“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, fue el desafío que lanzó Germán Martínez el lunes para azuzar a sus pares a que asistan a la sesión especial que él junto a otros de sus pares pidieron para este miércoles a partir de las 11.

La convocatoria tiene mucho gancho como para poder llegar a buen puerto: UP propone debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fórmula de movilidad jubilatoria. Y se da nada menos que al día siguiente de la masiva marcha en defensa de la universidad pública.

Sin embargo, no hay muchas chances de que los convocantes puedan llegar a reunir 129 presencias. Tal cual lo anticipado por parlamentario.com, los bloques dialoguistas, en negociaciones con el oficialismo por la ley de bases y el paquete fiscal, no comparten la estrategia de Unión por la Patria. Sugieren “no gastar todas las balas”, en referencia a llamar a otra sesión, teniendo en cuenta que ya están muy avanzados con el debate de movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen en una de las dos comisiones que deben tratar el tema, en tanto que sobre las universidades ya hubo un anuncio oficial de giro de fondos.

Es más, desde esas filas habrían sugerido al oficialismo que convoque a las comisiones involucradas en los temas a tratar en esta sesión, de modo tal de adelantarse al emplazamiento que podrían disponer desde la oposición más dura. Es lo que ya hicieron cuando la fallida sesión para tratar movilidad jubilatoria.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Para llegar a los 129 necesarios para el quórum, son clave los bloques dialoguistas. Allí hay sectores dispuestos a sumarse a la reunión, a partir de las 11. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que se sumarán.

En Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia de la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Lo cierto es que tanto UCR como HCF no tenían posición unificada ante la sesión.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. De ahí la estrategia de apostar al emplazamiento.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.

El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión. 

En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.

En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, “se autoimpone la continuidad del FONID”.

Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .

El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer  donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.

Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.

Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).

El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.

El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.

Tratamiento URGENTE en el recinto.

📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, se reunió este martes para emitir los dictámenes sobre una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Es la cuarta reunión que la comisión mantiene, en la primera de ellas los autores de los proyectos expusieron las principales ideas de sus textos, en las dos siguientes fueron invitados funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.

En medio de ello, el Gobierno nacional emitió el DNU 274/24 a través del cual se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.

El fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. Desde el bloque habían solicitado apurar el dictamen, pero ello no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya que sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar. ¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.

Al inicio de la reunión, la titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron “acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.

Brouwer de Koning ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó sobre la reunión informativa.

En tanto, la radical remarcó que se trabajó “sin prejuicios, con una apertura objetiva analizando los diagnósticos donde hubo una coincidencia mayoritaria en tres temas”, y detalló: “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”.

“Segundo todo lo que implicó en las proyecciones económicas donde el DNU plantea un índice de actualización de IPC que la mayoría de los proyectos de la comisión lo proponían, pero dejaban un efecto de que si había variaciones salariales el haber no tenía ningún movimiento y se planteó qué pasaba en esa situación. Hubo fallos que plantearon que en esas cláusulas se tenía que tener encuentra las variaciones salariales”, precisó.

NOTICIA EN DESARROLLO

Presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para continuar el debate respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Este tercer encuentro, de carácter informativo, se llevó a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C y contó con la presencia de diferentes invitados académicos y especialistas en la materia.

Entre los invitados estuvieron: Jorge García Rapp, Javier Couly, María Lucila Colombo, Olivia Ruíz, Leiza Centurión Olguín, Daniel Elías, Mario Sioca, Eduardo Martínez, Liliana Lagormarsino, Inés Halm, Sandra Zapatero, Ana María Verde, Rosa Sorsaburo y Adrián Trócoli.

En el cierre de la reunión, la titular de la comisión confirmó que el próximo martes 16 de abril a las 16, el dictamen unificado con la modificación de la Ley 24.241 sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones estará listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados.

Las exposiciones de los invitados

El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de la Seguridad Social, Jorge García Rapp, señaló que la fórmula previsional “es un triángulo de sustentabilidad del sistema, cobertura y suficiencia de las prestaciones”. “La movilidad debería ser ascendente”, cuestionó.

Luego, el abogado especialista en Previsión Social y asesor de la UCR en la Cámara de Diputados pampeana, Javier Couly, expresó que “el fin de la movilidad es para preservar el poder adquisitivo de los jubilados en el tiempo”, pero advirtió: “Debemos evitar litigiosidad y tiene que ser uniforme para todos”.

Asimismo, al igual que posteriores invitados, exigió que “la inflación tendría que estar como cláusula gatillo y no como variable a considerar”.

Por su parte, María Lucila Colombo sostuvo que “las moratorias no son gratuitas”, y recordó que “la de Néstor Kirchner fue la más extraordinaria en cuestión de género”. “Actualmente hay una enorme dificultad de las mujeres para adquirir trabajo remunerado”, cerró.

La representante de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, cuestionó al DNU 70/2023 y aseveró: “Nos pronunciamos en contra de las AFJP porque queremos un mejoramiento del sistema previsional”. También, indicó que “antes de una nueva ley, hay que sancionar algo que equipare la canasta de alimentos de los adultos mayores y los beneficiarios de ANSES”.

Las críticas al Gobierno Nacional no se hicieron esperar: la gremialista afirmó que “vamos camino a los 90 con las AFJP”, y relató que “$60.000 gana una persona colgada por las AFJP”.

Del mismo modo, señaló que “el DNU 274/ 24 (aumento de jubilaciones) se tiene que bajar”, y exigió que “debe haber un ajuste de las jubilaciones para tener una movilidad real y garantizar el buen vivir”.

La abogada y miembro del Instituto de Previsión Social de Corrientes, Leiza Centurión Olguín, manifestó: “Habría que delinear si se quiere defender la previsión de la capacidad de consumo, ahorro o las dos cosas”. Se vanaglorió del sistema correntino y cuestionó que “han recibido poca ayuda financiera de ANSeS”, en los últimos años.

A su vez, el abogado rosarino, Daniel Elías, afirmó que “la capacidad de consumo de los jubilados está por debajo de la de 2022”. “Arrancamos mal con la 24.241 porque la determinación del haber inicial es el 1.5% por cada año de aporte de los 35, tomando como base los últimos 10”, añadió.

En tal sentido, consideró que “los jubilados siguen perdiendo cada vez que se cambia la fórmula de movilidad”, y cerró: “Un reordenamiento de la movilidad jubilatoria y la reparación de lo perdido son urgentes porque sin seguridad social no hay paz social”.

En representación del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Mario Sioca, afirmó que “con el DNU 70/2023 venimos padeciendo un genocidio violento”. También, el integrante del plenario de jubilados de CABA, Eduardo Martínez, criticó que “un jubilado cobra 200.000 pesos y la miseria multiplicada por miseria da más miseria”.

“Estamos discutiendo el sexo de los ángeles y no estamos discutiendo que muchos no pueden acceder a una pensión. Si ese DNU sigue vigente, los jubilados no vamos a ningún lado”, enfatizó.

La exgerente previsional de la ANSES, Liliana Lagormasino, fue por otro lado y señaló que “debemos aumentar la recaudación”. En esa línea cuestionó a los regímenes diferenciales por cuánto se debe aportar para jubilarse.

La asesora técnica legislativa en seguridad y previsión social, Inés Halm, reclamó que “los recursos de la seguridad social deberían estar blindados para dar jubilaciones, pensiones, AUH y seguros de desempleos”. “Todo el resto de subsidio debe ir a otra caja”, explicó.

Desde la CTA de los trabajadores, Sandra Zapatero, señaló que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”, y agregó: “La sustentabilidad de la seguridad social es una decisión política”

La jubilada y miembro de UTJEL (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha), Ana María Valverde, cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y amplió: “Con la base de 130.000 pesos, pongan el ítem que quieran, nos van a llevar a la indigencia”. “¿Ustedes podrían vivir con $204.000? Este Gobierno pretende que nos quedemos en una suma congelada en julio”, cuestionó.

Además, apuntó que “los jubilados somos los que el Gobierno quiere llevar más rápido a la tumba y al crematorio”. En el final, le envió un mensaje a la Cámara de Diputados: “Deben ser derogados los DNU del Gobierno que atacan a los jubilados”.

Por la Asociación Bancaria, Rosa Sorsaburo, pidió una fórmula de movilidad jubilatoria para “recuperar lo perdido” y remarcó, al igual que varios expositores, “establecer clausula gatillo para que se compense con la inflación”.

Finalmente, desde la Asociación Previsionalista, Adrián Trócoli, presentó unos gráficos y afirmó que “la Ley debe cambiar la fórmula de movilidad”. Tomando como referencia una acordada de la Corte Suprema de Justicia explicó que “el objetivo de la movilidad debe ser mantener el poder adquisitivo de las prestaciones”.

En el final, sostuvo que “Argentina no cumple tratados internacionales”, y concluyó: “Hay que aumentar un 100% las jubilaciones porque hoy los jubilados están cobrando menos de la mitad de lo que cobraban en 2017”.

La titular anunció el fin de las exposiciones

De cara al dictamen, la presidenta de la comisión Brouwer de Koning anunció una reunión para el martes próximo (16 de abril) a las 16. La idea es que ese día el proyecto con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria avance hacia el recinto.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT- U – Buenos Aires) señaló que “debemos dictaminar la recomposición”, y anticipó que desde su bloque “vamos a elaborar nuestro dictamen para replantear esta cuestión con el índice que dé mejor”.

Antes de terminar, cargó contra el jefe de Estado e ironizó: “Discutimos jubilaciones, mientras el ‘gatito mimoso’ está de viaje en Miami”.

También, el diputado nacional Itaí Hagman (UP – CABA) relató que “hemos presentado un proyecto de ley planteando una serie de puntos para establecer un nuevo piso de la jubilación mínima y segundo, plantear una recomposición de haberes”. También, cuestionó que el DNU de movilidad jubilatoria “haya sido ahora y no enero”

En el cierre, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le consultó a las autoridades de la comisión respecto a las posibilidades de sacar el dictamen en esta reunión. Desde la Presidencia, le confirmaron que “no se pasará de la próxima reunión”.

A cargo de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunirá este miércoles 10 de abril a las 16.30 en el Anexo “C” del segundo piso para continuar el debate y las exposiciones respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

En esta tercera reunión, nuevamente, fueron invitados académicos y especialistas en la materia para dar testimonios a la iniciativa de modificación de la Ley 24.241, la cual establece que las jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo (UVA), excepto las provenientes de regímenes especiales.

En el encuentro del jueves pasado, estuvo presente el director de ANSES, Mariano de los Heros, quien defendió el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual el Gobierno Nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

En contraposición, expusieron en la segunda reunión de esta comisión, más de una veintena de invitados, quienes en su amplia mayoría se opusieron al aumento por DNU y consideraron avanzar en una nueva fórmula. Varios de los invitados criticaron que el aumento por decreto “hunde al décimo subsuelo los haberes jubilatorios”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) cuestionó al Gobierno por el DNU que establece el aumento de la movilidad jubilatoria: “Recurrir de manera tan repetida a los DNU nos pone en una situación”.

En declaraciones radiales la integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se refirió a la reunión de este jueves a la que asistieron funcionarios que expresaron su postura sobre la nueva fórmula jubilatoria y mostró su desacuerdo: “Si agregamos que es para definir cómo va a ser el cobro de las jubilaciones, los jubilados quedan sujetos a la decisión de un funcionario”.

Además, habló de las polémicas dentro del recinto cuando se presentó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social, para “disertar en favor del gobierno, sin estar designado oficialmente ni poseer cargos actualmente”, y dijo que “no aportó ninguna cosa novedosa y sólo vino a defender el DNU, ni nos convencieron que sea algo bueno para los jubilados”.

Con respecto al aumento de tarifas expresó su conformidad, pero señaló que “debe haber información más certera, los aumentos ser progresivos y contar qué harán con quienes no puedan pagar”.

Finalmente, se refirió al tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Bases y mostró su preocupación: “Sobre el borrador que vimos, puedo decir que salió lo más horrible de lo que era la Ley Ómnibus”, y agregó que para ella “el piso de Ganancias debería llegar a 1.8000.000 o 2.000.000. El Gobierno tiene diferencias en las conversaciones con gobernadores del Norte, del Sur y los que son de la zona núcleo. Debe encontrar una fórmula de equilibrio”.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, recibió este miércoles a más de una veintena de invitados -funcionarios y especialistas- para debatir acerca de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La presencia del titular de la ANSeS se conoció poco antes del comienzo de la reunión, pues al principio parecía que nadie iba a asistir por el Gobierno. Pero además de Mariano De los Heros, por el Poder Ejecutivo asistió el abogado Alejandro Chiti, exdirector General de la ANSeS durante el último año del gobierno de Mauricio Macri. Su participación despertó el fuerte reclamo de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que no está designado en ningún cargo.

Primer orador, Chiti explicó el DNU y señaló que “en la transición” de abril, mayo y junio, el jubilado recibirá “lo mejor de las dos fórmulas, la que dé más”. Al referirse al concepto de “movilidad”, sostuvo que “la movilidad no es para recomponer jubilaciones, la movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, tampoco perder”.

“Si hay que recomponer no se hace con la movilidad, sino se hace recomponiendo en el período puntual que hubo pérdida o deterioro del haber”, agregó sobre una postura que despertó los cuestionamientos posteriores desde UP.

Chiti manifestó que la fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos era “desastrosa” y “llevaba a los jubilados a jugar a la ruleta cada tres meses”, mientras que el nuevo cálculo adoptado por DNU “es excelente, probablemente la mejor que hayamos tenido, porque garantiza que los jubilados nunca más van a perder contra la inflación”. “Hoy la tienen gracias a un DNU del presidente, sería excelente y un gran alivio para los jubilados que la tengan ratificada en una ley”, completó sobre la fórmula.

Ante preguntas respecto de la pérdida de los jubilados en sus haberes y una puntual de la diputada macrista María Eugenia Vidal sobre el descalce, que a juicio del Pro generaría una pérdida para los jubilados de 8%, Chiti ratificó que “la movilidad es para mantener, no para recomponer”. Luego ejemplificó que la inflación desde enero a junio va a ser, según el Banco Central, de 108% y “los aumentos por movilidad que va a dar el Gobierno van a dar 107%”, con lo cual estimó que la pérdida estaría bastante compensada. “Lo mejor es dar (una compensación por) inflación, y garantizar para siempre que no va a haber más pérdida de poder adquisitivo”, sumó.

A su turno, el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

En el arranque de su exposición, el funcionario mencionó que con la fórmula que se acaba de anular el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.

Por otro lado, cuestionó las jubilaciones que se dieron por moratoria y detalló que “de 45.000 jubilaciones promedio que otorga ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”. No obstante, aclaró que estas jubilaciones “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.

Tras dos horas de exposiciones de Chiti y De los Heros, comenzó el desfile de invitados. El primero en hablar fue Rafael Rofman, licenciado en Economía, quien afirmó que hay temas que requieren resoluciones de fondo. “Hay que pensar en el tema fragmentación; alguien habló de los regímenes de privilegio, a mí ni me gusta hablar de los regímenes de privilegio -porque si en algo estamos de acuerdo es que ‘los privilegiados son los otros, no yo’-, me gusta hablar de régimen de excepción. Del régimen general, que es lo que estamos discutiendo acá, menos de la mitad se jubilan por ese régimen”, apuntó.

En ese sentido, enumeró que “tenemos régimen diferencial; regímenes especiales; regímenes provinciales; retiros militares y de fuerzas de seguridad; pensiones no contributivas; cajas profesionales… todo eso aumenta el ruido. Hay que ordenar el sistema, que es muy caótico y sale muy caro”. “En general los economistas decimos que no hay cosas gratis, pero lo que sí hay en la economía es grados de ineficiencia que hay que resolver”, continuó y explicó que “el sistema argentino es muy ineficiente, gasta mucho en función de los resultados que tenemos. Argentina podría hoy pagar beneficios que fuesen en promedio cerca de un 50% más de lo que son con el mismo nivel de gasto agregado. ¿Cómo? Pagándole menos a gente joven, porque tenemos muchísima gente joven cobrando por estos regímenes de excepción; no pagando beneficios duplicados -más de un millón que cobran más de un beneficio-. Si ordenamos todo eso, mágicamente tenemos plata para contener el gasto y al mismo tiempo mejorar la calidad del sistema”. No obstante, admitió que esto “es difícil, requieren acuerdos políticos”.

Más tarde fue el turno del defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, quien enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejemonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.

“El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”, expresó.

El exdiputado nacional y jubilado del gremio gráfico, Néstor Pitrola, cargó contra el Gobierno y señaló que “estamos ante los reyes de confiscar a los jubilados en cada empalme de fórmula”. Asimismo, agregó que “la prueba más nítida del continuismo de esta política capitalista, es que ahora Milei se vale de la formula peronista ruinosa extendiéndola hasta julio”.

Al igual que varios invitados de esta reunión, hizo hincapié en que “en el ajuste brutal de enero y febrero, hubo una caída del 39% en las jubilaciones”, y le pegó de lleno al Gabinete Nacional: “Mienten cuando dicen que el Estado financia a los jubilados porque son los jubilados los que financian al Estado”. “Los jubilados siempre pierden y el FMI siempre cobra”, cerró.

El análisis de Ismael Bermúdez

El economista y periodista, Ismael Bermúdez, habló por más de 15 minutos y presentó un detallado análisis previsional de los últimos 40 años. En primera instancia, recordó sus críticas hacia las fórmulas de movilidad jubilatoria en los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner –sin nombrarla-, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A todo esto, afirmó que “el DNU es engañoso y pidió atención”, y cuestionó: “¿Dónde está el engaño? Los 200.000 jubilados docentes están excluidos. Hay un 1.4 millones, con 30 años de aportes que tienen derecho al 82% por una ley del 2018, que van a cobrar solo un 2,11% por encima de lo que cobraron en marzo”.

En esa línea, señaló que “el Gobierno se olvidó o se avivó y no convocó al Consejo del Salario Mínimo”. “Hay 5.400.000 jubilados que van a cobrar entre 0 y como máximo un 18% de aumento”, aseveró el periodista, mientras Brouwer de Koning le remarcaba que el tiempo de exposición se terminaba.

Sin embargo, siguió mucho más: “Nada que ver con el 27,4% que surge del DNU porque a raíz de esto, estuve indagando con jueces que me dijeron que esto es ilegal”. “Lo llamé al expresidente de la Cámara de Seguridad Social René Herrero y me dijo que ‘es inconstitucional otorgar aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo’”.

También, añadió que “está lleno de juicios porque se estuvo otorgando aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo”, y explicó que “hacia abajo es más grave porque perjudicas a personas en situación de pobreza”.

Asimismo, indicó que “el DNU dice que la fórmula de Alberto Fernández se mantiene hasta junio y con eso, habrá un período de 3 meses donde van a coexistir ambas fórmulas”.

Basado en números del Banco Central, Bermúdez anticipó que “los haberes en abril van a estar con una suba del 62%, pero la inflación (acumulada) va a ser del 72,4%. Quiere decir que las jubilaciones van a caer en abril”. A su vez, añadió: “En mayo, la suba será del 83,58, pero la inflación en el 89,7%”.

Así las cosas, advirtió que “en junio, podrían estar casi empatados”, pero dilucidó: “Es ahí cuando viene el DNU y dice ‘acá paramos’ y es el momento donde más bajo van a estar las jubilaciones”. “El DNU va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”, sentenció.

Para Bermúdez, este decreto trae “una pérdida vitalicia” y pidió que “las formulas del Alberto y la de IPC convivan en el tiempo”. “Este DNU logra, primero, que sigan cayendo haberes hasta julio y, segundo, que se perpetúe de por vida la caída monstruosa que viene del 2011”.

Para culminar su análisis, Ismael Bermúdez criticó al máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema debe tener, guardados bajo candado, fallos de segunda instancia y sigue sin pronunciarse”, respecto a los aumentos anteriores que no lograron recomponer haberes jubilatorios.

En medio de las exposiciones de los invitados, el diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) pidió la palabra para denunciar que “un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le arrojó gas pimientas durante la represión a jubilados en las afueras del Congreso”. El legislador presentaba una mancha en su cabeza.

El resto de los expositores

Por otra parte, Marisa Graham, la defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la necesidad de imponer fórmula de movilidad a la Asignación Universal por Hijo y explicó que “la seguridad social es un derecho humano, no un plan asistencial”.

Con el tiempo compartido, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la misma cuestión, pero dirigida a la Tarjeta Alimentar. “Pedimos que se amplíe hasta los 17 años –actualmente es hasta los 40-”. Además, planteó que “el Programa Progresar también debería tener un componente de actualización”. Más tarde, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, se refirió al mismo tema.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, intervino como orador y dejó clara su postura frente al DNU: “Que el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación”. En esa línea, afirmó que “nadie va a estar en contra de qué un jubilado gane 700.000 pesos, pero el Congreso tiene la obligación de que eso sea proporcional”.

También, cuestionó que “en los últimos 40 años de democracia, en solo nueve no hubo inflación y esta ley debe tener un tope cada seis meses”, en relación a la recomposición. “Lo mejor que pueden hacer es englobar estos proyectos a efectos de mejorar los ingresos jubilatorios”, consideró.

La abogada y procuradora María Susana Bossa remarcó que “necesitamos un cambio de fórmula”, cuestionó que “la inflación de enero fue del 20% y el aumento del decreto del 12,5”. Así las cosas, exigió que “debemos recomponer, como mínimo, desde 2017”.

Antes del cierre de la reunión, el abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro¸ cuestionó a los diputados nacionales que se habían retirado antes: “Es una falta de respeto. Después se quejan de los trabajadores ñoquis. Después no juzguen y señalen con el dedo a los trabajadores del Estado”.

Del mismo modo, agregó: “Tienen la llave para llevarle dignidad a los jubilados”, y enfatizó que “la propuesta de Milei consolida la pérdida de poder adquisitivo que no esperan recuperarse hacia adelante. Se estima que la pérdida (irrecuperable) rondará entre los 30 y 33 por ciento”.

“Javier Milei le está destruyendo el bolsillo a los jubilados. Hoy 8 de cada 10 jubilados no logran solventar la canasta básica y les hace pagar el ajuste a quienes trabajaron toda la vida”, aseveró el abogado. “No sean cómplices, acá no hay grises. Si no derogan el DNU 70/2023 serán responsables de condenar a la miseria a quienes pueden ser sus padres y sus abuelos”, cerró.

Finalmente, la licenciada en Economía Política, Emilia Eugenia Roca, cuestionó “la falta de seguridad jurídica”, y enfatizó que “la jubilación es un derecho y nace desde nuestra situación como trabajadores”. Terminadas las exposiciones, la presidenta de la comisión Gabriela Brouwer de Koning dio por terminada la reunión.

En el arranque del encuentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados realizada este jueves para analizar la conformación de una nueva fórmula de movilidad, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible” y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca, “vayamos al recinto a emplazar a (José Luis) Espert”; es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.

El titular de la principal oposición ya había adelantado la semana pasada la intención de su bancada de reclamar una nueva reunión para el martes 9 en la que pudieran avanzar con el dictamen. Así las cosas, el diputado santafesino cumplió, y en el inicio de la reunión de la Comisión de Previsión sugirió que tras la informativa de este jueves, “avancemos en una deliberativa el martes que viene para emitir dictamen. Después de lo de hoy, es urgente que nosotros dictaminemos y es urgente que este tema llegue al recinto”, sostuvo.

“Somos los diputados los que vamos a marcar los tiempos de este debate -continuó-. Estoy seguro de que hay una comisión que quiere llevar adelante este tema sin dilaciones, sin mirar para el costado, sin estar atentos a las zanahorias que pone el Gobierno” para demorar el tratamiento del tema.

