El senador radical cuestionó la estrategia por el Consejo de la Magistratura del Frente de Todos en el Senado y dijo que “es una muestra más que el kirchnerismo va por todo”.
El senador nacional Pablo Blanco (UCR) se refirió a la división del bloque oficialista y consideró que “es una muestra más que el kirchnerismo va por todo”.
“La desesperación de Cristina Kirchner en su afán de buscar impunidad es total. Quiere quedarse con la banca que le pertenece a la oposición y en ese camino tiene muchos cómplices que le están haciendo un mal a nuestro Republica”, sostuvo el radical.
En alusión a la estrategia K en torno al Consejo de la Magistratura, el fueguino resaltó: “Desde Juntos por el Cambio repudiamos esta maniobra que avasalla la justicia queriéndose quedar con los consejeros de la mayoría y de la minoría, que son lo mismo”.
“Esto es un golpe institucional. Tenemos la obligación de poner un freno a este avance en defensa de la República y de una justicia independiente”, finalizó Blanco.
La aspirante a ocupar el lugar en el Consejo de la Magistratura por la Cámara baja advirtió que la vicepresidenta “se quiere quedar con todos los consejeros”.
La diputada nacional del radicalismo Roxana Reyes es quien Juntos por el Cambio impulsa para ocupar uno de los lugares pendientes en el nuevo Consejo de la Magistratura. La maniobra del oficialismo ya habría sacado de circulación a Luis Juez en la Cámara alta, y ahora la santacruceña imagina que el oficialismo podría intentar lo mismo en Diputados, ya que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se quiere quedar con todos los consejeros”, dijo.
La diputada radical recordó por CNN Radio que sigue aguardando el aval del presidente de la Cámara baja, y al respecto afirmó que “Sergio Massa está muy presionado por Cristina”.
Santacruceña al fin, Reyes dijo conocer el ADN de la vicepresidenta, “porque tiene una obsesión por concentrar el poder. Ella sabe que el sentido del Consejo de la Magistratura era que hubiera oficialismo y oposición. Me parece muy berreta y está perdiendo la genialidad”.
“Hasta ahora, discutir si se cumplía o no la orden de la Corte era una crisis institucional… es penoso lo que está haciendo”, insistió la diputada en diálogo con María Laura Santillán y llamó a “impedir que esto suceda y no se trata de oposición u oficialismo, sino con el sentido más íntegro de la república”.
“Vamos a ir a la Justicia”, lanzó Reyes, y concluyó: “Esto no se mira desde la tribuna”.
El jefe de Gobierno porteño se manifestó muy duramente contra el oficialismo tras la maniobra usada en el Senado para quedarse con el consejero que deben nombrar para la Magistratura.
Dejando de lado las medidas tintas, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió a cuestionar muy duramente la medida adoptada por el oficialismo en el Senado, para sacar ventaja en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. “El kirchnerismo le hace trampa a la democracia”, denunció el dirigente del Pro, para quien “una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir”.
“Pretenden un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces”, agregó el jefe de Gobierno, afirmando que “eso hicieron con la reforma del 2006 que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional”.
Para Rodríguez Larreta “el fallo de la Corte es claro: la ley que regulaba el Consejo es inconstitucional y hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional entre los estamentos tal como lo indica nuestra Constitución Nacional”.
Larreta sostuvo que “este fallo implica que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores deben enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura para que el organismo encargado de designar, evaluar y remover a los jueces pueda funcionar como la ley manda. Si los presidentes de ambas cámaras se niegan a garantizar que los representantes por la segunda minoría, que son una diputada del bloque de la UCR y un senador del bloque Pro, ingresen al Consejo, estarán incumpliendo una sentencia de la Corte”.
Y, también, agregó, “van a estar violentando la Constitución y lesionando el Estado de Derecho al tensionar la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.
Horacio Rodríguez Larreta remarcó que “no hay ninguna duda de quiénes son estos representantes. Ya fueron designados y, aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la democracia”.
“Los fallos se cumplen. La palabra de la Corte no está abierta a interpretaciones. Hay que acatarla”, expresó Rodríguez Larreta, para concluir: “Desde Juntos por el Cambio vamos a actuar mediante todas las instancias correspondientes para hacer cumplir esta y todas las leyes que rigen la vida cotidiana de todos los argentinos”.
Sorprendidos por la maniobra del oficialismo en el Senado para quedarse con uno de los dos lugares en disputa, la principal oposición ya anticipó que irán a la Justicia.
“A mí no me asombra la maniobra del Senado, porque es kirchnerismo en estado puro. Es decir, en el estado del atropello institucional, sin límites que uno pueda imaginar”, expresó el presidente del bloque UCR, Mario Negri, ante la decisión adoptada en la Cámara alta que le permite al oficialismo quedarse con uno de los lugares en la nueva composición del Consejo de la Magistratura.
Las espadas legislativas de la principal oposición se reunirán este miércoles para analizar los pasos a seguir, pero al respecto Negri recordó por TN que las notas presentando a los candidatos después del fallo de la Corte Suprema habían sido presentadas una el 13 de abril y la otra este martes 19. “Esto significa nada menos que una artera maniobra, peor que la complicidad del juez de Paraná, peor que como lo trató la Corte Suprema”, sostuvo Negri, para quien el oficialismo “anda con fósforos apagados… guarda que los van a encender en cualquier momento”.
Con todo, el diputado cordobés sostuvo que “la raíz del problema es no acatar el fallo de la Corte Suprema e incurrir en la posible comisión de delito. Esperemos que en la Cámara de Diputados no intenten hacer lo mismo, aunque no descarto que quieran elegir ese camino, pero la réplica va a ser igualmente dura y más fuerte por la crisis institucional en que nos han metido”.
Así las cosas, Negri admitió que “son capaces de intentarlo” también en Diputados, aunque enfatizó que “todo tiene patas cortas, nosotros vamos a concurrir a la justicia hasta las últimas consecuencias, por todos los caminos que correspondan porque en realidad lo que ha hecho la presidenta del Senado, espero que el presidente de la Cámara de Diputados no se anime a hacer lo mismo. Es francamente un alzamiento disimulado, desembozado, del fallo de la Corte Suprema”.
“Les importa un comino lo que pase con las instituciones, y seguramente deben pensar que a los ciudadanos esto no les importa mucho”, concluyó.
Juan Manzur respaldó la división del bloque Frente de Todos que le permite al oficialismo contar con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.
El Gobierno nacional apoyó la maniobra realizada por el Frente de Todos en el Senado para quedarse con el lugar que le corresponde a esa Cámara para sumar al Consejo de la Magistratura. Lo hizo a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que sostuvo que la medida está “dentro de los parámetros legales”.
Consultado este miércoles por Crónica TV, el jefe de Gabinete señaló que “la decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos dentro del Senado de la Nación está dentro de los parámetros legales”, según los cuales “está permitido este tipo de accionar y esto tiene que ver con una decisión del Máximo Tribunal de Justicia de proponer y avanzar en un fallo en el cual no estamos de acuerdo”.
“Por eso es la decisión correcta de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado”, cerró el gobernador en uso de licencia.
Durante la entrevista, Manzur admitió también que dentro del oficialismo “tenemos diferencias, hay distintas visiones dentro de nuestro espacio político”, pero aclaró que son absolutamente normales.
Ante el hecho consumado que le permitirá al oficialismo quedarse con un consejero más en la Magistratura, la oposición estalló indignada y espera una actitud similar en Diputados.
“El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes”. Así se expresó Mario Negri este martes por la noche, inmediatamente después de conocida la maniobra oficialista en el Senado para quedarse con el consejero que le corresponde a la Cámara alta para integrar el Consejo de la Magistratura. Y remató: “Sólo quiere su impunidad”.
En un mensaje posterior, el líder de los diputados radicales recordó que “desde el bloque UCR de Diputados y desde el bloque Pro del Senado presentamos los nombres de Roxana Reyes y Luis Juez el 13/4 y ambas notas a Massa y Cristina fueron ratificadas hoy, antes de la maniobra ideada esta noche por la vicepresidenta”.
Fue una de las múltiples reacciones de Juntos por el Cambio, desde donde el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reaccionó sin medias tintas: “TRAMPOSOS. ESTAFADORES. POR MÁS QUE QUIERAN, NO VAN A PODER. LA HISTORIA Y LA JUSTICIA LOS JUZGARÁ”, tuiteó con mayúsculas.
El jefe de ese bloque, Juan Manuel López, expresó por su parte: “Los truchos sin límites siempre serán delincuentes. Vamos a trabajar con la perseverancia de siempre para que lo paguen”.
El presidente del bloque Pro de la Cámara alta, Humberto Schiavoni, denunció una “burda maniobra de Cristina Kirchner para burlar el fallo de la Corte. El 13 de Abril lo nominamos a Luis Juez y ayer lo reiteramos nuevamente. El miembro correspondiente al bloque de la segunda minoría nos corresponde al bloque Pro y lo defenderemos hasta las últimas instancias”.
Por su parte, el jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que “el presidente de Diputados, Sergio Massa, y del Senado, Cristina Kirchner, desobedecen un fallo de la Corte Suprema que tiene la última palabra, un hecho de enorme gravedad institucional. No crucen límites que por respeto a la democracia y a los argentinos no se pueden volver a cruzar”.
Desde el Senado, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, señaló: “Vergonzosa e impostada división del gloque de senadores del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.
El diputado nacional Rogelio Frigerio expresó: “Otro atropello del kirchnerismo. Por orden de CFK rompen el bloque de senadores para sumar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Mientras buscan su impunidad, los argentinos enfrentamos los peores índices de inflación y pobreza de los últimos tiempos. No tienen vergüenza”.
Por su parte, Gerardo Milman señaló: “El FdT se estaría partiendo en el Senado para decir que el nuevo bloque se tiene que llevar el representante de la minoría en el consejo de la magistratura. Se quieren robar hasta las leyes. Y agregó: “Ahora se partirá también el FdT en Diputados para robarse otra vez la Justicia, lo único que le mueve al líbido a #CFK es su impunidad”.
A su vez, Paula Oliveto observó: “Que desesperados están!!!. Rompen en dos el bloque del Senado para quitarle el lugar a Luis Juez. Viven al margen de la ley con cómplices que dan asco. El país se hunde y la inflación se está comiendo el sueldo de los argentinos pero la Vice millonaria, sólo quiere la impunidad”.
La diputada Sabrina Ajmechet comentaba por su parte que “el jefe de bloque del kirchnerismo le manda una carta a Massa para que no acate el fallo de la Corte y no designe a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Y una hora después Cristina ordena romper el bloque: en el oficialismo todos bailan al ritmo de la VP y sus causas judiciales”. Y remató: “En esto el oficialismo no tiene fisuras: todos unidos por la impunidad de CFK”.
El ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo deslizó: “Se dividen para designar un consejero de la Magistratura, como tercer bloque de la Cámara. No creo que logren que se acepte que alguien puede ser primero y tercero al mismo tiempo”, a lo que la flamante consejera designada Jimena de la Torre dijo que “el problema adicional es que llegaron tarde. El plazo de 120 se cumplió el viernes 15.04. La separación del bloque la decidieron el 18.04. Los que deben asumir son los legisladores por la segundas minorías antes de vencido el plazo”.
A su turno, la diputada Mariana Zuvic optó por la ironía: “Dicen que se autoperciben minorías, todas”.
Cristina Kirchner dispuso que el bloque Frente de Todos se parta en dos, de modo tal de pasar a ser mayoría y segunda minoría, desplazando así al Pro, que impulsa a Luis Juez.
Tras larga dilación de parte de los presidentes de ambas cámaras para firmar los nombramientos de los dos legisladores que deben sumarse al nuevo Consejo de la Magistratura, y luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor.
¿Cómo? Partiendo en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasará a tener una bancada por la “mayoría” y la otra será la “segunda minoría”.
El Frente de Todos tiene hasta ahora 35 miembros. Mejor dicho, tenía… Pues a partir de ahora el “mayoritario” se denominará Frente Nacional y Popular, será el presidido por el formoseño José Mayans, y el otro tendrá 14 senadores y se denominará Unidad Ciudadana. Funcionarán como interbloque, pero a los efectos de la elección de consejeros para la Magistratura, les sirve.
De esta manera, con 21 miembros el Frente Nacional y Popular será el bloque de “mayoría”; la UCR, que tiene 18, será la primera minoría y Unidad Ciudadana la segunda minoría, con 14 miembros. El Pro, que tiene 9 senadores, queda fuera de carrera como segunda minoría, que es el espacio por el que el Senado debe designar un miembro.
El bloque Frente Nacional y Popular estará compuesto por Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Fabián Closs, Lucía Corpacci, Carlos “Camau” Espínola, María Teresa González, Ricardo Antonio Guerra, Edgardo Darío Kueider, Marcelo Lewandowski, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Cristina del Carmen López Valverde, José Miguel Ángel Mayans, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder, María Inés Pilatti Vergara, Antonio José Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, José Rubén Uñac y Pablo Yedlin.
El bloque Unidad Ciudadana será presidido por Juliana Di Tullio, y lo integran además Carlos Alberto Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Claudio Doñate, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré y Sergio Leavy.
Los actuales representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura son los kirchneristas María Inés Pilatti Vergara (Chaco) y Mariano Recalde. Ambos ahora quedaron en bloques distintos, o sea que la designada por el bloque de la mayoría será Pilatti Vergara y Recalde lo será por la segunda minoría. De manera tal que el nuevo consejero debería ser alguien del bloque Frente Nacional y Popular. Ya se verá quién es el elegido.
El presidente del bloque oficialista en la Cámara baja usa como argumentos las resoluciones de 2018, cuando se designaron a los actuales consejeros por el Poder Legislativo.
Sigue complicándose el diferendo entre oficialismo y oposición por la designación de los dos legisladores que deben completar la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura. Luego de que los legisladores de Juntos por el Cambio insistieran este martes en reclamar a los presidentes de ambas cámaras designar a la diputada radical Roxana Reyes y al senador Luis Juez, el Frente de Todos reaccionó por la noche a través del presidente del bloque de Diputados, Germán Martínez.
Lo hizo a través de una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en la que le pide en su carácter de presidente del bloque del Frente de Todos que “se abstenga de avanzar en cualquier designación de integrantes del Consejo de la Magistratura”.
En ese sentido argumenta que “no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el ‘bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’, de conformidad a lo expresado por el artículo 2, inciso 3 de la Ley 24.937”.
Tal solicitud se fundamenta en que Martínez entiende que la definición del criterio para la designación de integrantes debe tener en cuenta los antecedentes inmediatos de las designaciones realizadas previamente. Y en ese sentido adjunta a la nota la resolución 1588/2018 donde el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, procedió a la designación del diputado Pablo Tonelli (titular) y Mario Negri (suplente), en virtud de un acuerdo parlamentario del 14 de noviembre de 2018, en representación de la “primera minoría”.
Adjunta Martínez también la copia del acuerdo parlamentario del 14 de noviembre de 2018, por la cual los diputados Nicolás Massot, Mario Negri y Elisa Carrió, entre otros, donde solicitan al presidente de la Cámara de Diputados la designación de los diputados Tonelli y Negri en representación de la primera minoría.
También se adjunta la nota elevada el 13 de abril de 2022 por el diputado Negri, donde se solicita la designación de la diputada Roxana Reyes bajo el argumento de que la UCR es la “segunda minoría”.
La idea del oficialismo es que en todo caso el lugar no sea ocupado por alguien de Juntos por el Cambio sino por un representante de la izquierda, tal cual se sostuvo originalmente en el caso de la Cámara baja. Para el Senado, con el mismo criterio reclaman que ese lugar sea ocupado por un representante de lo que en 2018 era Unidad Ciudadana.
Es porque ninguno de los presidentes de las cámaras aún no ha firmado los nombramientos de los legisladores que deben ir como consejeros de la Magistratura.
Transcurrió otra jornada sin novedades en las designaciones de los legisladores que deberían completar la conformación del Consejo de la Magistratura. A pesar de las advertencias de los dirigentes de Juntos por el Cambio a los presidentes de ambas cámaras para que cumplan lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, los dos siguen sin responder.
Luego de que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el de la Cámara baja, Sergio Massa, no firmaran las designaciones este martes, el titular del bloque radical, Mario Negri, lanzó una nueva advertencia.
“No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo y aliados se queden con los lugares que corresponden a Luis Juez y Roxana Reyes”, expresó el diputado cordobés, que insistió: “Nos respaldan la ley de 1997 en vigor y los fallos de la Corte. Si quieren ir por izquierda les va a pasar como con el juez de Paraná”.
Desde el bloque proponen al senador cordobés Luis Juez como miembro titular y al presidente del espacio como suplente, ambos por la segunda minoría.
La novela por el Consejo de la Magistratura sigue sumando nuevos capítulos, ya que desde el Frente Pro presentaron una nota dirigida a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para exigirle que cumpla con la designación de los dos legisladores por la segunda minoría para completar el órgano judicial “acatando lo resuelto el 16 de diciembre de 2021 la Corte Suprema”.
Desde el espacio proponen al senador cordones Luis Juez como miembro titular y al presidente del bloque en el Senado, Humberto Schiavoni, como suplente.
“El Consejo de la Magistratura deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021”, expresa el fallo de la Corte Suprema.
En ese contexto, en la nota remarcan que “la sentencia se encuentra firme y debe ser acatada, a efectos de no entorpecer el debido funcionamiento de un órgano tan vital para nuestra República”.
La Corte Suprema asumió este lunes el control de ese organismo del Consejo de acuerdo a lo que dispuso a través de un fallo en el que ordena tomarles juramento a los nuevos integrantes del organismo, de modo tal que el Consejo de la Magistratura pueda ponerse en funcionamiento de forma inmediata.
De tal manera, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomará el control del Consejo, que comenzará a funcionar más allá de que todavía falten tres miembros: uno que deben elegir en nombre de los académicos y los dos que deben designar oficialmente los presidentes de ambas cámaras.
220419-Nota-a-presidencia-por-Consejo-de-la-MagistraturaEl presidente del bloque oficialista en Diputados consideró que la idea del ministro Guzmán es “una iniciativa interesante que pone en debate un buen eje para nuestro espacio político”.
Tras los anuncios económicos del Gobierno nacional, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, opinó este martes que el impuesto a la “renta inesperada” es “absolutamente razonable”.
“Estamos tomando una mínima situación de renta inesperada por parte de un grupo muy minúsculo que, en una situación global muy compleja donde los precios de alimentos y energía han cambiado radicalmente sus valores y han generado procesos de ganancias inesperadas, estamos viendo si una mínima parte lo volcamos para los sectores más vulnerables”, expresó en diálogo con radio El Destape.
Así se refirió el legislador a la decisión del Gobierno, transmitida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de poner en marcha una convocatoria para discutir un mecanismo de captura de parte de la renta inesperada de las grandes empresas, generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Apuntaría a aquellas que ganaron más de 1.000 millones de pesos.
Al respecto, Martínez recordó que “así como en el 2020 los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner pusieron en debate el aporte solidario de las grandes fortunas, acá estamos apuntando a otro lugar”.
“Estamos pensando en aquellas empresas que, por el exclusivo motivo de un cambio en los precios internacionales de alimentos o energía, pudieron tener una renta inesperada que no tuvo que ver con la productividad ni con la gestión”, añadió.
El santafesino consideró que se trata de “una iniciativa interesante que pone en debate un buen eje para nuestro espacio político”, y anticipó: “Vamos a trabajar para que podamos alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso”.
Consejo de la Magistratura
En otro tramo de la entrevista, el presidente de la bancada oficialista se refirió a la controversia generada con la Corte Suprema de Justicia por la situación en el Consejo de la Magistratura y apuntó que “la Justicia no tiene ninguna capacidad de legislar, está incurriendo en facultades legislativas y eso va en contra de la Constitución”.
“Hay hechos que se dan de bruces con cuestiones jurídicas muy básicas, especialmente la vinculada a la asunción de funciones legislativas que están expresamente prohibidas para la Justicia”, insistió el diputado, que confesó hacerse quedado con un “sabor amargo” por “no conseguir un tiempo más razonable para tratar y conseguir una ley”, al recordar que “la Corte tardó 1.577 días y a nosotros no nos dieron 30 días más para legislar. Me parece un desatino”.
Sin embargo, afirmó que no se resigna a trabajar en la Cámara baja “para buscar los consensos necesarios para poder aprobar la ley del Senado”, ya que “todo lo que pasó fue de una enorme gravedad institucional”, en relación a la restitución por parte de la Corte de la composición del Consejo prevista en la ley de 1997 que fue derogada por la norma sancionada en 2006, la cual ahora el máximo tribunal declaró inconstitucional.
“Lamentablemente se viene configurando hace tiempo un escenario muy fuerte de aislamiento del Poder Judicial respecto del resto de los poderes. No es nuevo y se ha profundizado en el último tiempo. Está claro que hay severas dificultades de diálogo entre los poderes”, observó Martínez.
La líder de la Coalición Cívica advirtió a las autoridades de ambas cámaras que no cumplir con el fallo de la Corte “puede encuadrarse en delitos penales”.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena en medio de la controversia por la recomposición anterior del Consejo de la Magistratura, que pasó a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En la previa de la conferencia de prensa que darán los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio para reclamar la designación de dos legisladores de ese espacio, a partir del fallo de la Corte que restituyó la ley de 1997 -derogada en 2006-, referentes de la CC-ARI enviaron este martes una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En la misiva, firmada por Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro -presidente del partido a nivel nacional- y Juan Manuel López -jefe del bloque en la Cámara baja-, expresan: “Nos dirigimos a ustedes como representantes del partido político Coalición Cívica ARI en relación al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la obligación que a ustedes les cabe de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires’, nombrando a los legisladores propuestos por los bloques políticos Frente Pro y Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, respectivamente, para completar la integración de dicho órgano constitucional”.
“No tienen ustedes obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema”, enfatizaron y señalaron que “esto especialmente luego de la resolución del pasado 18 de abril dictada por el Máximo Tribunal sobre la medida precautelar del grosero expediente ‘CASARETTO, MARCELO PABLO c/ CÁMARA DE DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986′”.
En referencia a la resolución de la Corte sobre la medida que había tomado el juez Daniel Alonso, los dirigentes de la CC-ARI indicaron que “la Corte extinguió ese proceso por carecer de validez desde su promoción, ordenando al Juzgado Federal N°2 de Paraná que proceda a su archivo y anulando todo lo actuado por ese Juzgado en el caso. Todo lo que se ordenó se ha notificado a la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional”.
En el final de la carta, Carrió, Ferraro y López advirtieron que “cualquier otra decisión por parte de ustedes como autoridades del Congreso representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional, conducta esta, que puede encuadrarse en delitos penales”.
El diputado oficialista compartió una entrevista que le hicieron al presidente de la Corte Suprema en 2018 y en la que se refería a la ley del Consejo de la Magistratura.
Luego que la Corte Suprema tome el control del Consejo de la Magistratura, al retrotraer la composición de una ley de 1997 -ya derogada- y declarar inconstitucional la norma de 2006, desde el oficialismo se replican las críticas al máximo tribunal.
El diputado Marcelo Casaretto, quien había presentado una pre-cautelar para que el Congreso no designe a dos nuevos consejeros, y fue avalada por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, pero la Corte anuló ese fallo, sacó a relucir este martes un archivo.
En su cuenta de Twitter, el legislador recordó una entrevista que le hicieron al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien en ese momento no presidía el máximo tribunal, y durante la que el magistrado expresó: “Es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador”.
“En contrario en 2022 pone en vigencia una ley derogada por el Congreso en 2006, luego de 16 años de análisis. Y entra por la ventana como presidente del Consejo de la Magistratura”, cuestionó Casaretto.
Durante la entrevista con el periodista Carlos Pagni en LN+, Rosatti recordaba -como exconvencional constituyente- que en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional “no hubo consenso” para determinar cuántos miembros de cada estamento debían integrar el Consejo de la Magistratura y entonces “lo dejamos para las leyes, para el legislador”, pero esas leyes “han sido constantemente cuestionadas por su constitucionalidad”.
“Tenemos un expediente en donde se está planteando la inconstitucionalidad de esta composición actual”, señaló en alusión a la Ley 26.080 de 2006, cuya impulsora fue Cristina Kirchner -en ese momento senadora- y que pasó de 20 a 13 miembros la conformación del órgano judicial.
Rosatti expresó en esa ocasión que “si la Corte dijera que es inconstitucional volveríamos a la ley anterior, pero como hay varios proyectos en el Congreso de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia es un órgano plural, donde estamos representados distintas especialidades, historias de vida, pertenencias, identidades originarias, a nosotros nos ha parecido importante dar un tiempo para que el poder representativo, es decir, el Congreso, pueda dirimir desde la política esto“.
“Creo que en el diálogo entre los poderes, pero es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador, el legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia a la Constitución, pero no podemos reemplazar al legislador diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso”, completaba el presidente de la Corte.
De recorrida por San Isidro, el jefe de la bancada macrista criticó la posición del oficialismo en torno al Consejo de la Magistratura y recordó que parte del peronismo votó la designación de Rosatti.
