al proyecto de ley de reforma de la justicia, al traslado de jueces nacionales y, en general, al manejo de la pandemia desatada por el Covid 19” y consideró que los dichos de Brieva “son los que incitan a la sociedad a la violencia, los que generaron la tan denostada ‘grieta’ en nuestro país y lamentablemente no hacen más que agrandarla día a día”.
Asimismo afirmó que “es en estos momentos en donde hay que abogar por la paz y la tranquilidad, y en particular son los llamados ‘líderes de opinión’ quienes tienen un rol esencial a la hora de apaciguar los ánimos y no exaltar ni generar violencia innecesariamente” y advirtió que “cuando una persona cumple un rol destacado en el debate público, debe tener siempre presente que sus palabras tienen un gran impacto en la sociedad y por lo tanto deben medir sus palabras para evitar exacerbar los ánimos de la ciudadanía, principalmente en momentos de gran zozobra como los que estamos viviendo en el marco de la pandemia producto del Covid en conjunción con una gran crisis social y económica”.
La contracara del repudio
Pero este no es el único repudio que recibió la Legislatura de la Ciudad en las últimas horas, es que la diputada Victoria Montenegro (FdT) presentó otro proyecto de declaración en el que buscará expresar su “más enérgico repudio” a una nota publicada en la versión digital del diario Clarín, en la cual se convocó como punto de encuentro de una movilización el domicilio particular de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En los considerandos del texto, la kirchnerista indicó que “a pesar de encontrarnos en el marco de una pandemia y bajo una gran cantidad de contagios, como así también de muertes, este medio de comunicación decidió omitir la prudencia e incito a la concentración y expuso el domicilio particular de quien fuera otrora dos veces presidenta de la Nación” y destacó que aunque editaron “la nota (borrando la dirección del domicilio particular) la noticia trascendió y se dio a conocer de forma viral, causando un daño que ya no podía ser subsanado”.
“Lejos de ser un error, los sucedió configura como un método de intimidación inaceptable que no pueden tener lugar ni deben ser tolerados en un sistema democrático. Lo ocurrido deja abierta la posibilidad de para hacer de los domicilios particulares epicentros de prácticas que no son compatibles con los acuerdos democráticos establecidos y que en el marco de una emergencia sanitaria pone en riesgo a todos las y los vecinos de las inmediaciones”, sentenció.
Se trata de un proyecto de Juan Manuel Valdés (FdT), a través del cual buscará que dicha sede ya no esté emplazada en el Hospital Borda.
La Legislatura porteña avanzó con un proyecto de declaración de autoría del legislador del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés, instando al Gobierno de la Ciudad a “trasladar el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad a instalaciones con las condiciones acordes para el desarrollo de su actividad”, actualmente ubicado en el Hospital Borda.
Al respecto de la iniciativa, el diputado manifestó que “venimos expresando hace varios meses la necesidad imperiosa de que la certificación para las familias de personas con discapacidad no sea otorgada en el Hospital Borda, no es el lugar apropiado y por eso le exigimos al Gobierno de la Ciudad el inmediato traslado de esta sede” y recordó que con este texto “acompañamos el reclamo de más de 28 organizaciones que se han manifestado en esta misma dirección”.
“Las familias actualmente transitan en un ambiente donde está prohibida la circulación de menores. A la situación compleja que viven las personas con discapacidad, se le suma la estigmatización de tener que pasar por un hospital monovalente de salud con la connotación social que esto lleva”, aseveró.
Por su parte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) celebró la aprobación del proyecto y solicitó “el pronto traslado del Centro de Orientación y Evaluación de la Discapacidad. Pero también esperamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga en cuenta el texto de esta declaración y tome todas las medidas que estén a su alcance para la inmediata concreción del traslado de este centro”.
“El hospital Borda no puede seguir siendo el lugar de evaluación de la discapacidad”, sentenciaron desde el REDI.
Se trata de un proyecto del diputado Sergio Abrevaya (GEN), a través del cual prevé que se implementen los medios para detectar la adrenoleucodistrofia, una enfermedad hereditaria de almacenamiento metabólico.
Con la intención de garantizar la buena salud de los niños por nacer, el legislador del GEN Sergio Abrevaya impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscará incorporar a la pesquisa neonatal un estudio que detecte la “adrenoleucodistrofia”, una enfermedad hereditaria de almacenamiento metabólico por la cual un defecto en una enzima específica resulta en la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga (Verylongchainfattyacids VLCFA) en todos los tejidos del cuerpo.
La iniciativa busca incorporar ese estudio a los que ya se realizan para detectar la fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del recién nacido, hipoacusia del recién nacido, chagas, sífilis, y otras anomalías metabólicas genéticas y/o congénitas.
En los fundamentos de la medida, Abrevaya señaló que la adrenoleucodistrofia se “produce como consecuencia de la presencia de mutaciones en el gen ABCD1, situado en el cromosoma X, que codifica para una proteína implicada en el transporte de los ácidos grasos saturados de cadena larga del citoplasma de las células a los peroxisomas (también conocidos como microcuerpos, son unos pequeños orgánulos celulares, muy parecidos a los lisosomas, que están suspendidos en el citosol de la mayor parte de las células eucariotas)”.
Asimismo remarcó que “cuando esta proteína no funciona correctamente, se produce una acumulación de los mencionados ácidos grasos, así como de las proteínas relacionadas, lo que compromete la función de las glándulas suprarrenales, la médula espinal, los testículos y la sustancia blanca (mielina) del sistema nervioso central” y destacó que “por estar ligada a este cromosoma, los síntomas de la enfermedad los padecen los varones, en el caso de las mujeres heterocigotas (un organismo heterocigoto es aquel que presenta dos formas distintas de un mismo gen, una correspondiente a la madre y la otra heredada del padre) portadoras de una única copia mutada del gen, la enfermedad se manifiesta con menor gravedad en el 60% de los casos”.
“Los bebés nacidos con ALD son neurológicamente normales en el momento del nacimiento, sin embargo, durante su desarrollo posterior pueden manifestarse los síntomas de esta terrible enfermedad”, señaló y concluyó afirmando que “el diagnóstico precoz de los mismos puede llevar a la aplicación de intervenciones capaces de salvar sus vidas”.
En un plenario de comisiones, los diputados de la Ciudad evaluaron una iniciativa que busca fomentar la construcción y remodelación de edificios que se encuentren en las inmediaciones de Casas de Altos Estudios.
Con la intención de reactivar el sector hotelero y fomentar la oferta académica de la Ciudad de Buenos Aires, las comisiones de Desarrollo Económico, Presupuesto y Turismo inició este martes el debate acerca de un proyecto que busca generar un régimen de residencias estudiantiles en el distrito capitalino.
La iniciativa había sido impulsada por el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), y prevé “la implementación de políticas de fomento dirigidas a las personas humanas y personas jurídicas así como a fideicomisos que lleven a cabo un proyecto de inversión destinado a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad”. De esta manera se buscará impulsar la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; así como también la remodelación, incluyendo la reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes.
Al respecto del texto en debate la directora ejecutiva de Ente de Turismo, Camila Suarez, explicó durante la reunión que se trata de “un proyecto muy importante, dinamiza rápidamente la economía de la ciudad y genera incentivos para uno de los sectores más golpeados por la pandemia que es el sector hotelero. Esto genera un valor agregado” e insistió en que “esto generará oportunidades para los miles de estudiantes de todo el país que eligen la Ciudad de Buenos Aires para estudiar. Es un año difícil para el sector, sabemos que este tipo de iniciativas mejoran y ayudan, es muy importante”.
En tanto la coordinadora de “Study BA”, Eleonora Bauer, indicó que “el principal objetivo es desarrollar un segmento de residencias que es prácticamente inexistente, en la Ciudad hay 1.100 plazas distribuidas en 38 residencias, una cifra muy baja si lo comparamos con la cantidad de estudiantes” y consideró que “hay un espacio de desarrollo, no es el único, pero hay una oportunidad grande para los más de 80 mil estudiantes del interior del país que vienen a la Ciudad a estudiar carreras de grado”.
“Ellos vienen en busca de la excelencia académica, la Ciudad tienen 575 mil estudiantes de grado y pos grado y 50 instituciones de educación superior”, destacó la funcionaria.
Mientras que el director general de Promoción de Inversiones, Alejo Rodríguez Cacio, aseveró que “primero se hace la inversión, se genera el empleo y una vez que como Gobierno se comprueba eso, recién ahí se entrega el crédito fiscal”.
La medida podría ser debatida el jueves 22 de octubre, dado que ya que el oficialismo porteño solicitó la preferencia con despacho; no obstante, durante la reunión de este martes, desde el Frente de Todos (FdT) solicitó que se extienda el periodo de debate y que se escuche a todas las partes intervinientes.
El proyecto en debate
Para aquellos inversores que desarrollen nuevos edificios como las remodelaciones en las construcciones existentes, podrán “convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión” u optar por “la eximición del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento”.
El texto establece que el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión en el plazo máximo de cinco años desde su aprobación y una vez finalizado el mismo, el beneficiario deberá presentar una “Declaración Jurada dando cuenta de la finalización”, “la constancia de autorización para el funcionamiento del establecimiento, otorgada por la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace”, así como también cualquier otro tipo de comprobante que pueda solicitarse en el momento.