Germán Martínez destacó que “los debates se dan en un contexto”, y a continuación mostró la tapa de los diarios Clarín y La Nación, “por si alguno no se enteró -dijo-, hablando del tarifazo en gas, de entre el 350 y 450%”. Así las cosas observó que “estamos dando un debate en momentos que se multiplican los despidos”, y puso de relieve los que están registrándose en la ANSeS, al tiempo que alertó sobre un “apriete” del Gobierno a los gobernadores: “‘Sin ley Base no hay plata’, dicen los diarios”, enfatizó.

Luego hizo referencia a las quitas del Gobierno nacional a las provincias, citando el Fonid, el Fondo Compensador del Transporte y las cajas transferidas a la Nación, alertando que “la cantidad de cosas que no hace Nación, las termina haciendo las provincias”, y sumó a la lucha contra el dengue, que el Gobierno nacional ahora ha dicho que le corresponde también a las provincias. En ese contexto, Martínez sostuvo que “tenemos que tener en la Cámara de Diputados una actitud más audaz”.

En este marco, admitió el problema que representa que Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Espert, no esté participando del debate, lo que demorará el tratamiento en el recinto, pues el tema tiene giro también a esa comisión. “Si, falta Presupuesto, falta Espert, a quien se menciona para reemplazar al ministro de la deuda 100 años… -ironizó Martínez-. Y si Espert no quiere, tenemos que ir al recinto a emplazar a Espert”, sugirió.

Para Martínez, “necesitamos actuar con urgencia, en este y todos los temas que venimos trabajando. Mientras tanto, que el Gobierno le venda espejitos de colores a quien quiera. El martes tenemos que dictaminar y llevar al recinto (el tema) cuanto antes”, concluyó.

Le contestó la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Bouwer de Koning, quien dijo compartir la urgencia en este debate. “Por eso abrimos el debate en esta comisión. Vamos a tomar su sugerencia de ver si hacemos una reunión el martes. Y si todos están dispuestos, lo antes posible tener ese texto escrito para ponerlo sobre debate y tratar de aprobarlo”.

"Este tema no da para más y necesitamos avanzar en una reunión deliberativa el martes que viene para poder emitir dictamen de comisión. Es URGENTE que llegue al recinto" #ConLosJubiladosNo https://t.co/7M8z7Kt439 pic.twitter.com/JfBC6U6RyA

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 4, 2024

Tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU-y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocó a una nueva reunión para continuar debatiendo el tema.

El encuentro será de carácter informativo con invitados referentes a la temática que expondrán a partir de las 11 de este jueves 4 de abril en el Anexo “C” del 2do piso.

Será la segunda reunión que tendrá la comisión para debatir movilidad jubilatoria. La primera se llevó a cabo el pasado 21 de marzo donde los autores de los 16 proyectos presentados explicaron los principales puntos de sus iniciativas. En dicha jornada, también se cuestionó al libertario José Luis Espert como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por no haber convocado a un plenario y agilizar los tiempos.

Luego de que la oposición inició el debate en la Cámara baja sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, cuatro días después el Gobierno oficializó el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

Al respecto, Brouwer de Koning sostuvo en diálogo con parlamentario.com que “hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, porque “la idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados”.

Finalmente se oficializó este sábado el aumento por decreto otorgado a los jubilados y pensionados. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, donde se informa que, debido a “la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el presidente de la Nación ha decidido firmar un decreto de necesidad y urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”.

Según lo anunciado, desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del Gobierno anterior”.

Se indica que el “compromiso” del Gobierno Nacional es “ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado”. Se habla en ese sentido que esa reforma deberá ser “trabajada en conjunto con una reforma laboral” dado que “ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas”.

El comunicado finaliza destacando el deseo de que esos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo anunciado el pasado 1° de marzo por el presidente de la Nación.

La medida adoptada por el Gobierno había sido adelantada durante la semana, justo el día en el que se activó la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocada para analizar los proyectos para armar una nueva fórmula jubilatoria. En esa reunión celebrada el miércoles pasado, no participó en plenario la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según se admitió ese mismo día, el titular de esa comisión, José Luis Espert, prefería no avanzar con ese tema desacoplado con el Gobierno Nacional.

Tengamos en cuenta que la creación de una nueva fórmula jubilatoria figuraba en el borrador de la ley de Bases que volverá a tratar la Cámara baja. El tema figura en el Título V del proyecto, donde se consigna un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. Había trascendido la semana pasada que la cuestión podría ser saldada por la vía del decreto, pero eso fue desmentido oportunamente por el vocero presidencial y el propio presidente de la Nación.

La alternativa de un DNU para zanjar la situación siempre tuvo sus ventajas. Por un lado, aceleraría los tiempos para que los jubilados no siguieran perdiendo con la inflación. Por otro, quitaría del debate de la ley de Bases un tema ríspido como era la cuestión jubilatoria, donde resultaba tan difícil ponerse de acuerdo con el tema del “empalme”. Desde la Coalición Cívica, recordemos, se pedía un porcentaje de 20,6%.

Originalmente trascendió que el Gobierno analizaba una compensación de entre el 12 y el 14%. Al final fue del valor inferior. La pregunta ahora es cómo seguirá el debate.

Ni bien trascendió que habría un decreto, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme. “Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

Conocido el comunicado de la Oficina del Presidente este sábado, el diputado Martín Tetaz salió al cruce a través de la red social X: “No sean mentirosos; la demora en el tratamiento legislativo de la nueva fórmula es 100% responsabilidad de este gobierno que constituyó tarde la Comisión de Previsional y no convoca a Presupuesto para discutir las fórmulas presentadas por la oposición”.

Y concluyó: “Nosotros comprometemos públicamente nuestro voto positivo para que las jubilaciones se fijen en UVAs desde diciembre 2023”.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña no recibió de buen grado la noticia, que calificó como “mala”. “Otra vez pierden los jubilados”, concluyó.

“Habrá que leer la letra chica, pero de lo que informan, podemos precisar que en el empalme entre las fórmulas se ‘olvidan’ de compensar las inflaciones de diciembre y enero. La fórmula del presidente sigue ajustando a los jubilados y ante la posibilidad que el Congreso tomara una fórmula que reconociera el total de la inflación de este año, decidió acelerar y sacar ilegalmente un DNU”, señaló Ocaña.

Justo el mismo día en el que arrancó formalmente en Diputados el tratamiento de los proyectos sobre una nueva movilidad jubilatoria, trascendió que el Gobierno cambiará la fórmula por decreto. Precisamente lo que el vocero presidencial y el propio presidente habían desmentido los últimos días.

Según se supo este jueves, el Gobierno decidió disponer un ajuste que oscilaría entre el 12% y el 14% para compensar parte del costo de vida de enero. La actualización se aplicaría en el mes de abril, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la compensación citada.

Conocida la noticia, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme.

“Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La reunión arrancó bajo la presidencia de Karina Banfi, que había asumido provisoriamente, mientras se normalizaban las cuestiones administrativas para que pudiera ocupar ese lugar la también radical Gabriela Brouwer de Koning.

Así, de entrada contó Banfi que se ocuparían en esa reunión de escuchar a los diversos autores de las 16 iniciativas existentes sobre el tema, y que por cuestiones de organización no habían podido hacer un plenario con Presupuesto y Hacienda, cosa que tratarían de concretar en el futuro. De hecho, al asumir a continuación al frente de la comisión, Brouwer de Koning admitió que “nos hubiese gustado tener una reunión conjunta; por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación”.

“Vamos a estar trabajando con todos los especialistas y equipos que ustedes sugieran”, agregó la presidenta de la comisión, que detalló a continuación el cronograma tentativo para ese debate.

Para este jueves se organizó una jornada de exposiciones de los autores de las normas. Para lo sucesivo, la diputada cordobesa habló de una gran reunión informativa para el 4 de abril, para la cual pidió a los diputados sugerir nombres para organizar ese proceso. La idea es, dijo, hacer un debate posterior la semana siguiente, la del 10 de abril. “Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo”, explicó. Admitió que “el tema es urgente”, pero pidió “que no nos apremien los tiempos”.

Antes de poner a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema, la diputada de UP Paula Penacca reconoció el cumplimiento de parte de las autoridades de la comisión del “compromiso” de realizar una pronta reunión, tras lo cual relató el grave incidente sufrido por una militante de la agrupación HIJOS, amenazada de muerte en vísperas de un nuevo Día de la Memoria y exigió justicia y tener un debate sobre el tema en la Cámara.

Apuntó además que las personas que la agredieron le advirtieron que “no le iban a robar nada, pero sí la van a matar, y les pagan para eso”.

Sergio Palazzo pidió la palabra para plantear que no le quedaba claro cuál es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “se niega a hacer una reunión plenaria”. Y a continuación se refirió a una publicación periodística conocida este jueves, según la cual fuentes cercanas a Espert admitían que no estaba prevista una reunión plenaria, por cuanto Presupuesto se acoplaría a los tiempos del Poder Ejecutivo respecto a este tema, y que esperaban que esta discusión se diera en el marco de la ley de Bases.

Advirtió Palazzo entonces que “todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse, Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”.

“Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar”, sostuvo Palazzo, para quien la hoja de ruta planteada establece que probablemente recién para el 20 de abril puedan llegar a emitir dictamen. “Vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula”, auguró, para luego reconocer que “todos tenemos responsabilidad de haber llegado a esta situación, pero estamos a tiempo de corregirla. Hasta están los recursos, porque el Estado dice que tiene superávit fiscal”.

Los autores de los proyectos

María Eugenia Vidal encabezó la nómina de diputados que presentaron iniciativas. En su caso, el correspondiente al bloque Pro atiende dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. “Y que es el origen de la crisis que estamos viviendo”, señaló.

“No hay más caminos que no sean ordenar las cuentas”, admitió, pero también reconoció la situación de urgencia que viven los jubilados, cuyos haberes perdieron 46% en los últimos meses. “La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados”, detalló, advirtiendo que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria. “Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide”, detalló.

La propuesta de su sector es que la actualización sea por el IPC. Hoy es trimestral el ajuste, proponen que sea mensual, para que no quede tan rezagado. Además, proponen un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre el RIPTE y el IPC. Porque si hay una deflación y hay crecimiento, les permite no quedar atrás. En cuanto al empalme, proponen poner como referencia el último mes en que se haya aplicado la fórmula actual.

A continuación, Maximiliano Ferraro planteó la propuesta de la Coalición Cívica, cuyo pedido de tratamiento del tema en el recinto disparó el presente debate. Pero antes cuestionó “la  negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto” a reunirse en plenario. “Fuimos muy precisos tanto en la sesión que logró convocar a más de 120 diputados, que veníamos a emplazar no solo a esta comisión, sino también a la de Presupuesto”, dijo, y recordó que les habían dicho que se conseguiría hacer un plenario.

“No podemos pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de devaluación que vive la Argentina”, reconoció y advirtió que “hoy con bono o sin bono hoy el haber jubilatorio está entre un 10 y 20% por debajo de la línea de pobreza”.

“Nosotros venimos a proponer un cambio de la fórmula jubilatoria”, señaló finalmente. La misma consiste en que las jubilaciones se actualicen según el IPC, pero que contemple una compensación de 20,6% para recuperar los jubilados la pérdida que tuvieron. Y que en ningún caso la aplicación de la futura fórmula de movilidad puede ir en baja de los ingresos que perciben los jubilados.

El radical Pedro Galimberti consideró “razonable” una fórmula que contemple el incremento inflacionario, por lo menos para los próximos años. Al detallar la iniciativa de su espacio contó que al plantear el incremento del haber jubilatorio “hablamos a mes vencido”, y aunque desde algunos sectores dicen que eso no sería posible en términos técnicos, él creía que sí. “Si el Estado quiere, puede instrumentarlo entre varios organismos del Estado; puntualmente hablamos del INDEC y ANSeS”, dijo. Agregó respecto del enlace que están pensando en que los jubilados no pierdan tanto y puedan llegar a la misma situación que tenían en diciembre de 2023 al menos. Para eso, se debería corregir la fórmula actual desde diciembre 2023 a marzo 2024.

Romina del Plá sostuvo que “acá el problema es que estamos con jubilaciones de indigencia; hay que generar un salto en el haber inicial, porque el problema es que desde esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por IPC. Entonces, el proyecto que he presentado tiene como primer punto que el haber mínimo tiene que ser igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en 685.041 pesos”. A partir de ahí, la actualización por IPC o RIPTE.

Y para los haberes que superan la mínima, esos haberes respondan al 82% móvil del haber del trabajador en actividad o se actualicen por inflación o RIPTE según de dónde sea más beneficioso.

Por el bloque radical, Danya Tavela coincidió con los diputados preopinantes de una actualización mensual sobre la base de diciembre y, a partir de ahí, que las actualizaciones serán por el IPC. También planteó que ante el aumento de tarifas es “indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos”.

Tavela comentó que agregaron al proyecto un capítulo sobre transparencia y explicó: “Es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene el país que no son privilegios, pero seguramente reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo”. Solicitó la presencia de ministros y que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga los cálculos de cada proyecto presentado.

Desde el bloque Unión por la Patria, defendió su iniciativa la diputada Gisela Marziotta quien recordó que se legisló sobre fórmula jubilatoria en el gobierno kirchnerista y explicó que es la misma que propone en el proyecto: “Una fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un buen resultado que con la inflación no se recuperaba el poder adquisitivo necesario y por eso presenté una cláusula gatillo porque no lograba recuperarse el salario en función de la inflación del momento”.

Marziotta alertó que si no se toman medidas se está en camino a “una caída estrepitosa que nos puede llevar a tener jubilaciones de la crisis del 2001. Estamos camino a eso si no tomamos una decisión”. Con gráficos de muestra, aclaró que la propuesta es sumar una cláusula gatillo a la actual fórmula y preguntó: “No entiendo por qué quieren sacar la fórmula de recaudación más salarios y que solo sea por inflación. Sería una combinación virtuosa de las dos situaciones”.

La cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) alertó que la situación del sistema previsional del país es “caótica, crítica y es urgente atenderlo” y señaló que “amerita una puesta en común de todas las problemáticas para lograr un sistema dé respuestas efectivas, eficientes y con equilibrio fiscal a los beneficiarios. La revisión del sistema y buscar una solución definitiva, más racional”.

Así, contó que el proyecto fue propuesto junto al rionegrino Agustín Domingo, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer para que “marque un puente o transición ante un problema sumamente grave para llegar a una solución más profunda y definitiva y no estar siempre discutiendo parches que tiene el sistema previsional”. En esa línea, precisó que cuenta con seis puntos como cambios de la movilidad por IPC, pero aclaró que la “diferencia está en el ensamble de un mes a otro significa licuación y haberes y litigo judicial, tiene que ser de enero 2024 porque la fórmula vigente tiene dos módulos complicados en su aplicación”.

Además, contempla el bono de 70 mil pesos para los haberes por debajo 204 mil pesos, pero establece un bono del 20% de haberes para jubilados y pensionados que accedieron al beneficio sin compra de aportes. También contempla la cancelación de las deudas y con las cajas previsionales no transferidas; prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea el que haga cargo del financiamiento del sistema previsional y se le prohíbe a ANSeS que pida plata al Tesoro para hacer frente a su déficit.

Por último, comentó que proponen un régimen de privilegio: “Hay que eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, pero hay que corregir una desviación de que los haberes de los pasivos son más altos que los activos y que la recomposición se haga sobre el salario bruto y no el neto”.

En la continuidad de la “constitutiva” que se inició el miércoles y quedó trunca por las discrepancias generadas en torno a la designación de su presidenta la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados reanudó este jueves su reunión, para designar al resto de autoridades, quedando pendiente por razones reglamentarias la designación de la radical Gabriela Brouwer de Koning como presidenta. Mientras eso no suceda, continuó Karina Banfi oficiando de presidenta, mientras que el resto de los cargos quedaron así: como vicepresidente fue designado el riojano Ricardo Herrera (UP); vicepresidenta segunda fue nominada la cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal); en tanto que para la primer secretaría María Eugenia Vidal propuso al rionegrino Sergio Capozzi (Pro).

Para la secretaría segunda quedó el chaqueño Carlos Daniel García (LLA) y la secretaría tercera Nicolás del Caño (FIT).

A continuación, las discusiones giraron en torno a la insistencia de parte de la oposición para establecer un cronograma preciso de trabajo para llevar rápidamente el tema al recinto. En su rol de “presidenta provisional” de la comisión, Banfi planteó que trabajarían sobre el tema en plenario con Presupuesto y Hacienda, con cuyas autoridades coordinarían el esquema de trabajo para los próximos días.

“Vamos a convocar para la semana que viene la reunión del otro plenario para debatir -explicó la vicepresidenta del bloque radical-. Vamos a decidir el calendario teniendo en cuenta cuál ha sido la petición del diputado de Hacemos”.

El diputado en cuestión era Maximiliano Ferraro, quien el día anterior había insistido en establecer fechas precisas y había sugerido alternativas. Lo mismo hizo este jueves.

Antes, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió especificaciones sobre el calendario y anticipó que pedirían un calendario de tratamiento que incluya reuniones informativas, de asesores y que “además podamos avanzar lo antes posible con el tratamiento de este tema”.

Recordó que ya hay proyectos que tienen estado parlamentario, otros que podrían ingresar en los próximos días y recomendó que el primer paso a dar sea una reunión informativa en la que cada uno de los autores de proyectos pueda dar una breve exposición sobre el mismo.

Pedido de disculpas

Martínez se permitió un párrafo aparte para plantear una cuestión inherente a las relaciones humanas, y pidió disculpas públicas al presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, por haberse dirigido en malos términos a él el día anterior. Aclaró que con él tenía una muy buena relación, que ya lo habían aclarado en un encuentro que habían tenido en los pasillos, pero le parecía importante pedirle disculpas en términos públicos.

Advirtió de paso que “las tensiones que se están generando son producto de querer llevar a los integrantes de esta Cámara a los empujones. Aclaró que “acá no hay príncipes, acá no hay CEOS, todos somos iguales. Si nosotros retomamos eso, la cantidad de tensión que se vivió es producto de  un estilo uqe nos va a llevar al fracaso. Encima, con un presidente que nos agrede permanentemente, vamos a quedar más expuestos”.

Luego de que Osar Zago aceptara las disculpas y admitiera que “todos tenemos que bajar el tono de la discusión”, porque “el ejemplo lo tenemos que dar los diputados”, el diputado Maximiliano Ferraro pidió que el próximo miércoles se haga la plenaria para dar tratamiento al tema, y después continuar con reuniones sucesivas y poner una fecha de dictamen para el 9 de abril.

Sugirió que al ser la de Previsión la comisión cabecera, podía trabajar con Presupuesto “para fijar lo más rápido posible la primera reunión plenaria y como propuesta dejar en claro esto: si tuvimos una semana para discutir una ley de más de 600 artículos, la de Bases, yo creo que la plenaria de Previsión y Presupuesto, en términos de darle previsibilidad y respuestas a la sociedad, no puede llevar más de 15 días tener dictamen y bajar al recinto”.

“Tomamos en cuenta y corresponde incluir a las otras autoridades para tomar una decisión. La semana que viene vamos a tener novedades”, planteó la diputada Banfi.

A su turno, Martín Tetaz sacó a relucir números de inflación. Citó el 13,2% de febrero, que implica -dijo- que está corriendo a una velocidad anualizada del 342%. Alertó entonces sobre la baja de tasas dispuesta por el Banco Central, algo que a su juicio representa “exactamente lo contrario a lo que el manual de economía indica para combatir la inflación”. Lo cual lo lleva a interpretar que la decisión de las autoridades económicas “no es bajar la inflación, sino que está cómodo con una inflación que baje más lento”. Dijo que el Gobierno “ataca el déficit, y está bien, pero el BCRA ha expresado su desinterés de que la inflación siga haciendo el trabajo de licuar los haberes de los jubilados”. Por eso, sintetizó en un pedido a que todos los bloques se comprometan en un plazo determinado a fijar una hoja de ruta.

Mientras el kirchnerista Sergio Palazzo se mostró de acuerdo con Maximiliano Ferraro en cuanto a acelerar los tiempos, la diputada Silvana Giudici se mostró crítica desde el Pro a “apurar” a los legisladores. Advirtió que no podía emplazarse a las comisiones y pidió a los asesores ponerse a trabajar en base a los proyectos que ya hay sobre el tema para unificarlos. “Mañana mismo si es necesario”, señaló.

Desde las redes le contestó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien tuiteó: “La diputada @SilvanaGiudici, a pedido del Gobierno y de la ministra @PatoBullrich en particular, pidió en comisión mandar la reforma de la fórmula previsional a asesores. Es decir dormir el tema. Quieren cerrar el debate y usar a los jubilados de rehenes de la ley bases”.

En medio de la crisis económica que golpea a todo el país, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró en sus redes sociales la decisión de ese espacio de impulsar en la Cámara baja la sesión en el Congreso, en la que se planeaba debatir la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, el oficialista explicó que la CC ARI “puso en agenda lo concreto e importante. Los jubilados no son responsables. Sufrieron años de abandono del kirchnerismo. Cambiar es ayudarlos, no ignorarlos”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “Argentina necesita un ajuste”, al mismo tiempo que compartió la definición de la palabra ajuste como “ir o volver hacia lo justo”. “Que el peso del ajuste lo vuelvan a pagar los jubilados es todo lo contrario a un ajuste, es un desajuste. No es posible tolerar o asimilar más injusticias”, manifestó.

“Los jubilados y los niños tienen que estar protegidos. El esfuerzo y dolor que causa un ajuste es tolerable cuando la finalidad es volver a lo justo y cuando el camino también lo es”, planteó.

Asimismo, remarcó que “fue muy importante lo que hizo el bloque de la Coalición Cívica hoy en el Congreso de la Nación. Somos muchos los que estamos preocupados por este rumbo sin empatía” y destacó que “el país tiene que cambiar de punta a punta, no solo es el deseo de la mayoría, es una necesidad que tenemos”.

“Es indispensable ajustar años de hegemonía de un modelo económico empobrecedor y corporativo, con instituciones fuertes, poniendo un fin al populismo y fortaleciendo las bases de la economía. El cambio es hacer del país, un país justo”, sentenció.

A través de la Oficina del Presidente, Javier Milei recrudeció este miércoles su enfrentamiento con parte del Poder Legislativo al alertar contra lo que definió como “el tratamiento apresurado” del DNU 70/23 y el fallido intento de debatir una fórmula jubilatoria.

En un durísimo comunicado emitido justamente cuando se desarrollaba la reunión de Labor Parlamentaria del Senado, donde se discutían las características de la sesión convocada para este jueves, en la que debería tratarse el DNU 70/23 al que la oposición tratará de rechazar, el órgano que representa la voz oficial del presidente expresó su preocupación por “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”.

En un mensaje directo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el comunicado habla del “tratamiento apresurado del DNU 70/23”, como así también la iniciativa de “promover una fórmula jubilatoria sin consenso” violentan, a juicio del presidente, “el espíritu de acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”.

Cabe consignar que durante toda la jornada la titular del Senado fue duramente fustigada por los libertarios en las redes sociales, por su decisión de incluir el tratamiento del mega DNU en la sesión convocada para este jueves.

Así las cosas, la Oficina del Presidente advirtió que “el potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los registros automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”.

En este marco, el Gobierno Nacional espera “que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.

En los tramos finales, el presidente agradece a “aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”.

El comunicado cierra diciendo que “independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación argentina”.

La diputada nacional Romina Del Plá (FIT – Buenos Aires) fue uno de los 126 legisladores que estuvieron en el recinto durante la sesión en minoría para tratar la movilidad jubilatoria, la cual no obtuvo el quórum y manifestó que “el Gobierno está sometiendo a nuestros adultos mayores a la miseria y no hay disimulo”.

