Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados, en su primera sesión con la nueva composición, aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal” que busca incentivar el uso de dólares no declarados, más conocido como “dólares del colchón”.

La iniciativa obtuvo 130 votos positivos de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que hubo 107 votos negativos y 2 abstenciones.

El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.

Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

No hubo debate

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante del tema. Sin embargo poco pudo hacer en ese rol, ya que cuando le tocó intervenir ya llevaban más de diez horas de debate y el clima estaba alterado. Había un gran bullicio y buena parte de los diputados estaban de pie, como si estuvieran emprendiendo la retirada.

“Este proyecto establece un cambio de paradigma; implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en la Argentina. Hace un tiempo atrás, durante el período kirchnerista, se consideraba que los contribuyentes eran sospechosos por defecto”, señaló Rodríguez Machado, más atenta a si el resto de la Cámara se quedaba que a dar su discurso.

Finalmente pidió que se restableciera la calma e invocó a sus pares diciéndoles que había habido mucho consenso con ese proyecto. “De hecho, lo trabajamos con muchos de los diputados que están de pie”, señaló, recordando que algunos meses atrás habían sacado un despacho unánime, que por primera vez en durante este período no había tenido votos en contra. “Y ahora los veo dudando”, reprochó, pidiéndoles ponerse a trabajar nuevamente en el tema.

Su par Silvana Giudici cortó por lo sano pidiendo cerrar el debate y pasar a la votación, alcanzándose el resultado positivo señalado.

A la hora de la votación en particular, el diputado de UP Guillermo Michel pidió una serie de cambios que en líneas generales respetaban el espíritu de la norma, pero pedía modificar la magnitud de las multas y clausuras, fundamentalmente teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y las personas humanas residentes en el país si no calificaban como grandes contribuyentes.

No se aceptaron las modificaciones, pero cuando avanzó la votación en particular desde la izquierda se escucharon fuertes críticas. Incluido el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. Miriam Bregman dijo que estaban votando “la ley de José Luis Espert” y sostuvo que se trataba de un proyecto “para esconder narcos”.

Cuando Bertie Benegas Lynch intervino para aceptar una modificación, el recinto había vuelto a desbordarse, y el diputado libertario tuvo que insistir varias veces en que se trataba de una sugerencia del diputado Michel la que iban a aceptar, en el artículo 43°, referida a los montos a ajustarse a partir del 1 de enero de 2027.

Romina del Plá sostuvo también que se trataba de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico (…) Una ley al servicio de los narcos”, en tanto que Grabois intervino a los gritos para afirmar que “esta ley fue presentada por un narcotraficante que le bajamos de las listas, y que se fue, como se va a tener que ir Villaverde, porque está confirmadísimo: es una señora detenida por tener merca! ¡La misma la merca que consumen en este lugar!”, lanzó Grabois, que sugirió que “todos se tendrían que hacerse un narcotest! ¡Toditos, toditos!”.

Afirmó que “¡esta es una ley de legalización del narcotráfico! ¡Es una ley de impunidad para el lavado de activos provenientes del narcotráfico!”, y cerró: “La verdad es que, que estén festejando esta ley, una ley con la que van a blanquear la plata de los que le venden droga a sus hijos y a sus nietos, ¡les tendría que dar vergüenza! ¡Incluso siendo la mierda que son, esto les tendría que dar vergüenza!”.

“¡Sáquense todos una selfie con esa señora porque va a terminar presa muy rápido! ¡Chau, Villaverde! ¡Te voy a ir a visitar al penal!”, concluyó.

Siguiendo con el plan establecido por el oficialismo, las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunieron en plenario para pasar a la firma el dictamen del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y quedó en condiciones de llevarse al recinto en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles a las 14. La Libertad Avanza logró el despacho de mayoría con las firmas de los bloques aliados.

En la reunión informativa de la mañana, el bloque oficialista dio lugar a escuchar los pedidos de incorporación de dos artículos planteadas desde Unión por la Patria: establecer la unidad de medida a tomar sea UVA (Unidad de Valor Adquisitivo); y la aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito. Sin embargo, el oficialismo dictaminó el texto tal cual lo consignó el Poder Ejecutivo de la Nación.

El despacho de mayoría contó con las 32 firmas de los vocales de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 del radicalismo, 2 de Innovación Federal, 1 de Elijo Catamarca, 1 de Independencia, 1 del MID y 1 de Producción y Trabajo. Por su parte, Unión por la Patria impulsó un dictamen alternativo con 29 firmas, y el Frente de Izquierda uno de rechazo con la firma de Myriam Bregman.

El dictamen de Unión por la Patria conservó el espíritu de la norma sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto. Aquella iniciativa fue impulsada por el diputado saliente Oscar Agost Carreño y cosechó la unanimidad de los votos en el recinto. Llegó a tener dictamen en el Senado, pero no prosperó porque La Libertad Avanza siempre buscó insistir con el que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional.

Por el oficialismo, la secretaria parlamentaria Silvana Giudici reiteró que este tema será tratado en el recinto este miércoles y amplió que “este dictamen deja de perseguir a los ‘perejiles’ para concentrar el poder del Estado en los grandes evasores”. Adentro de ese rótulo, nombró a al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a Pablo Toviggino, tesorero y secretario ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

También destacó la labor llevado a cabo por su compañera de bancada, Laura Rodríguez Machado, quien fue ratificada en la presidencia de la Comisión de Legislación Penal. Luego, reiteró que “estamos entusiasmados de concretar y dejar de perseguir al que trabaja y al que ahorra y concentrarnos en los grandes evasores”.

En síntesis, la titular de Legislación Penal explicó que “estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales". Y cargó que “esta ley protege al ciudadano de bien y pone límites claros al poder punitivo del Estado. Es una reforma profunda que ordena el sistema y devuelve confianza".

Principio de Inocencia Fiscal

En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, se proponen cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.

El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.

Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.

En una reunión exprés y con propuestas de modificaciones, el oficialismo avanzó este martes por la mañana con el debate del proyecto de Inocencia Fiscal en un encuentro de carácter informativo de la Comisión de Legislación Penal, presidida por la libertaria Laura Rodríguez Machado.

Rodríguez Machado procedió a explicar el contenido del proyecto que consta de 45 artículos que están distribuidos en 3 títulos. Respecto de la comisión, el título que corresponde refiere al primero que “consta de 14 artículos establece una modificación de una ley que, a su vez, indica el umbral que se va a considerar desde el punto de vista penal para que una persona en trasgresión con la ley penal tributaria sea considerado evasor fiscal (que es un delito y tiene todas las características del juzgamiento del delito) o esa falta va a significar una multa tributaria (sanción administrativa)”.

La titular de la comisión señaló que “actualmente los valores en la ley están establecidos en pesos. Por motivos inflacionarios, este número quedó muy bajo. Esto motivó a que infinidad de particulares, empresas o PyMES por un error contable generan un error en sus presentaciones quedan constituidos como posibles autores de un delito penal económico”.

La cordobesa explicó a los nuevos integrantes que el tema fue “largamente tratado por la comisión a lo largo del año donde hubo varios proyectos presentados con la intención de sustituir los montos en pesos por unidades fijas para que no sea necesario todas las veces sancionar una modificación legal a los fines de actualizar la norma”.

“Esta concepción de actualizar los montos a través de una medida de unidad fija ha sido ampliamente aceptada por la comisión. El despacho que se emitió fue firmado por todos los bloques y fue trasladada a una sesión en el recinto en noviembre. El dictamen obtuvo 226 votos afirmativos fue por unanimidad y 6 abstenciones”, recordó Rodríguez Machado.

En ese sentido, consideró que “hay consenso de generar una unidad de medida en virtud de la cual se produzcan actualizaciones automáticas de los umbrales del delito para dividir los delitos de las faltas fiscales”.

Sin embargo, comunicó que hay sugerencias para incorporar dos artículos por parte del bloque mayoritario. El primero de ellos, establece que la unidad de medida a tomar sea UVAS (unidad de valor adquisitivo) que se actualiza todos los años de forma permanente, ya que el establecido en el dictamen era Salario Mínimo Vital y Móvil como medida de actualización.

“Eso lo hicimos en virtud de que teníamos información, que fue modificado, que el Código Penal iba a tener ese sistema, pero la realidad es que el proyecto de reforma va a utilizar el sistema UVAS. Nos motiva generar un consenso, que venimos manteniendo, para elegir una unidad de medida que se actualiza todos los años como las UVAS porque si el Senado aprueba el dictamen que se basa en SMVyM vamos a tener una descoordinación”, explicó la titular de la comisión.

El otro cambio es una aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito: “La aclaración que se sugiere que para evaluar la configuración de delitos y otros ilícitos se considerará el importe vigente al momento de su comisión”.

El reclamo de los bloques

A continuación, el diputado de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro insistió en lo que ya habían adelantado también desde Unión por la Patria el día anterior: la necesidad de que tanto el proyecto de Inocencia Fiscal, como el de Compromiso Fiscal, tengan otros giros.

“Coincidimos en relación a poder unificar las unidades de medida para que no queden desfasadas”, apuntó, pero pidió “poner una mirada en el Capítulo II del Código Civil”, dado que el proyecto “se mete claramente en el Código Civil y creo que es un error no convocar a la Comisión de Legislación General”, remarcó, recordando de paso que la misma “estuvo cerrada durante los últimos dos años, salvo los primeros dos meses del inicio del Gobierno de Javier Milei”.

Se refirió también al proyecto de ley de Compromiso Fiscal, pidiéndole a Rodríguez Machado exigir la competencia de Legislación Penal -la norma solo fue girada a Presupuesto y Hacienda-, sino también a Asuntos Constitucionales. Invocó en tal sentido el artículo de ese proyecto que establece la anulación de leyes que no respeten lo que pide esta norma. Habló de una “interpretación alocada del artículo 36 de la Constitución Nacional, y todos sabemos que las nulidades están bien establecidas en la Constitución”.

“La decisión de este Congreso de declarar una ley nula es bastante controversial y el Parlamento lo hizo en dos ocasiones: con la ley de Punto Final y Obediencia Debida y la Ley de Autoamnistía”, enfatizó el legislador de la Coalición Cívica, que pidió “no sentar un precedente que después complique la interpretación de la norma y la de los objetivos que estamos cumpliendo”.

La presidenta de la comisión le aclaró que Legislación Penal no era la comisión cabecera, sino Presupuesto y Hacienda, por lo cual no podía acceder a muchas de las cosas que Ferraro le pedía. Y aclaró que bien temprano se había fijado puntualmente para verificar los giros y el proyecto seguía teniendo dos. Tras hacer notar que los tres miembros de Provincias Unidas que forman parte de Presupuesto y Hacienda, Juan Brügge, José Núñez y Pablo Farías no estaban presentes, les sugirió presentar una nota en la Secretaría Parlamentaria reclamando lo que planteaba, “ya que no tengo facultades para resolver. Es una decisión final que no me compete”.

Se sumó el presidente del bloque UP, Germán Martínez, quien aclaró que habían formalizado el pedido para que el proyecto de Compromiso Fiscal tuviera giro a Legislación Penal, coincidiendo con los planteos de Ferraro. Al respecto le recordó a la diputada que una parte del tema era resolución de La Libertad Avanza, recordando que el proyecto “trata temas penales”, por lo que le pidió al oficialismo que haga el esfuerzo para extender los giros”.

Intervino entonces la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quien atendiendo los planteos propuso separar los temas y abocarse a Inocencia Fiscal, dejando el tema de Compromiso Fiscal para atender luego, dado que el giro no estaba dado, ante lo cual Rodríguez Machado expresó su compromiso para atender el planteo si el giro se concretaba.

A continuación, el diputado Ramiro Gutiérrez planteó desde Unión por la Patria la necesidad de hacer modificaciones, tras aclarar que estaban de acuerdo con el incremento de los montos que planteaba el proyecto original.

Se refirió al consenso alcanzado en el dictamen anterior en lo que respecta al incremento de los montos para acceder a la punibilidad en lo que son delitos tributarios: “Eso nos parece correcto, pero reservo la opinión en cuanto a la cuantificación si es por monto fijo o categoría, lo vamos a resolver en la reunión de la tarde”.

El diputado de UP se refirió a dos cuestiones, por un lado, al artículo 12 que incorpora “un artículo sin número con posterioridad al 16. Se excluye expresamente el sistema de aplicación de la extinción de la acción penal del artículo 59 inc. C del Código Penal para los delitos del Régimen Penal Tributario recordando que en el 16 se estableció una forma cancelatoria de pago total e incondicional estableciendo los incisos sobre los cuales se va a aplicar esa nueva forma”.

“Entendemos correcto el espíritu que se pueda pagar e integrar con una multa del 50% para quien manifiesta esa voluntad de ponerse a derecho con el fisco, pero excluir del resto de delitos tributarios y de la seguridad social la forma de conciliación y mediación como extinción de la acción penal me parece incorrecto, hay que guardarla para el resto de los delitos no contemplados por la ley”, planteó.

En esa línea, informó: “Nosotros tenemos una fórmula de un artículo que corregiría esta omisión y lo vamos a proponer a la mesa para que se incorpore ‘la extinción de la acción penal regulada en el artículo 59 inc.6 del Código Penal no resultará de aplicación en los delitos mencionados en el artículo 16 de la presente’”.

La restante sugerencia recayó sobre otro artículo sin número contiguo al 16 que “en este caso está previsto en el artículo 13 donde hay una redacción que para nosotros es desafortunada porque dice ‘no proseguirá’ que es una cuestión procesal, complejo, estamos invadiendo facultades de las provincias y se crea un instituto que no existe y le damos la posibilidad al fiscal de no perseguibilidad de acción, es decir, puede archivar, desestimar, pero no existe hoy. La forma que podemos salvar el problema es crear la causal de extinción de la acción penal para estos casos”.

“A la tarde vamos a resolver la variabilidad o no del monto o el esquema, estamos de acuerdo en actualizar los montos. Vamos a integrar una posible de bloque para tener un dictamen propio o acompañar las propuestas”, cerró a modo aclaratorio.

Tras ello, Germán Martínez adelantó que más allá de las sugerencias formuladas, su bloque presentaría un dictamen propio.

Siendo la primera reunión oficial del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo ratificó a la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado en la presidencia de la Comisión de Legislación Penal. El plan de La Libertad Avanza continúa este martes con una reunión informativa a las 10 y el plenario de las 15 para pasar a la firma el proyecto de ley de Inocencia Fiscal.

Con relación a la designación de autoridades, el bloque de Unión por la Patria hizo hizo uso de la reserva de la vicepresidencia primera y la secretaría segunda. El anuncio fue presentado por el jefe de bancada, Germán Martínez, quien adelantó que va a pedir ampliación de giro de comisiones en rigor del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. Finalmente, el diputado del Pro Martín Yeza fue designado en la Secretaría 1°; y la diputada libertaria Alida Ferreyra quedó en la Secretaría 3°. Los días de reunión quedaron establecidos para los martes a las 15.

Después de haber facultado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en rigor de la designación y conformación de las comisiones en la sesión preparatoria, Legislación Penal quedó con 12 integrantes de La Libertad Avanza; 11 de Unión por la Patria; 3 de Provincias Unidas (los únicos que aún no fueron presentados); Yeza y Cristian Ritondo del Pro; Guillermo Agüero de la Unión Cívica Radical; Yolanda Vega de Innovación Federal; y Myriam Bregman del Frente de Izquierda.

Termina la reunión constitutiva, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, protagonizó un video donde presentó a los vocales de La Libertad Avanza como "leones", musicalizado con "Vangelis" melodía utilizada como cortina musical del recordado programa deportivo "Fútbol de Primera"

🦅 Acá están estos son los leones de la Comisión legislación penal: Sabrina Ajmechet, Lisandro Almirón, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Cecilia Ibáñez, Álvaro Martínez, Guillermo Montenegro, Manuel Quintar, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Luis Petri.@JMilei pic.twitter.com/YLSyKTPUwx

— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) December 15, 2025

La ratificación de Rodríguez Machado

La propuesta de La Libertad Avanza fue elevada por el santafesino Alejandro Bongiovanni, quien sostuvo que la diputada cordobesa logró devolver a la Comisión de Legislación Penal “el orden, previsibilidad y resultados”. Luego, agregó que “logró construir consensos sin renunciar a una agenda clara” y recordó bajo su conducción que se lograron aprobar la ampliación de los Registros de Datos Genéticos, Juicio en Ausencia, la Ley Antimafias, la prórroga del Registro de Armas, Reincidencia y Reiterancia.

La Comisión de Legislación Penal quedó conformada para abocarse al proyecto de ley de Inocencia Fiscal, el cual establece cambios en el Régimen Penal Tributario: se van a modificar los umbrales por los que el Estado consideraba evasión y se elevará el monto a 100 millones de pesos. Actualmente, la norma está fijada a partir del millón y medio de pesos.

En el tercer día desde que inició el período de sesiones extraordinarias, fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La idea primordial de La Libertad Avanza es obtener los dictámenes y llegar al recinto el próximo miércoles 17 de diciembre, a más tardar el jueves 18.

Con el fin de avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2026, la comisión homónima será constituida este lunes 15 de diciembre a las 17. Bertie Benegas Lynch será ratificado como presidente y se prevé que el martes sea el encuentro donde pasarán a la firma el dictamen de la “ley de leyes” para el ejercicio fiscal del siguiente año.

Una hora antes, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado -formalmente dentro del bloque oficialista- será designada nuevamente presidenta de la Comisión de Legislación Penal el lunes a las 16. El martes, también, se volverán a reunir en plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el proyecto de ley de inocencia fiscal.

En el plan inicial de extraordinarias estaba la idea de tratar también el proyecto de ley de “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, el cual ingresó el pasado 15 de septiembre junto al Presupuesto 2026. Por lo tanto, la Comisión de Legislación Penal se abocará al “principio de inocencia fiscal”, texto que propone elevar a 100 millones de pesos el monto considerado como evasión dentro del Régimen Penal Tributario (actualmente está fijado en 1.5 millones).

El Gobierno busca tener Presupuesto tras dos años de prórroga

Si bien la oposición, previo emplazamiento, motivó al oficialismo a que dictamine el proyecto de ley de Presupuesto 2026 el pasado 4 de noviembre, el despacho perdió estado parlamentario por no haberse llevado al recinto dentro de los plazos del período ordinario. De todos modos, La Libertad Avanza solo deberá repetir el pase a la firma y la iniciativa estará lista para ser llevada a una sesión extraordinaria.

Así las cosas, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría con el aval del Pro, el radicalismo. Liga del Interior -varios firmantes hoy están dentro de La Libertad Avanza- Innovación Federal (Misiones y Salta) y Producción y Trabajo (San Juan). En aquella ocasión hubo cuatro despachos: el oficialista, el de Encuentro Federal y los de rechazo del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.

La propuesta del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 durante sus dos primeros años a cargo del Poder Ejecutivo. La última vez que la Cámara de Diputados debatió la Ley de Presupuesto en el recinto fue el 26 de octubre del 2022. Es decir, hace más de 1100 días.

El discurso de Javier Milei por cadena nacional despertó los previsibles apoyos en el oficialismo y aliados. Martín Menem lo calificó de “impecable”, Patricia Bullrich habló de “fortalecer el cambio” y Federico Sturzenegger lo consideró “extraordinario”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó de “impecable” el discurso del presidente Milei. “Con la verdad como bandera y sin ceder un centímetro, ratificó el camino que la Argentina necesita y a lo que nos enfrentamos. Ahora tenemos la obligación de pintar de violeta cada rincón del país y, desde el Congreso, defenderlo con la misma firmeza”, enfatizó.

“Clarísimas las palabras del presidente Milei”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que agregó: “Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto aunque requiera paciencia, o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno y destruir todo el esfuerzo de los argentinos”.

Para el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, fue “extraordinario” el discurso del presidente. “Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”, señaló.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, resaltó las dos medidas anunciadas por el presidente “para amurallar el déficit cero. ¡VLLC!”, en tanto que la diputada del Pro Sabrina Ajmechet expresó que “durante los últimos meses el Congreso se dedicó a querer voltear al presidente y su plan económico. Al club del déficit y la inflación, Javier Milei les respondió con un compromiso: NO VAMOS A VOLVER AL PASADO”.

El legislador provincial bonaerense Agustín Romo consideró al discurso presidencial como “un sueño hecho realidad. Toda mi vida quise escuchar al Presidente de mi país decir estas cosas. Gracias, Presidente. Eternamente agradecido”.

Desde el Pro, Gerardo Milman señaló que en la cadena nacional vio a “un presidente que habló de frente, sin especulación electoral, ratificando que no existen las soluciones mágicas. Plantea un cambio profundo, ordenar las cuentas, vivir con lo que tenemos y dejar de hipotecar el futuro de nuestros hijos”.

