El pedido ingresó a través de la Cámara de Diputados y es impulsado entre otros por Raúl Zaffaroni.
Tal cual se había anticipado en diversos medios, este primer día hábil de esta semana corta fue presentado en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El pedido fue formulado por los exjueces Raúl Eugenio Zaffaroni y Laura Larrandart, y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y apunta contra Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Según detalló la agencia Noticias Argentinas, la presentación consta de ocho páginas y tiene que ver con el fallo del Tribunal Superior que favoreció el reclamo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Para los denunciantes, en su fallo, la Corte se extralimitó, entre otras cosas al prescindir de la opinión consultiva de expertos sanitaristas, epidemiólogos o incluso del propio Cuerpo Médico Forense, que depende de la cabeza del Poder Judicial.
La presentación debe ir a la Comisión de Juicio Político, y luego de ser dictaminado, en el recinto de la Cámara baja constituida como acusadora, debería ser aprobado por los dos tercios, para que siga su curso en el Senado.
En esa Cámara, también harían falta los dos tercios para proceder a la destitución de los cortesanos.
La denuncia por presunto abuso sexual de su sobrina deberá ser tramitado en la Ciudad de Buenos Aires y no en Tucumán.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó resolviendo el caso de la jurisdicción donde debe ser investigada la denuncia de abuso sexual contra el senador nacional José Alperovich. El Tribunal Superior resolvió que la causa sea tramitada en la Ciudad de Buenos Aires y no en la provincia de Tucumán.
Ello representa un revés para el exgobernador tucumano, que pedía que la investigación se realizara en su provincia. La Corte resolvió que “el recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, por ello, se la desestima”.
Así las cosas, la causa será tramitada en el juzgado de instrucción N° 35 de esta Capital, a cargo de Osvaldo Rappa.
La causa había sido impulsada por los abogados que defienden a Alperovich, Mariano Cúneo Libarona y Augusto Nicolás Garrido.
El fallo que lleva las firmas de los integrantes de la Corte Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, atiende la denuncia presentada por una sobrina del senador nacional tucumano, quien sostiene haber sido víctima de siete casos de abuso sexual, dos en la provincia de Tucumán y los otros cinco en Ciudad de Buenos Aires.
La mujer habría sido “violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019”, tal la denuncia por su sobrina, que durante ese tiempo fue asesora de Alperovich en el Senado de la Nación.
Antes de partir rumbo a Europa, el presidente repasaba los últimos detalles del texto que el oficialismo buscará aprobar con rapidez.
Una semana después de anunciarlo a través del mensaje en el que anticipó las últimas medidas dispuestas para esta etapa de la pandemia, el presidente Alberto Fernández confirmó durante un acto en el que participó a través de Zoom que antes de emprender su gira europea estaba dedicado a repasar y pulir el proyecto de ley que enviará su Gobierno al Congreso. El objetivo del mismo es otorgarle más facultades al presidente en este marco de pandemia y, como dijo este viernes, evitar que “sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.
En efecto, el proyecto surge como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires respecto del decreto sobre la presencialidad en las clases, y buscará facultar al presidente de la Nación y a los gobernadores a dictar medidas de cuidado de la población, con el fin de evitar la judicialización de las mismas.
Así las cosas, el presidente Fernández quería irse de viaje habiendo dado un vistazo definitivo al proyecto de ley que fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y es también analizado por la Jefatura de Gabinete antes de ser remitido este lunes al Congreso de la Nación, según deslizaron fuentes oficiales.
Alberto Fernández anticipó el pasado 30 de abril que enviaría al Congreso un proyecto de ley que le permita tener más facultades a la hora de tomar medidas para contener la pandemia. “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, dijo en su discurso.
El mandatario afirmó entonces que “de este modo estoy ratificando mi vocación de diálogo. La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”.
“Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva. Los convoco a todos y todas a que sigamos redoblando unidas y unidos los cuidados y la vacunación en las próximas semanas”, pidió.
Fernández argumentó que las medidas adoptadas “son las que se han tomado en todo el mundo. Con el virus, es imposible negociar. Frente al virus, tenemos que tomar medidas firmes”.
Cuestionaron la actitud del oficialismo, que consideró “atentatoria de la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad”.
El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio expresó su enérgico rechazo a “los ataques a la Corte Suprema de Justicia de la Nación vertidos por las más altas autoridades del Gobierno Nacional y del partido oficialista”, considerando que los mismos “resultan atentatorios de la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad consagrada en nuestra Constitución Nacional”.
“Tan destempladas expresiones constituyen una desmesura, que contamina el debate público con un lenguaje agresivo que no hace sino alejarnos del camino del diálogo que una situación tan crítica reclama y que todos debemos estar dispuestos a transitar”, expresó el bloque a través de un comunicado.
El documento lleva las firmas de los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), y aboga por el respeto a la división de poderes y el “pleno acatamiento de las decisiones judiciales”, al tiempo que advierte que en un contexto de “profunda crisis que agobia al conjunto de la sociedad” resulta “inapropiada e inoportuna esta escalada de descalificaciones y menoscabos a otro poder del Estado, por la única circunstancia de no coincidir con su pronunciamiento, que no es sino la forma instituida para la resolución pacífica de las controversias”.
El comunicado concluye con la exhortación de JxC al Gobierno a “enfocar sus esfuerzos en la solución de los acuciantes problemas de los argentinos, que día a día se ven desatendidos y profundizados”.
La iniciativa podría ingresar por Diputados a fines de esta semana o principios de la próxima.
El presidente Alberto Fernández anunció el último día de abril el envío de un proyecto de ley al Congreso para contar con más facultades en tiempos de pandemia. Pese a la prisa del Poder Ejecutivo en contar con esa herramienta legislativa, sobre todo a partir del fallo de la Corte Suprema que supuso un severo traspié para el Gobierno nacional, el proyecto aún no llegó al Parlamento.
En rigor, están trabajando en el texto en la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra y la Jefatura de Gabinete, y el proyecto podría ser enviado al Congreso sobre el final de esta semana o principios de la próxima, según confió este miércoles la vicejefa del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Cecilia Moreau.
En declaraciones radiales, la diputada Moreau confirmó el apuro oficial para sacar esa ley, argumentando la “urgencia” que amerita “en medio de una pandemia”. A su juicio, “si hay buena voluntad podemos hacerlo rápido, entendiendo que es una urgencia en medio de una epidemia”.
El proyecto ingresaría así a través de la Cámara de Diputados, y no el Senado, donde tendría el trámite veloz que le garantiza la mayoría con la que cuenta el oficialismo allí. Sin embargo de nada le serviría eso si después se trabara como ha sucedido con otras iniciativas importantes en la Cámara baja. Por eso preferirían que el proyecto que busca dar más facultades al presidente ingrese a través de Diputados, donde podrían hacerse modificaciones sugeridas por aquellos legisladores cuyos votos podrían garantizar su aprobación.
Para la senadora santafesina, la Corte asimiló a CABA como una provincia y le quitó facultades al presidente.
“Es tremendo el nivel de avasallamiento por parte de la justicia en cuestiones que son netamente políticas. La Corte Suprema dicta un fallo, por vía remota (porque ellos sí se están cuidando del Covid) que desde mi punto de vista es un fallo que no se ciñe a derecho”, sostuvo la senadora nacional María de los Angeles Sacnun, al opinar sobre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia avalando el dictado de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La legisladora santafesina consideró que no se tuvo en cuenta “la realidad social que atravesamos. Esperaba que la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, pusiera un halo de sentido común frente a la utilización que está haciendo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de una cuestión tan relevante como lo es la salud pública”.
“No me sorprendió este fallo, aunque uno siempre espera que en la República Argentina el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. En este caso, prácticamente han asimilado al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a una provincia y le ha quitado, incluso frente a la emergencia sanitaria con ley del Congreso mediante, facultades al presidente de la Nación para tomar definiciones políticas frente a la emergencia. En este caso podríamos decir que estamos frente al gobierno de jueces, a los que nadie votó por encima de los que han sido elegidos”, aseguró Sacnun.
En una declaración pública, la senadora santafesina enfatizó que “el Poder Judicial de la Nación y en este caso la Corte Suprema de Justicia se está arrogando facultades que no le otorga la Constitución Nacional. Las cuestiones jurídicas las podemos discutir, pero acá estamos hablando de cuestiones netamente políticas, estamos hablando de decisiones de Gobierno, tendientes nada más y nada menos, que a preservar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas”.
“Hoy advertíamos, a través de un hilo de Twitter de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que el Senado de la Nación ha sido intimado el pasado 30 de abril, por la Cámara de Nacional de Apelaciones de CABA para que legislemos en materia de pandemia. Lo único que nos falta es que los jueces, a los legisladores nacionales o al presidente de la Nación, nos den indicaciones de cuáles son las leyes o las políticas de Estado que tenemos que ejecutar”, afirmó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.
Sacnun señaló además que “estamos frente a una gravedad institucional muy importante, en un momento donde necesitamos que todos los poderes del estado estén trabajando en consolidar una política de estado tendiente a cuidar la salud de argentinos y argentinas, y fundamentalmente preservar un sistema de salud que debe funcionar”.
Por último, la senadora Sacnun expresó que “la Corte Suprema no dijo nada cuando se degradó al Ministerio de Salud de la Nación a secretaría de Estado, cuando se recortaba, desde el Gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto en materia educativa, cuando se cerraban escuelas, ni cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitaba la matrícula para el ingreso a la Educación Pública. La verdad es que esta Corte nunca se ha expedido en favor del pueblo argentino, y cada vez que lo hace, es en beneficio de los poderes más concentrados y en este caso de quienes representan a estos poderes, porque evidentemente se ha lanzado la campaña electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación forma parte de esa campaña electoral”.
El jefe del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados le respondió a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Martín Soria tras la sentencia de la Corte Suprema.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del Gobierno porteño y contrario al DNU del presidente Alberto Fernández que restringió las clases presenciales en las escuelas porteñas.
“El fallo de la Corte Suprema es ejemplar. El Gobierno nacional debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la excepcionalidad de la pandemia”, sostuvo Negri en Twitter.
Luego, consultado por medios de comunicación, el diputado cordobés abundó: “Se termina la discusión que reinstaló el presidente y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una conclusión definitiva: la CABA está equiparada a una provincia”, dijo Negri. “Es curioso que un presidente porteño instara al procurador para que desconociera la autonomía de la CABA”, agregó en tono irónico.
Negri le respondió también a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Martín Soria, quienes salieron a descalificar el fallo del Máximo Tribunal.
“La vicepresidenta hizo ayer 27 tuits destacando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fíjense si Biden dijera que hay un golpe institucional por un fallo de la Corte de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en la principal democracia del continente? Claramente, un golpe institucional es no respetar un fallo judicial”, sostuvo Negri.
El diputado también fue muy crítico hacia el mensaje de Cristina contra la sentencia de la Corte Suprema: “Desde 2013, cuando intentó la democratización de la Justicia, ella sostiene que los jueces no son legítimos porque el Poder Judicial no es elegido por el voto popular como el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Parece que quieren el poder total para el Ejecutivo con la excusa de la pandemia”.
“El kirchnerismo navegó sobre mayorías absolutas. Tuvo más poder que Perón. Gobernaban sobre emergencias, aun creciendo al 8%, porque el tema no era la economía, el tema era llevarse las facultades del Congreso. Porque en su concepción, esta es una democracia ´burguesa´, donde los controles afectan la idea de desarrollo y país que tienen. La idea de control les molesta, porque creen que ´si la gente me votó es porque me da las facultades para hacer lo que yo quiero´. Es inconcebible para el peronismo que alguien lo controle, tener que gobernar con controles republicanos”.
Respecto a las declaraciones del presidente, Negri manifestó: “No toman dimensión de la gravedad institucional, además de la gravedad económica y de la salud. Que el propio presidente hable de la ‘decrepitud del Derecho’ es peligroso. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el horizonte?”.
En cuanto al hilo de tuits del ministro de Justicia, Negri manifestó: “Creo que lo que hay que hacer, cuando salen estos fallos, es estar sereno. Él (Soria) ya dijo que cuando asumió como diputado se dedicaba a perseguir jueces y que ahora su rol era otro. Está haciendo lo contrario, eleva el nivel de confrontación”.
“El Gobierno fracasó en su política de pandemia, fracasó la economía y no hay vacunas. No puede pedir que le den más poderes ni querer gobernar solos cuando ya fracasaron”, concluyó el cordobés.
Desde el Frente de Todos criticaron el fallo del Máximo Tribunal a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales.
Diputados nacionales del Frente de Todos criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales, ante el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández con medidas sanitarias.
La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, indicó que “hoy han dado un paso más contra la democracia, desconociendo la Constitución y la soberanía del mandato popular para que el presidente tome las mejores decisiones políticas, poniendo en riesgo a millones de niñas, niños, adolescentes y docentes”.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de manera virtual y alineado con el frente opositor, argumenta que no existe emergencia, violenta la democracia y acciona contra la salud de cada argentina y argentino”, lamentó Osuna.
Por su parte, el porteño, Itai Hagman expresó que “en el mayor pico de muertes, la Corte Suprema da vía libre a un distrito para definir políticas sanitarias solo, y se pone a cuidar sus propios intereses corporativos. Es criminal que haya que administrar esta crisis con tanta irresponsabilidad institucional”.
Cristina Álvarez Rodríguez, vicejefa del bloque oficialista, también se refirió al fallo: “Necesitamos una Corte Suprema democrática y no que pretenda suplantar a un presidente que fue elegido por el voto popular. Como dijo el presidente, por más que escriban muchas hojas en sentencias, vamos a seguir cuidando la salud de nuestra gente”.
En tanto, para Paula Penacca, que la Corte desconozca que el Gobierno nacional tiene competencia para tomar medidas sanitarias es “un atropello a la democracia”.
Por su parte, Federico Fagioli manifestó que con esta decisión los supremos fallaron “a favor de los intereses de los sectores de poder que desprecian la vida: los que ya lo difundían antes de que saliera, los que usan el odio de campaña política, los que disputan poder con los hospitales estallados. No es a favor de la presencialidad, no es a favor de la educación: es un atentado a la democracia y a la institucionalidad”.
El bonaerense agregó: “Tenemos el desafío de estar más alerta que nunca, generar estrategias de cuidados con el poder del pueblo y disputarle el sentido para que no venza el odio”.
Daniela Vilar cuestionó la injerencia del Poder Judicial y manifestó: “Avanzan sobre atribuciones de otros poderes elegidos por el voto popular, toman decisiones que perjudican los bolsillos de los argentinos, ponen en peligro la salud pública. El mal funcionamiento del Poder Judicial es un problema de todos y todas”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, también cuestionó el fallo: “La política berreta de la derecha se llevó puesta a la Corte Suprema, que hoy dejó un claro mensaje: el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para tomar decisiones en plena pandemia y está sometido a lo que el Poder Judicial determine. Lamentable”.
“Lo de la Corte y el ‘partido judicial’ es un golpe contra las instituciones y la democracia”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, quien preside la Comisión de Justicia de la Cámara baja.
En este mismo sentido se expresó Vanesa Siley, indicando que el Poder Judicial a través de este tipo de fallos demuestra que “es un problema”, y cuestionó la decisión de suspender el DNU que impedía aumentos en el cable, telefonía e internet.
A su vez, Leopoldo Moreau cuestionó duramente la decisión “política” de la Corte Suprema de darle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la herramienta para “bailar un minué con la muerte”.
“Si la Corte hubiera querido fomentar o promover un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no debería haberse apresurado en dictar el fallo”, manifestó el legislador.
“Todos sabemos -continuó- que la Corte maneja tiempos políticos y en este caso el tiempo político que decidió manejar se vincula con darle una señal de apoyo a Larreta, y lo hizo desde un lugar de privilegio”, agregó Moreau en relación a la firma virtual de los supremos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, recordó el reciente dictamen de la Bicameral de Inteligencia acerca del espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. “La reforma judicial es urgente , debemos mejorar la calidad democrática”, sentenció.
Otro diputado que cuestionó la decisión de la Corte Suprema fue Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda: “Los miembros de la Corte, un puñado de personas que nadie votó y que están llenos de privilegios, deciden a la distancia (con firma digital) que miles de docentes y estudiantes estén obligados a ir presencialmente a las escuelas a contagiarse en plena segunda ola de Covid”.
El legislador y sindicalista comparó la decisión del Tribunal Supremo con un golpe de Estado. Otras críticas del Frente de Todos y la izquierda.
El titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, dijo que el fallo de la Corte Suprema a favor de la presencialidad escolar en CABA, equivale a “dinamitar la democracia”, y equiparó la decisión del máximo tribunal de la Nación con un “golpe de Estado”.
Tras calificar la decisión judicial de “claro intento desestabilizador”, Yasky expresó: “Todos sabemos que los golpes de Estado en el siglo XXI ya no van a ser como en la década de los ’70. El Plan Cóndor es de otra manera. Lo que antes hacían los militares ahora lo están haciendo los jueces”.
Yasky enumeró a presidentes como Fernando Lugo, en Paraguay, Rafael Correa, en Ecuador, Dilma Rousseff, en Brasil, o Evo Morales en Bolivia, entre otros, debieron afrontar “factores desestabilizantes” producidos por las Cortes Supremas de esos países, según el legislador.