Además, el régimen contempla incentivos adicionales para la remodelación de los establecimientos ubicados en el Casco Histórico, un barrio de alta afluencia de estudiantes universitarios, con cinco universidades y 62 predios ocupados por establecimientos educativos. Asimismo, es una zona de accesos a los principales centros de transbordo de la Ciudad, que conectan con universidades porteñas y de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
También amplía los beneficios para los proyectos emplazados en el Casco Histórico y promueve su construcción en barrios con una menor concentración de establecimientos hoteleros. La ampliación de incentivos propuesta en este Régimen es fundamental para sostener la mejora de la competitividad de la infraestructura hotelera, y extender el impacto positivo del turismo a nuevos barrios de la Ciudad.
La ley impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue sancionada con 37 votos positivos y 23 negativos, y permitirá la construcción de inmuebles de hasta 10 pisos.
A pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña aprobó –en primera lectura- con 37 votos a favor y 23 en contra una ley que busca modificar las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas.
Según informaron las autoridades, la norma “tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados”.
La medida contó con el aval de Vamos Juntos, Partido Socialista y UCR-Ev; mientras que GEN, Frente de Todos, FIT, PTS, Consenso Federal, AyL y Partido Obrero lo rechazaron.
De esta manera, la Casa reformuló la actual zonificación de esos terrenos que abarcan unas 17 héctareas, al que también se le suma un predio lindante de otras 14 hectáreas.
Además se sancionó –este mismo jueves- otros convenios con los desarrolladores inmobiliarios:, Koolhaas S.A, y las firmas Arkinver S.A. y kilómetros S.A. A través de estos acuerdos, la Ciudad prevé un ingreso de 6 millones de dólares que se destinarán a los gastos ocasionados por la pandemia del Covid 19.
La intención del Gobierno porteño es avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
El debate en el recinto
En el marco de una tensa sesión, la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez (VJ), explicó que “los convenios urbanísticos son acuerdos que se establecen entre el GCBA con otros municipios u organismos, así como también con particulares en el marco de una articulación pública – privada en los que existe una contraprestación entre las partes” e insistió en que “es clave para entender: en todo convenio se fijan beneficios mutuos entre los firmantes y se persiguen los objetivos específicos o generales prescritos en el artículo 10.9 del Código Urbanístico, que promueve una Ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa”.
Asimismo indicó que “la zona se presenta como una barrera urbana, debido a sus grandes predios. Si bien Palermo es una zona de muchos espacios verdes, a raíz de una encuesta realizada a vecinos, coincidieron en que son necesarios más espacios de ese estilo” e insistió en que “es momento de revalorizar al Río de la Plata, esto va a favorecer los espacios verdes costeros y la mixtura de usos”.
Por su parte la diputada de AyL Marta Martínez remarcó que “los proyectos que están en tratamiento visibilizan un nivel más de la impunidad del oficialismo en torno a creación de negocios inmobiliarios a espaldas de la población” e insistió en que “esto es una estafa completa a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, están convalidando un fraude y extorsionándolos diciéndoles que si no se aprueban estos convenios no habrá fondos para combatir la pandemia”.
A su vez Sergio Abrevaya (GEN) aseguró que “necesitamos un debate de dónde una Ciudad como Buenos Aires concentra este tipo de construcciones, no podemos seguir dando permisos individuales sólo por interés” y aseveró que “la posibilidad de construir propiedades de lujo pegadas a la ribera del río va en contra de todo lo que la Ciudad necesita. Primero, la CABA requiere viviendas para los que no acceden, para empezar, de las tres millones de personas que viven en la Ciudad, el 35% alquila”.
“Esto no solo no les resuelve el problema, sino que las torres empujan el valor de la tierra, encareciéndola. Por otro lado, estas edificaciones que bloquearán la vista, son un obstáculo para que la Ciudad mire hacia el río”, completó.
En tanto Alejandrina Barry (FIT) señaló que “la pandemia sacó a la luz problemas que ya existían y los amplificó: el hacinamiento, la falta de vivienda, la falta servicios básicos como el agua y el tema de los espacios verdes” y destacó que “si como si esto no existiera y no fuera un problema urgente a resolver, hoy discutimos convenios que son puro negocio, en los que se instaura un mecanismo en el que una constructora paga y las leyes se modifican a su favor”.
Además aseguró que “esta Legislatura antes era una escribanía, ahora es un kiosco que vende cosas a las empresas. Están creando un Puerto Madero 2, en donde va a haber torres de lujo y que tiene un único objetivo y es la especulación inmobiliaria”.
A su vez Matías Barroetaveña (FdT) alertó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios” y aseveró que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad ha vendido alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle la 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”.
“Las necesidades de los porteños y las porteñas no aparecen nunca en la ecuación del Gobierno de Larreta, este proyecto supone la pérdida de un acceso a la costa, repitiendo el viejo paradigma de la ciudad de espaldas al río”, expresó y añadió que “en una Ciudad con un profundo déficit habitacional, la prioridad de Vamos Juntos es hacer torres para negocios de alquiler temporario”.
En contraposición el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) subrayó que como bancada “creemos que la discusión de fondo es la discusión acerca de la realización del interés público, es decir, como un Gobierno mira esa realización” y resaltó que “tenemos una mirada armónica, en la que el Estado y los privados pueden trabajar en conjunto y diseñar espacios que sirvan para el bien común… tenemos que hacer conjugar el interés público y privado de forma tal que vayan en conjunto”.
La medida fue aprobada con 52votos a favor y tres abstenciones la subasta de una serie de predios que habían sido legados a hospitales públicos.
La Legislatura de la Ciudad sancionó con 52 votos positivos y tres abstenciones un proyecto de ley a través del cual se declararon innecesarios para el distrito capitalino unos inmuebles y se autorizó su venta por subasta.
La medida contó con el acompañamiento de todos los bloques que conforman la casa, a excepción de los diputados Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman (PTS) y Alejandrina Barry (FIT), quienes se abstuvieron en la votación.
El texto recientemente aprobado también establece que las escrituras traslativas de dominio de todos los inmuebles se otorgarán por ante la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los gastos generados para la escrituración de la transferencia de dominio serán a cargo de los adquirentes.
De esta manera, la Casa autorizó la venta de los predios ubicados en Juan María Gutiérrez al 2602; Jerónimo Salguero al 2131 y Billinghurst 1576.
Los legisladores de las diversas bancadas recordaron al reconocido humorista gráfico e historietista argentino que dio vida a “Mafalda”, quien falleció el pasado 30 de septiembre.
Luego de que su muerte conmoviera al mundo, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires homenajearon al humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como “Quino”, cuyo deceso se produjo el pasado 30 de septiembre a sus 88 años, tras haber sufrido un acv días antes.
El Parlamento porteño recibió proyecto de Vamos Juntos (VJ), Frente de Todos (FdT), Partido Socialista (PS) y UCR-Evolución, aunque el texto que se votó este jueves en el recinto fue consensuado entre todas las bancadas.
De esta manera, los legisladores le rindieron “un sincero y cálido homenaje a su labor de reconocimiento mundial” y aseguraron que “tras su partida física, Quino deja un recuerdo imborrable e invaluable para el mundo de la reflexión y la crítica a través del humor y las risas. Su obra resuena en la actualidad para explicar situaciones políticas, sociales o de la vida cotidiana”.
“Su talento, su aporte a la cultura, su compromiso social, sus dotes de comunicador, y su vasto recorrido artístico son y serán de inmensa trascendencia”, manifestaron. Al mismo tiempo que concluyeron revalorizando la creación de “Mafalda”, su personaje más famoso, que se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires.
La declaración fue aprobada durante la sesión ordinaria de este jueves y busca reconocer la labor de esa organización que busca localizar y restituir a los hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
Gracias a una iniciativa impulsada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y nieta restituida, Victoria Montenegro (FdT), la Legislatura porteña sancionó –este jueves- una iniciativa de declaración en la cual conmemora el aniversario 43 del inicio de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es la localización y restitución a sus legítimas familias a las víctimas del “Plan Sistemático de Robo de Bebes” ocurrido durante la última dictadura cívico militar.
En los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que “este 22 de octubre se cumplirán 43 años del grupo primigenio de Abuelas que comenzaron a buscar a sus nietas y nietos que habían sido secuestrados junto a sus padres y madres o a sus hijas y/o nueras secuestradas embarazadas” y recordó que el grupo sufrió persecuciones que incluyeron “detenciones, escraches y amedrentamientos entre muchas otras medidas tomadas por la última dictadura cívico militar para intentar desmoralizar a este grupo de mujeres que poco a poco comenzaban a ganar, primeramente, visibilización internacional”.
Luego recordó todo el trabajo que realizaron las abuelas y destacó la articulación permanente con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también surgió para dar respuesta a las Abuelas sigue siendo permanente. “En el derrotero de los años transcurridos el EAAF logro encontrar varias fosas comunes y enterramientos clandestinos y con un trabajo denodado poder identificar muchos hijas e hijas de las Abuelas e incluso determinar un cierto número de embarazos no llegas a término a causa del asesinato de la madre embarazada”, precisó.
