A raíz de las fugas de presos que se dieron en las últimas semanas, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa para que el distrito capitalino cuente con un servicio penitenciario propio, lo que permitiría resolver problemas centrales en materia de seguridad.

El proyecto de ley prevé crear un servicio penitenciario que tendrá “como objetivos principales la custodia y alojamiento transitorio de los procesados, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reinserción social de las personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos humanos y el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de detención”.

De esta manera, la iniciativa habilita asimismo la creación de cárceles de instancia privada, a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas ni se hallen en las instancias de detención mencionadas.

Además, esto permitiría descomprimir las 21 alcaidías, los 13 anexos, los centros contraventores y los alojamientos transitorios de las 54 comisarías en la Ciudad, que deriva en una indiscriminada sobrepoblación de personas privadas de su libertad, duplicando o triplicando su capacidad máxima, todo lo cual favorece no solo a la seguridad de los porteños sino también a la de los habitantes del AMBA en su conjunto.

Cabe recordar que, si bien la Ciudad cuenta con su propia legislación, todavía no resuelve la situación emergente de las personas privadas de su libertad para su alojamiento transitorio y permanente, ya que estos —del tipo alcaidías—, no cumplen con las medidas de seguridad penitenciarias suficientes para garantizar la seguridad de la población y el bienestar de las personas privadas de su libertad.

Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.

La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.

Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.

Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.

Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.

“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.

Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.

También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.

Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.

“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.

El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.

Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.

“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.

También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.

Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.

Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.

Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.

“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.

La palabra de los diputados

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.

Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.

Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.

Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.

Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.

“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.

“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.

Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.

El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.

Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.

El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en el último mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo Del Gaiso, se refirió a la crisis de seguridad que golpea al distrito capitalino. Además, explicó los motivos que llevaron a una merma en la actividad parlamentaria dentro de esa Casa.

En diálogo con el periodista Jorge Moure, el legislador definió a la Legislatura “como difícil, porque está muy atomizada” y aseguró que es “muy difícil lograr acuerdos para poder sesionar”.

Además, se refirió a la inseguridad de la Ciudad y con respecto a la fuga de presos de las comisarías porteñas, se mostró preocupado: “la situación no es normal. Se van a seguir escapando presos. Son delitos federales, dependen del Servicio Penitenciario Federal. Teníamos 60 presos por delitos federales y hoy tenemos mil Las comisarías no están preparadas para eso. Hay responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió.

Por otro lado, hizo un balance de los 100 días del Gobierno y la situación económica, y que si bien “la sociedad necesita seguir creyendo y no quiere volver atrás” hay mucha “incertidumbre” frente a la recesión que se viene.

En este sentido, agregó que “la gente la va a pasar mal. No veo empatía en el Gobierno ni preocupación por la clase media y los jubilados” y aseguró “estar muy preocupado porque los salarios no pueden subir porque sube la inflación, con tarifas que cuando lleguen van a presionar sobre la inflación. El que abre su comercio todos los días no vende, tiene que pagar sueldos, la luz. El jubilado no puede comprar alimentos ni medicamentos. No veo un gramo de humanismo en las políticas”.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).

El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley destinado a combatir la delincuencia organizada en Argentina y el narcotráfico.

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite contra el Delito Organizado y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros, “logrando así una lucha más efectiva contra el narcotráfico”.

El proyecto contempla la definición de la delincuencia organizada como “la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico”.

Además, establece penas más severas para los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la obligatoriedad de cumplir la privación de la libertad de forma efectiva, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, y la creación de un registro de personas investigadas por estos delitos.

La Fuerza Federal de Elite estará integrada por personal altamente capacitado y se encargará de la investigación y persecución de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fiscalía Especial dirigirá las investigaciones y contará con amplias facultades para recolectar pruebas y llevar adelante procesos judiciales.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera efectiva la creciente actividad delictiva organizada en Argentina, especialmente en áreas como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas y la evasión impositiva. Se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, fundamentaron.

Fiscalia y Fuerza Elite contra el Crimen1051-D-2024

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

MENSAJE N° 15-2024 Comunica el Proyecto de Ley Antimafia

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

MENSAJE N° 17-2024 - Proyecto de Ley - Modifica la Ley N° 26.879 - Registro Nacional de Datos Genéticos

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

MENSAJE N° 18 - 2024 PROYECTO DE LEY REINCIDENCIA, REITERANCIA Y UNIFICACIÓN DE CONDENAS
MENSAJE N° 16-2024 que comunica Proyecto de Ley - Modifica el Código Penal - Orden Público

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, encabezaron la reunión del Consejo de Seguridad del distrito.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Malvinas Argentinas del Palacio municipal, donde se resumió el trabajo realizado y se recibieron las propuestas por parte de los distintos sectores que representan a los vecinos del Municipio.

De ese modo, el Municipio fue ratificado como coordinador y enlace entre el Ministerio de seguridad, las fuerzas de seguridad y la Justicia. Además, en la jornada se diagramaron nuevas acciones territoriales con el fin de seguir construyendo una comunidad vecinal más segura.

Al final del encuentro, el ministro Javier Alonso señaló que “la decisión política del Intendente, que es el que conoce el territorio, su liderazgo político y el de nuestro gobernador Axel Kicillof, y una Policía Bonaerense que no baja los brazos, son las herramientas fundamentales con las que atacamos a las organizaciones criminales”.

“Este año, cuando planificamos con el Intendente, nos pidió fortalecer con una estrategia clara el plan de seguridad del distrito de acuerdo con las distintas realidades del territorio. Y eso fue lo que hicimos. Vamos a inaugurar una base de UTOI en el sur, una en el centro y una en el norte de La Matanza. Cada una con características particulares. Y eso nos permite avanzar y nos permite desbaratar las bandas que hemos desbaratado”, agregó.

Al iniciar la reunión, el intendente de La Matanza destacó que “esta mesa es un ejemplo de trabajo conjunto con el que logramos avances. Conseguimos el doble de patrulleros que teníamos, el doble de efectivos de seguridad, vinieron las fuerzas especiales UTOI a La Matanza, abrimos 3 nuevas bases de   investigaciones policiales descentralizadas en el norte, sur y centro del distrito”.

También, resaltó que “estamos construyendo 3 nuevas bases de las fuerzas especiales, 6 nuevas comisarías, una nueva unidad penitenciaria en González Catán para alojar a los detenidos de las comisarías y también estamos haciendo una inversión en tecnología muy grande”.

“Todo esto significa la inversión más grande en seguridad de toda la historia de La Matanza, que hace que hoy podamos, por ejemplo, a través de la tecnología, crear anillos digitales que controlan las entradas y las salidas de los accesos más importantes del Distrito”, enfatizó el Intendente.

Además, resaltó que “entregamos más de 15.000 alarmas vecinales, que a través del programa Ojos en Alerta, permite que los vecinos puedan organizarse en cada manzana y puedan bajarse a su celular una aplicación que, ante cualquier situación de peligro, con un clic hacen sonar la alarma, prenden un reflector en la cuadra y automáticamente hace un llamado al teléfono de emergencia policial. Esto nos está dando muy buenos resultados”.

Asimismo, Fernando Espinoza enfatizó ante los participantes del Consejo de Seguridad que “la herramienta más poderosa que tenemos para tener una ciudad más segura es la educación, la inclusión social y los derechos”. También participó de la reunión la fiscal general del Departamento Judicial de La Matanza, Patricia Ochoa.

Completaron el encuentro: el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad provincial, Ignacio Pacho; el jefe de Gabinete, Claudio Lentini; la secretaria de Géneros local, Liliana Hendel; la secretaria de Políticas Educativas, Silvina Gvirtz; la jefa regional de Inspectores, María Sesana; representantes de Bomberos Voluntarios, de los Foros de Seguridad de las diferentes localidades, cámaras de comercio, cámaras empresariales, docentes, entre otros.

Después de que se fugaran diez presos en menos de un mes, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyó la comisión especial de Seguimiento de Sistemas de Video Vigilancia, la cual tiene por objeto realizar un seguimiento del uso de estas tecnologías en el ámbito del distrito capitalino.

En la reunión que llevó adelante en el Salón Alfonsín fue designada como presidenta la diputada de Vamos por Más (VxM) Gimena Villafruela, quien estará acompañada por José Ignacio Parera, Facundo Del Gaiso (VxM), Victoria Montenegro (UP) e Inés Parry (UCR- Evolución).

La comisión funcionará en cumplimiento del artículo 497 de la Ley 5688, Resolución 300/2023 y Decreto 3 de Vicepresidencia primera.

Los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, se reunieron este lunes por la tarde con un puñado de diputados oficialistas a fin de conversar sobre las cinco leyes que proponen reformas y un endurecimiento en políticas en materia de seguridad en medio de la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo que azota la ciudad de Rosario.

El encuentro se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta. En el mismo estuvieron presentes Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Juliana Santillán, Santiago Santurio, María Fernanda Araujo, Eduardo Falcone, Emilia Orozco, Rocío Bonacci, Marcela Pagano, Facundo Correa Llano y María Cecilia Ibáñez. Cabe destacar que no participó el titular del bloque, Oscar Zago, enemistado con Pagano.

Se trató de la primera reunión que Bullrich y Petri mantienen con el espacio oficialista en Diputados y se espera que lo mismo hagan con bloques opositores dialoguistas en busca de respaldo político para poder aprobar las iniciativas en el recinto.

“Reunión de bloque con la ministra de Seguridad @PatoBullrich y @luispetri conversamos sobre los proyectos de ley del ministerio, los cuáles constituyen la herramienta para combatir y vencer el Narco terrorismo. #VLLC”, posteó la diputada Santillán. En el mismo sentido lo hizo Emma: “Conversamos sobre los distintos proyectos de ley orientados a mejorar la seguridad de todos los argentinos y de nuestro territorio Nacional”.

La aprobación de los proyectos permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

El presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, presentó un paquete de proyectos de ley con la finalidad de aportar herramientas jurídicas al Estado en la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional.

Entre las iniciativas impulsadas por el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires están la modificación del Código Penal, de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior; la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico; la baja de la edad de imputabilidad; y la instalación de inhibidores de comunicación en las cárceles.

A través de X, Ritondo afirmó que “la droga y el narcotráfico están arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consume, roba y mata para conseguirla o es víctima de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o mirar para otro lado, es criminal”.

La droga es la madre y el padre de la mayoría de los delitos en el país. El narcotráfico está arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consumen, roban y matan para conseguirla o son víctimas de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o… pic.twitter.com/QnyLgLYVGt

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 13, 2024

“El problema existe y día tras día le arruina la vida a miles y miles de argentinos. No sólo lo vemos en Rosario y en la Provincia de Buenos Aires, donde día a día asesinan inocentes por culpa de este flagelo, el problema se expande a todo el territorio nacional. Tenemos que actuar en consecuencia”, agregó.

En ese sentido, Ritondo volvió a presentar una serie de proyectos que habían perdido estado parlamentario. El primero de ellos consiste en la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico, un organismo armado y especializado, dotados de recursos humanos y técnicos calificados y especializados en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, Ritondo impulsó la modificación del Código Penal donde, entre otros puntos, sostiene el decomiso anticipado de los bienes criminales, terminar con el beneficio de la libertad condicional para reincidentes de delitos, el apoyo total al trabajo de las Fuerzas de Seguridad, calificar como homicidio agravado el asesinato de miembros de las fuerzas, el aumento de las penas por el tráfico de estupefacientes, agravantes para el tráfico de droga utilizando menores de edad, el aumento de penas si los hechos fueron cometidos por un funcionario público encargado de la prevención de esos delitos, y habilitar a los jueces a juzgar en nuestro país a organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.

Por otro lado, la modificación de la ley de Seguridad Interior que fue presentada en la Cámara de Diputados permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar para combatir amenazas internas de poderosas bandas de narco terroristas.

La baja de imputabilidad a los 14 años también es otra de las iniciativas legislativas que impulsa el diputado Cristian Ritondo: “No sólo buscamos poder darle reparación a la víctima del delito, sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque, para poder contenerlo y darle una nueva oportunidad en lugar de dejarlo abandonado en el delito. Es una herramienta clave si queremos atacar de verdad el uso de menores por parte de organizaciones criminales como soldaditos que la justicia no puede detener”.

Por último, Ritondo propone instalar inhibidores de señal en complejos penitenciarios de la Argentina. “Esto es para terminar con la locura de que las bandas siguen operando desde el interior de las cárceles con total impunidad”, explicó en los fundamentos del texto.

“Hoy existe la decisión política clara de enfrentar el crimen organizado. No importa el color político de los gobernadores o intendentes, la prioridad siempre es la gente”, concluyó Cristian Ritondo.

El Municipio de Esteban Echeverría y el Ministerio de Seguridad de la Provincia Buenos Aires llevaron a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de fortalecer estrategias para la prevención del delito.

En su visita al distrito, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció la llegada de una nueva fuerza de seguridad a Esteban Echeverría: la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que estará compuesta por 200 agentes. LA FBA integra las fuerzas especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y está formada y entrenada para trabajar en proximidad con la ciudadanía, patrullar los barrios e implementar controles de seguridad.

La semana pasada, las autoridades municipales y provinciales se reunieron en el Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal para planificar la mejora en el intercambio de información entre la Guardia Urbana local y la Policía bonaerense. También se centraron en cómo abordar el fortalecimiento del trabajo en conjunto en los operativos de seguridad y prevención del delito que se llevan a cabo en el partido, y los mecanismos de contención a la ciudadanía. Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas; el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, Andrés Escudero; la directora de Gestión de la Información Criminal en Región AMBA Sur, Florencia Nella Castro, y las jefas y los jefes policiales de Esteban Echeverría.

En el municipio de Esteban Echeverría, la flota de seguridad cuenta con 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de Gendarmería Nacional. Asimismo, el partido tiene más de 1.650 cámaras de seguridad y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

La comuna, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Todos los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del COM. También consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias, del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

En paralelo, en el distrito avanzan los exámenes para las y los aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 2024. Este año ya realizaron la prueba 300 personas y, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, 600 aspirantes pasaron por la evaluación para este ingreso que se realiza por tandas y de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Esteban Echeverría, que brinda los espacios territoriales para que se desarrollen las capacitaciones.

El diputado nacional Mario Barletta presentó un proyecto de ley este lunes para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2024, tras de los asesinatos y la violencia callejera en la ciudad de Rosario.

El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”.

Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

Este tema había sido reclamado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual había sido incorporado por la oposición “dialoguista” en el tratamiento de ley ómnibus que finalmente se cayó el 6 de febrero pasado. Sin embargo, el bloque radical tendrá la oportunidad de tratarlo sobre tablas este miércoles en la sesión especial convocada para debatir sobre movilidad jubilatoria.

0541-D-2024 Proyecto de Ley Declaracion de Emergencia en Seguridad en la Provincia de Santa Fe

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP – Buenos Aires) cruzó este lunes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria afirmara que el legislador “estaba al mando de una policía paralela de espionaje”. “No tengo la menor idea de qué hablas, magnicida frustrada. Supongo que será efecto del delirium tremens”, le contestó.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el programa televisivo en LN+, al referirse a la situación en la que encontró a la Policía de Seguridad Aeroportuaria: “Es un escándalo y un delito. Encontramos un grupo de inteligencia armado que estaba al mando de Tailhade y lo desarmamos en dos minutos”.

No tengo la menor idea de qué hablás, magnicida frustrada @PatoBullrich. Supongo que será efecto del delirium tremens. https://t.co/sexcD5woup

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) March 11, 2024

Además, la ministra relató que se encontró con un “intento -de la gestión anterior- de ‘partidizar’ la entrada a la Gendarmería Nacional”. “Le repartieron a los intendentes cuotas para poner gendarmes”, señaló y vinculó a La Cámpora con lo relatado.

Tailhade, quien fue uno de los diputados kirchneristas con participación más activa durante las reuniones de Comisión de Juicio Político durante el 2023, le respondió a Bullrich a través de X y consideró que “será efecto del delirium tremens”.

Este síndrome mencionado por el diputado de UP se refiere al cuadro confusional agudo producido por la privación alcohólica. En este caso, el legislador utilizó la frase -en tono irónico- para recordarle a la ministra un episodio del 2009 cuando dio positivo un test de alcoholemia mientras era diputada nacional.

En medio de una nueva ola violenta en Rosario, a raíz de la seguidilla de asesinatos cometidos por bandas narco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a los diputados que no votaron a favor de la ley ómnibus, la cual contemplaba la emergencia en seguridad, con su correspondiente base de delegación.

Durante la conferencia de prensa que dio este lunes, la funcionaria anunció el envío de una ley ‘anti-mafias’, y aprovechó para criticar a la oposición: “Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad”.

Horas antes de la conferencia, el diputado nacional del Pro Damián Arabia, quien le responde directamente, había publicado en sus redes sociales: “Hoy Rosario sangra y todos postean, pero hace un mes votaban en contra de las bases para facultar al Poder Ejecutivo en ‘Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales’. En el Pro y LLA votamos todos a favor, sin excepción. Algunos UCR y Hacemos votaron a favor, y otros en contra, y el kirchnerismo y la izquierda votaron todos en contra, inclusive diputados santafesinos. Espero que cuando vengan nuevamente las leyes de seguridad, esta vez publiquen menos y voten mejor”.

“Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste”, le respondió el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, en un intercambio que se dio justo antes que Bullrich hiciera su reclamo de manera pública.

Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste. https://t.co/RWFHctvzr4

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) March 10, 2024

Ante el planteo de la ministra de Seguridad, el radical Manuel Aguirre, uno de los que votó a favor del texto aludido, le recordó: “Señora Ministra @PatoBullrich usted nunca solicitó la emergencia en Seguridad por Narcotráfico en la Ley Ómnibus, sólo se preocupó en las manifestaciones sociales. Desde el radicalismo fuimos los primeros en pedirlo ya que es un tema de urgencia para evitar más muertes inocentes”.

Puntualmente, el texto original enviado por el Poder Ejecutivo contenía la emergencia en seguridad -la que sí se había aprobado en el artículo 1-, pero no contemplaba en la base de delegación el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad o la lucha contra el narcotráfico. Fueron, durante el proceso de negociaciones, los bloques dialoguistas quienes redactaron el inciso “j” del artículo 4, que igualmente en la votación en particular fue rechazado por 130 votos negativos y 123 positivos. Posteriormente, se cayó toda la ley.

El inciso incorporado por la oposición en el dictamen rezaba: “Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: (i) la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; (ii) la producción y tráfico de estupefacientes; (iii) la corrupción de niños, niñas y adolescentes; (iv) terrorismo; (v) las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; (vi) los delitos aduaneros; (vi) los secuestros extorsivos y (vii) la trata de personas”.

Los votos negativos a ese inciso fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Por Santa Cruz. Mientras que dentro de los bloques dialoguistas, como la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, hubo división.