Lo dijo durante una conferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA) y la Unión de Personal Superior de AFIP (UPSAFIP).
Cristina Kirchner señaló que “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.
Previsiblemente el Gobierno reaccionó con críticas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires frente al DNU del presidente de la Nación que disponía la no presencialidad en los colegios. El presidente Alberto Fernández se mostró apenado por “la decrepitud del Derecho convertido en sentencias”, tales sus palabras. Pero la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos al halar de “golpes contra las instituciones democráticas”.
Ante ello, el diputado radical Luis Petri replicó diciendo que “el único golpe a las instituciones es la reforma a la justicia y el constante asedio a jueces y fiscales independientes. Embestida que sólo busca beneficiarla en las causas de corrupción que la involucran”.
A su vez, el presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, dijo que “mal que le pese al presidente hoy hay Corte Suprema. Y, aunque frágil, hay estado de derecho, autonomía de la provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Hay democracia y va a seguir habiendo república con alternancia en el poder, porque somos muchos los que vamos a cuidar eso”.
A su vez, el diputado Fernando Iglesias tuiteó: “El peronismo designó, de una u otra manera, a 4 de los 5 jueces de la Corte, pero a Cristina no le basta. ‘Las instituciones’ son el Ejecutivo, para la Reina”. Y en otro tuite señaló que “desde los ’30, el sometimiento de la Corte Suprema al Partido Militar y al Partido Populista ha sido una clave de la decadencia argentina. Las dictaduras, Perón, Menem y Kirchner gozaron de cortes con obediencia automática. Ojalá haya empezado a terminarse hoy esa desgracia”.
A su vez, el constitucionalista Félix Lonigro calificó de “escandaloso” el tuit de la vicepresidenta. “Comparar a una sentencia adversa al Gobierno con un golpe de Estado, es una aberración jurídica impropia de una vicepresidenta. Desconoce el funcionamiento del Estado de Derecho. Considera que cuando un funcionario es elegido por el pueblo, puede pisotear a la Ley Fundamental sin que juez alguno pueda subsanarlo. La legitimidad democrática de origen jamás no está por sobre los postulados constitucionales”, señaló el letrado.
Luego que el máximo tribunal le diera la razón a la Ciudad en el reclamo por las clases presenciales, la vicepresidenta cuestionó que se dejó al Poder Ejecutivo sin competencias para tomar medidas sanitarias.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, luego que se conociera el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, y habló de “golpes contra las instituciones democráticas”.
A través de un hilo de Twitter, en el que cuestionó que con esta decisión del máximo tribunal, el Poder Ejecutivo queda sin competencias para tomar medidas sanitarias, la titular del Senado también disparó contra los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que en un principio fueron designados por el expresidente Mauricio Macri por decreto.
“El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus”, comenzó.
Entonces, recordó que ese mismo día “la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea… Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema”.
En referencia al fallo, CFK señaló: “Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”.
“Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?“, lanzó la vicepresidenta.
Y completó: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.
El pedido del buscador de que no puedan ingresar a sus servidores se desestimó. Todo había comenzado con una demanda de CFK por aparecer en Google como “ladrona”.
La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido del gigante informático Google en el marco de una demanda que pretende iniciar la vicepresidenta Cristina Kirchner porque el buscador la definió como “ladrona de la Nación Argentina”.
Mediante una presentación, la empresa buscaba impedir que se accediera a la base de datos propios, por el cual la titular del Senado pretende que se realice una pericia para comprobar la publicación por la cual está demandando.
La pretensión de Google era que no se accediera de manera irrestricta al servidor y en función de ello fue dando información solicitada por los peritos. La pericia fue hecha a fines del 2020 y todavía está en curso.
La exmandataria presentó una denuncia contra la compañía web a principios de agosto pasado por haber aparecido mencionado en su buscador como “Ladrona de la Nación Argentina” y sus abogados pidieron conservar todos los datos asociados a su nombre desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realiza una pericia informática.
Cristina Kirchner busca realizar la medida de prueba para saber cuánto tiempo expuesta esa foto con el epígrafe, cuál fue el alcance que tuvo y cuántos usuarios pudieron verlo, entre otras cosas.
La ex jefa de Estado anticipó que el dinero que pueda llegar a ganar en el juicio lo donará al Hospital de Niños “Sor María Ludovica” del partido bonaerense de La Plata.
El año pasado, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal había desestimado la apelación realizada por Google.
Trascendió los últimos días el inminente envío de un proyecto del Poder Ejecutivo para crear un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema y que entre otros temas se encargaría de analizar los recursos procesales en causas de corrupción. Tan es así que se especuló incluso con el tratamiento […]
Trascendió los últimos días el inminente envío de un proyecto del Poder Ejecutivo para crear un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema y que entre otros temas se encargaría de analizar los recursos procesales en causas de corrupción. Tan es así que se especuló incluso con el tratamiento de tal iniciativa en extraordinarias.
Sin embargo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, relativizó que tal iniciativa esté ya redactada y con ello puso paños fríos respecto del tratamiento de la misma en las próximas semanas.
El funcionario fue consultado puntualmente sobre esto por parlamentario.com, en el marco de una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), en la que reconoció que esa es una de las propuestas que surgieron del consejo de juristas que se reunió el año pasado para elaborar una serie de sugerencias para mejorar la justicia.
Tras puntualizar que el trabajo presentado al presidente Alberto Fernández “no presenta unanimidad en los temas, ni una sola postura”, Cafiero reconoció que una de las propuestas que se presentaron es “la de crear un tribunal intermedio, pero todavía no hay ningún proyecto redactado sobre esto”. Puntualizó en ese sentido que esa “es parte de las propuestas que surgieron y como bien saben, son propuestas que no son vinculantes”, e insistió que “no son unánimes, porque hasta incluso en esos puntos no es que hay consenso generalizado del consejo de juristas”.
Dicho consejo, prosiguió, “ha trabajado de una forma muy responsable, con mucho compromiso, y ha generado diferentes disparadores que pueden ser transformados algunos de ellos en proyectos de ley y pueden ser enviados para que se debatan en el Congreso”. Y sobre el tribunal intermedio, en particular, aclaró que el proyecto “todavía no está terminado”.
“El Poder Ejecutivo sigue analizando diferentes recomendaciones que ha hecho esa comisión”, reiteró, apuntando algunas de las propuestas que elaboró la misma las están evaluando para ver si las transforma en proyectos de ley para que luego tengan su consecuente debate en el Poder Legislativo.
Se trata de un organismo que sería creado como instancia previa a la Corte Suprema y que se estima limitará las funciones del Tribunal Supremo.
Cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández habló la semana pasada de la necesidad de “meter mano en la Justicia”, no hizo más que dar certezas en torno a la corporización de una de las recomendaciones de la comisión de juristas que asesoró al mandatario a fines del año pasado, en cuestiones referidas a cambios en el seno de la Justicia.
En efecto, diversas fuentes oficiales dan por cierta la elaboración de un proyecto para crear un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema, y que entre otros temas se encargaría de analizar recursos procesales en causas de corrupción.
Consultado este jueves por parlamentario.com, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero aclaró que ese es uno de los temas que podría ser convertido en proyecto de ley, aunque aclaró que aún no ha sido redactado.
¨Algunas de las propuestas elevadas (por la comisión de juristas) están siendo evaluadas por el Poder Ejecutivo, pero no hay una iniciativa uniforme¨, aseguró el funcionario en una videoconferencia de prensa con periodistas de la Asociación de Periodistas de la República Argentina.
En el diario La Nación incluso se apuntó que el tema podría ser incluido en el temario de extraordinarias. Empero, muchas versiones han circulado los últimos días en torno al período extraordinario, incluso que se destrabaría la reforma judicial en Diputados, para su presto tratamiento en esa Cámara. Sin embargo, diversas fuentes del oficialismo consultadas aclararon que “no hubo novedades” en las últimas semanas sobre el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, desechando que al menos hasta el inicio del período ordinario pueda prosperar algo en ese sentido. Tampoco hubo precisiones respecto de la reforma del Ministerio Público, que también cuenta con la aprobación del Senado y espera tratamiento en la Cámara baja.
Precisamente por eso se especula con la posibilidad de que el Ejecutivo avance con esta iniciativa que crearía un tribunal intermedio, y pueda llegar a presentarla en el Congreso en las próximas semanas. No sorprendería tampoco que, para instalar el tema, se incluya el tema como instancia previa a la presentación del proyecto.
La iniciativa obedece al fastidio creciente en el oficialismo en general y el kirchnerismo en particular, sobre todo respecto de la resolución del Tribunal Supremo de ampararse en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin dar argumentos recursos presentados por la defensa de un condenado. Es lo que sucedió en el caso puntual del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
El repaso final del texto para crear este tribunal intermedio estaría por estas horas a cargo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. El proyecto puede ser aprobado por mayoría simple en ambas cámaras y, en caso de convertirse en ley, la integración del tribunal quedaría a cargo del acuerdo del Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura, e impulsados por el propio Poder Ejecutivo.
Un muy crítico panorama de la actualidad trazó el jefe de la principal bancada de oposición en Diputados, en el que advirtió que “no hay antecedentes en los que desde el Ejecutivo se desarrolle un nivel de ofensiva contra la Corte como el que estamos viendo”.
El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo este miércoles que “se está degradando la democracia. El Gobierno ha cagado a palos a la Justicia todo el año. La golpiza que le han pegado a la división de poderes no tiene dimensión. Independientemente de que haya jueces malos o buenos, se observa un desequilibrio enorme”, señaló.
“La única certidumbre que hay hoy es un plan judicial que comenzó Cristina Kirchner y que el Gobierno hizo propio; no han descansado un solo día. No hay antecedentes en los que desde el Poder Ejecutivo se desarrolle un nivel de ofensiva contra la Corte Suprema como el que estamos viendo”, agregó el jefe de la principal bancada opositora.
Consultado por la creciente violencia en torno a las usurpaciones de terrenos, y manifestó: “Hay una anomia muy grande, es tan grande el atropello con el que se llega a fin de año que la sociedad no repara en cuánto creció el nivel de violencia armada por las usurpaciones. Si son grupos marginales, no se comprende por qué crece la violencia sin que nadie actúe. El Estado no está interviniendo de la forma que debe hacerlo, mira mucho al costado”.
“Guarda porque el clima social no es bueno, hay muchas insatisfacciones, la pobreza está creciendo casi al 50 por ciento. El Gobierno está generando tensión política permanente, la grieta ya no es grieta, es un pozo que lleva al abismo. Los argentinos están en la silla eléctrica”, añadió el legislador radical, en diálogo con el programa de radio Rivadavia “Baby en el medio”, que conduce el periodista Baby Etchecopar.
“Los argentinos están perdiendo la capacidad de asombro, la sociedad empieza a anestesiarse y se naturalizan los desbordes. La gente que me escribe pide que la oposición haga algo, pero yo les digo que hay que hacer algo desde la democracia, siempre desde la democracia”.
Respecto de las posibilidades de que prospere el pedido de juicio político que presentó la Coalición Cívica contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Negri opinó: “Carrió es inteligente, sabe que los números para el juicio político no están, pero ella subió la vara, permitió que se amplifiquen las voces y se observe la golpiza que le están pegando a la Justicia”.
El diputado cordobés también criticó la media sanción a la ley que busca reformar el Ministerio Público. “Modifican la ley para que una comisión bicameral pueda designar el procurador de la Nación si no lo hace el Senado. Es una locura, hay un desmadre para revertir las instituciones”, expresó.
En el marco de un informe presentado al cabo del primer año de gestión, la viepresidenta alertó sobre la posibilidad que el Tribunal Supremo empiece a dictar “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Al hacer un balance tras el primer año de la gestión del Frente de Todos al frente del Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner destacó que “el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”.
“Sobre un sistema de salud practicamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid”, señaló la vicepresidenta, que destacó también que “se logró reestrucuturar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos”.
También destacó que “con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan”.
Pero a continuación la emprendió contra otro poder del Estado: el Judicial, embistiendo duramente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, sostuvo.
Tras aclarar que no pretende una Justicia adicta, sino “todo lo contrario”, recordó que de aquella Corte que tras “un proceso virtuoso” registrado durante la gestión iniciada por su esposo en 2003, surgió “la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.
“De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la doctora Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el doctor Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba”, recordó.
Agregó a continuación que “la descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadio. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los ‘jueces de la servilleta’. Bonadio se autodefinía como un practicante del ‘derecho penal creativo’: aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares”.
“Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadio, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, enfatizó.
Agregó Cristina Kirchner que “la otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el doctor Zaffaroni-, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.
Para CFK, “el macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema”.
“Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación”, sostuvo la vicepresidenta.
Cristina afirmó que “hoy, la Corte esta integrada por esos cuatro funcionarios más el doctor Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el doctor Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente. Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país”.
“A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, afirmó Cristina Kirchner, para quien “tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Para el senador nacional kirchnerista, en la Argentina “desapareció la Justicia”.
Hombre fuerte del Senado, donde gobierna la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es innegable que aunque tenga voz propia, Oscar Parrilli suele expresar el pensamiento de la exmandataria. Y atento a esa referencia, vale lo que acaba de expresar el titular de la Agencia Federal de Inteligencia: “La Corte quiere extorsionar al Gobierno”, dijo, sin medias tintas.
El senador nacional por Neuquén se refirió así al fallo del Tribunal Supremo ratificando la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Entrevistado en El Destape Radio, Parrilli sostuvo que “la Justicia desapareció en Argentina cuando apareció el Lawfare en toda su crudeza”.
El titular de la Comisión de Justicia del Senado se manifestó “convencido de la inocencia de Amado Boudou”. Y sostuvo en ese sentido que “el único testigo del fallo Boudou fue comprado”.
“Creo que como legisladores está faltando que hagamos las cosas que tenemos que hacer”, deslizó a continuación, reconociendo también que el dictamen de la comisión creada por el presidente de la Nación para sugerir modificaciones para mejorar la justicia “pasó sin pena ni gloria”.
Para Parrilli, “el Lawfare está vivito y coleando. No hay que dejar de denunciar los atropellos y las atrocidades que están haciendo”. Agregó que “hay periodistas que se han llenado de odio y ese odio los enceguece tanto que les obnubila el cerebro”.
A través de una solicitada, numerosos dirigentes expresaron su respaldo político al exvicepresidente tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema.
Referentes de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales, juristas, periodistas y artistas firmaron este domingo una solicitada que recogió más de 10 mil firmas en apoyo al exvicepresidente, donde cuestionaron el fallo por atribuirlo a la persecución política y el lawfare.
Entre las primeras firmas, se manifestaron figuras de peso como el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el senador Oscar Parrilli, el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, los intendentes Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García y el ministro nacional Jorge Ferraresi.
Desde el Congreso, firmaron la nota el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y los senadores nacionales Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnun, y los diputados nacionales del Frente de Todos Fernanda Vallejos, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailhade y Lucía Corpacci, entre otros.
La solicitada fue motorizada como respuesta a la confirmación por parte de la Corte Suprema el pasado jueves de la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone y expresaron un fuerte respaldo al exvicepresidente, ante la decisión judicial, “por ser parte esta de la persecución política y el lawfare, en un fallo signado por irregularidades”.
“Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, comenzó la solicitada, que contó con la firma de más de 10 mil personas.
“Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”.
A su vez, advirtieron que este tipo de maniobras judiciales afectan el Estado de Derecho y la democracia.
“La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia. Fuerza Amado! Estamos con vos”, conluyó la solicitada.
Firmaron el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti.
También firmaron los Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco, Gustavo Menéndez, Juan Zabaleta, Lucas Ghi, Fernando Grey y Mariano Cascallares.
Los funcionarias de los gobiernos nacional y bonaerense Jorge Ferraresi, ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García; y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.
Firmaron también los gremialistas Daniel Catalano (ATE Capital), Sonia Alesso (CTERA), Eduardo López (UTE), Carlos Quintriqueo (ATE Neuquén) y Norberto Di Próspero (APL). Por los organismos de derechos humanos, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano y Charly Pisoni (HIJOS).
Para el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el objetivo del Gobierno es “quebrar” a la Ciudad.
Luego de que bien temprano se consumara la aprobación en Diputados del proyecto que quita fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció la existencia de “intencionalidad política” en las medidas adoptadas por Nación contra el distrito porteño.
Rodríguez Larreta anunció que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de esta medida, del mismo modo que ya lo había hecho en septiembre de este año cuando el decreto que recortó el presupuesto de la Ciudad.
Larreta le pidió a la Corte Suprema una rápida definición, con el fin de “restablecer el federalismo que se quebró”.
Señaló luego que a Ciudad “dejó de recibir 150 millones de pesos diarios, que para fin de año va a ser de 13.000 millones de pesos y para el próximo año, 53.000 millones de pesos”.
“Ahora le hacen mas daño a la Ciudad con la ley, que nos sacan 12.000 millones más”, afirmó el jefe de Gobierno, que sostuvo luego que la administración de Alberto Fernández “aceleró contrarreloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación”.
Horacio Rodríguez Larreta dio una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, en Parque Patricios, acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; Humberto Schiavini (jefe del bloque de senadores PRO): Luis Naidenoff (jefe del bloque de senadores de UCR), Martín Lousteau (senador por CABA); Mario Negri (jefe del bloque de diputados UCR), Cristian Ritondo (jefe del bloque de diputados del PRO) y Maximiliano Ferraro (jefe de bloque de diputados de la Coalición Cívica).