“Es realmente de una gravedad tan profunda a la que, más temprano que tarde (Javier) Milei y su ministro (Luis) Caputo van a tener que responder por condenar a la miseria a los jubilados”, aseveró.

Con relación a la sesión trunca, Del Plá sostuvo que “desde el bloque del FIT-U no sólo vinimos a defender el proyecto que hemos presentado, sino a denunciar que uno de los ejes del gobierno de Milei es este plan de guerra para robarle a los jubilados porque su ‘déficit cero’ no pasa sin este escandaloso robo”.

En esa línea, le agregó un porcentaje de responsabilidad a los gobiernos anteriores: “Así como denunciamos el robo de las jubilaciones del macrismo, bajo una terrible represión a los más de 300.000 mil trabajadores en la plaza Congreso comandada por la también ahora ministra antipiquete (Patricia) Bullrich, asimismo denunciamos el robo de los Fernández-Fernández que llenaron de papelitos el Fondo de Garantía y Sustentabilidad con el que ahora Milei arrasa”.

Por la caída de la sesión, apuntó contra las bancadas ausentes: “Los bloques colaboracionistas no han querido imponer una nueva fórmula. Ellos mismos reconocieron que se trataba de presionar al gobierno para que se formen las comisiones, dilatando una recomposición que no puede esperar”.

Del mismo modo, planteó que “la jubilación mínima parte de la canasta básica de la Tercera Edad y a partir de ahí tiene una actualización por inflación mensual automática. Además, hay que reconocerle a los jubilados que están por arriba de la mínima el derecho a que se actualice por inflación o con el reconocimiento del 82% móvil de la actividad”.

Para cerrar, Del Plá expresó que “el financiamiento debe provenir de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, con un blanqueo de todos los trabajadores no registrados para terminar con la informalidad y restableciendo los aportes patronales”.

La que esperaban fuera la primera sesión especial del período ordinario en la Cámara baja fracasó este miércoles, al no poder reunir quórum los diputados convocantes. Así las cosas, siendo las 12.31 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, anunció que la reunión se había caído, por lo que comenzó un debate en minoría. Solo alcanzaron a sentarse en sus bancas 119 diputados.

Se sabía desde antes que los radicales no estaban convencidos de bajar. Solo lo hicieron un grupo de los identificados dentro de los “díscolos”: Facundo Manes, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal y Pablo Juliano. El Pro, en tanto, había adelantado que estaba a favor de debatir el tema, pero consideraba que la convocatoria a la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, prevista para las 16, era suficiente señal de que se iniciaría esa discusión.

En Unión por la Patria hubo bajas por los vuelos, muchos cancelados por los problemas climatológicos que enmarcan esta semana. Sí estuvieron en su totalidad los cinco diputados del Frente de Izquierda.

De Hacemos Coalición Federal no bajaron a dar quórum los diputados de Córdoba Federal, salvo Natalia de la Sota y Juan Brügge. Tampoco asistió, con aviso, Margarita Stolbizer, ni la misionera Florencia Klipauka Lewtak, ni el entrerriano Francisco Morchio.

De esta manera, dentro de los 119 presentes, hubo 92 de UP, 17 de HCF, 5 del FIT y 5 de la UCR. En tanto, no dieron quórum 39 legisladores de La Libertad Avanza, 38 del Pro, 29 de la UCR, 3 de Independencia (Tucumán), 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo (San Juan), 2 de Buenos Aires Libre y los monobloques La Unión Mendocina y CREO. Tampoco ninguno de los 9 de Innovación Federal, bloque que responde a un grupo de gobernadores, aunque luego de caída la sesión, la salteña Yolanda Vega bajó al recinto. 

Desde ese bloque habían solicitado sesionar, a instancias de los diputados de la Coalición Cívica que integran esa bancada. Ellos proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación. Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

En la previa, el oficialismo había hecho esfuerzos por lograr que la sesión no se llevara a cabo, al punto tal de haber anunciado este martes la convocatoria a sesionar por parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para las 16, cuestión de comenzar a debatir esa cuestión. Al respecto, el bloque HCF emitió en la mañana de este miércoles un comunicado en el que celebraron la decisión de constituir la misma tras haber pedido la sesión especial para tratar la fórmula jubilatoria. Sin embargo, aclararon que mantenían la sesión para intentar emplazar a las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda a fin de que “en un plazo razonable dictaminen una modificación de la fórmula actual”.

El debate en minoría

En el arranque del debate en minoría, el cívico Juan Manuel López, enfatizó que “no hay sector de la sociedad que se haya perjudicado más con la inflación” que el de los jubilados. Inflación que, aclaró, no se la adjudicaba a la gestión actual, sino a la anterior. Celebró también el anuncio del día anterior sobre la importación de medicamentos, aunque se quejó de que fuera una apertura muy leve. “Creo que es por un tiempo corto y no sé si va a ayudar al mercado”, advirtió.

A propósito, López dijo que habían pensado que con el mega DNU iba a haber más oferta de medicamentos, pero remarcó que “fue la primera cuestión en la que el presidente se echó atrás. Anuló con un decreto reglamentario lo que decía su DNU”.

También cuestionó al presidente porque “le cuesta tener empatía, compasión, entender la situación de algunas personas que sufren más que ellos. Le estamos pidiendo que sea más inteligente”.

Tras celebrar la constitución de la Comisión de Previsión prevista para este miércoles por la tarde, advirtió que “para que un plan económico sea exitoso, tiene que tener pericia técnica, consistencia económica y tolerancia social. Esos tres elementos para un plan de estabilización que ojalá a Milei le salga bien están en nuestro proyecto, que lo vamos a tratar esta tarde, junto a muchos otros que se han presentado”-.

Y cerró advirtiendo: “No sé cuánto va a durar la tolerancia social, espero que lo tengan, porque no estamos para hacerle un favor a ningún gobierno, sino para que la tolerancia social ayude a estabilizar la economía”.

También desde esa bancada habló el diputado Nicolás Massot, quien se quejó ante el presidente del Cuerpo por la demora en constituir las comisiones, un recurso que, lamentó, “se usa frecuentemente”. Luego pidió que “no tratemos de buscar justificaciones en errores pasados para justificar nuestras propias demoras”.

Y tras recordar el pedido del propio Martín Menem para trabajar de lunes a domingo, cuando el debate de la ley de Bases en el verano, él le pidió al presidente de la Cámara que “trabaje al menos de lunes a viernes”. Recordó que estaban esperando que del oficialismo que manden la ley de Bases y les pidió “no aprovechar las dos semanas cortas que vienen, para tener que empezar recién a discutir esto después de Semana Santa.

Ya sobre el tema del debate, acusó de “cinismo” al presidente al referirse al tema de la licuación de los haberes jubilatorios, que vinculó con la caída de la ley ómnibus. Recordó en ese sentido que en el texto original el Gobierno solo derogaba la fórmula previsional y daban aumentos por decreto, algo que consideró “violatorio de la jurisprudencia de la Corte”.

Eso es “falso”, dijo. Massot dijo que “varios de nosotros compartimos mucho el punto de llegada”, pero aclaró que “es una lección aprendida que combatir la inflación no es un fin en sí mismo”. Tras destacar que ese combate con la inflación que arranca con el equilibrio fiscal, en ese objetivo común no deben pagar solo los jubilados

“No simplifiquen la realidad, termínenla con la bipolaridad, con las antinomias. Abandonemos esa estrategia”, reclamó, haciéndose cargo por lo que a él mismo le correspondía de cuando el Pro pasó por el poder, y concluyó pidiéndole al oficialismo apurar el envío de la ley ómnibus.

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, enfatizó en “la necesidad que este recinto esté abierto, que nadie cierre este recinto, y que las comisiones funcionen” para que “se traten todos los temas que preocupan a una sociedad tan diversa”. Tras valorar a quienes dieron el presente, le dijo a Menem: “Hoy a usted y al oficialismo lo salvaron las fuerzas del cielo, que perjudicaron con las lluvias a millones de argentinos y que imposibilitaron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum”.

Pero también consideró que “jugó a favor algo más suyo y del oficialismo, que es cierta mezquindad política que existe”. A continuación, lamentó que “podríamos habernos llevado de acá una agenda de tratamiento de una cantidad de temas que hoy son importantes para los argentinos”, al emplazar a comisiones, como era la idea original.

Entre otros temas, además de la situación de los jubilados, mencionó la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el desfinanciamiento de las partidas de universidades públicas, la situación de acceso a los medicamentos y alimentos y “el drama que estamos viviendo en Rosario”, ciudad de la cual es oriundo.

Sobre esto último, Martínez pidió “constituir urgente la Comisión de Seguridad Interior” y coordinar con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, “para que estemos dando este gesto de acompañamiento, empatía y cercanía en el lugar”.

Avanzada la sesión, durante las expresiones en minoría, y antes que hable el radical Fernando Carbajal, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño cuestionó “el boicot que ha hecho el oficialismo y el Pro, que es prácticamente lo mismo, a esta sesión, y también algunos gobernadores, que tiene que ver con esta búsqueda de parte del Gobierno de ganar tiempo. También busca evitar que se rechace por ambas cámaras el DNU 70”. 

“Han festejado el 13,2% de inflación, que si tomamos el trimestre de diciembre, enero y febrero significa un 72% de inflación. ¡Están festejando el empobrecimiento de millones de laburantes, de millones de jubilados!”, enfatizó y advirtió que la clase pasiva “en estos meses perdió 30% en términos reales”. 

El legislador denunció que “la plata que le están sacando a 7 millones de jubiladas y jubilados se la están dando a un puñado de especuladores financieros, que nos estafaron con la deuda, desde siempre y con el gobierno de Mauricio Macri, del cual Luis Caputo fue parte”. 

Del Caño planteó “una actualización inmediata; un jubilado debería ganar como mínima 580 mil pesos”, y para ello propuso “afectar las ganancias de los bancos, de los agronegocios, dejar de pagar la deuda, poner impuesto progresivo a las grandes fortunas, restituir el 83% de las contribuciones patronales que (Domingo) Cavallo redujo, formalización inmediata de los trabajadores y garantizar el 82% móvil”. “La actualización debería darse por el IPC o el RIPTE, alternativamente, según más convenga”, sumó. 

En el cierre, el diputado Ricardo López Murphy se refirió a un conjunto de temas que le interesa tratar. En primer lugar, consideró que “por la situación de Rosario, las comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional deberían ser convocadas”, sin descartar alguna reunión confidencial. 

“El narcoterrorismo es de una gravedad extraordinaria en Rosario y en América Latina”, señaló y mencionó -entre sus ítems- el asesinato en Chile de un teniente del Ejército venezolano. También la cuestión del avión de Emtrasur, caso del que fue denunciante y por el que ahora “ese gobierno terrorista (en alusión a Nicolás Maduro) impide los vuelos de Aerolíneas Argentinas”. 

Luego, el legislador de HCF dijo que “hay un tema que ignoramos y que yo pienso plantear en la Comisión de Relaciones Exteriores” que tiene que ver con la actualidad de Haití, donde “las bandas terroristas narcocriminales se han hecho cargo del país y han atacado las cárceles y liberado los presos, y en este momento hay una situación de Estado fallido e ingobernabilidad”. Sugirió citar a la canciller Diana Mondino. “Los cuatro temas están íntimamente relacionados. Necesitamos que las comisiones funcionen a pleno”, concluyó. 

Se abrirán ese miércoles las puertas del recinto de la Cámara baja con el fin de realizar la primera sesión especial de este período ordinario, que en este caso ha sido convocada por un sector de la oposición con el objeto de discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La convocatoria, formalizada el lunes con la firma del secretario Parlamentario, Tomás Ise Figueroa, es para este miércoles a las 12. Fue formulada por los diputados de la Coalición Cívica que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, quienes proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación.

Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

Como el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, se requieren dos tercios de los votos para habilitar su tratamiento dentro del recinto. Ese es un número que no podrán alcanzar los diputados opositores, con lo cual la apuesta de la oposición es conseguir un emplazamiento de parte del Cuerpo para establecer un cronograma preciso para la movilidad jubilatoria en el recinto. Tal cual se hizo oportunamente con cuestiones tales como alquileres, humedales y, más cerca en el tiempo, Boleta Única de Papel.

Con el objetivo de desactivar esta sesión, el oficialismo jugó la carta de convocar para este mismo miércoles a las 16 a la Comisión de Previsión y Seguridad Social para que se constituya. Así las cosas, la misma podría estar en condiciones de ponerse a debatir el tema de la movilidad jubilatoria -cuestión en la que hay numerosos proyectos, incluso uno de un diputado de La Libertad Avanza- este mismo miércoles.

La jugada no alcanzó sin embargo para abortar el llamado a sesionar este miércoles. Ese tema fue analizado por los miembros del bloque convocante, Hacemos Coalición Federal, que se reunieron este martes a las 17 para analizar qué hacer. Sobre todo, para discutir las propuestas que por parte del oficialismo habían recibido de manera individual con el fin de desactivar la sesión. Al cabo de la reunión, parlamentario.com pudo saber que la sesión había sido ratificada. “Veremos si hay quórum o no, pero vamos a insistir en emplazar de mínima, con fecha”, explicó un legislador del bloque que conduce Miguel Pichetto.

La fuente consultada explicó que jubilaciones es “un tema delicado”, al punto tal de que no se puede dar “una mala señal”. Así las cosas, el legislador fue concreto al remarcar que preferían en esa bancada no tener quórum, o no poder pelear la ley, a no hacer nada. “Si no llevamos esto así, no hubiera habido ninguna comisión integrada”, sintetizó.

La cuestión del quórum

Como se ve, desde el propio sector convocante para este miércoles no dan por descontado el quórum, aunque están satisfechos porque ya de entrada lograron forzar al oficialismo a llamar a reunir a la comisión correspondiente. Igual, en una lectura lineal, imaginarían contar con el quórum, teniendo en cuenta que HCF suman 23 diputados, Unión por la Patria 99 y con los 5 de la izquierda le faltarían apenas dos legisladores. Eso con presencia perfecta, que imaginan que no habrá, por múltiples razones. Entre ellas, las climáticas, pues el temporal que en el AMBA se inició el lunes por la noche y se extenderá hasta el jueves, según los pronósticos, puede dificultar la llegada de muchos diputados. E incluso -hay que decirlo- servir de excusa a más de uno que sea remiso a asistir y enojar al Gobierno.

Hay dudas por ejemplo en torno a la conducta que vayan a tener los radicales. Sucede que esa bancada se reunió el lunes por la noche y al cabo emitió un comunicado en el que conminaron al Gobierno a convocar de manera “urgente” a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, a fin de dar inmediato tratamiento a  una nueva fórmula jubilatoria. Allí resaltaron la decisión de algunos bloques a los que le asignan el legítimo derecho de haber solicitado sesiones especiales, pero alertaron sobre el riesgo de que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas, generando así “una falsa expectativa y más frustración”.

“Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión”, alertaron, dejando la sensación de preferir evitar participar de una sesión de esas características.

El Pro, mientras tanto, emitió este martes por la noche su propio comunicado en el que ellos también llamaron a “debatir una fórmula jubilatoria que sea sostenible en el tiempo”. Allí manifestaron su interés en “debatir con seriedad y en profundidad” ese tema, pero remarcaron que la Comisión de Previsión y Seguridad Social ya está convocada para este miércoles 13 a las 16, para comenzar a tratar el tema, enfatizando que “ese es el ámbito para que se debata” el tema.

Lo cual implica un previsible llamado a no participar de la sesión convocada para las 12, más allá de que si el quórum se alcanza ellos participarán de la misma.

Desde el bloque de diputados de la UCR exigieron y conminaron al Gobierno a convocar de forma “urgente”, para esta semana, a la Comisión de Previsión y Seguridad Social a los fines de dar inmediato tratamiento a una nueva fórmula del haber jubilatorio.

“Es inconcebible que al ajuste lo estén afrontando los sectores más vulnerables de la sociedad. Resulta imperioso modificar la fórmula evitando que la inflación continúe carcomiendo los haberes que en el transcurso de estos últimos tres meses perdieron un 35% de su poder adquisitivo”, expresaron a través de un comunicado emitido al cabo de una reunión del bloque. Este ajuste, enfatizaron, “pone en riesgo su vida, puesto que el 40% de la canasta familiar de un jubilado está constituida por medicamentos cuyos precios también se han incrementado sustancialmente provocando interrumpir tratamientos para enfermedades crónicas”.

Los radicales cuestionaron la “inactividad” del Gobierno que a su juicio “intencionalmente duerme el Parlamento para evitar ser controlado y luego permitirse denostarlo, distintos bloques han acudido legítimamente a solicitar sesiones especiales. El riesgo de las mismas es que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas generando una falsa expectativa y más frustración. Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión. El peronismo es responsable de haber triturado las jubilaciones que en sus 4 años de gobierno perdieron el 45% su poder de compra. Artífices además de generar el apocalipsis previsional con irresponsables moratorias”.

El bloque que conduce Rodrigo de Loredo intimó también al oficialismo a poner en funcionamiento la totalidad de las comisiones. En ese sentido reclamaron que “el Congreso debe trabajar, para eso nos pagan incluso más de lo que pedimos. Luego, en el discurso, simulan una baja quienes antes dieron un aumento que nadie solicitó, a la par que hacían lo mismo en el ejecutivo. La campaña terminó, la realidad requiere cosas concretas, es importante que la VEAN”.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO – Buenos Aires) se refirió a la convocatoria a sesión especial de este miércoles y afirmó que “no podemos seguir permitiendo que el 65% de los jubilados cobren por debajo de la canasta de indigencia”.

“El valor de la jubilación mínima es menos de lo que gasta el presidente en darle de comer a sus perros”, aseveró Del Plá. Asimismo, consideró que “la sesión no está garantizada. Es de público conocimiento que, en la trenza parlamentaria, que incluye a todos los bloques, están negociando la movilidad como parte del tomo y daca de la ley ómnibus y el Pacto de Mayo”.

Y siguió: “Lo hacen a espaldas de la población porque preparan un acuerdo que no recomponga lo perdido en el último periodo. Los bloques parlamentarios no pueden seguir con dilaciones frente a la penuria generalizada que viven los adultos mayores”.

“Desde el Partido Obrero en el bloque del FIT-U ya presentamos un proyecto de ley planteando la indexación de las jubilaciones sin dejar por fuera ningún mes y fijando la mínima acorde a la canasta de la Tercera Edad. El resto de los proyectos convalida de una u otra manera el ‘ajustazo’ de (Javier) Milei y el robo a las jubilaciones que se viene perpetuando con todos los gobiernos anteriores”, agregó.

Finalmente, concluyó: “Frente a este panorama, si finalmente se convoca la sesión, desde el Partido Obrero estaremos dentro del recinto para demandar que se trate nuestro proyecto, pero también estaremos presentes fuera del Congreso, junto a los trabajadores jubilados que están llamando a movilizarse para denunciar el ajuste en curso y exigir que se les sea devuelto el poder adquisitivo que se ha deteriorado enormemente los últimos años”.

La diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) presentó este lunes dos proyectos de ley: Uno para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria; y otro para la eliminación de regímenes jubilatorios especiales para funcionarios públicos.

Con relación al primer texto, la diputada de UP sostuvo que “la movilidad previsional, en tanto mecanismo que busca proteger al poder adquisitivo del haber jubilatorio contra el riesgo inflacionario, debe asegurar a sus beneficiarios, cierto nivel de ingresos que prevenga o elimine de la pobreza a la población adulta mayor”.

La iniciativa presentada pretende modificar el artículo 32 de la Ley 24.241, el cual establece que “la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación”.

“La garantía de la movilidad de las jubilaciones y pensiones se encuentra establecida en el artículo 14 bis tercer párrafo de la Constitución Nacional se complementa con lo que disponen sobre este aspecto los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución por medio del artículo 75, inciso 22 de la misma”, explicó Marziotta.

PL Modificación Fórmula Movilidad Jubilatoria

Luego, respecto al proyecto de eliminación de regímenes jubilatorios especiales para funcionarios públicos, manifestó que “se trata no sólo de eliminar privilegios que no corresponden, sino también de poder reorientar los recursos públicos a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo”.

El segundo texto impulsado por Marziotta cuestionó que “en la actualidad los haberes que perciben los funcionarios superan con creces los montos máximos establecidos por el ANSES para los aportantes al Sistema Previsional Argentino establecido por la ley 24.241”.

Para cerrar, Marziotta expresó que “el fundamento principal está en la necesidad de hacer más equitativa la distribución de recursos del sistema previsional y reducir la gigantesca asimetría que beneficia a jueces y diplomáticos”.

PL Eliminación Regímenes Jubilatorios especiales para Funcionarios Públicos

Se conoció este martes un pedido de sesión especial formulado por el bloque Hacemos Coalición Federal, con el objeto de debatir una nueva fórmula jubilatoria. Paralelamente se supo que desde el Pro, María Eugenia Vidal presentó también una iniciativa que va en el mismo sentido.

El proyecto tiene apenas tres artículos –uno de los cuales es de forma- y prevé sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 por uno que diga que “el índice de movilidad se ajustará mensualmente en base a la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) calculado por el INDEC. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno”.

“Adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) entre los meses de diciembre de los dos años previos”, agrega la modificación, que concluye aclarando que “si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”.

En caso de ser aprobado el proyecto, se establece que “a los fines de la aplicación por primera vez del mecanismo de movilidad previsto, se tomará como mes de referencia el último considerado para el cálculo del índice de movilidad aplicado por última vez con anterioridad a la sanción de esta ley”.

El proyecto de Vidal es acompañado por sus pares del Pro Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Daiana Fernández Molero, Emmanuel Bianchetti, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro y Germana Figueroa Casas.

0189-D-2024

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (HCF – Buenos Aires) publicó una carta en X, donde le respondió al presidente de la Nación, Javier Milei, y afirmó que “es urgente que el Congreso debata una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones”.

El presidente de la Coalición Cívica – ARI siguió: “El presidente de la Nación es capaz de atacar con virulencia a 1 persona, dedicando su completa atención y transformando su ofensiva en una prioridad gubernamental, como el caso de Lali Espósito o de los diputados que, por pensar diferente, cataloga de traidores”.

También, señaló que “al momento de asumir responsabilidades, despersonaliza”. “Transforma las personas en números, intentando disimular en esa abstracción las realidades de miles de argentinos y utiliza la referencia numérica, que agrande o achique los números según su conveniencia, transformando en pequeñas cifras lo que considera insignificante o en grandes números lo que considera logros”, aseveró.

“Desmerece temáticas alarmantes mencionando que el sector con menos pobres de la Argentina es el de los jubilados, con ‘sólo’ un 15% bajo la línea de pobreza”, consideró, y agregó: “Este porcentaje pretende invisibilizar el número concreto. Ese 15% equivale a 875.834 adultos mayores, personas que no pueden pagar un lugar donde vivir, comida ni medicamentos, en el período de la vida que los encuentra más vulnerables”.

Así las cosas, expresó: “Para dimensionarlo, ese 15% equivale a 10 estadios de River completos”, y reiteró: “Es urgente que el Congreso debata una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones”.

En tal sentido, remarcó que la Coalición Cívica presentó un proyecto para que los jubilados “dejen de perder mes a mes frente a la inflación”. “El proyecto está a disposición del presidente y de su bloque para avanzar y brindar una solución a un tema que no puede esperar”, añadió.

Por último, le mandó un mensaje reflexivo al jefe de Estado: “No tratar a las personas como datos duros, no lo hacen blando, lo hacen humano. Señor presidente, dese la oportunidad de conducir el país con empatía, sin seguir dejando argentinos tirados en el camino”.

El Presidente Milei personaliza en los ataques y despersonaliza en las responsabilidades.