Dentro de la bancada radical hubo cuatro votos en contra, de Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes y Fernando Carbajal, quien este lunes le contestó a Bullrich: “@PatoBullrich deja de mentir a la ciudadanía. En la ley ómnibus no había ni una letra sobre narcotraficantes y crimen organizado. Solo un montón de demagogia punitivista absolutamente inútiles. Cumplí tu función y deja de promover leyes que no cambian nada”.

En tanto, la diputada Mónica Frade se sumó: “Sra. ministro, en la fracasada sesión de ley ómnibus, en el artículo 1 habían logrado se les apruebe la emergencia en seguridad. Reclame al diputado @dipzago (Oscar Zago) que intempestivamente ordenó levantar la sesión, haciendo caer todo lo votado”.

Frade fue uno de los votos en contra de Hacemos Coalición Federal, donde también rechazaron ese inciso sus pares de la Coalición Cívica, los diputados de Córdoba Federal, la bonaerense Margarita Stolbizer y los socialistas de Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulon.

Un aliado del oficialismo en el Senado pidió que se elimine la “Tasa Milei” que sigue vigente por la prórroga del plan de gastos realizado por el gobierno libertario. Se trata de una tasa de “Seguridad de la Aviación” que se cobra en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que había sido aprobado en octubre de 2022 cuando el kirchnerismo lo introdujo dentro del Presupuesto 2023 tan solo por un voto de diferencia lo que le valió de fuertes críticas por parte de la oposición a Javier Milei y Victoria Villarruel porque se habían ausentado del recinto a la hora de la votación.

La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.

En concreto, Romero demanda eliminar “el artículo 115 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023″, prorrogado por el Ejecutivo para el corriente año. Este impuesto fue empujado en octubre de 2022 por la actual diputada camporista Paula Penacca y es, según explicó el legislador salteño, “abonada por los pasajeros de vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos nacionales, recursos que son destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Dicho artículo establece que “la tasa de seguridad de la aviación será un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aprobado por ley 26.102 y su decreto reglamentario 836/08 y modificatorios”.

“La nueva tasa, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2022, provocó un fuerte rechazo desde el sector aéreo comercial. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), emitió en su momento un comunicado en el que sostenía que la Argentina es el país que más grava la actividad aérea en la región, y con la nueva tasa, ‘se encarece sustancialmente la tarifa del ticket que debe pagar el viajero, en ocasiones hasta duplicando la tarifa base que cubre la operación aérea’”, señaló Romero.

El senador luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.

Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado, no cobrándole una tasa más al pasajero”.

 

Por otra parte, el senador agregó: “Actualmente, el 54% del valor total de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina corresponde a tasas. Un dato revelador de un país que asfixia con gravámenes destinados a solventar un Estado ineficiente y que se empecina en neutralizar la competitividad de su economía. A ello se le agrega otro dato: operar en la Argentina es mucho más costoso que en cualquier país de la región, ya que los costos de navegación área son ocho veces más caro que en Chile y los costos de aterrizaje son casi el triple comparado con Paraguay (basado en un avión Airbus A320-200), según datos difundidos por IATA”.

La finalidad de la iniciativa es “buscar las herramientas para que el sector aerocomercial sea más dinámico, competitivo y un impulsor más de la economía, con un Estado eficiente en el control y en el servicio que brinda a los ciudadanos”, aseveró el legislador salteño.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró a través de las redes sociales la implementación de las pistolas Taser y recorrió el Centro de Monitoreo Urbano de la Chacarita y dialogó con los oficiales que participaron de los operativos en los que se usaron esas armas.

En ese sentido, el oficialista aseguró que “la implementación de las Taser en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue un tema de debate que carecía de sentido. Luego de mucha demora y frenos que puso el kirchnerismo, nuestra policía ya las está utilizando y los resultados de su uso en los primeros operativos han sido claramente positivos”.

En tanto sobre su conversación con los efectivos acerca de la utilización de dichas armas en los operativos, Macri señaló que “sus testimonios son muy valiosos y todos coinciden en que es una herramienta muy útil para proteger a los vecinos y sobre todo, a ellos mismos”.

Sobre esa misma línea, explicó que “actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con 60 Taser y se espera el ingreso de más. Ya están capacitados más de 250 que realizaron los cursos específicos en el Instituto Superior de Seguridad Pública donde se los instruye sobre el marco legal y los principios generales de Derechos Humanos, el uso de la fuerza, las características técnicas, el funcionamiento y sus efectos físicos”.

“Las Taser son una tecnología efectiva para la prevención de delitos y la contención de hechos violentos. Vamos a seguir trabajando para que nuestra Ciudad sea cada vez más segura para los vecinos y para todos aquellos que tienen la tarea de cuidarnos”, sentenció.

En medio del debate por la expulsión de los extranjeros que delinquen, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvieron un encuentro en el que se comprometieron a trabajar en conjunto para mejorar la seguridad en el distrito capitalino.

De esta manera, el alcalde porteño explicó que “con Patricia Bullrich tenemos un mismo objetivo, lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y aseguró que “juntos vamos a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los vecinos”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos, es importarte trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, añadió y concluyó precisando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños se sientan cada vez más seguros”.

Mientras que Bullrich manifestó que “con Jorge Macri tenemos un mismo objetivo: lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y destacó que van “a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los argentinos de bien”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos. Es importante trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, señaló y concluyó planteando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverles a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle tranquilos y sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños y los argentinos se sientan cada vez más seguros”.

Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavigne, para exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.

Un sistema de energía con riesgo de desabastecimiento

Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.

El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.

“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.

En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.

Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.

“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.

Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.

“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.

A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.

“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.

En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.

“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”

Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.

Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.

“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.

Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.

Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.

También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.

“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala  las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.

En la segunda jornada sobre el debate de la ley ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la eliminación del artículo 331 del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos durante la reunión plenaria de este miércoles.

Así las cosas, Bullrich explicó: “Ha habido una mala interpretación del artículo 331 sobre permisos de reunión de más de 3 personas, pero en realidad está vinculado a la Ley de Tránsito”. “Al haber confusión, lo retiramos”, anunció la ministra.

Igualmente, Bullrich consideró que “no se trata por ser tres personas” sino que “tres, cinco o veinte que corten un puente e impidan la circulación es lo mismo, pero igualmente vamos a retirar ese artículo”, remarcó.

Del mismo modo, recalcó que se trataba de una modificación a la Ley de Tránsito, pero insistió: “Una persona o las que sean pueden cortar un puente o impedir el tránsito”. Finalmente, remarcó: “Denlo por retirado”.

En la segunda jornada del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para aportar lineamientos sobre la ley ómnibus.

Ante las ironías de fondo de los diputados de Unión por la Patria, la ministra afirmó que “necesitamos tener a las fuerzas con la certeza de que el Estado no es su enemigo”. Asimismo, explicó tres temas dentro del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

La ministra de Seguridad planteó que todas las medidas de seguridad establecidas en el proyecto de ley del presidente Javier Milei “son de las urgencias que el país necesita para salir de la crisis económica en la que está”. “Cualquier error que pueda surgir en las decisiones de cambios pueden generar una situación de incertidumbre”, anticipó.

En primera instancia, se refirió a que “ha habido una mala interpretación del artículo 331 sobre permiso de reunión de más de 3 personas”, y anunció que será eliminado de la iniciativa en tratamiento. “Al haber confusión, lo retiramos”, afirmó.

Después, señaló: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos”, y agregó: “Planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos porque nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos”, explicó Bullrich.

Los tres puntos de Bullrich

Uno de los temas que la funcionaria señaló de “gravedad” fue la protesta social: “Para tener un país con inversiones, debemos tener un país con orden y esta es una situación imposible de convivencia social que ha generado más problemas”.

“Estamos planteando que a partir de ahora haya mayores penas si usan armas como morteros, palos y cañas porque hemos tenido casos donde hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos”, anunció Bullrich.

Así las cosas, profundizó que “no se trata de un modelo autónomo, sino que se organizan a partir del uso de recursos del Estado que tiene como contrapartida la participación en la manifestación y hay organizadores, un sentido y un objetivo de cortes, y lo hacen con una capacidad de presión sobre los concurrentes, el quite del beneficio social”.

En tal sentido, agregó que “esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de la persona porque la gente debe darle dinero a los organizadores”. “La pena del organizador es de 3 a 6 años de prisión”, aseveró.

En el final del primer punto, relató que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que le dé o quite beneficios a las personas porque ese dinero es de los contribuyentes”, y concluyó: “Hay más de 25.000 denuncias, donde una cuenta que una familia que cobraba 108.000 pesos, solo recibía 20.000”.

El segundo punto que la ministra desarrolló fue respecto a la legítima defensa: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legitima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos y planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos”.

“Nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos con el uso solo para impedir muertes o ataques hacia terceros”, remarcó, y advirtió que “el policía no puede verificar al instante si el delincuente tiene un arma de verdad o no”.
Asimismo, explicó que “sacamos el concepto del ataque por la noche porque hay infinidad de casos, en donde vemos al robo en moto, que al huir de la escena del crimen disparan hacia atrás”. “Cuando el motochorro se va tirando para atrás, el policía aplica la legitima defensa”, explicó.

“Queremos darle la seguridad que no van a ser juzgados, ni pasar de agentes del orden a víctimas porque si no actuamos con firmeza nos va a pasar como Ecuador y estamos hablando con los gobiernos (provinciales) para ir contra los núcleos del narcotráfico”, enfatizó.

Finalmente, el tercer punto fue la modificación para que “el delincuente no pueda ser querellante en el hecho”, y amplió: “Una persona que sale a robar, es decir viola la ley, después no puede exigir un resarcimiento”.

También, propuso “aumentar las penas a quienes golpean a policías (3 años y 6 meses)”. Sobre todo, cuando sean más de tres personas, con armas o un funcionario público que esgrima poder”.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó al nuevo personal de seguridad que se incorpora a la Guardia Urbana local y al cuerpo de inspectoras e inspectores de la Dirección de Tránsito local.

“La seguridad en Esteban Echeverría es una prioridad en nuestra gestión. Es muy importante que sigamos sumando más agentes de seguridad que permitan brindar mayor cobertura para las tareas de prevención del delito en el distrito”, expresó Fernando Gray en el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Con estas nuevas incorporaciones, la Guardia Urbana local cuenta con más de 100 agentes que realizan patrullajes preventivos (las 24 horas del día los 365 días del año) en los barrios de las cinco localidades del distrito. También participan en los operativos de seguridad y de control vehicular que se despliegan todas las semanas en el partido. En tanto, a partir de ahora, la dirección de Tránsito estará integrada por 32 agentes.

La flota de seguridad del municipio cuenta con 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense y de Gendarmería Nacional. Asimismo, Esteban Echeverría tiene más de 1.680 cámaras de seguridad y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

El municipio, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Todos los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del COM. También consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

Uno de los tópicos que el presidente de la Nación, Javier Milei, relativizó en su discurso fue el de la seguridad y amplió que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre porque los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas”.

Asimismo, puntualizó sobre la ciudad de Rosario y agregó: “El narcotráfico se apoderó totalmente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.

“Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas, han sido abandonadas por una clase política que le ha dado la espalda quienes nos cuidan”, señaló Milei.

Se sabe que Patricia Bullrich será nuevamente ministra de Seguridad de la Nación y además, Milei envió un mensaje contra la Justicia: “La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes”.

En materia de seguridad, durante el debate presidencial de este domingo, Javier Milei habló de un país que “es un baño de sangre” y esto “empezó de manera mucho más grosera a partir del año 2001, 2002; y se hizo mucho más fuerte con la llegada de un señor llamado Eugenio Zaffaroni”, en alusión al exjuez de la Corte, quien “hacía que las víctimas fueran los victimarios”, lanzó. 

“Nosotros no creemos en esa lógica de que el delincuente es una víctima, nosotros creemos en aplicar la ley del que las hace, las paga”, aseguró el candidato de La Libertad Avanza. 

Por su parte, Sergio Massa se refirió a su gestión como intendente en Tigre, donde se bajó “80% el robo automotor y 47% todos los delitos”, a través de un sistema de “cámaras, móviles, botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención”. “He planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes”, dijo. 

En su exposición, el candidato de Unión por la Patria agregó que “no es solo la tarea de prevención, tenemos la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas”. Y prometió “la instalación en Rosario de la sede de una agencia federal que va a trabajar con lo mejor de las cuatro fuerzas federales”. 

“Reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno, y querer extenderlo al resto del país es bueno. Ahora, debe ser muy malo el resto que hiciste para que cada vez que fue tu mujer (Malena Galmarini) a las elecciones perdió siempre, o quizás te conocen demasiado”, chicaneó. 

El libertario repasó que su plataforma electoral propone “reformar varios aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el sistema carcelario”. “Nosotros queremos que la ley se cumpla, no como ustedes que soltaron chorros en la pandemia”, lanzó. 

Tras decirle que sobre eso debería presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Massa volvió al tema narcotráfico. “Me gustaría volver al sistema de inhibidores en las cárceles, que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el control y seguimiento de Los Monos en Santa Fe”, expresó. 

Ante un silencio de Milei, lo vapuleó: “El problema es que cuando uno no tiene nada que decir para un tema que no sabe, que no estudió, busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Para mí centralmente va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad”. 

“En la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía muerto, eso quiere decir que baja la orden del poder político para darle cobertura a los narcotraficantes”, cuestionó el candidato de LLA. 

Finalmente, el ministro de Economía prometió poner “todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y los santafesinos”. “Vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales, vamos a controlar que la Justicia cumpla con su parte, y además vamos a plantear una política de seguridad como la que te conté: prevención y, sobre todas las cosas, un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La seguridad no es de jurisdicciones, la seguridad es un derecho a que vos seas de nuevo dueño de la calle y no los delincuentes”, concluyó. 

En su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, ponderó las propuestas del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en materia de seguridad, entre ellas el “modelo Tigre de seguridad inteligente” y la creación de “un FBI con radicación en Rosario” que planteó en el debate presidencial de este domingo.

En declaraciones a radiales, Gutiérrez resaltó la idea de “federalizar con todos los gobernadores y los intendentes que quieran llevar adelante su modelo Tigre de seguridad inteligente”. El legislador se refirió así a la “video vigilancia las 24 horas del día” que promulga Massa y que significa: “Ver la tormenta cuando se está formando” para evitar ser víctima de un delito “con una intervención rápida a partir de un centro de monitoreo que ve lo que pasa”.

Gutiérrez evaluó también como “muy interesante” la instalación de una “nueva agencia, que no existe en la Argentina”, para abordar “el crimen grande, el crimen estructurado, transfronterizo, el narcotráfico, la trata de personas, los lavados de activos”.

“Un FBI con radicación en Rosario”, remarcó el dirigente del Frente Renovador al considerar que, de esta manera, se puede “ir al corazón del problema”.

La iniciativa de asentar en Rosario esta fuerza servirá “no sólo para desbaratar ese crimen”, sino también para “estrangular el crimen financiero y que esos dineros vuelvan en acciones sociales, preventivas y de seguridad”, agregó Gutiérrez.

Anoche, en el debate presidencial llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, Massa ratificó que aplicará en el país lo que hizo en Tigre en materia de seguridad y anunció la creación de un “FBI argentino” que funcionará en el edificio Central Córdoba de Rosario. Según lo anticipado por el candidato a presidente de UP, ese organismo estará compuesto por “los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales”.

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a respaldar su polémica propuesta de portación de armas: “Queremos que se respete la Ley de Armas que existe”, y sostuvo que en “la Argentina liberal se van a hacer efectivo los castigos”, y afirmó: “Tampoco proponemos la venta de órganos”. La exministra de Seguridad y candidata de JxC, Patricia Bullrich, le salió al cruce.

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a respaldar su polémica propuesta de portación de armas: “Queremos que se respete la Ley de Armas que existe”, y sostuvo que en “la Argentina liberal se van a hacer efectivo los castigos”, y afirmó: “Tampoco proponemos la venta de órganos”. La exministra de Seguridad y candidata de JxC, Patricia Bullrich, le salió al cruce.

En el tópico de seguridad, Milei expresó: “Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia”, y señaló que en Argentina por “culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre”.

“Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del Doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas, cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas, ya se habían impulsado en los sesentas en Nueva York, y también 20 años después era un desastre”, apuntó el liberal.

En esa línea, remarcó que “es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia”, y propuso: “Hacer efectivo los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal, y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar, porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes”.

En su derecho a réplica, Bullrich le subrayó: “Milei, mira tu plataforma, artículo 17, desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala, pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”.

“A las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de Los Monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas, esa es la realidad”, alertó la candidata de JxC. También le recordó otra propuesta que generó polémica: la venta de órganos: “Si liberas la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo, es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos, esta es la realidad, hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito, la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal y eso es lo que vos propones”.

De la vereda de enfrente, el liberal el contestó: “No sólo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes, pero parece que está muy seteada, por favor suéltese un poquito”.

“Y lo otro, la venta de órganos, tampoco proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción, ¿o acaso a usted le gusta la corrupción?”, cerró.

A la hora de hablar de seguridad durante el segundo Debate Presidencial 2023, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, explicó los tres ejes centrales de su política que aplicó en Tigre cuando fue intendente. Fue la exministra de Seguridad y presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien le salió al cruce recordándole que “hace 4 años estás en el Gobierno”, y le enrostró el conflicto con Martín Insaurralde, pero Massa le replicó: “Yo le pedí la renuncia, vos nunca pediste la renuncia de Gerardo Milman”.

En los 2 minutos de exposición, Massa expresó: “Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día”.

En esa línea, propuso: “Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros”, y detalló: “El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes financiada desde el Estado Nacional”.

“Además, vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Un FBI argentino instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales, corrupción, narcotráfico y además la trata de personas”, planteó y contó: “Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan”.

Por último, manifestó como tercer eje “exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir, con un cambio en la ley, el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”.

Fue Patricia Bullrich (JxC) la única que pidió derecho a réplica para recordarle que “hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el Gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina”.

¿Tus números quién te los da, Insaurralde? que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes”, lanzó Bullrich y le enrostró: “Vos defendiste a Scapolán un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara, entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo”.

Massa le respondió: “Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo para copiar el modelo que había, que hayamos desarrollado, móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano”.

“Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto a Insaurralde, cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo. Yo le pedí la renuncia, pero vos nunca le pediste la renuncia a Milman”, remató.

Palabra autorizada para hablar de seguridad, la primera en exponer al abrir el segundo Debate Presidencial 2023 sobre ese tópico fue la candidata de JxC Patricia Bullrich quien recordó su rol como exministra de la cartera y comparó: “Nosotros defendemos a los ciudadanos, el kirchnerismo defiende a los delincuentes y Milei quiere liberar las armas”, al tiempo que planteó la baja de imputabilidad. Se cruzó con Sergio Massa, quien le enrostró: “Vos no denunciaste a Milman”, y con Javier Milei que respaldó la portación de armas.