En recorridas por la provincia de Buenos Aires, el jefe del Frente Pro en Diputados, Cristian Ritondo, visitó la localidad de San Isidro y fue recibido por el intendente Gustavo Posse. Ambos dirigentes de Juntos por el Cambio se reunieron en el palacio municipal. También participaron del encuentro el diputado provincial Alex Campbell y la concejala Rosalía Fucello (Pro).
En referencia a la postura del oficialismo en torno al Consejo de la Magistratura, el legislador señaló que “cuando un Gobierno busca someter al Poder Judicial es porque su objetivo final es la impunidad”. “Esta actitud dañina y rencorosa no ayuda a la tranquilidad institucional y va a contramano de la Constitución”, advirtió.
El exministro de Seguridad apuntó: “Para justificar los ataques antidemocráticos, desde la vicepresidenta (Cristina Kirchner) hasta el ministro de Justicia (Martín Soria), mienten y tergiversan los hechos. El actual presidente de la Corte Suprema (Horacio Rosatti) fue designado por acuerdo del Senado que no tenía mayoría de Cambiemos. Por lo tanto, poner en dudas la independencia de Rosatti es una maniobra fraudulenta de un Gobierno que no respeta la división de poderes”.
Por su parte, Campbell sostuvo que “la gente no llega a fin de mes y la prioridad está puesta en incumplir con la Constitución para no perder el control de la Justicia. La obsesión del kirchnerismo es lograr la impunidad y sostener un relato que cada día se aleja más y más de los problemas que les importan a los argentinos”.
Luego del encuentro con Posse, las actividades de Ritondo en San Isidro continuaron con una reunión de vecinos, en la que trataron temas relacionados a la situación general de la provincia y de los municipios del Gran Buenos Aires. En ésta última actividad, se sumaron Gabriela Martínez y Benjamín Williams, concejales Pro de San Isidro.
Será este martes en una conferencia de prensa que brindarán los jefes de bloques e interbloques en Diputados y el Senado de la oposición.
Diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindarán este martes una conferencia de prensa para exigir ante la opinión pública que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen sendas resoluciones para designar en el Consejo de la Magistratura a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (Pro).
La rueda de prensa será a las 15.15 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, en el primer piso del Palacio.
Los jefes de bloques e interbloque en la Cámara de Diputados y de Senadores serán los encargados de brindar la conferencia de prensa, además de los legisladores propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría de cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley original de 1997 que fijó en 20 el número de consejeros, norma que está en plena vigencia tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2006.
El juez federal Daniel Alonso había dispuesto una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, con lo que el organismo no podría completarse. La Corte Suprema lo denunció por mal desempeño.
La Corte Suprema de Justicia anuló todo lo decidido por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había prohibido al Congreso enviar a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político.
Cabe recordar que la presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto ante el Juzgado Federal N° 2 de Paraná cuya cautelar ordenaba a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado había expresado que el Congreso no podía enviar a sus representantes al Consejo porque primero debía mandar u informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el cuerpo.
Fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quienes presentaron ante el órgano judicial un pedido de destitución de Alonso en el que enumeraron varios motivos, entre ellos, “haber ordenado desconocer parcialmente un fallo firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, de la Corte Suprema”, con lo cual acusaron al juez de “haberse arrogado el papel de órgano revisor de las decisiones de la Corte Suprema”.
También apuntaron al hecho de que el juez dictó una medida precautelar “para impedir el cumplimiento de un fallo judicial” y que admitió tramitar un amparo “en contra de lo dispuesto en el art. 2, inc. b de la Ley 16.986 de Amparo, que veda esa acción contra actos del Poder Judicial”.
De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la institución presidida por Alberto Garay, el pedido “incluye la suspensión inmediata en sus funciones al Dr. Alonso mientras dure el procedimiento de remoción”.
Entre los fundamentos de la presentación, se sostiene que “este cúmulo de arbitrariedades y desvíos groseros del derecho vigente (…) no pueden ser atribuidos a un mero descuido o equivocación inadvertida por parte del juez Alonso”, sino que representan “un evidente y grave desconocimiento del derecho, en especial de la Constitución Nacional” y “una evidente ineptitud intelectual que impiden que continúe en el ejercicio de la magistratura federal”.
Este lunes la Corte Suprema de Justicia asumió el control del Consejo de la Magistratura para que comience a funcionar, tras vencerse el plazo que el Máximo Tribunal estableció en el fallo que emitió en diciembre pasado en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, por lo que la composición del Consejo pasó nuevamente a tener 20 miembros.
La diputada oficialista sostuvo a través de las redes sociales que “es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial”.
Tras la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, luego de que venciera el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, la diputada oficialista Mónica Litza comparó el fallo de la Corte Suprema con la consiga de la dictadura militar: “El gobierno a la Corte”. Además, remarcó: “Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”.
A través de sus redes sociales, la diputada del Frente de Todos se preguntó: “¿Volvimos a 1945?”, y recordó: “El gobierno a la Corte era la consigna de los gorilas en los primeros meses de 1945. Provocaron el arresto de Perón y el 17 de octubre. No cambian nunca. No aprenden más. Ni siquiera actualizan los métodos”.
“Es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial”, expresó.
A su vez, instó al Congreso a sancionar una nueva ley que establezca “claramente que la presidencia del Consejo de la Magistratura se define mediante la elección de uno de sus miembros”.
“Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”, remarcó Litza en otro posteo y agregó: “El silencio implica que eso no debe ser así, ya que la regla de la Constitución es la no concentración de poder.
En ese marco, señaló: “El Consejo de la Magistratura aparece en 1994 precisamente para limitar el poder de la Corte al quitarle la administración del presupuesto del poder judicial”.
“El art. 114 de la CN determina expresamente quiénes componen el Consejo (legisladores, jueces, abogados, académicos) sin otorgarle la presidencia permanente a ninguno de ellos, y mucho menos, a un miembro particular del Poder Judicial que es a quien debe controlar”, cerró.
La legisladora mendocina recordó sus palabras durante el debate del Consejo de la Magistratura en el Senado, que sostuvo hoy toma especial sentido.
La senadora nacional mendocina Mariana Juri (UCR) consideró “inaceptable” lo que está ocurriendo con el Consejo de la Magistratura y que a su juicio ha derivado en una crisis institucional que atribuye al Gobierno nacional.
En ese sentido recordó sus dichos durante el debate en el recinto del Senado del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para modificar el Consejo de la Magistratura, que el 11 de abril pasado tuvo media sanción y que hoy toma especial sentido.
En esa sesión dijo que aspiraba a que el oficialismo reflexionara para que la ley que surgiera “sea realmente una ley que en pocas horas no vuelva a ser inconstitucional, no vuelva a ser en contra de los argentinos, que defienda el interés de todos los argentinos y de todas las argentinas; y que no sea para defender a un puñado de dirigentes que necesitan salvar sus causas judiciales, que por estos tiempos parecería que de esto es de lo que se trata”.
Asimismo le pidió al Frente de Todos reflexionar “y que cambien”. Advirtió entonces que “el Gobierno nacional, con sus desacertadas políticas, nos está llevando a la mayor crisis económica que hemos tenido en estos últimos tiempos. La inflación, incontrolable. Las medidas absurdas que se están tomando nos están llevando a una tremenda crisis económica; y sus absurdas peleas internas dentro del mismo gobierno, a una crisis política pocas veces vista. ¿Para qué nos llevarían ahora también a una gran crisis institucional?”
Por ello concluyó su discurso pidiéndole al oficialismo que “reflexionen y dejemos una buena ley para los argentinos”.
Así lo expresó el senador luego de que la Corte asumiera el control del organismo judicial. En ese marco, el neuquino señaló al expresidente Mauricio Macri de “estar detrás de esta maniobra para lograr impunidad”.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) consideró que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, está “asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo”, en lo que calificó como “un golpe de Estado institucional a uno de los poderes” de la Nación a la asunción del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para “lograr impunidad”.
“Está asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo. Es un claro golpe institucional a uno de los poderes”, sostuvo Parrilli en declaraciones en El Destape Radio luego de que el máximo tribunal asumiera al frente del organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces.
El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 “cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen”. “Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande”, apuntó sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.
En ese sentido, denunció que “se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso”. “Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada”, consideró Parrilli.
Y añadió: “Lamento que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto claramente es una maniobra de Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene”, y mencionó entre otras causas “el envío de armas a Bolivia, el espionaje a su familia, su partido, a nosotros y la causa por el endeudamiento con el Fondo”.
“No quieren que el Consejo de la Magistratura funcione porque no quieren que se normalicen los desastres que hizo el macrismo en sus cuatro años de gestión”, acusó Parrilli y expresó: “Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados” y los instó a “no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa”.
Luego que el máximo tribunal asumiera el control del órgano judicial, la bancada oficialista en Diputados señaló que “hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema”.
Tras el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conoció este lunes pasado el mediodía, a través del cual asumió el control del Consejo de la Magistratura, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados le reclamó al máximo tribunal que otorgue al Congreso un plazo de 90 días más para la sanción de una nueva ley.
“Desde el bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos exigimos a la Corte Suprema de Justicia que arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación”, arranca el comunicado emitido por la bancada que conduce Germán Martínez.
En línea con declaraciones que viene teniendo el titular del bloque, los legisladores apuntaron que “así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura (prevista por la Ley 26.080) es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación”.
“Asimismo, consideramos de enorme gravedad institucional que -amparados en una legislación derogada en febrero de 2006, por una ley del Congreso- el presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma la Presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial”, subrayaron.
Y completaron: “Hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema. La Corte Suprema tiene la posibilidad de generar las condiciones para hacerla realidad”.
Es para frenar la medida que tomó un juez de Paraná. Igualmente, el recurso quedó extemporáneo ante un nuevo fallo del máximo tribunal, que asumió el control del Consejo.
Juntos por el Cambio presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia un per-saltum para frenar la medida tomada por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien buscaba impedir la designación de dos legisladores como nuevos consejeros, al restituirse la ley de 1997.
Igualmente, al mismo tiempo que se presentaba el recurso extraordinario, el máximo tribunal emitió un nuevo fallo en el que asumió el control del Consejo de la Magistratura, con Horacio Rosatti a la cabeza, y ordenó prestar juramento a los nuevos miembros.
“Es imposible intentar parar, empantanar y embarrar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e ir en contra de una sentencia del máximo tribunal del país”, enfatizó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.
Asimismo, el cordobés expresó, tras la presentación de per-saltum: “Estamos muy satisfechos. Desde Juntos por el Cambio coincidimos con lo que se estableció en la acordada que acaban de firmar los jueces supremos para evitar que el juez de Paraná impida que se elijan los dos consejeros del Congreso que faltan designarse”.
“De cualquier manera, esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la presidenta del Senado (Cristina Kirchner) no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuestos por el radicalismo, la diputada Roxana Reyes, y por el Pro, el senador Luis Juez, quienes representan a la segunda minoría en cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley de 1997 a la que se retornó según el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006″, agregó Negri.
Por su parte, la diputada Reyes consideró que “resulta indispensable la independencia de los poderes del Estado, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue en esa dirección, ya que del Consejo de la Magistratura depende la designación de los jueces y el control de sus desempeño”.
“Es grave la demora de la designación de muchos jueces para el buen funcionamiento del Poder Judicial, retrasos solamente justificados en la necesidad del kirchnerismo de obtener impunidad”, manifestó la santacruceña.
Y agregó que “el per-saltum es un recurso extraordinario por el cual decimos al máximo tribunal que el fallo que dictó, que ordenó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y la vigencia de la ley de 1997 está siendo obstaculizada por un juez de Paraná. Requerimos anulación del accionar de ese juez y hacer cumplir el fallo de diciembre”.
Sergio Massa convocaría a los jefes de bloques este lunes para poner en marcha Peticiones, Poderes y Reglamento. Además, el titular de la Cámara baja se reunirá con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
En medio de la polémica por el Consejo de la Magistratura, cuya presidencia pasará a partir de este lunes a manos del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará constituir una comisión clave.
No se trata de la de Asuntos Constitucionales o la de Justicia, que deberían tratar el proyecto con media sanción del Senado sobre la conformación del Consejo, sino de la de Peticiones, Poderes y Reglamento, a partir del conflicto que el Frente de Todos entiende se despertó entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Con la intención de poner en marcha esta comisión, el presidente de Diputados, Sergio Massa, convocaría a un encuentro a los jefes de bloques. Hasta el mediodía de este lunes, desde la principal bancada opositora (Juntos por el Cambio) aseguraron a parlamentario.com que no había habido contactos por el tema.
Por su parte, Massa se reunirá con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo de asesores del Poder Ejecutivo en temas judiciales, y quien en una nota de opinión publicada en el portal Infobae sostuvo que “el camino es muy sencillo: el presidente de la Cámara de Diputados, por ser el ámbito que todavía no debatió el proyecto, debería pedirle al juez de primera instancia donde está radicado el expediente una ampliación razonable del plazo originalmente otorgado para que el Congreso sancione una nueva ley”.
Así lo dispuso el Tribunal Supremo a través de un fallo en el que anuncia la decisión de tomarles juramento a todos los nuevos integrantes del organismo.
La Corte Suprema asumió este lunes -primer día hábil posterior al vencimiento del plazo que había impuesto en diciembre pasado para definir la situación del Consejo de la Magistratura- el control de ese organismo. Lo dispuso a través de un fallo en el que ordena tomarles juramento a los nuevos integrantes del organismo, de modo tal que el Consejo de la Magistratura pueda ponerse en funcionamiento ya.
De tal manera, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomará el control del Consejo, que comenzará a funcionar más allá de que todavía falten tres miembros: uno que deben elegir en nombre de los académicos y los dos que deben designar oficialmente los presidentes de ambas cámaras.
Según pudo saberse, el fallo conocido este lunes establece que “a partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus argos previo juramento de ley”.
Así las cosas, el Consejo de la Magistratura “deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos renovó sus críticas contra los jueces del máximo tribunal y los acusó de estar “jugando a hacer política”.
En medio de la controversia por la conformación del Consejo de la Magistratura, y el inminente arribo de Horacio Rosatti como presidente de ese organismo, el ministro de Justicia, Martín Soria, cargó contra la oposición que “celebra que la Corte les arrebate la facultad de sancionar leyes y más aún se excitan Clarín y La Nación”.
“La Corte Suprema pone en funcionamiento una integración del Consejo que fue demostrado que fue pésima, que no funcionó”, cuestionó el funcionario en relación a la restitución de la ley de 1997.
En declaraciones a Radio Nacional, el titular de la cartera de Justicia criticó que los magistrados “tardaron 16 años en darse cuenta que la ley con la que se eligieron los jueces de la Argentina era inconstitucional”.
“Lamentablemente los jueces de la Corte están jugando a hacer política y no justicia”, lanzó y disparó también contra los medios de comunicación: “Los que dicen que entra en vigencia el fallo son Clarín y La Nación”.
En ese sentido, Soria explicó que “el fallo dice que los nuevos miembros van a iniciar su mandato de manera conjunta y en el Congreso todavía no eligieron a sus representantes”. En realidad, Juntos por el Cambio ya propuso a sus consejeros, pero Sergio Massa y Cristina Kirchner no estarían dispuestos, por ahora, a designarlos por resolución, además del fallo de un juez de Paraná que avala esa situación.
En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que “hoy los golpes de Estado se hacen en las poltronas de algún magistrado; esperemos que no llegue a tanto. Lo hemos visto en Brasil, en varios países de la región, esperemos no lleguen a tanto”.
“Esta Corte Suprema con cuatro integrantes, sin una mujer, desató un escándalo cuando se autovotaron. Rosatti y (Carlos) Rosenkratz fueron autoelegidos, antes nunca había sucedido algo así”, agregó.
El diputado oficialista consideró que “todas las fuerzas políticas deberían oponerse” porque “esto es un avasallamiento al Congreso”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a la recomposición del Consejo de la Magistratura, tras vencer el plazo fijado por el máximo tribunal al Congreso para sancionar una nueva ley, y advirtió: “Que (Horacio) Rosatti tome por asalto el Consejo es un hecho que suena como un golpe institucional de palacio”.
En diálogo con radio Futurock, el legislador cuestionó que desde la Corte “en 2006 durmieron un recurso que cuestionaba una ley cuya autora era la senadora Cristina Fernández. Ahora lo desempolvaron para decir que esa ley es inconstitucional”.
Con críticas al presidente del máximo tribunal, el oficialista apuntó que “Rosatti intentó ser nombrado juez de la Corte por decreto, y se autovotó como presidente. Hoy pretende asumir en el Consejo de la Magistratura. Lejos de mejorar la calidad de las instituciones, esto genera un conflicto donde no lo había”.
Ante la consulta sobre la posición del Frente de Todos respecto al tema, sostuvo: “Todas las fuerzas políticas deberían oponerse a la asunción de Rosatti. Esto es un avasallamiento al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo en su conjunto”.
“La parte que declara inconstitucional Rosatti es la forma de elección del presidente de la Corte, que tiene que ser por mayoría absoluta, eso sería inconstitucional y él se elige por sí mismo a través de un fallo. Es horrible, es el derecho feudal”, aseguró el porteño.
Desde la Coalición Cívica acusaron a la vicepresidenta de que “siempre quiso dominar la Justicia”, mientras que un diputado radical la culpó por estar “llevando al país a una situación de gravedad institucional peligrosa”.
Desde la oposición hubo reacciones por los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en relación a la Corte Suprema de Justicia, ante el arribo de Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura.
Luego que la titular del Senado cuestionara a “la casta de la que nadie habla”, refiriéndose al máximo tribunal, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) expresó: “La vicepresidenta de la Nación, el ministro de Justicia & Cía. están perpetrando un alzamiento institucional y flagrante injerencia en otro poder del Estado. Por más que quieran impunidad y una justicia adicta, no podrán. ¡Respeten la Constitución y el fallo de la CSJN!”.
“Cristina está llevando al país a una situación de gravedad institucional peligrosa. Su inaceptable presión sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y la Justicia, y la tensión que produce en el seno del propio Gobierno, agigantan la crisis que padece la Argentina”, acusó el legislador Miguel Bazze (UCR).
Por su parte, el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, publicó en su Twitter un vídeo de su jefa política, Elisa Carrió, con el mensaje: “¿La casta de la que nadie habla? Algunos políticos se ocuparon siempre de buscar un mejor Poder Judicial. No de dominarlo. @elisacarrio presentó su primer pedido de juicio político en 1996, fue a un juez, Trovato. El segundo al juez Bernasconi, por años siguieron decenas”.
“El vídeo anterior es de 2012. Era difícil después del 54% de Cristina Kirchner en las elecciones de 2011 que los jueces investiguen. Pero paciencia y perseverancia de por medio algunos avanzaron. Eso desvela hoy a la vice. Nunca terminó de dominar ese PJ”, apuntó.
El legislador fue más allá y al hablar del Consejo, recordó que “en 1994 la reforma de la Constitución de la que participaron, entre otros, ambos Kirchner, Rosatti, Maqueda, Carrió, creó ese organismo para hacer más independiente la selección y remoción de los jueces”.
“En 1997 se votó por gran consenso la primera ley que lo organizó. La impulsaron en @DiputadosAR Soria, Negri, Pichetto, Carrió. En Senado la votó CFK, pero en 2006 la senadora la destruyó. Ahora la Corte la repuso. Se tiene que volver a aplicar y la vice no quiere y lo hace saber con dichos y acciones”, continuó.
López observó entonces que “en la Corte están Maqueda y Rosatti. Esos jueces fueron convencionales constituyentes en 1994 y si de algo no participaron es de la ‘casta judicial’ antes de estar en la Corte Suprema. Rosenkrantz tampoco”.
“Cristina Kirchner votó esta Constitución y juró varios cargos por ella pero siempre quiso dominar la Justicia. La Constitución, su diseño y sus virtudes no la dejan”, lanzó y completó: “Cuando pronto quede en el pasado tendremos más fuerza y mejor escenario para recuperar la Justicia que nos debemos. No va a ser fácil porque la tentación de los que gobiernan es dominarla pero ya no habrá tanto poder de daño”.
En tanto, la diputada Gabriela Lena (UCR) señaló que “es increíble el lugar de gravedad institucional donde Cristina nos quiere llevar sin aceptar la conformación de Consejo de la Magistratura y seguir avasallando a la Justicia. Espero que además de JxC los demás diputados no avalen esta situación”.
“Lo que no les gusta a Cristina y a Massa es la República y la democracia. Los fallos de la CSJN deben ser cumplidos, nos agraden o no. Se pueden criticar pero jamás desobedecer. Me preocupa el silencio de algunos opositores. Es momento de defender la Constitución, sin fisuras”, fue el mensaje de la legisladora Paula Oliveto (CC-ARI).
El diputado oficialista acusó a los jueces de la Corte de querer “actuar más en política, por eso juegan con la oposición”.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) pidió a sus pares del Congreso no convalidar el “desembarco” del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el Consejo de la Magistratura, y consideró que hay una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.
“La ley está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley del Congreso que lo respalde”, sostuvo el legislador en declaraciones a Radio 10.
Además, el entrerriano, quien presentó una cautelar para frenar la designación de dos legisladores como consejeros -ante la restitución de la ley de 1997 vencido el plazo dado por la Corte- criticó que no se está respetando la “independencia de poderes” y rechazó que la Corte integre y “mucho menos” presida el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, además de administrar el Poder Judicial.
En esa línea, el oficialista consideró que existe una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.
“Rosatti busca tener el control del Consejo de la Magistratura. Tengamos en cuenta que hay un representante del (Poder) Ejecutivo, del Congreso -oficialismo y oposición-, de abogados, jueces, y de las universidades, pero la Corte Suprema no está ahí y ellos quieren meterse porque entonces pueden intervenir en la designación de jueces, en los aspectos disciplinarios y en la administración de los fondos del Poder Judicial”, advirtió.
Además, Casaretto cuestionó la postura de Juntos por el Cambio al respecto, y manifestó que “no se puede hacer lo que la oposición está haciendo” al “buscar refugio en alguna acordada o fallo de la Corte Suprema”.
“En la Corte Suprema también son dirigentes políticos. No es un poder independiente, al contrario, ellos quieren actuar más en política, por eso juegan con la oposición y pretenden quedarse con el Consejo de la Magistratura”, completó.
El jefe del Frente de Todos en Diputados opinó sobre “alternativas existentes” para evitar un hecho de “gravedad institucional”, y solicitó 90 días más para tratar la nueva ley.
En la antesala de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asuma al frente del Consejo de la Magistratura, vencido el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reclamó “tiempo para legislar” al Congreso, y así evitar un hecho de “gravedad institucional”.
En una publicación a través de la red social Facebook, titulada “Tiempo para legislar o conflicto de poderes”, el legislador habló de “alternativas existentes para encauzar el debate sobre el Consejo de la Magistratura”.
“Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia (de ahora en más CSJ) puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones“, alertó el santafesino.
En ese sentido, subrayó: “Al expresar estas palabras no estamos ’embistiendo’ ni realizando una ‘ofensiva’ contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”.
En un repaso sobre cómo se llegó a esta situación, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja mencionó que “el 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la CSJ declaró inconstitucional la Ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura”.
“Dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la CSJ ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros”, continuó.
Martínez observó que “la CSJ dijo otra cosa en ese fallo de diciembre de 2021. Además de declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y de emplazar al Congreso para que en 120 días sancione una nueva ley, dijo que -de no haber una nueva ley- se reponía la vigencia de la Ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997”.
“Esa ley de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al presidente de la CSJ, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática”, recordó.
El diputado analizó que “claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas” cuando “los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar”.
En referencia a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo en el Senado (con modificaciones), el santafesino resaltó que “de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con 4 días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes? -se preguntó-“.
Entonces sostuvo que “si en nombre de la -derogada- Ley 24.937 hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”.
“Mientras tanto, hay una medida pre cautelar interpuesta por el Juzgado Federal Nro. 2 de Paraná ante una solicitud realizada por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El fiscal federal de Paraná apeló, pero el juez no le concedió la apelación. En virtud de ese fallo, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores cuentan con 5 días hábiles para acercar al juzgado toda la información y análisis correspondiente. Mientras tanto, se tienen que abstener de enviar al Consejo las designaciones de los potenciales nuevos miembros, de acuerdo a la ley derogada en 2006″, explicó.
Y defendió que “las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un ‘per saltum’ a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente”.
En el tramo final de su publicación, Martínez expresó: “¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar“.
“Sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: TIEMPO para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos”, agregó.
E insistió que “si la CSJ le concede este plazo al Congreso, es porque tiene la predisposición a encaminar el tema. Si, por el contrario, este lunes el presidente de la CSJ avanza asumiendo la Presidencia del Consejo -en función de la ley derogada en 2006- se configurará un escenario de enorme gravedad institucional”.
“Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, concluyó.
Así planteó el senador Yedlin lo que puede suceder a partir de este lunes con el Consejo de la Magistratura. Cuestionó que lo presida el titular de la Corte.
Para el senador nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos – Tucumán), el hecho de que el presidente de la Corte Suprema vaya a presidir el Consejo de la Magistratura generaría “un gran desequilibrio”, al tiempo que advirtió contrariamente a lo que establece el fallo que dictaminó la inconstitucionalidad de la anterior ley vigente nunca el estamento político tuvo quórum propio hasta ahora.
