El Jardín de la Republica renueva 3 bancas en el Senado y 4 en Diputados. Hay internas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se espera unos comicios muy disputados. Conocé todas las listas.
Gran interna peronista. Este domingo están habilitados 1.267.045 tucumanos para elegir en las primarias abiertas (PASO) a los candidatos que competirán el próximo 14 de noviembre en los comicios generales por 3 bancas en el Senado y 4 en Diputados.
Con 3.761 meses electorales previstas, los tucumanos vivirán una jornada cívica de alta intensidad política porque los frentes mayoritarios de Juntos por el Cambio (JxC) y Frente de Todos (FdT) tienen internas dentro de sus espacios y deberán dirimir sus diferencias en el cuarto oscuro.
Tucumán elige:
Por parte del FdT, espacio que gobierna la provincia con la conducción de Juan Manzur, tendrá una disputa basada en el enfrentamiento político entre el propio mandatario y su vicegobernador Osvaldo Jaldo. Por eso, en el oficialismo hay dos listas: Lealtad Peronista, que responde a Manzur; y Todos por Tucumán que lidera Jaldo.
Esa pelea se vive con nombres y apellidos en las propias listas. En efecto, el propio gobernador le pone el cuerpo a la disputa ubicando su nombre como primer suplente en la lista para senador nacional que encabeza el actual diputado naconal Pablo Yedlin y secunda Sandra Mariela Mendoza. A su vez, el vicegobernador Jaldo va como candidato en primer lugar de la lista para diputados nacionales.
A esta interna peronista en el oficialismo se suma una primaria muy particular en Juntos por el Cambio en Tucumán, ya que un espacio dentro de este frente opositor -y con altas chances de triunfar- es también peronista y está liderado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. El alcalde tucumano va como primer precandidato a senador, secundado por su esposa Beatriz Avila, actual diputada nacional cuyo mandato vence a fin de año.
En JxC hay 3 listas en pugna. Cambiemos Juntos es el espacio que representa al radicalismo y cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica, siendo los precandidatos José Cano (Senado) y Silvia Elías de Pérez (Diputado). También cuentan con el apoyo del expresidente Mauricio Macri.
En tanto, Juntos por Construir es el espacio que encabeza Alfaro y cuenta con el aval de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que la tercera lista, Juntos por Tucumán, está conformada por los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena) y Roberto Sánchez (Concepción).
En el juego de la silla en el Parlamento nacional, el Frente de Todos pone en juego 2 bancas en el Senado, o una si se tiene en cuenta que hace un tiempo el senador José Alperovich se encuentra de licencia. Mientras, la otra banca corresponde a JxC.
En Diputados, la situación está más repartida, ya que el oficialismo arriesga 2 bancas y JxC también. Así que lo más probable, según las encuestas previas, el resultado final sea con el mismo reparto de bancas en la Cámara baja.
Fin de mandato
Senadores (3):
Diputados (4):
Hasta 2023 (5):
FdT (3): Nilda Carrizo, Mario Leito y Carlos Cisneros.
JxC (2): Domingo Amaya y Ascarate Lidia.
Listas:
Senado:
Frente Grande: José Vitar
Política Obrera: Daniel Blanco
Juntos por el Cambio:
Fuerza República: Ricardo Bussi.
Frente de Todos:
FIT:
Frente Amplio por Tucumán: Federico Masso.
Acuerdo Federal: Carlos Gimenez.
Diputados:
Frente Grande: Yolanda del Valle Orquera.
Política Obrera: Margarita Grassino
Juntos por el Cambio:
Fuerza República: Nadima del Valle Pecci.
Frente de Todos:
FIT:
Frente Amplio por Tucumán: María Florencia Guerra.
Acuerdo Federal: Erica Moya.
El exmandatario continuó con su recorrida por el interior para respaldar precandidatos de cara a las PASO.
El expresidente Mauricio Macri respaldó públicamente a la lista que encabezan José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alberto Colombres Garmendia en la interna de Juntos por el Cambio. “Los conozco, hemos trabajado mucho juntos en el gobierno y se dé su fortaleza, su seriedad para trabajar los temas. Para mí eso tiene mucho valor”, dijo.
Macri brindó una entrevista televisiva vía zoom con Telefé Noticias Tucumán en la que analizó el escenario político de cara a las PASO del 12 de septiembre. Allí convocó a los tucumanos a votar para frenar los atropellos y recuperar la confianza en el país. “Soy pesimista en el corto plazo, vamos a estar peor en pocos meses, pero tengo optimismo en el mediano plazo. Los argentinos estamos volviendo a entender que nadie nos regaló nada y que tenemos que recuperar la cultura del trabajo. El mecanismo que tenemos para lograr eso es ir a votar, hay que ir a votar”, insistió.
En referencia a la situación de Tucumán, el ex presidente cargó contra la interna entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Están peleando por la caja, eso le hace muy mal a esta provincia que es tan importante para el país. Desde nuestro gobierno apostamos a su desarrollo con las obras en el aeropuerto o la recuperación del Belgrano Cargas. A eso tenemos que volver, a generar trabajo”, insistió.
En referencia a la interna dentro del principal espacio opositor, Macri ratificó su apoyo para la lista Cambiemos Juntos. “Yo aposté por la unidad, pero no se pudo lograr porque hay muchos liderazgos y eso nos fortalece. Tenemos intendentes jóvenes y con muchas cualidades, pero yo tengo una posición personal. José (Cano), Silvia (Elías de Pérez) y Tito (Colombres Garmendia) la tienen muy clara. Saben de la importancia de esta elección y de ponerle un freno al kirchnerismo”, concluyó.
Un proyecto de ley propone dejar por escrito en el Código Nacional Electoral la obligatoriedad de realizar la limpieza de los espacios públicos una vez con terminado los comicios. Busca cuidar el medio ambiente, el espacio público y la higiene luego de la campaña electoral.
Una reforma el Código Nacional Electoral con el objetivo de obligar a los partidos y agrupaciones políticas a realizar la limpieza de sus afiches y pintadas luego de la celebración de las elecciones es lo que busca un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores por la tucumana Silvia Elías de Pérez de Juntos por el Cambio (JxC).
La iniciativa modifica el artículo 64 bis de la norma al establecer que “los partidos y alianzas políticas deben priorizar el cuidado del ambiente y la higiene de espacios públicos durante las campañas”.
“Una vez finalizadas las campañas, tendrán veinte días corridos para retirar pegatinas, grafitis, carteles, afiches, folletos y todo aquello que haya servido de propaganda a los fines electorales de los espacios públicos y no fue autorizado”, expresa el expediente que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.
Además, sanciona con “la pérdida del cinco por ciento del monto total proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección legislativa” si no cumpliera con la norma de higiene mencionada antes, lo que configura una sanción económica.
La iniciativa fue presentada por la senadora radical Elías de Pérez quien, en sus fundamentos, explica que se pretende “comprometer a las fuerzas políticas con el cuidado del ambiente, siendo su responsabilidad la higiene de los espacios públicos, principalmente en aquellos donde no fueron autorizados”.
“No negamos que exista la costumbre de que los espacios de reflexión sean las calles y que el debate abarque toda la jurisdicción, pero consideramos que el respeto por las áreas urbanas es fundamental durante el proceso de campaña como cuando esta culmina”, se argumenta en el proyecto de ley.
Sin embargo, la iniciativa, que suma a CABA a los beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público, despertó las voces de legisladores del interior del país que reclamaron por la inequidad entre sus provincias y la Ciudad.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles de forma virtual para debatir un proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional. Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la Ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.
Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir: “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.
El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”. A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.
“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.
El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.
La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.
Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar: “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”.
En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.
Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro). El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.
En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.
En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.
Proyecto de “Crecimiento, Claridad y Emergencia para el Sector Gastronómico” consiste en disminuir, por espacio de un año, el costo de funcionamiento del sector, lo que involucra baja del IVA a 0%, tasa 0% en impuesto al cheque, contribuciones patronales al 25% de su valor; extender hasta el 30 de junio de 2022 los beneficios de suspensión de ejecuciones y plan de regularización de deudas de AFIP.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que prevé la reducción de impuestos al sector gastronómico, inclusión en programas de ayuda en el pago de salarios y participación del sector en la toma de decisiones que se adopten a futuro en torno a la pandemia.
“El momento actual es muy difícil. Por eso es indispensable ayudarlos a superarlo, a que no quiebren, a que se mantengan a flote. Pero, sobre todo, queremos que trabajen y generen trabajo. Porque la mejor forma de que salgan adelante es que hagan lo que saben hacer: trabajar y crecer. Queremos empujarlos hacia adelante”, dijo la radical respecto a la finalidad de su propuesta.
El Proyecto de Crecimiento, Claridad y Emergencia para el Sector Gastronómico, tal como lo denomina la parlamentaria tucumana consiste en disminuir, por espacio de un año, el costo de funcionamiento del sector, lo que involucra baja del IVA a 0%, tasa 0% en impuesto al cheque, contribuciones patronales al 25% de su valor; extender hasta el 30 de junio de 2022 los beneficios de suspensión de ejecuciones y plan de regularización de deudas de AFIP; automaticidad en la aplicación de programas de ayuda al pago de los salarios cuando se sanciona la prohibición de ejercer actividad y ofrecer un programa de crecimiento que genere baja en costos impositivos, aplicable hasta diciembre de 2024 para toda unidad de negocio que esté dispuesta a generar trabajo formal.
Además, promueve la reducción de 75% de las contribuciones patronales para todo empleo que se genere en el sector durante 2021, y por el término de 3 años, e invita a las provincias a eximir de impuesto a la nómina salarial por esos puestos de trabajo que se creen.
Asimismo, y a los fines de dar mayor claridad, se promueve la inclusión de referentes del sector gastronómico en los organismos que determinan los cierres de la actividad.
“Uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y por las medidas de aislamiento tomadas, ha sido el gastronómico. Es necesario evitar una mayor profundización de las quiebras de empresas, con el consecuente crecimiento del desempleo. Creemos que deben generarse mecanismos que faciliten la generación de valor y el crecimiento de la producción y a eso es lo que apunta esta iniciativa. No hablamos de salud o economía. Hablamos de salud y economía”, argumentó finalmente Elías de Pérez.
Legisladoras de Juntos por el Cambio le enviaron una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rechazo de la postulación de Gustavo Fuentes.
Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.
Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva.
“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.
“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275. Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.
Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.
“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.
“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.
El proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara alta. Es en conmemoración al cierre de los ingenios azucareros en 1966, bajo la dictadura de Onganía.
La Cámara alta convirtió en ley, por unanimidad (60 votos positivos), el proyecto que instaura el 22 de agosto como el “Día Nacional del Desagravio al Pueblo Tucumano” por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966, en eterno recuerdo al cierre de los ingenios azucareros llevado a cabo por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
A través de la norma, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer, en los distintos ámbitos de su competencia, la implementación de actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva en relación al hecho.
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde (FdT), recordó que a los tres meses del golpe de Estado de Onganía, “a través de un decreto, el 16.926, manda a cerrar los ingenios azucareros: más o menos, de 27, 16 fueron cerrados; y esto, como es de esperar, trajo muchísimos problemas de desocupación y migración”.
A su turno, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) expresó: “Como senadora por Tucumán es para mí un enorme orgullo que se esté tratando este proyecto”. Y reveló que la iniciativa tuvo origen en “la Federación Económica de Tucumán, la cual hace casi un poco más de un año nos convocó a todos los diputados y senadores por Tucumán, y nos instó a que presentáramos este proyecto para que se recordara, siempre, el drama que vivió mi provincia; se visibilizara; y se logre mostrar la importancia que tiene, en nuestra provincia, la industria madre, la industria azucarera”.
La radical recordó que el 9 de julio de 1966, en el marco de los 150 años de la Independencia, “en mi provincia hubo enormes festejos y este señor, con discursos rimbombantes, nos decía a los tucumanos que iba a modernizar el Estado. Nos decía a los tucumanos que iba a reconvertir a la industria madre. Y allá, en medio de tantos fuegos artificiales, el pueblo no imaginaba lo que iba a pasar pocos días después”.
“Así es como el 22 de agosto se cerraron 11 ingenios en Tucumán con este pretexto: el pretexto de la modernización, el pretexto de la reconversión, señora presidenta; el pretexto de que no eran lo suficientemente rentables. Eso implicó 44.000 tucumanos sin trabajo; 200.000 personas se fueron de mi provincia”, agregó.
Luego, la otra senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin (FdT), mencionó que el cierre de los ingenios fue “para favorecer a la familia Blaquier, de Jujuy, que tiene hoy el Ingenio Ledesma y que produce lo que produce toda la industria azucarera de la provincia de Tucumán. Eso significó que haya más azúcar de la indispensable para poder comprar en la Argentina y vender en el mercado externo. Eso significó la baja del precio del azúcar y eso significó el sufrimiento del pueblo tucumano”.
Al rememorar la lucha del pueblo tucumano, la oficialista relacionó la situación con la realidad actual vinculada a los biocombustibles. “El pueblo tucumano viene peleando desde el inicio de su historia tener el reconocimiento y la posibilidad de existir. Y tiene ahora, en los biocombustibles, la posibilidad de avanzar no solamente en la utilización de la caña de azúcar para hacer azúcar, sino de utilizar el bagazo, también, para tener energía; y utilizar la caña para hacer etanol permitiría también un mejoramiento del mercado de los biocombustibles y un mejoramiento de lo que implican las energías renovables y limpias”.
Las iniciativas fueron presentadas por los radicales Cobos y Fiad ante la crítica situación que atraviesan las familias deudoras tras el descongelamiento de las cuotas.
Senadores de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside la radical Silvia Elías de Pérez, debatirán este martes a partir de las 14 dos proyectos de ley sobre renegociación de los contratos de créditos hipotecarios UVA.
Las iniciativas fueron presentadas por los legisladores de la UCR Julio Cobos y Mario Fiad, respectivamente, y para poder ser tratadas en el recinto deberán pasar también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el oficialista Carlos Caserio.
El proyecto de Cobos busca establecer un marco para la regularización de los créditos UVA ante el reclamo de deudores hipotecarios, unas 105.000 familias cuya situación se ve agravada por el descongelamiento de las cuotas.
En ese sentido, se dispone que los bancos deberán presentar a los deudores hipotecarios el nuevo convenio, en el cual se podrá optar UVA o UVI como método de actualización.