Según afirmó la diputada, hasta el momento, son 130 los casos resueltos por las Abuelas de Plaza de Mayo.
“Ellas saben (sabemos) que hay que redoblar los esfuerzos y por ello creemos que este aniversario no debe ser pasado por alto”, manifestó y concluyó señalando que “esa lucha colectiva, que es ejemplo en el mundo, debe ser un norte a seguir no sólo para que democráticamente intentemos remediar las heridas del Estado genocida, sino también para que colectivamente coadyuvemos a la profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia; único país víctima del Plan Cóndor con la capacidad de haberlo transitado y sostenerlo en más de tres décadas democráticas consecutivas”.
Por otro lado, en esa misma sesión ordinaria, los diputados porteños aprobaron otra iniciativa mediante la cual celebrarán el 90 aniversario del nacimiento de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente indiscutido de los Derechos Humanos tanto en el plano Nacional como Internacional.
Fue gracias a iniciativas impulsadas por el FdT, Vamos Juntos y UCR-Ev, a través de las cuales le enviarán sus condolencias a la familia, amigos y allegados del inspector asesinado en Palermo.
A pocos días del asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, la Legislatura porteña aprobó -en la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto de declaración a través del cual lamentaron su muerte mientras se encontraba en servicio y fue brutalmente atacado por un hombre que padecía problemas psiquiátricos.
La iniciativa fue impulsada por el Frente de Todos (FdT), Vamos Juntos (VJ) y UCR-Evolución, en la misma expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y le enviaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del inspector fallecido.
El lamentable episodio ocurrió en la tarde del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de la calle San Martín de Tours y la Av. Figueroa Alcorta, fue atacado Roldán y como consecuencia del hecho perdió la vida. El oficial recibió varias puñaladas, una de ellas a la altura del corazón, circunstancia por la cual, a pesar de ser atendido por el SAME, falleció en el Sanatorio Mater Dei.
Tras el crimen el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmediatamente puso a disposición de la justicia las imágenes de las cámaras de seguridad para contribuir al esclarecimiento del hecho.
La Legislatura porteña se reúne desde las 12.08 para analizar varios proyectos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que prevén modificar las condiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.08 para analizar una serie de proyectos impulsados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, a través de los cuales prevé avanzar con la venta de inmuebles y generar cambios urbanísticos en la zona de la Costanera norte.
Uno de los temas principales es una iniciativa discutida y despachada por la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por Victoria Roldán Méndez (VJ)- , con las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas. Tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados.
Además se pondrán en consideración otros proyectos que fueron despachados por esa comisión y la de Presupuesto –encabezada por Claudio Romero (VJ)-, las cuales refieren a convenios del Gobierno de la CABA con empresas y particulares para autorizar edificaciones de determinados predios ociosos, a cambio de la construcción de espacios públicos para los vecinos y de compensaciones económicas que serán destinadas a los gastos de la emergencia sanitaria.
Dichos convenios están vinculados a terrenos de la ex sastrería militar del barrio de Palermo (en la zona conocida como Las Cañitas); en el sector denominado Dique 4 de Puerto Madero, sobre tierras que antes eran del Ministerio de Defensa, y en el barrio Villa Crespo, lindero con las vías del Ferrocarril San Martín.
Todos estos proyectos generarán fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, dado que estos últimos ya comenzaron a manifestarse en contra de la venta de terrenos y la edificación de torres en la zona de la Costanera norte.
A su vez los diputados porteños también tienen previsto emitir una declaración sobre la conmovedora muerte del policía federal Juan Roldán, acuchillado y asesinado en la vía pública del barrio Palermo por un hombre deambulante.
Los diputados se reunirán a partir de las 11 en el recinto de sesiones para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que prevén analizar varias propuestas del Gobierno de la Ciudad y que generarán fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
Con la intención de avanzar con una serie de proyectos urbanísticos, la Legislatura porteña se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar adelante lo que se espera que sea una extensa sesión, en las que se debatirán una serie de proyectos impulsados por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, referentes a la venta de predios y cambios urbanísticos.
Uno de los temas principales es una iniciativa discutida y despachada por la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por Victoria Roldán Méndez (VJ)- , con las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas. Tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados.
Además se pondrán en consideración otros proyectos que fueron despachados por esa comisión y la de Presupuesto –encabezada por Claudio Romero (VJ)-, las cuales refieren a convenios del Gobierno de la CABA con empresas y particulares para autorizar edificaciones de determinados predios ociosos, a cambio de la construcción de espacios públicos para los vecinos y de compensaciones económicas que serán destinadas a los gastos de la emergencia sanitaria.
Dichos convenios están vinculados a terrenos de la ex sastrería militar del barrio de Palermo (en la zona conocida como Las Cañitas); en el sector denominado Dique 4 de Puerto Madero, sobre tierras que antes eran del Ministerio de Defensa, y en el barrio Villa Crespo, lindero con las vías del Ferrocarril San Martín.
Todos estos proyectos generarán fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, dado que estos últimos ya comenzaron a manifestarse en contra de la venta de terrenos y la edificación de torres en la zona de la Costanera norte.
A su vez los diputados porteños también tienen previsto emitir una declaración sobre la conmovedora muerte del policía federal Juan Roldán, acuchillado y asesinado en la vía pública del barrio Palermo por un hombre deambulante.
Los legisladores de esa bancada impulsaron un proyecto de ley para prohibir la producción y expendio de productos plásticos.
Luego de que la Ciudad avanzara con la reducción de las bolsas plásticas y la eliminación de los sorbetes plásticos, la vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, Cecilia Segura (FdT), y los diputados del Frente de Todos impulsó un proyecto de ley a través del cual buscar prohibir de forma gradual y progresiva la producción, distribución y expendio de productos de plástico de un solo uso en el distrito capitalino.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar nuevos hábitos de consumo, concientizar sobre el impacto ambiental que producen los plásticos de un solo uso en el ambiente y la salud, promover la reducción progresiva, hasta su eliminación total, del consumo de este tipo de productos y estimular su sustitución, reutilización y reciclaje.
Para promover la transición de hábitos de consumo en las personas y la producción de productos sustitutos de carácter biodegradable, el Plan plantea incentivos y estímulos económicos, capacitación, asistencia científico-técnica y/o financiera a quienes deseen producirlos y/o reconvertir sus establecimientos industriales.
Al respecto de la iniciativa, Segura recordó que en la Ciudad “ya se prohíbe el expendio de sorbetes plásticos en bares y restaurantes, y la entrega gratuita de bolsas no biodegradables en supermercados. En esta misma línea, en abril presentamos un proyecto para que se dejen de utilizar plásticos de un solo uso en todas las dependencias públicas”.
“Esta nueva propuesta busca profundizar este camino, con la profunda convicción de contribuir a hacer efectivo el derecho a un ambiente sano y equilibrado para los habitantes y las generaciones futuras de nuestra Ciudad”, manifestó.
Asimismo remarcó que “toda propuesta en materia ambiental es ambiciosa, pero estoy segura de que este proyecto, que plantea un cronograma con metas de reducción progresiva, nos va a permitir mitigar los efectos de la crisis ambiental actual y construir una Ciudad más sostenible en el mediano y largo plazo”.
El texto también lleva la firma de Claudio Ferreño, Matias Barroetaveña, Laura Velasco, Manual Socias, Lucia Campora, Juan Manuel Valdes y Leandro Santoro (FdT).
Los diputados impulsaron un proyecto de declaración en el que rechazaran la discriminación que sufrieron dos jóvenes por haberse besado en la calle. “Debemos seguir trabajando en pos de una sociedad pacífica”, manifestaron.
Luego de que se viralizaran en las redes sociales las imágenes de la golpiza que recibieron, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de declaración a través de la cual buscarán expresar “su más enérgico repudio ante los ataques homofóbicos sufridos por Cristian ‘Yaco’ Jacobsen y su novio Pablo Cavaignac, en el barrio de Palermo, por parte de un grupo de transeúntes”.
Asimismo señalaron que esa Casa “brega por el derecho a la igualdad y libertad que merecen todos sus habitantes, amparándose en los principios de nuestra Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los fundamentos del texto -que lleva la firma de Lucía Romano (VJ)-, los oficialistas recordaron que el violento ataque ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando los dos jóvenes fueron agredidos físicamente en el barrio de Palermo por tres hombres desconocidos, de forma brutal. La pareja que se encontraba caminando y, según explicaron, “fue sorprendida por la espalda luego de demostrarse su amor con un simple beso, y si bien en un principio creyeron que estaban siendo víctimas de un asalto, el desenlace de los hechos les demostraría que estaban siendo golpeados por ‘odio’ a su condición sexual”.
Es por ello que los diputados consideraron que se trata de un episodio “tan inusitado como violento y repudiable” e insistieron en que “como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires consideramos la homofobia como extemporánea, fuera de tiempo y espacio, sin embargo, actos como este nos recuerdan que aún existe este tipo de violencia y discriminación, y que por ello es necesario seguir trabajando políticas públicas que fomenten el respeto por las libertadas individuales y la igualdad”.
