Ya había pasado largamente la medianoche y tras más de doce horas de sesión, la Cámara baja se aprestaba a ingresar a la parte final de una larga jornada. Quedaban pendientes dos vetos sobre los que la oposición ya tenía serias dudas respecto de la posibilidad de rechazarlos, y el segundo de los proyectos impulsados por los gobernadores.

Fue justo después de que se aprobara sin votos en contra (mas no unanimidad por las abstenciones) un proyecto que mereció incluso elogios por las coincidencias alcanzadas entre todos los sectores. Según el organigrama establecido con el envío del pedido de sesión, le tocaba el turno al veto sobre la emergencia en Bahía Blanca y el de la moratoria previsional, cuyo rechazo nunca tuvo chances de prosperar. Por algo esos temas habían sido ubicados en ese orden de tratamiento.

Lo mismo que el último proyecto, el de los gobernadores para redistribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos, reservado para el último lugar. Si los gobernadores no se comportaban como le parecía debían hacerlo a la oposición en su conjunto -pero muy especialmente a UP-, pagaría ese proyecto. Y así fue.

Primero fue el turno del veto a la ley que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la Provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que fuera totalmente observado y devuelto por el Poder Ejecutivo nacional. Vetado por el Poder Ejecutivo, si la oposición lograba los dos tercios para rechazarlo, quedaría automáticamente convertido en ley, por haber sido avalado ya por el Senado.

Pero para ser tratado necesitaba, como el resto de los vetos, ser avalado su tratamiento por los dos tercios de los presentes. Probaron a mano alzada y pareció que los dos tercios no estaban. No obstante, el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió hacer una votación nominal, pues dijo que a simple vista no podía determinar si estaban los dos tercios.

La votación nominal corroboró la percepción: 142 votos a favor, 89 en contra y 4 abstenciones. Los dos tercios ya no estaban.

La emergencia en Bahía Blanca quedaba nuevamente postergada y nada indicaba que la moratoria tuviera mejor suerte, por lo que pidió la palabra Germán Martínez, para reconocer “todas las tensiones que provocó el veto a las jubilaciones”, por lo cual consideró que “este tema creemos estar en condiciones de poder tratarlo en otra sesión; vale lo mismo para el tema moratoria… Hoy, a este momento, nosotros no tenemos certezas de poder aprobar el dictamen de mayoría de ICL, así que, en función de esto, nosotros pensamos que lo mejor es retirarnos en este momento y después seguir en una nueva sesión”.

El reloj marcaba la 1.04, y Martín Menem levantó la sesión por falta de quórum.

Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.

Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.

En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.

“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.

En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.

También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.

Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.

Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.

A través de un solo decreto, el presidente Javier Milei veto de manera total las leyes de actualización de haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobadas en el Senado el pasado 10 de julio. La novedad es que la medida se aplicó a través de un único decreto que lleva el número 534/2025, por el cual se “observa en su totalidad los proyectos de ley registrados bajo los números 27.791, 27,792 y 28.793.

La decisión presidencial había sido anticipada aun antes de que se produjera la aprobación de esas leyes, y durante este fin de semana se anunció que Milei había suscripto ya el decreto correspondiente.

El decreto admite la sensibilidad que reviste la temática en cuestión, pero advierte que “resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.

“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, señala el Gobierno, que remarca en el caso de la emergencia en discapacidad “el profundo estado de deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer, adoptadas sin previsión presupuestaria, cuyas consecuencias han recaído sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables, y que esta administración se encuentra decididamente comprometida a revertir mediante políticas públicas responsables”.

Para el Poder Ejecutivo los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de siete billones de pesos para el año 2025; y de cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Esos importes, se aclara, equivalen al 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y del 1,78% de aquel estimado para el año entrante.

Asimismo,  las medidas sancionadas por el Congreso “conllevarían un aumento de aproximadamente el 6 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales”.

Por otra parte las cifras mencionadas “dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”. Además, “lejos de contribuir a un efectivo logro de las supuestas finalidades que orientan la sanción de los proyectos de ley bajo examen, su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema de previsión social; sistema que, tras 19 meses de mandato, ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo”.

Tiene en cuenta el Poder Ejecutivo que, “además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación de los proyectos de ley remitidos afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional, sin la correspondiente generación de recursos”.

Para el Gobierno, se trata de un incremento en el gasto que, “por su efecto acumulativo, aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.

Tras recordar que el estado de crisis del sistema previsional no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelto, “a fin de garantizar que el sistema sea justo y equitativo, resulta fundamental continuar por la senda propiciada por la actual gestión, toda vez que por ella se garantiza, por primera vez en décadas, que los jubilados nunca más pierdan contra la inflación”.

“El equilibrio fiscal constituye una de los principales compromisos asumidos por el actual presidente durante la campaña electoral, respaldado por la mayoría del pueblo argentino a través de su voto, de modo que su firme resguardo por parte del Poder Ejecutivo constituye un imperativo que nace del más profundo respeto del sistema democrático”, plantea el decreto.

El texto recuerda también el pacto firmado por 17 gobernadores en Tucumán el 9 de julio del año pasado, donde se estableció como segundo principio el equilibrio fiscal innegociable. Ante ello, la decisión del Congreso de sancionar estos proyectos de ley vetados “implica hacer caso omiso de lo pactado y, si no fuere contrarrestada por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales, conduciría al país a una senda que ya ha sido probada inconducente”.

Sostiene el decreto que el Congreso “pretende incrementar significativamente el gasto previsional, sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad”.

Reivindica la decisión del PEN de lograr el equilibro fiscal y tras citar el cuidado de “los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”, destaca que “la estabilidad económica es fundamental para el bienestar y el progreso del país y es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional implementar políticas que no sólo fomenten el crecimiento económico, sino que también aseguren el equilibrio fiscal para mantener una estabilidad proyectada a largo plazo”.

Comenta en otro pasaje que así como el Ejecutivo viene llevando adelante medidas para asegurar el equilibrio fiscal, el Congreso Nacional tiene el deber de “no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando, con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan”.

“La sanción de los proyectos de ley en examen implica la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes”, señala otro pasaje del decreto.

Le recuerda también al Congreso el mandato constitucional de proveer “a la defensa del valor de la moneda”, e indica que “independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno Nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal”.

Dudas sobre la sesión del Senado

Por otra parte, el extenso decreto que veta las tres leyes sancionadas el 10 de julio pasado reitera las dudas que tiene el Ejecutivo sobre la legalidad de esa sesión.

“No puede dejar de advertirse que el proceso legislativo seguido para la aprobación de estos proyectos se encuentra viciado por graves nulidades que impiden al Poder Ejecutivo Nacional proceder a su promulgación”, expresa el decreto, que considera que la sesión del 10 de julio de 2025 “fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del Honorable Senado de la Nación”.

Según el Gobierno, “el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría”, votación que para el PEN “fue consecuencia de una ilegitima interpretación” del Reglamento del Senado realizada durante la sesión, mediante la cual “se otorgó carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos esenciales establecidos por las disposiciones reglamentarias pertinentes”, en referencia a que los mismos se consiguieron en el marco de plenarios que no constaron con la convocatoria de todas las comisiones correspondientes.

“A pesar de las expresas advertencias realizadas por el secretario Parlamentario, el Honorable Senado de la Nación dio tratamiento a los proyectos mencionados, otorgando valor de dictamen a documentos cuya nulidad había sido previamente constatada”, agrega el texto, que recuerda que las advertencias de varios legisladores no fueron tenidas en cuenta, sino desechadas en votación por mayoría simple, todo lo cual lo lleva a verificar “una falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”.

El decreto concluye reseñando que “por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto”.

La duda que surge ahora es la manera que deberá proceder el Poder Legislativo ante este veto, tratándose de uno solo para las tres leyes. ¿Será necesaria una sola votación de cada cámara? Lo más probable es que en el paso previo al recinto, que será en un plenario de comisiones donde se elaborará el dictamen a votar luego, se deje claro la manera por la que los legisladores podrán separar los temas a la hora de la votación.

Si bien fuentes oficiales se mostraron optimistas los últimos días respecto de la posibilidad de sostener los vetos presidenciales a las leyes jubilatorias y la emergencia en discapacidad, la realidad es que, a priori, no la tiene fácil el oficialismo.

Es que la oposición consiguió en Diputados resultados muy contundentes, razón por la cual el Gobierno se encuentra abocado a tratar de asegurar los votos para revertir los vetos.

Recordemos que en el caso de los aumentos jubilatorios, el proyecto fue aprobado por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el pasado 4 de julio.

Veamos quiénes votaron a favor. Impulsores del proyecto, aportaron a los votos positivos 93 integrantes de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

Además, votaron a favor Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Uno de los datos más llamativos fue el voto afirmativo de habituales aliados del oficialismo, como los tres tucumanos del bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas Pamela Caletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

En tanto, Héctor Baldassi volvió a desmarcarse de su bloque, el Pro; al igual que los diputados de la UCR Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Julio Cobos.

Los votos en contra fueron: 36 de La Libertad Avanza, 22 del Pro, 4 de la Liga del Interior Eli, 1 del MID, 1 de CREO, 1 de Futuro y Libertad, 1 de Somos Fueguinos, y el del entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, y fue el único de su bancada en votar negativo.

Dentro de las abstenciones, dejaron su huella los macristas del Pro Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Sacando cuatro votos a favor y una ausencia, toda la bancada radical se abstuvo. Se trata de Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay.

También se abstuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Por último, los ausentes fueron 28: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 3 Pro, 2 Liga del Interior, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 1 de Encuentro Federal, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos, 1 Producción y Trabajo y 1 Futuro y Libertad.

Moratoria Previsional

A diferencia de lo sucedido con la iniciativa sobre incremento y recomposición en las jubilaciones, los cinco bloques convocantes a sesión guardaban diferencias respecto de la moratoria previsional. Mientras UP y el Frente de Izquierda votaron a favor, la Coalición Cívica lo hizo en contra, y una parte de Encuentro Federal y la totalidad presente de Democracia para Siempre, se abstuvieron.

Los 111 votos a favor fueron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria y 5 de 5 del Frente de Izquierda. Además, desde Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Pichetto, votaron positivamente la cordobesa Natalia de la Sota y los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

También lo hicieron Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta de Transformación; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Al igual que en el primer proyecto, hubo aliados habituales del oficialismo que alzaron su mano a favor: los tres tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, de Independencia; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.

En tanto, los 100 votos en contra fueron 36 de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 13 de la UCR, 5 de la Coalición Cívica, 5 de Encuentro Federal y 4 de La Liga del Interior Eli. También de Mario Barletta, de Unidos; Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad; Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos; Cecilia Ibáñez, del MID; y Paula Omodeo, de CREO.

Las 15 abstenciones fueron de Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela, por Democracia para Siempre; Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres, por Encuentro Federal; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino.

Emergencia en discapacidad

En el caso de la emergencia en discapacidad, el texto reunió los votos a favor de los dos tercios de los presentes. Un número clave que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta ante una eventual decisión.

En el tema de jubilaciones un puñado de aliados provinciales ya se habían diferenciado del oficialismo, pero en este caso fueron, además de esos, los integrantes de la Unión Cívica Radical quienes se inclinaron también por la afirmativa. Justamente, el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, manifestó su voto a viva voz.

Si bien el tablero marcó 148 votos positivos, aparecieron como ausentes, con un círculo en gris, De Loredo y Paula Penacca, la secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria. Esto quedó registrado así también en el acta de votación, donde figuran ausentes, pero en el final se aclara que ambos se manifestaron a viva voz.

En el caso de Penacca, antes de la votación advirtió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Del total de los 150 votos a favor hubo 93 de 98 de Unión por la Patria; 13 de 14 de la UCR; 11 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; 6 de 6 de la Coalición Cívica; y 5 de 5 del Frente de Izquierda.

Además, votaron positivamente los tres tucumanos de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas de Innovación Federal Pamela Calletti y Yolanda Vega; los santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido; Héctor Baldassi, del Pro; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

En tanto, los 71 votos en contra correspondieron: 35 de 38 de La Libertad Avanza; 29 de 35 del Pro; 4 de 6 de la Liga del Interior Eli; Paula Omodeo, de CREO; Cecilia Ibáñez del MID; y Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos.

Las tres abstenciones fueron de Karina Bachey, del Pro; Francisco Morchio y Alejandra Torres, de Encuentro Federal.

En cuanto a los ausentes hubo 32: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 4 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 3 de La Libertad Avanza, 2 de Liga del Interior, 2 del MID, 2 de Encuentro Federal, 2 Futuro y Libertad, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos y 1 Producción y Trabajo.

No hay sorpresas con este Gobierno respecto de las leyes que serán vetadas. Habiéndose implementado esa medida ya en tres oportunidades durante esta gestión, no quedan dudas en este tema: cuando el presidente dice que va a vetar lo hace, y siempre sucede al filo del vencimiento del vencimiento del tiempo.

En este caso, desde que se confirmó que el Senado había comunicado las sanciones de las tres leyes citadas al Poder Ejecutivo, todo indicaba que el veto saldría este lunes 4 de agosto. La novedad en este caso fue que fuentes oficiales confirmaran este sábado al periodismo que el presidente Javier Milei había cumplido con ese trámite, y que, en efecto, los decretos se conocerán este lunes.

Recordamos que estamos hablando de la actualización de los haberes jubilatorios, que fue comunicada como Ley 27.791, luego de haber sido sancionada en el Senado el 10 de julio pasado con 52 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones. La misma preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

También vetó Milei la Ley 27.792, conocida como Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

La tercera de las leyes vetadas por Milei es la N° 27.793, conocida como de Emergencia en Discapacidad. La vigencia de la misma era hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, y se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos preveía el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

El camino de los vetos

Si bien no se dieron precisiones, se descuenta que estos vetos han sido totales (también pueden ser parciales). El veto es una facultad que habilita la Constitución Nacional en el artículo 83°, que puede ser ejercida para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.

¿Qué dice el artículo 83 de la CN? “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

El plazo que tiene el Gobierno para vetar es de 10 días; por eso se había especulado con que el veto saliera el 24 de julio. Pero como en realidad los textos deben ser revisado antes por las dos cámaras, primero el Senado lo remitió a Diputados y luego esa Cámara los devolvió a la Cámara alta, que emitió la comunicación el pasado 21 de julio. De ahí que el plazo de 10 días recién se cumpliera este lunes 4 de agosto.

Ahora bien: ¿cuándo se ocuparán las cámaras de considerar los vetos? Así como el Poder Ejecutivo tiene 10 días para ejercer su poder de veto, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto, que se comunica a la Cámara de origen del proyecto. En estos tres casos, Diputados.

En primer lugar, los vetos deben pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Si el veto es parcial, tendría que pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo para el control de constitucionalidad y de ahí sí pasa al recinto. Si el veto es total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.

Si ambas cámaras consiguen los 2/3 en ambos casos para rechazar el veto, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.

Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.

Aprobadas por el Senado el 10 de julio pasado, en el marco de una sesión marcada por la polémica a partir de haber sido autoconvocada por la oposición y rechazada como “ilegal” por el oficialismo, las leyes votadas esa jornada ya tienen número y están listas para ser promulgadas. Cosa que no sucederá, por ahora, dado que el presidente Javier Milei ya anticipó que las vetará.

La primera en ser aprobada ese día fue la que dispuso la actualización de los haberes jubilatorios. Tuvo 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, y prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Es la Ley 27791.

Ley 27791

La Ley 27792 es la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Ley 27792

En el caso de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos. Es la Ley 27793.

Ley 27793

La Oficina de Presupuesto del Congreso realizó una estimación del impacto fiscal del proyecto de ley de extensión del plazo de la Ley 27.705 sobre plan de pago de deuda previsional.

La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, Ley 27.260). Este análisis incluye la ampliación de los períodos considerados para la constitución de los planes de pago de deuda y la cancelación de aportes y la modificación de las condiciones de acceso a la PUAM.

Considera además la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.

El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende, según calculó la OPC, a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo se desagrega de la siguiente manera:

Impacto por moratoria previsional:

La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.

Impacto por Ampliación de la PUAM:

La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios.

Mientras la oposición dura en el Senado se anotaba un rotundo triunfo en el recinto con la aprobación por unanimidad del aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y eludir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que vetará todas las leyes que la Cámara alta aprobó este jueves porque “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Así lo anunció durante una charla que brindó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos”.

“Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, expresó el mandatario y apuntó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel quien presidió por momentos la sesión de este jueves: “Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

Al hacer referencia a los aumentos que el Senado convirtió en ley, el presidente señaló que “lo que pasó hoy ya lo sabíamos. Lo más importante es que están desesperados porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.

“Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, remarcó y añadió que “si, en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera resolver en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría sería mínimo, el de una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre”.

En ese marco, el Jefe de Estado enfatizó que “la política del superávit fiscal es permanente” y destacó que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

Al destacar el trabajo de sus ministros volvió a apuntar contra la vicepresidenta a quien tildó de “traidora”: “A esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor Jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos”.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros de Economía, Luis Caputo; Defensa, Luis Petri; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los presidentes de YPF, Horacio Marín; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, entre otros importantes referentes, líderes, empresarios y funcionarios.

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

La actualización de los haberes jubilatorios consiguió su aprobación por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, en el marco de una sesión del Senado tan trascendente como adversa para el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular ya anticipó que vetará esa decisión del Congreso.

Con relación a la votación en particular de los artículos 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, todas unificadas en una votación a viva voz tras la caída del sistema y la imposibilidad de utilizar el tablero electrónico, resultó con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, otra vez.

Luego, se pusieron a consideración los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que fueron avalados con 48 positivos, 4 negativos y 4 abstenciones; el artículo 10 alcanzó 43 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones; y finalmente, el 11 y 12 lograron 44 adhesiones, 8 rechazos y 4 abstenciones.

El proyecto ya venía con el antecedente de haber sido aprobado con amplitud en Diputados, ya que el 4 de junio pasado tuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones.

Con la imposibilidad de utilizar el mecanismo electrónico del recinto y con la idea de confeccionar el acta, el conteo de los votos se llevó a cabo con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian. 

El texto aprobado prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal.

La moratoria previsional también se convirtió en ley

En segunda instancia, también se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

El proyecto había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, que sorpresivamente consiguió aprobar el mes pasado el dictamen de mayoría con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.

Sin embargo, ambas votaciones resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al poner énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. Según Martín Menem, los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.

El debate

Como miembro informante se expresó Mariano Recalde quien acusó al oficialismo de poner “trabas y excusas” para no debatir el tema que “son los proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados de incremento excepcional y de emergencia y el que restablece el plan de pago previsional conocido como moratoria”.

“Esta semana vimos todo tipo de maniobras y de excusas, algunas muy cínicas. Cuando toca el momento de debatir, se van. Estos dos temas no son novedosos ni aparecen de sorpresa, se aprobaron hace un mes en Diputados con amplio debate porque son temas que ya hemos discutido acá en la Cámara porque hay que recordar que el incremento fue votado en Diputados y Senadores. Este mismo tema lo debatimos mucho y lo aprobamos y luego fue vetado por el presidente”, explicó.

En ese sentido, Recalde cargó nuevamente contra el oficialismo: “Todas estas excusas de querer participar, debatir, ampliar eran nada más y nada menos que la única manera que encontraban de que este proyecto no se apruebe, porque la voluntad de la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias es ir para adelante con el aumento de los jubilados y con el restablecimiento de la moratoria previsional”.

El senador del FNyP señaló que se trata de “un pequeño incremento, un alivio para la situación en la que viven hoy los jubilados y pensionados de todo el país” un incremento del 7,2% tras el “congelamiento que hizo el Ejecutivo, luego de una enorme modificación de la fórmula de actualización de los haberes en el mes de marzo”.

Recalde criticó que, en el mes de febrero, “se comieron la inflación del mes de enero del 20% y, para compensar eso, el Ejecutivo dispuso un aumento del 12% que le comió un pedazo de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados de todo el país”.

Recalde aclaró que “el incremento del 7,2%, a partir de ahora, y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono de $70,000 que cobraban y que tienen congelado desde marzo del año pasado”. Así, le respondió al presidente Javier Milei que los acusó de querer generar “desequilibrio fiscal” y los tildó de “degenerados fiscales” porque “este proyecto de ley cuenta con fuente de financiamiento propia que permitirían, no solamente llevar un pequeño alivio a los jubilados y pensionados, sino también responder fiscalmente a esta necesidad”.

Según precisó el senador opositor el proyecto prevé la eliminación de la extensión del IVA para directores de empresas; la eliminación de la extensión de las ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También prevé financiar este “pequeño aumento” con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el FMI y prevé y plantea el redireccionamiento de las partidas que el Ejecutivo asignó para la SIDE.

Recalde comparó la situación actual con la del 2015 cuando era presidenta Cristina Kirchner: “El haber mínimo de los jubilados que cobraban en noviembre de 2015, hoy serían $541,181. Ese es el valor actual de las jubilaciones de noviembre 2015. La situación económica de los jubilados es calamitosa, es angustiante, es desesperante y el Congreso tiene que estar a la altura y tener la voluntad de aprobar este incremento para los jubilados porque “este aumento se vuelve urgente necesario imprescindible”.

Por otro lado, Recalde se refirió al proyecto de plan de pago de deuda provisional y comentó que prevé que “en este momento7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres que cumplen la edad jubilatoria y no tiene los 30 años de aporte, puedan igual acceder a la jubilación y entendemos esto que es justo y necesario”.

“No creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca y, tampoco que haya llegado a esa edad sin haber aportado al sistema. Es mentira. Son muy pocas las excepciones de personas que pueden llegar a trabajar llegar hasta los 65 años sin haber trabajado nunca”, planteó.

Recalde criticó que “se fue desfinanciando el sistema de seguridad social en la Argentina producto de estas políticas del financiamiento del sistema previsional con extensiones impositivas con moratorias como la que se aprobó con la Ley Bases perdonándole las deudas a aquellos empleadores que no hicieron los aportes bajo la excusa de fomentar la creación de empleo”.

“El problema empezó, fundamentalmente, a partir de la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP. En ese momento, cuando se le entrega las AFJP el sistema previsional, el 80% de los recursos salían de aportes y contribuciones del sector laboral. Solo el 20% de impuestos generales. Cuando el Estado recupera el sistema previsional, los aportes patronales y laborales se habían reducido al 50% y el otro 50 se financiaba con impuestos generales”, explicó y culpó al gobierno de Macri de volver a esa situación.

“Entonces si el sistema se financia 50% con impuestos generales fundamentalmente el IVA ¿cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? seguramente pagó toda la vida IVA, si los servicios están alcanzados por el IVA. Así que sí aportó al sistema y sí merece estar jubilado cuando cumple la edad que el resto de las personas que tienen los 30 años aporte”, manifestó Recalde.

También consideró “un acto de Justicia que las amas de casa que trabajaron toda su vida, que sostienen el funcionamiento de la vida familiar, tengan el derecho a una jubilación cuando llegan a la edad de 60 años y no de 65 como le quiere poner la PUAM. Este proyecto de ley se vuelve a establecer en 60 la edad para acceder al beneficio previsional que había sido elevada 65 durante el gobierno de Macri”, cerró.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aliada de La Libertad Avanza, quien votó en contra de reconocer los dictámenes, consideró que “si de verdad queremos ayudar a los jubilados, debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Entre las propuestas que esgrimió en el recinto, la legisladora cordobesa sumó que “eliminar las jubilaciones de privilegio, todas desde la primera hasta la última, sería la estricta justicia con los jubilados y tener palabra como Estado”. Luego, explicó que “el problema es estructural porque desde el 2012 no crece el empleo en Argentina”.

“Tenemos que permitir que los jubilados que quieran seguir trabajando puedan aportar a una mejor jubilación y establecer la igualdad de aportes entre mujeres y hombres”, agregó Álvarez Rivero. Por último, denunció que estos proyectos quieren eliminar los créditos de las PyMEs: “Las PyMEs de clase media requieren de ese aval, eso genera empleo formal y es por ahí que la Argentina sale de la pobreza, no con esta ley”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) sostuvo que para este gobierno “los jubilados no son una prioridad, son el último orejón del tarro”, y brindó datos de la pérdida de los jubilados en el gasto público en el 2024 las jubilaciones y pensiones tuvieron un 43% del recorte del gasto público. “La casta para el Gobierno son los jubilados porque ningún otro sector sufrió tanta pérdida y soportó tanto el equilibrio fiscal. Son la casta para este gobierno por más que desde el relato digan otra cosa”, criticó, pero aclaró que “no es solo responsabilidad de este gobierno”.

“Voy a acompañar la recomposición a jubilaciones porque no hay que negar el equilibrio fiscal, pero este proyecto tiene fuente de financiamiento no significa un aumento del déficit fiscal”, resaltó Tagliaferri y, sobre moratoria sostuvo: “No acompaño porque no se resuelve el tema de fondo, cada dos o tres años estamos votando lo mismo cuando el 67% de la vida laboral tiene que estar en blanco, en un país con niveles altísimos de informalidad, hace décadas es imposible que una persona pueda acceder a una jubilación. No creo en un Estado que determina que aquellos que no cumplieron con los 30 años es su problema y se tienen que quedar sin nada, creo en un sistema justo, equitativo y solidario, pero es imposible que el sistema con la poca cantidad de gente en blanco pueda soportar a la gran masa de informalidad”, explicó.