El Tribunal Supremo dispuso que el magistrado continúe en su cargo hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o no de su traslado al Tribunal Oral Federal 7.
Dos días después de expedirse sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al per saltum presentado oportunamente por el juez Germán Castelli, quien permanecerá en el cargo hasta que se resuelva el fondo del planteo.
De tal manera, a diferencia de lo ocurrido con el fallo del martes pasado, la Corte postergó esta vez su resolución, con lo que volverá a la jueza de primera instancia para que se expida.
Castelli pasó de un tribunal oral federal de San Martín a la Capital Federal.
Por ello el tribunal remitió el caso a primera instancia para que resuelva el fondo y no sobre una cautelar como lo hizo.
Con la firma de los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y la disidencia del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se hizo lugar al recurso extraordinario por salto de instancia, revocándose la sentencia recurrida, y ordenando “la suspensión de los efectos de la resolución 183/2020 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”.
El juez Castelli había pedido al Tribunal Supremo un per saltum para declarar inválida la medida del Consejo de la Magistratura que pidió la revisión de su traslado, junto a los de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros magistrados.
Se quejó del fallo de la Corte Suprema y advirtió que en el Senado el kirchnerismo “está decidido a ir por todo”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez manifestó su alarma por el avance del Gobierno en su “plan de impunidad”.
“Nos preocupa, aunque no nos sorprende, que el oficialismo sólo tenga como plan someter a la Justicia para favorecer a los principales acusados de la corrupción en la década kirchnerista”, dijo la senadora radical.
Para la legisladora tucumana, “el fallo de la Corte Suprema nos deja gusto a poco, porque al sostener a los jueces Bruglia y Bertuzzi solo temporalmente, hasta que se hagan nuevos concursos para los cargos de camaristas que hoy ocupan, debilita uno de los principios básicos sobre los que se asienta la independencia de la Justicia: la garantía de la inamovilidad de los cargos que deben tener todos los magistrados”.
Se preguntó entonces: “¿Qué juez trasladado, incluso los que tuvieron aval del peronismo en el Senado recientemente, va a fallar en contra del Gobierno en una causa si sabe que está provisoriamente en el cargo y que de querer participar del concurso tendrá que sortear los votos del peronismo en el Consejo de la Magistratura y en el Senado?”.
Agregó Elías de Pérez que por otra parte “en el Senado observamos que el kirchnerismo está decidido a ir por todo. Al hostigamiento y persecución política que le hacen al procurador (Eduardo) Casal ahora se suma la voluntad de cambiar la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar la mayoría exigible en la designación del Procurador. Es preocupante que los senadores del oficialismo congelen el pliego enviado por el Presidente, que nominó hace más de seis meses al juez Daniel Rafecas. Las instituciones del país han quedado entrampadas en una interna cada vez más visible en la coalición gobernante”.
“La sociedad argentina está atenta a todo esto. Observa con mucho dolor a un gobierno sin rumbo económico que solo tiene el plan de la impunidad para sus miembros, amigos y líderes”, concluyó.
Desde la oposición cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo sobre los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Diputados y senadores nacionales de la oposición manifestaron su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el desplazamiento de los jueces Bertuzzi y Bruglia por decreto.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri aseguró: “El fallo de la Corte Suprema envalentonó al presidente. Junto al intendente K de Avellaneda pide que Diputados trate urgente la reforma judicial y cuestiona la ley del Arrepentido que permitió avances de causas de corrupción. No persiguen una mejor Justicia, buscan impunidad”.
“Al tuit anterior le agrego la siguiente pregunta: ¿Sobre la base de qué instituciones proponen un acuerdo político y social para sacar al país de la crisis mayúscula en la que está? Escuchando al presidente hablar de la Justicia cuesta creer que va a ser posible cualquier acuerdo”, cerró Negri
Luis Petri señaló su vez que “el peor de los fallos, la Corte vuelve sobre sus pasos, desconoce la acordada 7 del 2018 y les da el tratamiento de traslados irregulares”.
“La Corte le habilitó la elección y conformación de la Cámara a la ex Presidente para que le resuelva las causas. Que nadie se haga el distraído, no fue una decisión salomónica como se pretende hacer ver. La Corte por mayoría, desconoció sus precedentes y dio un giro de 180 grados”, dijo el legislador mendocino, que agregó luego: “Hoy la Justicia es un poco menos independiente que ayer. No hay República posible sin justicia independiente”.
“Cuando las instituciones se doblegan a la impunidad de una persona, el país cae en la anomia y la violencia”, señaló por su parte la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.
A su vez, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado señaló que “tras el fallo de la Corte Suprema, si los tres jueces consiguieran ganar sus respectivos concursos, queda flotando una pregunta: ¿El kirchnerismo estaría dispuesto a aprobar sus pliegos en el Congreso o seguirá con su avance sobre la Justicia?”.
A su turno, Gonzalo Del Cerro afirmó que “el fallo sobre los jueces Bertuzzi y Bruglia no es favorable a República ni al concepto de Corte Suprema de Justicia, independientemente de las interpretaciones que se hagan sobre si favorece a una u otra de las partes”.
Gustavo Menna señaló por su parte: “La mayoría de la Corte hizo malabares para decir que no dijo lo que dijo hace dos años. Su rol es garantizar la supremacía constitucional, no hacer equilibrio. Para la historia queda que se ha convalidado desplazar jueces por decreto”.
Así como el fin de semana diputados y senadores reaccionaron con críticas contra el proyecto de ley de Vanesa Siley, ahora lo hicieron por las declaraciones de Leopoldo Moreau.
La diputada nacional Vanesa Siley encendió la mecha este fin de semana con su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, que en realidad había presentado una semana antes, pero ahora el diputado ultra K Leopoldo Moreau reforzó la embestida contra la Corte al declarar la necesidad de renovar ese tribunal por completo.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, tuiteó: “Cuando no me gusta la decisión, comienza el relato: juicio político, ‘agotamiento de la Corte’ y más. Kirchnerismo de manual”.
En el mismo sentido se expresó la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, quien señaló que “nada de esto es extraño. Cuando una fuerza política se cree con derecho a avanzar sobre las instituciones solo queda que esas instituciones pongan límites. Espero que la Corte no se deje amedrentar y no busque atajos. Y que falle conforme a derecho y de tranquilidad a la Argentina”.
A su vez, el diputado radical mendocino Luis Petri advirtió: “Van por todos! Se quieren cargar a toda la Corte Suprema de Justicia, necesitan una Corte adicta ahora, defendamos la República, defendamos la Justicia independiente. Juntos, No pasarán!”.
Luego agregó: “Primero fueron por el Presidente de la Corte y ahora, con Moreau a la cabeza, van por todos sus integrantes. El lema de Gobierno pareciera ser Corte adicta o nada! Ante ello, más República que nunca!”.
El diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio Fernando Rovello se preguntó: “¿En que país tocarle bocina a un juez es una “práctica nazi” pero amenazar con juicio político a toda la Corte Suprema si no resuelve según ordene el oficialismo es un acto democrático y republicano? En Argentina”.
Por su parte, el diputado nacional radical Diego Mestre señaló en referencia a la presentación de Vanesa Siley que “este pedido de Juicio político que no va a prosperar, atenta contra la independencia judicial, quieren montar un show y presionar a la Corte ante tamaños atropellos a nuestros derechos ciudadanos Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo”.
Con todo, el tema despertó más cuestionamientos de parte de la diputada Paula Oliveto, que abrió el paraguas respecto de lo que pueda pasar con el fallo del máximo tribunal: “Veo editorialistas diciendo que la Corte estaría explorando una solución intermedia. Los deja por un tiempito hasta que concursen los cargos. En realidad esos concursos ya están y el abogado de CFK está listo para asumir el cargo. Una monada que no distrae a nadie”, señaló.
En el mismo sentido, su compañero de la Coalición Cívica Juan Manuel López se refirió al mismo tema señalando: “Nunca entendí esto de que la Corte tiene que dar soluciones salomónicas, ‘guiños’, un fallo para un lado y otro fallo para el otro. ¿Estamos hablando de la Corte Suprema de JUSTICIA de la Nación?”.
“El Dip. Moreau reclama renuncia de toda la Corte Suprema, porque están ‘agotados y desprestigiados’. Leopoldo, cómo vamos por casa? Que pensarán los integrantes de la Corte, de sus siestas en el sillón de su residencia, en plena sesión? Le pedirán lo mismo a Ud.?”, disparó Mónica Frade, también del bloque CC-ARI.
En tanto, el diputado nacional Facundo Suárez Lastra hizo una interpretación más general de la coyuntura: “Hoy la política debe reformular la economía. Si se frena la reforma judicial y se trata la cuestión impositiva en una reforma tributaria -y no en leyes inconstitucionales como la del ‘impuesto a la riqueza’- se puede construir la confianza q falta para empezar a salir de la crisis”.
Por el Pro, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado expresó: “El kirchnerismo sólo sabe gobernar avasallando la división de poderes. Desde la oposición no se lo permitiremos, vamos a defender a la República y a los argentinos”.
El diputado radical apuntó contra el oficialista por sus dichos sobre la Corte Suprema y sostuvo que “transmite una velada amenaza al máximo tribunal”.
El diputado nacional José Cano (UCR) salió la cruce de las declaraciones del oficialista Leopoldo Moreau sobre la Corte Suprema de Justicia y dijo que “carece de la mínima vergüenza republicana y transmite una velada amenaza al alto tribunal”.
“El anuncio de Moreau de promover juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema, evidentemente se erige en un oscuro mensaje a la Magistratura toda”, señaló el opositor, en referencia a los dichos del diputado K, quien consideró que la Corte “está agotada”.
El tucumano remarcó que “la modalidad de perseguir e intentar desplazar magistrados pareciera haberse tornado en una obsesión kirchnerista. Una conducta antirepublicana de este calibre, sencillamente sume en la vergüenza a sus verdaderos ideólogos que encuentran gestores dispuestos a hacer el trabajo sucio”.
“Condeno enérgicamente estas persecuciones de claro tinte político, poco responsable y sepa Moreau y sus mandantes que a pesar de sus deseos, no podrán llevarse por delante las instituciones para implantar tribunales con perfiles como el de (Norberto) Oyarbide al que seguramente extrañan”, disparó el legislador de Juntos por el Cambio.
Finalmente, consideró que “Moreau debe reflexionar sobre su proceder y entender que más allá del transfuguismo en el que ha basado su actividad política, existen valores republicanos que deben ser preservados por sobre la genuflexión y la rendición ideológica”.
El senador, que vota en consonancia con el Frente de Todos en la mayoría de los temas, reclamó que “por momentos, la agenda del Congreso se aleja de los temas de la gente”.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) se diferenció del oficialismo y rechazó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, presentado por la diputada K Vanesa Siley.
“De ninguna manera vamos a promover un juicio político de un juez por el sentido de sus fallos. Vamos a defender el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y la justicia independiente”, aseguró.
Mediante un comunicado, el legislador, que suele votar en la mayoría de los temas con el Frente de Todos, sostuvo que “está claro que el pedido de juicio político es en disconformidad con los fallos del titular del máximo tribunal, con el agravante que se da en medio de un contexto de discusión de la reforma judicial y el per saltum por el traslado de jueces”.
“La plena libertad de deliberación y de decisión con que deben contar los jueces se vería afectada de estar en riesgo de ser removidos por el sólo hecho de lo decidido o manifestado en sus sentencias”, añadió mediante un comunicado.
El exgobernador rionegrino advirtió además que “por momentos, la agenda del Congreso se aleja de los temas de la gente”, en consonancia con lo expresado por el diputado de su espacio Luis Di Giacomo. De esta manera, ambos tomaron distancia del oficialismo en el asunto.
Y pidió “continuar trabajando para darle al Poder Ejecutivo Nacional las herramientas necesarias para combatir esta crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia”.
Por Luis Di Giacomo. El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro rechazó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y pidió que “se respete la independencia de poderes”.
El pueblo argentino está viviendo horas críticas donde la incertidumbre es dominante. La salud y la vida misma que ya le ha sido arrebatada a más de 20.000 amigos, familiares y vecinos, todos seres con nombre y apellido, a quienes debemos respeto y nos obligan a redoblar los esfuerzos para combatir la pandemia con la responsabilidad del autocuidado y la coordinación de las acciones entre quienes tenemos obligaciones de conducción.
Incertidumbre en lo económico y social por la crisis sin precedente, donde a la caída mundial de la economía se agrega la particular situación de un país endeudado, paralizado productivamente, sin perspectivas de soluciones mientras nuestra moneda se hunde y la inflación se dispara.
Creemos que es un deber acompañar al Gobierno nacional en las batallas contra la pandemia y en la recuperación de la producción y el crecimiento económico, con miras a mejorar la calidad de vida de los argentinos, y lo venimos haciendo con responsabilidad. En lo que nos toca como bloque en el Congreso, bregamos por asegurar el funcionamiento del mismo en plenitud. Nos hemos opuesto a maniobras que sabotean su funcionamiento con la mezquina idea de que las cosas vayan mal para obtener réditos electorales por parte de quienes no aceptan que son minoría, producto de sus propios errores de gestión. Acompañamos las iniciativas de emergencia para dotar al Ejecutivo de los instrumentos que necesita para la gobernabilidad.
La obligación de ahora para la política es ponerse a trabajar en la situación de crisis, y es por eso que vemos con profunda preocupación y rechazamos que sectores de las coaliciones tanto oficialista como opositora se hayan embarcado en confrontaciones jurídico-mediáticas alrededor de temas secundarios que, sin importar quien salga triunfante o derrotado, en nada cambian la triste realidad que estamos viviendo.
En ese sentido, rechazamos las presiones que en ambos sentidos se realizan pretendiendo torcer la voluntad de las decisiones judiciales a beneficio de uno u otro bando. Rechazamos en todos sus términos el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y solicitamos se respete la independencia de poderes como la mejor forma de respetar la institucionalidad.
Luis Di Giácomo es diputado nacional por Juntos Somos Río Negro.
El kirchnerista consideró que está “agotada” y “muy degradada”, además de opinar que los magistrados “se han transformado en jugadores de truco”.
El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau apuntó contra todos los jueces de la Corte Suprema, al referirse al pedido de su juicio político contra Carlos Rosenkrantz. “Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada, se juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, lanzó.
“Yo tenía diferencias enormes con (Carlos) Fayt, pero la verdad que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de (Carmen) Argibay y de (Raúl) Zaffaroni. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles”, sostuvo este lunes en declaraciones a radio Con Vos.
El radical K cuestionó a cada uno de los magistrados: “Veo una Corte con dos señores que ingresaron habiendo admitido hacerlo por decreto -en alusión a Rozenkrantz y Horacio Rosatti-, una cosa insólita. Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y, a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor. (Ricardo) Lorenzetti que ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con (Sergio) Moro y (Claudio) Bonadio. Y (Juan Carlos) Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, pero que está en una especie de ámbito de confort. Es una Corte que realmente no tiene jerarquía institucional y jurídica“.
Respecto a la decisión del máximo tribunal de aceptar el “per saltum” planteado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el oficialista sostuvo: “Nadie se explica por qué la Corte, a instancias de Rosenkrantz, interrumpió en un proceso que venía desarrollándose a través de cauces constitucionales y absolutamente normales, que arrancó en el Consejo de la Magistratura”.
“La Corte de repente irrumpe y le quita a los jueces naturales (del fuero contencioso administrativo) la decisión de resolver. Esto produce un desbarajuste institucional fenomenal”, consideró y opinó que haber abierto el “per saltum” fue “una manera de volver a recuperar un poder que no les corresponde y que excede el que les otorga la Constitución”.
Para el kirchnerista, “lamentablemente, la Corte tiene la propensión de que creer es un tribunal constitucional cuando no lo es. Y a creer que además puede jugar un papel determinante en las relaciones de poder en la Argentina. Y se ve alentada por algunos que piensan que la Corte debería desplazar a los poderes que han sido electos por la sociedad, porque no se resignan a haber perdido la elección”.
El legislador criticó entonces a la oposición porque “judicializan todo” y “la Corte se deja tentar, porque eso le significa acumulación de poder. Se han transformado en jugadores de truco”.
Puntualmente sobre el pedido de juicio político presentado por su par Vanesa Siley, Moreau defendió que “está bien fundado” y “hay más que razones para esto”, entre esas que el presidente de la Corte “está sentado sobre el caso Blaquier y todos saben que sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación y se debería haber excusado; no solo no lo hizo, sino que lo tiene frenado y congelado en su vocalía”.
Además recordó que la solicitud se presentó el 25 de septiembre pasado y fue “una actualización” de un pedido anterior. “Se venían acumulando situaciones de distinta naturaleza”, dijo sobre las causales, entre ellas “el tema famoso del 2×1”. Y criticó que “los que hoy se horrorizan” con el tema, “aplaudían” el pedido de juicio político “y hostigamiento permanente a Lorenzetti” por parte de la exdiputada Elisa Carrió.
Consideró que los jueces desplazados por el oficialismo deben dejar sus despachos, advirtiendo que hacer lo contrario será “dificultar la tarea de un Gobierno democrático electo por el voto popular”.
