La reina Beatriz de los Países Bajos fue recibida en el Congreso de la Nación en una reunión privada conjunta que se caracterizó por la espontaneidad de los visitantes.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que debe analizar las impugnaciones presentadas contra Luis Patti, resolvió abrir el período de prueba y solicitó varios expedientes a juzgados de Capital Federal y La Plata.

Diputados kirchneristas confiaron que la Argentina superará la revisión que hará en junio próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la sanción de normas para combatir el lavado de dinero, luego de la sanción del proyecto que otorga mayores atribuciones a la Unión de Información Financiera.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que propone prorrogar por 3 años la obligatoriedad de la conciliación entre las partes antes de llegar a un juicio civil o comercial.

El ex comisario Luis Patti volvió a reclamar a la Cámara de Diputados que se lo acepte como miembro y rechazó las impugnaciones presentadas en su contra por los diputados que impidieron su ingreso en diciembre.

La Cámara de Diputados ratificó el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que rescinde el contrato para el servicio de agua y cloacas del área metropolitana con la empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

La líder del ARI, Elisa Carrió, presentó un informe en el cual planteó sus críticas al mecanismo de creación de la nueva empresa estatal AySA, que reemplazará a Aguas Argentinas.

El titular del bloque del Frente para la Victoria/PJ en Diputados, Agustín Rossi, y Gerónimo Vargas Aignasse, salieron al cruce del informe difundido por el ARI sobre la situación de AySA.

La Cámara de Diputados convirtió en ley una modificación a la ley de contrato de trabajo que permitirá a los trabajadores exigir judicialmente regresar a las condiciones de trabajo alteradas unilateralmente por la empresa empleadora.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley que establece sanciones al lavado de dinero para permitirle a la Unidad de Información Financiera (UIF) acceder sin trámite judicial previo a datos que están protegidos bajo secreto bancario o bursátil.