El listado del pedido de Juicio Político contra la Corte incluye a los gobernadores y organismos de Derechos Humanos. Los cuatro jueces del máximo tribunal están citados como acusados.
El Frente de Todos presentó este viernes en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
En la iniciativa, que consta de 410 páginas, hay una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión de Juicio Político. Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.
“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.
A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. Así, el primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.
Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
De esta manera, entre los citados a declarar como testigos también se encuentran:
El radical también cuestionó al Gobierno por la situación de sequía que afecta a varias provincias: “Prefiere mirar para el costado”, y disparó: “Festejan no tener 100% de inflación. Son el peor Gobierno de la historia”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que hicieron los diputados del FdT y planteó que “la estrategia del Gobierno es difamar y embarrar”, porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”. También cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas ante la situación de sequía que afecta a varias provincias.
Consultado respecto a la posibilidad que tiene el oficialismo de reunir los números suficientes para aprobar el proyecto, Buryaile aclaró: “Nunca, bajo ningún termino van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”, y lanzó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.
En la misma línea, en su cuenta personal de Twitter el legislador formoseño hizo referencia al duro informe de Human Rights Watch sobre la situación política, social y económica de Argentina: “Embestida a la independencia del Poder Judicial, demoras en la designación de jueces y Procurador, economía deteriorada, corrupción, connivencia con dictaduras, violencia institucional. No sólo lo dice la oposición, ya lo advierte el mundo”, fustigó. Además, afirmó: “Se está socavando el Estado de Derecho”.
Por otro lado, preguntaron por la situación de sequía y las temperaturas extremas que azotan a varias provincias y apuntó contra el Gobierno: “Este Gobierno tiene miedo de hablar de la sequía, prefiere mirar para el costado antes de hablar de retenciones. No solucionan los problemas”.
Al conocerse el índice de inflación de diciembre, el ex ministro de Agroindustria cuestionó que “la inflación al 94,8%, evidencia que con este rumbo e incertidumbre no es la forma de resolver los problemas económicos”. Y agregó: “Así se ve afectada la producción, la inversión, el empleo y el deterioro de los ingresos de los argentinos, generando más pobreza y exclusión”.
Finalmente, remató: “Festejan no tener 100% de inflación. Son el peor Gobierno de la historia en economía, salud, Relaciones Exteriores, transparencia, honestidad, educación, institucionalidad”, y concluyó: “Son lo peor que nos pasó en los últimos 40 años de democracia. Por respeto a la sociedad pidan perdón”.
El titular de la Coalición Cívica en Diputados advirtió que “no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder” respecto al temario enviado por el Ejecutivo para tratar en extraordinarias.
El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, reconoció que “el Congreso va a estar trabado por un tiempo”, y afirmó que “cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción”.
“Va a estar trabado por un tiempo el Congreso. Espero que se destrabe. Ojalá el Congreso pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
En declaraciones radiales, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que “cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos”. De todos modos, el abogado aclaró que “no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder”.
“Hay que acostumbrarse a que va a haber gobiernos con parlamentos repartidos. Estábamos acostumbrados a que había oficialismos con mayoría en dos cámaras”, añadió.
Al referirse al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, López indicó que “se da en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial”, y consideró que “los números en el Congreso no están para destituir, pero sí para desgastar, para desprestigiar”.
“Nos parece una iniciativa peligrosa, que desgasta mucho a las instituciones y a la política, que va a estar discutiendo un problema del poder y no los problemas de la sociedad”, manifestó el dirigente opositor.
En otro tramo de la nota sostuvo que los chats entre funcionarios judiciales y dirigentes del Pro “fueron la excusa” para impulsar el pedido de juicio político. “Si hay que dar ese debate, habría que haberlo dado en otro clima, no en medio de un fallo que no le gusta al oficialismo”, planteó López en alusión a la decisión del máximo tribunal sobre los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires.
Al ser consultado sobre la actual conformación del máximo tribunal, López consideró que “es una Corte independiente”, aunque definió al juez Ricardo Lorenzetti como “un equilibrista del poder”. En tanto, manifestó que los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz “se han sabido separar de la política partidaria”.
La iniciativa impulsada por el presidente de la Nación fue finalmente suscripta por quince miembros del bloque que conduce Germán Martínez.
Ingresó finalmente por la Cámara de Diputados este jueves por la noche el proyecto de resolución por el cual se solicita el juicio político de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Tal cual había sido confirmado por legisladores del oficialismo, fueron diputados nacionales y no el presidente de la Nación los que le pusieron la firma al texto, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
Así es que este viernes el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos confirmó la noticia a través de las redes sociales. Allí señalaron: “En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
El texto es muy extenso: tiene 410 fojas y replica los argumentos anunciados por el presidente de la Nación. De hecho, refiere al documento suscripto por Alberto Fernández y once gobernadores. Señala en ese sentido en principio el inicio del proceso institucional de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Asimismo, el texto solicita “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
A la hora de describir los “hechos de mal desempeño” de los integrantes de la Corte, señala que “en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que serán objeto de esta presentación”.
A continuación señala: “Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”.
“Dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional”, expresa la denuncia.
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.
Los diputados hablan del “grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Respecto del ministro Horacio Rosatti, el texto acusatorio señala: “Las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal. Según se desprende de las piezas documentales que se acompañan, el doctor ROSATTI ha vertido expresiones que –en caso que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación”.
En efecto, agrega, “tal como lo han documentado distintos medios periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal”.
“Formuló sus expresiones en términos tales que cualquier observador imparcial puede interpretar que, en realidad, pretendió dirigir una advertencia a los otros Poderes gubernamentales. Al respecto, véase el artículo del periodista especializado en temas judiciales Hernán Cappiello, publicado en La Nación del 30 de setiembre de 2022, bajo el título: ‘Horacio Rosatti le envió una clara advertencia al Gobierno por las reformas Judiciales. El presidente de la Corte Suprema dijo que solo funcionarán los cambios que tengan el consenso y participación del Poder Judicial; recordó los fracasos en las transformaciones intentadas en los últimos tres años’.
En el transcurso de su exposición, agrega el texto, el doctor Rosatti sostuvo que “la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Para los diputados denunciantes, la competencia en lo atinente a la organización del Poder Judicial de la Nación es del Congreso de la Nación, al que le incumbe sancionar las leyes orgánicas referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los Tribunales inferiores. Ello, sin perjuicio de la iniciativa que en tal sentido puede ejercer el Poder Ejecutivo Nacional al proponer proyectos de leyes sobre esta materia para su consideración parlamentaria; y de la competencia del Consejo de la Magistratura para dictar reglamentos de organización judicial (arts. 75, 99, 100 inc. 8, 114 inc. 6, y concordantes de la Constitución Nacional).
“De allí que una expresión como la arriba mencionada, emanada del presidente de la Corte Suprema, no puede ser interpretada de otra manera que como una amenaza y un condicionamiento a los otros poderes gubernamentales”, puntualizan. Y agregan: “Conlleva el mensaje de que el Poder Ejecutivo al ejercer la iniciativa de proponer normas sobre la materia, y el Legislativo al sancionar la legislación organizativa del Poder Judicial de la Nación, deben necesariamente recabar el previo visto bueno de la Corte. No existe, en el diseño orgánico de nuestra Ley Fundamental, norma alguna que establezca tal prerrogativa en favor del máximo Tribunal de la Justicia Nacional”.
“El Poder Judicial cuenta con la potestad jurisdiccional de analizar la constitucionalidad de las leyes, y la de pronunciarse al respecto, cuando ellas sean cuestionadas en el marco de un caso judicial concreto a requerimiento de una parte interesada. Pero la pretensión de actuar como una suerte de órgano colegislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República. Y, como se verá, la ‘advertencia formulada’ se ha materializado en decisiones del máximo tribunal del país que ha extralimitado sus funciones constitucionales de modo inadmisible”, precisa el proyecto de resolución, que recuerda que el judicial es “un poder cuyos integrantes no son elegidos de modo directo por la voluntad del pueblo de la Nación; sino de una manera indirecta, a través de un procedimiento complejo en el que intervienen los otros Podres del Gobierno Federal. Y que, históricamente, la Corte ha predicado que la actuación del Poder Judicial debe ser muy prudente y cuidadosa a la hora de examinar jurisdiccionalmente lo actuado por los otros poderes. Ello, obviamente, a fin de no interferir con las atribuciones constitucionales de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.
Más adelante hablan de “la vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, refiriendo a las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta). “En los últimos días distintos medios de prensa han publicado comunicaciones vía chat del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Específicamente, entre esos chats se encuentran los que mantuvo con Silvio Robles, director general de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años”, se indica en el proyecto.
En este punto, agregan, “cabe formular una importante aclaración. Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están conociendo públicamente no pueden ser obviados”.
Para los denunciantes, “existe vasta jurisprudencia y doctrina respecto de la utilización de la información que llega a conocimiento de las autoridades públicas y los límites de su utilización, sin perjuicio de su origen. Nuestro país registra un penoso antecedente reciente. La denominada causa por la suscripción del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, que había sido archivada por inexistencia de delito en dos oportunidades, fue reabierta y desarchivada por la justicia federal argentina, con la incorporación de un audio de origen ilegal de una conversación telefónica entre el ex presidente de la AMIA, Julio Schlosser y el excanciller argentino, Héctor Timerman. Eso ocurrió en una causa penal, donde se privó de la libertad a personas, y le costó la vida al propio ex canciller que fue obligado a interrumpir un tratamiento de salud. La prueba que motivó la reapertura del caso, un audio de una conversación telefónica que los dos participantes de la misma negaron haber grabado, por tanto ilegal, fue validada por el juez federal de primera instancia, Claudio Bonadio, ratificada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Martin Irurzun y Horacio Cattani, y finalmente convalidada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinski y Gustavo Hornos. Semejante esfuerzo, mereció incluso la felicitación pública del entonces presidente Macri, que celebró el ‘coraje’ de los jueces”.
Los diputados aclaran que “no se trata de una causa judicial, ni de la determinación de responsabilidades penales, sino de aportar como prueba de esta denuncia y pedido de juicio político, hechos escandalosos, irregulares e ilegales, por parte de integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país de cuyo conocimiento nadie puede hacerse el distraído, y sobre el cual deberán recabarse otras evidencias”.
Agregan que “entre el funcionario de mayor confianza del ministro Rosatti y el ministro de CABA existe una íntima vinculación, una íntima amistad que data desde hace muchos años, conforme se lo ha explicado en distintos medios de comunicación. Sin embargo, no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existe una espuria convivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”.
Para los diputados del FdT, “la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.
En este caso –continúan-, “es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual, como se desarrollará en el punto siguiente, asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la
Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación. Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a este gobierno, específicamente junto a D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como se señaló previamente”.
Refiriendo a los chats obtenidos de manera irregular, para los diputados eso hace constar que entre Robles y D’Alessandro “existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente. Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”.
Más adelante habla el pedido de juicio político de “El asalto al Consejo de la Magistratura”. Consideran los diputados que “el Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por uno de los miembros que lo firmó, como se señaló anteriormente. Ello ha constituido un claro exceso en el ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas constitucionalmente al Máximo Tribunal, ya que puso en crisis los principios más elementales del derecho, avanzando indebidamente sobre otro poder del Estado, al exigirle al Congreso de la Nación la sanción de una norma en un plazo dispuesto de manera absolutamente arbitraria. Nótese sobre este punto que la Corte tuvo a su conocimiento dicha causa durante más de seis años; sin embargo, al momento de resolver sobre la constitucionalidad de una ley dictada dieciséis años antes, la Corte le exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno”.
También advierten que dicho fallo se dictó apenas diez días después de que el Poder Ejecutivo Nacional remitiese un proyecto de ley al Congreso de la Nación sobre la integración del Consejo de la Magistratura, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.
“Sin embargo, ello no fue todo, ya que los arbitrarios avances de la Corte no cesaron, sino que se profundizaron una vez que el ministro Rosatti asumió como presidente del Consejo de la Magistratura”.
También refieren al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación. Señalan los diputados que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020.
“Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente.
Asimismo, tal decisión trae consigo, inevitablemente, la modificación de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 dado que al exigir que sea de cumplimiento inmediato, se tendrán que reformar las partidas presupuestarias. El Alto Tribunal ha desconocido arbitrariamente este extremo al dictar la sentencia en cuestión”.
El extenso pedido de juicio político incluye una referencia a “incumplimientos y desmanejos relevados por la Comisión de Auditoría de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”. También se aluden a declaraciones de los miembros de la Corte Suprema, el 2×1 habilitado en su momento por crímenes de lesa humanidad y otros diversos fallos objetados por los denunciantes.
Cuatro iniciativas de peso fueron incluidas por el Ejecutivo en el temario de sesiones previstas para este verano. Con el juicio a la Corte como dato previsto y destacado.
Se sabía que la máxima atención oficial está puesta este verano en la cuestión judicial. Estaba previsto que el juicio contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia figuraría a la cabeza de las prioridades del oficialismo cuando se convocara a extraordinarias.
Y así fue. En la lista a publicarse en el Boletín Oficial figuró en el puesto 24°, de esta manera: “Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Fuera de ese tema, el resto llamó poderosamente la atención. Porque el Ejecutivo incluyó el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Esto es, la designación del juez Daniel Rafecas, anunciada por el presidente Alberto Fernández en los albores de esta gestión, mas sin que nunca se iniciara el tratamiento de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El otro tema fue el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado el 7 de abril del año pasado, por 37 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
En Diputados el proyecto fue defendido por el ministro de Justicia, Martín Soria, pero nunca obtuvo dictamen.
Otro tema que fue aprobado en el Senado, mas su tratamiento no avanzó en Diputados es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
Se aprobó el 22 de septiembre del año pasado por 36 votos a favor contra 33 negativos. El proyecto eleva de 5 a 15 el número de integrantes del Máximo Tribunal, con paridad de género.
No son las únicas leyes de corte judicial incluidas dentro del amplio temario de extraordinarias, pero sin duda son los proyectos más controvertidos en esa materia.
Así lo confirmó este jueves la portavoz presidencial en conferencia de prensa. Uno por uno los proyectos.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó este jueves en su tradicional conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario de 27 proyectos que incluye juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ampliación del Tribunal Superior y Consejo de la Magistratura.
Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.
A continuación, procedió a leer uno por uno los proyectos:
Así lo expresaron el presidente y vice del bloque UCR en Diputados tras el comunicado que emitió el Frente de Todos respecto al tratamiento del juicio político contra la Corte.
Los diputados nacionales Mario Negri y Karina Banfi, presidente y vice del bloque UCR en la Cámara baja respectivamente, cuestionaron el comunicado que emitió este miércoles el Frente de Todos respecto al tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte Suprema en el que resaltaron que lo harán “en el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión”.
A través de su cuenta de Twitter, Negri apuntó: “La Constitución Nacional no es una verdad relativa. Los fallos de la Corte deben cumplirse”, y cuestionó que “en medio de la crisis social y económica el FdT solo tiene como programa llevarse puesta a la República, garantizar la impunidad de CFK y naturalizar la anarquía por encima de la ley”.
“El oficialismo está solo en el juicio a la Corte. Buscan deslegitimar las instituciones de la República, pero desde la oposición tenemos el compromiso de defenderlas. El presidente no puede seguir atentando contra la Justicia y la división de poderes”, aclaró Banfi y adelantó: “¡No lo vamos a permitir!”.
En otro mensaje, sumó: “El oficialismo no consigue acuerdo en SUS propios legisladores y dilata el debate. La oposición está lista siempre, PERO solicita que se cierre el delirante pedido de juicio político a la Corte o que el quórum lo consigan ellos. Una forma de proteger la Constitución”.
Eso expresó el diputado radical Ricardo Buryaile en relación al pedido de juicio político impulsado por el Poder Ejecutivo contra los miembros de la Corte y alertó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que, en principio iba a presentar el presidente, pero que finalmente la presentación la harán los diputados del FdT y recordó que “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”.
En declaraciones por la AM550 el diputado radical planteó que “la estrategia del Gobierno es difamar y embarrar”, porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”.
Consultado respecto a la posibilidad que tiene el oficialismo de reunir los números suficientes para aprobar el proyecto, Buryaile aclaró: “Nunca, bajo ningún termino van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”, y lanzó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.
Por otro lado, le preguntaron por la situación de sequía y las temperaturas extremas que azotan a varias provincias y apuntó contra el Gobierno: “Este Gobierno tiene miedo de hablar de la sequía, prefiere mirar para el costado antes de hablar de retenciones. No solucionan los problemas”.
Así lo explicitaron a través de un comunicado que emitieron, luego de la reunión que mantuvieron los diputados oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político. Además, invitaron a todos los bloques a “dar una discusión intensa”.
Tras conocerse que serán los mismos diputados del FdT y no el presidente quienes presentarán el pedido de juicio político hacia la de la Corte Suprema, los miembros que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja mantuvieron una reunión este miércoles por la mañana y remarcaron que llevarán a cabo un “debate profundo, con argumentos y alejados de toda chicana e interés mezquino”.
A través de un comunicado, desde el oficialismo calificaron como “muy buena” la reunión de trabajo “con asistencia perfecta” en la que “avanzamos en el análisis de los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el presidente de la Nación y gobernadores de provincias”, haciendo alusión al encuentro que mantuvieron el jefe del bloque Germán Martínez y la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, con Alberto Fernández.
También adelantaron que desde la Comisión trabajarán analizando los pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. “Lo haremos en el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión”.
“Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino”, resaltaron y agregaron: “Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”.
Por último, convocaron a todos los bloques que integran la Comisión de Juicio Político a “dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.
El diputado Rodolfo Tailhade reveló detalles de la jugada que planea el oficialismo con vistas al proceso que iniciarán contra la Corte.
Hombre fuerte del kirchnerismo en materia judicial, el diputado Rodolfo Tailhade contó este martes cómo planean manejar el juicio político que iniciarán en los próximos días contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con Radio 10, el diputado camporista anunció que finalmente serán diputados y no el Gobierno nacional los que presentarán el pedido de juicio político. Obviamente no cambiará el tenor del texto, reconoció el propio Tailhade, pero la razón es que, al ser un legislador el autor de la iniciativa, la vigencia parlamentaria del dictamen será por tres años.
He ahí el quid de la cuestión, pues un pedido de juicio suscripto por cualquier otro ciudadano tiene una vigencia de solo un año. Y esa entonces es la intención oficial: que el dictamen que pueda surgir de este debate se convierta en una espada de Damocles que pueda ser utilizada en el futuro, si las mayorías cambian.
Por eso es que Tailhade aclaró que la embestida “no tiene que ver con conseguir los 2/3” de los votos en la Cámara para asegurar el inicio del juicio político.
El objetivo es, dijo Tailhade, “demostrar que la Corte es una mafia, que trabaja en coordinación con la derecha, con el sector económico concentrado, con Clarín”.
Así las cosas, queda claro que cuando terminen el proceso no lo llevarán al recinto, donde tiene la derrota asegurada. Lo dejarán listo para ver si los tiempos cambian.
Eso expresó la principal bancada opositora tras la reunión que mantuvo este martes vía zoom, cuyo eje de debate fue el juicio político que impulsa el Ejecutivo contra la Corte Suprema.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ratificó este martes, en una reunión que mantuvieron vía zoom, que los diputados del espacio irán a la comisión a dar el debate por el juicio político impulsado por el Gobierno contra la Corte Suprema, en el caso de que el Frente de Todos reúna el quórum para habilitar el tratamiento.
Luego del encuentro, emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la “gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho”.
Tal como lo había anticipado una fuente cercana a parlamentario.com “una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad”.
Y adelantaron que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos”.
Además, repudiaron las “las vergonzosas declaraciones hechas ayer por el canciller Santiago Cafiero, con las que respondió a lo expresado por el ex presidente de la Nación Mauricio Macri respecto de la condena al intento de golpe de Estado en Brasil; y por el ataque contra el ex presidente y contra el gobierno de Cambiemos”.
“Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten”, sumaron y concluyeron con un mensaje de campaña: “Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023”.
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni.
Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López.
Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
Por otro lado, la senadora cordobesa advirtió que “más del 40%” de los chicos de su provincia “abandonan la escuela secundaria” porque “terminan la primaria sin saber leer”.
La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) alertó que en su provincia más del 40% de los chicos “abandonan la secundaria” y terminan el primario “sin saber leer”. Por otro lado, apuntó contra el presidente y la vicepresidenta porque “no hay otra agenda para ellos que no se la de impunidad”.
En diálogo por Radio de La Villa, la legisladora contó: “Más de la mitad de los chicos de Córdoba están viviendo en condiciones de pobreza que más del 40% de los chicos de córdoba abandonan la escuela secundaria. Los chicos terminan una primaria sin saber leer, lo veo en todos los barrios. Eso los lleva a que la secundaria sea algo imposible para ellos y los expulsa, pero los expulsa el no haberle dado las herramientas”.
“No hay un problema en nuestra población, nuestros chicos pueden aprender a leer, lo que pasa es que ese objetivo se ha perdido en la escuela primaria. No es el objetivo ni de los directores, ni de los maestros enseñar a leer esas habilidades mínimas”, criticó.
En ese sentido, remarcó que “la emergencia, es la emergencia educativa. Es la gran emergencia porque lo único que nos puede sacar de la pobreza es eso, que los chicos tengan las herramientas dignas para sobrevivir, para alcanzar y desplegar lo que quieren”.
Por otro lado, consultada por las prioridades del 2023 y el juicio político a la Corte Suprema, la senadora del Pro lanzó: “Sin duda que el presidente está en una sintonía que solo sintoniza con la vicepresidenta. Para ellos no hay otra agenda que no se la impunidad”.
“Lo lamento por ellos, pero ella ya ha sido condenada. Nosotros tenemos esa tranquilidad que cuando alguien afana y hay pruebas, se lo condena. Nosotros necesitábamos como argentinos darnos cuenta que eso es así. Nosotros no queremos vivir sin reglas, queremos vivir con reglas. hay que hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos”, planteó y cerró: “La vicepresidenta debe aceptar que la justicia en argentina debe funcionar”.
Lo hizo en el marco de una reunión por Zoom de la que tomaron parte los 14 integrantes de dicho cuerpo legislativo. No quieren delegarle todo el protagonismo al oficialismo.
Había dudas en Juntos por el Cambio respecto de la decisión a adoptar con relación a la inminente convocatoria a debatir en comisión los pedidos de juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema, pero finalmente prevaleció la postura mayoritaria de asistir a las reuniones.
Así se decidió en las últimas horas en el marco de una reunión por Zoom de la que tomaron parte los 14 integrantes de Juntos por el Cambio que forman parte de la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard. En ese encuentro celebrado el domingo por la noche evaluaron las diversas alternativas y terminaron decidiendo participar, cuando las reuniones sean convocadas.
Porque la realidad es esa: “Todavía no hay nada formal, solo contamos con el comunicado oficial del presidente pidiéndole a los diputados del Frente de Todos que avancen con el juicio político… Pero formal no hay nada”, observó ante parlamentario.com un miembro de esa comisión, que de todas formas aclaró que dan por descontado que el oficialismo “va a convocar” a la comisión en los próximos días.
“Si no vamos, estamos regalando micrófono al oficialismo”, resumió la fuente consultada respecto de la decisión adoptada por los miembros de la principal oposición, reconociendo que no hay razones formales para objetar esa convocatoria.
Eso sí, sostendrán allí que esos temas “no son la agenda de la Argentina, sino parte de esa obsesión que tiene el kirchnerismo con la justicia. Es un avance más del kirchnerismo sobre las instituciones”.
Desde Juntos por el Cambio insisten en considerar “insólita” la movida oficial, por cuanto “no tienen el número, y lo saben. Están haciéndolo para instalar el tema, generar dudas sobre el Poder Judicial y dar la sensación de que esta es una Corte amañada y que en ese sentido van los fallos que involucran a la vicepresidenta”.
Obviamente está decidido que la oposición no dará quórum en las reuniones de la Comisión de Juicio Político, aunque obviamente el oficialismo tiene número para eso, con sus 16 integrantes.
Eso sí: está decidido también que la oposición buscará llevar al debate los pedidos de juicio político que Juntos por el Cambio presentó en estos tres años contra el presidente de la Nación y sus funcionarios. “Son casi una veintena”, precisó a este medio un diputado de JxC que integra esa comisión. Lo harán porque así lo habilita el artículo 109 del reglamento de la Cámara, que establece que “a pedido de por lo menos tres diputados integrantes de una comisión, deberán incorporarse al temario a considerar por la misma los asuntos entrados que ellos indiquen”.
La Comisión de Juicio Político tiene reglamento propio, que habrá que aceitar en cuanto se ponga en marcha. Porque la realidad es que hace como mínimo entre 8 y 9 años que esa comisión no funciona.
“No lo hizo en los 4 años de Macri, ni tampoco en los 3 que lleva esta gestión, y hay que remontarse mucho más atrás para ver cuándo se reunió, más allá de las veces en que se constituye.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá este martes y este tema será uno de los que concitarán la mayor atención. Se espera que tras ese encuentro se emita un comunicado en el que se enfatice que “la agenda de la Argentina es otra”, y no la judicial.
Así lo afirmó la diputada Vanesa Siley y planteó que “hay que estar preparados para fortalecer las instituciones, y para eso nada mejor que se presente el juicio político a la Corte”. También se refirió a los sucesos en Brasil y lo comparó con Argentina.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) adelantó que otro fundamento que plantearan para impulsar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema es el “no funcionamiento” del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, comparó el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil con Argentina y alertó: “Hay que estar preparados para fortalecer las instituciones y la democracia”.
La integrante del Consejo de la Magistratura y miembro de la Comisión de Juicio Político, coincidió con las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno al intento de golpe de Estado en Brasil y sostuvo que “no por casualidad es el mismo método que emplearon hace un año atrás los seguidores de (Donald) Trump en el Capitolio unificando criterios para atacar al Estado”.
“En Brasil lo que se da es sobre los tres poderes del Estado porque van contra Lula, atacan el Congreso y el Tribunal Superior. Esta es la insatisfacción democrática de la que también hablaba y habló tantas veces Cristina que después termina generando que el pueblo no crea en esas instituciones incluso actuando en contra de sus propios intereses”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.
En esa línea, expresó: “Me parece algo para preocuparnos, América Latina y todo el mundo también. Lo que sucedió en Brasil, el ataque a las instituciones del Estado y un intento de imponerse por fuera de la democracia me parece gravísimo. Hay que moverse rápido y apoyar a Lula, a Brasil. Creo que acá tiene que generarse nuevamente la unidad latinoamericana”.
“Tenemos que estar preparados y fortalecer las instituciones porque desde el SXIX hasta esta parte, los hechos suceden casi todos al mismo tiempo. Para eso, cuando se presente el pedido de juicio político, creo que es un comienzo que va a ir de la mano del fortalecimiento de la democracia y hacer partícipe al pueblo de las grandes decisiones”, manifestó Siley.
Al ser consultada sobre lo que ocurrió en el país vecino con la actualidad política de Argentina, la diputada oficialista comparó: “La diferencia entre Brasil y Argentina es que el tribunal superior ya resolvió el apartamiento del titular del ejecutivo en Brasilia, eso me parece un dato distintivo. Ese me parece el comportamiento orquestado antidemocrático encuentra una respuesta de los tres poderes del Estado en su conjunto que acá no está pasando. Acá está pasando lo contrario por la connivencia entre JxC y la Corte Suprema, más específico entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro”.
“(Horacio) Rosatti quiere infligir todo tipo de regla para colocarse él a la cabecera”, aseveró la legisladora y disparó que “el partido político” del presidente del máximo tribunal “es el Pro y la UCR”, y afirmó que “se están cargando a la Constitución y a la democracia, y eso es lo grave. Es grave para toda la Argentina y para toda la población”.
Y aclaró: “No es grave para Cristina, para los kirchneristas, el peronismo, es grave para todos”, y propuso: “A la democracia hay que defenderla con todo, no podemos defenderla a medias”.
Por último, le preguntaron por la recusación que presentó la titular del Senado hacia la jueza Capuchetti que lleva a cargo la investigación por el intento de magnicidio.
“No espero nada de la jueza Capuchetti. ¿Qué debería hacer? es recursarse, aceptarla, pero no lo va a hacer. ¿Cómo se corrige el funcionamiento de los magistrados? Con un Consejo de la Magistratura funcionado, pero el Consejo de la Magistratura no está funcionando y ese es otro motivo por el cual le vamos a plantear el juicio político a los miembros de la Corte”, concluyó.
Habló del juicio político contra los integrantes del Tribunal y señaló que “los elementos que están fundando el juicio político son los dos fallos que a nuestro criterio son los fundamentos del mal desempeño contra los integrantes de la Corte”.
El presidente del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, habló este sábado en CNN Radio sobre el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema y argumentó que “es una solicitud justa y razonable por cómo se manejaron con los fallos sobre el Consejo de la Magistratura y los fondos de Coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires”.
“Nos tenemos que remontar al 2004 para encontrar un momento parecido al que se está viviendo ahora”, explicó el legislador oficialista en diálogo con el programa Digamos Todo, y celebró el acompañamiento de un grupo de gobernadores peronistas.
Según Martínez, “un pilar del pedido de juicio político tiene que ver con el desquicio que la Corte realizó en el Consejo de la Magistratura con decisiones equivocadas y después por otro lado la transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires”.
“Nosotros trabajamos para que el juicio pueda tener tratamiento en comisión y que también pueda ser aprobado en el recinto”, agregó el jefe del bloque oficialista.
Además, el diputado indicó que “es importante en el pedido de juicio político el tema de los chats porque en esos diálogos entre ministros de la Ciudad de Buenos Aires y la mano derecha de Horacio Rosatti en la Corte Suprema se habla de que tiene que hacer y decir el Pro. Es un condimento importante”.