El exsenador nacional Mario Daniele reclamó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia convalidar lo dispuesto por el Senado de la Nación en cuanto a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, advirtiendo que lo contrario será para ellos “denigrarse como instrumento de la oposición”.
El presidente de la Unidad Básica Espacio Peronista Federal consideró que los tres magistrados deberían haber “dejado los despachos que ocupan en la Cámara Federal de Comodoro Py desde 2018, designados a dedo, mediante el mecanismo de traslado, por la alianza Cambiemos”, por decisión del Senado, el Poder Ejecutivo y luego la Cámara de Casación Penal Federal.
“Nos asombramos al ver a candidatos de la actual oposición fomentando el escrache al juez (Ricardo) Lorenzetti, para presionarlo días antes de fallar el per saltum que hoy la oposición festeja como un gol contra las instituciones”, expresó el ex secretario Parlamentario del Senado, que recalcó que “nosotros estamos atentos y predispuestos como siempre, para defender a la democracia, nuestras instituciones y reiterar nuestro apoyo incondicional al Gobierno nacional”.
Por eso, el presidente de la Unidad Básica Espacio Peronista Federal dejó constancia de que “entendemos que los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosatti, ahora tienen la oportunidad de demostrar si responden a la Corte Suprema de Justicia la Nación, o si van a denigrarse como instrumento de la oposición para dificultar la tarea de un Gobierno democrático electo por el voto popular”.
“Y por estos motivos es que en los días venideros nosotros tenemos la posibilidad, y la obligación, de escrutar exhaustivamente cómo actúa el Poder Judicial de la Nación en momentos en los que la situación que atraviesa el mundo demanda dar lo mejor de nosotros para sobreponernos tanto ante las adversidades que nos son novedosas, como a las adversidades que son tan antiguas como la política, y que ya superamos en el pasado estando unidos, y volveremos a superar esta y todas las veces que la Patria lo demande”, concluyó Daniele.
Mientras el Gobierno lanza medidas para garantizar su acceso a los dólares, el ruido político hace su aporte contra la confianza elemental que necesita en una coyuntura tan complicada. La relación con la oposición y las discrepancias internas que conspiran contra la autoridad presidencial.
Por José Angel Di Mauro
La Corte Suprema de Justicia es especialmente refractaria a ponerse en situaciones que la ubiquen en el centro de la polémica. Por eso resultó curioso cuando en mayo de 2017 emitió un fallo a favor de aplicar el 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Una enorme incomodidad le generaron entonces las masivas movilizaciones realizadas por esos días en su contra, y hasta el intento por parte del kirchnerismo y la izquierda de llevar a juicio político a quienes habían emitido semejante fallo.
El tema, que sorprendió en esos días al Gobierno de Mauricio Macri, fue saldado a través de una ley consensuada entre oficialismo y oposición, en la que por una vez votaron juntos Cambiemos y el kirchnerismo, limitando el alcance del 2×1 de modo tal que ese beneficio no sea aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Quedaron dudas por entonces respecto de las razones de semejante decisión del Máximo Tribunal. En el Gobierno de entonces señalaron a Ricardo Lorenzetti, quien manejaba la agenda de la Corte y siempre fue partidario de los fallos unánimes. En ese tema en cambio el resultado había sido 3 a 2. Esos tres votos fueron de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Muchos funcionarios de entonces interpretaron que Lorenzetti había generado esa situación a sabiendas de cómo votarían Rosatti y Rosenkrantz.
Lejos de haber menguado, las intrigas en el seno de la Corte Suprema siguen vigentes y exacerbadas. Confiaba en ello el Gobierno cuando salió a agitar el tema del escrache del fin de semana a Ricardo Lorenzetti en su casa de Rafaela. Pero una vez más erró el presidente al lanzar una fuerte embestida pública contra el titular del Tribunal por haber habilitado la discusión del per saltum. Ese mismo día la diputada Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz, que este fin de semana ella misma se encargó de difundir.
A su vez, en vísperas de la reunión de la Corte, la ministra de Justicia -nadie más del riñón albertista que ella- advirtió que “sería un escándalo” que fallara a favor del reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En rigor, la Corte aún no ha fallado; pero así como en la previa de la acordada del martes pasado en la Rosada confiaban en que el Tribunal se sacara de encima la papa caliente, ahora descuentan un fallo adverso.
Debiera aprender el Gobierno que ese tipo de presiones suelen generar el efecto contrario al buscado. Le pasa también con la oposición, a la que necesitaría fragmentar, pero sus acciones no hacen más que amalgamarla.
Un ejemplo claro es el Senado, donde más sufre la oposición su condición de minoría. Sin embargo fue el primer espacio en el que pudo ponerle límites al Gobierno, al demostrar a partir de una votación por un tema menor que el oficialismo no tenía los dos tercios.
En efecto, la Cámara alta es el espacio donde más podían quedar expuestas las debilidades de la oposición. Ejemplo: dos senadoras que ingresaron al cuerpo el 10 de diciembre pasado a través de las listas de Juntos por el Cambio, quedaron enemistadas con ese interbloque aun antes de asumir, porque los radicales quisieron quedarse con sus lugares. Sin embargo la hostilidad expuesta desde la presidencia de esa Cámara no hizo más que sumarlas a JxC a la hora de votar.
En esa Cámara no avanzan los consensos. A diferencia de Diputados, donde las sesiones son mixtas, permitiéndose la presencia de casi medio centenar de legisladores en sus bancas, en el Senado apenas están habilitados la presidenta provisional y los tres vicepresidentes. La oposición judicializó el nuevo protocolo impuesto por considerar que representa una reforma del reglamento de la Cámara y como tal necesitaría -dicen- el apoyo de todo el cuerpo. Por eso asiste a los debates, pero se retira a la hora de votar. Hubo la última semana un esbozo de acercamiento al acceder la presidencia del cuerpo a permitir la presencia de otros cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de JxC. Pero este bloque pidió que fueran rotativos, de modo tal que pudieran ir cambiando los senadores presenciales durante el transcurso de cada sesión. El oficialismo no aceptó y así siguen empantanados.
La presidencia de la HSN había propuesto para esta sesión el tratamiento de dos temas ineludibles para la oposición: la ley que le rebaja la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la de promoción de la economía del conocimiento. Sin acuerdo, la oposición dio el debate y se deslogueó al momento de votar. Con esta metodología todo se aprueba sin votos negativos.
En la Cámara baja el diferendo por la presencialidad alcanzó su punto extremo con esa recordada sesión a la que asistieron 94 diputados de Juntos por el Cambio… que figuraban ausentes por no estar logueados. Pero a los pocos días volvieron a sentarse todos y encontraron una solución consensuada. Es verdad también que en esa Cámara la relación de fuerzas es más ajustada, entonces la búsqueda de consensos es una obligación para Sergio Massa y Máximo Kirchner. Como sea, se acordó que para los temas más ríspidos las sesiones sean convocadas en un espacio donde pueda haber la mayor cantidad de diputados presentes, con distancia suficiente entre sí.
Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario.
El primer tema que amerita la presencialidad acordada será el aporte solidario y extraordinario, mejor conocido como el proyecto para las grandes fortunas. Se esperaba que se tratara la última semana, pero tal vez se postergó por la búsqueda del recinto adecuado donde debatirlo. O bien para no diluir el efecto de las medidas anunciadas el jueves por el equipo económico. Un intento oficial por recuperar la centralidad y volver a marcar la agenda.
Los empresarios recibieron los anuncios con beneplácito por ver a las autoridades diagramar algo que sea parecido al menos a un plan, aunque con cautela extrema. Ya se vivió intensamente en los dos últimos y tortuosos años de Cambiemos, cuando las sucesivas devaluaciones hundieron las expectativas de esa administración.
Hoy el Gobierno de Alberto Fernández se resiste a devaluar, pero el problema sigue siendo el dólar, más específicamente su escasez. Y en esa materia el Gobierno solo viene demostrando eficacia en extremar el cepo: cada vez son menos los habilitados para acceder al dólar ahorro.
Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario. La respuesta presidencial fue enviarlos a manifestarle sus sugerencias al diputado Carlos Heller, redactor del proyecto que se le atribuye a Máximo Kirchner. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja rechazó esas recomendaciones.
El presidente sobreactúa la independencia de los poderes cuando le hacen planteos sobre iniciativas que surgen en alguna de las dos cámaras, desligándose de las mismas. Quedó claro precisamente con el proyecto para las grandes fortunas, del que Fernández se anotició durante una entrevista que le hizo en abril el periodista Horacio Verbitsky.
En rigor, las opiniones tan diversas en el seno del oficialismo, muchas veces a contramano del pensamiento presidencial, no hacen más que expresar la diversidad de posturas en el muy diverso Frente de Todos. Volvió a manifestarse la última semana con el debate intenso generado en torno al uso de las pistolas Taser. O de manera más cruda cuando el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, defendió al régimen de Nicolás Maduro al hablar de “posturas sesgadas” en ese organismo respecto de la situación en Venezuela en materia de derechos humanos. Por una vez se dejó trascender desde lo más alto del Gobierno que esa postura no era compartida por la Cancillería, ni mucho menos por el presidente Fernández. Raimundi dijo haber aclarado con el presidente el tema, “para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina”. Lo cierto es que este lunes en Ginebra el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, sí votará a favor el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Pero Raimundi sigue en su cargo, contrariamente a lo que puede sugerir el sentido común. Pasa que una medida en contrario alteraría el equilibrio interno del tan diverso Frente de Todos, aun a riesgo de perjudicar la autoridad presidencial. Y esas cuestiones, inexorablemente, terminan repercutiendo en la confiabilidad de un gobierno que necesita como nunca reforzar ese elemento.
A través de una nota firmada por su presidente, el organismo solicitó la confirmación de lo decidido por el Senado e instrumentado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, ya había sido uno de los más críticos al conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitando el tratamiento del per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ese día rechazó de plano la postura del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al afirmar que no ve “la gravedad institucional de la que habla”, y luego advirtió que si la Corte termina convalidando los traslados de jueces, “los futuros presidentes de la Nación van a decir ‘para qué pasan por concurso si puedo poner a quien me cae bien’”.
Ahora oficializó su postura, al firmar una declaración del Consejo de la Magistratura solicitándole al Tribunal Supremo rechazar el per saltum y que confirme lo dispuesto por el Senado y convalidado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.
En el escrito, Lugones recordó que en el caso de una decena de jueces cuyos casos están en estudio en el Senado, entre ellos los jueces referidos sobre los que ya se ha expedido, “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas N° 4/2018 y 7/2018”.
“Se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo”, expresa la declaración, según detalló la agencia estatal Télam.
Allí se agrega que “los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional”.
Así se refirió el jefe de Gabinete al conflicto planteado en torno a los tres jueces a los que el Ejecutivo quiere desplazar y cuyo caso la Corte aceptó estudiar.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, señaló este jueves que “el Gobierno actuó conforme a la Constitución nacional, el Senado lo hizo de la misma manera y el Consejo de la Magistratura también. Entonces lo que todos los argentinos y argentinas estamos esperando, es saber si la Corte va a actuar según la Constitución Nacional”.
En declaraciones efectuadas a la prensa en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete afirmó que “en ese tipo de cuestiones se juega el prestigio de la Justicia y la Corte; si la justicia actúa conforme a derecho o a los los climas políticos. Eso es lo que está en juego.”
Por otra parte, en referencia a la situación del fiscal Carlos Stornelli, Cafiero destacó: “Que un fiscal haya estado en rebeldía tanto tiempo, eso parece que no de gravedad institucional”, y finalizó: “Somos un gobierno que el 10 de diciembre cuando asumió, y en la apertura de sesiones, hicimos referencia a la independencia de poderes, y al respeto institucional”.
El senador por Chubut se manifestó optimista en cuanto a que la Corte termine convalidando lo resuelto por el Senado.
Quien durante los debates celebrados en el Senado llevó la voz cantante por parte del oficialismo en este tema, el senador chubutense Mario Pais, dio por descontado este martes que la Corte Suprema terminará convalidando lo resuelto por el Senado respecto de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Esto es, que sus traslados fueron “irregulares”.
En declaraciones radiales, el legislador del Frente de Todos sugirió esperar la resolución final que vaya a adoptar la Corte Suprema, pero estimó que “en última instancia va a terminar confirmando que estos trasladados fueron de forma irregular”, y se terminará así “esta incertidumbre”.
Por otra parte, rechazó que el fallo del Tribunal Superior tenga “efecto suspensivo” respecto de lo resuelto por el Senado. “El fallo de la Corte es para el abocamiento del trámite de la apelación” de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, dijo, y agregó: “No comparto la interpretación que muchos medios han puesto como noticia”, en relación al carácter suspensivo que tendría la resolución del tribunal.
Luego que el máximo tribunal decidiera abrir el “per saltum” planteado por los magistrados, legisladores de la oposición expresaron su satisfacción en las redes.
Varios legisladores de Juntos por el Cambio celebraron este martes en las redes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir el “per saltum” presentado por los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
De esta manera, el rechazo al traslado de los magistrados votado por el oficialismo en el Senado y ratificado luego por el Poder Ejecutivo, mediante decreto, quedó en suspenso.
El jefe del interbloque opositor en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, destacó: “¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia! La Corte Suprema resolvió por unanimidad que hay gravedad y urgencia institucional y aceptó tratar el planteo de los jueces removidos a instancia del Gobierno nacional”.
“Bocanada de aire fresco para una Justicia independiente. La Corte con esta decisión demuestra que hay frenos ante los abusos de poder. No resolvió el fondo del asunto pero el fallo es muy importante para frenar el avance autoritario. El gobierno tiene la oportunidad de modificar su agenda equivocada”, escribió el titular de la bancada opositora en el Senado, el radical Luis Naidenoff.
En el mismo sentido, el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo señaló que la determinación de la Corte “da un respiro democrático a nuestras instituciones”.
“La Justicia no debe ser un coto de caza de la política, sino que debe ser quien pueda devolver la institucionalidad y la vigencia de la Constitución”, remarcó el ex gobernador mendocino y subrayó: “Allí debe estar cuando desde el Gobierno se pretende modificar el funcionamiento de las instituciones para provecho o impunidad propia”.
“Esta decisión del máximo tribunal de Justicia implica el reconocimiento de la gravedad institucional que reviste la situación de los 3 jueces desplazados por el Senado por orden de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Cornejo y afirmó que “es necesario que la Corte Suprema pueda seguir por ese camino y deseamos que cuando tome la resolución de fondo continúe ponderando la importancia institucional que tiene la cuestión que se debate”.
En tanto, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado manifestó: “Hay esperanzas aún de una Justicia independiente en la Argentina, que no se someta a las presiones del poder político”.
Por su parte, el diputado del Pro Waldo Wolff expresó que “en épocas de suma del poder público el voto de la Corte nos brinda una primera bocanada de república. Esperemos se sostenga esta senda. Gran mérito de una enorme porción de la ciudadanía movilizada civilizadamente defendiendo nuestro sistema cívico”.
El diputado radical Luis Petri sostuvo que “es una gran decisión de la Corte Suprema de abrir el per saltum y prohibir, hasta que se decida el fondo, el reemplazo de los jueces que investigaron a la expresidente Cristina Kirchner. Ahora solo resta que sea coherente y consecuente con sus precedentes para resolverlo”.
“Es sin dudas nuestra Corte Suprema quien puede y debe restablecer la vigencia de la Constitución cuando esta es violada, como en este caso y corregir los desvíos de poder cometidos por el Senado y el Poder Ejecutivo”, agregó.
Su comprovinciana Claudia Najul consideró: “La Corte tranquiliza y alivia. Que el poder encuentre límites, es bueno para la república. Que el plan de impunidad tenga un freno es bueno para todos los argentinos”.
Su par Brenda Austin publicó: “Una buena ante tanto manoseo institucional. Al abrir la vía la CSJN reconoce la gravedad institucional. Esperemos que al entrar al fondo, respetan sus propias acordadas”. Mientras que la también radical Roxana Reyes resaltó que “se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia con suspensión de la medida. Una #Justicia fuerte y oportuna es la esencia de la #República”.
Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto manifestó: “Que Dios obre en la conciencia de los jueces que tienen que defender la República. Agradezco a los ciudadanos que con banderas argentinas en las calles escriben con su testimonio la historia. Que sea Justicia”.
“Una buena noticia que la Corte Suprema reconozca la gravedad institucional del caso aceptando el per saltum. Es un alivio saber que todavía hay división de poderes en nuestro país. Una sociedad atenta será siempre la garantía más segura para que haya paz y haya justicia”, dijo el cívico Juan Manuel López.
El mensaje de Mariana Zuvic, también del bloque CC-ARI, dejó como mensaje: “¡Al pueblo Argentino salud! Bandera de Argentina! Los Argentinos abrazados a la defensa de la República han despertado al máximo tribunal”.
El Tribunal Supremo dispuso declarar “admisible” el pedido formulado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Con lo cual, la medida queda suspendida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el pedido de “per saltum” pedido en su momento por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y se abocará en los próximos días a analizar su situación para resolver el destino de esos magistrados.