En sus dos minutos de exposición, Patricia Bullrich (JxC) recordó su rol como ministra de Seguridad: “Ustedes saben que yo los protegí”, y sumó: “Lo llevó en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, criminales, narcotraficantes que le sacan la vida a la gente”.

“Entre nosotros las cosas están muy claras porque sabemos a quién defender. Ellos liberan presos y hoy les dan internet y celulares en las cárceles, por eso la gente tiene miedo porque sabe que los presos andan sueltos porque los largan como si no pasara nada”, comparó y agregó: “Por eso nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Ni Milei que quiere liberar las armas y con las armas liberadas ¿saben dónde caen? en las manos de los delincuentes y narcotraficantes”.

Siguiendo su slogan de campaña, Bullrich enfatizó: “A mí no me tiembla el pulso. Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas”.

“Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el Código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar”, propuso.

En ese sentido, recordó el caso del policía Chocobar y manifestó: “Acá en Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano, le metieron 9 puñaladas y, sin embargo, los kirchneristas lo querían mandar a la cárcel para toda la vida, pero él defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos”.

“El orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad, nosotros la tenemos clara en defender a los ciudadanos y los delincuentes con aquellos que liberan presos, el que las hace las paga”, remató su intervención.

La primera en replicarle fue la candidata de izquierda Myriam Bregman quien le planteó: “Usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal”.

“¿Qué tienen para mostrar? porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros”, la chicaneó y le cuestionó: “Ahora la escucho que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde ¿hasta los 12, hasta los 10 hasta el jardín de infantes? Me gustaría aclarar que estamos en una elección que se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario”.

A su turno, el cordobés Juan Schiaretti (Hacemos Por Nuestro País) señaló que “los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de cambiemos dejaron solas a las provincias en la lucha contra el narcotráfico”, así recordó que “hicieron una Ley de Federalización del Narcomenudeo, a la que 8 provincias adhirieron, pero la ley decía que nos tenían que enviar recursos, pero no nos llegó ni un peso desde el 2005. El gobierno nacional está ausente”.

Luego fue el momento del candidato de La Libertad Avanza Javier Milei: “Lamento que usted mienta de las cosas que yo digo. Yo se que usted tiene gente que deforma mis mensajes”, y procedió a explicarle y a respaldar su propuesta: “Nosotros decimos que hay una Ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirlas, porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no”.

“Usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas las garantías constitucionales a lo largo de la semana ¿ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿quiere que esto sea una dictadura?”, le planteó.

Por último, el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa dijo: “Los datos desmienten las mentiras”, y comparó que “en el año 2019 en la Argentina se liberaron 16 mil presos, en el año 2020 se liberaron 9 mil, con lo cual quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra en ese entonces”. También la acusó de que “en el 2017 usted eliminó los inhibidores en las cárceles en Rosario por lo que las medidas de seguridad deben partir por los candidatos comprometidos con la verdad”.

El Municipio de Esteban Echeverría compró 15 camionetas 0 kilómetro para reforzar el patrullaje en las cinco localidades del distrito. Los móviles son destinados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Guardia Urbana, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense y el Comando Unificado del Conurbano (CUC) integrado por las Fuerzas Federales.

“Continuamos ampliando el parque automotor de las fuerzas de seguridad en el distrito para realizar tareas de prevención y cuidado de nuestras vecinas y nuestros vecinos”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado en el acto por el jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Esteban Echeverría, Julio Méndez, y el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas.

Las unidades —adquiridas con fondos municipales— están equipadas con blindajes, balizas, sistema de comunicación de última tecnología y rastreo vehicular automático. Con esta adquisición, la flota de seguridad del distrito cuenta con 92 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, y 50 móviles de la Guardia Urbana.

Los nuevos móviles se suman a la inversión tecnológica realizada por el Municipio de Esteban Echeverría que, actualmente tiene más de 1.500 cámaras de videovigilancia en funcionamiento con un sistema de monitoreo GPS. Asimismo, la comuna consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias del que participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

Uno de los puntos salientes que tuvo el debate de candidatos a vicepresidentes de la Nación organizado por el programa A Dos Voces, del canal Todo Noticias (TN), fue el cruce entre Luis Petri (JxC) y Victoria Villarruel (LLA) en torno a la actividad legislativa de la compañera de fórmula de Javier Milei. Puntualmente el vice de Patricia Bullrich le preguntó a la actual diputada cuántos proyectos sobre seguridad había presentado durante su mandato, teniendo en cuenta que se anticipa que en caso de ganar La Libertad Avanza ella se ocupará de ese tema en la eventual gestión oficial.

Petri se respondió a sí mismo: cero proyectos, cosa que su interlocutora negó.

Vayamos entonces a la actividad legislativa ya no solo de Villarruel, sino también la de su compañero de bancada y también de fórmula.

Ya se ha dicho que Milei no presenta proyectos; sí acompaña los de otros. Pero puntualmente Villarruel es autora de 15 iniciativas, en lo que lleva de mandato, desde 2021 hasta el presente. Solo tres de ellos son de ley, los más importantes. Ninguno en materia de seguridad, lo cual le da la razón al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Javier Milei acompañó 30 proyectos ajenos, diez de ellos de ley.

En cuanto a su compañera de bancada, el primer proyecto de ley presentó Villarruel data del 9 de marzo de 2022 y es para derogar la Ley 25.413 de Competitividad. Esta iniciativa incluye el mismo destino para el impuesto al Cheque; impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

“En momentos tan difíciles de nuestra Patria, en donde la dirigencia debe y tiene que estar a la altura de las circunstancias, es menester que simbólicamente empecemos a cumplir con nuestra palabra, y en este caso, implica darle fin a un tributo que nació para ser transitorio y terminó siendo perpetuo”, dice esa iniciativa en el tramo final de sus fundamentos.

Su segundo proyecto de ley es del 12 de mayo de 2022 y tuvo mayor acompañamiento. Además de Milei -el único que había firmado también el anterior-, lleva las firmas de Francisco Sánchez, Carolina Piparo, José Luis Espert, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Paula Omodeo y Alberto Asseff, y es otra derogación: la de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. También mencionada en el debate, es una ley de 2006, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país, y que ha sido prorrogada varias veces. La misma ordena la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de las mismas.

El tercero y último proyecto también es del año pasado (2 de junio), pero ya no es una derogación, sino una modificación del artículo 11 de la Ley 11.683, de procedimiento fiscal. El proyecto incorpora un texto relativo a la fijación de un tope mínimo de días a partir de los cuales queda establecido el vencimiento de presentación de las declaraciones juradas, para cumplimiento de las obligaciones tributarias. Argumenta la diputada Villarruel que “fijar las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias en un plazo no menor a 60 días posteriores a la puesta a disposición de los sistemas desarrollados por la AFIP constituye un importante gesto de respeto hacia los contribuyentes y brinda un poco de equilibrio en su relación con el fisco”.

Este proyecto tuvo el acompañamiento de Milei, Ricardo López Murphy, Francisco Sánchez, Paula Omodeo y Carlos Zapata.

Otros proyectos

Fuera de los proyectos de ley, Villarruel presentó el 22 de marzo del año pasado un pedido de informes sobre la ejecución presupuestaria integral del Programa Acompañar, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El 8 de junio de 2022 elevó otro pedido de informes, esta vez sobre el izamiento de una bandera mapuche en facultades públicas de la Universidad Nacional del Comahue.

Otro proyecto de resolución tiene fecha el 22 de julio y es un pedido de informes al jefe de Gabinete, que por entonces era Juan Manzur, sobre las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo “ante la grave situación institucional que atraviesa la República Argentina”. “La situación económica, política, social e institucional de nuestro país atraviesa una crisis, ya tristemente extendida en el tiempo, que consideramos sumamente riesgosa”, señalaba en su proyecto, que aludía fundamentalmente a la falta de asistencia del jefe de Gabinete a dar sus informes ante el Congreso, tal cual establece la Constitución.

El 5 de agosto volvería sobre la cuestión mapuche, ahora para pedir informes al PEN sobre la decisión de la Administración de Parques Nacionales de declarar como “sitio sagrado” al volcán Lanín, por parte de esa comunidad indígena.

El 14 de septiembre Villarruel presentó un pedido de informes sobre cuestiones vinculadas con la decisión de designar a Julia Epstein como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Según el texto, a juicio de la diputada esa joven “no posee méritos conocidos públicamente para desempeñar un rol de Estado de tamaña envergadura”.

“La cultura de la mediocridad y el amiguismo destruye la ética pública -decía el texto-. Tener dirigentes políticos poco preparados profesionalmente denota desprecio al pueblo que debería beneficiarse de ellos”.

Victoria Villarruel presentó el 3 de noviembre del año pasado un pedido de informes sobre “diversas cuestiones relacionadas con la frustrada compra de un avión para la flota presidencial”, en tanto que el 19 de diciembre elevó otro pedido de informes sobre el proceso de licitación y aceptación de ofertas de “servicio de acustización y acondicionamiento” del Salón Presidente Néstor Kirchner”, llevado a cabo el 12 de octubre de ese año.

En ese sentido la diputada pide conocer el precio unitario pagado por el Ministerio de Ambiente, por cuanto había trascendido que se había abonado $1.159.400,17.

Ese mismo 19 de diciembre presentó un pedido de informes sobre los motivos del viaje del presidente Alberto Fernández a San Pablo, Brasil, el 1 de noviembre anterior. Quería conocer el costo e integrantes de la comitiva, atento a que había viajado con el fin de “felicitar” a Lula  por haber ganado las elecciones brasileñas. “Es una nueva muestra de la falta de austeridad de un gobierno que exige un esfuerzo inmenso al pueblo mientras no retribuye de la misma forma reduciendo acciones como la mencionada de viajar a felicitar a un presidente electo teniendo en cuenta que ya lo había realizado de manera telefónica y que tiene planeado viajar a su asunción el 1° de enero de 2023”, señaló Villarruel.

El primer proyecto del corriente año lo presentó el 23 de enero, y fue para declarar “persona non grata” a Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Evo Morales, como así también repudiar la reunión de movimientos cocaleros extranjeros en suelo argentino y la creación de una “coordinadora” de movimientos sociales e indígenas.

El 22 de febrero pidió informes sobre el faltante de municiones desaparecidas de un transporte militar originado en el Batallón de Arsenales 604 de la provincia de Córdoba; mientras que el 20 de julio pasado pidió informes sobre cuestiones relacionadas con el otorgamiento de un permiso de uso precario y gratuito con opción de compra a la Municipalidad de Funes, provincia de Santa Fe, de un sector de terreno ubicado en el predio de Liceo Aeronáutico Militar, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por último, el 18 de agosto pasado -cinco días después de las PASO- presentó un pedido de informes sobre la caída de una avioneta el 18 de julio en un campo de Avia Terai, provincia del Chaco, con un cargamento de cocaína.

A quiénes acompaña

En calidad de cofirmante, Victoria Villarruel ha acompañado durante su mandato 38 proyectos de otros legisladores. El más reciente data del 23 de agosto pasado y es de Carolina Piparo, para derogar la ley de alquileres.

En materia de proyectos de ley, además del de Piparo, acompañó el 3 de enero del año pasado uno de Gerardo Milman para modificar la aplicación de la alícuota del IVA a diversos productos; otro de Milman para derogar dos artículos del Código Aduanero sobre Derechos de Exportación; y uno del diputado del Pro Francisco Sánchez sobre trámites especiales de importación de equipos contra incendios forestales y rurales.

El 18 de marzo acompañó un proyecto de Martín Tetaz para derogar la Ley de Abastecimiento; y otro del mismo autor para derogar el impuesto sobre Bienes Personales.

El 20 de septiembre del año pasado acompañó un proyecto de Alberto Asseff para declarar héroe nacional al teniente coronel de Marina Miguel Luis Piedra Buena Rodríguez; y con toda lógica el 24 de octubre de 2022 uno de Pablo Torello para instituir el 5 de octubre de cada año como Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.

También acompañó a Dina Rezinovsky en su proyecto para instituir la semana número 40 de cada año como “Semana nacional del Puerperio”; y el 15 de diciembre uno de Paula Omodeo sobre Desregulación Económica para el Desarrollo Productivo.

Con Carlos Zapata firmó un proyecto para prohibir cancelar y/o suspender el CUIT de toda persona física o jurídica sin expresa autorización judicial; y con el mismo autor firmó la incorporación de un artículo sobre “declaración jurada de adicciones” en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Firmó el 5 de mayo de este año un proyecto de Rezinovsky para crear el programa de “Prevención de Adicciones en el Embarazo”; y otro de Asseff para reconocer a todo el personal que participe o haya participado en misiones de paz de la ONU.

En el caso de Mile, acompañó -como dijimos- 30 proyectos ajenos, correspondientes a Victoria Villarruel, como hemos dicho, y a Gerardo Milman, Fernando Iglesias -democratización de las asociaciones sindicales-, Martín Tetaz y Carolina Piparo.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, esta tarde presentó una flota de 16 móviles que se destinarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar la vigilancia en todo el distrito. Están totalmente equipados, blindados y tienen cámaras individuales.

“Seguimos sumando recursos, equipamiento y patrulleros con el objetivo de continuar profundizando en la prevención en materia de seguridad. Esta nueva dotación de vehículos aumenta la presencia, amplía la cobertura y optimiza el servicio”, expresó Posse.

Del mismo modo, añadió: “Nosotros, como municipio, hacemos un gran esfuerzo y somos conscientes de que a la inseguridad debemos combatirla sin dilaciones y sin escatimar recursos humanos y materiales. Estamos comprometidos, día a día, en el cuidado de los vecinos y visitantes”.

Los nuevos móviles fueron comprados por el municipio a través del programa de Fondo de Fortalecimiento de la Nación, y se entregaron en comodato al Ministerio de Seguridad bonaerense.

Son unas ocho camionetas Toyota Hilux y ocho automóviles Toyota Etios que están totalmente equipados con blindaje, ploteo, radio, cámaras especiales, mampara y balizas.

San Isidro tiene más de 2.000 cámaras de última generación, 220 vehículos totalmente blindados y equipados y sigue sumando tendido de fibra óptica para agregar equipamiento. Cuenta con el sistema LTR, cámaras lectoras que reconoce automáticamente la chapa patente de los vehículos para que los autos que tengan pedido de captura o algún impedimento para circular sean interceptados a la brevedad.

El municipio cuenta con elementos de comunicación y visualización denominados Tótem en distintos espacios públicos, a través de los cuales los vecinos pueden, mediante un botón de emergencia, establecer una comunicación directa con el Centro de Operaciones municipal.

A esto se le suma la aplicación móvil “SI24”, que unifica los llamados de emergencias policiales, salud o bomberos, y permite también reportar incidentes y hacer denuncias.

En los distintos centros urbanos del país, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deambulan y se afincan en la vía pública personas sin destino careciendo la mayoría de vivienda, trabajo, asistencia médica, espiritual y quizás vínculos familiares, que no solo son la cara del sufrimiento humano, sino que además muchos de ellos constituyen amenazas reales a la tranquilidad y seguridad pública. Terminan siendo marginales.

Cada tanto aparece algún hecho de sangre o de inseguridad relacionado con el protagonismo de alguna persona que vive en la calle, pero a diario vemos cómo la degradación de la persona (drogas, trata, indigencia, promiscuidad, prostitución, etc.) transita frente a la indiferencia de las mayorías, pero que en definitiva termina repercutiendo en nuestras vidas. 

Es obligación del Estado dar respuesta en protección de los Derechos Humanos y el bien común, por cuanto los derechos de las personas en este sentido devienen de una concepción de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto su dignidad es portadora de derechos naturales, que los conocemos como derechos humanos.

Estos derechos son anteriores a la construcción de los Estados y, por lo tanto, éstos deben garantizarlos en su integralidad. Asimismo, las Constituciones modernas, en este caso la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programáticamente reconocen estos derechos en forma amplia, pero los distintos gobiernos han hecho a lo largo de los años oídos parciales o sordos a estas responsabilidades.

Es por ello que deviene necesario emprender acciones al respecto para evitar que se siga profundizando esta situación de necesidad moral y humana, llegando a la actualidad a la indiferencia del dolor ajeno por parte de los ciudadanos lo que termina actuando como búmeran al poner en peligro la propia seguridad ciudadana.

Debemos empezar a ver, pensar, considerar y sentir nuevamente lo que resulta necesario al prójimo y dar respuesta a ello, por parte de los distintos gobiernos municipales, provinciales y del orden nacional, en particular el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La situación de calle de muchas personas, en ciertos casos puntuales que deben también ser oídos y objeto de respuesta por parte del Estado, afecta a los vecinos en forma directa, en su tranquilidad, seguridad, patrimonio, limpieza y, en casos extremos, puede llegar a poner en riesgo sus vidas.

Chocamos acá con un hecho incontrovertible: la escasez natural de los recursos. La naturaleza -dice Santo Tomás de Aquino- en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente (Ver Suma contra Gentiles, Club de Lectores de Librería Acción, libro III, p. 225). Las necesidades son ilimitadas, pero los medios para satisfacerlas son escasos, por definición de la ciencia económica. La economización de los medios no elimina la escasez, pero sí dispone los medios del mejor modo posible dada esa escasez. Luego, es imposible, físicamente, que haya siempre de todo para todos.  Por ello, expresarse de modo tal que parezca que toda persona tiene derecho a recibir mágicamente toda clase de bienes y servicios suena tentador pero irrealizable.

El principio básico es que es un atentado contra la dignidad humana el suponer que la persona tiene derecho a recibir todo sin la mediación de su trabajo y esfuerzo, como si fuera un animal sin inteligencia y voluntad.  Sin dudas, surge aquí la cuestión acerca de qué hacer con aquellos absolutamente incapacitados para cuidar de sí mismos y que no están atendidos por la familia o alguna sociedad intermedia.

Un derecho implica una capacidad jurídica de hacer tal o cual cosa -o no hacerla-, pero una capacidad de hecho de realizarla.  La tan declamada “igualdad de oportunidades” debe entenderse con cuidado. Todas las personas deben ser respetadas en sus derechos, y en ese sentido, la igualdad ante la ley implica necesariamente la igualdad de oportunidades jurídicas para todos. Pero, si “oportunidades” entonces significa cualquier hecho fruto de la diversidad de talentos humanos y/o de la escasez natural de recursos, entonces, otra vez, la “igualdad de oportunidades” es literalmente un imposible que no puede ser necesariamente fuente del derecho.

 Soy consciente del natural desacuerdo que habrá con la negativa a aceptar una expresión tan generalizada, pero los filósofos sólo se arrodillan ante la verdad. Las oportunidades, fruto de la natural desigualdad humana accidental y de la escasez de recursos, son por definición desiguales, lo cual no quita que una sociedad respetuosa de los derechos del hombre brinde mayores oportunidades para todos. Pero “iguales” oportunidades, más allá de la igualdad ante la ley, implicaría que deben ser iguales la salud, las fuerzas, los talentos, la inteligencia y los patrimonios o las fortunas de todos los seres humanos más allá de su igual naturaleza.