Luego de recibir las agresiones, las víctimas se dirigieron hasta la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad para radicar la denuncia que quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.
“La violencia y el ataque que Cristian y Pablo recibieron no representa un acto aislado, o poco común, por lo contrario, lo sucedido viene a mostrarnos que todavía falta y debemos seguir trabajando en pos de una sociedad pacífica, que respete los valores básicos de la convivencia democrática, plural y diversa, y en la que no haya lugar a este tipo de situaciones que atentan contra el orden social y tienen como víctimas mayoritariamente a miembros de las colectividades y minorías sociales”, sentenciaron los diputados.
El proyecto también lleva la firma de Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Leandro Halperín, Hernán Reyes, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero y Guillermo Suárez (VJ).
Los diputados de Vamos Juntos buscarán avanzar con una iniciativa con la que buscarán manifestar su solidaridad con los bomberos que están buscando sofocar los incendios en más de once provincias.
Con la intención de visibilizar la problemática, los legisladores de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su profunda preocupación por los focos activos de incendios que continúan afectando a más de nueve provincias de la Argentina.
Asimismo prevén manifestar su agradecimiento y solidaridad con cada uno de los bomberos que “arriesgan su vida en el esfuerzo por aminorar el daño de los incendios forestales”, los cuales ya se extendieron por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.
En los fundamentos de la medida, los oficialistas explicaron que “el Servicio Nacional del Manejo del Fuego emite un informe diario en el cual se va actualizando día a día reportando el estado de los incendios que llevan tanto tiempo azotando a nuestro país, y si bien se han reportado que nueve provincias mantienen focos activos, resulta de extrema preocupación la situación en Córdoba y San Luis”.
Al mismo tiempo recordaron que el director de la Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Cruz Molina, explicaron que “los incendios forestales ya quemaron alrededor de 191 mil hectáreas en la provincia” y consideraron que “este número impactante y verdaderamente tristísimo, lamentablemente, representa un ‘récord de los últimos 20 años’”.
“Para tomar noción de la gravedad de la situación, estamos cerca de llegar al doble del registro de los incendios de 2013, que habían sido 106 mil hectáreas y que se mantenía hasta este momento como la mayor cifra de las últimas dos décadas”, aseveró y remarcaron que “un incendio forestal ya de por sí genera un daño irreparable: en propiedad, en personas, en herramientas y oportunidades de trabajo, arrasando con todo a su paso en uno de los fenómenos naturales más violentos y difíciles de controlar cuando se salen de control”.
A su vez afirmaron que “es motivo de tristeza el daño irreparable que ha quedado ya marcado en la biodiversidad de Córdoba, en su paisaje, su superficie productiva, sus pastizales, sus bosques y su forestación” e indicaron que “debemos solidarizarnos con los departamentos Cruz del Eje, en el noroeste de nuestro país, y con Río Cuarto, en el sur, ya que mantienen dos focos activos de incendios contra los que incontables personas coordinan esfuerzos para poder paliar”.
Sobre esa misma línea, los diputados manifestaron que “más de 500 bomberos se encuentran trabajando sobre esos focos, pertenecientes a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y agentes del Plan Nacional del Manejo del Fuego; coordinando esfuerzos y haciendo entrega de su cuerpo para combatir nuestro patrimonio natural como país, nuestro verde, nuestros paisajes, y nuestro futuro”.
“Estos desastres ya no podemos llamarlos naturales. El 98% de los incendios que hoy nos azotan como país y que no podemos dejar de visibilizar por un segundo mientras sigan habiendo focos activos, fueron provocados por la mano del hombre”, señalaron y concluyeron afirmando que “debemos tomar esta oportunidad y esta tragedia para reflexionar todos sobre nuestra relación con la naturaleza, y el impacto que tiene en el presente y en el futuro cada decisión que tomamos”.
La medida lleva la firma de Natalia Fidel –como autora-, Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Lucía Romano, Claudio Romero y Guillermo Suarez (VJ).
Es por ello que el legislador del FdT insistió con un pedido de informes para conocer la política actual de la Ciudad en esa materia, aunque advirtió que no tuvo respuesta.
A siete meses de haber iniciado el aislamiento preventivo, social y obligatorio, el diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña aseguró que la pandemia del Covid 19 puso en evidencia que “la Ciudad no tiene un proyecto de Ciencia y Tecnología” e insistió con un pedido de informes que realizó al respecto pero que aún no tuvo respuesta.
En ese sentido, el opositor recordó que el distrito capitalino cuenta con una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2007 (Ley 2511) que estipula, entre otras cosas, la creación de un Gabinete de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad (GATIC) y la disposición de un fondo anual no inferior al 1% del presupuesto para ejecutar las actividades científicas previstas en dicha ley.
Es por ello que Barroetaveña consideró que “a diferencia de otros distritos que han mostrado grandes desarrollos en este contexto, la Ciudad se recuesta enteramente sobre el trabajo del Estado Nacional”.
También destacó que en 2016 el ejecutivo respondió a un pedido de informes de la oposición a través de la Resolución 173/2016 donde se adjunta el Plan Cuatrienal 2016-2019. Sin embargo, se desconocen los grados de ejecución y avances. Asimismo, se informa que se constituyó una Mesa de Innovación que cumpliría las funciones del GACTIC, no obstante, no se presenta detalle de reuniones o información más que la ejemplificación de su funcionamiento con algunos programas o iniciativas.
En esta misma línea, la integrante de la Junta Comunal N°4, Verónica Tenaglia, propuso la semana pasada que la ex Cárcel de Caseros ubicada en el Distrito Tecnológico sea la sede de una plenamente conformada Agencia de Ciencia y Tecnología Porteña.
“La Ciudad tiene todas las posibilidades para asumir la vanguardia en desarrollo tecnológico, sin embargo, lo que falta es voluntad política”, manifestó el diputado Barroetaveña y sentenció que “Larreta habla de una supuesta ciudad del futuro pero insólitamente la Ciencia y Tecnología porteña no forma parte de ese futuro”.
Se trata de una propuesta de Diego Weck (UCR-Ev) mediante la cual se buscará que todos los conductores se capaciten en materia de género y violencia de género.
Debido al incremento de los casos de femicidios, el diputado Diego Weck (UCR-Ev) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual prevé modificar el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, a fin de establecer que para obtener la licencia de conducir por primera vez y quienes necesiten renovarlas, deban realizar un curso de capacitación en materia de género y violencia de género.
Al respecto de su iniciativa, Weck explicó que tiene como objetivo “contar con un nuevo espacio para la concientización y prevención respecto de uno de los flagelos que sufre nuestra sociedad como es la violencia de género” y recordó que “en nuestra sociedad las formas de violencia son múltiples, y los ámbitos en los cuales la misma tiene lugar no se circunscriben a los familiares o domésticos. La violencia es perpetrada o tolerada también en el ámbito comunitario, siendo el tránsito y el transporte escenarios comunes de dicho fenómeno”.
“La visibilización de esta problemática ha puesto en evidencia que la violencia de género, los feminicidios y discriminación por género no son ‘naturales’ ni ‘inevitables’, sino más bien la expresión de normas y valores culturales e históricos concretos”, destacó e insistió en que “se trata de un conflicto complejo que demanda múltiples intervenciones para poder erradicarlo, pero por sobre todo demanda un profundo cambio cultural”.
Además recordó que “en los últimos años se ha logrado instalar la cuestión de la violencia de género como un tema de agenda pública en la ciudad, y son muchos los avances en las legislaciones y normativas, ejemplo de ello es la ley 6.208 de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.499 – Ley Micaela-“; no obstante, consideró que “queda un largo camino por recorrer para erradicarla”.
Por lo que sentenció que “esta ley apunta a un cambio cultural, buscando erradicar cualquier tipo de prejuicio o ideas basadas en estereotipos o roles de género, así como las relaciones de poder que se constituyen a partir de las diferencias sexuales, estructuradas en los planos simbólicos, normativos e institucionales”.
Los diputados de Vamos Juntos impulsaron un proyecto de declaración en el que prevén rechazar las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, en las que criticó el accionar de la Policía de la Ciudad al intentar reducir al atacante del inspector fallecido.
Tras el asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Roldán a manos de un hombre que lo acuchilló en reiteradas oportunidades, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa en la que buscarán expresar su repudio a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, relacionadas con la actuación de la Policía de la Ciudad, el 28 de septiembre cuando fue brutalmente atacado el inspector.
Es que luego de que se difundieran las imágenes, la funcionaria realizó varias manifestaciones sobre la actuación de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona y consideró que los efectivos “tuvieron temor” y que “capaz no sabían qué hacer”. Al mismo tiempo que se preguntó “¿por qué no se convocó al SAME? Tendría que haber intervenido porque el agresor no era un delincuente, era una persona con un brote psicótico que era una amenaza y terminó siendo un homicida”.
Al respecto de las declaraciones de la ministra, los oficialistas explicaron que “más allá de esta declaraciones, que no ayudan a mejorar la situación que nos encontramos atravesando, aseguramos encontramos orgullosos por el correcto accionar de los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que aplican los protocolos vigentes para estos casos y que trabajan en forma conjunta y con alto profesionalismo” y volvieron a expresar “el profundo pesar por el deceso de Juan Pablo Roldán y el acompañamiento a su familia”.