El análisis de la medida se extendió durante varias horas y se conoció sobre el filo de las 14. La medida sorprendió claramente al Gobierno, que esperaba que el Tribunal Supremo rechazara tomar el caso y que lo dejara en poder de la Cámara de Casación, para que siguiera su recorrido normal. Ahora en cambio la medida dispuesta por el Senado de la Nación y convalidada luego por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos, quedó “en suspenso”.
La decisión del Tribunal Supremo fue adoptada por unanimidad, atendiendo al hecho de que el tema “atañe a la comunidad”. En efecto, el fallo llevó las firmas de los cinco miembros de la Corte, su presidente Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
En la resolución se solicita al Estado Nacional para que responda en un plazo de 48 horas y la suspensión de las medidas que motivaron los recursos extraordinarios.
El Tribunal expresa en su fallo que “al momento de la interposición del remedio extraordinario per saltum ante este Tribunal, las partes han hecho ejercicio de sus derechos” presentado sendos recursos contra las decisiones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Se agrega que el trámite de esos recursos se demoró debido a la falta de definición en la cámara de ese fuero, lo que llevó a la designación de una camarista para que desempate una votación.
El fallo señala que “es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.
Este es el fallo sobre el per saltum solicitado por Bruglia y Bertuzzi:
CSJN-Per-Saltum-BERTUZZIY este es el de Germán Castelli:
CSJN-Per-Saltum-CASTELLI-1En el inicio de la sesión de Diputados, Waldo Wolff destacó que el Tribunal Supremo acababa de ratificar las condenas de los imputados por la tragedia de Once.
A la hora de las cuestiones de privilegio, el diputado del Pro Waldo Wolff intervino ya no para hacer una, sino para dar una información: “Hace unos minutos acaba de ocurrir un hecho trascendente para nuestro país y sobre todo para nuestro espacio, razón por la cual me tomo el atrevimiento, en nombre de nuestro interbloque, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar las condenas contra los exfuncionarios y empresarios condenados por la tragedia de Once”.
“Habida cuenta que una compañera nuestra es familiar de la tragedia de Once, y que junto con tantos familiares de este flagelo que sufrió la Argentina representan tanto orgullo para nosotros, es intención de nuestro interbloque manifestar el beneplácito, porque se ha hecho justicia y brindarles un aplauso y reconocimiento”, concluyó Wolff, ante los aplausos de los diputados presentes.
Cecilia Moreau, que presidía en ese momento la sesión, no dejó pasar la oportunidad para pasarle factura: “Tenía entendido que iba a hacer una cuestión de privilegio”.
Finalmente el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Rosenkrantz, confirmó que se abocarán en su próxima reunión para decidir la situación de los magistrados cuyos traslados fueron anulados por el Senado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó a los integrantes del Tribunal Supremo para reunirse el martes 29 de septiembre para analizar los planteos realizados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli respecto de la anulación de sus traslados dispuestos por el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Recordemos que los tres magistrados habían planteado sendos “per saltum” para que la Corte definiera su situación antes de que la Cámara alta tratara el tema, pero entonces el Tribunal se dio por enterada, pero no fijó plazos para tratar esas causas. Es lo que hará ahora entonces.
Mientras tanto, Bruglia, Bertuzzi y Castelli pidieron licencias hasta que se defina su situación, por cuanto la Cámara de Casación resolvió al día siguiente de la votación en el Senado dar curso a lo resuelto, por votación dividida de sus integrantes (3 a 2).
El Poder Ejecutivo publicó al mediodía del jueves pasado un anexo del Boletín Oficial publicando los decretos 750, 751 y 752, por los cuales deshizo los traslados de Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal; a Castelli al Ttribunal 7 de Capital Federal y a Bertuzzi también al Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal, respectivamente.
El diputado del Frente de Todos disparó contra la oposición, “los poderes fácticos” y “la presión mediática”. “Están haciendo un ensayo de desestabilización, cuasi golpista”, lanzó.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) apuntó contra la oposición al denunciar “una operación para presionar a la Corte”, que decidirá sobre el futuro de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados por el oficialismo.
“Están haciendo un ensayo de un ensayo de desestabilización, cuasi golpista, con una fuerte presión de los medios, que por supuesto cuentan con la complicidad de estos tres jueces, porque lo que no dijeron en el Senado lo dijeron a los diarios amigos”, disparó en declaraciones a AM750.
El radical K expresó que “es evidente que los poderes fácticos, el grupo de poder que conduce la oposición en Argentina, lo que quiere decir es que el poder, ‘a pesar que perdimos las elecciones, lo tenemos nosotros'”.
“Se ha montado una operación para presionar a la Corte y que sustituya a los otros poderes del Estado”, consideró y defendió que “el procedimiento que se ha seguido” para rechazar los traslados de los magistrados “es absolutamente legal y apegado a la Constitución”. “Estos tres señores se alzaron contra el Senado (al no concurrir a la audiencia pública), por eso es increíble que le pidan a la Corte que los defiendan”, añadió.
Moreau lanzó: “Estos sectores no se resignan haber perdido la elección, porque perdieron negocios, no hay más deuda externa para fugar capitales, no hay más tarifazos en dólares para saquear a la gente; y, por el otro lado, se están descubriendo todas las porquerías que hicieron, el espionaje ilegal, la persecución política, los fallos amañados, la causa que le inventaron a Aníbal Fernández para hacerle perder la elección, diciendo que era “la morsa” y el invento del asesinato de (Alberto) Nisman”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio se refirió así a la decisión del Senado contra tres jueces y al recorte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña señaló que “ésta ha sido la semana de la venganza del Gobierno; me sorprende el ataque al Poder Judicial con el apartamiento de los tres jueces y que el presidente haya decidido una fuerte quita a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de acuerdo”.
En declaraciones radiales, la legisladora nacional sostuvo además que “es sumamente injusto para la administración porteña, este no es el camino: no es bajando el nivel de calidad de vida de la gente cómo se contribuye al país” y agregó que “Alberto Fernández se empeña en profundizar las diferencias y en imponer una agenda que no refleja las preocupaciones de la sociedad”.
Asimismo, Ocaña recordó que “para cambiar la coparticipación debe haber un acuerdo de todas las provincias y esto no ha sucedido” y ejemplificó que la quita del Gobierno nacional “equivale a diez meses de todo el costo del personal de Salud de la Ciudad o a ocho meses de salario de los docentes porteños”.
En tanto, subrayó que “la Corte Suprema debe actuar con celeridad respecto del apartamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli “ya que fueron corridos por hacer bien su trabajo incluso desconociendo resoluciones de la propia Corte” y aseveró también que “el ataque al procurador Eduardo Casal es otra de las muestras del avasallamiento contra los poderes del Estado”.
La presentación solicita que se declare inconstitucional el decreto presidencial que redujo el coeficiente de 3,5% a 2,32%.
Tal como lo anticipó la semana pasada, y como se lo hizo saber cara a cara este jueves Horacio Rodríguez Larreta a Alberto Fernández, este viernes el Gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte Suprema por el “recorte inconstitucional, improvisado e intempestivo de la coparticipación”.
A través de una acción de amparo, la Ciudad solicitó que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 735/20, por el cual el Gobierno nacional redujo el 3,5% al 2,32% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.
Además, reclamó que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el Consenso Fiscal” y “la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
El texto, de casi 100 páginas, está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad.
“En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación”, se sostuvo en los argumentos.
También se indicó que “en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”.
“La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%,. Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe”, se remarcó.
El Alto Tribunal aceptó el “per saltum”, pero sin resolver la cuestión, por lo que se descuenta que la mayoría oficialista definirá el traslado de ambos camaristas sin ningún obstáculo este miércoles.
Ya no hay escollos, al menos por ahora, para que el oficialismo imponga este miércoles su mayoría en el recinto para trasladar a sus puestos originales a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Al menos por ahora.
Esto es así porque la Corte Suprema de Justicia, a la que habían acudido ambos camaristas y el juez Germán Castelli a través de un “per saltum” para que tratara sus casos antes de que lo hiciera el Senado, resolvió “tener presente” esa solicitud, aunque sin resolver sobre el tema este martes.
Esto es, tratará el tema, pero sin fecha. O sea que el Frente de Todos podrá resolver la cuestión en la Cámara alta en la sesión de este miércoles anulando sus traslados, lo que implica en el caso de Bruglia y Bertuzzi su remoción de la Cámara Federal donde se encuentran.
Ambos camaristas y el juez Germán Castelli habían acudido al Tribunal Supremo vía “per saltum”, para evitar lo que se descuenta sucederá este miércoles, mas con lo resuelto por la Corte ya nada impide que el oficialismo disponga lo que los votos con que cuenta le permitan hacer. Y si mas tarde la Corte Suprema resuelve de manera favorable para los magistrados, se planteará probablemente un conflicto de poderes -que de todas maneras hubiera sucedido-, pero ya los jueces habrán sido desplazados.
En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, habían sido trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, procedimiento que el kirchnerismo objetó.
En el caso de Castelli, el Frente de Todos rechaza su traslado del tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, que deberá juzgar a la vicepresidenta de la Nación.
El tercero de los jueces apuntados en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta durante la audiencia del viernes para rever su traslado presentó un “per saltum”.
El juez del Tribunal Oral Federal 7, Germán Castelli, pidió este lunes que la Corte Suprema de Justicia intervenga de inmediato para que el Senado de la Nación no avance sobre su traslado operado en el año 2018.
El juez Castelli es, junto a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, uno de los apuntados por los senadores kirchneristas para desplazarlo del tribunal donde se encuentra a partir de un traslado operado en tiempos de Cambiemos. Igual que los otros camaristas citados, Castelli no asistió el viernes pasado a la audiencia celebrada en la Comisión de Acuerdos del Senado, que redactó un dictamen donde resuelven dejar sin efecto su traslado al Tribunal Oral Federal N° 7 de esta capital, donde precisamente se llevará a cabo el juicio por los cuadernos.
Castelli siguió este lunes el camino adoptado por Bruglia y Bertuzzi de apelar a la Corte Suprema a través de un “per saltum”, argumentando la “notoria gravedad institucional” que ha rodeado a su juicio su caso. Oportunamente el juez había presentado un amparo que fue desestimado por la justicia de primera instancia.
Argumenta la defensa del juez que “la resolución judicial que deniega la medida cautelar impacta de lleno en la estabilidad e independencia de un juez de la Constitución”.
Cómo fue la sesión en la que la entonces senadora nacional promovió la reducción de 9 a 5 del Tribunal Superior.
Cristina Fernández de Kirchner defendió su proyecto para reducir el número de miembros de la Corte Suprema el 9 de noviembre de 2006. Fue un discurso de casi 14.000 palabras en el que, como miembro informante, la entonces senadora por Buenos Aires señaló que con esa decisión, más que a una “autolimitación” -que era como el presidente del bloque del Senado, Miguel Pichetto, había definido a la medida-, “estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros, un camino que tuvo su origen en la Reforma de 1860, que fue el único que rigió hasta el año 58. En efecto, como todos los señores senadores saben, la Constitución del 53 preveía el número de 9. Era un número clausus, un número cerrado: establecía en 9 el número de integrantes de la Corte. En realidad, esto nunca pudo ponerse en términos operativos”.
Tras detallar cómo había evolucionado el número de miembros de la Corte a lo largo de la historia, la senadora Kirchner se remontó a 1987, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín presentó un proyecto de aumento de miembros del Tribunal Supremo. “Y es curioso que el incremento de los miembros de la Corte en 1990 haya sido muchas veces analizado y catalogado -incluso por nosotros mismos- como algo inédito y único en la historia. A poco de estudiar la historia, uno advierte que no fue el único intento, sino, tal vez, junto con el de Frondizi, el que tuvo éxito. Pero hubo otros intentos”.
“En 1987, el doctor Alfonsín, con la firma de su ministro de Justicia -el ingeniero Jorge Sábato-, presenta un proyecto de ampliación de miembros de la Corte elevando la facultad por parte del Poder Ejecutivo de que sea su titular el que proponga al Senado de la Nación quién presidirá la Corte y, si obtiene el acuerdo del Senado, ese será su presidente. Pero con una salvedad: si la persona propuesta por el Poder Ejecutivo hubiera ocupado con anterioridad el cargo de presidente de la Corte, ni siquiera era necesario que pasara su designación por el Senado de la Nación”, agregó, para acotar luego que esa iniciativa si bien fue sancionada, nunca llegó a concretarse.
Y finalmente llegó a la ley que estableció en nueve el número de miembros de la Corte.
Así continuó el discurso de Cristina: “El dictamen unánime de comisión quiere poner un punto de inflexión en esta cuestión. No plantea ni aumento ni reducción de miembros; simplemente restitución a lo que fue durante casi 100 años un sistema en la República Argentina”.
“Desde ya que nadie pretende que con esta modificación se logre inmediatamente tener una mejor administración de Justicia o que se vayan a solucionar todos los problemas del país. Simplemente, se trata de restituir una señal y hacer un aporte importante a lo que se ha mencionado hasta el momento”, aclaró.
“El dictamen que se somete a consideración también aborda otro tema que había tomado cierta relevancia en algunas discusiones o reportajes que se vieron en letra de molde sobre cuál era la mayoría o minoría. En efecto, el sistema prevé que se llegue a 5 miembros a medida que se vayan produciendo las vacantes definitivas, ya sea por muerte, renuncia o cualquier otro motivo. Además queda claro cuáles son las mayorías absolutas de los números, algo que estaba claro para el resto de los argentinos ya que no es algo que quedaba sometido a cuestiones ideológico-partidarias, sino a una cuestión numérica según la integración sea de 7, 6 o 5 miembros”.
“De esta manera, creo que se aporta a una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad del país y con lo que señalaba al principio: la necesidad de marcar una conducta diferente”, agregó quien un año más tarde se convertiría en presidenta.
Y recordó: “Había una propuesta del señor senador Sanz, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en cuanto a incluir un cambio en el dictamen a efectos de contemplar una modificación en el sistema de cobertura de cargos cuando se produce la recusación o la excusación de los jueces. Todos sabemos que actualmente, ante una recusación o excusación por parte de alguno de los miembros de la Corte, hay una ley de subrogancia que determina que deberán ser reemplazados por los titulares de las cámaras. En este sentido, si bien muchos de ellos pueden haber sido elegidos por el sistema anterior a la reforma de 1994 o a través del Consejo de la Magistratura, con posterioridad, lo cierto es que ni en un caso ni en el otro tienen los dos tercios necesarios que se exige para ser miembro de la Corte. A tal efecto, se propone una modificación”.
“En igual sentido, el señor senador por Salta (Ricardo) Gómez Diez había propuesto incorporar también algunas cuestiones tales como la de delimitar la competencia de la Corte, de modo tal que no tuviera un fárrago de causas que tornaran no solamente tediosa sino también muy lenta la administración de Justicia. Por ello consideramos que este tema debe ser producto de un tratamiento diferente y específico y a través de la consideración de un proyecto de ley que, en todo caso, aborde el problema globalmente, para poder tener una reforma más profunda del sistema de justicia. Seguramente, alguien deberá ejercer controles de constitucionalidad y hay diferentes proyectos e idea en cuanto a tribunales de esa naturaleza”.
Cristina concluyó su discurso diciendo que iban a mantener el dictamen tal cual había sido firmado por unanimidad en la comisión y de ese modo lo someterían a la consideración del plenario.
Pero como hemos dicho, Cristina volvió a hacer uso de la palabra al cerrar el debate, elogiando calurosamente el discurso del presidente de su bancada, Miguel Pichetto, y coincidió también con muchos de los planteos escuchados, como los de la senadora Negre de Alonso en cuanto a la división de poderes, y el senador Ernesto Sanzen cuanto al rol de los poderes. “¡Porque la división de poderes es para todos los poderes! -exclamó-. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como a mí jamás se me ocurriría sancionar un proyecto indicándole a tal o cual juez cómo tiene que dictar una sentencia, ningún juez debe indicar a un legislador o algún miembro del Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer en aquellas materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo”.
Más adelante dijo que “cuando una sociedad decide cambiar el rumbo de una política, no lo hace demandándole a la Corte una medida o una sentencia. Es mucho más simple y sencillo: va y vota cada dos años. Así expresa su adhesión o no a determinadas políticas. Algunos llaman a esto populismo. Quienes más utilizan esta palabra son los que fundamentaron y coadyuvaron a todos los golpes más terribles que se han dado contra las instituciones en la República Argentina. Los invito a que hagan un informe o estudio estadístico de quiénes son los que más hablan de populismo. Reitero: son los que contribuyeron y militaron en todas las dictaduras de la Argentina”.
Señaló en otro pasaje que “estoy convencida de que estamos dando un paso fundamental. El Decreto 222 es muy importante y también marcó un hito. Pero que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito”.
Y abundó luego Cristina, más fiel a su estilo: “Podría contar todas las sugerencias que me han llegado para cubrir estas dos vacantes; inclusive de muchos que por allí hablan de calidad institucional. Tengo todavía en mi despacio los currículum -algunos firmados-, de cónyuges de importantes dirigentes de la oposición, de la más cruda oposición, enviados para proponerse como miembros de la Corte en nombre de no sé qué cosa. Uno después los oye hablar de calidad institucional en los medios de comunicación y puedo asegurar que se me revuelve el estómago. Yo tengo millones de defectos. Pero estoy segura de que hipócrita no soy, no fui, ni seré nunca”.