Desde luego, nada de lo que digo contradice que, dado el destino universal de los bienes y el derecho a la vida, sea inmoral y hasta antijurídico que existan grandes áreas de la población sumidas en una miseria absoluta (sin asistencia del Estado superaría el 50% la pobreza en la actualidad). Una buena política económica -que en gran parte emerge naturalmente del respeto a los derechos del hombre- implica una progresiva extensión y crecimiento de la cantidad de recursos para toda la población y, como dije, mayores oportunidades, consiguientemente, para todos. Este es un punto central del humanismo cristiano:  la elevación del nivel de vida de toda la población – lo cual no significa un igualitarismo absoluto.

 En definitiva, los ciudadanos nos merecemos respuestas concretas y comprometidas de parte de los funcionarios y la política para evitar la ocupación de la vía pública por personas sin horizonte, que generan situaciones de peligro para ellos y para terceros.  El Estado no puede permanecer ausente y menos aún los funcionarios, trasladando la responsabilidad del cuidado y protección de los “sintecho” y personas con ciertas discapacidadedes en situación de calle a la solidaridad y el compromiso ciudadano de los vecinos.  La función de velar por el respeto y la seguridad de las personas es irrenunciable y obligatoria del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades real a la comunidad toda. La marginalidad y la inseguridad son un dolor evitable si se hacen las cosas correctamente sin mirar para otro lado.

Luego de que Eugenio Burzaco presentara su renuncia tras el asesinato de Mariano Marbieri en Palermo, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a Gustavo Coria como el nuevo ministro de Seguridad del distrito capitalino.

El acto de presentación se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), ubicado en Rodney 301, en Chacarita. En ese contexto, Coria aseguró que “vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que todos nuestros policías y recursos estén en la calle. Confío plenamente en nuestra Fuerza. Todo el esfuerzo tiene que estar puesto para que los vecinos y las personas que ingresan a la Ciudad diariamente puedan vivir en paz. El que tiene que tener miedo es el delincuente”.

Además, planteó que “toda la política de seguridad de la Ciudad es una política de Estado que empezó hace muchos años atrás, que requirió en primer lugar un plan y luego firmeza y decisión política para llevarlo adelante. Ese plan se basó sobre un despliegue inteligente de las fuerzas centrado en el mapa del delito”.

Sobre esa misma línea, el funcionario indicó que están trabajando en la redistribución de las fuerzas de seguridad en función de los criterios de la población, la movilidad demográfica, la superficie y el mapa del delito. “La Ciudad es hoy la segunda capital de América con menor índice de homicidios. Eso indica que el camino es el correcto, lo que no implica que no tengamos que hacer permanentes acciones de ajustes”, remarcó.

En la presentación del ministro estuvieron presentes el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel; la secretaria de Seguridad, Genoveva Ferrero; el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Fornaro.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) destacó que el sistema de seguridad impulsado por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el partido bonaerense de Tigre “puede ser federalizado” y remarcó que pretenden “trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria”.

En diálogo por la AM 990, conocedor en la materia en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja explicó que “el sistema aplicado en Tigre en cuestión de seguridad puede ser federalizado que es la seguridad inteligente con la aplicación de los centros de monitoreo, los domos de vigilancia, personal formado en seguridad, un tiempo de respuesta de menos de 3 minutos para que vos sientas que alguien no te está mirando para robarte, sino para cuidarte”.

“Es un sistema que está aprobado y se usa en ciudades muy calientes porque opera el sicariato en forma constante como Medellín. Es un sistema que requiere una capacitación de operadores que te van a observar, van a ver quién no es habitué, quién se queda mucho tiempo mirando tu casa, detectar antecedentes penales”, sostuvo el legislador oficialista y sumó: “Poder accionar un botón antipánico que va a estar en el auto, en el comercio, y poder tener el más bajo tiempo de respuesta para que venga un móvil que van a tener un sistema que pones un dedo y en 60 segundos te saltan los antecedentes penales”.

Al respecto, afirmó que en el país hay 55 mil prófugos y evadidos y el 10% son de alto perfil y “son personas que han matado, violado”.

El dirigente del Frente Renovador destacó que se debe “trabajar con estos sistemas, pero sin descuidar al policía, las cuadrículas, cadenas de WhatsApp. Todo lo que permita acercarse a este sistema de seguridad está en la cabeza, decisión y acción de Massa. Que cada 30 o 40 minutos vas a escuchar un golpe de sirena con su luz, porque los móviles deben tener sus buenas herramientas para hacer un buen patrullaje”.

“Es necesario una fuerte recapacitación de la Policía, porque muchos entran por una cuestión salarial y no por vocación. También es necesario un control y supervisión y un respaldo para el accionar policial, porque vos sentís un ruido raro y vos los llamas, por eso deben saber cómo proceder correctamente. El Estado te debe enviar una policía capacitada y bien remunerada”, indicó Gutiérrez.

Al referirse a la figura de los uniformados, el diputado nacional aseguró que los dirigentes alineados con Massa tienen la concepción de que son “profesionales de servicio de la seguridad pública”.

Además, apuntó contra la Justicia y remarcó que van a “trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria. Los jueces tienen un rol en el Estado y lo tienen que cumplir”, tras lo cual ironizó: “Es más fácil encontrar la farmacia de turno que saber el fiscal”.

“Es necesario que la fiscalía de turno deba estar abiertas las 24 horas para que conozcas a quien te debe cuidar”, añadió.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) se refirió al tema de la seguridad y destacó la gestión de Sergio Massa cuando fue intendente: “La seguridad inteligente de Massa fue la que volteó la fiebre del delito en Tigre”.

Conocedor en la materia, el presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja consideró que “tenemos que tener seguridad anticipatoria. Muchos recursos del Estado puestos en ver la tormenta antes de que se forme. Tenemos que poder ver al lanchador, al que anda caminando, al que te va a robar. Entonces el policía tiene que estar preparado para ver antes lo que va a pasar. Y si ese esquema vos lo tenés linkeado con un sistema de domos y de cámaras presentes -una buena cámara que puede tomar 300 metros-, reemplaza a cuatro policías de terreno”.

En declaraciones a A24, el oficialista señaló que “ya lo dijo todo Massa: el tipo que toma la decisión de subirse a una moto para ir a robar, se baja en la cárcel y no tiene privilegios. Tenemos que tener una gran conversación, la sociedad, con los fiscales y con los jueces, y hay que terminar con la puerta giratoria”.

Además, el massista se refirió a un proyecto de ley suyo presentado en el Congreso, por el cual propone crear “doce portaciones agravadas de arma de fuego. Llevas un arma tumbera, no salís. Llevas un arma con la numeración cambiada, no salís. Llevas un arma que se utilizó para un delito, no salís. Llevas un arma con cartel que es la que le robaron un policía, no vas a salir. Llevas bala, mata policía, no vas a salir. Creamos el delito de balacera”. “¿Dónde está en el Código Penal el delito de balacera? Entonces, ¿es lo mismo tirar un tiro que tirar 100 tiros? No”, resumió.

“En este tema no tenemos que tener fisuras y todos deben levantar la mano en el Congreso si queremos mandar el delito a la casa o meterlo a la cárcel al delincuente. Hay que tomar esas decisiones de Estado y por los próximos 10 años todos saber que vamos para el mismo lado”, concluyó.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo presente en el Centro Operativo de Monitoreo (COM), lugar donde se opera el seguimiento (las 24 horas, los 365 días del año) de las 1.500 cámaras de videovigilancia que el Municipio ya tiene en el distrito.

“Continuamos sumando cámaras en todas las localidades para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en el distrito. También avanzamos con la colocación de paradas seguras para cuidar a vecinos en la vía pública”, señaló Fernando Gray.

La comuna tiene instaladas unas 1.500 cámaras de videovigilancia y domos con visualización de 360° en corredores escolares, sectores comerciales, accesos al partido y zonas de gran circulación.

Además, a través del Programa Nacional Paradas Seguras, en las rutas de los colectivos que recorren el municipio hay paradas y tótems equipados con cámaras e intercomunicadores. Esto facilita la asistencia en casos de emergencia y previene actos delictivos, lo que brinda una mayor protección y tranquilidad a las personas que utilizan el transporte público.

El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 15 motos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar el patrullaje en las cinco localidades del distrito.

“Seguimos comprando elementos para brindar mayor seguridad a los vecinos. En esta oportunidad adquirimos motos 0 km que se sumarán a los 84 patrulleros de la Policía bonaerense y a los 30 móviles de la Guardia Urbana”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por el jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Esteban Echeverría, Julio Méndez, y el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas.

Las unidades —adquiridas con fondos municipales— están completamente equipadas. Son motos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada con micrófono altavoz, balizas, valijones y el equipamiento de comunicación.

El municipio se encuentra trabajando en la capacitación de las y los agentes que conducirán los vehículos. Estas medidas se suman a la inversión tecnológica realizada por la comuna, que actualmente cuenta con 1.200 cámaras de videovigilancia en funcionamiento, con sistema de monitoreo GPS. Asimismo, se consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias en el que participan las áreas de SAME, Bomberos y Defensa Civil.

Al pie del Monumento Nacional a la Bandera, los precandidatos de la lista “Es con Vos” (Unidos para Cambiar Santa Fe), a gobernadora, Carolina Losada, y a intendente de Rosario, Pablo Javkin, recibieron el respaldo de la precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, y ratificaron el Acuerdo por la Seguridad para la ciudad de Rosario en la antesala a las elecciones provinciales que tendrán lugar el próximo domingo 16 de julio.

“Si tenemos un pacto, un convenio, y un compromiso entre la Nación, la provincia y la ciudad, no nos para a nadie. Lo que queremos todos, absolutamente todos en Rosario, es poder volver a vivir en paz, tener nuevamente libertad, poder salir a la calle sabiendo que vas a volver a tu casa, es poder dormir tranquilo porque sabes que tus hijos van a volver a tu casa a dormir y con tranquilidad”, señaló Losada.

En ese sentido, la senadora radical garantizó: “Lo que estamos ratificando hoy, es ese compromiso que hace que nadie se tire la pelota de un lado para el otro entre Nación y Provincia. Todos nos comprometemos en el mismo proyecto, cada uno con la parte que le toca, incluyendo el Municipio. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a hacer. Es nuestro compromiso para con todos ustedes, y para con la gente”.

En el mismo sentido, Bullrich señaló que “Santa Fe es una provincia muy productiva, que puede dar mucho más de lo que está dando, que tiene una problemática especial, sobre todo en Rosario, en lo que creo que, uniendo los tres niveles: municipal, provincial y nacional, vamos a poder generar un encapsulamiento del problema del narcotráfico, del sicariato, y de las muertes de una ciudad que es tierra de nadie”.

“Conformamos un equipo muy sólido y le podemos decir a los santafesinos y a los rosarinos que acá va a venir un equipo que se va a hacer cargo, que ha desarrollado un polan coordinado y multidimensional, que vamos a aplicar a fondo desde el primer día de nuestro gobierno. No vamos a esperar para diagnosticar y relatar la realidad, vamos a tener todo listo el 10/12 para que los santafesinos empiecen a sentir que se termina la desgracia que están viviendo”, expresó.

Por su parte, Javkin dijo que “todos los candidatos a presidente de la Argentina tendrían que tener con esta ciudad una actitud de justicia y comprometernos a firmar en este Monumento a la Bandera, no ante el intendente, ante los rosarinos, las medidas que necesitamos que se tomen en Rosario, en la Nación y en la provincia para vivir y caminar en paz”.

Y en esa misma línea de discurso agradeció el compromiso de Bullrich y Losada: “Puedo agradecerles, en nombre de la ciudad, el compromiso de que esto no va a suceder nunca más, y eso es lo que necesitamos, en nombre de la ciudad, de las víctimas de esta ciudad, pero sobre todo, en el nombre de un lugar como Rosario que le aporta muchísimo a la Argentina en muchos órdenes y que sin embargo no recibe del país el trato básico que necesita que es que nos cuiden cuando caminamos por nuestras calles. Ese es el objetivo de hacerlo por escrito y haberlo firmado también implica darle a la política la veracidad y el compromiso que durante mucho tiempo perdió”.

También estuvieron en el acto, entre otros postulantes, el precandidato a vicepresidente, Luis Petri, a vicegobernador, Federico Angelini y a primer diputado provincial, Dionisio Scarpin.

Cabe recordar, que recientemente, Losada y Bullrich presentaron, junto a sus equipos técnicos, un detallado plan en materia de seguridad para la provincia de Santa Fe, y específicamente para disminuir la violencia narco en Rosario, y del que se conocieron algunos detalles.

“No vamos a esperar asumir para saber con qué nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a llegar al 10 de diciembre con un conocimiento exacto de lo que tenemos que hacer, porque tenemos un equipo que ya realizó un diagnóstico claro de lo que sucede, establecimos un programa detallado y tenemos el equipo para llevarlo adelante”, anticiparon las precandidatas a gobernadora y presidenta.

Entre los principios rectores del plan, Losada mencionó que su gobierno se basará en el “orden social e institucional”, y reafirmó que la “responsabilidad primaria” en materia de seguridad es del gobernador. “Yo voy a asumir esta responsabilidad totalmente, no va a existir ningún tipo de dudas al respecto”, aclaró la senadora.

“Nuestro gobierno pone al combate de la violencia narco como eje prioritario de gestión”, señaló la precandidata a gobernadora, y sostuvo que en consecuencia se van a destinar todos los recursos materiales y humanos que esta tarea demande, sin burocracias, sin dilaciones, con la mayor decisión política.

“Vamos a ir contra la ruta del dinero narco, vamos a terminar con los delitos ordenados desde las cárceles, vamos a profesionalizar y revalorizar el trabajo de la policía y penitenciarios, y mejoraremos la protección de jueces y fiscales que vayan contra el narco”, garantizó, describiendo los principales ejes del programa.

El senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) presentó un proyecto para que el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Aníbal Fernández, informe al Senado de la Nación sobre el accionar de dicha cartera en relación a los cortes de tránsito y las interrupciones a la libre circulación en las diferentes rutas nacionales que atraviesan la provincia de Jujuy.

La iniciativa, que fue acompañada por gran parte del bloque de Juntos por el Cambio, solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Seguridad, y los contactos de dicho ministerio con las autoridades de seguridad de Jujuy.

En este sentido, Fiad expresó: “Está claro que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el derecho constitucional a la libre circulación en las rutas nacionales. Lamentablemente, en la provincia de Jujuy asistimos a la inacción de las fuerzas de seguridad nacionales, a pesar que un Juez Federal autorizara a la gendarmería a garantizar la libre circulación”.

A su vez, el proyecto también solicita que se informe sobre las acciones de seguimiento y monitoreo, respecto de la afectación de derechos, especialmente a la salud y a la integridad de quienes se ven impedidos de circular libremente.

Al respecto, el legislador jujeño manifestó que “son miles los jujeños que cada día se ven impedidos de ir puntualmente a sus trabajos, de transportar su mercadería, de concurrir a servicios de salud para acceder a la atención médica que requieren. También se registraron pérdidas millonarias en la industria del turismo”.

El proyecto fue acompañado por Luis Naidenoff, Pablo Blanco, Silvia Giacoppo, Stella Olalla, Guadalupe Tagliaferri, Carolina Losada, Víctor Zimmermann, Gabriela Valenzuela, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Eduardo Vischi, María Belén Tapia, Mariana Juri, Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero.

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Luego de que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, anunciara que las fuerzas de seguridad porteña sumarán unas 500 armas no letales, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas le exigió al funcionario que actualicen los datos relacionados a la inseguridad y que expliciten cual será el armamento que se incorporará.

En ese sentido, la diputada planteó que Miguel “nos habló sobre la baja de los delitos con robos de armas, el robo de motos etc. pero lamentablemente uno cuando va a ver las estadísticas que debería informar el Gobierno de la Ciudad, estas no están actualizadas, tampoco respondió por Comuna, qué es una de las preguntas que se le hizo” y volvió a pedir información acerca de “cuántos son los efectivos que están apostados por Comuna. Sí nos brindó el número total de efectivos que actualmente hay más de 326 mil efectivos, pero no informo cuál es la cantidad de baja de efectivos policiales que se ha producido el año pasado y en el actual año”.

“Tampoco informó, y esto es sumamente importante, respecto a las cámaras de seguridad, no informó cuáles es la cantidad de cámaras públicas y privadas que existen actualmente en funcionamiento, y por Comunas. Tampoco informó quiénes son los encargados del almacenamiento y resguardo de material registrado por las cámaras, ni tampoco por cuánto tiempo resguardan ese material”, añadió.

Además resaltó que Miguel “nos habló sobre la inclusión de más de mil patrulleros con geo localización y 690 motos, etc. pero no informó cuántos patrulleros-móviles hay por comuna son 15 comunas y son mil móviles, nos da 66 móviles por Comuna en promedio. Estaría bueno que se puede especificar por Comuna, cuántos son los vehículos, los patrulleros, las motos…”.

“Un tema que me parece no menor tiene que ver con el tema de recambio de los uniformes que se hace a la Policía de la Ciudad, que es algo que vengo reiterando desde el año pasado en las dos sesiones especiales informativas, no nos informa la frecuencia de recambio de los equipamientos vencidos o de reposición para cada efectivo y para cada división, lo que incluye uniformes diarios, uniformes especiales, móviles especiales, insumos especiales, teniendo en cuenta que los insumos son funda porta pistola y chalecos”, remarcó.

A la vez que concluyó preguntando: “otra de las cosas que tampoco aclara y me encanta que tomen como referencia del proyecto de armas no letales que presenté y que tampoco se ha tratado. Que se van a incorporar 30 taser más y se van a incorporar 500 armas más de baja letalidad, me gustaría saber si sabe cuáles son esas armas de baja letalidad, ya que mi proyecto lo estipula y si sabe cómo se aplicarían y se aplicaría algún protocolo o no”.

La precandidata a gobernadora de Santa Fe en el Frente de Frentes, Carolina Losada, se expresó este martes respecto a las medidas que tomará en caso de ganar y afirmó que “queremos meter al Estado en los lugares más picantes”.

La actual senadora cuenta con el apoyo de la precandidata presidencial Patricia Bullrich con quién firmó un convenio de trabajo en caso de que ambas ganen las elecciones: “Firmamos un compromiso para trabajar en conjunto en el tema seguridad porque queremos un abordaje multidimensional y recuperar a los jóvenes adictos”.

En diálogo con Radio 2, relató que “los soldaditos son remunerados con dinero y droga, no los dejan salir y terminan muertos”. Además, sostuvo que el 60 por ciento de los homicidios son en Rosario y la ciudad de Santa Fe.

“En estos años cerraron once comisarías, que debemos reabrir y equipar a la policía”, señaló. A su vez, cuestionó que las fuerzas de seguridad “practican tiro poco” y que “los penales son lugares donde se asocian bandas de afuera”.