La iniciativa además establece un marco normativo dentro de la Ley 27.271 “Casa Ahorro” para la UVA, que se aplicará a los préstamos hipotecarios con los requisitos establecidos para la UVI. El límite a la aplicación de intereses para los préstamos hipotecarios para vivienda única cuando se tomen en UVA o UVI pasaría a ser del 5% como máximo.
Por otra parte, los desembolsos pactados serán realizados en pesos, actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA o UVI según corresponda, desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso.
El proyecto además propone la creación de un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia. Esto, mediante la cobertura de un seguro para las cuotas que superan el 10% del desfasaje que se produce cuando el incremento de la cuota supera la evolución del CVS. También actualiza la deducción de impuesto a las ganancias para los préstamos hipotecarios.
Del mismo modo, suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.
En tanto, el proyecto presentado por Fiad establece que las operaciones de créditos UVA y UVI sean actualizadas mediante el índice RIPTE (variación salarial), y agrega que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35% del ingreso del grupo familiar del deudor. También dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo esta modalidad.
La senadora radical y el exministro de Justicia compartieron una videoconferencia en la que reflexionaron sobre los “retrocesos” en la materia.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) y el exministro de Justicia Germán Garavano denunciaron el “desmantelamiento” de programas que mejoraban la asistencia a las víctimas de delitos y el acceso a la Justicia desde que el presidente Alberto Fernández llegó al gobierno. “Por el contrario, el kirchnerismo está empecinado en lograr la impunidad en todas las causas de corrupción”, subrayaron la legisladora y el exfuncionario nacional.
Elías de Pérez dialogó este martes con el exministro de Cambiemos a través de la plataforma Zoom y la charla fue transmitida en vivo por sus redes sociales. “El Gobierno debería estar ocupado y preocupado por una Argentina con 19 millones de pobres; con 4,5 millones de indigentes y más de 2 millones de personas desocupadas; por una pandemia que arrasa con la vida de muchos argentinos; por el 60% de los chicos debajo de la línea de pobreza. Además, los niveles de inseguridad en Tucumán y en muchas provincias son récord. Pero vemos que la agenda del Gobierno nacional en el Congreso no tiene nada que ver con los temas que les duelen a los argentinos”, sostuvo al inicio Elías de Pérez.
Tanto la senadora como el exministro Garavano fueron muy críticos con los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal, que tildaron de inconstitucionales. Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado y el Frente de Todos espera avanzar ahora con ellas en Diputados.
“Están empecinados en lograr la impunidad, que las causas de corrupción queden en una especie de pantano, que tiendan a desaparecer o cerrarse”, manifestó el exministro de Justicia, y agregó: “Hay una estrategia de dominar la Justicia, de apropiarse de ella. Los Kirchner lograron esto en Santa Cruz, incumplieron un fallo de la Corte Suprema, nunca repusieron al procurador de la provincia. Lograron tener una Justicia adicta que les permitió gobernar sin controles, con altísimos niveles de impunidad e inseguridad. Ahora intentan replicar este esquema de Santa Cruz a nivel nacional. Esto es lo peligroso de la ofensiva que lidera la vicepresidenta de la Nación y hoy tiene en el nuevo ministro Martín Soria un brazo ejecutor”.
“Los tucumanos sabemos lo que es la Justicia adicta, lamentablemente. En Tucumán este proceso va unos pasos adelante que a nivel nacional”, acotó Elías de Pérez, quien luego le preguntó por el “enorme retroceso” que se ha producido en la gestión de Fernández en materia de Justicia.
Garavano repasó el deterioro de varios programas “insignia” de su gestión. “Uno de los más críticos es el programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos, donde se ayudaba a las víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, a las de la trata de persona y de todos los demás delitos. Este programa tenía funcionamiento en todos los Centros de Acceso a Justicia que hay a lo largo y ancho del país, pero está discontinuado”, dijo.
Según el exministro, “el Observatorio de Víctimas tuvo que trasladarse al Congreso para funcionar desde ahí, con el empuje que dieron María Luján Rey o Alberto Lebbos”.
También sostuvo que se le “quitó prioridad” a la Ley de Acceso a la Información Pública. “Esta ley creó una Agencia de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública. Hoy, a quien era su director, una persona muy capacitada, se la corrió. Y quieren poner a cargo a una persona sin ningún antecedente que va a garantizar que el Gobierno siga sin compartir información pública”, sostuvo Garavano.
El exfuncionario de Macri también puntualizó que se han desarticulado los programas de la Oficina Anticorrupción que tenían como fin ejercer el rol de querellante en muchas causas. También hizo referencia a la “parálisis” en la construcción de cárceles. “Con el exgobernador Alfredo Cornejo logramos avanzar en la construcción de la Cárcel Federal de Cuyo, que la inauguramos en Mendoza. Lo mismo con cárceles en provincia de Buenos Aires, para reemplazar la cárcel de Devoto, que debe ser cerrada. Avanzamos en la construcción de la cárcel de Coronda en Santa Fe. Todos estos proyectos están en un limbo. Por el contrario, vimos una liberación masiva de presos, en lugar de trabajar en una mejor rehabilitación y tener lugares más adecuados”.
“El Programa de Justicia 2020, que fue reconocido por la OCDE, por las Naciones Unidas, también ha sido discontinuado. Tenía más de 60 mil participantes en todo el país, era un programa participativo y federal y ha quedado de lado. Lo único que vemos es la colonización de la Justicia y no de la mejora”, finalizó Garavano.
La senadora Elías de Pérez concluyó: “Lo que han discontinuado y dejado de lado son los programas que necesita la gente. Con respecto a las cárceles, vemos esto en Tucumán, donde hay colapso del sistema penitenciario, y en las comisarías tienen a los presos en situaciones catastróficas. Es un círculo vicioso. Lejos de poder reinsertar a alguien, se termina con lo opuesto”.
Para la senadora radical tucumana, el nuevo ministro viene a cumplir con el supuesto objetivo de la vicepresidenta de “copar la justicia con militantes”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio), quien integra la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, alertó que el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, “viene a cumplir con la misión de Cristina Kirchner de copar el Poder Judicial con jueces y fiscales militantes”.
La senadora tucumana remarcó que en los últimos meses hubo una avanzada del Gobierno y de sus espadas en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura por “revisar el desempeño de jueces federales que investigan y juzgan causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y también de aquellos magistrados que tienen en sus despachos denuncias contra funcionarios del gobierno de Cambiemos”. “El sucesor de Marcela Losardo no ha demostrado otra cosa que su decisión de continuar con la intromisión en la Justicia”, manifestó Elías de Pérez.
“Soria no llega al Ministerio de Justicia con ánimo conciliador ya que desde sus primeras declaraciones se paró como un vocero de Cristina Kirchner”, añadió la senadora radical, quien recordó que el exdiputado rionegrino al ser designado por el presidente Alberto Fernández sostuvo que “la vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.
“En su primer día como funcionario nacional hay que recordarle que no es un vocero de la Vicepresidenta sino que es el nuevo ministro de Justicia y de Derechos Humanos de todos los argentinos y argentinas”.
Elías de Pérez fue muy crítica de las dos leyes que en 2020 votó el Senado nacional gracias a la mayoría kirchnerista, proyectos que ahora Soria se ha propuesto destrabar en la Cámara de Diputados. “Una es la cuestionada Reforma Judicial, en la que básicamente crean una estructura multimillonaria con más juzgados y tribunales en todo el país, innecesaria para avanzar en el cambio de paradigma que significa la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, explicó la legisladora nacional. “Esta reforma disuelve la estructura actual de los juzgados de Comodoro Py para licuar su poder y llenar las vacantes con más jueces amigos”, añadió.
“El otro proyecto, que es peor aún, es la modificación al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Con él se apunta a flexibilizar la independencia del Procurador General de la Nación y de la Defensora mediante un sistema más laxo para la designación y se modifican la conformación y mayorías del Tribunal de Enjuiciamiento, poniendo al oficialismo en la ventaja. Buscan así poder sancionar y remover a todos los fiscales y defensores oficiales que no garanticen la impunidad del kirchnerismo”.
Durante una reunión de la bicameral que controla el Ministerio Público, la mayoría oficialista avanzó con pedidos de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal.
La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre “las medidas disciplinarias” que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.
La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad “no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.
La abogada aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”.
Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión”, señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.
El legislador K remarcó que “ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)”, por lo tanto “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.
“Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida”, insistió, para luego enfatizar que existe “una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo”.
Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como “una etapa bochornosa del cuerpo”, cuando el Consejo “fue uno de los dispositivos centrales del lawfare”. “Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial”, agregó y acusó que “fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta”.
Tailhade consideró entonces que Donato “siempre fue funcional” y “nunca representó a la abogacía independiente”. Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para “hacer las denuncias penales correspondientes” contra Donato, Mahiques y Casal.
Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que “no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora”. Y se preguntó que ante la “transcendencia pública” que tomó la discusión, el Colegio de Abogados “no se haya expresado”. “Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada”, aseveró.
“Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado”, prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso “no hay una incompatibilidad” como para “forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.
En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que “hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación”. “La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente”, afirmó el radical, que subrayó que “no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo”.
“No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no”, enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.
Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que “no se puede estar de los dos lados del mostrador” y, en caso de mantener a Donato en esa condición, “sería un desastre”.
Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver “a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula”. “Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar”, añadió.
En el final de la discusión, Tailhade admitió que “efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento”, pero “sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación”, dijo.
“No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados”, aclaró y lamentó: “A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada”. Por eso, el kirchnerista señaló que “de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos”.
Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que “acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!”. “Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente”, exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo “lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan”.
Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que “de manera urgente” dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal “sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular”.
Cuestionamientos a Stornelli
Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare”.
“No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía”, expresó.
Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.
La santafesina calificó de “declaraciones bochornosas” las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es “corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.
Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener “una charla de hombre a hombre” con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una “amenaza” porque “ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”.
Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.
Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica”. Por otro lado, defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.
“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.
En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario “histórico” de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.
Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.
También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a “disposición” de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos “presentados en tiempo y forma”.
La senadora radical le envió al presidente una carta documento. “No destruya a la industria azucarera como lo hizo Onganía”, advirtió la tucumana.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) intimó al presidente Alberto Fernández a que prorrogue la Ley de Biocombustibles a través de un decreto, ya que la media sanción que le dio el Senado a fines de 2020 quedó trabada en la Cámara de Diputados y la norma en vigencia expira en 50 días.
“Señor presidente, no ceda ante las presiones de las petroleras. Va a perjudicar a las economías regionales del Norte. No destruya a la industria azucarera como lo hizo Onganía”, advirtió la legisladora.
Para Elías de Pérez, la decisión del Gobierno de poner un freno a la prórroga de la Ley de Biocombustibles que tuvo unanimidad en el Senado “está mostrando un lobby petrolero monstruoso y deja de lado el desarrollo de los biocombustibles que son de vital importancia para Tucumán y otras provincias del Norte”.
“La carta documento lo que hace es intimar al presidente a que decrete la prórroga de cuatro años de la Ley de Biocombustibles, ya que la misma norma prevé que cumplidos los 15 años de vigencia de este marco legal para la producción de biocombustibles el Poder Ejecutivo puede prorrogarlo por cuatro años más. Estos cuatro años estaban previstos al inicio de la ley para que las empresas pudieran hacer inversiones y recién al quinto año se empezaba con la producción de biocombustibles”, explicó Elías de Pérez.
La senadora tucumana fue reelecta este martes por sus pares del Senado como presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. “Para Tucumán es tan importante la prórroga de esta ley que nos recuerda cuando en el gobierno de Onganía cerraron los ingenios azucareros y se dio el éxodo más grande de tucumanos a otras provincias. Si la ley de Biocombustibles no es prorrogada vamos a correr la misma suerte, se puede desplomar el precio del azúcar y toda nuestra industria madre”, lanzó.
Y agregó: “Además se está dando de espalda al Protocolo de Kioto que ha firmado el país para dejar de lado las energías que producen el efecto invernadero y priorizar los biocombustibles. Si la ley de Biocombustibles no tiene la prórroga, Tucumán en 50 días entrará en un colapso”.
En la Cámara baja, la oposición pidió dos sesiones para este jueves con el fin de aprobar el proyecto en cuestión: primero, el Interbloque Federal conducido por Eduardo “Bali” Bucca convocó para las 12, y este martes Juntos por el Cambio convocó a su propia sesión para una hora antes, a las 11, con esa y otras iniciativas.
Fue ratificada como presidenta la senadora radical Silvia Elías de Pérez. En asesores comenzarán a tratarse iniciativas sobre un Programa Nacional de Ahorro, créditos UVA y modificaciones a la Ley de Tarjetas.
La Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado realizó este martes su reunión constitutiva, durante la que se ratificó como presidenta a la radical Silvia Elías de Pérez, y al oficialista Roberto Mirabella como vice.
Durante el breve encuentro, Elías de Pérez informó sobre los proyectos que se pondrán a consideración en los días próximos, y encomendó -con el acuerdo de los legisladores- que inicien su tratamiento en asesores para “en un tiempo no tan prolongado poder tomar algunas definiciones”.
La tucumana dijo también que, en caso de ser necesario, se convocarán a funcionarios del Poder Ejecutivo y otros invitados a reuniones informativas.
Luego, la radical dio la palabra a los autores de los proyectos. Respecto de la propuesta para crear un Programa Nacional de Ahorro para la Infraestructura y la Inversión (PRONAPI), en el ámbito del Ministerio de Economía, lo explicó el oficialista Oscar Parrilli.
El neuquino expresó que se busca “dar respuesta a una situación estructural, que hace mucho tiempo tiene Argentina en esta economía bimonetaria, que es que gastamos en pesos y ahorramos en dólares”.
La iniciativa apunta a otorgar una “herramienta para poder ahorrar y que ese ahorro no le signifique una pérdida de valor adquisitivo de la moneda” a los ciudadanos, al posibilitar que “se ahorre en bienes durables” como podrían ser “metros cúbicos de gas, barriles de petróleo, infraestructura”.
Parrilli se mostró a favor que “el Ejecutivo lo analice y estudie” al proyecto, para ver “si puede ser viable para la estrategia en materia económica del Gobierno”.
A su turno, el radical Julio Cobos argumentó su proyecto sobre el establecimiento de la renegociación de contratos para créditos hipotecarios UVA, algo que consideró “necesario”. El mendocino recordó que este sistema “ha tenido cinco prórrogas de congelamiento, dos durante la gestión de Macri y tres durante la gestión de Alberto Fernández”.