A las 14.14, con 42 senadores en sus bancas, superando el quórum, la vicepresidenta del Cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, dio este jueves por iniciada una sesión del Senado impulsada por la oposición autoconvocada. Una sesión clave para el oficialismo más minoritario de la historia parlamentaria argentina, que ha despertado la máxima atención por un temario sumamente adverso para el Poder Ejecutivo.

Durante las estrofas del Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión.

Además de senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto un puñado de legisladores de la UCR, la larretista Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; y algunos senadores de bloques provinciales como la dupla santacruceña, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Hay siete temas puestos a consideración. Tres de ellos son medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: un aumento para los jubilados; la prórroga de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad. Si el Senado los aprueba sin cambios, serán ley. A priori dos de esos proyectos tienen más chances, el aumento y la emergencia, pero el resultado dependerá de cómo se resuelva un debate reglamentario previo en torno al tratamiento que pueda llegar a dársele.

El presidente, dicho sea de paso, ya anticipó que vetará todo si es que el Senado lo aprueba.

Hay también dos proyectos que impulsan los gobernadores, que han tomado un protagonismo especial para esta sesión, dado que tienen que ver con la distribución de fondos. Por un lado, una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y por el otro la distribución entre Nación y las provincias del impuesto a los combustibles líquidos.

El temario incluye el debate sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO

En el año y medio que lleva en el poder, el mileísmo ha tenido sesiones complicadas, y semanas negras en el Congreso. Pero si se analiza por los resultados, la sesión del miércoles/jueves pasado debería ser considerada como la más adversa en cuanto a resultados. Ese día la oposición le endilgó tres derrotas consecutivas, contabilizando los proyectos impulsados muy a pesar del oficialismo y que obtuvieron media sanción. No se recuerda en ese sentido una jornada más negativa en ninguna de las dos cámaras.

Figura en el haber del oficialismo en general y del presidente de la Cámara en particular haber logrado controlar -no sin gran esfuerzo- la embestida combinada para definir el destino de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA. La controversia demandó las tres primeras horas de la sesión -contando el cuarto intermedio en el que Martín Menem consiguió poner el tema en caja-, y se cerró de momento la discusión sin señales de que la oposición pudiera conseguir su objetivo. Y por otra parte, al final también celebró el oficialismo cuando la oposición se quedó sin quórum para votar los dos emplazamientos que tenía previsto imponer, por el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. La oposición deberá trabajar duro para conseguir una nueva sesión, e intentarlo nuevamente, esta vez al principio de una sesión, cuando el quórum esté garantizado.

Pero bueno, no se puede pedir todo, como deslizó más de un diputado crítico ya bien entrada la madrugada del jueves. Tampoco se pueden quejar, como se ve.

El destino del veto

Más allá del resultado concreto obtenido con los proyectos aprobados, otro éxito de la oposición fue haber cosechado votos impensados, como así también ausencias notorias, que es otra manera de votar. Ese es uno de los logros simbólicos más contundentes de la última sesión de Diputados y que debe llenar de inquietud al Gobierno.

Pasa que los tres proyectos aprobados la última semana conseguirán pasar por el Senado sin mayores problemas, se supone. Tal vez la moratoria corra mayor riesgo, porque se aprobó “raspando” en Diputados; un destino más probable hubiera tenido el dictamen de minoría, si fracasaba de entrada el impulsado por UP y la izquierda, pero esa ya es otra cuestión. El tema es que todo indica que esos tres (o dos) proyectos conseguirán más temprano que tarde la sanción definitiva y arrancará a continuación el minué del veto.

El presidente se ufanaba el año pasado de haber conseguido blindar su poder de veto luego de haber logrado en Diputados refrendar los que firmó contra las jubilaciones y universidades. Habló de los “87 héroes” y hasta los invitó a comer un asado en Olivos. Pero la duda es si esas 87 voluntades aún persisten. A juzgar por lo observado el miércoles 4 de junio, eso hoy estaría opinado. De eso hablaba Miguel Pichetto cuando el año pasado en una sesión le recriminó al presidente conformarse con haber reunido un tercio en su favor, en lugar de buscar mayorías.

Ese núcleo del que se ufanaba Milei estaba compuesto entonces por 38 diputados de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 5 de lo que hoy es el bloque Liga del Interior, los 3 tucumanos de Independencia, los 3 del MID, las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo, los 2 de Futuro y Libertad (entonces parte del Pro) y la tucumana Paula Omodeo.

Aquí están, estos son

La Libertad Avanza (39)

ALMIRON, LISANDRO

ANSALONI, PABLO

ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTO

ARAUJO, MARIA FERNANDA

BENEDIT, BELTRAN

BENEGAS LYNCH, BERTIE

BONACCI, ROCIO

BORNORONI, GABRIEL

CORREA LLANO, FACUNDO

D'ALESSANDRO, CARLOS

DIEZ, ROMINA

EMMA, NICOLAS

ESPERT, JOSE LUIS

FERREYRA, ALIDA

GARCIA, CARLOS

GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO

HUESEN, GERARDO

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA

LEMOINE, LILIA

LLANO, MERCEDES

MACYSZYN, LORENA

MARQUEZ, NADIA

MARTINEZ, ALVARO

MAYORAZ, NICOLAS

MENEM, MARTIN

MONTENEGRO, GUILLERMO

MORENO OVALLE, JULIO

OROZCO, EMILIA

PAGANO, MARCELA MARINA

PAULI, SANTIAGO

PELUC, JOSE

PIPARO, CAROLINA

PONCE, MARIA CELESTE

QUINTAR, MANUEL

SANTILLAN, JULIANA

SANTURIO, SANTIAGO

TREFFINGER, CESAR

VILLAVERDE, LORENA

ZAPATA, CARLOS RAUL

Pro (32)

AJMECHET, SABRINA

ARABIA, DAMIAN

ARDOHAIN, MARTIN

AVICO, BELEN

BACHEY, KARINA ETHEL

BALLEJOS, NANCY

BESANA, GABRIELA

BIANCHETTI, EMMANUEL

BONGIOVANNI, ALEJANDRO

BRAMBILLA, SOFIA

DE SENSI, MARIA FLORENCIA

CAPOZZI, SERGIO EDUARDO

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA

FIGUEROA CASAS, GERMANA

FINOCCHIARO, ALEJANDRO

GIUDICI, SILVANA

IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO

LASPINA, LUCIANO ANDRES

LOMBARDI, HERNAN

LOSPENNATO, SILVIA

MAQUIEYRA, MARTIN

MILMAN, GERARDO

NUÑEZ, JOSE

QUIROZ, MARILU

RITONDO, CRISTIAN

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA

SANTILLI, DIEGO

SOTOLANO, MARIA

TORTORIELLO, ANIBAL

VASQUEZ, PATRICIA

VIDAL, MARIA EUGENIA

YEZA, MARTIN

Liga del Interior (5)

ARJOL, MARTIN

CAMPERO, MARIANO

CERVI, PABLO

PICAT, LUIS ALBINO

TOURNIER, JOSE FEDERICO

Independencia (3)

FERNANDEZ, AGUSTIN

FERNANDEZ, ELIA MARINA

MEDINA, GLADYS

MID (3)

FALCONE, EDUARDO

IBAÑEZ, MARIA CECILIA

ZAGO, OSCAR

Producción y Trabajo (2)

MORENO, MARIA DE LOS ANGELES

PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA

Futuro y Libertad (2)

CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE

RAZZINI, VERONICA

Creo (1)

OMODEO, PAULA

Hoy por hoy, a juzgar por las votaciones de los tres proyectos en cuestión de la última sesión, ese tercio no estaría garantizado.

Todo es muy variable y se supone que los acuerdos mantenidos a lo largo de todos estos meses pueden restablecerse en una sesión definitiva como será la que convoquen para definir sobre los vetos seguros que aplicará el presidente. Pero hay que tener en cuenta que todos los votos valen muchísimo en esas circunstancias, lo cual implica que no alcanza con recuperar los votos de uno, dos o tres enojados, sino absolutamente todos. Un tercio es un tercio. Esto es, con asistencia perfecta, 85 u 86 diputados votando a favor del veto.

Veamos las lealtades que fallaron cuando miramos a los gobernadores. Los tres diputados tucumanos de Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo, votaron por primera vez contra el Gobierno nacional. Lo mismo hicieron las dos diputadas alineadas con el salteño Gustavo Sáenz, y una de las que reportan al gobernador sanjuanino (la otra se ausentó). A la hora de votar, no estuvieron en sus bancas los diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro, cuyo gobernador se quejó con dureza esta última semana por el estado de las rutas y la falta de obra pública para repararlas. Tampoco estuvo el diputado varón alineado con Sáenz. Toda una novedad que Innovación Federal (8 diputados) no haya apoyado al Gobierno esta vez.

También votó a favor del aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad Osvaldo Llancafilo, que responde al gobernador neuquino, en tanto que con la moratoria se abstuvo. Y retacearon su apoyo los diputados que reportan al gobernador Raúl Jalil, de Catamarca; los de los mandatarios radicales de Jujuy y Santa Fe, y se ausentaron dos diputados del otrora monolítico bloque de los “radicales peluca”.

Por si todo esto fuera poco, 9 diputados del Pro se abstuvieron en la votación de los aumentos a los jubilados. Además, uno de esa bancada (Héctor Baldassi) votó todo a favor.

Veamos un detalle de los votos para cada votación de las tres leyes clave del miércoles pasado.

Aumentos a Jubilados

Votaron a favor 93 diputados de UP. Entre ellos, los catamarqueños Silvia Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil, mientras que Fernanda Ávila se ausentó. También faltaron los santiagueños Celia Campitelli y José Gómez.

Votaron a favor la diputada Melina Giorgi, alineada con el gobernador Pullaro de Santa Fe; los jujeños Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura; el santacruceño Sergio Acevedo; el neuquino Osvaldo Llancafilo; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, y los tres tucumanos de Independencia: Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.

También votaron en contra la exlibertaria Lourdes Arrieta, Héctor Baldassi (Pro) y 4 miembros del bloque radical: Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Julio Cobos y la ya citada Natalia Sarapura.

Veamos las abstenciones, que también cuentan. Mencionamos a 9 del Pro, a saber, Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina Silvia Lospennato, Ana Clara Romero (que responde al gobernador de Chubut Nacho Torres), María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Del bloque UCR se abstuvieron 8: Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay. Y de Por Santa Cruz, se abstuvo José Luis Garrido.

Entre los 28 ausentes estuvieron los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; el rionegrino Agustín Domingo, y el ya citado salteño Pablo Outes, por Innovación Federal.

Del Pro, no estuvieron a la hora de votar el misionero Emmanuel Bianchetti, Alvaro González y José Núñez, hasta ahora muy alineado con el bullrichismo.

Faltó el chubutense Jorge Avila, igual que la sanjuanina María de los Angeles Moreno. Tampoco estuvo la exPro Verónica Razzinni.

Otra novedad fue sin dudas la ausencia de dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone; y por supuesto la de 2 radicales peluca: Martín Arjol y Mariano Campero.

Moratoria previsional

Llamó la atención el resultado, y los primeros sorprendidos fueron los diputados de Unión por la Patria, a juzgar por la algarabía que se desató cuando el tablero marcó la aprobación con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

Uno de los sorprendidos parece haber sido Miguel Pichetto, quien no obstante -viejo lobo de mar- se la vio venir y pronunció su voto negativo a viva voz durante la votación nominal. Dicen que se molestó mucho incluso con Nicolás Massot por ese resultado.

De Unión por la Patria volvieron a votar a favor los catamarqueños Silvana Ginocchio, López Rodríguez y Sebastián Nóblega, ausentándose Fernanda Avila.

Nuevamente alzaron su mano a favor los tres tucumanos de Independencia y las dos salteñas Calletti y Vega, más la sanjuanina Picón Martínez.

Además, votaron a favor el santacruceño Acevedo, Lourdes Arrieta.

Entre las abstenciones hay que destacar a la entrerriana Marcela Antola (alineada con el gobernador Rogelio Frigerio), la santafesina Melina Giorgi, el santacruceño José Luis Garrido y el neuquino Llancafilo.

Se repitieron las ausencias notorias de los “peluca” Campero y Arjol y los dos del MID.

Emergencia en discapacidad

El tablero marcó con la votación de la emergencia en discapacidad 148 votos a favor, pero fueron en realidad 150, con los votos a viva voz de Paula Penacca y Rodrigo de Loredo, que habían figurado ausentes, pero estaban. Esos 150 votos marcan que ese proyecto fue aprobado por 2/3, con los que con el mismo número de presentes alcanzarían para blindar el veto.

La votación fue similar a las otras en UP, contó con la adhesión de las dos salteñas de Innovación Federal, el neuquino Llancafilo y la sanjuanina Picón Matínez. También el macrista Héctor Baldassi y en este caso los dos santacruceños del gobernador Claudio Vidal, Acevedo y Garrido.

Lourdes Arrieta también apoyó, lo mismo que los tucumanos de Osvaldo Jaldo.

Del MID, solo rechazó Cecilia Ibáñez, pues Zago y Falcone figuraron ausentes, mientras que por el Pro se ausentaron Emmanuel Bianchetti, Alvaro González, Silvia Lospennato y José Núñez. De ese bloque se abstuvo Karina Bachey. Lo hizo también el entrerriano Francisco Morchio, que reporta al gobernador Frigerio.

Como se ve, un análisis pormenorizado muy interesante a la hora de que el Gobierno deba armar el poroteo correspondiente para auscultar cuántas voluntades necesita recuperar para poder garantizar la vigencia de los vetos que, inexorablemente, Javier Milei refrendará.

El segundo eje del debate previsional tenía como objetivo dar una respuesta a las personas en edad de jubilarse pero sin los aportes suficientes. Al ser el dictamen de mayoría, se votó en primer lugar el de Unión por la Patria, que establece la restitución de la última moratoria por el plazo de dos años, y resultó aprobado, dejando sin chances otros despachos que buscaban crear una prestación proporcional.

A diferencia de lo sucedido con la iniciativa sobre incremento y recomposición en las jubilaciones, los cinco bloques convocantes a sesión guardaban diferencias en este aspecto. Mientras UP y el Frente de Izquierda votaron a favor, la Coalición Cívica lo hizo en contra, y una parte de Encuentro Federal y la totalidad presente de Democracia para Siempre, se abstuvieron.

Los 111 votos a favor fueron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria y 5 de 5 del Frente de Izquierda. Además, desde Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Pichetto, votaron positivamente la cordobesa Natalia de la Sota y los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

También lo hicieron Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta de Transformación; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Al igual que en el primer proyecto, hubo aliados habituales del oficialismo que alzaron su mano a favor: los tres tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, de Independencia; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.

En tanto, los 100 votos en contra fueron 36 de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 13 de la UCR, 5 de la Coalición Cívica, 5 de Encuentro Federal y 4 de La Liga del Interior Eli. También de Mario Barletta, de Unidos; Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad; Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos; Cecilia Ibáñez, del MID; y Paula Omodeo, de CREO.

Las 15 abstenciones fueron de Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela, por Democracia para Siempre; Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres, por Encuentro Federal; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino.

Al igual que hace exactamente un año atrás, la oposición en la Cámara de Diputados logró alzarse con la media sanción de un proyecto que incrementa las jubilaciones, a raíz de un consenso entre los bloques que impulsaron la sesión: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

La iniciativa, girada al Senado, recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El texto aprobado en base al dictamen de mayoría de UP prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazos y 9 abstenciones; y sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados.

Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al hacer énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. En la previa, Martín Menem difundió que los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.

El debate transcurrió durante la tarde de este miércoles por más de cinco horas, mientras en las afueras había una multitudinaria movilización de jubilados, personas con discapacidad, médicos del hospital Garrahan, sectores de la educación y cultura y el colectivo Ni Una Menos.

Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazo y 9 abstenciones; sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones; y sobre la cancelación de deuda con las cajas provinciales fueron 138 a favor, 69 en contra y 19 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados.

La moratoria previsional 

Contra todo pronóstico, el bloque opositor de Unión por la Patria logró imponer en el recinto de la Cámara baja la prórroga por dos años de la vigencia del capítulo II de la ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. El plazo señalado podrá ser prorrogado por igual lapso por el Poder Ejecutivo nacional. La votación resultó con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

El debate en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue quien dio el puntapié inicial sobre el debate de los proyectos de actualización de los haberes previsionales. utilizó los primeros minutos destinados al bloque de Unión por la Patria para reiterar que “la calle nos lo exige y no hay patria pegándole a los jubilados, hay patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”.

Reflexiva, la diputada de Unión por la Patria señaló que “la magnitud no es nueva”, pero afirmó: “El 7,2% de este aumento es para volver referirnos sobre cómo empezó el ajuste con el gobierno de Javier Milei”. En ese punto, remarcó que “buscamos recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”. “Allí empezó la historia de un ajuste que no se detiene”, reiteró.

Sobre el DNU 274/24, el cual fijó el bono previsional en $70.000 desde marzo del 2024, Victoria Tolosa Paz manifestó que “allí decidieron dejar enterrados a los haberes de los jubilados y pensionados, convalidando el piso del haber mínimo”. En tal sentido, cargó que “cuando tuvimos la inflación de enero del 20%, el presidente otorgó el 12,5%”.

Agregó, además, que “los legisladores empezaron a reconocer que les habían robado el 8,1 del IPC de enero del 2024”. Después, recordó el tratamiento de la actualización del año pasado y el posterior veto presidencial: “Ese veto del 2024 dejó al costado lo que la calle nos está solicitando y no podemos vivir en un país donde los jubilados se mueren de hambre todos los días”.

Luego, reiteró dos de los puntos que han logrado el consenso sobre la redacción final del proyecto: “Venimos a reparar esto y a poner $115.000 (del bono jubilatorio) y ajustar mes a mes desde que Javier Milei lo dejó congelando”.

En el final, cargó contra el oficialismo y los aliados: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”. En ese momento, ratificó que “el costo del bono de $115.000 es de 0,3% del PBI anual, y de ahora a diciembre es del 0,17 del PIB”.

Impulsor de uno de los dos dictámenes de Encuentro Federal, el diputado nacional Nicolás Massot señaló: “La verdadera intención de nuestro bloque y de gran parte de los que estamos impulsando esto: no hay intento de complicar al gobierno, ni de complicar el equilibrio fiscal, nada de esos slogans que se repiten permanentemente”.

En segunda instancia, se refirió a las intenciones de Unión por la Patria por avanzar con la prórroga de la moratoria previsional y cargó: “Nosotros tenemos una solución que la mejora, proponemos una pensión proporcional en base a los años de aportes”. Esa propuesta fue contemplada en el dictamen del Pro que encabezó Daiana Fernández Molero.

Así las cosas, Massot reiteró que “el dictamen está abierto”, dando lugar a escuchar las propuestas de otros espacios y cerró con un mensaje para el oficialismo: “Esto es financiable y es justo, encontremos una manera fiscalmente sustentable”. “El costo no es un despropósito”, concluyó.

Por el bloque Pro se manifestó el rionegrino Sergio Capozzi quien sostuvo que “el sistema previsional argentino está en terapia intensiva desde principios del siglo gracias al kirchnerismo, cuando se decidió allá en el 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa y se las puso bajo el mismo sistema, sin negar su derecho a una prestación, pero no haberlas puesto en las mismas condiciones que aquellos que aportaron durante 30 años”.

“Esto perforó el sistema”, cuestionó y explicó: “Esa medida populista impactó en quienes hicieron los aportes. Argentina es el país que más extendido tiene el sistema de previsión social. En Argentina los mayores de 65 años y 60 de mujeres reciben algún tipo de prestación desde la seguridad social. Esto a consecuencia de estas moratorias perversas que ocasionaron que quien durante décadas hizo los aportes en tiempos y en forma cobre 300 mil, cuando le correspondería cobrar más de $1,200,000”.

Capozzi consideró que se necesita una reforma que “no sean parches”, por lo que proponen desde su bloque en el dictamen por un lado la conformación de una comisión de expertos para no caer en una reforma a la ley cortoplacista, ya que “tenemos que tener un sistema moderno con una prestación básica universal y una que sea proporcional a los años de aporte. También plantea una actualización de las leyes laborales que “en nuestro país tienen más de 50 años, es caduca, es sumamente acotada y no nos permite esta flexibilidad que tiene el derecho del trabajo”.

Por el oficialismo se manifestó el diputado Carlos Zapata quien también apuntó contra el kirchnerismo: “Se dedicaron a tratar de solucionar los problemas con parches, gobierno de estilo gomería, no le faltaron los gatos tampoco”, y criticó: “Los diputados kirchneristas son totalmente desvergonzados al querer plantear como solución la recurrencia a la misma medida que llevaron a la quiebra el sistema. Podemos ver esta intención que está oculta dentro de cada uno de estos proyectos que buscan de destruir el equilibrio presupuestario”.

“La falta de adhesión a alguna política para poder mejorar el sistema jubilatorio. Tenemos muchas erogaciones y pocos ingresos. Entonces tenemos que mejorar los ingresos, pero para eso tiene que haber más gente trabajando porque se oponen a todas las medidas que se impulsan desde el Gobierno para generar fuentes de trabajo y atraer inversiones y que progresen los argentinos. Evidentemente la mira está puesta en destruir el sistema que propone Javier”, concluyó.

Por último, alertó que “si no hay más productividad, no vamos a poder beneficiar a los jubilados ni los actuales y menos a los menores de 40 años. Hoy los menores de 30 años ninguno hace aportes, el menor de 40 años el 70% no hace aportes”.

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la iniciativa del radicalismo: “Nuestro proyecto lo que pretende es reconocer a las personas que han aportado durante toda su vida, pero que a la edad que se jubilan no logran, lamentablemente, cumplir con el requisito de los 30 años de aportes”.

“Los gobiernos kirchneristas han habilitado moratorias sucesivas que, si bien al principio eran una regla de excepción, luego se convirtieron en normalidad, y eso produjo déficit en el sistema previsional”, cuestionó y agregó: “¿De qué vale aportar, de qué vale el esfuerzo si luego al final del camino todos vamos a cobrar igual?”.

La legisladora de la UCR, que no dio quórum al inicio, argumentó que la propuesta de su bloque es “seria” y “pretende generar resultados distintos” porque “no podemos de nuevo someternos al error de proponer la moratoria”. En alusión entonces a esta prestación proporcional para quienes tengan aportes de entre 10 y 29 años, Brouwer de Koning dijo que se busca “reconocer el esfuerzo contributivo de las personas” ya que “es una injusticia que quien hizo aportes no pueda tener ese esfuerzo de vuelta”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño lamentó que el sector de los adultos mayores fue “las principales víctimas de la motosierra de Milei” porque “1 de cada 4 pesos que han recortado fue el sistema previsional, que también le recortaron la cobertura de los medicamentos del 100%”.

“El presidente dice que las jubilaciones acompañaron a la inflación, pero se olvida que la mayoría que son las mínimas tienen un bono congelado de 70 mil pesos desde marzo de 2024, una licuación brutal. El bono, si se hubiese aplicado la fórmula por inflación, sería por arriba de 160 mil pesos. Pero vuelven a repetir el cuento que no hay plata”, planteó y consideró que “la jubilación mínima debería cubrir la canasta básica del jubilado que sería alrededor de un millón de pesos y hay recursos”.

Así, Del Caño apuntó contra la libertaria Juliana Santillán que “vive en una nube que dijo que con 360 mil pesos se puede vivir bien. No tiene ni idea lo que cuesta vivir. Es un insulto esto”, y cerró: “También planteamos una recomposición de todos los haberes del 100% y sabemos que esto no viene de ahora porque con Macri perdieron 20 puntos y con Alberto Fernández 34 puntos”.

Cuando la reunión plenaria elevó los dictámenes previsionales, el Pro presentó uno propio que tuvo la labor activa de la diputada porteña Daiana Fernández Molero. Al igual que en comisiones, la legisladora macrista explicó la propuesta diferencial en el recinto: “Proponemos ir a un sistema que baraje y dé de nuevo con un sistema de jubilaciones que tenga a la PUAM como básica (mínima) para quienes no tengan aportes”, y agregó la opción de darle valide a todos los años de aportes como adicional de ese haber básico.

“Hay un mandato de reforma como nunca antes hubo en la Argentina y lo tenemos que aprovechar”, agregó la legisladora del Pro, quien además sugirió: “Debemos incentivar que los trabajadores estén en blanco, pero hace falta revisar los más de 200 regímenes de fondo”. Por último, manifestó que el Pro se para “del lado de la sensatez y la normalización económica e institucional”.