Consultada por la bandera que mostraron “Los Monos” en la cancha de Newell`s el sábado pasado en la despedida del futbolista Maximiliano Rodríguez, Losada respondió: “Fue una provocación tremenda que demuestra que el Estado se corre”.

Por otro lado, manifestó que “hablo con muchos economistas y todos forman parte de lo que estamos generando”, en alusión a su programa en la provincia.

“Debemos revertir la imagen de Rosario y recuperar el atractivo turístico. Si un policía que es corrupto debe salir de la fuerza”, aseveró.

Del mismo modo, amplió: “La seguridad pasó a ser un problema en lugares chiquitos de la provincia”, y agregó: “Queremos una educación enfocada al trabajo para generar una infraestructura enfocada a los trabajos donde viva la persona, pero en muchos lugares faltan recursos humanos”.

A su vez, cuestionó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo: “La única idea que tienen cuando necesitan dólares es manotear al campo, nosotros queremos transformar a Santa Fe en la provincia con mayor desarrollo agroindustrial”.

Por último, Carolina Losada afirmó que “queremos ser el ejemplo de como nos dejaron un pozo repugnante y como pasamos a ser una ciudad pujante”, y cerró: “Queremos ser la política sana que saque a la provincia del lugar de donde esta”.

La diputada nacional Agustina Propato (Frente de Todos) denunció que el municipio de Zárate “no invirtió en seguridad” y adeudan la rendición de casi 5 millones de pesos. Además, apuntó contra el intendente, Osvaldo Cáffaro: “Si algo caracterizó su gestión fue la irresponsabilidad con la que gestionó el Fondo de Fortalecimiento Provincial de la Seguridad 2022″.

“El Municipio cuestionó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento 2022. Puntualizaron que de los 46 millones de pesos que les correspondía, solamente recibieron 14 millones. Y que el resto no fue girado ya que el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”, planteó Propato.

Así, denunció: “Si algo caracterizó a la gestión Cáffaro fue la irresponsabilidad con la que gestionó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 2022”.

Es que según datos oficiales de la ley de presupuesto provincial 2022, a Zárate le correspondían $46.930.800,00 millones a pagar en tres tramos: en el primer tramo $14.079.240 (30%); $18.772.320 (40%), y en el tercero $14.079.240 (30%).

“Para recibir el segundo tramo de la partida, era requisito legal rendir las inversiones correspondientes al primero. Como el Gobierno Municipal de Zárate nunca rindió, los zarateños se vieron privados de recibir los $32.851.560 (70%) restantes”, enfatizó Propato.

Y detalló que “la fecha tope para presentar el plan de inversiones por ese monto era el 30 de mayo del 2022. Pero el Municipio de Zárate presentó su plan de inversiones el 12 de julio de 2022″. Sin embargo, explicó que “como el plan municipal no contemplaba ninguna inversión en reparación de patrulleros, prioridad para el Ministerio, se le solicitó la readecuación del mismo”.

Por lo que la gestión de Cáffaro “presentó la corrección del plan 2022 el 1 de febrero de 2023. Podría decirse, sin faltar a la verdad, que Cáffaro presentó un plan de inversiones para el año pasado”, reveló la legisladora oficialista.

“A pesar de que el municipio insiste en que Zárate rindió todo, lo que se pudo corroborar de forma oficial por el Ministerio es que solamente rindió $9.090.000 de los $14.079.240 enviados”, informó.

En tanto, sumó: “El Municipio también sostuvo que los fondos no se recibieron porque el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”.

En ese sentido Propato consideró que “Zárate se vio privado de recibir los fondos que le correspondían por el incumplimiento del Municipio en su obligación de rendir las inversiones”. Además, agregó que “el Ministerio le mandó a Zárate 6 notas formales a lo largo de 2022 solicitando la rendición que no presentó”.

Según datos corroborados, al 15 de junio de 2023, Zárate aún adeuda la rendición de $4.989.240 de los fondos transferidos por el Ministerio de Seguridad en 2022. “La fecha límite para presentar el plan de inversiones correspondiente al Fondo 2023 era el 20 de mayo. Como es de prever, el mismo aún no fue presentado por el Municipio” concluyó Propato.

El legislador de la Ciudad por La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que busca que las fuerzas de seguridad locales puedan usar gas pimienta.

“Autorizase el uso de dispositivos lanzadores, contenedores o rociadores de sustancias orgánicas de tipo pimienta (Oleoresin Capsicum) no letal a las fuerzas policiales y de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, plantea la iniciativa presentada por Saifert.

Según la propuesta de ley, las fuerzas de seguridad de la Ciudad solo podrán emplear estos dispositivos “cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones”.

Asimismo, detalla en qué situaciones se deberán implementar. “En caso que sea necesario para facilitar el accionar de las fuerzas policiales en uso de sus atribuciones y en cumplimento de sus deberes. Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas, y se considere como medio suficiente para impedir y/o repeler y/o detener una agresión. Cuando el personal interviniente lo considere medio suficiente para impedir la comisión de un delito de acción pública, en preferencia de la utilización de otros medios más peligrosos y/o dañoso”, sostiene el proyecto, entre otros puntos.

Además, detalla que los funcionarios de las fuerzas de seguridad “deberán ser instruidos” para así poder emplear de forma óptima dichos “medios orgánicos no letales”  y saber en qué situaciones se deberán utilizar.

Dentro de los fundamentos, la propuesta explica que “no existe justificación legal alguna para pretender prohibir la utilización de estas sustancias que ya son de uso y venta libre para la normativa nacional que concluye que el empleo de las mismas no tiene efectos letales sobre las personas”. “Para mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó oportunamente que legitima y autoriza el uso de medios no letales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, con las debidas reglas para ello y la necesaria capacitación al personal policial, como propone nuestro proyecto”, finaliza el texto.     

Con la intención de entender de qué forma impacta la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscarán interpelar a la directora general de Estadística Criminal y Mapa del Delito, Ana María Magri, por la falta de actualización de dicho mapa.

De esta manera, solicitaron que la funcionaria asista a la Comisión de Seguridad para dar detalles acerca de la falta de publicación de los datos estadísticos del Mapa del Delito del año 2022 y al estado actual de avance en el desarrollo del mismo; al proceso de confección y procesamiento de los datos que son incluidos anualmente en el mismo y en sus informes complementarios; y en todo lo relativo a los procesos de autoevaluación y desarrollo de mejoras en la elaboración del Mapa del Delito y la confección de estadísticas criminales de la Ciudad.

La iniciativa es de autoría de la vicepresidenta primera de la Comisión de Seguridad y legisladora del FdT, Claudia Neira, quien explicó en los fundamentos de la iniciativa que el Mapa del Delito es una “herramienta es un pilar fundamental para el desarrollo de políticas públicas y el análisis certero de la situación, así como la evaluación de las acciones llevadas adelante por el Gobierno en la materia”.

“Además de no haberse publicados los datos luego de transcurridos cinco meses, encontramos una situación cuanto menos irregular: desde el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha difundido, en el mes de enero, un ‘informe preliminar’ a periodistas con algunos datos que fueron, aparentemente, considerados relevantes. Cabe destacar que este informe nunca fue publicado por parte del Gobierno de la Ciudad, y que lo escueto del mismo demostraba una jerarquización de la difusión mediática por sobre otros elementos como la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia de las acciones de gobierno o el análisis riguroso de las políticas públicas”, agregó.

Al mismo tiempo que señaló que “en paralelo, el jefe de Gobierno y diversos funcionarios, utilizaron en reiteradas ocasiones estos mismos datos que fueron difundidos a medios de comunicación en discursos e intervenciones públicas. Es decir que, no sólo se define no dar conocimiento a la población de los datos obtenidos, sino que también los mismos son utilizados con una función política”.

“Creemos fundamental contar con la presencia de la Directora General de Estadística Criminal y Mapa del Delito a fin de profundizar en la problemática expresada. De esta forma, podremos contar con la información pertinente para comprender el proceso de confección y procesamiento de los datos, y en particular de los correspondientes al año 2022, los factores que llevan a la falta de publicación hasta la actualidad de ellos, así como las perspectivas de trabajo para volver más eficiente los mismos y los elementos de autoevaluación con los que cuenta la Dirección General, entre otros aspectos que hacen al interés de esta Legislatura”, completó.

La iniciativa también lleva la firma de Maia Daer, Claudio Ferreño, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

El Intendente Interino de Lanús, Diego Kravetz, junto al precandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, realizaron la entrega de 10 nuevos patrulleros, los cuales son exclusivos para las Fuerzas de Seguridad del Municipio de Lanús.

El exjefe comunal expresó: “Diego y equipo vienen haciendo un gran trabajo para Combatir la Inseguridad en Lanús”, y agregó: “La Provincia tiene que trabajar codo a codo con los Municipios para luchar contra este flagelo que nos afecta a todos los vecinos”.

En el marco de un acto realizado en el Parque General San Martín, Grindetti y Kravetz hicieron la presentación y entrega de llaves de las nuevas patrullas que se integrarán a las ya existentes del equipo de Seguridad Ciudadana y PRI, llegando a un total de 85.

A su vez, Diego Kravetz expresó: “Estos móviles van a ser los integrados, a partir de hoy, a las patrullas que todos los días recorren las calles de Lanús”, y aseguró: “El esfuerzo que hacemos desde el Municipio para darle más seguridad a los vecinos es muy grande. Incorporamos Nuevos Móviles, más Efectivos, Cámaras, Botones Antipánico y en el último mes la novedad de las Armas Byrna No Letales”.

Al evento, asistieron los choferes encargados de utilizarlos, los cuales fueron capacitados en la Escuela de Formación Local. Los mismos cumplirán con la tarea de incrementar el Sistema de Patrullaje que se viene desarrollando hace tiempo en Lanús.

El Municipio de Esteban Echeverría recibió 24 patrulleros blindados cero kilómetros enviados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se incorporan al distrito para fortalecer la seguridad en las cinco localidades.

Las camionetas Ford Ranger nuevas se suman a la flota actual, completando 84 patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 30 móviles de la Guardia Urbana destinados a mejorar la seguridad en el distrito, a cargo de agentes que recorren las calles y realizan acciones de prevención del delito y atención a vecinos.

“Con estas 24 camionetas nuevas se agranda notoriamente el parque automotor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en nuestro distrito. Cada una ya está asignada a una cuadrícula para realizar tareas de prevención y cuidado de nuestras vecinas y nuestros vecinos”, señaló Fernando Gray en el Centro de Entrenamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Esteban Echeverría, donde actualmente reciben formación profesional 1.700 agentes por año.

Además, el jefe comunal indicó que “estamos llevando adelante una búsqueda de motoristas que quieran sumarse a la fuerza policial provincial para conducir los móviles y así tener mayor presencia policial en nuestro municipio”.

Los nuevos patrulleros se suman a la inversión tecnológica realizada por el Municipio de Esteban Echeverría, que actualmente cuenta con más de 1.200 cámaras de videovigilancia en funcionamiento y con un sistema de monitoreo de GPS. Asimismo, la comuna consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

A partir de las 14.05 la Cámara baja se abocó al debate del primer tema pautado para esta sesión especial: el proyecto de ley que propone la creación de alrededor de 50 cargos para fortalecer la justicia federal de Santa Fe. El primer orador fue el autor original del proyecto, el oficialista Roberto Mirabella, quien resaltó que esa iniciativa nació a partir de una convocatoria del gobernador Omar Perotti en 2021, hecha a los legisladores que asumían y a los que continuaban sus mandatos. El objetivo era poder acordar un texto que implicara el fortalecimiento y la modernización del sistema de justicia en Santa Fe.

Resaltó la cuestión “inédita” que representaba que todos los legisladores de esa provincia se hubieran puesto de acuerdo con ese proyecto y lo hubieran firmado. Por eso, aclaró que ese proyecto “no tiene autor” y remarcó que no solo habían participado legisladores, sino también integrantes de la Justicia Federal, la Procuración General de la Nación y otros especialistas. Recordó que a partir de los aportes de todos los sectores, modificaron la iniciativa.

Mirabella planteó la necesidad de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal votado en diciembre de 2014 y cuya única aplicación se da en las provincias de Salta y Jujuy, solo ahí “con resultados extraordinarios”.

Con esa implementación, “los tiempos procesales se han acortado tremendamente: de 5 a 6 años a un año. Es un sistema que además hace a la calidad del gobierno democrático que queremos tener. Queremos implementar este Código y este proyecto va en esa dirección”, enfatizó.

El diputado santafesino destacó que el proyecto crea 27 cargos de fiscales federales, cargos de defensores, jueces de garantía. “Incluso los tres jueces penales que hoy están en Rosario y Santa Fe van a oficiar de jueces de garantía”, detalló, agregando la creación de jueces de revisión y jueces de ejecución penal.

“Nuestra estructura federal en Santa Fe hace muchísimos años que es igual; lo último que creó este Congreso fue en 2012 el juzgado de Venado Tuerto y en 2006 el de Rafaela”, recordó, y en ese sentido planteó que el lavado de dinero, por ejemplo es un delito que hace 30 o 40 años no existía. “La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional.

“Todo esto es lo que amerita estar tratando este proyecto en este recinto hoy”, dijo Mirabella, agregando que “todos sabemos que ante la complejidad que tiene este problema, se necesitan múltiples respuestas. Nosotros en este momento estamos cumpliendo nuestro deber, que es votar leyes”.

Habló entonces de la necesidad de tener un mayor despliegue a nivel de prevención y un mayor control entre las fuerzas federales y provinciales. Pero no ocultó un detalle: que en el último juicio de Alvarado, de los 22 condenados, 7 eran policías de alto rango.

Mirabella concluyó resaltando la importancia de que el gobernador santafesino estuviera presente en el Congreso, “siendo testigo de este momento histórico. Este es un gran paso para la provincia y estamos quizá dando un gran paso todos los legisladores, codo a codo, tirando el carro para el mismo lugar”.

Después de que el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, renunciara a su cargo tras el estallido de la polémica por el viaje a Lago Escondido, la vicepresidenta segunda del bloque Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, dialogó con parlamentario.com respecto de la situación en materia de seguridad que atraviesa la Ciudad y exigió “medidas concretas” para revertir la situación.

En ese sentido, la opositora explicó que “Horacio Rodríguez Larreta dejó 78 días a la Ciudad sin ministro de Seguridad por sostener a D Alessandro”; a la vez que advirtió que “mientras tanto la inseguridad creció, en el marco de un desgobierno total. Vimos tiroteos asesinatos, robos y tomas de rehenes, y todo sin un Ministro para hacerse responsable”.

“Ahora designan a Eugenio Burzaco que en dos oportunidades salió abruptamente de la gestión,  luego de denuncias reiteradas. Los porteños necesitamos una política de seguridad. Por eso le vamos a pedir al nuevo ministro medidas concretas, entre ellas que convoque al Consejo de Seguridad para que oficialismo y oposición podamos debatir la seguridad como una política de Estado”, sentenció.

Además remarcó que le solicitarán al flamante ministro que aplique de “forma urgente” un refuerzo de seguridad en la zona sur, que se implemente un plan de seguridad para las escuelas, un replanteo y reorganización de las brigadas de la Policía de la Ciudad, una mayor presencia policial en el barrio Ricciardelli (ex villa 1-11-14) y la incorporación de nuevas fuentes al Mapa del Delito.

“Como oposición, estamos comprometidos con la seguridad de los porteños. Dejen de dar estadísticas que no están ni publicadas. Salgan a la calle, escuchen y miren lo que está pasando. ¡Y pónganse las pilas!”, cerró Neira.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un pedido de informes en el Congreso Nacional con el fin de conocer la situación del envío de fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires. “La falta de políticas concretas y coordinadas entre Nación y provincia provocan que millones de bonaerenses sigan desprotegidos ante la violencia criminal”, afirmó.

La legisladora radical aseguró que “el papelón entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador Axel Kicillof trae consecuencias graves”. En ese sentido, Tavela pidió en el Congreso Nacional que el Ministerio de Seguridad de la Nación informe y detalle el destino de las fuerzas federales y que expliquen el trabajo que realizarán.

“El crecimiento del narcotráfico, la falta de medidas para combatirlo, y la delincuencia es responsabilidad en buena parte de la crisis económica y de gobiernos que se hacen los desentendidos”, se quejó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Tavela agregó que “como si fuera poco, Kicillof no tuvo mejor idea que cerrar escuelas por casi dos años dejando a miles de niñas, niños y adolescentes sin contención, abandonados a su suerte y servidos en bandeja de oro a delincuentes que se aprovechen de ellos”.

“Los partidos, y sus representantes, tienen todo el derecho a tener diferencias y exteriorizarlas, pero no tienen ningún derecho a que su interna le complique la vida a los ciudadanos”, argumentó y agregó que “Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Sergio Berni y Axel Kicillof tienen la responsabilidad y obligación sentarse en una mesa y trabajar para cuidar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, presentó un proyecto por el cual exige al ministro de Seguridad que, en su condición de responsable del Consejo de Seguridad Interior, constituya y convoque al Comité de Crisis contemplado en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059), a los fines de coordinar la intervención y actuación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales que conforman el sistema de seguridad interior con motivo de la situación que se verifica en el Gran Rosario.

“Resulta inexplicable que ante una situación que no ha hecho más que escalar y adquirir cada día mayor gravedad y trascendencia, no se haya activado la norma específica para este tipo de situaciones ni constituido el órgano específicamente previsto para la coordinación operacional de las fuerzas de seguridad en situaciones como las que padece el Gran Rosario”, señaló Negri.

El diputado cordobés sostuvo que “la puesta en marcha del Comité de Crisis permitirá concentrar y sacar mayor provecho a las acciones de las fuerzas de seguridad y además permitirá que crezca la angustia de la sociedad por lo que se percibe como una pérdida del control de la calle por parte del Estado ante el avance narco”.

“El narcotráfico es un delito de competencia federal y sin embargo el Gobierno nacional no se involucró en plenitud en el control de la situación descripta y retaceó la ayuda solicitada por las autoridades provinciales hasta que la situación escaló a niveles alarmantes”, agregó el diputado.

En este sentido, el proyecto de Negri sostiene que “más allá del desplazamiento de fuerzas de seguridad federales hacia el lugar, corresponde que esta crítica situación sea tratada en el Consejo de Seguridad Interior previsto en la ley 24.059 y, en ese ámbito, constituir el Comité de Crisis que contempla esa misma norma”.

La misión de dicho Comité de Crisis es “ejercer la conducción política y la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del Interior”.

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, no anduvo con vueltas este jueves y le pidió la renuncia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien lejos de molestarse, le dio la razón en varias cosas.

En su intervención, coincidió con expresiones del funcionario respecto de la necesidad de interrumpir el circuito del dinero. “Ese es el cuello de botella de la criminalidad, en ese sentido haberle quitado facultades querellantes a la UFI y la Oficina Anticorrupción es el más grave error que se puede cometer”, señaló López Murphy, que dijo recordar perfectamente “cuando el presidente de la UIF decía que había que dejar de combatir la corrupción para combatir la evasión. Si hay un error crucial que se ha cometido es esa concepción que ha demolido los valores morales de los que se empeñan en esta tarea”.