El Presidente de la Nación es capaz de atacar con virulencia a 1 persona, dedicando su completa atención y transformando su ofensiva en una prioridad gubernamental, como el caso de Lali… pic.twitter.com/BgemDnlMJj

— maxi ferraro (@maxiferraro) February 23, 2024

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica – ARI presentaron un proyecto de ley este jueves para proponer una nueva fórmula de jubilatoria que “asegure que los haberes sean actualizados mensualmente en función de la inflación”.

El texto presentado por los legisladores que integran el bloque Hacemos Coalición Federal buscan sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 para que en marzo del 2024 las prestaciones se actualicen en base a la movilidad prevista en el Anexo del artículo 1 de la Ley 27.609.

También, plantearon que la ANSES otorgue un 10% adicional en concepto de pago a cuenta de las prestaciones de abril de este año. Y así, las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme a la variación del nivel general del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado y publicado por el Indec.

Por último, esta iniciativa propone un “retroactivo” para la prestación de enero 2024 y que la base de la movilidad sea a partir de marzo. En el cierre, plantearon que “en ningún caso la aplicación prevista podrá producir la disminución de la prestación que percibe el beneficiario”.

Firmaron el proyecto, los diputados nacionales Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Movilidad Jubilatoria CC - ARI

Muy activa en el plenario de comisiones que analiza la ley ómnibus, la diputada de UP Julia Strada salió a cuestionar duramente el proyecto en lo que hace a la parte previsional. La legisladora recordó que el Gobierno propone, ahora, impulsar la actualización de las jubilaciones por inflación a partir de abril.

“Esto implica que los jubilados pierdan más de 20 puntos de su poder adquisitivo entre diciembre 2023 y marzo 2024 y que no puedan volver a recuperarlo -tan solo mantenerlo-. Se consolida la pérdida”, sostuvo la legisladora santafesina, que paralelamente difundió el siguiente gráfico:

La diputada aclaró que ese gráfico se realizó con la jubilación mínima real incluyendo bonos, considerando una actualización de movilidad de 35% en marzo 2024 y para ello utilizando la inflación estimada en el REM (BCRA). Los bonos se actualizaron a la par de la movilidad e inflación en cada período. “El resultado es que las jubilaciones pierden otros 20 puntos, adicionales a los 20 que perdieron en el macrismo (con FdT se mantuvo el valor de la mínima). Ello colocaría a las jubilaciones mínimas, a abril, en un 60% del valor que tuvieron en 2015”, explicó.

Luego sugirió ver cómo funciona la fórmula previsional especialmente en la cuestión del rezago. Explicó Strada que “el problema de cualquier fórmula se da en contextos de inflación creciente porque en el cálculo hay un rezago, es decir, un atraso en la captación de los datos de actualización previsional. No importa si se actualiza por IPC o por recaudación o por salarios, siempre se actualiza con rezago o demora. Si la inflación es descendente, la fórmula capta datos altos de inflación (o salarios) pasados y beneficia a los jubilados. Si Milei espera bajar la inflación, continuar con la fórmula reportaría mejoras en el poder adquisitivo (siempre que baje la inflación).

“¿Cuál es la trampa en la fórmula de Milei? -se preguntó la diputada de UP-. La primera, y más general, es que los jubilados, desde abril, ya no podrían aspirar a ganarle a la inflación. No pueden ganarle sencillamente porque acompañarían la dinámica de precios: mantendrían su valor”.

La segunda “trampa” y a su juicio “central” es: ¿dónde se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? ¿Es razonable ese nivel de jubilaciones reales? “Lo que mostré en el gráfico inicial es que se congela consolidando 20 puntos de caída”, afirmó la diputada opositora.

A continuación, se refirió al punto de empalme, que “no incluiría la inflación de enero y febrero en ningún cálculo (dos datos elevados dada la devaluación de diciembre). Y eso significaría una brutal caída de los ingresos reales. No es algo nuevo: Macri lo hizo y generó una cantidad significativa de críticas por los entonces diputados opositores en 2017. Así funcionaría:

“Nuevamente, repetimos: de ocurrir el escenario planteado por el Gobierno, las jubilaciones tendrían un cambio en la fórmula una vez que registren una pérdida de más de 20% en sólo 3 meses. Si hoy son el 80% del valor que tenían en 2015, para el mes de abril equivaldrán al 60% del valor de 2015. De allí en adelante, actualizarían por inflación, no pudiendo crecer en poder adquisitivo real (aunque tampoco perdiendo)”.

O a la inversa, continuó: “La ventaja eventual de la nueva fórmula se produce, paradójicamente, si la inflación no baja en el mediano plazo. Si eso sucede, los jubilados lograrían sortear mejor el momento, no sólo porque las jubilaciones empalmarían mejor con precios, sino porque además se actualizarían mensualmente”.

Como el gobierno plantea que la inflación se reduce, Julia Strada considera “contradictoria” su propuesta que elimina la continuidad de una fórmula que les permitiría a los jubilados captar inflación pasada (recaudación/salarios pasados). A la inversa, afirmó, “es coherente con la política de ajuste que pretendan obviar los datos más inflacionarios de enero y febrero y que decidan otorgar una indexación una vez consolidada una jubilación real 20 puntos menor. Con ello también es coherente que hayan eliminado la actualización de los bonos, habiendo congelado en $55 mil para enero el bono de la mínima”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este lunes la voluntad de dejar sin efecto la actual fórmula de movilidad jubilatoria y afirmó que es una “prioridad” para el Gobierno “terminar” con la ley vigente.

“La urgencia que tenemos es tener acciones en virtud de que la Ley de Movilidad no siga dañando el bolsillo del jubilado. Con este nivel de inflación claramente entendemos que el jubilado está condenado a perder un 40% del poder adquisitivo si no encaramos una composición distinta a la que está en la ley”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que, una vez suspendida, “va a ser compensada en el mientras tanto” para que “el haber jubilatorio no pierda lo que entendemos va a perder si seguimos aplicando esta fórmula”.

Por otro lado, el vocero fue consultado por el DNU sobre desregulaciones que se anticipa extenso y no exento de polémicas. “Se están ultimando los detalles. Es un tema muy complejo, no sólo desde la propia redacción, sino que jurídicamente estamos prestando especial atención”. “Será en lo inminente”, agregó.

El Poder Ejecutivo trabaja en un decreto de necesidad y urgencia que abarque aquellas cuestiones que no requieren pasar por el Congreso. El mismo incluiría una serie de desregulaciones económicas y laborales, entre ellas la habilitación del “modelo Uocra”, para que las empresas puedan optar por un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones.

En paralelo, el oficialismo enviaría al Congreso distintos proyectos de ley sobre reformas impositiva, política y del Estado. Entre otros temas, ya se ha anticipado la restitución del impuesto a las Ganancias (impositivo) y la eliminación de las elecciones PASO e implementación de la boleta única (política). Ambos temas son cuestiones que, según lo establece la Constitución, están vedadas para que el Poder Ejecutivo las modifique por decreto.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sugirió que el paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso incluiría la derogación de la Ley de Alquileres, sancionada hace dos meses.

“Dentro de lo que viene nosotros siempre promovemos la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto, seguramente haya novedades respecto a eso”, expresó y agregó: “Entendemos que la Ley de Alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”.

Por otra parte, respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria que el Gobierno buscará suspender, el funcionario argumentó que “con la ley actual se espera que el jubilado tenga una gran pérdida adquisitiva en los próximos meses. No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo”.

Pero, sin dar mayores precisiones sobre la propuesta de un nuevo cálculo previsional, deslizó que recién en 15 días se conocerán las propuestas legislativas. “Dentro de las próximas dos semanas se va presentar el plan para la Argentina que viene, y ahí habrá mayores precisiones”, señaló.

Consultado sobre la marcha atrás que se prevé en el impuesto a las Ganancias, Adorni recordó que Javier Milei “efectivamente votó la rebaja o la modificación en el impuesto a las Ganancias, pero jamás dejó de aclarar en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto y esa reducción tenía que ser ejecutada por el Ejecutivo nacional. Él actuó en calidad de legislador y en línea con sus pensamientos”.

“Este es un paquete de emergencia y cualquier corrección de impuestos va a ser de cortísimo plazo”, prometió.

Sobre el paquete de proyectos de reformas, el vocero presidencial expresó que “incluye cosas con las que por supuesto no estamos cómodos, no estamos de acuerdo, y no lo hubiésemos hecho si no fuese por la herencia cargada de bombas por desactivar que nos obliga a hacerlo”.

Bastante agitada fue la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de este jueves. Más allá del encendido debate que se generó en torno a la política exterior del Gobierno nacional, un fuerte cruce se dio en un pasaje entre la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato y su par oficialista Marcelo Casaretto.

Disparador de la discusión fue la puesta en consideración de un proyecto totalmente consensuado, que era el proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por la Ley 27360. Encargado de presentarlo fue el oficialista bonaerense Nicolás Rodríguez Saá, quien generó cierta polémica al final cuando fiel a su estilo disparó un dardo hacia la oposición al deslizar una crítica hacia la primer canciller de la gestión anterior, Susana Malcorra, a quien se encargaron de contestarle Alberto Asseff y Karina Banfi.

Pero se ve que la cuestión movilizó a la diputada Silvia Lospennato, que aclaró que no pensaba hablar, pero lo hizo entonces para recordar que “siguen acumulándose los fallos en la Justicia en contra de la eliminación por decreto de la movilidad jubilatoria, la suspensión luego por ley, pero también los decretos que hoy en trámite exprés se han ratificado para convalidar una política que significó un saqueo para los jubilados”.

La diputada del Pro recordó que eso ya no lo decían solamente desde la oposición, sino también desde el oficialismo, citando “los audios que circularon diciendo que habían tenido que votar algo con lo que no estaban de acuerdo”, en referencia a los dichos de la diputada Fernanda Vallejos.

“Hay que tener bastante humildad para venir a decir que tienen una política en favor de los jubilados, cuando han reconocido que suspendieron durante un año una movilidad previsional y dieron aumentos por decreto”, señaló la diputada, anticipando luego que presentarían un proyecto que esperaban que el oficialismo vote para que “nunca más un jubilado pueda pasarse años litigando para recibir lo que es suyo”.

Le contestó el diputado Marcelo Casaretto, quien aclaró que a lo largo de la historia muchas veces se litigó contra normas previsionales. Al llegar esta administración, votaron en 2019 nueve emergencias que atribuyó a “la situación recibida del Gobierno anterior. A partir de ahí nos encontramos con la pandemia; se fueron dando aumentos por decreto, también se litigó en relación a esos decretos. Pero también hay fallos que declaran la constitucionalidad de este proyecto”, aclaró en referencia a la ley en vigencia. “En algún momento llegará a la Corte Suprema y esta determinará cual es la validez o no”, concluyó.

Reivindicó la ley previsional vigente que a él le tocó defender en su momento y que sostuvo “corrige” errores de la ley anterior. “De aquella fórmula de ajuste semestral pasamos a una de ajuste trimestral”, dijo, asegurando que “para todos los jubilados de todos los tramos hubo un aumento del 52%, según datos de la ANSeS y el INDEC. Están teniendo, de diciembre a diciembre, 52,7% con una inflación por debajo de la que dejó Macri, así que no nos dén una receta los que dejaron 54% de inflación. Nosotros queremos bajar la inflación, pero no con la receta de ajuste que tuvieron”.

Y ante los gritos de Silvia Lospennato, el propio entrerriano fue elevando la voz, y terminó a los gritos afirmando que “cuatro años gobernaron y tres se achicó la Argentina… ¡Con ustedes aumentó la desocupación, la pobreza  aumentó el endeudamiento!”.

Sin atender los pedidos del presidente de la comisión, Eduardo Valdés, que buscaba moderar la situación, Casaretto continuó: “¡Nosotros nos hacemos cargo de que tenemos hasta el mes anterior una inflación acumulada de este año que lleva el 41%, y nosotros estimamos que vamos a terminar por debajo del 50%! ¡Este es el primer año que los jubilados van a tener aumentos por encima de la inflación, desde 2017 para acá!”.

Y concluyó gritando: “Yo los escuché, después hablan, aprendan a respetar… ¡Ustedes lo que quieren es el ajuste, Tetaz, López Murphy, quieren volver a Macri!”.

En una modalidad cada vez más vigente en esta gestión, el Poder Ejecutivo Nacional publicó este sábado una nueva edición del Boletín Oficial, en la que aparece el decreto 104/2021, por el cual se reglamenta el artículo 32 de la Ley 24.241 y su Anexo, sustituidos por el artículo 1° de la Ley 27.609. a través del mismo se establece el nuevo sistema para los aumentos jubilaciones, determinándose que las mismas se ajustarán de manera trimestral a partir de una fórmula que se aplicará en un 50% en base a los recursos con destino a la ANSeS y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables.

Se establece que serán el INDEC el que elaborará los cálculos y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo el encargado de elaborar y publicar dicho índice, como así también la metodología utilizada para su confección. Ambos organismos proporcionarán a la ANSeS antes del primer día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año los valores del Indice General de Salarios (IS) y del Indice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), respectivamente, con el fin de calcular el índice de movilidad.

La ANSeS, a su vez, en el ámbito de su competencia publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin.

A través de su publicación en el Boletín Oficial este lunes, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria.

La norma establece que los haberes del sector pasivo se actualizarán a partir de marzo con una fórmula que combina el crecimiento del crecimiento de la recaudación de la ANSeS y de los salarios. Dicha fórmula se aplicará a las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y la Previsional del Adulto.

En ningún caso la aplicación del índice previsto podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.

Según  la norma este lunes promulgada, los haberes del sector pasivo y las asignaciones sociales serán actualizadas a través de un índice que combina en un 50% el crecimiento de la recaudación y en el otro 50%, el aumento de los salarios medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

La norma fue convertida en ley el martes pasado en el marco de la que fue la última sesión de la Cámara de Diputados, que dispuso así el reemplazo de la movilidad jubilatoria sancionada en el gobierno de Mauricio Macri, que estuvo en vigencia desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2019.

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, destacó este lunes la publicación en el Boletín Oficial de la nueva ley remarcando que “los jubilados tendrán aumentos 4 veces al año. Se vuelve a la fórmula vigente de 2008 a 2017, con la que los jubilados tuvieron aumentos un 26% por encima de la inflación”.

MOVILIDAD PREVISIONAL. Se publicó HOY en el BO la Ley N° 27.609. Los Jubilados tendrán aumentos 4 veces al año. Se vuelve a la fórmula vigente de 2008 a 2017, con la que los jubilados tuvieron aumentos un 26% por encima de la inflación. (Foto Archivo)https://t.co/7z4cRXATAH pic.twitter.com/LCLlG8C3WF

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) January 4, 2021

El presidente Alberto Fernández firmó este domingo el decreto de promulgación de la Ley de Movilidad Jubilatoria al encabezar por la mañana el acto de lanzamiento del operativo Verano de ANSeS en el Complejo Chapadmalal, ubicado en el Partido de General Pueyrredón.

“Para nosotros la Argentina es un país muy desigual y para equilibrarla tenemos que distribuir el ingreso de otra manera. Y eso debemos hacerlo entre todas y todos, con toda la firmeza que corresponda, sin agredir a nadie, esto no es, como diría el Martín Fierro, para el mal de nadie sino para el bien de todos”, reflexionó Fernández.

“Estoy muy contento de empezar este año 2021, de que el decreto número uno sea para los jubilados, porque cuando asumí en diciembre de 2019 les dije a todos los argentinos, yo tengo una prioridad, prestarle más atención a los que más necesitaban”, recordó el mandatario.

“Y entre los que peor estaban en 2019, estaban los jubilados que venían de tener una caída en sus ingresos reales del orden del 19 por ciento, con una formula jubilatoria que sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir”, señaló el presidente.

La Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria fue aprobada el 29 de diciembre último en la Cámara de Diputados. La norma incluye una nueva fórmula previsional que implicará una actualización trimestral y que combina en un 50 por ciento la recaudación de la ANSeS y en otro 50 por ciento la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Participaron también de la actividad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

Kicillof sostuvo que, con la promulgación, el Jefe del Estado “modifica e instaura esta fórmula jubilatoria que la experiencia mostró, más allá del pizarrón y los análisis, que es efectiva y contribuyó a mejorar el poder adquisitivo a los jubilados de la Argentina”.

Por su parte, Raverta aseveró que “necesitábamos una nueva fórmula de movilidad que nos permitiera construir en la certeza y la previsibilidad de un aumento trimestral que lleve tranquilidad a esta enorme cantidad de argentinos”.

La titular de ANSeS destacó la decisión política del Presidente de tomar las “decisiones de protección y cuidado para la totalidad de los ciudadanos argentinos” durante la pandemia de Covid-19, al destinar “más de 600 mil millones de pesos, solo de nuestro organismo, en transferencias directas para que argentinos pudieran transitar la pandemia”.

El Operativo de Verano de la ANSeS consiste en que el organismo despliega puntos móviles en centros turísticos de todo el país, para adelantar los trámites de quienes se hayan podido tomar unos días de descanso.

Al respecto, el presidente Fernández destacó el compromiso de los trabajadores que forman parte del operativo, y dijo: “En el Estado hay gente como nosotros, como ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro, y no bajan los brazos ni siquiera en el verano y están aquí para ayudar a abuelos y abuelas que debieron jubilarse y por consecuencia de la pandemia y la complejidad del trámite no pudieron hacerlo. Acá están todos ellos y muchos más prestando este servicio”.

Por Carolina Ramos

Enero

El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.

En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien  asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Febrero

Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.

En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.

Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.

Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.

En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.

Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.

Marzo

El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.

Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.

Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.

En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.

Abril

Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.

En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.

En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.

Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.

Mayo

Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.

Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.

En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.

Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.

La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.

El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.

Junio

El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.

En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).

Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.

En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.

También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.

Julio

Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.

El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.

Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.

A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.

La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.

El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.

Agosto

El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).

La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.

En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.

Septiembre

El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.

En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.

La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.

Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.

El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.

En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.

En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.

Octubre

En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.

Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.

El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.

El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.

Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.

También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.

El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSeS.

Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.

Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.

Noviembre

El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.

En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.

El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.

El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.

Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.

A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.

Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.

La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.

Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.

Diciembre

El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.

Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.

Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, sin contemplar la inflación.

En la última semana del año, el 29 de diciembre fue un “supermartes” en el que se invirtieron los debates en ambas cámaras: el Senado debatió el tema del aborto, mientras en Diputados el oficialismo convertía en ley la nueva fórmula jubilatoria. Fue en el marco de un debate de 10 horas, que concluyó con la aprobación por 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

El debate sobre el aborto duró 12 horas y concluyó poco después de las 4 de la madrugada con la histórica aprobación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. A continuación, en un breve debate se convirtió en ley el Plan de los Mil Días, iniciativa complementaria de la ley de IVE impulsada también por el Ejecutivo para acompañar el embarazo y la crianza de niños y niñas hasta los tres años.

En el marco de la apertura de la oficina Garín, partido de Escobar, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la aprobación con 132 votos a favor de la Ley de Movilidad Jubilatoria en la Cámara de Diputados: “Esta fórmula que estuvo vigente de 2009 a 2017 permitió que nuestros jubilados y jubiladas tengan un incremento en su capacidad de compra de un 26 por ciento, mientras que con la del gobierno anterior perdieron casi un 20 por ciento respecto de la inflación. Por lo tanto, esta nueva ley actualizará ingresos para 17 millones de personas, entre jubiladas y jubilados, chicas y chicos de la Asignación Universal y el salario familiar”. 

Acompañada por el diputado nacional, Máximo Kirchner, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, la titular del organismo agregó que “el aumento de los haberes será cada tres meses -marzo, junio, septiembre y diciembre- y entrará en vigencia a partir del primero de marzo del año entrante”. 

“Recibimos una Argentina hecha pedazos, un pueblo al que le buscaron quebrar la autoestima. Cuando vemos esta oficina en condiciones laborales absolutamente dignas demuestra como desde el Estado se trabaja para que las argentinas y argentinos vivan un poco mejor todos los días”, expresó Kirchner.  

En tanto, Sujarchuk le agradeció a Raverta por “la apertura de esta delegación. Este año, y con pandemia, en cuatro meses lo pudimos hacer para todos los vecinos de Escobar”.  

Ley de Mil Días y Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

Asimismo, Raverta resaltó tanto la aprobación por unanimidad de la Ley nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Mil Días) como la aprobación con 38 votos a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  

Sobre la Ley de Mil Días, la directora ejecutiva sostuvo que “llegará a las mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza, para reducir la mortalidad infantil, la malnutrición y la desnutrición, y proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional”. Acerca de la IVE, afirmó que “fue una gran decisión del presidente Alberto Fernández enviar al Congreso esta ley en esta sociedad que pelea por construir una patria de iguales y de ampliación de derechos”. 

Estuvieron también presentes las siguientes autoridades de la ANSES: la subdirectora ejecutiva de Prestaciones, Marina Moretti; el jefe de la Regional Conurbano I, Santiago Debandi; y el jefe de la delegación Escobar, Leonardo Moreno. 

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en su última sesión del año una modificación a la fórmula de movilidad jubilatoria, el diputado del GEN Sergio Abrevaya cuestionó duramente los cambios en esa Ley dado que consideró que se trata de un ajuste a los jubilados e insistió en que serán estos quienes “pagarán la reforma judicial de la impunidad”.

En ese sentido, el legislador afirmó que “nuevamente el Congreso aprueba una ley para saquear a los ciudadanos. Antes fuimos los porteños y la coparticipación, hoy son los jubilados” y remarcó que “siguen ajustando a quienes trabajaron toda su vida, encima lo hacen para pagar la reforma judicial de la impunidad”.

Asimismo consideró que “este Gobierno conservador de feudales ajustó a los jubilados otra vez” y concluyó advirtiendo que “van a cobrar menos que con la fórmula macrista. Ella ya había vetado el 82% móvil hace unos años; no confundan lo declamativo, al final se encuentran con esta realidad”.

Por Melisa Jofré

Tras un debate de más 10 horas, marcado por algunos momentos picantes, el oficialismo consiguió durante la última sesión del año en la Cámara de Diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el Gobierno nacional. La norma cosechó 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

Para la aprobación de la iniciativa, el Frente de Todos logró el apoyo de distintos bloques provinciales. Uno de ellos fue la bancada de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, con cuatro legisladores. Por el Interbloque Federal también acompañaron su titular, Eduardo “Bali” Bucca, y Andrés Zottos, ambos del bloque Justicialista.

El oficialismo contó, también, con el respaldo de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; de los dos diputados de Acción Federal, y de la neuquina Alma Sapag.

Una vez más, el Interbloque Federal se dividió a la hora de la votación, ya que lo hicieron negativamente los tres diputados de Consenso Federal -Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño-; y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, cada uno con su propio monobloque. Los únicos a favor fueron, como se mencionó, los cordobeses, Bucca y Zottos.

Con un enfático reclamo por la ausencia de una cláusula de garantía sobre la inflación, y haciendo referencia a palabras como “ajuste” y “robo”, rechazaron rotundamente la ley los diputados del interbloque Juntos por el Cambio y los dos legisladores de la izquierda -Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-. Otro voto en contra fue el de la tucumana Beatriz Ávila.

Durante el debate hubo varios reclamos de diputados por el tratamiento de la ley en paralelo con la discusión del proyecto de legalización del aborto en el Senado, situación que algunos definieron como “cortina de humo”.

A pocos días de haber asumido Alberto Fernández hace un año atrás, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se suspendió la fórmula de movilidad implementada desde diciembre de 2017, cuando fue votada con incidentes en las calles bajo la gestión de Mauricio Macri.