Durante sus dos períodos al frente de la Nación, Cristina no pudo imponer a ningún miembro para el Tribunal Superior.
La Corte Suprema de Justicia tenía siete miembros cuando Cristina Kirchner asumió por primera vez la presidencia. Durante su gestión fallecieron Carmen Argibay y Enrique Petracchi en 2014, y a fines de ese año se jubiló Raúl Zaffaroni, con lo que el Tribunal quedó con cuatro miembros. Mandó entonces al Senado el pliego de Roberto Carlés, pero le fue imposible reunir allí los dos tercios para poder confirmarlo. Carlos Fayt, cuya salida el kirchnerismo trató de forzar durante el segundo mandato de Cristina, resistió hasta el final y recién se jubiló en noviembre de 2016.
Entonces, a modo de desafío y ya con los días contados en la Casa Rosada, Cristina Kirchner retiró el pliego de Carlés y mandó los de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín para completar la Corte. De manera testimonial y obediente, el Senado aprobó su ingreso tres días después de consagrado Mauricio Macri en el balotaje. Obviamente nunca trató sus designaciones.
Pese a haber gobernador dos mandatos, Cristina Kirchner fue entonces -con Fernando de la Rúa que estuvo solo dos años- la única presidenta que no designó a ningún miembro de la Corte Suprema.
En diálogo con la prensa, el presidente de la Cámara de Diputados abogó por el juicio por jurados. Resaltó el acuerdo por la deuda y afirmó que permitirá a la Argentina ahorrar 30 mil millones de dólares.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró este martes “intrascendente” discutir la cantidad de miembros de la Corte. “Yo en lo personal creo que no es necesario modificar el número de miembros” del Tribunal Superior, dijo, porque inclusive sería difícil alcanzar consensos con nueve integrantes, dijo.
“Si tenés que poner de acuerdo a cinco, necesitás tres contra dos; imagínate si fueran nueve: seis contra tres, cinco contra cuatro… Nosotros lo que necesitamos es en todo caso que haya más celeridad de la justicia, más celeridad de la Corte, y eso es lo que pretende discutir la reforma judicial”, señaló el titular de Diputados, durante una conferencia de prensa brindada este martes en el Salón de Pasos Perdidos.
Consultado sobre el tema de la inseguridad, lo relacionó con la reforma judicial y expresó que a su juicio “es momento de discutir por ejemplo si queremos el juicio por jurados, que está en nuestra Constitución. A mí me encantaría que en los temas de conmoción social podamos tener juicio por jurado, y para eso necesitamos discutir la reforma del sistema de justicia”, estimó.
Massa celebró el acuerdo en el que se está avanzando en el tema de la deuda, y contó a los periodistas que dialogó este martes por la mañana con el presidente de la Nación, de quien dijo que “estaba realmente satisfecho por la tarea encabezada por el Ministerio de Economía”.
Destacó en ese sentido el “ahorro de 30 mil millones de dólares que dejan de pagar nuestros hijos, nuestros dueños”, y aseguró que eso “además nos permite pensar un horizonte de crecimiento para los próximos años de la Argentina. Y creo que es muy importante transmitirle a los argentinos que tengan confianza y esperanza de que la etapa que viene es una etapa que en la salida de la pandemia nos tiene que unir alrededor del trabajo, de la producción y del crecimiento de la Argentina”.
Con relación a los comentarios formulados por actores de la gestión anterior en relación con el acuerdo alcanzado, Massa dijo que “somos todos argentinos, y como en un equipo de fútbol, a veces a hay algún jugador que hace un gol en contra y después va a festejar el gol a favor que hace otro de su equipo. Creo que es bueno que los que a lo menor hicieron en algún momento un gol en contra, hoy festejen el gol a favor”.
Sergio Massa señaló que “la Argentina transita igual que el mundo un momento de mucha turbulencia en materia económica por la pandemia; en el caso de la Argentina agravada por el fracaso económico del anterior gobierno”.
El Gobierno actual, agregó, “ha ido construyendo diferentes balsas para ayudar a los argentinos a cruzar esta turbulencia: la moratoria, el ATP, el IFE, el refuerzo alimentario; el refuerzo a la tarjeta alimentaria; el refuerzo a la AUH, el refuerzo a las jubilaciones; son todos instrumentos que parece increíble que los hayamos puesto en marcha en el medio de la pandemia. Con un Estado que además en su gran mayoría tiene a sus trabajadores trabajando de manera remota. Y eso nos tiene que hacer sentir tranquilos y satisfechos”.
Para Sergio Massa, “hoy dimos un gran primer paso; ese paso nos tiene que ayudar a empezar a recorrer el camino que tenemos que recorrer, es un camino asociado al empleo, a la producción, al crecimiento de la Argentina. Eso además requiere que terminemos de transitar nuestro propio cuidado en la pandemia”.
Consultado sobre la reforma judicial y la posibilidad de la misma implique un intento de brindar “impunidad”, el titular de la Cámara baja sostuvo que le preocupa que “sobre cada tema aparezca la idea de que el Gobierno tiene un mal objetivo”.
Puso como ejemplo la moratoria aprobada el viernes pasado. “Se beneficiaron desde Vicentin hasta Correo Argentino SA, de la familia Macri; sin embargo se tituló como una herramienta a la medida de un medio de comunicación. Yo creo que esa dsicusión no nos lleva a ningún lado a los argentinos”, señaló. Y agregó: “Yo invitaría a la oposición a sentarse a dialogar, a ver qué hay que corregir, a ver qué quiere proponer, no descalificar”.
“La sociedad argentina está harta de ver políticos que descalifican a otros políticos, sin pensar en la solución de sus problemas”, enfatizó. Agregó que “la salida de la Argentina es resolviendo problemas, no tirándose barro unos con otros. La salida de la Argentina no es sobre la base de la discusión en el barro, sino sobre la base del diálogo genuino para sacar a la Argentina adelante. En esa tarea está el presidente, el Gobierno, y a esa mesa para poner de pie a los argentinos es a la que invitamos a todos los sectores: políticos, económicos y sociales”.
“Porque vale la pena plantear que esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie”, concluyó Massa.
La ministra de Justicia afirmó que si ese fuera el objetivo, hay otros caminos, como “la amnistía y el indulto”, que, aclaró, “nunca van a ocurrir”.
Muy cercana al presidente Alberto Fernández, de quien fue socia en el estudio jurídico que compartieron, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, es por lo tanto una de las funcionarias de mayor confianza del mandatario. Y comparte con él obviamente los objetivos planteados con la ambiciosa reforma judicial que se plantean.
Este jueves, luego de haber participado en la Casa Rosada de la presentación del proyecto de reforma, Losardo aventó fantasmas al asegurar que la propuesta “está lejos de querer lograr impunidad”, y cuestionó las afirmaciones críticas desde la oposición al sostener que “fueron planteadas sin leer” el proyecto.
Entrevistada en El Destape Radio, la funcionaria sostuvo que “nadie está planteando la impunidad. Si así fuera, no estaríamos pensando en dar más herramientas a los jueces”. Por el contrario, sostuvo que “si quisiéramos lograr la impunidad, están la amnistía y el indulto, facultades que no van a llegar nunca”.
“Las causas que se están tratando en estos momentos seguirán con sus jueces naturales”, reiteró, garantizando que la unificación de juzgados nada cambia a quien tiene un proceso”. E insistió: “No se puede pensar que, a partir de unificar los combustibles para acelerar los procesos, se garantiza la impunidad”.
Con relación a los cambios que puedan surgir en la composición de la Corte Suprema, Losardo señaló que la comisión que asesorará al presidente Alberto Fernández en materia de reformas judiciales “debe ser autónoma y mi rol no debe incidir”.
El primer mandatario se mostró abierto a escuchar los planteos de la oposición respecto de la reforma judicial y aseguró que la Corte “está funcionando mal”.
El día después de la presentación de la reforma judicial, su impulsor, Alberto Fernández, garantizó su disposición a “escuchar opiniones” respecto de lo que vayan a implementar y respecto de los planteos de Juntos por el Cambio aclaró que “la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres”.
El presidente sostuvo que su gobierno está “absolutamente abierto” a escuchar los cuestionamientos en torno a las propuestas que surjan en torno a la reforma que impulsa.
Para tranquilizar ánimos, Fernández sostuvo que “lo que va a resultar del debate, va a pasar por el Congreso”, y en ese sentido sostuvo que “lo que hice fue abrir el debate”.
Entrevistado en Radio Con Vos, el mandatario señaló en torno a la Corte Suprema de Justicia que “no se está discutiendo cuántos miembros debe tener”, sino que por el contrario lo que quieren es “buscar mejorar su funcionamiento”. De hecho, consideró que -tal cual decía hace cuatro años y circuló profusamente estos días- el Tribunal Supremo “puede funcionar con cinco miembros” como sucede en la actualidad, pero advirtió que a su juicio “está funcionando mal”, por cuanto el trabajo está “virtualmente paralizado”.
Señaló además que “el recurso extraordinario de la Corte se fue ampliando poco a poco. La Corte empezó a intervenir cada vez más. Hoy la Corte define cómo interviene con una arbitrariedad absoluta”.
Consultado en torno a la comisión de expertos que lo asesorará para implementar cambios en el sistema judicial, aseguró que van a analizar problemas “muy técnicos”, y agregó que “va a tener más de 90 días para expedirse y darme los consejos que crean necesarios”.
“Pueden ser posiciones diversas, no tiene que ser algo unánime”, dijo, y enfatizó luego que “todo va a ir al Congreso después”.
En otro pasaje volvió a apuntarle al Gobierno anterior al señalar que durante ese período “se ha permitido cubrir juzgados federales con jueces que tienen el mismo sueldo. Eso me permitiría a mí cubrir cualquier juzgado federal con cualquier juez federal que sea amigo mío”.
“Estoy intentando hacer un mejor sistema de justicia en Argentina”, y se preguntó: “¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien? Quien dice que sí es un cínico”.
En vísperas de la presentación de la reforma judicial, el espacio opositor más importante expresó su resistencia a la ampliación del Tribunal: “debe ser una institución estable en el tiempo”, afirmaron.
Previsiblemente, Juntos por el Cambio se paró de manos este martes ante la presentación de la reforma judicial anunciada por el Gobierno nacional. A través de un duro comunicado, el espacio que nuclea al Pro, la UCR y la Coalición Cívica anticipó su fuerte rechazo hacia una ampliación de la Corte Suprema de Justicia, como se vislumbra propondrá el oficialismo.
En ese sentido advierten que no solo rechazan la posibilidad de ampliar la Corte, sino también aceptar la posibilidad de proponer candidatos y facilitar los dos tercios para elegir sus integrantes.
“La composición actual de la Corte, de cinco miembros, es el número que más se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y fue votado casi por unanimidad por última vez en el año 2006”, advirtieron desde Juntos por el Cambio.
A través de un comunicado, señalaron que “los países serios tienen algunos acuerdos básicos inquebrantables, entre ellos su diseño institucional el cual debe sostenerse en un marco de estabilidad y perdurable en el tiempo. La estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y en definitiva la calidad democrática y de las instituciones de nuestra República”.
Recordó ese espacio que al llegar al Gobierno en 2015, no se propusieron “cambiar lo que heredamos con la composición de la Corte porque siempre entendimos y defendimos el valor del sistema ideado por nuestra Constitución Nacional, la estabilidad de los magistrados y el recambio de sus miembros a lo largo de un tiempo prolongado y alejado de todo recambio político”.
En este marco, advirtieron que “el contexto en el que se presenta la posibilidad de una reforma judicial y particularmente de una ampliación de la Corte Suprema, que va a recomendar la comisión que asesore al presidente de la Nación, no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad”.
Algunos de los expertos convocados tienen claro cómo diseñar la nueva composición, funcionamiento y los futuros procedimientos ante la Corte que garanticen ese objetivo”.
Respecto a la comisión de expertos, advierten no solo que no la integran, sino también que “no tenemos pretensión alguna de integrar”, y sobre la misma señalan que “tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas”. En este sentido, consideran que “el objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad”.
Para respaldar ese pensamiento señalan que “algunos de los expertos convocados tienen claro cómo diseñar la nueva composición, funcionamiento y los futuros procedimientos ante la Corte que garanticen ese objetivo”.
El comunicado emitido por Juntos por el Cambio concluye señalando que así como se oponen a la ampliación de la Corte Suprema, también rechazan “la invitación a proponer candidatos y a facilitar los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación para su eventual integración”.
Es porque el Tribunal Supremo confirmó un fallo de la Justicia sanjuanina limitando la inmunidad de opinión de los legisladores de esa provincia.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto donde expresan su preocupación por un antecedente que fijó la Corte Suprema de Justicia, que ratificó una posición de la Justicia local de la ciudad de San Juan en la que se afirma que la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados provinciales tiene un límite.
Es en referencia al caso del entonces diputado Mario Capello, quien, de acuerdo con la resolución judicial, “se excedió en sus declaraciones y agravió” al, en su momento, integrante de la Corte Adolfo Caballero “al referirse a temas que no formaban parte de su actividad legislativa en el recinto”.
El proyecto, presentado por el diputado radical Álvaro de Lamadrid y acompañado por 20 legisladores de Juntos por el Cambio, expresa: “Este fallo afecta de manera directa a la inmunidad de la palabra y de la opinión de un diputado, un principio sagrado del republicanismo”.
“Vemos con gran preocupación el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó un fallo local de la Justicia de la ciudad de San Juan y ratificó que la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados provinciales tiene un límite”, sostiene de Lamadrid, quién además forma parte de la Comisión de Libertad Expresión de la Cámara de Diputados de La Nación dónde se va tratar el tema.
“El fallo es un mal antecedente, tanto la Constitución Nacional como la de San Juan dan hasta la inmunidad de arresto, también la Constitución Nacional hace prevalecer la libertad de expresión del legislador”, sostiene el diputado radical, quien agregó que “los fueros no son para no ir preso son para garantizar la libertad de opinión”.
“Los fueros para un diputado, en el ejercicio de su mandato, son para que pueda decir las cosas con libertad. Con este fallo, queda confirmado que los diputados no pueden hablar fuera del recinto”, agregó el legislador.
El proyecto de declaración expresa que la intervención y las opiniones vertidas en la cuestión han sido como Diputado en temas públicamente debatidos por la comunidad –y de su obvio interés-, que involucran al doctor Caballero y que el exdiputado Capello tomó posición en representación de un sector de la sociedad como su representante, actuando en consecuencia.
“¿Si no lo hace un diputado que tiene inmunidad y aún así debe sortear este juicio, quien lo puede hacer?”, sostiene Álvaro de Lamadrid, quien también resalta que “no puede caber duda entonces que los hechos en la especie remiten a opiniones vertidas en el desempeño de su mandato y en el marco de un debate público”.
En la resolución, la Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo del litigio y rechazó su planteo por lo que confirmó el fallo de la Justicia provincial. Lo que sí hizo el máximo tribunal, sin indicar si está de acuerdo con lo que resolvió la Justicia sanjuanina, fue manifestar que, para el caso de la opinión de los diputados, el límite lo debe fijar cada jurisdicción y no es ámbito de discusión nacional. Incluso, recordaron la autonomía de los distritos para resolver cuestiones que son propias de cada jurisdicción.
Acompañan el proyecto los diputados Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Gustavo Menna, Fabio Quetlas, Gabriela Lena, Lidia Inés Ascarate, Estela Regidor, Gerardo Cipolini, Héctor Antonio Stefani, Pablo Torello, José Luis Patiño, Alberto Asseff, Marcela Campagnoli, Martín Grande, Hernán Berisso, Mario Arce, José Riccardo y Roxana Reyes.
Varios diputados cuestionaron que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner tome parte de la comisión que analizará la eventual ampliación de la Corte.
El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el diputado Facundo Suárez Lastra expresaron su rechazo a la incorporación del abogado Carlos Beraldi en la comisión que asesorará al Gobierno en la ampliación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su cuenta de Twitter, Negri (UCR-Córdoba) afirmó que “poner en la comisión que debe analizar la ampliación de la Corte al defensor de la vicepresidenta en las causas de corrupción sólo provoca que la comisión nazca muerta en términos de confianza pública”.
Y agregó: “La vicepresidenta tiene muchas causas en la Justicia y precisa sacárselas de encima”.
Por su parte, Suárez Lastra (UCR-CABA) afirmó: “Es pésima señal que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner con varias causas en trámite que podrían llegar a la Corte Suprema esté en la comisión que estudiará su composición. El ansia de impunidad y ostentación de poder de la vicepresidente degrada la democracia argentina”.
Asimismo, Luis Petri sostuvo: “Han gobernado el país 25 de los 37 años de democracia, desde el ‘83 tuvieron siempre mayoría en el Senado que nombra los jueces federales, pero la justicia es una cloaca de la democracia por culpa de la oposición”, en referencia al paquete de reforma judicial que el oficialismo enviará al Congreso.
La integrante del Consejo de la Magistratura expuso sus reparos sobre una ampliación de la Corte y la revisión del traslado de jueces en ese organismo.
