La Comisión Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado para continuar el análisis del Programa de Acción Anual (PAA) 2026 presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que establece las tareas de control previstas para el año próximo. El encuentro fue encabezado por el diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente de la Bicameral, y el senador camporista Mariano Recalde, vicepresidente, con la participación del titular de Presupuesto y Hacienda, senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).

Pichetto abrió la reunión recordando que el objetivo es “ratificar el plan de trabajo de la AGN”, y señaló que Unión por la Patria presentó una propuesta alternativa con nuevos temas. Atauche, por su parte, informó que su bloque también acercó un proyecto adaptado al original, con el aval del diputado Bertie Benegas Lynch (LLA), presidente de Presupuesto en Diputados.

El debate giró en torno a la necesidad de garantizar un plan que permita el funcionamiento de la Auditoría. Pichetto anticipó que la próxima semana se convocará a una nueva reunión para consensuar “un plan razonable a partir de todas estas propuestas”.

En la misma línea, el senador José Mayans destacó la importancia del PAA para “garantizar la eficiencia en el control del gasto y explicar el endeudamiento público”, especialmente en vísperas de un nuevo presupuesto. También valoró el trabajo de la Bicameral, pese a la falta de acuerdo sobre la integración de la AGN.

Finalmente, Atauche coincidió en la necesidad de alcanzar consensos y recordó los intentos fallidos de aprobar el presupuesto en años anteriores. “Este año volveremos a intentarlo”, afirmó, convocando a todos los sectores a construir acuerdos “por el bien de la Nación” y proponiendo extender el trabajo una semana más para aprobar el plan y avanzar en la integración de la Auditoría.

A una semana de la ceremonia de jura de los diputados nacionales electos, el futuro bloque de Provincias Unidas, espacio legislativo de los gobernadores que buscan romper la polarización Milei – PJ, se estaría quedando sin Miguel Pichetto, principal candidato desde que se conocieron las listas para ser el presidente de la bancada. Los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora habrían puesto reparos a la conducción parlamentaria del actual titular de Encuentro Federal.

De todos modos, el otro candidato a ejercer la titularidad de la bancada es el exmandatario de Córdoba Juan Schiaretti. Sin embargo, este viernes 28 será intervenido cardíacamente y desde su asesoría confirmaron a Parlamentario.com que está descartado que presida el bloque. De esta manera, todo apunta a que la santafesina Gisela Scaglia, vicegobernadora y titular del Pro en su provincia, quedaría al frente del bloque desde el 10 de diciembre próximo.

Además de agrupar a los ocho legisladores que arriban al Congreso en representación del santafesino Pullaro, el cordobés Llaryora, el jujeño Carlos Sadir y el correntino Gustavo Valdés, los integrantes de Encuentro Federal y Democracia para Siempre con mandato vigente confluirían dentro de esta nueva bancada. Sin embargo, la posible salida de Pichetto se llevaría también al diputado nacional Nicolás Massot.

Así las cosas, el gobernador chubutense Ignacio Torres, integrante de Provincias Unidas que no logró escaños el pasado 26 de octubre, estuvo presente este miércoles en una reunión que se realizó en las oficinas que EF tiene en un edificio frente al Congreso y mencionó que este nuevo bloque tendrá una conformación de 18 diputados. También adelantó que se van a incorporar representantes del Pro, el radicalismo y otros espacios que no son oficialismo en sus provincias.

Del mismo modo, anunció que la semana que viene estará confirmado quién quedará al frente de la bancada y se mostró muy optimista al plantear que tienen chances de extenderse hasta 23 integrantes dentro de Provincias Unidas. En esa línea, anunció que lo mismo ocurrirá en la Cámara alta la semana entrante: "Se va a conformar un bloque con 16 o 18 senadores".

Los integrantes de Provincias Unidas

Sin Pichetto y Massot, los diputados nacionales de Encuentro Federal que estarían incluidos en la conformación de Provincias Unidas son el chubutense Jorge “Loma” Ávila; el santafesino Esteban Paulón; y los cordobeses Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brügge. Mientras que por Democracia para Siempre lo harán la porteña Mariela Coletta y, por ahora, el jujeño Carlos Rizzotti. También estaría el único representante que le quedó al gobernador santacruceño Claudio Vidal, José Luis Garrido.

Lógicamente, estarán también los candidatos que formaron parte de la boleta de Provincias Unidas el pasado 26 de octubre: los cordobeses Schiaretti, Carolina del Valle Basualdo y Miguel Ángel Siciliano; el correntino Diógenes González; la jujeña María Inés Zigaran; los santafesinos Scaglia y Pablo Farias; y Martín Lousteau, quien obtuvo un escaño en versión porteña llamada Ciudadanos Unidos.

Resta saber si Pablo Juliano, actual presidente de Democracia para Siempre, optará por integrar el nuevo bloque provincial. Por otro lado, el entrerriano Francisco Morchio, hombre del gobernador Rogelio Frigerio, tendría decidido no incorporarse a la nueva bancada y su destino podría estar en un monobloque aliado a La Libertad Avanza.

Por último, circuló en los pasillos de la Cámara de Diputados que los representantes de la Coalición Cívica con mandato hasta 2027, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, podrían trasladarse a Provincias Unidas tal como lo hicieron con Hacemos Coalición Federal en enero del 2024. De todos modos, si se llegase a concretar será comunicado en vísperas de la ceremonia de jura fijada para el próximo miércoles 3 de diciembre a las 13.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó finalmente su proyecto de ley que apunta a regular la comercialización de productos importados ofrecidos por plataformas de comercio electrónico extranjeras que operan en Argentina sin radicación local. La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del e-commerce global en la industria nacional y el empleo formal.

La iniciativa establece la creación de un Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero, en el que deberán inscribirse las plataformas y sus representantes en el país. Sin esta inscripción, no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos. Además, las plataformas serán solidariamente responsables por tributos internos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas a consumidores argentinos sin proveedor local inscripto.

La propuesta, ingresada bajo el número 6501-D-2025 y que es acompañada por sus pares Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, busca establecer reglas claras para las plataformas de comercio electrónico extranjeras que venden productos en Argentina sin radicación local. Entre los puntos centrales:

• ◆ Registro Nacional: Las plataformas deberán inscribirse en un registro oficial y designar representantes en el país. Sin este requisito, no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos.
• ◆ Responsabilidad solidaria: Las empresas serán responsables por tributos internos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas sin proveedor local inscripto.
• ◆ Arancel del 30%: Todo producto ingresado por régimen courier pagará un arancel del 30% sobre el valor CIF, sin mínimos exentos ni beneficios. Solo se permitirá una compra anual por persona física o jurídica de hasta USD 100 sin este recargo.
• ◆ Revocación de normas previas: Se eliminan disposiciones que faciliten el ingreso irrestricto de mercaderías.

En los fundamentos, Pichetto advierte que la proliferación de plataformas extranjeras “erosiona la industria nacional y el empleo formal”, y cita ejemplos de Estados Unidos, Uruguay y Francia que adoptaron medidas similares para proteger su producción.

Arancel aduanero

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la imposición de un arancel aduanero del 30% sobre el valor CIF de las mercaderías ingresadas mediante el régimen courier, sin mínimos imponibles ni exenciones. Solo se permitirá una compra anual por persona física o jurídica de hasta USD 100 sin el pago del arancel.

En los fundamentos, Pichetto advierte que la proliferación de plataformas extranjeras “compite en forma desigual con las empresas argentinas, que invierten en maquinaria, generan empleo formal y cumplen con todas las obligaciones legales”. El legislador sostiene que “cada paquete que entra al país sin control bajo el régimen courier representa un golpe silencioso a la producción nacional, al trabajo formal y a la recaudación fiscal”.

El proyecto se inspira en medidas similares adoptadas por países como Estados Unidos, Uruguay y Francia, que han avanzado en regulaciones para equilibrar el comercio digital y evitar prácticas de competencia desleal. “No hay desarrollo económico sostenible sin industria nacional sólida”, enfatizó Pichetto, quien aclaró que la propuesta “no busca cerrar la economía ni limitar la innovación, sino garantizar reglas claras para que la integración al mundo no signifique precarización ni pérdida de dignidad para nuestra industria”.

La polémica con Galperín

Pichetto y Marcos Galperín protagonizaron un cruce público en redes sociales. El legislador sostuvo que “el Congreso debe regular esta economía y cuidar el empleo argentino”, mientras que el fundador de Mercado Libre respondió: “No estoy preocupado, competimos con éxito con Shein y Temu en muchos países”. Pichetto retrucó: “Mejor empezá a preocuparte… las plataformas chinas te van a pasar por arriba”.

El intercambio reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la economía digital y la necesidad de equilibrar innovación con protección industrial.

La iniciativa promete abrir un intenso debate legislativo: ¿es una defensa legítima de la industria nacional o un freno a la competencia global? Mientras tanto, el proyecto ya puso en el centro de la escena la tensión entre regulación y libertad de mercado en la era del e-commerce.

Tras su picante cruce con Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, el diputado nacional Miguel Pichetto adelantó que presentará un proyecto de ley para gravar con un arancel del 30% las importaciones de productos que ingresen al país por medio de aplicaciones chinas como Shein y Temu.

El jefe del bloque Encuentro Federal advirtió que estas plataformas se saltean en su cadena productiva “al industrial y al comerciante” local y señaló: “Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional, y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

En declaraciones a radio Rivadavia, el legislador dijo este miércoles que el sector textil es uno de los más perjudicados. “Está siendo impactado de manera demoledora” por el ingreso de “estos productos que vienen por plataformas” y llegan al consumidor por correo privado o Courier.

“En Estados Unidos, que siempre es muy mirado por el Gobierno argentino y admirado por el presidente (Javier Milei), Donald Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero a las que les fijó un arancel del 16%”, resaltó.

Sobre la iniciativa que presentará, Pichetto reveló que plantea un “arancel del 30 % de retención que el Estado argentino deberá aplicar a los productos que vengan por plataforma desde el extranjero y compiten de manera desleal”.

El diputado, que además de Shein y Temu mencionó que la estadounidense Amazon está instalándose en el país, consideró que todas estas plataformas “hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad” y deben ser aranceladas “en defensa del interés nacional”.

“Hay que cuidar al empresario y a las PyMEs argentinas y ver cómo equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en cuatro o cinco días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, explicó.

Sobre el proyecto, añadió: “Yo el arancel lo fijo en 30% para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.

En una reunión celebrada en el Salón Illia del Congreso de la Nación, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), abordó una agenda cargada de temas sensibles. Entre ellos, se destacó la aprobación —con salvedades— de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2020, según los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN). No obstante, también se presentó un dictamen de rechazo firmado por el senador Bruno Olivera Lucero y el diputado Julio Moreno Ovalle.

Uno de los puntos más relevantes fue la decisión de auditar de manera inmediata a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el caso de ANDIS, se investigarán especialmente las compras de medicamentos e insumos; mientras que en ANMAT se revisarán los procedimientos y la trazabilidad de los medicamentos.

Durante el encuentro, también se inició el análisis del Programa de Acción Anual (PAA) de la AGN, con el objetivo de definir las auditorías que se llevarán a cabo en el año 2026.

En el tramo final de la reunión, Pichetto anunció que se enviará una nueva convocatoria formal al representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de evaluar la gestión de los créditos internacionales otorgados al país. El legislador expresó su preocupación por la falta de respuesta de algunos funcionarios públicos ante los pedidos de información o citaciones realizadas por la Comisión. “Cuando los funcionarios son citados y no concurren, debemos evaluar las consecuencias. Es una falta de respeto institucional”, advirtió.

Un grupo de diputados encabezados por Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de declaración en la Cámara baja para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la subasta del predio donde funciona desde 1913 el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno Palermo. Señalan que el procedimiento es inconstitucional, opaco y carente de fines públicos claros.

La resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó para el 6 de octubre la subasta de un inmueble de 42.044 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño y avenida Bullrich, hoy afectado al regimiento y dentro del conjunto urbano declarado Monumento Histórico Nacional. El valor base establecido fue de 81,7 millones de dólares.

El proyecto, acompañado por Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Sergio Palazzo, Juan Brügge y Mónica Fein, sostiene que la enajenación de bienes nacionales solo puede autorizarse por ley del Congreso, de acuerdo con el artículo 75 inciso 5 de la Constitución. Por lo tanto, acusan al Gobierno de avanzar de manera unilateral en una decisión que debería pasar por un debate parlamentario.

Los legisladores cuestionan además la falta de transparencia del proceso administrativo: remarcan que no se convocó a instancias participativas ni se difundieron estudios de impacto urbano, y advierten que el precio de base fijado “no se corresponde con el valor real de mercado”. En los fundamentos señalan que incluso el plano de mensura está pendiente de protocolización, lo que vuelve más irregular la operación.

Otro punto fuerte de la crítica apunta al carácter simbólico e histórico del predio. Allí se encuentra, entre otros edificios, el Pabellón del Centenario de 1910. “No se trata únicamente de evitar un perjuicio económico, sino de proteger la identidad y la memoria colectiva”, plantearon los autores, que calificaron la decisión como un intento de “liquidar la Patria”.

Pichetto y los firmantes remarcaron que el Estado “cuenta con múltiples herramientas para afrontar dificultades económicas”, sin necesidad de desprenderse de inmuebles de esta magnitud e importancia. Por eso pidieron a sus pares el acompañamiento del proyecto, con el objetivo de frenar la subasta y forzar la intervención del Congreso en una decisión que consideran de “altísima sensibilidad institucional y social”.

Con el aval del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas resolvió la ampliación de auditorías en proceso en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por el caso de los presuntos pagos ilegales que involucraría a funcionarios y por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de víctimas.

La Bicameral es presidida por Miguel Pichetto y volverá a reunirse con el objetivo de aprobar la ampliación del Plan de Acción Anual 2025. Cabe recordar que Olmos se presentó este martes para dar conocimiento del PAA del período 2026. “Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, señaló el titular de la AGN.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, plantearon los senadores nacionales Guadalupe Tagliferri, Martín Lousteau y Pablo Blanco.

Sobre el PAA 2026, el titular de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas destacó que “es importante que analicemos el Plan de Acción Anual para que juntos podamos concluirlo de manera colaborativa”. Fue en ese momento que Olmos, presentó, también, los avances en los informes programados durante 2025, las conclusiones y los desafíos para el año próximo.

Respecto a las auditorías a universidades nacionales que la Bicameral solicitó, Olmos expresó: “En primer lugar, se encuentra la auditoría encargada a cuatro facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología), que representan un peso significativo dentro del presupuesto general de la UBA”, y destacó: “Las cuatro auditorias, han sido concluidas, se han remitido las vistas al auditado y los informes estarán disponibles a partir de la primera quincena de noviembre de este año”.

“Este año, también, finalizaremos las auditorias de las universidades del Nordeste, de Córdoba, y avanzaremos con los informes de las universidades de Salta, La Plata y Catamarca. Así como las auditorias transversales sobre las acciones de bienestar estudiantil y compras y contrataciones que se inicia en el 2026”, concluyó Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Por último, el presidente de AGN reveló que el Banco Central (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”. “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, remarcó Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

El jefe de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, y le pidió que “deje de agraviar por tuit y se dedique a gestionar la economía”.

"Le hemos tenido una tolerancia extraordinaria. Es un ministro de Economía que nunca fue al Congreso, inadmisible”, expresó este viernes el legislador y resaltó que "en cualquier sistema político serio, democrático, parlamentario del mundo, que un ministro de Economía no vaya a la comisión a informar significaría la inmediata salida”.

En declaraciones a radio Mitre, Pichetto afirmó que "hoy tenemos un ministro que está en el rol agresivo, tuitero, de insultar al Congreso”. "Ahora que presentaron el presupuesto va a tener que venir al Congreso", advirtió.

El diputado analizó que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, "el Gobierno no debería haberse colocado en situación de perder". "Era para parar la pelota, debería haber promulgado la Ley del Garrahan y haberse sentado con las universidades para cerrar el año y evitar el trámite en el Congreso, para no ser derrotado", señaló.

En ese sentido, enfatizó que "el juego en política es no perder, porque cuando perdés te debilitas y cuando te debilitas en Argentina hay impacto en lo económico".

Además, observó que "el Gobierno agrieta la relación con los gobernadores", a través del veto de la Ley de ATN. "La intransigencia y lo simbólico de derrotas parlamentarias influyen sobre el plano económico, y muestran un Gobierno más frágil innecesariamente", insistió.