Pero advirtió que “el congelamiento sigue acumulando la actualización por inflación y después se traduce en aumentos del crédito. No se da una solución definitiva”. “Seguimos postergando y pateando un problema”, remarcó, por lo que llamó a “estudiar una salida para que tampoco se caiga el sistema de ahorros o de créditos para vivienda”.
Además, solicitó que se debata otro proyecto suyo para definir el acceso al mercado de cambios para la cancelación de deudas.
Respecto a proyectos para modificar la Ley de Tarjetas, el oficialista Mario Pais se refirió a su iniciativa para restituir que el consumidor pueda optar por el resumen digital o en papel. El chubutense justificó que muchos usuarios “no pueden acceder al resumen” de manera electrónica y el proyecto apunta a que el consumidor tenga incluso la posibilidad de desistir del medio digital “y sea nuevamente por escrito”.
Luego, Pais explicó su proyecto respecto al incumplimiento del tope de la tasa de interés compensatorio que aplican las entidades emisoras. Se trata de una iniciativa para que “no solo se deba restituir lo cobrado de más”, sino que “ese capital que pagó (el usuario) debe ser restituido con más intereses a la tasa que cobró el banco”.
Esto serviría “como una suerte de sanción a aquel que violó las normas de topes máximos de tasa de interés”, señaló el senador. Finalmente, subrayó que de esta manera “vamos a proteger a los que nos manda a proteger la Constitución, que son los usuarios y consumidores”.
Silvia Elías de Pérez denunció que usaron su nombre y su domicilio para tramitar y cobrar el subsidio, y que fue para desprestigiarla.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez anunció este domingo que utilizaron sus datos personales para crear una cuenta falsa a través de la cual pudieran cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Para ello utilizaron su mismo nombre y casi el mismo número de DNI (solo difiere en un número), y los datos de su domicilio.
“Usaron mi nombre y apellido y alteraron mis datos personales (el DNI difiere sólo en un número) para cobrar un IFE. No se trata únicamente de una estafa al Estado nacional. Es una clara maniobra para enlodarme. Exijo que la Justicia investigue este hecho”, tuiteó la legisldora de Juntos por el Cambio.
Según publicó el diario La Gaceta, de Tucumán, ella tomó conocimiento de que lleó a la sucursal del Banco Macro de Juan Bautista Alberdi “una tarjeta para el cobro del IFE emitido a nombre de Silvia Beatriz Elías, y con un número de documento que difiere en solo un dígito del mío, y con una fecha de nacimiento similar, solo modificando el año, pero registrando como domicilio legal mi casa de San Miguel de Tucumán”.
“Demasiadas similitudes para ser casualidad”, advirtió.
Elías de Pérez piensa que tal solicitud no podría haberse canalizado de no contar con la complicidad de algún funcionario. A su juicio, “se trata de una estafa al Estado nacional, porque alguien está cobrando con datos truchos. Por otra parte, no tengo dudas de que con esto también se busca atacarme”. Y agregó que “ANSeS tiene todos mis datos como senadora nacional. Se trata, claramente, de una maniobra llevada a cabo con la intención de desacreditarme”.
Asimismo, la senadora anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia federal para determinar los responsables de la estafa, como así también hará una presentación en el Senado Nacional.
Lo dijo en medio de la versión acerca de que se aplicaría una sola dosis en lugar de dos para alcanzar a más personas. “Llenan de incertidumbre a un país que espera una luz al final del túnel”, lamentó la senadora.
“Los anuncios sobre la vacuna rusa y el posible uso de una sola dosis, en lugar de las dos que corresponderían, no hacen más que llenar de incertidumbre a un país que espera una luz al final del túnel. La Sputnik V llegó a Argentina con más dudas que certezas, sin la información técnica que se requiere para un medicamento de estas características. Eso ya no era serio, pero la campaña de vacunación comenzó igual. Ahora, cambian las reglas otra vez sin dar precisiones. El Gobierno juega con la esperanza de los argentinos apurado por conseguir buenas noticias”.
La declaración pertenece a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) quien adelantó que presentará un pedido de informes al Ministerio de Salud sobre el alcance de los acuerdos con Rusia sobre la vacuna producida en ese país y también sobre el estado real de las negociaciones con otras farmacéuticas. “No podemos seguir con funcionarios que improvisan, que transforman todo en una disputa épica por batallas que solo ellos libran. Los argentinos necesitamos certezas y planes reales que permitan dar previsibilidad”, insistió.
La tucumana también reclamó al Gobierno que profundice las estrategias de testeos y seguimientos. “Ya se ha comprobado que los aislamientos masivos y prolongados no tienen el efecto buscado y golpean a la economía. Mundialmente se ha comprobado que la única forma de controlar los brotes es testear, realizar seguimientos y aislar a los casos confirmados. También que se cumplan los protocolos. No sirven funcionarios enojados y con reproches a la gente, sino un Estado activo para controlar la pandemia”, concluyó la radical.
Además, la senadora “celeste” anunció que si se sanciona la norma irá a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad. Lo dijo en una conferencia de prensa previa a la sesión.
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) denunció “presiones nunca antes vistas” del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley de aborto, y anunció que si se aprueba, irá a la Justicia. Lo dijo al realizar una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, poco antes del comienzo de la sesión.
“Estamos a minutos de empezar a debatir y tenemos un final absolutamente abierto. La votación depende de que los senadores sigan sus convicciones, que han reiterado muchas veces a lo largo de este tiempo, o de que cedan a las presiones que nunca antes hemos visto en la persona del presidente de la Nación, Alberto Fernández”, advirtió.
La tucumana sostuvo que “lo que está haciendo el presidente Fernández ha superado todos los límites de lo tolerable. Está presionando él, personalmente, a distintos senadores y senadoras”.
Por otra parte, señaló que “hay un empecinamiento del presidente contra los más vulnerables: en Diputados van a aprobar una fórmula de movilidad jubilatoria que perjudicará a los abuelos y en el Senado directamente se va contra los más indefensos”.
Finalmente, Elías de Pérez anunció: “Salga lo que salga la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”.
La senadora nacional radical sostuvo se trata de una “desprolijidad inadmisible para un asunto tan delicado”, y reiteró el pedido de interpelación para el ministro Ginés González García
“Lo que el Gobierno nacional está haciendo con el manejo de la vacuna contra la Covid 19 es de una desprolijidad inadmisible para un asunto tan delicado. Los anuncios fallidos, las contradicciones y la falta de claridad en los acuerdos que se van alcanzando o se están negociando muestran a una gestión más preocupada por un título en el diario que por resolver la incertidumbre en la que viven todos los argentinos”.
La definición pertenece a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) quien adelantó la presentación de un pedido de interpelación para el ministro Ginés González García. “¿Cómo es posible que anuncien un cronograma de vacunación para los grupos de riesgo con una vacuna que no está autorizada y que pertenece a un país cuyo propio presidente dice que le recomendaron que no se la ponga por ser mayor de 60 años? Hace falta una explicación seria, profesional, científica. No se puede jugar con la gente”, insistió la tucumana.
Elías de Pérez también pidió informes oficiales sobre las causas por las que no se avanzó con la contratación de las vacunas de Pfizer, cuya aplicación ya fue autorizada en varios países incluyendo a Chile. “El ministro explica a la prensa que pidieron condiciones inaceptables. Nosotros creemos que deben conocerse esas causas y buscar alternativas para resolverlas. Necesitamos que el Estado brinde certidumbre en el futuro inmediato y contar con la vacuna es el único camino posible”, concluyó la parlamentaria.
“Por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo que es persona”, aclaró el titular de la cartera de Salud.
Activa militante contra la legalización del aborto, la senadora radical Silvia Elías de Pérez fue la primera anotada para preguntar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, y usó su tiempo para cuestionar al ministro de Salud, Ginés González García, por haber dicho en la Cámara de Diputados que el embrión es un “fenómeno”.
“Hablan de salud pública, hablan de mirada de humanidad y de justicia social, pero se han referido solo a la mujer. Los tres funcionarios se han olvidado de la otra persona, del otro ser humano que está en el vientre materno, al cual le negamos humanidad, le negamos justicia social, le negamos salud, le negamos la posibilidad de vivir”, planteó la tucumana en el plenario de comisiones de este lunes.
En ese contexto, le preguntó a González García “si sigue pensando que el otro ser humano que está en el vientre materno es un fenómeno, como ha dicho, y no un ser humano”.
También consultó “si está de acuerdo en las causales amplias que ponen, como ‘salud integral de la mujer’”; “si está de acuerdo con un aborto a los nueve meses de embarazo”; y “si no es una regresividad de los derechos humanos que una persona pueda terminar con la vida de otra persona”.
El funcionario aclaró: “Una cosa es lo que dicen las religiones, otra lo que dice la ciencia… por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo que es persona. Eso es lo que dije yo”.
“De ninguna manera intenté devaluar a nadie”, insistió, y repitió que si la discusión fuera en torno a la existencia o no de vida, “sería un tema catastrófico dada la magnitud”.
González García explicó que “las sociedades deciden cuándo es persona y cuando no es persona, yo no soy quien para decirlo”, y puso como ejemplo que “hay religiones que castigan la masturbación, porque piensan que es vida”.
Entonces tomó la palabra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para reforzar la posición del Gobierno: “Que haya vida no quiere decir que haya persona humana a los fines civiles”, especificó.
Si bien reconoció que el artículo 19 del Código Civil y Comercial protege la vida “desde la concepción”, señaló que luego el artículo 21 “aclara que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”.
Por eso, para la ministra, “no significa que tenga el mismo nivel de protección estatal. No tiene la misma protección jurídica la vida de la persona nacida que la vida intrauterina; por eso es distinta la penalización para un homicidio que para un aborto, por eso no está penado un aborto culposo y sí un homicidio culposo, por eso no están penadas las lesiones culposas al feto y sí a la persona nacida”.
Al pronunciarse contra el proyecto de aporte solidario, la senadora tucumana afirmó que esa iniciativa “va a contramano de lo que necesita el país. Hay una incertidumbre inmensa y con esto se aumenta más”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio – Tucumán) anticipó su rechazo al proyecto de ley que crea el impuesto a las grandes fortunas con un duro discurso en la sesión de este viernes de la Cámara alta.
“Nos quieren mostrar una épica, nos quieren mostrar que les sacan a los ricos para darles a los pobres. Pero lo único que vemos acá es un nivel de improvisación nunca visto. Hace poco se aprobó el Presupuesto 2021 y no se tuvo en cuenta este proyecto, que sin embargo se anunció muchos meses antes”, sostuvo la legisladora radical.
La legisladora radical afirmó que “este proyecto tiene fallas que hará aumentar la litigiosidad, porque es claro que plantea una doble imposición”.
Por otra parte, Elías de Pérez sostuvo que “en ningún país se lleva adelante una cosa como esta. Cuando se habla de otros países hay que mirar los sistemas tributarios de los países emergentes, que ponen el acento en el consumo, lo que sería el IVA. Los países desarrollados ponen el acento en los impuestos a los ingresos de las personas, lo que sería el impuesto a las Ganancias. Bueno, nosotros tenemos todos. Súmenle, además, la enorme carga tributaria por Ingresos Brutos y tantos otros impuestos provinciales. Tenemos impuesto a todo. Y cada vez que se puede, generamos un nuevo impuesto con la excusa de que serán transitorios, y ahí lo tenemos, al impuesto al Cheque, por ejemplo, más vivo que nunca. Prorrogado eternamente. Queremos cobrar todo, por todo y en todo momento”.
En otro pasaje afirmó que “este proyecto va a contramano de lo que necesita el país. Hay una incertidumbre inmensa y con esto se aumenta más. ¿Cómo pretendemos invertir y producir si no le sostenemos las reglas básicas con las que se van a los empresarios, productores, emprendedores? ¿A quién se le ocurre en medio de la pandemia vamos a poder recuperar confianza para invertir y producir con un impuesto que no se animan a llamar impuesto? En Argentina hay 166 impuestos, ¿no es hora de que nos preguntemos en qué se gasta lo que se recauda? Ha llegado la hora de que hagan balance del primer año de gobierno, porque en doce meses han creado catorce impuestos y éste será el número quince. Son los abanderados del aumento de la presión tributaria”.
La senadora Silvia Elías de Pérez enumeró los catorce impuestos creados o aumentados por el actual Gobierno. Entre ellos, el impuesto PAIS, el que gravó los servicios digitales, la suba de alícuotas de Bienes Personales o la vuelta del IVA a trece alimentos de la canasta básica. También mencionó las subas a los impuestos a los autos de alta gama, que luego se extendió a los autos de gama media, el congelamiento de las reducciones de las cargas previsionales y la suspensión del Pacto Fiscal que le permitió a las provincias frenar las bajas acordadas en los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos. La senadora también se refirió al aumento de las retenciones y, más recientemente, el alza a los impuestos internos a los bienes electrónicos.
“No estamos defendiendo a los ricos, defendemos a la Argentina que invierte y productiva. Defendemos la Argentina previsible y confiable, que abra caminos. Tenemos un país sin rumbo, hay un gasto sin control, que se aumenta en todos los niveles del Estado. En Tucumán, una provincia pobre, se gastó 1.000 millones en publicidad”, agregó la senadora tucumana.
Finalmente, Elías de Pérez cuestionó directamente al presidente Alberto Fernández: “Aumentó la pobreza a nivel del 45 por ciento de la población. Estos argentinos tienen rostro, tienen nombre, sufren. El Presidente de la Nación dijo que venía a llenar las heladeras, que volvían los asados de los domingos, que venía a encender la economía, pero lo único que logró es arrodillarnos y dejar a una enorme cantidad de ciudadanos con estómagos vacíos”.
A través de un proyecto, Silvia Elías de Pérez busca establecer un sueldo adicional para quienes están abocados a la lucha contra el Covid-19.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio – Tucumán) presentó un proyecto de ley que establece el pago de un sueldo adicional para todos los trabajadores de la salud involucrados en la lucha contra el Covid-19.
El adicional, que será no remunerativo y tendrá carácter de alimentario, se pagará por única vez en diciembre y será equivalente al mayor salario que haya tenido cada uno de estos trabajadores en 2020, sin deducciones ni retenciones.
En su artículo 1° establece el otorgamiento a “los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en instituciones asistenciales y en el primer nivel del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de Covid-19, un adicional equivalente al mayor sueldo liquidado en el año 2020, no sujeto a deducciones ni retenciones”, dice el proyecto.