“Espero que D’Alessandro no termine como Pepín Rodríguez Simón“, lanzó el legislador del FdT.
“Los elementos que están fundando el juicio político son los dos fallos que a nuestro criterio son los fundamentos del mal desempeño contra los integrantes de la Corte”, reiteró.
Por otra parte, Martínez se mostró a favor de convocar al Congreso a los señalados durante el proceso de juicio político: “El presidente nos pidió que seamos serios desde el punto de vista institucional y no voy a entrar en ninguna chicana. Vamos a invitar a todos los que tengamos que invitar”.
El jefe del bloque radical de la Cámara baja dijo que el Gobierno “va por un tobogán” y “propone que las instituciones no funcionen”.
“El kirchnerismo tiene la idea de que la Argentina puede vivir en un estado de anarquía, casi con un Gobierno sin ley, que pueda alzarse contra las decisiones de la Justicia y desobedecer sus fallos. Inventan teorías que van totalmente en contra de lo que la propia Constitución dice, porque le declararon la guerra a la Constitución”, señaló este sábado el diputado nacional Mario Negri.
En declaraciones a Radio Mitre, afirmó que “el oficialismo ya puso los ejes centrales de la campaña de este año, que va a ser convertir todo en un chiquero y que la discusión sea en el barro en lugar de discutir cómo salir de la crisis y proponer un mejor futuro”.
“Proponen un juego donde las instituciones no puedan funcionar. Ya lo hicieron con el Consejo de la Magistratura, y ahora montarán un espectáculo en la Comisión de Juicio Político de Diputados, porque saben que no tienen los votos para llevarlo adelante. De todas maneras deberán entender que también hay otros pedidos de juicio político contra el presidente y la vicepresidenta por mal desempeño que también podrían ser analizados. Da la impresión de que la idea del kirchnerismo es trabar cualquier posibilidad de que las instituciones funcionen”, dijo.
Negri también afirmó que “el Gobierno va por un tobogán, y acelera cuando el presidente se muestra en todo su esplendor como un presidente líquido, que no está afirmado en ningún principio de autoridad, porque devaluó su palabra, porque miente todos los días, y así acelera la degradación. La obsesión del kirchnerismo para que la Justicia sea parte una herramienta que puedan manejar ellos es perseverante y obstinada. ¿Si el Gobierno y el poder le pierden el miedo a la ley y creen que es algo que se puede violar naturalmente, qué se le puede pedir al resto de la sociedad después?”
Y recordó que “incluso el ministro de Justicia, Martín Soria, llegó a plantear que podrían modificar la Ley del Consejo de la Magistratura por DNU, algo gravísimo que se asemeja al chavismo, con la diferencia que hoy el Gobierno está en un estado de debilidad diferente al que tenía el chavismo cuando impulsaba situaciones similares”.
Por último, Negri señaló que “en cualquier país del mundo una condena de la vicepresidenta por parte de la Justicia, aunque aún hay instancias de apelación, sería gravísimo. Y en marzo se van a conocer los fundamentos de la condena. Pero para ellos queda en la nada y buscan mezclar a todos en un chiquero, en una constante intención de igualar para abajo, tapando la compleja situación económica y social que cada día se acelera más. La crisis es profunda y está dejando a la Argentina aislada del mundo”.
A través de una declaración, la institución remarcó que el pedido de juicio político “no está fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican”, y lo calificaron como un “nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial”.
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) emitió una declaración exhortando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a los gobernadores a desistir con el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema al considerarlo como un “nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial”.
En el documento, recuerdan que “sobre fines del mes diciembre de 2022 nos referimos a la grave crisis institucional que aparejaba la anunciada decisión del presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y su impacto negativo en la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.
“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la CSJN”, expresaron.
En esa línea, haciendo hincapié en lo que han explicitado distinguidos juristas y entidades que los agrupan, señalaron que “los argumentos en que se basa dicho pedido no se encuentran encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional”, sino que se fundamentan “en el contenido de sentencias emitidas por la CSJN, respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden a la CSJN en ejercicio de su jurisdicción originaria o como tribunal de última instancia del Poder Judicial”.
“Tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por el contenido de dichas sentencias, por el solo hecho de no compartir la forma en que se han resuelto, configuran un gravísimo ataque a las instituciones de la República”, denunciaron desde el Foro.
En ese contexto, exhortaron al presidente de la Nación y a los Gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que “desistan de su actitud” y, en su defecto, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que “rechace dicho pedido por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.
El diputado del Pro consideró que la presentación que hizo el Gobierno “es una desmesura”. A su vez, adelantó que el interbloque va a rechazar en la Comisión de Juicio Político el proyecto.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Ciudad de Buenos Aires) consideró que el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema que impulsa el Poder Ejecutivo es “una desmesura”, así como también afirmó que “quiebra las reglas de convivencia entre los tres poderes del Estado”.
El integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja denunció que “parte de las imputaciones que el presidente (Alberto Fernández) hace a los jueces están fundadas en pruebas obtenidas ilegalmente”.
En declaraciones radiales, el dirigente del Pro aseguró que “este pedido de juicio político es una desmesura y es algo que quiebra las reglas de convivencia entre los tres poderes del Estado”.
Al ser consultado sobre qué actitud tomará el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Tonelli subrayó: “No vamos a prestarnos a ningún acuerdo que no respete la Constitución, por eso en la Comisión de Juicio Político vamos a rechazar el pedido que promueve el Ejecutivo y lo mismo haremos en el pleno si avanza”.
“Hay que respetar la independencia de la Justicia, hay que cumplir con las decisiones de los Tribunales”, señaló el diputado opositor, en alusión al fallo de la Corte Suprema favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda por fondos coparticipables.
Finalmente, el abogado advirtió que ante este enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo tribunal los inversores “salen espantados”. “Genera un daño muy grande a la Argentina”, concluyó.
Eso expresó el diputado riojano respecto al tratamiento del juicio político contra la Corte Suprema. Además, manifestó que el fallo por los fondos coparticipables en favor de la Ciudad “perjudica a las 23 jurisdicciones del país”.
El diputado nacional Ricardo Herrera (Frente de Todos – La Rioja) defendió la postura de su gobernador, Ricardo Quintela, respecto al apoyo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema porque el fallo por los fondos coparticipables en favor de la Ciudad “perjudica a las 23 jurisdicciones del país”. Sin embargo, reconoció que “va a ser muy difícil para nosotros conseguir el quórum en el recinto”.
En diálogo por la AM870, manifestó: “Vemos con mucha preocupación las políticas que se generan entre los poderes del estado. Son situaciones no deseables. Hay una fuerte disputa entre los poderes del Estado está llevando a una anomia institucional”.
“Hay cierta preocupación entre los diputados nacionales, el gobernador de La Rioja, y muchos dirigentes de la provincia que sienten lo mismo ante una situación generada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores que, está en cierta medida, permeando hacia el interior del país”, expresó el oficialista.
En esa línea, cuestionó: “Se están tomando decisiones o resoluciones usando las instituciones y perjudicando enormemente a las 23 jurisdicciones del país. El fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia no le hace nada bien a las 23 jurisdicciones”.
“Yo entiendo, comparto y me pongo del lado de los gobernadores del norte argentino, que han sido los que levantaron la voz respecto del fallo, por sobre todo el gobernador de Santiago del Estero y de La Rioja porque sienten que afecta a los intereses de las jurisdicciones provinciales, saben lo que significa distraer dinero para la Ciudad Autónoma en detrimento de las provincias”, respaldó Herrera.
Y siguió: “Nosotros sabemos lo que es tener la coparticipación por lo que hemos luchado para consolidar este punto en el Presupuesto nacional, de lo contrario, estaríamos lejos de pagar sueldos, de hacer obras de envergadura”.
“Seguimos muy de cerca el tema porque lo vemos con preocupación, acompañamos a los gobernadores en su lucha que viene dando con el tema de los recursos y con esta embestida contra la Corte Suprema de Justicia, porque entendemos que estamos embanderados en una causa noble que es la causa del federalismo y ahí es donde tiene que encontrar a todos los gobernadores unidos y a quienes tenemos una responsabilidad al frene de nuestras jurisdicciones “, sostuvo Herrera.
Por último, respecto a las sesiones extraordinarias a las que el presidente debe convocar para llevar a cabo el tratamiento del proyecto de juicio político, reconoció que “va a ser muy difícil para nosotros conseguir el quórum para poder dar el debate en diputados porque hemos leído ya las manifestaciones en contra de JxC y de otros partidos que no darán quórum en las sesiones extraordinarias”, pero subrayó: “Trabajaremos para poder tener el quórum en el recinto”.
El diputado oficialista afirmó que “van a aparecer elementos” para sostener la acusación contra los jueces del máximo tribunal y van a demostrarle a la sociedad “que son unos delincuentes que están arreglando fallos con la oposición política”.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos – Buenos Aires) subrayó que lo más importante del proceso de juicio político a la Corte Suprema es “poner en evidencia ante la sociedad” que el máximo tribunal “es una mafia”.
“La decisión del presidente (Alberto Fernández) ha sido muy valiosa la de, por fin, intentar iniciar una investigación contra la Corte, porque los argumentos ya sobraban y después apareció el chat. No se puede esperar un minuto más”, sostuvo el dirigente kirchnerista en declaraciones radiales.
El legislador oficialista remarcó que “en el desarrollo de las pruebas van a aparecer elementos que con claridad van a indicarle a la sociedad que la Corte es una mafia, que son unos delincuentes que están arreglando fallos con la oposición política”.
“Lo más importante del proceso de juicio político es la primera etapa, porque vamos a poner en evidencia ante la sociedad cada una de las irregularidades, delitos, mal desempeño y todo lo que hay de la Corte”, afirmó y agregó: “”Nos preocupa que quede bien visibles quiénes son los jueces de la Corte Suprema. Es absolutamente ilegítimo lo que hizo Rosatti con el Consejo de la Magistratura”.
Y subrayó: “Si tenemos o no los votos, eso se verá, es una segunda etapa, no me interesa eso a mí, porque me quiero focalizar en estos dos o tres meses de tareas profundas y toda la prueba que podamos conseguir”.
También manifestó que en el Frente de Todos están expectantes sobre “qué actitud va a tomar la Coalición Cívica”, e indicó que se verá “si se trata el proyecto que presentaron (los diputados nacionales que responden a Elisa Carrió) para el juicio político a Lorenzetti”.
Asimismo, anticipó que este viernes se presentará ante el juez federal Daniel Rafecas “por la causa que hizo el ridículo de (el licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo) D´Alessandro”.
“Uno por uno voy a detallar los delitos que surgen de las conversaciones filtradas que mantuvo el dirigente del Pro con diferentes funcionarios judiciales y empresarios”, añadió. En ese sentido, Tailhade indicó que “es una moneda al aire” si esos chats serán tenidos en cuenta o no en alguna causa judicial.
A través de un comunicado, el interbloque opositor en la Cámara alta aclaró que “ningún acuerdo será posible en el Congreso, si antes no se respeta la plena vigencia de la Constitución Nacional”.
Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, avanza con el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, los senadores de Juntos por el Cambio calificaron la medida de “infame”, y adelantaron que “ningún acuerdo será posible en el Congreso” si el Ejecutivo no respeta la constitución.
“Sobre los ataques del presidente a la Constitución Nacional”, titularon el comunicado que difundieron este jueves en el que rechazan el infame pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de justicia, suscripto por el presidente de la Nación y 11 gobernadores”.
En ese sentido, denunciaron que “se trata de un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás funcionarios y magistrados”.
“Esta conducta del presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de hecho, continúa sin cumplir y, en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”, señalaron en el documento.
También cuestionaron en el texto las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien deslizó que “el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”.
“En esa misma línea -de dejar sin efecto otros fallos de la CSJN-, el ministro de Justicia ha manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere de una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”, denunciaron.
Por otro lado, se refirieron a la utilización de “supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal” que “distintos funcionarios del oficialismo, encabezados una vez más por el presidente de la Nación pretenden utilizarlos como ciertos y válidos para atacar periodistas y dirigentes de la oposición”, y sumaron: “En este contexto institucional, el flamante jefe de asesores del presidente, ha manifestado públicamente que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación”.
“Ante la gravedad institucional del accionar del presidente y sus funcionarios, los senadores de Juntos por el Cambio reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos”, plantearon.
Sin embargo, adelantaron que “ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN”.
“Ningún acuerdo será posible en el Congreso de la nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”, finalizaron el comunicado.
El Gobierno confirmó este jueves que convocará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de este mes con el objetivo de que se trate el pedido de juicio político a los jueces del máximo tribunal.
“Efectivamente va a ser para la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria [a sesiones extraordinarias]”, precisó la portavoz Gabriela Cerruti.
El diputado radical alertó que el kirchnerismo con el juicio político “busca impunidad”. Por otro lado, habló sobre la filtración de chats entre funcionarios judiciales y miembros de JxC y cuestionó: “Es gravísimo que el gobierno recolecte pruebas a través de medios ilegales”.
El diputado nacional Miguel Nanni (Salta – UCR) opinó sobre el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impulsan el Gobierno nacional junto a gobernadores por “mal desempeño”. Al respecto, lo calificó de “disparate total” para buscar “impunidad”.
Por la FM 91.1 el legislador de JxC sostuvo que el pedido de juicio político “es un disparate total y absoluto, sin precedentes en la historia argentina”, y aseguró que “todo lo que ha hecho el kirchnerismo para buscar impunidad ha sido de una gravedad institucional extrema”.
El diputado remarcó que la justicia “es el contrapeso institucional al Ejecutivo”. “Esto no lo entiende el presidente, no entiende la división de poderes. La Argentina en la esfera federal ha dejado de ser un feudo”, afirmó y ratificó el rechazo a la iniciativa.
Consultado sobre los chats publicados que evidencian una presunta connivencia entre el poder judicial y Cambiemos, se limitó a decir: “Es gravísimo que el gobierno recolecte pruebas a través de medios ilegales”.
“Por un fallo que no te guste, vos no podes pedir el juicio político. Un juez, cuando se equivoca, porque se puede equivocar, no amerita una inconducta política que amerite un juicio político”, observó.
Por otro lado, el radical se refirió a la presencia de Juntos por el Cambio en Salta de cara a las próximas elecciones y aseguró que “hay un ánimo de cambio muy grande en la sociedad salteña”.
“Desde 1983 hasta ahora no veo una construcción de la oposición más sólida en términos competitivos”, manifestó y destacó el desempeño de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones: “El radicalismo es la oposición y va a jugar su estrategia electoral en Juntos por el Cambio. El que quiera quedarse, es bienvenido. El que quiera irse, no es retenido”.
Por último, Nanni reiteró su candidatura a gobernador por Juntos por el Cambio: “Siento que este es nuestro momento y espero que los otros partidos me respalden”, y adelantó que buscarán unificar en “una sola candidatura unipersonal bien competitiva”.
Fue tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Nación. Por otro lado, opinó sobre la decisión de JxC de no presentarse a las reuniones de la Comisión de Juicio político: “Creo que negarse a poder dar un debate a fondo, no sé si va a ser positivo para la propia oposición”.
El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, el santafecino Germán Martínez, adelantó que el presidente convocaría en el mes de enero a sesiones extraordinarias para incluir en el temario el proyecto de pedido de juicio político contra la Corte, al cual consideró que es “para mejorar la calidad institucional del país”.
Luego de que Alberto Fernández le hiciera entrega a él y su par Carolina Gaillard -titular de la Comisión de Juicio Político- del proyecto que impulsa junto a gobernadores de pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte, el santafecino dialogó en C5N al respecto.
“Lo primero es reivindicar la decisión política del presidente, tomada por los gobernadores que acompañaron esta solicitud. Me parece que es importante, me parece que ayuda a que podamos dar como sociedad un debate a fondo sobre lo que está pasando en la justicia argentina”, comenzó.
En tanto, remarcó que “hablamos de la justicia, pero hablamos del máximo tribunal y en eso creo que merece toda la rigurosidad, toda la seriedad, toda la tranquilidad y el apego a las cuestiones institucionales que merece un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema”.
Sobre la reunión, contó que el jefe de Estado les “comentó los distintos elementos que integra la solicitud firmada por él y por los gobernadores. Nuestra tarea de darle el trámite parlamentario obviamente a lo decidido”.
Respecto de la ausencia del gobernador de su provincia, Omar Perotti, y el no acompañamiento al documento, Martínez sostuvo: “No es mi tarea como presidente del bloque preguntarle por su decisión. Mi tarea es otra. Tenemos 118 diputados que venimos de distintas procedencias, de distinta línea interna de cada una de las provincias”.
“Yo soy muy respetuoso de los gobernadores, de los que firmaron, de los que no porque el tema de fondo va mucho más allá de eso. Las consecuencias son dos porque acá estamos hablando de dos grandes elementos que justifican el pedido de juicio político”, remarcó el oficialista.
Y explicó: “Por un lado el desquicio que armaron en el Consejo de la Magistratura llevándolo a una parálisis absoluta. Uno dice ‘¿qué tiene que ver el Consejo con mi vida cotidiana?’ En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tener un montón de lugares que no se cubren porque el Consejo de la Magistratura no se reúne”.
En segundo lugar, planteó: “Además de lo del Consejo, el fallo por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires”, y destacó: “Cuando el presidente plantea esto, cuando los gobernadores plantean esto, no están pensando solamente en ellos, en sus propios intereses, están pensando en el conjunto de la institucionalidad de la República Argentina.
“Entiendo que las cuestiones puntuales de los territorios, de cómo se vive en alguna situación, tiene su atractivo, pero me parece que hay que mirar a fondo lo que se está poniendo en debate y espero que, no sólo como Cámara de Diputados, sino también como sociedad podamos estar atentos a un debate que va a ser muy importante y va a ser público”, expresó.
Las fases del juicio político
Martínez, detalló que “el primer momento donde, recordemos que estamos en período de sesiones extraordinarias, cuando estemos en condiciones formales de poder hacer la convocatoria de la Comisión de Juicio Político, allí empieza un primer momento que es tratar de sentar que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas del pedido de juicio político que nosotros impulsamos”.
En ese momento, fue consultado respecto a cuándo sería la convocatoria a extraordinarias: “Alberto nos dijo que está trabajando para convocar a extraordinarias con las áreas de coordinación parlamentaria y que estaban trabajando fuerte para terminar de cerrar los temas vinculados al Senado y en función de eso podamos estar en condiciones ya con sesión extraordinaria la segunda quincena de enero”.
Retomando los pasos del juicio político, siguió: “Después de esa etapa, que uno sustancia la denuncia, viene una etapa importante de pruebas donde uno puede convocar a distintos actores, entre ellos los propios acusados, a que puedan dar su mirada sobre ese tema y uno ahí puede recurrir a distintas miradas como institucionalistas, a expertos, se puede recurrir a una cantidad de elementos que le van a dar, para mí, un debate muy importante”.
“Acá no hay ni una avanzada K contra la justicia ni una avanzada del presidente contra la Corte, no hay nada de todo eso”, aclaró y subrayó: “Están dadas las condiciones objetivas para que tengamos un debate a fondo sobre cómo está funcionando hoy el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema de Justicia, y especialmente su presidente”.
En tanto, manifestó que “como todo trámite parlamentario, va a tener un tiempo de comisión cuyo final es cuando uno dictamina y aprueba en comisión el tratamiento en el recinto”. En ese marco, le dejó un mensaje a la principal coalición opositora: “La oposición política, especialmente JxC, tiene que estar muy atenta porque una cosa es en redes sociales decir determinadas situaciones, pero después hay que ver la importancia institucional que va a tener esto”.
“Creo que negarse de cualquier manera a poder dar un debate a fondo no sé si en algún lugar va a ser positivo para la propia oposición”, opinó Martínez.
A su vez, consideró que “el desarrollo de las actuaciones dentro de la Comisión de Juicio Político puede ir generando la posibilidad de que algunos que quizás no acompañaron, después acompañen. Una cosa son los roles instituciones de cada gobernador, y por otro lado el Congreso tiene su propia dinámica y en eso hay que estar atento a cómo se van posicionando los compañeros. Hay que tener en cuenta la totalidad”.
“Si trabajamos correctamente creo que vamos a ir sumando adhesiones a medida que vamos avanzando, van a ir cuestionando el funcionamiento de la Corte”, expresó el santafecino.
Por último, se refirió a la cantidad de pedido de juicio político que hubo durante el 2022 y comparó: “Una cosa es pedir un juicio político para mejorar la calidad institucional del país, y otra cosa es cuando se utiliza un proyecto como una chicana. Nosotros estamos en otro camino, queremos dar un debate de cómo está funcionando la Corte Suprema de la Nación”.
El jefe de Estado se reunió con el titular del bloque oficialista y con la presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados, para hacerles entrega del proyecto de pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
Mientras se aguarda el ingreso en Mesa de Entrada de la Cámara baja del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema que, se estimaba, enviaría este miércoles, el presidente de la Nación mantuvo una reunión con el titular del bloque Frente de Todos, el santafecino Germán Martínez, y la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gaillard.
El encuentro se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en Olivos, al que Alberto Fernández convocó a Martínez y a Gaillard para hacerles entrega del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa junto a los gobernadores.
A través de un breve comunicado que publicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se supo que el mandatario les solicitó a los diputados que “inicien su pronto tratamiento legislativo”.
Sin embargo, como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.
Según reza la iniciativa, los fundamentos por los que el presidente pide la apertura del procedimiento de juicio político es “en virtud del mal desempeño de los cuatro jueces -su titular Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-”, y porque “la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
El documento fue acompañado por 10 gobernadores, ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El diputado bonaerense insistió en que “estamos ante un intento de juicio político que va a ir al fracaso sin ninguna duda”, y criticó que los fundamentos “son básicamente dos y no son otra cosa que cuestionar los fallos de la Corte”. También opinó sobre la filtración de chats.
Mientras se aguarda el ingreso del proyecto de juicio político contra la Corte enviado por el Poder Ejecutivo, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reiteró que “estamos ante un intento de juicio político que va a ir al fracaso sin ninguna duda”, y criticó que los fundamentos “son básicamente dos y no son otra cosa que cuestionar los fallos de la Corte”. Al respecto, señaló que Alberto Fernández con esta acción “ha lanzado su campaña a la reelección”.
Al ser consultado en diálogo por la AM990 por el proceso del juicio político dentro del Congreso, el bonaerense explicó: “Un proceso de juicio político, según lo indica la Constitución Nacional, se puede aplicar al presidente, al vicepresidente, a los ministros, al jefe de gabinete y a los miembros de la Corte Suprema”.
“Para avanzar en un juicio político deben superarse al menos tres instancias. La primera es que debe constituirse la denominada Comisión de Juicio Político de Diputados, que es un grupo de trabajo conformado por diputados de distintas extracciones políticas. Esa Comisión debería aprobar lo que sería la intención o decisión de llevar adelante una acusación”, siguió.
Y continuó: “Esa acusación tiene que ser tratada o aprobada por la Cámara de Diputados en su conjunto y, de aprobarse con el 66% de los votos -los 2/3-, podría pasar al Senado que es la Cámara juzgadora quien puede sentenciar o absolver al o a los acusados y, en ese caso también, se necesita el 66% de los votos”.
“El FdT tiene mayoría en la Comisión de Diputados, tiene 16 sobre 31 integrantes, es decir que las probabilidades que eventualmente aprueben la decisión de someter la acusación a la Cámara, en su conjunto, es alta”, sostuvo Rodríguez, pero remarcó que “no hay ninguna posibilidad de que el FdT logre los 2/3 de los votos ni en Diputados ni en el Senado, porque tiene en la Cámara baja el 46% de los miembros y tiene por debajo de lo necesario en el Senado, tiene el 49%”.
En ese sentido, disparó: “Estamos ante un intento de juicio político que va a ir al fracaso sin ninguna duda”.
Además, recordó que en agosto de 2022 fue “el único miembro opositor de la Comisión que se opuso de manera tajante al intento de juicio político contra el presidente”. El pedido había sido presentado por JxC con “argumentos muy poco sólidos y demostrando que se intentaba hacer del juicio político un instrumento de posicionamiento político”.
“El juicio político es un recurso extremo, de extrema gravedad”, planteó el diputado y aseguró: “Ahora pienso igual, los fundamentos son básicamente dos, no son otra cosa que cuestionar los fallos de la Corte y, además, prejuzgan en primer sentido de que el Poder Judicial se ha entrometido en la acción o decisiones del Congreso de la Nación, es una opinión del presidente”.
“Lo peor que puede pasar en un sistema de división de poderes es que sea el Ejecutivo quien concluya y, además afirme, que el Congreso ha sido, de algún modo, intervenido o interceptado por el Poder Judicial. No es lo que el Congreso adoptó como posición institucional”, manifestó Rodríguez.
En esa línea, señaló que “la Cámara de Diputados ya ha designado a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura y han jurado en ese sentido. Después tenes la controversia que se da a nivel judicial con la cautelar sobre los fondos a la Ciudad de Buenos Aires es un proceso que está en plena discusión”.
Y cuestionó que “lo escribió el propio presidente la semana pasada que había dado la orden de que se trasfieran los fondos a una cuenta de la Ciudad de Buenos Aires radicada en el Banco de la Nación y que iba a pagar o a hacer un depósito en bonos”, y sumó: “De plantear la semana pasada que iba a hacer una transferencia para depositar bonos en la cuenta de la Ciudad a plantear que por ese mismo motivo pide el juicio político contra la Corte, hay una enorme distancia”.
“El proceso de juicio político va al fracaso y le hace daño al país porque, en un momento en le que objetivamente hay una disminución del ritmo de crisis económica, se dan señales de falta de confianza, de impredecibilidad cuando un presidente quiere voltear entera a toda la Corte”, insistió el titular del interbloque Federal.
En tanto, opinó: “Creo que el presidente lo hace por un motivo, él quiere ser candidato a presidente y con esta acción ha lanzado su campaña a la reelección, tiene derecho a ser candidato porque la constitución lo ampara, pero no tiene derecho a hacer un desastre institucional para lanzar su campaña”.
“Ojalá se pueda encaminar el funcionamiento de las instituciones porque vamos a muchos meses de perdida de tiempo y confrontación sin ningún resultado positivo”, bregó el diputado.
Por otro lado, fue consultado por el pedido de licencia del ministro de Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, y la filtración de chats. “Se tiene que investigar a fondo y con todo rigor y la mayor independencia posible. No hay que hacer de ese hecho un hecho de controversia política como algunos quieren hacerlo”, consideró.
“Existe el riesgo que en medio del juicio político el kirchnerismo pida, porque lo hicieron trascender esta mañana, intervenciones telefónicas para juntar información que le sirva para hacer avanzar el juicio. Eso es grave para mí, porque hacer política con intervenciones telefónicas es casi el extremo indeseado del modo de hacer política en el país”, advirtió.
Desde la gobernación de esa provincia mesopotámica desmintieron la información oficial difundida por Presidencia de la Nación.
Si bien el Gobierno nacional informó a través del comunicado en el que anunció el apoyo de gobernadores al pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, uno de los que allí figuran salió al cruce de esa información.
En rigor, no fue el propio interesado, sino su gobierno, el entrerriano, desde donde aclararon que Gustavo Bordet no había firmado el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Desde la gobernación de esa provincia aclararon que Bordet “no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición”, sugiriendo que tal vez se trató de “un error” de parte de las autoridades nacionales que pusieron el nombre del gobernador en ese comunicado.
Once fueron los gobernadores que se alinearon verdaderamente con el juicio político impulsado por Alberto Fernández. No estuvo entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac, quien se especulaba que sí apoyaría. Y el que no pasó por alto esa actitud es su antecesor, el diputado nacional José Luis Gioja, quien tuiteó que Uñac “nuevamente se dio vuelta como una media”.
Irónico, el diputado sanjuanino dijo que el gobernador “pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy no firmó el pedido de juicio político contra el titula rde la Corte. Todo sea por su nueva candidatura”.
La diputada del Pro cuestionó la iniciativa de Alberto Fernández y también al gobernador de su provincia, Mariano Arcioni, por apoyar la misma. “El Gobierno debería bajar un cambio”, exigió.
La diputada nacional Ana Clara Romero (Pro – Chubut) criticó el proyecto del Ejecutivo para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y adelantó que “no tiene los votos en el Congreso”. Por otro lado, cuestionó al gobernador de su provincia, Mariano Arcioni, por apoyar dicha medida.
“Esto no sólo atenta contra las instituciones, sino que además el Gobierno nacional debería ‘bajar un cambio’ y buscar otra estrategia diferente a la búsqueda de enemigos, como hace con la Corte o el Congreso. En un país con 100 por ciento de inflación y más del 45 por ciento de pobreza, esto no es lo que espera la gente”, dijo la legisladora nacional.
En igual tono, Romero advirtió que la búsqueda para destituir al presidente de la Corte no tiene posibilidades de concretarse, porque “un gobierno que no logra el quórum de 129 diputados para sesionar, menos va a poder reunir los dos tercios de ambas cámaras que se necesitaría para la presunta destitución”.
“Esto es algo para ganar tiempo y una fuga hacia delante, además del daño institucional que provoca al país porque ante cada una de estas acciones, como cuando dijo la semana pasada que no iba a acatar el fallo de la Corte, los indicadores económicos caen y el riesgo País se dispara”, expresó Romero.
Por otro lado, la diputada opositora criticó también al gobernador Arcioni por su apoyo a la iniciativa de Alberto Fernández. Si bien no asistió a la reunión de este martes, el chubutense había estado en el encuentro de la semana pasada y su nombre aparece en el documento oficial de la Presidencia.