Agregó que “no podemos tomar más atajos y seguir chocando. Como dijo el presidente, van a hacer cualquier cosa para recuperar el poder, pero no lo van a lograr. No vamos a regresar al pasado ni a repetir el sendero de la decadencia que tanto daño nos hizo. Esta vez, el rumbo es hacia adelante”. Y cerró diciéndole a Milei: “Cuenta conmigo para acompañar y dar las peleas que sean necesarias en el Congreso”.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores oficialistas,  Ezequiel Atauche, consideró que el presidente Javier Milei “fue claro y contundente en cadena nacional: vamos por el camino correcto. Las medidas anunciadas sostendrán el equilibrio fiscal, eliminarán la inflación y sanearán nuestra economía de raíz”.

A su vez, el secretario de Turismo Daniel Scioli expresó su “respaldo con firmeza” al mensaje presidencial, destacando sus puntos principales: “Terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal.  El rumbo claro y valiente que necesita Argentina para volver a prosperar”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se expresó de esta forma: “Inédito. Un presidente honesto. Que aún si le fuera inconveniente electoralmente sostiene una verdad que solo un pueblo maduro puede comprender y aceptar. El déficit nos hundiría en el pasado, el cambio es nuestra oportunidad. No es fácil pero es el único camino. Lo que no funciona ya está más que probado”.

A su vez, el presidente del bloque Pro y muy cercano hoy a La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, dijo que “hay dos modelos de país: el de la pobreza y la inflación vs el de la libertad, la prosperidad y el futuro. Como dijo el Presidente, no hay terceras vías en esta encrucijada”.

“Hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control. Por el bien de los argentinos, desde el Congreso no lo vamos a permitir”, agregó Ritondo.

Por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado posteó: “Bien lo dijo el presidente Javier Milei. El rumbo está claro y no hay lugar para medias tintas. En el Congreso se define si seguimos apostando a un cambio profundo, serio y sostenido, que requiere esfuerzo, compromiso y tiempo para dar resultados”.

El presidente de Liga del Interior, Pablo Cervi, dijo a su vez que “los argentinos votamos y elegimos este camino para frenar la inflación y poner un límite al kirchnerismo y a sus desastres. Con mucho esfuerzo, empezamos a recuperar la estabilidad y es fundamental sostener lo conseguido. El déficit fiscal destruye la economía, genera inflación y nos condena al estancamiento. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa historia y construir un país con equilibrio, trabajo y futuro. Vamos a dar la pelea en el Congreso, como venimos haciendo, para defender estas transformaciones y que no vuelva el modelo que nos hundió”.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles la modificación de los artículos 166 y 277 del Código Penal que establece una elevación en las penas mínimas a un año para hurto y de dos para robos en casos de sustracción en autos y motos. Actualmente, la pena mínima es de un mes de prisión efectiva.

El texto despachado contempla como eje al proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en complemento con los presentados por la bullrichista Patricia Vasquez, al de María Sotolano del Pro, al de María Cecilia Ibáñez del MID, el de Juan Brügge, uno de Miguel Pichetto, de La Libertad Avanza y otro de Carolina Píparo.

El dictamen alcanzó las 16 firmas plasmadas por Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión; Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Píparo, Guillermo Montenegro y Álvaro Martínez de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Álvaro González y Gerardo Milman del Pro; Brügge y Esteban Paulón de Encuentro Federal; Soledad Carrizo y Pamela Verasay del radicalismo; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Yamila Ruíz de Innovación Federal; y José Tournier de Liga del Interior.

Los integrantes de Unión por la Patria estuvieron solo cinco minutos en la Sala 7 del Anexo y se retiraron en rechazo al debate en medio de la sentencia del máximo tribunal de justicia contra Cristina Kirchner. Antes de irse, el diputado rionegrino Martín Soria señaló que “la Corte más degradada de la Argentina ratifica el fallo de un juez que rompió un fallo procesal a pedido de canales de televisión”.

Por otro lado, el ministro de Justicia del gobierno del Frente de Todos anticipó que van a presentar un dictamen de rechazo al debate en cuestión y catalogó que “tratar proyectos de marketing punitivistas nos parece verdaderamente insólito”. Segundos antes, había cuestionado que “la calle totalmente militarizada y cada vez más gente fuera de las vallas que ya no son solo los jubilados y los estudiantes, porque están los médicos del Garrahan”.

El texto dictaminado plantea un incremento en las penas por robo de autos y motos, especialmente si se usan inhibidores, llaves clonadas o vehículos para facilitar el escape; los delitos cometidos por “motochorros” se agravan cuando se utiliza la moto para robar o huir; asevera las sanciones si se afecta un servicio público como la luz o el agua por medio del robo de cables, caños y metales; también contempla penas a quienes compren, vendan o almacenen celulares, cobre o repuestos robados; y agrava las penas por circulación en moto robada o sin documentación que acredite su posesión legal.

No se puede parar el Congreso de la Nación por alquien que fue presa por corrupción. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/p4X34fK9er

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2025

El debate 

El encuentro fue breve (duró 22 minutos), pero los diputados impulsores del tema tomaron la palabra en la reunión. El primero fue Juan Brügge, quien explicó que “equilibramos las penas mínimas de hurto y robo simple de un mes a un año y dos años”, respectivamente. Asimismo, cuestionó al actual Código Penal Nacional: “Tiene una desactualización muy grande con penas de un mes como mínimo”.

En rechazo a la postura del kirchnerismo, Marcela Campagnoli afirmó que “es saludable dar este debate” y se refirió a la ratificación de la Corte Suprema a la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de la Nación: “No es revancha ni venganza, es justicia”.

Asimismo, señaló que “no es cierto que han sido jueces macristas”, y agregó que “la Comisión de Acuerdos del Senado siempre estuvo presidida por el PJ y los pliegos de los jueces fueron aprobados por el Senado donde siempre hubo mayoría peronista”.

Después, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez del Movimiento de Integración y Desarrollo indicó que “el 90% de los que sufrieron un robo, no volvieron a tener una vida igual”, y recordó un hecho de robo en 2015 de una mujer que falleció arrastrada por un motochorro. “En Córdoba nos pedían el incremento de las penas por el aumento de robos con esta modalidad”, aseveró.

En el final del encuentro, diputados cercanos a Patricia Bullrich ratificaron su aval al proyecto: primero, Patricia Vásquez afirmó que “los motochorros salen a matar” y que “aumentar las penas no es la única solución, pero es un paso indispensable”; y cerró Gerardo Milman, quien relató que “en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estos delitos suceden por minuto y representan el 54,9%”.

A más de dos meses del envío del proyecto de ley por parte del Gobierno nacional, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dará el puntapié inicial al debate por el régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, más conocido como la ley antibarras.

El encuentro está convocado para las 15.30 de este martes 3 de junio en la sala 7 del Anexo del Palacio Legislativo. También será puesto a consideración un proyecto que modifica el Régimen Electoral presentado por Democracia para Siempre.

Respecto a la reunión informativa, asistirán al tratamiento el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto; el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; y el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de FIFA, Andrés Paton Urich.

La reunión estará encabezada por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, quien, a pocos días del anuncio del Poder Ejecutivo Nacional, acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, en Córdoba para explicar lineamientos de la iniciativa ante dirigentes deportivos.

Los puntos principales del proyecto

En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.

También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.

Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.

Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.

La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.

Luego de semanas de postergación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.

El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.

El despacho final contó con la adhesión de 77 firmas.

En primera instancia, la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, puso a consideración de los presentes la moción para que el tucumano Mariano Campero sea elegido como vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal. Luego, el órgano legislativo aprobó la declaración de interés del III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en abril en Mar del Plata, impulsado por la catamarqueña Fernanda Ávila.

Una vez que el plenario comenzó, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, destacó los consensos logrados y explicó que en el dictamen se eliminó la figura de los “inimputables”; y se bajó la pena máxima de 20 a 15 años. Cerró que el proyecto de ley tiene “una misión que es resocializadora, educativa y de contención”.

Las penas privativas de la libertad serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.

Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo al proyecto dictaminado. Mientras que en Encuentro Federal presentó su propio dictamen en disidencia con el aval de Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.

La modificación del Régimen Penal Juvenil, que entre otras cosas baja la edad de imputabilidad a 14 años, alcanzó un dictamen de mayoría en comisiones. pic.twitter.com/r6beEiIE3b

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 6, 2025

El debate

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió -al igual que muchos de los presentes- que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.

En el cierre de su intervención, confirmó su apoyo al despacho (en disidencia) y exigió que “ningún juez aplique ninguna medida privativa de la libertad hasta no tener los institutos adecuados en condiciones de tener menores de edad”.

Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, cargó que “no hay basamento científico en los datos que se dieron” durante las reuniones informativos y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.

Luego, dejó en claro que la “edad mínima no es la que propuso el gobierno”, destacó el consenso con los demás bloques para fijar en 14 años porque consideró que es la “edad razonable para intervención del sistema penal”. También, lanzó críticas contra la ministra de Seguridad: “Este dictamen rechaza ese slogan mentiroso de que al ‘delito de adulto le corresponde pena de adulto’”. “Eso ha sido repudiado y es una barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, sumó.

Por último, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.

En contra de este proyecto, estuvieron el diputado nacional Christian Castillo, quien señaló que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.

Luego, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y manifestó: “Entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.

También, la diputada nacional Mónica Macha de Unión por la Patria llamó al texto como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares”. Luego afirmó que es “un proyecto nefasto que atrasa”. También develaron su oposición al proyecto en cuestión Victoria Tolosa Paz, Matías Molle, Natalia Zaracho, Brenda Vargas Matyi y Varinia Lis Marín.

El dictamen

La modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

Tal como lo expresó Marcela Campagnoli en el debate, la persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil.

Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.

Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.

Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, secundada por el jefe de bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni, presentó el anunciado proyecto de ley antibarras por el cual se buscará tipificar a las “barras bravas” dentro de la figura de asociación ilícita deportiva.

Si bien el proyecto ya ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, esta presentación se dio en un marco de reuniones con dirigentes de los clubes de la provincia de Córdoba y agentes de las fuerzas de seguridad.

También, estuvo la titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, quien en los próximos días convocará al inicio del debate de la iniciativa. Además, acompañaron Andrés Fassi, presidente de Talleres; Alejandro Moyano, vicepresidente de Belgrano; y autoridades de Racing © e Instituto.

Respecto al texto, la funcionaria destacó que “nosotros hasta ahora teníamos una ley que abordaba los momentos violentos, y gracias a eso tenemos muchas menos muertes que hace 20 años”. Y siguió: “Hoy vemos los estadios llenos de jóvenes, chicos que van con sus papás, amigos que disfrutan del fútbol juntos. La seguridad tiene que aumentar porque los clubes están jugando a estadio lleno, y nosotros queremos distinguir entre los hinchas pacíficos y los delincuentes organizados”.

A su vez, el jefe de bloque oficialista en la Cámara baja expresó que “este proyecto es un paso esencial para terminar con el accionar violento y criminal de las barras bravas, tanto dentro como fuera de los estadios. Es fundamental que todos, desde los clubes hasta las fuerzas de seguridad, trabajemos juntos para asegurar que el fútbol vuelva a ser un espacio seguro para todos los hinchas”.

Por su parte, Rodríguez Machado enfatizó que “esta iniciativa ofrece un enfoque integral”, y agregó que “no solo queremos castigar a los violentos, sino prevenir que estas organizaciones sigan operando. Con el compromiso de los clubes y las fuerzas de seguridad, vamos a devolver la tranquilidad a los estadios y a las familias que asisten a los partidos”.

 

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma este martes cinco proyectos relacionados a acuerdos internacionales sobre tratados de extradición. Todos los textos contaban con el despacho de Relaciones Exteriores y Culto.

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la comisión, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien recordó la reunión plenaria de este miércoles a las 10 para debatir sobre el proyecto de baja en la edad de imputabilidad, en la previa a la sesión especial solicitada por la oposición dialoguista para tratar los textos del cripto escándalo.

En el final de esta reunión, el diputado rionegrino Martín Soria informó que desde Unión por la Patria volvían a sugerir a Rodolfo Tailhade como secretario de la comisión. La moción no presentó objeciones y fue aprobada por unanimidad.

El primero de los proyectos dictaminados este martes fue el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago el 5 de diciembre de 2023. Ambas naciones se obligan a entregar recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios, que sean requeridas por las autoridades competentes para ser sometidas a un proceso penal, para ser juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de la libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.

Con el mismo sentido, se aprobaron los tratados de extradición con la República Italiana, la República de Polonia, con la República de Serbia y Costa Rica. Las cinco iniciativas aprobadas tienen suscripción entre 2017 y 2019.

La diputada del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo que “hoy el presidente Javier Milei nos dejó un mensaje claro sobre el futuro de nuestra Argentina. Como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, celebro que las leyes de reincidencia, reiterancia y antimafia sean ya una realidad. Estas leyes terminan con la puerta giratoria en el sistema judicial y aseguran que los delincuentes no queden impunes, reafirmando que el orden público y la paz social deben ser la regla, no la excepción”.

“El presidente también destacó los avances en seguridad: con los homicidios más bajos de los últimos 25 años y la drástica reducción de crímenes en Rosario. Estas políticas están dando frutos, pero debemos recordar que ser tolerante con la delincuencia es castigar a las personas de bien. Agradezco al presidente y a la ministra Bullrich por devolvernos la paz”, agregó la legisladora, que consideró “un tema clave” el de la baja de edad de imputabilidad: “Es fundamental bajar la edad de imputabilidad para que aquellos que cometen crímenes graves, independientemente de su edad, enfrenten las consecuencias de sus actos”.

Para el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, “es positivo que el presidente celebre la reducción del déficit y la baja de la inflación, porque ordenar las cuentas después de la herencia K era un paso necesario para la estabilidad del país. Sin embargo, aún no explicó cómo esos logros se traducirán en mejoras concretas para los jubilados, los docentes universitarios y la gente de a pie. Los números pueden mejorar, pero, si el alivio no llega al bolsillo, la realidad sigue siendo la misma”.

Para el diputado cordobés, el presidente “tampoco dio explicaciones sobre la estafa de las criptomonedas. Los argentinos esperan respuestas y que el país recupere credibilidad. Este era el momento para aclarar por qué quedó involucrado en ese escándalo, pero eligió el silencio”.

“Tampoco se refirió al Presupuesto, que prorrogó por segunda vez sin permitir que este Congreso lo debata. Gobernar sin presupuesto aprobado es una forma de esquivar el control del Poder Legislativo y evitar dar explicaciones”, apuntó Agost, que aclaró que coincidía en que la Justicia debe funcionar bien, “pero es responsabilidad del Presidente buscar consensos para nombrar a los jueces de la Corte. Y, en lugar de hacerlo, eligió el atajo de romper las reglas y forzar los nombramientos por decreto”.

Cuestionó también que no presentara “ninguna propuesta concreta para atender demandas sociales urgentes, como garantizar un presupuesto adecuado y actualizado para las universidades o recuperar los haberes jubilatorios. Tampoco habló de proyectos que favorezcan el desarrollo, al sector productivo y energético. Su discurso fue una puesta en escena, un show para sus aplaudidores, con más gestos que soluciones. Apenas se refirió a un posible acuerdo con el FMI, pero sin dar detalles de su impacto en la economía real”.

Un honor que el Presidente @JMilei haya tenido el gesto de regalarme su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias 2025. Oficialmente dio inicio a otro gran año para las ideas de la libertad. ¡Vamos por más! VLLC 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/FgT9FcBaHh

— José Luis Espert (@jlespert) March 2, 2025

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño opinó que “fue un discurso deslucido, con un recinto semivacío porque gran parte de la oposición le hemos dado la espalda. Nosotros dejamos nuestros carteles señalando que Milei es un estafador, que despide miles de trabajadores, reprime a los jubilados y a todos los sectores que salen a enfrentar a esta motosierra que no fue contra la casta política sino contra el pueblo trabajador”.

Consideró que “no habló de lo que habla el mundo y es que el presidente protagonizó una estafa con $LIBRA. Al mismo tiempo, su gobierno también es una estafa política por eso muchos han salido a las calles a hacer cacerolazos y repudiarlo. Esta apertura contó además con algo inédito que es la censura a los periodistas que no pudieron trabajar y realizar sus tareas. Tampoco los reporteros gráficos”.

Como respuesta a la crítica que Milei le hizo al Senado, Martín Lousteau advirtió que “demoraron 15 meses en enviar los pliegos del 40% de la justicia, pero acusan al Senado de haber demorado 6 meses en el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema”.

Palabras de @JMilei
Con o sin la oposición el cambio que votaron los argentinos va a seguir. #ElMejorPresidenteDeLaHistoria
La Libertad, Avanza. pic.twitter.com/Y7iguQCRdB

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) March 2, 2025

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, expresó: “El presidente no dijo nada distinto de lo que viene diciendo. Fue un discurso insustancial y anodino. Lo único relevante es el anuncio del acuerdo con el FMI,  algo que era obvio que iba a decir, y de cómo va a acomodar la cuenta en el Banco Central. Sigue con un discurso violento y subido de tono que no es acorde al marco institucional. Un  tono electoral y de campaña”. Y cerró: “Se destaca las omisiones de Libra, Lijo, Presupuesto y casi nada de educación”.

La radical cordobesa Soledad Carrizo se refirió por su parte a la frase presidencial respecto de que “la motosierra no parará hasta encontrar el final del Estado”. Dijo al respecto que “las promesas mesiánicas no son el camino. Las verdaderas reformas y cambios que Argentina necesita  reclaman instituciones fuertes, y un compromiso con la participación ciudadana, y no solo titulares para los medios”. Y agregó: “Hoy no hemos escuchado propuestas para lograr estos cambios. No tuvo eufemismos en promover la intervención en el poder judicial. Redujo la obra pública a un mero negociado político cuando sabemos que es in motor fundamental de la economía real”.

“Todas sus proyecciones son dudosas si omite la necesidad de  aprobación del prepuesto nacional para este año”, agregó, y cerró: “Desde la UCR ratificamos nuestro compromiso con el diálogo, con el consenso, y con la búsqueda herramientas para un estado eficiente, pero no trabajaremos para su eliminación”.

A raíz del brutal caso de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en la ciudad de La Plata, distintas voces del oficialismo -con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza- salieron a reclamar por la pronta sanción de un nuevo régimen penal juvenil.

El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo se debatió a lo largo del año pasado en la Cámara de Diputados, pero no recibió dictamen de comisiones, por lo tanto no llegó al recinto, a diferencia de otras iniciativas de seguridad impulsadas desde el Gobierno.

Este jueves, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal -cabecera del tratamiento-, aseguró que el proyecto ingresado el 15 de julio de 2024 "tiene como objetivo primordial poner fin a la impunidad en los delitos cometidos por jóvenes y garantizar que el que las hace, las paga”.

“No puede haber impunidad. No importa la edad del delincuente, lo que importa es que la justicia actúe con firmeza y proteja a las víctimas”, subrayó la legisladora bullrichista. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, que fue establecida por decreto-ley en 1980 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y adecuarla a las necesidades de la sociedad actual, donde cada vez más jóvenes se ven involucrados en hechos delictivos graves.

Rodríguez Machado señaló que "recientemente, hemos sido testigos de crímenes que han conmocionado al país, como el brutal asesinato de Kim Pérez en La Plata, donde un menor de edad fue el autor del hecho. Otros casos recientes de jóvenes implicados en delitos violentos también han reforzado la urgencia de este nuevo régimen, que no puede seguir postergándose. Estos hechos han dejado claro que no hay lugar para la impunidad y que la justicia debe actuar de manera rápida, decidida y contundente. No hay excusas ni justificación: el crimen debe ser castigado sin importar quién lo comete".

El régimen penal juvenil no sólo propone penas de prisión, sino también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras. Para los casos más graves, las penas de prisión tendrán modalidades atenuadas, como el cumplimiento en institutos abiertos o domiciliarios, "pero siempre bajo el principio de 'el que las hace, las paga'; esta es una justicia equilibrada, que da una oportunidad para la resocialización, pero no olvida el daño causado a las víctimas", apuntó la diputada.

Este régimen se apoya en un sistema de resocialización que incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se creará la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Pero todo esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido. "El castigo y la rehabilitación son dos caras de una misma moneda: la justicia debe ser completa", agregó la cordobesa.

“No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro, el que comete un delito debe pagar por ello”, insistió la legisladora, haciendo hincapié en que "la protección a la ciudadanía es un derecho irrenunciable".

El proyecto fue debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En total, 113 diputados forman parte del debate, lo que representa el 43% del total de la Cámara baja. Hasta la fecha se han realizado 7 reuniones de plenario, donde se escucharon las posturas de 26 expertos en la materia, quienes aportaron análisis clave para el desarrollo del proyecto. "Es un proyecto robusto, que se ha nutrido de la opinión de quienes más saben sobre la problemática, y está preparado para afrontar la realidad de una sociedad que ya no puede esperar más", aseguró la presidenta de Legislación Penal.