Asimismo recordaron que “la Ciudad cumple estrictamente con lo determinado en la Ley N° 5.688, que establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública”.
En este marco, señalaron que “la misma define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad”.
“El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad tiene como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja”, completaron.
El texto presentado en la Legislatura porteña también lleva la firma de Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Matías López, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Paola Michielotto, Lucía Romano, Claudio Romero, Gonzalo Straface y Guillermo Suarez.
Los diputados del FdT impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto para conocer el estado en el que se encuentra el plan de desarrollo de esas viviendas, el estado de los servicios y la adjudicación de las mismas.
La vicepresidenta segunda de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños (FdT), junto a otros legisladores del Frente de Todos, impulsó un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca del estado actual “Barrio Olímpico”, ubicado en Villa Soldati, entre las avenidas Fernández de la Cruz, Escalada, Coronel Roca y la autopista Presidente Cámpora.
En cuanto a la situación dominial, beneficiarios y adjudicatarios, los diputados buscaran conocer si existen propietarios con más de una unidad; la cantidad de beneficiarios; el número de viviendas que fueron adjudicadas desde la finalización de la obra; la cantidad de unidades que se encuentran actualmente habitadas y escrituradas.
También prevé conocer si existe alquiler de unidades por parte de los beneficiarios de los departamentos; así como también conocer cuáles fueron las formas de pago de las unidades, los resultados de la subasta y adjudicación de los locales comerciales de la planta baja; entre otras cuestiones.
Asimismo el texto indaga acerca de las viviendas vacías, por lo que los opositores exigieron detalles acerca de la cantidad de viviendas adjudicadas y que no pudieron ser entregadas. Además se consulta sobre si existen unidades funcionales afectadas con fallas estructurales o cualquier otro tipo de desperfecto.
En cuanto a los servicios, le pedirán al Gobierno porteño informe el estado de las infraestructuras de servicios, detallando los costos y promedios de tarifas y la categorización de las obras; el destino y disponibilidad futura del predio de estacionamientos sito en la esquina de Av. Escalada y Av. Roca; entre otras cuestiones.
De esta manera, en los fundamentos de la medida los diputados explicaron que “en un plazo de tiempo corto, el ejecutivo de la Ciudad impulsó un importante desarrollo de este sector de la ciudad, promovido por un evento de impacto internacional como fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin embargo, a casi dos años de su culminación, la información oficial acerca de la situación actual de este nuevo barrio es insuficiente”.
Al mismo tiempo que insistieron en que han “constatado multiplicidad de problemáticas vinculadas con los aspectos dominiales, sobre la ocupación y alquiler de las unidades, sobre la recepción de obras y calidad constructiva, sobre dificultades en el mantenimiento edilicio y del espacio público, sobre el estado de las infraestructuras, y sobre el destino de los predios adyacentes”.
“Entendemos que la situación habitacional en la Ciudad presenta limitaciones para acceder a una solución habitacional, y por ese motivo, la gran oportunidad que representa esta obra en el sur de la ciudad”, completó.
La medida también lleva la firma de Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Ferreño, Claudia Neira, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).
Los diputados del FdT presentaron en la Legislatura un pedido de informes para conocer detalles acerca de ese servicio de acondicionamiento y mantenimiento de los colegios que costó casi 700 millones de pesos.
En medio de las negociaciones entre el Gobierno local y nacional por el regreso a clase para los alumnos sin conectividad, el legislador Matías Barroetaveña (FdT) impulsó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes solicitando explicaciones por la contratación de un servicio de acondicionamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos para el retorno a clases por un monto de 684.686.011 pesos.
En el texto presentado, Barroetaveña recordó que el 22 de septiembre el Gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín oficial cuatro resoluciones ministeriales en las que da cuenta de la aprobación de la contratación de servicios de “provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido y de papel higiénico, reposición mensual de jabón líquido y papel higiénico, y de refuerzo de personal de limpieza integral y desinfección de los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” correspondientes a la totalidad de los Distritos escolares y “por un periodo de cuatro meses”, solicitado por la Subsecretaría de Carrera Docente del Ministerio de Educación e Innovación.
Es así que resultaron adjudicadas de tales procesos de compras, por su parte, de la zona escolar 1 la empresa Bencen Construcciones SRL, por un total de 134.236.240 pesos; de las zonas 2, 3 y 4, la empresa Claryty SRL, por totales de 103.389.845, 83.863.548 y 80.815.504 de pesos respectivamente; de la zona 5 Lessiver SRL, por un total de 100.908.382 pesos; y de las zonas 6 y 7, la empresa Servba SA, por totales de 94.927. 864 y 86.544.628 de pesos respectivamente.
Al respecto de la decisión gubernamental, Barroetaveña consideró que “resulta por demás cuestionable, en un contexto de persistencia de la incertidumbre sanitaria que dificulta la implementación del retorno a las actividades presenciales, y teniendo en cuenta que, en el marco de la emergencia sanitaria el Gobierno de la Ciudad ha decidido, por ejemplo, no dar cumplimiento al último tramo de la oferta salarial docente que se hubiera efectuado en febrero del corriente año”.
Asimismo insistió en que “el Gobierno de Larreta gasta 700 millones en una hipotética y riesgosa vuelta a clases cuando, con ese dinero, podría destinar 100 mil pesos para cada estudiante que hoy no tiene conectividad” y advirtió que “según los datos que aporta públicamente el gobierno de la Ciudad, hay 6500 niños y niñas que han perdido contacto con la escuela durante la cursada virtual”.
“El Gobierno de Larreta destina millones a una contratación de la cual aún no tiene ninguna certeza”, detalló y concluyó señalando que “este dinero podría destinarse a la compra de notebooks o al menos suplir el deficiente reparto de ayuda alimentaria en las escuelas. Evidentemente, están más preocupados en el marketing de la vuelta a clases que en atender las necesidades reales de las y los estudiantes”.
Se trata de un petitorio de la diputada Manuela Thourte, quien insistió en la necesidad de que los niños puedan viajar más seguros en ese tipo de transporte público.
Con la intención de que los bebés y sus cuidadores viajen más cómodos y seguros, la legisladora de la UCR-Evolución Manuela Thourte presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual le solicitará al Gobierno nacional que habilite a que los pasajeros puedan subir a los colectivos con los cochecitos de paseo para infantes abiertos.
En ese sentido, la iniciativa pide modificar la regulación vigente de manera de habilitar el transporte de niños dentro de sus cochecitos y correctamente asegurados a los mismos en los vehículos correspondientes al transporte automotor público colectivo de pasajeros.
Es por ello que en los fundamentos de la medida, la radical explicó que “el presente proyecto de declaración tiene el objetivo de visibilizar la situación de todos aquellos cuidadores de niñas y niños que se ven imposibilitados de viajar en el transporte público colectivo con los cochecitos de bebé abiertos” y aseguró que en la actualidad “la situación de aquellas personas que deben hacer uso del transporte público junto con niños y niñas de la primera infancia es especialmente complicada: los choferes de colectivos instan a los cuidadores a que viajen con el cochecito de bebés cerrado y los bebés en sus brazos”.
Sobre esta misma línea precisó que “esto resulta sumamente engorroso para los cuidadores ya que para ascender al colectivo deben cerrar el cochecito y cargarlo, junto con el bebé, hacia el interior del automotor” e insistió en que “esto es particularmente imposible de llevar a cabo por aquellos cuidadores, contratados o familiares, que se movilizan junto a más de un niño o niña: en estos casos es indispensable viajar en compañía o contar con asistencia de un tercero”.
Además resaltó que “así es como esta problemática impacta particularmente a las mujeres y, por lo tanto, debe ser atendida a través de una perspectiva de género. En la Argentina las tareas de cuidado, y especialmente el cuidado infantil, están atravesadas por una división sexual del trabajo: estas recaen, mayormente, en las mujeres” y destacó que “en la Ciudad de Buenos Aires, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos, las mujeres dedican 5.30 horas diarias al cuidado de miembros del hogar; en este sentido, obstaculizar su forma de transporte en medios públicos atenta contra su autonomía”.
“Los cochecitos deberían estar ubicados a contramarcha de la dirección del vehículo, con sus ruedas frenadas y correctamente asegurados al colectivo mediante los sistemas de sujeción correspondientes”, señaló y concluyó afirmando que “el transporte de un cuidador y los niños a su cargo debería, por lo tanto, asemejarse al de una persona en silla de ruedas: accediendo al vehículo mediante la rampa de discapacidad, y descendiendo a través de la misma; permitir el ingreso, transporte y descenso de los niños dentro del cochecito agiliza y facilita el transporte y garantiza, asimismo, la seguridad de los mismos”.
La iniciativa también lleva la firma como co autor del legislador Marcelo Guouman (UCR-Ev).
Los diputados del FdT presentaron un proyecto de resolución mediante el cual buscarán citar al ministro de Salud para obtener mayores precisiones acerca del avance de la pandemia en la Ciudad.