“El rol de Arcioni es muy pobre, porque va a poner la cara y vuelve con las manos vacías”, criticó Romero y sumó: “En una provincia que es una de las últimas en recibir recursos de coparticipación (pese a que es de las que más ponen) y los Aportes del Tesoro, o nos liquidan el barril de petróleo a un precio más bajo para subsidiar los combustibles en todo el país, Arcioni es servil al Gobierno nacional y no consigue nada”.
En esa línea, continuó criticando: “Si al menos dijéramos que los dos puntos que le sacan a CABA se van a distribuir entre todas las provincias, podría justificarse. Pero es para que el gobierno nacional los distribuya discrecionalmente, entre provincias como Formosa, Chaco o Buenos Aires”.
También recordó que “proponemos el dólar petrolero y nos apoyan, pero ellos después van y aplauden el dólar sojero, que beneficia a la pampa húmeda”. Para Romero, “estas peleas no son a favor de todos los chubutenses, sino para sostener los intereses personales”.
Así lo adelantaron varios diputados integrantes de Juntos por el Cambio a parlamentario.com
Luego de la reunión que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo con diez gobernadores en Casa Rosada, anunciaron que este miércoles presentarían el proyecto de pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados, por “mal desempeño” y por “violar la Constitución Nacional”, haciendo alusión a los últimos fallos que dictó.
La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Ana Carolina Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz.
Las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro). En esa oportunidad, fijaron como fecha de reuniones los días martes a las 18.30.
Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense).
Por el oficialismo, son miembros Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.
Como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.
Según explicó Carolina Gaillard, “con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación que dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno. Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí, en el pleno de la Cámara, donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga”.
“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.
Si bien el oficialismo cuenta con mayoría simple para avanzar con la apertura del sumario que se necesita para empezar la investigación, la duda recae en la bancada opositora que, si bien ya habían anticipado su rechazo al juicio político, no habían manifestado si participarían o no de las reuniones de Comisión. Según adelantaron a parlamentario.com fuentes consultadas, “la oposición no va a participar de las reuniones de Comisión”.
El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, a través de una columna de opinión publicada en parlamentario.com ya adelantó su rechazo. Incluso en declaraciones radiales, que hizo en los últimos dos días, planteó que “el oficialismo necesita el 66% de la Cámara de Diputados y tiene menos del 46%; y necesita el 66% de la Cámara de Senadores después y tiene menos del 49%”, por lo que precisó que “es posible, pero altísimamente improbable que esto se apruebe”.
El diputado oficialista también se refirió a los chats entre funcionarios de la Ciudad y miembros de la Corte y lo calificó de “bochorno”. En ese sentido, opinó que “los chats aparecen legales o ilegales porque es la guerra interna de JxC”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) se refirió los últimos chats que revelaron vinculaciones entre miembros de la principal bancada opositora y de la Corte Suprema y lo tildó de “bochorno”, al tiempo que opinó que aparecen porque “es la guerra interna de JxC”. Por otro lado, ponderó la presentación del juicio político impulsado por el presiente de la Nación contra el máximo tribunal.
En diálogo con Futurock FM, el diputado del Frente de Todos chicaneó: “Hasta en diciembre aparecen diálogos increíbles”, y sostuvo: “Lo más fuerte es el diálogo entre Rodríguez Larreta y Rosatti para burlar la Constitución, violar las normas del Consejo de la Magistratura y la Coparticipación”.
“El diálogo entre Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosatti en la Corte, no es Silvio Robles el que habla, habla Rosatti. Marcelo D’Alessandro es el ministro de Justicia de Larreta. Es un diálogo entre Rosatti y Larreta, entre los que lo tienen que instrumentar para que se logre la consolidación de que Martín Doñate, por ejemplo, en una de las cosas el senador del Frente de Todos que había sido electo para integrar el Consejo, no pueda asumir y entonces le sugiere un comportamiento del bloque opositor que, efectivamente, se llevó adelante una semana después”, denunció.
En ese sentido, manifestó que “eso que quieren decir que es legal o ilegal, lo cierto es que los actos de las cosas que se hablan se ejecutaron. Lo mismo que en el caso de los huemules en el caso de Lago Escondido cuando hablaba Ercolini que iba a hablar con una periodista Rodríguez Paz y efectivamente la periodista dijo ‘me llamó y me propuso eso que no acepté’”.
“Lo que tendría que estar haciendo D’Alessandro, que es ministro de Justicia y Seguridad, es respondiendo qué son esos sobres de dinero. ¿Quién es Marcelo Violante el empresario? ¿De qué negocios estaban hablando aparte de las grúas? Todo lo que se dice ahí luego ocurrió. Es un bochorno”, disparó Valdés.
Además, consideró que los chats “aparecen legales o ilegales porque es la guerra interna de JxC”, y recordó que “la semana anterior había sido D’Alessandro porque ahí en los chats vimos su cercanía con el fiscal Troncoso que, casualmente, le había desestimado la denuncia Gerardo Milman cuando le sucede el hecho ilegal también, de patotear a una policía de la Ciudad cuando le estaban llevando el auto a su novia, auto con el cual la novia no tenía ni el carnet, uno trucho y papeles truchos”.
“Con tanta visibilidad tenemos hoy la guerra interna para que Patricia Bullrich no pusiera el ministro de Seguridad que pensaba, de acuerdo a un pedido que habría echo en su momento Mauricio Macri para equilibrar la balanza que Gerardo Milman sea el ministro de Seguridad en lugar de D’Alessandro”, sostuvo el oficialista y remarcó: “Es una guerra interna entre ellos de la cual nosotros nos fuimos enterando de las cosas “.
Y sumó: “Yo creo que D’Alessandro lo ha perseguido a Milman y ahora le devuelven la gentileza con esto”, y adelantó: “Ellos mismos entre ellos ya saben que van a haber más chats”.
Además, Valdés incitó a los involucrados a presentarse ante la Justicia y entregar sus celulares: “Cuando me inventaron el operativo Puf, de que hablaba con presos en Ezeiza para voltear al fiscal delincuente y corrupto de Stornelli, me presenté ante la justicia espontáneamente con mi teléfono a disposición, y no figuraba nada de lo que ellos decían que iba a suceder. La honestidad se muestra entregando el celular. Milman, Robles, D´Alessandro, deberían entregarlo y que muestren que todo esto no es verdad”.
“Lo primero que la gente tiene que entender que tiene que ver con su vida, que vean cómo un empresario dueños de las grúas que le acarreaban a usted todos los días, coimeaba con el ministro de seguridad que lo tenía que controlar para que los delitos que él cometía con esas grúas no le cobren multas a él y nosotros somos los imbéciles que vamos a pagar las multas y los acarreos de las grúas”, planteó.
Retomando el tema de la interna, Valdés manifestó que “ellos no se sueltan la mano entre todos porque entre ellos se han espiado. A Larreta le costó el divorcio el espionaje que le hizo Macri con los Mario Bross. Ellos se espían entre ellos. Quizás tienen una moral inversa a la que tenemos nosotros”, y afirmó: “Esos están acostumbrados a jugar con estas cosas horribles “.
“Nosotros también nos estamos enterando en estos momentos que el prófugo de la justicia Pepín Rodríguez Simón cenó en la noche del 31 de diciembre en la casa del senador Torello, en el Club de Márquez un barrio privado de José Ignacio en Punta del Este junto con el juez Rosenkrantz, o sea, un miembro de la Corte Suprema cena con el mayor prófugo de la justicia argentina. Claro es el que lo hizo juez después por decreto a él. Pero eso está pasando en este momento. Quiero decirlo porque todo tiene que ver con todo”, denunció.
Respecto del pedido de juicio político a la Corte Suprema, el legislador analizó: “Lo importante es la voluntad política. Néstor, en 2003, fue amenazado por Nazareno por querer sacar Obediencia de Vida y Punto Final. Tenía el 22% de los votos, pero igual inició el juicio político a la Corte. Tenemos que tener esa misma decisión política. En la Cámara de Diputados, que es a cámara acusadora, tenemos mayoría”.
Y cerró: “Lo veo muy bien al presidente para encarar este proceso. Un 2023 con un presidente con fuerza que se ponga al frente de los gobernadores y que encabece la situación”.
La presentación sería este miércoles, tal como anunciaron tras el encuentro que mantuvieron en Casa Rosada. En rueda de prensa, los mandatarios plantearon que es “en virtud del mal desempeño de los cuatro jueces”, y que “la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”. Hubo ocho gobernadores presentes y dos se conectaron por zoom.
Tal como lo había anticipado el primer día del año en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández informó que este miércoles 4 de enero presentará el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, puntualmente contra su titular, Horacio Rosatti.
Fue tras el encuentro-que duró casi dos horas- que mantuvo este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) no participaron.
Además, estuvieron presentes los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom. Alberto Fernández también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: el planteo será enviado este miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El documento lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Los mandatarios provinciales de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones habían firmado un documento que cuestionaba el reciente fallo de la Corte sobre el porcentaje de coparticipación federal que debe recibir la Ciudad, pero no acompañaron el documento firmado por los gobernadores más afines al Gobierno.
Tras la reunión, los gobernadores hablaron en rueda de prensa. El primero de ellos fue Capitanich que señaló que el objetivo de la misma fue “propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño, las malas funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“En ese contexto el presidente de la República con la mayoría de los gobernadores hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos de los cuales pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de ética pública hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tiene que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.088 después de más de 16 años de vigencia, la restitución de la Ley 24.937”, explayó el chaqueño.
En ese contexto, planteó: “Conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que, efectivamente, esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, y por el mal desempeño observamos una manifiesta parcialidad”.
En tanto, explicó que “significa que los fallos que hemos observado son para favorecer una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales, ellos deben ser custodios y guardianes de la Constitución, pero lo que observamos es que los argentinos no pueden estar tranquilos en términos de salvaguardar la vida, el patrimonio, del honor, de la libertad, con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios”.
“Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. No es cierto que no nos afecta, nos afecta severamente la menor cantidad de transferencias de recursos y en consecuencia consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y el federalismo es una bandera irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”, cerró el chaqueño.
A continuación, tomó la palabra Kicillof quien explicó que se ha elevado a la Comisión de Juicio Político de Diputados y apuntó que “se trata de algo que no tiene en la historia precedentes. La Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias”.
Al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que “la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento. Será el propio transcurso de la investigación, de las declaraciones, de la propia Comisión, lo que irá conformando el pleno. Es un procedimiento de mucha gravedad”, mientras que Capitanich añadió que se trata de “un procedimiento que se inicia a través de esta presentación”.
Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: “No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren”. También fue consultado sobre la postura de los gobernadores que no estuvieron presentes: “No sé si están a favor, no he hablado con todos”.
En suma, informó que sería este miércoles la presentación del proyecto: “Creo que se va a presentar mañana”. Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: “El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos. No es solo una cuestión de los chats que se conocieron, es también por los fallos”.
Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que “esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats” entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.
Desde Brasil, Fernández había convocado a los mismos mandatarios que apoyaron su decisión de “no acatar” el fallo del máximo tribunal de Justicia por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite”, argumentó.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, señalaba el comunicado que el pasado 22 de diciembre fue firmado por el presidente y 14 gobernadores con los que se reunió en la Casa Rosada para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
Comunicado-Presidencia-Juicio-PoliticoAsí lo expresaron a través de un comunicado, en el que calificaron la medida de “trasnochada pretensión del presidente y el kirchnerismo”, y de “maniobras desesperadas contra la Justicia” del Gobierno “en búsqueda de impunidad”.
Luego de que el presidente anunció que pedirá el juicio contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, este lunes la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un duro comunicado en el que califica la decisión de “trasnochada”, y afirmaron que se trata de “un nuevo ataque” contra la justicia.
“Rechazamos el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, encabezaron el comunicado y recordaron: “Durante los últimos 7 años, Juntos por el Cambio se ha consolidado como una coalición de miradas diversas, de unión en la diversidad, de defensa de las instituciones frente a los constantes embates del Gobierno”.
En esa línea, dispararon: “La trasnochada pretensión del presidente de la Nación y el kirchnerismo, de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del estado.
“Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán”, advirtieron.
En suma, calificaron el pedido de juicio político como “maniobras desesperadas contra la Justicia”, que “evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad”.
“En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una justicia sometida”, denunciaron en el texto y apuntaron: “No hay otro plan más que ese, no hay empatía con lo que están sufriendo los argentinos, sólo se preocupan por ellos y sus causas judiciales”.
Por el contrario, remarcaron que “Juntos por el Cambio está trabajando en un proyecto de país serio, democrático, con instituciones fuertes, porque es la única forma de sacar la Argentina adelante en tiempos de deriva autoritaria de un gobierno decadente”.
“Tenemos un plan, es con esfuerzo, con compromiso, pero vamos a recuperar el trabajo, las industrias, el desarrollo, el mérito, la esperanza y la confianza hacia dentro y fuera del país. Estamos convencidos que otra Argentina es posible”, cerraron el documento.
El diputado radical remarcó que “los problemas de la Argentina pasan por otro lado”, y lanzó: “Este es el peor Gobierno desde la llegada de la democracia hasta esta parte”. También cuestionó la postura de los gobernadores.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que impulsa el presidente de la Nación contra la Corte Suprema y denunció que “el kirchnerismo quiere deslegitimar a la justicia porque Cristina está condenada”. En ese sentido, señaló que “los problemas de la Argentina pasan por otro lado”.
En declaraciones por Radio Rivadavia, el radical fue consultado por el tuit que posteó el primer día del año que decía: “Ahora van por el Juicio Político al presidente de la CAJN. Siguen pelotudeando mientras el país se cae a pedazos. ¡¡¡Por favor!!! Basta de mentiras y manipulaciones”.
“La realidad es que ayer era primero amanecíamos todos con la esperanza de decir ‘bueno a ver’, porque el 1ro siempre uno tiene la esperanza de que las cosas van a empezar a cambiar. Leo la carta que hace el presidente de fin de año y encuentro otra vez esta pelea en un párrafo con la Corte Suprema de Justicia y digo basta. Cuando te llega un nivel de hastío, de cansancio que los problemas de la Argentina pasan por otro lado”, expresó.
A su vez, preguntó: “¿Alguien cree que la suba de 30 pesos que tuvimos estos días del dólar tiene que ver por una cuestión económica? No, es política”, y planteó: “Mientras el presidente, la vice y el oficialismo gobernante dice que no va a cumplir un fallo de la Corte, el mundo entero mira con recelo lo que pasa en nuestro país. Entonces los inversores desaparecen, ¿todo por qué? por un capricho de no darle a un distrito que es de signo político contrario lo que la justicia dice que es. No sé si será o no será, pero la justicia dice que es”.
“Nosotros hemos convenido en nuestro sistema de Gobierno que hay un Poder Legislativo que hace las leyes, hay un Ejecutivo que bien lo dice su nombre ejecuta, y hay alguien que tiene el poder jurisdiccional que es el Poder Judicial”, precisó el formoseño.
En esa línea, disparó: “¿Qué quiere el kirchnerismo? Quiere deslegitimar a la justicia porque Cristina está condenada, entonces todas las sentencias que vengan tienen que ser de la justicia que está comprada que es del otro palo, porque también Milagro Sala condenada en todas las instancias y llega la Corte y también es lawfare”.
“Hice ese tuit porque me cansó y porque al presidente de la Nación no lo pueden guiar a través desde una cuenta de Twitter o por un discurso porque eso se lo dijo Cristina, porque eso se lo dijo Leopoldo Moreau que lo haga”, criticó.
En tanto, aseguró: “Yo quiero un presidente, aunque no sea de mi partido, quiero que tenga los pantalones puestos o las decisiones puestas para hacer lo que corresponde, y no esta payasada que hace que no parece de un estudiante de derecho de primer año de decir lo que está diciendo respecto a la Corte. La verdad me hartó”.
“Las instancias que se pueden ejecutar para llevar el juicio político, las hemos planteado y no están los números”, aseguró. Asimismo, manifestó que “fallamos como sociedad porque estas cosas no suceden en otros países, no porque el presidente no las quiera hacer, sino porque la sociedad no se las toleraría, porque 5 millones de personas que salieron a recibir a la Selección, 500 mil personas que se muevan para decir que ‘eso no va más, es un mamarracho’, cambiaría de opinión. Tenemos una sociedad que compra un discurso”.
También apuntó contra CFK: “Ayer leía el tuit de la vice que recomendaba un artículo, donde dice que la culpa de la inflación no lo tiene el Gobierno, porque nunca el Gobierno tiene la culpa de nada, la tienen los empresarios, la tiene la justicia porque la Corte es adicta a los empresarios y que los empresarios ponen los precios que quieren. Entonces en los resortes institucionales no tenemos los números que nos da la ley, entones lo que nos queda es la sociedad diciendo ‘hasta acá llegamos’”.
Por otro lado, criticó la postura de los 14 gobernadores que apoyan la decisión del presidente y recordó que “esos mismos gobernadores son los tipos que cuando gobernaba Mauricio Macri y bajó el IVA de los alimentos en el 2019 fueron a la Corte y le dieron con inusitada rapidez la razón y tenían recursos para cobrar para sus provincias. Al bajar el IVA le afectaba la coparticipación que tenían las provincias”.
“A los pocos meses gana Alberto Fernández y firman el Pacto Fiscal y renuncian a los juicios que tenían contra el Estado Nacional. Son los mismos gobernadores que cuando Cristina les sacó los fondos que les correspondían, nunca plantearon los fondos de las AFJP y la Corte 10 días antes de asumir Macri sacó un fallo que tenía que pagarles a 3 provincias Santa Fe, Córdoba y San Luis. Cristina, con una rapidez dañina usual, lo que hizo fue un decreto de que había que pagarles a todas las provincias a cuatro días de irse y los gobernadores no dijeron nada”, relató Buryaile.
Y siguió: “Son los mismos gobernadores que ahora reclaman los recursos de CABA para sus provincias, pero a mi provincia de Formosa no llegó un peso de eso porque esos fondos son los que hacen al funcionamiento del Estado Nacional no de la distribución de la coparticipación”.
“Los argentinos estamos hartos de las mentiras, hartos de la mentira de este Gobierno”, resaltó y preguntó: “¿Cómo no queres que a Insfrán lo vote el 60% si tiene un sistema electoral perverso como es la Ley de Lemas que el peronismo esta poniendo en otros lugares? ¿Cómo queres que no lo voten si el 95% de los recursos de mi provincia viene de coparticipaciones y el 70% de la población económicamente activa de empleado público?”.
Por último, se refirió a las elecciones 2023: “Somos conscientes del país que vamos a recibir si ganamos las elecciones, y que nos va a pasar lo que pasó en muchas áreas como en energía un atraso tarifario brutal. La historia se repite, siempre te va a tocar hacer lo más difícil para que a los 3 meses te vengan a plantear lo del helicóptero”.
“Este es el peor Gobierno desde la llegada de la democracia hasta esta parte”, disparó y reconoció: “Hemos cometido errores y la gente así lo entendió y hay que asumirlo. Las expectativas que la gente tenía no las pudimos cumplir, pero después explicamos por qué pasó eso”. “Me gustaría que Gerardo Morales sea presidente, yo soy radical”, cerró.
La diputada entrerriana lamentó que “estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme”, y aclaró que “la decisión del presidente de enviar el pedido de juicio político es una de las herramientas que establece la Constitución”.
La titular de la Comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), se refirió al pedido de juicio político impulsado por Alberto Fernández contra los miembros de la Corte Suprema y aclaró que “es una de las herramientas que establece la Constitución”. Además, consideró que “lo que ha ocurrido es gravísimo para la democracia tener un Poder Judicial que no sea independiente, que no sea imparcial, que viole las normas legales”.
En diálogo por el Destape Radio, la oficialista manifestó: “Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme y la decisión del presidente obviamente tiene que ver con esto, con que sumada ya a la discrecionalidad del fallo de la coparticipación, donde se le devolvieron recursos a la Ciudad de Buenos Aires que no correspondían porque eran de las provincias, sumado al tema del Consejo de la Magistratura, donde claramente la Corte se entrometió en las facultades que tenía el Congreso, se conocen estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal sugiriendo estrategias para que se favorable el fallo de la Corte a la Ciudad”.
“Claramente esto me parece que es grave y la decisión del presidente de enviar el pedido de juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que tenemos los diputados que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades y, tal caso, proceder al juicio político que es político y no penal”, opinó Gaillard y remarcó que “lo que hace es apartar del cargo a la persona que se encuentra que es responsable y se procede a la destitución”.
Respecto al proceso para llevar a cabo el juicio político, la diputada del Frente de Todos explicó: “El Ejecutivo tener que elaborar y enviar el proyecto o también, lo que puede ocurrir, es que se convoque a sesión extraordinaria porque, para que la Comisión se pueda reunir de nuevo, se debe hacer un llamado a sesión extraordinaria que eso debe ser por un decreto del presidente así se fija un temario y, si está el juicio político, nosotros tenemos habilitado convocar a la Comisión y con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación”.
“Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí en el pleno de la Cámara donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga. Van 3 miembros de Diputados que llevan la acusación”, completó.
En esa línea, contó que el bloque del FdT en la Comisión “tiene mayoría que sirve para avanzar en la apertura del sumario que se necesita para empezar a investigar. La investigación dura 60 días que es el plazo que establece el reglamento interno y luego la Comisión tiene que suscribir el nuevo dictamen que es el que va al pleno y se trata en el recinto”.
“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.
Además, informó que “hay varios pedidos de juicio político contra los miembros del tribunal de otros diputados como por ejemplo los miembros de la Coalición Cívica presentaron pedidos contra el juez Lorenzetti. Ya muchos pedidos de juicio político presentados. En este caso los hechos ameritaron y motivaron que la máxima autoridad del país sea quien impulse este nuevo pedido”.
En suma, comentó que “el pedido tiene una vigencia de 3 años, hay que ir paso a paso, luego es la apertura del sumario, y así avanzando en los pasos del procedimiento”.
Para Gaillard “lo que ha ocurrido es gravísimo para la democracia, tener un Poder Judicial que no sea independiente, que no sea imparcial que viole las normas legales, que tenga fallos discrecionales. Amerita que utilicemos las herramientas que provee la Constitución para evaluar el mal desempeño y otras causales. En este caso es el mal desempeño, la instancia del recinto falta mucho para llegar a ese momento, es súper importante la etapa del sumario y de la investigación”.
“Las decisiones del Poder Judicial, como lo de la coparticipación afectan a la sociedad, ameritan que los ciudadanos se involucren. Lo que pasó con los chats que una persona de confianza del presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia para arreglar un fallo, eso es un escándalo. Tenemos que tener un Poder Judicial creíble, independiente, prestigioso que ya no lo es”, remató la presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados.
Así lo anunció a través de un mensaje en el que efectúa un balance del año que acaba de concluir. Y entre los objetivos a instrumentar, mencionó puntualmente ir por la cabeza de Horacio Rosatti.
“Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos”, señaló el presidente Alberto Fernández este primer día del año.
En un balance realizado respecto de 2022, el mandatario anunció que convocó a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, “impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su desempeño”.
En su mensaje, el presidente traza un panorama positivo de la economía, asegurando que, “contra todos los pronósticos”, lograron cumplir “con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado”.
Tras agradecer la alegría que le brindó al país la Selección Nacional de Fútbol, Fernández advirtió que “recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho”.
“En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, sostuvo el presidente de la Nación.
Tras recordar su juramento de “observar y hacer observar la Constitución”, enfatizó su intención de “impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
A continuación, el presidente anunció que convocó a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
Adelantó que también ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que “se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo”.
Fernández cerró su mensaje expresando su deseo de que “en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado”.
El diputado oficialista aseguró que “ha tocado fondo la Justicia”, y que “es tiempo de resolver desde la política”. Por otro lado, hizo un pedido a todos los legisladores.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) salió con los tapones de punta contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y exigió la renuncia: “No puede seguir un día más, ni al frente de la Corte, ni al frente del Consejo de la Magistratura”, y consideró que “la justicia ha tocado fondo”.
“Antes de ayer presenté el pedido de una bicameral para investigar Lago Escondido, porque pensé que esa era la máxima expresión de cómo un Estado paralelo pretende imponer decisiones de la honra y la deshonra de las personas honestas”, comentó el legislador oficialista en diálogo por la AM 990 al referirse a la difusión de nuevos chats privados entre el vocero del juez, Silvio Robles, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad porteño.
Y sumó: “Ver estos diálogos entre uno de los mismos que estaba en Lago Escondido con Robles que es como Rosatti, creo que, y le pido al presidente de la Nación, Rosatti no puede seguir un día más ni al frente de la Corte, ni al frente del Consejo de la Magistratura. Se hicieron de la Corte y a los tres meses hicieron una aberración jurídica que fue decretar inconstitucional una Ley que regía desde el 2007 del Consejo de la Magistratura y también se hicieron del Consejo y ahora estamos viendo para qué lo hicieron, para burlar todas las leyes, todas las garantías todo el federalismo”.
“Me parece de una inhabilidad moral”, consideró Valdés y sugirió: “¿Cómo podemos evitar que este hombre Rosatti sea el usurpador del Consejo? que la misma ley que el presidente mandó en el mes de marzo al Congreso de Consejo de la Magistratura lo haga por DNU con motivo que estamos por terminar las ordinarias y que este hombre deje de estar de una vez al frente y que empiece a funcionar la justicia y empiece a castigar a los jueces corruptos y a promover a los honorables”.
Al respecto, Valdés afirmó que “ha tocado fondo la Justicia, es tiempo de resolver desde la política. Le pido a los honorables diputados de otros sectores políticos, que no piensan como nosotros, que es tiempo de que actuemos”.
Además, aseguró que “hay jueces honorables y están horrorizados por lo que está pasando” y cerró: “Es tiempo de hacer, no de llorar. Nosotros tendremos que pedir el juicio político a los ministros de la Corte que no están a la altura de la circunstancia”.
El senador del Pro lanzó duras críticas hacia el oficialismo: “Acorralados como están, van a ir por todo”, y agregó: “La única empatía que tiene Cristina y su gente es solamente por los problemas de ellos, jamás los vas a escuchar hablar de otros temas”.
El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) adelantó que seguirá reclamando judicialmente que “Cristina nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura”. Además, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional: ““Acorralados como están, van a ir por todo”.
En diálogo por Radio Rivadavia, Juez disparó: “Yo no creo que se puedan hacer peor las cosas. Uno puede equivocarse, puede poner todas las ganas, toda la voluntad, pero las cosas pueden no salir. A mi me ha pasado, a todos nos pasa, pero tanta impericia, tanta imbecilidad junta es muy difícil de reunir. Es muy difícil reunir tanta inexperiencia tanto desprecio por hacer bien las cosas, es complicado”.
“Yo siempre he dicho que hemos tenido malos gobiernos, pero como este la verdad…. Yo soy fiscal anticorrupción de Córdoba, la política no cree en el combate contra la corrupción, en los mecanismos de control, no cree en esas herramientas que tiene el ciudadano común para controlar al político, al poder, al Estado”, manifestó.
En esa línea, dijo conocer “perfectamente cómo funcionan esas herramientas”, y contó: “La he sufrido de los dos lados del mostrador”, por lo que pidió que el titular de la oficina anticorrupción de la Argentina “renuncie” porque “no le cambia nada, porque el tipo lejos de ejercer los derechos del ciudadano común que es controlar la conducta del funcionario en todas las causas donde estaba involucrado algún amigo se apartó”.
“No tengo ninguna duda de que el titular de la oficina de corrupción trabajó para casos de corrupción porque lo puede hacer por acción u omisión y en esto no me van a venir a echar la falta con 20 soy abogado penalista hace 35 años. La oficina anticorrupción se retiró de todos los juicios en los que estaba involucrado Cristina Kirchner, no acusó”, denunció gravemente.
En tanto, preguntó: “¿Se imagina lo que significa no acusar cuando la tarea fundamental es sostener la acusación del Ministerio Publico? Y lo hizo con una absoluta convivencia ideológico”, ante lo que opinó: “Me parece bárbaro que cada uno piense como quiera, pero si no estas en condiciones de investigar a tus amigos, si lo tuvieras que hacer, no tenes que aceptar esos cargos, no tenes que predisponerte a hacer un lugar donde no estas en condiciones de ejercer con independencia y libertad, aún cuando te toque investigar a tu mamá”.
“Durante todo este tiempo la oficina anticorrupción se retiró de todos los juicios donde podía estar salpicado algún dirigente vinculado ideológicamente al proyecto de Félix Crous”, señaló Juez.
Por otro lado, consultado por la relación entre CFK y la Justicia, cuestionó: “No conocen la capacidad de daño que tiene esta gente, no les importa absolutamente nada. No tienen dimensión”, y lanzó eufórico: “Algunos me piden que vea cómo sortear el tema de la grieta, a mi que no me rompan las pelotas con saltar la grieta si es moral”.
“Estos tipos van a ir por todo, acorralados como están van a ir por todo, de todas formas y de cualquier manera porque no les interesa nada, no tienen ningún tipo de reparo”, advirtió.
En esa línea, aclaró: “Yo no le quiero cagar el año nuevo a nadie, no quiero que se atraganten con el turrón, pero quiero que lo sepan para que no seamos tan ingenuos estos tipos van a ir por todo”, y siguió: “Todo lo que puedan trabar, romper, destruir, lastimar, generar mecanismos que provocan situaciones de poner a las instituciones al borde del ridículo. Lo van a hacer porque saben que se viene una situación compleja después”.
A su vez, el dirigente del Pro remarcó que si no hubiesen sumado cinco senadores en las elecciones del 2021 “estos tipos ya hubiesen modificado la ley del Ministerio Público, ya hubiesen modificado la Corte…”, y lanzó: “Tampoco me voy a poner un calzoncillo rojo y una capa amarilla y voy a hacer de Superman, no me pidan pelotudeces, o sea seamos cautos que dentro de la Constitución las herramientas que tenemos hemos evitado una serie de locura de estos tipos”.