Cada comisión cuenta con un número mínimo de diputados para alcanzar el dictamen de mayoría. Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia cuentan con 31 miembros cada una, requiriendo 16 diputados para aprobar el dictamen. Por su parte, Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes y requiere 25 diputados. En total, se necesitan 73 diputados entre todas las comisiones para que el proyecto avance hacia el tratamiento legislativo en la Cámara.

Según anticipó Rodríguez Machado, en la apertura de sesiones por parte del presidente Javier Milei "se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025, reafirmando que el debate ha sido amplio y plural, y estamos listos para avanzar en la aprobación de un régimen que pondrá fin a la impunidad”. "La mirada firme del Gobierno, y en particular de esta Cámara, es clara: la justicia es para todos, sin excepciones", sostuvo.

Finalmente, dijo que "este régimen penal juvenil es esencial para modernizar la justicia en Argentina, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y enviar un mensaje inequívoco: en nuestro país, el que comete un delito lo paga. La justicia es un compromiso con la sociedad y con las víctimas, y este proyecto es un paso decisivo en la dirección correcta. No más tolerancia con la impunidad".

Los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron este lunes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que reforme el Código Penal e incremente las penas contra quienes intencionalmente provoquen incendios.

La propuesta es una iniciativa del presidente Javier Milei y será incluida en las sesiones extraordinarias que llevará adelante el Poder Legislativo. Incluye, además del aumento de las condenas, el carácter de delito excarcelable y crea agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas.

También cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.

Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años.

De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.

Cabe consignar que el año pasado impulsaron los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Gabriel Bornoroni (LLA), ambos de la provincia de Córdoba, en ocasión de los graves incendios registrados en esa provincia. Esa iniciativa presentada el 27 de septiembre del año pasado, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación, sobre incremento de penas para quienes inician incendios intencionales.

Ese proyecto tuvo dictamen, pero luego no avanzó hacia el recinto.

En el transcurso de una maratónica sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto que modifica los códigos en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. El proyecto fue aprobado con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

A pedido del formoseño Fernando Carbajal (DPS) se procedió a votar primero reincidencia y luego reiterancia. Así, los artículos 1 y 2 resultaron afirmativos con 138 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado, afirmó que se aceptaron modificaciones sugeridas por el bloque de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y de Álvaro González (Pro) para que la reiterancia sea una situación de valoración por parte de los jueces. La diputada del Pro procedió a leer la redacción completa de los artículos 3 y 7.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 17 del Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019) por el siguiente: ‘Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación. En la evaluación sobre la existencia de los peligros procesales mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. A los fines de la determinación de la reiterancia, se considerará imputada a la persona que haya sido convocada para la formalización de la investigación preparatoria en los términos del artículo 254 del presente Código, o acto procesal equivalente, en caso de regir otra norma procesal.  Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad, conforme a las reglas de este Código”.

Inmediatamente, desde el bloque de Unión por la Patria se quejaron por la modificación “abrupta”. Fue el diputado José Glinski quien chicaneó: “Estamos votando otra ley entonces ¿o me equivoco? Porque cambio sustancialmente el contenido de la norma. Lo modificaron en el aire, obvio que voy a votar en contra”. Al reclamo se sumó el jefe del espacio, Germán Martínez, quien le pidió a la miembro informante que explique el contenido del cambio: “Vendría muy bien en virtud del gran trabajo que hizo”.

Tras la explicación de Rodríguez Machado, la votación del artículo 3 resultó afirmativa con 134 votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones. En tanto los artículos 4, 5 y 6 la votación también fue afirmativa y se realizó a mano alzada.

En el artículo 7 se modificaron los tres primeros párrafos: “Art. 7º – Sustitúyese el artículo 280 del Código Procesal Penal, establecido por ley 23.984, por el siguiente: ‘Artículo 280: Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación. En la evaluación sobre la existencia de los peligros procesales mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. A los fines de la determinación de la reiterancia, se considerará a la persona imputada desde el primer llamado con el objeto de recibirle declaración indagatoria, o acto procesal equivalente, en caso de regir otra norma procesal. Las medidas restrictivas de la libertad deberán adoptarse de acuerdo con las disposiciones de este Código y en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que estos firmarán, si fueren capaces, en la que se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el juez que intervendrá. En su evaluación, el juez competente deberá considerar las siguientes circunstancias:’

Por último, dicho artículo resultó afirmativo junto con el 8, el 9 y el 10 con votación a mano alzada.

REITERANCIA: EL FIN DE LA PUERTA GIRATORIA

El asesino de Lucas Aguilar, el repartidor de Rappi que fue asesinado en Moreno, tenía 9 antecedentes penales y estaba libre. Con esta ley, hubiese estado preso.

El mandato social es claro y esperamos que los Senadores tomen…

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 7, 2025

¿Qué dice el proyecto?

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

El debate en el recinto

En su carácter de titular de la Comisión de Legislación General y como miembro informante por el dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó que se modifica el concepto legal a partir de una sanción “va a tener nuestro ordenamiento penal argentino”. “Le vamos a dar media sanción a lo que la gente ha llamado ‘la puerta giratoria’. ¿Cuántas veces vimos testimonios que han dicho ‘para qué voy a denunciar si entran por una puerta y salen por la otra’?”.

“¿Por qué existe esa puerta giratoria en la argentina que pasan esas cosas y los argentinos vivimos con esa sensación de que es más seguro callarse que acudir a la justicia?”, planteó. Así, explicó que en el proyecto está la figura de la reincidencia que es un concepto legal y, actualmente, para que un delincuente sea considerado reincidente debe haber cumplido de manera efectiva una pena de prisión. “Cuando sale y vuelve a cometer un delito se lo considera reincidente”, aclaró.

La diputada del Pro explicó que cuando es reincidente: “Pierde unos beneficios legales que existen en el derecho penal argentino como la excarcelación, la libertad condicional”, y precisó: “Como mucho de los delitos no tienen pena de cárcel inmediata como ejemplo un hurto no va detenido, es decir nunca termina cumpliendo esa pena efectiva de prisión que es la que requiere esta figura de reincidencia”.

La cordobesa expresó: “Hoy con este cambio en la legislación penal argentina que propone una modificación del artículo 50 y 58 en el Código Penal para que un delincuente sea considerado reincidente, es decir no tener estos beneficios que tienen algunos, debe haber sido condenado en dos o más delitos solamente debe tener condena firme, no hace falta haber sido encarcelado. Esa persona no va a entrar y salir por la misma puerta. Se termina la puerta giratoria si se aprueba esto”.

En relación con las penas, explicó: “Cuando una persona comete muchos delitos, no hay un criterio legal único para determinar cuál es la pena total que sufre esa persona.  El juez define un mix de penas o se le resta daño. Eso tampoco va a pasar más cuando una persona comete un delito la pena final va a ser la sumatoria de todos esos delitos que cometió”.

“La reiterancia es más bien una cuestión procesal que en este proyecto nosotros proponemos la modificación a los códigos procesales nacionales las Leyes 23.984 y 27.063 para que un juez dicte prisión preventiva a un posible autor de algún delito necesita dos supuestos, uno de ellos la posibilidad de fuga y el otro supuesto que se requiere es la posibilidad de entorpecimiento de la causa”, explicó Rodríguez Machado y sumó: “En este caso el juez tiene que valorar estas dos circunstancias para ver o no si dicta la presión preventiva”

Así, aclaró que agregaron en el dictamen de mayoría un tercer supuesto que el juez debe valorar: “Que esta persona haya tenido varias imputaciones previas y que, de alguna manera, eso tiene que ser valorado en la sentencia del juez para determinar o no el dictado una presión preventiva”.

“Los jueces van a tener que hacerse cargo. Basta de delincuentes sueltos en las calles de Argentina. Con esta modificación lo que vamos a lograr es evitar y eliminar la famosa puerta giratoria que tanto temen los argentinos. Es justicia, es terminar con la impunidad, es necesidad, es honor para los ciudadanos argentinos que trabajan y es la verdad que todo el peso de la justicia para los que delinquen”, remató.

A continuación, fue el turno del rionegrino Martín Soria (UP) quien anticipó el rechazo de su bloque porque “la intención del Gobierno no supera el mínimo test de constitucionalidad. Posición que comparten la mayoría de los bloques”.

“El dictamen del oficialismo busca lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo pueda encarcelar cautelarmente ciudadanos completamente inocentes. El eje central del proyecto es sustituir la presunción de inocencia de todos los habitantes por la presunción que tenga algún juez federal sobre alguna persona. Harán futurología penal de los jueces de la Nación Argentina, una categoría inédita”, apuntó.

Soria chicaneó: “Lo que propone el Ejecutivo es nuevo, es más peligroso”, y alertó: “De aprobarse este texto, están demoliendo las bases mismas del Estado de derecho que rigen en la mayoría de los países civilizados como el principio de inocencia, igualdad ante la ley que protegen la libertad de las personas”.

El diputado opositor sostuvo que para detener a una persona “debe existir un riesgo procesal que es el peligro de fuga”, y apuntó: “Con la modificación quieren insertar el peligro de reiterancia como una nueva condición para habilitar la prisión preventiva”. Así, indicó que los argumentos del proyecto “son falsos, engañosos”.

“Lo que quieren hacer es instalar un sistema totalmente punitivo, represivo, un sistema penal primitivo. Buscan sustituir el derecho penal de acto que rige en países civilizados para instalar el derecho penal de autor. Es un retroceso atroz en materia penal. El Gobierno está sumido en un terraplanismo total”, cerró.

La radical Pamela Verasay destacó que “es un orgullo que Mendoza vuelva a aparecer como modelo y aporte desde su experiencia con políticas públicas concretas y con resultados medidos, sin relato”. “Queremos que, así como Mendoza en el año 2016 terminó con las puertas giratorias y logró mantener en prisión a los delincuentes mediante la implementación del concepto de reiterancia al código procesal penal, la Nación transite ese camino”, expresó.

“Entendemos que es una herramienta importante para los fiscales por la velocidad con la que pueden actuar frente al delincuente teniendo esta herramienta dentro del Código Penal”, planteó y cuestionó los argumentos del bloque de UP: “Se han escuchado muchas críticas sobre esta norma que la reiterancia vulnera el principio de inocencia. Esto es falso porque su objetivo principal es proteger a la sociedad de aquellos que, reiteradamente, demuestran un desprecio por la ley y ponen en peligro la seguridad de todos, mientras se sustancia el proceso”.

También desmintió que la reiterancia “es inconstitucional porque podría usarse para convertir la prisión preventiva en una pena anticipada”, y aclaró: “La reiterancia es un criterio adicional para evaluar la necesidad de una medida cautelar, no una condena en sí misma”.

Verasay contó que, en Mendoza, la implementación de la "reiterancia" terminó con la "puerta giratoria" para los delincuentes y generó una disminución de casi el 50% de los delitos contra la integridad física, incluidos los homicidios y los robos cometidos con el uso de armas de fuego. “Esta modificación va a contribuir en la calidad de vida de los argentinos”, resaltó.

“¿A quiénes molesta esta Ley? En el top de la hipocresía están los que durante años han apoyado el garantismo de Zafaroni.  Aquellos que siempre defienden a los delincuentes antes que a las víctimas. Otro, como Eduardo Belliboni, investigado por la manipulación de planes sociales para su actividad política, que dijo que la ley de reiterancia que hace años se aplica en Mendoza, es una ‘barbaridad jurídica’ y un ‘avance libertades democráticas’. Justamente él lo dice alguien, quien se hizo famoso por violar el derecho a la libre circulación que garantiza nuestra Constitución”, disparó.

La radical remató: “Cansa escuchar a los Zaffaronis o Bellibonis de la vida, rasgarse las vestiduras con discursos sobre los Derechos Humanos de delincuentes que tienen prontuarios de película. Estos ‘cultores’ del garantismo le pido que alguna vez piensen en cuidar a los que trabajan, los que estudian, los que quieren vivir en paz”.

A continuación, hizo uso de la palabra el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) quien recordó que el Gobierno decidió el año pasado dar de baja al tratamiento del Presupuesto y planteó: “Ahí se hubiesen discutido los fondos para el sistema penal y carcelario. Llamemos a la reflexión de que tendríamos que haber discutido el Presupuesto. Esta ley se podría haber tratado el año pasado”.

“Celebro que estemos sesionando con este tema para cumplir con las deudas que tenemos en el Congreso. Es el Congreso el que justamente tiene que establecer los parámetros y los lineamientos por ley y no esperar que surjan de fallos jurisprudenciales”, manifestó.

El cordobés indicó: “Estamos en un momento donde la pobreza sube, aumentan el desempleo y aumenta la delincuencia, por eso hay que legislar con mucha prudencia este tema”, y explicó: “Hoy votamos agravar la situación penal de quienes eligen delinquir como forma de vida, limitar los beneficios de reducción de pena y libertad para quienes eligen seguir delinquiendo y tomar medidas más estrictas para quienes recaen en el delito”.

“Este debate se genera en un contexto de avance del narcotráfico, el terrorismo y el delito organizado y el descontrol delictivo del país nos obliga a cuidar a los ciudadanos. El contexto en el que vivimos nos obligar a cuidar a los ciudadanos con herramientas concretas, porque la gente se levanta todos los días y tiene miedo por sí y por su familia; hay que tomar definiciones”, sostuvo.

Carreño concluyó: “Pocas cosas indignan tanto a la sociedad como las víctimas, como ver a un delincuente cometer un delito y salir ‘por la puerta giratoria’. Trabajamos mucho con nuestro bloque y todos los bloques buscando la mejor ley posible y darle a la justicia una herramienta muy importante para eliminar la ‘puerta giratoria’ y se empiece con un proceso penal que no le de vergüenza a la sociedad”.

Detrás de cada delincuente pobre hay un policía, y detrás de cada delincuente rico hay un político que lo está protegiendo. La reiterancia busca perseguir opositores y censurar la protesta como ya sucede en Mendoza. Desde el Partido Obrero lo repudiamos.https://t.co/jtlB7Ow9mU

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) February 7, 2025

En contra se expresó el formoseño Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre): “La violación de los derechos me molesta y por eso no me gusta esta ley que modifica dos aspectos muy distintos”. Sin embargo, afirmó su acompañamiento la reforma propuesta en la reincidencia que modifica el Código Penal porque “soy garantista y creo en la eficacia del poder punitivo del Estado cuando se viola la ley, pero esto hay que hacerlo respetando las garantías constitucionales. Soy garantista y me la banco y no soy zaffaroniano”.

“El tema de la reincidencia siempre prestó confusión, por eso el trabajo que hicieron es bueno porque aclara y podemos utilizar la palabra delincuente que es una persona que violó la Ley Penal cuando tiene sentencia. Previamente decir que alguien es un delincuente es una infamia”, aseguró y sumó: “El problema central de la reiterancia es que tratan a personas que están en estado de inocencia como si fueran culpables, por eso es inconstitucional”.

Carbajal planteó: “¿Saben cuál es la mayor de las contradicciones a la que está incurriendo esta Cámara? que para prohibirle a alguien ser candidato resulta que le pedimos doble conforme, ahora para meter preso a la gente basta que el comisario del pueblo te inicia una causa. Segunda instancia en el lenguaje berreta del proyecto”.

“¿Será que alguna vez podremos en este Congreso empezar a legislar en serio? Este proyecto es solamente relato, es todo mentira lo que se está diciendo es un mecanismo de apriete para los jueces para exigirle que metan preso a los sospechosos de siempre. Voy a acompañar la reincidencia, pero voy a rechazar enfáticamente la pretensión de volver a las viejas y antiguas normas restrictivas de derechos sin otra justificación que la actuación de la policía”, remató.

Por el bloque del MID se expresó la diputada María Cecilia Ibáñez quien consideró que el proyecto no viola el principio de inocencia y advirtió que las provincias deberán adherirse. “Se debe tener en cuenta la sentencia de la condena, porque tiene que estar antes de que uno considere a una persona que es el autor de un delito porque el debido proceso hace al principio de inocencia”, señaló al proponer una disidencia en la modificación del artículo 3.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la modificación de los artículos del Código Penal de la Nación vinculados al cuidado del orden público. También fueron anexados, en el despacho, un texto que eleva las penas por alteración de escenas del crimen por parte de las fuerzas de seguridad, y otro relacionado al derecho a la legitima defensa en cumplimiento del deber.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) anunció el pase a la firma del dictamen que incluye a la modificación de los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal, sobre resguardo del orden público, con la incorporación del texto de agravamiento de los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias e incorporación como nuevo tipo penal su utilización.

En representación de Unión por la Patria, Martín Soria, vicepresidente de la comisión, anunció que su bloque rechaza el dictamen de mayoría y acusó que “el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional quiere criminalizar la protesta y habilitar el gatillo fácil”. En ese punto, criticó la gestión de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado) y Patricia Bullrich (Seguridad).

En tal sentido, remarcó que el propósito del proyecto es la “persecución, represión y criminalización”, y aseveró: “Se nota mucho que la propuesta del 237 busca profundizar la represión de la protesta”. Cargó, además, que “con este proyecto se aumentan las penas de delitos a resistencia de la autoridad”.

“Aquellos ministros que la vienen pifiando desde el 2001, eran aquellos que sus propios vecinos los querían linchar”, reiteró Soria, quien también cuestionó que se busca aplicar un “in dubio pro policía” y que el texto “básicamente vuelve a insistir con la ‘doctrina chocobar’ para avalar ejecuciones extrajudiciales”.

Antes de terminar, trajo a colación del caso del hombre con brote psicótico arrollado cuatro veces por un patrullero de la policía correntina que le provocó la muerte. Para terminar, anexó: “Hubo más de 9.000 muertes en casos de violencia institucional desde 1983 hasta acá y las víctimas tienen un promedio de 14 años”.

En la misma línea, el diputado nacional Christian Castillo (FIT) cuestionó: “Están dando manos libres para el gatillo fácil, para que la autoridad criminalice a cualquiera que participe de una manifestación donde las policías ejercen su acción discrecional”, y añadió: “Las prácticas de gatillo fácil recorren a nuestro país. Ahora las Policías van a tener las manos más libres y que no pase nada. Los jóvenes de barrios populares son las principales víctimas”.

En virtud del contenido del otro proyecto incorporado al dictamen, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) señaló que “hubo un camino muy largo y extenso con responsabilidad enorme”, y agregó que se trabajó “comprometidos con la memoria de un joven al que le arrebataron la vida las fuerzas de la seguridad”.

Asimismo, indicó que “es una práctica que se viene llevando en el país a lo largo y ancho del país”, y cargó que el fin de este proyecto de ley es para que “el que manipula la escena del crimen, no viva tranquilo y pueda ser sancionado como corresponde”. “Protegemos a quienes hacen su accionar de manera como la ley indica”, agregó la diputada cordobesa.

Antes de culminar su breve intervención, destacó que la iniciativa tiene el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y mencionó que va a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre legítima defensa.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) volvió a presentar el proyecto de ley que propone disminuir la presión fiscal sobre el sector hotelero y turístico. En su estapa como senadora nacional ya lo había impulsado, pero nunca obtuvo la media sanción.

En sintonía con las medidas del nuevo gabinete nacional, la diputada de JxC señaló que “es prioritario legislar para disminuir estas presiones económicas que son improcedentes y ahogan a quienes generan trabajo genuino”.

“El sector turístico, particularmente el que nuclea a los hoteles, viene padeciendo un fuerte impacto, ya que paga altos montos, en concepto de difusión pública, a organismos paraestatales, en casos de reproducción de música o programas de televisión en áreas privadas, tales como las habitaciones”, agregó.

Asimismo, expresó que “abonan por el simple hecho de tener televisores en sus habitaciones sin importar si estas se encuentran ocupadas por algún huésped”. “Ese arancel pagado a distintas asociaciones -que en varios casos se superponen- resulta injusto debido a que es imposible determinar si, en dicho aparato, la persona que se encuentra alojada observó un concierto grabado, una película, una serie, buscó canales de noticias o ni siquiera lo encendió”.

Rodríguez Machado ya había presentado este proyecto en el 2016 cuando era senadora nacional, pero perdió estado parlamentario. Insistió en el 2018 y el expediente obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación General y de Turismo, pero finalmente no recibió tratamiento en el recinto.

Acompañaron el proyecto con sus firmas, los diputados nacional Hernán Lombardi, Martín Yeza, Silvia Lospennato, José Luis Espert, Germana Figueroa Casas, Ana Clara Romero y Damián Arabia, entre otros.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) expresó tras el discurso de Javier Milei que “el presidente le habló a la gente y dijo la verdad. Eligió hablarle al pueblo en la calle, decisión que aplaudo. Dicha medida está muy lejos de ser una falta de respeto. La verdadera falta de respeto fue el gesto grosero que Cristina Fernández de Kirchner, siendo aún vicepresidente, le hizo a la gente antes de ingresar al Congreso”.