Pichetto manifestó que se trata del "fondo" pero "también las formas: el agravio, el insulto, la mirada negativa hacia el Congreso. El Gobierno debería haber ido al encuentro de los gobernadores aliados, de sectores que habían sido razonables, haber armado y ampliado la base política institucional”.

Al ser consultado sobre si cree que se vive una situación similar a 2001, el experimentado legislador lo descartó y dijo que "el Gobierno tiene que terminar su gestión; ahora, también tiene que analizar las cosas, salir del esquema cerrado, ampliar el diálogo institucional".

Sobre la economía, subrayó que "hay pérdida de empleo en el sector privado, hay salarios de hambre en el sector público, hay sueldos de hambre en el sector previsional, hay cierre de PyMEs, y la industria nacional está siendo despreciada por esta política".

“Milei, Caputo y Sturzenegger creen que es conveniente una Argentina sin industrias, tener un mercado de plataformas, y ese mundo es letal, es un mundo de pobreza infinita, de pérdida de empleo", agregó.

En el inicio del debate, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sorprendió a todos al presentar una moción de orden para votar directamente los vetos, sin debate. Al anunciar su propuesta, aclaró que no había participado de Labor Parlamentaria y por eso lo hacía en ese momento y lo justificó en tratar de dar celeridad al tratamiento de ambas insistencias.

Ante ello, el presidente del Cuerpo, Martín Menem, se manifestó sorprendido y pidió pasar a un cuarto intermedio para analizarlo con todos los presidentes de bloques. Previamente la diputada del Pro Silvana Giudici había advertido que su bloque no había sido consultado, por lo que pidió unos minutos para analziarlo.

Sin embargo el bloque radical no se mostró de acuerdo. El presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo expresó su desacuerdo. “Somos obstinadamente negadores de esta idea del todo o nada que tanto el Gobierno como expresiones del peronismo nos llevan a la discusión. Tenemos mucho para decir en esta temática”, expresó el cordobés, que recordó que su bancada era autora del proyecto original de Financiamiento Universitario. “Siempre hemos rechazado los vetos y lo vamos a hacer de nuevo hoy, pero también vamos a rechazar esta dinámica dicotómica que le conviene al oficialismo y al kirchnerismo”.

Antes de pasar al cuarto intermedio, el diputado de izquierda Christian Castillo pidió que, si se aceptaba la moción de votar sin debate, pudieran después de eso hacer las manifestaciones políticas de cada bloque.

Sin embargo, al volver del cuarto intermedio, el diputado Pichetto tomó la palabra para señalar que en función de lo conversado retiraba la moción.

A continuación habló el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, para detallar lo acordado durante el cuarto intermedio, según lo cual se habilitaría primero el tratamiento de ambos vetos, a través de los dos tercios, luego se haría un debate conjunto con tiempos reducidos, tras lo cual se votaría cada proyecto por separado.

Una vez que la Cámara de Diputados puso a consideración la habilitación de los tratamientos el proyecto de insistencia con la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan logró 173 votos a favor, 69 en contra y 0 abstenciones; y Financiamiento Universitario alcanzó 172 afirmativos, 70 negativos y 0 abstenciones.

Además de los cinco espacios de la oposición (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda) acompañaron Innovación Federal, Independencia y los ex oficialistas de Coherencia y el MID.

Llamativamente, la tucumana Paula Omodeo (Creo) y el misionero Martín Arjol (Liga del Interior) votaron a favor una votación cada uno. En el Pro, Héctor Baldassi, José Núñez, Álvaro González, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero y Silvia Lospennato votaron a favor de ambas habilitaciones.

Tras el envío de distintas notas por parte de diputados y senadores de la oposición, la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas definió este martes enviar una misiva a la Auditoría General de la Nación para que profundice la auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, a raíz de las denuncias sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos a la empresa Suizo Argentina.

El presidente de la comisión, el diputado Miguel Pichetto, aseguró que este es un tema que "hoy tiene una trascendencia importante". "El Gobierno hizo una auditoría de manera privada. Pero hay una auditoría abierta de la AGN sobre la ANDIS, a la que se incorporaría esta petición", explicó.

Luego que la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri remarcara que su pedido también tenía que ver con una auditoría en la ANMAT -por el caso del fentanilo contaminado-, tomó la palabra el diputado oficialista Julio Moreno Ovalle: "Ya hay una auditoría hecha, está en manos de la justicia. Con todo el respeto de quienes han presentando las notas, esto parece parte del show que se está buscando a través de esto, cuando en definitiva esto ya está en la justicia".

El libertario consideró que "forma parte de este período electoral" y de un "oportunismo" por parte de la oposición. A continuación, recordó informes de la AGN de 2021 y 2022 sobre irregularidades en el PAMI para contrarrestar. Sin embargo, Pichetto le indicó que "el PAMI no está en la agenda del día de hoy" y, como exauditor, señaló que "el PAMI subsanó los estudios contables y los últimos dos años (de la gestión pasada) tuvo aprobación". Además, expresó que tanto PAMI como ANSeS son organismos que se auditan todos los años.

"No hay que impedir que las auditorías se hagan. No estamos hablando de falencias, de problemas administrativos, estamos hablando de posibles coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad", enfatizó el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Y añadió que "la justicia llevará adelante lo que tenga que llevar, nosotros nos tenemos que encargar de lo que nos toca a nosotros".

A su turno, la radical Soledad Carrizo aclaró que ella también solicitaba una auditoría respecto de declaraciones que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 19 de julio de 2024, sobre que "se ha detectado una actividad fraudulenta de 3.400 millones de dólares" en la gestión anterior.

Al cruce del oficialismo salió el diputado larretista Álvaro González: "No creo que sea oportunismo, sino la forma en que diputados y senadores tienen que pedirle a la Auditoría las cosas".

Desde LLA, el senador Bruno Olivera Lucero insistió: "Esta gestión ha demostrado que está totalmente a favor de las auditorías. Acá le estamos diciendo a la AGN que haga lo que tiene que hacer, con lo cual no entiendo qué es lo diferente que le estamos pidiendo. Forma parte de lo electoral y el show".

Finalmente, Pichetto pidió "bajar la ansiedad con el tema" ya que "se está haciendo una Auditoría que comprende períodos anteriores" y remarcó que el organismo "trabaja técnicamente, no trabaja con una visión política". "Oportunamente cuando termine la auditoría habrán terminado las elecciones, no se va a poder usar electoralmente este tema. No va a salir una auditoría en una semana. Nosotros tenemos el deber de trasladarle esto a la AGN", completó el jefe del bloque Encuentro Federal.

Además, el presidente de la bicameral informó que el próximo 23 de septiembre a las 16 concurrirá el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, para informar sobre el Plan de Acción 2026 y "probablemente venga con técnicos de Acumar".

Durante la reunión surgió la recurrente preocupación por la falta de designación de los auditores tanto en la Cámara de Diputados (desde 2024) como en el Senado (desde abril de este año). "Es imperioso integrar la Auditoría. Hay que hacer un esfuerzo lo más rápido posible. No hay ninguna explicación de que el Congreso esté en esta situación", afirmó Pichetto y explicó que los equipos técnicos trabajan pero no se pueden validar los informes.

González recomendó "hacer una resolución de la comisión donde le expresemos a ambos presidentes la necesidad imperiosa de que se resuelva este tema en el corto plazo".

Por su parte, Martínez observó que "el oficialismo en ambas cámaras está jugando a que este tema no se resuelva". "La clave pasa por generar los mecanismos de diálogo político, generar las mayorías y la designación de los auditores en ambas cámaras. Más allá de las notas, el tema es netamente político", dijo.

Pichetto subrayó que en la Cámara baja "siempre hemos tenido responsabilidad de dejarle un lugar al oficialismo". "En diciembre va a hacer dos años sin Auditoría; estamos violando la Constitución abiertamente", aseveró.

Por otro lado, durante el encuentro se dio inicio al tratamiento de la Cuenta de Inversión 2020 y  se pasaron al archivo 21 expedientes, sobre 15 auditorías financieras, 5 de carácter reservado, 1 coordinada internacional y 5 de naturaleza administrativa de la AGN.

También, como en una reunión anterior, se volvió a reclamar información por parte del Ministerio de Economía sobre la ejecución de ciertos préstamos con organismos internacionales que "tienen un nivel de ejecución muy bajo", señaló Pichetto.

"Queremos tener precisión de cuál es el nivel de avance y especialmente que ha pasado en el último año y medio con los fondos que han venido del BID, que han ingresado al Tesoro y no se han remitido a las partidas respectivas de los proyectos. Hace falta una explicación del ministro (Luis) Caputo", sostuvo.

A su vez, reveló que le pidió un encuentro al titular del BID, Ilan Goldfajn, quien estuvo reunido con el presidente Javier Milei este lunes, pero "me contestó que no me podía recibir". "Le mandamos al señor este que estuvo con el Gobierno pero no tiene interés en hablar con sectores del Congreso, un informe que confeccionó la Auditoría respecto a los créditos BID y el grado de incumplimiento que hay", expresó.

Después del escándalo desatado por la remoción de Diego Spagunuolo en la ANDIS, diputados nacionales de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el radicalismo presentaron una nota ante Miguel Pichetto, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para exigir que la Auditoría General de la Nación revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”, señalaron los legisladores firmantes del escrito.

La nota fue encabezada por Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Así las cosas, los diputados mencionados señalaron en el texto motorizado: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

Remarcaron, además, que resulta “imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Además, pidieron llevar a cabo auditorías sobre la ANMAT con el objetivo de “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Y agregaron que “particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

En sus preguntas hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el diputado Miguel Pichetto advirtió por “la apertura económica propiciada por el Gobierno”, que incluso va “a contramano de la política que lleva adelante (Donald) Trump”, admirado por el presidente Javier Milei.

El jefe del bloque Encuentro Federal señaló que el mandatario estadounidense “defiende el interés de las empresas americanas”, mientras que “acá no defendemos nada”. En esa línea, advirtió por “el desastre que se está produciendo en la industria, la caída de la actividad laboral, el cierre de PyMEs… El empleo argentino se está cayendo a pedazos con el ingreso de productos chinos”.

Para el legislador, “están teniendo problemas en el INDEC, los números del INDEC no se ajustan a la economía, a lo que pasa cuando la gente va al supermercado”.

Además, cuestionó “lo que hacen para sostener un dólar bajo hasta el día de las elecciones” cuando “está demostrado a lo largo de la historia argentina que tratar de contener el tipo de cambio bajo termina mal; después se ajusta y mientras tanto se funden un montón de empresas”. “Cuando la gente se quede sin trabajo ni siquiera va a poder trabajar los productos chinos de todo por dos pesos”, agregó.

Al responder, Francos señaló que “el EMAE (estimador mensual de actividad económica) marca un crecimiento importante de la actividad económica, sacando este último mes donde ha habido una pequeña baja”.

“Yo no puedo dudar de las cifras del INDEC, el INDEC es un organismo absolutamente independiente, nosotros no hemos intervenido en nada. Hasta el presidente del organismo es un dirigente que ha militado en otra fuerza política”, defendió.

Sobre la actualidad de la industria, el funcionario observó que “a veces sectores de la economía se privilegian con el cierre de fronteras para la importación de productos”. E hizo alusión a un local que abrió en pleno centro porteño, con ropa que ingresó de Uruguay, “con precios que están cuatro o cinco veces más bajos que el valor de venta en Argentina”.

“Yo sé que los textiles me van a decir de todo por esto, pero es la verdad: cuando se cierran las fronteras a la venta de productos, internamente suben los precios, y es difícil encontrar una solución que no sea bajar aranceles y permitir el ingreso de productos para que la competencia empiece a jugar su rol”, manifestó.

Por otro lado, ante la pregunta del diputado Oscar Agost Carreño, sobre si este año el Gobierno nacional presentará la Ley de Presupuesto, el jefe de Gabinete aseguró: “El Presupuesto se va a presentar este año en los tiempos que corresponde y se debatirá, y trataremos de llegar a un acuerdo para que sea aprobado”.

El documento que contiene el Informe de Gestión N° 144 del jefe de Gabinete llegó este mismo miércoles en horas de la mañana. Un informe extenso, de 1223 folios. Se supone que debe llegar antes de que el jefe de Gabinete comience a exponer frente a cada una de las cámaras, y en general eso sucede la noche antes. Si llega antes, mejor, por supuesto. Pero este miércoles llegó por la mañana, lo que llevó al presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, a protestar ni bien se sentó Guillermo Francos frente a los diputados.

“Las respuestas llegaron al Congreso hoy a las 7 de la mañana”, enrostró el legislador, recordando que ese documento “requiere mínimamente un análisis más detenido”. Observó, eso sí, que muchas de las respuestas resultaban “muy endebles”. “Por lo menos, para la próxima a la tarde del día anterior, con todo respeto le digo… 7 de la mañana llegaron”.

El jefe de Gabinete le contestó diciendo que eran muchas preguntas y trabajaron con varios equipos. “Por suerte pudimos llegar a las 7 de la mañana”, dijo, y con ironía, agregó: “Por suerte usted las pudo leer”, señaló en referencia a la caracterización de “endebles” que había hecho sobre las respuestas”. Para la próxima, dijo, “trataremos de llegar con más antelación”.

Pero antes de que Francos iniciara su exposición inicial, intervino desde el oficialismo la diputada Lorena Villaverde, para diferenciar: “En el oficialismo anterior, nunca se presentaban a responder ningún tipo de preguntas”.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprobó este martes por mayoría la Cuenta de Inversión 2019, al cabo de la consideración de otros expedientes y resoluciones.

El presidente de la comisión, Miguel Pichetto, definió el debate sobre la cuenta de inversión 2019 como el tema central de la jornada y por eso quiso hacer unas breves reflexiones, “en la comprensión de que la cuenta no presenta mayores observaciones”, anticipando el acompañamiento de su presidencia al dictamen de aprobación, cosa que terminó prevaleciendo al final del debate que se armó sobre ese tema.

“No hay elementos suficientes como para sostener un rechazo”, estimó, señalando que los hallazgos mencionados por la Auditoría “se limitan a salvedades y corresponde la aprobación de la cuenta. En general -agregó-, se limita a observaciones recurrentes”. Pichetto dijo que consideraban favorables el 99,6% de los recursos y el 97,3 del gasto, y respecto del reperfilamiento -piedra de la discordia-, “para nosotros no constituye un elemento central para rechazar la cuenta. Si les digo lo que pienso, casi que habría que analizar como un favor que le hace el Gobierno de Macri después de la primaria, para preparar la llegada del Gobierno de Alberto Fernández… Había muchos en el Gobierno que pensaban que después de la primaria estaba perdida la elección, y el reperfilamiento fue el ordenamiento de la deuda en pesos, que creo que le sirvió mucho al Gobierno entrante. Es una opinión mía…”.

Para Pichetto, “había que hacerlo”, y reconoció que había una acumulación de deuda en pesos, “pero era una manera de ordenar la cuestión económica frente a un proceso que cuando asume el ministro Lacunza empieza a ordenar”. Y advirtió que después el presidente Alberto Fernández prosiguió en esa línea con dos reperfilamientos más en dólares y en pesos. “Así que ese argumento me parece que no es sustancial para rechazar y es más de naturaleza política que otra cosa el argumento de rechazo”.

Asimismo advirtió que un rechazo de esas características sería sentar “un precedente totalmente negativo”.

Tomó la palabra para retrucarle el vicepresidente de la comisión, Mariano Recalde, quien basó su rechazo en los informes de la Auditoría General de la Nación. “Hay un solo dictamen, con una conclusión negativa que propone rechazar esa cuenta”, afirmó, admitiendo que la auditoría ya no estaba completa, pues contaba entonces con solo cuatro auditores, pues tres no habían sido designados. Y advirtió que en la actualidad “hay una acefalía al revés; solo tenemos la cabeza, falta el cuerpo”.

“Habría que haber visto si tenía siete miembros”, observó Pichetto, a lo que Recalde sostuvo que hubiera habido más firmas en contra. “La AGN considera adversa la dinámica del endeudamiento del ejercicio 19, y en particular el reperfilamiento”, sostuvo luego, observando que en ese ejercicio hay cien mil millones más que en 2015, y la Argentina quedó “infinitamente más expuesta a los vaivenes de la economía mundial, a diferencia de lo que recibió ese Gobierno. Situación que se ha revertido de manera drástica a partir de Macri y hasta hoy”, enfatizó.