El diputado economista Itaí Hagman (UP) respaldó las moratorias al detallar que “en los últimos dos años se jubilaron 800 mil personas y con la situación actual sin moratoria 7 de cada 10 personas no pueden jubilarse”. Además, calificó de “falsedad absoluta que digan que las moratorias perjudican a quienes aportaron tantos años y que por eso cobran menos, por la falta en que se financia”. Por último, se refirió a la sustentabilidad Del costo de la moratoria: “Es del 0,08% del PBI en un año según la OPC. La moratoria les garantiza una jubilación a todas las personas”.

En la apertura de exposiciones individuales, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) afirmó que “la moratoria previsional tiene un sesgo de género y un sesgo de clase”. Desde esa definición, remarcó que “sin la moratoria 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres se quedarán sin poder jubilarse”. Y agregó, en tono crítico que “se necesita de un Estado que pueda resolver esta situación”.

Explicó, además, que las principales perjudicadas por la no inclusión de la moratoria son “las mujeres pobres que son las más precarizadas”. “En Argentina hay 1.600.000 familias monomarentales, que son mujeres al cuidado de personas y a la tarea reproductiva que no pueden acceder a trabajo formal y las dejamos sin la posibilidad de jubilarse”.

Presente en la movilización de la Plaza de los dos Congresos, Macha remarcó que “esto va a terminar muy mal para millones de argentinas”, y cargó contra el oficialismo y los espacios que no avalan esta moratoria: “Me preocupa la desconexión con ciertos sectores de la política con los problemas de la gente”.

La diputada jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que formó parte del quórum, destacó que “lo que vamos a aprobar hoy son las herramientas minimas y necesarias de nuestros jubilados”. Así las cosas, defendió la postura que tuvo junto a Fabio Quetglas y Julio Cobos, y sumó: “vinimos a ratificar y a expresar el compromiso de un partido”.

Contra las acusaciones del Poder Ejecutivo vinculadas a términos vulgares usados como “degenerados fiscales”, la legisladora jujeña respondió: “Nos hemos cansado de las acusaciones inmorales y del falso debate de que algunos queremos atentar el equilibrio fiscal”. En ese punto, enfatizó que “no es necesario un ajuste brutal hacia la gente”.

En defensa al espíritu del texto en cuestión, Sarapura agregó que “es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”; sostuvo que “no hablamos de números, hablamos de hombres y mujeres”; y cerró: “Tenemos la responsabilidad de que los jubilados no tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos”.

Del flanco oficialista, el diputado nacional Santiago Santurio no emitió opinión alguna respecto al dictamen de La Libertad Avanza y la propuesta de crear una comisión para la elaboración del proyecto de ley de “reforma integral del sistema previsional argentino”, pero lanzó críticas contra la oposición: “El gobierno de Alberto Fernández aumentó la pobreza y nuestro gobierno redujo la pobreza”.

Luego, señaló que “hablar de empatía es una caradurez”. En esa línea, cuestionó: “¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? ustedes gobernaron”, cargó Santurio respecto a las personas que quedaron fuera del sistema de jubilaciones en este último tiempo. Y sumó: “El problema que ustedes dejaron, ahora es responsabilidad nuestra”.

Para culminar su intervención, el diputado libertario indicó que “el nivel de vergüenza que dan es total”, y criticó: “Gastaban la plata que generaba el privado y aumentaban el déficit que financiaban emitiendo moneda generando inflación, gastaban de más porque aumentaban el empleo público y gastan lo que no producen en beneficios kirchneristas de empleados públicos que no funcionan”.

En el final, afirmó que el gobierno el Frente de Todos “no aumentó las jubilaciones y aumentaron la emisión de Letras en el Banco Central”, y concluyó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza de perjudicar a los argentinos de bien”.

Llegado el cierre de bancadas, el primero fue Pablo Juliano de Democracia para Siempre confirmó el acompañamiento de su espacio a la prórroga de la moratoria y desenfundó críticas contra el Ejecutivo Nacional: “La ‘vetocracia’ le niega la dignidad a la Argentina y nos sigue doliendo que tengas condenado a tu abuela”.

En contraposición a la propuesta del Pro que apoyó el despacho de La Libertad Avanza, cargó que “dejemos de diagnosticar la Argentina para que no se termine resolviendo nada”, y se dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei sobre la posibilidad de utilizar la facultad constitucional del veto contra la actualización jubilatoria: “Ojalá el Gobierno recapacite”.

Después de confirmar su rechazo al dictamen de mayoría, la legisladora del Pro consideró que con este proyecto “quieren volver a la mitad del déficit del 2,9 del PBI que dejó Sergio Massa”. Cuestionó la política previsional de los gobiernos kirchneristas y los acusó de “destrozar la equidad y el flujo, dejando esta situación ruinosa y alarmante”.

Por último, enalteció la propuesta del oficialismo respecto a una comisión especial para debatir una reforma del sistema a fondo y agregó que será un debate “a la altura de las necesidades los 47 millones de argentinos”. Concluyó que este proyecto busca “trazar la ruptura macroeconómica del gobierno de Javier Milei”.

Promediando el debate, el diputado Carlos Heller (UP) opinó: “Estamos haciendo responsables a las víctimas de las supuestas malas políticas que pudiera haber habido a lo largo del tiempo y que, en última instancia, han generado estas situaciones. Escuchamos decir que estamos proponiendo parches y estoy de acuerdo con eso, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma. No está tan mal aceptar la idea del parche porque nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave”.

“Hemos escuchado decir que la personas que no tiene los aportes son responsables de esa situación. Hemos escuchado decir que no hay recursos para atender estas necesidades que, desde el punto de vista fiscal, son mínimas, pero creo que tenemos que discutir el tema de fondo. Somos enemigos del ajuste como herramienta para resolver el problema”, cuestionó.

Heller apuntó: “Para quienes dicen que los jubilados son culpables o las personas que quieren jubilar si no tienen aportes son culpables, que el propio gobierno nos habla de entre 200 y 400.000 millones de dólares no declarados y quiero decir que, no creo que ninguno tenga una maquinita para imprimir dólares, sino que esos 200 o a 400 mil millones de dólares son ganancias no declaradas que es como mínimo han cometido el delito de evasión fiscal, aunque el presidente los considere héroes”.

“Pareciera que hay lugares donde ir a buscar recursos y que no deberían ser los de ajustar a los jubilados o a las personas en situación de jubilación porque no tienen los aportes. Discutamos mientras tanto cómo tenemos un sistema tributario que nos permita generar ingresos para atender un presupuesto que cubra las necesidades de nuestra población”, planteó.

Sin embargo, el diputado de UP indicó que, por más que se apruebe el proyecto “le seguimos haciendo un recorte fenomenal a los jubilados porque, el 7,2% que le vamos a dar, es de acá para adelante, pero nos quedamos con ese 7,2% desde febrero del año pasado hasta junio de este año”, y cerró: “Si se actualiza el bono que está congelado en 70,000 desde febrero el Estado se quedó con todo lo que significaba la actualización desde febrero hasta junio de este año. Es un mínimo de Justicia reparadora plantear que se apruebe para adelante esto”.

El cierre estuvo a cargo del libertario mendocino Álvaro Martínez quien apuntó: “Es una sesión donde vemos actos de irresponsabilidad legislativa porque estamos poniendo a consideración un dictamen de un proyecto que aumenta el gasto sin explicar de dónde sale el dinero para financiarlo”.

“Ningún orador dijo ni pudo explicar cómo se financian. Ni una sola estimación, ni fuente, ni medida concreta, solamente una demagogia”, disparó y agregó: “Venimos a hablar del sistema previsional lo hacemos pensando en los millones de argentinos que dedicaron su vida al trabajo, que aportaron durante décadas y fueron víctimas de gobiernos populistas”.

Martínez afirmó que “no estamos sosteniendo un sistema de seguridad social como quieren hacer cree, sino una maquina oxidad de injusticia, despilfarro y clientelismo. Una máquina que fue dinamitada a conciencia por el kirchnerismo durante los años irresponsables de su gobierno”.

“En 20 años se negaron a encarar una reforma estructural respecto del sistema previsional. Se negaron a tratar cualquier tema que resuelva el problema de fondo. Convierten en un premio político sumar gente a las moratorias que nunca aportaron. Las jubilaciones son un derecho que se ganaron los que trabajaron y aportaron durante años y nos negamos a que nos induzcan a que sea un premio político”, cerró.

La oposición tendrá este miércoles el enorme desafío de conseguir lo que el pasado 21 de mayo no logró: quórum para llevar adelante la sesión especial que tiene pedida. Algo que no logra desde el pasado martes 8 de abril, la última vez que consiguió torcerle el brazo al oficialismo al alcanzar el número necesario para sesionar.

Para este miércoles la oposición más dura puso su máximo esfuerzo para conseguir el objetivo de sesionar, sumando a último momento un tema muy caro para garantizar adhesiones: la cuestión del Hospital Garrahan, que será motivo de un emplazamiento, si es que consiguen dar comienzo a la sesión.

Una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, al punto tal de haber anticipado en Casa Rosada que en caso de ser ley tendrán destino de veto. Y que se desarrollaría en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.

La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12, y pone en el primer lugar del temario al incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.

Emplazamientos

Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.

Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.

Preocupación por el gasto

Todas estas iniciativas generan un gasto que el Gobierno considera excesivo y opuesto al déficit cero que es parte de la Biblia impuesta por la gestión libertaria.

En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.

Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.

En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.

En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

Las autoridades de la Cámara de Diputados convocaron formalmente a sesionar este miércoles, para tratar una serie de iniciativas pedidas desde la oposición. La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12, y pone en el primer lugar del temario al incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

El temario de la sesión de este miércoles incluye la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por otra parte fueron incluidos en el temario de la sesión una serie de emergencias climáticas. En primer lugar, la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Hay también una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva por el mismo motivo, y otro proyecto para declarar la emergencia por 180 días prorrogables por igual plazo para los partidos alcanzados por el desastre de esa tormenta del mes de mayo. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.

Preocupación por el gasto

Todas estas iniciativas generan un gasto que el Gobierno considera excesivo y opuesto al déficit cero que es parte de la Biblia impuesta por la gestión libertaria.

En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.

Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.

En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.

En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.

Citación a Sesión Especial 04 de junio 2025_12.00hs

Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.

Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.

Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.

También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.

También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.

Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.

La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Lo que no está

Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.

No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.

La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.

Luego de que la oposición no consiguió el quórum suficiente para abrir la sesión el pasado 21 de mayo en donde tenían la intensión de debatir nuevamente el tema de la moratoria previsional, desde la Fundación Éforo remarcan que el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes debió regularizar más de 20 años de aportes.

Las iniciativas que se iban a tratar en el recinto iban desde actualizar el bono extraordinario de $70.000 a $115.000 hasta redefinir los criterios de acceso al sistema previsional, pasando por recomponer todos los haberes jubilatorios en torno al 7,2%, reformar la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y prorrogar por dos años de la última moratoria.

La última moratoria y su impacto fiscal

Según el informe de la Fundación Éforo los últimos datos de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias. A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria.  

“En 2024, las prestaciones otorgadas a través de las moratorias previsionales sumaron $10,6 billones. Cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios que accedieron mediante moratorias”, remarcan y agregan: “A pesar del fuerte ajuste implementado en 2024 en el gasto previsional, las erogaciones para los beneficiarios de moratorias representaron el 2% del PBI, cifra que se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida de poder adquisitivo”.

El problema de fondo: la informalidad laboral

Así, alertan que “el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes actualmente debió regularizar más de 20 años de aportes. Sólo al 4% de los beneficiarios por moratoria les faltaba completar menos de 5 años de aportes. Más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y sólo 140 mil tenían más de 25 años”.

La prórroga de la moratoria previsional en números:

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas potencialmente beneficiarias que implicaría la prórroga por dos años de la última moratoria (Ley 27.705).

“Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. La extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo”, precisan.

En suma, estiman que “de prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería a 0,165% del PBI. De mantenerse el bono de $70.000, los créditos vigentes actualmente no resultan suficientes para cubrir durante el 2025, señalando un faltante de $98.551. Dicho faltante llegaría a $1.262.723 millones si se pagara un bono de $105.000 y a $1.599.511 en caso de un bono de $115.000”.

“Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI”, plantean.

Con la elección porteña ya resuelta, el Gobierno nacional debe concentrarse ahora en la cotidianeidad, que incluye una semana que se anticipa complicada en la Cámara baja. Después de una suerte de receso preelectoral en el Congreso, en la que sí hubo una actividad muy trascendente, como fue la reunión de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, en la que se emitió una docena de dictámenes sobre la cuestión previsional. Un tema no menor, que desatará una gran discusión en el recinto el próximo miércoles, que es cuando la oposición piensa dar ese debate.

Eso sí, antes deberán ponerse de acuerdo para emprolijar cómo será la discusión.

La idea es sesionar este miércoles, y para eso la oposición buscará alcanzar acuerdos este lunes y convocar luego a sesionar el 21. Será el día después del resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó al mileísmo con más poder, pero habrá que ver si eso se trasluce en el recinto. Entre otras cosas, habrá que atender el nivel de compromiso que de ahora en más vaya a asumir el bloque Pro, que ha entrado en efervescencia.

Lo sabe muy bien el oficialismo, que se pondrá en guardia este miércoles. Sabe que la tendrá complicada, porque la oposición irá con otros temas además de la cuestión previsional. En primer lugar, al principio de la misma, saben en La Libertad Avanza que la oposición buscará poner a consideración la elección de auditores para la hoy acéfala AGN. Y ahí se arriesga a sufrir el primer traspié, que sabe que no puede frenar si la sesión arranca.

Pero hay otros temas con los que tendrá que lidiar Martín Menem en esta sesión jabonosa que se le presentará. El Gobierno superó con alivio la instancia de las interpelaciones, luego de que el miércoles último pasara sin pena ni gloria la no sesión en la que debieron haber sido interpelados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. Se anunció en la sesión del 29 de abril, cuando la interpelación a Guillermo Francos, pero nunca se oficializó, pues los involucrados jamás se hicieron eco de la convocatoria. Más que suspenderse, o postergarse, la sesión se apagó. La oposición se limitó a intimar al presidente de la Cámara a definir si habría o no sesión, aquél ni contestó y hoy por hoy ya todos dan el tema por concluido. Tampoco es que la oposición tuviera asegurado el número para el quórum, la verdad sea dicha.

Ahora irán por algo más concreto y que ofrece mejores alternativas de avance, como es la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que está empantanada por no poder constituirse del todo ya que no puede definir sus autoridades. En la única reunión que hubo hasta ahora, se confirmó que las partes están empatadas en 14 y eso impide la elección de un presidente que ordene el juego. Y desde ya que no es lo mismo que presida un opositor, que un aliado del oficialismo.

Tal cual lo anunciado oportunamente, los bloques opositores pondrán a consideración el tema en la sesión que pedirán para este miércoles. Si bien pensaban no solo definir autoridades, sino también discutir la conformación de la comisión, volviendo al número original de 24 miembros, eso fue desechado. “Creemos que hay que avanzar, no retroceder. Nos da más chance de destrabar”, confió a parlamentario.com un diputado opositor que está en la mesa chica que determinará los pasos a seguir.

Desde el oficialismo replicarán que para discutir el tema se necesita habilitarlo con los dos tercios, pero desde la oposición propondrán una moción que entienden que se debe votar con mayoría simple. Será una larga discusión. “Sí, vamos preparados”, advirtió la fuente consultada.

Antes de pedir la sesión definirán los opositores definirán también si incluyen en el debate la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con dictamen, y tal vez otros emplazamientos.

Todo eso lo llevarán a un recinto en el que esperan retumben todavía las repercusiones del resultado de este domingo en la Ciudad. Donde el oficialismo consiguió su objetivo de desplazar al Pro al tercer lugar, y de yapa ganarle a Leandro Santoro.

Habrá que ver si la diferencia holgada entre el oficialismo y el Pro termina siendo una complicación. En rigor, nunca un triunfo electoral debe serlo, pero ha habido demasiados cruces con los principales aliados que más de uno podría comenzar a dejar la colaboración de lado.

Y en el oficialismo admiten que más allá de la victoria, en Diputados se encontrarán inmediatamente después con una situación de debilidad que tal vez sea la más extrema que recuerden. La apuesta es entonces a que no haya sesión. Se verá.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

Justo en el día en el que las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto deben reunirse para definir sobre los proyectos relacionados con la moratoria jubilatoria y la mejora en los haberes de la clase pasiva, se conoció un dato clave pedido precisamente por los legisladores a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Hablamos del impacto fiscal de la extensión de las moratorias y el aumento del bono previsional solicitado.

Según el informe al que accedió parlamentario.com, la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la Ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

De acuerdo con la información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo, se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año.

Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000, el costo fiscal anual sería de $1.992.853 millones (0,23% del PBI).

En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto anualizado llegaría a $2.567.477 millones (0,30% del PBI).

La prórroga por dos años

La Ley 27.705, sancionada por el Congreso el 28 de febrero de 2023 y promulgada el 13 de marzo del mismo año, junto a sus nomas derivadas, crea el denominado “Plan de Pago de Deuda Previsional”. Este régimen de moratoria previsional tiene como finalidad principal permitir que personas que no han podido cumplir con los 30 años de servicios con aportes requeridos por la legislación vigente puedan acceder a una prestación previsional, ya sea porque han alcanzado la edad requerida o porque, proyectando su situación laboral futura, no llegarán a cumplir con los años exigidos.

Una vez cancelada la deuda previsional, y si la persona reúne los demás requisitos establecidos por la Ley 24.241 (SIPA), podrá acceder a la prestación jubilatoria ordinaria. El haber será calculado de acuerdo con el régimen vigente, sin distinción entre aportes regulares y los regularizados mediante este plan.

La norma establece explícitamente que este régimen no es compatible con otras moratorias previsionales anteriores que no hayan sido regularizadas y canceladas con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.

Para estimar la cantidad de potenciales beneficiarios de la medida, se parte de las personas que han cumplido la edad jubilatoria en los años de aplicación (2025 y 2026), sin contemplar personas de mayores edades ya que, como se explicó con anterioridad, estas últimas pertenecen al grupo de “stock” que han hecho uso de la moratoria en sus dos primeros años. Del universo contemplado, se descuentan aquellas personas que cumplirían con los requisitos para jubilarse de manera ordinaria (edad + 30 años de aportes).

Luego, se adicionan: las personas que han integrado los regímenes diferenciales y que podrían hacer uso de la moratoria para acceder al beneficio jubilatorio; las personas con edad jubilatoria que, habiendo aportado en su mayoría a otras cajas previsionales (provinciales, municipales, profesionales, etc), no cumplen los requisitos para jubilarse por aquellas y que, por lo tanto,  usarían la moratoria para jubilarse en el régimen nacional; las personas en edad jubilatoria que no registran aportes realizados, y las personas y/o derechohabitantes que utilizarían la moratoria para acceder a los otros beneficios del sistema previsional, como ser la jubilación por invalidez o la pensión por fallecimiento.

Habiendo calculado el universo de nuevos beneficiarios posibles, se procede a estimar la cantidad de altas potenciales de la PUAM que no se concretarían porque esas personas optarían por la moratoria de la Ley 27.705, al resultar más beneficiosa.

Luego de ello, se calcula el monto anual que percibirá cada nuevo beneficiario, incluyendo aguinaldo y bonos y el monto anual de la PUAM con sus complementos que no deberá abonarse por el uso de la opción previamente mencionada.

A efectos metodológicos, la OPC asume en su informe la continuidad del bono previsional de $70.000 en todos los meses futuros, manteniendo dicho valor constante. En caso de modificarse su importe, el costo fiscal estimado podría variar en consecuencia. En otras palabras, este análisis se limita exclusivamente al impacto fiscal de la extensión de la moratoria previsional y no contempla eventuales cambios en el bono, los cuales se abordan en el apartado específico que se encuentra con posterioridad en el informe.

Con estos datos, se procede a calcular la masa de haberes por año, resultante del producto entre nuevos beneficiarios y haber actual, la recaudación de cuotas como resultado del pago de las UPDP y la masa de haberes por año que debieran pagarse a las altas por PUAM en caso de no extenderse la Ley 27.7025-

Como resultado, se obtiene el costo fiscal bruto de la extensión, restando de la masa de haberes previsionales la recaudación por Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y el ahorro por las PUAM no otorgadas, presentando asimismo el resultado en términos del Producto Interno Bruto (PIB).

La extensión de la moratoria previsional, en base a los datos analizados y de mantenerse el escenario macrofiscal previsto, implicaría costo fiscal de 0,084% del PIB para el primer año y de 0,081 del PIB para el segundo año, totalizando entre ambos un 0,165% del PIB.

Aumento del bono previsional

El refuerzo de los ingresos previsionales a través del otorgamiento de sumas fijas a los haberes más bajos es una medida que se viene aplicando ininterrumpidamente desde septiembre de 2022 hasta la fecha, como herramienta para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores. Dicha medida ha sido instrumentada mediante el dictado de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, con distintas variantes en cuanto a su denominación (“bono extraordinario previsional”, “subsidio extraordinario”, “refuerzo de ingreso previsional”, entre otras).

Desde marzo de 2024, el monto del bono asciende a $70.000 y es abonado a las personas titulares de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y personas beneficiarias de las pensiones no contributivas, en la medida que perciban por la suma de todas sus prestaciones vigentes un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado (actualmente, establecido en $296.481,74). Dicho universo, comprende actualmente a cerca de 4,7 millones de personas, representando un gasto del orden de $331.621 millones mensuales en promedio, y de $3.979.450 millones anuales para 2025 (0,46% del PIB).

De acuerdo con el requerimiento de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se solicitó el análisis del costo fiscal que conllevaría aumentar el bono previsional de $70.000 a $105.000, como así también a $115.000.

Dado que no se especificó la fecha de eventual entrada en vigencia de la medida, se adoptó el supuesto de que el aumento comenzaría a regir en el mes de junio. Asimismo, a los fines comparativos, se incorporó un ejercicio hipotético de cuánto hubiera costado de implementarse desde enero.

En cuanto al universo de beneficiarios, se mantiene el supuesto de que no se modifican las condiciones que habilitan el cobro del bono. Es decir, aquellos titulares de prestaciones previsionales contributivas y no contributivas cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un haber mínimo garantizado, percibirán el 100% del bono. En tanto, para aquellos titulares que perciban un importe superior al haber mínimo, el importe máximo del bono extraordinario previsional será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono. Por otra parte, cabe advertir que en este ejercicio no se contempla la eventual ampliación del universo de titulares por la vía de la moratoria previsional.

En el siguiente cuadro la Oficina de Presupuesto del Congreso describe la proyección mensual y anual del gasto asociado a los dos escenarios de la medida bajo estudio (escenario 1 – aumento a $105.000; escenario 2 – aumento a $115.000) desde junio.

A continuación, se expone el costo fiscal resultante:

Cabe señalar que el presupuesto vigente previsto para la atención de bonos a jubilados y pensionados asciende a $3.880.900 millones, de manera tal que existe un faltante de créditos del orden de $98.551 millones para sostener el financiamiento del bono de $70.000 hasta diciembre 2025. De elevarse el monto del bono a $105.000, el faltante asciende a $1.262.723 millones, mientras que si se elevara $115.000, el faltante sería de $1.599.511 millones.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirán este martes, a partir de las 13, para dictaminar en torno a los proyectos relacionados con la moratoria jubilatoria y la mejora en los haberes de la clase pasiva.

Las comisiones fueron emplazadas el pasado 8 de abril por el pleno y llegarán a esta instancia luego de tres reuniones informativas; por dos de ellas pasaron más de una veintena de invitados.

El debate se centró sobre tres ejes: la extensión de la moratoria previsional que venció el pasado 23 de marzo -y fue la causa que originó la puesta en marcha de esta discusión-; la actualización del bono extraordinario y su incorporación al haber; y la creación de una prestación proporcional, de acuerdo a los años aportados.

Hay también quienes plantean una reforma de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que hoy representa un 80% de la jubilación mínima y a la que pueden acceder tanto hombres como mujeres a partir de los 65 años.

En la última reunión hubo una insistencia de varios diputados al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que la Oficina de Presupuesto del Congreso pueda aportar números sobre el costo fiscal que implicarían algunos ejes de las distintas iniciativas en análisis (más de 20 en total).

Entre los proyectos, aquellos que buscan extender la moratoria previsional son impulsados principalmente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, por un plazo de 2 años. Aunque una de las propuestas, de Gisela Marziotta, plantea 10 años.

En lo que mostraron coincidencia y una mirada de eventual acuerdo varios sectores de la oposición durante la última reunión fue en la actualización del bono extraordinario de 70 mil pesos, congelado hace más de un año.

Por su parte, un sector de Encuentro Federal, con la cordobesa Alejandra Torres a la cabeza, y el rionegrino Agustín Domingo, de Innovación Federal, proponen eliminar el requisito obligatorio de los 30 años de aportes para acceder a una jubilación y, a su vez, mejorar la PUAM.

Otro punto de ese proyecto habla de la creación de un "Grupo de expertos previsionales" para trabajar en una reforma jubilatoria, idea que el oficialismo -sin propuestas alternativas en este debate- tiene mente, pero recién para cuando se renueve el Congreso.