A través de una serie de tuits, el senador tucumano destacó que este lunes se cumple el término que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) dispusiera en su fallo de diciembre 2021 para que el Consejo de la Magistratura(CM) no pueda seguir funcionando con la ley que desde 2006 lo rige. “Dicho fallo (dividido) consideró a esta ley después de 16 años de usarla y de haberla defendido (en otro fallo) como INCONSTITUCIONAL”, apuntó el legislador oficialista.
“El motivo alegado es que la suma del ‘estamento político’ 3 senadores, 3 diputados y 1 representante del Poder Ejecutivo lograrían unidos (NUNCA EN TODOS ESTOS AÑOS SUCEDIÓ) tener quórum (7/13) y eso sería DESEQUILIBRADO, y por lo tanto inconstitucional”, detalló el legislador, que agregó: “La Constitución expresa que el CM es una institución con participación heterogénea pero le exige ‘EQUILIBRIO’”.
Recordó Yedlin que “a contrarreloj el Senado emitió una media sanción de una nueva ley, en donde la suma de senadores, diputados y Poder Ejecutivo ya NO alcanzan para el quórum (7/17). La oposición no acompañó este proyecto, dado que, además de bajar el número del estamento político quieren que el presidente del CM sea siempre el presidente de la CSJN”.
Yedlin aclaró que ese tema no era exigido en el fallo, aunque recordó que sí se dio entre 1997 y 2006, y “claramente generaría otra vez, un gran desequilibrio y estaría claramente en contra del espíritu de los constituyentes y de la letra de la Constitución”.
Así las cosas, para Yedlin si este lunes el presidente de la Corte Suprema se presenta como presidente del Consejo de la Magistratura “estaríamos frente a un conflicto institucional de enorme gravedad. Reducir esto a creer que de un lado se busca impunidad y del otro República es mediocre y falso, además de muy peligroso”.
“Nuestra Constitución debe ser la que resuelva, no solo los intereses corporativos que no son y nunca lo fueron sólo los de ‘la política’”, concluyó Yedlin.
El presidente de la CSJN asumiría este lunes al frente del Consejo, en la vuelta de la aplicación de la ley de 1997. La vicepresidenta recogió comentarios de un periodista para renovar sus críticas.
“La casta de la que nadie habla”, dijo Cristina Fernández de Kirchner este domingo, en vísperas de la entrada en vigencia de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, según lo dispuesto hace cuatro meses por la Corte Suprema de Justicia.
La vicepresidenta de la Nación recogió unos tuits del periodista Matías Mowszet para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo Mowszet? “Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás”.
Luego el periodista enumera: “Aceptó entrar a la Corte por decreto; ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 jueces, fue decisivo; dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”. Y concluye: “Interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas”.
Ante ello, Cristina tuiteó este domingo: “¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios”. Y remata: “La casta de la que nadie habla”.
Salió a contestarle el presidente del bloque radical, Mario Negri. A través de Twitter expresó: “Cristina Kirchner prefiere generar un conflicto institucional sin precedentes antes de aceptar un Consejo de la Magistratura que no pueda controlar. Por eso sus acólitos están pidiendo la cabeza de Rosatti. Pero el FdT no tiene mayoría para avanzar con ese disparate. Tranquilos”.
Por Diego P. Isabella. Para el autor, el régimen declarado inconstitucional hace evidente que el estamento político contaba con un número de integrantes suficientes para realizar, por sí, “acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos”, en clara transgresión al equilibrio que exige la Constitución.
El Consejo de la Magistratura de la Nación, es un órgano de conformación mixta, dedicado a impulsar los procedimientos de selección de jueces federales, y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo Nacional para que, con el posterior acuerdo del senado, el candidato elegido sea designado Juez Federal.
Este organismo, luego de la reforma Constitucional de 1994 (art. 114), tenía como fin superar el viejo sistema de selección que solo dependía de la firma del presidente de la Nación más el acuerdo del Senado. La selección allí era totalmente discrecional. Ello, en cuanto los candidatos no debían transitar proceso de selección alguno, con lo cual no se preveían evaluaciones de antecedentes profesionales, académicos, ni de sus capacidades y valores republicanos.
Por el contrario, el Consejo de la Magistratura que tiene la delicada tarea de confeccionar las ternas de candidatos a jueces federales, lleva adelante un proceso de selección marcado por la reglamentación, sobre la base de evaluaciones y la ponderación de los antecedentes. También tiene la competencia de iniciar el proceso de remoción y también la administración del presupuesto judicial.
Claramente la creación de este organismo, significó un avance notable respecto al viejo régimen de selección de jueces, pero en virtud de reformas legales impulsadas por anteriores gobiernos, perdió el equilibrio que en su conformación requería la Constitución Nacional, en desmedro de los representantes de los jueces, abogados y abogadas especialmente.
La conformación del Consejo está fijada en la Constitución Nacional, la que exige “…que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matricula federal” (art. 114).
Fueron varias las reformas que menoscabarían el equilibrio en la conformación del Consejo. Algunas de ellas ya habían sido objeto de cuestionamiento y resueltas por la Corte de Justicia (caso “Rizzo”).
Muy recientemente, la Corte ha declarado la inconstitucional de la Ley 26.080, en cuanto transgrede la Constitución Nacional al no cumplir con el régimen de equilibrio en la integración, quorum y mayorías del Consejo que aquella ordenaba, a la vez que señala que ello desconocía el proceso de despolitización parcial y el cumplimiento del llamado “umbral de garantía de independencia judicial” que habían sido los motivos fundantes para la creación del Consejo de la Magistratura por parte del constituyente de 1994. Mal puede haber mayor independencia de los jueces y con ello menor despolitización en su designación, si el Consejo está integrado mayormente, y de forma hegemónica, por representantes de los estamentos políticos. Peor aún, cuando es ese mismo Consejo el que puede iniciar el proceso para remover a los jueces que pudieran ir en contra de los intereses de la política o del gobierno de turno.
En cuanto a ello, es claro que el régimen declarado inconstitucional hace evidente que el estamento político contaba con un número de integrantes suficientes para realizar, por sí, “acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos”, en clara transgresión al equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional.
La presencia de un total de siete (7) representantes —seis (6) legisladores y un (1) representante del Poder Ejecutivo— en favor del estamento político, le permitía lograr quorum propio y la mayoría absoluta del cuerpo. Esto se traducía en que podían poner en ejercicio, por sí solo y sin la concurrencia de ningún representante de algún otro estamento, todas aquellas potestades del Consejo para las que no se ha fijado una mayoría agravada.
Así, el estamento político podía contar con mayoría propia para adoptar las siguientes decisiones: dictar su reglamento general; designar los integrantes de cada comisión; reglamentar los procedimientos de los concursos públicos para la cobertura de vacantes judiciales; instruir a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial para que proceda a la convocatoria a concursos; dictar los reglamentos para la subrogancia de jueces; designar a su presidente y vicepresidente; designar y remover al administrador general del Poder Judicial y a otras autoridades del Consejo; aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados; entre otras (art. 7°, ley 24.937).
Entre los reglamentos que podía dictar por si mismo, el poder político se encuentra el reglamento de concursos públicos mediante los cuales se seleccionan los aspirantes a la magistratura, lo que reviste (como bien sostuvo la Corte), indudable importancia para la designación de magistrados.
Asimismo, el sector político, en virtud de la integración declarada inconstitucional, tenía quorum y mayoría propios para imponer sanciones disciplinarias, cuya aplicación
reiterada es causal de mal desempeño, lo que puede dar lugar a la remoción de los magistrados en el marco de un procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento (art. 25, inc. 7°, ley 24.937, texto según ley 26.855).
La reforma que sancionó el Gobierno de C.F.K., estaba dirigida a coptar el manejo y la toma de decisiones trascendentes del Consejo de la Magistratura por parte del estamento político, no solo de aquellas referidas a su funcionamiento, sino también al procedimiento de nombramiento y remoción de jueces federales.
Conforme da cuenta la Corte, esta ha impuesto la obligación de elegir mas y nuevos miembros consejeros, los que durarán en sus cargos hasta tanto se produzca el vencimiento de los actuales mandatos (diciembre de 2022). El procedimiento para elegir a los nuevos representantes de los estamentos técnicos y políticos, si bien está en marcha, pese a las dificultades iniciales con las que el Consejo de la Magistratura se enfrentó, al momento de esta publicación no solo está incompleto, sino que está vencido al 15 de abril pasado, el plazo legal impuesto por la Corte. Según el fallo a partir de ahora el Organismo no podría sesionar válidamente. El Consejo de la Magistratura frente a la inminencia del vencimiento del plazo de la Corte, dispuso sancionar un esquema de contingencias para lograr em funcionamiento mínimo del organismo frente al vencimiento del plazo y la consecuencia jurídica querida por el fallo del máximo tribunal, la nulidad de todo lo actuado desde allí. También se probó en la misma sesión plenaria del 13 de abril pasado, el nuevo reglamento para la selección de abogados/as y jueces a regir para las próximas elecciones generales de octubre. Esto ha sido cuestionado ya que por un lado, se estaría reglamentando prematuramente, sobre una norma que a ese momento no estaba vigente (la ley 24937), y por el otro, se lo habría hecho en detrimento de las mayorías y quórum establecidos en esa ley (no vigente) que se reglamenta. Ya que ello habría impedido, la legítima posibilidad de quienes van a integrar la nueva conformación del organismo a partir del 16 de abril, el derecho a discutir y votar el contenido de esa reglamentación. Algunos sectores ya hablan de judicializar, en virtud de su ilegitimidad, esos nuevos reglamentos.
Los Estamentos de abogados y jueces ya designaron representantes, pero el Legislativo aún no. El dislate aún es peor, al punto que otro juez federal impuso una cautelar para que el Congreso no los designe.
A su vez, la Corte impuso la obligación de que se dicte una nueva ley al Congreso, lo que deberá hacerse respetando los términos de fallo, y en un “plazo razonable”.
Resulta elemental que esta nueva ley, no reitere los vicios constitucionales de su antecesora.
Para ello habrá de tenerse en cuenta, cuales son los puntos relevantes para una futura (esperamos oportuna) regulación legal del Consejo de la Magistratura.
En puridad, deberá respetarse el carácter no hegemónico o de predominio, de un estamento en desmedro del otro.
La mayor o menor cantidad de integrantes de por si no resuelve ese conflicto, y aunque resulta resorte de la política legislativa, parece mas prudente contar con una cantidad menor de integrantes para hacer mas ágil y rápido el curso de los procesos de selección sobre todo.
A diferencia de quienes sostienen que la Corte no puede integrar el Consejo de la Magistratura, estoy convencido que si debe hacerlo, ya que su presencia, es un presupuesto ineludible a razón de lo que dispone la Constitución en su artículo 114, al exigir expresamente la representación en el Consejo, de “todas las instancias” judiciales. Ello no es óbice para que, vía legal reglamentaria, cada estamento pueda estar representado por personas asignadas a tales fines, de manera de no interferir en la labor diaria de los distintos poderes.
La política tiene doble participación en la designación de jueces, ya que no solo integran el Consejo (hasta antes del fallo en forma hegemónica),sino que además, uno de ellos (el Presidente de la Nación) elije al postulante (elevando su pliego) dentro de quienes conforman la terna a su vez propuesta por el Consejo, y el otro, a su vez, da el acuerdo (senado) sobre dicho candidato.
Es decir, el “filtro político” sobre los candidatos a jueces federales, esta hoy, en dos momentos: primero en el Consejo de la Magistratura, y luego, en la designación final del candidato dentro de la terna elevada por el Consejo. En síntesis, durante muchos años, al predominio hegemónico y desequilibrado de la política en el proceso de selección de jueces por ante el Consejo de la Magistratura, cabe agregarle la mayor participación de la política en la consagración final del candidato a juez federal.
Lo cierto es que a pesar de que esa participación ex post de la terna elevada profundiza el mayor predominio de la mirada política por sobre el técnico en el nombramiento de jueces federales, es la Constitución Nacional la que quiso que la conformación del Consejo sea (aún así) equilibrada entre los tres estamentos, político, jueces y abogados. Con lo cual, no parece posible (nos guste o no) suprimir la presencia del estamento político en el Consejo, como pretenden algunos proyectos en danza.
Salvo que medie una reforma Constitucional que procure despojar de toda participación política al proceso de elaboración de ternas ante el Consejo de la Magistratura, soy de la idea de reducir al máximo posible (dentro del equilibrio exigido) la presencia de la política en la integración del Consejo, no solo por lo dicho hasta aquí, sino también porque estoy convencido que la injerencia política en la designación de jueces federales (y también provinciales) debe ser eminentemente técnica, de evaluación de capacidades y valores. Ya que la consideración política sobre el candidato, estará garantizada en las etapas ulteriores ante el ejecutivo y el senado.
Teniendo presente que la Constitución Nacional nos exige un equilibrio entre los tres estamentos mencionados, entre los cuales está el político, no veo obstáculos en aumentar la presencia de los estamentos técnicos (abogados, jueces y académicos) por sobre aquellos (ejecutivo y congreso), y aún así lograr el tan anhelado equilibrio. Para ello, en palabras de la Corte de Justicia, deberá garantizarse en la nueva ley que, los estamentos políticos, de abogados y jueces no tengan individualmente hegemonía sobre el otro, es decir, que el quorum para funcionar, y las mayorías no puedan ser logradas sin la participación de alguno de los otros estamentos.
Ahora bien, también resulta vital que todos los estamentos conformen las distintas comisiones, sin excepción. Antes del fallo, los abogados no participaban de la estratégica comisión de selección de magistrados, la encargada de evaluar los antecedentes y llevar adelante los exámenes, entrevistas, y ternas provisorias a elevar al plenario. Allí, también el equilibrio se rompía. Resulta elemental efectuar modificaciones legales y reglamentarias a fin de agilizar los procedimientos, para poder cubrir a la mayor brevedad posible las vacantes en la justicia federal. Acotar el margen de discrecionalidad en la etapa de la entrevista oral es fundamental para poder contar con pautas objetivas evaluatorias y de ponderación de candidatos.
Como dijo la Corte, los “procedimientos de designación y garantías de estabilidad y permanencia no son sino dos caras de una misma moneda”. Es vital poder afrontar con un alto compromiso, la formidable tarea de confeccionar un sistema de selección de jueces acordes a la Constitución, a fin de poder lograr una mejor e independiente Justicia.
El autor es abogado. Director Instituto de Acceso a la Justicia de la AAJC. Vicepresidente 2° del Colegio de Abogados de San Isidro. Especialista en Derecho Administrativo. Integra el listado de Conjueces de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense
Más allá de la polémica decisión de un juez entrerriano que frenó los nombramientos, interpretaciones disímiles plantean una polémica para completar el organismo que a partir de este lunes se regirá según la ley de 1997.
Por José Di Mauro
Nadie debería haberse sorprendido de que la resolución del conflicto en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura se empantanara. Así debió preverse a partir de la demora del Senado en iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre todo las expresiones que durante todo el tiempo que medió hasta el inicio de la discusión se escucharon de parte de referentes judiciales del kirchnerismo más duro.
Hombre clave en ese esquema, Rodolfo Tailhade se mostraba por esos días más cuestionador de la decisión adoptada por la Corte Suprema, que por encontrar caminos superadores que llevaran a una resolución del conflicto.
Ni bien se aprobó el proyecto en el Senado, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, le apuntó también a la Corte Suprema supuestamente para forzar una extensión de los plazos. Por eso habló de los 1.577 días que el Tribunal Supremo se tomó para emitir el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, a instancias de la hoy vicepresidenta de la Nación, para contrastarlos con los exiguos 120 que le dio al Congreso de plazo.
Era de prever que el Tribunal Supremo no habilitara dilaciones, a partir de otro hecho: el proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de diciembre pasado y recién comenzó a ser tratado el 22 de marzo último. Esto es, si bien el plazo de 120 días otorgado por la CSJN para aprobar una nueva ley de reforma para el Consejo de la Magistratura puede considerarse reducido, también es cierto que 106 días demoró el Senado el inicio del tratamiento del proyecto. Dicho en términos porcentuales, el 88% del tiempo otorgado por la Corte Suprema.
El proyecto fue deliberadamente enviado al Senado y no a Diputados, donde podía complicarse su tratamiento. Pero tratándose de la Cámara alta, está claro que los tiempos los impondría el cristinismo, y fue lo que hizo. El área judicial es de especial atención para ese sector del Frente de Todos y allí se iniciaron todos los proyectos que luego se atascaron en la Cámara baja: reforma judicial, reforma del Ministerio Público y ahora el Consejo de la Magistratura. Todos tuvieron media sanción del Senado y no pasaron el filtro de la Cámara baja. Sin contar el pliego de Daniel Rafecas para procurador, todavía sin tratamiento en la Cámara alta.
Dadas las circunstancias, siempre fue más factible que el Consejo de la Magistratura se recompusiera solo hasta llegar a la composición que establecía la ley de 1997, de 20 miembros. Lo que daría lugar -como ha dado- a que el oficialismo echara dudas respecto de la medida adoptada por la Corte, por cuanto se ve al Tribunal Supremo arrogándose facultades legislativas.
Como sea, ahora la vuelta a la composición original se encuentra empantanada a partir de un fallo judicial impulsado por un juez federal de Entre Ríos (Daniel Alonso), a instancias de un diputado oficialista (Marcelo Casaretto), para que los presidentes de ambas cámaras se abstengan de designar a los dos legisladores que deberían conformar el nuevo Consejo, según su vieja composición.
El fallo del juez entrerriano es cuanto menos polémico, porque implica que una instancia inferior pueda modificar la decisión de nada menos que el Máximo Tribunal del país. Por eso es que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de nulidad de esa precautelar, considerando que se trata de “un alzamiento inadmisible” contra un fallo de la Corte. Y le pide el Colegio directamente a la Corte avocarse a ese tratamiento “por la gravedad institucional del caso”.
Seguramente esa discusión se definirá en el transcurso de esta semana, pero lo cierto es que mientras tanto la designación de esos dos legisladores es el punto con el que el oficialismo buscará demorar la vuelta al Consejo anterior.
No es la primera vez que la elección de legisladores para el Consejo genera polémica y hasta la intervención de la Corte. Sucedió en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Ese Gobierno tenía minoría en ambas cámaras y poca influencia en el Consejo de la Magistratura. Por eso es que mientras atendía la situación imperante en Diputados y el Senado, que terminaría resolviendo en el transcurso del verano, planteó un audaz desafío hacia el kirchnerismo. A las dos semanas de gestión de Mauricio Macri le ganó al Frente para la Victoria una pulseada gracias a un acuerdo parlamentario que le permitió arrebatarle al kirchnerismo un lugar y designar a Pablo Tonelli (Pro).
Para eso reunió una cantidad de diputados superior al kirchnerismo para cubrir un cargo vacante. Para entender la historia completa hay que remontarse a 2014, cuando los diputados designados por el FpV-PJ eran Eduardo “Wado” De Pedro y Rodolfo Tailhade. Al irse el primero al Poder Ejecutivo, para asumir como secretario general de la Presidencia-en tiempos de Cristina Kirchner-, asumió su suplente: la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti. Un año después la mendocina sería elegida senadora nacional, por lo que se generó una vacante en el Consejo de la Magistratura, ya que el Frente para la Victoria no había designado suplente cuando la mendocina asumió en lugar de Wado De Pedro. Entonces no lo consideraron necesario, pues no imaginaban lo que les pasaría.
El ideólogo de la movida que le permitió a Cambiemos quedarse con ese lugar en el Consejo fue el entonces presidente del bloque Pro, Nicolás Massot, quien elaboró un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa por el que sumaron 110 diputados con los cuales formaron una nueva mayoría para la ocasión.
Massot había estudiado el tema con su equipo jurídico y vio la debilidad de la estructura de la ley. A su juicio, la norma escrita tiene “muchas lagunas y mucha ambigüedad”. Así las cosas, ellos le dieron a la ley una interpretación que considera “correcta”, sobre todo a partir de que la Corte Suprema terminó avalando lo sucedido al señalar que así como los fueros son de la Cámara, los cargos que representan al Congreso también son de la Cámara y no de los partidos. Por lo tanto, la interpretación de la mayoría debía ser dinámica y la Cámara podía modificar las mayorías que resultaron de una elección.
“Creo que fue uno de los principales golpes por los cuales entendieron (los kirchneristas) que nosotros veníamos a pisar fuerte acá y no a ser espectadores”, explica Nicolás Massot en el libro Gobernar en Minoría (Ediciones Corregidor, 2019), y allí agrega: “Lo nuestro fue una estrategia para que un gobierno que no tenía mayoría por las urnas, la pudiera conformar, que es lo que en general hacen los oficialismos del mundo. Esta herramienta fue una interpretación para que no fuera el resultado electoral estático el que determinara lugares, sino una mayoría dinámica, que el oficialismo siempre está en condiciones de generar”.
Esa estrategia se le terminaría volviendo en contra. Ya lo veremos.
Para el año 2018, el gobierno de Mauricio Macri se las había arreglado para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura, y tras los resultados de las elecciones del año anterior y la nueva composición legislativa se aprestaba a conseguir los dos tercios: el número necesario para imponer y destituir jueces. A esa cantidad esperaba llegar a partir de ser ahora primera minoría en el Senado, dato que había surgido de las elecciones de 2017.
Para impedirlo, el jefe de la principal oposición en el Senado, Miguel Pichetto, venía trabajando silenciosamente desde hacía semanas para sumar miembros a su interbloque, de modo tal de superar a los de Cambiemos y así conservar los dos senadores por la mayoría. No le resultaba posible: habían avanzado las negociaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora para incorporar a sus dos senadores al interbloque Argentina Federal, pero cuando ya lo tenía resuelto, se le volvió a complicar al rionegrino al sufrir en vísperas del debate del Presupuesto 2019 la salida de los dos peronistas tucumanos: José Alperovich y Beatriz Mirkin, lo que lo dejaba en el mismo lugar de antes.
Finalmente, pocas horas después de haberle dado una gran mano al Gobierno de Cambiemos con la aprobación del Presupuesto, Pichetto difundió un comunicado en el que anunciaba haberse adjudicado los dos senadores por la mayoría, por ser el bloque con mayor número de integrantes: 18. Esto es, no tomaron en cuenta a los interbloques. Fin de la historia.
El propio Pichetto se quedó con uno de esos dos lugares para la mayoría y el otro fue para una senadora santiagueña que respondía a Zamora, parte del acuerdo. No hubo protestas de Cambiemos, que siempre priorizó cultivar una buena relación con los aliados indispensables del Senado. Pero no esperaba el baldazo que llegó inmediatamente después desde la otra cámara.
Utilizando en este caso la doctrina a la que había echado manos Cambiemos en 2015 para arrebatarle un lugar al kirchnerismo, la oposición se unió en 2018 para sacarle al oficialismo uno de los dos lugares que reclamaba para sí.
El FpV-PJ negoció con el Frente Renovador para alcanzar una mayoría circunstancial. Sergio Massa pidió entonces que le aportaran nombres, aclarando que el de Rodolfo Tailhade (entonces consejero) no era viable, y le propusieron a Eduardo “Wado” De Pedro. Y el FR podría poner a su jefa de bloque: Graciela Camaño.
La movida contó con la anuencia del bloque Justicialista, que respondía a los gobernadores y cuyo titular, Pablo Kosiner, rechazaba acordar con el kirchnerismo. Sin embargo se impuso en su espacio el criterio de la mayoría del interbloque Federal y la adhesión fue firmada por su vice, Sergio Ziliotto, un hombre del gobernador pampeano Carlos Verna, en pie de guerra con el Gobierno de Cambiemos.
Advertido por Emilio Monzó de lo que venía, el propio presidente Macri llamó a su amigo Juan Schiaretti para pedirle que sus cuatro diputados no se sumaran a la movida, pero el gobernador cordobés ya había arreglado con Massa, quien le había garantizado que su vicegobernador en uso de licencia, Martín Llaryora, sería el suplente de Graciela Camaño, a quien se le vencía el mandato en 2019 y entonces asumiría Llaryora en el Consejo. No fue así porque el cordobés terminó siendo elegido intendente de la capital de su provincia y Camaño al final fue candidata para otro período y hoy sigue en el Consejo.
Como en tantas otras cosas, Cambiemos entonces se confiaba en presunciones y en este caso jugaba su suerte a que el massismo no se arriesgara a quedar expuesto en un acuerdo con los K en un tema tan sensible como el manejo judicial. Pero debió resignarse ante su propia medicina.
Así las cosas, de 9 miembros que esperaba tener en el Consejo, Cambiemos quedó reducido a 7 sobre 13. Siguió teniendo mayoría, podía elegir al presidente, pero debería consensuar para conseguir los votos para remover o designar jueces o fiscales. Y también aquí volvería a depender de Miguel Pichetto.
Consultado sobre si la estrategia elegida se les había vuelto en contra, Nicolás Massot respondió con inusual sinceridad: “Lo que se nos volvió en contra es lo inédito de que haya un oficialismo que pierda mayorías. No es que se nos volvió en contra la herramienta. Y el oficialismo perdió las mayorías no solamente en el Consejo de la Magistratura, las perdimos con los DNU y con las leyes en general. Desde mediados de 2017 ese Gobierno dejó de tener mayorías en el Congreso”.