Luego de detallar el nivel de endeudamiento contraído a partir de la gestión no kirchnerista, el senador Recalde negó que las medidas impuestas en la última etapa de la gestión macrista hubieran beneficiado a su sucesor, y aseguró que “reperfilar no es resolver, es patear para adelante y al Gobierno que seguía flaco favor le dejó. Puso un problema, no cumplió con las metas previstas en la propia Ley de Presupuesto y lejos de ser una solución, fue un problema para adelante”.

Recalde concluyó haciendo críticas hacia el modelo económico de la gestión macrista que extendió a la actual.

A continuación, el senador salteño Juan Carlos Romero sostuvo que en la historia argentina el 80% de la deuda es la acumulación de déficit. “Eso es muy difícil de discutir; ahora, si estuviéramos en un país que en las últimas décadas hubiéramos tenido presupuestos equilibrados, pero viéramos que hicimos obra, infraestructura, bueno, cambiamos deuda por infraestructura, vivienda, salud”. Pero no ha sido así.

“Los argumentos son los mismos que usarán el año que viene con la gestión de Alberto Fernández; el mismo discurso, y ese tema no está resuelto. Los sinsabores que tiene el actual Gobierno tienen que ver con la deuda interna esa, que es una bola de nieve que no tiene una solución”. El salteño concluyó anticipando su voto  positivo sobre la cuenta de inversión, considerando que no hay argumentos que permitan achacarle los problemas de la deuda a un solo gobierno.

Recalde retomó la palabra para aclarar que no coincidía en lo del déficit fiscal, sino que atribuyó los problemas a “un modelo económico que prioriza la especulación y la fuga de capitales”, y recordó que el déficit fiscal del último año de Macri fue de 4% del PBI.

El senador chaqueño Víctor Zimmermann también anticipó su voto a favor de la cuenta de inversión 2019, destacando que Alberto Fernández sacó un decreto de reperfilamiento cuyos considerandos tenían argumentos muy similares a los de la gestión macrista.

En nombre de La Libertad Avanza, el diputado Julio Ovalle Moreno recordó lo que pasó con las Leliqs, y ratificó que “el déficit fiscal es un proceso de muchísimos años y de gobiernos populistas. Es lo que estamos hoy padeciendo con altas tasas de interés y recesión en un Gobierno que quiere poner orden y ser normal”. Y adelantó su voto a favor, estimando que “no es un problema de un año, sino de muchísimos años de gestiones populistas que han endeudado al país”.

A su vez, desde Unión por la Patria Germán Martínez pidió hacer un “análisis histórico completo, porque nos cansamos de decir que habíamos recibido en 2003 un país que destinaba el 2% de su producto a la educación y el 6% a los compromisos de deuda. Y terminamos con 6% destinados a la educación y 2% a los compromisos de deuda”.

Resaltó el canje de deuda que hicieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, con una quita que definió como “fenomenal”, y sostuvo que el reperfilamiento de la deuda que hizo Macri “va en contra de la moneda”, advirtiendo que su gobierno terminó haciendo “lo que tendrían que haber hecho antes, que es poner el cepo”.

“Está bien que discutamos de política en esta comisión, es importante, inclusive ayudarnos con la memoria histórica, porque muchos de los que estamos acá han sido protagonistas”, dijo el jefe del bloque de diputados de UP, que cerró calificando como “una barbaridad” el reperfilamiento de Macri que consideró la “conclusión de una gestión económica de 4 años desastrosa”.

A su turno, el diputado del Pro Alvaro González aclaró que “todos tenemos parte de responsabilidad de estar como hoy estamos”, y lamentó la demora en tratar las cuentas de inversión, que deberían tratarse siempre al año siguiente, “porque si hay algo que corregir, así se puede corregir; sino, ¿qué podés corregir si ya está hecho?”. Y destacó que “todos los espacios políticos en algún momento histórico tuvimos alguna responsabilidad. No soy en términos políticos un absolutista; hay miradas, formas, no quiero negar que para el Gobierno de Alberto Fernández, como para el de Cristina la deuda siempre fue un tema. Ahora, muchachos: se fueron con 200 puntos de inflación, ¿cómo respondés esto?”.

Cerró Pichetto, que insistió en que el tema tenía connotación política, que entendió no era argumento para rechazar la cuenta. Y reclamó una mirada de racionalidad frente a las dos cuentas que vienen, en el marco de escenarios que consideró muy complejos, como los de los años 2020 y 2021, tiempos de cuarentena.

La votación terminó siendo, como dijimos, positiva respecto de la cuenta 2019.

Luego de la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien oficia como presidente de la Comisión de Educación, Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, pidió la palabra brevemente y le enmendó un sutil comentario: “No hagan tanto esfuerzo porque yo no veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal”.

Cuando el integrante del bloque Pro manifestaba su rechazo al proyecto de ley de financiamiento de la educación universitaria, Pichetto pedía una interrupción, pero Finocchiaro se la negó. Pocos minutos después, el presidente del bloque Encuentro Federal le aclaró que “no es mi característica la ansiedad y las emociones” porque “siempre trato con respeto a todo el mundo”.

Ya con la palabra concedida, Pichetto se dirigió a la gestión como funcionario de Cambiemos del diputado del Pro: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que, medianamente, a los grandes centros universitarios, en términos generales, les mantuvo un flujo de recursos universitarios, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.

De paso, alzó uno de los reclamos que su bloque ha manifestado en los últimos dos períodos: “Esto es un tema de la política y del presupuesto, pero esto lo tenemos que discutir en el nivel del presupuesto y definir las prioridades porque llevamos dos años sin ley de presupuesto”. Sobre la defensa del superávit fiscal del exministro, Pichetto le endilgó: “No hagan tanto drama”.

Por último, el presidente de la bancada multisectorial fue tajante y remarcó: “No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, aunque me parece que es importante y que es un valor, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar”.

Después tomó la palabra el cordobés Pablo Carro y Finocchiaro pidió la palabra para responder que “es verdad lo que dice con la gestión que me tuvo como ministro, pero es verdad que, en algunas universidades, en consenso con los rectores, las ajusté”.

Finocchiaro rechaza el proyecto de ley de financiamiento universitario y defiende la postura del Gobierno nacional.

El Congreso entró formalmente en receso luego de un semestre verdaderamente magro para el Poder Ejecutivo, bien distinto a lo que había sido el primer año de gestión. No porque 2024 haya sido un tiempo muy productivo en materia de leyes, pero consiguió aprobar fundamentalmente la Ley de Bases, con la que puede haberse dado por hecho.

Tengamos en cuenta que para la administración Milei esa ley y el mega decreto 70/23 han sido las bases de su gestión. Y en el caso del DNU, que el mismo siga teniendo vigencia -en el Senado fue rechazado, pero Diputados nunca reunió una mayoría para tratarlo-, es un logro en sí mismo.

El primer semestre de 2025, en cambio, el oficialismo y sus aliados hicieron una tarea de bloqueo defensivo, no obstante lo cual sufrió varias sonoras derrotas. Y mostró una considerable sequía en materia de leyes, ya que en el período ordinario todo lo aprobado fueron propuestas de la oposición que el Gobierno rechaza. Lo único que impulsó el Gobierno y consiguió aprobar fue en las extraordinarias de febrero: juicio en ausencia; reincidencia y reiterancia; la Ley Antimafia y la suspensión de las PASO por este año.

Y de todo lo votado y aprobado, lo que más celebró el Gobierno este año no fue una ley sino un decreto, el que dio luz verde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que debió haber sido por ley, tal cual lo dispuesto por el Congreso durante la gestión anterior, pero el reclamo quedó en la nada. Y alcanzó con que una sola de las cámaras (Diputados) lo aprobara.

Un período ordinario difícil para LLA

Eso sucedió en la sesión del 19 de marzo. En el resto de las reuniones que hubo durante el período ordinario en Diputados, el oficialismo se dedicó a defenderse y tratar de evitar que la oposición le infringiese derrotas. A veces lo logró, otras no.

En la sesión del 12 de marzo, la oposición consiguió emplazar a las comisiones a reunirse para analizar la creación de una comisión investigadora para el caso $LIBRA, como así también aprobó la emergencia en Bahía Blanca.

El 8 de abril se aprobó la creación de la Comisión $LIBRA y las interpelaciones. También salieron los emplazamientos para el aumento de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Hubo dos sesiones que tuvieron como protagonista a Guillermo Francos: la del informe al Cuerpo como jefe de Gabinete y dos semanas después la interpelación por $LIBRA; y una reunión para homenajear a la memoria del papa Francisco.

Francos fue dos veces ya este año a exponer ante los diputados y una al Senado.

El 4 de junio Diputados dio media sanción a los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, y el 2 de julio pasado salieron los emplazamientos para financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

En el Senado hubo menos sesiones, pero las derrotas oficiales más contundentes. En el período ordinario, el 3 de abril los senadores rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Y en la sesión del 7 de mayo fue rechazado el proyecto de ficha limpia. En este último caso, no hubo mayor preocupación de parte del Gobierno…

Entre ambas, el 24 de abril hubo un homenaje al papa Francisco.

Y tras una sesión informativa del jefe de Gabinete, llegó el 10 de julio en el que el oficialismo sufrió seis derrotas consecutivas, con la aprobación de tres leyes que el presidente promete vetar, más las medias sanciones de los dos proyectos de los gobernadores, y el rechazo al veto por la emergencia en Bahía Blanca.

La sesión del Senado del 6 a 0 en contra del Gobierno. (Foto: Comunicación Senado)

Lo que viene

Se entiende así que el oficialismo haya recibido con alivio la llegada del receso invernal. Que no necesariamente significa que no pueda haber actividad en las cámaras, pero eso es excepcional. De hecho, Unión por la Patria se ilusionaba con la posibilidad de llamar a una sesión el 30 de julio, aunque previsiblemente esa posibilidad fue al final dejada de lado.

La idea de la oposición es convocar para tratar financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, una sesión corta en la primera o la segunda semana de agosto. Si es la primera, mejor, aunque el Gobierno reservaría el miércoles 6 para una nueva presentación del jefe de Gabinete. Eso no sería impedimento para que la oposición intente sesionar el día anterior o el posterior, pero lo más probable es que en ese caso la eventual sesión quede para la semana siguiente.

Cuando se haga, la idea es que en lo posible no abarque otros temas, salvo emplazamientos. También querrán avanzar contra algunos de los decretos. Un legislador opositor reconoció ante este medio que el Gobierno contaba con facultades delegadas que le fueron votadas, por lo que no deberían rechazar todo, aunque sí irán contra los casos más emblemáticos.

Hay una preocupación especial por el tema Vialidad y la reforma en el INTA, por citar dos casos que han generado una profusa cantidad de proyectos.

No sumarían en cambio cuestiones capaces de generar resistencias en el seno opositor, como juicio por jurados y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, temas que habían sido sumados a la sesión del 4 de junio que terminó cayéndose.

Justo cuando se reanude la actividad, el presidente estará vetando la totalidad de las leyes previsionales y la Emergencia en Discapacidad, por lo que Diputados intentará a partir de entonces lograr lo que no ha sucedido nunca desde el 83: rechazarle un veto a un presidente.

El Gobierno tiene tiempo para ir en busca de los votos que le aseguren al menos el tercio necesario para mantener esos vetos y los que vendrán, cuando avancen el proyecto universitario y el referido al Garrahan. No será fácil. Ruega mientras tanto para que el clima electoral y el cierre de listas para octubre -17 de agosto- le jueguen a favor.

El oficialismo tendrá que hacer en lo que resta del año lo que Miguel Pichetto define como “una tarea defensiva, de resistencia”, a la espera al menos de que con un resultado electoral positivo, la oposición modere su presión. Pero falta tanto hasta octubre…

Esa tarea defensiva es la que ha llevado al oficialismo a tratar de mantener cerrados los recintos este año. Aun al costo de resignar leyes que impulsaba, como la única que pidió aprobar el presidente el 1° de marzo pasado: la reforma del Régimen Penal Juvenil, que el oficialismo dictaminó en las comisiones, pero que nunca llevó al recinto, a sabiendas de que en cada sesión se expone al menos a emplazamientos.

El debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil dejó dictámenes listos para llevar al recinto, pero...

O al nombramiento de auditores, como intentó hacer Unión por la Patria en conjunto con Encuentro Federal hace algunos meses, cosa que llevó al oficialismo a extremar su capacidad de bloqueo. Al menos en este caso, la estrategia le dio resultado al oficialismo.

El jefe de bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, opinó este lunes que "al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto" en las leyes de aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad.

Más allá de la incidencia de los gobernadores, "que están más condicionados porque están gobernando", dijo, en relación a cómo pueden influir en algunos legisladores, Pichetto consideró que "va a haber insistencia, va a haber dos tercios". "Sería bueno que, en ese caso, el Gobierno lo tome como un elemento de reflexión y análisis", expresó.

En diálogo con radio Splendid, afirmó que "ha sido importante lo que ha hecho la Cámara de Diputados. El Congreso ha tenido una gran responsabilidad en las últimas semanas, abordando temas que el Gobierno no está mirando con atención y con detenimiento y que incluso hasta pueden lesionar su expectativa electoral. Son temas profundamente humanos que deben ser analizados".

Para el legislador, "la propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados, que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste". En este sentido, sostuvo que "habría que buscar otras alternativas de financiamiento" para tratar "de darle una mano a un sector de casi 7 millones de personas que ha perdido fuertemente”.

“El Congreso ha sido razonable y responsable”, destacó. Consultado sobre la emergencia en discapacidad, señaló que "ahí hay una cuestión de sensibilidad humana donde ningún argentino de bien puede estar ajeno. Y también en la emergencia de las inundaciones en Bahía Blanca".

El jefe de Encuentro Federal observó que "hay que lograr un punto de equilibrio entre el orden fiscal tan defendido por algunos sectores de los economistas argentinos y empresarios, y la demanda de humanidad y un planteo de lógica y sentido común que hace falta para atender estos temas".

Además, mencionó otro tema de preocupación como “el deterioro profundo de las rutas nacionales”, sobre las cuales “no hay inversión del Estado nacional” y las provincias reclaman que se les transfieran los recursos del Impuesto a los Combustibles para hacer el mantenimiento, proyecto que deberá tratarse en Diputados.

“Es un tema que preocupa mucho también al plano de las inversiones, porque hay sectores empresarios que miran esto con mucha preocupación y que la verdad para hacer una inversión en la Patagonia, en el sur argentino o en el norte, en el litio o en la minería, es indudable que la logística y los caminos son un tema central”, resaltó.

Finalmente, Pichetto insistió que "el Congreso está trabajando sobre aspectos que el Gobierno no está teniendo en cuenta” y advirtió que “si no accede a avanzar en este tipo de temas, va a tener un costo muy complejo y obliga al Congreso a seguir reclamando".

Durante una reunión de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, realizada este miércoles en el Salón Illia del Senado, se acordó requerir información más específica al Ministerio de Economía sobre la ejecución de una serie de préstamos y no se descartó convocar a funcionarios para que rindan explicaciones.

En el encuentro, el presidente de la comisión, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), informó que la cartera que conduce Luis Caputo envió respuestas a un informe requerido en mayo pasado por la bicameral sobre el estado actual de préstamos con organismos internacionales de crédito, como el BID, CAF y FONPLATA.

Desde el Ministerio se señaló que “se advierten que los niveles de ejecución no eran óptimos al momento de asumir”. “Esto lo dicen todos los gobiernos”, dijo Pichetto, quien explicó que “en estos créditos de fomento se especifica cuál va a ser la obra o qué van a hacer con esta plata. Lo que me parece que hay que discutir seguramente son las prioridades. Pero una vez que está definido que va para determinado destino, lo que hay que tratar de cumplir es el cometido, sino pagamos intereses y no se completan las obras”.

“El Ministerio de Economía actual dice que son proyectos poco relevantes. Bueno, habrá que trabajar sobre proyectos de envergadura. Pero si se cancela un proyecto y hay que seguir pagando, eso es de enorme perjuicio para el Estado”, insistió el legislador.

En el mismo sentido, el jefe de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, opinó que las respuestas dieron “pocas precisiones” y se preguntó “en virtud de qué se habla de proyectos de baja relevancia estratégica; cuáles son los indicadores” para determinar esa condición. Y consideró que hay que evaluar “programa por programa, crédito por crédito cuál es la situación”.