“La pandemia nos ha demostrado que nuestro país cuenta con un personal de salud de excelencia, que dejan la vida todos los días para cuidarnos de este virus que ha golpeado a todos los países del mundo. De todas maneras, debemos reconocer, que los salarios de una gran parte del personal de salud de la Argentina no son proporcionalmente justos respecto a la gran tarea que desempeñan”, explica Elías de Pérez en los fundamentos del proyecto.
La senadora tucumana explica también que este adicional va en línea con el incentivo de 5.000 pesos que han recibido los trabajadores sanitarios desde marzo, cuando el Presidente emitió el decreto 315/2020, beneficio que luego se prorrogó en octubre a través del decreto 787/2020.
“Podemos observar que el presente proyecto de ley está en consonancia con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de ello, entendemos que el monto alcanzado mediante los decretos citados con anterioridad, no son suficientes. Asimismo, sabemos del esfuerzo que realiza el Estado Nacional, pero tampoco podemos desconocer que los índices de inflación que posee la Argentina generan una pérdida constante en el poder adquisitivo”, agrega el proyecto en sus fundamentos.
La iniciativa de Elías de Pérez deja en mano del PEN la instrumentación de la medida y establece que para solventarla se podrá echar mano a las partidas del Tesoro, ya que la Jefatura de Gabinete tiene la potestad de reasignar partidas.
“No es la oportunidad ni el modo de poner a los argentinos a pelearnos por un tema que nos desune”, sostuvo la senadora nacional tucumana.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar en un tratamiento exprés del proyecto de legalización del aborto.
“Una vez más, el Gobierno del presidente Alberto Fernández demuestra lo desorientado que está en estos duros meses que vivimos los argentinos. Ayer, tras las declaraciones de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quedó claro que no sólo están decididos a tratar antes de fin de año la legalización del aborto, sino que lo pretenden hacer en un trámite exprés”.
La parlamentaria radical dijo que “los argentinos estamos viviendo la peor crisis económica, social y sanitaria de la que se tiene memoria. Con la pobreza en picos históricos, la pandemia del Covid-19 que no cede, el sistema de salud colapsado y los profesionales sanitarios exhaustos. En este contexto, vienen a plantear urgencia por un tema que divide como ningún otro a los argentinos y proponen que sea tratado con mínimo debate. Esto es una barbaridad y una irresponsabilidad”.
“No es la oportunidad ni es el modo para poner a los argentinos a pelearnos, otra vez, por un tema que a las claras nos desune. La vida de los niños más inocentes no puede ser utilizada como cortina de humo para tapar que el país se está cayendo a pedazos”, agregó Elías de Pérez, para concluir: “Seguiré defendiendo el derecho humano más elemental que es el derecho a nacer y a la vida”.
A instancias de la senadora Elías de Pérez, se acordó dar prioridad a un repudio por el crimen de la joven tucumana que desnudó la desidia del Poder Judicial.
La senadora nacional del radicalismo Silvia Elías de Pérez pidió preferencia en la sesión de este jueves para tratar una declaración de repudio por el femicidio de Paola Tacacho, y expresar también “la gran preocupación por el crecimiento exponencial de los femicidios” en la provincia de Tucumán, que “nos ha llevado a encabezar las tasas de femicidios en el país”.
En su breve exposición, la senadora tucumana contó que el sábado último la sociedad de esa provincia se despertó con la noticia de que Paola Tacacho, una joven de 32 años, profesora de inglés y “llena de sueños”, había sido asesinada. Y lo que es peor, agregó, había sido durante cinco años “acosada, perseguida y amenazada, y había pedido ininterrumpidamente ayuda al Estado… y el Estado le dio la espalda”.
Elías de Pérez recordó que la víctima había radicado en sede judicial penal nada menos que 13 denuncias, y una más en sede judicial civil. Además de haber recurrido a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en Tucumán. “Ninguno fue capaz de ocuparse”, enfatizó. En ese marco, solo hubo una audiencia de conciliación, en la que una abogada se dio cuenta de que además podía haber una cuestión patológica en quien terminaría convirtiéndose en asesino. “Pero eso también se cerró”, lamentó Elías de Pérez, que agregó que cuando una de las denuncias llegó finalmente a juicio, el juez Francisco Pisa absolvió al denunciado.
Recordó además la senadora que ese mismo juez, que “fue puesto a dedo, sin concurso”, también tiene “la causa de Leiva, en la cual ha pedido a un juez que regule la intensidad en la causa en la que está un legislador acusado de acoso”.
La senadora tucumana concluyó enfatizando que ese proyecto de declaración se trata “sin duda de un clamor, un pedido de ayuda de mi provincia”.
Se quejó del fallo de la Corte Suprema y advirtió que en el Senado el kirchnerismo “está decidido a ir por todo”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez manifestó su alarma por el avance del Gobierno en su “plan de impunidad”.
“Nos preocupa, aunque no nos sorprende, que el oficialismo sólo tenga como plan someter a la Justicia para favorecer a los principales acusados de la corrupción en la década kirchnerista”, dijo la senadora radical.
Para la legisladora tucumana, “el fallo de la Corte Suprema nos deja gusto a poco, porque al sostener a los jueces Bruglia y Bertuzzi solo temporalmente, hasta que se hagan nuevos concursos para los cargos de camaristas que hoy ocupan, debilita uno de los principios básicos sobre los que se asienta la independencia de la Justicia: la garantía de la inamovilidad de los cargos que deben tener todos los magistrados”.
Se preguntó entonces: “¿Qué juez trasladado, incluso los que tuvieron aval del peronismo en el Senado recientemente, va a fallar en contra del Gobierno en una causa si sabe que está provisoriamente en el cargo y que de querer participar del concurso tendrá que sortear los votos del peronismo en el Consejo de la Magistratura y en el Senado?”.
Agregó Elías de Pérez que por otra parte “en el Senado observamos que el kirchnerismo está decidido a ir por todo. Al hostigamiento y persecución política que le hacen al procurador (Eduardo) Casal ahora se suma la voluntad de cambiar la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar la mayoría exigible en la designación del Procurador. Es preocupante que los senadores del oficialismo congelen el pliego enviado por el Presidente, que nominó hace más de seis meses al juez Daniel Rafecas. Las instituciones del país han quedado entrampadas en una interna cada vez más visible en la coalición gobernante”.
“La sociedad argentina está atenta a todo esto. Observa con mucho dolor a un gobierno sin rumbo económico que solo tiene el plan de la impunidad para sus miembros, amigos y líderes”, concluyó.
En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora radical defendió a la industria de su provincia “que implica trabajo para 8.100 productores” y más de 60 mil familias en diferentes puntos del país.
En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó durante el debate que “el azúcar no merece ser demonizado”.
“Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, comenzó.
La legisladora recordó un episodio del pasado, cuando “el dictador (Juan Carlos) Onganía traía desamparo y desesperación a Tucumán, cerraba 11 ingenios, y también nos hablaba de sentido común, de eficiencia y nos decía ‘la reconversión es lo que acá conviene'”. “¿Sabe lo qué pasó? 240 mil tucumanos emigraron. Se fueron a llenar los cordones alrededor de la provincia de Buenos Aires”.
“Esta ley ataca al azúcar, la demoniza injustamente y, por lo tanto, intenta también una vez más traer desamparo a mi provincia“, consideró y defendió que “el azúcar es un nutriente natural, orgánico, no sintético, no merece ser demonizado”.
Además, Elías de Pérez señaló que con esta norma “cualquier producto, por pocos gramos de azúcar, tendrá que llevar un sello de advertencia”.
Aunque aclaró que no tenía “dudas” de la “buena intención” de los senadores que promueven la ley, mencionó que más allá del aumento del sobrepeso y la obesidad, “en estos cinco, seis años el consumo del azúcar ha disminuido un 20%”.
También opinó: “Lo que siento es que no se armoniza con el Mercosur y esto es indispensable si queremos competir”. Asimismo, la senadora subrayó que “el Código Alimentario argentino es una ley convenio, se la asimila a la propia Coparticipación”, por lo tanto esta discusión había que “llevarla” a la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos).
“Se va a terminar unificando la góndola. Una barrita de cereal va a terminar teniendo un sello, un yogur regular y una papa también”, pronosticó y lamentó que “(Lionel) Messi o los Pumas van a poder hacer una publicidad de una cerveza, pero no una publicidad de algo que tiene azúcar”. “Reivindico el azúcar para endulzar la vida, un producto natural y argentino”, concluyó.
Fue la primera de las tres que llevará a cabo esta semana la Comisión de Acuerdos del Senado. Los pliegos se pasaron a la firma, entre ellos el del postulante para defensor público de Tucumán, donde una mujer reclama ese lugar.
Por más de cuatro horas, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este lunes una audiencia pública a 11 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en la Justicia.
Tras la reunión se pasaron a la firma los pliegos, entre ellos el de Mariano Galletta, postulado para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, un cargo que reclama una mujer -presentó un amparo- que había salido primera en la terna del concurso realizado en 2018.
Se trata de Vanessa Lucero, cuyo pliego en 2019 no llegó a ser tratado y, a principio de este año, el Gobierno lo retiró para su revisión. Finalmente, en septiembre pasado se envió la candidatura de Galletta.
Último orador de la jornada, Galletta repasó su trayectoria, destacando que “hace 27 años” trabaja en el Ministerio Público de la Defensa y pasó “por todos y cada uno de los cargos de escalafón”. “Desde 2007 vengo cumpliendo funciones como defensor ad hoc”, relató, y precisó que incluso fue destinado a diferentes defensorías en “Tucumán, Chubut, San Juan” y actualmente en la N°5 de la Ciudad de Buenos Aires.
El candidato aseveró que la dependencia de Tucumán le es “conocida”, y afirmó que buscará “promover y fomentar” la implementación del Código Procesal Penal; mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en prisión; armar equipos interdisciplinarios; y capacitar al personal en cuestiones de género y discapacidad, entre otras acciones. “Conozco la jurisdicción, la materia penal y el trabajo de la defensoría”, ratificó.
Aunque no integra la comisión, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) participó de la reunión y cuestionó la respuesta de Galletta a una de las impugnaciones que recibió. “Para mí ha buscado un camino que me da pena”, lanzó la legisladora, quien resaltó que “ha faltado a la verdad” al “justificar la propuesta de su pliego, a pesar de que ha salido tercero en el concurso, y las dos primeras han sido mujeres”.
En ese sentido, la radical le reprochó haber “confundido” la situación de la provincia respecto a la participación de mujeres en los cargos con la jurisdicción toda, que abarca Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
“En mi provincia todos los defensores son hombres, todos los fiscales son hombres, todos los jueces federales son hombres, tenemos que irnos hasta la Cámara para encontrar alguna mujer”, enfatizó Elías de Pérez que, no obstante, aclaró: “No tengo nada para objetarle; no tengo ninguna intención de mancharlo en lo más mínimo”. Sin embargo, cuestionó al oficialismo por “llenarse la boca hablando de género”.
Más tarde, la opositora volvió a insistir con la situación de la Justicia en su provincia y expresó: “Siento que hay un desprecio absoluto a la mujer tucumana”. “Yo hablo en castellano porque el idioma no es lo que incluye, incluyen otras cosas, romper el techo de cristal es una de esas”, completó.
Al cruce le salió otra tucumana, la oficialista Beatriz Mirkin, quien consideró que Elías de Pérez tenía “una opinión subjetiva sobre lo que plantea”. “Si el doctor Galletta hubiera salido primero, ¿a quién hubiera defendido la senadora? Evidentemente ya tenía tomada una posición”, añadió. Aunque coincidió en que a la justicia de su provincia “le hacen falta más mujeres”.
El resto de los candidatos
Propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Formosa, María Belén López Mace señaló que se trata de “un juzgado multifuero que tiene jurisdicción en toda la provincia”, el cual posee “una secretaría penal” que tiene “el mayor caudal de causas narcotráfico y contrabando”.
La candidata recordó que la provincia absorbió años atrás “la competencia en tenencia simple, tenencia para consumo, y venta y compra de estupefacientes en pequeña escala”, lo que “permitió descomprimir la cantidad de causas que se tramitaban en el juzgado federal; y que la justicia federal se dedique exclusivamente a la persecución de las grandes organizaciones criminales”.
Actualmente, detalló que “las incautaciones son en su mayoría de marihuana, ya que viene directamente de Paraguay” e “ingresa con destino a distintos lugares del país, pero también como tránsito hacia el país vecino de Chile”.
Por otro lado, Mace destacó: “En caso que el Senado me otorgue el acuerdo sería la primera vez que en la justicia federal de Formosa se designe a una mujer como titular en el cargo, lo cual redundaría en una representación del género y también, por supuesto, en el cupo femenino, que es tan necesario en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la Nación”.
A su turno, Guillermo Díaz Martínez, postulado para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Catamarca (Catamarca), dijo que ese juzgado fue creado por ley en el 2015 y “esta creación fue de una larga espera para la provincia”.
“Entre sus rasgos principales viene a descomprimir las competencias del Juzgado Federal N°1”, indicó y subrayó que “Catamarca ha crecido en su población” y, por ende, “en su conflictividad judicial”.
Al ponerse en marcha, el Juzgado Federal N°2 tendría competencia en toda la provincia sobre lo “civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, mientras que el Juzgado Federal N°1 quedaría con los fueros “penal, electoral y de ejecución fiscal”.
“Viene a brindar mayor servicio de justicia para todos los catamarqueños”, insistió Díaz Martínez, quien aseguró que su aspiración “no solo versará en el enfoque en la perspectiva de género, sino que será con independencia, imparcialidad, dedicación y responsabilidad; y volcaré mi experiencia para la resolución de manera eficiente y rápida”.
Por su parte, Federico Martín, aspirante al cargo de juez federal de primera instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, informó que el juzgado tiene “competencia en cuatro de los 17 departamentos de la provincia” que “representan más del 25% de la superficie de la provincia”, aunque “no es un sector densamente poblado”.
“(El juzgado) es una deuda pendiente de implementación”, sostuvo, y remarcó que más allá de su competencia para atender el tema del narcotráfico, también es necesario por “la reciente problemática ambiental” que se vio con los incendios en las islas de Victoria.
Otro de los candidatos que expuso este lunes fue Claudio Vázquez, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos (Santa Cruz), quien afirmó que buscará “dar agilidad, celeridad y transparencia a la gestión y, también, dar participación activa de todos los integrantes del juzgado mediante la motivación, el trabajo en equipo y la capacitación”.