Y así llegamos a la composición actual y una nueva polémica que se plantea. Los representantes del Congreso en la Magistratura son tres diputados de distintos sectores: Vanesa Siley (Frente de Todos), Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) y Graciela Camaño (interbloque Federal). Y tres senadores que representan la relación de fuerzas en la Cámara alta: María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), Mariano Recalde (Frente de Todos) y Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio).
Con la ampliación que se viene a partir de la vuelta al Consejo de 20 miembros, Juntos por el Cambio considera que le corresponden los dos lugares asignados al Poder Legislativo, por ser segunda minoría. Por eso elevó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el nombre del cordobés Luis Juez por el Pro, y a Sergio Massa el de la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR).
Pero más allá del freno que un juez entrerriano le puso a la designación de representantes legislativos, el oficialismo opina lo contrario: dice que las segundas minorías no son las actuales, sino las de 2018, cuando se integró el actual Consejo de la Magistratura. Si así fuera, en 2018 el segundo bloque con más miembros del Senado era Unidad Ciudadana, y razonan que en Diputados sería la izquierda.
Si prevaleciera la postura del actual oficialismo, los designados entonces podrían ser el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada nacional Myriam Bregman.
Esto se resolverá -o no- en las próximas semanas, si es que el Consejo de la Magistratura puede así reactivarse a partir de la vigencia de la ley de 1997.
“Es un traje hecho a medida del Gobierno nacional”, afirmó Pedro Galimberti, que considera que se busca “ganar tiempo” y “obstruir a la justicia”.
El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) cuestionó duramente la medida cautelar del juez Daniel Alonso, del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, que frenó la designación de nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura por parte del Congreso Nacional.
El diputado también objetó “la intención del Frente de Todos de impedir el normal funcionamiento del Consejo que se dedica al concurso y designación de los jueces”.
Galimberti destacó que “es una medida para ganar tiempo, porque un juez Federal es incompetente frente a lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un traje hecho a medida del Gobierno nacional y un absurdo jurídico que pretende, a través de un juez incompetente, modificar los efectos de una sentencia emitida por el máximo tribunal nacional”.
“Llama mucho la atención el trámite exprés que le dio el juez Alonso a la presentación del diputado (Marcelo) Casaretto, ya que solo en unas horas dictó la cautelar que ordena a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura”, destacó el diputado enterriano.
Para Galimberti, lo que solicitó el diputado Casaretto “es el primer intento por obstruir el funcionamiento del Consejo y con ello se corre riesgo que el Gobierno Nacional luego argumente que el mismo no puede funcionar porque no están designados los representantes políticos, lo cual podría dar lugar a arbitrariedades”.
“Hay que dejar de buscar jueces amigos para tratar de impedir que las instituciones del país funcionen. El kirchnerismo debería, después de 15 años, que fue el plazo que estuvo vigente la ley por ellos sancionada, dejar de intentar ganar tiempo y designar a los representantes de los bloques legislativos, cumpliendo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado el día 16 de diciembre”, remarcó Galimberti.
“Si para el viernes no hay nueva ley como ordena la Corte, se restablece la vigencia de la sancionada en 1997 y el Congreso debería nombrar sus representantes si no, corremos el riesgo de dilación que terminará afectando el funcionamiento del Consejo y la prestación del servicio de justicia independiente”, advirtió el diputado entrerriano.
El diputado del Frente de Todos celebró el fallo de un juez entrerriano y llamó al diálogo político con los líderes opositores. La respuesta del radical.
Para el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, la pre cautelar otorgada por el Juzgado Federal 2 de Paraná -en respuesta a la presentación realizada por el diputado Marcelo Casaretto– “genera una ventana de oportunidad para encausar institucionalmente el tema. Y tenemos que aprovecharla”.
En ese sentido, el diputado santafesino sostuvo que “hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones”.
“Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley”, enfatizó Martínez, para quien “la pre cautelar lo dice con claridad. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo”. Y agregó: “Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. ¿O quieren que desobedezcan una orden judicial?”.
Luego insistió en que la Corte Suprema “tardó 1.577 días para fallar sobre la inconstitucionalidad de la ley del 2006. Es absolutamente razonable que el presidente de la Cámara de Diputados cuente con los 5 días estipulados por la pre cautelar para brindarle a la Justicia todos los argumentos jurídicos y legislativos”.
“Son tiempos que requieren serenidad por parte de todas las fuerzas políticas. Observo en algunos dirigentes opositores mucha ansiedad por acelerar designaciones que pueden tener consecuencias institucionales graves. Seamos prudentes y responsables”, concluyó Germán Martínez.
Lejos de coincidir, el jefe del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, replicó: “Germán, estás pidiendo que Sergio Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)”.
Es en representación de la segunda minoría a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, más allá de la decisión de un juez de Entre Ríos.
El presidente del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, comunicó a través de sus redes sociales que la bancada radical “propuso a la diputada Roxana Reyes (Santa Cruz) para el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema”. Además, se nominó como suplente a Francisco Monti (Catamarca).
De manera paralela el Frente Pro oficializó en la Cámara alta la presentación del senador Luis Juez para el lugar correspondiente al Senado.
“Se presentó la nota en Mesa de Entradas, dirigida a Sergio Massa, con copia a la Corte y al Consejo”, explicó el diputado cordobés y agregó: “El fallo de la Corte es de cumplimiento obligatorio”.
En tanto, sostuvo que “la ley que regula los amparos dice expresamente que la acción de amparo no es admisible contra actos de un órgano judicial. Por lo tanto, la decisión del juez de Paraná de hacer lugar al amparo solicitado por el kirchnerismo es abiertamente contraria a la normativa vigente”.
“El kirchnerismo no puede subvertir, con la ayuda de jueces amigos, el orden constitucional. El próximo lunes el presidente de la Cámara baja deberá cumplir el fallo del Máximo Tribunal”, manifestó el jefe de bloque radical.
1641-D-2022En lo que representó su última reunión con esta conformación, el organismo postergó la votación de magistrados.
En el último plenario del Consejo de la Magistratura, que se llevó a cabo este miércoles, se tomó la decisión por unanimidad remitir las ternas para la designación de jueces a la Comisión de Labor hasta que haya una nueva conformación de órgano judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su integración en diciembre del año pasado y emplazara a reformular su conformación antes del 15 de abril.
La propuesta de postergar las votaciones de las ternas, que debe hacer el plenario con una mayoría especial de 9 sobre un total de 13 miembros, partió desde el representante del Poder Ejecutivo en el organismo y hombre de Cristina Kirchner, Gerónimo Ustarroz, quien reconoció: “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al requisito exigido por la ley, pero no hemos arribado a ningún acuerdo por los concursos. Más allá de haber sido generosos con el grupo (por la oposición) que debería haber llegado a dar esos dos votos que faltaban. Nos arrimamos, estuvimos a uno, pero no llegamos”.
En ese contexto el oficialismo volvió a fracasar en la estrategia para nombrar a cinco jueces federales en los tribunales de Comodoro Py donde se investigan los casos de corrupción, ya que buscaba ocupar, en esta última sesión del Consejo, los lugares que dejaron vacantes los jueces federales Claudio Bonadío (fallecido), Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el kirchnerismo buscó desplazar sin éxito. Cabe recordar, que ya habían intentado avanzar con las designaciones dos veces en el último mes, pero no lo lograron.
Tras finalizar el debate de los concursos, arrancó otra dura discusión para votar un reglamento de emergencia que generó cruces entre los consejeros. Los integrantes alineados con la oposición, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y los legisladores Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo se manifestaron en contra de aprobar esa resolución. Sin embargo, el oficialismo lo defendió y se aprobó con siete votos, los seis propios más el de la diputada Graciela Camaño.
El reglamento de “funcionamiento mínimo”, que estaba en discusión desde hace al menos dos semanas, se armó para evitar que el Consejo entre en parálisis en el caso de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no suma la presidencia a partir del 15 de abril.
El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto. Además, una cautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, le prohibió al Congreso enviar sus representantes a la Magistratura.
Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte.
La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.
Aunque, más allá de una posible sanción de la ley por parte de los diputados que por ahora aparece incierto, el escenario es complejo ya que el Senado -que maneja Cristina- y la Cámara de Diputados -que controla Sergio Massa- no propusieron a sus representantes que deberían sumarse si finalmente no hay una ley y se vuelve al esquema de 20 miembros que rigió hasta 2006 y que cambió a 13 por iniciativa del kirchnerismo.
Así lo hizo el impulsor de la cautelar, el diputado Marcelo Casaretto, quien logró de esa manera frenar la designación de legisladores para el organismo judicial.
El martes se conoció la decisión del juez federal Daniel Edgardo Alonso, que ordena a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación no avanzar con la designación de representantes de las mismas ante el Consejo de la Magistratura.
La medida fue a pedido del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto (Entre Ríos), que frenó así el paso que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa debían dar para completar el número de 20 miembros que establece la ley aprobada en 1997, que reemplazará a partir del lunes la de 2006 sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.
Este miércoles, Casaretto se encargó de elevar el oficio del juez Alonso a los titulares del Senado y Diputados. El texto al que accedió parlamentario.com establece que “en el plazo de cinco días hábiles judiciales -incluida la ampliación en razón de la distancia- produzcan un informe dando cuenta del interés público comprometido en la pretensión cautelar que ha sido solicitada en los autos de referencia, debiendo expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia, acompañando las constancias documentales que considere pertinentes”.
Así las cosas, se hace saber que se ordena a las autoridades de ambas cámaras “que se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto”.
“La trascendencia institucional de la cuestión sometida a la jurisdicción y la necesidad de extremar los recaudos a fin de evitar cualquier afectación de la independencia de los demás poderes del Estado, interpreto necesario que, previo a considerar la cautelar que se requiere, se escuche a las excelentísimas cámaras de Diputados y Senadores de la Nación a través del informe del artículo 4 de la Ley 26.854, a cuyo efecto se librará oficio a la señora presidenta del Senado de la Nación y al señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que en el término de cinco días hábiles judiciales (…) procedan a informar a esta magistratura respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”, señala el oficio judicial.
Agrega que “sin perjuicio de ello, atento lo expresamente peticionado por el amparista y existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina en los términos del artículo 4 inciso 1, tercer párrafo de la Ley 26.854, ordenando a la excelentísima Cámara de Senadores de la Nación y a la excelentísima Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentra en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar”.
Cabe recordar que Casaretto justificó la medida impulsada por él mismo en que su objetivo es “que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006”. Recordó además el diputado entrerriano que el 7 de abril el Senado dio media sanción a “un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición”.
Los jefes del bloque radical en Diputados y el Pro en el Senado oficializarán el reclamo este miércoles a través de sendas notas ante los titulares de ambas cámaras.
Juntos por el Cambio elevará este miércoles los nombres de sus representantes para ocupar los lugares que deben ser completados en el Consejo de la Magistratura de parte de ambas cámaras. Así, el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, presentará ante el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el nombre del representante de la bancada radical para el Consejo de la Magistratura, lo mismo que hará el presidente del bloque de senadores del Pro, Humberto Schiavoni, ante la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Los legisladores elegidos por ambos bloques son la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y el senador Luis Juez (Pro-Córdoba). La decisión de Juntos por el Cambio se tomó este martes por la tarde ante la inminencia del vencimiento dado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo en el que declaró inconstitucional la ley de 2006 del Consejo de la Magistratura.
Dicho plazo opera el próximo viernes (feriado) y, según el fallo del Máximo Tribunal, a partir de entonces se debe volver a la ley original de 1997, con 20 consejeros.
La ley de 1997 establece cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Para cumplir con la integración original, tanto Diputados como el Senado deben designar un legislador consejero por el bloque que representa la segunda minoría, que son el radicalismo en la Cámara baja y el Pro en la Cámara alta.
Luego de que la Justicia entrerriana dispuso una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, el jefe del bloque UCR en Diputados le salió al cruce: “Han puesto en marcha una maquinaria para alzarse con un nivel de gravedad institucional que hasta ahora desconocíamos”.
El debate en torno a la situación en el Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo, ya que el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, denunció que “el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema”, luego de que la Justicia entrerriana dispusiera una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, con lo que el organismo no podrá completarse de momento.
“Una vez más el kirchnerismo pretende levantarse en contra de las decisiones del máximo tribunal de la república. Ir en contra y no cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, con toda claridad, ha indicado que si para el día 15 de abril no hay una nueva ley del Consejo de la Magistratura inmediatamente deben completarse los miembros que le faltan a la misma”, advirtió el radical.
En ese mismo sentido, remarcó que el máximo tribunal es el “único en interpretar la ley, no existe otra ventana a dónde ir”, y subrayó: “Definitivamente el kirchnerismo ha puesto en marcha una maquinaria para alzarse con un nivel de gravedad institucional que hasta ahora desconocíamos”.
“El kirchnerismo busca cualquier artilugio para INCUMPLIR un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, reiteró en redes sociales.
En la antesala de que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo o, de lo contrario, se vuelva a la conformación anterior a 2006, según la Ley 24.937 del año 1997, Negri insistió en que a la oposición le correspondería nombrar un senador por el Pro y un diputado radical si se vuelve a la anterior composición.
En la mañana de este martes, Negri ya había advertido la intención del oficialismo de no cumplir con el fallo al referirse a las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quien en diálogo con el diario La Nación sostuvo que “es una locura total volver a la integración de 1997” y, por lo tanto, “hay que esperar a que se sancione la ley” -algo que no pasará antes del 15 de abril-.
“Estamos presenciando un deterioro institucional brutal. Agarraron el país para una disputa de poder salvaje y la gente está de rehén”, expresó el legislador cordobés.
Además, en el programa de Alfredo Leuco por LN+, Negri volvió a insistir en que, tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa, “deberán firmar la designación de los legisladores que faltan nombrar por las segundas minorías” y recalcó que se trata de un senador del Pro y de un diputado de la UCR. Cabe recordar que, de restituirse la composición anterior, deberán asumir siete nuevos consejeros.
Para Negri, “los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”. “Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó.
“Ahora quieren ir por ese camino y para eso cuestionan algo que jamás estuvo en discusión en la Argentina, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual desde que se constituyó la Corte Suprema en 1862 es el tribunal que tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una norma”, resaltó el diputado de Juntos por el Cambio.
También, el referente de la oposición criticó que “el kirchnerismo desprecia la independencia del Poder Judicial, y por eso vive impulsando normas contrarias a esa garantía como lo fueron las reformas judicial y del Ministerio Público, como en su momento pretendió serlo la mal llamada ‘democratización de la Justicia’ y la ruptura del equilibrio de representación entre estamentos en el Consejo de la Magistratura que significó la ley de 2006, que el fallo dictado en diciembre del año pasado invalidó por inconstitucional”.
“No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del procurador Sosa”, advirtió el radical.
Y añadió que “Argentina terminaría de sepultar lo poco que queda de confianza en la seguridad jurídica si el mensaje es que los poderes políticos pueden elegir entre cumplir o no cumplir una sentencia del máximo tribunal de la República”.
“Vamos a activar todos los mecanismos legales disponibles para que se ejecute la sentencia y también los mecanismos constitucionales para quien incumpla esa orden, porque claramente sería constitutivo de mal desempeño”, concluyó.
La Justicia entrerriana dispuso una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, con lo que el organismo no podrá completarse de momento.
Al filo del vencimiento de los plazos para la vigencia del actual Consejo de la Magistratura, un juzgado de la provincia de Entre Ríos le sumó a esta novela un elemento clave al dar curso a un planteo presentado por un diputado oficialista y ordenar a los presidentes de ambas cámaras abstenerse de designar miembros para ese organismo.
Recordemos que tanto el Senado, como la Cámara de Diputados deben designar a sendos representantes para completar el número de 20 miembros que establece la ley que en 2006 fue reemplazada por la vigente, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. A partir del lunes, esa ley volverá a entrar en vigencia, según estableció el Tribunal Supremo.
La presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto, y este martes el Juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a la cautelar, ordenando a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura. Asimismo les otorga 5 días hábiles para efectuar los descargos.
“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006”, expresó este martes el diputado Casaretto, que recordó que el 7 de abril el Senado dio media sanción a “un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición”.
El jefe de la UCR, Mario Negri, insistió que a la oposición le correspondería nombrar un senador por el Pro y un diputado radical si se vuelve a la anterior composición.
El jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, salió al cruce del kirchnerismo a raíz de la situación en el Consejo de la Magistratura, en la antesala de que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo o, de lo contrario, se vuelva a la conformación anterior a 2006, según la Ley 24.937 del año 1997.
En referencia a las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quien en diálogo con el diario La Nación sostuvo que “es una locura total volver a la integración de 1997” y, por lo tanto, “hay que esperar a que se sancione la ley” -algo que no pasará antes del 15 de abril-, Negri advirtió la intención del oficialismo de no cumplir con el fallo del máximo tribunal.
“Si desde el oficialismo no cumplen con el fallo de la Corte Suprema se van a estar alzando contra el máximo tribunal. Estamos presenciando un deterioro institucional brutal. Agarraron el país para una disputa de poder salvaje y la gente está de rehén”, expresó el legislador cordobés.
Además, en el programa de Alfredo Leuco por LN+, Negri volvió a insistir en que, tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa, “deberán firmar la designación de los legisladores que faltan nombrar por las segundas minorías” y recalcó que se trata de un senador del Pro y de un diputado de la UCR. Cabe recordar que, de restituirse la composición anterior, deberán asumir siete nuevos consejeros.
Para Negri, “los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”. “Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó.
“Ahora quieren ir por ese camino y para eso cuestionan algo que jamás estuvo en discusión en la Argentina, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual desde que se constituyó la Corte Suprema en 1862 es el tribunal que tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una norma”, resaltó el diputado de Juntos por el Cambio.
También, el referente de la oposición criticó que “el kirchnerismo desprecia la independencia del Poder Judicial, y por eso vive impulsando normas contrarias a esa garantía como lo fueron las reformas judicial y del Ministerio Público, como en su momento pretendió serlo la mal llamada ‘democratización de la Justicia’ y la ruptura del equilibrio de representación entre estamentos en el Consejo de la Magistratura que significó la ley de 2006, que el fallo dictado en diciembre del año pasado invalidó por inconstitucional”.
“No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del procurador Sosa”, advirtió el radical.
Y añadió que “Argentina terminaría de sepultar lo poco que queda de confianza en la seguridad jurídica si el mensaje es que los poderes políticos pueden elegir entre cumplir o no cumplir una sentencia del máximo tribunal de la República”.
“Vamos a activar todos los mecanismos legales disponibles para que se ejecute la sentencia y también los mecanismos constitucionales para quien incumpla esa orden, porque claramente sería constitutivo de mal desempeño”, concluyó.
El jefe del Frente de Todos en Diputados consideró un “disparate” el plazo otorgado al Congreso por el máximo tribunal y, a su vez, criticó que “ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición”.
En el arranque de una semana corta, y a pocos días que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso vote una nueva composición del Consejo de la Magistratura, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reiteró que “se necesita tiempo” para tratar una ley de ese tipo y, además, fustigó al máximo tribunal y la oposición.
“Desde el viernes (pasado) vengo planteando que es un disparate pedirle a la Cámara de Diputados que aborde un tema de esta trascendencia en tan pocos días, cuando la Corte Suprema de Justicia tardó 1.577 días en emitir un fallo”, señaló este lunes el santafesino.
Y cuestionó que “es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar esta posición”. “Pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Congreso“, continuó.
En un mensaje a Juntos por el Cambio, que ya anticipó tiene la intención de enviar sus propuestas para la designación de los nuevos consejeros, que habría que nombrar después del 15 de abril ya que se volvería a restituir la composición anterior, el oficialista apuntó: “Los diputados y senadores opositores que desean asumir en el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril deben saber que estarán convalidando a una Corte Suprema que está asumiendo facultades legislativas”.
“Y si pretenden asumir en el Consejo, lo estarán haciendo con una ley de 1998, derogada en 2006”, sumó el legislador, para preguntarse luego: “¿Por qué convalidar semejante atropello institucional? ¿Cuál es el apuro que tienen? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué busca la oposición política?”.
Durante una entrevista con La 990 Radio, el presidente de la bancada oficialista aseguró que él seguirá “trabajando para que constituyamos las comisiones, pongamos en debate la media sanción del Senado y tratemos de tener una nueva ley con el mayor consenso posible”.
Pero remarcó que “para eso se necesita tiempo. Al parecer, la Corte no quiere concederlo. Y lo que es peor: ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición”.
El jueves pasado, el Frente de Todos en el Senado, con respaldo de aliados, dio media sanción por 37 votos positivos y 33 negativos a un proyecto de ley que lleva de 13 a 17 miembros la composición del Consejo de la Magistratura, pero sin la participación de un representante de la Corte Suprema, tal como establecía la ley de 1997 que se restituirá después del 15 de abril si la Corte no otorga una prórroga al Poder Legislativo para sancionar la nueva norma.
El jefe del bloque radical en la Cámara baja advirtió que desde la principal oposición no le facilitarán “nada” al oficialismo.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo este sábado que la media sanción del Senado al proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura no tiene viento a favor en la Cámara baja. “Esto en Diputados tiene muy escasas posibilidades de avanzar. Desde JxC nosotros no vamos a facilitarle nada al oficialismo. Mi opinión es que el quórum lo junte el Gobierno”, sentenció el cordobés.
“El proyecto de JxC para reformar la ley del Consejo de la Magistratura es diametralmente distinto a la media sanción del Senado”, agregó Negri por FM Milenium.
El legislador cordobés sostuvo que “lo que caracteriza al kirchnerismo es la obsesión por vincular la Justicia con el poder central. Por eso, en 2006 Cristina Kirchner rompió el equilibrio que había entre los estamentos. Quisieron manejar las cajas y tener mayorías para hacer lo que querían. Después vino la pomposa ‘democratización de la Justicia’ en 2013 y la ley de Subrogancias en 2015 que también fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema”.
Recordó Negri que “el Gobierno mantuvo parado este tema todos estos meses, aun sabiendo que el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la reforma de 2006, estableció un plazo fatal: el próximo 15 de abril”.
“Esto en Diputados tiene muy escasas posibilidades de avanzar. Desde JxC nosotros no vamos a facilitarle nada al oficialismo. Mi opinión es que el quórum lo junte el Gobierno. El propio presidente del bloque del Frente de Todos ha dicho que el tiempo se vence, que no hay tiempo”, agregó Negri.
El Gobierno mantuvo parado este tema todos estos meses, aun sabiendo que el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la reforma de 2006, estableció un plazo fatal: el próximo 15 de abril”.
Según Negri, lo que debería suceder una vez que haya expirado el plazo dado por el Máximo Tribunal para sancionar una nueva ley -sin haberse cumplido dicho objetivo- es que “el 15 de abril se va a construir el nuevo Consejo con 20 miembros, como establecía la ley original de 1997, y asumirá el presidente de la Corte Suprema; debería funcionar perfectamente porque habrá quórum”.
Consultado por los dos legisladores que deben designarse para adecuarse a la ley de 1997, que estableció la integración del Consejo de la Magistratura por 4 senadores (hoy hay 3) y 4 diputados (hoy hay 3), Negri manifestó que los dos cargos que faltan nombrarse corresponden a Juntos por el Cambio. Además, recalcó que tanto Cristina Kirchner, presidenta del Senado, como Sergio Massa, presidente de Diputados, “deberán aceptar el fallo de la Corte Suprema. No es que pueden tomar decisiones personales, si les gusta o no les gusta. Sería un serio problema institucional si alguno de los dos se niega a firmar las resoluciones para designar al senador y al diputado por la segunda minoría”.
Negri explicó que la ley de 1997 es clara y plantea cuatro consejeros por cada una de las Cámaras legislativas. La norma dice textualmente: “correspondiendo dos al bloque con la mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.
“En el caso del Senado se debe nombrar un consejero por el Pro y en el caso de Diputados un consejero del radicalismo”, agregó Negri para echar por tierra las versiones lanzadas por el cristinismo de que los cargos deberían ir para el senador Oscar Parrilli y para la diputada Myriam Bregman. “Hay que leer la ley de 1997 y todos los antecedentes y dejar de hacer especulaciones”.
Temen “una trampa” respecto de la disposición que pueda llegar a mostrar el FdT para modificar el proyecto aprobado en el Senado.
Por José Angel Di Mauro
Aprobado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado, no hay tiempo formal para que la modificación sea ley antes de que venza el plazo perentorio dado por la Corte Suprema de Justicia. Por más buena voluntad que ponga la Cámara baja, es imposible que el tema esté resuelto para el 15 de abril, fecha límite impuesta en el fallo de la CSJN que en diciembre pasado dictó la inconstitucionalidad de la norma vigente.
La pregunta es si existe buena voluntad de parte del oficialismo y si la Corte Suprema la percibe para en todo caso ampliar esta semana el plazo, para evitar la situación conflictiva que impondría la parálisis del Consejo de la Magistratura vigente.