Pichetto agregó que los préstamos otorgados por estos organismos tienen en general un “perfil social” y “en general tiene que ver con las provincias y los sectores más marginales”. “Se tiene que terminar el proyecto, porque de lo contrario se queda con una cancelación, una deuda, el pago de intereses y no se cumple el objetivo del proyecto”, resumió.

Por otra parte, diputados y senadores consideraron auditorías de gestión ambiental e informes sobre Aerolíneas Argentinas.

Sobre 12 informes de auditorías, Pichetto indicó: “Vamos a pedir informes al Poder Ejecutivo sobre cuatro de estos informes. Uno es áreas protegidas marinas; preguntamos si se ha establecido un programa específico de manejo costero integrado y sobre las metas de explotación de recursos pesqueros. Tiene que ver con el ingreso de flotas al Atlántico Sur, en orden a la depredación pesquera. Hay necesidad de un seguimiento y que nos informen cómo están llevando adelante la tarea”. Los otros corresponden a gestión de residuos radiactivos, manejo integral de residuos sólidos urbanos, y la gestión de plaguicidas del tipo producto terapéutico-vegetal en el Senasa.

En cuanto a la empresa Aerolíneas Argentinas, pasaron al archivo estudios contables de 2022 y 2023 y un informe de gestión sobre 2016-2018.

Finalmente, el presidente de la bicameral anunció que el análisis de la Cuenta de Inversión 2019 se hará en la primera semana de agosto. “Ahora está entrando la cuenta 2020, la vamos a hacer llegar a todos los asesores e integrantes para analizarla; la remitió la AGN. Mientras que la Cuenta de Inversión 2024 la remitió el Poder Ejecutivo para que nosotros se la hagamos llegar a la AGN para que empiece el análisis”, completó.

En la primera parte de la sesión del miércoles pasado, cuando durante las cuestiones de privilegio surgió el tema de YPF, el diputado Miguel Pichetto anticipó que con su bloque plantearía la ratificación del artículo 10 de la ley de expropiación en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina.

“Para hacer uso por parte de la jueza y los acreedores, se requiere una ley de este Congreso y se necesitan los dos tercios de los representantes del Congreso -señaló-. Es lo que está estipulado en la ley de expropiación que hemos votado”.

Y acaba de presentar el proyecto que había anunciado, que redactó junto a su compañero de bloque Oscar Agost Carreño: un proyecto de resolución para ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.

La iniciativa reafirma que cualquier intento de ceder, transferir o disponer de acciones de YPF SA por parte del Estado Nacional debe contar con la aprobación previa de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Además, declara nula de nulidad absoluta cualquier acción que se realice sin esa autorización legislativa.

“El objetivo es dejar en claro que el control estatal sobre YPF no puede ser negociado ni entregado sin el aval del Congreso. Es una cuestión de soberanía energética y de respeto al marco legal vigente”, señalaron los autores del proyecto.

El texto también insta al Poder Ejecutivo y a la Procuración del Tesoro a abstenerse de realizar cualquier acto jurídico que implique la pérdida total o parcial del control estatal sobre la petrolera, sin la expresa aprobación del Parlamento.

En los fundamentos, los legisladores advierten que el reciente fallo del tribunal estadounidense, en el marco del litigio iniciado por el Grupo Petersen y el fondo Burford Capital, podría abrir la puerta a negociaciones que incluyan acciones de YPF como forma de compensación. Frente a ese escenario, consideran urgente reafirmar la vigencia del artículo 10 como una herramienta de defensa jurídica y diplomática.

“La preservación de YPF como activo estratégico del Estado argentino no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a presiones externas. Esta resolución es un mensaje claro: nuestras leyes se respetan y el Congreso tiene la última palabra”, concluyeron.

A raíz del fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia dictada en 2023, en el marco de la causa judicial por el proceso de expropiación, se multiplicaron en el Congreso los proyectos que buscan proteger a la empresa petrolera.

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, junto a los integrantes de su bancada y legisladores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que plantea ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741.

El mismo reza: "A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

En ese sentido, la iniciativa de Pichetto indica que "toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara del Congreso".

A su vez, expresa que "toda medida o acción tendiente a esto que se tome sin la autorización prevista en la Ley 26.741 será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal". Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional "deberá abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones de YPF S.A., y/o que resulten en la pérdida, total o parcial, del control del Estado Nacional sobre acciones de YPF S.A. de su titularidad, sin la expresa aprobación del Congreso".

Por su parte, los senadores de Unión por la Patria presentaron en la Cámara alta un proyecto de resolución donde rechazan "categóricamente" el fallo de Preska y le exigen al Poder Ejecutivo que "agote todas las instancias legales y diplomáticas para defender la soberanía nacional".

Los legisladores consideraron que el fallo "es nulo de pleno derecho" por "violar los artículos 17 y 31 de la Constitución Nacional; desconocer la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública la recuperación de YPF; e ignorar el derecho a la autodeterminación de los pueblos (Carta ONU, art. 1.2)".

Además, los senadores de UP le solicitan al PEN que "apele inmediatamente" ante la justicia norteamericana y "restituya el equipo legal especializado en litigios internacionales que fuera desmantelado en 2024, con asignación de recursos suficientes". También, que "rinda cuentas periódicas al Congreso sobre el estado del proceso judicial".

En cuanto a Cancillería, le exigen que "denuncie este fallo ante organismos internacionales como un ataque a la autodeterminación de los pueblos" y "gestione apoyo diplomático de países aliados contra el abuso de fondos buitre".

En tanto, el senador radical Maximiliano Abad, acompañado por su par Pablo Blanco, presentó un proyecto de declaración que manifiesta: "Ante el Honorable Senado de la Nación, de carácter urgente, la ratificación del artículo 10 de la Ley 26.741, a los efectos de clarificar su alcance, naturaleza jurídica y aplicabilidad, a fin de fortalecer la defensa del Estado argentino en el marco del proceso judicial que se tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Causa Petersen/YPF S.A.) reafirmando que la norma no permite una obligación exigible en términos de cumplimiento, de no ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, por lo que el cumplimiento de la sentencia implica un avasallamiento al principio de inmunidad soberana y de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado".

“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado", enfatizó Abad y remarcó que “ninguna Corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.

El bonaerense sostuvo que "la causa YPF no es solo un litigio judicial" sino "es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos. YPF nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica. El fallo de la jueza Preska busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”.

El proyecto de declaración subraya también los riesgos económicos del cumplimiento del fallo: afectación a las reservas, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza en los inversores y tensiones institucionales internas.

“La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó el radical.

También desde la UCR, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de declaración encabezado por el mendocino Lisandro Nieri, que expresa la "profunda preocupación por la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF S.A. como parte de pago de una condena por 16 mil millones de dólares, medida que compromete seriamente la soberanía nacional y el patrimonio público".

Asimismo, manifiesta "su rechazo a esta decisión judicial extranjera que no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad soberana vulnerando Tratados Internacionales en los que ambos países son parte. Asimismo, desconoce la legislación interna argentina, especialmente la Ley N° 26.741 que declara de interés público la expropiación de acciones de YPF y establece expresamente la necesidad de autorización del Congreso Nacional para su eventual disposición".

Otro de los proyectos fue presentado por la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien a través de una declaración dejó sentado su "más enérgico repudio, por ser altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y afectar la soberanía, a la decisión adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska".

"Este Honorable Senado insta al Poder Ejecutivo a reafirmar la plena soberanía argentina, promoviendo el reconocimiento de su independencia y la potestad del Estado argentino de ejercer su autoridad sobre su territorio y sobre sí mismo, rechazando cualquier exigencia contraria a nuestro marco legal", agregó.

Desde el Pro, el diputado bullrichista Gerardo Milman presentó un proyecto de declaración en el que rechaza el fallo "porque impone una carga financiera desproporcionada y lesiva para la soberanía nacional”. “Además, constituye una grave intromisión en los asuntos internos de la República Argentina, violando principios fundamentales del derecho internacional como el International Comity y la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos, que impiden que tribunales extranjeros interfieran en decisiones soberanas de otros países", apuntó.

Pero también criticó que "esta sentencia es consecuencia directa de una gestión imprudente y opaca encabezada por la entonces presidenta Cristina Fernández, y asesorada por el exviceministro de Economía Axel Kicillof, quienes impulsaron la expropiación de YPF en 2012 sin respetar el estatuto de la empresa ni realizar una oferta pública de adquisición, como correspondía”.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria), a cargo de la vicepresidencia, se reunió este martes para ratificar a sus autoridades y elegir como secretario primero al senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas).

Luego de emitir un video informativo con los detalles de la Cuenta de Inversión 2019, Pichetto anunció: “Vamos a fijar fecha para debatir sobre la cuenta 2019 y poder llegar a mitad de año con todos los temas bastante actualizados para poder comenzar, a partir del otro cuatrimestre, con las cuentas del 2020 correspondientes a la gestión del expresidente Alberto Fernández". Semanas atrás, la bicameral avanzó con los dictámenes de las cuentas de 2017 y 2018, correspondientes a la gestión de Mauricio Macri.

Por otra parte, se analizaron más de 60 expedientes relacionados, en su mayoría, con el estado de situación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en lo referido a detalles de auditorías realizadas por la AGN sobre la ejecución presupuestaria y los convenios entre esta entidad y organismos nacionales. También, se pusieron bajo análisis, los estados financieros de programas de ACUMAR financiados por diferentes organismos de crédito, entre otros relevamientos documentados por la AGN y puestos a consideración en la comisión.

"Acá hay una tarea importante de la AGN con drones y tecnología a fin de formular una serie de observaciones al Poder Ejecutivo para que se cumplan y, por eso, le solicitamos informes al PEN respecto del estado de las mismas", expresó Pichetto en relación a la tarea del organismo de control.

En este marco, los integrantes de la comisión acordaron convocar a una próxima reunión al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y a su equipo técnico. El objetivo será conocer en detalle la situación actual y elaborar una propuesta de trabajo que permita restablecer la tarea de control externo sobre la ACUMAR. Cabe recordar que actualmente no están designados los auditores en representación de la Cámara de Diputados ni el Senado.

Posteriormente, Pichetto propuso que de esos 60 expedientes "en 31 se pidan informes al Poder Ejecutivo y en los 29 restantes se recomiende el archivo".

Entre los expedientes analizados también se destacaron informes de auditorías sobre los estados contables del Proyecto Reactor CAREM, correspondientes al período 2022, e informes de auditorías sobre los estados financieros del Ente Binacional Yacyretá.

En vísperas del Día del Periodista, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron una iniciativa para que por ley el Estado garantice la protección de la tarea periodística, frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven sometidos los profesionales de la prensa.

El proyecto lleva las firmas de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

En el texto se propone un marco normativo integral que contemple, entre otras cuestiones, la definición de principios rectores; la creación e implementación de mecanismos de protección y sistema de alerta temprana; la obligación estatal de investigar y sancionar agresiones contra periodistas y/o su entorno; y el reconocimiento del derecho a la protección de las fuentes informativas.

“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostuvieron los legisladores en los argumentos.

Y agregaron que "esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”.

Uno de los artículos prevé que "el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa". En este sentido, se deberá "adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia" contra prensa; la capacitación periódica de funcionarios y empleados; y garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas, entre otros puntos.

También se establece la creación en el ámbito del Poder Legislativo Nacional de un "Mecanismo de Protección Interinstitucional", que articulará sus funciones con organismos e instituciones que cumplen tareas relacionadas con el objeto de la ley y podrá suscribir convenios con las mismas.

"En un contexto en el que la labor periodística se ve cada vez más amenazada, se vuelve indispensable que el Estado asuma un rol activo en la protección de quienes ejercen esta función esencial. El periodismo constituye una herramienta fundamental para la vida democrática", enfatizaron los diputados.

A su vez, advirtieron que "tanto en nuestro país como en la región, se registra un preocupante aumento de ataques, amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia, restricciones y represiones al trabajo de los profesionales de la comunicación".

La Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto, se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se volvió a discutir por la falta de designación de auditores en la Auditoría General de la Nación por parte de ambas cámaras. Por otra parte, se pasó a la firma el dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2018.

En el comienzo del encuentro, Pichetto le dio la palabra a Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría. "Indudablemente hay una preocupación, que es también del Congreso, de ambas cámaras, respecto a la acefalía que hoy tiene la Auditoría", dijo el diputado sobre el órgano de control en el que se encuentran vacantes los tres representantes por la Cámara de Diputados y los tres por el Senado.

"Tenemos una profunda preocupación con lo que está pasando no sólo con la AGN sino con otros organismos de control", expresó Quintana y lamentó que este tema "se ha convertido en algo complicado que pareciera a nadie le interesa y no sale en los medios".

El representante de los trabajadores afirmó que "la Auditoría es un barco a la deriva" y luego reflexionó: "Para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Y eso no está pasando: hace dos años que no tenemos presupuesto, hace tres meses que no está funcionando la Auditoría y hace 25 años no está nombrado el defensor del Pueblo".

Pichetto recordó que "le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras que hicieran los esfuerzos para completar la integración" y que reiterarían el pedido.

Por su parte, el diputado del Pro Álvaro González manifestó que "es la primera vez que pasa una cosa de estas características, que vengan los trabajadores a pedir que se nombren a los auditores. Es una mora que tiene el Congreso que debemos resolver lo antes posible".

Mientras que el senador salteño Juan Carlos Romero resaltó que "esto ya no depende de las autoridades". Y recordó que este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se pusieron a debate proyectos para reformar la Ley Orgánica de la AGN, no tuvo quórum y no estuvieron los senadores de La Libertad Avanza ni Unión por la Patria.

Por eso, propuso que se junten los jefes de bloques "y decidamos quiénes van a ser los auditores con la ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, de aprobarla y no sabemos que va a hacer Diputados, donde se ha presentado un proyecto exótico que cambia el equilibrio entre las cámaras". "La intención de ese proyecto (en alusión al presentado por Martín Menem) es que no haya auditores", aseveró.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, argumentó la ausencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque "existió una manipulación del tema de las comisiones" y "estamos esperando que vayan cumpliendo con la integración de las comisiones de forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento". Sin embargo, durante el plenario sobre la Corte Suprema, algunos habían asistido.

En tanto, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, recordó que la semana pasada no se consiguió quórum en la sesión en la que pretendían votar las designaciones de dos auditores y cuestionó "la maniobra del oficialismo" poniendo en debate "un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados".

Sobre esto, añadió que este miércoles  "estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la Ley 24.156 modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores y la duración de los mandatos; sin siquiera diálogo de las dos cámaras. Pero no lo lograron". "Es un mamarracho lo que están haciendo", denunció y abogó por que "ojalá podamos lograr los acuerdos políticos necesarios que nos permitan avanzar en las designaciones de los auditores".

Por La Libertad Avanza recogió el guante el diputado Julio Moreno Ovalle, quien observó que en el debate que se inició "hay un consenso muy fuerte en los proyectos de disminuir los mandatos" de los auditores. "Apelo a un consenso para poder modificar la composición", dijo y afirmó: "Nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar". Sin embargo, defendió la discusión de "un proyecto global" para reformar la AGN.

"Esto necesita un acuerdo de la política, llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente", sostuvo la diputada de la UCR Soledad Carrizo, quien opinó que ese asunto debe ir de la mano con "el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos" y "antes de agosto o de las elecciones" de octubre, se pueda aprobar una nueva ley y también completar el organismo.

En coincidencia con Romero, Pichetto cerró: "Creo que tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir se nos va el año. Necesitamos buscar los acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo antes posible". Y criticó que el proyecto de Menem "es totalmente inconstitucional" por lo que propone respecto de la elección del presidente de la AGN y la distribución de los representantes.

Sin aval de UP, pasaron a la firma el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018

Tras ese primer tramo, se puso a consideración la Cuenta de Inversión 2018. Al respecto, Pichetto informó que "hay una mayoría que va a votar la cuenta con un sentido de aprobación favorable, con observaciones, que son las del dictamen de minoría de la propia AGN". En cuanto a las objeciones del dictamen de mayoría de los auditores, observó que "no eran de ninguna manera significativas".

Sobre "el argumento de falta de legalidad del préstamo" del FMI tomado ese año por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador consideró que esto "ha tenido un saneamiento posterior", cuando en el Congreso se ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Vicepresidente de la bicameral, el senador de UP Mariano Recalde argumentó el dictamen de rechazo de su espacio y señaló que, a partir de este préstamo, "la deuda pública de la administración central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI".