“Lo que puede hacer el ciudadano común es ponerse a pensar en serio. Nosotros los dirigentes tenemos que ser cautos y contarle a la gente lo que vamos a hacer y tomar nota de lo que no se puede hacer. Los ciudadanos pueden levantar la vara de la exigencia”, sugirió el cordobés.
Retomando el tema de la justicia, Juez aclaró que “no tienen capacidad ni poder para tirar la Corte, no tienen número. Lo van a intentar porque está en su juego, démosle tranquilidad a la gente, no tienen el número para producir estas cuestiones. No pudieron sacar la reforma judicial, la ampliación de la Corte porque no tienen los números y no los van a tener”.
“La pelea hay que darla, hay que ponerlos en evidencia porque lo van a intentar si no saben hacer otra cosa que no sea eso, no saben hablar de otros temas. La única empatía que tiene Cristina y su gente es solamente por los problemas de ellos, jamás los vas a escuchar hablar de otros temas”, criticó.
Por otro lado, contó en un tono enojado: “Ayer me llamaron para preguntarme por los chats, miren yo no hablo con nadie. Me roban un lugar de la minoría en el Consejo de la Magistratura y me quieren preguntar a mi si algún boludo estuvo chateando con alguno”.
“Yo no hablo nadie. Ni con ministros ni nada, no tengo que preguntarle a ningún juez ni del Poder Judicial cómo tengo que defenderme. Yo soy abogado penal y sé cómo defenderme. No me pregunten estupideces y sigan con ese show mediático”, planteó.
En ese marco, afirmó: “Voy a seguir reclamando judicialmente que Cristina nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura y para hacer eso no tengo que hablar con nadie”.
La jefa de Unidad Ciudadana aseguró que los senadores del Pro “siguieron paso a paso el instructivo” que Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, le compartió a Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia porteño.
El Frente de Todos salió con fuerza a repudiar y alertar sobre una nueva filtración de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en este caso con -entre otras personas- Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
“No recuerdo un escándalo judicial e institucional tan grave desde la recuperación de la democracia. Estoy preocupada pero también ocupada”, expresó este viernes la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio.
Además, en línea con lo manifestado en el comunicado que sacó el interbloque oficialista, señaló: “Vamos a estudiar si cabe una denuncia penal contra (Luis) Juez y (Humberto) Schiavoni”. En ese sentido, la kirchnerista apuntó que los senadores del Pro “siguieron paso a paso el instructivo” respecto a cómo reclamar el lugar en el Consejo de la Magistratura que Robles le compartió a D’Alessandro. “Vamos a estudiar si hay conductas delictivas”, agregó.
“Esa silla nos toca a nosotros, le toca a Unidad Ciudadana, a quien yo propuse como representante ante el Consejo, al senador (Martín) Doñate. Ya lo dijeron no uno o dos jueces, toda una Cámara, y Rosatti sigue insistiendo”, resaltó.
En diálogo con Radio 10, la senadora insistió que estudiarán “qué tipos de acciones vamos a iniciar contra dos senadores, porque no se puede dejar pasar. Porque siguieron paso a paso las instrucciones que Robles le dio a D’Alessandro para asegurarse un asiento en el Consejo de la Magistratura para Juntos por el Cambio”. “La democracia está con una pistola en la cabeza y esa pistola la tiene el juez de la Corte Suprema”, lanzó.
También, la bonaerense alertó que en esas conversaciones Robles “le adelanta (a D’Alessandro) resultados de fallos; le llama ‘fallo Robles’ al fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de toda la Argentina. Es extremadamente grave lo que está pasando”.
Durante la entrevista radial, la legisladora cuestionó a la Corte por estar “protegiendo a cuatro jueces que fueron, cobrando dádivas, junto a empresarios del Grupo Clarín y con espías a la casa de (Joe) Lewis en Lago Escondido”.
“Vamos a impulsar denuncias penales por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias. Hay un sinfín de delitos en estos chats entre el director de la vocalía de Rosatti, que es Robles, y el ministro de Justicia (porteño)”, sostuvo.
Y agregó: “La familiaridad que se ve entre Robles y D’Alessandro es promiscua. D’Alessandro aparece como el reemplazo de (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, que está prófugo”.
El diputado del Frente de Todos afirmó que el pedido lo tendría que presentar el mismísimo presidente. Además apuntó contra Juntos por el Cambio por la “parálisis” en el Congreso.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) sostuvo este jueves que “hay un conflicto de poderes y se resuelve a través de remedios como el juicio político a la Corte”, a la cual acusó de estar “intentando llevarse por delante los poderes de la democracia”.
Además, el legislador consideró que esto “lo tiene que pedir el presidente de la Nación, está facultado para pedirlo”. “Lo tiene que pedir él porque es la figura institucional de la democracia más importante y más fuerte”, añadió.
En consonancia con un artículo publicado por el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, el oficialista opinó que “hay un vacío de derecho y el Estado de Derecho ha desaparecido” porque “uno de los tres poderes ha decidido pisotear el Estado de Derecho, y es el poder más sensible, porque decide sobre la vida, la libertad, el ahorro y los bienes de las personas”.
En diálogo con Radio 10, Moreau habló de un sector del Poder Judicial “cooptado por un grupo faccioso y mafioso” y “articulado con Juntos por el Cambio, que está intentando suspender la democracia, por eso la parálisis en el Congreso”.
“Convocamos a sesiones y no vienen o las terminan de manera escandalosa”, cuestionó a la principal oposición y ejemplificó: “800 mil argentinos, por el capricho de bloquear el Parlamento, se quedaron sin la posibilidad de acogerse a un régimen moratorio previsional y miles de chicos sin universidades”.
Fue a través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, en la que también recusó a los cuatro supremos. Argumentaron que la Ciudad es una “jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior”.
El Gobierno Nacional realizó este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.
También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.
El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa”, y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.
“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.
Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.
“Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.
Las presentaciones formalizadas habían sido anunciadas este lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados este lunes.
La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016. El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.
La jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal María Alejandra Biotti no hizo lugar al planteo del senador del Pro. La Corte Suprema tendrá la última palabra.
Por segunda vez, la jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó un amparo presentado por el senador del Pro Luis Juez, quien reclama integrar el Consejo de la Magistratura en lugar del kirchnerista Martín Doñate.
La magistrada ya había rechazado en noviembre pasado una medida cautelar anterior del legislador, basándose en que no había “urgencia” por la vulneración de un derecho y que la Corte Suprema ya estaba interviniendo en el expediente.
Ahora, en una resolución de casi 20 páginas, la jueza sostuvo -para fundar el rechazo- que la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, guarda “silencio” sobre en el momento en que se deben tomar los bloques y las mayorías.
“La alusión a los bloques que conforman la mayoría y las dos primeras minorías remite necesariamente al derecho parlamentario que cada cámara dicta a tal efecto, y no al resultado de elección legislativa alguna”, consideró Biotti.
Además, indicó que “la Corte Suprema de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Nación e intérprete final de la Constitución Nacional, se encuentra en condiciones de dar una solución a la presente controversia”.
El 8 de noviembre pasado, la Corte le dio la razón a Luis Juez sobre el reclamo que había iniciado en mayo, cuando se enviaron los representantes por la Cámara alta al Consejo, tras la reinstalación de la ley de 1997, que establecía una composición de 20 miembros en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. En esa ocasión, el oficialismo partió en dos el bloque del Frente de Todos para arrebatarle al Pro la condición de segunda minoría.
A los pocos días de ese fallo, el interbloque Frente de Todos en el Senado ratificó que enviaría al Consejo un senador por el Frente Nacional y Popular, otro por la UCR y otro por Unidad Ciudadana para los mandatos del período 2022-2026. A raíz de ello, Juez fue nuevamente a la Justicia. Incluso, el decreto con los nombramientos de Mariano Recalde (FNyP-FdT), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Doñate (UC-FdT) fue refrendado en el recinto el 16 de noviembre por el oficialismo y sus aliados.
“Los coactores solicitaron su nombramiento para poder cumplir el tiempo restante del período 2018-2022, y fue en esos términos que su amparo recibió acogida favorable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, no existió referencia alguna al período 2022-2026, lo cual tampoco podría haber ocurrido sin violentar el principio de congruencia”, señaló Biotti.
Así las cosas, nuevamente la Corte Suprema tendrá la última palabra en la controversia que generó una fuerte pelea entre oficialismo y oposición durante todo este año.
En el Consejo de la Magistratura solo falta que juren los representantes del Senado, ya que la semana pasada se les prestó juramento a los diputados nacionales por orden del máximo tribunal, después también de la polémica que había generado una resolución de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, suspendiendo las designaciones en virtud de un fallo del juez Martín Cormick, quien resolvió en base a un reclamo que el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, había iniciado también en mayo pasado contra la designación de la radical Roxana Reyes.
El diputado entrerriano se refirió a la decisión del presidente de la Nación de pagar con bonos los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires y criticó que el fallo de la justicia “avanza sobre una ley sancionada en 2020 en el Congreso”. También cuestionó a JxC.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) opinó sobre la decisión que anunció este lunes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de pagar con bonos los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte, y denunció que el máximo tribunal “pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional”.
En declaraciones a Radio Nacional, el legislador oficialista manifestó: “Hoy no hubo variaciones en relación al concepto inicial. Lo que se plantea es la recusación de los miembros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria en relación a un fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires avanzando por sobre una ley que aprobamos en el Congreso de la Nación en 2020”.
“A partir de ahí lo que se ofrece es un cumplimiento transitorio pagando bonos, tal como se cumple una acreencia similar con la provincia de Santa Fe. Seguiremos con atención qué es lo que pasa, en el conflicto donde la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional”, expresó.
Casaretto se refirió, además, a las reacciones del Gobierno porteño de ratificar, a través de su Procurador, “el incumplimiento del Gobierno nacional” tras la decisión de Fernández. “Esto no va a terminar nunca porque tiene que ver con la conformación del Estado Nacional. Acá hay un modelo centralista, que fue el que impulsó (Mauricio) Macri y (Rogelio) Frigerio a poco de asumir, cuando firmaron el decreto en el que casi triplicaban los recursos para la capital federal”, recordó.
“Del otro lado, queremos una Argentina federal, que es la que intentamos llevar adelante con el presidente, con la vicepresidenta, y con las leyes que ha sancionado el Congreso Nacional”, comparó el entrerriano y disparó: “Ellos siempre van a querer más concentración de recursos en la Ciudad. Se le aumentó la coparticipación a un distrito solo y no al resto, ahora pretenden que a la capital se le pague en efectivo, mientras que, a las provincias se les paga con bonos. Siempre va a ser algo de nunca acabar en la voracidad por manejar los recursos de los argentinos”, cuestionó.
Además, apuntó contra el diputado del Pro: “Cuando Frigerio tuvo la lapicera, la usó en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dice que es de Entre Ríos, pero defiende la posición de la ciudad”.
Por último, se refirió a la actitud de la principal bancada opositora en las últimas dos sesiones de la Cámara baja: “Hace un mes que la oposición no va al Congreso Nacional, desconozco la postura que tomarán para tratar el proyecto del presidente. De la oposición no me hago expectativas, quieren vaciar al Congreso para que todas las decisiones pasen por la justicia”.
Acusan a la Ciudad de haber acumulado a lo largo de la historia “beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción”.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su “profundo rechazo al politizado fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalida privilegios para la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las 23 provincias que integran la Nación”.
Así lo expresaron los intendentes de todo el país que integran la FAM a través de un comunicado en el que desaprueban, dicen, que “una vez más, se concedan beneficios al distrito más rico del país y que eso se haga con fondos que pertenecen a la enorme mayoría de las argentinas y de los argentinos.
“Los jueces de la Corte ordenaron otorgarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que Mauricio Macri le dio indebidamente a Horacio Rodríguez Larreta, transfiriéndole, durante el malogrado gobierno de Cambiemos, muchos más recursos de los necesarios para el financiamiento de la policía que se le traspasaba”.
Sostienen desde la FAM que “el propio ministro del Interior de esa administración, Rogelio Frigerio, admitió públicamente que la cifra era mayor a la requerida. Sin embargo, los cuatro jueces de la Corte, sin querer profundizar en el fondo de la cuestión, conceden la continuidad de esa absoluta injusticia”.
El comunicado de la FAM detalla que en CABA viven 2.8 millones de personas. En las 23 provincias hay 44 millones de habitantes. “Por su condición de Capital Federal, la CABA fue acumulando a lo largo de la historia beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción y en perjuicio de lo que desde dicha centralidad llaman ‘el interior del país’”.
Tras destacar que la coparticipación federal es el mecanismo para equiparar esas asimetrías, advierten que “el funcionamiento del Poder Judicial evidentemente se ha politizado, como toda la Argentina ha podido ver y escuchar en los últimos tiempos con ejemplos que nos avergüenzan”.
“La simple residencia en territorio porteño, de oficinas centrales de las empresas que producen en todo el país, crea la ficción contable de que esa facturación se genera solamente en y por CABA, cuando en su territorio apenas sucede una mínima intervención administrativa”, plantean desde la FAM, donde hablan de “años de privilegios y de falta de una perspectiva federal” que a su juicio “fueron creando, además, un desequilibrio a favor de una pequeña parte de la Argentina”.
La emprenden luego contra la Corte Suprema señalando que “la decisión política de Macri, encuentra ahora sustento en la voluntad centralista e inequitativa de cuatro personas, que dejan en evidencia una vez más la necesidad de contar con una Corte Suprema más federal y con más integrantes, que representen el espíritu federalista de la carta magna argentina”.
“Definitivamente, con este fallo el Poder Judicial está convalidando el desfasaje y la inequidad que comenzó el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, usurpando recursos federales para hacerlos propios y exclusivos al Gobierno de la CABA, recursos que son federales e indispensables para garantizar el desarrollo de las provincias y de cada uno de sus municipios”, concluye el comunicado de la FAM.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclamó que el Ejecutivo acate el fallo de la Corte Suprema.
El 21 de diciembre pasado se conoció una sentencia cautelar unánime dictada por la Corte Suprema a través de la cual se ordenó al Poder Ejecutivo que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2.95% de la masa de fondos definida en el art. 2 de la Ley 23.548.
La razón por la cual la Corte precautoriamente resolvió tal cosa, obedece a que el Poder Ejecutivo detrajo fondos porteños cuya asignación ya se había “concertado” en el pasado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la CABA para solventar los gastos del traspaso de la seguridad pública en el ámbito de la ciudad. Obviamente, al quitar parte de esos fondos con efecto inmediato se producía al Gobierno un perjuicio irreparable, señaló a través de un comunicado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo especial hincapié en los detalles del fallo.
En efecto, destacan que al analizar el caso la Corte concluyó que la quita realizada por el Poder Ejecutivo así como la dispuesta luego por ley 27.606, en principio, eran contrarias a la Constitución Nacional. Ello así, fundamentalmente, porque la Constitución (art. 75, inc. 2 párrafo 5) dispone textualmente que los traspasos de competencias, funciones o servicios y la consecuente reasignación de recursos para sufragarlos de ahí en más, deben ser “acordadas” entre las partes interesadas.
A continuación, los abogados porteños hacen referencia a la reacción del Gobierno: “Como aquí no había existido un acuerdo previo de partes, en principio, el planteo de la CABA debía prosperar. En vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales, refrendaron una comunicación fechada el 22 de diciembre del corriente, en la que anuncia que, con motivo de la sentencia dictada por la Corte Suprema recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
Para los abogados de la Ciudad, “en realidad, el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán. Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material”.
En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo “partidario”, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia, destaca la entidad, que por el contrario sostiene que “estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar”. Y agrega que “se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”.
Así las cosas, advierten que “las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas. Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza”.
Por último, el directorio del Colegio de Abogados alerta que “el Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”.
“Respetar los fallos de la justicia”, reclamaron desde diversos sectores al Gobierno nacional ante la decisión anticipada de desconocer la acordada del Tribunal Superior, y advirtieron sobre “una grave crisis institucional”.
Numerosas entidades empresariales se manifestaron este viernes contrarios a la decisión del Poder Ejecutivo de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la coparticipación federal.
Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), solicitaron “respetar los fallos de la justicia”.
Recordaron que recientemente hicieron referencia a una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA y donde se destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo.
“El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”, señalaron desde IDEA.
Advirtieron además que “en democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.
Desde el FCE (Foro de Convergencia Empresarial) solicitaron “respetar los fallos de la justicia”, a través de un comunicado titulado: “Argentina ante una grave crisis institucional”.
“La anunciada decisión del Presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia configura una situación de extrema gravedad institucional -señalaron-. El lugar central que le asigna la Constitución Nacional a la Corte Suprema es el de último intérprete de su contenido. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social.
Es por tal motivo que instaron al Poder Ejecutivo a “reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.
En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, alertando que ello implica “un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.
Argumentar que el fallo es “de imposible cumplimiento”, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, señala el comunicado de AmCham, “no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano. Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario”.
En línea con esto y en relación con la disputa por el reciente fallo de la Corte Suprema en virtud de la coparticipación de CABA, consideran que “en la República Argentina cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias, y no dar lugar a avasallamientos entre sí.
Finalmente, el desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables), no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.
“Por lo tanto, consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país. Hoy nuestro principal desafío debería ser fortalecer esa calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, promover la inversión privada y la creación de empleos de calidad”, cierra el comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó a su vez “muchísima preocupación” por lo que considera los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República. “Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”, expresó la entidad.
En su comunicado, ACDE señala que “la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”.
Por último, instaron al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, “como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus instituciones”.
El diputado oficialista aseguró que “la Corte está jugando políticamente”. Además, acusó al arco opositor de “paralizar” el Congreso.
El diputado nacional Itai Hagman (Frente de Todos) aseguró que entre “la oposición y la Corte Suprema tenemos una fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas”, y acusó al máximo tribunal de “jugar políticamente” por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los recursos coparticipables.
Hagman opinó que la decisión del máximo tribunal “no resuelve la discusión de fondo”, y reiteró que “está jugando políticamente, después de haber quedado expuestos de que no son una justicia independiente”.
“Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta del país, la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción”, declaró en diálogo con El Destape Radio.
En ese sentido, sentenció: “Hay que empezar a hablar de la situación institucional del país”, e indicó que “la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias”.
Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum a la que el oficialismo había convocado, Hagman acusó que el “Congreso no funciona por una decisión política de la oposición”, recordando que “había pasado lo mismo hace 2 semanas” cuando Juntos por el Cambio “bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura”.
En cuanto al orden interno del Frente de Todos, Hagman señaló que “dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos”, y analizó que “hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima”.
En relación a esto y de cara a fortalecer los salarios, señaló: “(Sergio) Massa puede ser un muy buen ministro de Economía, pero la orientación política del gobierno tiene que ser poner como prioridad la recuperación del ingreso de los trabajadores. Eso no depende de un funcionario, sino de la política del gobierno en general”.
El diputado oficialista aseguró que los fallos judiciales “son para acatar”, pero consideró que “el gobierno no lo puede cumplir”.
El diputado nacional y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja (FdT – San Juan), se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno nacional le devuelva los fondos que le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires y lo calificó de “inaplicable”.
En declaraciones por Radio Nacional, el exgobernador sanjuanino expresó: “Los fallos son para acatar, el gobierno lo debería hacer, pero no lo puede cumplir”, y sostuvo: “Nunca en la historia institucional de la Argentina, la Corte va a hacer los presupuestos nacionales”.
Gioja dijo que el fallo es inaplicable “por todos lados”, y agregó: “Hablan de la República, y eso es la división de poderes. Cada poder del Estado tiene clara su función, y de ahí no nos podemos pasar, porque si no violamos normas elementales”.
Así lo expresó el jefe del Gobierno porteño en alusión a lo resuelto por la Corte Suprema en favor de la Ciudad, tras la decisión del presidente de no acatarlo.
Luego que el presidente Alberto Fernández, con respaldo de la mayoría de los gobernadores, comunicara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, el cual ordena la restitución de la coparticipación en 2,95%, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: “Vamos a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir el fallo, todo lo que esté a nuestro alcance y del alcance de nuestro bloque en el Congreso”.
En conferencia de prensa, el dirigente del Pro consideró a la decisión de “altísima gravedad para nuestro país, que pone en riesgo las bases de nuestra democracia”. “Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional”, advirtió y continuó: “El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde el regreso de la democracia en el ’83, no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte”.
Para el alcalde porteño, “este es un intento de una larga lista de intentos del kirchnerismo para anular la Justicia”. “Cumplir la Constitución no es opcional”, remarcó y expresó que lo sorprende “mucho que algunos gobernadores estén acompañanado al presidente en este ataque a la Justicia, porque los gobernadores saben el peligro institucional que esto supone”.
En ese sentido, señaló que “ahora es con la Ciudad de Buenos Aires, mañana puede ser Santiago del Estero, pasado Tucumán, después con Chubut, a cualquiera. Estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad del Gobierno nacional sobre las provincias”.
Rodríguez Larreta aclaró que “este fallo no perjudica en nada las provincias, eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo. Porque cuando nos sacaron la coparticipación hace dos años, el presidente a ustedes, provincias, no les sacó ni un peso. Se lo dio todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así como no les dio un peso también saben que ahora no le sacan nada”.
Por eso, opinó que incluso este fallo “es en favor del federalismo” ya que “se genera el antecedente para que el Gobierno nacional nunca más pueda sacarle fondos en forma arbitraria a ninguna provincia”.
El jefe de Gobierno enfatizó: “Basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución. Nosotros no vamos a permitir que se lleven puesta la República, que dejen a la Argentina al borde del abismo, que nos mientan en la cara a todos los argentinos”.
Sobre los pasos a seguir, anunció que harán “una presentación ante la Corte informando este incumplimiento” y “vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo”. “Además nuestro bloque en el Congreso, de Juntos por el Cambio, está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas”, agregó.
Para el jefe de la Ciudad, “la fuerza de la ley siempre va a ser nuestra mejor arma contra el autoritarismo, la arbitrariedad y la impunidad”. “No tengo dudas que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando”, dijo.
Y sumó que “si creen que con esto me atacan a mí o me generan algún daño, lo único que están haciendo es atacar a millones de argentinos en todas las provincias”.
“Yo me comprometí a que cuando la Corte nos devuelva los fondos, bajamos los impuestos. Me comprometí y lo cumplo”, manifestó en otro tramo.
Finalmente, sobre si piensa que detrás de esta decisión podría estar Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta sostuvo: “Esto es responsabilidad del presidente de la Nación. Si se deja presionar por la vicepresidenta, o por quien sea, es responsabilidad de él y tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución”.
Es por la causa de la coparticipación, que el Tribunal Supremo reasignó a la Ciudad de Buenos Aires, quitándole a la provincia de Buenos Aires lo que este Gobierno le había dado.
Un imprevisible conflicto de poderes se plantea entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, por cuanto el Gobierno de Alberto Fernández no acatará el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El argumento: lo considera “de imposible cumplimiento”.
La reacción oficial venía palpándose desde el día anterior en el que el gobernador chaqueño Jorge Capitanich llamó a no acatar el fallo de la Corte, y ese espíritu se advirtió durante la reunión que el presidente mantuvo con 14 gobernadores este jueves.
Al cabo de la jornada se publicó un comunicado en el que se califica al fallo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, afirmando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Afirma el Gobierno que la Corte “sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, asegura el comunicado, reiterando que “esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Agrega el texto que los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”. Del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El diputado nacional bregó para que “el kirchnerismo deje su odio de lado y de meterle la mano en el bolsillo a los porteños por su propia incompetencia”.
El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, celebró el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la Coparticipación y sostuvo que “no hay lugar para avasallar el federalismo fiscal y la autonomía”.
“Esta quita significó menos obras y servicios en materia de transporte, seguridad y educación. El gobierno, violando la Constitución, generó un perjuicio a millones de ciudadanos por razones políticas”, afirmó Ferraro y agregó: “Una decisión muy importante para los porteños, la Corte vuelve a establecer el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad que le fue sacado de forma arbitraria por el Gobierno Nacional. No hay lugar para avallasar el federalismo fiscal y la autonomía”.
En ese sentido, el diputado dijo que “la Corte vuelve a reiterar que la ciudad es autónoma”, y que cualquier decisión en materia de competencias y recursos “debe ser concertada”. “¿Cuántos fallos más necesita el Gobierno Nacional para entender que los porteños tienen los mismos derechos que cualquier provincia?”, preguntó.
“La asignación de la competencia en materia de seguridad a la Ciudad, al igual que el resto de transferencia de funciones que se hicieron y las que faltan, es un proceso que no tiene vuelta atrás. No se le puede sacar a la Ciudad recursos por obligaciones que tomó”, aseguró.
Y concluyó: “Vamos a recuperar calidad de vida para los millones de ciudadanos que viven y vienen a trabajar y estudiar en la Ciudad. Esperemos que, de una buena vez, el kirchnerismo deje su odio de lado y de meterle la mano en el bolsillo a los porteños por su propia incompetencia”.
En sus redes sociales, la vicepresidenta de la Nación replicó un artículo publicado por el diputado oficialista que acusa duramente al Tribunal Superior.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a emprenderla este fin de semana contra la Corte Suprema de Justicia. No lo hizo con sus propias palabras, sino llamando a leer una columna publicada por uno de sus más fieles seguidores, el diputado nacional ultra K Leopoldo Moreau, que critica fuertemente al Tribunal Superior, al que acusa de subrogarse facultades del Poder Legislativo “en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución”.
El artículo que la vicepresidenta invita a leer fue publicado este sábado en el diario Página 12, y está titulado “El escándalo que provocó la Corte Suprema”. “En solo 4 párrafos la verdad de la milanesa sobre la responsabilidad de la Corte en el conflicto institucional. Clarísimo el diputado Leopoldo Moreau”, pondera Cristina Kirchner.
En la nota en cuestión, Leopoldo Moreau reitera una crítica contra el órgano supremo de la Justicia por haber reflotado una ley de 2006 para darle un nuevo formato al Consejo de la Magistratura, “para asombro de una amplia mayoría de juristas”, señala. Con eso, dice Moreau, la Corte asumió “facultades legislativas que le está expresamente vedado ejercer, dando origen a un conflicto de poderes con pocos precedentes en la vida institucional de la Nación”.
“A partir de ese desatino jurisprudencial, se sucedieron nuevos excesos de parte de este alto tribunal, como por ejemplo pretender interpretar las reglas de funcionamiento y decisorias de ambas cámaras del Congreso, ejercitando una especie de poder de policía sobre los reglamentos que rigen su funcionamiento”, apunta Moreau.
El legislador cristinista alerta sobre “la peligrosa escalada que vienen protagonizando las máximas instancias del Poder Judicial en lo que parece ser la decisión de entrometerse en las facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo”.
“A veces, esta intromisión toma la forma de medidas cautelares que paralizan o neutralizan decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a beneficiar el interés general y en otros casos, que se vienen reiterando en los últimos tiempos, nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subroga facultades del Poder Legislativo en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución Nacional, con una severa afectación del estado de derecho”, concluyen los párrafos recomendados por Cristina.
La titular de la Cámara baja justificó la resolución sobre el Consejo de la Magistratura que había generado la reacción opositora.
Puede que la resolución de la Corte Suprema de Justicia anunciada este jueves de confirmar la designación original de cuatro diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura permita encontrar una salida a la encerrona en la que oficialismo y oposición habían ingresado las últimas semanas. Al resolver el Tribunal Supremo validar la resolución original firmada por Cecilia Moreau, es de esperar que los ánimos vayan calmándose.
La piedra de la discordia había estallado con el fallo del juez Martín Cormick, que invalidó la designación de la diputada radical Roxana Reyes, adaptándose según dijo a lo dispuesto por la Corte respecto del Senado. Y a partir de ello fue que además de apelar ese fallo, la titular de la Cámara baja había dispuesto anular las designaciones de los cuatro diputados, hasta que la cuestión se aclarara.
Así lo explicó este jueves por la tarde Cecilia Moreau a través de sus redes sociales, donde señaló que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”.
“Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.
El Tribunal Supremo dispuso que los cuatro legisladores nominados originalmente asuman en el Consejo. La medida podría destrabar la situación planteada entre oficialismo y oposición en la Cámara baja.
La Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves que se les tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura. De tal manera podrán asumir en breve los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, y los opositores Alvaro González, del Pro, y Roxana Reyes, de la UCR.
En su resolución, el Tribunal Supremo consigna la medida original tomada por la Cámara alta, como así también que el 30 de noviembre pasado el secretario Parlamentario de la Cámara baja remitió al presidente del Tribunal una copia de la resolución por la cual la presidenta de la Cámara baja dejaba sin efecto la resolución original con las designaciones ante el Consejo.
Empero, advierte la Corte que “este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.
El texto agrega que “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.
Tras detallar lo que establece la ley que rige el Consejo de la Magistratura en cuanto a la representación legislativa en el mismo, precisa el tribunal que “la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones siguiendo el procedimiento previo”.
Para la Corte Suprema la resolución original firmada por Cecilia Moreau había cumplido todos los pasos establecidos para la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura “y se cumplieron también los trámites posteriores tendientes a la incorporación al cuerpo de los miembros designados, restando únicamente el ya ordenado juramento de ley”.
Aclara la acordada de la CSJN que lo dispuesto es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas iniciadas en su momento por Germán Martínez y el amparo de Alvaro González, tras lo cual dispone a través de la acordada 31/22 que asuman los cuatro diputados mencionados.