Un nuevo plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo lugar este martes, con la participación de especialistas y jubilados que cada miércoles forman parte de protestas en las puertas del Congreso.

Antes y después de las exposiciones de los invitados, legisladores de distintos bloques coincidieron en acelerar el pedido a la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal e impacto que tendrían las distintas propuestas.

Las principales medidas que se plantean en la veintena de iniciativas tienen que ver con la extensión de la moratoria previsional -cuyo final originó la apertura de este debate en las comisiones-, la actualización del bono extraordinario y la creación de una prestación proporcional en base a los años aportados.

En el arranque, la presidenta de la Comisión Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, recordó que la reunión del próximo 13 de mayo será para avanzar en los dictámenes e informó sobre la solicitud, por medio del titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, a la OPC "para poder tener algunos números en relación a algunos proyectos".

En tanto, hacia el final de la reunión, ante una consulta del radical Roberto Sánchez, Espert dijo: "En este momento la OPC está evaluando el costo fiscal sobre emergencia en discapacidad. Sobre el tema previsional tendríamos que tener algún acuerdo sobre líneas comunes de todos los espacios para que la Oficina pueda evaluarlos". "La OPC no está en condiciones de evaluar 21 proyectos", planteó.

Recogió el guante el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien coincidió en que era "razonable" que la OPC no puede analizar con escaso tiempo una veintena de proyectos, pero consideró que al menos sobre uno de los temas se puede conseguir un "cálculo concreto", a partir de saber "lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria". Y, al remarcar el consenso que hay entre algunos bloques de la oposición sobre la actualización del bono, pidió que el organismo de asistencia técnica evalúe "cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105 mil pesos".

Las exposiciones

El primer orador de la jornada fue Nicolás Machuca, periodista especializado en temas previsionales, quien señaló que la crisis en el sistema jubilatorio "pasó a ser una crisis económica por muchas políticas públicas que han fallado en su momento, que se han otorgado en momentos equivocados y que no tuvieron sostenibilidad".

"Los adultos mayores se han convertido en la Argentina en la clase social más marginada", resaltó y, al referirse a la gran masa de trabajo precarizado e informal que hay en la actualidad, advirtió: "Vamos a tener más personas longevas, pero pocos jóvenes aportantes, y eso con el correr del tiempo va a ser más peligroso que lo que estamos atravesando en este momento".

Respecto al bono extraordinario, Machuca expresó que "un bono congelado hace más de un año lastima al haber" y debería "ser incorporado" al mismo. "Según estudios del CEPA, el bono debería ser de 154 mil pesos y sigue estando en 70 mil", agregó. En su exposición, también opinó que "eliminar hoy las moratorias es un error, son necesarias en este tiempo" y habría que extenderla "al menos 10 años más". "La PUAM tiene que tener también una lavada de cara, tiene que ser compatible a los aspectos laborales", sumó.

Por su parte, Renee Girardi, del Frente de Adultos Mayores en Unidos y Organizados, se quejó de que mientras se buscan los consensos, "la situación de los jubilados sigue siendo pésima; mientras tanto el tiempo corre, los perjuicios aumentan, los palos en la Plaza del Congreso se acentúan. Y todo aumenta mientras dicen que la inflación baja".

"Solicitamos un aumento de emergencia urgente, que nos devuelvan los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente", pidió, además de manifestar que "el bono es una vergüenza". Y anticipó: "Mientras esto no ocurra, habrá calle".

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, sostuvo que "no es cierto que los trabajadores no hicieron su trabajo durante su vida laboral", sino que no cuentan con los años correspondientes a raíz de "las leyes incompletas, los no aportes o la precarización laboral, que son lo que han impedido las jubilaciones".

Tras denunciar una "intención de privatización del sistema previsional" por parte del Gobierno, se mostró a favor de "la sanción a una ley de moratoria que garantice en el tiempo jubilaciones y pensiones mientras construimos un sistema previsional digno".

A su turno, Carlos Martínez, licenciado en Economía e investigador docente, subrayó que "el no ajuste del bono implica un ajuste sobre la vida de los beneficiarios" y "un ajuste más grave para quienes menos cobran, como los de la PUAM o pensión por invalidez". Apuntó que si el bono se actualizara acorde a la inflación -desde que se congeló en abril de 2024- "estaríamos hablando de unos 115 mil pesos".

"De los 45 mil que se recibiría (por ese aumento), 30 mil sería para pagar medicamentos que antes eran gratis", explicó. Y detalló que esto tendría un costo fiscal de 0,21% del PBI en 2025, que se podría financiar sobre cambios en exenciones impositivas.

Luciano González, abogado especialista en seguridad social, indicó que "en todas las provincias, la cantidad de personas que se han jubilado por moratoria son mayor a un 60%". "Lo fundamental es que se prorrogue, se vuelva a sancionar, se mejore", dijo y planteó que sea por un plazo de diez años o "sin límite temporal, porque tiene que perdurar en el tiempo". Además, opinó que "la PUAM tendría que ser derogada y reemplazada en su totalidad por una ley de moratoria, porque la PUAM no es un derecho".

En la reunión también expusieron Alberto Atilio Meneses, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados; Alicia Aban, abogada previsionalista; y Nora Biaggio, docente jubilada y representante del Movimiento de Jubilados.

Tal como se emplazó en la sesión especial del 8 de abril, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunieron este miércoles para debatir sobres los proyectos de ley que proponen extender por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional. La reunión fue encabezada por la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning.

En el comienzo del plenario, la diputada radical remarcó que el encuentro informativo tuvo como fin ahondar sobre las iniciativas de ampliación del sistema de ingreso al haber previsional; y para incorporar el bono al haber previsional. El encuentro duró poco más de tres horas y contó con la exposición de 18 invitados.

Se destacó la presencia de los economistas Diego Bossio y Osvaldo Giordano, exdirectores de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El primero lo hizo durante la Presidencia de Cristina Kirchner entre los años 2009 y 2015; y el segundo fue el primer titular del organismo de seguridad del gobierno de Javier Milei. Luego, presentó la renuncia (solicitada por el presidente) en febrero del 2024 en el marco del trunco debate de la Ley de Bases.

Durante la reunión informativa hubo unanimidad respecto a qué el sistema de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) debe ser modificado. Para ello, fue abordado desde perspectivas fiscales, sociales, judiciales, económicas y de género.

La palabra de los invitados

El primer expositor de la jornada fue Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC, sintetizó que “la dificultad es política, más que técnica”. También, sostuvo que “el sistema previsional argentino, visto como un todo, tiene una virtud con muy buena cobertura, pero es muy caro y es muy injusto e ineficiente”.

De cara al futuro, consideró que el sistema previsión “requiere reformas porque los problemas van a empeorar en el tiempo”. Y sobre la prórroga de la moratoria previsional, señaló que se trata de una “emergencia que se está volviendo estructural”, pero afirmó que es “desordenado, peligroso, una especie de parche y no siempre funciona bien”.

Luego, Jorge García Rapp, docente universitario, se refirió a la problemática en cuestión como una situación que comprende a toda la región y no solo a la Argentina. Sobre la moratoria previsional, indicó que “si privilegiamos la cobertura hemos castigado la suficiencia porque cubrimos a muchos, pero la cobertura no es suficiente”.

Cuando llegó el turno de Osvaldo Giordano, extitular de Anses y actual ministro de Finanzas de Córdoba, se planteó una cuestión que fue mencionada por muchos de los oradores presentes: “La PUAM es perfectible por tener deficiencias”, y explico: “Trata igual a gente y trata muy desigual a quien está cerca de los 30 años de aportes con el que no aportó nunca nada”.

Antes había caracterizado a los proyectos del debate en tres posiciones: “Los que proponen volver a prorrogar; los que no quieren hacer nada o hacer lo contrario, que sería el no proyecto; y la alternativa del medio que es no prorrogar la moratoria, pero mejorar la PUAM”. Adhirió a la tercera postura y señaló que “se debe permitir seguir trabajando” -al que accede a la Pensión-.

También, afirmó que los haberes jubilatorios “perdieron un tercio del poder de compra desde el 2017 hasta el 2024”, y se posicionó en la idea de que la moratoria previsional es “una herramienta de transición”. En el final, alertó por la cantidad de procesos judiciales que la Anses viene enfrentando en los últimos años.

Brevemente, el diputado nacional (MC) Eduardo Santín, extitular del Instituto de Previsión Social de PBA, cuestionó a aquellos que rechazan de primera mano a la prórroga de la moratoria previsional y señaló que “la seguridad social es un mecanismo de redistribución de la riqueza como la educación”. Luego cargó que “se generan moratorias para los que tienen el capital y no pagan sus impuestos, pero cuando las moratorias son para los trabajadores ponemos el grito en el cielo y decimos que es una barbaridad”.

El abogado previsionalista Adrián Troccoli manifestó su oposición a la PUAM porque consideró que “estos sistemas condenan a los jubilados a tener haberes de 288 mil pesos”. También, al igual que otros oradores, presentó que la Pensión “tiene muchas inconsistencias, es excepcional y de subsistencia”. En ese punto, remarcó que “los parches no van”.

La exdirigente sindical Liliana Kunis Mesa habló de la ronda de cada miércoles que realizan organizaciones de jubilados en las afueras del Palacio Legislativo de la Nación y señaló: “Me da vergüenza tener que exponer en un Congreso absolutamente vallado”. Alertó que “nos quitan el 100% de la cobertura de los medicamentos”, y fustigó: “Hay un PAMI intervenido gobierno tras gobierno, y este gobierno, y los anteriores, han metido la mano en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad”.

Supo ser diputado nacional y titular de la Anses desde el 2009 hasta el 2015 durante gran parte de la presidencia de Cristina Kirchner, Diego Bossio llevó una serie de diapositivas y planteó 6 cuestiones: “El haber no alcanza, cobertura solo con moratorias, mas beneficiarios que aportantes, déficit en el organismo, gasto previsional creciente y cambio demográfico”.

Comparó, en una de las imágenes que llevó a la Sala 1 del Anexo, el valor de la jubilación mínima durante la gestión de Cristina Kirchner en más de 500 dólares contra la actual que ronda los 300. Llamó a ese número como como “licuación del haber jubilatorio mínimo”, habló de “nivel crítico desde el punto de vista social” y enfatizó que “las decisiones en política se toman en el hoy”.

En otro punto aseveró que el valor de la actual jubilación mínima está “muy debajo por los niveles socialmente aceptables”, y le envío un mensaje al espectro político de la Cámara de Diputados: “Si hay blanqueo para los empresarios que haya para los jubilados, y no tener doble vara para catalogar de ‘jubilados truchos’ a aquellos trabajadores que aportaron toda su vida”.

Justificó, además, que “la universalidad tiene un costo, pero es una decisión política”, y explicó que “la acción de gobierno está asociada a la realidad”. Luego, aseveró que el “42% de los trabajadores no están en el sistema contributivo”, y sumó que “si no hay acuerdo con la justicia vamos a vivir litigando el sistema de jubilaciones”.

Para cerrar, sintetizó que “lo ideal es enemigo de lo posible”, y sugirió que la reforma previsional tenga el consenso de las dos Cámaras, el Poder Ejecutivo y la Justicia. Cerró con que este es un “contexto muy difícil para la Argentina”.

Brevemente, Marcos Wolman, integrante de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, afirmó que “es necesario discutir un aumento de emergencia”, y repudió que sobre la población trabajadora “haya 50% no esté registrada y desocupada”.

Luego, Nicolás Dvoskin, miembro de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) y del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), resumió su presentación en tres asuntos: la necesidad de recomponer haberes; discutir la viabilidad y pertinencia de las moratorias; y redefinir los parámetros del modelo contributivo.

En número, explicó a través de su exposición que desde que asumió Javier Milei el haber jubilatorio “perdió 108 dólares con una pendiente negativa por el congelamiento en bonos”. También propuso un informe sobre la pérdida medida en los valores de los medicamentos: “Para remedios, los jubilados perdieron 228 dólares sobre datos del propio Ministerio de Salud de la Nación”. Sin embargo, aclaró que “sin moratorias, la pobreza en adultos mayores sería del triple, pero no es la solución”.

La abogada y periodista Tamara Bezares, tras destacar la presencia de jubilados en la reunión plenaria, afirmó que “los 247 mil pesos de una PUAM no alcanzan”, y sugirió que “este recinto debería estar lleno de jubilados”. Cuestionó que durante el debate y en el contexto actual “la jubilación se interpreta como un subsidio a la vejez”.

También, señaló que “es fundamental que entiendan que las tareas de cuidado deben estar contempladas para que se incluyan al sistema jubilatorio porque hay 1.500.000 de mujeres que son jefas de hogares monomarentales”. “Hay que darle una respuesta a la feminización de la pobreza”, aseveró y cerró: “No es un problema económico, es un problema social”.

Completaron las exposiciones Sandra Zapatero, secretaria de seguridad social de la CTA; Manuel Mera; Federico Despoulis, vicepresidente de la Asociación de Abogados previsionalistas; Julio Pérez, periodista de La Izquierda Diario; Aníbal Paz, asesor previsional; Carlos Pizzini, integrante de la Agrupación Jubilados en Defensa Propia; y Jorge Colina, docente universitario.

La senadora nacional Carolina Moisés (CF-UP) presentó un paquete de proyectos de emergencia previsional que busca garantizar que todos los jubilados y pensionados accedan a los medicamentos gratuitos por PAMI, que se restituya la moratoria y se insista en la movilidad para “elevar los haberes mínimos de hambre” que perciben actualmente.

“El desastre es integral, así que también lo debe ser la propuesta de solución que planteamos en el Senado de la Nación. El ajustazo a los jubilados no tiene freno y se sostiene en el tiempo, siguen siendo los más perjudicados por la motosierra de (Javier) Milei, junto a la clase media, mientras se beneficia a los sectores concentrados de poder”, enfatizó la jujeña.

Las iniciativas contaron con el respaldo de sus compañeros de bloque Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca).

El primero de los proyectos dispone como único requisito para acceder a la cobertura total del 100% de los medicamentos acreditar la condición de ser jubilado o pensionado, “dejando sin efecto todos los filtros que vulneraron el derecho a la salud de muchos jubilados por efecto de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del INSSJP, que recortaron los porcentajes de cobertura y ampliaron los requisitos de accesibilidad”, explicó Moisés.

En tanto, el segundo insiste con la movilidad previsional que actualizaba las jubilaciones, las que, según cifras oficiales, no llegan a cubrir la canasta básica, “como sucede en Jujuy, donde asciende a 1,2 millones de pesos y los haberes no alcanzan los 350 mil pesos”, apuntó la senadora.

“Son más de 5 millones los jubilados y pensionados que están debajo de la línea de pobreza en toda la Argentina, gran parte de ellos reciben ayuda económica de familiares y allegados, se están viendo obligados a elegir en muchos casos entre comer, nutrirse adecuadamente o medicarse”, enfatizó la legisladora, en cuya iniciativa se propone incorporar definitivamente el bono de 70 mil pesos y una suma adicional de 20 mil para que se actualicen las jubilaciones en un 32,24% en una primera instancia.

Y, finalmente, el tercer proyecto busca restituir la moratoria previsional que perdió vigencia, afectando especialmente a las mujeres. “Mientras que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de este mecanismo, en el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de cada 10”, fundamentó.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, de las 315.166 nuevas jubilaciones otorgadas en los primeros nueve meses del año pasado, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el 74% incluyó moratoria y casi la mitad de las pensiones dadas de alta también requirió de este plan.

“La falta de aportes no es responsabilidad de las personas, es parte de una problemática previsional histórica, por prácticas laborales desfavorables e injustas, como normas de flexibilización laboral, trabajo informal y altos índices de desocupación”, señaló la jujeña.

Y recordó: “Fue por eso que, como diputada nacional, hace algunos años atrás, apoyé este instrumento de la moratoria para amparar y remediar la desprotección de este sector de la sociedad, facilitando el acceso a la jubilación, luego de toda una vida de trabajo”.

“Nuestros jubilados y jubiladas no deben ser objeto de ajuste ni moneda de cambio para sostener un déficit cero que sólo los hunde más en la vulnerabilidad”, concluyó.

En su intervención durante la sesión informativa de este miércoles, el riojano Ricardo Herrera, vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, se refirió a la situación de la ya desaparecida moratoria previsional.

“Hay 3.000.000 de personas en el sistema previsional argentino que se han jubilado con los aportes correspondientes, además de los 3.500.000 que se han jubilado por el sistema de moratoria. En la respuesta que nos da, el jefe de Gabinete deja a 240 mil personas sin respuesta por parte del Estado Nacional, porque son las personas que no se van a poder jubilar en 2025, las mandan a la PUAM y hay gente que cumple la edad este año. ¿Cuál es la respuesta del Estado para este tema?”

Guillermo Francos, que ya había dejado claro que el Gobierno no piensa restablecer la moratoria previsional, le aclaró que, tal cual ha dicho el Ministerio de Capital Humano, la posibilidad de regularizar continúa vigente para aquellos empleados a los que les faltan aportes y estén a 10 años o menos de la edad jubilatoria. Señaló que en el caso de las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aporte necesarios, pueden acceder a la PUAM.

Valorizó que la PUAM permite tener ingresos por encima de la indigencia. “330.000 personas perciben la PUAM”, agregó, advirtiendo que “con el sistema jubilatorio que tenemos no es factible un sistema que no tiene los aportes correspondientes. Si no conseguimos generar a través de modificaciones determinadas normas, es muy difícil sostener el sistema previsional”.

Mientras en la Cámara de Diputados la oposición logró emplazar el tratamiento de la prórroga del sistema previsional en comisión, cuyo debate se inició esta semana, desde la Fundación Éforo emitieron un breve informe destacando el funcionamiento del sistema de moratorias en el país y detallaron cuántas personas pudieron jubilarse gracias a dicha ley.

La Ley 27.705 de Moratoria Previsional venció el pasado 23 de marzo, motivo por el que diputados de la oposición presentaron un paquete de iniciativas para que se prorrogue el sistema.

En el informe difundido por Éforo remarcaron que “la implementación de las distintas moratorias previsionales en los últimos 30 años permitió el acceso a una jubilación a personas que no contaban con los años de aportes requeridos por el sistema contributivo”.

“Actualmente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los últimos datos de ANSES: ○ 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024. El 59% de las jubilaciones y pensiones se deben a la implementación de las moratorias”, detallaron.

También destacaron que el 65,5% de las jubilaciones se explica por la implementación de alguna moratoria. “Se estima que el 81% de las altas de haberes jubilatorios de ANSES en 2023 se explican por la implementación de algunas de las moratorias de los últimos 30 años”, informaron.

Además, resaltaron que “a finales de 2024, cerca del 60 % de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria, lo que implica que la mayoría de los beneficiarios no logró completar los 30 años de aportes requeridos”.

“Las personas que accedieron a un haber jubilatorio por moratoria pasaron del 10% del total de beneficiarios en 2006 al 50% en 2015”, aseguraron y sumaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI.

Desde la Fundación alertaron que “la suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes”.

“Las moratorias tienen un rol importante en lo que respecta a la cobertura del sistema previsional. Son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar, una consecuencia directa de que en Argentina el 50% de la economía es informal. El tema de la moratoria tiene que estar en agenda y requiere del compromiso político y de la sociedad en su conjunto sobre cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, explicaron.

La vicepresidenta de la Fundación Éforo y exdiputada nacional, Carla Pitiot, manifestó: “Las moratorias son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar a lo largo de décadas, cuya consecuencia directa es que Argentina el 50% de la economía es informal”.

“El tema de la moratoria pone en discusión algo sumamente complejo que es cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, planteó y cerró: “Pero en el mientras tanto no se puede abandonar a los trabajadores y trabajadoras, sino que hay que trabajar en políticas que permitan hacer una transición sin abandonar a los más vulnerables”.

Fundación Éforo - El dilema de las moratorias previsionales_ entre la inclusión y la sostenibilidad del sistema.docx

arrancó finalmente este miércoles el debate de los temas previsionales en el seno de un plenario de dos comisiones, una de las cuales -Presupuesto y Hacienda- había sido emplazada el día anterior por el pleno de la Cámara baja, para sumarse a Previsión y Seguridad Social para tratar los proyectos relacionados con esta cuestión.

Recordemos que el emplazamiento fue aprobado sobre el final de la reunión de este martes por 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.

Para establecer el eje del debate, tomó la palabra el inicio de la reunión la presidenta de la Comisión de Previsión, cabecera del plenario, la radical Gabriela Brouwer de Koning. En una reunión que se realizó en minoría, la cordobesa planteó dos ejes temarios para debatir.

“El régimen previsional presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades, injusticias, y existe la necesidad de un análisis profundo para dotarlo de mayor equidad, justicia e igualdad”, arrancó Brouwer de Koning, quien precisó que “el mundo hoy atraviesa diferentes dificultades, los empleos se transforman, hay un 40% informalidad, el envejecimiento de la población a tasas europeas, y estos factores inciden en este sistema de gran envergadura que tiene el país”.

La diputada radical destacó la consecuencia de esa gran informalidad imperante, que establece que esas personas no aportan al sistema y no lo financian. Así las cosas, tampoco pueden después acceder a una jubilación digna, por no tener los aportes correspondientes. Por eso dijo que debían buscar una alternativa para atender esa situación.

Destacó la existencia de varios proyectos para incrementar el haber previsional, utilizando una variable que es principalmente el bono. “Esta realidad es la que hoy nos interpela”, sostuvo la presidenta de Previsión, remarcó el compromiso de ese plenario para “generar un debate sincero, responsable, para lograr alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo”.

Por último, expresó la predisposición al debate para estas cuatro semanas en las que se abocarán intensamente al tema. Así se acordó escuchar este miércoles a los autores de proyectos, que son 21, y pidió que todos inviten a especialistas que “nos puedan dar luz a lo que estamos abordando, en los próximos dos encuentros”. Reclamó en ese sentido que aporten nombres de personalidades que quieran invitar y recordó que la semana del 6 de mayo la idea es dictaminar, con la esperanza de que después de un trabajo intenso lleguen a esa fecha con “las soluciones consensuadas”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Entre las 12 y las 12.30 de este martes habrá tensión máxima en la Cámara baja, donde buena parte de la oposición busca realizar una sesión para tratar en principio la creación de una comisión investigadora por el escándalo $Libra, e interpelar y pedir informes a un puñado de altos funcionarios. Mientras que el oficialismo enciende velas para que las estimaciones que hacen se cumplan y la reunión fracase.

Pasa que el poroteo que realizan oficialistas y opositores inquieta a estos últimos, que ante las consultas periodísticas de este lunes se mantenían muy cautos.

Sucede que el Gobierno operó intensamente desde el jueves cuando se conoció el pedido de sesión para hacerla caer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria -el más numeroso- reuniría a 93 de sus 98 miembros, en el caso de que faltaran los cuatro diputados catamarqueños y una santiagueña que ya no estuvo en el intento fallido de sesión registrado el 19 de marzo: Celia Campitelli.

Otro de los bloques que convocaron a la sesión es Encuentro Federal, de cuyos 15 miembros asistirían probablemente 9. Se estima que podrían estar ausentes 4 de sus 5 cordobeses; descontándose que sí se sentaría en su banca Natalia de la Sota.

Podrían faltar también los diputados alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Jorge “Loma” Avila y Francisco Morchio, respectivamente.

De Democracia para Siempre, estarían al menos 9 de sus 12 integrantes. Se duda de Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; Marcela Antola, alineada con Rogelio Frigerio y Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño.

La izquierda estaría completa (5); de Por Santa Cruz estaría uno de sus dos miembros; y los 6 de la Coalición Cívica. Tal vez sí asistan dos diputados del Pro, Alvaro González y Héctor Baldasi.

No habrá mayor presencia del Pro, ni del radicalismo, que nunca han estado del todo de acuerdo con la moratoria previsional, más allá de que la hayan votado, y ese es precisamente uno de los temas con los que convocan a sesionar.

Según ese poroteo, los asistentes podrían llegar a ser 125, en cuyo caso les faltarían 4 para el quórum.

Cuatro que, de todos modos podrían salir tal vez del radicalismo, aunque ya en la sesión fallida del 19 de marzo solo asistieron del partido centenario dos de sus diputados.

Recordemos que los temas relacionados con el caso Libra son los únicos que cuentan con dictamen. No así el resto, por lo que terminarán impulsando emplazamientos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que acceda tratar tanto la emergencia en discapacidad, como los temas previsionales. Todo eso si se alcanza el quórum. Eso se sabrá, a más tardar, a las 12.30 de este martes.

Varias comisiones fueron citadas en la Cámara de Diputados para este martes y miércoles, entre las que se destacan un plenario para dictaminar el proyecto sobre régimen penal juvenil y el arranque del debate sobre iniciativas vinculadas a los jubilados.

La agenda del día martes podría tener reprogramaciones o cambios en función de si reúne quórum o no, y en caso de sí, cuánto se extiende, la sesión que fue convocada por la oposición para las 11.