A casi siete meses de haber iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución en el que pidieron que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, concurra a la Comisión de Salud a fin de dar respuestas respecto al abordaje, cobertura y sistematización en la carga de datos sobre casos y fallecidos por Covid 19 en el ámbito de nuestra jurisdicción.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “como es de público conocimiento, en la última semana la Provincia de Buenos Aires tomó medidas relacionadas a la carga de datos respecto del informe de coronavirus, unificando bases de datos” y explicaron que “la carga de datos en momentos como este es una dificultad, por la cantidad de pacientes diarios que representa, como es también un gran desafío para poder tomar decisiones acertadas y contar con información certera para esto”.
Sobre esa misma línea, recordaron que “el propio ministro de Salud de la Ciudad dijo, en su conferencia de prensa, que lo realizado por la cartera sanitaria de la provincia fue ‘una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha’”.
“Por eso, y sabiendo que los retrasos en la carga de datos no son ajenos a la ciudad, es que solicitamos la interpelación al ministro a fin de conocer de primera mano todo lo relativo a la carga de datos y poder vislumbrar el detalle de los números con los afectados por la pandemia”, sentenciaron.
La medida es de autoría de Javier Andrade (FdT) y lleva la firma como co autores de los legisladores Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).
La Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con un proyecto impulsado por Vamos Juntos en el que les solicitan a los senadores votar en contra del recorte de los recursos coparticipables y abrió un nuevo debate entre el oficialismo y la oposición.
Anticipándose al debate que se dará en la Cámara alta del Congreso nacional, la Comisión de Asuntos Constitucionales –a cargo del diputado Hernán Reyes (VJ)- firmó el dictamen favorable de un proyecto que exhorta a los senadores nacionales de la Ciudad a oponerse al recorte de recursos coparticipables que decretó el Gobierno de la Nación, lo que generó un debate entre oficialismo y oposición.
Dicho pronunciamiento “insta a los representante de la CABA en el Senado de la Nación a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento del sistema de seguridad y a defender la autonomía de la Ciudad”.
Durante el debate que se generó en la Comisión, Reyes leyó el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad, que reza: “ñas autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Por su parte Gastón Blanchetiere (VJ) reclamó a sus pares “cumplir ese mandato constitucional al margen del color político de cada banca, ya que todos juramos cumplir con la Constitución”. Mientras que la opositora Cecilia Segura (FdT) consideró que “el proyecto es anti reglamentario e inconstitucional” y que no procede a la Legislatura “instar a otro a hacer o dejar de hacer algo y menos obligar a otro cuerpo legislativo de otra jurisdicción y a senadores de la Nación a votar de determinada manera”.
No obstante Blanchetiere replicó que “confunden el Estado con el partido y creen que tenemos que estar agradeciendo cada dádiva del Presidente a cada jurisdicción”.
Apoyando los dichos de Segura, Lucía Cámpora (FdT) dio su postura a favor el decreto presidencial con cifras, porcentuales comparativos y circunstancias del traspaso a la Ciudad de los servicios de seguridad no federales y sus correspondientes recursos; y tildó de “chicana” a la iniciativa del bloque VJ.
En tanto Sergio Abrevaya (GEN) recordó que “esta Legislatura ya ha votado varias declaraciones muchos más duras que esta, con recomendaciones de lo que hay que hacer o no” y aseveró: “El Congreso Nacional no puede violentar el equilibrio federal de los acuerdos entre la Nación y las provincias”. Tras recordar que un fallo de la Corte confirmó el rango de provincia que tiene la Ciudad, dijo que “al parecer, en la Argentina cuando se habla de federalismo no incluyen ni a la Ciudad ni a la Provincia de Buenos Aires”.
Además consideró que “es la violencia de la Nación, que de forma inconsulta se lleva puesto lo que le corresponde a una provincia, en este caso la Ciudad, lo que justifica esta declaración y que se haya recurrido a la Corte Suprema de Justicia” y advirtió que “el sistema de te mandaré o no te mandaré la plata, yo te voy a decir en qué podés gastar y cuánto, no respeta el estatus jurídico de una provincia”.
A su vez Cecilia Ferrero (VJ), coincidió al respecto e indicó que “también debemos referirnos a las formas, porque de un día para el otro y por decreto nos sacan fondos a la Ciudad que estaban presupuestados y que hacían a la previsibilidad y ni siquiera esos recursos van a la masa coparticipable, sino que se los pasan al gobernador de la Provincia”.
Mientras que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) solicitó que, además del proyecto de declaración, “discutamos el fondo de la cuestión, porque la Ciudad no puede ser autónoma sin los recursos que le corresponden y que ahora se le otorgan en base a una discrecionalidad pura” del Ejecutivo nacional.
Sobre el final del debate en comisión, Esteban Garrido (VJ) recordó que entre la firma del dictamen al proyecto y su tratamiento en sesión ordinaria hay un tiempo en el que “existe la posibilidad de seguir dialogado para un texto acordado, porque lo importante es si estamos de acuerdo o no en defender los intereses de la Ciudad a la que representamos”.
Finalmente Reyes concluyó señalando que “no creo que sea bueno subestimarse como legisladores de la Ciudad. Tienen el derecho político de decirles a sus senadores y diputados nacionales que se nieguen a votar una ley que es en contra de los vecinos”.
Participaron de la reunión Hernán Arce (PS), Santiago Roberto (FdT), Manuela Thourte (UCR-Ev); Natalia Fidel, Gimena Villafruela y Victoria Roldán Méndez (VJ).
Los diputados de las diferentes bancadas impulsaron iniciativas para homenajear al reconocido humorista gráfico e historietista argentino que dio vida a “Mafalda”.
Con la intención de reconocer su labor e invaluable aporte a la cultura nacional, los legisladores de las diversas bancadas que componen la Legislatura porteña presentaron proyectos de declaración a través de los cuales buscarán expresar su profundo pesar por el fallecimiento del humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como “Quino”.
A través de esas iniciativas buscarán rendir “un sincero y cálido homenaje a su labor de reconocimiento mundial” y aseguraron que “tras su partida física, Quino deja un recuerdo imborrable e invaluable para el mundo de la reflexión y la crítica a través del humor y las risas. Su obra resuena en la actualidad para explicar situaciones políticas, sociales o de la vida cotidiana. Su talento, su aporte a la cultura, su compromiso social, sus dotes de comunicador, y su vasto recorrido artístico son y serán de inmensa trascendencia”.
Al mismo tiempo que revalorizaron la creación de “Mafalda”, su personaje más famoso, que se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires.
Los proyectos presentados en la Casa llevan la firma de los diputados de Vamos Juntos (VJ), Frente de Todos (FdT) y UCR-Evolución.
El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, presentó en la Legislatura un comunicado en el que informó que de demorará la presentación de esa ley pero que se garantizará su debate en la Comisión de Presupuesto.
A raíz de la decisión presidencial de reducir la coparticipación y debido a la crisis económica que atraviesa la Ciudad por la pandemia del Covid 19, el ministro de Hacienda y Finanzas del distrito capitalino, Martín Mura, presentó en la Legislatura porteña un comunicado en el que informó que se retrasará la presentación del proyecto que busca modificar el Código Fiscal vigente, la Ley Tarifaria 2021 y Proyecto de Presupuesto General para el 2021.
En la misiva el ministro explicó que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social”.
Asimismo remarcó que “recientemente el Gobierno nacional mediante el dictado del Decreto 735 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico – tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones” y destacó que “ante la gravedad del escenario se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado Nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución”.
Sobre esa misma línea, el funcionario indicó que aún no se tiene la certeza sobre cuanta será la reducción de la coparticipación ya que el Gobierno nacional envió al Congreso “un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de 24.500 millones de pesos, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”.
“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad, fueron impulsadas por el Gobierno Nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la pandemia del Covid 19”, aseguró Mura y destacó que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.
No obstante, desde el Gobierno porteño aseguraron que se garantizará el debate sobre estas importantes leyes en la Comisión de Presupuesto, la cual está a cargo del legislador de Vamos Juntos Claudio Romero.
La diputada del FdT Laura Velasco impulsó un proyecto de ley que busca que en los medios públicos y privados las mujeres dejen de ser minoría en los mismos.
Con la intención de avanzar hacia la igualdad entre géneros en los distintos ámbitos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley de paridad de género en los medios de comunicación públicos y privados de la Ciudad.
La iniciativa plantea una paridad progresiva, en la medida en que se vayan generando vacantes en las distintas áreas de los medios de comunicación e incluye tanto a mujeres cis como a personas trans, travestis y no binarias. Además, propone cuestiones relacionadas a la generación de contenido que reflejen una mirada plural y diversa en pos de avanzar en un cambio cultural y erradicar estereotipos.
El proyecto fue presentado en una charla virtual, transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Legislatura porteña, de la que participó la defensora del Público, Miriam Lewin; el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor; las diputadas nacionales Gisela Marziotta y Mónica Macha; la directora de Comunicar Igualdad, Sandra Chaher; el director de Urbana TeVe, Milcíades Peña; la periodista y miembra del SiPreBA, Paula Sabatés; la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Larisa Kejval; y la activista trans y referente del Frente de Todxs, Paula Arraigada.