La cordobesa coincidió con Milei en que “es preferible una verdad incómoda antes que una medida confortable”. Asimismo, destacó: “Es importante que los argentinos sepan que la crisis que deja el kirchnerismo es la más grande en la historia. La misma incluye salarios miserables, 45% de pobres, 10% de indigentes y con un baño de sangre en las calles, en las que los argentinos de bien viven encerrados frente a los delincuentes”.

A modo de conclusión, la vicepresidenta segunda del Pro nacional, afirmó que “el presidente Milei, en su mensaje, citando a la generación del ‘37, dejó en claro que va a terminar con las ideas populistas impulsadas por el kirchnerismo, que sólo generaron miseria, hambre y corrupción. Es por eso que, luego de esta larga y triste historia de decadencia y declive, es necesario que prevalezca la voluntad de cambio para la reconstrucción de un país próspero. Hoy comienza una nueva era”.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) manifestó su rechazo este martes al Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados. “Parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, señaló.

Asimismo, la legisladora dijo que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.

Del mismo modo, denunció que “las empresas agropecuarias del Estado están exentas de pagar impuestos que sus pares privados se encuentran obligadas a abonar”, y expuso: “Le van a confiscar una parte de la coparticipación a las provincias para pagar deudas de Cammesa, van a crear nuevas tasas, van a generar más zonas aduaneras mientras le van a reducir impuestos a sus amigos del Sindicato de Camioneros”.

En el cierre de su alocución, anunció que “estas sorpresas que nos hemos encontrado dentro del Presupuesto hacen que no lo acompañemos”, y advirtió que “en 2023 el oficialismo también se va a llevar una sorpresa, cuando haya que contar los votos que se encuentren dentro de las urnas”.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) junto a otros catorce legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley mediante el cual se sanciona con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Asimismo, quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.

Entre los argumentos, plantean que “los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas  y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada”, y explican que “a través de la intimidación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo”.

En otra línea, advierten que “la extorsión, argumentando motivos sindicales, se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional”, y ejemplifican: “En este último tiempo, fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express”.

“Por este motivo, a diferencia de otras iniciativas presentadas en el mismo sentido, en la presente se solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada”, sumaron.

Entre los fundamentos, la legisladora cordobesa expresa que "el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos".

Este proyecto de Rodríguez Machado cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, José Núñez, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Héctor Stefani, Pablo Torello y Mercedes Joury.

A través de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro -Córdoba) se solicita al Gobierno Nacional que informe, a través de la secretaría de Medios de Comunicación Pública, acerca una serie de cuestiones vinculadas a la distribución, por la Televisión Digital Abierta, de la señal del Gobierno Ruso en español Russia Today (RT), un acuerdo que fue firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin.

En la iniciativa piden:

• Informe acerca de los motivos por los que el Gobierno Argentino sigue emitiendo o distribuyendo mediante la Televisión Digital Abierta la señal rusa denominada Russia Today y RT en español, a pesar de las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Santiago Cafiero, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde condeno la invasión rusa a Ucrania, siendo esta señal (RT) un medio de propaganda de la política exterior rusa, que omite la diversidad de opiniones, tampoco emite las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Rusia y el silenciamiento de las voces opositoras de su país de origen.

• Que contraprestación brinda a la Argentina el gobierno ruso por la emisión en nuestro país de la señal Russia Today y RT en español.

• Que costo tiene para los contribuyentes argentinos mantener la señal vigente en la grilla de la Televisión Digital Abierta.

•  Si la secretaria de Medios de Comunicación Pública informó, consultó o mantuvo reuniones con la cancillería argentina en relación a la decisión de permitir el uso de señales gratuitas de aire para continuar distribuyendo mediante el sistema de Televisión Digital Abierta y satelital la visión exclusivamente rusa de la invasión a Ucrania por parte de ese país y difundirla a 2022. Ello mediante una señal que brinda solo la versión del gobierno ruso sobre la invasión a Ucrania, haciendo uso gratuito de un recurso estatal para la difusión de contenidos denunciados como propagandísticos por diversas organizaciones internacionales y periodistas independientes rusos.

“El gobierno ruso a través de su oficina de propaganda, utiliza el instrumento denominado Russia Today para emitir información desde su absoluta perspectiva y totalmente parcial sobre la invasión de ese país sobre Ucrania”, fundamenta y agrega: “El canal Russia Today, no es un canal ruso, ya que no es parte de la veintena de canales obligatorios que los medios públicos rusos deben emitir. Es más, esa señal no se ve en Rusia siquiera. Es un medio de propaganda de las acciones de su gobierno. Los intereses estratégicos de la Federación Rusa en difundir al mundo propaganda política sobre su invasión a Ucrania se materializa en nuestro país en esta señal Russia Today”.

Cabe recordar que la diputada ya había presentado en el mes de febrero otro proyecto para que el Gobierno saque del aire a la señal Russia Today, en medio la invasión de la Federación Rusa a Ucrania.

La iniciativa es acompañada por Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Graciela Ocaña, Mercedes Joury, José Núñez, Virginia Cornejo, María Luján Rey, Alberto Asseff, Íngrid Jetter, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Waldo Wolff y Héctor Baldassi.

PEDIDO-DE-INFORME-RT-convertido

El presidente del Partido Demócrata Progresista, Oscar Moscariello, participó de la segunda convención de dirigentes liberales de Juntos por el Cambio, que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba. 

La jornada comenzó a las 15 con la participación de la diputada nacional por Córdoba, Laura Rodríguez Machado y continuó con un espacio abierto de Federalismo y Libertad. 

Más tarde otro panel integrado por el diputado nacional por Santa Fe, Luciano Laspina y los economistas Diana Mondino, Fausto Spotorno, y Francisco Gismondi, debatieron acerca de un plan para salir de la decadencia económica. 

Moscariello subrayó la importancia de la jornada y destacó que las ideas de la libertad hayan recobrado ímpetu. “Cada vez que asoma una crisis el liberalismo progresista que pregonaba Lisandro De la Torre vuelve a emerger”, dijo. Y agregó: “Los valores republicanos y democráticos no sólo son esenciales para el ordenamiento socioeconómico, sino también para la reducción del gasto público y la modernización de la legislación laboral que tienda a desarmar a la Argentina corporativa”. 

Además, Moscariello insistió en una profunda reforma tributaria para salir de la crisis. “No basta con ganar las elecciones. Es necesario erradicar de la política a la mentira y el relato que reescribe la historia creando falsos símbolos y volver a imponer el respeto a la constitución y garantizar una educación de calidad que promueva la igualdad de oportunidades”, afirmó. 

De la jornada también participaron los diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias y Waldo Wolff; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y el exsenador Federico Pinedo. 

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional por la ciudad, Ricardo López Murphy y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. 

“No estamos aprobando ningún acuerdo, ningún anexo, ni aceptando los fundamentos”, dejó claro en su discurso la diputada Laura Rodríguez Machado, una de las duras del bloque Pro. Y en su intervención durante esta sesión salió al cruce del discurso oficial afirmando que “esta no es la primera vez que sacamos en este Congreso al país del default”.

Y remarcó: “Ya lo hicimos cuando asumió el gobierno del presidente Macri, que sacamos a la Argentina del default, porque Néstor Kirchner había dejado en el país una ley cerrojo que impedia negociar con los holdouts y tuvimos que derogar esa ley para sacar a la Argentina del default. Y lo hicimos lo hicimos nosotros en la gestión del presidente Macri, y  lo digo esto porque no se acuerdan del país que nos dejaron: con deuda y en default”.

Rodríguez Machado sostuvo que “esta es la segunda vez que vamos a ayudar a la Argentina al país a que no caiga en default”, y en ese marco observó que “estamos sentaditos acá, dando la cara, porque entendemos lo peligroso que es un país cuando cae en default, (pero) no veo igualdad de sillas ocupadas dentro de su bancada”.

“Seguramente hay gente que quiere aprovechar esta situación, o lo quiso hacer, de dejarnos pegados con una historia básicamente madre e hijo que dijeron ‘no, vamos a quitarle el apoyo a Fernández que se las arregle con los de Juntos por el Cambio y después vamos a salir a criticar, porque seguro que les va a ir mal”, puntualizó, y aclaró: “Bueno, no lograron, porque no vamos a aprobar ese acuerdo. Las políticas económicas que desde ahora se implementen son exclusiva responsabilidad del Ejecutivo nacional. Solo aprobamos el número”.

Tras la exposición de Martín Guzmán en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro) formuló un duro cuestionamiento al preguntarse: “¿La grieta, que el oficialismo aumenta con sus discursos cargados de agravios contra la oposición, es para congraciarse con una parte de La Cámpora, que no está dispuesta a votar esta iniciativa yendo en contra de su propio Gobierno?”.

Posteriormente, la legisladora por la provincia de Córdoba se encargó de remarcar lo que denominó “fuertes inconsistencias” existentes entre los anuncios del presidente y el texto del proyecto. "Alberto Fernández dice que no habrá aumento de tarifas, pero queda claro que sí.  También sostiene que le pondrá un límite a la inflación, cuando sabido es que las medidas  que propone establecen más deuda social. Por último, el presidente afirma que no se puede desdoblar por un lado la aprobación del nuevo financiamiento sin legitimar los anexos que, en realidad, sólo forman parte de un discurso netamente político”, argumentó.

Finalmente, la vicepresidente segunda del Pro Nacional mostró su preocupación ante “la pérdida de la soberanía energética generada nuevamente por el kirchnerismo”. Al tiempo que recordó que “frente al contexto internacional que se vive con la invasión de Ucrania, uno de principales exportadores de gas, la Argentina -en su carácter de importadora- verá cómo se licua lo recaudado debido al alto costo de este recurso”.

El Colectivo Más Democracia repudió este lunes el proyecto de resolución presentado por Laura Rodríguez Machado en la Cámara de Diputados de la Nación, a través del cual propone que la Argentina censure al medio internacional RT (Russia Today), mediante la baja del convenio entre la República Argentina y la Federación Rusa para la transmisión de la señal de noticias en la Televisión Digital Abierta vigente desde el año 2014.

En un duro comunicado, el Colectivo Más Democracia le atribuye al Pro, partido al que pertenece la citada diputada, militar y desarrollar “cotidianamente campañas de desinformación en todo el país sobre todos los temas”. Y expresa que desde el mismo difundieron “mentiras sobre las vacunas con las que intentaron desacreditar el plan sanitario implementado por el Gobierno nacional en la lucha contra el Covid”.

“La estrategia comunicacional del Pro es siempre la misma y tiene un claro objetivo: manipular la información, propagarla a través de las empresas mediáticas que le responden y dañar a la democracia”, sostiene la declaración que le endilga al proyecto de Rodríguez Machado un “claro tinte antidemocrático y violatorio del derecho humano a la información”.

“Se queja la autora del proyecto que, en la Televisión Digital Abierta, se ha incorporado una señal propagandística rusa y agrega que en RT, se difunden violaciones sistemáticas de derechos humanos… paradójico no sólo porque para su fuerza política, fronteras adentro, los DDHH era un curro con el que venían a acabar, sino también porque, fronteras afuera, no la hemos escuchado  expresarse sobre las cotidianas violaciones a los derechos humanos en Guantánamo así como tampoco respecto a la holgada treintena de conflictos bélicos iniciados, y documentados, por los EEUU a partir de la segunda mitad del Siglo XX hasta estos días”, señala el comunicado que le endilga a la diputada cordobesa “una visión sesgada” y contraria a la libertad de expresión. Asimismo vinculan esa “censura” a “el servilismo de la oposición respecto a la intervención de EEUU y la OTAN en la frontera rusa”.

A través de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) se solicita al Gobierno nacional dar de baja el acuerdo firmado por Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin para que se transmita en la Televisión Digital Abierta (TDA) la señal de noticias Russia Today (RT).

"Nunca quedó más claro el significado de los populismos autoritarios en el mundo. Hoy Putin está avanzando sobre los países libres del mundo como en los momentos más oscuros de la historia, por eso, permitir que en nuestro país esto se transmita con recursos del Estado, como es TDA, resulta inadmisible. No alcanza con condenar para la tribuna, hay que tomar medidas y sacar del aire a Russia Today es una de ellas", aseguró Rodríguez Machado.

Entre los fundamentos del proyecto se expresa que "permitir a Russia Today difundir, entre tantas acciones, las violaciones sistemáticas de derechos humanos que realiza hacia el interior y exterior de la Federación Rusa no hace más que contradecir los principios de respeto a los derechos humanos que caracterizan a la República Argentina".

Actualmente la señal rusa está prohibida por el regulador de medios de Alemania, Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), que ordenó dejar de emitir RT DE. De igual forma, el Gobierno de Finlandia ha tomado la misma iniciativa y el Reino Unido está avanzando en una legislación al respecto.

La iniciativa presentada por la legisladora de la provincia de Córdoba, es acompañada por la firma de un importante número de diputados del espacio de Juntos por el Cambio.

Debido a la situación excepcional por esta nueva propagación global del Covid-19 y la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado Argentino, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro - Córdoba) presentó un proyecto de resolución para que sean considerados presentes, para formar quórum, los legisladores que sean Covid-19 positivo y que la presidencia de la Cámara los autorice a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos legislativos.

Esta iniciativa de la legisladora cordobesa, que modifica el artículo 15 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es acompañado por los diputados del Pro Sabrina Ajmechet, Alberto Assef, Virginia Cornejo, Gabriel Chumpitaz, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Pablo Torello, Aníbal Tortoriello y Waldo Wolff.

Entre los fundamentos esgrimidos en el proyecto, se manifiesta que "en estos tiempos en que mayoría y minoría tienen números muy ajustados entre sí, puede ocurrir que el resultado de las votaciones no dependa de la voluntad del voto de cada uno, sino del hecho aleatorio de quienes en determinadas sesiones estén o no contagiados y no puedan asistir de modo presencial. En tal caso y a fin de asegurar la debida participación democrática y el resultado de la conformación de las mayorías y minorías sin depender del hecho aleatorio de los contagios, es que debe avanzarse en esta propuesta de resolución".

“Durante la cuarentena obligatoria la Cámara baja arbitró la manera por la cual se pudo participar y llevar a cabo sesiones con todos sus efectos legales, integrando a los legisladores a través de un sistema remoto o virtual. Habiéndose retomado las sesiones presenciales, no obstante, la persistencia del virus, resta definir la participación de aquellos legisladores que en el futuro no puedan asistir de forma presencial por encontrarse transitando dicha enfermedad”, sostiene el texto.

Y agrega: “La continuidad de la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina y debe darse la posibilidad de ejercer el mandato popular que las urnas les confirió a los diputados sin depender del resultado del test Covid”.

Proyecto-Modificacion-Articulo-15-1

Tras la medida adoptada este jueves por el Banco Central de la República Argentina, que prohíbe financiar en cuotas las compras -efectuadas mediante tarjetas de crédito- de pasajes al exterior, la oposición puso el grito en el cielo y salieron a cuestionarlo fuertemente. En ese contexto, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro - Córdoba) presentó un proyecto de declaración que establece la nulidad absoluta de la medida adoptada por el Banco y, además, solicitó que sean separados de sus cargos, por mal desempeño, el presidente de dicha entidad y los funcionarios que suscribieron la norma, conforme al artículo 9 de la Carta Orgánica.

De acuerdo a lo expresado en su escrito, la legisladora argumentó que "el Banco Central no puede arrogarse facultades propias del Congreso Nacional. Con esta medida (dispuesta en el día de ayer) los funcionarios se excedieron en sus atribuciones legales. Es un exceso a las facultades que les otorga la Carta Orgánica de la institución y la Ley 25.065 de entidades financieras. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo se encuentra habilitado para destituirlos".

La vicepresidente segunda del Pro Nacional expresó además que "la circular constituye un impedimento al libre ejercicio de derechos amparados en nuestra Constitucional Nacional. Es una clara violación al Estado de Derecho, que deja al descubierto a un Gobierno totalitario como es el kirchnerista".

El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.

Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.

El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.

Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales "veníamos trabajando desde hace mucho tiempo" -dijo- y "fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente" ya que "aquí se afectan intereses", sobre todo los referidos "al bolsillo", donde "no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo", señaló.

El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que "a lo mejor una empresa grande" con deudas tenga la posibilidad de especular "entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio", cuando la propuesta apunta a beneficiar "al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita", resaltó.

"Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos", sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.

Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras "cobraran las tasas de interés que quisieran". Sin embargo, "ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos".

Para el kirchnerista, estas leyes buscan "poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante". "Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina", remarcó e insistió: "Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos".

Aspirando a que en la Cámara de Diputados "tengamos los votos necesarios para sancionar la ley", Parrilli lanzó que "cuando la gente vaya a votar" en las próximas elecciones "también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente".

Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: "Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero".

La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que "nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen", pero que "12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar", desafió, en relación a las próximas elecciones.

La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que "se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona", expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.

En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a "internas" dentro del propio Gobierno, porque "estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino" a través del "Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros".

O sino tienen su justificación en que "estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación", analizó. Y continuó: "Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora".

"Repitan en la cabeza 'que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo'. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina", lanzó.

Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que "seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes".

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un "abuso con los precios". En relación a las tarifas, subrayó que "mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados".

También cuestionó el "currazo" sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como "el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta". "Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado", enfatizó y defendió que estos proyectos buscan "que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador".

El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo "un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)".

Qué establecen los proyectos

El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.

De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.

También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que "la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago".

También, "no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto" y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.

La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.

Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa "se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios".

La reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado realizada este martes se alteró cuando legisladoras del Pro interrogaron al fiscal Gabriel De Vedia sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco él le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. Así lo denunció en marzo pasado en medios relacionados con el kirchnerismo, y sobre eso le preguntaron Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado.

Ahora propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia realizó su exposición sobre el final de la audiencia. Fue el decimotercer pliego analizado, de quince previstos para este martes. A continuación de su exposición la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre su nivel de independencia. Le preguntó respecto de su reunión con Rodríguez Simón, el 26 de octubre de 2017; si lo unía con él algún parentesco, y si hubo en ese marco una amenaza hacia Gils Carbó. Y si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó.

Entre otras cosas la senadora del Pro le preguntó las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

“La reunión existió, la impulsé yo”, admitió De Vedia, precisando sobre su grado de parentesco que Simón había sido esposo de una prima hermana suya. No habían tenido mucho vínculo, aclaró, y no lo había visto nunca mientras estuvo casado con su prima.

“Yo era un fiscal que veía con muy buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo en la Procuración”, admitió, precisando que “veía que esa persecución le generaba (a Gils Carbó) tristeza y preocupación para llevar adelante su tarea. Y en un momento dado apareció el tema de los celulares de una de las hijas (publicados) en un medio periodístico. Entonces empecé a pensar, sin haberlo hablado con ella: ‘Algo tengo que colaborar para terminar con esto’”.

Admitió conocer al entonces ministro Germán Garavano de la Universidad Austral, pero aclaró que no lo había ido a ver. Consiguió el teléfono de Rodríguez Simón y se contactó con él por whatsapp, combinando una reunión que se realizó en la Casa Rosada. En la que estuvieron los dos solos. “El me planteó lo que dije, que es público, y en ningún momento me propuse como procurador”, sostuvo, contando que había entonces un pliego suyo en el Senado que el Gobierno de Cambiemos había bajado. Descartó además que pudiese ser nombrado procurador, habiendo impulsado él varias denuncias contra funcionarios por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Según relató ante la Comisión de Acuerdos, ante la consulta de cómo podía concluir la presión sobre Gils Carbó “Pepín” Rodríguez Simón le dijo que “si me traés la renuncia de la procuradora, esto se acaba acá”. El le dijo que ella no iba a renunciar, porque tenía una responsabilidad institucional, ante lo cual el operador judicial le habría respondido: “Entonces meteremos presas a las hijas y a ella”.

“Es como que ahí se corta un poco la conversación”, señaló De Vedia, que le preguntó si pondrían a otro fiscal en el cargo y Simón le dijo que el nuevo procurador no sería un fiscal.

De Vedia rechazó que ese episodio tuviera que ver con “una posible independencia mía”, y se preguntó: “¿Cuál es la falta de independencia que le parece que puede haber? (La reunión) salió de mí, fue una forma de colaborar”.

Según dijo, no lo había denunciado ante la Justicia porque la destinataria del mensaje era la procuradora. “Si alguien tenía que denunciarlo era ella”, enfatizó. Y respecto de su decisión de ir a los medios en marzo pasado, De Vedia tomó la decisión cuando leyó en Infobae que Gils Carbó iría a juicio oral. “En ese momento me cae una ficha y dije: ‘Yo tengo algo que puede ayudar a la Justicia, porque tengo un elemento que es importante que la comunidad lo sepa, y también el Poder Judicial'”.