El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, deberá lidiar con esta situación complicada, una de las tantas heredadas a partir de la renuncia -el 31 de enero pasado- de su antecesor en el cargo, Máximo Kirchner. Y ni bien el proyecto del Ejecutivo tuvo media sanción en el Senado, el santafesino dejó claras las dificultades al hacer hincapié en el tiempo exiguo que queda para el vencimiento del plazo: 4 días hábiles. Se refería al viernes 8 de abril, el lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Después arranca Semana Santa, pero si no hubiera estado el feriado, tampoco hubiera alcanzado el tiempo con dos días más.
Más tarde Germán Martínez escribió otro tuit que incluía una suerte de pase de factura al Tribunal Superior: “El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis”, enumeró el santafesino.
Así las cosas, concluyó Martínez, “Diputados tiene solo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”.
Tan ciertos son los datos del jefe del bloque oficialista, como que el Frente de Todos demoró en el Senado 106 días para comenzar a discutir el proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas de esa Cámara el 7 de diciembre de 2021, en vísperas del fallo de la Corte Suprema.
Si bien el presidente incluyó la cuestión en el temario para sesiones extraordinarias, el tratamiento en el Senado recién comenzó el 22 de marzo de 2022. Ahí están los 106 días de demora: 15 semanas, para más datos.
Lo cierto es que más allá de los tiempos tan acotados, en la Cámara baja el oficialismo tampoco ha mostrado premura para avanzar con el debate del proyecto proveniente del Senado. Ni siquiera han convocado aún a constituir las comisiones que deberán ocuparse del tratamiento: Asuntos Constitucionales y Justicia. La primera era presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el pampeano Hernán Pérez Araujo, y la segunda por el diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade, quienes todavía no han sido ratificados desde el propio oficialismo sobre si mantendrán esos cargos.
Más allá del debate interno que atraviesa el Frente de Todos desde la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque y las dudas respecto de si le será respetado el lugar que ocupaba a Rodolfo Tailhade, un verdadero halcón judicial del kirchnerismo duro, la oposición tiene sus propias dudas.
Amén de los proyectos diversos que varios de sus miembros presentaron en el último tiempo para reformar el Consejo de la Magistratura, en Juntos por el Cambio está alineados con la iniciativa que habían unificado en el Senado para tener un organismo integrado por 20 miembros, presidido por alguien de la Corte Suprema de Justicia. Este último detalle es resistido con pasión desde el oficialismo, al que no le alcanzan los votos en la Cámara baja para imponer la sanción del proyecto aprobado en el Senado.
Por eso dependerá de “los bloques del medio”, donde el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos. Precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.
Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 integrantes, donde Graciela Camaño -quien integra además actualmente el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo, mas no presidiéndolo.
Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en Diputados para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.
Fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el FdT a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por un Senado que a los miembros de JxC no le dan mayores garantías.
– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó parlamentario.com.
– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.
Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.
“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.
El senador chubutense lanzó duras críticas al proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura que recibió media sanción en el Senado. “El oficialismo no legisla para transparentar la justicia”, consideró.
El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres (Integración y Desarrollo Chubutense) se refirió al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, al cual se opuso, y que obtuvo media sanción en la Cámara alta del Congreso de la Nación este jueves con 37 votos a favor y 33 en contra.
Al respecto indicó que “se habla mucho de lawfare y de la judicialización de la política, pero lo que busca el gobierno es politizar la justicia, lo cual es de una gravedad institucional pocas veces vista”.
Además, dijo que “el oficialismo no legisla para transparentar la justicia, lo que quieren es condicionar y disciplinar desde la política al poder judicial”.
Finalmente, Torres manifestó que “institucionalmente es gravísimo el avance del oficialismo sobre el poder judicial porque atenta contra lo más básico del sistema republicano que es la independencia de los poderes”.
Además, la diputada de izquierda expresó malestar porque el bloque “viene siendo excluido de las comisiones que se conformaron”. Por otro lado, adelantó que no apoyarán el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura ni el de la creación de un Fondo Nacional.
La diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad Romina Del Plá se refirió a la demora en la conformación de las comisiones que ha llevado el funcionamiento del Congreso Nacional a la parálisis. También adelantó que no apoyarán el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura ni el de la creación del Fondo Nacional para pagar la deuda con el FMI con bienes no declarados.
Del Plá afirmó que “el Gobierno y la oposición atraviesan enormes crisis políticas como consecuencia de ser los grandes responsables del deterioro social y el empobrecimiento de los trabajadores. La parálisis del Congreso responde a la crisis de los bloques mayoritarios y su política ajustadora. En lo que va del año solo sesionaron para firmar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, demostraron que no hay grieta frente a la entrega del país”.
La diputada nacional puntualizó: “La no conformación de las comisiones obedece a que este Congreso no puede dar respuestas a ninguna de las necesidades sociales reales. Están todas las fuerzas políticas mayoritarias comprometidas en el sendero del ajuste fondomonetarista.”
Respecto de su lugar en el recinto denunció: “A pesar de tener cuatro diputados, el Bloque del FIT-U viene siendo excluido de las comisiones que se han conformado hasta ahora. Esta irregularidad también es el resultado de los acuerdos entre los ajustadores que buscan acallar a quienes nos oponemos a su política”.
Por último, Del Plá sostuvo: “Hay proyectos de ley como el del VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, o el de aumento de emergencia a jubilados y pensionados; está el de Humedales, el de salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el fin del trabajo en negro, entre otros, que no pueden esperar a que se dignen a convocar las sesiones que están frenadas por la rosca y la especulación de los bloques mayoritarios”.
Sobre la reforma al Consejo de la Magistratura -que obtuvo media sanción este jueves en el Senado- adelantó: “No apoyamos”, y expresó: “La pelea por la reforma entre los distintos grupos que operan dentro del poder judicial, deja por fuera los intereses de los trabajadores, que nosotros defendemos. En este sentido, no vamos a acompañar ninguna reforma que no implique un cuestionamiento de fondo al funcionamiento, y mecanismo de elección del poder judicial, como podría ser la elección popular y la revocabilidad de los jueces”.
Por otro lado, respecto al proyecto kirchnerista que propone crear un Fondo Nacional para recaudar dólares con bienes no declarados en el exterior para pagar la deuda con el FMI, remarcó: “Es un fondo de blanqueo para pagarle al fondo, y por tanto es un proyecto de blanqueo que no lo apoyamos. Es una maniobra para legitimar el acuerdo con el FMI y pagar una deuda que planteamos desconocer e investigar”.
“El kirchnerismo viene jugando un papel lamentable en lo que al FMI respecta, allanaron el camino para el acuerdo y su voto en contra fue a sabiendas de que el proyecto salía. No movieron un pelo para rechazarlo, ni siquiera hablaron en el reciento e incluso cedieron lugares en las comisiones para su tratamiento. Lo de ahora es para la tribuna, como lo fue la renuncia de Máximo (Kirchner)”, cerró.
El jefe de la UCR en la Cámara baja cuestionó el proyecto aprobado por el oficialismo en el Senado y apuntó que “hay una obsesión del kirchnerismo por controlar la Justicia”.
Luego de la media sanción del proyecto sobre reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por el oficialismo en el Senado, el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, consideró que esa iniciativa “muestra que Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) siguen unidos para ir en contra de la independencia del Poder Judicial”. “Por eso no quieren a la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. En Diputados daremos batalla”, anticipó.
El cordobés ratificó así la posición de Juntos por el Cambio, que apuesta en cambio a una conformación del Consejo en línea con la ley anterior, y sobre todo con la Corte participando y presidiendo el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.
“El proyecto aprobado por el kirchnerismo-PJ en el Senado denota que quieren quedarse con el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial para seguir condicionando a la Justicia. Por eso no aceptaron nuestra propuesta de que la Corte presida el Consejo de la Magistratura”, consideró.
También, a través de sus redes sociales, el legislador radical recordó: “Siempre dijimos que la ley de Cristina Kirchner de 2006 sólo buscó hacerse del control del Consejo de la Magistratura, organismo que designa a los jueces y los sanciona. Hoy tenemos que aprobar una nueva ley porque dicha norma fue declarada inconstitucional”.
Para Negri, “hay una obsesión del kirchnerismo por controlar la Justicia”. En ese sentido, enumeró que “a la ley de 2006 del Consejo de la Magistratura se sumó en 2013 la ley de “democratización” que fue declarada inconstitucional. En 2015 llegó la ley de jueces subrogantes y otra declaración de inconstitucionalidad”.
El jefe del bloque oficialista de la Cámara baja destacó que quedan apenas 4 días para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema.
Inmediatamente después de obtenida la media sanción del proyecto que modifica la conformación del Consejo de la Magistratura, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, se pronunció sobre el tema que ahora deberá abordar la Cámara baja.
“Hay media sanción”, observó el legislador santafesino, que también advirtió sobre el escaso tiempo que queda para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Antes del 15 de abril hay que tener una nueva ley. Quedan 4 días hábiles”, escribió el legislador, dando por sentada la imposibilidad para cumplir con los tiempos.
“El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre”, admitió Germán Martínez, que tendrá que lidiar, además de con los tiempos exiguos, con la falta de votos para completar la aprobación de la ley.
Horas después, el santafesino apuntó contra el máximo tribunal por el tiempo concedido para la sanción de una nueva ley: “Consejo de la Magistratura. El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis”.
“Diputados tiene sólo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”, agregó.
La vicejefa del Frente de Todos cerró el debate de la sesión de este jueves enrostrando a la oposición las distintas iniciativas que habían presentado sobre el tema.
En un discurso de media hora, cerró el debate en la sesión de este jueves la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien cargó contra la oposición al recordar las distintas posiciones que tuvieron sus referentes sobre la presencia de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura.
Sólida en su alocución, a la mendocina le tocó hablar después del jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, y confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la camporista apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.
Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición”.
“Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.
También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.
Luego de enumerar distintos hechos sobre la presidencia de Mauricio Macri, como la designación de dos jueces de la Corte por decreto, la senadora señaló: “La principal diferencia podríamos decir entre el dictamen de minoría y el de la mayoría es la presencia de la Corte. El dictamen de minoría es muy parecido a la ley del ’97”.
“Me llama la atención cómo miembros de la oposición que se la pasan en los canales de televisión diciendo que hay que recortar el gasto político quieren de nuevo instaurar un Consejo de la Magistratura que va a ser un elefante“, aseveró.
Al revelar que hizo un repaso por los diarios desde 1997 a 2006, la kirchnerista dijo que había “ríos y ríos de tinta sobre que esa ley, que incluía a la Corte en su presidencia, no funcionaba, que el Consejo era grande, que era caro, había dos cabezas decían”.
“¿Nos quieren convencer ustedes y la Corte de que volver a esta ley es lo mejor que le puede pasar a las instituciones de la Argentina? Me parece que tendríamos que revisar un poquito y legislar no solo para la coyuntura”, continuó.
Y reiteró las críticas a la Corte por su fallo “político” de diciembre pasado, en el que “ni siquiera se tomaron el trabajo de ocultar (con tecnicismos) los fines políticos, que es garantizar el predominio de la familia judicial y algunos poderes económicos dentro del Poder Judicial”, acusó.
“Me puse a buscar cuál era la posición institucional respecto de la presencia y la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura”, arrancó, para mencionar que en 1995 el primer proyecto que presentó la UCR, firmado por José Genoud, Fernando De la Rúa e Hipólito Solari Yrigoyen, “no tenía en ese momento la presidencia de la Corte, ni siquiera la integración”. En el mismo sentido iba otro firmado por los entonces diputados Elisa Carrió y Mario Negri -hoy actual jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja-.
Y leyó luego el discurso de la exdiputada Patricia Bullrich, actual presidenta del Pro, quien en la sesión en que se aprobó la Ley 24.937 cuestionaba que la presidencia del Consejo quedara en manos de Julio Nazareno, quien era el titular de la Corte menemista. Además, la chicaneó, provocando la risa de la vicepresidenta: “No sé de qué bloque era porque tuvo más transferencias que un Corsa”.
A esa altura, Fernández Sagasti ya había pasado los 20 minutos de discurso y la oposición comenzó a alterarse. Luego que Cristina Kirchner le aclarara que entre ella y José Mayans iban a hablar 40 minutos, la mendocina le lanzó a Luis Naidenoff: “No se ponga nervioso que ya llego a usted”.
Acto seguido, recordó que en el debate en 2006 de la Ley 26.080, el dictamen de minoría planteaba que “la postura institucional de la UCR” era que “no contenía la presencia y la presidencia de la Corte. Estaba firmado por Luis Naidenoff, Ernesto Sanz, José Zavalía, entre otros”.
Además, la vicejefa del bloque oficialista indicó que en 2009, 2010 y 2011 hubo proyectos presentados por la oposición sobre reforma del Consejo, pero sin contemplar a la Corte, como el que también presentaron en 2018 Elisa Carrió, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli. “¡(Germán) Garavano! presentó un proyecto muy similar al que estamos tratando hoy, de 17 miembros, sin presencia de la Corte”, sumó.
“La conclusión a la que podemos arribar es: o nacieron de nuevo, o en realidad lo que hacen en cada momento que les toca decidir es decidir según la coyuntura y no las instituciones”, criticó.
En el final, aseguró que el bloque votaría a favor “por la voluntad política de darle una respuesta democrática a un problema de conflicto de poderes que ha planteado la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La senadora jujeña destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.
Este jueves, durante la sesión especial del Senado de la Nación en la que se debatió el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura la senadora nacional por Jujuy y consejera de la Magistratura, Silvia Giacoppo señaló que “un representante de la Corte Suprema de Justicia debe ser presidente del Consejo de la Magistratura”.
“En el sistema argentino el Poder Judicial controla a los otros dos poderes por medio de su función político-jurídica más importante: el control judicial de constitucionalidad. Es decir, conformamos un sistema en el cual cada uno de los poderes forma parte del sistema de frenos y contrapesos que hacen a la esencia del régimen democrático y por ende, de ninguna manera podemos colocar organismos extra-poder o intra-poder por sobre ninguno de ellos”, explicó y argumentó que “el artículo 108 de la Constitución Nacional determina que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”.
En tanto, agregó: “El Poder Judicial se compone de varios órganos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Juzgados de Primera Instancia, las Cámaras de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, ellos integran una estructura vertical cuya instancia superior es la Corte Suprema”.
La senadora, autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “por ello, la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.
“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo.
El proyecto del oficialismo amplía la cantidad de consejeros de 13 a 17, dejando la composición de este con cuatro representantes de los jueces, seis de los legisladores, cuatro de los abogados, dos de los académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio remarcó que de esta manera va a prevalecer el sector político, motivo del argumento que la Corte utilizó como en diciembre pasado para declarar inconstitucional la actual integración de 13 miembros (más representantes de la política -siete- que de los técnicos -seis-). Así, el Máximo Tribunal fijó el 15 de abril como fecha límite para reformar el Consejo. De no aprobarse la Ley, el Consejo deberá volver a su composición original y con la Corte Suprema como principal autoridad.
“Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”, indicó.
“Los puntos neurálgicos de toda ley que lleva adelante la reglamentación del Consejo de la Magistratura debe tener como ejes o bases filosóficas lo contenido por la Constitución Nacional en cuanto a la relación y estructura orgánica del poder, porque de ello es justamente de lo que se está hablando, del poder, y de su ejercicio. Entonces, desconocer la naturaleza, la historia o los inconveniente planteados y resueltos sería caer en una necedad innecesaria y perjudicial para todos”, concluyó Giacoppo.
Lo que propone la oposición
El senador rionegrino remarcó que la “única diferencia entre ambos proyectos es si la Corte ingresa o no al Consejo”. En ese sentido, cuestionó la actitud del bloque de JxC.
En la recta final del debate sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura en el Senado, el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) consideró que “la justicia no va a ser más independiente porque esté algún miembro de la Corte en el Consejo”. En tanto, cuestionó a la oposición y agradeció al oficialismo por haber aceptado sus modificaciones.
“Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia es si la Corte integra el Consejo o no, es la realidad. Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, opinó el senador por Rio Negro.
En ese contexto, recordó que “en el 2018 rivalizaba en la gobernación de Rio Negro con la misma persona que hoy habla en contra de la Corte. Mi candidatura fue judicializada por el radicalismo y el peronismo para bloquear la candidatura. Ahí el actual ministro de Justicia, Martín Soria, decía que la Corte peronista iba a fallar a favor y yo no iba a ser gobernador, y paso eso”.
“La posición de Soria de aquel momento es otra a la de hoy, y puedo decir lo mismo con la posición de cambiemos. ¿Cuál es el cambiemos que habla en serio? ¿el de hoy o el de 2017? Porque el presidente Mauricio Macri y Germán Garavano elevaron al Congreso el proyecto de reforma del Consejo”, cuestionó Weretilneck y procedió a leer el mensaje de elevación: “El proyecto tiene dos objetivos fundamentales profundizar la independencia judicial y lograr una eficaz prestación al servicio de justicia. El proyecto prevé una integración se considera es la que mejor se condice con el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional”.
En tanto, aclaró: “Ese proyecto no preveía a la Corte. El gobierno de cambiemos pregonaba la independencia judicial, el equilibrio”, y preguntó: “¿Cuál es la verdad? ¿La Corte en aquel momento era mala porque había fallado a favor de las provincias antes del término del mandato de Cristina Kirchner y por eso no había que tenerla en el Consejo? ¿o la Corte actual es buena y hay que tenerla?”.
“Cuando la discusión es política creo, que para ser honesto, la discusión es coyuntural y quienes pregonan una mejor ley e independencia judicial es el discurso de la época no del convencimiento”, cuestionó el rionegrino y remarcó: “La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en 20 integrantes, en 13 o el número que sea”.
De esa manera, precisó: “La justicia será independiente cuando terminemos de sancionar las leyes que reformen la justicia y con un tema que es la moral. Cuando haya jueces y fiscales con moral. Leyes y moralidad, el resto son otras cuestiones”.
“También dicen que queremos sacarle la independencia a la Justicia, no tiene nada que ver eso hay que volver unos años atrás para ver cuál fue el espíritu del artículo 114. Esta Constitución es uno de los mayores acuerdos políticos de la historia argentina y para ese artículo radicalismo y justicialismo tuvieron dictamen común y dice claro cuál era la intención de los dos partidos mayoritarios”, resaltó.
Por último, opinó: “Que este o no un miembro de la Corte en el Consejo de la Magistratura es una decisión política de cada gobierno de cada partido”. A su vez, agradeció el consenso con el bloque del FdT y de la Concordia Misionera que a través del “diálogo y el acuerdo” sintetizaron posiciones del “federalismo y las posiciones de la Casa Rosada”.
“Lo importante no es si la Corte esta o no, sino que el espíritu constituyente fue otra cosa porque considero que es un avance eficaz del federalismo. Desde 1994 pudimos cambiar la integración del Consejo”, cerró.
El proyecto del Poder Ejecutivo, que recibió modificaciones, cosechó 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención. Fue girado a la Cámara de Diputados, donde tiene muy bajas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte.
Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado se alzó con la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17. El tema pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129- que se requiere para sancionar la norma.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, pero que sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó este jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.
En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio un discurso pero no estuvo en la votación.
La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y convocó nuevamente a un plenario de comisiones para formalizar las modificaciones que se le iban a introducir al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.
En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.
El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.
Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.
Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.
De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El debate
El encargado de abrir la ronda de oradores fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”. “La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la comisión.
De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”.
Por el contrario, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al cual calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”. Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció que “quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.
La radical Silvia Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.
“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo e indicó: “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.
Por su parte, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial y en este caso la Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y el honor de todos”.
“Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.
“La Corte por arte de magia puso en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás”, cuestionó la senadora chaqueña y lamentó “estar tratando este proyecto” por un fallo “erróneo”. “La única diferencia que hay entre el proyecto nuestro y el de ustedes es la presidencia de la Corte en la presidencia del Consejo y quienes interpretan que con eso vamos a tener más independencia del Poder Judicial están leyendo al revés”, cerró.
A su turno, el santafesino Dionisio Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo hizo una ley para controlar el Consejo de la Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la independencia de la justicia y hacerla hábil y operativa”.
“En le medio de todo esto están los ciudadanos, la ley que se pide sebe estar en función de eso”, remarcó Scarpin y preguntó: “¿De qué sirve sancionar una ley si en Santa Fe el 35% de los cargos están vacantes hace 7 años? ¿Quién está pensando en la gente y en sus necesidades? Mejorar la operatividad pasa por otro lado y no por bajar el número de las mayorías”.
Su coterránea, Carolina Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este Gobierno esta totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el acceso a la justica a los ciudadanos”.
“El kirchnerismo no cree en la independencia de poderes, ni en la república, ni en una justicia independiente. Hay uno de los grandes pensadores kirchneristas habló de un servicio de la justicia y no como un poder. Les cuesta mucho respetar la Constitución Nacional”, apuntó y cerró: “Vinieron en búsqueda de la impunidad”.
Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio”.
“Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”, remarcó Yedlin y celebró la paridad de género que propone la iniciativa.
En otro pasaje, la mendocina Mariana Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.
En ese marco, recordó que por “culpa de las absurdas peleas del Gobierno” el tema no se pudo tratar en extraordinarias y celebró el trabajo llevado a cabo por Snopek. “Este tratamiento exprés no es culpa e la Corte, sino por culpa de discusiones dentro del Gobierno. Parece un capricho no querer integrar a la Corte para que conforme el Consejo de la Magistratura, es algo caprichoso que no respeta la Constitución y le da poco funcionamiento al Consejo”, apuntó Juri y finalizó: “Encontramos a un kirchnerismo que busca revancha, de defensa de intereses personales”.
El rionegrino Martín Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su coterráneo Alberto Weretilneck. Por otro lado, denunció que “estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado”, por lo que expresó preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.
“Este fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que esta decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”, advirtió Doñate.
En su intervención, el radical Luis Juez lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”. “Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, criticó y agregó: ” El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.
Por otro lado, la riojana Clara Vega sembró incertidumbre respecto a su voto porque, si bien coincidió en que “tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”.
No fue el caso de la cordobesa Alejandra Vigo que adelantó su voto negativo porque “la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.
“La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el rionegrino Weretilneck y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.
En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”. Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.
Sobre esa ley, que recordó tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate, se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”. Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no. Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, añadió.
El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo criticó: “El debate que organiza el Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de la Corte Suprema. Algunos de los senadores del oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social y económico”.
“Todos los poderes del Estado están desprestigiado, incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle al sistema democrático, sino a malas administraciones de diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40 años”, advirtió.
Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.
Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición”. “Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.
También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.
El tucumano destacó que, según el proyecto votado este jueves, los senadores podrán participar del proceso de selección de los jueces federales.
El senador nacional Pablo Yedlin (FdT) sostuvo este jueves que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura “permitirá que cada vez que se analice la elección o selección de jueces federales participen de ese proceso -en forma ad honorem- senadores de la región o las provincias en las cuales ejercerán esas futuras autoridades judiciales”.
“Hay que reconocer que los dos proyectos que se pusieron en debate, tanto del oficialismo como la oposición, buscan el equilibrio que demanda la Constitución Nacional y el propio fallo de la Corte”, afirmó el tucumano. Sin embargo, remarcó que el proyecto del Frente de Todos “incorpora la perspectiva de género y, sobre todo, federaliza al Consejo de la Magistratura”.
Además, el oficialista señaló que “la Constitución en ningún momento prevé que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien presida el Consejo de la Magistratura”. “No es lo que dice la Constitución ni está en el espíritu de los constituyentes. Todo lo contrario, eso generaría un real desequilibrio”, subrayó.
“En pocas palabras, el proyecto oficialista incluye la mirada equilibrada, de género, es más económico y más federal”, manifestó.
El senador de JxC admitió responsabilidad por el “fracaso” del Consejo de la Magistratura, y consideró que los argentinos “necesitamos una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”.
En su intervención en el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”.
“Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, abrió el senador cordobés su alocución, y continuó destacando conceptos de la bancada oficialista con los que coincidía: “Como no compartir el repudio a la designación de miembros de la Corte por decreto, ¿qué necesidad había? A mí no se me ocurriría sentarme a discutir si el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Creo que debería estar el representante de la Corte en el Consejo”.
Pero luego le respondió al senador Doñate, y sostuvo que: “Para no tenerle miedo a la Justicia lo que no hay que hacer es cosas para que la Justicia te condicione, para no tenerle miedo a la Justicia lo que hay que hacer es tener jueces independientes, decentes, honestos, probos, no amigos y punteros políticos. Para no tenerle miedo a la Justicia y no ponernos de rodillas para que no nos avergüencen no hay que pedirle nada. Nunca nada, simplemente que fallen a derecho”.
“La política durante todo este tiempo, y me hago cargo de la cuota de responsabilidad que me corresponda, con todos los gobiernos y todos los partidos, agarró el Consejo de la Magistratura y lo convirtió en una caja política, con salarios monstruosos y con decisiones absolutamente incompresibles”, reconoció el legislador, al tiempo que lamentó haber desperdiciado esta oportunidad para discutir el Consejo de la Magistratura que necesitamos: “Tendríamos que en serio, de una vez por todas, dejarnos de joder con las terribles oportunidades que hemos tenido, y las seguimos desaprovechando como esta para sentarnos a discutir con el mayor conceso posible qué Consejo queremos. Para qué queremos un Consejo de la Magistratura”.