A lo largo del 2020, los haberes de jubilados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales se actualizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo, y en la recta final del año se envió al Congreso el proyecto de la nueva fórmula, previo trabajo de una comisión mixta especial, que contó todo el año con la participación de especialistas, pero la oposición denunció que no hubo consenso a la hora del dictamen final.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017 -durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y el comienzo del gobierno de Cambiemos-, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A partir de la nueva norma, y mediante una modificación que se introdujo durante el debate en el Senado, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. Otro punto es que el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021.

Debate con reproches cruzados

El arranque del debate estuvo a cargo del entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quien sostuvo que “el objetivo de este Gobierno es que crezcan la Argentina y los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y los jubilados. Por eso vinculamos dos variables esenciales: salarios de trabajadores en actividad y la mejora en la recaudación”.

El miembro informante del oficialismo comparó las dos fórmulas que tuvieron vigencia en las últimas dos décadas: “La de 2008, que les permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo y mejorar un 26% el poder adquisitivo; y la de 2017, que hizo que dos años después los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo, si lo medimos en términos de inflación”. “Esta es una muy buena ley para los jubilados y los argentinos, y el tiempo nos dará la razón”, defendió.

"No me den la razón, denme tiempo, y el tiempo me dará la razón". El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social sostuvo que los jubilados se beneficiarán porque las paritarias le van a ganar a la inflación y crecerá la recaudación impositiva pic.twitter.com/riyicM6OSy

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) December 29, 2020

Luego le siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), quien reforzó que “tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”.

“El piso de esta nueva fórmula está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”, aseguró el porteño.

De la vereda opuesta, el puntano Alejandro Cacace (UCR) afirmó que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”. Con críticas hacia el presidente por sus promesas de campaña sobre los jubilados, el radical señaló que la suspensión de la fórmula de 2017 “resultó en una pérdida para todos los jubilados”.

“Bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”, resaltó. Sin embargo, el legislador agregó que “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.

En el mismo sentido, la porteña Paula Oliveto (CC-ARI) enfatizó: “Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”. “Me resisto como clase dirigente, como clase política, a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?“, reflexionó.

Además, la opositora cuestionó argumentos del oficialismo al preguntarse “¿qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?”.

El Interbloque Juntos por el Cambio se opone rotundamente al robo a los jubilados que el kirchnerismo quiere aprobar hoy a escondidas. #NoAlRoboALosJubilados pic.twitter.com/omPq5zgHrZ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 29, 2020

En defensa de su propio dictamen de minoría, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) dijo que “una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas”. “Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados”, denunció.

Para el legislador de la izquierda, “está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley”.

A favor del proyecto, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) remarcó que el gobierno de Alberto Fernández vino “a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados y de nuestro sistema jubilatorio”.

“Suspendimos la fórmula que le había quitado un 20% de ingreso a los jubilados en el 2018 y 2019”, destacó y sumó que “ante una ANSeS devastada, fuimos por la recuperación y el fortalecimiento del FGS”.

El oficialista consideró que la nueva fórmula se inscribe bajo los “conceptos de solidaridad y redistribución”, al tiempo que “pretende dar sustentabilidad al sistema”. Para el diputado, el nuevo cálculo debe observarse en relación con el “proyecto de país”, y comparó que en la gestión macrista éste era “atado a la inflación, a la timba financiera y a la especulación”, mientras que “nosotros queremos un país atado al crecimiento, al desarrollo y a la inversión”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) opinó que “lo que tenemos que garantizar” es “un piso ajustado obviamente por inflación, que les garantice a los jubilados que no van a perder en el tiempo”. “Si después se les quiere dar más, tiene que haber una discusión política, bienvenida sea, y si les quieren dar más, pues empiecen por cumplir la fórmula de 2017 que les daba entre 5 y 18% más de lo que les dieron este año”, siguió.

“Para qué prometer que en el futuro, cuando la economía salga del estancamiento kirchnerista estanflacionario que lleva más de 10 años, ahí sí quizás les mejoremos las jubilaciones”, lanzó el macrista y añadió que “el año que viene la inflación se va a acelerar, porque este año va a terminar alrededor del 35, 40%, con una caída de 12 puntos del PBI, congelamientos tarifarios, precios cuidados que están por explotar, ¿cómo podemos decir que la inflación el año que viene no va a aumentar?”.

Por su parte, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) advirtió que “el sistema previsional está quebrado” y “hay que financiarlo con el Tesoro”, por lo cual “no hay forma que pueda dar sustentabilidad”.

“No se abordan las cuestiones de fondo”, se quejó, y amplió: “El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso”. “El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina”, insistió el legislador.

A favor de la propuesta del oficialismo, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, valoró que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.

“La fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante ocho, nueve años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina se paralizó fruto de la pandemia… y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar”, argumentó para anunciar su apoyo.

El mendocino manifestó que “fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante” y confesó su “satisfacción” por el debate, no obstante, reclamó que “lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”.

“Es una calamidad estar con dirigentes políticos que son cortoplacistas y que por ganar una elección son capaces, como Alberto Fernández, de prometerles 20% de aumento y luego, prácticamente, congelarles sus haberes jubilatorios”, cargó el mendocino Alfredo Cornejo (UCR).

Para el presidente de la UCR Nacional, ésta “no es cualquier fórmula, es una que está atada a la macroeconomía y a reducir el déficit fiscal”. En esa línea, fustigó que en el Gobierno “ni siquiera son capaces de decir la verdad, porque si aclararan que tenemos un problema de déficit fiscal y queremos congraciarnos con el FMI para ganar credibilidad” el debate “sería más honesto, más profundo y probablemente alcanzaríamos consensos”, señaló.

También recordando la promesa de campaña de Fernández, el porteño Fernando Iglesias (Pro) mencionó que el aumento a las jubilaciones “lo iban a pagar con los intereses de las Leliqs”, sin embargo, “el stock de las Leliqs -este año- más que se duplicó, está llegando a triplicarse. Va a andar por el billón y medio, duplicándose el año que viene”. “Entre los bancos y los jubilados, ¿a quién eligió nuestro presidente, que no decepcionó en nada?”, disparó.

La intervención del macrista levantó uno de los momentos más polémicos en la discusión, a raíz de que se preguntó “¿a quién eligen cuando liquidan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares? Nadie vende dólares. El príncipe Massimino Dolcefarniente (en alusión a Máximo Kirchner), que no lo veo por acá, no vende sus activos en dólares; la reina Cleopatra (en alusión a Cristina Kirchner) no vende sus activos en dólares”. Y completó diciendo que “a los activos de los jubilados los están rematando para calmar el contado con liquidación”.

Avanzando el debate, la diputada Fernanda Vallejos (FdT) aseguró que la mejora de salarios, la actividad y el empleo “van a garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas, así como del conjunto de los argentinos y las argentinas”.

“Es ese sendero de recuperación, el que transitamos hasta 2015, el que queremos restaurar junto con esta fórmula, para que los salarios de los trabajadores activos y las jubilaciones de los trabajadores pasivos recuperen su rol vital en la economía y para que con ellos, vuelva a imperar la justicia social en nuestra Patria”, expresó la oficialista.

En su discurso, además, le recordó a Juntos por el Cambio que en 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, la jubilación de Argentina “era la más alta de América Latina” en 436 dólares. Pero durante la gestión anterior “las jubilaciones retrocedieron desde los 436 dólares de 2015, a 224 dólares en diciembre de 2019”, indicó. “Es decir, medida en dólares -continuó-, la jubilación perdió la mitad de su valor, durante esos cuatro años. Y en el ranking regional, de ser los primeros, caímos al puesto once”.

Anunciando el voto a favor de su bloque, el titular de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, rememoró que en la votación de diciembre de 2017 los diputados de su espacio votaron a favor porque “lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no he escuchado en este debate”. “Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy”, ratificó y justificó: “Apostamos a la gobernabilidad”.

“¿Si esta ley fuera tan buena la estaríamos tratando hoy, entre verdes y celestes y dándoles un futuro negro a los jubilados?”, planteó el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recordó -al igual que lo hicieron varios de sus pares- la diferencia de contexto con el que se sancionó la fórmula de movilidad durante el gobierno de Macri.

El porteño subrayó que “este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación”, al tiempo que reprochó al Gobierno que, a los jubilados, “en vez de darles lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían”. “Que me muestren un solo dato que no sea un relato; hoy saben que les están mintiendo, y que van a tener que poner la cara con nuestros viejos para decirles lo que hicieron”, agregó.

En el tramo de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, exhibió en su mano una piedra -más temprano lo había hecho su par Javier Campos- y empezó: “En mi vida me he convencido que la democracia no es la violencia”. “Me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido”, dijo, en referencia a la votación de hace tres años atrás.

“Decidieron nuevamente actualizar sobre la recaudación impositiva y la evolución salarial”, apuntó el cordobés y aseveró que no estar a favor de la recaudación “no es un capricho”, sino que en Argentina “en 60 años hemos tenido 14 períodos de recesión” y “es impredecible” esa variable. “El año que viene van para atrás los jubilados, no van a para adelante”, exclamó el radical y habló de “incertidumbre previsional” porque “ignorar la inflación es tener una miopía sobre el grado de la crisis de la economía argentina”.

Finalmente, y con un discurso recargado, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, enfatizó que “lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral”, para que los jubilados “puedan recuperar paulatinamente lo que hizo que perdieran la fórmula de Macri, y no solo con la fórmula sino con la política macro que se aplicó”.

Al mostrar en sus manos las “balas de gomas que ustedes usaron, y las muestro únicamente porque trajeron las piedras”, el diputado oficialista levantó la tensión en el recinto, y denunció también que en esa jornada de 2017, Cambiemos desplegó una “descarnada represión” y realizó “espionaje previo” sobre los grupos que se movilizaron al Congreso.

“No nos quieren escuchar a nosotros como no quisieron escuchar a la gente, ¿y saben por qué perdieron? Por ese tipo de situaciones. Viven agrediendo, están llenos de odio, y ojalá algún día reflexionen si quieren volver a ser gobierno en Argentina”, le disparó a los diputados de Juntos por el Cambio.

El diputado de Unidad y Equidad para el Desarrollo José Luis Ramón anticipó este martes el acompañamiento de su bancada al proyecto de movilidad jubilatoria, en la creencia de que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.

En su discurso, el diputado mendocino se plantó en el papel de las terceras fuerzas, al señalar que “vemos en el Congreso que se discuten una y otra vez los mismos temas (…) Pareciera ser que siempre el que tiene la fuerza de los votos hace que se impongan las ideas políticas, pero al no haber consenso, para adoptar una decisión que se traslade en el tiempo como una política de Estado, así es como tenemos a nuestro país”.

En ese camino, auguró que “vamos a seguir teniendo estos problemas que tienen que ver con la indefinición de los temas que se deben tratar en el Congreso. Me preocupa esta situación, porque como diputado de la minoría del sector de la Cámara que necesariamente nos toca moderar y estar a favor y en contra de un proyecto, siempre caemos en la bolsa que la toma de decisiones siempre están signadas por la duda”.

Ramón recordó cuando en los 90 se  produjo el traspaso de las cajas de jubilación a las AFJP, cosa que calificó como “un negocio para las empresas y un tremendo mal negocio para quienes debíamos proteger. Y era un gobierno justicialista”. A continuación, recordó también la violencia registrada en las dos sesiones en que durante la gestión de Cambiemos, en 2017, se aprobó una nueva fórmula jubilatoria. “Veníamos de una fórmula que le había permitido estar un 26% por encima de la inflación, ¿cómo podía ser posible que fuéramos a tratar algo que disminuyera sustancialmente los haberes? Se priorizó el déficit de la caja de previsión, y no el mandato constitucional que es dar ventajas a nuestros adultos mayores”, apuntó.

Ramón señaló que “ese marco este año cambió. Dimos acuerdo para suspender la aplicación de esa fórmula porque vimos que las cuentas del Estado estaban en malas condiciones. Entonces vamos a acompañar eso, dijimos, porque en un plazo de 6 meses el que estaba gobernando dijo ‘vamos a establecer una fórmula’”.

Para Ramón, “si queremos lograr una política de Estado, todos tenemos derecho de participar y llegar a un consenso. Eso no es hacer arreglos espurios”. Así las cosas, reivindicó el rol de las terceras fuerzas, porque “nos damos cuenta de que los dos frentes en manera alternativa se disputan el poder, pero los temas fuertes que afectan los intereses de los trabajadores no se terminan de resolver”.

A continuación, consideró “muy loable discutir sobre la fórmula”. Defendió los temas “técnicos” de la misma, pero aclaró: “No nos engañemos, no digamos desde un frente que la fórmula que se está aplicando ahora es perniciosa para los jubilados; la verdad que la fórmula que se está aplicando ahora es lo mejor que se ha podido lograr. Incluso los bloques del medio fuimos los que sugirieron qué pasa que se tiene que ajustar cada 6 meses, y en el Senado lo entendieron, pusieron cada 3 meses. ¿Qué pasa con ese adelanto que dieron para el 2020, lo van a tomar a cuenta? No, echaron para atrás, y eso es correcto”.

La emprendió entonces contra “los agoreros del mal”, reclamando “que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, porque si hay algo que quienes están gobernando y quienes estamos en la oposición tenemos que resolver, es el mejor vivir del pueblo y aquellos que están en mala posición económica”.

En definitiva, consideró que “la fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante 8, 9 años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina que se paralizó fruto de la pandemia, y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar. Entonces, a los agoreros del mal que quieren que (la fórmula) tenga un techo, la inflación es algo que se tiene que detener. No vamos a vivir toda la vida de inflación… No le pongamos un techo a los haberes de nuestros abuelos”.

Reconoció que este proyecto no tiene las mejores condiciones, “porque si el país continúa en las condiciones que estamos, la verdad que los jubilados la van a pasar muy mal”, pero reivindicó que esta fórmula “da previsibilidad hacia adelante”.

Y concluyó señalando que “fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante. Me satisface que lo estemos discutiendo; no me satisface que lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”. Por eso, advirtió que “picardía que esto pase livianito y que nadie se entere de que tratamos esta fórmula. Necesitamos dar un mensaje: hay que debatir los temas fuertes”.

Como miembro informante del oficialismo junto a su par Marcelo Casaretto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, puntualizó este miércoles que “las fórmulas no son un fin en sí mismo, sino instrumentos que tienen que ver con quién las aplica, en qué modelo económico”.

En esa línea, sostuvo que “no es lo mismo en un modelo que tenía como objetivo ajustar salarios y que hubiera pérdida real de los salarios frente a los precios, que aplicarla frente a un proyecto en el que el presidente de la Nación, el ministro de Economía, cada uno de los referentes de este gobierno, insisten en que es imprescindible recuperar el valor adquisitivo del salario”, con lo cual tienen que aumentar más que los precios.

Destacó asimismo que otro objetivo del Gobierno actual es generar “nuevos puestos de trabajo, trabajo de calidad, con cobertura de aportes y fortalecimiento de todo el sistema”.

Heller recordó todos los dichos en referencia a lo que los jubilados perdieron con la fórmula anterior frente a los precios, pero agregó que además hubo “un fenomenal endeudamiento con la ANSeS, se les cobró tasas más caras, algo que resulta difícil de entender, pero es lo que sucedía; el 85% de los perceptores de la AUH llegó a tener créditos de la ANSeS”. Por el contrario, agregó, “el nuevo gobierno suspendió el cobro de las cuotas de créditos de la ANSeS, beneficiando a 2 millones; redujo tasa de interés, no capitalizó intereses acumulados de esos créditos”, y cuantificó esa erogación en 60 millones de pesos.

Además, resaltó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, y los medicamentos sin cargo a los afiliados del PAMI.

“Tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos, ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”, aseguró.

A continuación, recordó que el Presupuesto 2021 tiene una inflación prevista del 29%, con una oscilación de 4 puntos para arriba o para abajo. Paralelamente señaló que el REM -en referencia al Relevamiento de Expectativas del Mercado que elabora el Banco Central- calcula un 50% de inflación para el año que viene. “Es un promedio, porque un 10% de los encuestados propone hasta 60%. Esos son los datos que salen en los medios y los que se toman de referencia”, se quejó.

“De hecho, si hacemos historia de las previsiones para 2021, en noviembre de 2019 el REM para 2021 era del 33%, y paradójicamente a medida que 2020 fue bajando, las previsiones fueron aumentando hasta ese 50%. ¿Por qué? Porque las prestaciones previsionales son por lejos el gasto público más importante que tiene la Nación”, puntualizó, agregando que “si están atadas a la inflación, los analistas van a decir que el Presupuesto Público va a ser incumplible, el déficit se va a ir por las nubes, que el sistema previsional va a colapsar, que no se les va a poder pagar a los jubilados y que el Gobierno va a terminar teniendo que ajustar y otras perspectivas apocalípticas que nos tienen acostumbrados en sus discursos y que todo eso necesariamente va a repercutir sobre la economía, porque después nos van a hablar sobre las expectativas”.

Sobre el final, Heller afirmó que el piso de esta nueva fórmula “está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”. Y concluyó como Casaretto, pidiendo: “Dennos tiempo, vamos a ver si a fin de año las jubilaciones subieron 8 o 10 puntos por encima de la inflación”.

Miembro informante del oficialismo, quien presidiera la bicameral que trabajó en la nueva fórmula jubilatoria, Marcelo Casaretto, resaltó este martes que la misma tuvo 17 reuniones y de las mismas participaron 60 legisladores de todos los bloques, como así también fueron invitados 24 expositores. “Y terminamos en un informe de 131 páginas que pusimos a consideración de la sociedad”, señaló, precisando que “en base a eso el presidente días después elaboró un proyecto; el Senado le incorporó luego algunos aspectos adicionales y hoy estamos aquí debatiéndola”.

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social recordó luego que la semana pasada el tema fue debatido los días lunes, martes y miércoles, y sumando esas reuniones a las de la bicameral, estimó que “ha de ser el proyecto que más discusión tuvo en la Argentina en este año parlamentario”.

Señaló entonces que el proyecto se propone modificar el esquema de movilidad que tiene una incidencia directa sobre 7 millones de jubilados y pensionados, y una incidencia también sobre 17 millones, considerando a los beneficiarios de políticas sociales.

Casaretto sostuvo que la nueva fórmula tiene en cuenta las circunstancias del futuro de la Argentina. “Lo que proyectamos que va a ocurrir en los próximos años -dijo-. El objetivo de este Gobierno es que crezcan la Argentina y los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y los jubilados. Por eso vinculamos con dos variables esenciales: salarios de trabajadores en actividad y con la mejora en la recaudación”.

La vinculación con los salarios de los trabajadores tiene en cuenta dos indicadores: el RIPTE, que considera los salarios en blanco, y la vinculación del INDEC con salarios formales e informales. “Y le daremos lo que sea la mayor de esas variables, convencidos de que a partir de la recuperación económica, hay que discutir las paritarias y tiene que haber mejoras para los trabajadores y que esas mejoras también lleguen a los jubilados”, expresó el diputado entrerriano.

En cuanto a la recaudación, Casaretto dijo que “sabemos que hubo problemas en 2018 y 2019, y también en este 2020 por la pandemia. Pero vemos que la recaudación está aumentando y ya la recaudación en los últimos meses está aumentando por encima de la inflación”.

El diputado nacional sostuvo que el Presupuesto estima un crecimiento del 5% para la Argentina para el año que viene. “Si la vacunación que hoy comienza es exitosa, la recuperación puede ser aun más intensa y queremos que esos beneficios lleguen a los jubilados”, puntualizó.

Luego el legislador oficialista recordó que hubo dos fórmulas que tuvieron vigencia en las últimas décadas: “La de 2008, que les permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo y mejorar un 26% el poder adquisitivo; y la de 2017, que hizo que dos años después los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo, si lo medimos en términos de inflación”.

Para Casaretto, “esta es una muy buena ley para los jubilados y los argentinos, y el tiempo nos dará la razón”. Y en ese sentido concluyó solicitando: “No me dén la razón, denme tiempo y el tiempo me va a dar la razón”.

Con dificultades para conseguir el quórum -que el oficialismo atribuyó a los cortes de tránsito en derredor del Congreso-, la sesión de la Cámara baja arrancó este martes a las 11.40, luego de que la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, pidiera aguardar media hora más para dar inicio a la reunión.

Una sesión que se descuenta se extenderá hasta bien entrada la madrugada, en la que se debate nada menos que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y la izquierda.

Con 129 diputados -69 presenciales y 60 de manera remota- finalmente se alcanzó el quórum, La sesión que arrancó entonces con tanto retraso se estima que podría concluir alrededor de las 3 de la madrugada, dada la gran cantidad de oradores. Para cuando concluya, es probable que la sesión que se realiza en la otra Cámara, el Senado, avance hacia su definición precisamente a esas horas.

Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.

La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.

El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.

En paralelo al debate sobre el aborto legal en el Senado, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio.

La sesión iniciará a las 11 y, según los cálculos que surgieron en la reunión de Labor Parlamentaria, podría terminar cerca de las tres de la madrugada dada la gran cantidad de oradores, y la votación podría coincidir así con la del proyecto de legalización del aborto.

Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.

La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.

El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio mantuvo este lunes su última reunión virtual del año, que tuvo como ejes, por un lado, enviar un saludo a los argentinos por las fiestas de fin de año y, por el otro, retomar las críticas al Gobierno por el manejo de la vacunación y por el cambio de la fórmula jubilatoria.

Voceros del encuentro contaron que se decidió enviar “un saludo especial a todo el pueblo argentino qué pasó un año difícil y de grandes sufrimientos”, informó la agencia Télam.

El punteo de la reunión difundido a la prensa señala en ese sentido que en 2020 “más de 42.000 familias perdieron a seres queridos; comerciantes, trabajadores y cuentapropistas perdieron sus trabajos y sus ingresos y la educación entró en un colapso tras un año entero sin escuelas presenciales”.

Además, los jefes partidarios y parlamentarios de la oposición volvieron a plantear su negativa al cambio de la fórmula jubilatoria que, consideraron, “golpea el bolsillo de los jubilados y sus familias”, y defendieron el esquema anterior utilizado durante la gestión de Cambiemos.

“Llamamos la atención sobre la falta de información sobre la vacuna y solicitamos con avidez que se exhiba la misma en forma transparente, para dar certidumbre a la población”, sostuvieron también en el borrador del encuentro.

Se planteó que tanto la vacuna como el operativo de inmunización que se inicia este martes en todo el país debe contar “con información científica comprobable” y se reclamó que el trámite de aprobación por parte de los organismos competentes sea “realizado con toda la seriedad y consistencia científica”.

Del encuentro, que duró una hora participaron, por el Pro, el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los jefes de los bloques parlamentarios en el Senado, Humberto Schiavoni, y en Diputados, Cristian Ritondo, y la titular del partido, Patricia Bullrich.

Estuvo ausente -con aviso- la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y por la UCR asistieron los diputados nacionales Alfredo Cornejo (presidente del partido) y Mario Negri (presidente del interbloque), y los senadores Luis Naidenoff (jefe del interbloque) y Martín Lousteau.

En representación de la Coalición Cívica-ARI estuvieron el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, y Maricel Etchecoin, titular de la Asamblea Nacional de la fuerza.

Como es habitual, también participó el auditor peronista Miguel Pichetto, excandidato a vicepresidente de la fórmula que encabezó Macri en 2019.

La diputada del Frente de Todos y referente en temas previsionales Mirta Tundis defendió el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo buscará aprobar en la sesión de este martes y advirtió que Juntos por el cambio, cuando fue gobierno, no se preocupó por mejorar el haber mínimo.

“Si Juntos por el Cambio no está de acuerdo, entendemos que ellos tienen un proyecto de país diferente al que nosotros queremos. Ellos gobernaron para un sector más acomodado, aumentaron las jubilaciones de quienes cobraban un poco más, que no está mal, pero no trataron de resolver el problema de los haberes mínimos”, señaló Tundis.