Intervino entonces la senadora Laura Rodríguez Machado, que insistió sobre su denuncia “tardía”. Y le recordó que como personal judicial tenía la obligación de que ante el conocimiento de un posible hecho ilícito presentarse ante la Justicia y manifesarlo. “Sino son meras manifestaciones políticas en programas que tienen un fuerte sesgo político. Eso demuestra que no hay imparcialidad en sus opiniones”, advirtió.

Agregó la legisladora cordobesa que esos dichos le dieron a Gils Carbó la posibilidad de impulsar una recusación. “Claramente ha dicho recién que le quiso dar una mano. Eso es ser absolutamente parcial”, observó la senadora del Pro, que adelantó que para el interbloque de Juntos por el Cambio él había sido “absolutamente parcial por dos motivos: por no denunciar, como hombre de derecho, ante un hecho ilícito, y sí hacerlo de manera política ante un programa; y en segundo lugar decirle que usted con esa declaración logró un avance que beneficia a Gils Carbó, para que su recusación fuera motivo dentro del expediente”.

Agregó Rodríguez Machado que el propuesto para juez había hablado de “persecución” contra la exprocuradora, con lo cual estaba acusando al bloque opositor de perseguir. Esa es una manifestación de corte político. Con eso nuestro bloque considera que usted no es imparcial”.

De Vedia insistió en que él había querido “darle una mano a la procuradora”, y que ese cargo no era político, sino institucional. “Si analizan mis denuncias, van a ver que siempre le doy importancia a la verdad jurídica objetiva. Yo tenía una circunstancia que podía esclarecer, aportar un elemento para que el Poder Judicial diga que la procuradora fue víctima de determinada circunstancia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando planteo el hecho de la persecución, no es un hecho político, es judicial. Ella era la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Había una persecución mediática tremenda contra ella”.

“No vi persecución, pero sí veía que había algo que venía del Gobierno nacional y hubo declaraciones públicas del presidente de aquel momento pidiendo a la procuradora que renuncie”, agregó, para insistir luego en que no lo denunció en su momento “porque no fui el destinatario de ninguna expresión del doctor Fabián Rodríguez Simón; es ella la que tenía que haberlo denunciado”.

Intervino entonces el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans, quien cargó contra “la mesa judicial” del Gobierno de Cambiemos a la que siempre le apunta esta administración. Y trajo a colación “dos causas armadas”, dijo, en referencia a la del dólar futuro y a la del Memorándum con Irán, que atribuyó a “una persecución abierta a quien fue presidenta y hoy es vicepresidenta de la Nación, para buscar dañarla como figura política, atacar a su familia, y la misma acción desarrollaron contra la fiscal Gils Carbó para poder sacarla del puesto y tener personas que representen sus intereses”.

En ese marco, el formoseño adelantó que el bloque mayoritario acompañaría los pliegos presentados.

No podía faltar la participación de Oscar Parrilli, siempre presente cuando de temas judiciales se trata, y arremetió contra Juntos por el Cambio señalando que “a veces llama la atención que levanten la bandera de la República y la defensa de las instituciones, cuando cometieron todos los atropellos, persecuciones, barbaridades que se hicieron contra el Poder Judicial de la Argentina”.

“Nosotros hemos escuchado hoy a postulantes y a ninguno le preguntamos a qué partido estaba afiliado, o si pertenecía a algún estudio jurídico… Evaluamos sus méritos y antecedentes”, afirmó, y volvió a cargar contra JxC, diciendo que “hablan como si hubiera caído de la estratósfera, llegaron con la pandemia”.

Y concluyó: “Quiero decirles a los postulantes que vamos a evaluar sus habilidades, competencias, y no vamos a tener en cuenta si formaban parte de algún estudio jurídico o si tuvieron algún compromiso político, cosa que sí hizo la anterior gestión”.

El tema se dio por concluido con la última pregunta de Tagliaferri, que quiso saber en qué circunstancias De Vedia le informó a Gils Carbó sobre lo que había escuchado. El fiscal contestó que al salir de la reunión la procuradora estaba siendo homenajeada en la Universidad de Lanús, y ahí había varias personas de la Procuración con la que él tenía confianza. “Los llamé por teléfono y en ese marco a uno que le tenía mucha confianza le pregunté si le decía a ella”, contó. “Mirá, tenés que hablar vos”, contó que fue la respuesta que escuchó, ante lo cua llamó a Gils Carbó y se reunió con ella. “La vi sorprendida, como que le termina de caer una ficha. De hecho, al lunes siguiente renunció”, concluyó De Vedia.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado denunció que el Gobierno nacional está haciendo una utilización especulativa del reparto de las vacunas, al tiempo que impide a los gobiernos provinciales incrementar la cantidad de inmunizados al advertirle a los gobiernos locales que todo lo que puedan obtener sus gestiones serán descontados del cupo que maneja el oficialismo.

“Lamentablemente la cantidad de vacunados y la provisión de vacunas se ha convertido para el oficialismo K en un tema electoral, por lo que evitan que los estados provinciales o particulares puedan aportar mayores cantidades o demostrar ser mas eficientes y transparentes que ellos mismos”, señaló la legisladora.

Explicó que por eso “sumaron una nueva amenaza a los gobiernos provinciales: les anticipo que a las provincias que consigan vacunas por sus propios medios se les va a descontar de la cantidad que envía la Nación y que distribuye de acuerdo al criterio indicado”.

Así lo hizo saber Eduardo de Pedro y Carla Vizzotti en estos días en una reunión desde Casa Rosada con los gobernadores.

“Es un apriete a las provincias, una advertencia donde le avisan que su propia gestión de vacunas se les volverá en contra. Que mejor para los argentinos que haya muchas maneras de lograr acceder a mayor cantidad de vacunas y no ser castigados por esto”, consideró Rodríguez Machado.

Agregó al respecto que “está claro que el gobierno nacional especula políticamente con la escasez y hace lo imposible para que las provincias no logren mejorar los índices de vacunados pues en su aterrador pensamiento eso podría convenir políticamente a quienes lo hacen. Las provincias que han iniciado esta gestión son Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la vez que Córdoba se encamina a lo mismo”.

Rodríguez Machado explicó que la distribución de vacunas que la Nación hace a las provincias, según información oficial recibida en el Senado de la Nación por nota enviada por el doctor Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nacion, con el criterio siguiente:
La distribución se hace en la proporción que surge de la población total de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la proyección de población para el total de país. La proporción de la población total (PT) de cada jurisdicción respecto a la proyección de población para el total de país correspondiente al año 2021 según proyecciones INDEC 2010-2040.

Esa es la base y las provincias han organizado la cobertura vacunatoria de sus provincianos en relación a esta modalidad de distribución.

“La distribución es escasa y las provincias y particulares están haciendo ingentes esfuerzos en conseguir más vacunas”, recordó.

“Como senadora que defiendo las autonomías provinciales y federalismo denuncio esta modalidad y estare monitoreando y controlando de manera permanente la información subida a “Datos Abiertos” entre otras herramientas a mi alcance para que en el caso que la distribución a las provincias no sea la que corresponde denunciar y tomar las medidas legales que correspondan para impedir la utilización política del kirchnerismo de los criterios de vacunación”, advirtió la legisladora nacional.

No acompañaré la ley enviada por Alberto Fernández al Senado. Lo propuesto por el presidente no difiere en general a lo dispuesto por los Decretos de Emergencia que se han dictado hasta ahora, pero esta vez van contra la opinión y el derecho a decidir de las provincias.

Es aquí donde se ataca el federalismo, ya que los gobernadores, intendentes y jefes comunales no tendrán ni voz ni voto, y el Estado Nacional dispondrá de forma unilateral cómo y cuándo se pueden realizar los cierres, esto incluye desde escuelas hasta comercios e industrias. Los parámetros epidemiológicos para tomar estas decisiones son débiles e inentendibles ya que pueden modificarlos cuando quieran, de la manera que consideren sin criterio alguno. Viviremos en una permanente incertidumbre.

El Gobierno nacional sostiene que lo hace para “cuidar a los argentinos” frente a la pandemia del Covid-19, pero en realidad no quiere explicar el por qué los descuidó, ya que no se cumplió con los objetivos de inmunización, tampoco se testeó ni se testea como corresponde. A su vez, nuestro país está entre las primeras 15 naciones con casos de Covid-19 a Nivel Mundial; esto es un fiel reflejo de que solamente la improvisación es lo que caracteriza al Presidente y todo su equipo.

Con esto vemos de forma explícita que al gobierno de Alberto Fernández le importa poco y nada respetar las decisiones judiciales, ya que no se está cumpliendo las autonomías de las provincias que se dejaron bien claras en el fallo de la Corte Suprema la semana pasada.

Deciden imponer con la fuerza del número, restricciones discrecionales, muchas de las cuales no están escritas en el texto,sino que la ley delega que puedan hacerlo en cualquier momento, incluso suspender las elecciones. No hay ningún justificativo que respalde este escándalo.

Tomando las palabras del presidente del gobierno español en marco de la visita de Alberto Fernández: “Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución”, estaría bueno que nuestro primer mandatario siguiera los pasos de su “amigo”.

Tenían la responsabilidad moral de traer vacunas e inmunizar, pero lo que hicieron fue liberar presos, sub testear y vacunar a sus amigos.
Es así como esta ley inconstitucional va a convertir a Alberto Fernández de Presidente a Emperador y a nuestra república en un Estado Absolutista.

Llamó la atención durante la última sesión del Senado el clima espeso que reinó a lo largo de la jornada. En rigor, nada que sorprenda en general, pero lo curioso fue que tal grado de aspereza acompañara el tratamiento de una ley en la que oficialismo y oposición estaban de acuerdo.

Hablamos de la sesión en la que se debatió el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, en la que los discursos del Frente de Todos estuvieron cargados por un alto grado de hostilidad hacia el Gobierno anterior.

Más específicamente hacia la figura de Mauricio Macri, que fue el eje de los discursos durante largos pasajes de las exposiciones. Tan es así que el apellido del expresidente tuvo nada menos que 74 menciones a lo largo del extenso debate.

¿Es parte de una estrategia electoral del oficialismo para demonizar la figura del presidente que antecedió a Alberto Fernández camino a las elecciones de medio término? No necesariamente. Es que si bien, como decimos, llamó la atención tanta insistencia en la sesión del jueves en citar el nombre del exmandatario, esto no es algo inhabitual en la Cámara alta Por el contrario allí el oficialismo es tan crítico como insistente respecto del fundador del Pro, quien suele estar presente en los discursos de un oficialismo que no deja pasar oportunidad para pasarle facturas a lo que fue su gestión presidencial.

Pruebas al tanto, una revisión de todas las sesiones del año pasado en la Cámara alta permite observar que Mauricio Macri fue mencionado nada menos que 853 veces a lo largo de 2020. Habría que revisar bien para encontrar referencias tan puntuales a un expresidente, pero lo cierto es que hubo muy pocas sesiones en las que Macri no fue citado. El pico se registró en la sesión del 2 y 3 de octubre, en la que se trató la quita de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa reunión nombraron a Macri, o las palabras “macrista” o “macrismo”, 81 veces. Otros picos se registraron el 10 de diciembre (77 veces), el 5 de febrero (73), el 27 y 28 de agosto (68) y en la sesión del 30 de diciembre (59).

En la sesión de este 8 de abril hubo 63 menciones directas a ese apellido, 7 al “macrismo” y 4 a la caracterización “macrista”; en este último caso todas correspondieron a la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Convengamos que en este caso era obvio que Macri estaría muy presente en la sesión, a partir del hecho de que se estuviera hablando de Ganancias, un tema que siempre se le reprocha al expresidente a partir de esa promesa de campaña incumplida. Tan es así que el senador santiagueño Gerardo Montenegro, que no hablaba en el recinto desde 2018, esta vez lo hizo para enrostrarle el tema al expresidente: “Los trabajadores pasaron de aspirar a no pagar el impuesto a las Ganancias a rogar que las políticas de Cambiemos no los dejaran sin empleo -dijo-. Debo suponer que esa era la manera en que Macri cumplía con su promesa: no iban a pagar el impuesto a las ganancias, porque, directamente, sus políticas los dejaban sin trabajo”.

“Mauricio Macri dijo: ‘El salario no es ganancia’. Esa fue la expresión más cabal de su campaña electoral. ‘Vamos a terminar con la inflación’, ‘En pocos días terminamos con la inflación’ y ‘El salario no es ganancia’. No solo que no terminó con la inflación, sino que la multiplicó mucho más arriba de lo que hoy está y el salario siguió siendo ganancia. Mucha más ganancia porque seguía subiendo el salario un poquito, pero no seguía subiendo la escala”, señaló por su parte la tucumana Beatriz Mirkin.

Tanto nombraban al expresidente en esta sesión que la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado arrancó su discurso así: “La verdad es que varias veces y en varias sesiones he escuchado algo que para mí es realmente insólito: que los legisladores del oficialismo nombran más al expresidente, que no es de su partido, que al propio presidente que nos gobierna ahora; es decir, a su supuesto líder. En un papelito iba haciendo palitos a medida que escuchaba a los oradores que lo nombraban, pero se me terminó el papelito y ya no tenía dónde más hacer esas marcas, porque es permanente la alusión a Macri de cada uno de los que habla. Fíjese que ni lo nombran a Fernández y sí lo hacen de manera permanente con Macri, el gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Dirían los psicólogos que cuando uno nombra mucho a alguien es porque está enamorado. No creo que sea el caso este, y esta sea una especie de terapia colectiva donde internamente reconocen que acá hubo un líder que se llama Mauricio Macri y, bueno, de alguna manera quieren revertir esa sensación que tienen nombrándolo de manera permanente. Pero revean sus discursos, donde el eje de esta discusión ha sido el nombramiento permanente del presidente Mauricio Macri. Lamento por Alberto Fernández, que se puede poner un poco celoso, que no lo nombren de la misma manera. Probablemente, en realidad –y ahora yendo al plano político–, no lo nombran porque es muy difícil encontrar aciertos para nombrarlo. Muy difícil. En el interior hay un dicho que reza que no hay mejor defensa que un buen ataque; entonces, se defienden de los malos logros de su gestión utilizando la estrategia que tenemos los del interior, que es atacar para no mostrar nuestras propias falencias”.

Ese fue el argumento de la senadora cordobesa para interpretar la insistencia oficialista en citar al presidente anterior. Lo cierto es que la propia Rodríguez Machado terminó sumando a esta lista, porque nombró a Macri 8 veces.

Le contestó a la senadora del Pro el oficialista Alfredo Luenzo: “Recién, la senadora preopinante hablaba y se preguntaba por qué razón nosotros mencionábamos tanto a Macri. Y esto tiene varias explicaciones. Es verdad: desde el punto de vista psicológico, uno las podría abordar. Una, es la interpretación que le dio la senadora Rodríguez Machado. La otra, también puede derivar de lo que se denomina en psicología ‘trauma’. El trauma puede ser consecuencia de una agresión física o también de una agresión psicológica. Y el trauma lo que, generalmente, trae como consecuencia es el debilitamiento de la autoestima. Somos víctimas de ese trauma de la autoestima. Yo ahí también trato de entender, a partir de esa conclusión a la que arriba la senadora, por qué aquellos empresarios –gente con no tanto dinero, pero con fuerte militancia dentro de lo que fueron las filas del partido que nos gobernó hasta hace un año y medio atrás– eligen vivir en otros países. Han dicho en innumerables oportunidades, inclusive quienes han ganado mucho dinero, que se han radicado en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos. Y eso también es una consecuencia del trauma que genera, a veces, el maltrato psicológico o físico desde una persona hacia, en este caso, una sociedad como la que sufrió durante cuatro años una política neoliberal que lo que hizo fue, justamente, eso: degradarnos como sociedad en cualquiera de los aspectos en que se los quiera analizar. Es decir, no es casual que lo nombremos tanto a Macri; no es casual”.

El misionero Maurice Closs dio su propia interpretación. Oficialista también, el exgobernador dijo que “Macri, de quien se habló mucho acá, y yo no tengo ningún problema psicológico con mi casi tocayo, tomó una decisión política que le salió muy mal, y no es que yo quiera ponerme a pelear y a rayar los muebles con los que hoy son la oposición y antes fueron oficialismo. Tomó decisiones políticas continuas de bajar impuestos que, como toda decisión política de bajar impuestos no es neutra, terminó en un tremendo déficit fiscal; y ese déficit fiscal terminó en un default, en un endeudamiento y en su derrota electoral. De eso no hay duda. Ese es un dato objetivo, que incluso acá colegas del partido suyo lo han reconocido en varios discursos. Cuando él gana la elección aplica al Decreto N° 394 y toma una primera decisión, que es la de correr las alícuotas, y con eso saca a muchas personas de pagar el impuesto a las ganancias, cumpliendo apenas parcialmente su propuesta electoral”.

También varios senadores de Juntos por el Cambio nombraron a quien encabezó ese sector hasta 2019. Claro, todos para rechazar las críticas oficialistas. Una vez el fueguino Pablo Blanco y el riojano Julio Martínez¸ 2 la tucumana Silvia Elías de Pérez y 8 la mencionada Rodríguez Machado. También opositora, la neuquina Lucila Crexell lo mencionó una vez.

Lo curioso es que casi todos los senadores del Frente de Todo que hablaron mencionaron a Macri. La fueguina María Eugenia Duré lo hizo 3 veces, ya no en el debate por Ganancias, sino en el homenaje a los héroes de Malvinas que se hizo al inicio de la sesión y en el que criticó duramente la política macrista en relación a las islas. Una vez lo nombraron los senadores Carlos Caserio, Daniel Lovera, José Neder; 2 Beatriz Mirkin y Oscar Parrilli; 3 Alfredo Luenzo y Sergio Leavy; 4 Maurice Closs; 6 Gerardo Montenegro y otras tantas el chaqueño Antonio Rodas.

Al tope estuvieron la vicepresidenta del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, con 11 menciones, y el presidente de esa bancada, José Mayans, con 15.

El formoseño ubicó a Macri en la misma línea que Jair Bolsonaro y Donald Trump respecto de la pandemia; dijo que son aquellos “que dicen: ‘sálvese quien pueda’”, señaló. Sobre el final de sus intervenciones, Mayans mencionó cinco veces al exmandatario, al que en ese pasaje atribuyó incluso ser “dueño de La Nación”.

Los únicos que no incluyeron referencias al expresidente en sus discursos fueron el catamarqueño Dalmacio Mera y el riojano Ricardo Guerra, que acaba de reemplazar a Carlos Menem en su banca. Y, curiosamente, la chubutense Nancy González, que suele ser durísima con Macri.

Entre los opositores que no nombraron al expresidente, Martín Lousteau sin embargo se refirió al inicio de su discurso al clima áspero que acompañó esa y en general todas las sesiones de esa Cámara. No se refería puntualmente al exmandatario, sino a la hostilidad permanente en general. “Quisiera hacer una reflexión acerca de cómo estamos debatiendo -arrancó-. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención y esta no es la primera oportunidad. Inclusive cuando estamos discutiendo y vamos a votar proyectos en donde hay unanimidad, las discusiones arrancan por una agresión muy alta y eso genera una escalada de agresiones. Me parece que no es el contexto nunca, y mucho menos hoy que este sea el tono con el que debatimos”.

Y continuó: “Hace poco la presidenta de este Cuerpo homenajeaba, aun con un fallido, el comportamiento que tuvo Antonio Cafiero, en ocasión en que la democracia estuvo jaqueada, compartiendo el balcón con Raúl Alfonsín. Ahora, a mí no se me ocurre que eso pueda pasar cuando estamos en este tono: es decir, que pudiéramos abordar temas complejos si esta es la manera en que nos hablamos los unos a los otros. No se me ocurre que Alfonsín le hubiera dicho ‘imbécil’ a un miembro de la oposición; no se me ocurre que Cafiero hubiera dicho que un senador hablaba boludeces o lo hubiera acusado de ser el responsable de las muertes por pandemia. Entonces, creo que tenemos que bajar un tono”.

Tiempo de grietas, nada indica que ese deseo pueda llegar a cumplirse en el futuro cercano.

Como respuesta a la disposición de este Gobierno que derogó un decreto de Mauricio Macri sobre el tema, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) presentó en la sesión de este jueves una moción de preferencia exhortando al Poder Ejecutivo a que proceda a la inmediata restitución del derecho humano fundamental de participar en las elecciones nacionales del corriente año a todos los argentinos residentes en el exterior.

La legisladora cordobesa expresó que el motivo de la presentación de esta iniciativa se debe que “Alberto Fernández por decreto les quitó el derecho a votar por correo a unos 400 mil argentinos que residen en el exterior”. Y asimismo recordó que “el ex presidente Mauricio Macri había garantizado ese derecho mediante una norma promulgada durante su Gobierno”.