En este sentido, sostuvo que el Consejo de la Magistratura “ha sido un fracaso, con la ley del 2006, cuya autora fue Cristina Kirchner, pero también lo fue con la anterior ley. El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”, y que “es cierto que, con una conducta perezosa, inadmisible, la Corte terminó fallando tarde, y nos puso en un brete. Pero nos da una oportunidad, no lo tomemos como una conducta extorsiva”.
“Esta es una nueva oportunidad que la política viene a perder. Una nueva oportunidad para contarles a los argentinos que necesitamos una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna. Con los jueces no hay que hablar, nunca. Y para no tener problemas hay que actuar a derecho, hay que ser honesto. No se puede pasar por la función pública, enriquecerse, y después querer que un fiscal o juez amigo le resuelva los problemas, así no funciona la cosa con el ciudadano común. Ese es el problema que no nos animamos a decir. Cuando le toca a uno y cuando le toca a otro queremos fiscales y jueces amigos, y lo que necesitamos son jueces honestos”, concluyó el senador Juez.
La senadora riojana no adelantó su voto respecto al proyecto oficialista de reforma al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, destacó la paridad de género y el federalismo.
En pleno debate del proyecto oficialista de reforma al Consejo de la Magistratura que se lleva a cabo en el Senado, la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) consideró que “la Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”, pero destacó el federalismo y la paridad de género que propone la iniciativa. Pese a esas observaciones, no adelantó su voto.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Estamos debatiendo un tema que empezó hace 16 años atrás. Un proyecto que busca rebozar el funcionamiento del Consejo relacionado con la decisión de la Corte muestra la lentitud que ha tenido la justicia para responder cada vez que la ciudadanía presentó algo sea lo que fuere”, expresó Vega.
En tanto, cuestionó: “La justicia está atrasada en 50 años y tiene que ver con la falta de infraestructura, de información, de trazabilidad de expediente, estamos discutiendo quién va a tener el poder y quién la caja. En mi provincia hay miles de casos de justicia tardía. Siempre la misma problemática”.
Respeto al proyecto oficialista sostuvo: “Coincido en que, si tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro, pero la Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto, esa es mi propuesta”, y pidió: “Dejemos de poner en la mesa temas que no tienen nada que ver con las soluciones que estamos esperando, se proponen proyectos con más burocracia y más poder en la toma de decisiones”.
La senadora de Córdoba Federal sostuvo: “La nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”.
La senadora nacional Alejandra Vigo (Córdoba federal) adelantó este jueves en la Cámara alta su voto negativo al proyecto oficialista de reformar el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, remarcó que el “desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”, es lo que “más la preocupa”.
La cordobesa coincidió en la “oportunidad de darle tratamiento al proyecto” a escasos “cuatro meses del fallo de la Corte que invocó a la necesidad de una nueva ley para que el Congreso pueda dictaminar sobre el Consejo. Nos brinda una oportunidad para que este Cuerpo legislativo pueda sancionar una ley que cumpla con estándares de legalidad y devenga en un mejor funcionamiento”.
“La nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”, remarcó Vigo y explicó: “El Consejo fue facultado para fortalecer al Poder Judicial, para darle mayor independencia y más operatividad, eso no vulnera ningún principio de la República democrática, para despolitizar los nombramientos de magistrados, para reglamentar, administrar y organizar el Poder Judicial, designada y removiendo magistrados”.
A su vez, precisó: “No se puede prescindir de la Corte Suprema de Justicia. Una cuestión llamativa del proyecto es que a pesar del equilibrio que demanda la Constitución para la composición del Consejo se haya suprimido la segunda minoría de legisladores siendo que su integración pudiera aportar a una mayor participación o pluralidad y evitar la polarización del oficialismo”.
“Es nuestro deber garantizar que los poderes políticos no tengan en el Consejo una hegemonía, que si o si, menoscabe la transparencia en el cumplimiento de las funciones. En otro orden, sobre los profesores titulares, considero errónea el planteo de la elección que se lleva a cabo a través de los decanos de las facultades porque no se entiende el verdadero objetivo del proyecto, sino impedir que profesores tengan el mismo derecho que abogados y jueces”, cuestionó.
Y siguió: “Se produce un desplazamiento del poder de decisión de ese conjunto de profesores hacia los decanos que son funcionarios con responsabilidades de Gobierno que, por ende, pueden ser susceptibles a la influencia política. No encuentro explicación satisfactoria en el retroceso de este punto, esto deja atrás el proceso democrático”.
“Advierto dos aspectos que son muy claros: la discrecionalidad en todos los puntos y por otro lado el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo, inversamente necesitamos la sanción de una ley del Consejo para que sea un órgano más democrático, efectivo, abierto y eficaz. Esos desaciertos si no se corrigen el Consejo no tendrá equilibrada la composición que se requiere”, cerró Vigo y adelantó su voto en contra.
La senadora de JxC sostuvo que el proyecto del oficialismo es “inconstitucional” al excluir a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura.
En su intervención en el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, la senadora nacional de Juntos por el Cambio, y miembro informante del bloque, Beatriz Ávila, rechazó el proyecto del oficialismo, que consideró que es un intento del Poder Ejecutivo de “trata de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”.
“Sin lugar a dudas el tema que nos convoca es extremadamente importante, estamos hablando nada más y nada menos que sobre la independencia del sistema judicial. Y en ese contexto, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene a su cargo la sanción y la remoción de los magistrados es central”, comenzó su alocución la legisladora tucumana.
Y en este sentido, indicó que “el espíritu de la reforma del ’94 ya hablaba de fortalecer la independencia del Poder Judicial para evitar que poderes políticos partidarios puedan de alguna manera interferir o condicionar el resto del estamento para de alguna manera poder insistir sobre el funcionamiento del sistema de Justicia”.
Respecto a las diferencias de su dictamen con el del oficialismo, expresó: “Debemos reformar este Consejo de la Magistratura, un órgano pluralista y sobre todo de concesos, para que pueda recobrar el equilibrio en su integración según la Constitución reza en su artículo 114. Sin lugar a dudas hay que respetar este equilibrio entre los distintos estamentos que la componen, lo que prevé este equilibrio es que no haya un poder hegemónico sobre los demás que permitan imponer decisiones relevantes o que quieran de alguna manera paralizar el trabajo del Consejo Deliberante. De ahí las diferencias con el proyecto del oficialismo, a nuestro entender, el proyecto del oficialismo no garantiza este equilibrio, mientras el nuestro sí lo hace, sin lugar a dudas”.
En ese marco, señaló que el verdadero debate es respecto a la interpretación de la presencia de un representante de la Corete Suprema de Justicia de la Nación o no: “Las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son absolutamente complementarias, no pueden estar separadas, no pueden estar en estamentos estancos porque tienen que ver con la función y el servicio que tiene que brindar la Justicia a todos los ciudadanos. Por eso no poder integrar a la Corte dentro el Consejo es a nuestro entender fuera de lugar”.
Por esto, para Ávila el proyecto del oficialismo es “inconstitucional” al excluir a la Corte Suprema: “No sabemos porque razones extrañas no se puede lograr esto, si es producto de la necedad o de un capricho. Aprobar un proyecto del oficialismo tal cual como está, es contrario a lo que dice la Constitución nacional. Yo preveo, y lo digo con mucha tristeza, que nuevamente vamos a estar frente a un esquema cuya invalidez constitucional va a comenzar en la cuenta regresiva”.
“¿No es hora de que superemos las diferencias partidarias y asumamos un compromiso entre todos de construir instituciones solventes, de acuerdo a nuestra Carta Magna, no es hora de que tengamos una ley del Consejo de la Magistratura que los argentinos nos sintamos orgullosos? ¿No es hora ya de que terminemos de doble discursos?”, cuestionó la legisladora, y señaló: “Todos queremos hacer nuestro aporte, nosotros no nos quedamos como oposición en la crítica, si no que verdaderamente también queremos aportar a que salga la mejor ley. ¿No es hora de que tengamos jueces idóneos, independientes, imparciales, para que todos los ciudadanos tengan un proceso justo independientemente de la persona que fuera?”.
La senadora consideró que estamos ante una “oportunidad histórica” de “deponer los intereses partidarios, y esas ambiciones de querer controlar al poder judicial, sea del gobierno de turno que fuere, y tenemos que lograr una ley superadora, conformar un verdadero Consejo de la Magistratura que garantice la independencia del Poder Judicial. Estamos desperdiciando poder trabajar con consensos, y creo que necesitamos una ley que supere el tiempo, necesitamos una ley que nos de seguridad jurídica para que nuestro país traiga inversiones y crecimiento para poder acabar con la pobreza que afecta a millones de argentinos”.
Sobre la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, expresó que esperaba que defienda el proyecto del Poder Ejecutivo, “y sin embargo, lo que vino a hacer fue a atacar, a agraviar a otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Habló de presión, extorsión, golpe institucional, expresiones verdaderamente lamentables en la boca de un ministro”.
“Creo que el proyecto del Poder Ejecutivo trata de someter al Poder Judicial, y reducirlo a nada más y nada menos que a un estatus de simple servicio público administrativo. ¿A mí me parece que hay como una obsesión con la Corte Suprema o contra su presidente, pero quien duda de la capacidad del presidente de la Corte? ¿Fue ministro del expresidente Néstor Kirchner, y ahora es el malo de la película? Cuando no nos gusta un fallo, salimos a criticar”, agregó sobre este tema.
Por otro lado, manifestó coincidir con las expresiones del senador Snopek: “El Poder Judicial está con un gran descredito entre a sociedad, porque percibe que el Poder judicial tiene privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos y eso realmente irrita. Y creo que en algún tiempo también tenemos que hacer una ley con esta temática, pero tiene que ser con consenso entre todos, para poder tener un Poder Judicial mucho más fuerte”.
Finalmente, abordó las disputas internas dentro del espacio gobernante: “En este contexto que estamos viviendo los argentinos, no puedo dejar de mencionar la grave crisis política que nosotros estamos atravesando. Hoy hay un gobierno quebrado, un gobierno dividido, donde sus principales protagonistas no dialogan. Los argentinos sabemos cómo termina esta historia, o acaso nos olvidamos lo que pasó con La Alianza. Creo que tiene que haber una capacidad de gobernar en serio en la coalición oficialista. La figura del presidente está devaluada, está debilitada, y es del mismo oficialismo de dónde salen las peor críticas. Es muy triste ver como se ríen, como hay memes, como se burlan del presidente de todos los argentinos, a quien no voté, pero nos representa a todos. Eso está mal, no se puede ser oficialista y opositor a la vez. El presidente fue elegido por mandato popular y tenemos que hacer todo lo posible para que termine su mandato el año que viene”.
Y agregó: “Hoy el Gobierno es un barco a la deriva, pero en ese barco estamos todos los argentinos. Creo que es un momento muy delicado, en el que la sociedad nos llama a gritos, que vayamos a los hechos, que vayamos a poner la agenda que están necesitando. De poner un Poder Judicial al servicio del ciudadano”.
“El Gobierno tiene la obligación de tratar de llegar a algunos acuerdos para que puedan gobernar el periodo que les falta, y nosotros desde la oposición tenemos la obligación de trabajar con racionalidad como lo hicimos con el FMI, donde muchos del oficialismo no lo votaron, y desde JxC sí, y con eso evitamos el default”, concluyó la senadora Ávila.
El senador oficialista denunció: “Quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.
En la ronda de oradores en el Senado, donde se debate el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) lanzó fuertes críticas hacia la Corte Suprema y tildó al fallo como “anticonstitucional”. En ese mismo sentido, apuntó contra la gestión de Cambiemos.
El senador neuquino retomó las palabras de su antecesor Guillermo Snopek y resaltó que “fue un trabajo arduo donde se escucharon voces críticas y no críticas. En ese sentido creo que es plausible ese trabajo que hicimos en comisiones”.
“No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien lo propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”, cuestionó Parrilli.
En ese marco, apuntó que “hay un fiscal interino que hizo el dictamen, un fiscal que devino luego de la persecución que se hizo a Alejandra Gils Carbó”, y recordó las expresiones del ministro de Justicia Independiente que “defendía la justicia del Poder Judicial y decía ‘Gils Carbó se tiene que ir porque es kirchnerista’ o un presidente que decía ‘necesitamos jueces que nos representan o que decía ante un fallo determinado que no era lo que acordaron. El que lo decía era Mauricio Macri”.
“Cada cosa en su lugar, estamos debatiendo un proyecto por una actitud anticonstitucional porque que una Corte diga que, si no está no hay independencia en el Consejo de la Magistratura, es algo muy raro”, cuestionó el legislador neuquino.
En ese marco, señaló: “Este fallo de la Corte ha legislado, es como si nosotros mañana sacamos la sentencia contra alguien, que condenamos a algún miembro por integrar la mesa judicial. La Corte se atribuyó, luego de 16 años de haber modificado la Constitución, que esa ley era constitucional y ahora dicen que no”. En ese sentido, denunció: “Quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.
“Además, dicen que independiente de lo que pase, va a asumir. Cada vez me sorprendo más, hay cosas ilógicas e irracionales que han ocurrido. Hoy estamos sancionando una medida transitoria, imperativa que nos imponen el fallo de la Corte porque quieren poner en vigencia una ley absolutamente derogada”, remarcó Parrilli.
Y precisó: “Hasta el 13 de abril hay 15 miembros, después 20 y cuando se sancione esta ley va a ver 17. Más desprolijidad y desdeñe en el Consejo no va a haber y es causado por la Corte”.
“La Corte durante los años que gobernó el macrismo, esa Corte que cuando Germán Garavano designaba jueces especiales y hacia procesar, era el ministro que alentaba todas estas medidas. La Corte lo convalidó, pero con el nuevo gobierno empezó a cuestionar todo eso, lo que hizo fue decir que estaba todo mal hecho”, recordó.
En tanto, calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”, la actitud de la Corte. “Si esta Corte tiene tanto desprestigio, fue por lo que se hizo a partir del 2016, la corte de Néstor Kirchner no era esta corte, tenia prestigio. Vino otro gobierno que designó por decreto y ahí empezó la mayor decadencia, la política de Garavano y Tonelli que hizo cambiar las mayorías por trampa. Este desprestigio que tiene la Corte se debe a la responsabilidad del macrismo”, y cerró: “Esta ley no me satisface, pero la voto porque no hay otra cosa porque debería tener mayor representación política”.
El senador jujeño destacó el trabajo realizado por oficialismo y oposición para reformar la ley del Consejo de la Magistratura.
Miembro informante como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (Frente de Todos – Jujuy) arrancó su exposición refiriéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso la inconstitucionalidad de la ley vigente, y por eso leyó partes del mismo, cuestionando la instancia en la que consideró que el Tribunal Supremo se dedicó a legislar.
El máximo tribunal, dijo, “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”.
Snopek apuntó que la resolución de la Corte Suprema indica que todos los fallos dictados por el actual Consejo serán nulos a partir del 15 de abril, si no hay una norma que reemplace a la vigente o bien el mismo se complete con 20 miembros según indica la Corte. Y tras recordar que la primera parte del fallo en el que se declara la inconstitucionalidad de los artículos que establecían cómo iba a estar integrado el Consejo de la Magistratura “tuvo unanimidad de los miembros de la Corte”, aclaró que en cambio uno expresó su disidencia con respecto a la segunda parte del fallo.
Se refería puntualmente al juez Ricardo Lorenzetti (a quien no nombró), que expresó en su disidencia parcial que “si el Congreso no legisla en un plazo razonable, esta Corte procederá a implementar la garantía de independencia del Poder Judicial, en los términos de sus propios precedentes. Ínterin, con carácter excepcional, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se regirá por las previsiones de la Ley 26.080″.
“En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace dieciséis años. Es así porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. En fin, contradice los principios básicos del derecho, que no pueden ser ignorados por los magistrados”, concluye la disidencia de Lorenzetti, que a juicio de Snopek dejó claro que “los jueces no son legisladores”.
“La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”.
Más allá de eso, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales valoró el trabajo hecho por los legisladores en comisión. Un trabajo “que muchas veces se vapulea”, enfatizó, destacando que se analizaron los proyectos presentados por los senadores Cornejo, Fiad, Giacoppo, Vischi, Weretilneck y la oficialista Norma Giménez. También resaltó positivamente que Juntos por el Cambio hubiera unificado todos sus proyectos en uno solo.
Asimismo se refirió a las visitas de quienes expusieron ante el plenario en el Senado, comenzando por el ministro de Justicia de la Nación, y también destacó la visita del presidente actual del Consejo de la Magistratura. Rescató también el diálogo entre todos los bloques para establecer quiénes concurrirían a exponer.
Snopek comentó en otro pasaje que para el dictamen muchos legisladores hicieron su aporte. Resaltó la introducción de la cuestión de género, como así también la inclusión de la óptica federal hecha por el senador Alberto Weretilneck. Asimismo valoró el aporte del entrerriano Ernesto Kueider, respecto de que los integrantes del Consejo de la Magistratura no necesiten ser abogados.
No se refirió puntualmente a la cuestión de que un miembro de la Corte presida el Consejo, como expresa el fallo del Tribunal Supremo y quiere la oposición, pero comentó que la existencia del Consejo de la Magistratura no figura en la Constitución norteamericana en la que se inspira nuestra Carta Magna. “Viene del Derecho europeo, de la época de Mussolini, donde el presidente de la Nación integraba el Consejo de la Magistratura”, advirtió Snopek, que agregó que “hoy en la legislación vigente en Francia lo integra el presidente de la Nación. Imagínense acá si lo integrara el presidente de la Nación, ¿qué diríamos?”.
Snopek finalizó diciendo que “hoy la sociedad dice que la Justicia está peor vista que nosotros; es momento de volver a recuperar esta justicia”, y destacó que se está logrando “llegar a discutir y dejarles a los argentinos la media sanción para que el país no se quede sin legislación que avale este Consejo de la Magistratura”.
La Cámara alta busca darle media sanción al proyecto del Ejecutivo, que pasará luego a la Cámara de Diputados. El fallo de la Corte Suprema establece que el 15 de abril el actual Consejo dejará de tener validez.
La Cámara de Senadores sesiona desde las 14.20 con el objeto de dar media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. De alcanzar el quórum se encargó el propio oficialismo con sus aliados, pues los senadores de Juntos por el Cambio se integraron al recinto una vez que se inició la sesión.
La iniciativa tiene un texto original del Poder Ejecutivo, pero sufrió modificaciones la semana pasada cuando el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que había firmado una semana antes, proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.
El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.
No será ese el único tema que debatirán este jueves. El otro proyecto es el que designa como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación.
Cuáles son los principales cambios que se buscan hacer en el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, además de administrar el Poder Judicial.
–El Consejo de la Magistratura estará integrado por 17 miembros, de acuerdo a la siguiente composición:
*Cuatro (4) jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos o elegidas sobre la base del sistema D´Hondt. Se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y Regiones Federales. Al menos dos (2) deben ser mujeres.
*Seis (6) legisladores o legisladoras del Poder Legislativo de la Nación. A tal efecto, los presidentes o las presidentas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a propuesta de los bloques legislativos, designarán tres (3) legisladores o legisladoras por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) al bloque mayoritario y uno/a (1) al bloque que le siga en cantidad de integrantes. Al menos tres (3) deben ser mujeres.
*Cuatro (4) representantes de los abogados y las abogadas de la matrícula federal inscriptos e inscriptas en las Cámaras Federales con asiento en las provincias o en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, designados o designadas por el voto directo de los o las profesionales que posean esa matrícula. Se deberá garantizar la representación de todas las Regiones Federales. Al menos dos (2) deben ser mujeres.
*Un o una (1) representante del Poder Ejecutivo Nacional. Será designado o designada alternativamente un hombre o una mujer, por el período de un año en cada caso.
*Dos (2) representantes de los ámbitos académicos y/o científicos que serán elegidos o elegidas de la siguiente forma: un (1) profesor o una (1) profesora titular de cátedra universitaria de facultades de Derecho de universidades nacionales, elegido o elegida por los decanos y las decanas de las facultades de Derecho de universidades nacionales a simple mayoría de votos y una (1) persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor o acreedora de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que será elegido o elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional, con el voto de la mayoría de sus integrantes. Al menos una (1) debe ser mujer.
Los miembros del Consejo de la Magistratura prestarán juramento, en el acto de su incorporación, de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cada miembro titular se elegirá un o una (1) suplente por igual procedimiento, para reemplazarlo o reemplazarla en caso de renuncia, remoción o fallecimiento. Cuando se utilice el sistema D´Hondt, con el reemplazo deberá cumplirse con la cantidad mínima de mujeres que establece la presente ley en cada caso.
-Se mantiene que los miembros del Consejo durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una sola vez en forma consecutiva, pero si se altera su función serán reemplazados y dicho reemplazo no se contará como período a los efectos de la reelección “en aquellos casos en que la vacante haya sido cubierta por un plazo menor a la mitad del mandato”.
–Requisitos: Para ser miembro del Consejo se requerirá ser abogado o abogada y cumplir las condiciones exigidas para ser senador o senadora de la Nación. No se exigirá el título de abogado o abogada a los representantes del Poder Legislativo.
“En el caso de los abogados o las abogadas, se requerirá ser matriculado activo o matriculada activa en algún colegio profesional, salvo que estuviera exceptuado o exceptuada por su jurisdicción”, se agrega.
-Los miembros del Consejo no podrán concursar para ser designados magistrados o magistradas o ser promovidos o promovidas, si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurridos dos años -actualmente es de uno- del plazo en que ejercieron sus funciones.
-Sobre las reuniones del plenario: El Consejo de la Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, presenciales, remotas o mixtas con la regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presidente o presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta en ausencia del presidente o de la presidenta, o a petición de nueve (9) de sus miembros.
Además de la incorporación del sistema virtual, se introduce que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
–El quórum para sesionar será de nueve (9) miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo cuando por ley se requieran mayorías especiales.
–A las cuatro comisiones ya existentes se sumará una nueva, la de “Asuntos Federales”, que estará integrada en su totalidad por senadores y senadoras, en carácter Ad Hoc y Ad Honorem.
Será conformada por 16 miembros, 4 por cada una de las Regiones Federales:
El presidente o presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación designará, a propuesta de los bloques legislativos, dos (2) senadores o senadoras correspondientes al bloque con mayor representación legislativa, un senador o una (1) senadora correspondiente a la primera minoría y un senador o una (1) senadora correspondiente a la segunda minoría. Al menos dos (2) deberán ser mujeres.
Además, cada Región Federal elegirá un (1) presidente o una (1) presidenta que durará un (1) año en sus funciones, quien podrá ser reelegido o reelegida en una oportunidad.
-La Comisión de Asuntos Federales tendrá como competencia: elaborar propuestas a las distintas Comisiones y al Plenario respecto de las necesidades específicas de cada Región Federal; emitir opiniones consultivas no vinculantes respecto del trámite de los concursos públicos de oposición y antecedentes; emitir opiniones consultivas no vinculantes respecto de los procesos disciplinarios y de remoción de magistrados y magistradas; y participar en el Plenario del Consejo.
-La competencia de los Consejeros integrantes de la Comisión de Asuntos Federales estará circunscripta al ámbito territorial de los distritos judiciales que forman parte de la respectiva Región Federal.
Las Regiones Federales participarán en el Plenario a través de su presidente o presidenta, quien no estará facultado para votar respecto de las decisiones que allí se adopten.
-El Consejo confeccionará el padrón correspondiente a los jueces y las juezas y abogados y abogadas de la matrícula federal inscriptos e inscriptas en las Cámaras Federales con asiento en las provincias o en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
A efectos de garantizar adecuadamente la representación federal en ambos estamentos, las listas de candidatos de jueces y juezas y abogados y abogadas que participen del proceso electoral, deberán integrarse con un (1) representante de cada Región Federal.
–El país se dividirá en las siguientes regiones:
AMBA: comprenderá las jurisdicciones de los tribunales de Capital Federal y de los distritos judiciales correspondientes a las Cámaras Federales de La Plata, San Justo y San Martín.
Norte: los distritos judiciales correspondientes a las Cámaras Federales de Salta, Tucumán, Resistencia, Corrientes, Posadas y Paraná.
Centro: los distritos judiciales correspondientes a las Cámaras Federales de Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.
Sur: los distritos judiciales correspondientes a las Cámaras Federales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Comandante Luis Piedra Buena y General Roca.
La Cámara alta buscará darle media sanción al proyecto del Ejecutivo, que deberá pasar luego a la Cámara de Diputados, con la premura que establece un fallo de la Corte.
En una carrera contrarreloj para tener una nueva ley para antes del plazo establecido el año pasado por la Corte Suprema de Justicia (el 15 de abril), el Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
Está claro que siendo el debate apenas una semana antes de la fecha establecida por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma de 2006, los tiempos no dan para que haya ley antes del 15 de abril. Con todo, el Senado avanzará este jueves a partir de las 14 con una sesión para la cual tiene los números garantizados para dar media sanción al proyecto del Ejecutivo.
Iniciativa que tuvo modificaciones la semana pasada cuando el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que había firmado una semana antes, proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.