2022-34A través de una nota suscripta por su presidente, Horacio Rosatti, aclararon que “no corresponde acceder a lo peticionado”. Querían hacerle un planteo para reactivar al Consejo de la Magistratura.
Una nueva escala en la relación tensa existente entre el oficialismo y la Corte Suprema de Justicia se dio este martes. En efecto, mientras todo el país se disponía a detenerse para plantarse frente a los televisores y ver la semifinal Argentina – Croacia, el Tribunal Supremo dio a conocer su respuesta al pedido de audiencia expresado el miércoles pasado por diputados y senadores del oficialismo. Y la respuesta fue negativa.
A través de una nota suscripta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se le responde al pedido de audiencia con el presidente de la Corte Suprema hecho el pasado miércoles 7 de diciembre por las senadoras nacionales Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci, y el diputado nacional Germán Martínez. “Hágase saber a los presentantes que, en función de lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento para la Justicia Nacional (texto según Acordada 7/2004), no corresponde acceder a lo peticionado”, expresa la nota.
“Ello, toda vez que se encuentra radicada ante el Tribunal la causa CAF 64341/2022 ‘Juez, Luis Alfredo y otro c/Honorable Cámara de Senadores de la Nación – disp. 86/22 s/amparo ley 16.986’, en la que se debaten cuestiones vinculadas al motivo por el cual se requiere la audiencia”, respondió Horacio Rosatti.
El titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó ante esta respuesta un tuit en el que expresó: “Democrático el Supremo Rosatti. Declaró inconstitucional una ley de Csjo. de la Magistrat. que llevaba 15 años. Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. Calidad institucional? Bien gracias”.
Por su parte, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, reaccionó señalando que “la Corte Suprema de Rosatti va a decidir sobre nuestras decisiones violando la independencia del Poder Legislativo; esas decisiones van a afectar a terceros, contrariamente a lo que falló esa misma Corte hace un año, pero se niega a recibirnos. #MafiaJudicial”.
Esta historia continuará.
La vicepresidenta compartió la publicación del diario Página 12, en la que el diputado criticó el fallo del máximo tribunal que removió al senador Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y lo vinculó con lo ocurrido en la sesión de este jueves.
A tan solo cuatro días de que se conozca el veredicto por la causa “Vialidad” en la que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, este viernes utilizó sus redes sociales para apuntar nuevamente contra el Poder Judicial. Lo hizo elogiando la “exacta descripción” que realizó el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau acerca de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que “juega al truco con las instituciones”.
“La Corte Suprema juega al truco con las instituciones. Exacta descripción y mejor análisis del diputado Leopoldo Moreau”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde compartió el link de una entrevista periodística que le realizó el diario Página 12 al diputado en la que cuestionó el fallo del máximo tribunal que removió al senador Martín Doñate del Consejo de la Magistratura.
La titular del Senado eligió un fragmento de la nota en la que Moreau dijo: “Quieren paralizar el Consejo. Tuvieron un traspié, que fue la elección en los abogados. Creyeron que Recalde no iba a obtener la minoría. Cuando eso ocurre, Rosatti hace los números y se dan cuenta de que tiene que bajar a un concejero, y lo bajan a Doñate en el Senado. La Corte juega al truco con las instituciones”.
También compartió una imagen del título y el copete de la nota que dice: “El diputado cree que Cristina Kirchner será condenada el martes en la causa Vialidad y que eso explica por qué la oposición bloqueó la sesión de este jueves en la Cámara Baja con el objetivo de buscar conflictos institucionales”.
“Los escuderos que tiene (Mauricio) Macri para garantizarse la impunidad están en una situación de precariedad, porque los puso a dedo. Como tiene infinidad de causas pendientes, quieren bloquear en el Consejo de la Magistratura el reemplazo de estos jueces. En esto están en complicidad con (Horacio) Rosatti”, indicó el diputado kirchnerista.
El diputado kirchnerista apuntó contra JxC por la “estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso”. En ese sentido, se refirió a la polémica en torno al Consejo de la Magistratura y respaldó la decisión de Cecilia Moreau.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) se refirió al dictamen que firmó el oficialismo en la reunión de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia respecto de la investigación en el caso de “Gestapo antisindical” y afirmó que la idea es llevarlo al recinto.
Por otro lado, habló sobre el escándalo ocurrido en el recinto de la Cámara baja en la sesión de este jueves y apuntó contra JxC por la “violencia y la agresividad que manifestaron”, pero puntualmente por “estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso”.
“La verdad es que no sé cómo va a seguir esto, como se va a recomponer una situación que ayer llegó a un límite en varios sentidos. Por la violencia, la agresividad que manifestaron distintos diputados del bloque de la oposición contra la presidenta de la Cámara, pero fundamentalmente con la estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso, en una actitud rayada con la locura”, expresó Tailhade en una entrevista en Diputados TV.
En ese sentido, respaldó la decisión de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de apelar al fallo del juez Cormick y de anular las restantes designaciones al Consejo de la Magistratura porque “lo que está haciendo es defender los intereses de la gente que lo está atacando”. Asimismo, remarcó que la decisión de Moreau “nos afectó, a Vanesa Siley y a mí que no teníamos ninguna impugnación, el juez no declaró nulidad de nuestra designación y, sin embargo, Cecilia la suspendió en función de que la Cámara de Diputados tiene que mandar una representación integral, no puede mandar uno o dos, tiene que mandar a los cuatro juntos, por lo tanto, la decisión fue perfecta a pesar de que a mí me afecto”.
Respecto al anticipo que hizo el jefe del bloque radical, Mario Negri, que pedirá una sanción en su contra de parte de la Cámara de Diputados luego de que dijera: “Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias”, Tailhade se defendió: “Negri puede presentar lo que quiera, la verdad no es triste, no tiene remedio. Eso es la sodomización de la UCR por parte de Macri y del Pro es algo que está claro hace tiempo. Me acusó de discriminación, pero el término no tiene nada que ver ni de homofóbico”.
Por otro lado, comparó: “El gesto de (Cristian) Ritondo fue bastante más claro, yo en cambio sí puedo explicar qué es sodomización, incluso Negri puede explicar si es voluntaria o no de la UCR, pero lo de Ritondo es bastante claro, es un gesto absolutamente grosero dedicado a la presidenta del Cuerpo y alguna consecuencia tiene que tener”.
“Está muy a la vista las agresiones a la presidenta, a (Sergio) Massa no le hicieron esto. Más allá de que hubo conflictos y tensión, pero nunca le hicieron esto. En parte fue porque es mujer. Ayer tuvimos quórum, entraron a pudrir la sesión, algunos diputados que nos dieron quórum se habrán asustado y se fueron”, opinó el kirchnerista y describió: “En esa estrategia de pudrirla fueron agresivos, ordinarios, groseros, violentos con la presidenta el Cuerpo”.
En tanto, insistió en que “lo esquizofrénico de la situación, es que Cecilia está defendiendo los intereses del radicalismo porque está diciendo que la Cámara de Diputados es la única que tiene la facultad de decidir cómo mandamos a nuestros representantes y está defendiendo la designación de (Roxana) Reyes”.
“Se convirtió en representante del kirchnerismo a tal punto que dejó a los dos kirchneristas afuera del Consejo todavía, porque a mi nadie me impugnó”, ironizó Tailhade ante las acusaciones de JxC y agregó: “A Vanesa Siley nadie le presentó un amparo para que no asuma, por lo tanto, y la resolución del juez Cormick es muy clara, la designación de Reyes es nula solamente, no la de los demás, por lo tanto, lo que está haciendo Cecilia es defender esos intereses, por eso es tan delirante lo que está pasando”, y dejó en duda: “Habría que ver qué intereses reales están detrás de toda esta puesta en escena”.
Por otro lado, al ser consultado por la resolución del juez Martín Cormick, el oficialista reconoció que “no” le parece “para anda correcta” porque “el juez se mete en un tema que es privativo del Congreso de la Nación y en particular de la Cámara de Diputados”.
“Lo que pasa es que el juez está habilitado por un fallo de la Corte que es igual de delirante, es mucho peor. Pero Cormick sigue al pie de la letra los criterios, la interpretación que hace la Corte respecto de la situación en el Senado, pero la verdad es que es exactamente la misma situación, por eso no comparto lo que resolvió”, planteó y sostuvo: “Me afecta lo que decidió la presidencia de la Cámara, pero acompaño esa decisión porque en definitiva está tratando de ratificar los cuatro miembros de diputados que fueron enviados al Consejo, uno de los cuales fue rechazado por la justicia”.
Y volvió a reiterar que Moreau “lo que hace es defender los intereses de todos, pero en particular del radicalismo. Es insólito que la esté amenazando con hacer una denuncia penal por abuso de autoridad cuando está defendiendo sus intereses y, al contrario, en el Senado, ya la denunció a la vicepresidenta por hacer otra cosa distinta que, según ellos, hizo Cecilia”.
En ese marco, comparó la situación de ambas cámaras: “En el Senado, según la oposición, Cristina (Kirchner) no cumplió un fallo judicial y la denunció penalmente, y ahora Cecilia Moreau que está cumpliendo el fallo judicial, también es denunciada por el mismo sector”, y denunció que “está bastante claro que acá hay una estrategia que no pasa por las decisiones que tomó Cecilia es más amplia la cuestión”.
“Son dos casos iguales, pero en el Senado reclaman una cosa y en Diputados otra. El fallo de Cormick es un poco más idóneo que el de la Corte, porque en la Corte no hay ninguna duda que fue el periodo que terminó el 18 de noviembre, en cambio el de Cormick es explicito que dice ‘esto es para adelante’. El radicalismo es parte de la segunda fuerza, lo mismo pasa en el Senado”, argumentó el diputado del FdT.
Respecto a los pasos que faltan para que la situación se resuelva y la titular de la Cámara baja pueda enviar una nueva resolución, Tailhade detalló: “Acá hay dos planos, el del expediente propiamente dicho donde salió la resolución de Cormick declarando la nulidad de la designación de Reyes, la presidencia de la Cámara interpuso un recurso de apelación contra esa decisión y lo va a resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo. No se si esto puede resolverse en pocos días, o si ya va a pasar para febrero, es difícil decirlo. Ahora, la Corte también tiene cosas para decir de hecho en el periodo anterior cuando la Corte intima a todos los estamentos a que completen la integración, y particularmente el Congreso, los dos fueron judicializados”.
“En el caso de Roxana Reyes fue por Germán Martínez -jefe del bloque FdT- que es esta sentencia que aparece ahora y en el caso de Martín Doñate por el macrismo, por los jueces. Con expedientes en trámite, con los recursos de amparo en pleno trámite, la Corte le tomó juramento a Reyes y a Doñate, entonces la Corte debería decir algo”, reclamó.
El diputado aclaró que “la ley que la Corte resucitó y, es con la que se maneja el Consejo que es con una conformación de 20 derogada hace 16 años por el Congreso de la Nación, esa ley habla de bloques, no habla de mayorías”, y remarcó que “si lo que plantean los radicales está bien, Unidad Ciudadana y Doñate están bien también. Nosotros tenemos que manejar, no la justicia”.
“El Consejo no puede funcionar sin representantes del Congreso. Hay un interés en paralizar el Consejo de la Magistratura no en que funcione sin legislativo. El Consejo no va a funcionar hasta que no esté integrado en su totalidad y eso implica que estén los 8 legisladores”, advirtió.
Asimismo, apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y a JxC porque “tienen una estrategia que, la verdad a esta altura, nadie puede desconocer que operan juntos y que están coordinados en esta estrategia de no funcionar porque si funciona se tienen que empezar a mover los concursos. Hay una actitud antidemocrática de JxC y del propio Rosatti que no sacan el concurso”.
En otro tramo de la entrevista, fue consultado por el dictamen que firmó el oficialismo esta semana en la reunión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que investigó el caso de la “Gestapo antisindical”.
“El dictamen de la ‘Gestapo’ va a ser público, Leopoldo (Moreau) está a cargo de eso y será en breve y también vamos a publicar un informe. El trabajo de la subcomisión que investigó específicamente la Gestapo terminó en un informe, en este caso son 250 páginas que relatamos todo lo que hicimos”, contó y afirmó: “La idea es llevar ese dictamen al recinto, nunca hubo una situación de esta, sería la primera vez”.
“El dictamen concluimos algo que era lógico después de un año de investigación donde quedó claro que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gustavo Arribas, funcionarios de la provincia, de AFI participaron en el armado de causa con un dispositivo ilegal de persecución contra sindicatos y sindicalistas, en particular ‘Pata’ Medina y Hugo Moyano”, contó.
Y cerró: “Se ordenó que se abran causas contra los jueces que intervinieron, los fiscales que intervinieron, los agentes de inteligencia que intervinieron en el armado en la preparación de pruebas. Es una ratificaron judicial de lo que concluimos en sede parlamentaria”.
Por ahora postergan la asunción de los senadores, por estar el tema judicializado, según estableció la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, los cuatro miembros correspondientes al Senado deberán seguir esperando, ya que el Tribunal seguirá estudiando el caso, que ha sido judicializado por haber considerado las autoridades del Cuerpo que ese lugar le corresponde a Martín Doñate, mientras que desde la oposición reclaman ese escaño para el bloque Pro.
Así las cosas, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura tomará juramento a los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes.
Sin embargo no se estableció la fecha para la jura.
Para el caso de los miembros del Senado, la acordada señala que “la designación de los representantes titulares y suplentes del H. Senado de la Nación” se encuentran “a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.
La lista de consejeros enviada por el Senado señala a los senadores oficialistas
María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.
El legislador chaqueño presentó una cuestión de privilegio contra el Tribunal Superior y pidió “democratizar” al Poder Judicial.
El diputado nacional Juan Manuel Pedrini (FdT – Chaco) presentó una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su accionar en torno al Consejo de la Magistratura y sostuvo que “el accionar de la Corte es propio de autócratas y protofascistas que no reconocen los límites de la ley”.
Además, cuestionó al órgano judicial por “obstaculizar el desempeño de las funciones del Congreso de la Nación, ni dejar cumplir con las potestades y obligaciones”. En esa línea, afirmó: “Hay una permanente interferencia de la Corte Suprema para con el accionar del Poder Legislativo”.
“El caso más reciente es el del Consejo de la Magistratura”, indicó Pedrini. A su vez, expresó: “En el 2013 con la Ley 26.885 se reglamentó un principio republicano -el de elección popular- y la declararon inconstitucional. En 2021 volvieron a fallar en contra de la ley después de 16 años de vigencia”.
En tal sentido, el diputado chaqueño agregó que “esto no es nuevo”, y cuestionó: “Los autócratas querían quedarse con la presidencia del Consejo de la Magistratura con fallos inconstitucionales”. Del mismo modo, apuntó contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema al expresar que “ejercen un tutelaje vergonzoso e inaceptable contra el Congreso”.
En el cierre, Pedrini le pidió al Congreso “intimar a los representantes de la Corte”, y concluyó arengando: “Debemos luchar por democratizar el Poder Judicial. Basta de autócratas con actitudes fascistas que no reconocen a la ley ni a sus representantes”.
“El respeto a las reglas de juego es imprescindible para la inversión”, expresaron a través de un comunicado desde el Foro de Convergencia Empresarial.
Luego de la decisión del Senado de la Nación de insistir con el nombramiento de un senador en el Consejo de la Magistratura, a pesar del fallo de nada menos que la Corte Suprema, el Foro de Convergencia Empresarial sostuvo que esa Cámara “perdió una oportunidad histórica de generar un punto de inflexión y enviar una señal que fortaleciera el frágil estado de la Seguridad Jurídica existente en nuestro país”.
“La decisión del bloque mayoritario de Senadores de insistir en la división en dos subbloques, a fin de enviar tres representantes al Consejo de la Magistratura, constituyó un claro desafío al fallo emitido hace menos de una semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron a través de un comunicado titulado: “El respeto a las reglas de juego es imprescindible para la inversión”.
Desde el Foro de Convergencia Empresarial vienen insistiendo en que Argentina necesita atraer inversiones para lograr revertir la difícil situación económica y social que estamos atravesando.
“Para ello es imprescindible generar confianza en los inversores acerca del respeto a las reglas de juego y a las decisiones del Poder Judicial”, afirman en el comunicado, que concluye diciendo que “es por tal circunstancia que solicitamos a los senadores tengan a bien revertir la decisión adoptada a fin de comenzar un camino virtuoso de acuerdos en beneficio de la sociedad toda”.
El pedido fue formalizado por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni mediante un amparo. Además, solicitaron la nulidad de la designación de Anabel Fernández Sagasti como suplente.
El conflicto por el representante por la tercera minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura entre oficialismo y oposición sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el senador y titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), y su par de bancada Luis Juez presentaran ante la justicia un amparo y medida cautelar mediante el cual solicita al Consejo que se abstenga de tomarle juramento al senador kirchnerista Martín Doñate e insistieron con el fallo de la Corte Suprema.
Luego de que el oficialismo logró en el Senado refrendar el decreto firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, que nombraba a los cuatro representantes para el órgano encargado de designar y controlar a los jueces, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro), desde JxC habían adelantado que volverían a recurrir a la justicia para que resuelva quién debe ocupar dicha silla.
La presentación de 29 páginas, que recayó en el juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 a cargo de María Alejandra Biotti, lleva las firmas de Schiavoni y de Juez, pide que “se declare la nulidad absoluta e insanable” de los nombramientos dado “las improcedentes designaciones de los senadores Doñate y (Anabel) Fernández Sagasti para integrar el CMN, como miembros titular y suplente respectivamente”.
También solicitan la “nulidad absoluta e insanable de su inclusión como primer punto del temario para ser aprobado por el cuerpo en la sesión especial que se llevó a cabo este miércoles”.
“Ordenar a la presidenta del Senado que cumpla con designar a Juez -Schiavoni (titular y suplente) por la segunda minoría”, reclaman y agregan que el Consejo de la Magistratura “disponga la inmediata designación de los senadores Juez y Schiavoni como representantes de la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026″.
Además de los representantes del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, oficializó este jueves la designación de los cuatro representantes de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura.
El organismo que designa y sanciona a los jueces estará integrado, en representación del oficialismo por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Mientras que por la oposición fueron nombrados la radical Roxana Reyes y Álvaro González.
221118-Amparo-Consejo-de-la-Magistratura-nulidad-DPP86-VFEl titular del bloque Pro en el Senado sostuvo que “se ha hecho cómplice a senadores de una maniobra que va a en contra de un fallo de la Corte Suprema”, y calificó la aprobación de la designación de Martín Doñate como “un atropello”.
El titular del bloque Pro en el Senado, el misionero Humberto Schiavoni, se refirió este jueves a la estrategia de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en relación al fallo de la Corte Suprema y la conformación del Consejo de la Magistratura y lo calificó de “insólito”.
En declaraciones radiales, el senador opositor tildó la situación de “insólita” y sostuvo que “es difícil encontrar una situación similar”, luego de que el oficialismo aprobó en el recinto de la Cámara alta la designación de Martín Doñate (FdT) como representante de la segunda minoría en el Consejo.
Schiavoni advirtió que “se ha hecho cómplice a senadores de una maniobra que va a en contra de un fallo de la Corte Suprema y tratándose del Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar y seleccionar jueces”.
En este contexto, Schiavoni aclaró que “un lugar en el Consejo no es menor para quienes resguardar sus intereses personales y se ven jaqueados por la Justicia. Es un atropello enorme y decidimos dar una respuesta política para no dar lugar a esto”.
“Es importante el voto del año próximo y el accionar de la Corte Suprema para resguardar los intereses de todos nosotros. Hay que apostar a que esto siga funcionando como una república”, finalizó.
La Mesa Nacional de la principal bancada opositora emitió un comunicado contra la vicepresidenta de la Nación por “alzarse contra la Corte”, en relación a la aprobación en el Senado de la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría.
La Mesa Nacional de JxC emitió un duro comunicado este jueves en contra del oficialismo, puntualmente de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de enviar al pleno del Senado a aprobar la designación del senador Martín Doñate al Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría lugar que, según denunció la oposición, corresponde a Luis Juez (Pro).
En el texto que difundieron advierten sobre “la grave situación institucional que ha provocado la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de alzarse contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de interpretación constitucional de la República, insistiendo en la maniobra urdida para obtener la mayoría de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura”.
En ese sentido, alertaron que “se está poniendo en peligro el orden institucional del país en procura exclusivamente de favorecer la situación personal de alguien procesado por gravísimos hechos de corrupción, que ya deberían estar resueltos para la salud de la Republica si no se estuviera intentando permanentemente evitar el pronunciamiento de la Justicia”.
“Los argentinos no nos merecemos semejante manoseo”, expresaron y lanzaron: “Las máximas autoridades del país no pueden actuar como delincuentes acorralados y arrastrar en sus intentos de impunidad a los pilares de la institucionalidad del país”.
Al cierre del documento, manifestaron que “la convivencia ha de fundarse con todos los ciudadanos iguales ante la ley y sin privilegio alguno”.
La senadora oficialista y nueva representante del Consejo de la Magistratura lanzó duras críticas al Tribunal Superior y a JxC: “Esta Corte está trabajando con el Pro desde el mismísimo gobierno de Macri”. Además, aclaró que Cristina Kirchner “no tiene nada que ver en esto”.
La senadora nacional y nueva integrante del Consejo de la Magistratura, María Inés Pilatti Vergara (FdT – Chaco) se refirió a la aprobación en el recinto, durante la sesión de este miércoles, al decreto por el cual se nombran a los cuatro representantes ante el Consejo, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, cuya designación había sido rechazada por la Corte Suprema y por JxC, respecto lo cual disparó: “La Corte parece una terminal del Pro”.
En diálogo por la AM 990, la chaqueña apuntó: “La Corte cayendo ya en una suerte de manía de dictaminar con total alejamiento a las normas más elementales del derecho, porque ya lo hizo en diciembre del año pasado cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley con el que se regia el Consejo de la Magistratura, y puso en vigencia la ley derogada hace 16 años atrás. Ahora también con este nuevo fallo al desconocer la voluntad y la facultad exclusiva del Congreso de la Nación de elegir, a través de sus integrantes, quiénes son los senadores que los van a integrar en cada periodo del Consejo”.
“Ellos argumentaron que nosotros nos dividimos en dos bloques o casualidad al momento que había que designar a los consejeros. Juntos por el Cambio desde que se creó como tal como bloque, siendo uno, al día de hoy está partido en nueve partes. El interbloque de JxC está conformado por nueve bloques”, comparó y preguntó irónica: “¿Alguna vez a la Corte o alguien se le ocurrió preguntar por qué se dividen o qué están buscando? No, silencio recio”.
Y siguió: “Ahora cuando nosotros decidimos dividirnos en dos bloques, ahí somos los tramposos y lo estamos haciendo a propósito, que hay maniobras. Lo peor de todo y la animosidad que se ve contra la vicepresidenta de la Nación, es que la supuesta maniobra de dividir el interbloque se la ligan a ella”.
“Hay un primer bloque mayoritario que es el de Frente Nacional y Popular, después sigue el de la UCR y después viene el frente Unidad Ciudadana, no el frente Pro que tiene cuatro integrantes menos, obviamente le corresponde a Martín Doñate”, explicó y defendió Pilatti Vergara.
Por otro lado, se refirió sobre la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner: “La vicepresidenta en esto no tiene nada que ver porque no es senadora y porque no tiene otra cosa que hacer que instrumentar lo que los senadores le decimos. La elección de los consejeros es la voluntad expresa de los bloques de representar la primera, la segunda y la tercera minoría”.
Además, calificó el fallo de la Corte de “abstracto e inaplicable, no tiene sentido”. “Las cosas que esta gente hace no tienen sentido quieren judicializar todo lo que venga del FdT. No ve el que no quiere, pero realmente esta Corte está trabajando con el Pro desde el mismísimo gobierno de Macri, se hace muy difícil trabajar de esta manera institucionalmente hablando porque es un escollo tras otro. Parecen una terminal del Pro porque todo te lo declara inconstitucional”.
“No existe en ningún lugar del mundo que el presidente de la Corte Suprema (Rosatti) le comunique al presidente del Consejo de la Magistratura que le tome juramento a tal y al otro no, con un desprecio a cada poder del Estado que es inadmisible de aceptar. Estamos en un serio problema porque no sabemos qué va a pasar”, advirtió la senadora oficialista.
Y cerró: “Me pareció muy bueno poner a consideración del pleno la nota porque como no entienden muy bien esto de la división de poderes y de las facultades propias y excluyentes de cada poder del Estado y la importancia de la doctrina y jurisprudencia”.
La senadora tucumana justificó la decisión de la oposición de no bajar al recinto, señalando que la sesión de este miércoles se trata de un nuevo intento por parte de la vicepresidenta de querer votar en contra de la manda de la Corte Suprema.
La senadora nacional Beatriz Ávila justificó la decisión de la oposición de no bajar al recinto, advirtiendo que la sesión de este miércoles se trata de un nuevo intento por parte de la vicepresidenta de querer votar en contra de la manda de la Corte Suprema: “Se quiere hacer cómplice a este Senado de incumplir una sentencia de nuestro máximo tribunal”.
“Es inédito este nuevo intento de –ardid- por parte de la vicepresidenta, de querer hacer votar al pleno de este Cuerpo en contra de la manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, manifestó la legisladora integrante de Juntos por el Cambio.
En este sentido, la senadora tucumana señaló que el oficialismo “encontró una lastimosa creatividad parlamentaria” de “querer hacernos votar este decreto ad referéndum que pervierte la representación política del Consejo de la Magistratura, con el objeto de legitimar un acto ilícito en contra de lo establecido de forma meridiana por la Corte”.
“La vicepresidenta sigue acelerando contra la pared. Debe llamarse a la reflexión, dejar de embestir contra la Justicia y las Instituciones por razones personales. Nos encontramos ante una situación gravísima. El oficialismo debe gobernar, gestionar y no la bipolaridad (dicha con respeto) de pretender ser oposición y gobierno”, reflexionó la legisladora.
Ávila exhortó a “recuperar el sentido común, la dignidad, la juridicidad y el principio cardinal de la buena fe que la Constitución nos manda constituir y desarrollar a la República”.
“Bajo el disfraz de un purismo literal y formalista en el fondo, esto no es más que tensionar un conflicto de poderes para tratar de garantizar la impunidad que la conducta delictiva de muchos arrojó al peso de las leyes”, agregó.
“Cuando no nos gobiernan las leyes, nos gobierna la tiranía. Cuando no se respeta la Justicia, lo que queda es el caos. Acá no hay nada que discutir”, concluyó la legisladora.
El Presidente retrasó su regreso al país para no estar aquí cuando Cristina hable en La Plata. Tal es el nivel de tensión y la convivencia irregular en lo más alto del poder. La cuestión de los liderazgos, un factor determinante para consolidar candidaturas de cara a un 2023 con más dudas que certezas.
Por José Angel Di Mauro
Parecía un tema resuelto, pero no era así. Aunque el propio y principal interesado debe haber sido el primero en sorprenderse el martes pasado al conocer el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a Luis Juez para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, en detrimento del senador camporista Martín Doñate.
La decisión judicial generó la previsible y airada reacción del oficialismo en el Senado, amenazas de desacato y un final abierto como única certeza.
El fallo fue contundente, pero así y todo hay dudas en torno a lo que pueda llegar a suceder. En primer lugar, si el senador cordobés podrá ocupar ya el lugar que le correspondía, según acaba de determinar el máximo órgano judicial del país. Y luego, si podrá continuar cuando dentro de pocos días deba producirse el recambio de miembros de la Magistratura. Porque si bien el fallo es concluyente respecto de que la división del bloque oficialista fue una irregularidad decidida para ser simultáneamente primera y tercera minoría, podría entenderse que ahora sí el bloque oficialista puede hacer valer su decisión de transformarse en interbloque, cosa que la Corte consideró una maniobra inaceptable en vísperas de la conformación del nuevo Consejo.
Ya algunas figuras de Juntos por el Cambio se adelantaron a justificar que el fallo alcanza a esta nueva situación, conforme el hecho de que el bloque del Senado sigue teniendo la homogeneidad que exhibía aún antes del fallo de inconstitucionalidad de la ley que creó el Consejo de la Magistratura. Y hasta las autoridades del “interbloque” son las mismas que antes de la “división”. No son pocos los juristas que abonan esa teoría y todo hace prever que el tema pueda volver a judicializarse. Con el mismo resultado, lo más probable.
Los antecedentes del kirchnerismo no garantizan un resultado distinto. Botón de muestra es lo que sucedió con el procurador de la provincia de Santa Cruz Eduardo Sosa, cesanteado por el entonces gobernador Néstor Kirchner cuando había comenzado a investigar la contratación que esa provincia había hecho con un estudio de abogados por fuera de la estructura del Estado para negociar el cobro de una deuda de la Nación por regalías petroleras (los famosos 600 millones de dólares que finalmente el Gobierno de Menem le dio y que Kirchner depositó luego en el exterior). Cuatro veces la Corte reclamó su reposición en el cargo, mas la provincia nunca obedeció.
Este conflicto de poderes en ciernes abona el terreno pedregoso de la relación entre la vicepresidenta de la Nación y la Justicia, en el que ella agregó piedras esta semana al recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti por no haber indagado los vínculos políticos del autor del atentado en su contra y la figura del diputado Gerardo Milman. El kirchnerismo sigue obsesionado en encontrar vinculaciones políticas con el fallido magnicidio: le resulta inaceptable limitar el ataque a una banda de delirantes lúmpenes, que es lo que vienen a ser los miembros de “la banda de los copitos”.
De eso y muchas otras cosas más hablará Cristina Kirchner este jueves, en el acto que con toda pompa la tendrá como única oradora en La Plata. Ciudad emblemática para el kirchnerismo, hay quienes se preguntan si la exmandataria utilizará ese escenario para lanzar directamente su candidatura presidencial 2023.