El porteño apuntó que el crédito "se tomó en condiciones no sólo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento" y negó que lo votado en 2022 haya sido "de ninguna manera un saneamiento". Además, sobre el destino de los fondos, resaltó que "se utilizaron para la bicicleta financiera, la fuga de divisas y no hubo una sola obra de inversión".

En igual sentido, el senador Mayans cuestionó que se recurrió al FMI "en una abierta manipulación política de la deuda argentina, sin pasar por el Congreso, como hacen ahora". "Macri dijo que con eso se iba a reactivar a economía y, hablando mal y pronto, fue un desastre", manifestó.

Por la UCR, el senador Víctor Zimmermann señaló que "se dice que no fue autorizado ni por ley ni por decreto", pero estaba avalado a partir de lo que establece "el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera". "Y posteriormente se votó la llamada Ley Guzmán (27.612), que convalidó el proceso anterior", consideró.

También en contra, como sus pares, el diputado Martínez hizo mención a la marcha de personas con discapacidad reclamando por la ley de emergencia en las afueras del Congreso, donde "está la (Policía) Federal con armas en las manos". "Este debate sobre la deuda de 2018 no está aislado de la motosierra de 2024 y 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy", relacionó.

Al hacer referencia a la noticia de que se vuelve a "colocar deuda por mil millones de dólares", el santafesino remarcó: "Es la primera operación de este tipo desde hace siete años. ¿Qué año era hace siete años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de eso? Caputo". Y sentenció: "No hay ningún elemento de aval a la deuda de 2018".

En su intervención durante la sesión en minoría, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”.

“Me parece razonable hablarlo acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo, gente calificada… Si no tenemos solidaridad con la gente que trabaja en esta casa, ¿con quién la vamos a tener?”, se preguntó, para referirse a continuación a la situación en la AGN. Como presidente del a Comisión Revisora de Cuentas, recordó que dos meses atrás había alertado ante las autoridades sobre “un proceso de prácticamente vaciamiento” imperante en la Auditoría General. “También quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades: el año pasado esta Cámara se la pasó esperando la carroza; no sabíamos qué pasaba, no tenían la definición del nombre y estuvimos un año para hacer la presentación” de los elegidos para completar la AGN. “Lo que falló es lo que nos corresponde hacer por nuestra propia competencia”, admitió, advirtiendo sobre “un sector mayoritario que tiene un número importante no definía quién era el representante”.

En ese sentido dijo que hay organismos como el BID y la CAF que tienen previstos créditos internacionales para la Argentina que no van a otorgar si la Auditoría General de la Nación no está constituida.

Por último, llamó a “entrar en un camino de racionalidad y acuerdos en función de las responsabilidades que tenemos. Me parece que es importante que recuperemos algo de cordura, de lo contrario se plantea un esquema de bloqueo que no le sirve a nadie”.

Con toda la atención del oficialismo puesta en el resultado de las elecciones porteñas -las que más le interesan, al nivel del resultado de las generales del 26 de octubre-, transcurrida esa instancia los ojos volverán esta semana al Congreso de la Nación. Ya no para atender la discusión por ficha limpia, que ya quedó para el próximo año, sino por una bomba de tiempo latente a la que solo ha podido postergar: la definición sobre los miembros de la Auditoría General de la Nación.

No será la única cuestión que se debatirá esta semana, pero sí una de las más urticantes.

El tema está pendiente desde el año pasado, cuando vencieron los mandatos de los elegidos por parte de la Cámara de Diputados y La Libertad Avanza quiso nominar un nombre suyo para ese organismo. Como originalmente se había acordado otra cosa, no quedó más que patear el tema para adelante a la espera de encontrar una solución que nunca apareció. Más bien el tema se complicó aún más cuando vencieron también los mandatos de los representantes del Senado y la AGN quedó en una situación extrema: con un solo miembro: su presidente, el representante del principal partido e la oposición, Juan Manuel Olmos. Los otros seis cargos están vacantes.

Juan Manuel Olmos en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

El problema para el oficialismo se planteará en la próxima sesión, cuando la oposición busque forzar en la Cámara baja la designación de dos de los miembros, luego de que Unión por la Patria y Encuentro Federal se pusieran de acuerdo. Si Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP, según la sigla patentada por Santiago Caputo), la oposición le asestará un duro revés al oficialismo el próximo miércoles.

Según pudo verificar parlamentario.com, tienen los votos. Así las cosas, al oficialismo solo le resta apostar a que no haya quórum. En cuyo caso, solo ganará tiempo.

Mientras tanto, los elegidos por la oposición son el kirchnerista Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y el diputado Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Emilio Monzó podría conseguir un lugar en la AGN.

Una discusión de larga data

Como dijimos, hace rato que no se ponen de acuerdo sobre las designaciones, y el pasado 27 de marzo, al reunirse la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que conduce Miguel Pichetto, se lanzó una intimación. En esa oportunidad, Pichetto recordó que el 31 de marzo sería “la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado”, dado que el mandato de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva vencía ese día. Recordemos que los dos primeros fueron designados en nombre de UP y el tercero en representación de la UCR. Pichetto anunció en esa ocasión que acababan de enviarles a los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem, notas reclamándoles poner en marcha el mecanismo correspondiente y convocar a los presidentes de los bloques para definir a los representantes ante la AGN, ya que si no se completa el organismo eligiendo a los auditores que faltan el mismo quedaría acéfalp.

En abril de 2024 vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). Las negociaciones en su momento no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. A todo esto, las negras también juegan… y UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. Como sea, el tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Entre ambos espacios suman 111 diputados, pero aseguran contar con una treintena más de votos para rubricar el acuerdo.

Juan Ignacio Forlón podría regresar al organismo donde tuvo un lugar hasta el año pasado.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y, este domingo, en la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

Que es lo que sucederá en el Senado, donde Unión por la Patria aspira a retener dos lugares de parte de la Cámara alta y el radicalismo quedarse con el cargo restante. Con solo 6 senadores, ahí LLA no tiene mucho poder de fuego.

En este contexto, con una conformación de la AGN completa, el peronismo podría quedarse con cuatro de los siete lugares, lo que le asegura una mayoría. Se verá.

Qué es la AGN

La Auditoría General de la Nación es un organismo instituido en la órbita del Congreso de la Nación, cuya función es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Según establece el artículo 85 de la Constitución, el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso.

Como hemos dicho, 6 de dichos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

La Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este miércoles en el Salón Illia del Senado, donde el oficialismo y la oposición -a excepción de Unión por la Patria- avanzaron con el dictamen de aprobación de la Cuenta de Inversión 2017, de la gestión Cambiemos.

Pichetto explicó que la cuenta “viene de la AGN con un dictamen de mayoría que sostiene la abstención de opinión” y un “dictamen de minoría aprobando con observaciones”, el cual él mismo firmó como auditor. En este sentido, señaló que “la abstención de opinión es cuando el auditor se abstiene de emitir una opinión por no obtener evidencia suficiente y adecuada para basar su opinión en los informes”. Y, a continuación, sugirió la aprobación.

En contra, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) mencionó que el dictamen de mayoría contiene “dos informes muy duros” e “innumerables observaciones, tanto sobre los estados contables como en la ejecución presupuestaria”. “El resultado de los estados contables es absolutamente negativo. Se aumentó significativamente el pasivo de la Argentina, fundamentalmente a través de la deuda externa”, apuntó. “No me cabe la menor duda que tiene que ser rechazada”, avaló el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez.

Por el contrario, el senador Víctor Zimmermann (UCR) recomendó la aprobación y dijo que en el dictamen de mayoría se señala que “no se puede establecer con claridad si hubo algún tipo de inconveniente en reprogramar deuda pública por encima de la autorización presupuestaria; yo diría que no lo hubo, que pudo haber algún desfasaje en el tiempo”.

En coincidencia, el diputado Álvaro González (Pro) resaltó que esta Cuenta de Inversión posee “19 informes intermedios aprobados” y “el único no aprobado es el referido a la deuda pública, que obviamente cada espacio político tiene una mirada”.

Más adelante, Pichetto aclaró que habitualmente los dictámenes de la AGN eran por la aprobación. “Nunca hubo rechazo ni tampoco abstención de opinión, un fenómeno que aparece en 2017. Y en 2018 y 2019 hay un dictamen de mayoría de rechazo”, apuntó.

El rionegrino aclaró que “el organismo técnico para producir un rechazo no tiene en cuenta argumentaciones de naturaleza política”. Y recordó que “el endeudamiento con el Fondo (Monetario Internacional) no fue en 2017, fue en el 2018, cuenta que vamos a comenzar a analizar. Sí hay en el 2017 un bono a 100 años que después fue refinanciado a un plazo más corto”. Aunque admitió no haber estado de acuerdo con ese bono, afirmó que no lo consideró “un punto tan gravitante como para rechazar la cuenta”.

En la reunión, además, pasaron a la firma 49 dictámenes sobre estados contables de distintas empresas, organismos y fideicomisos; y estados financieros de préstamos de organismos internacionales. Sobre esto último hubo consenso en pedir informes por nota al Ministerio de Economía sobre subejecuciones o demoras significativas.

También, el envío de dos notas a la AGN, una sobre los contratos firmados por las compras de vacunas durante el COVID-19 y otra sobre el aumento sostenido de informes con carácter de reservados emitidos por la Auditoría, y que el siguiente encuentro de la Bicameral será el próximo 29 de mayo a las 11 horas.

El diputado nacional Miguel Pichetto describió en un posteo de este viernes este panorama: “Una sociedad forzada a la virulencia de la campaña electoral permanente, insultos para acallar a la prensa crítica, periodistas serviles como instrumento de un gobierno demagógico e irresponsable, que acusa a cualquier adversario político de traición”.

“Este esquema es muy parecido a lo que se vive en el mundo actual con la expansión de los partidos ultraderecha”, aclaró.

Según el presidente del bloque Encuentro Federal, “estos síntomas de deterioro democrático ya aparecieron antes, y fueron los que allanaron el terreno para que un delirante autoritario como Hitler llegara al poder”.

Por eso este viernes recomendó dos libros que indagan sobre ese fenómeno que, lejos de quedar en la historia, extiende su sombra sobre las actuales democracias, en distintos países. Así, habló de “A treinta días del poder”, de Henry Ashby Turner (1996) y de “Síndrome 1933”, de Sigmund Ginzberg (2024).

“Ya conocemos la historia. Impedir que se repita está en nuestras manos”, concluyó.

Una sociedad forzada a la virulencia de la campaña electoral permanente, insultos para acallar a la prensa crítica, periodistas serviles como instrumento de un gobierno demagógico e irresponsable, que acusa a cualquier adversario político de traición.
Este esquema es muy parecido… pic.twitter.com/vpzaqstp4A

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) May 2, 2025

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para tratar diversos temas.

En primer lugar, se dio curso a una nota dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recordando la obligación de los entes auditados de responder a los requerimientos de la Auditoría General de la Nación (AGN), en cumplimiento del marco normativo vigente.

Luego, la comisión ratificó una resolución que establece la obligación de auditar a todas las empresas públicas, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado.

En otro orden, se consideraron 53 expedientes tratados previamente por asesores, y se resolvió enviar una nota a la AGN para que informe a la comisión en qué estado se encuentra la auditoría a las universidades, y otra expresando que la Auditoría no ha remitido aún la Cuenta de Inversión 2023.

Por último, se decidió postergar para la próxima reunión dos temas importantes con el fin de tratarlos con mayor presencia de los integrantes de la comisión. Se trata del análisis sobre la Cuenta de Inversión sobre el ejercicio 2017, correspondiente a la gestión del expresidente Mauricio Macri, como parte del proceso de rendición del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo Nacional; y una resolución orientada al seguimiento de las observaciones, recomendaciones y eventuales derivaciones judiciales surgidas de los informes de auditoría.

En el inicio de la sesión de homenaje a Francisco, el senador Juan Carlos Romero se quejó por el accionar de los fotógrafos en la previa de las sesiones, tal cual lo hizo hace años Miguel Pichetto cuando habitaba en la Cámara alta.

Luego de sugerir que la Secretaría Parlamentaria se ocupara en el transcurso de la sesión de juntar todos los textos presentados sobre el fallecimiento del Santo Padre en uno y lo pusiera a consideración del cuerpo al final de la sesión, para aprobar una única declaración -cosa que fue aceptada-, el salteño recordó la queja del entonces senador rionegrino y protestó porque “en el momento del himno había 4 o 5 fotógrafos circulando por los pasillos, que no hace falta… ¿Qué blooper raro van a ver? Los bloopers están en Diputados… Y golpearon a una señora senadora con una cámara gigante. Me parece que no se justifica 4 o 5 fotógrafos circulando por acá”.

Cuando promediaba la mitad de la segunda tanda de preguntas al jefe de Gabinete, Miguel Ángel Pichetto, reflexivo, se dirigió hacia el Gobierno nacional y le sugirió que “no les conviene el dólar de $1000 porque los condena a un proceso de pérdida y pérdida de la competitividad del sistema agroexportador”.

También, le pidió al Poder Ejecutivo Nacional que “es imprescindible actualizar salarios” y “comprender grave situación de trabajadores y jubilados”. Del mismo modo, habló de las interpelaciones de la próxima semana y cargó: “Espero que venga el ministro de Economía porque no tenemos presupuesto y parece que le tiene desprecio al Congreso de la Nación”.

Sin embargo, el reclamo real del presidente del bloque de Encuentro Federal fue contra la Dirección de Migraciones: Primero, repitió su consulta sobre cómo accedieron al país los ciudadanos rusos en Bariloche detenidos por participar de una secta; y luego, reiteró su consulta sobre el viaje del vicepresidente iraní en Argentina, que fue destituido en su país por ese viaje.

Al tomar el micrófono, Guillermo Francos se refirió a las sugerencias del diputado como “devaluación” y agregó: “Esas historias ya las hemos vivido en la Argentina, ahora estamos transitando la sanidad fiscal de nuestro sistema”. “Con equilibrio y superávit fiscal es diferente la visión con respecto al pasado”, jactó el funcionario.

Respecto a las consultas vinculadas de arribos internacionales, el jefe de Gabinete contestó que “en ninguno de los casos hay responsabilidad de la Dirección de Migraciones”. Actualmente el organismo está a cargo de Sebastián Seoane, bajo la órbita del Ministerio del Interior que comanda Lisandro Catalán.

Con relación a la secta detenida en San Carlos de Bariloche que traía mujeres embarazadas desde Rusia en estado de desnutrición y tiene como principal imputado a Konstantin Rudnev, que llegó a la Argentina con pedido de captura en el Estado de Montenegro, señaló que lo hicieron por la Ley de Migraciones. Mientras que sobre la estadía del (ex) vicepresidente iraní Shahram Dabiri, quien al llegar al país persa fue removido de su cargo tras haber estado haciendo turismo en la Patagonia, añadió que “ingresó con visa consular”. “No hay objeción que se pueda hacer”, cerró.

Momentos antes de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzara a exponer en el recinto de la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, titular de bloque Encuentro Federal, elevó el reclamo vinculado al horario en que arribó al Congreso el informe de gestión de gobierno. También, se mostró molesto porque tal documento haya llegado a manos de la prensa antes que a los legisladores.

La sesión informativa estaba citada para las 14.30 de este miércoles. Sin embargo, los diferentes presidentes de bloque recibieron informe con las respuestas de la Jefatura de Gabinete pasadas las 13. El reclamo de Pichetto se relacionó a la imposibilidad de poder reformular repreguntas teniendo en cuenta el corto plazo de tiempo entre la llegada del informe y el inicio de la sesión.

Históricamente el Jefe de Gabinete ha enviado las respuestas a más tardar 24 hs antes de su presentación, a fin de permitir las repreguntas y la fluidez del diálogo. pic.twitter.com/NS6XZ9bMXX

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 16, 2025

Sentado en el centro del hemiciclo ante la mirada de los más de 131 diputados presentes, Guillermo Francos respondió que enviar las respuestas redactadas “no es obligatorio para el Poder Ejecutivo”, pero anticipó que “debe ser reglamentado a través de una ley”.

Fue en ese momento, cuando relató que el Poder Ejecutivo Nacional recibió más de 4000 preguntas y se seleccionaron 2307: “No es razonable este mecanismo de enviar preguntas porque implica una tarea enorme para clasificarlas”. “Propondré que reglamentemos un artículo que tenga sentido”, remarcó Francos.