El día martes a las 10 fue citada en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, cuyo temario incluye un proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; y otro por el cual se aprueba el Acuerdo de cooperación mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay suscripto en la Ciudad de Montevideo el 29 de agosto de 2012; también proyectos de resolución y declaración.

Para las 16, en la Sala 4, fue convocada la Comisión de Defensa Nacional, que tratará proyectos de resolución; mientras que a las 16.30 en el Salón lllia del Senado hay prevista una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que tendrá como tema principal dictaminar sobre la Cuenta de Inversión 2017.

En tanto, a las 17, en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara de Diputados, está citada la Comisión de Legislación Penal para designar autoridades vacantes y tratar un proyecto de declaración. Media hora después, se sumarán en un plenario Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de emitir dictamen sobre régimen penal juvenil.

Para este miércoles, la Comisión de Agricultura y Ganadería tiene prevista una reunión informativa en el Salón Delia Parodi, de la que participarán productores agropecuarios para el debate sobre proyectos que proponen la baja de retenciones.

A la misma hora, pero en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja, comenzará en la Comisión de Previsión y Seguridad Social la discusión sobre la prórroga de la moratoria previsional, la creación de una prestación proporcional por aportes y cambios en algunos regímenes especiales de privilegio.

A las 11.30, en la Sala 4 del Anexo, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas recibirá a representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Fundación Pro Tejer, Cámara de la Industria del Calzado, Federación Industrial de Santa Fe y Fundación Observatorio PyME para exponer sobre la situación actual del sector.

Finalmente, a las 15, en la Sala 4, la Comisión de Legislación del Trabajo recibirá a representantes de asociaciones, de entidades sindicales y empresarias, y especialistas en la materia para el análisis y consideración de los proyectos para modificar las leyes 14.250 y 23.551, sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad.

Por su parte, en el Senado fueron convocadas para este martes las reuniones constitutivas de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las 15 y 15.30, respectivamente, ambas en el Salón Illia.

Otro de los ítems en agenda es la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Suecia, programado para este martes a las 11 en el Bajo Recinto de la Cámara de Diputados, con la visita del embajador Torsten Ericsson. Luego tendrá lugar la inauguración de la muestra “La investigación e innovación sueca”, siendo el lugar en la planta baja del Anexo A - Espacio Expositivo.

Con la firma del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, la Cámara de Diputados convocó a los diputados nacionales a sesionar este martes 8 de abril a partir de las 12, dando curso al pedido formulado el jueves pasado por 34 diputados encabezados por Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.

La sesión es para debatir la conformación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes sobre ese tema. También la emergencia nacional en discapacidad y por último una serie de proyectos relacionados con temas previsionales.

Todo lo inherente al escándalo cripto cuenta con dictamen. En cambio los otros temas no, por lo que buscarán en principio buscar los 2/3 para debatirlos sobre tabla -imposible-, y luego emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir los otros proyectos, habida cuenta de que no se ha hecho eco de esas cuestiones.

En el caso de la emergencia por discapacidad, ya hubo dictámenes en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Esta última realizó incluso la última semana una reunión informativa para esclarecer aún más sobre la situación imperante. Emplazarán así a la comisión que preside José Luis Espert para conseguir el dictamen que falta y llevar el tema al recinto.

Es lo mismo que harán con los temas previsionales, en este caso con plazo bien cercano. Sucede que para el día siguiente a las 10 de la mañana ha sido convocada la Comisión de Previsión Social que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning y la idea es que Presupuesto sea sumada de esa manera a la convocatoria.

Sobre la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

Si bien el temario es bastante amplio y diverso, la idea sería no extender la sesión más allá de las 17.30, de modo tal que pueda realizarse el plenario de comisiones que quiere darle dictamen a la reforma del Régimen Penal Juvenil. Eso sucederá si hay acuerdo entre los bloques en la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada para una hora antes del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

Con la firma de 34 diputados de un amplio abanico de diputados de casi todos los sectores, parte de la oposición en la Cámara baja pidió una sesión para el martes que viene, 8 de abril, a las 12 del mediodía, con un temario que contempla 22 expedientes, más pocos dictámenes.

El primer desafío de este conglomerado opositor que cuenta con la anuencia de los bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, será alcanzar el quórum. Cuentan con el antecedente de haber intentado ya realizar una sesión sobre el tema previsional, el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que no alcanzaron a reunir el número suficiente de legisladores para sesionar, pero tan lejos no estuvieron: alcanzaron a sumar 124 diputados, por lo que se descuenta que este martes podrán alcanzar el quórum.

El temario es muy amplio y comprende los mismos temas que habían llevado al recinto ese miércoles de marzo, pero le han sumado varios proyectos más y los temas relacionados con el caso de la criptomoneda $Libra. Ese es el único tema que cuenta con dictámenes, alcanzados precisamente ese 19 de marzo.

Son tres órdenes del día, a saber: uno que crea una comisión investigadora sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei; otro que prevé interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, también sobre el caso $Libra; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

También piden tratar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el Gobierno nacional en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahí los temas con dictamen. Luego vienen proyectos que pondrán a consideración sobre tablas, a sabiendas de que no tendrán obviamente número para conseguir los dos tercios, por lo que después irán por el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se rehúsa a tratar temas que impulsan desde la oposición. Como la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese tema cuenta con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, como así también la Comisión de Discapacidad, que dicho sea de paso también realizó este jueves una reunión informativa aun cuando antes ya había logrado el dictamen correspondiente sobre el tema.

En lo que hace a la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

Recién en la segunda semana de abril se reactivaría la Cámara de Diputados, luego de semanas en las que solo trabajaron algunas comisiones.

Tuvieron que ver en esta suerte de “parate” los feriados del 24 de marzo y el de esta semana del 2 de abril, aunque también hubo actividades de las que tomaron parte numerosos legisladores que viajaron al exterior. Por caso, la RAE organizó la semana pasada un encuentro en España, en tanto que esta semana hay otro del CIAS en Chile, en ambos casos sobre liderazgo político.

Por eso parte de la oposición está previendo pedir realizar una sesión para la segunda semana de abril. La fecha sería el martes 8, y estaría destinada a emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a convocar a la misma para tratar los proyectos de moratoria previsional y emergencia en discapacidad. En el caso de la moratoria, la Comisión de Previsión Social ha sido convocada por su presidenta, Gabriela Brouwer de Koning para el miércoles 9 de abril a las 10 de la mañana, en tanto que la declaración de emergencia en discapacidad ya tiene dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y este jueves harían lo propio en la Comisión de Discapacidad, por lo que también quedaría pendiente esa tarea en Presupuesto y Hacienda.

También sería intención de la oposición debatir los proyectos sobre la creación de una comisión investigadora del caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes a funcionarios sobre ese escándalo.

Todo apunta al martes 8, por cuanto esa semana estará marcada también por el paro de la CGT previsto para el jueves 10 y la movilización del miércoles 9 por los jubilados, que contará ese día con la presencia de columnas cegetistas, según se anticipa.

Recordemos que la semana siguiente volverá la actividad limitada en ambas cámaras, por los feriados de Semana Santa, y para la siguiente se prevé, probablemente el miércoles 23, la primera visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara baja.

Será el informe que establece el artículo 101° de la Constitución Nacional, por el cual el funcionario debe concurrir cada mes al Congreso. Desde que está en el cargo, Francos solo lo hizo una vez al Senado, de ahí que corresponde que ahora vaya a la Cámara baja, donde en realidad no quieren mezclar los temas: reclaman que el informe sobre el caso $Libra sea estrictamente referido a ese tema y no en el marco de la presentación del informe bimestral que marca la Constitución.

 

La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, se refirió al debate que se iniciará el próximo 9 de abril a raíz del fin de la moratoria y la situación de miles de personas que, en edad de jubilarse, no podrán hacerlo por falta de años de aportes.

La radical aseguró que buscarán “poder generar alguna alternativa para que las personas que estén en edad de jubilarse puedan acceder al sistema previsional”. “Cuando hablamos de sistema previsional estamos hablando de una de las políticas más importantes que tiene el Estado, por la cantidad de personas que abarca y la cantidad de recursos, cerca del 10% del PBI actualmente”, detalló.

En declaraciones a radio Continental, la cordobesa señaló que habrá “dos caminos”: uno, el de “extender y continuar con la moratoria” como propuso Unión por la Patria; y el otro “que desde el radicalismo proponemos, se trata de una prestación proporcional de retiro”.

En ese sentido, Brouwer de Koning explicó que hay personas que no han aportado los 30 años, pero sí han realizado aportes y “el Gobierno usa ese dinero, porque está ingresado al sistema, y no se lo devuelve; esa situación es injusta”.

No obstante, la legisladora opinó que “las moratorias siempre fueron soluciones a corto plazo que generan muchísimo desfinanciamiento en el sistema”. Por eso, consideró que la prestación proporcional “puede ser una alternativa justa”.

Además, la radical afirmó que “sería necesario hacer una revisión integral” del sistema y “poner en debate” las jubilaciones de privilegio. “Los regímenes especiales abarcan el 40% de los fondos del sistema previsional. Ya no son excepcionales, se empezaron a incrementar por diferentes motivos”, apuntó.

“¿Cómo no va a haber desigualdad en los montos? El haber mínimo hoy es paupérrimo”, cuestionó y, en alusión a los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se preguntó si un proyecto de estas características dirá de dónde saldrá el financiamiento, la diputada expresó: “Bueno, yo lo desafío. ¿Por qué no presentan el Presupuesto? Para debatirlo. Ahí vamos a encontrar los fondos. Esta es una cuestión de prioridades”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el retiro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.

"No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado, donde fue convocada una sesión para su tratamiento el próximo 3 de abril.

Ante la presión de Unión por la Patria de voltear las designaciones, luego que el presidente Javier Milei nombrara a ambos por decreto -aunque el juez federal Lijo todavía no pudo asumir, pues la Corte no le aceptó la licencia en su cargo-, la Comisión de Acuerdos se reunió para habilitar el dictamen de García-Mansilla, quien sí ya está en funciones en el máximo tribunal. Por su parte, el de Lijo había logrado las adhesiones necesarias en febrero pasado, pero no tuvo garantizados los votos para aprobarse en el recinto y, en la última semana de ese mes, Milei avanzó por decreto.

"Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", defendió Francos.

La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Cabe recordar que, para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.

El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, "todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él". "Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente" aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.

Por otro lado, consultado sobre los distintos proyectos vinculados a dar una respuesta al fin de la moratoria previsional, que comenzarán a debatirse el próximo 9 de abril, Francos aseveró que "el Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de estas características, que no tenga claramente establecido cómo se financia".

"Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado", sumó y sobre si habría un veto ante una eventual ley, dijo que eso sería "una decisión del presidente". No obstante, reiteró que "el Gobierno no está de acuerdo con el sistema de moratorias".

Finalizó este domingo 23 de marzo la moratoria previsional, a partir de lo cual aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes previsionales no podrán jubilarse por el método implementado durante los gobiernos de los Kirchner. Según se calcula, quedarán alcanzados por esta medida alrededor de medio millón de personas que solo podrán jubilarse con una alternativa votada durante la gestión de Cambiemos.

Pero veamos ahora cómo llegamos hasta aquí. La primera moratoria fue lanzada durante la primera gestión kirchnerista, por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. El santacruceño lanzó entonces lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria, argumentando entonces que tres décadas de desempleo e informalidad laboral, más un sistema jubilatorio privatizado, habían dejado sentadas las bases para que de cada diez personas en condiciones de jubilarse, cinco quedaran afuera.

Se dijo entonces que la mayoría de los que se incorporaron a ese primer Plan de Inclusión Jubilatoria había hecho aportes. Aunque el promedio del mismo era sensiblemente bajo: solo 12,7 años de aportes; esto es, les faltaba 17,3 años para completar los 30 de aportes necesarios. Y ante los cuestionamientos que se escucharon entonces, alertando que esa medida impactaría sobre el resto de los jubilados por cuanto acrecentaría el número de beneficiarios afectando el sistema previsional en su conjunto, respondían desde el Gobierno con la pregunta de si sería justo que esas personas perdieran sus 12 años de aportes. Pero además, al “comprar años” los beneficiarios de las nuevas jubilaciones, contribuirían con ese aporte a sostener el sistema.

El 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Moratoria Previsional que alcanzaba a aquellas personas que reunían la edad exigida por ley para acceder a una prestación previsional, si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Más los adultos mayores sin prestación previsional, o que, si contaban con ella, la misma no superara la mínima.

El Segundo Plan de Inclusión fue presentado por Cristina Kirchner como una ley de universalización del sistema previsional argentino. “Hemos cubierto con esta ley, con este proyecto del Ejecutivo, que fue remitido al Parlamento y fue aprobado, diez años, de 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria, y que justamente era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión; mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse”, fundamento la entonces presidenta en un acto.

CFK venía de haber vetado cuatro años antes el 82% móvil para los jubilados, que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. Fue la segunda ley que obligó al entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos a desempatar. Lo hizo en contra de su Gobierno, y vino el veto de Cristina, que argumentó que su implementación implicaría la quiebra del Estado.

En la apertura de sesiones de ese año, el 1° de marzo de 2014, Cristina Kirchner había dicho respecto del sistema de seguridad social que “entre 2003 y 2013, el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%. O sea, de tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados: 5.907.000. Y el 46% fue por moratoria”.

En el mismo período, las pensiones no contributivas pasaron de 433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, lo que representó un aumento del 322%, añadió. “Como les decía -continuó Cristina, flanqueada entonces por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja Julián Domínguez-, somos el país de mayor cobertura previsional, con 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva”.

Esa segunda instancia del plan de inclusión incorporaba a aproximadamente 470 mil personas al sistema previsional. Fue convertida en ley en Diputados el 27 de agosto de 2014 por 202 votos a favor y 4 abstenciones, que correspondieron a dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.

Esa segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 estaba destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no contaran con los 30 años de aportes.

Los tiempos de Cambiemos

Convencido de que los jubilados eran un electorado propio, el Gobierno de Mauricio Macri implementó la Reparación Histórica para los jubilados, que impulsó junto al blanqueo de capitales. Benefició a 740.000 jubilados que mejoraron sus haberes y cobraron retroactivos; pero menos del 6% de ellos tenían acciones contra el Estado, con lo que bajó muy poco la cantidad de juicios. Y tuvo un alto costo fiscal.

Por eso los reproches que hizo quien luego sería candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. El entonces presidente del bloque de senadores del peronismo, consideró que la decisión de impulsar esa reparación histórica fue “un error”. A su juicio, “había algunos funcionarios que entendían que el blanqueo favorecía a los ricos, y que había que hacer algo por los pobres, los jubilados”. Entrevistado para el libro “Gobernar en Minoría”, de José Angel Di Mauro, Pichetto no dudó en señalar que esa fue “una tontería”, ya que “nosotros no íbamos a votar en contra del blanqueo”. Sostuvo Pichetto que la Reparación Histórica le significó al Estado 1,9 puntos del producto e incrementó el déficit fiscal.

En ese mismo libro el diputado Luciano Laspina justificó la medida en que el Gobierno creía que se trataba de “una medida revolucionaria desde el punto de vista previsional, y justa. Y encontró en esa ley una oportunidad para no demorar una discusión por un eventual blanqueo. No porque en el fondo nadie pensara que un blanqueo no pasara. Y en definitiva, mejoraba un poquito la discusión de la letra chica del tema, pero no mucho más”.

El proyecto de ley llegó al recinto de Diputados en forma de ley ómnibus y fue aprobado por 162 votos, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate de poco más de 12 horas.

Dos semanas después, el 30 de junio de 2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Dentro de esa ley ómnibus figuraba la Pensión Universal a la Vejez, conocida luego como PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores). Pero no terminaba con la moratoria previsional impulsada por los Kirchner.

En esa sesión Cambiemos contó con el respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSes. Justamente a pedido del bloque de Bossio, se extendería por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, pudieran recibir la jubilación correspondiente, con un descuento de los aportes que no habían hecho.

Las prórrogas de Alberto

Previsiblemente, el Gobierno de Alberto Fernández fue prorrogando la vigencia de la moratoria. Pero a falta de votos en el recinto, lo hizo por decreto. El tema se complicó hacia fines de 2022, cuando fue demorándose una y otra vez el tratamiento del proyecto para extender el plan de pago de deuda previsional que alcanzaría a 800 mil personas. En esos días la relación entre el oficialismo y la oposición se había complicado mucho y varias sesiones fracasaron por falta de quórum, entre ellas la que debía confirmar a Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. Así, quedó esa norma sin ser aprobada, por lo que el gobierno la incluyó en un temario de 28 proyectos a tratarse en extraordinarias.

Ya se sabe que era costumbre del Gobierno de Alberto Fernández mandar decenas de proyectos a extraordinarias, que en general no eran tratados ni siquiera en comisiones. Así había sucedido los últimos dos años y estuvo a punto de suceder en 2023, hasta que a 3 minutos de que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, arrancó esa sesión en la que se debatieron solo dos de los 28 temas que había enviado Alberto: la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Fue el 28 de febrero de 2023, con 134 votos a favor y 107 en contra. Durante ese debate, el diputado Luciano Laspina expresó sobre las moratorias que las mismas “son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sitemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

Esa prórroga es la que acaba de vencer y que la oposición tratará de volver a poner en agenda, aunque el oficialismo no tiene ninguna intención de tratarlo.

Como sea, amerita un debate que de una u otra forma tendrá que darse.

Hacer algo con los 30 años de aportes

Actualmente el sistema previsional está compuesto por más de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. Esto no equivale al número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una jubilatoria.

Por citar un caso: en el año 2024 se otorgaron 427.505 jubilaciones. De ellas, 313.950 fueron por moratoria.

Un informe de IDESA difundido los últimos días resulta bastante ilustrativo. El mismo confirma un dato que estremece: la mayoría de los que se jubilaban hasta que cayó la moratoria acumula menos de 10 años de aportes. Veamos:

52% Menos de 10 años

30% Entre 25 y 30 años

18% Entre 25 y 30 años

(Fuente: IDESA en base a la subsecretaría de Seguridad Social)

Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aportes.

Así las cosas, si no se renuevan las moratorias, toda esa gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación aprobada en 2016 representa el 80% del valor de la jubilación mínima. Pero además tiene dos importantes defectos, según IDESA: el primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años aportados, reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.

Podría agregarse que las mujeres solo pueden acceder al beneficio a partir de los 65 años, igual que los varones, y no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.

El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización.

En el régimen de reparto, el requisito era y es los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería, con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización.

El problema es que cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió el error de no revisar esta regla. Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Para IDESA, como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias, profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.

Claramente el desafío es encontrar ahora una mejor alternativa que renovar las moratorias, que más allá del beneficio que han generado, provocaron una degradación del sistema previsional.

En la búsqueda de alternativas, IDESA ofrece la de eliminar el mínimo de 30 años de aportes.

De esta manera, para las personas con pocos aportes, se puede contemplar la PUAM como piso. El monto de este beneficio debería ser creciente, en función de la cantidad de aportes acumulados, y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como al resto de los jubilados.

Hay en la actualidad 7.434.000 asalariados registrados y 5.440.000 trabajadores informales. El número de jubilados asciende a más de 7,5 millones. En Argentina, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado, para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Por cada jubilado, hoy hay apenas 1,5 aportantes activos al sistema. La relación activos/pasivos es clave para la sostenibilidad de las jubilaciones.

El debate que viene

El pasado 19 de marzo, a continuación de la sesión que blindó el DNU del acuerdo con el Fondo, la oposición más dura intentó realizar una sesión para tratar justamente el tema previsional, particularmente los proyectos referidos a la moratoria previsional. No alcanzaron a reunir el quórum, pero el tema seguirá generando atención en el Congreso, donde insistirán con prorrogar la moratoria.

Justamente con ese objetivo hay proyectos de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Vanina Biasi, presentados el 18 y el 14 de febrero pasado, respectivamente, para extender por 2 años la moratoria.

También hay proyectos de los diputados de Unión por la Patria Brenda Vargas Matyi (29/01/25), Leopoldo Moreau (7/11/24) y Andrea Freites (13/03/25), todos para prorrogar por 2 años el capítulo II de la Ley 27.75.

Hay otro de Gisela Marziotta, del 10 de marzo pasado, para extenderlo 10 años.

Hubo también un proyecto del riojano Ricardo Herrera, del 16 de enero, para incluir el tema en extraordinarias.

Como sea, es un debate que volverá a darse en el Congreso y sobre el cual el Gobierno no debería quedarse a esperar que suceda, confiado en conservar la herramienta del veto como resguardo.

Si alguna duda quedaba de que este miércoles sería intenso en el Congreso de la Nación -y ni qué decir en sus alrededores-, este martes a las 21 se conoció un pedido de sesión elevado por todos los miembros del bloque de Unión por la Patria para las 19 de este miércoles, a fin de tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados.

Lo explicaron los propios miembros de UP a través de un comunicado en el que dijeron defender “la agenda del pueblo”, al anunciar que querían avanzar con la prórroga de la moratoria previsional; aumento de emergencia a los jubilados, y medicamentos para los afiliados del PAMI.

El temario incluye cinco proyectos de ley. Los relacionados a la moratoria corresponden a Nicolás del Caño , Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, para prorrogar por dos años la moratoria previsional.

También figura un proyecto de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y otro de Luana Volnovich, en ambos casos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo lugar a la solicitud, convocando a la hora pedida por Unión por la Patria.

Recordemos que para las 10 de la mañana ya estaba convocada una sesión especial pedida por diputados de La Libertad Avanza y el Pro, con el fin de tratar el DNU 179/25 del acuerdo con el FMI. El oficialismo tiene intenciones de que la sesión no sea extensa -querrían que concluyera para las 15- y para eso anticiparon que se acordaría que en la sesión fueran emplazadas las comisiones para este miércoles a las 18, a fin de emitir los dictámenes relacionados con las causas de la criptomoneda $Libra. Sin embargo la oposición dio por dictaminados ambos despachos y eso será parte de la discusión de la primera de las sesiones convocadas para este supermiércoles.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el fin de extender por 10 años la moratoria previsional establecida en 2023 por la Ley 27.705, ya que la misma finaliza en marzo de 2025.

“En nuestro país, las moratorias previsionales se implementaron como un instrumento clave de la política social, en tanto han permitido garantizar el acceso a jubilaciones y pensiones a personas que no pudieron completar los aportes necesarios durante su vida laboral. En la mayoría de los casos estamos hablando de personas que trabajaron en empleos no registrados, o realizaron labores no remuneradas como son las tareas de cuidado”, argumentó.

Señaló en tal sentido que “desde la primera moratoria en el gobierno de Néstor Kirchner, estos instrumentos han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad entre los adultos mayores. Por ello la nueva moratoria reparará las inequidades, sobre todo en el caso de las mujeres, puesto que de lo contrario 7 de cada 10 mujeres quedarían sin cobertura alguna”.

Según la senadora kirchnerista, “la implementación de una nueva moratoria, en estos términos, permitiría sumar más de 700.000 personas al sistema previsional solamente en el primer año de puesta en marcha, convirtiéndose en un poderoso instrumento de inclusión social”.

“Su sanción ampliará derechos humanos básicos, progresivos y de obligatorio cumplimiento, establecidos por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional  en Argentina desde finales del 2022”, concluyó.

A un mes para que se derogue la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación, el diputado nacional Ricardo Herrera (UP) solicitó un pedido de apartamiento para tratar, en la sesión de este miércoles en la Cámara baja, un proyecto de resolución 7543/24 de su autoría a fin de prorrogar la moratoria.

“Es un proyecto que lo hemos presentado con más de 50 firmas. Previamente he escuchado al diputado Nicolás del Caño hacer referencia a este tema y creemos que es muy importante su tratamiento. Lo he dicho la sesión pasada es un tema que está en la agenda de la gente y por eso debe ser tratado porque 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no van a poder jubilarse a partir del 23 de marzo”, advirtió.

Herrara señaló que “no es un tema menor. La Ley de Bases en el artículo 77 inc. C hablaba de condonación de deuda por capitales intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social”.

Así, criticó: “Vamos a premiar a aquellos evasores que no hicieron los aportes a los trabajadores, y a los trabajadores que están solicitando y están queriendo pagar su deuda previsional que quieren hacer los aportes y se quieren jubilar mediante una moratoria, se les va a negar esa posibilidad”. “Estamos pidiendo que se reconsidere y se ponga en tratamiento en este temario el tema de la moratoria previsional”, pidió.

El riojano explicó: “El 23 de marzo vamos a condenar a una rebaja del 20% de las jubilaciones porque vamos a ir camino a una PUAM que significa una rebaja del 80% de la jubilación mínima porque el 85% de las personas que están en condiciones de jubilarse en el país no lo van a poder hacer. Es un tema que urge. En el 2024 en el primer trimestre 260 mil personas se jubilaron, 160 mil lo hicieron por moratoria”.