Finalmente, Rodríguez Machado afirmó que “el kirchnerismo no sólo avanza sobre las instituciones sino también sobre los derechos adquiridos”.

En el mismo sentido el martes un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa para restituir la posibilidad de votar por correo para residentes en el exterior.

El proyecto de Rodríguez Machado refiere a la publicación del lunes en el Boletín Oficial por la cual se derogó el Decreto Nº 45/2019 de fecha 11 de enero de 2019. “La reglamentación que por este decreto del PEN se deroga, tuvo siempre como único objetivo el garantizar el derecho humano al sufragio de todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas”, señala la iniciativa de la senadora cordobesa, que recuerda que el sistema fue implementado en las elecciones de 2019 y “posibilitó a una gran cantidad de argentinos el ejercicio de su derecho a elegir a sus representantes”.

Admite, sí, que la norma fue objeto de cuestionamiento en sede judicial, pero recordó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que resolvió a favor de la constitucionalidad de la norma.

La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado respaldó la decisión del gobernador cordobés Juan Schiaretti de no acatar las restricciones sanitarias que en las próximas horas recomendará el Gobierno nacional a través de un decreto.

“La solución es prevenir y no prohibir”, sostuvo la opositora luego de que el mandatario anunciara la decisión en su provincia.

Rodríguez Machado consideró que “es indispensable cuidar las fuentes de trabajo y permitir, con los protocolos correspondientes, la continuidad de la actividad comercial y laboral, que ya lleva diez meses de incertidumbre en nuestro país”.

#Córdoba consiguió recuperar libertades y posibilidad de trabajo y atravesar el pico de la primera ola, porque juntos mostramos responsabilidad social. Ahora les pido a los comerciantes, a los dueños de bares, de restaurantes, que sigan aplicando los protocolos. (sigue)

— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) January 7, 2021

Schiaretti informó este jueves que la provincia seguirá con el esquema aplicado hasta hoy: los comercios pueden funcionar hasta las 23 durante la temporada turística y los bares y restaurantes pueden permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada.

“Córdoba consiguió recuperar libertades y posibilidades de trabajo porque juntos mostramos responsabilidad social. Ahora, les pido a los comerciantes, a los dueños de bares y restaurantes que sigan aplicando los protocolos. Solo así conseguiremos mantener la libertad de movimiento y de trabajar que tenemos”, dijo el gobernador.

Por José Angel Di Mauro

El viernes pasado concluyó formalmente todo el proceso previo relacionado con el debate definitivo del aborto legal en el Congreso, con la emisión del dictamen del proyecto denominado “de los Mil Días”. Ese que el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa en marzo, como acompañamiento y respaldo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para adosarle un elemento nuevo y compensatorio a la iniciativa que se debatió por primera vez en 2018, por entonces sin suerte para quienes promueven la legalización de esa práctica.

Un día antes se había estampado el dictamen del proyecto principal que se pondrá en consideración el martes 29 de diciembre, y a partir de entonces verdes y celestes comenzaron a “velar armas” -si se permite el término- de cara al debate en donde todo será “a cara o cruz”, y aquí sí parece más certera la definición.

Pero ello no implica que las partes se desactiven hasta el día de la sesión. Muy por el contrario, con bajo perfil los contactos para definir las posiciones siguen a toda marcha, sin estridencias pero muy presentes para llegar al recinto con un “poroteo” más o menos definido.

Claramente no será como en 2018, cuando todo estaba resuelto en el Senado al comenzar a sonar el timbre llamando a sesionar. Todos sabían entonces que la diferencia a favor del rechazo era irreversible y solo faltaba resolver el número definitivo, que al final fue 38 a 31, con una abstención. Siete de diferencia, demasiado de cara a un nuevo debate dos años después.

Por eso nadie se animaba a imaginar una suerte distinta para este 2020, pero el hecho de que fuera el Poder Ejecutivo el que esta vez se pusiera al hombro esta iniciativa encendía ilusiones en el sector “verde”.

Sin embargo el anuncio del Gobierno respecto del envío de la iniciativa en noviembre pasado -cuando se habían cansado de aclarar que la crisis sanitaria por la pandemia había obligado a postergar la consideración de este proyecto para el año siguiente- sorprendió a propios y extraños. Sobre todo a los primeros: léase Senado, y más precisamente a su presidenta.

Es que, siempre la Cámara alta fue la pieza difícil para la aprobación del proyecto, como quedó claro hace dos años. Y en el transcurso de este tiempo solo hubo una renovación parlamentaria, muy poco para revertir una diferencia de siete votos, como la de 2018. El anuncio del envío del proyecto pareció una respuesta del Ejecutivo a la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Esa en la que habló de “funcionarios que no funcionan” y citó a figuras puntuales, sin dar nombres, claro está. Precisamente una de esas figuras, Vilma Ibarra, fue la encargada de anunciar el envío inminente del proyecto. Pareció un mensaje dirigido al Instituto Patria. Más precisamente a la titular del Senado, a la que no le debe haber resultado simpático que muchos comenzaran a referirse al tema como el “proyecto Vilma”.

Pero necesariamente la molestia, si la hubo, pasó por esos detalles, o porque el proyecto fuera presentado formalmente el mismo día en el que se debatía en Diputados el aporte solidario y extraordinario impulsado por Máximo Kirchner. Lo que más inquietud debe haber generado fue la obligación de salir a conseguir los votos en un cuerpo donde a priori no estaba el número para aprobar el proyecto. “Un Ejecutivo nunca debe lanzar un proyecto sin la certeza de contar con los votos en las dos cámaras”, dice una sentencia no escrita pero siempre presente en el Congreso de la Nación. Y sino que le pregunten a la propia Cristina Fernández, que en 2008 vio cómo su propio vicepresidente le propinaba una derrota histórica desempatando en contra.

En ese marco llamó la atención José Mayans, un celeste confeso y enfático, que salió a cuestionar la oportunidad en la que se anunciaba este debate, en plena crisis por el coronavirus. Está claro que para los que están en contra siempre será inoportuno este tratamiento, pero que así se expresara nada menos que el titular del bloque oficialista hizo pensar por lo menos que debió contar con la anuencia de CFK. Sino en su oposición, al menos en que no era tiempo de impulsar este debate.

A priori, los números para la aprobación del proyecto en el Senado no estaban. A favor del oficialismo debía considerarse, sí, el hecho de que muchos votos celestes son propios y tal vez reversibles, aunque ya se sabe que este es un tema que deja marcas y en consecuencia a nadie le gustaría terminar siendo señalado en sus distritos. Como sea, no es uno de esos proyectos en los que hay que explorar en la oposición para sumar voluntades, sino en el interior del propio Frente de Todos. Y esa ya es una garantía. Incómoda, pero garantía al fin.

El conteo en el Senado

Por eso es que siempre se pensó que el oficialismo necesita dar vuelta dos votos para asegurarse la aprobación. Y como aquí hemos dicho, se pensó en dos senadores propios, uno del norte y otro del sur, un hombre y una mujer, que en 2018 votaron en contra.

Hablamos del senador salteño Sergio “Oso” Leavy, quien como diputado en 2018 se pronunció en contra. Muy kirchnerista, desde el Frente de Todos de su provincia le pidieron que repensara su postura. Por el momento en los conteos se lo considera “celeste”, y así será hasta tanto él mismo no se pronuncie en contrario, pero no dejó de llamar la atención el raid que realizó la última semana en Buenos Aires, justo en días en los que el Senado no se reunió. Raid que incluyó dos ministros -Jorge Ferraresi y Roberto Salvarezza-, pero que concluyó nada menos que con el presidente Alberto Fernández el jueves. Encuentro que el propio senador se encargó de difundir, detallando los temas propios a su provincia de los que habló, que obviamente no incluían la cuestión del aborto. Obviamente, decimos, porque nadie puede imaginar que se vaya a confirmar algo semejante. Como tampoco es imaginable que siendo Leavy un senador, no haya hablado con el presidente sobre qué es lo que hará en el debate principal que se realizará en pocos días y en el que Alberto Fernández ha puesto tantas expectativas.

El otro voto, el del sur, corresponde a la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en 2018 se pronunció en contra. Esa vez llamó la atención pues toda la bancada que integraba y lideraba la propia Cristina Fernández de Kirchner votó a favor, y así se habían pronunciado el mismo día de la media sanción en la Cámara baja, difundiendo una foto en la que aparecían todos los integrantes del bloque, incluida García Larraburu. Se le objetó a la rionegrina haber cambiado de postura, pero en rigor la foto en cuestión era de archivo. En efecto, al final, García Larraburu anunció su decisión a través de un reportaje que concedió un domingo al periodista Gonzalo Aziz por radio Mitre. En el libro Gobernar en minoría, de quien esto escribe, su compañera de bancada María de los Angeles Sacnun la justificó: “Es absolutamente respetable la posición que tomó, y en ningún momento se pidió una actitud o una conducta corporativa”, señaló. Por su parte, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez -activa militante celeste- contó en ese mismo libro que “en su corazón tenía la certeza de que esa senadora estaba con ellos, porque en tiempos anteriores había presentado una cantidad de proyectos que ‘iban en el sentido de la vida’. Las celestes no la habían sondeado, porque en realidad ella no estaba concurriendo a las comisiones y hasta había pedido que la relevaran de la Comisión de Salud. ‘Hasta que en los últimos días, ya cuando buscábamos los votos más pequeños, su voto fue uno de los decisivos. Ella y Rozas fueron los votos más festejados por el grupo’, aseguró la tucumana”.

García Larraburu dio una señal clave el jueves pasado, al firmar el dictamen del proyecto del IVE. Lo cual llevó a parlamentario.com a excluirla en el conteo del sector “celeste”, pero para ponerla entre los “indefinidos”. Y así estará hasta que no haya un pronunciamiento concreto como el que tuvo en 2018. Es que firmar el dictamen es una señal concreta, pero no definitiva. Puede hacerse para habilitar el debate, más no garantiza necesariamente el voto. Es el caso del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, quien si bien es considerado a favor del proyecto, anticipó disidencias que, dijo, expresará durante el debate. Y para habilitarlo, firmó el dictamen.

Es lo que sucedió también con otro de los senadores indefinidos, el entrerriano Edgardo Kueider. Este senador oficialista es uno de los que todavía no se han pronunciado, aunque cerca suyo se lo anticipaba votando en contra. Hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, de quien fue ministro de Gobierno, Kueider se cuidó especialmente de no abrir la boca en un sentido u otro, pero el jueves firmó -como integrante de la Comisión de Justicia- el dictamen “en disidencia”. Lo cual no implica que vaya a votar a favor. Podría abstenerse, conforme expresa su disidencia. Se verá.

Hay otras dos mujeres que figuran entre los indefinidos. Y el hecho de que se haya incluido a la Banca de la Mujer en este debate en comisión permitió verificar el comportamiento de todas las senadoras, pues todas integran esa comisión. Una de esas senadoras indefinidas es la neuquina Lucila Crexell, la única que en 2018 se abstuvo en el debate. En la previa de esta discusión dio señales que muchos interpretaron favorables a la aprobación, pues se pronunció por  la despenalización, pero siempre mantuvo disidencias respecto de algunos artículos, particularmente en cuanto a las semanas de gestación. El tema es que al menos esa cuestión no fue tenida en cuenta, de ahí que nada garantice que vaya a cambiar la postura que expuso hace dos años. Y en la firma del dictamen mantuvo la incógnita, pues fue de las que no firmó.

La otra indefinida es la senadora entrerriana Stella Maris Olalla. Es de las que no estaba en el cuerpo en 2018, así que no registra antecedentes en este debate. Y no abrió la boca durante todo este tiempo. Olalla tampoco firmó el dictamen el jueves pasado.  ¿Tendrá en cuenta la encuesta de Synopsis sobre el tema, precisamente en la provincia de Entre Ríos, que se conoció este fin de semana? Allí un 62,1% se pronunció en contra, y solo un 27,3 lo  hizo a favor. De ese porcentaje, el 70,9 de las mujeres encuestadas se pronunciaron en contra. Miembro de la UCR, vale el detalle de que según ese sondeo el 79,5% de los entrerrianos votantes en 2019 de Mauricio Macri se manifestaron en contra de la legalización del aborto.

Si bien este es un debate transversal, propios y extraños reconocen que el Gobierno buscará sacar partido de una eventual aprobación. Por eso es que más de uno piense en si Juntos por el Cambio no debería proceder de manera tal de no propiciar la aprobación. Los verdes de esa bancada descartan enfáticamente que vaya a haber alguna movida en ese sentido. E incluso niegan que el expresidente Mauricio Macri haya llamado a votar en contra o abstenerse. “No lo hizo en 2018, no lo hará cuando ya no es presidente”, aseguró una fuente del Pro.

Pero lo cierto es que algunos sugieren atender las posturas de otros votos considerados verdes. Como el del catamarqueño Oscar Castillo. El radical votó a favor en 2018, pero ahora trascendió que pensaba abstenerse. Fuentes cercanas al senador dijeron no obstante a este medio que mantendría su postura original. El jueves no firmó el dictamen.

Otra que no firmó es la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que en 2018 votó a favor. Por entonces promovió modificaciones junto con sus pares cordobeses, pero al final terminó coordinando junto a sus pares María de los Angeles Sacnun y Pamela Verasay, que militaban abiertamente a favor. Según fuentes consultadas, la cordobesa no habría suscripto esta vez el dictamen para evitar presiones.

Un voto a favor que se daba por descartado es el del rionegrino Alberto Weretilneck, quien sin embargo el jueves propuso modificaciones, que a priori no fueron tenidas en cuenta. El senador advierte que la ley será “inviable” si  no tiene algunos cambios, pero el oficialismo considera  más inviable que el proyecto deba retornar a Diputados, por eso tratan de convencerlo de que vote a favor, y tenga confianza de que se atiendan esas prevenciones a la hora de la reglamentación.

Una promesa que se extenderá a todos los que tengan dudas, a la espera de garantizar el voto verde que finalmente imponga la ley antes de fin de año. Habrá que ver qué grado de confianza infunden.

La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo este viernes que "es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro", durante el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Para la cordobesa, el proyecto "es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria" para la designación del procurador, sino que se trata de "un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal", el cual es "el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción".

"El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas", consideró la opositora, que lo vinculó a la "decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia", que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer "sacar de los pelos" a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

La legisladora enfatizó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, "no lo pusimos nosotros", sino que su nombre "seguía en la lista" de acuerdo a la normativa vigente. "Que sea un procurador independiente les preocupa", agregó.

Rodríguez Machado alertó que "inventaron un nuevo juicio para remover al procurador", con lo cual pronosticó que "en breve es lo que se viene" -el juicio a Casal-. En ese sentido, explicó que en el proyecto "ante una vacancia (del procurador), se puede cubrir con un fiscal coordinador de distrito, que hay dos, son Laura Monti y (Víctor) Abramovich".

Sobre este último, resaltó que "es miembro del CELS, eso no tiene nada de malo que sea del riñón de (Horacio) Verbitsky; es miembro de Justicia Legítima; y ha sido docente con una dirección del senador (Jorge) Taiana en la universidad".

En su discurso, la macrista continuó: "Supongamos que con esta mayoría simple logren colocarlo a Rafecas… también con este instrumento lo van a tener pendiendo de un hilo, a ver si Rafecas continúa o no como procurador". "Todos sabemos, o por lo menos es vox populi en los pasillos, que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta, que va a poner otro".

Luego, al repasar puntos de la iniciativa, la cordobesa advirtió que de acuerdo a la reforma "el Tribunal de Enjuiciamiento puede actuar incompleto", con lo cual "pueden sacar a los fiscales como se les ocurre", y observó que esto "es un mensaje para (Carlos) Stornelli" porque "hace rato quieren bajar la causa cuadernos, es una preocupación para la vicepresidenta".

"Los fiscales independientes tengan la certeza que tienen un bloque de senadores que va a velar por la independencia del Ministerio Público Fiscal", expresó y adelantó que harán "las denuncias donde las tengamos que hacer". "Viene el embate por Casal, por sacarle poder a Rafecas, por poner de rodillas a los fiscales", concluyó.

Ya sin la presencia del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien pidió retirarse de la videoconferencia por la necesidad de atender un compromiso, el presidente de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, debió lidiar con los planteos que se sucedieron tras el informe de Fernanda Raverta en torno a la continuidad del debate del proyecto habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSeS y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Lovera hablaba de un cuarto intermedio, cuando la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado pidió la palabra para solicitar que en lugar de continuar con el análisis del proyecto el próximo lunes, lo hicieran el martes o miércoles. El pedido tenía que ver con el hecho de que el lunes Juntos por el Cambio tiene previsto reunirse con sus diputados, con el fin de intercambiar opiniones sobre ese proyecto aprobado en la Cámara baja hace tres semanas.

En el mismo sentido se pronunciaron luego las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien dejó claro el pedido de una muestra de buena voluntad de parte del oficialismo para darles un día más para analizar el tema y llegado el momento aportar propuestas.

Tomó la palabra entonces el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, quien enfatizó que para ellos “tiene una importancia fundamental tratar este tema, sobre todo para los gobiernos de las provincias”. Recordó la amplia mayoría con la que se aprobó el proyecto hace tres semanas, y que desde entonces todos cuentan con ese proyecto para su análisis, y dio a entender entonces que ellos estaban dispuestos a empezar a circularizar el dictamen para sesionar cuanto antes.

Rodríguez Machado apuntó a continuación que todavía los asesores  no habían podido ver el proyecto, cosa que Mayans relativizó: “El asesor puede tener una visión, pero el que voto soy yo. El asesor opina si le damos lugar a que opine”. Y luego sugirió que podían incluso tratarlo sobre tablas. “Nuestro bloque está en condiciones de firmar el despacho; aceptamos si la oposición quiere hacer un despacho en disidencia”, remarcó el formoseño, sugiriendo que llevarían el proyecto al recinto dentro de dos jueves.

La senadora Rodríguez Machado aclaró entonces que si lo trataban dentro de dos jueves, no cambiaba nada que volvieran a reunirse el lunes o el martes. Pero aclaró que si la intención era firmarlo este mismo viernes, para poder tratarlo el viernes venidero, los tiempos no les daban. “No va a entrar en el día de hoy, por el horario. Va a estar disponible  para la otra semana, ya no ingresa para el viernes siguiente, entra para la otra semana. Si lo firman el lunes es lo mismo”, aclaró.

“Tienen los votos, tienen la mayoría, pero nosotros tenemos los dos tercios. Si quieren firmarlo hoy y no hacer la reunión la semana que viene, pueden,  pero tampoco lo pueden tratar la semana que viene”, insistió la senadora cordobesa.

Mientras el senador Lovera destacaba que el proyecto se aprobó en Diputados con 245 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, y habló de la necesidad de “darle celeridad” al tema, laudó el chubutense Mario Pais: “Podemos habilitar un mecanismo que permita conciliar los intereses. Hoy podemos comenzar a firmar el dictamen, y habilitar hasta el martes para que lo puedan firmar los senadores de la oposición”, si estaban de acuerdo, dijo. Y agregó: “Lo importante también es que ellos también tienen los requerimientos de los gobernadores, han visto que el proyecto es positivo”.

Rodríguez Machado coincidió con su par oficialista, pero insistió en dejar en claro que “si se empieza a firmar hoy, no queda habilitado para el viernes que viene. No creo que se cuenten sábado y domingo; pueden empezar a firmarlo, pero hay dos comisiones, no entra para el viernes que viene”.

“Laura, no te das una idea de lo rápido que somos para firmar”, apuntó Mayans riendo, pero luego aclaró que coincidía con el senador Pais, dispuesto entonces a mantener la armonía alcanzada.

El debate irresuelto en torno al protocolo para el funcionamiento del Senado de manera remota continuó este lunes durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, cuando la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado anunció que participaban de esa reunión porque este lunes 21 de septiembre “es el último día del reglamento válido que fuera convalidado por unanimidad el 27 de julio de 2020. A nuestro criterio, todo lo que se defina hoy está cubierto por ese reglamento”.

La legisladora cordobesa aclaró que “será otra la decisión que tomemos a partir de la presentación judicial” a partir del planteo hecho por la aprobación que para ellos fue antirreglamentaria de un nuevo protocolo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, le contestó reiterando que “esta discusión ya fue dada en la última sesión”, en la cual “dejamos muy claro que el artículo 227 del Reglamento del Senado creemos que es muy claro”. Agregó que “no correspondía de ninguna manera que se pidieran los dos tercios, a los fines de la excepcionalidad de este tipo de reuniones, porque no estábamos reformando el reglamento. Si hubiéramos tenido que reformar el reglamento, se debía haber llevado adelante en ese momento  un proyecto, que debía haberse discutido en el seno justamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y luego sí aprobado por el pleno”.