Más adelante la diputada oficialista Mónica Litza le contestó que desde 2008 la UIF tiene la capacidad de ser querellante, a lo que López Murphy replicó recordándole que en su momento “desistieron de la querella en el juicio a la vicepresidenta”.

En su exposición, López Murphy se refirió a “la visión permisiva del Servicio Penitenciario”, cosa en la que diferenció a su titular, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, del ministro de Seguridad. “Son los que lo acusan a usted de punitivista”, recordó, y atribuyó al Servicio Penitenciario haber convertido a las cárceles en “una estación telefónica”. “En realidad esa doctrina que durante muchos años ha penetrado la mente, la ideología y la visión de que el problema somos las víctimas y no los victimarios, es lo que nos ha llevado a esta situación. Estos vientos causaron estas tempestades”, expresó.

En lo que definió como “la parte áspera de este intercambio”, el diputado de JxC le advirtió al funcionario que “hemos sido votados para que haya un Congreso fuerte, no indulgente o permisivo. Hemos sido votados para traer los temas que nuestra ciudadanía nos demanda. En este sentido, quiero decirle que nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército Argentino desarmado en un lugar tan peligroso”.

Al respecto, sostuvo que las Fuerzas Armadas solo tienen que intervenir cuando las fuerzas de seguridad han sido desbordadas. “Me parece un tremendo error hacer la convocatoria sin planes; en mi opinión, va contra las leyes, carece de planeamiento y los tomó por sorpresa”, afirmó.

Finalmente confesó que “cuando usted expresó que ‘nos han derrotado’, yo me sentí muy perturbado. Hoy lo noté un poco mejor, pero debo reconocer que volvió con eso de que tenemos una fuerza desigual… Si con toda la fuerza del Estado nosotros no podemos, no hay forma. Por eso en aquella ocasión, luego de horas de reflexión, le pedí la renuncia, y se lo vuelvo a reiterar. Si no se siente en fuerza, si tiene un clima derrotista, si cree que no está en condiciones de hacerlo, lo mejor es que deje el cargo”.

Aníbal le dio la razón

Más tarde, a la hora de las respuestas, el funcionario respondió a esa sensación que generó agobio en el diputado López Murphy. “Me pregunta si tengo miedo… Antes de jugar con la palabra, estamos trabajando en este momento con la construcción de  un grupo especializado construido con el FBI y las fuerzas de cada provincia. Estamos buscando todos los ganchos que nos aporten información”, aseguró.

Y mostró coincidencias con el diputado al señalar que “lo de las cárceles es una realidad. Allanamos los últimos días las cárceles de Coronda y Piñero por esos problemas”. Citó un caso puntual, cuyo responsable intelectual es alguien que está detenido en el penal de Rawson. “Seguimos metiéndonos en todo esto con un montón de medidas nuevas que la es vamos a contar”, planteó, para admitir luego implícitamente la crítica a haber desarmado el área de Inteligencia Criminal. “Hoy queda una parte, pero es insuficiente, le doy la razón, falta…”.

Y siguió: “Es necesaria la UIF trabajando en esto; sí, es muy importante, y además, que tengan, como dice López Murphy, la posibilidad de querellar, pero se está haciendo, para poder seguir a los que tengan dólares, porque específicamente la droga que se importa para Rosario se paga en dólares en billetes. Ahí es donde tenemos que pegar”.

Semanas después de que el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se tomara una licencia, la legisladora del Frente de Todos (FdT) y vicepresidenta primera de la comisión de Seguridad, Claudia Neira, analizó la situación que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires en materia de inseguridad y advirtió que 6 de cada 10 homicidios ocurren en el sur del distrito.

En ese sentido, la peronista afirmó que “Horacio Rodríguez Larreta no dice la verdad cuando habla de seguridad” e indicó: “partamos de la base de que al día de hoy, llevamos 63 días sin ministro de Seguridad porque Larreta sostiene a Marcelo D’Alessandro con una licencia para no removerlo”.

“Tampoco funciona el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, un espacio de diálogo institucional para el desarrollo de políticas de seguridad, creado por la Constitución de la Ciudad”, continuó y precisó que “por si fuera poco, a pesar de que el Consejo no está conformado, en el Presupuesto vemos que se destinan 86.353.330 de pesos al Programa ‘Unidad Enlace Consejo de Seguridad y Prevención del Delito’. ¡Una Unidad Enlace de un Consejo que no funciona! Insólito”.

A la vez que señaló que “por otra parte, si bien el Mapa del Delito al que hace referencia Larreta es una buena herramienta, los datos 2022 no están publicados y recién serían cargados en abril. Tampoco se notificó al sistema nacional y somos la única jurisdicción que incumple con la Ley N° 22.127” y reconoció que “aunque la tasa de homicidios de CABA es menor que la nacional (3,3 y 4,6), tenemos diferencias enormes por cada zona. Se utiliza este delito como referencia ya que son los que menor ‘cifra negra’ tienen, ya que hurtos y robos se denuncian muy poco”.

Sobre esa misma línea, Neira aseguró que “estas diferencias al ver que 6 de cada 10 homicidios ocurren en la zona sur de la Ciudad. En la comuna 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios) la tasa de homicidios es de 9,98 c/100 mil habitantes: más de dos veces mayor a la tasa promedio nacional”.

“Insisto: la tasa de homicidios de la Comuna 4 (9,98) es 2 veces mayor a la nacional (4,6), 3 veces mayor que la de la Ciudad (3,3) y casi 20 veces mayor que la de la Comuna 11 (0,53). Es una diferencia muy importante y que es, cuanto menos, preocupante”, remarcó.

Asimismo planteó que “en Comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 3 (Balvanera y San Cristóbal) y 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) también tienen tasas superiores a las nacionales. En cambio Recoleta tiene una tasa ínfima de 0,67: sólo hubo un homicidio en 2021” y consideró que “un dato no menor es la situación del Barrio Ricciardelli (1-11-14). Hoy en día no hay un solo agente de la Policía de la Ciudad en todo el barrio y tenemos a la Gendarmería haciéndose cargo de todo”.

Por lo que explicó que en ese barrio funciona “el Operativo Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención Barrial fue creado por el Estado Nacional cuando tenía aún la función seguridad en la Ciudad. Cuando se transfiere la Policía Federal y la Ciudad tiene su Policía, asume la función en su territorio como las demás provincias” e insistió en que “en 2017, Mauricio Macri y Patricia Bullrich disuelven el Operativo Cinturón Sur porque la Ciudad ya tiene la función seguridad en su territorio. Es decir que hoy, la presencia de Gendarmería en la Ciudad, debería ser como en cualquier provincia que necesita apoyo para delitos complejos”.

“Por eso, hace 3 años que le venimos pidiendo a Larreta la presencia de Policía de la Ciudad en el Barrio Ricciardelli (1-11-14), que es parte de nuestro territorio y sin embargo está abandonado por el Gobierno de la Ciudad”, agregó y advirtió que “es indispensable que Gendarmería pueda abocarse al delito complejo y, en particular, al comercio de estupefacientes que tanta violencia ha generado en el Barrio. Como el asesinato de Nayla, una nena 4 años, hace unos días”.

Finalmente, Neira concluyó planteando que “la legisladora opositora, quiero aportar a un debate honesto y sin griterío, sobre la seguridad en la Ciudad. Esperamos que en algún momento se ponga el eje en buscar soluciones a los problemas complejos, en vez de construir relatos que, como vimos, contradicen los datos”.

A días del asesinato de la oficial Maribel Salazar en Retiro, la diputada del Frente de Todos (FdT) y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, Claudia Neira, participó de un mano a mano con Parlamentario.com en el que analizó la situación de seguridad que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuestionó con dureza el rol del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

En ese contexto, la opositora volvió a insistir en la necesidad de que el funcionario sea removido de su cargo. “A esta altura de los acontecimientos D’Alessandro no puede continuar en el cargo ni un minuto más. En diciembre, cuando se conoció públicamente la gravedad de los hechos denunciados que lo involucraban, desde el bloque del Frente de Todos solicitamos el inicio de un proceso de juicio político en la Legislatura, tal como lo establece nuestra Constitución”, recordó.

Al mismo tiempo que reveló que la situación de seguridad en el distrito es sumamente complejo: “en la Ciudad vienen sucediendo una serie de hechos delictivos y de inseguridad, que en muchos casos son de extrema gravedad” y consideró que “en una Ciudad como Buenos Aires la seguridad debe ser eficiente y profesional, y para eso es primordial contar con un andamiaje institucional y una conducción política que brinden claridad a todo el sistema. Algo que claramente hoy los porteños y las porteñas no tenemos”.

-¿Qué opinión le merece la situación en materia de seguridad que atraviesa la Ciudad?

-Lo primero que hay que decir es que desde hace un mes y medio la Ciudad está sin ministro de Seguridad. Entonces para empezar no tenemos ninguna conducción, ningún responsable político en el Ministerio, mientras en la Ciudad vienen sucediendo una serie de hechos delictivos y de inseguridad, que en muchos casos son de extrema gravedad. En una Ciudad como Buenos Aires la seguridad debe ser eficiente y profesional, y para eso es primordial contar con un andamiaje institucional y una conducción política que brinden claridad a todo el sistema. Algo que claramente hoy los porteños y las porteñas no tenemos. Estos días, justamente, presenté un proyecto en la Legislatura para oficializar el pedido que venimos haciendo desde el mes de enero al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que designe a la brevedad un ministro que se ponga al frente de la Seguridad de la Ciudad. Al mismo tiempo, le solicitamos que convoque de forma urgente el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad, un organismo de la Constitución que a pesar de contar con presupuesto nunca fue conformado y que debería estar integrado por múltiples actores para diseñar y evaluar qué políticas públicas debemos darnos en la materia. 

-Usted se ha referido en reiteradas ocasiones a la situación del ministro Marcelo D’Alessandro. Desde su óptica, ¿por qué aún no se ha nombrado un reemplazante?

-Esta es una pregunta que debería responder institucionalmente el jefe de Gobierno porteño. D’Alessandro está de licencia por una serie de acusaciones de público conocimiento por las que se encuentra bajo investigación judicial, y hace 44 días que Larreta lo sigue respaldando políticamente manteniéndolo en su cargo y sometiendo a  todos los porteños y las porteñas a una situación de acefalía que compromete la seguridad de toda la ciudadanía. Por vía de una resolución se delegó la firma al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, hasta el 6 de abril pero esto es apenas la firma: está claro que no está en el día a día de la cartera para ocuparse de los problemas de la Ciudad. Hace 15 días designaron en el Boletín Oficial a Elizabteh Caamaño como secretaria de seguridad como para tener alguna acción al respecto pero la secretaria no ejerce el rol de ministra y de hecho es quien debería desempeñarse en la presidencia del Consejo de Seguridad que estamos reclamando que se conforme.

-El año pasado desde el FDT impulsaron un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad. ¿Insistirán con ese proyecto?

-A esta altura de los acontecimientos D’Alessandro no puede continuar en el cargo ni un minuto más. En diciembre, cuando se conoció públicamente la gravedad de los hechos denunciados que lo involucraban, desde el bloque del Frente de Todos solicitamos el inicio de un proceso de juicio político en la Legislatura, tal como lo establece nuestra Constitución. Hoy, luego de casi dos meses sin ningún tipo de respuesta institucional del Gobierno porteño, y con el ministro twitteando desde su licencia sobre los graves hechos de inseguridad que vivió en las últimas horas la Ciudad – sobre la que tiene responsabilidad directa-, está claro que debe ser removido y no puede permanecer más en el cargo.

-Por último, y atento al proyecto en el que se insta al Gobierno de la Ciudad a publicar datos del Mapa del delito. ¿Por qué aún no se han publicado? ¿A qué considera esa demora? 

-No sabemos a qué se debe la demora ni tampoco ha habido una explicación oficial. El Poder Ejecutivo repartió durante el mes de enero un documento extraoficial sólo a ciertos medios difundiendo datos preliminares que aún no están publicados en ningún lado. No tenemos acceso los legisladores, ni tienen acceso los vecinos. ¿Por qué es importante que se publiquen los datos del mapa del delito? Porque permite que la Ciudad tenga una política específica para mejorar la seguridad en las zonas más inseguras. Los últimos datos que tenemos son de 2021 en donde se sigue observando una fuerte desigualdad en las comunas del norte y del sur de la Ciudad. Por ejemplo,  hay comunas del sur como la comuna 4 que registran 9,98 homicidios cada 100 mil habitantes, mientras hay otras comunas como la 2 o la 11 que tienen menos de 1 homicidio cada 100 mil habitantes. Es decir que en materia de seguridad claramente tenemos dos ciudades que nos demandan un abordaje distinto. En este mismo sentido, otro hecho igualmente grave es que, en lo que va del 2023, la Ciudad es la única jurisdicción del país que aún no ha informado sus datos a la Nación para el Sistema de Estadística criminal, algo que es muy problemático no sólo porque se está incumpliendo con las leyes vigentes sino porque son datos necesarios para la coordinación interprovincial en materia de seguridad. La ausencia de datos oficiales de la Ciudad, tanto en el mapa del delito como en las estadísticas nacionales, es de una gravedad institucional inusitada, y cuesta no pensar que esto también tiene un claro vínculo con la falta de ministro de Seguridad.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) habló de la situación en su provincia y confirmó que será precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe.

Respecto al tema, el integrante de la Comisión de Defensa Nacional explicó: “Santa Fe sufre una crisis en seguridad desde hace tres lustros con la suba de la tasa de homicidios”, y agregó: “Es imposible bajar la tasa en Santa Fe y rosario sino vamos a una reforma de la fuerza de seguridad”.

Entrevistado en Radio Rivadavia, el santafesino sostuvo que viene recorriendo la provincia hace años y manifestó que “nadie tiene el plan resuelto” para afrontar la problemática de la inseguridad en los distritos de Santa Fe (capital) y Rosario.

Del mismo modo, relató que en el juicio a la banda de “Los Monos” -grupo narco que se desenvuelve en Rosario desde hace años- “más de la mitad de los imputados pertenecían a la fuerza de seguridad”. En tal sentido, aclaró: “Debemos darle la fuerza al poder civil elegido por la gente, no a la policía en sí”.

Así también, cuestionó la gestión del gobernador de Santa, Omar Perotti: “Reconoció el delito y mandó tres proyectos de ley para resolver el problema, la oposición se los boicoteó y no puso tanto empeño para que avance”.

En el final, consideró: “Empezó para que haya mayor control de la política sobre la fuerza y terminó poniendo a un gendarme como ministro”. “Hay que retomar la vocación por reformar la fuerza de seguridad”, cerró.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentara los proyectos en materia de seguridad que se aplicarán este año en el distrito capitalino, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y diputado de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, advirtió que gracias a estas políticas públicas disminuyeron las tasas de delito.

En ese sentido, el oficialista afirmó que “en la Ciudad la seguridad es una prioridad absoluta desde hace mucho tiempo, y eso se nota en los en los datos, que marcan el nivel de delitos más bajo en nuestra historia” y precisó que “siempre se puede seguir mejorando, pero lo que vemos es el resultado de un plan”.

Es así que consideró que una de las claves es que “tenemos más de 20 mil policías de la Ciudad en la calle todos los días, previniendo los delitos. Profesionales capacitados que son la base de nuestra Policía propia, que es un orgullo” y destacó que “hay de 15 mil cámaras de vigilancia, que además son pruebas clave para la justicia”.

“El Anillo Digital, que detecta vehículos con pedido de captura en los accesos. Patrulleros inteligentes, el 911, que responde en 4 segundos, denuncias online por Boti, y más”, señaló el diputado.

Al mismo tiempo, Ferrario aseguró que “cada policía, cada cámara, cada patrullero, no lograría el mismo resultado si no pensáramos la seguridad en forma integral. Trabajando, además, para mejorar la infraestructura y los espacios públicos de la Ciudad”.

“Todo esto nos marca la vara de todo lo que podemos seguir logrando por la Seguridad en la Ciudad. Vamos a seguir trabajando, sumando herramientas para que los vecinos vivamos más seguros. De eso se trata una gestión comprometida”, sentenció.

En la Ciudad la seguridad es una prioridad absoluta desde hace mucho tiempo, y eso se nota en los en los datos, que marcan el nivel de delitos más bajo en nuestra historia.
Siempre se puede seguir mejorando, pero lo que vemos es el resultado de un plan. Algunas de sus claves: https://t.co/aLZwsd0n9y

— Emma Ferrario (@emmaferrario) February 8, 2023

El municipio lanzó una nueva inscripción para sumar personal de prevención y operadores del Centro de Monitoreo. La convocatoria es para mayores de 18 años y tener disponibilidad para trabajar en turnos diurnos y nocturnos.

Con el objetivo de crear puestos de trabajo, la Municipalidad de Escobar abrió una convocatoria laboral abierta y transparente para sumar personal de Prevención Comunitaria y operadores del Centro de Monitoreo. El municipio priorizará a los vecinos del partido.

Los aspirantes a preventores comunitarios participarán de una capacitación remunerada durante el lapso de dos semanas, con fecha aún por definir, que incluirá un total de 200 personas que rendirán un examen. De allí se seleccionarán los 100 mejores promedios para los puestos disponibles.

Según comunica el municipio, los requisitos generales para inscribirse son: contar con secundario completo, ser mayor de 18 años y tener disponibilidad para trabajar en turnos diurnos o nocturnos. A su vez, el sexo es indistinto y se espera que el o la ingresante cuente con conocimientos o habilidades tales como responsabilidad, compromiso y buena dicción.

Asimismo, quienes deseen postularse como operadores del Centro de Monitoreo deberán contar con los mismos requisitos, como también con conocimiento intermedio del paquete Office y manejo de Internet.

Los interesados en postularse tienen tiempo de hacerlo hasta el 15 de febrero, completando el formulario y adjuntando su currículum vitae previa inscripción a la plataforma Escobar 360º (ingresando a la sección “Inscripción preventores” o “Inscripción monitoreadores”.

Luego del atentado que tuvo como principal víctima a Cristina Fernández de Kirchner, legisladores han presentado numerosos proyectos para saber cómo esta garantizada la seguridad a los mandatarios. Una de ellas fue la vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi, quien volvió a presentar una iniciativa solicitando información al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Banfi criticó que “durante la sesión informativa del 14 de septiembre de este año, le pregunté al jefe de Gabinete Juan Manzur sobre la seguridad de los mandatarios. No respondió. Reenvié mis preguntas por escrito a través de una nota”, y denunció que “respondió, pero negándose a dar la información”.

Al respecto, comunicó que, junto al vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, el diputado santafecino Juan Martín, “presentamos un pedido de acceso a la información pública para saber cómo está garantizada la seguridad de los presidentes y vices. Necesitamos saber”.