Y agregó: “Cuando uno escucha a los diputados que hoy son oposición preguntar a qué jubilado le alcanzan 19.000 pesos, que es un problema que ganen tan poco, yo me pregunto ‘¿y ellos qué hicieron?’”.

“Cuando hicieron la Reparación Histórica, ¿por qué no modificaron la situación de los jubilados con el haber mínimo? Hay cuatro millones de jubilados cobrando haberes mínimos. ¿Nos preguntamos por qué cobran haberes mínimos? ¿Alguien se ocupó de ver por qué han tantas personas que se jubilan y cobran un haber mínimo?”, se preguntó la legisladora.

En diálogo con Diputados TV, aseveró: “Fui muy defensora de esta fórmula de movilidad donde se tomaba recaudación y variación del salario. Es cierto que en nueve años, entre 2008 y 2017, hubo un año que dio un poco más bajo, pero en ocho años dio alto, fue una fórmula beneficiosa, superaba los aumentos de los salarios: mientras un trabajador recibía un 27%, 28% de aumento, la fórmula daba un 30%, un 31%, hasta llegó a dar un 33% anual acumulado”.

Por eso, consideró que “la experiencia y la historia previsional han demostrado que siempre que se han tomado los salarios, o este mix de recaudación y salarios, la movilidad ha sido efectiva, no ha sido negativa”.

De todos modos, realizó dos planteos sobre el proyecto venido en revisión del Senado: en primer lugar pidió que el ajuste sea mensual en lugar de trimestral “para que no se genere diferencia entre el que se jubila hoy y el que se jubila dentro de dos o tres meses, porque teniendo los mismos años y los mismos aportes, uno va a cobrar más y otro menos, y sé que esto va a generar juicios”.

También sugirió un agregado respecto del tope que se pone en el último trimestre, estableciendo que “con un tercio del excedente se forme un fondo fiduciario para tenerlo en cuenta por si en algún momento la fórmula no es positiva, o por si a fin de año hay que dar algún bono, o para dar créditos a menor tasa”.

“Del otro lado del mostrador”

En otro pasaje de la entrevista, en alusión a su pasado como columnista televisiva, Tundis confesó: “Es más gratificante estar del otro lado del mostrador, porque todo lo que hacés acá es criticable según el espacio en el que estés. La gente te califica de acuerdo al espacio en el que estés trabajando, no por lo que hacés, por lo que promovés o lo que presentás, sino por el espacio al que representás”.

“Lamentablemente los argentinos seguimos peleando esa diferencia, esa grieta que el presidente manifestó que quería eliminar, pero hay quienes están abocados a buscar siempre, como se dice vulgarmente, el pelo al huevo: si vino la vacuna rusa, por qué no compramos primero la de Pfizer, o por qué demoraron, o que cuando salió el avión de Ezeiza era un tema político… duele que los argentinos seamos de esa manera y que cuestionemos todo”, lamentó.

Por otra parte, recordó que el Frente Renovador acompañó la Reparación Histórica a pesar de que ella “no estaba de acuerdo con que era una Reparación Histórica”. “Lo dije formalmente, a pesar de que acompañamos, porque fue una forma de acompañar la decisión de un gobierno para salir adelante”, aclaró.

Tal cual lo convenido, antes de que concluya el año el Gobierno tendrá sancionada la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, de modo tal que el próximo aumento a determinarse en el mes de marzo 2021 se rija según esa norma. Así se logrará a partir de la sesión de la Cámara baja que se realizará este martes a partir de las 11 de la mañana y que si bien se plantea bien movida por las posturas diametralmente opuestas expuestas, tiene aprobación garantizada.

El proyecto aprobado en el senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la quE resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

De tal manera se vuelve a la fórmula de 2008 con la que los jubilados -sostiene el oficialismo- ganaron un 26% por encima de la inflación. Se abandona la fórmula aprobada en medio de incidentes graves en tiempos de Cambiemos, en 2017 con la que el Frente de Todos destaca que los jubilados perdieron un 19%.

El proyecto consiguió dictamen de mayoría el miércoles pasado, cuando el oficialismo logró reunir un total de 42 firmas que incluyeron el aval de tres  opositores. Fue el caso de Paulo Cassinerio, del bloque córdoba Federal, y de Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, que firmaron por ser parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También suscribió el diputado José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo e integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Esto implica que votarán a favor los 4 diputados de Córdoba Federal; los 3 misioneros y otros 3 del bloque de Ramón. El oficialismo espera contar con los 2 miembros del bloque Justicialista, y con ello ya tendrían los votos suficientes. Pero también contarían con Alma Sapag, y al menos otros 2 de Acción Federal.

De la vereda de enfrente plantean su absoluto rechazo los diputados de Juntos por el Cambio, los de Consenso Federal y la izquierda.

Luego de que el oficialismo consiguiera emitir dictamen para llevar al recinto antes de fin de año el proyecto que establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que cuenta con media sanción del Senado, el bloque que conduce Máximo Kirchner solicitó este miércoles sesionar el próximo martes.

La solicitud del bloque oficialista es para reunirse el martes a partir de las 11 para tratar el proyecto de ley proveniente del Senado por el cual se establece un nuevo índice de movilidad jubilatoria.

Pero ese es el tercero de los proyectos incluidos en el temario. El primero corresponde a la autorización al presidente de la Nación para ausentarse del país, una formalidad que ya cuenta con la aprobación del Senado.

Y por último, se tratará la aprobación del acuerdo con el gobierno del Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo. La nota donde el bloque oficialista pide esta reunión lleva las firmas, además de la de Máximo Kirchner, de Cecilia Moreau, Cristina Alvarez Rodríguez, Germán Martínez, Federico Fagiolli, Marcelo Casaretto, Florencia Lampreabe, Ariel Rauschenberger, Alberto Vivero y Rosana Bertone.

La Coalición Cívica – ARI se pronunció a través de un documento sobre el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria que se pretende tratar el 29 de diciembre en la Cámara de Diputados, y denunciaron que el kirchnerismo se prepara “para un feroz y cruel ajuste a los jubilados a través de una fórmula que no los protegerá de la inflación ni de una economía sin plan o rumbo certero”.

El documento, firmado por los diputados nacionales de la CC ARI Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, los senadores provinciales Elisa Carca y Andrés De Leo, el legislador porteño Hernán Reyes y el presidente de la CC ARI-Córdoba Gregorio Hernández Maqueda, sostiene que “el kirchnerismo suspendió la movilidad por ley y ahora avanza con una fórmula que viola la justicia conmutativa al retribuir los aportes con dinero depreciado. Al gobierno nacional sólo le importa cumplir un objetivo, especialmente, el de la vicepresidenta que es la búsqueda de impunidad”.

Para la CC ARI “es una maniobra perversa” del kirchnerismo dictaminar un 23 de diciembre y tratar el 29 este proyecto en el recinto, el mismo día que el Senado tratará la IVE.

“A pesar del relato del Gobierno, no caben dudas de que las jubilaciones y pensiones van a perder poder adquisitivo frente a la inflación en este año 2020, agravada con las estimaciones previstas para el 2021 del 50%, esto significa una pérdida para los jubilados de aproximadamente 20 puntos sólo en un año”, explica el documento de la CC ARI. “Si esto no es promover una cultura del descarte con nuestros adultos mayores… ¿Qué es?”

Y agrega: “El Gobierno pretende que la sanción de esta ley pase desapercibida para la sociedad y los medios, oscureciendo un debate trascendental, impidiendo una deliberación pública adecuada con tiempos y exposición de argumentos técnico”. 

Los legisladores señalan que la movilidad de las jubilaciones y pensiones tiene protección constitucional, y su objetivo es el de mantener el equilibrio entre el valor de lo que los trabajadores pagaron en su momento y lo que se les retribuye años más tarde.  

“Hoy no da respuesta a la alarmante situación social y económica que estamos atravesando y descarta a millones de jubilados -como lo hicieron en la década del 90- que se ven afectados por la crisis económica, mal manejo de la política sanitaria de la pandemia y, ahora, un ajuste utilitario”, afirma la CC ARI.  

Entre sus argumentos se recuerda que en campaña electoral Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados “con la plata de las Leliq, hecho que nunca sucedió, al contrario, fueron sujetos del más violento ajuste en sus haberes”. 

“Ese día comenzó a construirse su peor mentira que tiene como víctima al sector más sensible de la sociedad: nuestros jubilados”, dice el escrito de la CC ARI, que finalmente repasa cómo se llegó a la actual situación:  

“A fin del año pasado, a pedido del Gobierno recién asumido, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria vigente – que contempla un 70% de inflación y un 30% del índice salarial RIPTE – y autorizó a que el Poder Ejecutivo fijara trimestralmente el incremento de los haberes previsionales. A través del Decreto Nº 542/2020, de junio del 2020, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la fórmula de movilidad vigente. El Gobierno anunció un aumento del 5% a los pasivos – dependiendo del monto de la jubilación- los incrementos otorgados por decreto este año acumularán un aumento de entre el 24,3% y el 35,3%. En caso de haberse mantenido la movilidad dispuesta en la Ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017 durante el gobierno de Cambiemos, los haberes jubilatorios habrían aumentado en todo este año un 42%. Esto, significa que los jubilados cobraran entre el 7% y el 18% menos que lo que les corresponde por la Ley suspendida por el Gobierno Nacional. Este proyecto prevé una formula, que dicen es nueva, pero en realidad es la copia de la vigente durante la presidencia de Cristina Fernández, en el 2008, que consiste en aplicar el 50% del índice de variación salarial ( RIPTE) y el 50% de la recaudación para Anses (con el tope del 3% de la misma) dejando de lado el índice de Inflación (IPC), a esto se agrega que para calcular el índice de marzo 2021 sólo se toma el cuarto trimestre, omitiendo el tercero, por lo tanto en vez de ser un aumento de 11.9% solo será del 6.1%”. 

En vísperas del dictamen del proyecto que propone la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, diputados de la oposición insisten en caracterizar la propuesta oficial como un “ajuste”.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, Mario Negri, observó: “Estamos hablando de esta comedia de enredos con la vacuna en plenas Fiestas y el Gobierno llama a una sesión en Diputados para meter un ajuste a los jubilados en el pan dulce”. Y agregó: “Las víctimas son 7,2 millones jubilados, 4 millones de AUH, 4 millones de asignaciones. Es un ajustazo”.

Por su parte, la diputada Paula Oliveto recordó qué pasaba hace tres años: “Tiraron piedras, lloraron en la televisión. Fuimos a una sesión cargada de violencia. Hoy se está aprobando una fórmula que le va a robar a los jubilados y todos están  calladitos, los llorones, los tira piedras y la izquierda. Usaron a los jubilados para golpear a Macri”.

Por su lado, el diputado del Pro Luciano Laspina recordó que este miércoles se dictaminará en torno a “la fórmula previsional que desprotege a los actuales jubilados de los vaivenes de la inflación y que decreta la quiebra del sistema previsional a mediano plazo por sus groseros errores técnicos. Una verdadera tragedia. Los esperamos!!”.

En el mismo sentido, Maximiliano Ferraro advirtió que este miércoles “el oficialismo ‘Nac & Pop’ en @DiputadosAR comienza a consumar el ajuste, saqueo y manotazo en el bolsillo nuestros jubilados”.

Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.

Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.

“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.

El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.

En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.

Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.

#Jubilaciones El Gobierno se niega a garantizar que los haberes jubolatorios no pierdan contra la inflación.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) December 21, 2020

Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.

“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.

Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo este lunes que la fórmula de movilidad propuesta por el Poder Ejecutivo da “certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados”, y aseguró que “no hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Raverta participó del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que debate el proyecto. La funcionaria se conectó desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde viajó para acompañar al presidente Alberto Fernández con motivo de una reunión del Gabinete en esa provincia.

“Venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo”, dijo Raverta, y añadió: “Hemos logrado que los jubilados puedan tener, en sus aumentos trimestrales por decreto, la garantía de no perder en el año de la pandemia”.

En ese sentido, recordó que el aumento anual, a partir de los distintos aumentos trimestrales, fue del 35,3%.

“Esta es una fórmula que puede otorgar certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados, y ofrece una estrategia virtuosa porque ya ha actualizado los haberes entre 2008 y 2017”, enfatizó la titular de la ANSES, y agregó: “No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Desde la sede de la ANSES, el secretario general, Santiago Fraschina, puntualizó que con la fórmula aplicada en el kirchnerismo la recomposición de los haberes previsionales en términos reales fue de casi el 26%, mientras que con la fórmula del macrismo -que combinaba en un 70% el IPC y en un 30% la variación salarial- hubo una caída del 19,5%.

“Si la fórmula de 2017 se hubiese aplicado en el período 2009-2017, los jubilados hubieran perdido poder de compra”, analizó.

Asimismo, destacó que la fórmula propuesta por este gobierno está vinculada a los recursos de la seguridad social, mientras que con la implementada durante la gestión de Cambiemos “se alcanzó un déficit récord de 250.000 millones de pesos”.

Fraschina coincidió con Raverta en que a pesar de la pandemia, gracias a los cuatro aumentos por decreto -en marzo, junio, septiembre y diciembre- y los tres bonos otorgados, termina el año con un “35,3%” de aumento en el haber mínimo, y “el 70% de los jubilados mantienen su poder de compra”.

Además de eso, el funcionario ponderó los ingresos indirectos, como la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.

El secretario general de la ANSES informó que la fórmula impactará en 16,8 millones de beneficiarios, incluyendo 4,4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; 4,4 millones que reciben asignaciones familiares por hijo; 7,2 millones de jubilados y pensionados, y 0,8% receptores de asignaciones por cónyuge.

Las jubilaciones y el FMI

Al responder preguntas de los diputados, Fraschina se refirió a la supuesta incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo cálculo de los haberes.

“Si analizan los distintos comunicados del FMI, siempre criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real. La crítica del FMI a la fórmula de 2008, que es la que estamos promoviendo, era porque querían un criterio mucho más fiscalista”, aclaró el secretario general de la ANSES.

Y amplió: “Justamente el FMI es el que siempre insiste en que las jubilaciones se tienen que aumentar por inflación, porque el objetivo del FMI es que la jubilación no aumente en términos reales, sino que, como mucho, la empate, y tratar de congelar la situación que heredamos”.

“Si le haríamos caso al FMI, estaríamos congelando la situación de caída del 19,5% en los haberes de los jubilados”, dijo Fraschina, en alusión al resultado que dejó la fórmula macrista.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó este lunes que la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno “demostró que los haberes crecieron” durante su aplicación, entre 2008 y 2017, y por otra parte defendió que el nuevo cálculo no contemple la variable inflacionaria.

El funcionario formuló esos conceptos al participar, desde el Anexo A de la Cámara de Diputados, del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que analizará el proyecto y emitirá dictamen este miércoles.

“Prácticamente volvemos a la fórmula de 2008 porque fue la que demostró, a lo largo de su vigencia, que los haberes crecieron”, sostuvo Moroni ante los diputados, conectados en su mayoría de modo virtual.

El ministro recordó que la propuesta combina el RIPTE (el índice de remuneraciones promedio de los trabajadores formales) o el índice de variación salarial del INDEC (el que resulte más alto), y la recaudación tributaria de la ANSES.

“Este esquema permitió durante su vigencia que los haberes crecieran en términos reales más de 25 puntos”, repasó.

Además, explicó que “ninguna fórmula funciona en el vacío, ninguna fórmula es una abstracción que por sí sola explica que va a funcionar”, sino que “funciona en el marco de un proyecto político y económico”.

“El proyecto político y económico de este gobierno es de desarrollo, y en un proyecto de desarrollo los salarios en términos reales crecen”, puntualizó el funcionario.

En ese sentido, resaltó que “vamos a terminar el peor año de la historia económica del país con un promedio del 37% de incremento nominal en las remuneraciones”, y agregó que esto se debió, en parte, a que “en plena crisis se mantuvieron las negociaciones paritarias”.

“Si los salarios crecen, el modo de que los haberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios”, señaló, y concluyó que “el jubilado no tiene por qué quedar desenganchado ni del crecimiento de la economía ni del crecimiento del salario real”.

La cuestión de la inflación

Ante los cuestionamientos de la oposición respecto de la ausencia del componente inflacionario en el proyecto del Ejecutivo, Moroni descartó la necesidad de incorporar esa variable y sostuvo que “tenemos que desindexar la economía”.

“Lo ha planteado hasta el hartazgo el ministro (Martín) Guzmán, lo ha planteado el presidente: el modo para que la economía crezca es desindexar la economía. Si volvemos a meter la inflación, conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor”, advirtió Moroni.

Según Moroni, con la indexación de la economía “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

En esa línea, subrayó que “salvo algún período histórico de políticas equivocadas, los salarios y la recaudación superan a la inflación rápidamente”.

“Creemos que es una fórmula sustentable, empíricamente lo ha demostrado, funcionó muy bien y se enmarca dentro de un proyecto económico y político”, sintetizó.

Arranca esta semana corta en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado este lunes a las 14 en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Asistirán al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

Tendrá tiempo de hacerlo durante toda la semana, pues las reuniones de las comisiones continuarán el martes a partir de las 10 y concluirán el miércoles a las 10, fecha en la que debe suscribirse el dictamen correspondiente.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

“Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación, y salimos de la fórmula de Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%”, ratificó el diputado Marcelo Casaretto en vísperas del debate. Agregó el legislador que “la Argentina crecerá en 2021, y crecerán los salarios y la recaudación. Queremos que los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y mejoren su poder adquisitivo”.

Comenzará este lunes en comisiones de Diputados el tratamiento de la nueva movilidad jubilatoria, proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Diputados nacionales de la UCR que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se tratará el proyecto, anunciaron ya su rechazo al proyecto del oficialismo por “profundizar el ajuste que viene realizando el Gobierno sobre los jubilados”.

Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, remarcó que “la fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados, como pasó durante todo este año. En 2020 los jubilados perdieron en valor de sus haberes entre 5000 y 140000 pesos por los aumentos por decreto. Esto significa que los aumentos fueron de entre 7 y 18 puntos menos de lo que correspondía por la Ley de movilidad, que hubiera sido de un 42% para todos los jubilados. Eliminar la variable de inflación de la fórmula es quitarle previsibilidad a la movilidad de los haberes, y prevenir de cumplir su principal objetivo, que es preservar el valor adquisitivo de las jubilaciones”.

Por su parte, Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se refirió a la complejidad y la falta de transparencia alrededor de la fórmula que propone el oficialismo: “El Gobierno es el único que maneja los datos que se aplicarán a la fórmula de actualización, por lo que para conocer cuál será el porcentaje de ajuste que corresponde a cada trimestre habrá que esperar el anuncio oficial, ya que es muy difícil poder hacer los cálculos previos con esa fórmula. Por ejemplo, el dato sobre la recaudación tributaria, que no es el total sino la que va al sistema previsional, lo maneja exclusivamente el Gobierno, la manera en la cual se calculará va a estar fuera del alcance del común de la gente y solo quedará esperar el anuncio oficial, lo cual le quita transparencia al sistema”.

“No tener en cuenta como variable de la movilidad jubilatoria la inflación es muy perjudicial para los beneficiarios del sistema. Prácticamente todos los países ajustan los haberes teniendo en cuenta la inflación, ya que es justamente lo que evita la caída del poder adquisitivo. Más aún en un país como el nuestro, en que la inflación es el peor flagelo para el bolsillo de trabajadores activos y jubilados desde hace décadas”, señaló por su parte Albor Cantard, integrante de la Comisión de Previsión Social.

Atilio Benedetti, integrante de Presupuesto y Hacienda remarcó que “luego de tantas promesas de recomposición el gobierno no está ni siquiera manteniendo el nivel de los haberes jubilatorios. La fórmula del oficialismo atenta contra la posibilidad de mantener el nivel adquisitivo. Cuesta comprender por qué el Gobierno avanza con un proyecto de estas características, que cuando hay dificultades agrava el deterioro de los ingresos. En este contexto de aceleración del proceso inflacionario, caída del empleo y caída del PBI una fórmula de estas características es condenar a los jubilados a peores ingresos. Abandonar en esta situación la salvaguarda de la actualización por inflación no se entiende”.

“Vamos a insistir con el sostenimiento de la fórmula tan criticada que aprobamos a fines de 2017 y que contemplaba el aumento del costo de vida”, amplió Benedetti.

Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

En un 2020 con un elevado nivel de actividad a pesar de la pandemia del coronavirus -producto, entre otras cosas, de la introducción de tecnología en el trabajo parlamentario-, la Cámara de Diputados cerrará el año con el tratamiento de leyes clave para el Gobierno.

Fuentes parlamentarias informaron que la Cámara presidida por Sergio Massa sesionaría el próximo martes 29 para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el mismo día que el Senado tiene previsto debatir, en el recinto, la legalización del aborto.

El proyecto que establece el cálculo para la actualización de las jubilaciones tiene giro a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente.

La intención del oficialismo es convocar a un plenario -posiblemente el lunes 28- para dictaminar el proyecto y sancionarlo antes de fin de año, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo ya anunciado de Juntos por el Cambio.

El interbloque encabezado por Mario Negri no es el único que se opone: también los “lavagnistas” Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez dieron a conocer su postura en contra, al igual que los santafesinos Luis Contigiani (Fte. Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista).

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Una de las principales críticas a esta fórmula es que ignora el componente inflacionario, a lo que se suma, según Juntos por el Cambio, una pérdida de arrastre para los jubilados, que “perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los aumentos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento de 42% para todos”.

Otros proyectos pendientes

La Cámara baja también tiene en carpeta otro proyecto con media sanción del Senado sobre la sostenibilidad de la deuda externa, que dispone que el Congreso deba autorizar el endeudamiento cuando éste supere los límites establecidos en el Presupuesto.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, también establece que los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deban ser aprobados por el Parlamento, y a su vez prohíbe la emisión de deuda para financiar gastos corrientes.

A diferencia de este proyecto, que aún no cuenta con dictamen de comisiones, hay otros dos que sí fueron despachados y hay consenso en tratarlos: el libre acceso y navegación por plataformas educativas estatales; y el incremento progresivo del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otro tema pendiente y con acuerdo es la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093, que estableció un Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, y que alcanza al biodiésel, bioetanol y biogás.

También figuran en la agenda de la Cámara baja, entre otros, dos proyectos del Ejecutivo sobre construcción en el sector privado y promoción de créditos hipotecarios.

El Congreso tiene prorrogadas las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero, y luego comienza a regir la convocatoria a extraordinarias.

Dada la gran cantidad de temas incluidos en el decreto del Poder Ejecutivo, fuentes parlamentarias indicaron que Diputados entraría en receso la primera quincena de enero, mientras que en la segunda se reactivarían las comisiones.

La intención de Massa es realizar la primera sesión del año 2021 a fines de enero, sumando una o dos más en febrero, antes de la apertura de un nuevo período.  

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda analizaron este martes la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado y volvieron a rechazar el proyecto, que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara baja.

Fue en una videoconferencia de la que participaron, entre otros, los radicales Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Miguel Bazze, Luis Pastori, Carla Carrizo, Atilio Benedetti, Albor Cantard y Víctor Hugo Romero; Graciela Ocaña, Luciano Laspina y Carmen Polledo por el Pro; y Alicia Terada por la Coalición Cívica.

Según expresaron los diputados en un comunicado posterior a la reunión virtual, “la eliminación de la variable de inflación (IPC) de la fórmula quita la garantía a los jubilados de preservar el poder adquisitivo de sus haberes”.

“Esta variable es la más utilizada en el mundo para preservar el valor de los haberes, especialmente en los momentos donde la economía está en recesión, y en un país como el nuestro con altas tasas de inflación”, consideraron los diputados.