Sería toda una novedad, pues el kirchnerismo suele apegarse a sus costumbres. Lo cual sugiere que eso no sucederá, más allá de que toda la previa del evento, las declaraciones que lo anteceden y hasta la estética de difusión que lo rodea, la muestran decididamente en modo campaña.
Pero los Kirchner siempre, siempre, mantuvieron la incógnita hasta el final. Incluso cuando estaba cantado en 2007 que ella tomaría la posta de su esposo, el entonces presidente insistía con la alternativa “pingüino o pingüina”. Lo máximo que se adelantó Cristina fue en 2019, cuando en mayo, a un mes del cierre de listas, sorprendió a todos con la fórmula de los Fernández, con ella en el segundo lugar.
No cualquiera es vocero del kirchnerismo, y esa es una condición que le asiste a Andrés “Cuervo” Larroque, que viene abonando la teoría de una candidatura de CFK. Lo hizo días pasados cuando en El Destape Radio le recomendó al presidente Alberto Fernández “que se amigue con el liderazgo de Cristina y que no esté enojado, o pensando en qué lugar está él, o si lo nombran más o menos”. Hay que analizar sus declaraciones y allí pidió “discutir por qué no pudo ser candidata en 2019”.
Lo del liderazgo es una inquietud transversal en los tiempos que corren en la política argentina. Lo plantea el cristi/kirchnerismo para abonar las expectativas en que su líder pueda volver a la Rosada, y también en la vereda de enfrente cuando se preguntan sobre el destino de Mauricio Macri. Quien no oculta su convicción de que él debería ir por un “segundo tiempo” es Miguel Pichetto, quien el viernes abonó la teoría de “tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra”, para sugerir sin decir que el expresidente trabaja en una candidatura: “Si un hombre camina el Conurbano, presenta un libro, el libro se llama ‘Para qué’ (vamos a gobernar la Argentina); viene de otro libro… En cualquier lugar del mundo, un analista político diría: ‘El hombre está sentando expectativa y está consolidando liderazgo’”.
Entrevistado en el programa La Rosca, Pichetto repitió que los expresidentes son siempre en la Argentina “figuras potentes”, por el hecho de que son bien conocidos hasta en el lugar más recóndito. “No dejemos de analizar esa variable como posible”, sugirió quien dicen que vería con agrado acompañarlo en una fórmula, como en 2019. Habló allí también de un dato no menor: que “la Argentina está viviendo un proceso político de fuerte debilidad de la autoridad presidencial”.
“Ese modelo de que el que tiene el liderazgo va atrás o no va, creo que no va a funcionar… Hay expectativa dando vuelta e incluso creo que la sociedad puede llegar a castigar si las expectativas que esos sectores tienen en esos liderazgos no se concretan”, se sinceró. ¿No sería una vuelta atrás insistir con esas dos candidaturas? “La política es realismo puro, se hace con el material humano que tenés, y con los que lideran”, resumió el auditor general de la Nación. Y concluyó: “Para que haya un cambio tiene que haber sustitución de liderazgo”.
Ya se sabe que el excandidato a vicepresidente de la Nación es un convencido de que cuanto más demore la principal oposición en definir un liderazgo, más se aleja de las posibilidades de volver al poder. Para él, y para muchos en ese espacio, esperar hasta agosto del año que viene puede resultar ser un riesgo fatal. Y nada indica que esa alternativa vaya a ser modificada, por cuanto los arrebatos para eliminar las PASO habrían sido conjurados en el oficialismo.
Los liderazgos necesitan tiempo para ser consolidados. Cuando en la época de Alfonsín el peronismo definió en una histórica interna quién sería su candidato, lo hizo el 9 de julio de 1988. Las elecciones se hicieron un año más tarde, el 14 de mayo venidero y Carlos Menem asumió el 8 de julio de 1989, 364 días después de haber derrotado a Antonio Cafiero.
La interna por ahora JxC la mantiene sin pausa y a cielo abierto, lo cual es decididamente poco recomendable para sus aspiraciones. Al cabo del desayuno convocado la última semana para apaciguar los ánimos, se confirmó que el Pro tiene 3 precandidatos, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, más allá de la omnipresencia del expresidente Macri. Para desvelo del primero, la exministra de Seguridad mantiene el liderazgo en las encuestas en un electorado que se siente atraído por los extremos. El jefe de Gobierno es, para propios y extraños, un muy buen candidato… para un balotaje que ganaría de manera concluyente. Pero debería atravesar antes dos citas que se le hacen cuesta arriba, por lo que suman los extremos: las PASO y las generales de octubre en las que los eventuales desencantados de una derrota en las primarias de Bullrich podrían migrar hacia Javier Milei.
Una encuesta de D’Alessio Irol/Berensztein muestra a Patricia Bullrich en el primer lugar en imagen positiva (52%), siendo la más valorada entre los votantes de Juntos por el Cambio. Con todo, la exministra tiene un problema de cara a una campaña extremadamente larga: la falta de fondos para llevarla adelante. En su paso por Mar del Plata en el Coloquio de IDEA, la presidenta del Pro no tuvo ningún prurito en reclamarle apoyo a los empresarios y se fue feliz de la recepción que encontró en ellos. Pero transcurrido un mes, ese apoyo prometido aún no se ha visto concretado.
Un dato accesorio que vale. El presidente, que retrasó su regreso al país para no hacerlo sobre el temido discurso de su vice en el Día de la Militancia, alcanza en la citada encuesta su peor combinación de imagen positiva y negativa: 76 y 17%, respectivamente. De ahí que le cuestionen sus supuestas aspiraciones a reelegir, una quimera que ni él debe creer posible.
La senadora nacional tucumana celebró el fallo sobre la composición del Consejo de la Magistratura.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila celebró la decisión de la Corte Suprema de anular el decreto parlamentario sobre la designación de Claudio Doñate al Consejo de la Magistratura, y consideró que el máximo tribunal “acaba de tomar una decisión ejemplificadora”.
“La Corte le ha dicho al kirchnerismo que no puede hacer cualquier cosa ni con las instituciones ni con las leyes. El fallo que declara nula la maniobra de Cristina Kirchner para apropiarse de una banca que no le corresponde al oficialismo sino a la oposición expone a los que nos gobiernan”, consideró la legisladora tucumana.
En este sentido, recordó que el pasado 20 de abril denunció la situación: “Cuando se llevó a cabo la división ficticia del bloque del Frente de Todos, realizada entre gallos y medianoche” para formar una bancada y anotarla como primera minoría. Sostuvo que fue “una artimaña más que, obviamente, fue impulsada por la vicepresidenta en contra de la República, de la división de poderes y de la independencia judicial. Con ese comportamiento fraudulento desplazaron a Luis Juez, senador de nuestro interbloque, e hicieron ingresar al ultra kirchnerista Martín Doñate. Pero la mentira tiene patas cortas y esa usurpación de una banca en el Consejo de la Magistratura que corresponde a la oposición se acaba hoy”.
La legisladora destacó que los supremos Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz dicen en el fallo que el accionar kirchnerista “vulnera el principio de buena fe”, por lo que la legisladora consideró que “perpetraron una estafa institucional para quedarse con un lugar que no les corresponde en el Consejo de la Magistratura”.
“Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también dicen que la designación de Doñate no ha sido respetuosa de las exigencias legales y constitucionales, sino que ha sido una manipulación para desnaturalizar la representación pluralista que la Constitución Nacional exige a la hora de integrar el Consejo de la Magistratura, que propone, sanciona y destituye a los jueces”, agregó.
En este sentido, Ávila reivindicó la sentencia “que le pone un freno al desquicio kirchnerista y a su impune creencia de que pueden violentar leyes e instituciones como se les antoje”.
“Es una mala noticia por partida doble para Manzur: el oficialismo al cual él sirve acaba de ser declarado un timador de la república y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claro que no permitirá que fuercen leyes ni constituciones. Espero que en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tomen nota de que las leyes están para ser respetadas y no para maniobras ni interpretaciones torcidas que habiliten en los despachos judiciales candidaturas que no están previstas por la Constitución de Tucumán. Si los Tribunales de Tucumán no hacen respetar la Carta Magna de los tucumanos, entonces pediremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga lo que corresponde”, concluyó la senadora.
Fiel a su estilo, el diputado ultra K aseguró que la firma de Horacio Rosatti “no vale”, y advirtió que el Tribunal les da a los senadores “recomendaciones que nadie les pidió”.
Previsiblemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que eyectó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate tuvo repercusión en la sesión de este miércoles. Y encargado de exteriorizar su postura fue el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien planteó una cuestión de privilegio contra los jueces del Tribunal Superior Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Alguien le gritó que había omitido el nombre de Ricardo Lorenzetti, a lo que él respondió: “No firmó, maestro”.
“El fallo que conocimos ayer viola en varios sentidos normas del ordenamiento jurídico argentino”, aseguró Tailhade, remarcando que “claramente el fallo significa una intromisióin en la esfera privativa del Senado, porque se mete a explicarle a los senadores cómo tienen que funcionar los bloques. Todo eso dice el fallo, dándole a los senadores recomendaciones que nadie les pidió”.
Según Tailhade, la Corte Suprema “legisla nuevamente a partir de estas pautas que pretende dar, y no es la primera vez que legisla”. Violando a su juicio “la división de poderes y entrando a legislar, algo que les corresponde a los integrantes de este Congreso”.
Para Tailhade, las violaciones en las que incurre la Corte Suprema pasan también por el desplazamiento de Martín Doñate de su condición de consejero de la Magistratura, “sin que le haya dado intervención al propio senador en el marco del expediente. No hubo participación del interesado en este expediente”.
“Y no solo eso, sino que tampoco se le dio participación al bloque Unidad Ciudadana, que es considerado trucho por la resolución. Básicamente (la Corte) lo califica como bloque trucho”, se quejó el diputado camporista, que insistió: “Sin que se le haya dado intervención a dicho bloque en el marco del expediente, también viola elementales principios judiciales”.
Tailhade insistió en que “nunca en la vida he visto un fallo en donde se ingresara en una descalificación personal tan bochornosa como hace el fallo contra la vicepresidenta de la Nación”.
Tras ello, sostuvo que “todo esto es periférico a lo más importante: que es un fallo trucho, es un fallo adulterado, porque lo peor es que Rosatti vuelve a intervenir en un tema que es propio, donde tiene interés”. Y enumeró otros casos: “Cuando se autovotó para ser presidente de la Corte; cuando se autovotó para ser presidente del Consejo, y ahora está interviniendo él en una cuestión en la que tiene intereses: quiénes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura”.
Para Tailhade, “la firma de Rosatti no vale, es trucha, por eso hay que ir contra la misma Corte, para que se resuelva si efectivamente Rosatti ha intervenido de manera irregular. Me parece que deberíamos considerar que estamos frente a un Poder Judicial al margen de la ley”. E ironizó: “Ni el ‘Bubi’ (Julio) Nazareno se animó a tanto. Imagínense la calaña del presidente actual de la Corte”.
Los senadores del FdT emitieron un comunicado en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desplazar a Martín Doñate del Consejo de la Magistratura. Además, convocaron a una conferencia para este miércoles a las 12.
Tras conocerse este martes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22, por medio del cual la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Claudio Martín Doñate, el interbloque de senadores oficialistas emitieron un comunicado en el que denunciaron que la Corte “interfiere en las decisiones políticas del Congreso”.
En ese contexto, convocaron para este miércoles 9 a las 12 a una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el Salón de las Provincias de la Cámara de Senadores.
En el texto, los bloques de senadores nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana, que conforman el interbloque Frente de Todos, expresaron que “fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo”.
Además, denunciaron que “se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial”, y apuntaron que tiene como “claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”.
“El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado. Por otra parte, el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”, agregaron en el comunicado.
Mario Negri, Juan Manuel López, y Graciela Ocaña, entre otras figuras de la oposición se manifestaron rápidamente a favor del fallo.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador kirchnersita Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, legisladores y referentes de Juntos por el Cambio manifestaron su aprobación.
El máximo tribunal consideró el decreto firmado por la vicepresidente Cristina Kirchner, que dispuso la división del bloque del Frente de Todos en el Senado, como “inoponiple”, por lo que impugnó la decisión, y permitió que el escaño por la segunda minoría quede a cargo del macrista Luis Juez.
“No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó”, manifestó al respecto el presidente del bloque UCR de la Cámara baja Mario Negri.
Por su parte, el diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que “le guste a quien le guste hoy con Rosatti, Rosenkratz y Maqueda hay una Corte independiente del poder político del FdT y de JxC. Si se consolida tendremos un paso más a la república, a la seguridad jurídica, condiciones del desarrollo”.
Además, la diputada Graciela Ocaña consideró que la Corte Suprema “puso las cosas en su lugar” y “terminó con la trampa de CFK”; y la diputada Mariana Zuvic señaló que “la Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo”.
Asimismo, celebraron la presidente del Pro, Patricia Bullrich, y los exlegisladores Luis Petri y Jorge Enríquez.
Por otra parte, desde el oficialismo se manifestó el senador tucumano Pablo Yedlin, que sostuvo que la Corte Suprema “está actuando fuera de lo que marca la constitución nacional”.
Por mayoría, el Tribunal Supremo aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera al senador Luis Juez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22, por medio del cual la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Claudio Martín Doñate y, como suplente, al senador Guillermo Snopek.
La presentación había sido elevada oportunamente por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni, y fue convalidada este martes con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no se sumó, por cuanto considera que la Ley 24.937 que restituyó la vieja conformación del Consejo de la Magistratura está derogada.
La jugada por la cual el oficialismo había conseguido birlarle a Juntos por el Cambio uno de los lugares en el Consejo de la Magistratura tuvo lugar en abril pasado y consistió en partir el bloque del Frente de Todos del Senado, con lo cual el oficialismo pasó a tener una bancada por la “mayoría” y la otra fue la “segunda minoría”.
El FdT tenía 35 miembros y el bloque más grande pasó a llamarse Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes. El otro, denominado Unidad Ciudadana, quedó con 14.
Esta medida se da justo cuando este mes el Poder Legislativo deberá renovar a sus representantes. Y ya se sabe que el oficialismo se quedará con una banca más, ya que Graciela Camaño no renovará su mandato y el Frente de Todos reclamará ese escaño. Tampoco renovará el representante del Pro, Pablo Tonelli, quien como Camaño no se amparará en un fallo de la jueza María Servini que le permitiría renovar el cargo, y su lugar será ocupado porp el diputado Alvaro González.
En su fallo, la Corte expresa que el recurso extraordinario “resulta admisible” por cuanto “se encuentran en juego los límites del control judicial respecto de actos del Poder Legislativo y el alcance del principio constitucional de división de poderes y la decisión adoptada ha sido contraria a la pretensión de lols recurrentes que se fundó en ellas”.
El Tribunal Supremo expresa que en el Senado la segunda minoría estaba constituida por el bloque Frente Pro, de 9 integrantes, y al mismo “le corresponde designar un senador como consejero de la Magistratura”. Destaca además que bajo el sistema de la Ley 26.080 el Frente de Todos “constituía el bloque con mayor representación legislativa, razón por la cual envió a dos miembros al Consejo, la senadora María Inés Pilatti Vergara y el senador Mariano Recalde, y la primera minoría era el bloque de la Unión Cívica Radical, que designó a la senadora Silvia del Rosario Giacoppo. Estos bloques, el de mayor representatividad y la primera minoría, a su vez, mantenían su representatividad a la fecha de la notificación de la sentencia, por cuanto el Frente de Todos estaba integrado porp 35 senadores y el de la Unión Cívica Radical por 18.
Para la Corte, “resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de septiembre –y aun después del vencimietno de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”.
Destaca el fallo que “luego de esa fecha el bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y, al mismo tiempo, desplazar al Frente Pro como segunda minoría”.
Previsiblemente la decisión fue aplaudida por la oposición. El primero en celebrar fue el jefe de los diputados radicales, Mario Negri, quien tuiteó: “No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó. ¡Felicito a Luis Juez por no bajar los brazos!”
Qué cantidad de integrantes tienen los tribunales superiores en el mundo y cuáles son las características de los mismos.
“¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les mejora la vida este funcionamiento de la Corte Suprema que proponen? La verdad es que a ninguno”, lanzó el senador nacional Martín Lousteau durante la sesión del 22 de septiembre pasado en la que la Cámara alta dio media sanción al proyecto de ampliación del Tribunal Superior.
Y en ese marco el senador por la Ciudad de Buenos Aires se refirió a una serie de argumentos que supuestamente justificarían la modificación, entre ellos el de que otros países “tienen cortes de muchísimos miembros”.
“Se citó a España, Francia, Chile. Dijeron: 30, 80, 100 miembros. Pero esas no son cortes supremas. Si uno ‘googlea’… si lo único que hace es ‘googlear’, va a encontrar: Corte Suprema, y después ve el nombre. Pero no son cortes supremas de nuestro sistema, son equivalentes a lo que es una cámara de casación. No son cortes supremas, juegan otro rol. Interpretan el Código Civil y el Código Penal, pero no hacen lo que hace nuestra Corte Suprema, que es el control de constitucionalidad. No hacen eso”, explicó Lousteau, que luego detalló números de los tribunales equivalentes en otros países, ante lo cual endilgó al oficialismo estar pensando en agregar un número de miembros equivalente al promedio de lo que tienen los tribunales que hacen control de constitucionalidad en los países federales.
“Hay un ejemplo. En los fundamentos ustedes pusieron que Alemania tiene 10. ¡No! Alemania tiene 16. Hay un país que tiene 34, pero es la India. Es la democracia más grande del mundo y, además, tiene complejidades sociales que no tiene la Argentina”, planteó el legislador nacional.
Lo cierto es que la realidad indica que más allá de las diferencias planteadas por Lousteau, la Argentina tiene el número más bajo en la materia, solo equivalente a Uruguay. A favor de la idea de ampliar la Corte, el exsenador nacional Miguel Angel Pichetto -hoy en Juntos por el Cambio- argumenta que “la Corte de 5 ya no se ajusta a la realidad política e institucional que tiene la Corte argentina. Solamente hay un país, de reducidas dimensiones y población, que es la República hermana del Uruguay, que tiene 5 miembros”.
Hecha esta introducción haremos aquí un repaso de la composición de las cortes supremas en los principales países del mundo y en los más cercanos al nuestro. Cuestión de sacar conclusiones fundamentadas, analizando puntualmente cada caso.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil y posee las atribuciones propias de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional.
Su función institucional es la de servir de guardián de la Constitución Federal, resolviendo casos que implican lesión o amenaza a la misma.
Le corresponde entonces decidir las acciones que versen sobre la constitucionalidad de las normas. Además, le compete resolver las acciones penales, en delitos comunes, contra el jefe del Ejecutivo federal.
Este tribunal tiene 11 miembros, 2 de las cuales son mujeres. No se divide en salas temáticas.
Vale contar también que el número de miembros ha variado a lo largo de la historia. La Constitución brasileña de 1891 estableció una composición de 15 miembros, que durante su gestión Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954) redujo a 11. En 1965 ese número se elevó a 16, pero volvió a ser reducido a 11 en 1969. Desde entonces no hubo más variaciones.
Existe el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que es uno de los dos máximos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Brasil, y cuya función primordial es velar por la uniformidad de las interpretaciones de la legislación federal brasileña. El mismo resuelve en última instancia todas las materias infra-constitucionales no especializadas, que escapan a la Justicia del Trabajo, Electoral y Militar, y que no son tratadas en la Constitución Federal.
La última instancia para la resolución de materias constitucionales es el Supremo Tribunal Federal (STF). Las cuestiones laborales son de competencia del Tribunal Superior del Trabajo (TST), las electorales del Tribunal Superior Electoral (TSE) y las militares del Superior Tribunal Militar (Superior Tribunal Militar o STM).
Como hemos dicho, el país vecino es el único que tiene un número similar al nuestro. Se denomina Suprema Corte de Justicia y sirve como corte de apelaciones de última instancia, además de nombrar y supervisar a los demás jueces del país.
Tiene entonces 5 miembros, de los cuales 3 son mujeres.
Para completar el Mercosur diremos que la Corte Suprema de Justicia paraguaya está integrada por 9 miembros. Se organiza en salas, una de las cuales es constitucional, y elige de entre ellos, cada año, a su presidente.
Entre sus miembros hay una sola mujer.
La Corte Suprema de Justicia del país cafetero es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compone del número impar de magistrados que determine la ley. Así las cosas, está integrada por 23 magistrados (10 son mujeres) que tienen mandato por 8 años.
Unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento.
La Corte Suprema de Justicia colombiana se divide en cinco salas. Estas son: Sala Plena; Sala de Gobierno; Sala de Casación Penal (conformada por 9 magistrados); Sala de Casación Civil y Agraria (7 magistrados); y Sala de Casación Laboral (7 jueces).
La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la democracia de la Constitución. Tiene 9 miembros (3 mujeres, incluida la presidenta).
La Corte Suprema de Justicia trasandina es el máximo órgano jurisdiccional dentro de los tribunales integrantes del Poder Judicial chileno.
Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la República de Chile, exceptuado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.
Cuenta con 21 miembros, 7 de los cuales son mujeres. En la actualidad tiene una vacante.
A su vez, existe el Tribunal Constitucional de Chile es un órgano jurisdiccional del Estado chileno, tribunal colegiado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Está compuesto por 10 miembros.
La Corte Suprema de los Estados Unidos o Tribunal Supremo es el tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos. Está compuesta por 9 miembros y no se divide en salas.
Sus integrantes son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados mediante el “consejo y consentimiento” del Senado de los Estados Unidos.
Los jueces de la Corte Suprema norteamericana tienen mandato de por vida y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación (impeachment). Pueden renunciar a su cargo por voluntad propia.
Cabe acotar que ningún juez ha sido destituido de su cargo en ese país, aunque muchos se han retirado o renunciado.
La Corte Suprema de los Estados Unidos es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demás tribunales han sido creados por el Congreso.
Posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas.
De sus 9 miembros, 4 son mujeres. Hay 2 negros en su integración.
En España hay dos instancias superiores. El Tribunal Constitucional Español se compone de 12 miembros, quienes duran 9 años en el cargo. Tiene 2 salas de 6 magistrados. Cada una de las salas se divide además en dos secciones formadas por 3 magistrados.
Su misión es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar en el gobierno de la República.
De sus 12 miembros, 3 son en la actualidad mujeres y hay hoy una vacante. Así se eligen:
El Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional, que es independiente del poder judicial.
Es el principal tribunal español de casación, y tiene la misión de garantizar la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional, y asegurar que los órganos judiciales de todo el país aplican los mismos criterios interpretativos de estas.
Cuenta con 79 magistrados que se reparten entre las cinco salas que componen el tribunal, una por cada orden jurisdiccional. (Civil, Penal, Contencioso Administrativo, Social, Militar) y cuatro salas especiales.
La Corte de Casación es el más alto tribunal del Poder Judicial de Francia. Es un tribunal permanente que consta de seis salas.
Es el órgano competente para el conocimiento de los recursos de casación y la posible anulación de las decisiones judiciales que se hayan dictado en contravención de la ley. Por el contrario, si desestima el recurso, confirma que la decisión del tribunal de apelación sea definitiva y su sentencia firme.
La Corte no es competente para conocer de las demandas contra los administradores o los organismos públicos, que son competencia de los tribunales administrativos, en los que el Consejo de Estado actúa como tribunal supremo de apelación; ni de los casos relativos a cuestiones constitucionales, que son competencia del Consejo Constitucional; ni de los casos relativos a litigios sobre cuál de estos tribunales es competente, que son conocidos por el Tribunal de Controversias Jurisdiccionales. En conjunto, estos cuatro tribunales constituyen el nivel más alto del sistema judicial francés.
La Corte de Casación francesa es el tribunal supremo y se compone de 6 salas: 3 Civiles, 1 Comercial Financiera y Económica, 1 Social y 1 Criminal. Se compone de 120 consejeros.
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania es el órgano supremo en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, la última instancia en materia civil y penal.
El Tribunal Constitucional Federal alemán es el órgano constitucional encargado del control de constitucionalidad de las leyes en la República Federal de Alemania.
Está compuesto por dos senados, cada uno de los cuales tiene 8 miembros, de los que 4 son elegidos por un comité del Bundestag y otros cuatro por el Bundesrat, siempre con mayoría de dos tercios. Este elevado quórum hace necesario acuerdos o compromisos de la mayoría política con la oposición, con lo cual se pretende garantizar la independencia política y la imparcialidad de los jueces. Generalmente, las personalidades elegidas no pertenecen a ningún partido político.
Sus integrantes duran en su cargo 12 años. No se dividen en salas temáticas.
La Corte Suprema del Reino Unido es el más alto tribunal civil del Reino Unido. Constituye el máximo tribunal de apelación y de recursos de la nación. Resuelve conflictos entre los poderes del Estado y sobre leyes aprobadas por el Gobierno.
Asumió parte de las funciones que hasta ese momento ejercía la Cámara de los Lores, que, aparte de tener funciones legislativas, también tenía competencias judiciales. Dada la doctrina de soberanía parlamentaria presente en el Reino Unido, el Tribunal está limitado en sus funciones en ese sentido.
Está integrado por 12 miembros (una de ellas es mujer) y actualmente tiene 2 vacantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución de la Unión Europea a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales.
Está compuesto por 27 jueces (uno por cada Estado miembro) y 11 abogados generales.
La Corte Suprema de Australia es el tribunal de más alta jerarquía de Australia. Trata casos de competencia original como apelativa y posee la facultad de revisión judicial sobre las leyes aprobadas en el Parlamento de Australia y en los parlamentos de los estados australianos.
Cuenta con 7 miembros, 3 de los cuales son mujeres.
La Corte Suprema es la máxima autoridad de justicia en Japón. Es responsable de nominar a los jueces para las cortes más bajas, de determinar procedimientos judiciales, de supervisar el sistema judicial, incluyendo las actividades de fiscales y jueces y todo otro personal judicial. No todas las decisiones son tomadas por la totalidad de los 15 miembros que tiene.
La Corte Suprema de India se compone de un presidente y 25 jueces designados por el presidente de India. Los jueces de la Corte Suprema deben retirarse al alcanzar los 65 años de edad. Integran 33 comités para ocuparse de los asuntos administrativos.
| País | Integrantes |
| Brasil | 11 |
| Uruguay | 5 |
| Paraguay | 9 |
| Colombia | 23 |
| Chile | 21 |
| Estados Unidos | 9 |
| España | 12 |
| Francia | 120 |
| Alemania | 16 |
| Gran Bretaña | 12 |
| Suiza | 30 |
| Canadá | 9 |
| Bélgica | 12 |
| Australia | 7 |
| México | 11 |
| Japón | 15 |
| India | 26 |
Su integración figuraba en la Constitución de 1853, pero tardó una década la puesta en vigencia del primer tribunal superior. Cuál fue la variación de su composición con el correr de los años y cuándo y en qué circunstancias se llegó a su número más alto.
Por José Angel Di Mauro
Con el objetivo de modificar una Corte Suprema de Justicia de la que se ha distanciado definitivamente, el kirchnerismo apeló una vez más al Senado de la Nación como punto de partida para un cambio dirigido al Poder Judicial. Con la convicción además de que esa iniciativa tiene muy pocas posibilidades de prosperar en la otra Cámara, donde han quedado guardadas sucesivamente las media sanciones de la reforma de la Justicia Federal; la reforma del Ministerio Público, y la del Consejo de la Magistratura.
Más allá de eso, a nadie escapó el dato de que se buscaba dar una señal dirigida al Tribunal Supremo de la Nación, pues al día siguiente la titular del Senado expondría precisamente desde las oficinas de esa Cámara en el juicio oral que se sigue por la denominada “causa Vialidad”, donde ella aparece como la principal imputada.
En rigor, el oficialismo había intentado llevar al recinto el tema semanas atrás, pero había chocado con rechazos clave que imposibilitaban llegar al número necesario para la aprobación. Los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck se mostraban renuentes a aprobar la ampliación de la Corte al número de 25 miembros, como proponía el proyecto auspiciado por gobernadores oficialistas, siendo que ellos habían promovido proyectos propios donde coincidían en la necesidad de elevar el número, más no de tal manera.
Finalmente primó en el oficialismo la convicción de avanzar como fuera con la ampliación, así fuera dejando de lado ese número extremo, y la cuestión se destrabó. Dándole eso sí argumentos a una oposición que no dejó pasar ese dato, planteando la “inconsistencia” de tal iniciativa del Frente de Todos al avanzar en un santiamén en el cambio del número.
Así las cosas y luego de un debate caliente de más de siete horas, el kirchnerismo se alzó con la media sanción para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros, con un resultado de votación más exiguo que el habitual para el Frente de Todos: 36 votos a favor y 33, en contra, uno de ellos de una oficialista.
En efecto, se pasó de esos 25 a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Sin embargo, aunque consiguió votos clave, eso valió el rechazo de una senadora del bloque Unidad Ciudadana: la puntana María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por el máximo tribunal de 25, a contramano una vez más a las ideas de su hermano.
Más allá de este hecho puntual que termine como termine quedará en la historia, recurriremos a ella para conocer cuántas veces se intentó modificar el número de integrantes del Tribunal Supremo y en qué circunstancias se dio esa alternativa.
Nos remontaremos al inicio de la historia constitucional de nuestro país, precisamente a cuando se aprobó la Constitución de 1853, que estableció que la Corte Suprema tuviera 9 miembros. El presidente Justo José de Urquiza designó para esa primera Corte a Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García.
Esa Corte nunca logró constituirse y entonces por decreto Urquiza designó el 27 de octubre de 1854 una Cámara de Justicia provisoria que actuara como tribunal supremo. Tenía 5 integrantes.