“En cuestión de género propongo acciones positivas para que las empleadas estén en igualdad de condiciones con los varones”, agregó, al tiempo que abogó por “realizar estadísticas actualizadas de las causas de las distintas secretarías que componen el juzgado; controlar los recursos económicos y bienes del juzgado; y dar a las víctimas mayor participación de los procesos judiciales para que su opinión sea tenida en cuenta. Mi intención es acercar la Justicia a la gente”.
También se presentaron en audiencia pública los candidatos a jueces Ricardo Mianovich, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia (Chaco); Gabriel Di Giulio, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Azul (provincia de Buenos Aires); y Guillermo Quadrini, para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.
Además, expusieron María Virginia Jalil Colomé, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes (San Luis); Celia Delgado, propuesta como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca (Río Negro); y Carlos Escandar, postulado como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Salta.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez se quejó de que no se haya propuesto a Alejandra Lázzaro y sí “a un juez militante”.
En su informe ante el Senado, Santiago Cafiero defendió la postulación del juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral.
En el bloque de preguntas de Juntos por el Cambio, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez cuestionó esa propuesta del Poder Ejecutivo “relegando a la primera que había salido en el concurso”, en referencia a Alejandra Lázzaro.
Sobre Bejas, la radical apuntó que “ha sido apoderado del PJ, apoderado de las empresas del senador en licencia”, en referencia a José Alperovich, además de “que se ha negado a tomarle declaración a (César) Milani” y “ha sobreseído a Manzur”. “Han decidido por un juez militante”, se quejó y remarcó que con la candidatura de Lázzaro “iba a ser la primera vez que una mujer ocupara ese lugar”.
Al momento de responder, Cafiero dijo que si bien “los tres candidatos cumplían los requisitos de idoneidad técnica y conocimiento para el cargo, uno solo que tenía experiencia como juez con competencia electoral”. “Los puntajes son todos bastante similares”, añadió y recordó que el concurso terminó en 2018.
“Me gustaría también saber si en 2018 y 2019 la senadora reclamaba a mi antecesor que se enviara el pliego al Senado”, agregó.
Para Silvia Elías de Pérez, el proyecto alienta la emisión, la inflación y la suba de impuestos.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Tucumán- Juntos por el Cambio) cuestionó el proyecto de Presupuesto 2021 que el Gobierno envió al Congreso y que este martes el ministro de Economía Martín Guzmán presentará en la Cámara de Diputados.
“Era necesario para el país obtener un instrumento que genere claridad sobre rumbo económico. El presupuesto es una herramienta por excelencia para conseguir este objetivo. Sin embargo, la forma en que el Gobierno presentó el proyecto de ley para 2021, al menos, primeramente, desperdició la oportunidad. Ya que, a la hora de presentado, el presidente del Banco Central realizó una rueda de prensa con anuncios que modifican los ingresos, que modifica el tipo de cambio que plasmó el Ministerio de Economía en el proyecto de ley”, sostuvo la senadora radical.
“El mismo gobierno ve que no están sentadas las bases para una recuperación fuerte de la economía por eso, en la misma previsión que ofrece, dice que recién al final del mandato tal vez recuperaríamos el nivel de productividad que la economía tenía en febrero de 2020, justo antes de que impacte el coronavirus. Esta falta de respuesta de la economía se basa en la falta de capacidad del Gobierno para fomentar las inversiones y la generación de trabajo. Hoy por hoy la desconfianza es tan grande que no se cambiará la realidad con uno o dos números del presupuesto, hace falta una señal importante por parte del Ejecutivo de respetar los contratos, otorgar sensatez en las decisiones económicas”, agregó Elías de Pérez.
“Se entiende que, en estos tiempos de crisis económicas, el Estado no puede desaparecer de un día para el otro, por lo tanto, no pedimos superávit primario para el 2021, entendemos la situación de la economía. Sin embargo, el Gobierno hace caso omiso de la debilidad en la que se encuentra la moneda argentina y propone aumentar el gasto público más allá de lo prudente. Esto lo que hace es asegurar un déficit que, en un marco como el actual, fomenta la inflación e indirectamente se busca justificar un alza de impuestos, hoy inaceptable. Todo lo contrario de lo que necesita una economía como lo que estamos viviendo”.
“El Presupuesto 2021 parece que se olvida del sector privado. ¿Quién acompañará la creación de puestos de trabajo si no son los emprendedores? ¿Por qué aumentar tanto la emisión y los impuestos en un país sin un norte claro? Para salir de la crisis hace falta un Estado presente, pero también uno que genere confianza en sus instituciones, en la moneda. Un Estado que cree incentivos, que oriente la expectativa, eso no se ve en esta propuesta”.
Se trata de Daniel Leiva, a quien desde Juntos por el Cambio acusan de parcialidad manifiesta, activa participación en política partidaria y falta de independencia en el cumplimiento de sus funciones.
“Las grabaciones de las conversaciones entre los camaristas tucumanos Enrique Pedicone y Leiva demuestran la impunidad que reina en la Justicia tucumana históricamente y la debilidad democrática de la provincia”, manifestó la senadora Silvia Elías de Pérez, quien este martes presentó en la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político contra el vocal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia Daniel Leiva.
El documento está firmado por los principales referentes de Juntos por el Cambio en esa provincia: la senadora Silvia Elías de Pérez, los diputados José Cano y Lidia Ascárate, los legisladores José María Canelada y José Ricardo Ascárate, el intendente Mariano Campero y el concejal Francisco Argañaraz de la UCR. También rubrican el planteo Javier Jantus y Mariano Malmierca del PRO, y la ex edil Sandra Manzone por la Coalición Cívica.
Los dirigentes acusan a Leiva de parcialidad manifiesta, activa participación en política partidaria y falta de independencia en el cumplimiento de sus funciones.
Además, el escrito apunta a la denuncia penal que ya pesa sobre el vocal de la Suprema Corte por haber participado de un asado con funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Legislatura mientras Tucumán se encontraba en aislamiento obligatorio.
“No puede pasarse por alto que al momento de la solicitud para su designación como vocal de la Corte, Leiva se encontraba desempeñando el cargo de Fiscal de Estado y estaba formalmente afiliado al Partido Justicialista. Lo señalamos en su momento como un hecho gravoso para la independencia del Poder Judicial. El magistrado se ´retiró´ de ese espacio en las formalidades administrativas pero está claro que sigue siendo custodio de sus intereses. Eso violenta los principios republicanos y jurídicos”, consignaron los opositores.
Para los referentes de Juntos por el Cambio, resulta indispensable la remoción de Leiva. “La gravísima crisis a la que han sometido al Poder Judicial tiene, en los hechos que hoy se debaten, la prueba más contundente del nivel de sumisión al que han sometido a un poder central de nuestra República. El único antídoto para empezar a revertir este monumental estado de vergüenza que genera Leiva a toda la Justicia, a la Corte Suprema y a cada uno de sus miembros es su renuncia o remoción”, concluyeron los dirigentes.
Con el apoyo unánime de todos los integrantes de la comisión, se pasó a la firma el dictamen sobre una iniciativa que unifica tres proyectos referidos a la concientización y prevención del ciberacoso.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano se reunió este viernes de manera remota para avanzar en el debate y dictamen sobre un proyecto consensuado de ley referido a la concientización y prevención del grooming.
Al iniciar el encuentro, la presidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia (UCR), sostuvo que el grooming “es un tema muy actual que los niños lo están sufriendo”.
Destacó el trabajo llevado adelante en asesores para llegar hoy con un “texto unificado que logró consenso, el cual reúne las tres iniciativas presentadas” de autoría de los senadores por San Juan Cristina del Carmen López Valverde (FdT), por Catamarca Dalmacio Mera (FdT) y por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR).
La senadora Valverde sostuvo que “se ha logrado una integración muy linda de los proyectos”. Sugirió respecto al artículo quinto que es demasiada información en pantalla teniendo en cuenta el público al que queremos comunicarnos para prevenir el grooming. El mensaje debe llegar de manera muy clara teniendo en cuenta que va dirigido a niños y adolescentes”.
“Quiero valorar y agradecer el trabajo que ha hecho esta comisión. Soy consciente de que el Poder Ejecutivo aplicará el artículo quinto y tomará decisiones en lo que es la reglamentación”, completó Valverde.
La senadora Elías de Pérez destacó “el trabajo que viene llevando la comisión y asesores” y que se “ha llegado a una propuesta integrada con consenso”.
Consideró clave la creación del “programa nacional para prevenir el ciberacoso, el cual hoy está creciendo de una manera muy preocupante”. Especificó al respecto que un “30% aumentó durante la pandemia y es esperable porque nuestros chicos están expuestos a las pantallas una enorme cantidad de tiempo”.
En sintonía, el senador Mera manifestó que “es una alegría que los asesores hayan logrado unificar en una iniciativa los proyectos y ojalá que obtenga dictamen”.
Aseguró que “el grooming es un delito que afecta al niño de por vida y le quita años de vida”. “Muchas veces termina en el suicidio, homicidio o en red de trata”, añadió.
Por último agradeció “a las ONGs que trabajan en el tema, muchas veces de madres de menores víctimas de ciberacoso”.
La senadora fueguina María Eugenia Dure (FdT) sostuvo que “las campañas de difusión y comunicación son muy importantes y que los proyectos contengan un seguimiento comunicacional preciso para padres y para docentes también”.
Por último la presidenta de la comisión manifestó que “se pasa a la firma el dictamen sobre un proyecto avalado por unanimidad”.
La iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta en la sesión de este jueves. Prevé un incremento de multas para quienes publiquen, o faciliten la publicación, de este tipo de fotos o vídeos.
El Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.
La iniciativa, unificada a partir de dos textos presentados por las senadoras Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) y Silvia Elías de Pérez (UCR), fue votada en general por unanimidad pero senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal votaron en contra de un artículo.
Durante el debate, Ledesma Abdala de Zamora señaló que este es “un fenómeno mundial creciente del cual nuestro país no está al margen” y “si bien es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres, la mayoría de las veces se ha comprobado que, una vez más, a las que más nos afecta, incluso profesionalmente, es a las mujeres”.
“Lo que mucha veces comienza como un simple juego íntimo, no se dimensiona que se está a un click de apretar una tecla y que esto se transforme en una tragedia con consecuencias y con destinos realmente irreparables”, enfatizó.
La santiagueña indicó que estos hechos “han dejado de pertenecer al mundo de los jóvenes y nos afecta a toda la sociedad”, y “han crecido” al punto que en 2008 -según datos de la División de Delitos en Tecnología de la Policía Federal Argentina- “se registraron anualmente 250 casos de esta naturaleza”, mientras que en 2019 y lo que va de 2020 “han crecido de tal magnitud que es prácticamente imposible de registrarlos”.
También, la oficialista mencionó un informe de la Universidad de Míchigan, el cual indica que “en el 90% de estos hechos, que ellos llaman pornovenganza, el agresor es un hombre. Por ende, estaríamos ante una nueva modalidad de violencia de género”. Además, según la misma fuente, “cinco de cada diez víctimas han reconocido ser fuertemente agraviadas a través de las redes sociales cada vez que se han subido estos documentos”.
Finalmente, la senadora remarcó que “tenemos un gran vacío legal en nuestro país” al respecto y “existe un derecho claramente vulnerado; se está violando un derecho que es nada más y nada menos que el derecho a la privacidad, o la intimidad, el cual tenemos todas las personas y tiene rango constitucional”.
A su turno, Elías de Pérez sostuvo que la intimidad refiere a “la esfera más personalísima, que debe estar a salvo de este tipo de maniobras que vemos cada vez con mayor frecuencia”.
“Si bien nuestro Código Penal recepta la importancia de proteger el ámbito privado, creemos que hace falta tipificar una conducta específica” relativa a “la difusión de documentos de contenido sexual”, explicó la tucumana.
La legisladora insistió en que “las conductas en este sentido crecen de manera descomunal” y el contenido de las imágenes “se viraliza en segundos, creando bibliotecas verdaderamente infinitas”.
“A veces aparecen en redes exparejas u otros oportunistas que, vulnerando sistemas de seguridad o descifrando las contraseñas de la víctima, humillan y chantajean”, advirtió, y completó: “A todas esas víctimas, que en su mayoría son mujeres, les estamos debiendo esta ley”.
El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.
El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.
“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.
Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años. A este artículo se opusieron senadores de la oposición.
La advertencia crítica de Silvia Elías de Pérez tras el bloqueo del gremio de Camioneros contra Mercado Libre.
La senadora Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio) y presidenta de la Comisión de Economía Nacional del Senado, apuntó contra el Gobierno y los Moyano luego del bloqueo a más de cinco centros de logística de distribución que posee Mercado Libre.
“Estamos en un contexto muy difícil por la pandemia del coronavirus, que repercute directamente en la economía de nuestro país. Entonces, cuando vemos patotas que quieren llevarse por delante el esfuerzo de más de 4000 PyMEs que dependen de Mercado Libre, y que se trata de los mismos gremialistas a los que el presidente calificó de ejemplar, no podemos menos que señalar esa doble vara”, manifestó la senadora radical.
Elías de Pérez afirmó que la sociedad argentina, luego del intento de expropiación de Vicentín, ya le había marcado al presidente que no iba a tener el poder ilimitado.
“No podrán ir por todo. No vamos a permitir el avance del patoterismo, que para el Presidente parece un ejemplo. Esta doble vara en la que dice ser un hombre de diálogo, pero mira para otro lado cuando se bloquea la producción porque la realizan sus sindicalistas. En vez de declarar que no conoce detalles del conflicto, debería llamarlos a ‘reflexionar’ sobre el casi millón de empleos perdidos producto de cuarentena más larga del mundo”, finalizó la senadora.
El tema fue analizado en el seno de la Comisión de Justicia del Senado. Modificarían el Código Penal para implementar sanciones contra la violación del secreto que impide ejercer “la libertad sexual”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales debatió dos iniciativas legislativas tendientes a penalizar la difusión sin consentimiento de imágenes sexuales. Un proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR) fue unificado con otro impulsado por la senadora por Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La iniciativa modifica el artículo 155 del Código Penal.
La senadora Abdala de Zamora citó un estudio de la Universidad de Michigan que sostiene que “en el 90 por ciento de las casos de pornovenganza la víctima es una mujer”. Consideró que se estaba ante un posible delito contemplado en la violencia de género.
También destacó un informe de una Organización No Gubernamental, “Bulling sin fronteras” en el que se señalaba que en la Provincia de Buenos Aires “mensualmente hay 120 casos de pornografía difundida sin consentimiento”. Subrayó que esta práctica denominada “sexting, en mi provincia suele darse mayoritariamente entre jóvenes”.