En efecto, la nueva fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo e impulsada por el oficialismo se compone en un 50% de la recaudación de la ANSeS y en otro 50% de la variación salarial más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE), excluyendo el componente inflacionario.

Los representantes de Juntos por el Cambio analizaron que “ya el año 2020 ha resultado en un profundo ajuste a los jubilados, que perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los aumentos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento de 42% para todos los jubilados”.

Más aún, alertaron que “hay jubilados que han llegado a dejar de percibir hasta 140.000 pesos en el año como resultado de las medidas del presidente Alberto Fernández”, y agregaron que “100.000 millones de pesos ha sido el ahorro para el Gobierno, motivo único por el que tomó la decisión”. 

“Esta pérdida continuará hacia 2021 con la fórmula propuesta. Con el presupuesto ya aprobado para el año próximo, y bajo la inflación estimada por el propio Gobierno, la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó que habrá una caída en términos reales de las jubilaciones. Si la inflación fuera más alta, del orden del 50% como marca el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la caída de las jubilaciones podría llegar a 20 puntos en un sólo año”, proyectaron.

Los diputados, finalmente, lamentaron: “Los jubilados siguen siendo la variable de ajuste de este gobierno, han perdido poder adquisitivo sus haberes en el peor momento, durante la pandemia y con una fuerte recesión, y no vamos a acompañar ni consentir que sigan perdiendo hacia adelante”.

Paralelamente, Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez, del bloque Consenso Federal, sumados a Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, emitieron otro comunicado donde también rechazaron el proyecto con media sanción del Senado.

Los diputados nacionales de Consenso Federal, sumados a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, anunciaron este martes que no apoyarán la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado porque “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”.

“No vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación porque sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, informaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez en un comunicado, al que también adhirieron Estévez, del Partido Socialista, y Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.

Los legisladores advirtieron que los jubilados “no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”.

“Mauricio Macri y Cambiemos los perjudicaron seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, argumentaron.

Según los diputados que integran el Interbloque Federal, “una vez más, sigue soslayándose el problema de fondo, que no se soluciona con una fórmula de actualización: el sistema previsional argentino está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el gobierno”.

Además, señalaron que defenderán su propia propuesta, “una fórmula más justa, con garantía de que no se perderán ingresos reales sobre la base de considerar parámetros como el costo de vida, la recaudación, los precios y los salarios”.

“Pero no alcanza con discutir proyectos aislados. Argentina requiere, principalmente en este tema, una salida sostenida en consensos sociales amplios, profundos y permanentes”, concluyeron.

El proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado en el Senado el 10 de diciembre con 41 votos a favor y 26 en contra, y en la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha oficializada de tratamiento, pero se especula con que sea el próximo 29 de diciembre.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Por José Angel Di Mauro

Pasadas las 5 de la mañana, el debate sobre el aborto transitaba su última parte y uno de los oficialistas presentes en el recinto sorprendió con su discurso. Era uno de los 24 diputados que permanecieron hasta último momento indefinidos en el “poroteo” previo, de ahí la importancia de lo que fuera a decir, pues si se había anotado para hablar, adelantaría su voto. Y el tono de su discurso no hacía más que anticipar un voto positivo más.

Héctor “Cacho” Bárbaro es el presidente del Partido Agrario y Social de la provincia de Misiones, un aliado del Frente de Todos. Pero no formó un monobloque al asumir, porque la consigna establecida por el kirchnerismo en ambas cámaras fue no armar un interbloque, sino alinear a todos dentro de una misma bancada, cuestión de mostrar homogeneidad, más allá de la extrema diversidad del Frente de Todos. Sobre todo hacerlo en la Cámara baja, para reforzar el poder del flamante presidente de ese bloque, Máximo Kirchner.

“Cacho” Bárbaro es un duro y lo exhibió en ese discurso, donde se ensañó especialmente con el expresidente Mauricio Macri y sus promesas de campaña “incumplidas”. “Prometió que no vamos a devaluar y devaluó; vamos a terminar con la pobreza y aumentó; iba a venir la lluvia de inversiones y vino la sequía de inversiones”, dijo en un pasaje. Como contrapartida, se deshizo en elogios hacia Alberto Fernández, quien cumplió en cambio con su promesa de mandar el proyecto para legalizar el aborto, resaltó.

Pero sobre el final de su discurso recordó que él en campaña le había dicho al electorado misionero que no iba a votar a favor del aborto. E iba a honrar su palabra, “como lo hizo el Presidente de la Nación”, anticipó. Y él mismo graficó la situación generada al cerrar su mensaje felicitando “la fuerza” de las mujeres del Frente de Todos, “que por ahí me miran heladas”.

Un voto más y uno menos no era poca cosa en esta votación sobre el aborto legal que siempre estuvo ganada en esa Cámara, pero por eso el oficialismo se había puesto como premisa hacer una gran diferencia, o al menos superar ampliamente los 129 votos que la aprobación tuvo allí hace dos años. No es que se propusieran llegar a 140 -tampoco tanto optimismo-, pero sí quedar bien cerca. Sobre todo cuando en la previa aparecían 123 a favor, con 24 indefinidos. Con solo 6 de esos votos ya ganaban, pero estaban convencidos de que más de la mitad de esos 24 votarían a favor y esa era la apuesta.

Por eso las 131 voluntades que cosechó la aprobación del aborto lució cuanto menos exigua. Y abre interrogantes de cara al debate decisivo en el Senado, donde a priori arrancan en desventaja. Porque si bien han circulado sondeos optimistas de los “verdes”, los “poroteos” más serios basados en la votación de hace dos años y lo expresado por los propios protagonistas anticipa en principio un resultado 35 a 33 a favor del rechazo. Hay 3 indefinidos, de los cuales al menos uno votaría en contra, y si los 35 citados se mantienen irreductibles, con eso la ley volvería a fracasar en la Cámara alta. Con un senador de licencia –José Alperovich, que en 2018 votó en contra-, 36 es el número que le dará el triunfo a verdes o celestes.

Con todo, a diferencia de 2018, se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo, y ningún gobierno “se tira a la pileta” sin tener la convicción previa de que no perderá. Máxime en una Cámara como el Senado, donde Cristina Kirchner ha demostrado tener la capacidad de imponer todo lo que desee y no requiera los 2/3.

Pero el del aborto es un debate bien distinto, transversal, donde los mandatos partidarios no cuentan y hay libertad de conciencia. Así y todo, los operadores del oficialismo tratarán de modificar algunas posturas originales de los propios, que necesitarán argumentos convincentes para justificar un eventual cambio. A priori, se presume que operarán muy especialmente sobre dos legisladores propios que en 2018 votaron en contra: uno del norte y otro del sur; un varón y una mujer; ambos muy K. Con dos voluntades al oficialismo le alcanzaría para alzarse con la ley. Parece poco, pero no es sencillo.

Vale aquí también el ejemplo reciente de Diputados, donde hubo 6 legisladores que cambiaron su voto respecto de 2018. El dato tampoco es auspicioso para los “verdes”. De los seis, solo uno (una) fue del rechazo a la aprobación: Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones -partido aliado del oficialismo nacional-, quien dijo haber “reflexionado” respecto de su postura anterior. Cuatro diputados pasaron de “verdes” a “celestes”, todos de Juntos por el Cambio. Y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, que en 2018 fue la única abstención, ahora votó en contra, junto al resto de su bancada.

El bloque oficialista fue el que más votos aportó para la aprobación: 82 sobre 131, el 62,5%. Pero 32 diputados del Frente de Todos votaron en contra. Hay que sumar 3 abstenciones oficialistas. Así, casi el 30% de la bancada que conduce Máximo Kirchner se diferenció de los deseos de su gobierno.

Será el último tema importante a tratar por el Senado al cabo de un año intenso, en el que sesionó ya 32 veces a pesar de la pandemia, como se encargó de remarcar su titular al difundir esta semana un balance del cuerpo. Tanto se trabajó en esa Cámara, que hasta se reunió el jueves, mientras en Diputados se desarrollaba el histórico debate sobre el aborto. En esa sesión, los senadores le dieron media sanción al proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Paradójicamente la calle volvió a ser protagonista mientras en el Congreso se votaba una reforma previsional, pero esta vez nadie de los que allí estaban se interesaba por ese tema. Esta vez no hubo 14 toneladas de piedras como hace tres años, remarcaban desde Juntos por el Cambio.

También se trató -y ya es ley- el proyecto que reduce drásticamente los fondos de la coparticipación que percibía hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires: pasa de 3,5 puntos a 1,4. La medida supone complicaciones serias para la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene por delante tres años en los que deberá ser austero para revertir tamaña merma. No la tendrá fácil, como ya anticiparon los camioneros, cuya rama Recolección de Residuos se declaró el viernes en estado de alerta y movilización, ante “el intento del gobierno porteño de recortar la jornada laboral”, lo que redundaría -dijo Pablo Moyano– en una merma de entre 20 y 25 mil pesos en los salarios de sus afiliados. El gremio de los Moyano no se perderá esta oportunidad de ser protagonista en la pelea del gobierno nacional con Larreta. Toda una señal en este contexto la dará la presencia de Alberto Fernández este martes en el cierre del congreso anual del gremio camionero que se celebrará en la sede de la federación. Estará también el gobernador Axel Kicillof. Toda una demostración de fuerza a las que Hugo Moyano es tan afecto.

El Presidente, que abandonó definitivamente su reclusión pandémica en Olivos, volvió a aparecer la última semana en un acto público junto a Cristina Kirchner después de varios meses. La imagen no alcanzó a revertir la sensación imperante desde hace tiempo, pues en la exESMA Alberto parecía ser el invitado y no al revés.

Ella volvió a tener protagonismo, pero no porque se le volviera a escuchar la voz más allá del Senado, sino a través de un nuevo pronunciamiento epistolar, esta vez con su balance hecho al cabo del primer año del gobierno del Frente de Todos, en el que dedica un 22% del texto a la labor en la Cámara que conduce, cuatro párrafos al Poder Ejecutivo (9,5%), elogiosos mas sin mencionar al Presidente, y el resto al Poder Judicial, “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió. Un 68% de la nota lo dedica al Tribunal Supremo, con el que es lapidaria: “la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”, afirma CFK, en una nota en la que recuerda cómo en 2003, con apenas el 22% de los votos, dieron inicio a “un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.

En esa misma nota desgrana críticas contra los integrantes actuales del tribunal, uno por uno, con nombre y apellido. El Presidente, como de costumbre, avaló esas críticas, generando inquietud ante lo que se vislumbra como un eventual choque de poderes. El texto de Cristina remite claramente al deseo de recrear un proceso similar de renovación del tribunal, aunque con una diferencia clave: no están los votos en el Congreso para acompañar los juicios políticos que emprendieron en 2003. Si bien el oficialismo tiene hoy mucho más que ese 22% al que siempre hace referencia el kirchnerismo, tiene límites, como se ve incluso en un debate transversal como el del aborto.

Se oficializó este miércoles la convocatoria del Senado de la Nación para realizar una sesión especial este jueves. Así lo estableció la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de un decreto por el cual llama al Senado a sesionar este jueves a partir de las 14, para tratar solo tres temas.

Según establece el decreto convocatorio, en primer lugar los senadores tratarán el proyecto por el que se autoriza al presidente de la Nación para ausentarse del país durante el próximo año, cuando las razones de gobierno así lo requieran.

En segundo lugar, se abordará el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es, el recorte de fondos a CABA, que el Senado se propone convertir en ley luego de las modificaciones implementadas en Diputados.

Por último, se abordará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria.

En un año hiperactivo, el Senado de la Nación volverá a reunirse este jueves para tratar dos proyectos clave para el Gobierno y bastante ríspidos para la oposición: el que establece una nueva fórmula jubilatoria y el que reduce los fondos que percibirá a partir de ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este último caso, cuando la mayoría oficialista imponga su número, el proyecto se convertirá en ley.

Fuentes del Frente de Todos confirmaron a parlamentario.com que la Cámara alta se reunirá este jueves para dar media sanción al proyecto que establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El mismo obtuvo dictamen el pasado 3 de diciembre, luego de un informe presentado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Por otra parte el Senado avanzará de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de CABA el 5 de enero de 2016.

El proyecto reduce fuertemente la coparticipación percibida por la Ciudad de Buenos Aires y ya había sido aprobado en la Cámara alta oportunamente, pero luego el proyecto sufrió fuertes modificaciones en la Cámara de Diputados, a instancias de los diputados cordobeses, que condicionaron los cambios a brindar su apoyo.

El oficialismo mayoritario en el Senado aceptó las modificaciones y se descuenta entonces que el proyecto será convertido en ley el jueves que viene.

Por José Angel Di Mauro

Tan acelerados son los tiempos de la política argentina -aun en pandemia- que resulta lejano el último lunes en el que oficialismo y oposición se trenzaron en una sesión kilométrica en Diputados, en la que los primeros se armaron de paciencia y los segundos se dedicaron a estirar los tiempos para llegar a la medianoche, con la tenue esperanza de que el proyecto que le rebana más de la mitad de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires se transformara en calabaza. Pero no sucedió: previsiblemente cerca de la medianoche se conoció el decreto presidencial prolongando las sesiones ordinarias unos días, cuestión de desbaratar la jugada de Juntos por el Cambio.

Así y todo, la principal oposición pasó entonces al plan B y al hacerse las 12 pasó a jugar la carta del final de la vigencia del protocolo para las sesiones remotas, que vencía el 30 de noviembre. El Frente de Todos respondió con un argumento cuanto menos endeble: que valía la fecha de inicio de la sesión, no el calendario. Pese al planteo irrisorio, Juntos por el Cambio esta vez no se retiró y se limitó a votar “con reservas” por considerar “inválida y nula” la sesión, mas no irá más allá, a sabiendas de que un planteo judicial tiene destino de “cajoneo”: los jueces prefieren no meterse en ese tipo de cuestiones reglamentarias que hacen a otro poder. Pero las huestes de JxC no tenían otro camino más que forzar al máximo la situación y fue lo que hicieron, mientras la principal preocupación del oficialismo pasaba por juntar los votos que evidentemente no tenían seguros al inicio de la sesión.

Quedó claro cuando pasadas las 8 de la mañana y casi 20 horas después de iniciada la sesión, el oficialismo reunió solo 129 votos para aprobar con lo justo el proyecto sobre los fondos de la ciudad. Demasiado ajustados; ya le había pasado al oficialismo en la anterior reunión, cuando se aprobó en esa Cámara el proyecto de Máximo Kirchner para cobrar un aporte extraordinario a las grandes fortunas del país, y apenas logró reunir 133 votos, sumando a los dos diputados radicales que responden al gobernador jujeño, Gerardo Morales, cada vez más necesitado de acercarse al gobierno nacional para mantener la gobernabilidad en su provincia.

El gobierno consiguió aprobar el impuesto a las grandes fortunas con el aporte clave de los cuatro diputados que responden al cordobés Juan Schiaretti, otro gobernador que tuvo que terminar accediendo a las presiones del gobierno nacional. Para desencanto de Horacio Rodríguez Larreta, que dice que tenía la palabra del gobernador mediterráneo en que no apoyaría el recorte a CABA. Ya había entrado en duda el jefe de Gobierno cuando vio que dos diputados de Córdoba Federal sumaban para el quórum bien temprano, pero dicen que en ese momento Schiaretti le aseguró que era lo máximo que estaban dispuestos a hacer. Se ve que no.

Necesitado de buenas noticias y “triunfos”, el día anterior una delegación del gobierno nacional había desembarcado en Río Cuarto para festejar la reelección del intendente Juan Manuel Llamosas. Presente en los festejos, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero tuiteó: “El peronismo unido es invencible”, y suena certero pero incompleto. El PJ cordobés es muy refractario al kirchnerismo; ergo, lo que se evitó fue dividirle el voto con otra lista. El Presidente recibió en la semana al intendente ganador en la Rosada, en el marco de un trabajo fino que ya desarrolla con vistas a las elecciones del año que viene, donde el gobierno nacional espera una lista conjunta con el “cordobesismo”. Habrá que ver cómo soporta en ese caso Schiaretti el tironeo oficial, en la provincia donde más fuerte es Cambiemos en general y el antikirchnerismo en particular.

Lo cierto es que para acceder a dar su apoyo, los cordobeses maquillaron la situación forzando cambios que luego, en una situación inédita, el oficialismo mayoritario en el Senado aceptó. Fue una sorpresa que se anunció cuando arrancó el debate a las 3 de la mañana del martes y el miembro informante del oficialismo dio cuenta de los cambios con tonada cordobesa, al punto tal que cuando a Carlos Heller le tocó hablar quiso cederle su espacio al diputado cordobés Carlos Gutiérrez para que detallara las modificaciones. Juntos por el Cambio no lo aceptó, a menos que el cordobés se transformara en “miembro informante”. Hubiera sido demasiado para ese bloque y Gutiérrez ni siquiera habló.

Sobre el final, el diputado Cristian Ritondo le pasó una factura a los cordobeses: “Ya veremos en los boletines oficiales cuál fue la prenda de  unidad que los hizo preocupar tanto por esta ciudad”.

Muy cercana al Presidente, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, es una de las funcionarias apuntadas desde el Instituto Patria. Lo cual, como a otros, la lleva a sobreactuar y es por eso que el miércoles salió a responderle a la conferencia de prensa de Larreta reclamándole no presionar a la Corte. Lo hizo por Twitter, en un texto similar al que horas antes había escrito por la misma vía el ministro del Interior. También a la Corte se dirigió el viernes Santiago Cafiero al salir a defender los derechos “pisoteados” de Amado Boudou, reclamándole a la Corte “hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Muchos se preguntan quién les pide tanto, cuando el actual presidente escribía en 2014 que “todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”. El título de la columna en la que ese Alberto Fernández defenestraba así al entonces vice de Cristina era más que elocuente: “Boudou, game over”.

Nadie como el Presidente debe haber comprendido tanto esta última semana al rugbier Pablo Matera, salvaje tuitero en su atolondrada juventud.

La omnipresencia de la vicepresidenta quedó demasiado expuesta en vísperas del debate en comisión de la fórmula de movilidad jubilatoria, cuando desde el propio cristinismo se difundieron cambios que los senadores del Frente de Todos impondrían en el proyecto al día siguiente. Se dejaba de lado el descuento en marzo del 5% de aumento dado en diciembre a los jubilados, algo que había desatado fuertes críticas. Horas después, desde la Rosada maquillaron la situación señalando que por decisión presidencial se establecía que los reajustes fueran trimestrales y no semestrales. “Se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad”, explicó al día siguiente el Presidente, tratando de adjudicarse los cambios, cuando había parecido todo lo contrario.

El que debió resignarse fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, que había redactado el texto original, que conformaba al Fondo Monetario en plena negociación. No es la primera señal contradictoria que el FMI recibe en los últimos tiempos: ya habían leído la carta de los senadores del Frente de Todos con advertencias a ese organismo, y esta semana se habían molestado con las declaraciones que el canciller Felipe Solá atribuyó al Presidente en su diálogo con Joe Biden, defenestrando al representante norteamericano actual en el Fondo. Y ahora este cambio.

Mientras tanto, el Presidente se ilusiona con la llegada de la vacuna, que espera represente un punto de inflexión para su gobierno. Con todo, su optimismo a veces parece demasiado extremo. Como cuando anunció en la semana que antes de fin de año “vamos a vacunar a 300.000 personas”. En su informe diario “En 4 Minutos”, el periodista Orlando Dipino cuantificó así la patriada: “Quedan 16 días hábiles, habrá que vacunar a 18.750 personas por día con una vacuna que todavía no llegó y que hay que distribuir en distintas zonas del país”.

De todos modos, esta semana se hablará de otros temas. Con el primer fin de semana largo sin ASPO en muchos meses, todos los ojos estarán puestos en los resultados de esta prueba piloto para el turismo. Y cuando se reanude la actividad plena, llega el debate sobre el aborto. En Diputados ya se acordó la vigencia del protocolo de funcionamiento remoto, pero con mayoría de legisladores presentes: solo trabajarán desde sus casas los que sean de riesgo. El miércoles se suscribirá el dictamen y al día siguiente se iniciará una sesión que durará más de 30 horas, con final cantado y verde.

En el Senado, tal vez, sea otro el cantar.

A pedido del Frente de Todos en el Senado, el proyecto de movilidad jubilatoria enviado la semana pasada recibirá cambios que fueron acordados con el Poder Ejecutivo, según pudo confirmar parlamentario.com.

El oficialismo buscará firmar dictamen este jueves en una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, convocada para las 11.

La sorpresa es que el bloque presidido por José Mayans promoverá una modificación por la cual el aumento del 5% no será a cuenta del que se otorgará en marzo.

Además, los aumentos serán trimestrales -no semestrales- y se definirán, en partes iguales, por la recaudación de la ANSES y por el aumento salarial más alto, en lugar del índice RIPTE.

Por lo tanto, el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta sino que se sumará al aumento de marzo de 2021.

“Es una modificación que surge desde el bloque que fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas”, indicaron desde el bloque del Frente de Todos.

En 2017 el Gobierno de Cambiemos envió al Senado la fórmula de movilidad jubilatoria que tras un reajuste sugerido por el entonces jefe de la principal oposición en esa cámara se aprobó allí sin mayores problemas. El entonces oficialismo acababa de ganar las elecciones de medio término y las perspectivas parecían muy favorables para el Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo todo cambió cuando el proyecto llegó a la Cámara baja y terminó con la aprobación, pero en un marco de gravísimos incidentes, con 14 toneladas de piedras arrojadas en la Plaza de los Dos Congresos.

El Gobierno de Alberto Fernández suspendió dicha fórmula a poco de llegar al poder y tiene plazo hasta fin de año para elaborar otra que ponga en práctica a partir de 2021. Para cumplir con ese objetivo el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Senado el proyecto de ley que incluye la fórmula, que se conoció hace pocos días y ya tiene dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Mixta, y es producto de 17 reuniones desarrolladas de manera virtual en la misma, con 60 Legisladores, 24 exposiciones y un informe final de 131 páginas.

Más allá de que desde la oposición se sostenga que este proyecto no tuvo en cuenta lo allí expuesto, sino que es producto de la determinación del Ministerio de Economía, lo cierto es que el proyecto ya fue plasmado en un texto que ingresó por el Senado para su tratamiento en lo que resta del último mes del año.

El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación.

La fórmula elaborada por el oficialismo se compone de una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSeS, por partes iguales, similar a que se aplicó entre 2008 y 2017.

El proyecto de ley incluye en su artículo 3 una modificación sobre la periodicidad de la aplicación del Índice de Actualización de las remuneraciones para que el mismo sea consistente con las nuevas disposiciones relativas a la movilidad.

Incorpora entonces una cláusula transitoria para la aplicación de la primera actualización semestral de las prestaciones, teniendo en cuenta que el período de referencia de la misma se desarrolla durante la emergencia pública declarada por la Ley Nº 27.541 y su modificatoria.

El artículo 2° del anteproyecto aprobado por la Comisión Mixta Bicameral, establece que la entrada en vigencia del nuevo esquema de movilidad comenzará a ser aplicado a partir del 1° de marzo de 2021. A tales efectos, se tendrá en cuenta para su cálculo, la evolución de los salarios y la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) durante el segundo semestre de 2020.

El proyecto incorpora entonces una disposición transitoria por la cual la actualización correspondiente a partir del 1° de marzo de 2021 estará dada por la diferencia entre el incremento que resulte de la aplicación de la nueva fórmula en el mes de marzo de 2021 y el incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para el mensual diciembre de 2020, la que en ningún caso producirá la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.