La integraron los ya citados Funes, Graña y Molinas, pero cómo no reunían la mayoría, Urquiza designó a dos abogados más: Baltazar Sánchez y Mariano Lucero, para que se desempeñaran mientras no asumieran los jueces designados.
En 1860, la Constitución original experimentó su primera reforma, eliminándose la cantidad fija de 9 miembros del Tribunal Superior, y facultando al Congreso a partir de entonces la posibilidad de fijar el número de componentes del mismo.
El 13 de octubre de 1862 el Congreso sancionó la Ley Nº 27, organizando el Poder Judicial, estableciendo que la Corte Suprema debía estar integrada por 5 jueces. Fueron entonces los primeros cortesanos Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Valentín Alsina.
Sin embargo esa Corte no pudo estar completa, pues Valentín Alsina no aceptó la designación. Por eso la primera Corte Suprema formalmente constituida empezó a funcionar con cuatro miembros.
Lo hizo finalmente a partir del 11 de octubre de 1863, diez años después de sancionada la Constitución original. El quinto miembro fue Benjamín Gorostiaga, designado en junio de 1865.
Vale como dato que el presidente de la Nación se atribuía la facultad de designar al presidente de la Corte. Así se hizo hasta 1930, cuando el dictador José Félix Uriburu estableció que esa potestad sería en adelante ejercida por los miembros del tribunal.
Se dispuso también que la presidencia fuera vitalicia, hasta la muerte o cese del presidente, práctica que se mantuvo hasta 1976, cuando el Proceso de Reorganización Nacional dispuso que el cargo de presidente del máximo tribunal tendría una duración de tres años, con reelección ilimitada.
En 1960, a instancias de Arturo Frondizi el Congreso sancionó una ley que amplió a 7 el número de integrantes de la Corte.
Tras el golpe contra Arturo Illia, el general Juan Carlos Onganía disolvió la Corte y designó una nueva, esta vez con 5 integrantes.
Con la vuelta a la democracia, en 1983, Raúl Alfonsín designó una nueva Corte Suprema de Justicia, pues los cinco miembros habían renunciado. Algo que solo habían hecho dos presidentes constitucionales hasta entonces: Arturo Frondizi en 1958 y Héctor J. Cámpora en 1973. Con acuerdo de un Senado mayoritariamente peronista, fueron designados Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, José Severo Caballero y Genaro Carrió. Este último renunció en 1985 y lo reemplazó Jorge Antonio Bacqué.
Al asumir el sucesor de Alfonsín, Carlos Saúl Menem cuestionó la composición de la Corte Suprema, que consideraba “alfonsinista”. Así fue que en ese mismo año, 1989, impulsó un proyecto de ley para aumentar el número de miembros del Tribunal de 5 a 9.
En septiembre de ese año la Corte Suprema rechazó ese proyecto y se produjo un conflicto de poderes que concluyó con la renuncia del juez José Severo Caballero.
Previsiblemente, el proyecto terminó siendo aprobado el 5 de abril de 1990, tras lo cual Jorge Antonio Bacqué presentó su renuncia. De ese modo, en los siguientes 4 años Menem pudo nombrar 10 jueces. Esto es, Carlos Menem fue el gobernante durante cuyo mandato más jueces de la Corte fueron designados.
Más cerca en el tiempo, en febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la apertura del procedimiento de juicio político contra todos los miembros de la Corte. Pero todo quedó en la nada, pues en ningún caso llegaron a los 2/3 necesarios para desplazar a nadie. Así y todo, Gustavo Bossert terminó renunciando, argumentando “hartazgo espiritual”.
En 2003 Néstor Kirchner impulsó el juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor. Los tres primeros renunciaron y O’Connor fue destituido. En 2005 también fue destituido también Antonio Boggiano.
En 2006 el Gobierno impulsó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de 5 miembros. La iniciativa fue impulsada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.
Al defender su propuesta, la senadora por Santa Cruz planteó que “más que ante una autolimitación, estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”.
“Estoy convencida de que estamos dando un paso fundamental. El Decreto 222 (impulsado por Néstor Kirchner en 2003, estableciendo el procedimiento de designación de jueces de la Corte) es muy importante y también marcó un hito. Pero que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito”.
Como podemos ver, fue Cristina Fernández de Kirchner la que en 2006 impulsó la reducción del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y es ella misma la que hoy impulsa su ampliación.
Lo cierto es que este cambio de postura no fue repentino, ni sucedió ahora con el avance del juicio por la causa Vialidad. Ya en 2016, estando en el llano, Cristina Kirchner confesó su nueva convicción.
Fue la primera vez que regresó a Buenos Aires después de dejar el poder el 9 de diciembre de 2015, citada por el juez Claudio Bonadio por la causa “dólar futuro”.
En esa oportunidad mantuvo encuentros con diputados y senadores nacionales del kirchnerismo. El 21 de abril de 2016 la ex presidenta se reunió con los senadores del PJ-FpV. Concurrieron 23 senadores y la reunión tuvo lugar en el Instituto Patria. No estuvo Miguel Pichetto, quien no había sido invitado.
Estuvieron presentes Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, por entonces cuñada de Máximo Kirchner.
No estuvo Dalmacio Mera, quien faltó sin justificación. Por motivos personales también se ausentaron el chaqueño Eduardo Aguilar y el entrerriano Pedro Guastavino. Los formoseños José Mayans y Graciela De la Rosa se quedaron en su provincia, adonde al día siguiente llegaría el presidente Mauricio Macri para inaugurar obras hídricas. No fueron tampoco el jujeño Walter Barrionuevo, ni el misionero Salvador Cabral; ni tampoco los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin.
Por estar en Estados Unidos no acudieron Rodolfo Urtubey, ni Omar Perotti, y tampoco estuvieron junto a Cristina los fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda, ni los santiagueños Gerardo Zamora y Ada Itúrrez de Capellini, que ya venían ensayando un realineamiento afín a los intereses de su provincia.
Según cuenta el libro “Gobernar en minoría”, Cristina Kirchner se ubicó en la cabecera de la mesa, flanqueada por Marcelo Fuentes y Juan Manuel Irrazábal, y de entrada hizo una pequeña introducción sobre la actualidad, para escuchar luego a cada uno de los senadores. Ella buscaba mostrarse más abierta, despojada de la distancia que imponía el cargo que ya no ocupaba. Cada uno justificó la postura que habían adoptado sobre el acuerdo con los fondos buitre, y luego criticaron puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del gobierno de Macri.
Durante la charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina, quien hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, e influenciada por el exintegrante de la Corte Raúl Zaffaroni, sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas.
Es lo que seis años después, a través de un Senado que le responde, intentó a través de un proyecto que no cuenta en Diputados con las chances de avanzar.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó los reiterados ataques de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hacia la institución y consideró que “cambiamos las cosas de acuerdo al momento y eso es muy perjudicial”.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, analizó este viernes los reiterados ataques de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra el Tribunal Superior y sobre el proyecto para ampliar la cantidad de miembros, respecto del que opinó: “Es muy inconveniente desde el punto de vista institucional y de la seguridad jurídica”.
En declaraciones por Radio Mitre, el funcionario judicial expresó: “Cuando hay una decisión del Congreso, en este caso del Senado, jurídicamente debemos respetarla. En cuanto a las opiniones ya expresé que me parece muy inconveniente, desde el punto de vista institucional y de la seguridad jurídica”.
Y continuó: “Una persona que quiere hacer un emprendimiento y sabe que le van a cambiar el contexto a cada rato, la gente se paraliza. Cambiar la Corte y otro día otra cosa y cada cuatro años todo, es imposible vivir para las personas”.
A su vez, Lorenzetti explicó: “La Constitución es atarse a un mástil para no caer en las tentaciones. Los argentinos, más que todo la dirigencia, hemos caído en las tentaciones con mucha frecuencia”, y apuntó: “Cambiamos las cosas de acuerdo al momento. Es muy perjudicial”.
“Una persona de 50 años no ha tenido una década tranquila. La crisis de cambio permanente genera inseguridad y la inseguridad genera desconfianza. La ley es interpretada como un consejo, y eso no es estado de derecho”, agregó el juez de la CSJN.
Por otra parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación opinó sobre la seguridad jurídica y aseguró que la misma “le interesa al mundo empresarial, pero también es cosa de trabajadores, de clase media, de los chicos que quieren estudiar”.
“Si van a cambiar todo, un día las leyes, la Corte, los tribunales, un día para un lado del mundo y otro día para otro lado del mundo, la gente se paraliza y se desilusiona; bajan los brazos. Tenemos que hablar los que nos gusta el derecho y creemos en los ideales. Hay que reafirmar las convicciones en el estado de derecho”, cerró.
Cabe recordar que el proyecto impulsado por el oficialismo para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género, recibió la media sanción en el Senado el pasado 22 de septiembre, pero tiene escasas probabilidades de ser aprobado en Diputados.
Sobre la ampliación del Tribunal Superior, aclaró que sus prioridades son otras. Y respecto de las primarias, lo supeditó a “un amplio acuerdo con la oposición”.
El diputado nacional oficialista Roberto Mirabella expuso este domingo sus reparos respecto de dos temas polémicos de algún modo: la reforma de la Corte Suprema y la suspensión o derogación de las PASO.
En cuanto al primer tema, que cuenta con media sanción del Senado y promueve la ampliación del Tribunal superior, el legislador santafesino aclaró que “mis prioridades son otras. No están dentro de mis prioridades discutir el tema de la Corte”.
“Mis prioridades son que en la circunscripción Rosario, que abarca las jurisdicciones de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela, de 34 cargos tenemos 0 vacantes; de los 10 juzgados de primera instancia, solo 6 hay titulares; tenemos en Rosario solo tres fiscales de instrucción, con el problema de narcocriminalidad que tenemos… De los cuales, uno está vacante y otro con licencia psiquiátrica”, enumeró.
Mirabella insistió en que esas son sus prioridades y recordó que “hace 8 años se modificó el Código Penal en la Argentina, deberíamos estar implementando el sistema acusatorio en Santa Fe, en Rosario, y no lo hacemos”. Se preguntó entonces “por qué no se constituye la Bicameral, si ya tenemos nombrados diputados que vamos a integrar la misma para que se ponga en marcha el proyecto del sistema acusatorio en los tribunales federales. Firmamos todos los bloques un mismo proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Rosario; para crear jueces de garantías, fiscales… Estas son mis prioridades”.
Y consultado en el programa “Lado P”, de radio Rivadavia, sobre cómo votaría sobre el tema, el legislador del Frente de Todos respondió: “Veremos si llega al recinto. Puede ser que sean las prioridades de otros legisladores, yo las respeto. Mis prioridades no son estas; estas que acabo de nombrar son las mías”.
Con relación a las PASO y un eventual proyecto modificatorio de las mismas, Mirabella respondió que a su juicio, “las reglas de juego electorales son propias de los partidos políticos. Cambiarlas de un año para otro no me parece significativo si no hay un acuerdo mayoritario para hacerlo”.
“Si hay, lo voy a acompañar. Obviamente debe haber acuerdo con la oposición”, enfatizó.
Luego consideró que “a los únicos que le interesa este tema es a los partidos políticos; el resto de la gente que yo me encuentro no me habla de este tema”. E insistió: “Debería ser un acuerdo mayoritario, no uno firmado y a los gritos”.
Consultado sobre el costo económico de las PASO, uno de los argumentos para eliminarlas, Mirabella respondió con ironía: “Si la democracia sale cara, ¿por qué no probamos con la dictadura?, diría Menem”.
Las idas y vueltas en torno a un diálogo al máximo nivel lleno de simbolismos y objetivos ocultos. El alegato político de la vicepresidenta ante el TOF N°2 tuvo toda la atención la última semana. La que viene será para el ministro de Economía.
Por José Angel Di Mauro
Sergio Massa regresará este miércoles a la Cámara de Diputados, ya no como el presidente que fue hasta hace menos de dos meses, sino el ministro de Economía que tendrá como objetivo inmediato conseguir la aprobación del Presupuesto 2023.
Nadie imagina que pueda reiterarse esta vez el rechazo del año pasado. Ya no preside el bloque oficialista Máximo Kirchner, quien con un intempestivo discurso -ese en el que repitió 8 veces: “Aprendan a escuchar”-, terminó de alterar los ánimos ya de por sí caldeados en la oposición, acelerando una votación con derrota cantada. Lo reemplazó el santafesino Germán Martínez, quien como corresponde a un jefe de bloque en una cámara en la que no le sobran votos, tiene que andar eligiendo qué batallas dar. Así, debió postergar dos veces una sesión porque no tenía los votos para aprobar la prórroga de seis impuestos. Hasta que sí los tuvo.
Difícil de entender la ¿estrategia? del año pasado con el Presupuesto. Ingresado el proyecto el 15 de septiembre, el ministro de Economía de entonces tardó tres meses en concurrir a la Cámara baja para explicarlo, cuando eso suele suceder entre las dos semanas siguientes a la presentación. Para cuando Martín Guzmán se presentó ante los diputados para explicar su Presupuesto con números muy cuestionables, el Frente de Todos ya había perdido las PASO y las generales y, lo que es peor, ya no tenía aliados que le garantizaran la aprobación. Por eso pasó lo que pasó.
Este año será distinto, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Economía es alguien que conoce bien el Congreso y hasta puede llamar personalmente a quienes tienen las llaves de las leyes, si es necesario negociar personalmente. Por otra parte, ya hay señales alentadoras para el gobierno, como las palabras del diputado de Evolución Radical Emiliano Yacobitti, que esta semana tuiteó: “Tras analizar la ley destacamos, en primera instancia, que las variables macroeconómicas son más razonables que las presentadas en el Presupuesto anterior, lo que posibilitaría que podamos contar con una aprobación en general”. También sonó contemplativo el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, al decir que “el presupuesto de este año es más sencillo, lo que no quiere decir que lo acompañemos o no, esa es una decisión que tomaremos en conjunto después”.
Igual, hay muchas cosas que Massa tendrá que explicar. Por ejemplo, cómo piensa bajar 30 puntos la inflación y tener crecimiento en un año electoral.
Con los números muy ajustados, en la Cámara baja hay varios temas que tienen dictamen, mas siguen esperando por no contar el oficialismo con los votos para llevarlos al recinto. Es el caso del proyecto de Compre Argentino, o la reforma de la Ley de Alquileres, aunque en este último caso ninguno de los dos sectores mayoritarios tiene los votos para ganar, por eso el tema sigue empantanado.
Esta dinámica no es la del Senado, donde se hace lo que manda su presidenta, y se aprueba todo lo que la mayoría casi permanente que tiene el oficialismo les permite, aun aquellos proyectos que no tienen posibilidades de avanzar en la otra Cámara.
Es lo que sucede con las leyes judiciales: reforma judicial; Ministerio Público y Consejo de la Magistratura. Ahora el kirchnerismo en el Senado ha agregado la ampliación de la Corte Suprema. En Diputados no hay ninguna chance de que ese proyecto vaya a discutirse en comisión siquiera.
Es lo que llevó a muchos a preguntarse por qué apuró el Frente de Todos el tratamiento de ese dictamen que tuvo que cambiar abruptamente para conseguir los apoyos necesarios. Así, la Corte de 25 miembros, representativa de todas las provincias, pasó a ser una de 15, número acorde a los proyectos de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck. Ese debate venía postergado porque precisamente esos dos senadores se mostraban renuentes a la propuesta de una Corte XL de los gobernadores. Como la orden era que saliera sí o sí esta semana, se adaptó el número, quedando claro que lo que importa al oficialismo en definitiva es cambiar la actual composición del Tribunal Superior.
Y tenía que suceder esa demostración de fuerza el jueves, en vísperas de la exposición que Cristina Fernández de Kirchner haría ante el tribunal oral que la juzga, donde hizo un discurso político, en el que no rebatió pruebas, sino más bien confrontó procedimientos. Fue una continuidad de lo que ya había hecho en su primera exposición ante el TOF N°2, cuando dijo que ella ha elegido la historia. “A mí me va a absolver la historia”, enfatizó.
Esa es la principal preocupación de la exmandataria. No le teme a la cárcel, que no sucederá -ningún presidente en la Argentina corre ese riesgo-, sino a un fallo condenatorio que vaya a figurar en los libros donde aspira verdaderamente a ser absuelta.
No dejó de sorprender el motivo de la sesión del jueves en el Senado, que se dio de bruces con las voces que dentro del propio kirchnerismo venían abogando por la posibilidad de avanzar en un diálogo con la oposición. Con Mauricio Macri en particular, alternativa que sorprendió, pero que estuvo acompañada por una serie de factores, partiendo del atentado contra la vicepresidenta. Si bien no la llamó, el líder del PRO se solidarizó inmediatamente con su antecesora y cuando él mismo denunció amenazas, el diputado Eduardo Valdés -de buenísima relación tanto con Alberto Fernández como con Cristina– le dejó un mensaje de solidaridad.
Ya José Torello -amigo de la infancia de Macri y hoy senador nacional- había tendido puentes con la vicepresidenta, con la que llegó a reunirse y se ofreció sino como nexo, al menos mensajero entre ambos, y eso fue lo que dio pie al run-run sobre un eventual encuentro. Fue en ese contexto que Oscar Parrilli dejó abierta la posibilidad de un diálogo entre ambos exmandatarios, pero es el mismo que el jueves en su discurso volvió a hablar del “escándalo de los jueces que visitaban a Macri en Olivos”, y dejó esta sentencia: “Con esta Corte no hay gobierno que aguante, ni ustedes, ni nosotros. Con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la Corte, porque son mafiosos”.
En Juntos por el Cambio descreen de cualquier posibilidad de diálogo entre ambos líderes de la grieta, y hablan de una movida “multipropósito”: 1) el original, dar una señal de consenso en tiempos sensibles; 2) acercarse a Macri para mantener ambos la centralidad; 3) privilegiar al exmandatario de modo tal de ningunear a los otros candidatos del PRO, Rodríguez Larreta en particular. Ya un encumbrado dirigente kirchnerista deslizó recientemente con ese objetivo aquello de que el jefe de Gobierno ya no es tomado como un interlocutor, pues el líder de la oposición es Macri. Tienen en cuenta la imagen negativa del expresidente, de ahí tal decisión.
Si hablamos de centralidad, es la que ha perdido el Presidente de la Nación, que finalmente tuvo esta semana su debut presencial en la ONU, donde buscó protagonismo a través de… su vicepresidenta y el atentado que sufrió. Muy poco feliz resultó verlo probando guitarras en un estudio musical neoyorkino, en vísperas de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Tan descolgado como el encuentro mantenido por el secretario Matías Tombolini con directivos de la empresa Panini Argentina e integrantes de la Unión de Kiosqueros, “para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial”. Fue la propia Secretaría de Comercio la que se encargó de difundir la disposición de ese organismo en abrir “un canal de diálogo” y poner “a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones”.
El encuentro de Tombolini, cuya difusión fue acompañada por una fotografía donde se ve a una docena de personas reunidas con caras muy serias para analizar semejante controversia en un país donde los precios de septiembre ahora amenazan con escalar a un 8%, no causó buena impresión en la cima del Ministerio de Economía. Así se lo hicieron saber al mediático funcionario.
Peor le cayó a Sergio Massa la noticia de que quienes fueron beneficiarios del “dólar-soja” quedarían impedidos de comprar dólares en el MEP o en el contado con liqui. La complicada relación entre el gobierno y el campo volvió a resquebrajarse, ante lo cual el Banco Central debió dar marcha atrás, a instancias del ministro de Economía. No sin antes resistirse durante horas.
La medida original del Banco Central fue adoptada luego de que su titular fuera confirmado por el presidente Alberto Fernández hasta 2028.
Su pliego, junto al de los otros directores del BCRA, ingresó al Senado el jueves, en el inicio de la sesión de ampliación de la CSJN. Poco después una senadora cristinista recordaría al diputado del Pro Francisco Sánchez por haber pedido la pena de muerte para la vicepresidenta, y “después de esto, intentan matar a Cristina”. Y en ese contexto la Corte, eje de todos los males a juzgar por el oficialismo en esa sesión, “tardó dos días en repudiar el intento de asesinato”. Todo tiene que ver con todo.
La ampliación de la Corte Suprema fue aprobada en la Cámara alta. Desde el otro cuerpo en seguida comenzaron las críticas.
Inmediatamente después de concretada la media sanción del proyecto que amplía el Tribunal Supremo a 15 miembros en el Senado, diversos legisladores de la oposición salieron a criticar al oficialismo, vinculando la aprobación con la presentación de la vicepresidenta este viernes ante el tribunal oral que la juzga.
“36 senadores nacionales del oficialismo (y afines) votaron ampliar la Corte Suprema. Aceptaron ser teloneros de Cristina Kirchner, que habla mañana en el juicio por corrupción en Vialidad. Es imposible desconectar un tema del otro. Les molesta la Justicia que no mira al costado”, planteó el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri.
El diputado del Pro Waldo Wolff señaló por su parte: “Como no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso”.
Cómo no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso.
“El Senado avanzó con la media sanción para modificar la Corte. No les importa la gente solo les importa su impunidad. Desde el Pro rechazaremos este proyecto en Diputados. Es importante exigirle lo mismo al resto de los bloques no oficialistas”, señaló a su vez el presidente del bloque Pro Cristian Ritondo, en tanto que Silvia Lospennato dijo que “le dieron media sanción a la reforma de la Corte Suprema dos comentarios: 1. Están desesperados por impunidad y 2. No pasarán”.
Otra que enumeró fue la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo: “El debate sobre la Corte Suprema en el Senado trasluce, como mínimo, dos cosas sobre la agenda del oficialismo: 1. No le importan los problemas DE la justicia, sino SUS problemas con la justicia. 2. El llamado al diálogo con la oposición no es diálogo es imposición”.
La diputada Sabrina Ajmeched consideró que “la ampliación de la Corte no va a ser ley. No pueden con el Consejo de la Magistratura ni con el Ministerio Público, ¿2/3 del Senado para nombrar a sus jueces? Ni en sus mejores sueños. No los vamos a dejar romper la República”.
“El kirchnerismo solamente cree en la imposición y el sometimiento. En ellos el diálogo es una pantomima y la división de poderes, un obstáculo. El intento en el Senado de reformar la Corte Suprema los delata una vez más. Hoy la ingenuidad es ceguera o complicidad”, advirtió el diputado Hernán Lombardi.
Para José Luis Espert, este es “un pasito más cerca la Cristi de lograr impunidad para todo lo que choreó. El país cada vez más cerca de no tener retorno”.
“La ampliación de la Corte es el último apriete de Cristina Kirchner al Poder Judicial antes de la sentencia del Juicio de Obra Pública. Pase lo que pase en Senado en Diputados vamos a lograr obstruir esa amenaza desesperada”, señaló el presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López.
Soher El Sukaria señaló a su vez que “quieren imponer una agenda para distraernos del ajustazo que está haciendo Massa, por eso van contra la Corte Suprema. De paso, si les sale bien, le aseguran la impunidad a la vicepresidenta”.
Además, el senador rionegrino opinó que una composición de la Corte Suprema de cuatro personas “es de baja calidad institucional y democrática”.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) respaldó el dictamen modificado del oficialismo que propone ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros al considerar que una composición de “4 personas es de baja calidad institucional y democrática”.
En su alocución, el rionegrino sostuvo que “es una tarde difícil por el solo hecho de tener una posición política, de tener un convencimiento, de tener la certeza de que el camino tiene que ser este que es ampliar la cantidad de los integrantes de la Corte Suprema y recibir la cantidad de agravios, de calificativos y de insultos por parte de quienes no están de acuerdo con este proyecto es inentendible porque lo que estamos discutiendo es una idea”.
“Estamos discutiendo una política de Estado, una mirada personal o política de lo que consideramos, más allá de lo partidario, de lo que es la Justicia”, remarcó y reiteró: “En lo personal me he sentido agraviado en todos los términos por parte de quienes no están de acuerdo, desde mafias, desde querer garantizar la impunidad, de avasallar la justicia. Todas falacias y lo que es más delicado es que son de personas, hombres y mujeres, que están formados en democracia y que saben que están mintiendo y tergiversando la verdad”.
En un tramo de su intervención, se dirigió al senador Martín Lousteau y aceptó el desafió de “pasar los juzgados nacionales a CABA porque, si hoy quienes vivimos en el interior tenemos el 60% de las cámaras sin poder cubrir, es porque todo el esfuerzo de la politización y conflictividad se da alrededor de lo que pasa en Capital”, y consideró: “Me parece que sería fantástico”.
A su vez, comparó que “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 407 juzgados, y en el interior del país son a penas 157. En CABA hay 59 cámaras y en el interior del país 25”.
“Toda esta estructura judicial se lleva parte del presupuesto nacional, que obliga al Consejo de la Magistratura a estar designando jueces y a nosotros, que no tenemos nada que ver en la designación de jueces”, argumentó Weretilneck.
Y cerró: “Estoy convencido que 4 personas es muy poco, de baja calidad institucional, democrática, que tengan que resolver las cuestiones institucionales y de estado del país. Los que defienden una corte chica, defienden un modelo autoritario de menor transparencia”.
Con numerosas críticas al máximo tribunal, el senador cristinista también reclamó a sus pares de la oposición que “le tienen miedo a Macri y Magnetto de que digan que están hablando con nosotros”.
En un discurso muy crítico para con la Corte Suprema, el senador cristinista Oscar Parrilli tildó de “mafiosos” a los jueces del máximo tribunal y le advirtió a Juntos por el Cambio: “Los van a extorsionar a ustedes también”.
“Se habla de que imponemos los votos, que no queremos diálogo, que somos intolerantes. Nos dicen de todo, soberbios, mafiosos. Yo voy a recordar una frase, de agosto de 2010: ‘Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar a Kirchner por la ventana’. Lo dijo Mauricio Macri. Digo solamente para saber de dónde empezó la violencia verbal en Argentina”, arrancó en su intervención el neuquino.
En respuesta a los planteos de la oposición sobre la forma en que se dio el debate, el presidente de la Comisión de Justicia expresó: “Se dice que no hay diálogo, que imponemos la mayoría. Todo mentira. Eso sirve solo para cuando van a los medios de comunicación afines”.
En esa línea, acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de que “lo único que hacen es agraviarnos, insultarnos y decirnos de todo” porque “le tienen miedo a Macri y a (Héctor) Magnetto de que digan que están hablando y dialogando con nosotros”.
“La mayoría de los argumentos opositores son en contra de los argumentos nuestros. No he escuchado ningún argumento a favor de que se tenga que mantener esta Corte”, observó y señaló que “el 75% de los argentinos tiene una imagen negativa de esta Corte” porque “solamente resuelven sus casos”, en referencia a fallos que hacen a la Justicia.
Parrilli apuntó que esta Corte “convalidó el escándalo de los jueces que visitaban a Macri en Olivos, que son los jueces que tratan las causas contra Cristina Kirchner; convalidó la ‘Gestapo’ para terminar con los gremios; y convalidó que las escuchas telefónicas que me hicieron a mí trascendieran en la opinión pública”, entre otros hecho que enumeró, como “el fallo del 2×1” o que “se arrogó funciones legislativas” sobre la decisión del Consejo de la Magistratura. “¿Eso es lo que ustedes están convalidando, eso es lo que están defendiendo?”, lanzó.
Yendo a la composición del máximo tribunal, el senador cuestionó que “hay una pelea entre ellos” -por los jueces-. “Ustedes se la pasan dándonos consejos, agraviándonos, injuriándonos y ya están cenando antes de desayunar. Miren, yo no sé lo que va a pasar el 2023, no sé lo que va a pasar en las elecciones, pero con esta Corte no hay gobierno que aguante, ni ustedes, ni nosotros. Con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la Corte, porque son mafiosos, se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”, enfatizó y, muy duro, completó: “No tengan dudas que los van a extorsionar también a ustedes, porque su función es extorsionar a la democracia”.
Cuestión de privilegio
Durante su alocución, el legislador del Frente de Todos planteó una cuestión de privilegio en relación a un comunicado de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, que rechazó los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresó su “preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete”.
Parrilli dijo que los argumentos de ese comunicado, “son prácticamente los mismos que hicieron dirigentes de la oposición”, por eso se permitió “desconfiar” sobre “qué grado de connivencia hay”. Y pidió “al señor embajador de los Estados Unidos en Argentina (Marc Stanley) que le diga a esta asociación que esto es entrometerse en los asuntos internos de un país”.
En su pronunciamiento, la asociación empresarial cuestionó la intención de avanzar en “la ampliación sustancial de los integrantes” del máximo tribunal y subrayó que “la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones”.
“Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”, planteó AmCham.
Durante el debate de ampliación de la Corte Suprema, el jefe de la bancada radical le dijo a sus pares del Frente de Todos que “han perdido el sentido común”.
En el tramo del cierre del debate sobre ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, cargó contra el oficialismo: “Ustedes contribuyen muy poco con el Gobierno”. “Han perdido el sentido común”, consideró, al cuestionar el tratamiento de este proyecto.
“Si hay un tema, en función de la historia, que requiere no solo un debate, sino una agenda abierta, transparente, institucional, de cara a la sociedad, tiene que ver con la Corte”, señaló, al recordar antiguas reformas al máximo tribunal.
Para el formoseño, esta discusión es “una puesta en escena que no le sirve a nadie”. “¿De qué le sirve al oficialismo esta media sanción? ¿Le sirve al Poder Ejecutivo? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Le sirve a la presidenta de este cuerpo? ¿Sirve una reforma enmarañada, traída de los pelos?”, se preguntó.
Y continuó: “¿Ustedes creen que una cosa tan seria, como es la composición de la Corte Suprema, se puede tratar así? ¿La presidenta (del Senado, Cristina Kirchner) necesita esta media sanción para el alegato de mañana? ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo”.