A propuesta del senador por Córdoba Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), los miembros de la comisión presidida por el neuquino Oscar Parrilli (FdT) manifestaron su acuerdo con las iniciativas y decidieron que “los asesores de la comisión junto con las autoras de los proyectos en debate, senadora Ledesma y senadora Elías de Pérez, más el senador Mario País (FdT-Chubut) y el senador Martínez realizarán una redacción del nuevo artículo 155” para que el tipo delictivo esté claramente estipulado y para que las penalidades contempladas mantengan el equilibrio dentro las penas previstas en el Código.
El senador Martínez resaltó que “se trataba de aggiornar el Código Penal”. Señaló que “no se trataba de una falta al honor sino a la violación del secreto. Esta figura de la violación del secreto cubre una infinidad de cuestiones. Mi propuesta es proteger la intimidad y la privacidad de las personas. Estamos frente a un delito contra libertad. No puedo ejercer mi libertad sexual ante el riesgo de que alguien lo difunda. Es un delito grave. No es un juego subir imágenes de otra persona. No soy un punitivista, pero si busco un castigo condigno”.
Los integrantes de la comisión adelantaron que comparten la idea de darle despacho al proyecto. Lo que se concretaría en la próxima reunión, luego de que se hubiera formulado una nueva redacción de lo que sería el futuro artículo 155 del Código Penal.
Senadores de la oposición le enviaron una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que piden que se constituya la comisión de Minería y Energía para comenzar a debatir los proyectos.
Senadores del interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Silvia Elías de Pérez, le enviaron una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que solicitan se constituya la Comisión de Minería y Energía, para comenzar a debatir sobre la prórroga de la Ley de Biocombustibles.
Elías de Pérez consideró que esta iniciativa “es urgente” porque “estamos a pocos meses de que se venza el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles y el sector se encuentra en una incertidumbre sobre cuáles serán las reglas de juego en las que podrán desenvolverse”.
“La Ley de Biocombustibles fue sancionada en 2006 y estableció un régimen de promoción por 15 años que alentó́ inversiones, producción y consumo”, recordó la tucumana y agregó que “hay otros beneficios indirectos, como el de ciudades que ya tienen un avanzado proceso de aplicación del biodiesel a sus flotas del transporte público urbano. En Rosario, por ejemplo, hay 800 colectivos que operan con biodiesel al 100%”.
La legisladora de la oposición señaló que “la prórroga del régimen ha sido solicitado por los diversos sectores de la actividad”, y que “incluso a fines de abril hubo un compromiso público del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para acompañar dicha medida”.
“El régimen que se estableció en 2006 fue una acertada decisión que abrió́ un horizonte de oportunidades en el campo de la bioenergía, que se ha traducido en varios e importantes logros. Pero este proceso está en serio riesgo de colapso, la situación nacional y la complicada situación específica del sector genera un congelamiento de inversiones para este grupo que impulsa diversas economías regionales. El inminente vencimiento de la ley torna necesario que este Congreso sancione una prórroga que asegure al sector que las reglas de juego no van a cambiar en el corto plazo”, argumentó.
La nota dirigida a la presidenta del cuerpo fue firmada por Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni, Alfredo de Angeli, Mario Fiad, Pamela Verasay, Claudio Poggi, Gladys González, Julio Martínez, Silvia Giacoppo, María Belén Tapia, Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Julio Cobos, Martín Lousteau, Juan Carlos Marino, Stella Olalla y Víctor Zimmerman.
Luego de la polémica generada al final del debate sobre la Bicameral de Vicentin, Silvia Elías de Pérez ironizó afirmando que desde ese sector pretenden lograr el “silenciamiento obligatorio” para la oposición.
“El kirchnerismo ha impuesto el silenciamiento obligatorio para las voces opositoras en el Senado de la Nación. Lo sucedido en la sesión de este jueves es un atropello gravísimo a las instituciones de la República y abre la puerta a un modelo autoritario en el que se pretende silenciar a quienes piensan distinto. La sanción de una comisión investigadora del Caso Vicentin está viciada de nulidad y debe quedar sin efecto en forma inmediata”.
La declaración pertenece a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) en línea con el reclamo del bloque de Juntos por el Cambio por los hechos acaecidos durante la deliberación de la Cámara alta en el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar la sucedido con la empresa cerealera.
“Apagaron los micrófonos, rompieron los acuerdos e impusieron su mayoría sin reunir los requisitos legales para la creación de una comisión bicameral e investigadora. Hay un atropello absoluto. Los mueve el deseo de la venganza y se amparan en la pandemia para avanzar con sus peores prácticas”, advirtió.
Elías de Pérez advirtió que lo sucedido este miércoles podría dar por tierra con las sesiones virtuales. “Han fracasado porque el oficialismo no acepta los consensos previos”, sostuvo. También sugirió que la discusión podría derivar en planteos judiciales por violación a las pautas constitucionales.
La senadora tucumana se defendió luego que el salteño Juan Carlos Romero hablara de la “amenaza de violencia física” que “no tuvo una disculpa”.
Mientras se discutía en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión sobre los dichos que el periodista “Baby” Etchecopar tuvo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Juan Carlos Romero pidió no “tener doble estándar” en el Senado.
El salteño se refirió entonces a “la amenaza de violencia física de la senadora por Tucumán del oficialismo contra la senadora Clara Vega”, quien forma parte de su interbloque (Parlamentario Federal), y afirmó que “esa agresión no tuvo una disculpa”.
Integrante también de la comisión, y presente en la reunión virtual, la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) se defendió: “Yo cometí un exabrupto al decirle a otra senadora que si estuviera presente le daría un chirlo, pero a la media hora que eso ocurrió, yo hice un tuit pidiendo disculpas por haber cometido ese exabrupto, dirigiéndome a la senadora Vega”.
Al recordar lo sucedido hace casi dos semanas atrás, durante una sesión virtual, Mirkin dijo que después de que los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal “hicieran llegar una nota a la presidenta de la Banca de la Mujer (Norma Durango)”, ella hizo “un nuevo descargo y pedido de excusas a la senadora Vega”.
“Una cosa es que me digan que no están de acuerdo con mis posiciones políticas, pero quiero dejar en claro que no le voy a aceptar a la senadora Vega ni a ninguna senadora, ni a ningún senador, que me involucren con el accionar delicuencial de la policía de mi provincia, que ha matado por la espalda a un ciudadano tucumano (en referencia al caso Luis Espinoza). Eso no, hasta ese límite no”, sostuvo.
Y, cambiando de tema, cargó contra la radical Silvia Elías de Pérez. “Así también como desde muchos años atrás se dice acá, en mi provincia, y lo dicen representantes por mi provincia, que no son de mi partido, que los peronistas somos delincuentes, ladrones, y eso no lo voy a aceptar. Como no lo acepté de la senadora Elías de Perez, que vive diciendo que somos delincuentes y ladrones. Y yo no me considero delincuente ni ladrona. Entonces quiero que vaya a la Justicia para demostrar que soy delincuente y ladrona”.
Retomando sobre el episodio con Vega, la senadora aseguró haber mandado otro descargo a la Presidencia de la Cámara alta. “Cuatro descargos hice al exabrupto que yo misma considere que había cometido. ¿Cuántos descargos más quiere la senadora Vega? Porque nunca vi que alguien se enoje en el Senado y no vaya a trabajar”, agregó, en referencia a la posición tomada por la legisladora riojana.
Aludida, Elías de Pérez, que también forma parte de la comisión, le respondió: “Cada vez que yo me he referido a algún hecho de corrupción de alguien que tenga que ver con el gobierno de mi provincia lo he hecho poniendo mi cara, mi firma y yendo a la Justicia a llevar las pruebas de lo que yo decía”.
“Si ella se da por aludida de las cosas que tienen que ver con lo demás, yo no tengo culpa de eso”, añadió y cuestionó la actitud de “meter a todos en la misma bolsa” o “tratar de involucrar cosas que no corresponden”.
La senadora tucumana confesó su fastidio con los dichos de la riojana Clara Vega, y se refirió al asesinato de Luis Espinoza.
Durante la tensa sesión del Senado, la tucumana Beatriz Mirkin hizo catarsis contra la bancada ausente de Juntos por el Cambio. “Yo la verdad que no puedo entender cómo los dejamos hablar”, señaló luego de una catarata de críticas dirigida hacia el Gobierno anterior. Pero a continuación, deslizó una confesión: “Siento que los dejamos hablar para evitar males mayores… me quedé tranquila porque me dijeron que no hablara, pero la verdad que tenía ganas de darle un golpe, de haber estado presente… tal vez le hubiera hecho como la diputada Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora (Clara) Vega”.
Mirkin se refería al recordado cachetazo que en su momento la diputada Graciela Camaño le dio al diputado Carlos Kunkel, y en este caso se refería a la riojana Clara Vega, que había hablado antes del asesinato de Luis Espinoza.
La legisladora del FdT continuó: “Y le digo porque realmente es una vergüenza lo que dice. Acá murió asesinado un tucumano de nombre Luis Espinoza. Asesinado por la policía, y está en investigación cómo se han dado los hechos. Yo he presentado en el Senado un pedido para pedir a los senadores que me acompañen en pedir al Poder Ejecutivo de Tucumán que investigue a fondo y que llegue a dilucidar por qué fue muerto Luis Espinoza. Luis Espinoza no fue a buscar plata para la pobre familia que tenía. Luis Espinoza fue a cobrar. Porque si la senadora Vega conociera Tucumán y conociera donde vivía Luis Espinoza, podría entender qué es lo que pasó: ahí ha habido carrera de caballos, cuadreras, donde corre mucha plata para la policía también. Así que no hay que ser tan abriboca…”.
En ese momento, Vega ya se había desconectado, por eso le contestó a través de Twitter: “La senadora Beatriz Mirkin hoy se refirió a mi persona con absoluta violencia justificando el accionar policial en el caso Espinoza. La forma siempre es la denuncia y la condena judicial, nunca el gatillo fácil. Repudio sus dichos y sus modos, agravado por la banca que ocupa”.
La que no dejó pasar el tema tampoco fue la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, que se expresó por la misma vía: “Repudio toda violencia. Por eso me solidarizo con la senadora @vegaclara, quien fue amenazada por una senadora oficialista de recibir un golpe por pedir justicia para Luis Espinoza. Lamentablemente justificando lo injustificable lo revictimizan a él y a su familia”.
La senadora radical se refirió al asesinato del trabajador, a manos de la Policía tucumana, y acusó al kirchnerismo de tener “doble vara” y “proteger a los gobernadores amigos”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) repudió “la falta de definiciones” del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza, a manos de efectivos de la Policía tucumana.
“El silencio del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza hace un ruido atronador. El kirchnerismo mantiene su doble vara para mirar la realidad y protege a los gobernadores amigos de su responsabilidad política”, sostuvo la radical.
La legisladora de Juntos por el Cambio exigió “el compromiso público del presidente y de su ministra de Seguridad (Sabina Frederic) para terminar con los abusos institucionales y la impunidad en todo el país”.
“Hay una velocidad notable para responder o cuestionar cuando se trata de temas que forman parte del relato oficial, pero cuando los hechos involucran o comprometen a quienes forman parte de su espacio político, miran para otro lado. Ese es el kirchnerismo en su máxima expresión”, disparó.
Además, Elías de Pérez consideró que el Ministerio de Seguridad de la Nación “debe pedir explicaciones a las autoridades tucumanas sobre lo sucedido y comprometerse en un debate de fondo sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Tucumán”.
“El crimen de Espinoza es la punta de un iceberg. Hay años de atrocidades e impunidad garantizada por el poder político. Eso no puede continuar”, enfatizó la senadora tucumana.
Son las de Economía Nacional e Inversión, y Asuntos Administrativos y Municipales. Sus presidentas serán, respectivamente, Silvia Elías de Pérez e Inés Blas.
De manera virtual, se constituyeron este jueves dos nuevas comisiones en el Senado. Son las de Economía Nacional e Inversión, y Asuntos Administrativos y Municipales, que serán presididas, respectivamente, por Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) e Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca).
En la Comisión de Economía Nacional e Inversión, fue designado como vicepresidente el oficialista santafesino Roberto Mirabella, mientras que la secretaría quedó vacante.
Los restantes integrantes de la comisión serán Ana Almirón, Matías Rodríguez, Dalmacio Mera, José Neder, José Uñac, Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma Abdala, Jorge Taiana y Silvia Sapag por el Frente de Todos; Pamela Verasay, Eduardo Costa, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado y Pablo Blanco por Juntos por el Cambio; y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
En el caso de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, el radical riojano Julio Martínez fue designado vicepresidente, y la secretaría también quedó sin nombrar.
Conformarán esta comisión, además, Antonio Rodas, José Neder, Maurice Closs, Carlos “Camau” Espínola, Norma Durango, Silvina García Larraburu, Sergio “Oso” Leavy, Matías Rodríguez y Claudia Ledesma Abdala por el Frente de Todos; Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Alfredo De Angeli y Roberto Basualdo por Juntos por el Cambio; y Juan Carlos Romero por el Interbloque Federal.
Fue a través de un proyecto de comunicación, luego que se conociera que el Ministerio de Economía trabaja en la ley de leyes del año próximo.
Luego que se conociera que el Ministerio de Economía trabaja en la elaboración del Presupuesto 2021, la senadora radical Silvia Elías de Pérez recordó que este año no se ha presentado el proyecto de Presupuesto 2020 -de hecho, el Ejecutivo gobierna con la prórroga del anterior-, y pidió su “urgente” envío al Congreso, de acuerdo lo establece la Ley de Administración Financiera.
La solicitud fue a través de un proyecto de comunicación, que fue acompañado por sus pares del interbloque Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo, Laura Rodríguez Machado, Stella Maris Olalla, Pamela Verasay, Mario Fiad, Alfredo De Angeli, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavonni, Julio Martínez y Pablo Blanco; y el aliado Juan Carlos Romero.
“La presente iniciativa tiene por finalidad consolidar el proceso democrático que se instituye en nuestra legislación para la aprobación del programa de recursos y gastos del Estado Nacional. La Ley de Presupuesto es la hoja de ruta más clara sobre el propósito de acción del Gobierno, es el puente entre las ideas y la acción, y con acuerdo a la estructura legal vigente son los representantes de todos los argentinos los que deben aprobar este plan de acción”, argumentó.
Además, la tucumana resaltó que la aprobación de la ley de leyes otorga “claridad y transparencia al manejo de las cuentas del Sector Público Nacional”.