Durante la presentación del texto Velasco explicó que “todas las investigaciones que hay al respecto confirman que es muy limitada la participación de las mujeres en los medios de comunicación” y remarcó “si bien son mayoría en las carreras afines, a la hora de acceder a los espacios estamos subrepresentadas y ni hablar cuando se trata de puestos jerárquicos y de toma de decisiones. Todas estas cuestiones son las que tenemos que desandar”.
“Los medios tienen un rol fundamental en la construcción de lo simbólico, por eso necesitamos que sean más igualitarios y plurales para construir una sociedad más justa”, manifestó la legisladora.
Por su parte Lewin indicó que “la agenda de cambios impulsada por el movimiento feminista es muy larga, pero a nosotras hoy nos toca promover la equidad en los medios de comunicación. Queremos que las mujeres dejemos de ser minoría y alcancemos lugares de decisión; que no haya paridad numérica sino verdadera equidad de poder” y pidió que “se nos reconozca el lugar para comunicar con nuestros saberes en aquellos temas duros, históricamente reservados a los varones”.
Sobre esa misma línea indicó “las mujeres y las personas trans tenemos que ser evaluadas por nuestra formación” y aseguró que “necesitamos que la perspectiva de género sea transversal a todas las secciones de los medios”.
Mientras que Amor consideró que “el manejo de los medios de comunicación, a nivel mundial, salvo excepciones, está en manos de los varones, que tienen preponderancia en todas las áreas. Las periodistas están dando una lucha que es absolutamente desigual” y aseguró que “los varones debemos entender, de una vez por todas, que debemos cambiar esta conducta, porque todo lo que falta para alcanzar la igualdad de género se debe a que nosotros seguimos poniendo todas las barreras posibles”.
En tanto la diputada Macha afirmó que “los medios son centrales en la construcción de sentido y, por eso, esta discusión sobre paridad es estratégica” y aseveró que “las mujeres cis tenemos un llamado de atención fundamental para no repetir el mismo camino de los varones cis para con nosotras, en este caso respecto a las personas de otros géneros y por eso es importante pensar en términos de representación justa”.
Durante la presentación dieron a conocer un relevamiento realizado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), las mujeres, lesbianas, trans y travestis no llegan a ocupar ni el 30% de los puestos de trabajo en los medios de comunicación. Pero además son, en su mayoría, quienes perciben los salarios más bajos.
Los diputados de esa bancada presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Gobierno realice un relevamiento de los estudiantes que no estén cursando sus estudios desde hace más de seis meses.
A siete meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del Covid 19, el diputado del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Educación, Santiago Roberto, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones sobre el relevamiento que está realizando para atender los casos de los estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela desde el comienzo de la pandemia.
De esta manera, el proyecto en cuestión busca conocer cómo se lleva a cabo el relevamiento y quiénes son las personas encargadas de realizar el registro, además de saber si la información es de carácter formal.
Al respecto de la iniciativa Roberto indicó que “es sumamente importante que el Ejecutivo porteño brinde la información sobre las y los estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela, ya que desde la Ciudad manifestaron que tenían identificado a 6500 alumnos y alumnas, pero a la fecha sólo pasaron una lista de 1.459 estudiantes”.
También remarcó que la lista de 1459 estudiantes surge del registro que mandó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, al titular de la cartera educativa de Nación, Nicolás Trotta, y es “genérica, es decir, que indica los barrios donde residen las y los estudiantes pero no las geolocalizaciones, por lo que resulta imposible generar cualquier acción efectiva para garantizar la conectividad en los hogares”.
“Hace un mes que el ministerio de Educación de la Nación tiene preparadas las computadoras con conectividad para ser entregadas a los y las estudiantes con el objetivo de que vuelvan a interactuar con la escuela”, aseveró el peronista y agregó que “Larreta anunció hace dos meses que ya estaban identificados pero quedó en evidencia que eso no era cierto”.
Sobre esa misma línea remarcó que “es contradictorio que el Gobierno porteño presente protocolos marketineros para abrir cyberescuelas o sacar los pupitres a la plazas para que vuelvan las clases presenciales, pero no puede identificar quiénes son las y los estudiantes que necesitan volver a las aulas” y concluyó explicando que “por eso es prioritario que localicen a los 6500 alumnos y alumnas para su revinculación inmediata porque hace 6 meses han perdido todo tipo de contacto con la escuela. Ya no hay más tiempo que perder”.
El pedido de informes fue acompañado por los diputados Claudio Ferreño, María Bielli, Matías Barrotaeveña, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Ofelia Fernández, Leandro Santoro, Lorena Pokoi, Manuel Socias, Laura Velasco y Juan Manuel Valdés (FdT).
Los legisladores de Vamos Juntos y UCR-Ev impulsaron un proyecto de declaración a través del cual buscarán manifestar su pesar por lo ocurrido y enviarle sus condolencias a la familia del inspector de la Policía Federal.
Mediante un proyecto de declaración presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad, Claudio Cingolani (VJ), junto a otros legisladores de la alianza oficialista impulsaron un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su profundo pesar por el asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Roldán.
El lamentable episodio ocurrió en la tarde del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de la calle San Martín de Tours y la Av. Figueroa Alcorta, fue atacado Roldán y como consecuencia del hecho perdió la vida. El oficial recibió varias puñaladas, una de ellas a la altura del corazón, circunstancia por la cual, a pesar de ser atendido por el SAME, falleció en el Sanatorio Mater Dei.
Tras el crimen el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmediatamente puso a disposición de la justicia las imágenes de las cámaras de seguridad para contribuir al esclarecimiento del hecho.
Al respecto del proyecto de declaración, Cingolani manifestó que “es un hecho lamentable y triste. Desde la Legislatura queremos expresar el profundo pesar por el deceso de Juan Roldán y el acompañamiento a su familia”.
La medida también lleva la firma de Hector Apreda, Gastón Blanchetiere, Ana María Bou Pérez, Merces De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Agustín Forchieri, Cristina García, Diego García Vilas, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Lucía Romano, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suárez, Gimena Villafruela (VJ), Ariel Álvarez Palma, Leandro Halperín, Martín Ocampo y Diego Weck (UCR-Ev).
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este miércoles para debatir un proyecto de declaración a través del cual buscarán a los senadores a votar por la negativa la iniciativa que modifica el régimen de coparticipación federal.
A raíz de la intención del Gobierno nacional de reducir la coparticipación que percibe la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Asuntos Constitucionales -a cargo del oficialista Hernán Reyes (VJ)- buscará avanzar este miércoles con el debate de un proyecto de declaración a través de la cual busca instar a los senadores por el distrito capitalino “a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
La iniciativa había sido promovida algunos días atrás por el propio Reyes y otros legisladores de la Casa, quienes en los fundamentos del mismo aseguraron que “esmenester que este cuerpo se exprese respecto del avasallamiento de las instituciones republicanas y federales a la que estamos asistiendo en las últimas semanas” y consideraron que “la decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Asimismo afirmaron que los senadores de la Ciudad “tienen el deber político de defender la autonomía de nuestra Ciudad. Este deber, deviene de su obligación de defender las bases de nuestro sistema federal de Gobierno establecido por el Artículo 1 de la Constitución de la Nación por la que juraron ejercer su mandato. Fueron electos con este mandato por parte de la ciudadanía y por parte de la Constitución Nacional”.
Al mismo tiempo indicaron que el proyecto remitido por el presidente de la Nación al Honorable Senado, implica una retracción de la coparticipación de la Ciudad y una asignación de un recurso no correspondiente a la masa coparticipable en función de los gastos asumidos por la Ciudad en el marco de la transferencia de los servicios de seguridad no federal” y concluyeron señalanado que “estas acciones son francamente inconstitucionales y contrarían los principios de nuestro régimen de coparticipación federal y nuestro estatus jurídico de Ciudad Autónoma consagrado a partir de la reforma constitucional de 1994”.
La medida también lleva la firma de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea (UCR-Ev), Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, María Luisa González Estevarena, Guillermo Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ) y Roy Cortina (PS).
Se trata de una propuesta de Juan Manuel Valdés (FdT) a través de la cual buscará que los familiares del personal de salud que murió por coronavirus perciban por un año el sueldo de ese trabajador.
A raíz de la crisis económica que atraviesa el país a causa de la pandemia, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscará “morigerar la indefensión económica” de las familias que hayan perdido por Covid 19 a un familiar que se desempeñara como trabajador de la salud.
De esta manera, el texto plantea que “los derechohabientes de los trabajadores de la salud fallecidos por Covid 19 recibirán el equivalente al 100% del salario percibido por el/la trabajador/a de la salud al momento de su fallecimiento, por el término de 12 meses” y, en caso de que sea aprobado, podrían solicitarlo todas las familias que hayan perdido a su familiar a partir del 20 de marzo de este año.
En los fundamentos de la medida Valdés recordó que “desde que aparecieron los primeros casos en el mundo de Covid 19, el sistema de salud se puso en alerta, los Hospitales y centros de salud adoptaron nuevos protocolos, se interrumpieron las licencias, se fortalecieron los controles y siempre, ante cada una de las medidas tomadas, el recurso Humano de salud estuvo presente y sumamente involucrado”.