Y concluyó: “Entendemos que o solo no se ha reformado el reglamento, sino que hay una situación de excepcionalidad convalidada a partir de la declaración de certeza que pidió la presidenta de esta Cámara a la Corte Suprema”.

Antes de retirarse de la sesión junto a sus pares de Juntos por el Cambio, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado expresó el rechazo al desplazamiento de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y sostuvo que "hay tres jueces que están sentados arriba de causas que evidentemente al kirchnerismo le molesta que estén en manos de jueces independientes".

Para la cordobesa, existe "una decisión política de avanzar sobre el manejo de la justicia en Argentina" y defendió que los traslados de esos jueces -ocurridos durante el gobierno anterior- se hicieron "perfectamente conforme a derecho".

En ese sentido, relató que el exminsitro de Justicia, Germán Garavano, consultó a la Corte Suprema sobre "el procedimiento a realizar". Asimismo, la legisladora dijo que "el Consejo de la Magistratura conforme a la ley vigente, que es un reglamento de traslados de jueces que fue aprobado en el 2000, dice que se pueden trasladar los jueces sin acuerdo del Senado para desempeñar funciones de misma jerarquía, o igual o similar competencia, tal cual paso con estos jueces".

Y añadió que las resoluciones 4/18 y 7/18 del Senado "establecen que está correcta la modalidad del traslado de estos tres jueces".

La opositora aseguró que al kirchnerismo "no" le "gusta lo que dicen en las causas de corrupción", entonces "quieren sacarlos de esas causas" y "buscan modificar las normativas". Sin embargo, recordó que en la gestión de Cristina Kirchner se trasladó a Pablo Bertuzzi de un tribunal de La Plata hacia uno de Capital Federal "con este mismo procedimiento que ahora están negando; pero ahí sí lo aplicaron".

Uno de esos jueces, dijo que no va a responder a lo que resuelva el Senado. Yo le digo al juez que es sólo el Bloque mayoritario el que pretende avanzar con este atropello, ya que nuestro Bloque lo respalda y lo apoya, para que pueda cumplir sus funciones de forma independiente. pic.twitter.com/RfvkdXMUqe

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) September 16, 2020

"La estrategia del Gobierno es la siguiente: el siguiente paso es declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que está involucrado el kirchnerismo, porque van a decir que no fueron trasladados conforme a derecho", pronosticó.

Y ahondó que "el plan número tres" será "aumentar los miembros de la Corte para modificar esta decisión, porque entonces, cartón lleno: tienen los jueces trasladados, declaran que no son válidas sus sentencias, aunque la Corte así lo valida, y después cambian el número de la Corte para validar una nueva decisión".

En su discurso, la senadora mencionó que "el juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina", y le envió un mensaje diciendo que "el otro bloque del Senado" que no es el oficialismo "lo está respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas".

"Aunque seamos minoría vamos a defender contra el atropello institucional, a no permitir que los jueces independientes sean removidos de sus cargos", agregó.

En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.

El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.

Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.

Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.

“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.

Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.

“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.

Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.

Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.

Debate caliente

En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.

Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.

Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.

“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.

En tono duro, Sacnun se defendió: “El término 'apretada' no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.

Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.

La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.

Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.

En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.

Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.

Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.

En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.

Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.

Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.

La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.

Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) presentó un pedido de informes luego de que el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fuera demorado en el ingreso a San Carlos de Bariloche, cuando trasladaba a integrantes de una comunidad mapuche.

Según trascendió, Pilquiman conducía el vehículo propiedad del INAI sin la documentación reglamentaria y fue demorado por personal de control municipal que le secuestró la camioneta.

En declaraciones a La Nación, el funcionario descartó que trasladara a integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, que lleva adelante la toma de tierras en Villa Mascardi.

“Venía de la zona de Coquelén con una familia de la comunidad mapuche de Cerro Alto que me pidió por favor los trajera hasta Bariloche porque tenía que hacer trámites”, se defendió Pilquimán.

En su pedido de informes, Rodríguez Machado solicitó que se expliquen las razones por las que Pilquimán se encontraba trasladando a personas de la comunidad mapuche en pleno aislamiento social.

“Actualmente rigen en todo el país los decretos del Poder Ejecutivo dictados por la pandemia que prohíben la circulación de personas, salvo excepciones vinculadas estrictamente a la prestación de trabajos esenciales”, argumentó.

La senadora sostuvo que “este es un hecho que debe ser investigado. No pueden quedar dudas respecto del accionar de las autoridades públicas nacionales, como así tampoco de su posible vinculación con hechos delictivos”.

Previsiblemente el incidente del final de la sesión de la semana pasada, con la lectura durante 14 minutos que hizo la senadora María de los Angeles Sacnun de las correcciones al dictamen de la reforma judicial, tuvo eco en la sesión de este jueves. Encargada de exponer la protesta fue la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado.

La senadora cordobesa presentó una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, y la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Sacnun, por lo sucedido en el final de la sesión anterior. Admitió la senadora que imaginaban que podría haber algunas modificaciones al despacho, pero cuestionó que a último momento los senadores que integran ambas comisiones que manejaron el proyecto en cuestión se enteraron “a último momento” de una serie de cambios que no conocían, cuya lectura demandó “un lapso no menor a 10 minutos”.

Recordó entonces haber pedido hacer uso de la palabra de manera reiterada, sin que la presidenta del cuerpo reparara en ella. Reconoció que por la vía remota puede resultar muy difícil ver quién habla, no se identifica a los senadores que piden hablar, e irónicamente deslizó que “sí ver a quien supuestamente lee, pero no cuando alguien pide uso de la palabra. La pedí en reiteradas oportunidades, y la respuesta (de la presidenta del cuerpo) fue, y voy a ser textual: ‘Por favor’, ‘a ver’, ‘parecemos un gallinero’, ‘les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y solamente cuando el secretario les diga los abran’”.

“No podemos hablar, hacer uso de la palabra… A mi criterio esto amerita una cuestión de privilegio”, apuntó la senadora de Juntos por el Cambio que denunció la utilización de “formas que creía desterradas”. Y agregó: “No poder hacer uso de la palabra e identificarnos como un gallinero es una falta de respeto a los senadores de este cuerpo. Además de conocer a último momento una modificación de este despacho, cuando durante horas estuvimos hablando de otro texto”.

“Esto no puede pasar más, amén del sentido positivo o negativo de este voto: que se nos cercene la palabra, que se nos compare con un gallinero, y no saber lo que se va a votar después”, resumió.

La senadora macrista Laura Rodríguez Machado consideró que la reforma judicial es parte de "un plan de impunidad", y expresó el "rechazo total, absoluto" al proyecto de ley oficial, que además calificó como un "festival de cargos".

Miembro informante del interbloque Juntos por el Cambio, la cordobesa recordó la opinión que recientemente emitió sobre la iniciativa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresó: "En ese marco de sinceridad, debemos reconocer que la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el festival de cargos".

"(El proyecto) es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno", resaltó.

La legisladora también cuestionó que "solamente trata una modificación de la justicia federal penal" y de "gastar seis mil millones de pesos" en una justicia que "atiende a los poderosos, atiende a los que cometen delitos de corrupción".

"Pero en este plan de impunidad hay varias aristas", señaló, y mencionó entonces el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se creó el Consejo Consultivo de juristas, que "está nada más y nada menos que integrado por el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, que la defiende en causas de corrupción".

La senadora del Pro destacó además que el procurador general interino, Eduardo Casal, "está recibiendo los embates más grandes que hacen a su cargo, para ver si de alguna manera lo hacen renunciar y poner ustedes al procurador que quieren sin los dos tercios".

Otro de los aspectos que criticó fue la revisión de traslados de jueces designados durante el macrismo y le enrostró al oficialismo: "Quienes votaron todos los jueces designados durante el gobierno de Macri fueron ustedes señores kirchneristas, porque tenían la mayoría. Por lo tanto no puedo creer que ustedes hayan votado jueces que no creían que eran independientes".

Rodríguez Machado opinó que "en este mismo relato le han puesto otro título (al proyecto), pero vemos la misma película" que la democratización de la justicia, impulsada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En esa línea, pronosticó que habrá presentaciones de inconstituciondalidad si se sanciona.

Respecto a que las causas mantendrán a sus jueces naturales, la legisladora explicó que "no necesariamente tienen que sacarla del juez natural, les bastaría con sacar al juez". Y analizó que eso se "conecta con la cláusula Parrilli" porque en el artículo siguiente, en el 73, se interpreta que si los magistrados "no delatan a la prensa" eso podrá ser "una causal de mal desempeño en el ejercicio".

Sobre la puesta en marcha del sistema acusatorio, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales remarcó que "lo que hace es darle mayor participación a los fiscales", y en el proyecto "en vez de generar más fiscalías, se crean más cámaras y juzgados".

"Es un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogancias inconstitucionales, y crea un festival de cargos por un alto monto en una pandemia", resumió.

La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado alertó que en la oposición no pudieron acceder al dictamen del proyecto de reforma judicial, que el oficialismo firmó en soledad luego de anunciar algunas modificaciones a la versión original enviada por el Gobierno.

La macrista relató que "ayer la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora (María de los Ángeles) Sacnun, oralmente nos manifestó algunos cambios, pero no hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la comisión el texto del dictamen. Así que no sabemos si eso se hizo, si hay otros puntos a modificar y cuál es el dictamen".

En diálogo con CNN Radio, la legisladora señaló que "el nuevo texto que se tenía que someter a votación" y "ese es el que no hemos podido conseguir". "Los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece", agregó la vicepresidenta de la comisión.

Además, la cordobesa contó que se comunicó con Sacnun, quien le dijo que "cuando estén las firmas lo va a publicar, pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión". "Lo firmemos o no firmemos tenemos derecho a conocer cómo se expidió la comisión que integramos", sostuvo.

Por otra parte, advirtió que "la reforma judicial excede este proyecto en tratamiento. La reforma judicial que pretende el kirchnerismo en Argentina tiene cuatro aspectos, uno de ellos es este proyecto que crea más juzgados, fiscalías, cámaras y modificaciones sobre cómo se cubren los cargos".

Pero además, mencionó al "Consejo de juristas que integra y encabeza el abogado de Cristina Fernández de Kirchner (Carlos Beraldi), que la defiende en causas de corrupción; una serie de acciones contra el procurador general (Eduardo Casal), que está recibiendo un embate muy fuerte; y no reconocer traslados de jueces que están sobre causas importantes".

"No nos creamos que porque hayan modificado dos artículos van a decir que cedieron ante la oposición", enfatizó.

También, en declaraciones a radio Mitre, Rodríguez Machado consideró que "el texto todavía no existe" porque "están negociando con gobernadores y diputados para poder aprobarlo".

[En Vivo] en @radiomitre "Queremos leer el texto de Reforma Judicial que firmó el oficialismo y no lo han dado a conocer. Supongo que ese texto no existe porque todavía están negociando con gobernadores y diputados para poder aprobarlo". #LanataSinFiltro

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) August 20, 2020

La oposición en el Senado ya encendió luces de alarma sobre el proyecto de ley de moratoria universal que este jueves comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Integrantes de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para “entender si este proyecto de ley no es más que otro paso en la búsqueda de impunidad de quienes han saqueado al pueblo argentino”.

En la iniciativa, encabezada por Laura Rodríguez Machado (Pro), los senadores advierten que “el proyecto establece tres modificaciones polémicas a la moratoria original: la incorporación de deudas por impuesto a los combustibles líquidos, la adaptación de los sujetos con quiebra decretada y la inclusión expresa de la posibilidad de suspensión de la acción penal tributaria y aduanera en curso para autores, coautores y partícipes necesarios  de los delitos de evasión que estuvieran en trámite ante el pago total o definitivo de la deuda”.

Según entienden, gracias a estas modificaciones, la petrolera OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Souza, podría resultar beneficiada con la nueva moratoria.

“Estas modificaciones están hechas a la medida de los titulares de la empresa OIL Combustibles S.A., que durante los años previos al gobierno de Cambiemos se habrían apropiado indebidamente de aproximadamente 900 millones de dólares, causa que en la actualidad se tramita ante la Justicia Federal, y de exfuncionarios de la AFIP, incluida su máxima autoridad, Ricardo Echegaray, imputados por defraudación contra la administración pública”, advirtieron los legisladores.

Por esa razón, advirtieron que el proyecto oficial “no es solo una ampliación de la moratoria, sino que incorpora cláusulas de exculpación que impedirían al Poder Judicial avanzar en consagrar justicia en causas de corrupción y evasión”.

En el pedido de informes, solicitaron al Ejecutivo detalles sobre el monto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ITC) declarado por los sujetos obligados, el monto ingresado y el monto adeudado, además del monto actual de deudas exigibles por ese impuesto.

En ese sentido, se solicita el CUIT y la denominación social de los deudores, indicando el monto adeudado por cada uno y por qué importe podrían adherir al nuevo plan.

Además de Rodríguez Machado, firmaron el proyecto Luis Naidenoff -jefe del interbloque Juntos por el Cambio-, Pablo Blanco, Pedro Braillard Poccard, Oscar Castillo. Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Stela Maris Olalla, Humberto Schiavoni, Pamela Verasay,  Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo y Belén Tapia.

Desde el Interbloque Parlamentario Federal, suscribieron su titular, Juan Carlos Romero, y los senadores Clara Vega y Carlos Reutemann.

Lógicamente el tema Vicentin surgió en la sesión de este jueves en el Senado, durante el primer informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete. En ese marco, y ante las preguntas de senadores del bloque Pro, Santiago Cafiero subrayó: "No está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones".

"Pueden quedarse tranquilos", les respondió el funcionario a los macristas Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado, quienes plantearon sus dudas sobre la posibilidad de que el Estado Nacional avance con la expropiación de otras empresas.

Cafiero defendió la decisión del Gobierno al sostener que lo que se hizo fue "rescatar una empresa que estaba quebrada, rescatar una empresa que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles. Una empresa que no estaba operando, no estaba trabajando y no tenía perspectiva de trabajar".

"También tengamos en cuenta, cuando hablamos de Vicentin, hablar del rescate económico que se quiso hacer durante el gobierno anterior desde el Banco Nación. Yo sé que a algunos le molesta esto, pero eso fue hace ocho meses no más", apuntó el jefe de Gabinete.

En ese sentido, señaló que el "crédito extraordinario" de 18.500 millones de pesos que se le dio a la agroexportadora se realizó "sorteando todos los mecanismos regulatorios del Banco y es un crédito que se está judicializando y que está en investigación".

Cafiero se refirió al tema en respuesta al macrista Alfredo De Angeli quien, en una enfática intervención, le preguntó: "¿Qué quieren hacer? ¿Van a seguir rescatando empresas chicas? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿Van a expropiar campos, van a estatizar la producción de granos y alimentos?".

El entrerriano alertó que el anuncio de la intervención y expropiación de Vicentin "puso en alerta a todos", en referencia al sector agropecuario, y cuestionó el argumento sobre la "soberanía alimentaria" esgrimido por el Gobierno. "¿Qué soberanía alimentaria si nosotros producimos diez veces más alimento de lo que precisamos?", lanzó.

"Usted quiere diálogo, no imposición de las mayorías. Nosotros queremos discutir en el Congreso, pero debatir también con las minorías y últimamente lo que nos han aplicado es la imposición de las mayorías. Usted dice que sesionamos poco con Mauricio Macri, pero salieron las mejores leyes porque fueron las más debatidas de todas", le enrostró.

El legislador comenzó recordando medidas del gobierno kirchnerista sobre el sector agropecuario, entre ellas que "en 2006-2007, el Gobierno nacional interviene el mercado de carne vacuna para cuidarle la mesa a los argentinos, ese era el fundamento. No funcionó". "En 2009 estalló el precio de la carne y quedaron muchas industrias frigoríficas cerradas", señaló.

Luego se refirió a "la intervención de los granos, con el secretario (de Comercio, Guillermo) Moreno" que "empezó con el trigo" y "terminamos importando harina de Uruguay, la vergüenza más grande de la Argentina". "También intervinieron el mercado del maíz, y se cayó la producción al 60%", continuó y, por supuesto, mencionó el conflicto de 2008.

El senador destacó que "cuando llega, el gobierno de Mauricio Macri baja las retenciones. No las pudo sacar lamentablemente. Pero hicimos 20 millones de toneladas de trigo, más de 20 millones de toneladas de maíz, exportamos, alcanzó para el mercado interno y se abrieron los mercados externos".

En cambio, comparó que en diciembre, tras asumir Alberto Fernández, "ya nos pusieron las retenciones. El sector agropecuario, no muy a gusto, pero aceptó". Y cuestionó que "en plena siembra de trigo, en mayo, el Banco Central saca una resolución de que no va a permitir más dólares para la importación. El sector necesita productos importados".

Por su parte, la que también consultó sobre el tema Vicentin fue la vicepresidenta segunda del cuerpo, Laura Rodríguez Machado, quien sentenció: "Somos absolutamente refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado, no la compartimos".

La macrista le recordó al jefe de Gabinete que, en declaraciones a los medios, él dijo "no todas las empresas concursadas serán expropiadas" con lo que "se puede interpretar muchas sí, algunas no", consideró.

"¿Cuántas más empresas tiene previsto expropiar el Estado argentino? ¿Qué condiciones deben darse para que usted considere que algunas sí están en condiciones de ser expropiadas?", le consultó, al tiempo que también lo interrogó sobre "¿cuál cree que es el efecto de la economía frente a estos anuncios?"

Picante, Rodríguez Machado expresó además que, si Vicentin llegara a ser parte del patromonio estatal, "si va a ocurrir como pasó en Córdoba con la empresa FAdeA, donde se nombraron cientos de militantes de La Cámpora en los puestos de esa empresa".

Finalmente, remató: "¿Por qué un gobierno progresista como ustedes se autodenominan utiliza una ley de la dictadura, una ley firmada por Jorge Rafael Videla, para justificar este atropello a la propiedad privada?".

En una nueva escala de la pelea creciente que vienen librando el oficialismo y la oposición en el Senado, la confrontación esta vez se dio nuevamente en una reunión de comisión. Fue la de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Angeles Sacnun, cuando se abordó el proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones Crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la Empresa Vicentin.

Esta vez no hubo cruces: inmediatamente después de haber expuesto Oscar Parrilli los fundamentos de su iniciativa, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado leyó un comunicado elaborado por su bloque en el que consideraban que lo que se estaba debatiendo era “un proyecto sin razón que busca ocultar cuestiones de gravedad”, tras lo cual los miembros de Juntos por el Cambio que integran esa comisión se retiraron de la  misma.

En caso de ser creada, la comisión tendrá 6 senadores y 6 diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por 6 meses más, y facultades para llevar adelante su cometido para exigir la documentación correspondiente.

Ya lo había anticipado Parrilli al iniciar su exposición. Acababan de analizar un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al que todos habían elogiado. Lo que venía, en cambio, “no tendrá la misma unanimidad”, admitió el extitular de la AFI, que a continuación aclaró que ese proyecto había sido presentado el 27 de abril pasado, atento a los hechos que acababa de denunciar el actual director del Banco Nación Claudio Lozano, impulsor de una denuncia penal por posible defraudación contra las anteriores autoridades del BNA al otorgar préstamos a Vicentin, excediendo “todos los límites posibles, agravado porque la empresa estaba ya en concurso de acreedores”.

Los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.

Oscar Parrilli

Tras recordar que entre los incumplimientos de pagos de Vicentin hay 2.500 productores a los que no les abonaron el monto de la producción del año pasado, Parrilli puntualizó que “pretendemos que esta comisión no solo investigue las posibles irregularidades registradas, no desde el punto de vista penal, cosa que corresponde a la Justicia, pero sí cuáles fueron las acciones económicas por parte del Banco Nación, cuáles los controles del Banco Central y la actitud de los directivos de la empresa, si fueron conscientes de que estaban llevando adelante una maniobra lesiva de los intereses, que perjudicaba no solo al Banco Nación, sino también a los productores”.

Parrilli habló de la posibilidad de “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.

A la hora de citar antecedentes, el ex secretario general de la Presidencia mencionó la que en la década del 30 investigó la defraudación al Estado por la venta de carnes, en cuyo marco un senador fue asesinado en el Congreso de la Nación. Citó también la que en 1974 investigó las relaciones del Estado nacional con Aluar, y hasta la recientemente creada bicameral para investigar la deuda contraída durante la gestión macrista.

“Desde mi punto de vista y en el ánimo de los senadores que suscribimos este proyecto, una de las labores y responsabilidades que tenemos es velar por los intereses del Estado. La empresa ha violentado los intereses del Estado argentino”, dijo y anticipó que “si corresponde”, harán oportunamente la denuncia correspondiente.