Asimismo, advirtió que desde la oposición han sido “extremadamente cautos y pacientes para ofrecer al Ejecutivo Nacional el espacio para que éste ordene su visión sobre la situación económica argentina”, en referencia al acompañamiento a distintas leyes impulsadas por el presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, la legisladora enfatizó que “la primera responsabilidad del Gobierno es para con sus ciudadanos; esta responsabilidad y compromiso se plasman, en este caso, en la presentación del Presupuesto a sus representantes, los diputados y senadores de la Nación”.
Un grupo de radicales hicieron un planteo por el retardo de justicia en las causas por abuso que involucran al senador tucumano.
Los senadores nacionales Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), miembros del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio, presentaron una carta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestando preocupación “por la inactividad” de la causa conocida como “Alperovich”, en la que una sobrina y parte del equipo del senador nacional José Jorge Alperovich lo denunció por reiterados casos de abuso y violación perpetuados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como en la provincia de Tucumán.
Como la denunciante del senador Alperovich, su sobrina (se preserva su identidad), radicó denuncias tanto en Tucumán como en Capital Federal porque sufrió abusos de parte del exgobernador tucumano en ambas jurisdicciones, “se ha producido una situación de “retardo de justicia”, indican los senadores radicales.
“Desde el momento de las presentaciones de las denuncias, el tiempo transcurrió sin la posibilidad de avanzar en las investigaciones correspondientes, cuestión que es sumamente grave. Todavía no hay certezas sobre quién ha de investigar al senador y exgobernador, y, más allá de que hubo actos investigativos tanto en la Justicia local como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ningún juez ordenó que el funcionario declare como imputado”.
“Queda a la vista que no se está haciendo justicia, que los expedientes se encuentran paralizados. Estas causas no pueden quedar en un limbo de competencias. Es necesario dar una respuesta rápida, justificada y responsable para que se pueda iniciar las investigaciones pertinentes. Es por ello que le manifestamos nuestra preocupación por la tardanza e inactividad y le solicitamos celeridad en el tratamiento de las causas mencionadas”, manifestaron los senadores radicales.
La presentación señala que “la apertura de procesos en dos lugares distintos desencadenó una seguidilla de resoluciones contrapuestas en materia de competencia. Finalmente, luego de una audiencia pública convocada en enero de este año, durante la vigencia de la feria judicial, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal en la provincia de Tucumán, Enrique Pedicone, determinó que los hechos acontecidos en ese distrito deben ser investigados por la justicia provincial, mientras que los producidos en la Ciudad de Buenos Aires le corresponden a la justicia porteña”.
“Sin embargo, desde la realización de esta audiencia las causas no avanzaron, estando pendiente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la competencia de la investigación de los expedientes penales. Estamos ante un claro retardo en una resolución que implica, la indefinición de las denuncias presentadas por la víctima, la indefensión de la persona denunciante implicada, quien, además, se encuentra en una franca asimetría de poder”, expresaron Elías de Pérez, Giacoppo y Blanco.
Los senadores remarcan en las cartas dirigidas al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que “mientras la persona acusada fue gobernador de la provincia por 12 años y es senador desde el año 2015, la denunciante se desempeñaba en su equipo, bajo sus órdenes y fue descalificada en su integridad por gente cercana al senador”.
Luego de que el presidente afirmara el jueves que CFK terminó una obra que el Gobierno de Macri no puso en marcha, la senadora le salió al cruce.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez salió a cuestionar al presidente Alberto Fernández quien el jueves visitó la provincia de Tucumán, aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner terminó durante su último gobierno la planta depuradora de residuos cloacales de Las Talitas. Elías de Pérez subrayó que el jefe de Estado estaba incurriendo en “una mentira” ya que la planta fue finalizada en 2019 por la administración de Cambiemos y en 2015, al momento de dejar Cristina Kirchner la Presidencia, sólo tenía un avance financiero de 46 por ciento.
“Es difícil entender para qué el presidente decide romper la cuarentena, viajar hasta una provincia y mentirle a toda la población. Son los datos del propio Estado argentino los que lo dejan mal parado”, manifestó Elías de Pérez.
“Cristina terminó esta obra en el 2015. Uno no logra entender que obras terminadas no sean puestas en funcionamiento por alguien que puso poca atención en los tucumanos. Porque con esa obra que no se puso en marcha no se afectó al gobierno de Juan Manzur, se afectó a decenas de miles de tucumanos que no pudieron disfrutar de esa planta”, expresó Fernández el jueves en Tucumán.
Ante las citadas declaraciones del presidente realizadas en Tucumán, la senadora de Juntos por el Cambio agregó: “Los datos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento desmienten categóricamente a Alberto Fernández. La única razón por la cual la obra no se puso en funcionamiento en 2019 fue porque el gobernador Manzur no quiso. La Sociedad Aguas de Tucumán demoró la habilitación por decisión expresa de Manzur”.
En su cuenta de Twitter, la senadora compartió una serie de fotos satelitales también con la intención de desmentir las afirmaciones de Alberto Fernández.
“Fotos satelitales desmienten de manera contundente los dichos de @alferdez y @JuanManzurOK sobre la planta de Líquidos Cloacales en Las Talitas”, tuiteó la senadora. Y se puede observar perfectamente que en 2015 la obra estaba inconclusa y recién estuvo terminada en 2019.
En la sesión de este jueves, la tucumana Silvia Elías de Pérez usó la palabra que prefiere Cristina Kirchner.
Luego del cruce que mantuvo la semana pasada con Cristina Kirchner por llamarla “presidente”, manera que exaspera a la vicepresidenta, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez bajó la polémica este jueves al iniciar su discurso.
No se encontraba precisamente conduciendo el debate CFK, pero sí lo hacía otra mujer, la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora. “Gracias señora presidenta; la voy a llamar así como me han solicitado desde la Presidencia de esta Cámara que la llame”, comenzó.
La radical dijo entonces estar “convencida que la correción del lenguaje es absolutamente inferior a la concordia que tiene que reinar entre nosotros”, la cual “es absolutamente indispensable que cada vez sea mayor, máxime cuando uno piensa diferente”, completó.
Cuando finalizó su discurso, la vicepresidenta seguía sin estar sentada en el estrado, con lo cual no la escuchó. Pero más tarde, a su retorno, le tocó la palabra a la oficialista María Eugenia Duré, quien aprovechó para devolverle un mensaje a Elías de Pérez.
“No me cuesta llamarla presidenta, sino que es un orgullo llamarla de esta manera, porque simboliza la igualdad de género que hemos tenido con las mujeres a lo largo de nuestra historia, sobre todo en materia de derechos y los lugares que hemos conquistado”, expresó la fueguina, ante la mirada y sonrisa de CFK desde el recinto.
Además, la senadora radical le solicitó al Gobierno nacional que destine partidas presupuestarias para la prevención y lucha contra la epidemia.
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para incorporar, como prestación obligatoria, la cobertura integral de todos los estudios y análisis hematológicos necesarios para la detección de los distintos tipos de dengue, zika y chikungunya.
Además, a través de un proyecto de comunicación, solicitó al Gobierno nacional que disponga de partidas presupuestarias extraordinarias para la prevención y lucha contra la epidemia de dengue.
En el primer proyecto, la tucumana hizo referencia a la “gravedad de la epidemia”, la cual “afecta a diferentes regiones del país”. También manifestó que las personas infectadas relatan que “estos análisis de sangre no son cubiertos, debiendo ser abonados de forma externa por parte de los pacientes o sus familiares”.
Sobre la segunda iniciativa, la radical reclamó que se debe “garantizar que las medidas tomadas sean coordinadas y unificadas en las distintas jurisdicciones de todo el territorio nacional para evitar la propagación de la enfermedad”.
“Si bien como sociedad estamos enfrentando la pandemia Covid-19, es urgente dar un fuerte impulso presupuestario para responder a la epidemia del dengue, ya que podemos correr el riesgo de desatender esta necesidad sanitaria, y se puede producir una exacerbación del brote, si hay un freno en las medidas de prevención”, señaló Elías de Pérez.
Ambas iniciativas fueron acompañadas por los senadores Silvia Giacoppo, Laura Rodríguez Machado, María Belén Tapia, Stella Maris Olalla, Gladys González, Luis Naidenoff, Humberto Schiavonni, Mario Fiad, Pablo Blanco, Pedro Braillard Poccard, Eduardo Costa, Claudio Poggi, Oscar Castillo, Alfredo de Angeli, Víctor Zimmermann, Julio Cobos, Julio Martínez, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo.
La vicepresidenta de la Nación volvió a probar con la senadora tucumana que nunca se guarda nada.
La senadora Silvia Elías de Pérez ya tuvo un cruce con la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirhner, allá por el Senado. Esa vez ya se notó que insistía en llamarla “presidente” y no “presidenta”, como quiere la exmandataria y sino que le pregunten al jefe de su propio bloque, José Mayans, al que en su momento retó en público por ese tema.
En la sesión de este miércoles, la senadora tucumana continuó refiriéndose a Cristina como “presidente”, sin que la titular del Cuerpo la corrigiera en ningún momento. Pero eso sí, al final, se desquitó: “Muchas gracias, senador”, le dijo. Beneficios de cerrar los debates.
Por la noche, la senadora le contestó a la presidenta. A través de Twitter, obvio. “Decirle “señora presidente” a quien conduce la sesión NO es incorrecto ni una falta de respeto. Aunque a Cristina Kirchner le guste más “presidenta”, la RAE lo permite. Ahora, me pregunto: decirle a una senadora “senador”, ¿es correcto?”, se preguntó.
La senadora radical se refirió al exabrupto del canciller durante su exposición ante la Comisión de RR.EE. y sostuvo que “cuando uno tiene una concepción de poder totalitaria no resiste que nadie esté en desacuerdo”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) se refirió este jueves al insulto que el canciller Felipe Solá cometió contra ella durante la reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores y enfatizó que “es inadmisible que alguien que ocupa ese lugar tenga esa conducta”.
La legisladora relató que todo comenzó con su consulta sobre la decisión de la Argentina de traer médicos extranjeros para atender la pandemia, mientras “hay una cantidad de médicos argentinos que están intentando volver” y “no tenían prioridad de repatriación”.
La radical aseguró que la respuesta que le dio Solá “no” le “gustó”, pero “en ningún momento traté de pelearlo”. “Sentí que era una respuesta prejuiciosa, discriminatoria, pero ya mi micrófono estaba deshabilitado”, continuó y dijo que al tener de nuevo la palabra para preguntar por la cuestión Mercosur, aprovechó para retomar el tema.
“Él se molestó mucho, me dijo que no le cambiara la bocha, empezó a ponerse un poco nervioso en su forma de responder, habló de Malvinas, de los médicos de Malvinas, hizo una mezcla. Le dije que entonces los traiga y eso fue suficiente para que me falte el respeto”, señaló.
En diálogo con radio Concepto, la senadora opositora remarcó: “Yo no estoy hablando de cualquiera con quien nos pueda pasar, estoy hablando del canciller, del jefe de la diplomacia argentina, que está en una reunión del Senado hablando con una senadora de la Nación”.
“Es muy grave que ante alguien que piensa diferente utilice el exabrupto y la falta de respeto”, afirmó y opinó que “cuando uno tiene una concepción de poder totalitaria no resiste que nadie esté en desacuerdo”.
La tucumana expresó que este jueves el interbloque Juntos por el Cambio realizó una presentación de repudio a los dichos del canciller. Además, Elías de Pérez apuntó que “las disculpas que él hizo públicas (por Twitter) fueron peor que no las hubiera hecho” porque son “una justificación, al decir que yo lo había tergiversado. Yo no tergiversé nada y, si aún fuera así, eso no habilita que me falte el respeto”. “Las acepto pero no justifica lo que hizo”, cerró.
Durante un cruce con la senadora tucumana deslizó un imperceptible insulto y el tema se viralizó en las redes sociales.
Justo sobre el final, en un pasaje acalorado de su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el canciller Felipe Solá deslizó un insulto contra la senadora Silvia Elías de Pérez. El episodio pasó desapercibido durante la reunión virtual de los legisladores, pero fue rescatado luego por la propia legisladora tucumana, que replicó en su cuenta de Twitter el fragmento del video, preguntándose si el funcionario la había insultado.
“¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?”, se pregunta la senadora radical, y en efecto, en el video se escucha realmente muy bajito un “pelotuda”.
El propio Felipe Solá corroboró luego el episodio al disculparse en las redes sociales y explicar su reacción. “Le pido disculpas a Silvia Elías de Pérez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR.EE. del Senado”, señaló, a lo que la tucumana replicó: “Agrava la falta de respeto el haberse justificado acusándome tergiversar sus palabras. Curiosa forma de pedir disculpas la del canciller, ¿no?”.
Más tarde, ya sobre el filo de la medianoche el canciller parece haber recapacitado y más en frío escribió otro tuit ahora ya más a tono con lo que la situación exigía: “Los insultos son injustificables y por eso reitero mis disculpas a la senadora Silvia Elías de Pérez. El contexto requiere templanza y que estemos unidos”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto para crear un “Sistema Único de Historia Clínica Digital”, y otro para que exista la opción para prescribir recetas digitales.
“Esta pandemia nos obliga a incorporar herramientas digitales en la relación médico-paciente, que permitan tener la información siempre disponible en varios consultorios al mismo tiempo y que se puedan trasladar a otros hospitales”, explicó la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez, luego de presentar un proyecto para crear un “Sistema Único de Historia Clínica Digital”, y otro para que exista la opción para prescribir recetas digitales.
“El objetivo es descentralizar la información disponible del paciente para que su historia clínica esté disponible en cualquier punto del país y al alcance de cualquier profesional de la salud, respetando la inviolabilidad y la inalterabilidad de los datos contenidos”, agregó la legisladora tucumana.
“Impulsamos la creación de un sistema de historias clínicas y la prescripción de recetas digitales. En el contexto que atravesamos es preciso repensar nuestro sistema de salud, teniendo en cuenta la garantía de mejor y mayor salud para todos los habitantes de nuestro país”, concluyó Elías de Pérez.
Silvia Elías de Pérez solicitó considerar la posibilidad de que esa actividad pueda volver a implementarse, con las medidas de precaución pertinentes.
La senadora Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para que el presidente estudie la posibilidad de contemplar a las empresas de mudanzas entre las actividades esenciales.