“Al momento de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el personal de salud, -en tanto esencial-, no sólo no se aisló en sus casas sino que incrementó su actividad en los diversos efectores, la situación así lo requería, los casos empezaban a crecer y el esfuerzo se hacía cada vez mayor”, señaló y aseguró que “esta situación provocó que un número muy importante del personal que se desempeña en Hospitales y centros, haya sido contagiado producto de la alta exposición”.
Asimismo indicó que “la mayoría de ellos, se han ido recuperando, sin embargo, existe un pequeño, aunque no desdeñable porcentaje que lamentablemente perdió la vida en el ejercicio de su trabajo” y remarcó que “quienes han elegido esta actividad, conocen el riesgo y siempre fueron conscientes de las posibles consecuencias, sin embargo, no abandonaron, ni abandonan sus puestos de trabajo, ni siquiera al ver cómo van cayendo sus colegas y compañeros de trabajo”.
Sobre esa misma línea, Valdés subrayó que “toda la población ha visto cómo, -en diversas medidas-, han disminuido sus ingresos durante la pandemia, el recurso humano de salud no es la excepción” y señaló que “las familias de los compañeros fallecidos se encuentran entonces, además del dolor de la pérdida, con una situación de indefensión económica ante el deceso del miembro de la familia que a veces es el principal sostén familiar”.
“Por esta situación, es que solicitamos que se continúe pagando el sueldo durante 12 meses a las familias de los compañeros que dejen sus vidas en el ejercicio de sus actividades, es claro que esto no es un premio ni una compensación ante la irremediable pérdida, sin embargo, es una ayuda mínima que esperamos que el Gobierno de la Ciudad les otorgue a quienes no dudaron ni un momento en ayudarnos a todos”, sentenció.
El texto también lleva la firma del jefe del bloque FdT, Claudio Ferreño; la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños; y le diputado Matías Barroetaveña.
La Comisión de Salud puso en debate dos proyectos que buscan regular la utilización en investigación acerca de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos, al mismo tiempo que buscarán construir consensos para su sanción.
Tal y como lo anunció parlamentario.com la semana pasada, la Comisión de Salud -presidida por María Patricia Vischi (UCR-Ev)- dio inicio al debate entre diputados, médicos y organizaciones de la sociedad acerca de la utilización e investigación sobre el cannabis medicinal.
Al respecto, existen con estado parlamentario dos proyectos de leyes de los legisladores Leandro Halperín (UCR-Ev) y María Rosa Muiños (FdT), aunque todos los diputados de diferentes bloques expresaron la intención de acordar “de forma transversal” un texto común que surja del consenso con diversos actores de la sociedad y del ámbito científico.
En ese sentido Vischi explicó que lo que está en tratamiento relativo al cannabis es “su aplicación terapéutica para casos donde ha sido aprobado su uso” e indicó que se busca “darle visibilidad al tema y para eso es importante escuchar, impulsar investigaciones y conocer experiencias”, con el propósito de “acordar la mejor ley posible entre todos”.
Por su parte, Halperín defendió su proyecto para “la protección del derecho a la salud”, comentó que está en contacto con las asociaciones de cultivadores y las familias que “necesitan con fines terapéuticos” el uso de la marihuana y anticipó que su bancada está predispuesta a hacer “acuerdos transversales amplios”.
Dicho texto tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. También plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
En esa misma reunión la ex ministra de Salud y legisladora de Vamos Juntos (VJ), Ana María Bou Pérez, insistió en la necesidad de “lograr una ley que cubra todas las necesidades de las personas y de las patologías que requieran la utilización del aceite de cannabis”, pero también resaltó que “el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de trazabilidad para garantizar las características óptimas de la medicación”. Asimismo hizo hincapié en que es menester capacitar y formar profesionales de la salud en la aplicación y el seguimiento del uso de este remedio alternativo.
Mientras que la peronista Claudia Neira (FdT) consideró que “este es un debate trascendental”, mencionó que “hay un compromiso entre las distintas fuerzas políticas, un debate para profundizar con los distintos actores de la sociedad y un compromiso también a nivel nacional”.
Entre otros, conferenció ante la Comisión de Salud el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.
También formaron parte de la comisión los diputados Paola Michielotto, Gimena Villafruela, Sol Méndez, Facundo Del Gaiso y Guillermo González Heredia (VJ); María Rosa Muiños, Victoria Montenegro, Laura Velasco, Juan Valdés y Javier Andrade (FdT); Inés Gorbea y Diego Weck (UCR-Ev).
Además buscarán expresar su solidaridad para el movimiento de mujeres de América latina y el Caribe. También pedirán el pronto tratamiento de la Ley IVE en el Congreso nacional.
En el marco del “Día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe”, las diputadas Alejandrina Barry (FIT) y Myriam Bregman (PTS) impulsaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña a través del cual buscarán celebrar esa fecha y expresar su solidaridad con el movimiento de mujeres y diversidades; además de acompañar las distintas actividades a realizarse con motivo de esa fecha.
A través de esa misma iniciativa, las legisladoras buscarán insistir con el tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional, del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por octava vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En los fundamentos de la misma, Barry y Bregman recordaron que “el 28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas” y que “en 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro”.
“Este reclamo que atraviesa los distintos continentes los últimos años, en América Latina tiene diferentes consecuencias. Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay; está prohibido en todas las situaciones en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua”, señalaron y subrayaron que “en el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres”.
Sobre esa misma línea, explicaron que “en América latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año, la criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año” y advirtieron que “la pandemia empeoró el escenario: el menor acceso a la salud encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros”.
Además precisaron que “en Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito fue la demanda que instaló la marea verde en las calles durante el 2018 llegando a marchar por miles mujeres y jóvenes para conquistarla” e insistieron en que “la movilización fue fundamental no solo para instalar el debate en la sociedad, sino también para lograr que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados. Luego del rechazo en el Senado, el aborto se mantuvo en clandestinidad con todas las consecuencias que eso conlleva para la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
“El Gobierno nacional durante lo que va de la cuarentena, se ha referido a la postergación de este debate y su tratamiento en el Congreso Nacional, en palabras del presidente de la Nación, porque ‘urgen otros temas’”, aseguraron y concluyeron señalando que “como la pandemia expuso de manera más cruda las consecuencias de la clandestinidad del aborto, así como la violencia machista, la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, este reclamo se mantiene como unos de los principales del enorme movimiento de mujeres en Argentina”.
Los legisladores del FdT impulsaron un proyecto de ley para crear un Fondo Verde de la Ciudad de Buenos Aires (FOVCABA) destinado a contribuir al acceso y promoción de espacios verdes, con la intención de triplicar esos lugares.
Con la intención de generar más espacios verdes en el distrito capitalino, Juan Manuel Valdés junto a otros diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un “Fondo Verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FOVCABA)”, el cual estaría destinado a solventar los gastos que demande la creación arquitectónica de espacios verdes en el distrito capitalino.
La iniciativa contempla, además, la creación del “Programa de puesta en valor de terrenos baldíos” destinado a la generación de espacios verdes allí e incentivar a los propietarios a la explotación, puesta en valor y utilización de dichos inmuebles. También propone el “Programa de incentivo al sector privado para el desarrollo del espacio verde”.
En ese sentido Valdés explicó que el texto tiene como objeto “establecer una política de Estado en cuanto a la construcción de una Ciudad sustentable y con espacios verdes creamos el Fondo Verde. Un fondo de ejecución automática que todos los años la Ciudad deberá cumplimentar para la ampliación de los espacios públicos verdes” y recordó que “para la Organización Mundial de la Salud (OMS) cualquier ciudad tiene que tener entre quince y veinte metros cuadrados de espacio verde por habitante, la suma que tiene la Ciudad de Buenos Aires no llega a los tres metros cuadrados”.
“Queremos que haya más plazas, más huertas, parques recreativos. La nueva normalidad va a requerir más espacios al aire libre donde se respete el distanciamiento”, sostuvo y resaltó que el distrito capitalino “está muy atrasado en cuanto a las metas internacionales de lo que se considera una ciudad verde y las metas de desarrollo sustentable”.
Sobre esa misma línea, el diputado indicó que “un espacio verde es importante no solo porque es lindo, sino porque previene inundaciones absorbiendo agua, reduce ruidos, produce oxígeno, es un espacio de paseo” y advirtió que “no estamos pidiendo importar políticas de ciudades cuya riqueza dista de la nuestra, al contrario, ciudades como Rosario, Bogotá cuentan con mayor cantidad de espacios verdes que la Ciudad de Buenos Aires”.
Al mismo tiempo consideró que “es muy importante tomar en cuenta estas políticas, no puede ser que la ciudad deseada sea la del cemento y la densificación que propone el macrismo hace dieciséis años; creemos que la ciudad tiene que ser sustentable y ecológica” y aseguró que “la pandemia nos demostró que los lugares de esparcimiento tienen que estar al aire libre. Los runners no tienen la culpa, el problema es que en los últimos años se prioriza la construcción de torres en lugar de garantizar una vida saludable”.
El proyecto también lleva la firma de los diputados Santiago Roberto y Lucía Cámpora (FdT).