Con relación al dictamen que a continuación pasaría a la firma y fue alcanzado, Parrilli señaló que “los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.

Retirada de Juntos por el Cambio

Habló a continuación la senadora Laura Rodríguez Machado, que en nombre del interbloque anunció que habían decidido que “nuestra incorporación se va a referenciar a través de una nota que vamos a remitir oportunamente”. La misma tiene cinco puntos que leyó a continuación:

• 1) Es de público y notorio conocimiento que se halla abierta y en trámite una causa en la justicia con el mismo objeto que se enuncia en el artículo 1°. No se entiende entonces la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas con toda seguridad en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente.
• 2) En la práctica lo que se propone es un nuevo avance de un poder sobre otro superponiéndose en el normal funcionamiento institucional y lesionando seriamente el principio de división de poderes que caracteriza al principio republicano de gobierno.
• 3) Por la amplitud y el objeto de las facultades palmariamente desproporcionadas que se asignan en el proyecto a la pretensa comisión sin duda alguna la propuesta tiene todas las características de las comisiones especiales fulminadas por el art. 18 de la Constitución Nacional por lo que se estaría violando flagrantemente la garantía contenida en dicha norma.
• 4) No se entiende la necesidad de tamaño desgaste parlamentario tanto presupuestario como operativo siendo que las actuales autoridades han sido designadas por el gobierno actual y está en sus manos toda la información que puede interesar a nivel del Congreso de la Nación.
• 5) Por estas razones es posible asegurar que la propuesta carece de razonabilidad desde todo punto de vista y parece estar apuntada a crear en la opinión pública un estado de conmoción para ocultar otras cuestiones de mucha mayor gravedad que están alterando el ánimo social y que son imputables exclusivamente al gobierno actual.

Tras la lectura de esos argumentos, Rodríguez Machado anunció que se iban a retirar por una reunión “muy importante” que tenían y pidió a las autoridades de la comisión que estuvieran atentos para que se mantuviera el quórum necesario para despachar los proyectos que estaban siendo tratados, teniendo en cuenta que por ejemplo se habían retirado los senadores catamarqueños para participar de la visita (luego suspendida) del presidente Alberto Fernández a su provincia.

Rápido de reflejos, apareció en el zoom el senador Dalmacio Mera, uno de los que se habían ido, que anticipó desde la calle que acompañaría el proyecto de la constitución de la bicameral, por ser el Legislativo “un poder independiente” que tiene “las facultades de constituir comisiones a los efectos de investigar. No tenemos jurisdicción penal, pero tenemos que saber qué pasó con una empresa que tuvo la posibilidad de tener 18 mil millones de dólares de préstamos”.

“Tenga la plena seguridad que estamos controlando permanentemente el quórum”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión, que más tarde detalló la presencia de los senadores Alberto Weretilneck, Carlos Espínola, Nancy González, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Adolfo Rodríguez Saá, Silvia Sapag y la propia Sacnun, cuestión de no dejar margen de dudas.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti habló luego, para cuestionar a los senadores que se habían ido: “Creo que en vista del republicanismo y la división de poderes que la senadora preopinante dice o pretende defender, este Congreso tiene las plenas facultades de ocuparse de un tema tan preocupante como es una de las mayores estafas que pudo haber sufrido el Estado nacional respecto de préstamos del Banco Nación, el BICE, el Bapro, la AFIP…”.

“Uno de los argumentos que escuché para huir del debate de esta comisión es que ya hay una causa judicial”, mencionó la senadora mendocina, que luego recordó la constitución de la Bicameral del ARA San Juan, que realizó “una investigación independiente muy profunda durante un año y medio, con cientos de testimonios; hoy la causa sigue, pero el Congreso de la Nación hizo un informe por unanimidad diciendo qué es lo que había pasado con la desaparición y el hundimiento del submarino”.

Fernández Sagasti remarcó que “ninguno de los argumentos técnicos ni políticos dan argumentos para la huida de Juntos por el Cambio de dar este debate que creo que es crucial en la Argentina”.

La senadora señaló que cuando “una pyme que va a pedir préstamos a cualquier banco le piden hasta un análisis de orina… Y el Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantías. Y el 40% se lo dieron en noviembre de 2019, casi 7.000 millones en noviembre de 2019, cuando el anterior gobierno se estaba yendo… Sin decir que fueron uno de los principales aportantes de la campaña de Mauricio Macri”.

La senadora de La Cámpora señaló que “en 2018, cuando implosionó la burbuja financiera del macrismo, esta firma preparó dos empresas, en Uruguay y Paraguay, par air transfiriendo todos los bienes y acciones a paraísos fiscales. De eso estamos hablando cuando decimos que queremos investigar lo que  pasó con la defraudación al Estado nacional y a todos los argentinos”.

“No vamos a ser cómplices de un gran grupo empresario en el robo al Estado”, enfatizó luego, para advertir luego: “La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.

Más tarde volvió a pedir la palabra para hacer referencia a la presentación realizada por 25 diputados encabezados por sus comprovincianos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, que precisamente este viernes presentaron un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre el grupo Vicentin. “Y huyen de la discusión para que institucionalmente se investigue lo que sucedió. La verdad que la poca coordinación o la poca inteligencia que tiene Juntos por el Cambio alarma…”.

Tras una serie de discursos en los que legisladores del Frente de Todos y el rionegrino Alberto Weretilneck justificaron la necesidad de crear esa bicameral y fustigaron la actitud de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, reprochó la postura de la oposición con similares argumentos a los que había dado el día anterior en el recinto. Al citar por ejemplo el tema del presunto espionaje ilegal que se le adjudica al Gobierno anterior. Y volvió a insistir en la necesidad de tratar en el Congreso todos los temas, y no, como sostiene la oposición, solo los relacionados con la pandemia, mientras las sesiones sean remotas.

La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.

Anabel Fernández Sagasti

En ese marco alertó sobre lo que consideró “una operación” en ciernes, en referencia a la aparición de un exespía israelí con supuestas pruebas sobre el caso Nisman. Así las cosas, habló de una “contraofensiva” planteada “justo que aparece el tema de los servicios de inteligencia”.

“Molesta mucho lo que estamos haciendo; ya apareció el grupo de apoyo, hay que tener mucha convicción para conseguir la liberación de nuestra patria”, remarcó el formoseño, y alertó que “hay que tener cuidado; la operación más grande va ahora contra la vicepresidenta”.

Y continuó: “Este espía israelí apareció ahora (…) Sé que el centro del ataque es la presidenta (del Cuerpo). Ella representa los intereses de los que no tienen derechos”.

“Todos saben lo que era Vicentin. ¿Qué van a querer una empresa testigo; ni nunca van a querer”.

Sobre el final, Mayans insistió en la existencia de “enemigos de afuera, enemigos de adentro, y también idiotas útiles. Patria y antipatria… Vamos a ver cómo se sigue manejando todo esto, no va a ser fácil, porque los operadores que tienen son muy fuertes. Esa operación que viene de Israel me hace pensar en otra cosa. Esta es la punta del ovillo”.

Al inicio de la sesión de este jueves en el Senado, y en nombre del interbloque Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado (Pro) volvió a advertir al oficialismo sobre el temario de los debates virtuales, que según la resolución firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, debe acotarse a proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19.

Desde su banca en el recinto, Rodríguez Machado presentó una cuestión de privilegio contra Cristina y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, por haber incluido este jueves una iniciativa ajena a la pandemia, que suspende por seis meses la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS), es decir, la creación de empresas vía Internet.

Presenté una cuestión de privilegio contra la presidenta del Senado @CFKArgentina y el senador Mayans (Jefe del Bloque del Frente de Todos) por no respetar el reglamento e incluir temas que no están relacionados al #COVID19 en las sesiones remotas. pic.twitter.com/YtZsYP4nrZ

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2020

La legisladora del Pro recordó que el decreto presidencial 8/20, aprobado por unanimidad, estableció que “la temática a tratar en las sesiones virtuales mientras dure la situación de cuarentena y la pandemia tienen que ver solo con temáticas relacionadas al Covid-19”.

Puntualmente, el artículo 2 de dicho decreto señala que “las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, sobre aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos”.

“Lo que más me preocupa -expresó Rodríguez Machado- es que si los senadores no respetamos las normas que nosotros mismos nos damos, ¿qué le podemos pedir al resto de las instituciones? Tenemos que dar el ejemplo”.

Al referirse puntualmente al proyecto de suspensión de las SAS, recordó que la ley que creó esa modalidad fue aprobada durante la gestión de Mauricio Macri y recibió unanimidad en la Cámara alta.

Según la cordobesa, “la SAS es una modalidad que ha generado infinidad de posibilidades de trabajo para los argentinos: 47.000 puestos de trabajo y alrededor de 30.000 asociaciones creadas bajo este tipo societario”.

La oposición ya había cuestionado, la semana pasada, la decisión del oficialismo de apartarse de la regulación de las sesiones virtuales. Es que, en la última sesión remota, el Frente de Todos incluyó en el temario el rechazo al DNU 256/15, que pasó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

A modo de represalia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se negaron a aportar los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas otros dos proyectos, los de educación a distancia y alquileres. Y, cuando comenzó el tratamiento de los decretos, ambas bancadas se desconectaron de la sesión.

Nota a Cristina

Además de la cuestión de privilegio presentada por Rodríguez Machado, los senadores Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) enviaron una nota a Cristina donde advirtieron que “se ha vulnerado una norma interna y se han incumplido los acuerdos políticos que le dieran origen”.

“La vulneración de una normativa interna y transitoria que nos hemos dado sólo a los efectos de atender de manera especial a la pandemia viene a romper el indispensable marco de confianza requerido entre las partes para poder sesionar de esta forma remota por medios telemáticos con el actual sistema”, sostuvieron.

Además, subrayaron que “este tipo de sesiones, con el sistema informático que se ha adoptado, concentra su administración en áreas operativas que dependen de la Presidencia y que limitan sensiblemente la posibilidad de control tanto a esta oposición como a la ciudadanía”.

Durante la sesión virtual de este miércoles, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo que "es tremendo que desde el Gobierno nos pidan elegir entre salud o quedarnos sin trabajo".

La vicepresidenta segunda del cuerpo, quien participó de la reunión desde el recinto, cuestionó "la dicotomía de que hay que elegir entre salud o trabajar".

"¿Cómo puede ser que el presidente de la Argentina nos diga 'o se mueren todos o se quedan sin trabajo, se quedan sin producir'?", se preguntó.

La cordobesa insistió que "es falsa esa dicotomía que nos deja con un susto muy grande, como sintiendo que el Gobierno no puede hacer dos cosas a la vez".

Con reparos al DNU 329/20, a través del cual se prohibieron los despidos y suspensiones por 60 días, la legisladora consideró que con esta medida "nos están llevando al infierno".

En ese sentido, le enrostró a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Lo dijo usted, señora presidenta, en el 2009, cuando la CGT le pidió que se votara una ley antidespidos, le dijo que una ley como esa era ir camino al infierno".

Solo cuatro senadores fueron los privilegiados que pudieron participar de manera presencial de la sesión realizada este miércoles en la Cámara alta. Ya se sabe que la oposición quería que se hiciera una sesión mixta, pero solo consiguieron que, además de la presidenta del Cuerpo y los secretarios, pudieran estar en el recinto el resto de autoridades de la Cámara: la presidenta provisional y los tres vicepresidentes.

Entre ellos estuvo la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que le dio a su presencia un toque particular con el vistoso barbijo con el que apareció en el recinto: amarillo, el color tradicional del partido en el que ella es vicepresidenta segunda.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro) se mostró a favor de sesionar de manera virtual, pero advirtió que antes hay que modificar el reglamento de la Cámara alta, con el voto de los dos tercios de los legisladores en una sesión presencial.

"La mayoría de los senadores están dispuestos a sesionar, pero para hacerlo, en el reglamento que tenemos, no está contemplada la sesión virtual", señaló y recordó: "Al no estar contemplado, Cristina Fernández de Kirchner envía a la Corte Suprema un pedido de declaración de certeza para ver si puede funcionar, y le contestan que cada cámara tiene la facultad suficiente para definir cómo va a sesionar".

En ese sentido, la legisladora enfatizó que "lo que hay que hacer para sesionar es modificar el reglamento, para validar la sesión virtual, y para eso requiere una sesión presencial, que va a ser válida con dos tercios de los miembros de la cámara".

La cordobesa mencionó que este martes la vicepresidenta se reunirá de manera presencial con José Mayans, jefe del bloque Frente de Todos; y Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio; para evaluar "quiénes estarían en condiciones de viajar".

La macrista admitió que los traslados de muchos senadores son complicados, por las distancias de algunas provincias hacia Buenos Aires y la falta de vuelos, además de que muchos "tienen edad en relación a los grupos de riesgo".

"Nosotros vamos a sesionar de manera virtual si el reglamento lo establece", reiteró y sostuvo: "Creemos que el Congreso tiene que funcionar, pero tiene que funcionar correctamente, que las normas que se sancionen tengan validez, sino estamos entrando en otro problema".

En diálogo con FM La Patriada, la senadora agregó que "ya hace más de un mes que no se están sancionando leyes, se están decretando cuestiones muy importantes".

En una contrainiciativa a la que impulsa el Frente de Todos, que propone gravar por única vez a las grandes fortunas con un impuesto extraordinario, desde Juntos por el Cambio planean un proyecto para obligar a estos sectores a realizar inversiones.

"Lo primero que hay que tratar es cómo se sale de la cuarentena haciendo producir al país. Cualquier fortuna que esté en el país ya está pagando impuesto", sostuvo la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro).

En declaraciones radiales, la legisladora opositora indicó que desde su espacio se está "trabajando en un proyecto parecido en relación a grandes riquezas, pero en vez de hacer una cuestión impositiva, la decisión es que haya inversiones por parte de las grandes fortunas, para que no permanezcan en el exterior o paralizadas".

"Tenemos que quitar la ideología y que parezca que somos Robin Hood, que le sacamos a los ricos para darle a los pobres. Hay que buscar soluciones concretas", lanzó la macrista, al cuestionar la propuesta que está elaborando el diputado nacional Carlos Heller, por orden de Máximo Kirchner, el jefe del FdT en la Cámara baja.

En ese sentido, Rodríguez Machado consideró que lo que debe "premiarse" es "la inversión productiva que genere puestos de trabajo". "De la misma forma en que podés obligar a una persona a pagar, también la podés obligar a generar inversiones productivas, y si no lo hace, le podés cobrar algún impuesto", añadió.

En el marco del debate generado en torno a la parálisis del Parlamento nacional, las autoridades legislativas de Juntos por el Cambio de ambas cámaras recordaron lo “esencial” que es en una república democrática que la sanción de leyes y el control legislativo, y reclamaron que el Congreso cumpla su rol en esta emergencia.

De cara a los cambios que pretenden implementar en los reglamentos de ambas cámaras, observan además que “cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente”.

A través de un comunicado, los legisladores de Juntos por el Cambio remarcan que en el contexto de emergencia que vive no solo la Argentina, sino también el mundo, es “fundamental” que las instituciones “funcionen plenamente”, por cuanto se requiere “del trabajo concertado de los tres poderes del Estado”.

Tras hacer referencia al esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, consideran que la dirigencia política “debe contribuir a retomar la normalidad, empezando por el adecuado funcionamiento de las instituciones”. Y en ese sentido recuerdan que “en una república democrática, la sanción de leyes, el control legislativo y el debate de iniciativas también son actividades esenciales”.

Recuerdan los miembros de la oposición que los bloques de JxC de ambas cámaras presentaron notas solicitando el funcionamiento pleno del Parlamento, tomando los recaudos del caso, tal como sucede en otras jurisdicciones de nuestro país y el mundo. Reclaman así un “comportamiento ejemplar, a la altura de las circunstancias” por parte de la dirigencia política, a la que piden imitar a médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, comercios, y enfatizan que “nada impide cumplir con el rol institucional que es nuestra responsabilidad y para el que fuimos elegidos”.

Cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente, de lo contrario no solo estaríamos aumentando el riesgo de litigiosidad posterior, sino sentando un peligroso antecedente”.

En ese sentido recuerdan que el análisis y la ratificación de los DNU “son imprescindibles para dotar de mayor legitimidad y fortaleza jurídica a las medidas y normas que nos rigen en estos tiempos difíciles”.

Por eso, pensando en los cambios que se impulsan para poder sesionar, la oposición remarca que “cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente, de lo contrario no solo estaríamos aumentando el riesgo de litigiosidad posterior, sino sentando un peligroso antecedente”.

En otro párrafo reclaman desde JxC que “el congreso cumpla con su rol deliberativo y propositivo, así como también con el de control y contrapeso de los otros poderes del Estado”. Y agregan: “No podemos seguir entreteniéndonos en discusiones innecesarias y que solo buscan postergar la posibilidad de sesionar”.

El comunicado suscripto por Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta segunda del Senado; Martín Lousteau, vicepresidente 1°; Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro; Luis Naidenoff, presidente del interbloque del Senado; y los diputados Alfredo Cornejo, vice 3° de la Cámara baja; Alvaro González, vice 1°; y los presidentes de los tres bloques de Diputados, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximilliano Ferraro (CC-ARI), concluye con esta sentencia: “Las situaciones extraordinarias exigen que las instituciones de la democracia preserven la normalidad y apuntalen la tranquilidad de la población y la posibilidad de encontrar las mejores soluciones colectivas a lo que hoy tan profundamente nos afecta”.

Muchos argentinos se encuentran actualmente varados en el exterior consumiendo todos sus recursos en una estadía extendida, obligatoria y compulsiva. Con el objeto de brindarles un alivio frente a semejante situación, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Emergencia dejando sin efecto el cobro del impuesto del 30% más conocido como impuesto País.

Esta iniciativa cuenta con la firma de los senadores Humberto Schiavoni (Misiones), Ernesto Martínez (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Alfredo de Angelis (Entre Ríos), Julio Martínez (La Rioja), Pamela Verasay (Mendoza), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Esteban Bullrich (Buenos Aires), Gladys González (Buenos Aires), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Mario Fiad (Jujuy), María Belén Tapia (Santa Cruz) y Silvia Giacoppo (Jujuy).

“Esta excepción se aplicará con exclusividad a aquellos compatriotas que están sujetos al procedimiento de repatriación a causa de la Pandemia”, explicó la legisladora de la provincia de Córdoba. El presente proyecto de ley complementa el presentado por el legislador Oscar Castillo (Catamarca), que solicita dejar sin efecto al impuesto País en el caso de compras de pasajes de los repatriados.

La senadora Rodríguez Machado sostuvo que “este proyecto de ley busca eliminar un daño colateral dentro de una ley que tiene por objeto ser solidaria gravando consumos que, en esta crisis, se consideran suntuarios. Es por eso, que propongo modificar el inciso b del artículo 35 de la Ley 27541”.

En función de lo expuesto se incorpora a la nómina de operaciones que no son alcanzadas por el impuesto país a la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito comprendidas en el sistema previsto en la ley 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior, realizadas por personas físicas que se encuentren en estado de tránsito y sujetas a un procedimiento de repatriación a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud Covid 19. La autoridad de aplicación determinará la oportunidad y la forma en que se aplicará la eximición.

Senadores nacionales de Juntos por el Cambio pertenecientes a 13 provincias presentaron este miércoles un proyecto de comunicación mediante el cual le solicitan al Poder Ejecutivo que “de manera excepcional” envíe a todos los municipios y comunas de cada provincia el 30% de los fondos que deriva a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el fin de paliar los efectos de la pandemia.

La iniciativa es impulsada por Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y fue acompañada por Humberto Schiavoni (Misiones), Julio Martínez (La Rioja), Claudio Poggi (San Luis), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Gladys González (Buenos Aires), Esteban Bullrich (Buenos Aires), Luis Naidenoff (Formosa), Alfredo De Angeli (Entre Rios), Stella Maris Olalla (Entre Rios), Julio Cobos (Mendoza), Pamela Verasay (Mendoza), Victor Zimmermann (Chaco), Silvia Elías de Perez (Tucumán), María Belén Tapia (Santa Cruz), Oscar Castillo (Catamarca) y Ernesto Martínez (Córdoba).

El proyecto también dispone que lo mismo suceda con los fondos que, en calidad de ATN y otra denominación, se deriven de ahora en más a las provincias, mientras dure la emergencia sanitaria y económica por el coronavirus.

“Las administraciones locales se encuentran en una crítica situación económica, financiera y tributaria, no solo porque en muchos casos la recaudación propia es escasa o nula, sino porque también están afrontando compromisos para enfrentar la enfermedad de manera directa para con sus vecinos”, sostuvo Rodríguez Machado.

La senadora por Córdoba consideró que, por este motivo, “toda distribución de fondos del Estado Nacional debería tener asignación directa a estas jurisdicciones secundarias” y recordó que “la emergencia sanitaria lo habilita” para ello.