Además, los interrogó sobre si “creen que estos gestos no afectan la economía” en “una Argentina quebrada, desfinanciada”.
Al asegurar que la iniciativa, “desde lo jurídico afecta el derecho público provincial”, el radical resaltó que “hay políticas de Estado que requieren acuerdo. Y ustedes convocan al acuerdo, convocan al diálogo” pero después “nos encontramos con esta sesión 24 horas antes del alegato” en el juicio por la causa Vialidad, durante el que hablará este viernes CFK.
Naidenoff insistió con que se trata de “una media sanción que no beneficia a la vicepresidenta, al presidente y a la sociedad”.
“La arrogancia y la soberbia del vale todo no conduce a nada. Esta es una victoria pírrica, pero para la sociedad es un juego de suma cero”, enfatizó el senador, que agregó: “¿Por qué la gente no cree en el diálogo? Por estas cosas”.
En su discurso, el opositor reclamó que “si quieren ser serios, que vuelva a comisión, porque ustedes saben que en Diputados esto no pasa”, tal vez porque en la Cámara baja “se tenga mayor sintonía social en algunos sectores del oficialismo”, opinó.
Finalmente, aseguró que “hay un fin de ciclo que se cumplió” porque “lamentablemente no aprenden de los errores”.
Lamentó que no hubieran podido avanzar las reformas impulsadas desde el Senado y cuestionó de la justicia que se sienta “por encima de los otros poderes”.
Cerró el debate del proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia el titular del interbloque Frente de Todos, José Mayans, quien arrancó su discurso quejándose de la oposición por las críticas lanzadas durante el debate. “Hay una senadora que nos trató de ‘banda delictiva’; todo para después salir en algún canal o YouTube”, sugirió.
Resaltó la fortaleza del oficialismo remarcando que tenían quórum, por eso habían ido al debate. Y citó el caso de Maurice Closs, ausente por enfermedad, de quien dijo: “Tenemos un senador que tiene un problema de salud –ya está mejor-, que me dijo ‘si querés hago un esfuerzo y voy’. ‘Te agradezco, no hace falta, quédate tranquilo’. Somos 37, pero estamos”, planteó el formoseño, aunque después la votación terminó resultando ganada por 36 votos.
Se refirió luego al Poder Legislativo, cuyos miembros siempre deben revalidarse ante la sociedad. En cambio, dijo, “el Poder Judicial no se pone a consideración. Dura mientras dura su buena conducta. Por eso cuando un poder se arroga que está por encima de los otros poderes, se termina el sistema republicano de gobierno”. Y remarcó: “Hay un poder que se siente superior”.
“Todos estamos cuestionados, pero uno de los que está más cuestionado es el Poder Judicial”, apuntó Mayans, que mensuró ese desprestigio en el 80%, según una encuesta exhibida durante el debate por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá. Por eso fue, dijo, que el presidente Alberto Fernández nombró a través de un decreto una comisión de “notables” para que “digan cómo podemos hacer para mejorar el servicio de justicia”.
Respecto del debate del proyecto puesto a consideración en comisión, Mayans aclaró que le había gustado, y le reprochó a la oposición sus ausencias: “Ustedes no aparecen, no vienen. Si hacemos número, a veces está uno o dos… Vamos a darle el Oscar de asistencia al senador (Pablo) Blanco”, ironizó.
Se quejó porque desde la oposición se pusiera en duda la capacidad de especialistas que habían sido invitados a la comisión, como León Arslanian o Raúl Zaffaroni, y recordó que este último había comentado costumbres de la Corte Suprema: “Hay 30 mil causas –recordó que había dicho el excortesano-, de las cuales quedan 17 mil. Rechazan el 99% y actúan sobre 150 causas”.
“A lo mejor el problema no es el tiempo, sino el conocimiento. Tenemos una Corte Suprema multifuero. Tenemos cámaras especializadas, y esa Corte multifuero a la que lelvan materias para las que no están especializados”, comentó Mayans repitiendo los argumentos de Zaffaroni, que contó que en ese caso los integrantes de la Corte dependen de sus asesores.
Recordó además el jefe del interbloque oficialista que en tiempos de Arturo Frondizi se amplió la Corte y se autorizó por ley la división en salas. “Podría ser una opción, dice Zaffaroni. La Constitución no determina eso, pero sí la ley”.
Más tarde Mayans se remontó a 1933, cuando en Estados Unidos asumió Franklin D. Roosevelt. “Había una gran depresión y comenzó a tomar medidas para el agro, la industria, medidas que eran progresivas”, destacó el formoseño, recordando que el presidente norteamericano había sido elegido por una fuerte mayoría, pero la Corte Suprema de ese país le declaró inconstitucionales las medias.
Al ser reelecto en el 55, fue directo contra la Corte. “Me cuestiona todo el programa de gobierno, no puedo gobernar”, se quejó, y dijo que un prestigioso profesor de Harvard dijo entonces que había que salvar la Constitución de Estados Unidos cambiando esa Corte. Roosevelt impuso una reforma laboral, una reforma previsional, y el Tribunal “lo tuvo que acompañar. Y nadie dice que es un dictador. Imagínense ustedes lo que iba a pasar con el mundo si Estados Unidos seguía en depresión”, precisó Mayans.
Volvió a nuestro país para afirmar que “tenemos una Corte que se siente un poder superior y lo demostró”, citando el caso del Consejo de la Magistratura, tema que consideró “gravísimo. Estamos funcionando con un Consejo de la Magistratura con una ley derogada”.
“¿Para qué hizo eso la Corte? Porque nadie puede negar acá que hubo una intención de persecución, en el Gobierno anterior, de sindicalistas, políticos, empresarios, y se utilizó a la justicia. Uno que está prófugo trabajó en el tema”, señaló Mayans en referencia a “Pepín” Rodríguez Simón.
El proyecto fue aprobado con 36 votos a favor y 33 en contra. Una oficialista se opuso. Se modificó la cantidad de integrantes para lograr el apoyo. Cristina Kirchner no estuvo presente en ningún momento.
Tras un caliente debate de más de siete horas, el kirchnerismo se alzó este jueves en el Senado con la media sanción del proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros. La votación cosechó 36 votos a favor y 33 en contra, uno de ellos de una oficialista.
En una sesión que no contó con la presencia en ningún momento de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, oficialismo y oposición se sacaron chispas lanzándose reclamos mutuos: mientras desde Juntos por el Cambio acusaron de dinamitar la convocatoria al diálogo con este tratamiento intempestivo del proyecto -congelado desde hace tres meses-, por el Frente de Todos cargaron contra la oposición por “tener miedo” a dialogar y ser criticados así por líderes de su coalición o los medios de comunicación.
Para lograr los números necesarios, el oficialismo accedió a modificar la redacción del texto, ya que el número de 25 miembros, como habían impulsado un grupo de gobernadores, era resistido por los autores de las iniciativas que se habían tenido en cuenta cuando la discusión arrancó en las comisiones: el puntano Adolfo Rodríguez Saá, de la bancada FdT; el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, monobloquistas que son aliados habituales.
Así, se pasó de esos 25 a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Sin embargo, aunque consiguió votos clave, eso valió el rechazo de una senadora del bloque Unidad Ciudadana: la puntana María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por el máximo tribunal de 25, en contramano una vez más a las ideas de su hermano.
En la votación, para la cual no se requería de mayoría absoluta, el Frente de Todos alcanzó los 36 con 33 propios, Weretilneck, Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana, que siempre vota en conjunto con la bancada que comanda José Mayans. El voto en contra de Catalfamo permitió no poner en riesgo el quórum, pues si se hubiera abstenido, se la contaba como ausente.
Los tres ausentes fueron el oficialista Maurice Closs -afectado por una cuestión de salud-; el cordobés Luis Juez, de Juntos por el Cambio; y la monobloquista Alejandra Vigo, de Córdoba Federal.
La iniciativa, cuyo texto se mantuvo bajo siete llaves en la previa del debate, pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde los proyectos en materia judicial naufragan por la falta de respaldos necesarios. La oposición aseguró este jueves que no será ley, tal como sucedió con la reforma judicial o la modificación del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo al proyecto, los actuales jueces de la Corte –Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda– se mantendrían en sus cargos. Al máximo tribunal le corresponde actualmente una conformación de 5 miembros, pero se encuentra vacante el lugar que dejó con su renuncia Elena Highton de Nolasco.
Un debate netamente político
Como miembro informante del oficialismo, abrió el debate el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, resaltó que fueron seis meses los que se tomaron para analizar el tema y remarcó que “la responsabilidad de legislar, y es tema de este Congreso el tema de la Corte”.
Para Snopek, “una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades”, y pidió buscar “una Corte federal. Creo que esa ampliación que busca este debate es la pluralidad que tenemos que buscar”, y resaltó que la Corte Suprema es de “4 hombres” interpelando la cuestión de paridad de género, ausente en la composición actual.
La tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) mostró “vergüenza” por el tema debatido al que consideró que “está totalmente alejado de lo que es la agenda de la gente”, y preguntó: “¿En verdad creemos que el tema de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación está entre las prioridades de los argentinos?”.
En esa línea, remarcó que “estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a este Cámara el tema vinculado a la Justicia”, y adelantó que “esto va a terminar en un profundo fracaso”. Asimismo, señaló que “el pecado original de este proyecto es la falta de consensos. Creo que es una pérdida de tiempo”.
Además, Ávila recordó que fue el expresidente Néstor Kirchner, que “con uñas y dientes, y mucha vehemencia apoyaban que la Corte tenga 5 miembros, y no 9 como estaba hasta entonces”, y comparó: “Ahora, el mismo sector dice lo contrario”. En suma, precisó que “nunca se ha demostrado que la cantidad resuelva la calidad de ninguna manera, y tampoco hay un número mágico con respecto a cuántos tienen que ser los miembros de la Corte”.
“Subyace que por atrás hay otra intención y es que se quiere avanzar, manipular al Poder Judicial nuevamente, y eso no lo podemos permitir”, denunció Ávila.
A su turno, la senadora oficialista Silvia Sapag (Neuquén) sostuvo que “la falta de Justicia desencadena fuerzas que son incapaces de controlar”, y apuntó contra los jueces Diego Luciani y Sergio Mola que pidieron 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación por la causa ‘Vialidad’ que “proscribieron alevosamente, mintieron y leyeron”, al manifestar que “el alegato coincide con encender el fervor asesino del grupo que son los que intentaron matar a Cristina. Se enciende su fervor asesino por la falta de justicia”.
La falta de Justicia desencadena fuerzas que son incapaces de controlar”.
A su vez, se refirió a los polémicos dichos del diputado del Pro Francisco Sánchez que “pide la pena de muerte para la vicepresidenta de la Nación. Con este pedido esta negando lo que él es, un legislador que pertenece a un Cuerpo que dicta leyes, tiene que dar opiniones y razonarlas. él no admite que su contradice tenga una posición distinta y por eso hay que pedir pena de muerte y por eso contradice su función. Hay 45 pedidos de causas penales en contra de él en la provincia”.
“Después de esto intentan matar a Cristina”, denunció Sapag y cuestionó: “La Corte tardó dos días en repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación”, al tiempo que preguntó: “¿Y qué hizo? ¿instruyó al Procurador ante un evento tan tremendo para la Nación? ¿puso a disposición del Juzgado recursos personal, tecnología? ¿alguien se enteró de algo? ¿algo de esto pasó?”.
Por otro lado, informó que “en el 2018 ingresaron 38.500 causas y hubo dictamen de 7.843 sentencias. Quedaron un rezago de 28.741 causas y así cada año”, y cerró: “Yo esto no lo quiero más, quiero una Corte que se ocupe de cada caso y para eso necesitamos más miembros y que no pregunten qué firmaron por si la prensa pregunta. La Corte esta para dirimir los diferendos entre ciudadanos y la constitucionalidad de los actos, leyes y de las organizaciones, pero qué constitucionalidad podemos exigir a dos miembros que entraron por decreto”.
El porteño Martín Lousteau (UCR) consideró que “no es ni ahora ni nunca el momento para debatir esto”. Admitió que “los ciudadanos necesitan una mejor justicia”, pero remarcó que “no es la Corte que usan los ciudadanos”.
“¿La tardanza en el fuero civil la resuelve esto? No”, dijo, rechazando también que solucionara temas como la violencia de género o las cuestiones del fuero comercial. “¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les mejora la vida? La verdad que a ninguno”, remarcó.
En cuanto a la diversidad de género, el senador Lousteau le planteó al oficialismo que si eso quieren “empiecen por reemplazar a (Elena) Highton, y revisen los nombramientos de Cristina (Kirchner)… No hubo mujeres, este es un pobre argumento”.
Sobre la cuestión del federalismo, recordó que la composición actual es de dos santafesinos, un cordobés, un porteño, y antes había una bonaerense. “¿Qué es el federalismo?”, se preguntó, aclarando que la Constitución no plantea que la Corte deba ser federal, sino que las provincias están representadas en el Senado. La Constitución “no prevé la regionalidad de la Corte”, enfatizó.
La fueguina María Eugenia Duré (FdT) apeló a los datos del último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación que reveló que “durante el año 2019 la proporción de las mujeres camaristas alcanzaba un 25%, esto es que por cada mujer camarista hay tres varones en ese cargo, y a medida que vamos bajando en la pirámide, ese número se incrementa, y esto nos representa a las mujeres la dificultad de alcanzar los puestos de mayor jerarquía, lo que nosotras llamamos ese ‘techo de cristal’, que aún algunos, y también algunos, les cuesta entender. Queremos ocupar los mismos lugares de representación en los roles que nos toca”.
“Lo que nosotros necesitamos es una Corte Suprema de Justicia de la Nación que le de respuestas a los argentinos”, subrayó Duré y explicó: “Lo que estamos hablando hoy es de una Corte centralista, y eso es lo que debemos descentralizar. Pero además es una Corte que es antifederal, por lo cual la tenemos que federalizar. Estamos hablando de una Corte sin perspectiva de género, con lo cual las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de diversidades pedimos una Corte con perspectiva de género para todas las argentinas y argentines de todo el país”.
En el uso de la palabra, la radical Silvia Giacoppo (Jujuy) acusó que “hay una falta de voluntad de faltar una vez más a la verdad” porque “en esta abrupta sesión que nos convocaron 48 horas antes, sin temario, sin proyectos, especulando con los números en el recinto. El mágico número de 37 sentados me hace pensar a dónde queremos llegar como poder legislativo que representa a las voces de las provincias”.
“Esta reforma, esta sesión además de ser inoportuna es tóxica para todos los argentinos porque estamos tirando nafta al fuego y seguimos haciéndolo no solo con palabras de parte de las autoridades del Ejecutivo”, enfatizó y procedió a leer los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria que “son de una gravedad tan grande que estamos perdiendo la capacidad de interpelarnos”.
A su vez, la jujeña recordó que entre el año 2005 y 2015 “sistemáticamente venimos tratando de detonar a la Justicia”, y sumó que en el 2006 se reformó el Consejo de la Magistratura, entre el 2012 y 2013 “recusamos en masa a jueces por la Ley de medios”, en el 2012 “presentamos un pliego del Procurador General que no resistía ni de los propios el curriculum de ese candidato”, en el año 2012 al 2014 “de forma masiva designamos conjueces”, en el 2013 la “famosa Ley de Democratización de la justicia”, en 2014 se denuncia por sedición a 28 senadores, en el 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández “se intentó instalar la idea del lawfare”, creación de un Consejo Consultivo, avance contra el Procurador en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, traslado de camaristas federales, entre otras.
“Si realmente queremos ampliar la Corte para un mejor servicio de Justicia, lo menos que quedó expresado en aquel proyecto de reforma judicial, que fue una vergüenza porque en este recinto en menos de 15 minutos se aumentaron 900 cargos, en vez de ir hacia la aplicación del sistema acusatorio y dar un servicio de justicia con celeridad y con unidad, hicimos todo lo contrario. Aumentamos el numero de salas, de cámaras, porque era una fiesta, en vez de aumentar el número de fiscales”, disparó Giacoppo y sugirió reemplazar a Elena Highton de Nolasco.
Por último, remarcó que “la Corte no resuelve los problemas de la gente porque esta para controlar la constitucionalidad de los fallos. Los que resuelven los problemas cotidianos son los juzgados de primera instancia y las cámaras”, y pidió trabajar con “consensos” porque el ciudadano “descree de la política y no se siente representado” y advirtió que “vamos a estar cada vez si no nos ponemos a trabajar para resolver los problemas estructurales del país. Para tener una Justicia que sea respetada, esa justicia que estamos bastardenado desde el poder”.
La salteña del FdT Nora del Valle Giménez consideró que “es un problema de la Nación Argentina que nos atraviesa a todos como sociedad”, que los legisladores deben asumir con “las medidas necesarias para recuperar una justicia independiente y confiable”.
“Esta propuesta de ampliación va a permitir mejorar la administración de la justicia, mejorar la presentación ciudadana y garantizar la imparcialidad, el principio de inocencia, las pruebas en juicio, fundamentos y principios elementales que hacen al buen funcionamiento de una justicia independiente”, describió la salteña y manifestó que “no podemos seguir con esta Corte de los 4 miembros que no pueden ni quieren administrar la justicia porque se ha perdido la esencia de la función que es administrar justicia a mayorías y minorías garantizando el tiempo debido”.
Por otro lado, describió que el máximo Tribunal se convirtió en una “justicia sesgada con una mirada centralista porque no incorpora la mirada de género, conserva la herencia vivida del patriarcado”.
En su intervención, el correntino Eduardo Vischi (UCR) consideró que “no es el momento de la discusión del tema” porque “hay otros temas más importantes en el país”. Asimismo, cuestionó los argumentos esgrimidos por el oficialismo para debatir el proyecto que es “la falta de justicia”, y criticó: “Parece ser que no hay justicia cuando no se la atienden bien a la vicepresidente”.
“Hay muchísimos argentinos que todos los días tienen ese problema que les apuntan, y no tenemos las mismas repercusiones. Ahí tenemos que hacer foco. En Rosario hay más de 200 muertos en lo que va del año, pero para ellos parece que no hay mucha atención”, ironizó.
También recordó el tratamiento para modificar los miembros del Consejo de la Magistratura: “Cuando había 13 miembros y la mayoría tenía algún tipo de incumbencia de la política parece que funcionaba bien, pero cuando cae esto y pasa a ser 20 miembros ahí sonó la alarma y tuvimos que hacer un proyecto de 17 miembros. Cuando la justicia no esta de nuestro lado, hay que tocarla, hay que cambiarla”.
“Acá lo que más queda claro es que los cuatro miembros actuales no son a favor, entonces hay que poner 21 más para ver si podemos lograr las cuestiones políticas”, lanzó Vischi y observó que en el articulado del proyecto no hay ninguna evaluación de los costos del mismo ni una fuente de financiamiento. A su vez, criticó: “No sabemos si estamos debatiendo un proyecto de 25, de 15, la verdad que no tenemos claro”.
En ese contexto, disparó: “Todo es producto de la improvisación que hay respecto de la urgencia de sacar proyecto como sea para generar un hecho político y no realmente trabajar en la mejora de la justicia”. “En el proyecto presentado no dice nada de la representación de las provincias. No hay federalización acá. Tampoco explica de qué forma se mejora y va a ser eficaz la justicia ampliando los miembros”, sumó a sus cuestionamientos el senador de JxC y cerró: “Hay un discurso guiñado con el tema del centralismo. Estamos deslegitimando y desacreditando el funcionamiento de la Corte porque es la idoneidad la que funciona”.
Todo es producto de la improvisación que hay respecto de la urgencia de sacar proyecto como sea para generar un hecho político y no realmente trabajar en la mejora de la justicia”, lanzó Vischi.
Por el lado de Catamarca, se expresó la senadora oficialista Lucía Corpacci que resaltó que “más allá del número de los distintos proyectos, todos tienen mucho que ver con la representación federal que necesita la Justicia en nuestro país, y con el tema de la representatividad de las mujeres en la Justicia”.
“Cuando uno ve cuántas mujeres ocupan los estratos más altos de la Justicia se da con que verdaderamente son muy poquitas”, señaló y recordó que “desde el advenimiento de la democracia pasaron por la Corte Suprema 25 miembros, de esos 25 solamente tres no fueron de los grandes conglomerados urbanos de nuestro país”. Al finalizar, bregó por “un catamarqueño en la Corte, no para que defienda los intereses de Catamarca, pero para que defienda la realidad de lo que sucede en nuestro interior”.
Su coterráneo Flavio Fama (JxC) opinó: “Seguramente para la mayoría de los argentinos el debate de la ampliación de los miembros de la Corte tiene un derrotero con un solo objetivo, que es acordar lo que haya acordar para desbancar una Corte que no les es funcional”.
“¿Cómo alguien puede convencerme que este proyecto va en el sentido de mejorar la calidad de la Justicia?, ¿cómo puede ser útil para atender las demandas de los argentinos y las argentinas?”, cuestionó.
Sin embargo, reconoció que “la situación de Argentina es desesperante, y la Justicia no está exenta en este contexto”, pero indicó que “tiene un problema fundamental que esta iniciativa no va a resolver, que es la desigualdad que somete a los argentinos en el acceso a la Justicia. Hay miles de argentinos que no acceden por miedo, desconocimiento, falta medios. Ni hablemos de la violación de los derechos constitucionales. Son los más pobres los que siguen desamparados frente a la Justicia”.
“De algo estoy seguro, el problema de la Argentina no es el aumento de los miembros de la Corte. El problema es que la gente está harta, porque no llega a fin de mes, no consigue un trabajo digno. Hace malabares para darles de comer a sus hijos y una buena educación. La gente está harta de nosotros cuando les damos la espalda para discutir cosas que no les mejoren la vida”, lanzó Fama.
Recogió el guante el senador kirchnerista Martín Doñate (Rio Negro) y lanzó: “Quienes afirman que el funcionamiento de la Justicia, el diseño institucional de la máxima estructura judicial del país no tiene nada que ver con el diario cotidiano de vivir de la gente, o miente o no tiene la más pálida idea de cómo funciona el sistema de justicia en la República Argentina”.
“Una Corte integrada solamente por 4 hombres sin especialidad, ligados a tres jurisdicciones, desprestigiada, preñados de arbitrariedades, imposibilitados de atender en lo práctico los miles de causas que llegan a esa instancia, deslegitimados socialmente y que en general esos fallos van en contra de lo que la mayoría de los argentinos quiere, ya son motivos suficientes para justificar para que estemos dando el debate hoy para rediseñar la estructura de la Corte Suprema”, planteó.
“El solo hecho de reflexionar sobre 3 señores en los que se depositan la última palabra sobre la vida, la libertad y el patrimonio del conjunto de la sociedad, ya es una motivación para reflexionar”, consideró y criticó al Poder Ejecutivo porque “debería haber presentado propuestas en el inicio de la gestión, incluso el gobierno de Macri debería haberlo hecho. El propio gobernador Cobos proponía el tema”.
A su vez, enumeró las causas por las que es necesario modificar la estructura: “Es imposible que 4 señores puedan definir 16 mil casos que llegan; la crisis de la Justicia también es una crisis de federalismo; la cuestión de género. Todo es producto de un unitarismo judicial nefasto y centralismo porteño, no existe la especialización en esta Corte. Es toda una situación que hay que discutir y salvar”, y calificó a la Corte de “sistémica; elitista, corporativa y no hay república posible con cuatro señores que se arrogan la suma del poder público”.
Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para tener una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente represente a toda la Nación Argentina sin distinciones”, lamentó Catalfamo.
Una de las voces esperadas era la de la senadora puntana Eugenia Catalfamo (FdT) para conocer cómo votaría, ya que responde a su gobernador Alberto Rodríguez Saá que había estaba a favor de una Corte de 25 miembros.
Y en ese sentido se orientó en su discurso ya que cuestionó la modificación del dictamen a 15 integrantes y afirmó que no estaba dispuesta a “deslegitimar la palabra de los gobernadores y gobernadoras que vinieron a esta casa, ni deslegitimar nuestra propia palabra cuando firmamos el dictamen”, porque “era una propuesta federal, inclusiva, que no sólo tenía paridad de género, sino que hablaba de diversidad de géneros”, e insistió: “Necesitamos que la Corte pueda actuar con perspectiva de género”.
“Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para tener una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente represente a toda la Nación Argentina sin distinciones”, lamentó.
Con un bolillero en su banca, el senador radical Pablo Blanco reveló que lo compró para “acercárselo” al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y le dijo irónicamente: “A ver si para el final de la sesión, capaz le dan a la manija y encuentran el número lógico de miembros”.
“Traje este bolillero porque no me queda claro si son 15, 16, 25, 24, nueve o en qué va a terminar”, agregó el legislador, y concluyó que “esto demuestra la seriedad con cual estamos tratando ni más ni menos la integración de la autoridad máxima del Poder Judicial. Un poder esencial, que debe garantizar la libertad, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, y acá lo estamos rifando. Es poco serio”.
Otra de los discursos ansiados era el del puntano Adolfo Rodríguez Saá quien, tras leer varios informes de opinión que dan cuenta de una visión negativa hacia la Corte Suprema por parte de la sociedad, señaló que “los números son variados y se ajustan a las necesidades de un momento histórico de cada país, no es que haya un número que está bien y otro mal. Cada país ha resuelto su institucionalidad como mejor ha podido para el momento o etapa histórica que estaba viviendo”.
A su vez, observó dos fallas en la composición actual del Poder Judicial: la paridad de género porque “en toda la historia argentina ha habido 3 mujeres; y el federalismo”. Y apuntó contra la oposición: “Tratar de desacreditar el tratamiento de este proyecto diciendo que son por cuestiones circunstanciales, es una opinión que no ayuda al diálogo ni a la unidad nacional, no ayuda a terminar con la grieta”.
Por último, adelantó su voto positivo y dejó abierta la posibilidad de debatir el cambio de sede de la Corte Suprema a una provincia para “alejarla del microcentro porteño”.
“Hay que escuchar cada cosa”, comenzó su intervención la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada (UCR – Santa Fe), y apuntó contra el oficialismo: “No entienden cuál es el rol de la Corte Suprema de Justicia o no entienden que la Corte no representa a las provincias, sino que vela por el cumplimiento de la Ley y de la Constitución Nacional”.
“¿Será que quieren delegar la responsabilidad de sus provincias a los miembros de la Corte o están tirando humo porque quieren tapar otras cosas?”, preguntó Losada y les adelantó que “no va a llegar a ningún lado”. “¿Qué pasó con Elena de Nolasco que no la reemplazaron todavía? Mujer, todavía no la reemplazaron por otra mujer, y ahora quieren llenar 11 miembros más. ¿De qué están hablando?”, volvió a consultar.
Y remató: “Escucho mafias, amenazas a fiscales por parte del presidente de la Nación, el abogado de la presidente del Cuerpo, el ministro de Justicia. Tengan un poco más de decoro y si no son mafiosos no actúen como mafiosos porque esa es la impresión que dan”, y cerró: “Piden diálogo, pero hay que estar dispuestos a escuchar. Piden diálogo quienes no dialogan, ni han dialogado jamás”.
La vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) recogió algunos discursos de los senadores preopinantes de la oposición y les pidió que “reconozcan que la Justicia funciona mal” porque “hay una insatisfacción de la ciudadanía respecto del Poder Judicial”.
“Es momento para hacernos cargo como Congreso de la Nación que el Poder Judicial necesita herramientas para mejorar y esas herramientas son leyes y lo dice la Constitución y no estamos cometiendo un hecho delictivo como dicen ustedes”, planteó.
Uno de los aliados del oficialismo, el senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) respaldó el dictamen modificado al considerar que una composición de “4 personas es de baja calidad institucional y democrática”.
Toda esta estructura judicial se lleva parte del presupuesto nacional, que obliga al Consejo de la Magistratura a estar designando jueces y a nosotros, que no tenemos nada que ver en la designación de jueces”, argumentó.
En el tramo del cierre del debate sobre ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, cargó contra el oficialismo: “Ustedes contribuyen muy poco con el Gobierno”, y consideró que “han perdido el sentido común”.
“Se trata de una media sanción que no beneficia a la vicepresidenta, al presidente y a la sociedad”, planteó el formoseño y enfatizó: “Si quieren ser serios, que vuelva a comisión, porque ustedes saben que en Diputados esto no pasa“.
Compartió el tiempo con el presidente del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, quien justificó el rechazo del proyecto señalando que “nosotros no defendemos a esta Corte, ni en particular a los miembros, nosotros defendemos un sistema”, y continuó: “Defendemos el sistema republicano, la división de poderes y que la Corte no sea atacada”.
Respecto a la necesidad de modificar la Justicia, Cornejo sostuvo que “debe ser parte de un pacto democrático”, pero que la modificación “no puede ser para la impunidad de los funcionarios, tiene que ser parte del pacto democrático legitimado con que los ciudadanos vean en la Justicia que evidentemente que, de ese pacto, ellos me beneficio. No que se benefician los funcionarios”.
De la vereda de enfrente, el impulsor de uno de los proyectos el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó a la Corte Suprema porque “no hay gobierno que aguante, ni ustedes, ni nosotros. Con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la Corte, porque son mafiosos, se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”, enfatizó y, muy duro, completó: “No tengan dudas que los van a extorsionar también a ustedes, porque su función es extorsionar a la democracia”.
Cerró la extensa jornada de debate el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, quien criticó a la Corte Suprema porque “se siente superior”, y agregó que “el Poder Judicial no se pone a consideración. Dura mientras dura su buena conducta. Por eso cuando un poder se arroga que está por encima de los otros poderes, se termina el sistema republicano de gobierno”.