Antes de pasar al informe de gestión, aclaró que las preguntas relacionadas al caso $Libra serán respondidas en la interpelación del próximo martes 22 de abril. Esta misma aclarión fue vertida en el informe gráfico enviado a los bloques antes de la sesión informativa.

Una vez más el diputado Miguel Angel Pichetto recordó que el ministro Luis Caputo no ha ido aún al Congreso, y la Cámara de Diputados lo acaba de citar. Según él, será para preguntarle si el ministro de Economía fue consultado para que el presidente promoviera la moneda cripto.

Lo cual mereció reparos de parte de su interlocutor, el periodista Franco Mercurialli, que lo entrevistaba en TN. “Con el lío que hay en el país, ¿qué tiene que ver que vaya a hablar de la criptomoneda?”, preguntó a lo que Pichetto replicó: “Tiene que ver que tiene la responsabilidad económica de lo que pasa”.

Como su interlocutor minimizó la situación circunscribiéndola a un tuit de Javier Milei, Pichetto repuso que “el presidente hizo un tuit que tiene repercusiones; la pregunta (para Caputo) es: fue consultado o no… Debería contestarla”.

Pichetto dijo que no le parecía un hecho menor promover una moneda cripto, tras lo cual recordó que además de Caputo están citados el jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y el presidente de la CNV. “El Congreso va a hacer preguntas y no debería preocuparse ningún funcionario, porque tienen el deber de venir y explicar”, señaló.

Agregó luego que “el Gobierno tiene que construir un mensaje respecto de la cripto para tratar de proteger incluso al propio presidente. No lo entiende… Creen que el silencio les conviene”.

“Me parece que tienen que explicar lo que pasó, si el presidente fue engañado, seducido por un grupo de marginales que intermediaron esta cuestión; si hay responsabilidades de tipo civil, o penal. Me parece que es importante una explicación. El silencio no es el mejor camino ni siquiera para proteger al presidente”.

Y planteó: “Los gobiernos con sus ministros tienen que ser el pararrayos para tratar de contener situaciones como estas que generan un hecho inédito, bastante insólito, desde el punto de vista de los perjuicios que generaron a particulares”.

El presidente de la bancada Encuentro Federal, Miguel Pichetto, presentó una cuestión de privilegio contra la Dirección de Migraciones, la cual funciona en la órbita del Ministerio del Interior, para darle “trascendencia” a la detención de una secta que traía mujeres embarazadas desde Rusia en estado de desnutrición. También se refirió a la visita del vicepresidente iraní de la semana pasada.

Mencionó al principal imputado Konstantin Rudnev, por quien reclamó que “nadie se dio cuenta de cómo se permite el ingreso de un sujeto con antecedentes penales”. El detenido en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche llegó a la Argentina con pedido de captura en el Estado de Montenegro. En ese punto, Pichetto instó al Gobierno que aporte información sobre lo sucedido.

Del mismo modo, se refirió a la estadía del (ex) vicepresidente iraní Shahram Dabiri, quien al llegar al país persa fue removido de su cargo tras haber estado haciendo turismo en la Patagonia: “Vino hasta las puertas del Congreso, después hizo turismo, volvió a su país y lo echaron, pero nadie se enteró de su llegada”.

“Algo está pasando en el esquema de control migratorio”, afirmó Miguel Pichetto quien a referirse al descubrimiento de las mujeres cautivas en el sur, recordó que bajo la gestión de Alberto Fernández hubo un hecho similar. “No sabíamos que pasaba cuando venían rusas a tener hijos a la Argentina”, remarcó.

Exdirectora de Migraciones en el Frente de Todos, la diputada nacional Florencia Carignano salió a responderle rápidamente a Pichetto: “Me denunciaron por no permitir el ingreso de mujeres rusas embarazadas y la Justicia lo permitía”. “Fue la justicia quien hizo que ingresen mujeres a punto de parir”, reiteró la santafesina.

Con relación a la llegada del funcionario iraní explicó que “es más una cuestión de Cancillería”, pero aclaró que “requiere autorización de la SIDE que se la dio”. Mencionó un proyecto de resolución de su autoría sobre el tema y cerró: “No sabemos por qué vino”.

Finalizó este domingo 23 de marzo la moratoria previsional, a partir de lo cual aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes previsionales no podrán jubilarse por el método implementado durante los gobiernos de los Kirchner. Según se calcula, quedarán alcanzados por esta medida alrededor de medio millón de personas que solo podrán jubilarse con una alternativa votada durante la gestión de Cambiemos.

Pero veamos ahora cómo llegamos hasta aquí. La primera moratoria fue lanzada durante la primera gestión kirchnerista, por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. El santacruceño lanzó entonces lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria, argumentando entonces que tres décadas de desempleo e informalidad laboral, más un sistema jubilatorio privatizado, habían dejado sentadas las bases para que de cada diez personas en condiciones de jubilarse, cinco quedaran afuera.

Se dijo entonces que la mayoría de los que se incorporaron a ese primer Plan de Inclusión Jubilatoria había hecho aportes. Aunque el promedio del mismo era sensiblemente bajo: solo 12,7 años de aportes; esto es, les faltaba 17,3 años para completar los 30 de aportes necesarios. Y ante los cuestionamientos que se escucharon entonces, alertando que esa medida impactaría sobre el resto de los jubilados por cuanto acrecentaría el número de beneficiarios afectando el sistema previsional en su conjunto, respondían desde el Gobierno con la pregunta de si sería justo que esas personas perdieran sus 12 años de aportes. Pero además, al “comprar años” los beneficiarios de las nuevas jubilaciones, contribuirían con ese aporte a sostener el sistema.

El 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Moratoria Previsional que alcanzaba a aquellas personas que reunían la edad exigida por ley para acceder a una prestación previsional, si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Más los adultos mayores sin prestación previsional, o que, si contaban con ella, la misma no superara la mínima.

El Segundo Plan de Inclusión fue presentado por Cristina Kirchner como una ley de universalización del sistema previsional argentino. “Hemos cubierto con esta ley, con este proyecto del Ejecutivo, que fue remitido al Parlamento y fue aprobado, diez años, de 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria, y que justamente era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión; mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse”, fundamento la entonces presidenta en un acto.

CFK venía de haber vetado cuatro años antes el 82% móvil para los jubilados, que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. Fue la segunda ley que obligó al entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos a desempatar. Lo hizo en contra de su Gobierno, y vino el veto de Cristina, que argumentó que su implementación implicaría la quiebra del Estado.

En la apertura de sesiones de ese año, el 1° de marzo de 2014, Cristina Kirchner había dicho respecto del sistema de seguridad social que “entre 2003 y 2013, el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%. O sea, de tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados: 5.907.000. Y el 46% fue por moratoria”.

En el mismo período, las pensiones no contributivas pasaron de 433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, lo que representó un aumento del 322%, añadió. “Como les decía -continuó Cristina, flanqueada entonces por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja Julián Domínguez-, somos el país de mayor cobertura previsional, con 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva”.

Cristina en la apertura de sesiones ordinarias de 2014, donde habló del sistema previsional.

Esa segunda instancia del plan de inclusión incorporaba a aproximadamente 470 mil personas al sistema previsional. Fue convertida en ley en Diputados el 27 de agosto de 2014 por 202 votos a favor y 4 abstenciones, que correspondieron a dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.

Esa segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 estaba destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no contaran con los 30 años de aportes.

La sesión de Diputados del 27 de agosto de 2014 en la que se aprobó con amplio apoyo el Segundo Plan de Inclusión para los jubilados.

Los tiempos de Cambiemos

Convencido de que los jubilados eran un electorado propio, el Gobierno de Mauricio Macri implementó la Reparación Histórica para los jubilados, que impulsó junto al blanqueo de capitales. Benefició a 740.000 jubilados que mejoraron sus haberes y cobraron retroactivos; pero menos del 6% de ellos tenían acciones contra el Estado, con lo que bajó muy poco la cantidad de juicios. Y tuvo un alto costo fiscal.

Por eso los reproches que hizo quien luego sería candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. El entonces presidente del bloque de senadores del peronismo, consideró que la decisión de impulsar esa reparación histórica fue “un error”. A su juicio, “había algunos funcionarios que entendían que el blanqueo favorecía a los ricos, y que había que hacer algo por los pobres, los jubilados”. Entrevistado para el libro “Gobernar en Minoría”, de José Angel Di Mauro, Pichetto no dudó en señalar que esa fue “una tontería”, ya que “nosotros no íbamos a votar en contra del blanqueo”. Sostuvo Pichetto que la Reparación Histórica le significó al Estado 1,9 puntos del producto e incrementó el déficit fiscal.

En ese mismo libro el diputado Luciano Laspina justificó la medida en que el Gobierno creía que se trataba de “una medida revolucionaria desde el punto de vista previsional, y justa. Y encontró en esa ley una oportunidad para no demorar una discusión por un eventual blanqueo. No porque en el fondo nadie pensara que un blanqueo no pasara. Y en definitiva, mejoraba un poquito la discusión de la letra chica del tema, pero no mucho más”.

El proyecto de ley llegó al recinto de Diputados en forma de ley ómnibus y fue aprobado por 162 votos, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate de poco más de 12 horas.

Los diputados votando la ley ómnibus en 2016.

Dos semanas después, el 30 de junio de 2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Dentro de esa ley ómnibus figuraba la Pensión Universal a la Vejez, conocida luego como PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores). Pero no terminaba con la moratoria previsional impulsada por los Kirchner.

En esa sesión Cambiemos contó con el respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSes. Justamente a pedido del bloque de Bossio, se extendería por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, pudieran recibir la jubilación correspondiente, con un descuento de los aportes que no habían hecho.

Las prórrogas de Alberto

Previsiblemente, el Gobierno de Alberto Fernández fue prorrogando la vigencia de la moratoria. Pero a falta de votos en el recinto, lo hizo por decreto. El tema se complicó hacia fines de 2022, cuando fue demorándose una y otra vez el tratamiento del proyecto para extender el plan de pago de deuda previsional que alcanzaría a 800 mil personas. En esos días la relación entre el oficialismo y la oposición se había complicado mucho y varias sesiones fracasaron por falta de quórum, entre ellas la que debía confirmar a Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. Así, quedó esa norma sin ser aprobada, por lo que el gobierno la incluyó en un temario de 28 proyectos a tratarse en extraordinarias.

Ya se sabe que era costumbre del Gobierno de Alberto Fernández mandar decenas de proyectos a extraordinarias, que en general no eran tratados ni siquiera en comisiones. Así había sucedido los últimos dos años y estuvo a punto de suceder en 2023, hasta que a 3 minutos de que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, arrancó esa sesión en la que se debatieron solo dos de los 28 temas que había enviado Alberto: la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Fue el 28 de febrero de 2023, con 134 votos a favor y 107 en contra. Durante ese debate, el diputado Luciano Laspina expresó sobre las moratorias que las mismas “son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sitemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

El festejo de Fernanda Raverta en los palcos tras la aprobación de la extensión de la moratoria.

Esa prórroga es la que acaba de vencer y que la oposición tratará de volver a poner en agenda, aunque el oficialismo no tiene ninguna intención de tratarlo.

Como sea, amerita un debate que de una u otra forma tendrá que darse.

Hacer algo con los 30 años de aportes

Actualmente el sistema previsional está compuesto por más de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. Esto no equivale al número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una jubilatoria.

Por citar un caso: en el año 2024 se otorgaron 427.505 jubilaciones. De ellas, 313.950 fueron por moratoria.

Un informe de IDESA difundido los últimos días resulta bastante ilustrativo. El mismo confirma un dato que estremece: la mayoría de los que se jubilaban hasta que cayó la moratoria acumula menos de 10 años de aportes. Veamos:

52% Menos de 10 años

30% Entre 25 y 30 años

18% Entre 25 y 30 años

(Fuente: IDESA en base a la subsecretaría de Seguridad Social)

Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aportes.

Así las cosas, si no se renuevan las moratorias, toda esa gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación aprobada en 2016 representa el 80% del valor de la jubilación mínima. Pero además tiene dos importantes defectos, según IDESA: el primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años aportados, reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.

Podría agregarse que las mujeres solo pueden acceder al beneficio a partir de los 65 años, igual que los varones, y no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.

El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización.

En el régimen de reparto, el requisito era y es los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería, con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización.

El problema es que cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió el error de no revisar esta regla. Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Para IDESA, como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias, profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.

Claramente el desafío es encontrar ahora una mejor alternativa que renovar las moratorias, que más allá del beneficio que han generado, provocaron una degradación del sistema previsional.

En la búsqueda de alternativas, IDESA ofrece la de eliminar el mínimo de 30 años de aportes.

De esta manera, para las personas con pocos aportes, se puede contemplar la PUAM como piso. El monto de este beneficio debería ser creciente, en función de la cantidad de aportes acumulados, y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como al resto de los jubilados.

Hay en la actualidad 7.434.000 asalariados registrados y 5.440.000 trabajadores informales. El número de jubilados asciende a más de 7,5 millones. En Argentina, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado, para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Por cada jubilado, hoy hay apenas 1,5 aportantes activos al sistema. La relación activos/pasivos es clave para la sostenibilidad de las jubilaciones.

El debate que viene

El pasado 19 de marzo, a continuación de la sesión que blindó el DNU del acuerdo con el Fondo, la oposición más dura intentó realizar una sesión para tratar justamente el tema previsional, particularmente los proyectos referidos a la moratoria previsional. No alcanzaron a reunir el quórum, pero el tema seguirá generando atención en el Congreso, donde insistirán con prorrogar la moratoria.

Justamente con ese objetivo hay proyectos de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Vanina Biasi, presentados el 18 y el 14 de febrero pasado, respectivamente, para extender por 2 años la moratoria.

Vanina Biasi y Nicolás del Caño impulsan la extensión de la moratoria.

También hay proyectos de los diputados de Unión por la Patria Brenda Vargas Matyi (29/01/25), Leopoldo Moreau (7/11/24) y Andrea Freites (13/03/25), todos para prorrogar por 2 años el capítulo II de la Ley 27.75.

Hay otro de Gisela Marziotta, del 10 de marzo pasado, para extenderlo 10 años.

Hubo también un proyecto del riojano Ricardo Herrera, del 16 de enero, para incluir el tema en extraordinarias.

Como sea, es un debate que volverá a darse en el Congreso y sobre el cual el Gobierno no debería quedarse a esperar que suceda, confiado en conservar la herramienta del veto como resguardo.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior  había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.

Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.

A  propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.

Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.

El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.

Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.

Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.

Al día después del caos adentro y fuera del Congreso de la Nación, el presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, le bajó la espuma a la versión del Gobierno y señaló que “es una exageración darle magnitud de un intento de golpe de Estado”. También habló de las disputas internas en el seno del oficialismo al que llamó de “complejo de decadencia” y “desborde emocional”.

Entrevistado por Infobae, destacó la aprobación de los emplazamientos para investigar los hechos que vinculan al presidente Javier Milei tras la promoción en X de la criptomoneda $Libra. “Las instituciones están funcionando”, advirtió referenciando el impulso de los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el token.

Consultado por las peleas entre Oscar Zago y Lisandro Almirón en un flanco del recinto y la que protagonizaron Lilia Lemoine y María Celeste Ponce contra Marcela Pagano y Rocío Bonacci en el centro del hemiciclo, opinó: “Hay una crisis profunda en el marco del oficialismo y en el plano de la conducción”. En tal sentido, vinculó y lamentó que “la crisis de anoche obligó a levantar la reunión de la Bicameral de DNU” que iba a tratar el acuerdo con el Fondo.

Sin embargo, Pichetto fue más allá y catalogó los forcejeos entre libertarios como “hechos sin precedentes en la Cámara de Diputados”. “Hay un complejo de decadencia y está muy quebrado el plano interno de La Libertad Avanza”. También, habló de “desborde emocional”, “problemas de liderazgo” y “desestimación de acuerdos”.

Crítico de la actitud del Gobierno nacional, el titular de Encuentro Federal se refirió a los dichos de Guillermo Francos y Patricia Bullrich sobre los incidentes del miercoles y aseveró: “Hay que construir un relato porque vivimos en una época donde la verdad no importa”. Sin avalar los incidentes, explicó que “el origen del conflicto es una demanda legitima con la irrupción de sectores ajenos”.

Por otro lado, expresó su postura respeto al accionar de la Policía Federal: “El protocolo de las fuerzas de seguridad siempre es muy finito”. Además, llamó de “innecesario” que un oficial le hay pegado a una anciana de 80 años. “No es la forma de respuesta”, reiteró.