La votación resultó rechazada con 96 votos afirmativos, 100 negativos y 3 abstenciones. Cabe destacar que este martes en una reunión informativa de la Comisión de Personas Mayores, organizaciones de jubilados reclamaron por la prórroga previsional. El reclamo de Unión por la Patria para el tratamiento de la moratoria no es nuevo, ya que el pasado 17 de enero el diputado Pablo Todero le había sugerido a la vice Victoria Villarruel que agregue dicho tema al periodo extraordinario teniendo en cuenta que se quedaba a cargo del Ejecutivo por una semana.

De cara a que el Congreso de la Nación reabra sus puertas para darle lugar a las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, el bloque de Unión por la Patria solicitó que se incluyan en el temario las iniciativas sobre la moratoria previsional.

El texto agrega: “Expresar preocupación por la situación de angustia e incertidumbre de quienes estén próximos a cumplir la edad jubilatoria y no cuenten con la totalidad de años de aporte”.

El Gobierno incluyó en la Ley Bases la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se había agregado la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

“Solicitamos al P.E que incorpore al temario de extraordinarias, los proyectos de moratoria previsional. El 23 de marzo vence el plazo de la moratoria vigente. Sin la prórroga de la ley, sólo podrán jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones. En todas esas personas se fundamenta nuestro pedido, que tiene el acompañamiento de diputados y diputadas nacionales”, escribió el diputado riojano Ricardo Herrera.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su favor en favor de algunos artículos (no en la general) y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Tras la aprobación de la ley, Abdala dialogó con la prensa acreditada y señaló: "El tema importante que le interesa a la ciudadanía como fue el tema de la Ley Previsional. Se ratificó lo que vino de Diputados. Desde el bloque oficialista intentamos tener una ley diferente donde acompañamos en varios artículos, pero hubo cuatro artículos esencialmente que entendíamos que afectan el erario público, motivo por el cual, queríamos una ley que se modificara, que se nos escuchara. Había diferencia, no tanto en la cuantía, sino en el tiempo, pero todos vieron lo que sucedió".

"Es una ley que sancionó el Cuerpo y si se veta es responsabilidad y criterio del presidente", expresó y recordó que plantearon el tema de la movilidad desde la Ley Bases y "siempre fuimos conscientes de que la democracia está en deuda con los jubilados desde hace tiempo, pero recibimos un país en llamas que hay que darle estabilidad y más ingreso para el sector previsional y tenemos la misma sensibilidad para que los trabajadores y jubilados vivamos mejor".

"A partir de ahí entramos en otro tema que fue tan importante que ha tomado un estrépito fuerte como el salario de senadores. Se vivió claramente que los senadores retrotrajeron estar pegados a este aumento salarial que, por cierto, es muy meritorio para los empleados de la casa y, a partir de allí, se analizaron proyectos para generar transparencia en los salarios de funcionarios públicos en general porque nadie debe ganar más que el presidente. Hay proyectos elaborados desde hace tiempo", comentó sobre la iniciativa de retrotraer las dietas.

Así, informó que "se van a tratar próximamente en comisión" las iniciativas que proponen un tope salarial a funcionarios y sumó: "Esperemos que, a partir de ahí, el tema quede zanjado por el bien de los argentinos porque el tema de salarios es difícil de explicarlos, pero también somos conscientes de que nadie debe ganar más que el presidente que es la máxima autoridad".

"Los senadores vamos a ganar lo mismo que se venía ganando anteriormente aproximadamente unos $ 7 millones en bruto", afirmó el puntano que con los descuentos queda en poco más de $ 4,5 millones en mano.

En su intervención por el debate del proyecto de jubilaciones, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) hizo referencias al desfinanciamiento del sistema previsional y anunció que va a votar en contra, en general, pero va a acompañar varios artículos.

También habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete al proyecto de ley y envió un mensaje contra la oposición: “Acá hubo quienes vetaron el 82% móvil”, al recordar que la exmandataria Cristina Kirchner anuló la Ley del 82% móvil en 2010. “Esto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un problema que no hace a la unión de los argentinos”, agregó.

“Coincido que el sector más desprotegido son los jubilados”, aseveró el legislador oficialista. De igual manera, relató: “Había un viejo general que dijo que la estatización de la caja previsional era un robo ¿Todos saben de quien me refiero? Fue el general Juan Domingo Perón”.

Así las cosas, expresó: “El sistema jubilatorio ha sido ampliado de superlativamente, en la moratoria, porque no ha habido un control estatal en los aportes y la gente que llega a una edad determinada necesita de la seguridad social”. “No podemos desconocer que esta es una realidad que ha colapsado el sistema previsional”, cuestionó Pagotto al manejo de la caja jubilatoria de los últimos años.

También, reflexionó que “las provincias deben asumir las culpas de que han desfinanciado el sistema jubilatorio”, y cargó que “se aumentan los salarios en rubros no remunerativos que no aportan a la seguridad social”. Enfatizó, además, que “hay que solucionar el problema de los jubilados de una vez y para siempre”.

Por otro lado, defendió al Gobierno nacional y manifestó que “Milei comete errores como cualquier ser humano, pero el veto es un recurso constitucional, no es traído por él”. También, advirtió que “quiero dejar en claro que las AFJP eran optativas, no obligatorias”.

Finalmente, el senador riojano anticipó: “Voy a votar en contra de este proyecto, pero a favor de muchos artículos”. “Los invito a todos a construir un país que ayude a quienes han trabajado para engrandecer a este país y no que sigamos desfinanciado el sistema por la creación de rubros no remunerativos”, cerró.

Entre los invitados a exponer en el plenario de comisiones del Senado de este martes estuvo María Lucila “Pimpi” Colombo, que en su rol de titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina habló largamente respecto de la eliminación de la moratoria previsional, ya que tras exponer fue centro de varias preguntas sobre el tema.

La última se la formuló la senadora camporista Eugenia Duré, quien leyó unas palabras del presidente Javier Milei, que dijo le gustaría que la invitada hiciera un análisis. “Sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho en la historia las mujeres para que se reconozca el tiempo y las tareas de cuidado”, señaló la senadora fueguina.

Milei dijo en ese pronunciamiento sobre la moratoria previsional que “se debería hacer una separación entre lo que es una asistencia y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de jubilación”. Y agregó: “Mi  papá y mi mamá tienen la misma jubilación. ¿Cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá sí”.

Pimpi Colombo dijo haberle contestado al presidente en ese momento, “porque la verdad que dio vergüenza -recordó-. Dio vergüenza por muchas razones. Usó la expresión degradación; decir que cómo va a cobrar la madre lo mismo que el padre. Es decir, todo lo que el presidente… bueno, el presidente… no es el único papelón, no es la única declaración impresentable del presidente de la Nación que tenemos nosotros en este momento. Pero en ese momento fue como muy brutal”.

“Y además mentirosa”, agregó la invitada. “Y te voy a decir porqué. Porque si el papá del presidente tuvo la posibilidad de tener laburo y 30 años de aporte, cuando se jubiló, se jubiló con el total del monto de la jubilación -explicó-. Si su mamá, que trabajó aguantando a este chico cuando era más chico, pobre señora… Si tuvo que ocuparse de eso y por eso no tuvo ni ingresos ni aporte, cuando se jubiló tuvo que tener una disminución en el monto de la jubilación que cobraba para poder pagar esa moratoria, que es en pago de una moratoria previsional que se calcula”.

Colombo cerró diciendo que no fue la única, pero “fue una de las más vergonzosas y miserables maneras de referirse el presidente a su madre, de quien se debería poner de pie para referirse a ella, porque en ese agravio está el agravio a millones de mujeres argentinas que como pueden están sosteniendo sus hogares. La verdad que ni merecería que lo mencione”.

No estaba previsto que hablara, pero fue incluido sobre el final sin aviso. Y se lo agradeció al presidente del bloque Germán Martínez, su sucesor al frente de la bancada oficialista. Máximo Kirchner habló antes del diputado santafesino para agradecer en primer lugar el “esfuerzo y la constancia” para empujar el proyecto de plan de pago de deudas previsionales.

“Es verdad también que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para cada argentino y argentina”, remarcó el diputado del oficialismo que no hablaba desde fines de 2021, cuando su discurso desató la reacción opositora y el rechazo posterior del Presupuesto 2022.

Reconoció que en función de las diferencias políticas se decide sobre dar quórum o no, tal cual había señalado “un diputado del macrismo”, como Máximo mismo señaló, y apuntó en ese sentido que todos están en su derecho. “En mi caso no di quórum para fondos buitres”, recordó, para agradecer luego a “las fuerzas políticas que colaboraron sentándose hoy”, agregó.

“A esas 800 mil personas les va a faltar hoy menos que ayer”, insistió el legislador que dijo sentir “mucha alegría” por la aprobación del proyecto.

Luego se refirió a los cuestionamientos de los diputados que protestaron por el escrache a través de afiches en sedes de la ANSeS. “Creo que si algún diputado se sintió mal por los carteles, es entendible”, pero ahí reclamó “también un poco de empatía… ustedes imagínense si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotros y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”. El oficialismo estalló en aplausos.  

Aclaró a continuación que no hablaría ni haría eje en las implicancias de cómo va esa investigación. “Solamente entender cómo suceden y se sienten muchas veces estas cosas”, planteó.

Dicho lo que evidentemente quería decir en su mensaje, continuó: “Lo mejor que está pasando hoy es que 800 mil argentinas y argentinos van a poder pelear mejor el día a día”.

Resaltó que esa ley se aprobaría en breve tiempo, le dio el crédito a quienes la redactaron, los senadores Marian Recalde y Anabel Fernández Sagasti, y al “trabajo político realizado fronteras afuera del Frente de Todos se puede llevar adelante”.

“Estamos contentos, felices; entendemos que en esas 800 mil personas hay gente que elige votar diferentes opciones políticas. Sería muy tonto pensar que esas 800 mil personas elegirán votar el Frente de Todos por esa ley, respetamos lo que deciden”.

Y sobre el final de su mensaje, aseguró el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Ningún jubilado origina déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes, son argentinas y argentinos que necesitan la presencia del Estado argentino, y si uno mira y cree que la responsabilidad del déficit fiscal en un país tiene que ver con la inversión que el Estado haga en quienes trabajaron toda la vida, puede estudiar las economías diferentes que hay en el mundo. Y me pueden traer a ver si hay más de 10 o 15 que estén en superávit fiscal hoy. La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”.

“Se hizo un gran trabajo, es  una noticia muy buena para muchos argentinos estoy contento y es justo”, cerró Máximo Kirchner.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) denunció durante el debate por la moratoria previsional en la sesión de este martes que “hay una podredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta 70 jubilaciones de privilegio”. En esa línea, responsabilizó al oficialismo porque “el sistema está mal diseñado” y alertó que “es una mega bomba”.

“Yo creo que estamos una vez más frente a un caso terrible del mal gobierno que tiene Argentina”, arrancó su alocución el economista y detalló que “en nuestro país hay 200 regímenes jubilatorios. Eso da una idea de la desigualdad ante la ley que hay en nuestro sistema estatal. Esos 200 regímenes crean tratamientos muy diversos a iguales ingresos”.

A su vez, manifestó que “el sistema de ANSES se ha basado históricamente en tres pilares. Un pilar básico, financiado por impuestos; un pilar ligado a las contribuciones y un pilar voluntario eso es, además, lo que todas las jurisprudencias previsionales han establecido a lo largo de ya más de 80 años”.

Al respecto, criticó que “el tercer pilar no funciona porque hemos confiscado cinco veces de los depósitos, hemos defaulteado 9 veces, a nadie se le ocurre ahorrar”, e ironizó: “Yo siempre digo que al que pone un depósito hay que darle un beso en la frente porque es un milagro después de lo que este liderazgo ha hecho”.

“Yo escuchaba acá, y es casi imposible evitar sonreírse, con que había criterio de auditoría económica. Esto es como si dijeran ‘¿se aplica la ley de gravedad en la Argentina?’ En un sistema de seguro, tiene que haber una relación entre la prima y el pago del siniestro, siendo el siniestro la vejez, la invalidez y la muerte”, planteó López Murphy.

Con euforia lanzó: “Los sistemas políticos se pudren por la cabeza, ya acá hay una podredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta de la República 70 jubilaciones de privilegio, ese es el escándalo más grave que tenemos”.

“Y ese escándalo está asociado a un hecho inconcebible que era la única jubilada a la cual ANSES no le presentó la correspondiente acción judicial para hacer inviable su pago. Este hecho es escandaloso y viene cuento de toda esta discusión moral”, insistió.

Y retomó una frase de un expresidente: “Los cuerpos políticos como el pescado se pudren por la cabeza. Ese es el problema que tenemos, estamos podrida la cabeza”.

“En el sistema previsional siempre moratoria. En el sistema impositivo blanqueo. Hablan del blanqueo del gobierno anterior, pero no hablan del que venía en el extraordinarias. Nunca hubo un blanqueo más generoso que el que viene y con el que seguramente nuestro mago de las finanzas va a insistir”, criticó el economista.

En ese marco, disparó con euforia: “Dicen que nosotros no respetamos las reglas elementales y por eso nos va a ir mal. Acá dicen que esto es un parche, que no hicimos reformas estructurales. ¡Hace 20 años que gobiernan! ¿Cuándo va a venir la reforma estructural del mercado laboral?, Nunca es culpa del gobierno. Tienen el gobierno; tienen los sindicatos. ¿Por qué hay más de 50% de informalidad?”.

“Siempre es algo ajeno a la responsabilidad del oficialismo y no es ajeno, es su responsabilidad, por eso tenemos un sistema miserable de jubilaciones, tenemos informalidad, por eso la economía esta cayendo y esta entrando en una crisis severa por falta de reservas, de recursos, y por un nivel de corrupción que estremece”, acusó López Murphy.

Y cerró: “Este sistema está mal diseñado, se jubilan muertos, extranjeros con este sistema, es una locura como está diseñado. Es un problema que va a durar 35 años, que nos cuesta 40 mil millones de dólares”, y lo calificó como “una mega bomba que han creado en el Banco Central, han dejado una herencia terrorífica al próximo Gobierno. Están mintiendo no están arreglando nada”.

Una fuerte crítica contra las moratorias previsionales fue la que hizo en su discurso el diputado del Pro Luciano Laspina. Las calificó como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”.

“Son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”, sostuvo el diputado santafesino.

Para Laspina, lo que se puso en debate “es el reflejo de que al menos el 25, 40% de los trabajadores está en alguna forma de informalidad laboral”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda habló de “leyes laborales vetustas que protegen a los que pudieron entrar a ese sistema y desprotege al resto de los argentinos, y además somete a los que están dentro del sistema a sistemáticas reducciones salariales, producto de cuando hay menos demanda de empleo, hay menos salarios reales en una economía. Y eso es el fracaso de la regulación laboral”.

Para Laspina, “el segundo fracaso de diseño es la arbitrariedad de los 30 años de aporte. No puede ser que un argentino que aportó 29 años no obtenga su jubilación, o tenga que ir incluso a una prestación individual para el adulto mayor, que es un beneficio que se creó para quienes no tenían ningún tipo de aporte en el año 2016 en tiempos de Mauricio Macri”.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte; no esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, aseguró.

Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

Llamó a “eliminar las discontinuidades, generar incentivos porque el que quiera trabajar más, tenga una prestación jubilatoria mayor; y el que quiera retirarse antes, tenga una prestación jubilatoria menor”. También agregó algo que consideró obvio: “Eliminar los privilegios; tenemos un sistema lleno de privilegios”, y en ese sentido citó como ejemplo a “una expresidenta que cobra su jubilación y la de su esposo, sin ningún tipo de necesidad económica que justifique”.

Laspina concluyó advirtiendo que “hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”.

Y cerró con una feroz crítica al kirchnerismo: “Se van tirando del mantel; el fin del populismo va a ser a toda orquesta; se van tirando del mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno”.

Luego de que el oficialismo defendiera el dictamen de mayoría por el plan de pago de deuda previsional en la única sesión de extraordinarias que tuvo lugar este martes, los diputados de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace y Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) respaldaron el despacho de minoría y le pidieron al FdT que “terminen con los parches”, al tiempo que sugirieron “establecer una prestación proporcional”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el puntano Alejandro Cacace quien planteó que “el diputado (Carlos) Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre por el mercado de trabajo, por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”.

En ese sentido, Cacace informó que “4 de cada 10 trabajadores no están registrados ni tienen sus aportes ni cotizaciones regularmente ingresadas en el sistema previsional y llegan a la edad previsional sin los aportes para poder jubilarse”.

“La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no lo abordamos, que no lo fiscalizamos adecuadamente y en el que a veces hablamos de los empleadores”, lamentó el puntano y señaló que “el propio Estado precariza a los trabajadores haciéndolos desempeñar tareas en la administración pública sin ingresarle los aportes respectivos. Ese es el problema número uno que tenemos que resolver”.

A su vez, el opositor planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

“¿Cuál es el problema?”, preguntó y agregó: “Es innegable que con la creación de las sucesivas moratorias hubo un aumento en la cobertura previsional por supuesto, porque si alguien no cumple con los requisitos para jubilarse y la moratoria se los da por cumplido, desde luego han podido acceder a una jubilación, ampliar la cobertura previsional fue un efecto positivo”.

En esa línea, enumeró: “Ahora trae dos problemas que no podemos ignorar o soslayar. El primer problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema”.

“No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, advirtió Cacace y sumó: “Es medio punto del PBI del déficit que se amplía, genera un problema de caja al Estado de forma inmediata y eso los informantes de la mayoría lo niegan”.

En ese marco, el diputado de Evolución Radical explicó que “la tendencia cambia en la medida que hay informalidad laboral en todo el mundo se pasa a tener sistemas no contributivos, prestaciones previsionales que no dependan necesariamente de las contribuciones”. Así, defendió la PUAM que se creó en la gestión anterior porque “se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y la administración del presidente Macri se establecía que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos y de ellos a los adultos mayores”.

En otro tramo de su discurso, Cacace manifestó que “hay un problema de quienes tiene aportes parciales de eso somos conscientes con la informalidad laboral”, y apuntó: “Es mentira que ustedes están siendo creativos. No es creatividad hacer lo mismo de siempre y establecer una nueva moratoria, el propio Heller dijo que es un paliativo, un parche”.

En esa línea, sugirió: “Terminemos con los parches, diseñemos soluciones de política públicas sustentables para nuestro país. Abordemos el problema de los aportes parciales la solución que estamos introduciendo en el dictamen de minoría, y no es un invento nuestro que hacen otros países, es establecer una prestación proporcional que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.

A continuación, fue el turno del titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, quienhizo propias las precisiones que Cacace, de forma “brillante”, esgrimió previamente y disparó: “De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino”.

“Incorporó 2.500.000 nuevos jubilados donde casi en su totalidad no habían hecho aportes. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque inicialmente podían. La famosa década ganada que, para nosotros, fue la más extraordinaria oportunidad perdida, pero también lo hicieron por dos argumentos. Por un lado, tiene que ver con la irregularidad del mercado laboral que arroja más del 40% de los empleados en la informidad sin aportes previsionales ni seguro médico. Por otro lado, la necesidad de la visibilización del trabajo doméstico no remunerado en el marco de una agenda de género de impacto cultural a nivel mundial”, lanzó eufórico.

En esa línea, expresó: “Discutir sobre estos dos problemas que tiene la Argentina me parece insensato por la evidencia y la magnitud del problema”, y sumó: “En materia de seguridad social tenemos dos políticas públicas a aplicar. La contributiva que se nutre de aportes del 11% mensual y 16% del empleador de 30 años de la jornada laboral del trabajador. Hay otras políticas públicas que son no contributivas que tienen una focalización vinculada a las carencias socioeconómicos de las personas y necesitan su respectiva cobertura”.

“Hoy el sistema, con 6.500.000 jubilados, tiene más del 50% de 3.500.00 jubilados que no hicieron los correspondientes aportes en los 30 años respectivos y cerca de 2.500.000 que literalmente no hicieron nueva un aporte”, denunció.

Al respecto, De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En ese sentido, comparó: “Nos tocó a nosotros tratar de equilibrar esas asimetrías y tomamos 3 decisiones que nos salía carísimas. La primera fue la creación de la PUAM, para que toda aquella persona que ingrese a la edad de vejez de no poder laburar tenga una contraprestación no contributiva del 80% del haber previsional, lo mismo que ustedes quieren hacer comprar a través de una moratoria. La segunda decisión fue la reparación histórica que quería recuperar el equilibrio piramidal del sistema y la tercera decisión, tan necesaria en un país tan inflacionario, fue crear una fórmula para que se actualicen por inflación que fue la decisión más apedreada de la historia democracia contemporánea”.

“Ustedes vinieron, le dieron rienda suelta a la fábrica de billetes, eliminaron la fórmula, no construyeron nada, plancharon las jubilaciones en el primer año y ahora actualizan los ingresos no por inflación y eso trae aparejado cuatro consecuencias desde el 2019 a la fecha: los jubilados hubiesen cobrado mejor con nuestra fórmula; el haber jubilatorio mínimo perdió 33 puntos en relación a la inflación y 83 puntos en relación a la canasta básica y el triste récord de tener las jubilaciones en dólares más baja del continente con 150 dólares nosotros”, describió el cordobés.

Y remató: “Esta moratoria agrava el proceso de inequidad, de desigualdad y de insustentabilidad del sistema. Nosotros proponemos un sistema superador, estable y visible para todos”.

La defensa del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo de los diputados oficialistas Carlos Heller y Marisa Uceda, a la sazón presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, respectivamente, en las que se debatió el tema.

Allí la cuestión tuvo dos dictámenes y para defender el de mayoría, Heller se refirió inicialmente al debate intenso que acababa de tener lugar, referido al juicio político a los miembros de la Corte Suprema. “Esta Cámara viene padeciendo esta situación que ha hecho que el principal bloque de la oposición ha impedido o se ha opuesto al tratamiento de otras leyes que no tienen nada que ver con el juicio político, y que en definitiva lo que hacen es quitarle derechos a personas”, señaló el diputado porteño.

Dijo Heller haber escuchado el argumento de que “se trata de temas que no le interesan a la gente, pero la inmensa mayoría de los proyectos incluidos en extraordinarias eran temas que le interesan a la gente. Como este, el plan de pago de deuda previsional que intenta permitir y posibilitar que muchísima gente –se habla de 800 mil personas- que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a la jubilación, puedan hacerlo”.

Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

De esta cantidad, “una inmensa mayoría son mujeres”, apuntó. Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, agregó, advirtiendo que “decir que no tienen aportes porque no quisieron es por lo menos referencia de un nivel de desinformación alarmante”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

Ante el pedido de algunos opositores sobre mecanismos alternativos, Heller dijo que “ni siquiera alcanzan para que esa gente pueda acceder a la jubilación mínima, que son bajas y deberían mejorarse, como ofrecerles un beneficio proporcional a los años que aportaron”.

Heller destacó que por el proyecto puesto a debatir los beneficiarios “van a pagar en años sucesivos lo que no pagaron sus empleadores”, y agregó que “este sistema tampoco es gravoso, o significativamente gravoso, como algunos lo quieren presentar”. En ese sentido se apoyó en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que indicaron que el costo fiscal en los dos primeros años es de 0,42 puntos de PBI. “Es muy poquito”, aseguró Heller, que recordó que el rubro Seguridad Social tiene un gasto de 9,5 del PBI.

Siguió rechazando propuestas opositoras, como la que “afectarían Rentas Generales”, dijo. En cambio, aclaró, “esto no va a Rentas Generales, sino al sistema previsional; es mucho más conveniente desde el manejo de políticas públicas”. Y concluyó considerando que “como no son significativos” los gastos, a su juicio resulta “absolutamente razonable” ocuparse de esas 800 mil personas.

“Repiten permanentemente una serie de mitos”

Compartió el tiempo dedicado al dictamen de minoría la mendocina Marisa Uceda, que arrancó remarcando el hecho de que un Gobierno nacional volvía a “elegir un instrumento solidario para responder a necesidades que nos aquejan”. En este caso, dijo, “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“De esto no habla nadie -se quejó-. Porque además de ser novedoso, es altamente eficiente”.

La diputada camporista cuestionó a la  oposición porque “repiten permanentemente una serie de mitos que es importante derribar. Pero hoy estamos tratando un proyecto que recupera ese espíritu solidario con una lógica eficiente que viene de la mano de dos senadores”, dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde, a quienes reivindicó por haber impulsado esa iniciativa.

La titular de la Comisión de Previsión dijo que el hecho de que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no puedan acceder al sistema jubilatorio “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Luego volvió sobre los mitos que según ella habían lanzado desde la oposición. Como el de que se está jubilando a quienes nunca han trabajado. “Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró, y recordó la instauración durante la gestión de Cristina Kirchner de la jubilación a las amas de casa.

También dijo que existe el mito de que “le van a dar un beneficio previsional a las personas que nunca aportaron”, advirtiendo que “eso ya está pasando a través de la PUAN”, que impulsó la gestión de Mauricio Macri y que ella citó en tono crítico. Porque sus beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima. Además no es contributiva, no es heredable... Fue una excelente política del macrismo –ironizó-. Reflexionen, porque por ahí hay cosas que se equivocaron”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Habemus sesión. A las 10.57 el oficialismo consiguió sentar al número suficiente de diputados en sus bancas, de modo tal de poder volver a sesionar con normalidad, a poco más de tres meses de la última vez que eso sucedió.