El municipio de Tigre incorporó 10 nuevos móviles al Centro de Operaciones Tigre para reforzar el patrullaje de las calles del distrito. El intendente Julio Zamora participó de la presentación de las nuevas unidades equipadas con radios de última tecnología, desfibriladores automáticos y sistema AVL para monitoreo y seguimiento en tiempo real. 

“Con estos nuevos móviles, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, reforzamos y ayudamos a todo el sistema de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La experiencia acumulada durante estos años nos ha permitido, por ejemplo, tener este año el menor índice de robo de automotores, lo que es una señal clara del avance que hemos tenido en materia de seguridad y cómo a través de la tecnología, del equipamiento y de la formación de los recursos humanos, se va optimizando el servicio”, explicó el jefe comunal y añadió: “Hemos alcanzado un sistema robusto, que da respuesta al ciudadano rápidamente y que lo seguirá haciendo cada vez con más eficiencia”. 

Los nuevos móviles fueron adquiridos con fondos municipales. Tres de los vehículos estarán destinados al Grupo de Prevención Urbana (GPU) para reforzar las cuadrículas con mayor circulación y lugares estratégicos del partido. De esta forma, habrá 1 móvil patrullando las 24 horas cada una de las 32 cuadrículas del distrito y mayor prevención en zonas comerciales, corredores viales y puntos estratégicos según el mapa del delito. 

Estas nuevas unidades se suman a la flota ya existente, alcanzando un total de 130 móviles municipales que patrullan en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. La misma incluye camionetas 4×4, embarcaciones, cuatriciclos, motos de agua y vehículos Unimog. 

El municipio de Tigre cuenta además con más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET. 

Con el eje puesto en la seguridad, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vial (Pro) cruzó en redes sociales al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que éste criticara la política penitenciaria del gobierno de Cambiemos y la calificara como un “absoluto fracaso”.

En su cuenta de Twitter, la macrista le enrostró: “Entrando en el 4to año de gestión el Gobernador se acuerda del tema y vuelve a la carga con su clásico: ‘ah, pero Cambiemos’”, y le recordó que “su partido nos dejó una provincia donde hacía 18 años no se construía una unidad penitenciaria y 7.000 presos no tenían colchones”.

“Y si durante nuestro gobierno aumentó la población carcelaria fue porque teníamos una política de seguridad que actuaba contra el delito. Lamentablemente no podemos decir lo mismo ahora”, remató Vidal.

Durante la presentación de un programa que busca llevar educación a todas las cárceles, Kicillof apuntó contra la gestión anterior: “La política penitenciaria de Cambiemos fue un absoluto fracaso”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, encabezó el acto de graduación de nuevos agentes que se realizó en la base del Patrullaje Municipal. Están abocados a tareas de prevención y de patrullaje y se acoplan a los más de 250 que ya estaban en actividad. 

“Apenas comencé como intendente formé el primer patrullaje municipal del país, donde se incorporan agentes que están abocados a la conducción del vehículo y la comunicación. A ellos los acompañamos con la contratación de policías de la Bonaerense fuera de su horario laboral”, explicó Posse, luego de entregar diplomas y darles la bienvenida a los nuevos efectivos municipales. 

Más allá de reconocer que la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad es del gobierno provincial, el jefe comunal aseguró: “Tenemos el compromiso asumido de cuidar a los vecinos y visitantes del distrito, instruyendo profesionalmente a los inspectores que circulan las calles de San Isidro las 24 horas del día”. 

Los nuevos agentes de entre 25 y 35 años, realizaron un curso de más de cuatro meses con unas 14 materias como conducción segura, reglas de tránsito, manejo defensivo, historia, geografía, ética, legales, delitos, lectoescritura, entre otras. 

El municipio de San Isidro complementa su programa de seguridad con más de 1.900 cámaras y 200 móviles municipales – blindados, con GPS y conectados a la Central de Monitoreo – que patrullan las calles del distrito durante las 24 horas, los 365 días del año. 

El jefe de Gabinete de Lanús Diego Kravetz participó del cierre del primer curso de profesionalización política. El mismo se desarrolló en la Escuela de Policía Local de Gerli Este y contó con la instrucción de jueces, fiscales y personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Es el primer curso que se lleva a cabo en la Escuela de Policía de Lanús y consistió en actualizar técnicas de intervención y procedimientos policiales. El fin de este tipo de capacitaciones es el de jerarquizar la policía, trabajando de forma eficiente y eficaz en la atención de urgencias. 

“Este tipo de capacitaciones nos sirve para que quienes nos cuidan estén más preparados a la hora de enfrentar momentos difíciles en los distintos barrios de Lanús”, expresó Kravetz, y continuó: “Es muy importante el trabajo en conjunto con el Ministerio (de Seguridad de la provincia) ya que de esta forma podemos perfeccionar el accionar policial”. 

El curso de profesionalización se realizó durante 3 lunes consecutivos, comenzando el 31 de octubre y finalizando el 14 de noviembre. Al mismo asistieron 22 efectivos de la fuerza. 

Junto a Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable de seguridad local, estuvo el subsecretario de Desarrollo y Formación Profesional del Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fiscales y jueces del distrito. 

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al diputado nacional de Santa Fe, Juan Martín, presentaron un proyecto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, para agilizar las investigaciones criminales. La exposición de la iniciativa basada en la experiencia mendocina fue presentada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 

Durante la conferencia, Cornejo comentó que la iniciativa se está presentando en las dos cámaras del Congreso y, paralelamente, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también elevó a la Legislatura santafesina un proyecto que tiene la misma dirección.   

Cornejo explicó que en 2013 se sancionó la Ley 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta ley se reglamentó recién en el 2017, a través del decreto 522/17: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido 400 muestras, que es una base de datos muy chica”. 

Cornejo y Martín expresaron que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas indubitables. “Si hay un testimonio, más la localización de rastros de ADN en la escena del hecho, esa persona tiene que dar explicaciones”, sostuvo el senador nacional y aseguró que “cuando asumí la gobernación de Mendoza teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Empezamos modificando el Código Procesal Penal, pusimos en marcha en Registro de Huellas Genéticas e hicimos un trabajo de resocialización en las cárceles que hoy nos permite mostrar que el 50% estudia y la otra mitad trabaja”. Además, puntualizó que las medidas tomadas ayudaron a los homicidios cayeran de 9 cada 100.000 habitantes a 4 cada 100.000 habitantes. 

Según explicaron los legisladores, lo que se busca es tener una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos y que crezca y se alimente de todas las provincias. “La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo y comentó que para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.  

El presidente del interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado ya 423 impactos identificatorios positivos (matchs). “De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos”, precisó el mendocino. 

Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales. “La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana”, confirmó. 

Por su parte, Martín comentó que “cuando el Estado llega tarde o no funciona el dolor para las víctimas es irreparable, pero al menos traer justicia trae paz” y remarcó la experiencia de Mendoza al considerarla como “incontrastable”. Además, explicó que “este banco y registro evita nuevos delitos, porque esos delincuentes que pudieron ser identificados por los fiscales y tuvieron su condena no están dando vuelta para cometer otros delitos. Es una visión que compartimos con Alfredo y es que toda la política de seguridad tiene que ser ponernos en el lugar de las víctimas”. 

Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario. 

La Legislatura de Buenos Aires se presta a dar comienzo al tratamiento en comisiones al proyecto presentado por el diputado del espacio de Javier Milei, Nahuel Sotelo con el fin de autorizar el uso de armas electrónicas, tales como las pistolas eléctricas taser, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad de la provincia de Buenos Aires. 

Luego de más de seis meses desde su ingreso, el proyecto comienza su recorrido por las diferentes comisiones. Este jueves se tratará en la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, donde el Frente de Todos tiene mayoría. 

La iniciativa ya había generado revuelo desde el momento que se presentó, debido a que varios sectores de la política insisten en la peligrosidad y mortalidad de la implementación de las mismas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

El libertario, que sostiene la necesidad “fortalecer el accionar de las fuerzas de la provincia”, dándoles nuevas herramientas para el combate del delito, argumentó que: “El objetivo principal de las fuerzas de seguridad debe ser garantizar la seguridad de los ciudadanos que no están cometiendo delito alguno, en este marco el uso de armas de electrochoque representa un claro beneficio a estos ciudadanos y también a los miembros de las fuerzas de seguridad quienes podrán actuar con mayor libertad sabiendo que al accionar estas armas, el riesgo de herir gravemente a un delincuente se reduce notablemente. Así también se reducen las posibilidades de enjuiciar a un agente que haya accionado en cumplimiento de su deber”. 

El diputado mileista agregó “debo agradecer a Florencia Retamoso y Matías Ranzini, diputados de Juntos por el Cambio, que apoyarán este proyecto en la comisión. Una lástima lo del Frente de Todos que prioriza lo ideológico por sobre la sociedad”. 

Finalmente, Sotelo afirmó que “la responsabilidad de nuestro espacio es pensar en los agentes de seguridad y en los ciudadanos de bien, la política no puede seguir mirándose el ombligo”. 

La diputada bonaerense Florencia Retamoso presentó un proyecto para que la Policía de la Provincia de Buenos Aires refuerce el patrullaje en rutas y autopistas del AMBA, incluyendo la Ciudad de La Plata, ante “la escalada del aumento de robos de motos a mano armada que derivó en el brutal asesinato del empresario Andrés Blaquier”. 

“En los últimos tres meses ha recrudecido de manera dramática el robo de motovehículos a mano armada en las principales rutas y en varias zonas donde, usualmente, los motociclistas suelen viajar para realizar escapadas de miniturismo”, sostuvo Retamoso. 

“Ya no se trata de ladrones ocasionales, sino que lo hacen de manera sistemática y con la modalidad ‘mano armada y de moto a moto’. Es muy común leer, escuchar y ver en las redes sociales de la comunidad motera este tipo de ilícitos de altísima peligrosidad y graves consecuencias”, agregó. 

La diputada aseguró que los vehículos se utilizan para vender sus repuestos y para comercializar en el mercado negro de redes sociales a precios irrisorios.  

“No debe ser tan difícil ciberpatrullar estos sitios para ayudar a las víctimas de robos a recuperar sus motovehículos y desbaratar a estas bandas del crimen organizado. Sin dudas falta voluntad política y poner los recursos mínimos necesarios para lograrlo”. 

Por último, Retamoso exigió que “hay que aumentar el patrullaje motorizado, generar puestos de retén en las vías mencionadas, detener y solicitarle documentación a todos los motociclistas que vayan de a dos, y poner a circular en moto a policías de civil (con apoyo a corta distancia) que sir-van de ‘anzuelo’ para capturar a estos criminales”. 

Acompañan el proyecto Daniel Lipovetzky, Alex Campbell, Juan Carrara, Julio Pasqualin, María Eugenia Brizzi, María Paula Bustos, Johanna Panebianco, Noelia Ruiz, Martiniano Molina, Anahí Bilbao, María Alejandra Lorden y Claudio Frangul. 

El jefe del bloque Pro y en su carácter de exministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, le respondió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con una irónica pregunta: “¿Tu gestión cuándo arranca?”, luego que el funcionario lo “mandara a trabajar” en una entrevista radial.

Ante la amenaza que recibió el juez Jorge Gorini, que se encuentra a cargo de la causa ‘Vialidad’ que tiene como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Ritondo apuntó contra Aníbal Fernández y lo culpó de ser el “responsable” de lo sucedido, lo que conllevó a que el funcionario lo “mandara a trabajar” durante una entrevista radial.

Lejos de quedarse callado, el diputado del Pro le retrucó a través de las redes sociales: “Es lo que hacemos desde el primer día”, al tiempo que denunció: “Mientras tanto, el narco maneja Rosario, los pseudo mapuches te toman el Sur y en la Provincia te asesinan por un celular. Ah, y casi matan a la vicepresidenta”, y remató con una irónica pregunta: “¿Tu gestión cuándo arranca?”.

En el Centro de Operaciones de Tigre, autoridades del municipio recibieron la visita de funcionarios de la ciudad de Luque, Paraguay, interesados en el modelo de Protección Ciudadana implementado en el distrito. Tras una reunión y posterior recorrida, la comitiva del país vecino elogió las políticas impulsadas en la ciudad. 

“Una vez más, recibimos la visita de un municipio que nos toma como modelo y se interesa en conocer el funcionamiento de nuestra estructura, el servicio que brindamos a nuestros vecinos y las políticas impulsadas por el intendente Julio Zamora en materia de seguridad. Creo que estos encuentros son muy buenos, porque nos permiten ver de qué manera avanzar e intercambiar estrategias”, expresó el subsecretario de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, Pedro Ridosz. 

Durante el encuentro, los funcionarios del Municipio de Luque consultaron por el funcionamiento de las más de 2.000 cámaras de videovigilancia instaladas en el distrito, la implementación de la aplicación Alerta Tigre Global, el patrullaje de los móviles municipales, la cooperación con las distintas fuerzas de seguridad y la Justicia, y las tecnologías que se incorporarán en el corto plazo. 

Respecto de la visita, el intendente de Luque, Carlos Echeverría, señaló: “Valoramos mucho el gran esfuerzo que venimos a encontrar en Tigre, una ciudad referencia no sólo en Argentina, sino también para otros países. Esto se debe a un enorme trabajo que fue sostenible en el tiempo. Luque es similar a Tigre en cuanto a infraestructura y cantidad de habitantes. Queremos replicar este modelo en nuestra ciudad, por eso vinimos a escuchar su experiencia. Les estamos agradecidos por la oportunidad”. 

Cabe señalar que, gracias a su Sistema de Protección Ciudadana, el Municipio de Tigre es líder en la prevención de robos, faltas de tránsito, accidentes, siniestros y emergencias en general. Trabaja en articulación con la Policía, Gendarmería, Prefectura, bomberos, Defensa Civil y el Sistema de Emergencias Tigre (SET). Todo se centraliza y monitorea desde el COT. Además, es el primer distrito en aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, y en implementar dispositivos como el DAMA para casos de mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar drones en situaciones de emergencia y de inseguridad. 

Dos productores del programa Telenoche (Canal 13) intentaron este jueves ingresar a la Cámara de Diputados con un arma de fuego “inutilizable”, lo que provocó la advertencia por parte de la seguridad y la intervención de la Policía Federal. Ahora el hecho es investigado en la Justicia.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por la Cámara baja, “el día jueves 25 de agosto se presentaron en el ingreso al público de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dos productores del programa Telenoche con la finalidad de realizar tomas en las instalaciones del Palacio Legislativo para un programa periodístico de dicha señal informativa”.

“Al momento de su ingreso, luego de referenciar que disponían de material de utilería, el personal de la Dirección de Seguridad detecta mediante la utilización del scanner la presencia de un arma de fuego”, continua el texto.

En la información, revelada este viernes, se detalla que inmediatamente se dio “intervención a la Comisaría y personal de la Policía Federal que inicia las averiguaciones e investigaciones del caso, confirmando que en la gestión para la autorización de las labores periodísticas omitieron declarar la portación de un arma de fuego inutilizable como elemento de uso en la producción audiovisual”.

En el caso, interviene el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo, a través de la Secretaría de Canelo Martín.

Según detallaron fuentes de la Cámara baja a parlamentario.com, los productores tenían permiso para grabar un informe en la Biblioteca que está situada dentro del Palacio.

“El arma era a modo ilustrativo”, aseguraron y agregaron: “Se olvidaron de avisar que la llevaban en el pedido de autorización que hicieron con la Biblioteca”.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó la instalación del nuevo sistema de videovigilancia en el Paseo del Viento.  

El sistema está conformado por nuevas cámaras de seguridad (fijas y domos), las cuales vigilan toda la zona y están conectadas las 24 hs con el Centro de Monitoreo. Las cámaras cuentan con movimiento horizontal 360°, longitud visible de más de 500 metros, resolución 4k y detección de movimiento.  

También se sumó un “Punto Seguro”, una herramienta de prevención de delito y un mecanismo de asistencia al vecino en caso de emergencia, que permite comunicarse de forma inmediata con el Centro de Monitoreo Urbano. El municipio ya cuenta con más de 100 “Puntos Seguros” distribuidos por los barrios del partido.  

En relación con esto, la intendenta Soledad Martínez expresó: “Estamos dando un paso más en materia de seguridad ciudadana para proteger a nuestros vecinos, en este caso sumando nuevas cámaras en el Paseo del Viento. Seguimos sumando cámaras y videovigilancia para que tanto los vecinos de Vicente López como aquellos que nos visitan puedan disfrutar y sentirse protegidos”. 

“Este plan lo impulsamos con Jorge Macri hace algunos años y suma hoy más cámaras. Es muy importante para nosotros continuar con esta política de seguridad” concluyó la jefa comunal. 

El jefe de Gabinete y responsable de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, encabezó un evento que tuvo lugar en el Hall Municipal, en el que se otorgaron diplomas de finalización de curso al primer personal motorizado de seguridad del municipio. 

“Quiero felicitar a todo el equipo por lo que se está haciendo. Es el primer cuerpo motorizado de seguridad que tenemos y la primera escuela de seguridad vial para motos que existe en un municipio. Tenemos una expectativa importante con este cuerpo de seguridad, ya que tendrá presencia en la calle de vital importancia para los vecinos de Lanús”, expresó Kravetz. 

Además, el jefe de Gabinete, destacó la labor deliIntendente, la importancia de generar cursos y la preocupación por la seguridad del distrito: “Demostramos que no sólo combatimos el delito, sino que también respetamos las normas que hacen al comportamiento social de todos. Esta es una posibilidad que nos dio el intendente, Néstor Grindetti, de generar instituciones, cuerpos nuevos. Nosotros creemos que el vecino necesita cosas que no se hicieron hasta acá. Todos nosotros juntos vamos a darles un mejor servicio de seguridad vial y ciudadana a todos los vecinos de Lanús”. 

Es la primera vez que el cuerpo de seguridad municipal incorpora motos a sus filas, las cuales estarán destinadas a la vigilancia, principalmente, de los centros comerciales a cielo abierto que tiene el distrito. Los efectivos estarán afectados a la tarea de disuasión y alerta en caso de hechos delictivos, comunicados y conectados con el Centro de Monitoreo. 

Participaron del evento el subsecretario de Movilidad Sustentable, Jorge Matanic, la directora de Seguridad Vial, Paola Fagundez y el coordinador e instructor de la Escuela de Conducción Segura de Moto, Gabriel Jofré. 

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó la instalación del Punto Seguro número 100, para seguir colaborando con los vecinos ante una emergencia. Se sumará a los ya ubicados en cada rincón del municipio, principalmente cerca de escuelas, plazas y centros comerciales.  

Punto Seguro es una herramienta de prevención de delito y un mecanismo de asistencia al vecino en caso de emergencia. Son utilizados ante un accidente de tránsito, conflictos en la vía pública o un incendio, permitiendo al vecino comunicarse en el momento con la Central de Monitoreo y de esa forma recibir una respuesta inmediata.   