Por último, Miguel Pichetto criticó que “ningún evento de la calle debe interrumpir al Congreso”, manifestó que situaciones como la del miercoles “pueden repetirse” y cuestionó al Frente de Izquierda: “Son sectores que tienen escasa representación, pero amplia gravitación en las calles”.

La Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves para dictaminar el proyecto de resolución que establece la reglamentación de la abstención de opinión en los procesos de auditoría, aunque concordaron continuar mejorando y enriqueciendo dicha medida.

El encuentro fue encabezado por su presidente Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien estuvo secundado por las otras autoridades: los senadores Mariano Recalde y Juan Carlos Romero; y el diputado del Pro Álvaro González.

En la reunión, el titular de la bicameral manifestó: “No puede haber, desde los sectores técnicos, abstención de opinión porque eso implica que la auditoría vaya perdiendo facultades inherentes a su propia actividad que es la del control”. Asimismo, solicitó no permitir que se eluda la auditoría pública y se suplante por una auditoría privada.

Luego, la Comisión avanzó sobre una serie de expedientes pertenecientes a distintas gestiones de gobierno: “Se trata de 104 expedientes agrupados en 80 dictámenes, que no revisten de mayor complejidad, sobre estados contables y financieros de organismos o empresas del sector público, programas financieros de organismos internacionales, memorándums internos y certificaciones varias”, detalló Pichetto.

Los senadores presentes realizaron observaciones sobre algunos de esos expedientes y se acordó su vuelta a comisión para su mejor análisis.

La senadora jujeña Carolina Moisés (Unión por la Patria) salió al cruce este jueves del diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien desmereció al charanguito y la música norteña, al considerar que "no tiene nada que ver con Argentina".

Durante una entrevista con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, el legislador sostuvo que la inmigración cambió la cultura del país y expresó que "el charanguito y esa música del norte no tienen nada que ver con Argentina".

Ante la sorpresa de los periodistas, que intentaron refutar su postura, Pichetto insistió: “No, la música de la llanura, el folklore, no tiene nada que ver”.

A través de un posteo en la red social X, Moisés le salió al cruce: "Compañero @MiguelPichetto lamento sus expresiones de ayer sobre nuestros charangos, y me sorprende que una persona leída como usted exprese un pensamiento tan prejuicioso respecto de nuestra diversidad cultural y el sincretismo que caracteriza a la argentinidad".

"Lo invito a Jujuy para que escuche nuestra música así conoce el sonido de las quenas, los sikus que bajan de los cerros, el erke con la inmensidad del viento concentrada en su presencia y las cajas que hoy las comadres van a usar para compartir en una fiesta popular como son nuestros carnavales", continuó.

Compañero @MiguelPichetto lamento sus expresiones de ayer sobre nuestros charangos, y me sorprende que una persona leída como usted exprese un pensamiento tan prejuicioso respecto de nuestra diversidad cultural y el sincretismo que caracteriza a la argentinidad.

Lo invito a… pic.twitter.com/Zt3LV5KQQG

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) February 27, 2025

Además, la legisladora relató una historia personal. "Cuando vine a los 17 años a estudiar a la universidad, una profesora me dijo que yo no pertenecía a este país, que yo venía de una provincia que jamás debía formar parte de nuestra patria, y que mi 'cultura' no era argentina. Escucharlo me trajo a la memoria esa experiencia violenta, y pienso cuán arraigado está ese pensamiento tan sectario que denota un desconocimiento total de la naturaleza de la sociedad argentina", subrayó.

"Aquella profesora tuvo que pedirme disculpas en la clase porque mi indignación llegó hasta las autoridades de la institución. Hoy, en nombre de todos los jujeños a los que represento, le pido que haga lo mismo", le reclamó al diputado.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que preside Miguel Ángel Pichetto (EF), mantuvo una reunión que definió como “preparatoria” en la que los legisladores acordaron el Plan de Acción de la Comisión para este año.

Asimismo, fueron incorporados a la comisión los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Bruno Olivera Lucero (LLA).

"Nos parecía interesante hacer una especie de reunión preparatoria sobre cuestiones que estuvimos trabajando este tiempo", destacó Pichetto. Y sintetizó: “Hemos recibido a los dos senadores incorporados, elaboramos el plan de acción de la Bicameral, remitimos dos notas a la Presidencia de la Cámara para digitalizar los archivos de la comisión y definimos el tratamiento de diversos expedientes”.

En ese sentido, el presidente de la comisión describió que durante el período de octubre a noviembre de 2024, se aprobaron más de 300 expedientes, la comisión recibió a los integrantes de la Auditoria General de la Nación, se aprobó con modificaciones el Plan de Acción Anual 2025 de la AGN, se recibió una auditoria sobre tema vacunas, ingresó la cuenta de inversión 2019 cuyos informes se los remitimos al Poder Ejecutivo donde se plantea un rechazo a las cuentas de inversión, ingresó la normativa POA, entre otros temas”.

“Lo que hemos realizado en un periodo corto, es muy importante”, valoró Pichetto.

Por su parte, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde expresó su acompañamiento a esta propuesta de trabajo: “Nos parece muy bien la metodología de trabajo propuesta, la agenda y la idea de la digitalización.

A su turno, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA), agradeció a sus pares y señaló que "estoy a disposición para trabajar, me parece un plan de labor correcto".

La Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), realizará su primera reunión del año este martes, a partir de las 17.30, en el Salón Illia del Senado.

En la semana que ya no está dentro del período de sesiones extraordinarias, y días antes de que arranque formalmente un nuevo año legislativo, la comisión considerará la Memoria Anual 2024 y delineará una agenda de trabajo para 2025, con los próximos expedientes a tratar.

Asimismo, de acuerdo a la convocatoria, se abocará a la aprobación de actas pendientes e ingreso de comunicaciones; la propuesta para considerar la digitalización de los expedientes de la comisión; el ingreso del Plan Operativo Anual de la AGN y otras cuestiones administrativas.

A lo largo de 2024, la AGN funcionó con 4 de sus 7 miembros ante el vencimiento de los mandatos de los representantes por Diputados y la falta de acuerdo entre los bloques en la Cámara baja que dejó sin resoluciones el asunto.

En tanto, en abril próximo vencerán los mandatos de los representantes por el Senado, con lo cual el organismo de control se encamina a una situación compleja. La intención del oficialismo sería -tras la dilatación en Diputados- negociar los nuevos lugares en ambas cámaras en paralelo.

El pasado 5 de noviembre, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, anunció ante la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que en el plan de este año incluirán auditorías de cuatro universidades nacionales y otros temas sensibles a la gestión libertaria, como gastos en defensa y seguridad o política alimentaria del Ministerio de Capital Humano.

Nuevo round entre Miguel Pichetto y Jonatan Viale. Pero vayamos primero a los antecedentes: el diputado venía distanciado del periodista, al que le reprochaba un sesgo antipolítica que le generó el rechazo de Viale, pero sin llegar a mayores.

El día después del episodio en el que quedó involucrado el conductor de TN en su reportaje a Javier Milei, el diputado se refirió con ironía al suceso en una entrevista por Radio Rivadavia y, sin nombrarlo, se refirió a él como “periodista al servicio del poder”. Por la noche, en su largo descargo por lo que le había sucedido con Santiago Caputo, Jonatan Viale tuvo párrafos muy duros contra Pichetto, al que terminó llamando “cobarde”.

Pichetto le contestó este miércoles por la red social X. Lo hizo en un largo y duro posteo, en el que arranca suave y termina con los tapones de punta. O más:

“Estimado Jonatan Viale: Anoche, en tu sentido monólogo, afirmaste que mis dichos radiales te dieron la motivación para levantarte de la cama y presentarte a tu trabajo. No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error. Y me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase ‘periodista al servicio del poder’. Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista”, señaló con ironía. Y continuó: “Como te dije alguna vez, es importante construir una carrera larga y exitosa, especialmente larga”.

“El tema es que te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo”, alertó, para advertirle: “Cuidado, porque te puede pasar como Icaro y acercarte tanto al poder y al fuego, te puede quemar”.

Ya mucho más duro, Pichetto pasó de las recomendaciones a las definiciones: “Vos tenés otro sentimiento muy jodido, que se te nota, es el odio. Ayer hablaste desde el odio. La pregunta es qué tengo que ver yo con la entrevista de Milei, los errores cometidos y tu enojo con Caputo”.

“Y con tu obsecuencia, que la vio todo el país”, agregó, para concluir señalándole: “Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mirate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe”.

Ya no se llevaban bien el diputado Miguel Pichetto y el periodista Jonatan Viale. Algún cruce televisivo en el que el legislador le reprochó un sesgo antipolítica al periodista hizo que después éste lo citara en lo sucesivo de manera despectiva. Pero este martes la sangre llegó al río.

Bien temprano, al ser entrevistado por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Pichetto dijo en tono jocoso en el inicio de la entrevista: “Una pregunta, ¿si nos equivocamos lo hacemos de nuevo?”, a lo que Ortelli preguntó, sin entender: “¿Por el retuit dice usted?”. “No, el retuit no… por el reportaje al presidente -aclaró Pichetto-. El reportaje, y hay otro que anda dando vueltas en las redes… Lo que digo es cómo se pierde credibilidad de algunos colegas tuyos... Este es otro debate que hay en la Argentina”.

Y cerró: “Es la construcción del relato y la colaboración de eficaces periodistas al servicio del poder”.

Por la noche, en la catarsis que hizo Jonatan Viale luego de todo lo que vivió tras el episodio en la Casa Rosada, en el reportaje con Javier Milei, le dedicó un espacio al excompañero de fórmula de Mauricio Macri. “Hoy escuchaba a Pichetto, que se hacía el canchero hoy en radio Rivadavia. Me dijo a mí: ‘periodista al servicio del poder’”, deslizó el conductor de TN, que de paso le reprochó a su colega no haberlo defendido. Pero la emprendió a continuación contra el jefe del bloque Encuentro Federal: “Pichetto, ¿vos podés creer? Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político. El senador que le cuidó los fueros a Cristina, para que no vaya presa... Vos Pichetto, ¿me decís a mí eso? ¿En serio? ¿El diputado que el otro día se abstuvo en ficha limpia? Hay que ser muy cobarde, porque  por lo menos si tenés lo que hay que tener, Pichetto, votá en contra”.

El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, se refirió este martes al escándalo cripto y opinó: “Esperaría que el Gobierno y el presidente hagan una depuración. Hay que tirar a algunos del camión”. 

En ese sentido, el legislador habló de un “daño autoinfligido" del mandatario, a partir de la promoción de $LIBRA y consideró que “llega el momento en donde es imprescindible arrojar por la borda lastre. ¿Qué significa esto? Algún colaborador importante del presidente tiene que irse del Gobierno, tiene que asumir las responsabilidades para preservar la propia imagen del presidente. Tiene que renunciar".

En ese sentido, Pichetto enfatizó que una medida de esas características "está en los manuales del proceso político, de la conducción y la preservación del líder. Pero bueno, aquí parecería que no, que no va a ocurrir esto". 

Por otra parte, se distanció de la herramienta del juicio político contra Javier Milei que plantea Unión por la Patria. "No vamos a acompañar un juicio político, me parece que es totalmente prematuro y no hay elementos todavía, y tiene que haber una toma de conciencia en la sociedad para emprender una medida de esa naturaleza", subrayó.

Aseguró que "el tema que requiere la Argentina y también el Congreso como ámbito de resonancia es, bueno, ¿qué pasó? (el presidente) ¿fue engañado?, ¿fue operado por estos personajes siniestros?".

Por ello, el diputado dijo que "estaría más cerca" de una comisión investigadora, "antes que eventualmente un juicio político que no se puede llevar adelante todavía porque no hay elementos de prueba".

En declaraciones a radio Rivadavia, Pichetto insistió con "el Gobierno y el presidente hagan una depuración". "Acá se está hablando mucho de los que perdieron plata, y lo importante, como me dijo un amigo hace un ratito, son los que ganaron. Acá lo que hay que ver es quiénes son los cuatro que ganaron", añadió. 

Los diputados nacionales de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Miguel Ángel Pichetto, junto a otros miembros del bloque, presentaron un pedido de informes que exige al Poder Ejecutivo Nacional aclarar los hechos vinculados a la promoción y posterior desplome del activo digital “$Libra”, difundido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La iniciativa busca determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.

“El propio presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”, señala el documento, que advierte que la caída del token habría provocado pérdidas de al menos 87 millones de dólares, perjudicando a numerosos ahorristas que confiaron en su recomendación.

Los legisladores preguntan si el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores detectaron irregularidades en la difusión de este activo y si se prevé la renuncia o el despido de funcionarios involucrados. También subrayan que este episodio no solo impacta en la confianza de los inversores, sino que también compromete la credibilidad de las instituciones nacionales y afecta la imagen del país en el exterior.

El pedido de informes cuestiona, además, la relación de Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh, principales figuras detrás del activo digital, y consulta si estos empresarios accedieron a información privilegiada o si influyeron en la decisión del mandatario de promocionar la criptomoneda. Se exige, asimismo, información sobre quiénes fueron los beneficiarios y damnificados de la operatoria, incluyendo un listado detallado de personas y empresas involucradas en las transacciones. “Si el presidente fue inducido al engaño, como sugiere el Gobierno, se deben tomar medidas inmediatas para recuperar la confianza antes de que abran los mercados”, sostienen los diputados.

Otro de los puntos sensibles del pedido es el motivo por el cual las reuniones con asesores y empresarios vinculados a las criptomonedas se llevaron a cabo en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, y si su propietario, Eduardo Elsztain, conocía la naturaleza de estos encuentros. También se consulta si el Ministerio de Justicia solicitará una investigación judicial para determinar responsabilidades, no solo de funcionarios, sino también de los operadores financieros que estuvieron detrás del colapso del activo.

El proyecto también busca esclarecer si el Gobierno prevé comunicarse con organismos internacionales como la GAFI o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para solicitar mayores investigaciones sobre lo ocurrido y determinar responsabilidades. Los diputados exigen conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo para evitar que desde el Gobierno se vuelvan a promocionar activos financieros sin regulación ni respaldo. “Es imperioso y urgente que se investigue lo sucedido y que se tomen decisiones ejemplares para prevenir futuros escándalos que socaven la credibilidad de nuestras instituciones”, concluye la iniciativa.

Tras doce horas de tratamiento, la Cámara de Diputados aprobó ficha limpia por 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. El proyecto que impediría la candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones fue girado al Senado, donde se definirá si se termina convirtiendo en ley.

Entre los 144 votos a favor del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo están los 39 integrantes de La Libertad Avanza, incluido el presidente del Cuerpo Martín Menem; los 37 del Pro; los 3 del MID; 19 radicales (solo se ausentó la cordobesa Soledad Carrizo); los 12 de Democracia para Siempre; los 8 de Innovación Federal; los 6 de la Coalición Cívica; las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo; y los 3 tucumanos de Independencia.

Los doce diputados de Democracia para Siempre votamos a favor de la Ley de Ficha Limpia ✅️

¡Más democracia! pic.twitter.com/ejn7hRn87E

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) February 13, 2025

También votaron a favor de ficha limpia 4 de los 6 monobloques: la mendocina de Las fuerzas del Cielo, Lourdes Arrieta; la tucumana de CREO, Paula Omodeo; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; y Ricardo Garramuño de Somos fueguinos. El santafesino Mario Barletta, de Unidos, estuvo ausente a la hora de la votación.

Por su parte, el bloque heterogéneo de Encuentro Federal aportó 11 votos con 3 ausentes y 2 abstenciones: El titular de bancada, Miguel Pichetto, junto a Nicolás Massot optaron por abstenerse; mientras que el chubutense Jorge Ávila; y los cordobeses Natalia de la Sota y Carlos Gutiérrez no estuvieron en el recinto al momento de votar.

Miguel Pichetto rechazó el contenido del texto y se abstuvo en la votación.

Finalmente, el bloque Unión por la Patria presentó 91 votos negativos sobre sus 98 integrantes. Walberto Allende, Tanya Bertoldi, Carlos Cisneros, Daniel Gollán, José Gómez, Gabriela Pedrali y Natalia Zabala Chacur fueron los 7 ausentes de ese espacio al momento de realizar la votación.

Acompañaron con la negativa a Unión por la Patria los 5 integrantes del Frente de Izquierda, el monobloquista de Santa Fe, Roberto Mirabella, y el santacruceño Sergio Acevedo (el otro integrante de Por Santa Cruz, José Luis Garrido, estuvo ausente).