“No podemos seguir con una justicia con procesos de 15 o 20 años. En cualquier país normal los plazos no van más allá de los 2 o 3 años. Acá, las causas terminan prescribiendo”, señaló este lunes la senadora nacional por Jujuy y representante en el Consejo de la Magistratura Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio) al referirse a la intención del Gobierno nacional de elevar al Congreso un proyecto de reforma judicial. Y tras aclarar que no se conoce todavía el proyecto, señaló que “lo único que sabemos es lo que ha trascendido en los medios, pero lo que he escuchado del presidente es atinado, necesario”.
Sí tomó distancia de la posibilidad de modificar la composición de la Corte Suprema, al señalar que “no comparto la teoría Zaffaroni que plantea la ampliación del número de jueces porque no confío en la intención de esa reforma. Lo que se ve allí es la intención de licuar el poder y de que todas las causas que están en curso, las de corrupción, terminen en la Corte”.
“La ampliación de los juzgados federales, también está bien”, indicó. “El proyecto -lo que se conoce hasta ahora de él- plantea una necesidad de acelerar los trámites judiciales que hoy son lentos y la justicia lenta no es justicia. La concentración en los juzgados de Comodoro Py no ayuda a esa celeridad ni a lo que la sociedad espera que es que se aclaren los casos. La sensación de la gente es que las causas no se resuelven nunca”.
“Las declaraciones sobre el proyecto del presidente van en el sentido correcto, son atinadas. Pero la otra corriente de su espacio, la más dura, trasluce alguna segunda intención”, destacó la senadora.
“Para ser aprobado en el Congreso se requiere de una mayoría calificada. Como en cada caso sensible a nuestra Constitución como cuando se hace la selección de jueces, por ejemplo”, afirmó, “pero debemos estar atentos a la conformación del Consejo Consultivo que elaborará el informe sobre el proyecto, que es una necesidad, pero la influencia de los sectores más duros del oficialismo pueden torcer esas buenas intenciones”.
Giacoppo hizo hincapié en otro tema al señalar que “hoy, me parece grave que se quieran revisar los concursos, las ternas y los traslados que estaban en curso porque hay que avanzar en cubrir esas vacantes. Hoy se generan problemas en todas las provincias por la falta de miembros en los juzgados”.
“Además, en medio de la anunciada reforma judicial y la intención de analizar la ampliación de la Corte Suprema, el Gobierno nacional reclama formalmente una revisión sobre el traslado de varios jueces a través de un representante en el Consejo de la Magistratura. Este parece ser un intento de controlar de algún modo a la Justicia. Veremos si el tema se trata esta semana en el Consejo de la Magistratura. Es llamativa esta decisión de revisar los traslados previamente acordados”, indicó.
“Debemos estar atentos a estas cuestiones que hacen a la calidad de nuestra república”, concluyó Giacoppo.
La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.
La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.
Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.
En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.
Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.
En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.
Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.
Desde la oposición insisten con esa propuesta para casos de corrupción. De lo contrario, advierten, los que se animan “terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados”.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri, presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un sistema especial de protección para testigos y denunciantes de casos de corrupción, para que el mismo quede en el ámbito de la Corte y fuera del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el legislador mendocino aseguró que “la falta de un sistema de protección de testigos y denunciantes por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian a funcionarios públicos, por otro y como consecuencia del anterior, se desalientan testimonios incriminadores de actos de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper”.
Este proyecto ya había sido presentado reiteradas veces desde el 2014 a la fecha. Petri explicó que es fundamental proteger a quienes colaboran con la justicia ya que de lo contrario “quienes con valentía se animan a denunciar hechos de corrupción, terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados, colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia”.
El diputado radical concluyó considerando que es “un rotundo retroceso la derogación de la Agencia que se había creado a través del decreto 795/2019, particularmente en las causas donde se investigan delitos de corrupción. Es necesario tener en cuenta que el decreto 168/20, de febrero de este año, disuelve la Agencia e incrementa la desprotección hacia los colaboradores con la Justicia porque la protección de testigos y arrepentidos vuelve a quedar en manos del poder denunciado”.
También, manifestó que “en menos de un año 123 personas se fueron del Programa y eso habla de la desconfianza que tienen quienes lo integran de que pueda garantizar su protección efectiva”.
Además de Luis Petri, suscribieron el proyecto Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Ingrid Jetter, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Brenda Austin, Gabriela Lenna, Federico Angelini y Albor Angel Cantard.
Lo dispusieron Cristina Kirchner y Sergio Massa en una resolución conjunta, en cumplimiento de un convenio firmado entre el Congreso y la Corte Suprema durante el gobierno de Macri.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este martes una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Inteligencia asuma el control y el seguimiento de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
En la resolución, que lleva el número 8/20, Cristina y Massa dispusieron que sea la comisión que actualmente preside Leopoldo Moreau (Frente de Todos) la que lleve adelante el control sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.
La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema.
En ese convenio, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”.
Dado que se facultó a Congreso para determinar la modalidad de este control, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados asignaron la tarea a la Bicameral de Inteligencia.
A su vez, dispusieron la creación de una subcomisión permanente que deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras sobre los avances de la bicameral en ese sentido.
Cabe recordar que, con el voto del Frente de Todos, el Senado rechazó el DNU que traspasó las escuchas telefónicas del Ministerio Público a la Corte Suprema, pero el decreto debe ser tratado en la Cámara de Diputados para quedar definitivamente anulado.
La vicepresidenta cargó muy duro contra el gobierno anterior, en la previa de presentarse ante el juzgado de Federico Villena, quien investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas.
En la previa de presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal, Cristina Fernández de Kirchner cargó duro contra la gestión anterior al sostener que “la AFI de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para atentados a funcionarios de su propio gobierno”.
A través de un vídeo publicado en su Twitter, la vicepresidenta relató: “A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto, ¿qué cosa no? En aquellas oportunidades, llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad”.
“Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo diría yo”, enfatizó en un audio grabado de casi tres minutos de duración.
CFK lanzó: “La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno; y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, ¡cuánta mentira y cuánto, pero cuanto cinismo por Dios!”.
“Leo y escucho transcendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar los episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada”, señaló.
La vicepresidenta recordó la difusión “por radio y televisión” de conversaciones privadas de ella con Oscar Parrilli -actual senador- durante marzo de 2017, las que fueron “grabadas por la oficina que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“La verdad pensé que en ese momento la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su trasmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico sin que nadie hiciera nada para impedirlo”, se quejó.
La exmandataria consideró que si la Corte “hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables” es “probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados”. “En fin, de aquellos lodos, estos barros”, concluyó.
Cristina Kirchner fue convocada por el magistrado Villena, quien la citó para ponerla en conocimiento de “evidencias halladas” sobre el supuesto espionaje del que habría sido víctimas, tras lo cual podrá decidir si se presenta como querellante o no. En esta misma instancia fue citado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El juez investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno macrista, en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un supuesto narcotraficante arrepentido que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría. La maniobra involucraría a un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Un grupo de radicales hicieron un planteo por el retardo de justicia en las causas por abuso que involucran al senador tucumano.
Los senadores nacionales Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), miembros del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio, presentaron una carta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestando preocupación “por la inactividad” de la causa conocida como “Alperovich”, en la que una sobrina y parte del equipo del senador nacional José Jorge Alperovich lo denunció por reiterados casos de abuso y violación perpetuados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como en la provincia de Tucumán.
Como la denunciante del senador Alperovich, su sobrina (se preserva su identidad), radicó denuncias tanto en Tucumán como en Capital Federal porque sufrió abusos de parte del exgobernador tucumano en ambas jurisdicciones, “se ha producido una situación de “retardo de justicia”, indican los senadores radicales.
“Desde el momento de las presentaciones de las denuncias, el tiempo transcurrió sin la posibilidad de avanzar en las investigaciones correspondientes, cuestión que es sumamente grave. Todavía no hay certezas sobre quién ha de investigar al senador y exgobernador, y, más allá de que hubo actos investigativos tanto en la Justicia local como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ningún juez ordenó que el funcionario declare como imputado”.
“Queda a la vista que no se está haciendo justicia, que los expedientes se encuentran paralizados. Estas causas no pueden quedar en un limbo de competencias. Es necesario dar una respuesta rápida, justificada y responsable para que se pueda iniciar las investigaciones pertinentes. Es por ello que le manifestamos nuestra preocupación por la tardanza e inactividad y le solicitamos celeridad en el tratamiento de las causas mencionadas”, manifestaron los senadores radicales.
La presentación señala que “la apertura de procesos en dos lugares distintos desencadenó una seguidilla de resoluciones contrapuestas en materia de competencia. Finalmente, luego de una audiencia pública convocada en enero de este año, durante la vigencia de la feria judicial, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal en la provincia de Tucumán, Enrique Pedicone, determinó que los hechos acontecidos en ese distrito deben ser investigados por la justicia provincial, mientras que los producidos en la Ciudad de Buenos Aires le corresponden a la justicia porteña”.
“Sin embargo, desde la realización de esta audiencia las causas no avanzaron, estando pendiente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la competencia de la investigación de los expedientes penales. Estamos ante un claro retardo en una resolución que implica, la indefinición de las denuncias presentadas por la víctima, la indefensión de la persona denunciante implicada, quien, además, se encuentra en una franca asimetría de poder”, expresaron Elías de Pérez, Giacoppo y Blanco.
Los senadores remarcan en las cartas dirigidas al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que “mientras la persona acusada fue gobernador de la provincia por 12 años y es senador desde el año 2015, la denunciante se desempeñaba en su equipo, bajo sus órdenes y fue descalificada en su integridad por gente cercana al senador”.
Tras semanas de inactividad pura maquillada vía Zoom, el Congreso se dispone a buscar la manera de cumplir su rol… a distancia. Mientras tanto la cuarentena se prolonga y los intendentes del GBA no ocultan sus temores.
Por José Angel Di Mauro
“Las horas más oscuras” se llama el filme de 2017 que narra los primeros días de Winston Churchill al frente de Gran Bretaña. La trama empieza y termina en el Parlamento británico: arranca con la renuncia de Neville Chamberlain como primer ministro del Reino Unido y el nombramiento de Churchill como sucesor; y al final con este último dando su histórico discurso denominado “Lucharemos en las playas”, en el que advierte sobre el posible intento de invasión por parte de los nazis, que ya habían conquistado parte de Europa.
Es lógico tratándose de un sistema parlamentario, pero el dato es que en plena Segunda Guerra Mundial el Parlamento británico funcionaba a pleno. Al reclamar desde la oposición que el Congreso argentino salga de su parálisis, el diputado Luis Petri recurre precisamente al ejemplo británico: “El Día D, Winston Churchill concurrió a la Cámara de los Comunes a dar explicaciones sobre el desembarco en Normandía, pero los diez minutos iniciales los destinó a hablar de la recuperación de Italia. No se le ocurrió decir: ‘Miren, como estamos en el momento más importante de la guerra, no vamos a rendir cuentas’; al contrario, porque estaban en el momento más importante de la guerra era cuando se necesitaba mayor acuerdo político y más conocimiento por parte del Parlamento de lo que estaba ocurriendo”.
En rigor, Emmanuelle Macron somete todas y cada una de sus decisiones a la Asamblea francesa; en Italia, Giuseppe Conte fue a rendir cuentas también a un Parlamento con sus miembros sentados a no menos de un metro de distancia entre sí. En esta región, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay ya han realizado sesiones remotas a través de diversas tecnologías, según detalló esta semana un informe de la Fundación Directorio Legislativo.
Recién se activó el Parlamento en materia de leyes cuando el oficialismo encontró la necesidad de sesionar para tratar lo que no puede imponer por DNU.
En la Argentina, la pandemia tuvo un efecto paralizante en los poderes Legislativo y Judicial. El segundo está en feria desde hace más de un mes y un grupo de juristas alertó en la semana sobre las consecuencias graves de esa parálisis para cuando concluya la emergencia. El Congreso de la Nación, por su parte, solo realiza reuniones informativas a través de Zoom, en las cuales ministros y secretarios han expuesto ante diversas comisiones en reuniones que son bienvenidas, pero no tienen ningún efecto resolutivo. Ni siquiera el jefe de Gabinete ha concurrido a alguna de las dos cámaras, como establece la Constitución.
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Recién se activó el Parlamento en materia de leyes cuando el oficialismo encontró la necesidad de sesionar para tratar lo que no puede imponer por DNU. Las leyes impositivas deben ser votadas por los miembros del Congreso y eso fue lo que llevó a la presidenta del Senado a pedir una declaración de certeza a la Corte, para que estableciera la legalidad de una ley votada de manera remota. Fue el elemento que disparó la reacción de una oposición que ha estado bastante opaca en esta coyuntura y que reclamó sesionar de manera presencial. La Corte, a todo esto, terminó rechazando el pedido de Cristina Kirchner de resolver sobre lo que corresponde al reglamento de otro poder, pero en el fallo dejó por sentado la lógica de apelar a la tecnología, algo que no puede reprocharse a los constituyentes por no haber previsto. En rigor, al resolver el tema la propia Corte no lo hizo de modo presencial, sino virtual…
Ahora la polémica girará en torno a si las cámaras están habilitadas para modificar el reglamento por videoconferencia, o deben previamente votar eso en una sesión presencial, como reclama la oposición. Como sea, al menos ahora sí comenzará el Congreso a hacer su trabajo cuando este martes se reúna -por videoconferencia- la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Es la que se encarga de analizar los DNU. Alberto Fernández ha firmado 33 desde que asumió y ninguno ha pasado aún por el Parlamento, cuando el artículo 99 de la Constitución deja claro que deben ser tratados por esa bicameral dentro de los 10 días posteriores a haber sido firmados. Solo tratados, ni siquiera aprobados. Pero no se ha hecho.
Los críticos van más allá al advertir que el gobierno “se siente cómodo con la pandemia”, o mejor dicho con la cuarentena estricta.
El Poder Ejecutivo está muy cómodo con este statu quo. No puede culpárselo, cualquiera disfrutaría de la posibilidad de manejarse a puro decreto y con la Justicia a media máquina. Los críticos van más allá al advertir que el gobierno “se siente cómodo con la pandemia”, o mejor dicho con la cuarentena estricta, que ha logrado su fin de aplanar la curva de contagios, aunque previsiblemente genera consecuencias demoledoras para la economía. Pero precisamente la situación le permite al gobierno gozar de un nivel de aceptación solo alcanzable en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, y relegar el debate por la economía a un segundo plano.
El dólar blue tocó en la semana los 120 pesos y en este contexto no tiene techo, pero no hubo escándalo, como si las preocupaciones de un país en cuarentena estricta pasaran por otro lado. El debate por la deuda no ocupa las primeras planas a pesar de aproximarse la Argentina al default, aunque se sigue especulando sobre un eventual acuerdo consecuencia de un mundo imprevisible que ha cambiado.
“Alberto sabe que la combinación ‘pandemia + default’ nos pone en el peor de los mundos”, sugieren economistas que se ilusionan con un volantazo a tiempo. Pero decisiones como las que adoptó el viernes al anunciar a sus socios del Mercosur que no participará de acuerdos comerciales en el futuro, ni formará parte de los convenios que se negocian en la actualidad, generaron malestar regional, fuertes críticas de parte de la oposición y perplejidad en los economistas que se mostraron preocupados por el futuro de la economía. Pareciera el gobierno imaginar que el mundo pandémico que viene será de fronteras cerradas, y en ese marco se pone en duda la verdadera disposición a evitar un default.
Pareciera el gobierno imaginar que el mundo pandémico que viene será de fronteras cerradas.
El gobierno adquirió cierta habilidad en preparar los anuncios de cada prolongación del aislamiento para darle a los mismos cierta épica, nutrida de la sensación de que hasta ahora los resultados son exitosos en términos sanitarios. En Olivos sienten que esos anuncios, lejos por ahora de generar fastidio, redoblan el apoyo al Presidente, aunque nunca incluyan sorpresas. Alberto Fernández ha dejado en manos de los gobernadores la administración de la cuarentena: ellos serán los que decidan qué ir flexibilizando, aunque la última palabra siempre será la del Presidente.
Esa será la salida gradual del aislamiento que se irá dando… salvo en el lugar donde anidan los peores temores del gobierno: el AMBA (Capital Federal y conurbano), donde la salida de la cuarentena es aún lejana.
Esa es en consecuencia la región más comprometida también en materia económica: la bomba sanitaria que representa ese conglomerado -las prevenciones alcanzan a los otros conurbanos del país-, es también una bomba social por el lado económico, que el gobierno se ocupa de paliar con dinero y alimentos destinados a los sectores más vulnerables, pero el resto de la población vive una crisis que se agrava día tras día. Una de las consecuencias será la salida informal de la cuarentena.
Otra bomba es la que consideran tener bajo sus pies los intendentes del Conurbano. Una delegación de jefes comunales de la Primera y la Tercera Sección fue a ver a Axel Kicillof para pedirle plata porque no tienen para pagar los sueldos esta semana. Puntualmente pidieron 8.000 millones, pero la respuesta no podía ser más decepcionante: el gobernador les propuso mil millones para repartir entre todos los municipios, según el tamaño de los mismos, y el resto a través de un crédito a tasa cero, a pagar en tres meses.