A las 10.57 el oficialismo en su conjunto estalló en aplausos y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, se anotó una victoria al conseguir el quórum por el que trabajó intensamente en las últimas semanas. De hecho, la cosa venía complicada por atrasos en los vuelos. Desde Juntos por el Cambio no aceptaron además una postergación del horario previsto originalmente.

Previo al debate; Moreau presentó oficialmente al nuevo Secretario General de la Cámara baja Francis Mollo, que fue recibido con aplausos y reconocimiento de todos los bloques.

En efecto, el 24 de noviembre de 2022 fue la última vez que la Cámara baja pudo desarrollar una sesión sin mayores problemas. Después vinieron la fallida sesión preparatoria del 1 de diciembre, que se cayó por falta de quórum y minutos más tardes la bochornosa reunión que terminó en escándalo y cuyo quórum fue puesto en duda por Juntos por el Cambio. Hubo tres semanas más tarde, el 21 de diciembre un último intento fallido, luego la convocatoria a extraordinarias.

Y antes de que se venciera el plazo para ese período en el que se tratan solo los temas que propone el Poder Ejecutivo, Diputados pudo romper el cero -cosa que no sucedió en el Senado-. En esta sesión se debaten solo dos temas de los 28 que mandó el presidente al Congreso: el plan de pago para deudas previsionales y el proyecto sobre historias clínicas digitales.

Recordando que JxC mantiene su decisión de no colaborar para el quórum mientras persista la ofensiva judicial del oficialismo contra los miembros de la Corte, para poder sesionar el oficialismo contó con la colaboración de sus aliados habituales, la izquierda y un sector del interbloque Federal.

En la reunión de Labor Parlamentaria acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.

El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

El segundo punto del temario es un proyecto de creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.

A horas de tratarse la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, la ANSeS detalló el impacto que tendría su aprobación en todo el país.

Según un informe que difundió este lunes ese organismo, en el ámbito nacional, 800 mil argentinos podrían acceder a su jubilación este año gracias a la sanción de esta ley.

En tanto, a nivel provincial los beneficiados por esta ley se dividen en: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.

“Tengo esperanza de que mañana (por este martes) los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSeS ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando”, expresó la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta.

Dispuesto a evitar que le suceda lo del año pasado, en el que el período de sesiones extraordinarias convocada por Alberto Fernández pasó sin pena ni gloria -esto es, sin sesiones ni tampoco tratamiento alguno de alguno de los proyectos en las comisiones-, el oficialismo convocó a sesionar el último día de febrero.

Lo hizo, tal cual se anticipaba, con una sesión “corta”, más que lo que se estimaba: apenas dos temas puestos a consideración. La propuesta es tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional, como así también el proyecto de digitalización de las historias clínicas en todo el país.

La moratoria previsional fue una cuestión en la que el oficialismo machacó durante todo el verano, a sabiendas de que su no aprobación impide a miles de personas sin la cantidad suficiente de años aportados poder acceder a una jubilación. En tanto que el Programa Federal Unico de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas es un proyecto que en caso de no ser tratado ese día, perderá estado parlamentario, según confió a parlamentario.com una fuente consultada. Ese proyecto fue aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2020.

El pedido de sesión fue suscripto este jueves por los diputados Germán Martínez, Paula Penacca, Daniel Arroyo, Rossana Chahla, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Gisela Marziotta, María Luisa Montoto, Marisa Uceda y Paola Vessvessian.

La pregunta del millón es de dónde el oficialismo pretende conseguir el quórum para sesionar, habida cuenta de que Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará en sus bancas para dar quórum nunca, en tanto y en cuanto se mantenga la embestida oficial contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político.

Según pudo saber este medio, el Frente de Todos deberá asegurarse la presencia de sus 118 diputados -a la última sesión fallida le faltó el oficialista santafesino Roberto Mirabella-, los cuatro diputados de la izquierda y otros tantos de Provincias Unidas. Probablemente estén también el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, pero los 129 necesarios solo se superarán con la presencia de algunos diputados del interbloque Federal. Según pudo saberse, probablemente la mitad de sus 8 integrantes podrían llegar a aportar su presencia en esa sesión.

Cabe recordar que la diputada nacional Graciela Camaño ha mostrado su disposición a “no paralizar el Congreso”. Los socialistas también podrían sumarse habida cuenta de que la titular de esa bancada es Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud y promotora de la aprobación de la digitalización de las historias clínicas.

El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), a cargo de María Lucila Colombo, exigió que trate con prioridad el proyecto de ley sobre moratoria previsional. “Atañe a centenares de miles de personas cuyas familias necesitan tener un ingreso porque no cubren siquiera sus necesidades básicas”, señalaron.

Además, el SACRA les exigió a los diputados nacionales que “se sienten en sus bancas y discutan” y que “voten según su conciencia”, y agregaron: “Que no tomen de rehén a todas las amas de casa y demás adultos mayores que, tras una vida de trabajo, llegan con las manos vacías a la edad de jubilarse”.

Así también, expusieron: “Es hora de conectarse con las necesidades acuciantes de quienes esperan ansiosos una respuesta”. “Esta ley tiene un amplio consenso en la sociedad e incluso entre la dirigencia política en su diversidad y de ninguna manera puede ser el escenario de otras disputas partidarias”, agregaron.

Del mismo modo, recordaron que la necesidad de ser reconocidas “fue subsanada a partir del año 2005 con la moratoria previsional que permitió tener una cobertura cercana al 100 por ciento de la población en edad de jubilarse”.

A su vez, el SACRA está reclamando a los legisladores que se reúnan y conviertan en ley el proyecto. “También les decimos que nuevamente, tienen la oportunidad de dar una respuesta a esa mayoría que somos las mujeres, las que llevamos adelante las tareas del hogar”, afirmaron.

Según las estadísticas oficiales, hay dos millones y medios de mujeres que se reconocen como tales, para las cuales es urgente tener una respuesta.

Veinte vicegobernadores expresaron este lunes su “enérgico apoyo” al proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, que cuenta con media sanción del Senado y espera ser tratado en extraordinarias en la Cámara baja.

Lo hicieron a través de un comunicado en el que sostienen que esa aprobación permitirá “resolver la situación previsional ahora, es dar respuesta a las miles de personas que están esperando poder jubilarse o pensionarse luego de toda una vida de trabajo!.

La nota está suscripta por los vicegobernadores del Frente de Todos Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Analía Rach Quiroga (Chaco), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos), Eber Solis (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy), Mariano Fernández (La Pampa), Florencia López (La Rioja), Antonio Marocco (Salta), Roberto Gattoni (San Juan), Eduardo Mones Ruiz (San Luis), Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Alejandra Rodenas (Santa Fe), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Sergio Mansilla (Tucumán). También los vicegobernadores Carlos Arce (Misiones), Marcos Koopmann (Neuquén), Alejandro Palmieri (Río Negro)  y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero).

Los firmantes expresan su deseo porque el proyecto se trate “en breve” en la Cámara de Diputados de la Nación, y sostienen que “la posibilidad de regularizar aportes con la vigente Ley 24.476 queda limitada hasta la fecha de corte que establece la misma ley. Por su parte, la Ley 26.970, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022, permitió ampliar el acceso al derecho previsional ya que establecía la posibilidad de regularizar la deuda previsonal con fecha de corte hasta diciembre de 2003, habilitando así la posibilidad de regularizar mayor cantidad de años solamente para las mujeres ya que no permitía el acceso a los varones. Como puede observarse, a medida que pasa el tiempo, las dificultades de acceso también se incrementan”.

COMUNICADO

Pleno apoyo de vicegobernadoras y vicegobernadores al Plan de Pago de Deuda Previsional. pic.twitter.com/Sm3pq500KI

— Verónica Magario (@magariovero) February 13, 2023

Mientras el oficialismo intenta llevar a cabo el temario que envió el Gobierno para las extraordinarias ante la negativa de la principal bancada opositora de tratar otros temas en la medida que se mantenga el juicio político contra los miembros de la Corte, la sociedad argentina se expresó a favor de dos proyectos que están en la agenda parlamentaria: la moratoria previsional y la creación de universidades.

Según una encuesta de alcance nacional realizada por la consultora Analogías entre el 28 al 30 de enero de 2023, un 62% de los encuestados respondió que “hay que renovar la moratoria previsional para que se logre otorgar beneficios correspondientes a un gran número de trabajadores y trabajadoras que no completan sus años de aporte”. Sólo el 21% manifestó que “no hay que hacerlo”.

Dicho proyecto comenzó a ser tratado el pasado 1ro de febrero con la presencia de la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quien remarcó ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que es “imprescindible” aprobar el plan de pago de deuda previsional.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

Por otro lado, casi el 74% de los encuestados se mostró a favor de la creación de nuevas universidades en localidades de la Argentina que “no poseen” oferta de educación superior. En tanto un 16,3% se expresó en desacuerdo con dichas iniciativas.

El debate para la creación de ocho universidades nacionales se iba llevar a cabo el 1ro de diciembre de 2022 en el recinto de Diputados, pero la sesión finalmente se cayó entre gritos y polémica por parte de la oposición.

La Universidad Nacional del Delta comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Es impulsada por el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

En cuanto a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, es una de las dos impulsadas desde la oposición, más específicamente Evolución Radical. El proyecto original es del diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El radio de influencia de esta universidad será de entre 100 y 150 kilómetros, incluyendo ese partido y los de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.

La tercera de las universidades nacionales es la de Pilar, con sede en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Hay dos proyectos de autoría del oficialismo que respaldan esa iniciativa, presentados en mayo pasado, con diferencia de un día. Uno es del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el otro de María Rosa Martínez, que contó con el apoyo de casi una treintena de cofirmantes.

Otra de las instituciones es la Cuenca del Salado, que tendrá sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Su oferta académica estará orientada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.

Impulsada por el diputado nacional Hugo Yasky, se propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy funciona como instituto.

Ya funciona como universidad provincial la de Ezeiza, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz, se encargó de defenderla durante su tratamiento en comisión la diputada nacional Mónica Litza.

Una de las dos universidades ubicadas fuera de la provincia de Buenos Aires es la de Río Tercero. Esta es además una de las dos impulsadas por la oposición. Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) impulsa la creación de esta universidad, que cuenta también con el respaldo de un proyecto de una oficialista, Gabriela Estévez.

Por último, la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, estuvieron presentes este miércoles en la reunión de Comisión de Previsión y plantearon “la urgencia” de aprobar en forma urgente una moratoria previsional para “no dejar sin derecho a jubilarse a casi un millón de personas, la mayoría de ellas mujeres”.

Al respecto, Bregman destacó que “este proyecto ya tiene dictamen, lo único que impide que sea aprobado ya mismo y permita salir de la incertidumbre a quienes están en edad de jubilarse y hoy no pueden hacerlo, es la determinación de Juntos por el Cambio y otros bloques que se oponen a este derecho elemental”.

Además, expresó: “Ahora dicen que es por el juicio político a la Corte Suprema, pero en diciembre ya vaciaron una sesión donde se hubiera podido aprobar”. Del mismo modo, agregó: “Esto lo planteamos desde un lugar sumamente crítico del Estado al que han llevado al régimen previsional argentino”.

“La mayoría de las jubilaciones y pensiones actualmente son de miseria, pero estamos acá porque de no aprobarse esta moratoria la situación será cualitativamente peor, y sin ella, muchos tendrán que caer en la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) que se votó durante el gobierno de Cambiemos con apoyo de sectores del peronismo”, señaló Bregman.

En el cierre, lanzó críticas contra el oficialismo: “No sólo recorta los haberes en un 20 por ciento, sino que elevan la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. Ya no permite acumular una jubilación con una pensión por fallecimiento, tirando abajo una conquista de los trabajadores. Se les tiene que caer la cara de vergüenza los diputados que no están hoy acá pidiendo sesión urgente para tratar este tema”, cerró.

Por su parte, Nicolas del Caño denunció que los empresarios y las patronales del campo "lloran un poquito y (Sergio) Massa -ministro de Economía- les da todo tipo de beneficios, pero para que jubiladas y jubilados tengan derechos e ingresos dignos hay que hacer reuniones y más reuniones”.

De tal modo, el excandidato a presidente por el FIT manifestó: “Acá nos ponen a discutir horas si es pertinente o no una nueva moratoria, si hay recursos o no, pero hay muchas otras moratorias que se aplican sin más, como las que hace la AFIP a las empresas que deben impuestos o los beneficios y blanqueos fiscales a las empresas que viven fugando”.

Así también, agregó: “El 91 por ciento de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad, y el 62 de ellas en el haber mínimo de 50.124 pesos, apenas cubriendo un tercio del costo de vida de un jubilado”.

“El debate que queremos dar es que no podemos quedarnos entre una jubilación de miseria o ninguna jubilación, sino en cómo garantizar que como mínimo se cubran las necesidades de los jubilados que trabajaron toda una vida. Si hay personas que no tienen los aportes es porque los gobiernos permiten en trabajo precario”, concluyó.

La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, manifestó este lunes que la falta de sanción del Plan de Pago de Deuda Previsional afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país, en ese sentido, la provincia cuenta con 268 mil bonaerenses, el 37 por ciento del total país, que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

Al respecto, Raverta cuestionó que “la ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”.

Además, afirmó que “las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes. En Buenos Aires la cifra es alarmante, están impidiendo que jubilemos a 268 mil bonaerenses”.

En cuanto a la distribución por municipio de la provincia es de, aproximadamente, 25 mil personas en La Matanza; 13 mil en General Pueyrredón; 12 mil en Lomas de Zamora; 12 mil en La Plata; 10 mil en Quilmes; 9 mil en Almirante Brown; 9 mil en Lanús; 8 mil en Merlo; 8 mil en San Isidro; 8 mil en 3 de Febrero; 8 mil en San Martín; 7 mil en Moreno; 7 mil en Tigre; 7 mil en Avellaneda; 6 mil en Vicente López; 6 mil en Esteban Echeverría; 6 mil en Florencio Varela; 6 mil en Morón; 6 mil Pilar; 5 mil en Berazategui; 5 mil en Malvinas Argentinas; 5 mil en San Miguel; 4 mil en Bahía Blanca; 4 mil en José C. Paz; 3 mil en Hurlingham; 3 mil en San Fernando; 3 mil en Escobar; 3 mil en Ituzaingó; 2 mil en San Nicolás; 2 mil en Necochea; 2 mil en Tandil; y mil en los municipios de La Costa; Zárate; Pergamino; Campana; Ezeiza; Luján; General Rodríguez; Olavarría; Junín; San Vicente; Berisso y Chivilcoy.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, advirtió que, si la oposición no da quórum para tratar el proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones podrán jubilarse en 2023.

“Es un derecho que en la Argentina existe desde el 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner implementó la primera moratoria, y que continuó durante el gobierno de Cristina, permitiéndonos contar con un instrumento para que las personas que alcanzan la edad, pero no cuentan con los aportes necesarios, puedan acceder a una jubilación y pagar esa deuda con el Estado”, indicó en declaraciones a Radio 10.

“En diciembre estábamos esperando discutir este Plan de Pago, que permitirá que más de 800 mil personas en la Argentina puedan jubilarse, y las diputadas y diputados de la oposición no nos dieron esa posibilidad. Por eso, ahora, en las próximas sesiones necesitamos que se apruebe esta nueva ley porque si no nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse. Hoy, solo una de cada diez tiene los 30 años de aportes y cuenta con la edad requerida”, resaltó la titular de ANSeS.

Raverta cuestionó el rol de la oposición ya que al no dar quórum para tratar la ley “deja muy expuestos a miles de argentinas y argentinos sin distinciones, simpatías o ideologías políticas”.

“Por eso, esperamos que las diputadas y los diputados hagan su trabajo y bajen a sesionar”, remarcó Raverta al precisar que la oposición no tiene excusas para no tratar la ley ya que “en el presupuesto que ya aprobaron está contemplado que las argentinas y argentinos se jubilen”, finalizó.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para reasignar recursos de modo de poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal. Ante ello, desde el interbloque Federal salieron a cruzarlo haciéndole una propuesta para incluir la moratoria previsional en la misma medida.

“Si el presidente Alberto Fernández envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la moratoria previsional que promueve el oficialismo”, advirtió por su cuenta de Twitter Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, que recordó que eso “ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola”.

Recordemos que durante el debate en comisión del proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda previsional, que quedó sin ser tratado en la Cámara baja, los federales propusieron una disidencia parcial en relación a esa iniciativa, que es la que quieren que se apruebe en ese caso.

Con la firma del propio “Topo” Rodríguez, en esa oportunidad plantearon “considerar que las estimaciones sobre el eventual impacto fiscal de esta medida varían del 0,2823% del PBI hasta el 0,48% del PBI, en este último caso acumulado al segundo año de implementación, según distintas fuentes consultadas. En consecuencia, corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal del Plan de Pago de Deuda Previsional”.

Si el Presidente ⁦@alferdez⁩ envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el #Presupuesto2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la Moratoria Previsional que promueve el oficialismo. Ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola. pic.twitter.com/yhC2zRDXAw

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 27, 2022

“Todo ello, en virtud de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, no contempla el financiamiento del impacto fiscal resultante de la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se propone aprobar”, recordó Rodríguez, a propósito de lo que ahora plantea el presidente al señalar que está imposibilitado por el Presupuesto de cumplir con lo que la Corte reclama sobre la coparticipación federal.

En la última sesión de la Cámara de Diputados que resultó fallida por falta de quórum, se había incorporado al temario el proyecto sobre Moratoria Previsional. Al respecto, el diputado nacional Ricardo Herrera (FdT – La Rioja) indicó: “No logramos el quórum para debatirlo, pero aún no perdimos estado parlamentario y se ha postergado la discusión”.

En una entrevista por La Red La Roja, el legislador sostuvo: “Se ha postergado la discusión, pero aún no ha perdido Estado Parlamentario por lo que podremos retomarlo para marzo”, debido a que el proyecto cuenta con media sanción del Senado.

Herrera advirtió que esto significará “un vacío” entre los meses de enero y marzo, “al vencer la moratoria a fin de año se volverá a la del año 93’ y complicará a 5000 personas en La Rioja y 80mil en el país”.

“Al volver a la moratoria del 93’, las personas que están en edad de jubilación podrán comprar los años para hacerlo. Eso complica porque 9 de cada 10 mujeres no tienen un instrumento legal o una herramienta que le otorgue el Estado para hacerlo. Por eso fue nuestra insistencia en el proyecto de ley, pero no se pudo dar, no nos dieron quórum”, indicó.

Además, el oficialista precisó que en su provincia existen 37mil jubilados, de los cuales 17mil se han jubilado por moratoria, y destacó que “el Estado les ha dado las herramientas en el 2014 para poder hacerlo”.

En este sentido, la discusión volverá a tratarse en marzo: “Debemos repensar el sistema previsional argentino en presencia del Estado y brindando herramientas a favor para proteger a la ancianidad”.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró el dictamen de mayoría del proyecto de ley de pago de deuda previsional, que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes. 

El oficialismo avanzó con el texto que reproduce la media sanción del Senado, donde el kirchnerismo ideó esta iniciativa a mediados de este año. 

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda comenzó retrasado ya que la oposición no estuvo desde el arranque. Los legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron recién una vez que el oficialismo logró quórum. 

Del encuentro participaron 19 miembros de Previsión y Seguridad Social y 32 de Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría alcanzó las 39 firmas entre los integrantes de las dos comisiones. 

Durante el debate, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, consideró que la propuesta era “mucho más razonable del populismo macrista de dar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el cero de aportes, así que en principio nos parece superador”. Sin embargo, “a esta propuesta le falta algo”, dijo y le reclamó al oficialismo: “Ustedes tienen que garantizar que si esta norma se aprueba tiene que ser aplicable”. 

En ese sentido, el bonaerense opinó que debería informarse “son las finalidades, las funciones y/o las partidas presupuestarias que serán redefinidas para cumplir con el eventual impacto fiscal, que oscila desde el 0,28 hasta eventualmente el 0,48 en su segundo año de implementación”.

Encargado de explicar el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace recordó que entre todos los expositores que pasaron por las reuniones informativas “hubo un diagnóstico en común en señalar que nosotros en Argentina tenemos un severo problema respecto de la informalidad laboral”. 

Para el puntano, este plan “no deja de ser una solución transitoria” ante “el problema de la informalidad laboral, que no lo vamos a resolver hoy”, aclaró. 

“La única forma de que haya solución para los que no aportaron y los que aportaron los 30 años” es “establecer una prestación proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho y que permita a mujeres de 60 años y hombres de 65, que hayan aportado entre 10 y 29 años, otorgarles una prestación proporcional que consistiría en el 70% de la prestación básica universal más el 1,5% por año aportado”, señaló sobre la iniciativa de su bancada. 

El legislador subrayó que esto “no es que esté exento de gasto fiscal”, pero “es más modesto respecto del dictamen que está planteando la mayoría”. “Nuestro Presupuesto 2023 está ya aprobado y esto no está incluido”, advirtió. 

En el medio de su exposición, el presidente la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, admitió que “es un parche como todas las cosas que estamos haciendo para resolver la situación de crisis que tiene la Argentina” pero “es un parche que se puede hacer, que tiene base seria de que se puede cumplir, porque si uno mira el conjunto de las variables estamos en una perspectiva de que se va a poder cumplir y esto que estamos aprobando se va a poder financiar”, aseguró. 

“Permítame dudar de que se den esas pautas y podamos financiarlo sin ningún incremento en el déficit fiscal”, le respondió Cacace, quien completó su alocución apuntando, respecto al dictamen, que “en el caso que el cálculo sea por debajo de la PUAM, los beneficiarios podrán optar por la PUAM”; y agregó: “Estamos proponiendo en este dictamen la modificación a la PUAM para que las mujeres también puedan acceder a ese beneficio a partir de los 60 años”. 

Nuevamente tomó la palabra Heller, quien insistió en que “claramente esto es una solución parcial a un problema de fondo que no lo estamos resolviendo con esto, pero cuando no estamos en condiciones de resolver la cuestión de fondo, las soluciones parciales adquieren toda la importancia que corresponde. Se trata de no dejar desprotegidas a las víctimas, porque acá estamos hablando de las víctimas que son las personas que han llegado a la edad de jubilarse y no tienen aportes”. 

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño lamentó que “hoy solamente una de cada nueve mujeres que está en condiciones de jubilarse tiene los aportes necesarios, y en el caso de los varones son tres de cada diez”. “La responsabilidad no está en los trabajadores y las trabajadoras que fueron víctimas de estafa laboral, sino en las patronales y los gobiernos”, cargó.  

“La moratoria es una situación transitoria que en realidad le pone la carga al trabajador de algo que no fue su responsabilidad”, continuó, y denunció que el año que viene “hay un recorte para 2023 de la seguridad social de 600 mil millones de pesos”. “Si bien es una salida transitoria que va a permitir que muchos puedan acceder a una jubilación, haciéndose cargo de algo que nos les corresponde, eso va en desmedro después del conjunto del sistema jubilatorio”, cerró.

A su turno, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado indicó que “esto no es una moratoria; este proyecto permite lamentablemente comprar años a costa del Estado y de los jubilados”. “Este proyecto lo que dice es que cualquier persona se puede jubilar y no lo paga la persona”, alertó, para cuestionar que “estamos liquidando el sistema previsional argentino” porque se crea “un sistema mercantilista” para que “se pueda jubilar cualquier persona”. 

Recogió el guante la presidenta de Previsión y Seguridad Social, la camporista Marisa Uceda, quien aclaró: “Nunca dijimos que era una moratoria”. Y, en medio de una discusión picante con la cordobesa, la oficialista afirmó que en el proyecto se “exige tener una base de aportes previsionales”. 

Último orador en la reunión, el oficialista Marcelo Casaretto precisó que del total de los jubilados actuales, un 36% accedió a la jubilación gracias a cumplir con todos los aportes, mientras que el 64% lo pudo hacer a partir de las diferentes moratorias que hubo.

“Debido a que hay trabajo informal cada vez menos argentinos pueden acceder a un beneficio”, explicó y argumentó que “por eso es que se tomó la decisión de prorrogar la moratoria vigente y ahora es que se toma este tema a nivel parlamentario”. En tal sentido, el entrerriano advirtió que si no se toma esta decisión, “empezaríamos a caer del 95% de cobertura previsional” que hay y sostuvo: “Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de avanzar con una ley de estas características”. 

Al referirse a las menciones que hubo en la comisión sobre quienes aportaron y quienes no aportaron, el legislador enfatizó que “siempre el trabajador y la trabajadora quieren trabajar en blanco, cobrar un salario digno y hacer aportes jubilatorios. Si alguien no lo ha hecho a lo largo de su vida laboral no ha sido por voluntad propia, sino por las condiciones imperantes en el sistema y que nosotros como Estado lo tenemos que reconocer y resolver”. 