A modo personal, ya no como presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto intervino durante las exposiciones de los dictámenes, citando el de su bancada que presenta disidencias que él dijo compartir “plenamente”. En ese sentido dijo que le parecía que “lo del ministro de Defensa (Luis Petri), que no sé cómo aparece, porque es un verdadero mamarracho y le da discrecionalidad (al Poder Judicial), de que ‘si te condeno un año antes no’, y ‘si te condeno en el año electoral sí’… Juguemos en el bosque mientras el lobo no está… Démosle más poder al Poder Judicial”.

Y se quejó de que “en los últimos 10 años hay una supremacía política en el sistema de división de poderes del Poder Judicial de la Nación”, cosa que presentó como “una derrota del sistema político institucional”.

Pichetto cuestionó “este camino que elige el Congreso, con buenas intenciones a veces”, y remarcó la necesidad de que el sistema político tenga “equilibrios y contrapesos”. Citó la experiencia brasileña, que consideró “demoledora”, recordando que en 2010 “Lula se compra el discurso de la anticorrupción y vota ficha limpia. Creo que en 2014, el juez Aldo Moro lo condena con doble conforme y le impide ser candidato. A Lula le gusta bailar con el verdugo… Arman la estructura para que después el poder se transfiera al sistema judicial”.

A juicio de Miguel Pichetto, lo que los legisladores deberían haber hecho, en lugar de caminar lo que definió como “el camino judicialista de las almas bellas”, era “haber profundizado la defensa del Congreso nacional y de las atribuciones que nos da el artículo 66 de la Constitución Nacional, que nadie menciona, porque no repasan ni leen la Constitución”. El jefe del bloque EF sostuvo que según la Carta Magna, el Parlamento “es el árbitro que puede controlar quién puede ingresar o no, y puede echar a un diputado o un senador, como lo hizo hace menos de diez días, por inhabilidad social”.

Pichetto recordó los casos de la Cámara baja, que con atribuciones propias no permitió el ingreso de personas comprobadas fehacientemente de haber cometido delitos de lesa humanidad. Citó el caso de Luis Patti y Antonio Domingo Bussi, a los que se les prohibió el ingreso, a pesar de  hacer sido votados, y se fijó así “el criterio de la inhabilidad moral”. Así las cosas, consideró que “ese era el camino del fortalecimiento del Congreso para evitar que a gente que tiene condenas no le permitan el juramento”.

“Pero no, optamos por el camino judicial, un camino equivocado”.

En otro pasaje, el legislador aclaró que en el proyecto puesto a consideración “hay un montón de cosas que están en el aire”, y coincidió con UP respecto de su defensa del derecho a votar y ser elegido. Sobre el final, recordó que como diputado nacional integró la Comisión de Juicio Político. “Cuando venía un juez, esto era imponente; no digo que temblaban, pero era imponente. Y cuando iban a la Cámara de Senadores, ya con el juicio político en marcha, funcionaba el Parlamento… Acá la Constituyente del 94, con la incorporación de un montón de institutos franceses, lo que ha hecho es consolidar la corporación y el aumento del poder político del sistema judicial. Así como a (Edgardo) Kueider lo expulsaron del Senado, hubo antecedentes que aplicaron la Constitución”, y cerró reclamando el poder para el Parlamento y tener un Poder Judicial independiente, “no como ahora, que dice que si la pena la aplica antes, funciona la pena limpita, y si es durante el año electoral no… ¿Qué pavada es esta? ¿Qué discrecionalidad mayor?”. Y cerró mandando a sus pares a repasar el artículo 66 de la Constitución Nacional.

No es habitual que el presidente del bloque Encuentro Federal intervenga con cuestiones de privilegio, pero este miércoles hizo una excepción. Fue contra el Gobierno nacional para reclamar saber porqué no es detenido el dirigente mapuche Jones Huala por instigar a los incendios en la Patagonia.

“Ahora que se ha puesto de moda eso de si la vemos o no la vemos, una parte del periodismo ha descubierto a los mapuches. Todo el mundo habla de ellos”, arrancó. “Tuvimos que bancar que en el Gobierno anterior hubiera actores de las estructuras públicas que los bancaba, y además había financiamiento externo”, comentó, asegurando que él los conoció de joven, recorriendo la provincia, cuando ellos se dedicaban a vender artesanías.

De repente, continuó, “se convirtieron en dirigente subversivos que irrumpen en el territorio nacional y queman todo”, señaló entre gritos de los diputados de la izquierda, a los que desoyó aclarándoles que “son los que más hablan en este Congreso”, para luego aclararles que “no me importa lo que piensen: son trotskistas… En la Unión Soviética saben dónde hubieran terminado…”.

“Quiero decir que en este nuevo descubrimiento y al que el Gobierno ahora les presta atención, ¿cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener a Jones Huala como instigador de los incendios”, sostuvo Pichetto, para advertir que “estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe Perdía fue el asesor legal durante todo el tiempo en Bariloche… asesoraban a los mapuches con una mutual de abogados. Perdía muere finalmente contradiciendo lo que incluso era el pensamiento nacional de Montoneros… Terminaron defendiendo mapuches, que quieren la secesión, no avalan el himno argentino”.

Fiel a su estilo, Pichetto recordó que en el Cuerpo hay “almas buenas y bellas, que les gustan los indios, los mapuches…”, y alertó que esos grupos “usan el fuego como un elemento de destrucción masiva del patrimonio argentino. Y Jones Huala ha hecho declaraciones públicas instigando el incendio, diciendo que era bueno incendiar los parques nacionales”. Y cerró preguntándole al Gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Cuándo los van a detener?”.

El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, felicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el desalojo de la agrupación mapuche Lof Paillako -que decidió retirarse antes del operativo-, la cual ocupaba una parte de las tierras el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, desde 2020.

"Las fuerzas de seguridad han recuperado el control de las tierras del Parque Nacional Los Alerces, donde vuelve a flamear la bandera argentina. Durante tres años, estos pseudo-mapuches perpetraron actos de vandalismo, atacaron a guardaparques y dañaron instalaciones públicas", expresó el legislador en su perfil de la red social X.

Además, Pichetto celebró que "la justicia ha actuado con firmeza, demostrando que el Estado de Derecho debe prevalecer sobre cualquier intento de usurpación siempre".

"Mi reconocimiento a la ministra de Seguridad @PatoBullrich. Hay que continuar con esta política que tiene que ver con la unidad territorial de la Nación", agregó el diputado, quien semanas atrás ponderó que el Gobierno nacional haya dado por finalizada la Ley de Emergencia Territorial Indígena.

En ese sentido, el mes pasado Pichetto expresó: "Como vengo advirtiendo desde hace muchos años públicamente, incluso con la presentación de proyectos de ley que fueron duramente criticados, la entrega arbitraria de tierras a pueblos pseudo-originarios fue otra muestra de la demagogia que solo generó conflictos y violencia en todo el país”.

“Esta derogación restaura la vigencia del derecho de propiedad, violado por concesiones estúpidas del gobierno anterior. Un gobierno indigenista que avalaba las usurpaciones violentas”, cuestionó.

Más atrás en el tiempo, hace dos años atrás, en medio de una denuncia de su parte al INAI por la entrega de tierras a comunidades originarias en Mendoza, Pichetto había declarado que "el mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, sino de Chile. No tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza, en la Patagonia. Usaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres. En el siglo XIX apareció Roca por suerte en la Argentina, hizo la Campaña al Desierto y ocupó la Patagonia. La Patagonia es argentina por Roca, sino estaría todavía siendo ocupada por Chile".

A la hora de alzar la copa para darle la bienvenida a 2025, no hay ninguna duda de que los Milei deben haber pensado más en el año que dejaban que en lo que viene, que -optimistas- imaginan venturoso. Un 2024 que, por mérito propio y sobre todo la anuencia de sus votantes, que mantuvieron el aval brindado en el balotaje, resultó absolutamente positivo y seguramente más favorable de lo imaginado.

Resulta clave en ese sentido la reacción de una sociedad que acompañó mayoritariamente un ajuste que el presidente se empeña en presentar como “el más grande de la historia de la humanidad”, y que se asienta sin duda en el principal logro de esta administración, que es precisamente la gran promesa de la campaña de Milei: bajar la inflación. Con un costo muy alto, sin duda, se alcanzó en una magnitud que aún no es suficiente -la inflación mensual de la Argentina es la que los países “normales” tienen en todo un año-, pero que pocos esperaban se consiguiera en esa dimensión en tan corto plazo.

Ese es el principal activo de esta administración, cuyo desafío será profundizar la baja y especialmente mejorar el poder adquisitivo. En un año en el que el Gobierno tendrá a su favor que todos los números serán favorables dadas las circunstancias del profundo ajuste aplicado a lo largo del año que se fue. Nada mejor para encarar un año electoral que el Gobierno afronta con el desafío de ir a contramano de todos sus antecesores, pues sin emisión no derramará plata en la calle para activar la cadena de la felicidad, ni habrá obra pública por parte de Nación, que seguirá profundizando el ajuste en las áreas que lo necesiten o sigan tolerando.

Se verá a lo largo del año, pues no hay una hoja de ruta para anticipar lo que vaya a suceder, ya que el Gobierno ha decidido por segundo año consecutivo no tener presupuesto. En efecto, el lunes se publicó en el Boletín Oficial la prórroga del Presupuesto 2023, elaborado entonces por Sergio Massa. Con esa medida, se concretó otro hecho inédito para este gobierno que no deja de marcar récords: por primera vez una administración reconducirá un presupuesto pasado dos veces consecutivas. Habrá que ver si, tras las elecciones de medio término y la nueva configuración que tendrán los bloques oficialistas en el Congreso, el Gobierno cumple esta vez en llevar al recinto el proyecto que envíe el próximo 15 de septiembre, más allá de que pase lo que pase en las elecciones de este año no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Sí contará con mejores números que los actuales, pues no expone ningún senador y solo 7 de sus 39 diputados. Esto es, le vaya como le vaya en estas elecciones, será todo ganancia para el oficialismo. Vayamos a números concretos. Si el oficialismo repitiera para el Senado la gran elección que hizo el año pasado, llegaría a tener apenas 13 senadores: menos que los que tenía Cambiemos cuando llegó al gobierno en 2015 (15). ¿Y en Diputados? Si consiguiera hacer una elección arrolladora, similar a la que hizo Cristina Kirchner en 2011, por ejemplo, con números más similares a una elección presidencial que a una legislativa, donde el electorado se diversifica más y el oficialismo de turno carece del efecto arrastre que le da poner toda la carne en el asador, se alzaría con 75 diputados y llegaría a tener una bancada propia de 114. Ergo, le faltarían 15 para tener quórum propio.

Convengamos que esa es una cantidad muy difícil de conseguir, pero vale el dato. Sobre todo porque aun teniendo un resultado inferior, el efecto simbólico que tiene un resultado victorioso hace que la oposición menos dura se avenga a apoyar las propuestas oficiales, como sucedió este año en función del resultado del balotaje.

Si bien el Gobierno no puede quejarse de su primer año en el Congreso, es más la sensación de éxito con la que cerró el año legislativo que el efecto práctico que tuvo. Los números hablan por sí solos: este año se aprobaron 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gestión de las últimas cuatro presidencias. Un número incrementado por la cantidad de acuerdos internacionales pendientes aprobados.

El oficialismo no aprobó ninguna de las “leyes anticasta” que el presidente anunció el 1 de marzo. Y de los 26 proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo, solo 3 fueron aprobados: la Ley de Bases y el paquete fiscal, que llevaron la atención exclusiva del primer semestre, y la modificación del Registro de Datos Genéticos. La oposición impuso la aprobación de dos muy relevantes, movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, pero el presidente las vetó y luego logró sostener ese veto en el Parlamento.

De hecho, arquero como fue en su juventud, Javier Milei parece haber celebrado más los goles que su gobierno evitó que los pocos que pudo concretar. Esa fue la recriminación que le hizo en el recinto Miguel Angel Pichetto: en lugar de buscar conformar una nueva mayoría, conformarse con haber consolidado el tercio necesario para poder conservar su capacidad de veto. Lejos de aceptar el consejo, el presidente terminó poniendo a Pichetto del lado de “los malos”, y llegó a tildarlo de “ignorante” y “miserable”, entre otros calificativos no menos gruesos.

Está en la naturaleza de Milei ser tan drástico. Ya lo confirmó en diálogo con el Gordo Dan, cuando se diferenció de los perros, a los que consideró “superiores espiritualmente” respecto de él, ya que mientras los canes aman de manera incondicional, “yo no olvido ni perdono a los que me han hecho daño, a todos los que me han ensuciado, calumniado, injuriado en todos estos años: los recuerdo a cada uno de ellos”, dijo con sinceridad absoluta.

Es ahí donde la ligan Pichetto, o Ricardo López Murphy, alguien que puede dar fiel prueba del rencor extremo de Milei. Que se corroboró también esta última semana con Jorge Lanata, cuya muerte se produjo el lunes pasado, sin que el presidente le dedicara el más mínimo comentario, pese a tratarse de uno de los periodistas más determinantes de la Argentina contemporánea. Pesó en la actitud presidencial el hecho de que Lanata lo hubiese denunciado penalmente por haberlo calificado de “ensobrado”. Causa que, dicho sea de paso, quedó en manos del juez Ariel Lijo, a quien Milei propuso para integrar la Corte.

El presidente guardó silencio sobre el deceso de Lanata, y cuando el periodista de espectáculos Ángel De Brito le mandó un mensaje para consultarlo sobre el tema, la que contestó fue, con un audio enviado a través del celular del presidente, Amalia “Yuyito” González, quien aclaró que su pareja “solo responde sobre asuntos ligados a su gestión”.

Milei no tuvo el gesto que sí exhibió en cambio su amigo Donald Trump, al que verá pronto cuando asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, y que ante la muerte del expresidente demócrata Jimmy Carter publicó en las redes un mensaje de condolencias a su familia ante “este difícil momento”, en el que si bien aclaró que “discrepábamos políticamente”, resaltó que el fallecido “amaba profundamente a su país” y que su dedicación merecía “nuestro respeto”.

Convengamos que es preferible el silencio a mensajes como el que el día de la muerte de Lanata escribió el usuario @MileiEmperador, que se presenta como John, y que se atribuye al asesor presidencial “todoterreno” Santiago Caputo: “Lanata construyó el relato oficial sobre la década del 90 y nos legó toda una generación de periodistas pelotudos que creen que ser zurdos es ser inteligentes. No alcanzaron sus últimos años de antikirchnerista para reparar ese daño. Que Dios se apiade de su alma”. Nunca el joven Caputo salió a desmentir a quienes le adjudican la propiedad de esa cuenta, que suele atender con dureza a quienes osan enfrentarse al presidente Milei, como es el caso del senador formoseño Francisco Paoltroni, al que el citado John dedicó este mensaje contemporizador, antes que lo echaran del bloque del Senado por expresar su rechazo a la candidatura de Lijo para la Corte: “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”.

Lanata construyó el relato oficial sobre la década del 90 y nos legó toda una generación de periodistas pelotudos que creen que ser zurdos es ser inteligentes. No alcanzaron sus últimos años de antikirchnerista para reparar ese daño. Que Dios se apiade de su alma.

— John (@MileiEmperador) December 30, 2024

Tampoco se pronunciaron sobre la muerte de Lanata los kirchneristas, ni mucho menos su líder, Cristina Fernández. Previsible, en ambos casos. Aunque no deje de llamar la atención, por una cuestión de humanidad. Más llamativo es el silencio que guardan frente a situaciones como el secuestro del gendarme Nahuel Gallo por parte del régimen chavista en Venezuela. El Gobierno argentino apeló esta semana a la Corte Penal Internacional, habida cuenta de que no hay muchos caminos para recorrer ante la inflexibilidad de la dictadura de Nicolás Maduro. 

En ese contexto Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, a quien el Gobierno argentino reconoce como amplio vencedor de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Nunca mejor elegido el escenario para ese encuentro que bien podría haberse realizado en la quinta presidencial de Olivos, habida cuenta de ser un día sábado. Pues al cabo del encuentro, el presidente argentino invitó al venezolano a asomarse al balcón para saludar a la masiva multitud de venezolanos congregada en Plaza de Mayo, con lo que el visitante tuvo un conmovedor estímulo para el difícil camino que tendrá que recorrer en las próximas semanas.