El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.
En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.
No será ese el único tema que debatirán este jueves. El otro proyecto es el que designa como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación.
La diputada de Identidad Bonaerense se desmarcó de la opinión de Roberto Lavagna. Aseguró que el titular del órgano judicial debe decidirse por consenso de sus miembros.
En la previa del debate en el Senado de la reforma del Consejo de la Magistratura, y en una carrera contrarreloj de cara al 15 de abril, día en que vence el plazo ordenado por el máximo tribunal del país para sancionar una nueva ley, la diputada Graciela Camaño afirmó que está a favor de que la Corte Suprema integre el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, pero no así de que lo presida y tenga doble voto.
En medio de una compleja discusión, que no reúne consenso, la legisladora del bloque Identidad Bonaerense sostuvo que “no” está “en ninguna de las dos posiciones”, al respecto de las propuestas que hay por parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
“No creo que tengamos que sacar a la Corte del Consejo. La Constitución establece claramente que todas las instancias de la justicia deben estar en el Consejo”, argumentó la diputada, que además integra el Consejo.
En ese sentido, aseguró que debe existir un “equilibrio” en los estamentos, y criticó “cuando la política quiere leer la Constitución del lado que le conviene”.
Camaño explicó que el Consejo es “un órgano distinto a la Corte” y “en ese ámbito debe convivir de manera equilibrada el estamento de los jueces, el estamento de los legisladores, el estamento de los abogados y, por fuera de esta selección, habla de que deben participar los académicos, sin mencionar qué tipo de profesión”.
“Quiere decir que la Corte tiene que estar”, resaltó e interpretó que debe haber “un juez de primera instancia, un juez de cámara y tiene que estar un juez de la Corte”. Pero aclaró: “No estoy a favor de que nosotros en la ley a una instancia le demos un doble voto y le demos la presidencia para desequilibrar”.
En diálogo con Radio Mitre, la legisladora subrayó que “tampoco” está “a favor del proyecto del kirchnerismo que ya hace 16 años quitó a la Corte”, siendo ésta “quien administra el dinero de la Justicia” y “está mejor dotada”. Sobre este punto, enfatizó que en los últimos años desde el Consejo “se trabajó siempre en divorcio con la Corte” y “rivalizando en materia de administración”.
“Si somos un organismo de equilibrio es mejor dejar que el propio Consejo decida quién va a presidir”, expresó y recordó que “un solo año de los años que yo llevo en el Consejo presidió alguien que no fuera juez”. “En un cuerpo colegiado lo que tiene que haber son acuerdos”, agregó, mientras que consideró que los jueces no deberían “integrar algunas comisiones”, como la de acusación, por ejemplo.
Para la diputada del interbloque Federal, “tenemos una carencia de conciliar la Constitución con los intereses propios de las fuerzas políticas, y eso es lo que nos hace caminar constantemente por la marginalidad”.
“Esta es una ley en la que no podemos hacernos los tontos. No es como la reforma judicial. Tenemos un mandato de la Corte que nos dio 120 días”, enfatizó, y apuntó que a partir del 15 de abril, si no se sanciona una nueva norma, “todos los actos que haga el Consejo de la Magistratura van a ser nulos”.
Por eso, “hay que tener responsabilidad republicana, ya que tanto les gusta ese término, todos”, manifestó e instó a las mayorías parlamentarias a buscar consenso y “ajustarnos lo más que podamos a la Constitución y tener acuerdos políticos”.
En otro tramo, aclaró: “Yo no tengo una iniciativa, tengo una interpretación acabada de la Constitución y precisamente no coincide con el proyecto que el kirchnerismo pretende sacar del Senado, y tampoco coincide con algunas iniciativas de Cambiemos. A raíz de que no pienso como ninguno de los dos extremos es que no he presentado un proyecto”.
Consultada sobre el tuit del exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna, quien se expresó a favor de que la Corte presida el Consejo, Camaño se desmarcó: “Hace mucho tiempo no lo veo a Lavagna. Él no forma parte de mi bloque, no preside mi bloque, no tiene ningún tipo de injerencia”.
“Lamento el primer error, Argentina tiene un cuarto poder, es el poder constituyente”, cuestionó sobre el mensaje de quien fuera el líder de Consenso Federal, el espacio por el cual en 2019 Camaño resultó reelecta diputada.
Finalmente, la bonaerense añadió: “Es su opinión, que la explique él. No me gustan los tuits de los políticos, yo prefiero dar la cara”.
La posición de Camaño -que integra el interbloque Federal con 8 miembros- refuerza las complicaciones que tendrá el oficialismo en la Cámara de Diputados para alcanzar el número de 129 legisladores que necesita para sancionar la ley, que se tratará primero en el Senado, y que no contempla a la Corte Suprema integrando el Consejo.
A partir del acuerdo alcanzando con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, el Frente de Todos, con 118 miembros, podría contar con el aval de los 5 diputados del interbloque Provincias Unidas, pero aún así le faltarían 6 votos más.
Roberto Lavagna, cuyo bloque de diputados es clave en un escenario tan trabado como la Cámara baja, se mostró contrario al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo en el Senado.
Luego de la demora obligada por los reparos expuestos por un aliado clave como es el rionegrino Alberto Weretilneck, el oficialismo llevará esta semana al recinto del Senado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el Poder Ejecutivo, con los votos suficientes para aprobarlo.
Lo cual no implica que vaya a ser ley, pues en la Cámara baja el Frente de Todos no cuenta con la ventaja numérica que sí tiene -aliados mediante- en el Senado.
En Diputados están apretados los números entre el bloque oficialista y la principal oposición, y el Gobierno necesita sí o sí encontrar los votos necesarios para tener quórum y aprobar las leyes en los denominados “bloques del medio”.
Suele contar con los 5 votos del interbloque Provincias Unidas, pero le cuesta mucho más con el resto. Por eso siempre está atento al interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, y que cuenta con 8 miembros. Atento a ello es que se sabe que pensaban contactar desde el oficialismo a la diputada Graciela Camaño para tratar de convencerla de votar el proyecto proveniente del Senado. Recordemos además que Camaño es actualmente miembro del Consejo de la Magistratura.
La mala noticia para el Frente de Todos es que el líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna, este domingo se pronunció en las redes sociales sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y su comentario no va en consonancia con el proyecto que aprobará el Senado.
“En la Argentina no hay cuatro poderes constitucionales, sino tres. Cada uno de ellos debe ser respetado en su independencia y competencias. El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó el exministro de Economía, dejando claro que no coincide con el proyecto del PEN que rechaza la presencia de algún miembro de la Corte en el Consejo.
Así las cosas, todo indica que ese pensamiento debe ser el imperante en ese espacio opositor.
El bloque de senadores del FdT aceptó los cambios que propuso Weretilneck, quien a su vez renunció a una propuesta de su iniciativa original: que haya un miembro de la Corte. De esta manera, el oficialismo tendría los votos garantizados para darle media sanción.
En la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta que tuvo lugar este miércoles en el Salón Azul, se debatieron las modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, y el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que firmó la semana pasada proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.
De esta manera, el Frente de Todos tendría garantizados los votos para darle la media sanción en el recinto, en una sesión que se estima será el próximo miércoles, ya que necesita tener sentados en sus bancas a sus 35 integrantes y el acompañamiento de 2 aliados más para llegar a los 37 votos necesarios, en este caso la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Weretilneck.
El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.
En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.
Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.
Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, expresó: “Hemos recibido propuestas de legisladores con este tema tan delicado, como es el Consejo de la Magistratura, que tiene fecha de vencimiento”.
Asimismo, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, aclararon que mantuvieron una reunión entre ambos bloques para que el plenario fuera informativo, porque “hemos trabajado en las propuestas para mejorar el proyecto enviado por el Ejecutivo”. “La idea es no ir al recinto sin que ningún senador sepa el texto final y que con una semana de anticipación puedan leer el texto mejorado. Vamos a ver si aceptamos nuevas propuestas e ir al recinto con el texto final”, explicó Sagasti.
Por consiguiente, Weretilnek sostuvo “la semana pasada había 3 propuestas una del bloque oficialista, que la mayoría acompaña el proyecto del Ejecutivo, el dictamen que planteó la oposición y nosotros presentamos un dictamen de minoría que hacíamos eje en los aspectos de aprovechar el debate de la ley para profundizar el federalismo y que se tengan aspectos que no habían sido tenido en cuenta en la anterior ley”.
“Estamos corriendo con el tiempo a partir del fallo de la Corte con lo cual nos quitó la posibilidad de avanzar”, indicó el rionegrino y agradeció la predisposición de ambos bloques y el diálogo para “acordar y consensuar algunos aspectos para enriquecer el proyecto del Ejecutivo. El cual tiene que ver en consonancia con el espíritu original para profundizar el Consejo y que tenga un carácter y una mirada de participación federal. Es algo a lo cual nadie se puede oponer”.
En ese sentido, el senador explayó: “La conformación del Consejo, en muchos años, son representantes en su mayoría de CABA y AMBA, es un tema a tener en cuenta. Si observamos la conformación de la justicia federal vemos cómo la estructura de CABA y AMBA absorbe todo lo que nosotros necesitamos resolver en el interior del país y las problemáticas que tienen los jueces federales en el interior, en muchos casos, son opuestos a la agenda de CABA y AMBA”.
“Tenemos problemáticas distintas, un juez federal tienen temas como narcotráfico y contrabando como temas puntuales. Los objetivos de jueces nacionales no tienen nada que ver con los del interior”, comparó Weretilneck y agregó: “Las realidades y los desafíos de la justicia del interior son totalmente distintas de CABA y AMBA por eso en la agenda de designación de los cargos y la mirada que se de para la selección y elección de funcionarios judiciales tienen que tener una mirada federal”.
En tanto, apeló a los datos y precisó que “tenemos 480 juzgados en todo el país, 303 están en CABA y 62 son juzgados de fueros especiales. El 24% son juzgados del interior del país. El 29% son Salas del interior del país, está claro que una cosa es la estructura federal de CABA y AMBA y otra cosa distinta es el interior del país. Nosotros estamos atados al funcionamiento de la gran metrópolis”.
Por lo tanto, planteó las modificaciones al proyecto que “de alguna manera rescata las dificultades, la falta de federalismo y pone al Consejo como uno de los órganos más federales. En los artículos incorporamos el concepto de región porque tiene que ver con nuestra identidad”.
“Las modificaciones concretas en lo que es el representante del Ejecutivo Nacional tiene que ser alternativamente un hombre y una mujer, es un tema que no estaba planteado. El segundo aspecto cómo tienen que elegirse los concejeros de los abogados y jueces, hasta ahora han visto que las leyes no se planteaba interior u otro lugar, tampoco el tema género”, enumeró y remarcó que “el proyecto del Ejecutivo había avanzado al decir que alguno de esos integrantes tenía que ser del interior, nosotros ahora vamos a ser más concretos y planteamos que para la elección de los concejeros, representantes de jueces y abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región (AMBA-Norte-Centro y Sur) y cada región está integrada por las competencias de cada Cámara”.
Y siguió: “Plantemos 4 candidatos de los abogados y de jueces tiene que haber un representante de cada una de las regiones y, a su vez, dos tiene que ser mujeres y dos hombres. Garantizamos que todas las regiones del país tengan representación en el Consejo de la Magistratura, antes eso no sucedía”.
El otro aspecto que se propuso y fue aceptado por el oficialismo es que el Consejo sesionará al menos una vez por trimestre “para abordar las problemáticas y necesidades del país. Otra modificación importante de federalizar efectivamente el Consejo es la puesta en marcha de una quinta Comisión, hasta ahora tiene cuatro, se llamará de Asuntos Federales conformada por consejeros y también estará dividida en 4 regiones”.
“Plantemos una profundización del federalismo y la posibilidad de que el interior del país pueda participar del Consejo de la Magistratura, no estamos proponiendo modificar el artículo primero de que un miembro de la Corte presida o integre el Consejo”, cerró Weretilneck.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores del FdT, José Mayans (Formosa) destacó el trabajo de la comisión y señaló que “el conflicto está en que la Ley 26.080 en todos sus artículos dice sustitúyase el artículo de la Ley madre. Es claro que cuando se sustituye el artículo queda derogado, el fallo de la Corte generó un vacío de la Ley al ser derogados los artículos. La composición original era de 19 miembros y la otra es de 13 que la Corte no estaba de acuerdo con eso”.
“Es una Ley vacía porque tiene los artículos derogados, declarados inconstitucional, la Ley base es inaplicable y ese es el vacío que queremos llenar con el proyecto del Ejecutivo. Sabemos que la diferencia está en quién administra todo esto, es la cuestión clave. Es un tema interesante por el tema del federalismo, trabajamos en el tema y aceptamos la propuesta y vamos a llevar la de Weretilneck. Vamos a llevar con modificaciones al recinto para el próximo miércoles y que sea una sola sesión”, informó Mayans.
En ese momento, el radical Naidenoff apuntó: “En este acuerdo entre el bloque de Rio Negro y el oficialismo, la cuestión central que tenía que ver con la integración de la Corte no está, para nosotros es el debate y lo reservamos para el recinto ese tipo de cuestiones”, tras lo cual se levantó y se retiró de la reunión.
Guadalupe Tagliaferri (JxC – CABA) también cuestionó: “El FdT tiene la capacidad de dialogar, trabajar hasta tarde buscando los consensos con su bloque y los demás, lamentamos que esa vocación y esa capcaicdad para encontrar puntos de diálogo y consensos no se haga extensivo al total de los miembros del Senado. La capacidad la tienen espero que la próxima sea para los 72 senadores”, y aclaró: “La desproporción de juzgados no es responsabilidad de la CABA porque siempre lo señalan como que es el mal de todo”.
Por otro lado, Edgardo Kueider (FdT – Entre Ríos) adhirió a la propuesta con respecto a la federalización porque es un “paso positivo” y adelantó una propuesta que llevará al recinto que tiene que ver con “el requisito para integrar el Consejo por parte de los miembros del Legislativo que sean abogados, siempre tuve esa duda. No hay un planteo claro ni ningún articulo que hable expresamente sobre esto”.
Por último, la senadora Mariana Juri (UCR -Mendoza) manifestó: “No deja de llamarnos la atención que se haya resignado en el acuerdo a algo tan básico como proponía Weretilneck como era la integración al Consejo de la Magistratura, sino que también propina la presidencia por parte de la Corte, ha resignado algo tan básico que estaba en su dictamen de minoría”, pidió diálogo para debatir algunos aspectos de su dictamen de minoría y que “tengan en cuenta algunos aspectos que plantean”.
Será este miércoles en el Salón Azul, a partir de las 16. El oficialismo tuvo que dar marcha atrás con la sesión planeada porque no contaba con los votos.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado volverá a discutir este miércoles, a partir de las 16 en el Salón Azul, el proyecto sobre reforma del Consejo de la Magistratura que había sido dictaminado la semana pasada.
El Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás con la sesión que pensaba realizar este miércoles para avanzar con la media sanción de la iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de que no alcanzara un consenso con un aliado clave y se complicaran los números para la aprobación.
Para aprobar la reforma se requiere una mayoría absoluta de 37 votos: el Frente de Todos cuenta con 35 propios, con lo cual necesita de dos voluntades más. En la mayoría de las votaciones, el oficialismo ha sumado al rionegrino Alberto Weretilneck y a la misionera Magdalena Solari Quintana, quien firmó el despacho de mayoría por lo que se descuenta apoyará. Pero, en este caso, Weretilneck no acompañó al FdT y suscribió uno propio.
Sin contar a Juntos por el Cambio, que reúne un interbloque de 33 miembros, las otras dos senadoras con monobloque son la riojana Clara Vega, que no tendría postura definida; y la cordobesa Alejandra Vigo, quien ya se expresó en contra de la propuesta oficial.
El exgobernador rionegrino anticipó que votaría en contra de la iniciativa oficial, lo que obligó al oficialismo a cambiar los planes y acceder a una nueva discusión en comisiones para hacer los cambios de un modo “más prolijo”.
El texto de Weretilneck propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.
En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.
Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.
El oficialismo no arribó a un acuerdo con el aliado Alberto Weretilneck, por lo que no contaba con los votos necesarios para darle media sanción al proyecto en el recinto.
El Frente de Todos en el Senado tuvo que dar marcha atrás con la sesión que pensaba realizar este miércoles para dar media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo sobre reforma del Consejo de la Magistratura.
El oficialismo no alcanzó un acuerdo con el aliado rionegrino Alberto Weretilneck, quien la semana pasada presentó su propio dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
De esta manera, la sesión se pasará a la próxima semana, mientras que este miércoles habrá un nuevo plenario de comisiones para analizar las modificaciones al texto y de esa manera lograr las voluntades que se requieren. La reunión será a partir de las 16 en el Salón Azul.
Para aprobar la reforma se requiere una mayoría absoluta de 37 votos: el Frente de Todos cuenta con 35 propios, con lo cual necesita de dos aliados más. En la mayoría de las votaciones, el oficialismo ha sumado a Weretilneck y a la misionera Magdalena Solari Quintana, quien efectivamente firmó el despacho de mayoría. Pero, en este caso, Weretilneck no acompañó. Además de la ambivalente riojana Clara Vega, la otra monobloquista es la cordobesa Alejandra Vigo, quien ya se expresó en contra de la propuesta oficial.
El exgobernador rionegrino anticipó que votaría en contra de la iniciativa oficial, lo que obligó al FdT a cambiar los planes y acceder a una nueva discusión en comisiones para hacer los cambios de un modo “más prolijo”.
El texto de Weretilneck propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.
En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.
Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.
Para la senadora de Juntos por el Cambio el Ejecutivo quiere “conquistar la Justicia”, e “imponer su propia mayoría”.
En su intervención en el debate de comisión del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila denunció que el Gobierno pretende modificar la conformación del Consejo “con el único objetivo de garantizar la impunidad”, y señaló que “evadieron preguntas”.
“El Poder Ejecutivo Nacional quiere conquistar la Justicia. Sobre 17 miembros (del CM) pretenden sesionar solo con nueve; para poder imponer una mayoría con cinco integrantes. Esto pone en peligro la independencia de los poderes y la República“, afirmó la referente del Partido por la Justicia Social de Tucumán.
Denunció, además, que, con el fin mencionado, los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional “ningunean” a los integrantes de la Cámara alta del Congreso de la Nación. “No se puede seguir haciendo la vista gorda y dejar que evadan las preguntas que les planteamos. Mucho menos vamos a tolerar que en el mismo Senado nos falten el respeto“, advirtió Ávila.
En particular, aludió al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria: “Evitó contestar las preguntas que le hicimos hoy en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado”, reprochó.
Tras recibir a especialistas, y con una única intervención de Oscar Parrilli, el oficialismo despachó la iniciativa. Un aliado clave anunció un dictamen propio. La semana próxima se trata en el recinto.
Tal como lo estimaba, el oficialismo en el Senado emitió este miércoles el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura, ley que deberá aprobarse antes del 15 de abril por el Congreso según lo encomendó la Corte Suprema mediante un fallo dictado en diciembre pasado.
Luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la próxima semana en el recinto.
El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.
Se sabe que la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y que la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida. Con lo cual, el apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.
En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli observó que “hay una campaña bastante instalada en desprestigiar a la política”, pero él está “convencido” de que “no la política partidaria, pero sí la política judicial la tienen que definir los legisladores, no las corporaciones“.
“No tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina”, insistió y apuntó que “el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia”.
Basado en encuestas de la CELAC, el titular de la Comisión de Justicia precisó que “los jueces tienen 76% de imagen negativa y la Corte un 75%”, mientras que “un 64% de la gente piensa que la política es una herramienta para transformar la vida de la gente”.
Al recordar que como exfuncionario kirchnerista tuvo tuvo 10 causas en su contra, y ahora le quedan 2, el senador dijo: “Le pedí siempre a los jueces que me juzguen por las pruebas y no por la supuesta íntima convicción que ellos decían tener”. “Ahora hay muchos funcionarios de la gestión anterior que están siendo juzgados, investigados. Yo le pido a los jueces que no los traten a ellos como nos trataron a nosotros” que ” nos condenaban sin investigarnos, nos difamaban, nos desacreditaban, pedían que nos metieran presos por las dudas”, sostuvo.
El neuquino pidió que “si hay pruebas que los condenen, pero que si no hay pruebas que no los condenen”. “Esos son los jueces que necesitamos. No necesitamos jueces que decidan por la presión mediática, por la íntima convicción, o porque la gente cree que ‘fulano de tal es responsable o culpable’“, agregó.
Y completó que “el desprestigio de la Justicia la hicieron ellos mismos con el actuar y, sin dudas, también colaboró a eso cuando los organismos de inteligencia o la política se utilizó para perseguir a dirigentes”, en alusión a las denuncias contra el gobierno de Cambiemos.
Sobre el proyecto, Parrilli afirmó que “esta ley que envió el Ejecutivo nuestro bloque la va a apoyar, vamos a firmar el dictamen, apoyar su sanción, y esperamos que prontamente podamos llevarla al recinto”. También expresó que coincidía con lo expuesto el día anterior por el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre que los jueces de la Corte Suprema “se arrogaron facultades nuestras” en su fallo.
Al argumentar su propio dictamen, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que “hemos discutido bastante alrededor de un solo tema, que es la participación o no de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura”, pero este tema “amerita otra discusión que para mí es el federalismo en serio de nuestro país”.
En esa línea, explicó que su iniciativa propone que “en vez de tener un Consejo como el actual, se conformen Consejos a nivel de distritos judiciales, en el cual los senadores y diputados sean de ese distrito”, al igual que los abogados, académicos y jueces. Para el senador, sería “cambiar la lógica centralista y unitaria que tiene este Consejo”.
Cabe destacar que el proyecto de Weretilneck, que habla de una conformación de 15 miembros, sí estima la participación del “presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el que sea designado entre los integrantes de su seno, quien a su vez será el presidente del Consejo, debiendo alternase anualmente el elegido”.
Finalmente, el presidente de Asuntos Constitucionales -que estuvo a cargo de los debates-, el oficialista Guillermo Snopek, dejó una incógnita respecto a las negociaciones que podrían darse de acá a la llegada al recinto del texto final. “Muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado”, expresó y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no se aclaró específicamente.
El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.
El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.
Seis invitados convocados por el oficialismo y la oposición participaron del plenario este miércoles.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.
Tras recibir a funcionarios este martes, quienes dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores recibieron a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.
Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.
En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.
Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.
A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.
“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.
Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.
Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.
Luego fue el turno del abogado Daniel Sabsay, quien en su intervención criticó fuerte al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.
Sobre la composición del órgano judicial, se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legisladores.
“Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.
El abogado resaltó el fallo de la Corte, que consideró “abiertamente inconstitucional” la ley vigente, porque no incorpora al presidente de la Corte, y dijo que la Constitución es muy clara en eses sentido. “¿Por qué digo que es abiertamente inconstitucional? Porque aparece también la representación de los profesores”, señaló, quejándose de la manera como se elige a través del CIN a los integrantes de ese estamento. Puntualmente se quejó que sean los decanos los únicos que lo hagan, “desconociendo que las organizaciones de las universidades tienen también división de poderes. Esa es una violación de los poderes intra universitarios. Siempre me sorprendió que son los propios directivos de universidades lo que lo avalan”.
Sabsay también rechazó las consideraciones dadas el día anterior por el ministro Soria respecto de la Corte Suprema. Sostuvo en ese sentido que el Tribunal Supremo “no extorsionó, no hizo un golpe de Estado… Volvió las cosas a su sano juicio. Que lo haga tarde no quiere decir que no sea válido”.
En otro pasaje advirtió que “la degradación de la justicia proviene en gran parte de esta ley, que capturó en manos del oficialismo la justicia y que le brindó al oficialismo de turno una capacidad de veto que es absolutamente contraria a lo que dijo el constituyente cuando hizo el Consejo de la Magistratura”.
Poniendo énfasis en la cuestión presupuestaria, Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.
El consejero exclamó que el Poder Judicial enfrenta “una gran crisis en materia de infraestructura, tecnología, recursos” que “no es de ahora, es de mucho antes y se va agravando cada vez más”. En esa línea, mencionó que en muchas provincias hay “enormes falencias”, e incluso en algunas “muchos juzgados funcionan en casas de familias que fueron más o menos condicionadas”.
Marías señaló que el hecho de que el presidente de la Corte encabece el Consejo “podría asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos”, de los cuales “el 98,5% se destina a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial, y para lo que tiene que ver con cuentas de inversión no queda nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo, o cómo nos lo da, o lo que la Corte a veces aporta de manera extraordinaria”.
“La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona”, aseveró y agregó que existe “una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo”. “Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta”, insistió.
Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses”.
También expusieron el abogado constitucionalista Alberto Spota y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.
Es por las graves consideraciones que vertió en el Senado contra los integrantes de la Corte Suprema.