“El aislamiento preventivo obligatorio ha ocasionado muchos problemas a personas que estaban a punto de mudarse. Hay familias que se encontraban en la situación de cambiar de domicilio, antes del aislamiento, y que no pudieron concluir con la mudanza por la prohibición de circular”, justificó su solicitud la parlamentaria radical.
También, explicó que para desarrollar este servicio se puede coordinar con los consorcios (en el caso de departamentos o complejos habitacionales que cuenten con ellos) los horarios y modalidades o recaudos específicos a tomar, consignando las personas a cargo de hacer la mudanza, cumpliendo todas las medidas de precaución y bioseguridad pertinentes. “Es importante considerar que no se realizan mudanzas todos los días, que no necesitan de mucho personal o conglomeración de personas, y que la mayoría puede hacerse en un período corto de tiempo, características que son mucho menos riesgosas que otras actividades que ya han sido habilitadas”, sostiene.
“Hay argentinos que tenían planificada una mudanza a un domicilio que compraron o terminaron de arreglar o construir, que hoy se encuentran con una casa vacía y pagando el alquiler de una vivienda que no habitan. Existen numerosas situaciones, pero todos tienen la necesidad de contar con los servicios de empresas de mudanza que puedan concretar la planificación realizada por estas familias antes de la pandemia”, concluyó Elías de Pérez.
En una conversación con la senadora Elías de Pérez transmitida por Facebook, el titular de Juntos por el Cambio en el Senado denunció “una estrategia planificada de cercenar el funcionamiento del Congreso”.
El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, se expresó en duros términos contra la gestión de Alberto Fernández en torno a la pandemia, al considerar que este fenómeno “es un saco a medida del Gobierno”, y en esa línea denunció “una estrategia planificada de cercenar el funcionamiento del Congreso”.
“El Gobierno tiene la suerte de contar con una oposición responsable, que ha acompañado las medidas en materia de salud en el contexto de la pandemia, porque entendemos que es una prioridad. Pero creo que hay una estrategia planificada de cercenar el funcionamiento del Congreso en estos días, y que la pandemia es un saco a medida de un gobierno que ha demostrado no tener ningún tipo de plan en materia económica”, advirtió Naidenoff.
El radical se expresó así en una conversación con su par Silvia Elías de Pérez, que fue transmitida en vivo desde la cuenta de Facebook de la tucumana.
Elías de Pérez consideró que “el Congreso, en tiempos de pandemia, es la vacuna contra el autoritarismo”, y mencionó el rol de control que tiene el Parlamento, sobre todo luego de los casos de compras con sobreprecios de elementos necesarios para atender la emergencia social y sanitaria.
“Es indispensable que podamos retomar el rol de control que tiene la oposición, y que podamos discutir todos los proyectos que hemos presentado desde las distintas bancadas”, agregó la legisladora.
Además de la preocupación por el rol del Congreso, Naidenoff alertó que “prácticamente han mutilado al Poder Judicial con esta idea de las ferias continuas”.
En tanto, consideró que el Gobierno debe convocar a todos los actores para debatir soluciones a largo plazo: “En el problema de la economía hay que tener tres miradas: lo inmediato; el transcurso de la pandemia hasta junio o julio; y luego cómo seguimos hacia adelante. Y no observo en el Gobierno una mirada integral”.
“Que la pandemia no sea la excusa para que el autoritarismo termine cooptando el convivir cotidiano de los argentinos. Va más allá de la discusión de una ley: es el funcionamiento de la República”, aseguró el formoseño, y concluyó: “Estoy convencido de que el peso de la realidad se va a imponer en los próximos días y vamos a ver sesionar al Congreso”.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez exigió la reapertura del Congreso, y pidió “evitar avasallamiento institucionales”.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez exigió que la Cámara de Senadores retome la actividad legislativa, utilizando la tecnología de videoconferencia.
“Entendemos que en casos de gravedad institucional, como el que estamos viviendo, se podría habilitar para que sesionemos de manera virtual. Ya estamos realizando reuniones informativas con ministros. Tenemos que avanzar de manera urgente y sesionar”, indicó la legisladora tucumana.
En este sentido, Elías de Péreaz advirtió que “los tres poderes deben funcionar de manera correcta. No debemos mal acostumbrarnos a los DNU ni a que el Ejecutivo es el único poder en actividad en esta crisis. Tenemos responsabilidades de legislación y de control establecidas expresamente por la Constitución y debemos ejercerlas”.
“Debemos garantizar el funcionamiento completo del Senado y tratar todos los proyectos que se presentaron desde los distintos bloques políticos, porque si van a abrir el Senado solo para tratar un proyecto y luego cerrar, no estoy de acuerdo. Eso iría en contra del buen funcionamiento de los poderes del estado y sería un aprovechamiento político imperdonable en medio de la incertidumbre que hoy vive el país frente a la pandemia”, concluyó.
Dada la persistencia de cortes ordenados por algunos intendentes en Tucumán, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez pidió que se refuercen los controles en la ruta.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic que refuerce los controles en las rutas para permitir y garantizar la libre circulación de provisiones y alimentos esenciales, teniendo en cuenta que persiste en amplias regiones cortes ordenados por algunos intendentes o jefes comunales.
En una misiva, la legisladora tucumana le transmitió a la ministra de Seguridad: “Soy consciente de los esfuerzos que se están realizando a los fines de asegurar la circulación en rutas nacionales, como bien lo ha mencionado, las provincias tienen límites, pero no fronteras. Sin embargo, los problemas de circulación en las rutas de la provincia de Tucumán y sus vecinas no han cesado. Actualmente, las dificultades se centran en la movilidad de los productores rurales, quienes son la fuente de la provisión de alimentos para nuestra región y país. Los inconvenientes por lo general ocurren en las ciudades aledañas al límite provincial, y en la mayoría de los casos surgen por atribuciones que toman impropiamente los intendentes locales”.
La senadora -quien planteó este tema al ministro de Trabajo durante la visita virtual del mismo a la comisión del Senado- aportó ahora a la ministra de Seguridad los puntos donde se están produciendo estos cortes no autorizados que impiden la libre circulación de bienes y productos considerados esenciales:
La senadora radical explica en la carta enviada que el Decreto 297/2020 ha limitado el derecho a la libre circulación, “argumentando la necesidad de contener la transmisión y reproducción del virus CoV-Sars2, causante de la pandemia de Covid 19, fundándose en los Art. 12° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 22° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Sin embargo, el mismo decreto en su artículo 6° ha exceptuado de esta prohibición de circular a las personas afectadas a un conjunto de actividades determinadas como esenciales, son estas las personas que aún hoy no pueden realizar libremente su tarea debido a las trabas que algunos intendentes han establecido”.
Atento a ello, la senadora nacional solicita a Frederic que se le garantice desde el Estado nacional la libre circulación a los productores de bienes esenciales “sin dejar de descuidar los controles sanitarios correspondientes en estos tiempos de pandemia, que cubran las precauciones para los operarios de la circulación, para la mercadería que circula y para los pobladores de las localidades por los que estos productos circulan”.
Lo hizo la senadora Silvia Elías de Pérez a través de una carta que le envió al titular del Banco Nación, a fin de evitar que los empresarios deban despedir gente y puedan pagar los salarios.
La senadora Silvia Elías de Pérez requirió al Gobierno Nacional que se otorguen créditos a tasa cero a las PyMEs. Lo hizo a través de una nota dirigida al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.
En su petitorio, la parlamentaria nacional solicitó que se instrumente un programa de créditos, subsidiados a través del Banco Nación, que tengan como objetivo financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan capital de trabajo, para evitar el despido de su equipo de trabajo y pagar salarios.
“Hay muchas empresas que están fuertemente expuestas a un inminente quiebre debido a que no tienen ingresos por las medidas de aislamientos tomadas”, argumentó al respecto Elías de Pérez y aseguró que, en base al estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación, los sectores comprometidos son la construcción, metalmecánico, tabacaleros, textiles y de calzado, entre otros.
“Así como se subsidió recientemente a otros sectores, pedimos que estos créditos se den a tasa cero, porque no podemos hacer que las PyMEs tomen una deuda a largo plazo y con intereses que luego no podrán pagar”, explicó la senadora de la oposición.
La senadora tucumana concluyó diciendo que “de la misma manera en la que trabajamos en conjunto para cuidar la salud de los argentinos, debemos aunar fuerzas para proteger sus fuentes de trabajo. Y la situación que estamos atravesando los argentinos, en el contexto de esta pandemia, pone en riesgo a las PyMEs. Por eso es necesario asistirlas para preservarlas y preservar el empleo”.
La senadora Silvia Elias de Pérez solicitó al Gobierno nacional que disponga medidas para habilitar corredores seguros para el traslado de mercaderías entre distintas provincias.
“Enfrentamos un problema con productos que deben ser trasladados dentro del país, pero que enfrentan dificultades para circular por los férreos controles que se han impuesto en cada jurisdicción”, advirtió la senadora nacional tucumana Silvia Elías de Pérez, quien si bien aclaró estar de acuerdo con los controles, llamó a asegurar la provisión de alimentos en todo el país. “En especial aquellos en los que se requiere circulación entre provincias limítrofes como la papa que se mueve entre Catamarca y Tucumán”, enfatizó.
Por tal motivo, la senadora radical solicitó al Gobierno nacional que disponga medidas para habilitar corredores seguros para el traslado de mercaderías entre distintas provincias. “Enfrentamos un problema con productos que deben ser trasladados dentro del país, pero que enfrentan dificultades para circular por los férreos controles que se han impuesto en cada jurisdicción. Estamos de acuerdo con los controles, pero debemos asegurar la provisión de alimentos en todo el país. En especial aquellos en los que se requiere circulación entre provincias limítrofes como la papa que se mueve entre Catamarca y Tucumán”, consignó.
En los últimos días, se registraron incrementos de varios productos estacionales en los centros de concentración frutihorticola. Los productores informaron que esta situación se generó por las demoras y limitaciones en los traslados en las rutas. “Corredores alimentarios y sanitarios podría ser una alternativa”, precisó la parlamentaria.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez mantuvo una discusión con el secretario de Seguridad tucumano, Claudio Maley, durante una misa realizada en la provincia este domingo, a favor de la mujer y la vida. “Confié en usted, pero fracasó. Nos están matando”, le habría dicho la legisladora al funcionario, disconforme con su actuación frente […]
La senadora radical Silvia Elías de Pérez mantuvo una discusión con el secretario de Seguridad tucumano, Claudio Maley, durante una misa realizada en la provincia este domingo, a favor de la mujer y la vida.
“Confié en usted, pero fracasó. Nos están matando”, le habría dicho la legisladora al funcionario, disconforme con su actuación frente a la inseguridad. Según transcendió por parte de testigos, y reflejó el diario La Gaceta, el ministro le habría reprochado que el expresidente Mauricio Macri no envió a Tucumán el dinero que había prometido para el presupuesto de esta área.
El cruce verbal entre ambos llamó la atención de los presentes, y hubo quienes filmaron a ambos dirigentes.
El día anterior -sábado-, la tucumana había criticado por Twitter al gobernador Juan Manzur por el tema de la seguridad y sostuvo que “hay funcionarios políticos que no pueden seguir un minuto más en el cargo. Su fracaso es evidente: los delincuentes han ganado las calles y están tiñéndolas de rojo con la sangre de los tucumanos”.
“Pasó otra semana de inseguridad y muerte en Tucumán, pero Maley se ha vuelto el ministro invisible. Le pedí la renuncia, los legisladores de la oposición pidieron interpelarlo, pero su paradero es desconocido. Se dice que el silencio mata y en este caso se comprueba”, escribió Elías de Pérez horas antes de verlo presente al ministro en la misa.
La senadora radical, férrea opositora al aborto legal, aseguró que el pliego de Marisa Graham está “vencido”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró que “el Senado se encamina a convalidar un concurso cuyo dictamen se encuentra vencido”, en referencia al pliego de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
La tucumana, férrea opositora al aborto legal, se quejó que “flaco favor le haremos a la institucionalidad de este país” con el tratamiento de la designación de la abogada.
“Es incomprensible que se haya puesto en discusión, y propuesto en la labor de trabajo de esta sesión especial durante el período extraordinario de sesiones, el tratamiento de un dictamen vencido”, insistió.
En contra de Graham, por su posición a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la legisladora enfatizó que “las razones del apuro para tratar este tema, el atropello de violentar o desconocer reglas procesales legislativas, las deben dar los responsables que convocaron a esta sesión”.
“Lo que no vamos a permitir es que se vulneren las reglas. Ayer fuimos testigos de un escandaloso espectáculo en el recinto de Diputados, donde se usaron artilugios para lograr quórum. Hoy nos presentan una labor con un dictamen vencido”, agregó la senadora de Juntos por el Cambio, interbloque dentro del cual habrá miembros que voten a favor, ya que el tema es transversal en todos los bloques.
Elías de Pérez dijo: “No podemos aceptar de ninguna manera que no se cumplan nuestras propias reglas. No podemos aceptar que se vulnere el reglamento proponiendo el tratamiento de un dictamen vencido”.
“A pesar de que la designación del defensor del Niño es una deuda de hace más de 15 años que tiene el Congreso de la Nación, eso no habilita a que se realice con un procedimiento irregular, dejando de lado principios básicos como el de preclusión procesal y buena fe”, concluyó.
Activa militante contra la legalización en 2018, Silvia Elías de Pérez aclaró que el rechazo “no será negociado por otros proyectos”.
“La defensa de la vida no admite ningún tipo de monedas de cambio. Una ley que garantice contención social y económica a las mujeres embarazadas más vulnerables va a recibir el apoyo de todos los sectores, pero bajo ningún punto de vista puede pensarse que con eso se va a negociar el apoyo a la legalización de la muerte de los niños por nacer”, afirmó la senadora Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio), al referirse al posible anuncio que el presidente Alberto Fernández realizaría el domingo en la Asamblea Legislativa.
Según se conoció, Fernández anunciaría junto a la legalización del aborto, un proyecto de ley para apoyar los embarazos considerados vulnerables.
“Hace dos años hemos dado un debate muy amplio. La ciencia ya ha demostrado que hay vida desde la concepción, y todo nuestro ordenamiento jurídico está orientado en ese sentido. No puede ser un derecho terminar con la vida de otro”, expresó la parlamentaria tucumana.
La senadora radical dijo que los diputados y senadores que se opusieron a la legalización del aborto en 2017 no van a aceptar que se cambie el sentido de su voto por otros proyectos.
“El rechazo al aborto no será negociado”, manifestó categóricamente.