Con media sanción del Senado, alcanzada el 30 de junio de este año por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 negativos, el proyecto de ley referido a la moratoria previsional impulsado desde el oficialismo no ha podido avanzar siquiera hasta el dictamen en la Cámara baja.

La última reunión en la que se abordó este tema en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, data del 10 de agosto pasado. En esa oportunidad, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley. Obviamente no se avanzó con un dictamen y la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, señaló en esa oportunidad a Diputados TV que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

La idea sería ahora reflotar el proyecto para completar su paso legislativo hasta el recinto, y para tal fin se reunieron este viernes la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria Paula Penacca y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Sobre el tema tuiteó Cecilia Moreau, quien precisó: “Para que casi 800 mil argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo, nos reunimos con Paula Penacca y Fernanda Raverta “para trabajar en el Plan de Pago de Deuda Previsional que trataremos próximamente en el Congreso”.

“En Argentina solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, agregó la titular de la Cámara baja.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancionara la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

En el marco de un plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda celebrado este miércoles, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley que propone una moratoria previsional y cuenta con el aval del Senado. Obviamente no se avanzó con un dictamen y el tema seguirá siendo debatido en sucesivas reuniones.

Así lo adelantó la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, quien al ser entrevistada por Diputados TV al cabo de la reunión, precisó que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

Resaltó también que el ministro de Economía, Sergio Massa, conoce el texto del proyecto lo cual “nos allana un poquito la discusión”, aunque aclaró que se le está dando “un poquito de tiempo” al debate.

Previamente, a la hora de exponer los invitados, Adela Monge, asesora y ex presidenta de JubYPen Mendoza, respaldó la iniciativa, al señalar que “extiende y da la posibilidad de llegar a una jubilación en condiciones dignas”, con el objetivo de generar “la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores”.

Por otra parte, el director de posgrado y profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Boasso, analizó la figura del “seguro social” y señaló la necesidad de “reconocer proporcionalidades”, al considerar que difiere según los años de trabajo de cada individuo.

Posteriormente, el abogado especialista en seguridad social, Federico Despouli, puso el foco en que la moratoria generaría una “nueva entrada en el sistema previsional de 600 mil personas con una prórroga de dos años que nos llevarían a unas 1.600.000 personas”. “¿Cómo vamos a seguir incluyendo estas personas si no pensamos qué tipo de financiamiento vamos a hacer?”, se preguntó.

Hernán Letcher, contador y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacó las moratorias realizadas en diferentes contextos históricos, pero remarcó que “los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina que seguimos discutiendo son: la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad y los aportes y contribuciones”.

Adrián Antonio Tróccoli, abogado previsionalista, negó que “esto sea una emergencia”. “Esto es claramente estructural, me parece poco prolijo decir que lo tenemos que tratar en uno o dos meses cuando hay una ley que decía que había que hacer un proyecto integral, un nuevo proyecto de jubilaciones”, dijo. “Esta ley va a generar litigiosidad si sale así”, adelantó.

Reneé Girardi, del Centro de personas mayores Homero Manzi de CABA, manifestó que esta moratoria “es importante”. “Hay muchísimas personas que tienen los años de aportes pero no son suficientes y muchos que no tienen ningún aporte. En este caso, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para equiparar esta brecha, sobre todo entre hombres y mujeres”, advirtió.

En tanto, Alejandro Guillermo Chiti, abogado y consultor en asuntos de seguridad social, consideró: “La Argentina tiene una cobertura universal, y es un gran logro que hay que mantener, pero este problema, en Europa por ejemplo, se solucionó con pensiones no contributivas, no con moratorias. Se creó algo distinto, no se rompió el sistema contributivo para incluir al resto”.

En contraposición, Alberto Coco Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, consideró que “el problema de una Argentina desigual no es el aporte de los jubilados, sino el aporte patronal que nunca se hizo. Esta ley viene a corregir el futuro de muchos que no están jubilados”.

Por último, Gustavo Caleau, abogado previsionalista y concejal de Mendoza, defendió la moratoria al analizar el universo de trabajadoras de casas particulares, “compuesto por 1.400.000 personas, donde un 99,3% son mujeres”.

“Esas mujeres que ayudan en la crianza de los hijos, que cuidan la comida, que ayudan en las tareas del hogar, si esta ley no sale, el primero de enero del año que viene van a necesitar cinco años más trabajando en relación de dependencia para poderse jubilar”, aseveró Caleu.

Se retomará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que propone un plan de pago de deuda previsional, de modo de garantizar la jubilación a aquellas personas que no cuentan con los aportes suficientes.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a tratarse a principios de julio -antes del receso invernal-, durante un encuentro al que asistieron expositores, entre ellos funcionarios de la ANSeS. Pero en esa ocasión solo había sido parte la comisión cabecera, la de Previsión y Seguridad Social, que comanda la camporista Marisa Uceda.

Para la reunión de este miércoles, a la que también está previsto que asistan invitados, se convocó a un plenario con Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 13.30 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, tuvo media sanción en la Cámara alta dos días antes de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán. Durante ese debate, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, admitía que no habían consultado al ministro de Economía por la propuesta.

A diferencia del trámite en el Senado, donde la Comisión de Presupuesto no tuvo parte, en Diputados el expresidente del cuerpo y ahora ministro, Sergio Massa, giró el texto a la comisión que preside Carlos Heller.

Conocedor Massa de este tema, por presidir hasta hace pocos días la Cámara baja, se estima que esta convocatoria al tratamiento del proyecto cuenta con la anuencia del Ejecutivo. Además, luego de asumir en reemplazo de Massa, Cecilia Moreau informó a la prensa acreditada en el Congreso que la iniciativa formaba parte de la agenda del Frente de Todos para el segundo semestre.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos "no daban" para que se sancione la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

La diputada nacional Marisa Uceda (FdT) afirmó que "no" cree que una medida como la implementación del salario básico universal -reclamo por el que este miércoles marchan movimientos sociales encabezados por el MTE de Juan Grabois- "tenga la legitimidad para salir por decreto, porque es un debate que debe darse socialmente".

La mendocina consideró además que "el concepto tiene que ser otro, o ingreso base universal, o renta mínima universal". "Es un debate que se está dando adentro de nuestra fuerza", señaló, al tiempo que insistió que "se necesita que haya una sociedad convencida de que la transferencia de recursos del Estado tiene que ir para distintos lugares".

"También estoy convencida de que el Estado tiene que tener un plan de transferencia de recursos no solo para los sectores más vulnerables, sino para los sectores medios", opinó la legisladora camporista.

En ese sentido, recordó que "el peronismo logró crear la clase media y sostenerla en el tiempo". "Tenemos que cuidar esa clase media que durante el macrismo se vio fuertemente golpeada", agregó.

Consultada sobre la prórroga de la moratoria previsional, la oficialista lo celebró y apuntó que se trata de "la moratoria vigente que solo beneficia a mujeres", pues "venía desde 2014 prorrogándose, pero en el 2017 por decisión de Mauricio Macri solo queda para mujeres en edad de jubilarse, llevando a los trabajadores varones a una PUAM".

"En caso de que el presidente (Alberto Fernández) no lo hubiese prorrogado, las mujeres tendrían que haber accedido a esa misma prestación pero a los 65 años, por eso la urgencia de que saliera la prórroga de la moratoria vigente", continuó en declaraciones a FM La Patriada.

Sobre el proyecto que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social aseguró que ese plan de pago de deuda previsional "prevé una reforma más estructural".

"Hay consensos que se están construyendo y estoy convencida que en fuerzas que no son del Frente de Todos encontramos coincidencias en este tema. Espero que se sancione lo antes posible", expresó.

Consultada sobre las críticas a la iniciativa desde Juntos por el Cambio, Uceda dijo que "su argumento principal, o al menos el único que algunos se animaron a esbozar, tiene que ver con el impacto fiscal. En la primera comisión informativa que tuvimos, el representante de ANSeS lo explicó con claridad: el primer año es del 0,02 por ciento y en el segundo del 0,03 por ciento".

La diputada defendió que, al contemplar un régimen para las personas que diez años antes de cumplir la edad jubilatoria ya empiezan a regularizar su situación -a través de la compra de aportes-, este sistema que se propone "se autosustenta". "No les da vergüenza decir que quieren un país para pocos y que el resto los sostenga", completó en contra de la oposición.

El Gobierno oficializó este miércoles la prórroga de la moratoria previsional, a la espera de que el Congreso apruebe una nueva ley, que es impulsada desde el kirchnerismo y ya cuenta con media sanción del Senado pero que era complicado pudiera aprobarse antes del 23 de julio, día en que vencía el actual régimen especial para la regularización de deudas previsionales.

Mediante la resolución 174/22, publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la titular del organismo, Fernanda Raverta, se estableció extender hasta el 31 de diciembre de 2022 "el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas previsionales establecido por la Ley N°26.970" y prorrogado por la resolución en junio de 2019, para las mujeres que cumplieran la edad jubilatoria y fueran menores de 65 años.

Además, la medida aclara que esa prórroga "quedará sin efecto, de pleno derecho, si durante su transcurso entrara en vigencia un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales, a través de un plan de regularización de deuda previsional".

En los considerandos se destacó que "los regímenes de regularización de deuda previsional han sido la herramienta principal a través de la cual las personas mayores han podido acceder a una prestación previsional, y han sido implementados de forma ininterrumpida desde fines del año 2004 en nuestro país".

"La necesidad de regularizar períodos de aportes se explica por las dificultades que las personas atravesaron en sus trayectorias pasadas para sostener inserciones continuadas en modalidades laborales registradas, y estas dificultades tienen su origen, en enorme medida, en las reiteradas crisis del mercado de trabajo en los pasados 30 años", se señaló.

Respecto al Congreso, se remarcó que "se han presentado diferentes proyectos legislativos, los cuales se encuentran actualmente en tratamiento, para dar continuidad a estas herramientas que permiten a las personas mejorar su situación previsional para acceder a una jubilación contributiva".

Sin embargo, "de prolongarse en el tiempo el tratamiento legislativo de los proyectos en curso, podría ponerse en riesgo la prestación alimentaria que se deriva de los beneficios previsionales".

"En materia de seguridad social debe primar, a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la rigen, la protección de las personas desde una perspectiva de derechos, implementándose medidas que generen respuestas a las condiciones de los sectores de la ciudadanía con mayores necesidades", se agregó.

En el arranque de la semana, el presidente Alberto Fernández se reunió con Raverta y anunció por redes sociales que se tomarían medidas ante el inminente vencimiento de la moratoria actual.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa establece la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El proyecto recibió media sanción el 30 de junio pasado por 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados, la iniciativa ya comenzó a ser analizada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular la camporista Marisa Uceda.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja el texto también pasará por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algo reclamado desde la oposición ya que prevé el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI, mientras que para el 2023 del 0,3% PBI.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendiera por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio hasta tanto salga la ley del Congreso, la titular del ANSeS, Fernanda Raverta, celebró dicha decisión y remarcó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes”.

En el marco de declaraciones radiales, la directora ejecutiva de ANSES señaló que la extensión del plazo de la moratoria vigente será “hasta la sanción en el Congreso de una nueva ley de pago de deuda previsional”.

De este modo, resaltó que “con esta prórroga garantizamos que las mujeres de entre 60 y 64 años inclusive puedan continuar jubilándose con las condiciones vigentes”.

Asimismo, Raverta indicó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes porque son muchas las argentinas y argentinos que necesitan que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda previsional para jubilarse”.

Finalmente, la funcionaria afirmó que “vamos a seguir trabajando para que en nuestro país no haya ninguna persona mayor sin un ingreso”.

Luego de que desde el Poder Ejecutivo se anunciara la decisión de prorrogar por decreto la moratoria previsional, atento a que la vigente vence este 23 de julio, hasta tanto el Congreso apruebe la ley impulsada desde el Senado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe muy completo en el que celebra la medida y advierte que la ampliación de las moratorias previsionales representa una medida tan urgente como necesaria.

Es urgente, señala el informe del CEPA al que accedió parlamentario.com,  por cuanto en la actualidad más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.

El instituto que dirige el economista Hernán Lechter advierte que solo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de jubilarse, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

Por múltiples razones, son las mujeres las más complicadas en materia previsional. Pruebas al tanto, solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, solo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero solo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.

A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde solo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse que cita el CEPA dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que una buena porción de trabajadores no logra cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

En este escenario, como vemos, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

El informe destaca que se puede constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 al tercer trimestre de 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%; en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%. En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.

Así las cosas, el CEPA considera que la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores informales o desocupados: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.

Ante la pregunta de si las moratorias quiebran el sistema previsional, el CEPA sostiene que “los números no acompañan esta tesis”. Se basa en tal afirmación en un comparativo entre la gestión kirchnerista y la de Cambiemos. Presenta el análisis de los datos histórico según el cual concluyen que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de “una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones”. El Centro de Economía Política Argentina lo atribuye a que “los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema”. Es decir, agrega el informe, que “la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios”.

Por el contrario, el CEPA sostiene que “entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema”.

En ese marco se destaca la prórroga de la moratoria dispuesta por decreto y la eventual aprobación del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, que lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación.

Cabe consignar que la norma permitirá por un lado que aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio.

Si se considera que todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI, precisa el CEPA.

Tal cual se esperaba, el presidente Alberto Fernández extenderá por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio, hasta tanto salga la ley del Congreso.

El propio mandatario lo anunció a través de las redes sociales, donde contó que este lunes se reunió con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, para analizar la situación de los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. En ese sentido señaló que dicha moratoria “fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”.

“Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”, precisó el presidente de la Nación, que agregó que “de este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”.

El diputado nacional oficialista Marcelo Casaretto aplaudió la medida, al tuitear este lunes: “Excelente decisión del presidente. Nuestro gobierno decidiendo ampliar derechos, para argentinos y argentinas que teniendo la edad jubilatoria no tienen los años de aportes necesarios. Tenemos que sancionar una ley en el Congreso, que ya empezamos a debatir hace algunas semanas”.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Fue aprobado el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados el proyecto ya comenzó a ser analizado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular Marisa Uceda anticipó que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Cabe aclarar que Presupuesto y Hacienda participará también del tratamiento de esta norma que beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Con la presencia de especialistas en materia jubilatoria, arrancó el jueves pasado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social el tratamiento del proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con media sanción del Senado.

En efecto, el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones el proyecto que debería ser ley antes del 23 de julio, cuando vence la norma vigente.

Por eso es que se especuló con la posibilidad de una sesión de la Cámara baja la próxima semana, cuestión de convertir en ley la norma antes de que se produzca dicho vencimiento, pero el tema es que la próxima semana ambas cámaras estarán en pleno receso legislativo. Un receso no declarado, pero que en rigor de verdad ya se palpita en ambas cámaras en la presente semana.

Pruebas al tanto: la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas previstas para este martes al mediodía no tuvo quórum. También estaba prevista para este martes en Diputados una reunión de la Comisión de Deportes, que se suspendió el lunes.

La vuelta a la presencialidad ha hecho que los recaudos para las sesiones se extremen y nada garantiza en plenas vacaciones de invierno que todos los legisladores conseguirán vuelos. De hecho, el Senado había adelantado para el jueves pasado una sesión que a priori iban a hacer esta semana, previendo que no conseguirían vuelos. Al final, no hubo sesión esta semana, pero tampoco el jueves pasado, aunque ahí influyeron otros factores: no había acuerdo en todo el oficialismo para garantizar el número necesario para aprobar el proyecto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

La norma beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Juntos por el Cambio no apoyó el proyecto en el Senado, aunque sufrió una división. Mientras el Pro votó en contra, los radicales se abstuvieron. El costo fiscal es el factor que motiva las objeciones en la principal oposición, que preguntó si habían consultado al entonces ministro Martín Guzmán, a lo que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio, respondió que habían consultado en la ANSeS.

Para el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, aclaró que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Eso llevará tiempo; se verá. Además, mientras en el Senado el giro del proyecto no incluyó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diputados sí está previsto que la comisión que encabeza Carlos Heller emita dictamen. Con todo, esa comisión no participó de la reunión informativa del jueves pasado.

En el oficialismo se ilusionan con tener los votos para la aprobación. Esa confianza se relaciona con lo sucedido en el Senado, donde Alberto Weretilneck votó a favor, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo. Se descuenta así que los rionegrinos y misioneros que conforman el interbloque Provincias Unidas apoyarán, lo mismo que los tres cordobeses y probablemente el resto del interbloque Federal, aunque el presidente del mismo, Alejandro “Topo” Rodríguez, aclaró a parlamentario.com que no tenían aún decisión tomada sobre el tema.

Así y todo, especulando con el eventual apoyo de Provincias Unidas (4), el interbloque Federal (8), el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, y la izquierda, estaría garantizada la aprobación del proyecto ya votado en el Senado.  

El tema son los tiempos y la garantía para tener sentada la cantidad de diputados necesarios la próxima semana, para una sesión que fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que no ha sido convocada, sin expectativas de que dadas las circunstancias eso suceda.

Por eso es que en caso de que el Gobierno lo desee, debería apelar al decreto para prorrogar la prórroga vigente, a la espera de una sanción definitiva en el mes de agosto.

En el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos), especialistas en materia jubilatoria analizaron los alcances del plan de pago de deuda previsional, iniciativa que ya obtuvo la aprobación de la Cámara alta.

La diputada Uceda destacó que la reunión demuestra “que cuando hablamos de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que nos atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente nos tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que hoy vamos a tratar”.

En uso de la palabra, el director General de Planeamiento de la ANSeS, Ignacio Amigorena, celebró “la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”. Amigorena estimó que el plan de pago de deuda provisional “pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres”.

A su turno, la previsionalista Adriana Micale bregó por “la sanción de esta ley tan necesaria, frente al inminente vencimiento de la moratoria actual”. La magister destacó que, “a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de periodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo”.

El cierre de expositores estuvo a cargo del director del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Rafael Rofman. El investigador señaló que el proyecto “enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal”. Rofman hizo un llamado a pensar la iniciativa “como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo”.

El proyecto de ley está destinado a las personas que, habiendo alcanzado la edad de retiro laboral, no cumplen con los 30 años de servicios con aportes registrados requeridos por la actual legislación. También contempla a quienes se encuentren a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación.

Ante la deuda previsional, el plan prevé un sistema de “unidad de pago de deudas previsionales” –equivalente a un aporte jubilatorio mensual- con el fin de garantizar el acceso al cobro de jubilaciones y pensiones a un total de 800.000 argentinos.

Presidida por la senadora Juliana Di Tullio, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional, que busca atener la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. La oposición de Juntos por el Cambio expresó sus cuestionamientos y no firmó el dictamen.

El encuentro se celebró en el Salón Illia del Senado, donde en el arranque se procedió a completar las autoridades de esa comisión, designando a la cordobesa del Pro Carmen Alvarez Rivero vicepresidenta de la misma. A continuación, la presidenta de la comisión recordó que durante las reuniones previas se había analizado el proyecto y había habido tres preguntas formuladas por senadores, las cuales habían sido contestadas y que lo mismo harían con las que fueran a hacerse durante la presente jornada en la que se pasaría a la firma el dictamen, de modo tal de llevarlo al recinto transcurridos los 7 días que corresponden según el reglamento. En rigor, la de este martes fue la primera y única reunión presencial con los senadores, pues las anteriores dos referidas por Di Tullio habían sido con asesores, aclararon desde la oposición.

Di Tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde (autores de la iniciativa), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Las personas alcanzadas por el proyecto podrán pagar la deuda previsional mientras cobran la jubilación, en hasta 120 cuotas.

Puntualizó que “este plan de pago previsional es un proyecto extenso y vasto”, y recordó lo realizado por las gestiones kirchneristas desde 2004, cuando el decreto de Néstor Kirchner que jubiló a un universo de 3 millones y  medio de personas. Cifra que consideró “motivo de orgullo, no importa de qué lado de la política estemos. Hay casi una universalización de las personas en condiciones de jubilarse”, agregó, pero insistió en que “la curva empezó a descender, por eso hacemos este nuevo proyecto”.

Las personas alcanzadas por dicha iniciativa son aquellas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, por lo que se les permitirá pagar la deuda previsional mientras están cobrando la jubilación. Lo podrán hacer hasta en 120 cuotas. También sirve para las personas de 50 años, si son mujeres, o 55, si son varones, para poder pagar antes la deuda previsional. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, resumió.

Di Tullio detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

A continuación habló Fernández Sagasti, que destacó que junto a Mariano Recalde, el otro autor del proyecto, se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

A la hora de justificar la iniciativa, la mendocina recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

Para Fernández Sagasti “hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

Para finalizar, planteó la necesidad de “tener un sistema previsional más robusto, sustentable y empezar a construir uno más justo, que es lo que nos falta. En este contexto el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos que garantizar”.

A su turno, Mariano Recalde hizo hincapié en la fecha límite que está por delante: el 22 de julio vence la moratoria previsional vigente, que “fue perdiendo potencia, particularmente en los 4 años de Mauricio Macri”, al que irónicamente le adjudicó “una perspectiva feminista”, por haber resuelto sostenerla solo para las mujeres. Recordó que a los varones se les otorgó solo la posibilidad de la PUAM, que definió como “una pensión más precaria, barata y menos integral”.

En ese sentido recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende al 80% de una jubilación mínima, por lo que “está bastante lejos de una canasta básica”. El legislador sostuvo que “nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había  un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”.

Además, agregó, “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50% de los que hacen aportes y 50% de los impuestos generales, donde aportan todos”.

Luego dio precisiones sobre el proyecto. ¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29% de la remuneración mínima imponible, consistente en $10.989. “El 29% es $3.187 por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó, aclarando que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente. Actualización que también se aplicará sobre la cifra referida.

“Incorporamos una novedad que es la de cancelar anticipadamente la deuda previsional. Aquellos que tengan hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, pueden ir viendo, porque conoce o porque consulta a la ANSeS, adelantar el pago de esa deuda previsional. No solo continuarla, sino empezar a pagar antes. Le permite tener más seguridad de que va a acceder al beneficio, pero al Estado le permite recaudar, además”.

Juliana Di Tullio detalló a continuación el costo fiscal de la iniciativa. El primer año sería de 0,02%, y el año que viene 0,3%. “Realmente un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país, pero que todavía estamos tratando de ordenar y que nos va a llevar mucho tiempo ordenar”, enfatizó, para criticar luego la tarea de los ministerios de Trabajo de años anteriores que no cumplieron con el poder de fiscalización suficiente, facilitando que no haya ahora aportes suficientes.

Por otra parte aclaró que no había habido ninguna propuesta para modificar el proyecto, pero que seguiría abierta a la posibilidad de atender las consultas y sugerencias hasta llegar al recinto.

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri reconoció la importancia del tema, reconoció que el sistema “tiene que ser solidario, justo, sostenible y sustentable, y que no lo es”, pero reclamó que con la premura correspondiente la iniciativa fuera girada también a la Comisión de Presupuesto. Justificó su pedido en que “no sabemos si esto complica los acuerdos y metas de (Martín) Guzmán con el FMI, las estimaciones de los cálculos actuariales del costo, que es algo que han hecho los asesores de los senadores, no es algo que haya hecho el Poder Ejecutivo”.

Con todo, Tagliaferri consideró que la iniciativa “no soluciona el problema de base”, y consideró injusto que aquel que nunca haya aportado ingrese a  una jubilación. “En algún momento lo que va a suceder es que no pueda jubilarse nadie”, advirtió. Respecto del bajo poder adquisitivo de la PUAM, señaló: “Es cierto que la PUAM está por debajo de la canasta, también está la mínima, si mejoran la mínima sube la PUAM”.

Para finalizar, sintetizó pidiendo mandar el proyecto a Presupuesto y requerir la presencia de Guzmán, como así también informar qué pasará con las personas que pasados los dos años no cumplan el tiempo de aporte.

Di Tullio le respondió recordándole que la herramienta de dar los giros la tiene la presidenta del Senado, que ya dispuso que la iniciativa no vaya a otra comisión. Y que además fue ANSeS el organismo que les dio los datos respecto del costo fiscal de la iniciativa, del que dio más detalles: el 0,02% equivale a 12.046 millones de pesos, mientras que el 0,3% equivale a 184.844 millones de pesos.

La vicepresidenta de la comisión consideró “una barbaridad esas cifras”, estimando que “Guzmán tiene que acusar un impacto, es (una cifra) muy importante”. Y agregó: “De todas maneras yo creo que el sistema previsional depende de la confianza; la gente tiene que confiar en la Argentina, tiene que confiar a 30 años, tiene que confiar en todos los dirigentes. De alguna manera si la gente no aporta al sistema es porque no está confiando en nosotros”.

Sobre el final, Fernández Sagasti recordó que la voluntad del interbloque oficialista era emitir dictamen este martes, “y no habiendo propuestas concretas de modificación nos complacería firmar el dictamen”.

Expresó además su deseo de hablar sobre “cómo volvieron deficitario el sistema previsional”, responsabilidad que adjudicó a la gestión anterior, pero aclaró que dejarían esas expresiones para el recinto. Y concluyó señalando que “los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y para nosotros es importante que 800 mil personas puedan jubilarse”.