Al pulsar el botón de alarma ubicado en el tótem el vecino se conecta instantáneamente con personal del Centro de Monitoreo Urbano y desde la central dan aviso a la patrulla con una alerta, de modo que pueda detectar rápidamente el lugar al que tiene que dirigirse. 

Además, cada Punto Seguro cuenta con una cámara domo, que logra visualizar con más claridad la situación en el lugar, y un parlante altavoz, así como también un botón de pánico, que es un pulsador de emergencia que al presionarlo activa la alerta. También se puede transmitir mensajes pregrabados y alarmas sonoras.  

Al mismo tiempo, todas las conversaciones quedan grabadas automáticamente en caso de que sean requeridas por la justicia. Cada punto se integra a la red municipal de cámaras de vigilancia, sistema de alertas y Centro de Monitoreo. 

En relación con esto, la Intendenta Soledad Martínez expresó: “Hoy cumplimos un hito importante que es llegar a 100 Puntos Seguros instalados. Los Puntos Seguros son tótems donde los vecinos en cada uno de sus barrios pueden activar un botón y conectarse inmediatamente con el centro de monitoreo en donde podemos asistirlos de manera inmediata con el SAME, la Patrulla Municipal, Defensa Civil y Bomberos”. 

La jefa comunal concluyó: “Es una política pública central dentro de nuestro plan integral de seguridad”. 

En diálogo con la FM pública de la provincia, la legisladora platense Lucía Iañez, a quien se vincula políticamente con el influyente diputado kirchnerista Carlos “Cuto” Moreno, destacó “la vocación del gobernador por resolver los problemas” de los bonaerenses y aunque admitió que la inseguridad es “multicausal”, valoró el hecho de que “haya más efectivos en las calles y en las comisarías” porque “siempre suma”.

Por otra parte, explicó que “se modificó la estructura del Ministerio de Seguridad. Desde que llegamos a la gestión se han agregado espacios muy importantes como los que tienen que ver con la participación ciudadana y la investigación criminal”.

“Para mí, que vengo de trabajar en Justicia y también por ser abogada, sé la importancia que tienen la construcción de datos, la investigación y el trabajar en una política criminal que realmente persiga al delito organizado”. Hoy “los tres poderes del Estado están trabajando en esa línea”.

A continuación aclaró: “Esto no es algo que se pueda hacer si no hay un trabajo conjunto. No se trata sólo de la definición de una ley que podemos hacer los legisladores, sino que también está su implementación (…) Muchas veces es el Poder Judicial el que determina finalmente el delito que se persigue y encarcela”.

Iañez manifestó que “estamos trabajando desde todos los sectores del Estado para que los delitos más graves, el crimen organizado, los que cambian la configuración de la vida social, puedan ser perseguidos por una política criminal seria y clara”.

Diego Santilli volvió este miércoles a Berazategui después de su última visita hace poco más de dos meses, y en esta oportunidad llegó al barrio de Villa Mitre para reunirse con vecinos, donde hablaron, junto a los concejales Julian Amendolaggine y Diana Paterno, de los problemas que acechan al barrio por la inseguridad. 

“No podemos resignarnos a ver y convivir con la venta de droga a la luz del día, o los robos que sufren los trabajadores, esperando el colectivo o llegando a sus casas. Vamos a ser inflexibles y trabajar en políticas claves para estar más seguros”, expresó el diputado nacional. 

“Todos merecen un trabajo digno, y en eso vamos a enfocarnos”, continuó, durante la charla de la que participaron referentes locales, como el consejero Escolar Pablo Kupec, Marcelo Ibarrola, José Luis Tirao, José Ballini, Griselda Giménez, Ruben Bottiglieri y Adrian Frías. 

Posteriormente, siguió su recorrida en Plátanos, donde vecinos le plantearon tanto a él como a Amendolaggine, los problemas que tienen con el servicio de agua, que provee el municipio. 

Luego de también dialogar con comerciantes de Ranelagh, tanto Julian como Diana Paterno se mostraron muy contentos con la visita del Colo. “Es una muestra del trabajo en conjunto que estamos haciendo para que cada vecino de Berazategui pueda vivir mejor. Hay una gran oportunidad que no hay que desaprovechar”, concluyeron. 

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estuvo presente en la puesta en marcha de la instalación del Anillo Digital. Se colocarán lectores de patentes en diferentes accesos al distrito para reforzar la seguridad. “Para nosotros es una prioridad que las familias estén protegidas; por eso comenzamos con este nuevo control en importantes vías de circulación y accesos para detectar vehículos con pedido de captura”, expresó el mandatario. 

El objetivo principal es continuar profundizando la lucha contra el delito con la incorporación de estas cámaras con lectores de patentes que aportan más tecnología para seguir con la transformación del distrito. “La primera la instalamos en Triunvirato y El Payador, Villa Bosch, justo en el límite con San Martín”, detalló el jefe comunal. 

Sobre las nuevas cámaras de seguridad, Valenzuela comentó la forma en la que van a funcionar: “Cuando viene un vehículo con pedido de captura, nos llega una alerta al Centro de Operaciones y Monitoreo para salir automáticamente a buscarlo”. Y agregó: “Es un paso histórico porque nos permite seguir agilizando nuestra respuesta frente a situaciones delictivas”. 

En el último tiempo, el mandatario del oeste bonaerense estuvo reunido con Jorge Macri, ministro de Gobierno, y Mauricio D’Alessandro, ministro de Seguridad, para intercambiar experiencias y conocer sobre el buen funcionamiento de este programa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tres de Febrero sigue reforzando la seguridad y protección de sus vecinos y vecinas con proyectos integrales como Ojos en Alerta, 3F COM, la Guardia Urbana, los Corredores Seguros y la renovación de los números de Denuncias Anónimas y Asistencia a la Víctima, entre otros. 

En el marco de la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de Escobar avanza con la instalación de ‘Paradas Seguras’ en distintos puntos urbanos del distrito, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos que utilicen el transporte público. 

En esta ocasión se colocaron siete Paradas Seguras en Garín, cuatro en Maquinista Savio y dos en Belén de Escobar. Las mismas están equipadas con cámaras de seguridad, botón antipánico, wifi y permiten cargar celulares y consultar el saldo de la tarjeta SUBE. El municipio proyecta instalar un total de 60 Paradas Seguras y 30 Tótems de Seguridad.

Además de la construcción, colocación e instalación de dichas estructuras, las Paradas Seguras están conectadas al Centro de Monitoreo de Garín donde son controladas por operadores durante las 24 horas de todos los días del año.  

Las Paradas Seguras que ya están operativas se encuentran ubicadas en los siguientes puntos:  

• Belén de Escobar: Islandia y San Vicente, Rivadavia y Spadaccini. 
• Maquinista Savio: Carlos del García y Los Jazmines, Carlos del García y Las Margaritas, Ruta 26 y El Picaflor, Ruta 26 y Beliera. 
• Garín: Mateo Churich y Cabo Primero Sullings, Belgrano y Padre Perna, Fructuoso Díaz y 1° de Mayo, Patricias Argentinas y Pellegrini y en las terminales de ómnibus de Garín. 

La intendenta de Vicente López Soledad Martínez trabaja junto al ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, con el fin de fortalecer la labor que se viene realizando en materia de seguridad, en este caso, el sistema de “Anillo Digital”. 

Esta tecnología permite identificar la entrada y salida de los vehículos que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López, detectando a aquellos que tengan una denuncia, un pedido de secuestro o estén en fuga. 

Para la intendenta, este encuentro “es una señal más del trabajo en conjunto que se viene realizando” y que facilita las tareas de seguridad, de apoyo logístico y de prevención del delito. 

Sobre la iniciativa Soledad Martínez expresó: “Este sistema que funciona hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que vigila los accesos a la ciudad, también va a empezar a cuidar a los vecinos que entran y salen de Vicente López”. 

La jefa comunal agregó que “es un paso más en el trabajo coordinado que venimos haciendo hace ya muchos años con el Gobierno de la Ciudad y en particular con el Ministerio de Seguridad”. 

Por otro lado, el ministro de Gobierno porteño Jorge Macri rescató la labor que se viene realizando hace muchos años entre el municipio y la Ciudad: “Esto ha permitido en la ciudad tener los índices de delito más bajos de los últimos 27 años. Esa inversión constante, un plan que se sostiene en el tiempo y la decisión política marcan la diferencia”. 

Además, agregó: “La incorporación de tecnología es muy importante pero más importante todavía es la voluntad de trabajar en conjunto. Que si se comete un delito de un lado de la General Paz o del otro tomarlo como si fuera propio y trabajar juntos. Eso nos ha permitido tener varios casos de éxito”. 

El ministro porteño concluyó: “Cuando hay voluntad de trabajar en conjunto, uno logra vencer al delito”. 

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, acompañado del jefe de gabinete Diego Kravetz, recibió al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri y a Marcelo D ‘Alessandro, ministro de Seguridad porteño en el marco de la ampliación del Anillo Digital con el objetivo de reforzar la seguridad y el control vehicular. 

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo local en donde se realizó la firma del convenio que tendrá vigencia de un año y se renovará de manera automática por el mismo período a menos que alguno de los municipios decida su rescisión. 

En este plano, Grindetti sostuvo que “desde el municipio venimos haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad sobre todo en los últimos seis años, colaborando en una responsabilidad que no nos atañe en una forma primaria, pero que a partir de la preocupación de los vecinos creemos que tenemos que estar presentes”. 

“Queremos dar un paso más allá porque el delito no termina de disminuir como a nosotros nos gustaría y esto es por un problema de coordinación entre las fuerzas provinciales y federales. Tenemos que volver a trabajar como se trabajó en los años de Mauricio y María Eugenia en el sentido de una participación activa en una mesa del análisis del mapa del delito y otro paso es el de la dependencia de la policía local lo cual es muy importante y estamos seguros de que colaboraría con la disminución del delito”, agregó el jefe comunal. 

Dentro de los puntos clave del convenio se encuentran el control automotor y poblacional en las entradas y salidas de CABA así como también el accionar en aquellos casos en los que se detecte un impedimento judicial para circular, denuncias y/o pedidos de secuestro. 

Por su parte, Jorge Macri destacó que “la tecnología cuando es acompañada de decisión política permití combatir el delito, hoy acá les estamos dando forma a algo que ya viene ocurriendo que es el trabajo en equipo las cámaras cuando hay tecnología y decisión nos permiten intervenir en el momento, frenar a una banda que venía cometiendo delitos, no esperar que haya un juez que nos dé la orden, sino intervenir y detenerlos en el momento”. 

En la actualidad la Subsecretaría de Seguridad y Emergencias de Lanús posee un total de 1000 cámaras y se prevé la instalación de 100 más entre cámaras DOMO y FIJAS. Las mismas cuentan con la particularidad de poder integrar el software de Reconocimiento Facial a cada uno de los equipos en cuestión. 

“El trabajo en conjunto con la ciudad es muy importante, para que nos demos una idea cuando nosotros empezamos la gestión con Néstor había unos 250 robos de autos por mes hoy estamos en menos de la mitad y eso es gracias al trabajo del intendente en el distrito pero también del trabajo coordinado que hemos logrado con el doctor D’ Alessandro que nos permitió hacer esta suerte de espejo de anillos y hacer controles recíprocos que hace que a las bandas les cueste más venir a robar al distrito”, explicó el responsable de la cartera de Seguridad del municipio. 

A lo que se sumó D’Alessandro quien remarcó que “lo principal es trabajar en conjunto, nosotros desde la ciudad de BS. AS. no somos una isla, no hay una frontera que nos divide, sino que nos une con muchos municipios del AMBA. Cuando está la decisión política y la prioridad es cuidar a nuestros vecinos se realizan este tipo de acciones que lo que traen es seguridad para todos los ciudadanos”.

La diputada nacional Mónica Fein (PS) se refirió al anuncio por parte del Gobierno nacional sobre el envío de 300 gendarmes a la provincia de Santa Fe ante la ola de inseguridad que azota, principalmente, a la ciudad de Rosario.

“Me parece insuficiente y fuera de tiempo absolutamente. Todas estas conversaciones vienen desde mucho tiempo, mientras tanto Rosario aumenta el grado de violencia. Hay un abandono del Gobierno nacional. No sé si alguna vez el ministro Aníbal Fernández, no porque tenga depositada mi confianza en su capacidad, estuvo presente”, sostuvo este martes.

La legisladora reprochó que se proponen 300 efectivos de Gendarmería, que “es parecido a un número de inspectores de tránsito”, cuando “hace años que nos dicen que van a mandar mil, que tampoco soluciona”.

“Hay una falta de política provincial, nacional, y una falta de coordinación de todos los actores”, señaló la santafesina, que observó que “el Gobierno nacional no asume el rol que le corresponde en este tema, que es narcotráfico, que es lavado de dinero, es también el sistema penitenciario”.

En diálogo con radio Mitre, la exintendenta de Rosario expresó: “Nosotros fuimos gobierno, muchas cosas logramos bajar. Fuimos logrando bajar con políticas sociales, de prevención, con acción policial, con acción de la Justicia, pero creo que no pudimos solos tampoco. Si no hay una coordinación de distintos niveles del Estado nadie va a poder avanzar en un delito que tiene muchos recursos, que inclusive puede cooptar sectores de la policía, de la justicia, de la política, del empresariado, que lava dinero en la propia sociedad. Es un delito muy complejo que requiere de la articulación de distintos actores y la verdad creo que estamos muy lejos de eso”.

“Hay falta de decisión política, falta de comprensión de lo que se está viviendo”, insistió, al tiempo que denunció que “la policía de Santa Fe siempre ha sido un actor problemático, muy infiltrado y muy tomado en muchos casos por el delito”. “Es imposible vivir en una ciudad donde no hay patrullaje”, sumó.

Para Fein, “el municipio tiene que fortalecer su presencia en los territorios” porque “cuando el Estado no está presente el narco se convierte en el que soluciona problemas y esto es lo que hay que evitar”.

“Creo que tenemos que exigir los diputados lograr que el Consejo de la Magistratura funcione y, fundamentalmente, nombre buenos fiscales, buenos jueces, que actúen, porque no puede haber una Justicia federal que mire para otro lado”, finalizó.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff pidió al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que implemente un programa de seguridad escolar a nivel de todo el territorio provincial. 

Al respecto, consideró que hoy Buenos Aires “tiene un gran problema de inseguridad y quienes más lo sufren son los más vulnerables: nuestros jóvenes y niños que deben transitar las calles para ir y volver del colegio”.  

Sobre el tema el titular del Partido UNIR dijo que “es necesario implementar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires corredores seguros donde nuestros jóvenes y niños puedan transitar cuidados por las fuerzas de seguridad para que vayan a la escuela tranquilos y puedan volver a sus casas sin riesgo alguno”. 

Asseff evaluó que “hoy esa política de seguridad existe en la provincia, pero no a nivel nacional, sino que algunos pocos municipios lo han tomado como medida por si solos, como ser Lanús y 3 de Febrero. Es necesario convertirlo en una medida de carácter provincial”. 

“La única preocupación que deben tener los alumnos de la provincia debe ser la de estudiar y aprender, no deben tener que preocuparse por volver a su casa sin haber sido víctimas de un robo o un arrebato. Por eso es necesario garantizarles que las calles por las cuales transitarán sus días escolares son seguras para ellos”, concluyó Asseff. 

Tras denunciar públicamente el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) que la Nación le retaceó al menos 700 millones de pesos a la seguridad de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que no está en los planes de la Casa Rosada sumar refuerzos ni recursos. “Veníamos advirtiendo esto que ahora el ministro confirma. Por eso decimos basta de reuniones y de fotos, basta de promesas, basta de excusas: pongan a la seguridad de los santafesinos y santafesinas como prioridad, háganse cargo y cumplan”, afirmó el legislador radical.

Días atrás, el diputado nacional Juan Martín hizo público que, tras analizar la ejecución del presupuesto nacional de 2021, se observa que a la provincia de Santa Fe se le restaron al menos 700 millones de pesos, mientras que en otros jurisdicciones, sin crisis en la materia de la misma magnitud, hubo sobreejecuciones de hasta 600% por sobre lo presupuestado. Al ser consultado al respecto, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández dijo que su cartera “no envía refuerzos”  y que él “no tiene nada que ver con los presupuestos provinciales”.

Para el diputado radical, esta declaración del ministro es “la confirmación de que el Gobierno nacional le soltó la mano en materia de seguridad a Santa Fe”, en momentos en que se vive una crisis de enorme magnitud, con el narco en avance, asesinatos, asaltos, entraderas y todo tipo de delitos al orden del día. “Resulta inaudito e indignante que el ministro de Seguridad de la Nación diga que no envía refuerzos de seguridad a nadie cuando él mismo el 28 de septiembre pasado, en medio de la campaña, había manifestado en una conferencia de prensa que la situación que se vive en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia, además de ser un problema local, era un problema donde la Nación también tenía que hacer su aporte”, recordó el legislador.

“Y allí -agregó- anunciaron la llegada de 1.575 efectivos federales que deberían ya estar presentes en la provincia. Se puso como plazo el mes de marzo y eso no sucedió y los efectivos federales hoy no están. Y el ministro lo dice sin ponerse colorado y con mucha liviandad”, remarcó Juan Martín.

El legislador señaló además que  “Aníbal Fernández dice que a él no le compete hacer un refuerzo en la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que nos preguntamos los santafesinos es, ¿el kirchnerismo cree que puede hacer este tipo de anuncios, jugando con la angustia, la preocupación, y el miedo de los santafesinos y santafesinas, incumplirlos y pasar desapercibidos?”.

Las cifras

La semana pasada, el legislador nacional explicó que la Nación realizó en 2021 una sobreejecución promedio del presupuesto de seguridad en todo el país del 130%, es decir un 30% más de lo proyectado. En principio, esa sobreejecución se debe a que el presupuesto 2021, calculado en 2020, se hizo con proyección de inflación de 29% cuando en realidad fue de 50%. Por lo tanto, hubo que adicionar recursos. Pero al analizar distrito por distrito cuántos fondos nacionales efectivamente llegaron, se ven desigualdades alarmantes. Mientras que a Santa Fe se envió poco más del 100% de lo proyectado, La Rioja recibió recursos en un 659% más de lo originariamente previsto, San Luis 626%, Catamarca 458%, por mencionar sólo algunos casos. Para Tucumán, otro caso paradigmático, se sobreejecutó un 300% el presupuesto y así llegó a un total de 5.000 millones de pesos, cuando el total para Santa Fe fueron 3.200 millones.

“Si tan solo se hubiese mantenido el promedio de sobreejecución nacional, a Santa Fe le hubiesen correspondido $3.900 millones. ¿Y para que hubiesen alcanzado esos 700 millones extra? Por ejemplo, para que en los últimos 3 meses del año 2021 lleguen 2000 efectivos federales aproximadamente. Lamentablemente eso no pasó, y ni siquiera se pudo cumplir con el envío de los 1.575 que prometió Aníbal Fernández en campaña”, planteó el diputado.