Ante una pregunta de la senadora Mariana Juri (JxC) respecto de las críticas que había hecho contra la Corte Suprema el ministro de Justicia, Martín Soria, el martes, el abogado Daniel Sabsay señaló que “cuando uno no tiene argumentos, lo que hace es afrentar, que es una especialidad del ministro de Justicia”. “La Constitución es clarísima, ¿cómo no va a estar la Corte Suprema?”, se preguntó en referencia a la participación de un representante de ese tribunal en el Consejo de la Magistratura, agregando que ese organismo es además auxiliar de la Corte “y le da funcionalidad al sistema”.
“No es para nada entorpecedor, además de ser absolutamente constitucional”, aclaró, y a continuación ante una pregunta del senador correntino Eduardo Vischi (JxC) respecto al momento en el que la Corte resolvió esta cuestión, admitió que “desgraciadamente los jueces son muy tiempistas, es un gran vicio de nuestro Poder Judicial”.
“Pero afortunadamente desde hace un tiempito se ha puesto los pantalones largos y se ha puesto a controlar”, resaltó respecto de la Corte Suprema, poniendo como ejemplo tres fallos: Farmacity, supermercados chinos y presencialidad de los alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, fallos que consideró “hablan de un verdadero control”.
Luego, a instancias de una pregunta de la senadora Silvia Giacoppo (JxC), la emprendió directamente contra el ministro Martín Soria, por haber dicho que la Corte tenía el síndrome de la hegemonía. Sabsay dijo que era de “gravedad institucional que un ministro insulte a la Corte” y sostuvo que “deberían hacerlo renunciar a un cargo para el que no está preparado”.
Ante ello intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (FdT), que le pidió centrarse en el tema en discusión y no hacer calificaciones, a lo que Sabsay respondió cuestionando el “doble estándar” en la materia. “Me gustaría también que el ministro asuma la misma calificación”, advirtió en referencia a las cosas que había dicho Soria el día anterior sobre el tribunal supremo.
Ante una pregunta del senador Alberto Weretilneck (JSRN) señaló además que si bien la Constitución no dice taxativamente que un representante de la Corte debe estar en el Consejo de la Magistratura, “es enunciativo, y como es enunciativo, es obvio: ¿Cómo no va a estar la instancia más importante que es la Corte Suprema?”.
Cerró el turno de preguntas la senadora oficialista Silvia Sapag (FdT), que le preguntó si no le parecía inconstitucional que dos miembros de la Corte Suprema actuales hayan sido nombrados por decreto y si por ello todas sus acciones posteriores no deberían ser consideradas inconstitucionales.
Sabsay aclaró que él había sido uno de los primeros en cuestionar esa decisión del presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que el error no era que fueran por decreto, sino que hubieran sido nombrados en comisión. El lo cuestionó, recordó, y aclaró que “me lo hicieron pagar muy caro”.
Pero aclaró que “eso después se saneó totalmente, tuvieron que dar marcha atrás”, y tras remarcar que el decreto del presidente Néstor Kirchner firmado en su momento para la designación de integrantes de la Corte fue “su mejor decisión constitucional”, tras ello los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cumplieron todos los requisitos dispuestos y por ello “son plenos jueces de la Corte y por lo tanto es absolutamente valido lo que han decidido”.
Desde las 10.20, se realiza un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que recibe a seis especialistas invitados a exponer sobre los proyectos.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.
Tras recibir a funcionarios, que dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores reciben a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.
En la jornada expondrán Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.
También participarán Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.
En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.
Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.
A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.
“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.
Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.
Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.
NOTICIA EN DESARROLLO
Fue luego de que el titular de la cartera de Justicia criticara a Mauricio Macri por la cantidad de jueces que designó durante su mandato y también lo acusara de “persecución política”.
En la recta final de la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde se llevó a cabo el debate sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, senadores de la oposición cruzaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y le remarcaron que “no vamos a permitir que nos falte el respeto en nuestra casa”.
“Si hay un tema en el que no hay grietas en el peronismo es en el pésimo funcionamiento de la justicia argentina, porque lo padecimos los últimos cuatro años. La persecución y no la tortura física, el escarnio y la tortura mediática. Llamar a una persona ocho veces en un día a declarar es amedrentamiento político, persecución mediática”, lanzó Soria.
Y siguió: “El daño que le hicieron a la justicia es tremendo, los propios jueces lo reconocen ellos mismos, por eso hay que reformar la justicia”. Acto seguido el funcionario apuntó: “Vamos a aclarar esto, a sacarnos la careta y acabar con la mentira”, y mostró un cuadro con la designación de jueces según los presidentes: “Mauricio Macri gobernó cuatro años y puso 200 jueces, el promedio por jueces por año es 50. Néstor (Kirchner) en cuatro años puso 179 jueces. ¿Nosotros copamos la justicia?”.
“Cristina (Kirchner) en ocho años designó 368 jueces”, continuó comparando y volvió a preguntar: “¿Nosotros copamos la justicia o en cuatro años la copó Macri?”, y se defendió: “Describo hechos, no ataco”, y siguió mostrando notas contra el expresidente.
En ese momento, los senadores de Juntos por el Cambio se alzaron en contra y le exigieron al ministro que “se aboque el proyecto y no les falte el respeto”.
“Tenemos que devolverle el prestigio al Poder Judicial, trabajemos para devolverle la independencia, sumergieron a la justicia en este grotesco. Ese es el compromiso”, cerró el titular de la cartera de Justicia.
Pero, desde la bancada opositora la radical Mariana Juri recogió el guante y le contestó: “No le vamos a permitir al ministro que en nuestra casa quiera faltarnos el respeto. Nosotros vinimos preparados”, mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, trataba de calmar las aguas e invitaba a los legisladores a un cuarto intermedio y retomar el debate este miércoles.
Eso expresó en otro tramo de su exposición el ministro Martín Soria durante el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura.
Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, donde se lleva a cabo el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó el fallo de la Corte Suprema -que declaró inconstitucional la ley del 2006 que reducía la cantidad de miembros- de “ineficiente, antidemocrático y anticonstitucional”.
Soria remarcó que la Corte invalidó dos leyes a lo largo de la historia la del 2006 y la de democratización del Poder Judicial en el 2003 y señaló que “ninguna de esas dos leyes contenía la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema a su vez fuese el presidente del Consejo de la Magistratura”.
“¿Qué pasa si se sanciona una ley que no contenga la posibilidad de que el presidente de la Corte integra la presidencia del Consejo?”, preguntó el funcionario y criticó: “Con el actuar errático, con el grotesco jurídico que a generado esta gravedad institucionalidad a los ciudadanos, paralizar el Poder Judicial, la Justica, no es un atentado contra la clase dirigente, es contra la ciudadanía argentina. Esta es al Corte que en medio de la pandemia cuando todos los argentinos necesitaban de las telecomunicaciones, de internet, respondió en favor de los grupos económicos”.
Además, remarcó: “Esta es la Corte que no resuelve ni tampoco interviene en casos de espionaje, en reuniones de camaristas, jueces y fiscales, hay una ley que le prohíbe a los jueces hacer política”, y siguió: “Con esta Corte donde la mitad fueron designados por decreto. Con esta integración que es capaz de atentar contra el Congreso, porque es una facultad de ustedes de legislar, y quieren poner en operatividad una ley derogada hace 16 años para poder meterse por la ventana”.
A su vez, el funcionario ratificó que “no solo es inconstitucional” sino que es “ineficiente poner al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo. Es antidemocrático, anticonstitucional”, y señaló que “desde el 2016 han ingresado 28 mil causas y se resuelven 7 mil expedientes al año. El presidente de la Corte me ha dicho que tienen un excesivo trabajo. Entonces, ¿por qué quieren meterse por la ventana?”.
“El proyecto de la gestión anterior es parecido al que presentamos nosotros, pero hay una diferencia porque ese proyecto modificaba las mayorías para temas importantes. Nosotros siempre hemos mantenido lo que nos pidieron, porque desde la Corte nos han pedido que el presidente no integre el Consejo, por eso digo que repetir viejas fórmulas no funcionan”, aclaró el ministro.
Asimismo, advirtió que “estamos a cuatro semanas que se paralice el sistema judicial a lo largo y a lo ancho del país”.
“Hay que leer el fallo porque la Corte no obliga ni dice que hay que integrar al presidente de la Corte en el Consejo, en ningún momento habla o se menciona que el presidente va a integrar la futura composición de la Magistratura, no lo dice en ningún lado”, enfatizó Soria.
Además, el presidente del Consejo de la Magistratura, destacó el trabajo que se realizó durante la pandemia. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare”, destacó.
En su intervención en el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que se lleva a cabo en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, el presidente del cuerpo en cuestión, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial.
“Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación. Colegas me eligieron como presidente, y yo voy a hacer lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando. No es admisible otro tipo de cosa”, abrió su alocución el presidente del Consejo de la Magistratura.
A continuación, describió los esfuerzos realizados para mantener el Consejo funcionando durante la pandemia: “El Consejo funcionó, porque logramos soluciones durante la pandemia. El equipo de tecnología del Consejo, instauró en el año 2020 16.000 puertos VPN. Se hicieron más de 2000 audiencias en todos los tribunales del país por Zoom, porque no podíamos parar los juicios. Además, en el 2020 prácticamente no se hicieron concursos. Y en el 2021 se hicieron más de 50 concursos en Tecnópolis”, enumeró, entre otras medidas adoptadas, y expresó: “Tenemos 23.000 empleados en todo el país, tenemos que proveer todo lo necesario para que estos empleados tengan elementos de infraestructura adecuada”.
Además, destacó la labor del Consejo en materia de género: “Nosotros tenemos que ser la camada de magistrados que logremos que el Poder judicial deje de ser un poder machista”, manifestó.
“Lo que yo quiero es que los jueces se encarguen de dar las respuestas que los ciudadanos merecen. No podemos permitirnos otra cosa. Porque si no el país no funciona, no vamos a tener un país mejor con más del 30% de la vacante de los jueces que tenemos en este momento”, consideró Lugones.
Sobre el proyecto de reforma, manifestó que: “Desde mi enfoque de profesor de derecho constitucional quiero decir que el artículo 114 es muy claro, dice que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial. Si el presidente de la Corte a su vez va a proponer al administrador general, el Consejo de la Magistratura no creo que lo administre, lo va a administrar la Corte a través del administrador general. Elegir los postulantes es nuestra función, controlar a los magistrados, tenemos la función de reglamentar para el mejor funcionamiento del poder judicial”.
“Yo soy de la idea de que más allá de lo que pase el 16 de abril, buscaremos la manera para no permitir que el Poder Judicial pare, porque, primero que nada, nosotros nos debemos a quienes nos pagan el sueldo, que es el ciudadano común, y al ciudadano común debemos darle respuesta”, concluyó el magistrado.
Pasó en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia cuando el senador radical quiso hacerle preguntas al ministro Martín Soria, pero desde el FdT no lo permitieron.
Luego de la exposición que brindó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en la reunión del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, donde se debate el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el jefe del bloque UCR en la Cámara alta, el formoseño Luis Naidenoff, solicitó alterar el orden previsto para hacerle las preguntas al funcionario -porque tenía que retirarse-, pero desde el oficialismo no se lo permitieron y el legislador se lo echó en cara.
Fue la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos – Mendoza) que pidió la palabra y le remarcó al presidente del plenario, el neuquino Guillermo Snopek, que “habían acordado” primero la exposición de los funcionarios y luego la ronda de preguntas.
“Me quedé para escucharlo al ministro nada más, no porque no tenga margen sino porque coincide este plenario con otro tipo de actividades”, explicó el senador radical y aclaró que “no tenía que ver con pregunta, sino expresarle una reflexión al ministro nada más para que después continúen exponiendo”.
En ese sentido, se explayó: “El ministro fue muy bien plantado en su exposición, pero no es que estamos legislando bajo presión, sino que en tiempos de descuento. Lamento los cuestionamientos concretos del ministro”.
“¿Por qué llegamos en tiempo de descuento?”, preguntó Naidenoff y respondió: “Bueno tiene que ver con estas cosas, así como usted ha puesto en valor que hay un vicepresidente que lo eligió en cuerpo colegiado, este es un tratamiento que llega tarde porque la política no se pone de acuerdo independientemente del abismo que nos puede separar”.
En tanto, recordó la sesión donde se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Ya vimos lo que significó el no acuerdo con la Argentina la sesión pasada no hay acuerdo ni siquiera en el oficialismo”
Naidenoff se “reservó” sus preguntas para la sesión próxima, agradeció la predisposición del ministro y le enrostró al oficialismo la “no predisposición” que tuvieron al no permitirle hacerle las consultas pertinentes previo a retirarse de la reunión.
Eso expresó el ministro de Justicia en el plenario que debate el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo.
En el arranque del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde este martes se debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.
“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios”.
A su vez, sumó: “No solamente eso, sino que lo que es más grave que al declarar la inconstitucionalidad volvieron a darle operatividad a una Ley que fue derogada por el poder del Estado que esta facultado para ejercer funciones legislativas que es esta casa del pueblo”.
“Es este Congreso de la Nación que debería rechazar y repudiar esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico porque estaría sentando un peligroso precedente hacia el futuro”, solicitó Soria.
Al hablar del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propiamente dicho, lo definió como “un proyecto concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”. El objetivo es, afirmó Soria, “que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que sirva para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”.
“Lo que queremos es que tengamos un Consejo de la Magistratura, que sirva para responder a la necesidades de los ciudadanos que nos piden más y mejor justicia en definitiva”, apuntó.
El ministro sostuvo que “nuestro proyecto claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios”, y aseguró que el proyecto de este Gobierno “no difiere mucho” del proyecto presentado por el Gobierno anterior, en 2017, suscripto por el ministro Germán Garavano. Incluso toma cosas de ese proyecto presentado por el Gobierno de Cambiemos, apuntó.
El objetivo de este proyecto es “evitar esta amenaza de extorsión con los tiempos, una bomba cargada en la mochila… poco menos de 4 semanas”, señaló, advirtiendo que “el 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura. La parálisis del organismo que está llamado a administrar el Poder Judicial”.
A continuación detalló Soria que el proyecto del Ejecutivo modifica el artículo 2 de la ley vigente, donde regula la composición de los integrantes de las bancas que van a conformar el nuevo Consejo de la Magistratura. Se eleva la cantidad de bancas de los 13 miembros actuales a 17.
Según la iniciativa defendida por el funcionario, el nuevo organismo tendría 4 jueces o juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de la justicia del interior; seis legisladores, 2 del bloque mayoritario y uno por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por el estamento académico científico: va a tener dos representantes de ese estamento.
De tal manera, Soria resumió que el nuevo Consejo incorporaría un juez, dos abogados y un académico. Y enfatizó: “No se incorpora a ningún miembro del estamento político, y esto quiero remarcarlo, porque incluso fue uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre de 2021”.
“Ninguno de los cuatro estamentos que conforman el Consejo va a tener quórum propio; tampoco tendrá por sí solo los dos tercios”, agregó.
Sostuvo Martín Soria que con la composición propuesta, el estamento político no supera el 41% del total de los integrantes. “En la ley a la que la Corte Suprema volvió a darle validez constitucional, el estamento político estaba representado con el 45% de los integrantes. Este hecho muestra que el proyecto del Poder Ejecutivo es claramente armónico”, puntualizó.
“Creemos que es una composición inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, agregó.
Comentó además que se introdujo en esta nueva ley el aspecto de la paridad de género en la integración del Consejo de la Magistratura. Y destacó que en la actual composición que va a perdurar por las próximas 3 semanas, esa integración tenía, de los 13 miembros, solo 4 mujeres: el 30%. Además, recordó que otras modificaciones propuestas tienen que ver con los requisitos para poder ser miembros del Consejo, como no tener una condena penal por un delito doloso durante los últimos 20 años.
Además, aquella persona que fue miembro del Consejo, no podrá concursar por los próximos 2 años siguientes (actualmente el impedimento se limita a un año).
Por otra parte, no se modifica ninguna de las mayorías y se diferencia del proyecto propuesto por Cambiemos porque se disminuían los dos tercios para decisiones muy importantes, consideró.
Para el final se reservó las renovadas críticas contra la Corte Suprema. Apuntó el ministro lo obvio: que el proyecto oficial no incluía que algún miembro de la Corte integre el Consejo. “Receptamos así una postura que hasta ayer era claramente un consenso consolidado, transversal a todas las fuerzas políticas, porque ni en la ley de 2006, ni tampoco en la ley de democratización de la justicia de 2013, que introducía reformas, se establecía que un juez de la Corte integrara el Consejo.
“Tampoco el proyecto del Gobierno anterior preveía que un juez de la Corte integrara la composición del Consejo de la Magistratura”, agregó. “Esto lo pongo como dato, pero la verdad que creo que a estas alturas no tenemos que ser ingenuos, porque sabemos que lamentablemente hay sectores que quieren llevar todo el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006, que no es nada más ni nada menos que meterse por la ventaja en el Consejo de la Magistratura”, disparó.
En ese sentido recomendó que “no debemos naturalizar esto porque es grave. (La Corte) No solo se entrometió en facultades legislativas que corresponden a esta casa, sino que reviviendo un expediente de 16 años atrás, no solo se entromete, sino también resuelve algo respecto de lo que no podía haberse entrometido. Y sin embargo, toma un aspecto central para resolver quién debe presidir el Consejo de la Magistratura, y dice que es el presidente de la Corte Suprema”.
Para Martín Soria, “este es el verdadero debate: si queremos un Consejo democrático y menos corporativo, o si queremos volver a concentrar toda la organización del Poder Judicial en la cabeza del presidente de la Corte Suprema, como ya ocurrió”.
“El Congreso no puede permitir que la Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la Nación”, planteó, para concluir diciendo que “confiamos que este Congreso va a tener la responsabilidad que esta Corte Suprema no tuvo”.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia pasó a un cuarto intermedio la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo. El debate se retomará este miércoles a las 10.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta retomará este miércoles a las 10 el debate que comenzó este martes sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo. Se buscará emitir dictamen con el fin de poder sesionar la próxima semana. Desde la principal bancada opositora cuentan con una iniciativa propia.
El plenario de este martes fue encabezado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, y el de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli. En el inicio de la reunión, Juntos por el Cambio completó la grilla de autoridades de Asuntos Constitucionales designando al senador José María Torello para cubrir la vicepresidencia que había dejado vacante al conformarse la comisión. Estuvieron presentes en el plenario el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
Previo a la ronda de preguntas, Soria contextualizó el debate del proyecto y calificó de “extorsivo” el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de diciembre de 2021 en el que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de 2006. En tanto, pidió al Congreso de la Nación que “rechace y repudie esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico”.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación”, subrayó.
Fue la diputada Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) la primera en consultar por los “riesgos” en la demora en sancionar una nueva ley y consideró que “esto es una intromisión del Poder Judicial en estipularle al Congreso los tiempos para sancionar una ley”. También preguntó por la redacción del proyecto actual en comparación con la iniciativa anterior del 2017 para “saber por qué la oposición no acompañaría” y si “se tomaron otros antecedentes legislativos”. Por último, remarcó que las dos leyes que la Corte Suprema declaró inconstitucional “no incluía la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura”.
A su turno, la opositora Guadalupe Tagliaferri cuestionó: “El fallo de la Corte ocurrió el 16 de diciembre y los senadores estuvimos esperando todo enero y febrero que nos convoquen a extraordinarias, tanto por el FMI como por el Consejo de la Magistratura, por lo cual, si llegamos a este tiempo, hay que tener consideración con ésto porque estamos a mediados de marzo porque podríamos haber empezado a trabajar en esto antes”.
“Usted nos solicita que declaremos inconstitucional algo que está fuera de nuestra competencia entendiendo que la Corte Suprema es el máximo organismo de interpretación de las leyes, no es un organismo cualquiera y tiene por facultad su intérprete final por excelencia y no es el Congreso el que define si una ley es o no inconstitucional”, lanzó la senadora y criticó “la redacción sobre paridad de género”, porque no se contempla en su totalidad.
Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) consideró: “El fallo de la Corte nos está dando una oportunidad única para que este Congreso nos devuelva una justicia más independiente”, y aclaró que “no venimos a defender la justicia actual, venimos a defender los derechos de los ciudadanos”.
Sobre el proyecto del Ejecutivo y sus formas, cuestionó: “Nos está haciendo desaprovechar esta oportunidad que está sumando más grietas”, y le pidió al ministro que se “hagan cargo” de lo que planteaban del “tratamiento exprés” porque “demoraron nueve meses desde que el presidente anunció el proyecto hasta que lo envió. Sobre todo, porque estuvimos tres meses desde que su Gobierno nos estuvo prometiendo, amenazando, de que iban a mandar 14 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, entre las cuales estaba el Consejo de la Magistratura”.
“Acá estuvimos esperando que mandaran, que nos convocaran, pero no ocurrió. Me hace pensar que la propia interna que tienen en el Gobierno no les permitió poder convocarnos y perdernos la oportunidad, antes de estar a cuatro semanas, hubiésemos tenidos más de tres meses discutiendo el tema”, recalcó Juri y lanzó: “No me extraña porque ustedes están bastante acostumbrados a no hacerse cargo de las cosas. Y más me sorprende que cuestionó lo que hizo la Corte, su Gobierno durante pandemia tenían vacunatorio Vip, fiesta en Olivos. Me gustaría que haya consenso, pero queremos que reflexionen, encontrar los canales de diálogo”.
A su vez, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, la tucumana Beatriz Ávila, observó que “el fallo que habla de incorporar al presidente de la Corte tiene un sentido que es conseguir un equilibrio y no atentar con la división de poderes”. Respecto a la iniciativa del Ejecutivo cuestionó: “Hay una preponderancia del poder político gobernante que excluye al presidente de la Corte, deja de lado en su composición una visión federalista sobre cuántos son sus integrantes, en cuanto al ámbito democrático solo habla de facultades de derecho nacionales y no privadas”.
Por último, el senador oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) disintió con la legisladora preopinante sobre la designación del presidente de la Corte como miembro que presida el Consejo porque “el fallo de la Corte es criticar el equilibrio de los estamentos que integran al Consejo”, y coincidió con el ministro Soria porque “es de gravedad importante lo que ha determinado la Corte respecto de poner en vigencia una ley que este mismo Senado había derogado. Me parece que es abrir el juego a una situación judicial donde la división de poderes se ve vulnerada y es preocupante”.
La Cámara alta lleva adelante el tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.
Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.
El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.
El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.
Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Por otro lado, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.
El proyecto de JxC propone que el Consejo este compuesto por cuatro jueces; ocho legisladores nacionales (4 por cada Cámara: 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo, dos del ámbito académico y científico. Además, en su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos.
La composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.
Desde las 16, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia comenzará con la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio tiene su propia iniciativa. Asistiría el ministro Martín Soria.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará este martes, desde las 16 en el Salón Illia, con el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, otro “plato fuerte” del arranque del año legislativo.
Superada la instancia del acuerdo con el FMI, que acaparó toda la atención de ambas cámaras en lo que va del año, a contrarreloj la Cámara alta se propone dar inicio al tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.
Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.
El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.
Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
En la previa de la reunión, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.
El proyecto del Ejecutivo
El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.
Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.
En vísperas del inicio de la discusión en comisión en el Senado, la principal oposición presentó su propia iniciativa para contraponerla a la del Ejecutivo.
El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley para la modificación en la integración del Consejo de la Magistratura. El mismo es producto de todas las iniciativas presentadas por legisladores de la coalición tanto en la Cámara alta como la baja.
La propuesta legislativa busca “consolidar la institucionalidad”, señalan, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial, respetando a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de este poder, y establecer criterios que garanticen la incorporación de juristas acorde a su idoneidad.
El proyecto amplía el Consejo a veinte miembros, y establece que el mismo será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estará compuesto por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, se sumarán 8 legisladores nacionales, 4 por cada Cámara. Para ello, los titulares del Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores/as por cada una de ellas, correspondiendo 2 al bloque mayoritario, uno/a por la primera minoría y uno/a por la segunda minoría, debiendo garantizarse la representación igualitaria de género. Se entenderá por bloque, aquel reconocido por cada cámara y no a la sumatoria de ellos en el interbloque.
También integrarán el Consejo 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula y por sistema D’Hont. Para la elección, el territorio nacional conformará un distrito único. Dos de los representantes titulares deberán tener domicilio electoral en cualquier punto del interior del país y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Completarán la nómina un representante del Poder Ejecutivo, y otros 2 del ámbito académico y científico, que deberán ser abogados, profesores titulares regulares cuyo cargo haya sido ganado por concurso público de oposición y antecedentes de cátedras universitarias de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con reconocida experiencia y trayectoria académica y/o científica, elegidos por el voto directo de sus pares.
A tal efecto, el Consejo Interuniversitario Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección de los o las representantes del ámbito académico y científico.
En su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos. La representación de los legisladores nacionales deberá respetar una integración paritaria en las listas propuestas por las presidencias de las cámaras.
La Ley excluye la participación de magistrados en la Comisión de Acusación y Disciplina, que estará compuesta por tres abogados/as, 2 senadores/as, 2 diputados/as y los/las dos representantes del ámbito académico y científico.
Asimismo, se aumenta a 2/3 la mayoría necesaria para componer las comisiones. Esto es para garantizar el diálogo y el consenso, para que no haya un grupo que pueda designar permanentemente mayoría en todas las comisiones. La misma mayoría se necesitará para designar al vicepresidente y a la Secretaría General.
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