El gobernador hablaba de los CUD (Coeficiente Unico de Distribución), que la provincia se cobraría con el reparto de la coparticipación, pero los intendentes no quieren saber nada, porque reconocen que no van a poder pagarlo. Y si hoy necesitan 8.000 millones de pesos, para el mes siguiente esa necesidad escalará a 12.000. Y saben que esto seguirá, porque esperan que el pico de la pandemia sea en junio, de ahí que estiman que “en septiembre como mínimo” volverá la actividad, aunque la recuperación tras tantos meses de parate demandará más tiempo.
“Esperamos no tener que pagar los salarios en cuotas”, deslizó ante este medio un intendente realmente muy preocupado y pensando sobre todo en quienes desempeñan actividades esenciales, comenzando por médicos y enfermeros.
El presupuesto de cada distrito -y el de la propia provincia- ya es un papel que nadie mira, pues todos los recursos han sido redireccionados y la recaudación ha caído entre el 50 y 60%. Uno de ellos, que vivió la crisis de 2001, reconoce que la demanda de alimentos actual “emparda” la de esa época. “En eso es parecido… en lo económico, esa vez lo logramos solucionar”, evoca, recordando los patacones. Pero hoy es muy distinto, todas son incógnitas.
Esperan encontrar la solución en un diálogo que le han pedido a Kicillof tener con el propio Alberto Fernández. ¿Y la relación con el gobernador? “No es mala”, aclaran, pero deslizan: “Por ahí no nos terminamos de entender…”.
Un día después de que el procurador general de la Nación se pronunciara en contra de su pedido, la vicepresidenta emitió una serie de tuits en los que sostuvo que cuando el Tribunal Superior quiere tratar algo, “lo hace”.
Un nuevo round entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la Corte Suprema de Justicia, a la que días pasados presentó un pedido de certeza para que estableciera si las leyes surgidas de una sesión virtual de la Cámara alta tendrán respaldo legal. Luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunciara en contra del pedido -aunque su dictamen no es vinculante-, la titular del Senado emitió una serie de tuits para ponerle presión al Tribunal Supremo.
Lo hizo adjuntando lo que definió como un “imperdible hilo de tuits” de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort -quien fue la que hizo la semana pasada la presentación en cuestión-, en el que “explica que cuando la Corte suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia…”.
En su serie de tuits, Peñafort sostiene que “las leyes son lo que los jueces dicen que son”, porque “son los jueces los que tienen la última palabra respecto a si una ley o una decisión es constitucional. Y si no lo es entonces esa ley o esa decisión no será válida”.
Tras poner una serie de ejemplos los cuales la Corte Suprema de otros tiempos no hizo caso a los procuradores. “Casal, con un nivel de actualización jurisprudencial nada envidiable, te cita -y mal, encima- casos de 1865. Como dice mi amigo @domingorondina, esos son los que hacen autopsias del derecho”, precisa Peñafort, que agrega: “Pero por muy forenses que sean, no pueden parar la evolución del derecho. Como no pudieron parar la acción de amparo que tanto usamos hoy. Dice Casal que no hay caso. Me acuerdo otro caso en el que no había caso. También es bastante conocido. Porque es el caso Fayt”.
Recuerda en ese sentido que en 1994, cuando se modificó la Constitución, Carlos Fayt tenía entonces 76 años y la nueva Carta Magna establecía que los jueces podían serlo hasta los 75. “¿Alguien le pidió la renuncia a Fayt? -se pregunta la directora de Asuntos Jurídicos del Senado-. Nadie. Pero Fayt pidió una declaración de certeza y el Poder Judicial vio caso”.
“Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución!”, afirma, y vuelve al procurador general actual, señalando que “quiere decirnos que no hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”.
Para Peñafort, “caso hay”, pero Casal está “intentando proteger las 12 mil fortunas que deberán pagar el impuesto a las riquezas. Poniendo obstáculos”, señala en referencia al proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner en Diputados y por el cual está claro que Cristina Kirchner quiere que el Congreso sesione. Irónica, Peñafort señala que Casal ya protegió al fiscal Carlos Stornelli, e ironiza: “Picarón, ya te conocemos las mañas!”.
Tras hablar de un “ring imaginario del debate jurídico están Casal, tomando el te con Macri, Stornelli y los 12 mil millonarios. En la otra esquina están los millones de argentinos que necesitan que el Estado los asista”.
La funcionaria del Senado concluye diciendo que “es la Corte Suprema quien tiene que escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual. Como cantan los Redondos: ‘Fijate de qué lado de la mecha te encontrás’”.
Concluido el hilo de Peñafort, Cristina pone como ejemplo los casos Fayt y Bussi, para concluir: “Cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’… hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.
Ante la polémica generada con la oposición por el pedido de certeza extendido por la titular del Senado, Alfredo Luenzo consideró que se trata de “un paso legal fundamental”.
El senador nacional chubutense Alfredo Luenzo aseguró que “es un paso legal fundamental que se despeje cualquier incertidumbre sobre la validez de sesionar a distancia usando la tecnología”, luego de que el bloque del Frente de Todos en el Senado y el Partido Justicialista realizaran una presentación en conjunto ante la Corte Suprema para llevar su adhesión a la declaración de certeza enviada por la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández.
Luenzo fue enfático en señalar que “debemos llevarle certidumbre a la comunidad” y, en este sentido, indicó que se le pidió al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación “un tratamiento urgente” en el marco de “esta coyuntura excepcional que se está dando en la Argentina y en el mundo que está afectando la actividad legislativa e imposibilita el normal desarrollo del funcionamiento de las instituciones, como también está sucediendo con muchas de las actividades de la vida cotidiana, imposibilitadas de desempeñar como lo hacen habitualmente para cuidar la salud de todos”.
El chubutense explicó que el espíritu de la declaración de certeza que fue ahora acompañada por el bloque del Frente de Todos es “encausar el debate legislativo, sin que por ello surjan pedidos de nulidad o presentaciones judiciales posteriores que cuestionen el método de reunión”.
“Queremos evitar litigiosidad, queremos evitar que el uso de la tecnología se use de argumento para sembrar incertidumbre sobre la normativa que se vaya aprobando”, añadió Luenzo, para concluir: “El aval de la Corte Suprema es fundamental para poder sesionar utilizando las plataformas digitales”.
Para la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, desde la Corte Suprema “hay un claro intento de obstaculizar” el tratamiento del proyecto de impuesto a las riquezas. También cuestionó a Juntos por el Cambio, que reclamó una sesión presencial.
La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cuestionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por no tratar el pedido que realizó Cristina Fernández de Kirchner para que el máximo tribunal brinde una declaración de certeza sobre las sesiones virtuales. Además, la abogada apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que solicitó una sesión presencial.
“La Corte había dictado una acordada en la cual se habilitaba a tratar de hacer reuniones de sus miembros virtualmente, porque muchos de ellos son grupo de riesgo, y se había fijado un acuerdo para el jueves de modo virtual”, explicó Peñafort.
En ese sentido, recordó que cuando los magistrados fijaron ese acuerdo “no sabían lo que íbamos a presentar”, en referencia a la solicitud sobre la constitucionalidad o no de sesiones parlamentarias no presenciales. “Pero el miércoles a última hora, para no tener que tratar la declarativa de certezas que había presentado el Senado de la Nación, Rosenkratz suspendió este acuerdo”, señaló.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta consideró que esa decisión es “un claro intento de obstaculizar la posibilidad de sesionar lo importante”, en alusión al proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
“Rosenkrantz suspende el acuerdo porque es un poquito más lúcido que la oposición. No se anima a decir que no, pero no quiere decir que sí. No solo Rosenkrantz suspendió todo. No hubo un escándalo en la Corte Suprema, así que no parece ser el único que no quiere que se trate”, agregó y reclamó “una respuesta de Rosenkrantz. Si dice que no, hay que decirle a los senadores que arriesguen sus vidas”.
Sobre esto, Peñafort resaltó que muchos senadores son “grupo de riesgo” y planteó también las dificultades de sus traslados. “¿En qué aviones se suben si no hay vuelos de cabotaje? Si fue complejo traer a todos los gobernadores (a la reunión con Alberto Fernández), imagínense traer a todos los senadores”, enfatizó.
En referencia a la carta enviada por los referentes de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, dijo: “La oposición quería sesionar de manera virtual, pero cuando supieron que era para discutir el impuesto a la riqueza ahora ya no quieren la sesión virtual; ellos creen que hay que sesionar presencialmente para modificar el reglamento y no creen que haya gravedad institucional”.
“La verdad es que no podemos hacer funcionar uno de los órganos del Estado, el Poder Legislativo no tiene cómo sesionar hoy”, opinó en declaraciones a radio El Destape.
Para la abogada, “esto sólo da cuenta de qué es lo que está pasando del otro lado” y manifestó: “A mí me impresiona; no he visto el proyecto (de Máximo Kirchner), pero todo el mundo está diciendo que esto alcanza a 12 mil grandes fortunas”.
“¿Cómo puede ser que todo un sector político, que han sido gobierno, estén embanderando la defensa del dinero de 12 mil personas? ¿Están dispuestos a comprometer la vida de sus colegas?”, se preguntó, y finalizó: “Es inaudito, me genera desconcierto, porque están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas”.
A través de una nota suscripta por Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, expresaron su rechazo a su acción declarativa de certeza, defendiendo la independencia de poderes y negando los argumentos brindados por la titular del cuerpo.
Ya lo había anticipado este miércoles a través de su cuenta de Twitter, pero terminó formalizando su protesta vía nota que remitió a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, como presidente del interbloque Juntos por el Cambio, junto al titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni.
En efecto, el senador Luis Naidenoff cuestionó a la presidenta del Senado por la presentación judicial hecha por ella ante la Corte Superma de Justicia, solicitando una acción declarativa de certeza. Tras apuntar que la opinión del interbloque es “unánime” en ese sentido, señalan los senadores que no consideran que exista la “gravedad institucional” que expresa la presentación judicial de CFK, y aclaran que “no se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar”. Puntualmente dicen no compartir su afirmación de que no pueda sesionar el Senado de manera presencial, aclarando que “tanto el personal de la salud, como de seguridad o los empleados de los supermercados, entre muchos otros, sí continúen haciendo su trabajo”.
“Pues entonces no vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Honorable Senado de la Nación siga funcionando, es más, consideramos un deber cívico elemental, que quienes somos servidores públicos, representantes en este caso de nuestras provincias, demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional”.
Los senadores de Juntos por el Cambio consideran que la acción judicial promovida por Cristina Kirchner es “institucionalmente improcedente”, por cuanto es “facultad exclusiva y excluyente de este Senado de la Nación darse su propio reglamento conforme lo dispone el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
La nota de Naidenoff y Schiavoni enfatiza que no puede admitirse que se deje “supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial”, aclarando que “es un precedente que no podemos convalidar”. En ese sentido destacan la independencia del Poder Legislativo y la del propio Poder Judicial que, en caso de intervenir, “lo haría en clara violación de su ámbito de competencia institucional, con las posibles consecuencias que de ello podrían derivarse en el futuro”.
Respecto de la posibilidad de sesionar de manera virtual, destacan eso sí el trabajo que viene realizando “con éxito” el Congreso de la Nación, y ponen como ejemplo las reuniones de comisión, de bloques y de trabajo que se vienen haciendo.
La nota concluye puntualizando que “cualquier modificación del Reglamento del H. Senado de la Nación, deberá efectuarse conforme a las normas vigentes, para lo que no vemos imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso”.
Nota a la presidencia del S… by Parlamentario on Scribd
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Cuestionó el pedido formulado por la presidencia del Senado a la cúpula de otro poder como es el Judicial, como así también pidió informes sobre acuerdos con otros organismos para sesionar de manera virtual sin haber sido consultados.
El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresó su disponibilidad a sesionar de manera presencial en esta coyuntura, pidió informes sobre los convenios realizados con ARSAT y Renaper sobre la posibilidad de sesionar de manera virtual, y expresó su “gran preocupación” por el pedido hecho por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que exprese una declaración de certeza sobre la posibilidad de sesionar por videoconferencia.
“No podemos dejar de señalar que al único poder del Estado al que le corresponde opinar sobre el particular es al propio Congreso de la Nación y específicamente a sus cámaras, tal como lo prescribe el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”, expresaron los diputados a través de una nota enviada al presidente del Cuerpo, Sergio Massa.
La misiva, que lleva las firmas de Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC), reivindicó la potestad de ambas cámaras del Congreso de la Nación para darse sus propios reglamentos, y remarcó que “por esa misma razón excluye en su determinación al Poder Judicial”. Puntualizaron que “la competencia originaria de la Corte Suprema resulta en este caso una hipótesis no contemplada por el artículo 117 de la Constitución, como así tampoco por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, el cual “solo admite al per saltum -de proceder- como una instancia recursiva”. Asimismo recuerdan el carácter bicameral del Congreso, por lo que “un eventual pronunciamiento instado por la presidenta del Senado” resulta “oponible” a la Cámara de Diputados.
Los diputados de la principal oposición se hicieron eco también de que la presidencia de la Cámara suscribió sendos convenios con el Senado de Brasil, ARSAT y el Registro Nacional de las Personas, a los efectos de ver la viabilidad de sesionar de manera virtual. Por eso solicitaron copia de tales acuerdos y que los mismos sean publicados “para garantizar el acceso a la información pública en un tema de sumo interés para la ciudadanía”.
“Lamentamos que dichos avances no hayan sido aún puestos en conocimiento de la Comisión de Modernización y/o Peticiones, Poderes y Reglamento”, como había sido convenido oportunamente con el propio Massa. En ese sentido señalaron estar “dispuestos a explorar las alternativas que garanticen el correcto desarrollo de una sesión de una forma no presencial”, pero aclaran que eso debe ser usado “solo en caso de fuerza mayor, en la que sea imposible reunir al cuerpo en nuestro recinto de sesiones”.
En otro orden insistieron en reclamar la presencia del jefe de Gabinete para brindar su informe ante los diputados. Y ante el anuncio de que Santiago Cafiero recién concurrirá a la Cámara baja en mayo, pidieron que sean elevados los pedidos de informe que ese interbloque ya presentó en referencia a la situación extraordinaria que se vive debido a la pandemia.
Por último reclaman convocar de manera urgente a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para dar cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que obliga al Congreso a ejercer el control de legalidad de los DNU. “Nos sorprende la demora en la convocatoria de la mencionada comisión y esperamos que este hecho de trascendencia institucional sea resuelto en las próximas horas”, expresa la nota.
La nota concluye con un largo listado de pedidos de informes presentados por los diputados del sector con relación a la epidemia de Covid-19.
Carta al presidente de la C… by Parlamentario on Scribd
Consideró innecesaria la declaración de certeza en torno a la posibilidad de sesionar formulada por la titular del Senado a la cúpula de otro poder.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio del Senado, Luis Naidenoff, expuso sus reparos hacia el pedido de una declaración de certeza hecho por la presidenta del Senado a la Corte Suprema de Justicia ante la posibilidad de sesionar de manera virtual.
A través de su cuenta de Twitter, el senador formoseño recordó que hace casi diez días presentó en nombre del interbloque que preside una nota dirigida a la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, “pidiendo urgentemente la reapertura del Senado, pero no recibimos respuesta alguna”.
En ese marco sostuvo que “la declaración de certeza presentada ante la Corte Suprema por @cfkargentina es innecesaria para poder sesionar. No hay que pedirle a otro poder lo que el propio poder legislativo puede resolver y esto lo podemos ver claramente a partir del artículo 66 de la Constitución Nacional”.
Tal como se había anunciado, la vicepresidenta y titular del Senado promovió una declaración de certeza ante el máximo tribunal.
En momentos donde se analiza la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema de Justicia -que se encuentra en feria extraordinaria- que se expida sobre la validez de realizar un debate parlamentario de manera remota.
Tal como había anunciado, la titular del Senado promovió, a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, una acción declarativa de certeza ante el máximo tribunal, en virtud de la intención del oficialismo de sancionar una ley que grave las grandes fortunas para afrontar la pandemia.
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En el texto presentado, Cristina pidió que “en el marco excepcionalísimo” de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, la Corte Suprema “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
La vicepresidenta citó el artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
“¿Es constitucionalmente posible que, tal como lo establece el artículo 30 del reglamento, la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el Covid-19?”, preguntó Cristina en el escrito.
En este sentido, la vicepresidenta se refirió a “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”.
“La situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”, advirtió, por lo que consideró que “en estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”.
En otro pasaje, dijo que a pesar de estar convencida de la validez de una sesión remota -siempre y cuando se respeten las reglas-, existen “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, que podrían resultar afectados con el proyecto de ley en cuestión.
Tras describir los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández y defender su “necesidad” y “urgencia” por la propia imposibilidad del Congreso de reunirse físicamente, recordó que “los senadores se encuentran en su gran mayoría en sus provincias de origen”, por lo que más allá de las “dificultades logísticas” de su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, una reunión física significaría “la ruptura de las premisas de distanciamiento social obligatorio”.
“El funcionamiento del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados es imprescindible. Resulta inviable su funcionamiento ordinario, porque ello podría resultar en el compromiso de las vidas de los propios legisladores, del personal legislativo y todo su entorno familiar y comunitario”, insistió Cristina.
Pero a su vez, opinó que “también resulta imposible el ejercicio de competencias legislativas en materia tributaria o penal por parte del Poder Ejecutivo Nacional porque este las tiene expresamente vedadas”.
“Las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”, concluyó la titular del Senado.