02_Mensaje_INLEG-2020-82555422-APN-PTE

03_Proyecto_INLEG-2020-82555379-APN-PTE

04_Anexo_IF-2020-81993526-ANSES-SLYTANSES

El bloque de diputados nacionales de Consenso Federal se manifestó sobre el proyecto de fórmula de actualización jubilatoria, señalando que la propuesta del Gobierno requiere importantes modificaciones, pero aclararon que “estamos ante un sistema previsional en crisis”.

Fuentes del bloque señalaron a parlamentario.com que su apoyo a la fórmula oficial dependerá de la recepción que tengan los cambios que sugieren.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que “el sistema previsional argentino está quebrado y no hay fórmula de actualización de haberes que lo haga sustentable. No cierra de ninguna manera con el 50% de los trabajadores privados en la informalidad”.

Para los diputados alineados con Roberto Lavagna, la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión de Mauricio Macri no era buena. “Solo es defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación”, advirtieron.

Además, agregaron, “las cláusulas exclusivamente indexatorias contradicen toda política anti inflacionaria. Esa misma fórmula, aplicada en el período 2003-2007, que fue de crecimiento con estabilidad, hubiese sido marcadamente injusta por excluir a los jubilados de los beneficios del crecimiento”.

¿Qué posición tienen respecto de la fórmula decidida por el Gobierno nacional? Para Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, la fórmula que propone el actual gobierno “va en sentido apropiado”, aunque reconocen que “no tiene cláusulas de salvaguarda que garanticen a los jubilados no seguir perdiendo, especialmente mientras la economía no recupere un sendero de crecimiento con estabilidad de precios”.

Con todo, aclaran que la propuesta “está bien orientada porque incorpora la variable ‘precios’ al ajustar por variaciones del salario (ajusta un 50% por variación salarial, que es el precio más relevante al que debe asociarse un haber jubilatorio) y porque también incluye una variable vinculada a la evolución económica (ya que ajusta el 50% por la recaudación, con la que aquella se correlaciona directamente)”.

Por otro lado, sostienen que la fórmula “tiene un techo que puede aceptarse, en nombre de no agregar insustentabilidad al sistema”, pero aclaran que la propuesta requiere “dos modificaciones imprescindibles, a favor de los jubilados”. En ese sentido señalaron que la fórmula debe tener un piso asociado a la variación de la canasta básica de consumo; y los aumentos deben ser cuatrimestrales y no semestrales, como prevé el proyecto oficial.

“De todas formas, como ya se ha señalado, llegó la hora de no seguir postergando el debate de las causas estructurales que han puesto en quiebra al sistema jubilatorio en su conjunto”, expresaron, para concluir diciendo que “el primer paso para salir de esa situación es la incorporación masiva de aportantes, es decir, convertir en registrados a millones de trabajadores que hoy están en la informalidad”.

La Coalición Cívica-ARI apuntó contra el Gobierno que “sigue sin presentar una formula y aplica un fuerte ajuste a los jubilados”, tras el aumento por decreto para los haberes previsionales que anunciaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta.

“El aumento de las jubilaciones del 5% para el mes de diciembre significa que, en el acumulado entre los meses de marzo 2019 y febrero 2021 en los cuales estuvo suspendida la fórmula de movilidad votada en el 2017, el haber medio se incrementará un 31,6% mientras que la fórmula arrojaba un aumento del 42%”, afirmó el partido.

De esta manera, la CC detalló que “el haber medio pasa a $28.729 en lugar de los $31.000 que daría la fórmula suspendida. El ahorro acumulado por el gobierno en esos 12 meses de fórmula suspendida es de 135.500 millones de pesos, equivalentes al 0,5% del PBI”.

“Como consecuencia de que el primer aumento por decreto, realizado en marzo de 2020 no fue homogéneo, sino que se hizo con una suma fija más un porcentaje, la pérdida de los beneficiarios respecto del 42% que hubiera dado la fórmula no es igual. Un jubilado o jubilada que en febrero de 2020 cobraba la mínima acumulará un aumento del 35,3%, o sea 7 puntos menos que con la fórmula. Alguien que cobraba $30.000 acumulará un aumento del 28,4%, es decir 12 puntos menos que con la fórmula. Alguien que cobraba hasta $103.000 acumulará un aumento del 24,3%, son 16 puntos menos que con la fórmula. Quienes cobraban jubilaciones especiales (“de privilegio”) no tuvieron pérdidas ya que sus movilidades no se suspendieron”, finalizó la CC ARI.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, manifestó este lunes sus críticas al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para regresar a la fórmula de cálculo de jubilaciones que planteaba la Ley 26417/2008, y consideraron que “se instrumentará otra fórmula de ajuste”.

“Cuando se anuló la norma sancionada por la gestión Macri (fuertemente resistida en soledad por la CATT), esto llevó a que se establecieran aumentos para marzo de 2020 del 2,3 % más $1500, en junio del 6,12 % y en septiembre del 7,5%, mientras que por ley correspondía en marzo el 11,56 %, en Junio el 10,89 % y en septiembre 9,88 %, causando un serio deterioro en los haberes de nuestros mayores”, argumentaron desde la CATT en un comunicado firmado por Juan Pablo Brey, Secretario de Prensa y conductor de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

“Dentro de un contexto económico impactado por la pandemia, se debería prever un mecanismo de excepcionalidad por los efectos distorsivos (caída de recaudación, reducción de empleo, estancamiento de ingresos)”, plantearon desde la CATT, concluyendo que “de lo contrario, como viene ocurriendo, lamentablemente los jubilados serán los perjudicados de siempre”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio defenderá su fórmula jubilatoria en el debate parlamentario. “Debate que deberá ser serio, responsable y por supuesto sin violencia”, señalaron a través de un comunicado.

La conducción de JxC señaló que el oficialismo “deberá explicar frente a la sociedad por qué recurrieron a la violencia y la mentira de campaña para ejecutar hoy una fórmula menos beneficiosa para los jubilados. Es decir, el oficialismo debería explicar su contradicción entre las promesas de campaña y la violencia desatada en el 2017 que abrió y profundizó una grieta en la sociedad a partir de la actitud de legisladores que instigaron la violencia, en vez de utilizar los métodos democráticos de una discusión parlamentaria”.

“Hoy deben explicarle a la sociedad por qué respondieron con piedras para atacar una fórmula que preveía una mejor jubilación. Además este año suspendieron la fórmula y la reemplazaron por un mecanismo discrecional que, al partir de una base más baja para la nueva ecuación, ha significado una importante pérdida para los jubilados”, agregó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Agregaron que “al quitar la inflación como variable de actualización y reemplazarla por la recaudación, se perjudican los aumentos. La fórmula oficialista se actualiza 2 veces en lugar de 4 veces al año y utiliza un artilugio matemático para poner un tope al aumento del mes de septiembre relegando a los jubilados en relación con otros sectores de la sociedad”.

Los diputados nacionales (Juntos por el Cambio) Jorge Enríquez y Waldo Wolff presentaron un proyecto para extender la aplicación de la fórmula de ajuste jubilatorio propuesta por el Poder Ejecutivo a todos los funcionarios públicos.

La iniciativa surge como reacción al proyecto enviado al Congreso por el Gobierno para cambiar la fórmula de reajustes de haberes jubilatorios, dejando de lado la adoptada en 2017, basada en la actualización por el índice de inflación. “Es lo que permitió preservar las asignaciones jubilatorias de un deterioro mayor, pese a que al actual oficialismo se opuso tenazmente al cambio y llegó a promover inéditos disturbios en las inmediaciones del Congreso. Decían entonces que les preocupaba el ajuste a los jubilados, pero el verdadero ajuste es el que avalan ahora”, dijo Enríquez.

El proyecto, que también lleva la firma de otros legisladores de Juntos por el Cambio, sostiene que si se cree que el camino debe ser que los jubilados “sacrifiquen sus ya magros ingresos”, los funcionarios superiores del Poder Ejecutivo y los restantes poderes deberían ponerse “al menos simbólicamente” a la par y aplicarse a sí mismos esta fórmula a sus salarios e ingresos funcionales, de modo tal que también se vean sometidos a contingencias como las que pretenden imponerles a los jubilados.

Concluido el trabajo grueso de la bicameral encargada de la redacción del proyecto de ley que definirá la nueva fórmula jubilatoria que deberá regir a partir de enero próximo, llega el momento de las definiciones. Por eso este lunes será un día clave en ese sentido, pues está prevista para las 18 una reunión por zoom a la que asistirán los miembros de la comisión bicameral que preside el entrerriano Marcelo Casaretto, los presidentes de bloques, funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía, y de la ANSeS.

El encuentro, que fue anticipado a este medio por una alta fuente legislativa, sería la única actividad oficial de la que participarían los legisladores este lunes en el que fueron suspendidas todas las reuniones de comisión por celebrarse el Día del Trabajador Legislativo.

Sobre lo que se resuelva en esa reunión decisiva se elaborará luego el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento, donde antes de fin de año tendrá que emitirse una ley que entrará en vigencia a partir de enero, aunque el primer aumento se aplicará en marzo del año próximo.

Según transcendió, el nuevo esquema para el ajuste de los haberes del régimen general y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo, estaría compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De esta manera, la nueva fórmula será similar a la utilizada entre 2009 y 2017. Sin embargo, los aumentos serán trimestrales y, además, la ANSeS podrá otorgar un bono extraordinario en caso que la inflación supere la variación de la Recaudación Total (RT) del organismo.

La bicameral, que finalizó hace semanas atrás las reuniones informativas con especialistas, se conformó por legisladores del oficialismo y la oposición y funcionarios del Ejecutivo, según lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social.

De acuerdo con esa norma sancionada en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto.

El diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto adelantó este lunes que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que comenzará a aplicarse el año próximo, se basaría en una combinación entre los índices de evolución salarial, inflación y recaudación.

El legislador anticipó que esas serán las variables que se tomarán para el cálculo, e informó que la comisión bicameral mixta que preside buscará cerrar el proyecto de ley en el transcurso de este mes, para tratarlo en ambas Cámaras antes de fin de año.

“La fórmula futura tendría básicamente tres componentes: por un lado, la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad; por otro lado, las actualizaciones de precios derivadas de la inflación; y por otro, la vinculación con la recaudación del sistema previsional”, explicó.

Casaretto sostuvo que “de la combinación de esas tres variables va a salir la fórmula propuesta, que estaría más cerca de la fórmula de 2008 que de la fórmula de 2017”.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, el oficialista destacó que la comisión realizó 16 reuniones con la participación de especialistas nacionales e internacionales, funcionarios y sindicalistas.

“Nuestro objetivo es cerrar el trabajo de la comisión en el transcurso de este mes y cerrar el proyecto para elevarlo al presidente de la Nación y a los presidentes de ambas Cámaras, y que pueda ser tratado antes de fin de año” para comenzar a regir “a partir de enero del año que viene”, indicó.

El diputado explicó que “en la época de la convertibilidad, a partir del ’91, había movilidad a partir de lo que se autorizaba en las leyes de Presupuesto, lo que fue prácticamente un congelamiento”, y luego de esa etapa “empezaron a darse aumentos por decreto”.

Así fue hasta 2008, cuando “se sancionó una fórmula en la cual las jubilaciones le ganaron a la inflación prácticamente todos los años, excepto en 2014”, especificó Casaretto, y finalmente a fines de 2017 la gestión de Mauricio Macri “cambió la fórmula y los jubilados perdieron un 19% en su poder adquisitivo”.

Casaretto apuntó que luego de suspender esa fórmula, el Gobierno otorgó aumentos por decreto en los meses de marzo, julio y septiembre, además de aumentos de sumas fijas, y así “los jubilados que ganan la mínima y un poco más -alrededor del 94% de los jubilados- están recibiendo aumentos por encima de la inflación”.

Además, precisó que actualmente “la mitad de los recursos del sistema” se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad, y la otra mitad se financia con impuestos.

“En este momento de pandemia, con la caída de la recaudación y los aumentos jubilatorios que se dieron, los recursos propios representan el 26%. El 74% restante de los recursos para pagarle a los jubilados proviene de impuestos”, dijo.

Representantes de la Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores de la Argentina y de la CTA Autónoma Nacional expusieron este lunes en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Jubilatoria y dieron su punto de vista acerca de una nueva fórmula previsional.

En representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), estuvieron presentes Federico West Ocampo y Marta Pujadas. En su exposición, West Ocampo recordó el reclamo de la central obrera por un “aumento de emergencia para los jubilados” y argumentó que “aumentar la base permitiría mantener un ingreso distinto al que tienen los jubilados hoy, con cualquier fórmula que podamos acordar”.

En nombre de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), expuso el secretario general y diputado nacional de Frente de Todos, Hugo Yasky, quien llamó a “garantizar que ningún jubilado quede en situación de pobreza, esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada”. En representación de la CTA, también expuso Jorge Molina, que realizó una presentación detallada sobre la perspectiva de la central en cuanto a movilidad previsional.

En tanto, por la CTA Autónoma Nacional, estuvieron presentes el secretario adjunto, Hugo Godoy, y Horacio González. En la comisión, Godoy destacó que “los haberes están sumamente retrasados y la mayor parte de los jubilados tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza”. “Debemos pensar en un mecanismo que permita preservar y elevar los ingresos de los jubilados”, sostuvo.

Se trató de la reunión número dieciséis de la Comisión creada por los artículos 55 y 56 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, cuyo propósito es elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo de asesoramiento técnico de los legisladores, participaron este lunes de la quinceava reunión informativa de la comisión bicameral mixta que trabaja en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Marcos Makon, director general de la OPC, y María Eugenia David Du Mutel Pierrepont, directora de Análisis, Estudios y Evaluación, informaron a los integrantes de la comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto sobre la composición del universo de beneficiarios del sistema previsional.

Para el próximo encuentro, en tanto, fueron convocados el secretario general de la CGT Héctor Daer, y Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy por la CTA y la CTA Autónoma.

En la viceoconferencia de este lunes, los directores de la OPC detallaron que, según datos al mes de marzo, existen 9,7 millones de activos aportantes -lo que representa el 30,5% de la población mayor de 18 años y el 81% de los trabajadores registrados- y 5,7 millones de pasivos beneficiarios.

Dentro de los activos, casi el 93% aporta en el marco de la Ley 24.241 y solo el 7,1% a regímenes especiales, y en cuanto a los pasivos, el 96% de los beneficios se otorgaron en el marco del régimen general y 3,9% mediante regímenes especiales.

Del total de aportantes, el 75% se desempeña en actividades en relación de dependencia, mientras que en las actividades independientes, el régimen de monotributo es el que concentra la mayor cantidad de aportantes, y finalmente los regímenes especiales contienen más de 612.000 aportantes.

Además, los especialistas especificaron que dentro del régimen general figuran 51 regímenes diferenciales –aquellos que requieren menor edad o menos años de aportes-, con más de 763.000 aportantes.

En cuanto a la distribución de aportantes y beneficios por edad y sexo, Makon y David Du Mutel Pierrepont indicaron que el promedio de edad es de 41 años, mientras que en los pasivos, las edades promedio rondan los 74 años.

La mayor cantidad de aportantes se encuentra en el rango etario entre los 26 y 45 años, tanto para mujeres como para hombres, señalaron desde la OPC.

Asimismo, la mayor cantidad de beneficios los concentran personas entre los 68 y 73 años, en el caso de los varones, mientras que en las mujeres el rango con mayor cantidad de beneficios es entre 63 y 71 años. La mayor cantidad de beneficios jubilatorios se concentra entre los 65 y 69 años, en ambos sexos.

Por otra parte, la remuneración media a partir de la cual se realizan los aportes y contribuciones fue de 54.086 pesos, mientras que el beneficio previsional medio fue de 24.430 pesos.

Los directores de la OPC informaron que en el régimen general, el 86,1% de los beneficios es igual o menor a dos jubilaciones mínimas.

El 40,6% de los aportantes son mujeres y 59,4% son varones, lo que los expertos consideraron “un indicio de que una gran parte de la fuerza laboral femenina se encuentra fuera del mercado formal”.

Por otro lado, los regímenes especiales con mayores haberes promedio fueron los del Servicio Exterior y del Poder Judicial: en el primer caso, el haber medio de jubilación fue de 386.463 pesos, y en el segundo, el haber medio jubilatorio fue de 290.868 pesos.

El informe de la OPC

Informe-Caracterización-Población-Sistema-Previsional

Por videoconferencia, la Comisión Mixta de Movilidad Previsional integrada por legisladores de ambas cámaras y funcionarios del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Economía y ANSES, continuó este lunes con la ronda de expositores hacia una nueva fórmula para calcular los haberes de las jubilaciones.

Asistieron esta vez la presidenta de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola y el presidente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Néstor Fasciolo. Ambos juristas realizaron un análisis histórico de la legislación previsional y coincidieron en la necesidad de evitar la litigiosidad.

Victoria Pérez advirtió que “hubo buenas leyes, mal aplicadas” e instó a que “se debe buscar una fórmula de equilibrio”. En el mismo sentido, Néstor Fasciolo recomendó “considerar la jurisprudencia de la Corte, donde se inclina por la justa proporcionalidad entre el haber del pasivo y las remuneraciones de los trabajadores activos”, concluyó.

La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional fue creada por los artículos 55 y 56 de la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y tiene como propósito elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, acorde a los tiempos actuales.

En cada reunión, se invita a especialistas en materia previsional a aportar su experiencia y punto de vista.

La comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria realizó este lunes una nueva reunión informativa con la participación de dos especialistas.

La bicameral, integrada por legisladores y funcionarios de los ministerios de Trabajo, Economía y ANSES, escuchó a Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Previsión de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) y Guillermo Jáuregui, director de la Revista Jubilaciones y Pensiones.

Jáuregui realizó un repaso histórico de las diferentes leyes de movilidad en el país que puedan tener o no sustentabilidad actuarial, movilidad sustentable y movilidad segmentada. “La fórmula en la Argentina tiene mucho que ver con la sustentabilidad de cada sistema y está atada intrínsecamente a la inflación”, analizó.

Además, el abogado recordó y defendió la fórmula establecida en la Ley 26.417, a la que consideró “una fórmula más conservadora y prudente de ajuste semestral pero que le pone un tope al importante flujo de beneficios y evita que se caiga el sistema”.

“Primero se debe construir un mecanismo de movilidad que proteja a las prestaciones contra la desvalorización monetaria y que sea sustentable del sistema, y luego dicha movilidad puede segmentarse para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben menores ingresos”, reflexionó Jáuregui. 

En tanto, Rodríguez Romero se refirió a los distintos índices de movilidad que fueron implementados en nuestro país y “han fracasado por discrecionalidades y por movilidades automáticas que han sido derogadas cuando se tenían que otorgar sumas importantes”.

“El régimen debe tener el atributo de la sustentabilidad y no de la movilidad del haber, y también la perspectiva desde el afiliado y el beneficiario. Es la única manera de sostener la seguridad social”, señaló.

De igual modo, la abogada previsional dijo que los problemas de litigiosidad son una constante de los últimos 40 años y concluyó que “es imprescindible la elaboración de un índice salarial que refleje fielmente la evolución de las remuneraciones percibidas por los activos que deber ser automática y de mantenimiento del nivel de vida”. 

La comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria continuará con la ronda de invitados, a fin de recibir distintos aportes de especialistas.

Para el encuentro de este lunes, a partir de las 16, la bicameral recibirá a Claudia Danani, Licenciada en Trabajo Social y en Ciencias Políticas; a Sergio Rottenschweiler, Magister en Economía de la UBA; y a Marcelo Copello, Magister en Economía, Georgetown University, con mención en Políticas Sociales.

La bicameral está presidida por el diputado Marcelo Casaretto (FdT), e integrada por los diputados Carlos Heller (FdT) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; el mencionado Casaretto (FdT) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social; Luis Pastori (UCR) e Hilda Aguirre (FdT), por la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

En tanto, los representantes del Senado son Carlos Caserio (FdT) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (FdT) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La comisión también la conforman miembros del Gobierno: el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, presidida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, recibió este lunes los aportes de Leonardo Eric Calcagno, doctor en Economía Universidad de Orleans, Francia; y Eduardo Levy Yeyati, ingeniero en la UBA y doctor en Economía en Universidad de Pensilvania, USA.

Levy Yeyati manifestó que para elaborar una fórmula pueden utilizarse diversos instrumentos como el índice de salarios, de inflación, o de recaudación, o una combinación de ellos en diversas proporciones. Asimismo, aseguró que en la actual coyuntura de crisis económica, agravada por la pandemia del Covid-19, aplicar la fórmula de movilidad suspendida en diciembre de 2019 por la ley 27.541 “solo agravaría sustancialmente la delicada situación fiscal”.

Por su parte, Calcagno presentó un modelo con proyecciones de diversas alternativas hasta el año 2040, pero señaló que una eventual fórmula de movilidad jubilatoria, que como base para el análisis contiene salarios y precios al consumidor con límites de acuerdo a la evolución de la recaudación, solo podría comenzar a aplicarse en 2022 cuando las variables económicas se hayan estabilizado y que, entre tanto, este año solo podría intentarse empatar de alguna manera con la inflación.

Ambos especialistas coincidieron en que la actual coyuntura impone grandes desafíos para arribar a una solución que apunte a la sostenibilidad del sistema previsional, y que además de las cuestiones de movilidad debe buscarse la formalización del empleo y el aumento de la recaudación revisando los esquemas de financiamiento del sistema previsional en conjunto con la relación con las provincias.

Estuvieron presentes los miembros de la comisión, por el Poder Ejecutivo: Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la Comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente) y Carlos Heller, y los senadores Carlos Caserio y Daniel Lovera. Por Juntos por el Cambio participaron la senadora María Belén Tapia y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori. Fueron invitados y participaron además otros legisladores de distintos bloques, entre ellos los oficialistas Florencia Lampreabe, Eduardo Fernández y Victoria Rosso.

Para la décima reunión del próximo lunes 20, a las 16, se citó a Claudia Dadani, Licenciada en Trabajo Social y en Ciencias Políticas, y Doctora en Ciencias Sociales por la UBA; y Marcelo Capello del IERAL, Magister en Economía, Georgetown University, con mención en Políticas Sociales.

La comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para lo cual tiene plazo hasta el mes de diciembre, realizará este lunes una nueva reunión informativa.

La videconferencia se realizará a partir de las 16, con la participación del consultor de Eurosocial y doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley, Andras Uthoff Botka.

De la bicameral, presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), forman parte además funcionarios del Poder Ejecutivo.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña pidió este jueves que se derogue el decreto 542/2020 que suspende la movilidad jubilatoria y reclamó que se vuelva a la fórmula anterior por la que los jubilados deberían estar cobrando un incremento superior al 23 por ciento en sus haberes previsionales.

A través de un proyecto de ley presentado en la Cámara baja y con el acompañamiento de la diputada Mónica Frade, Ocaña señaló que “los casi 6 millones de jubilados y pensionados nacionales, incluyendo los del haber mínimo, están cobrando desde este mes menos de lo que les hubiera correspondido con los incrementos según la fórmula suspendida”

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores agregó que “los aumentos dictados por decreto fueron de entre el 10,2 y 19,9 por ciento, según los rangos de haberes, mientras que con la fórmula suspendida correspondería un aumento de 23,72 por ciento para todos los jubilados y pensionados del régimen general”.

“La suspensión de la fórmula de la movilidad deja librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la decisión de realizar los aumentos trimestrales que considere oportuno”, subrayó.

“Esta es una medida inconstitucional ya que menoscaban los derechos adquiridos de nuestros jubilados y atentan contra los principios de igualdad ante la ley, irretroactividad y progresividad de los derechos fundamentales”, advirtió Ocaña.

Asimismo, indicó que “la Comisión que debía trabajar en una nueva fórmula jubilatoria, aún no ha tenido avances significativos en su labor y los perjudicados son una vez más lo jubilados y lamentablemente se está utilizando como excusa los efectos económicos del Covid 19 para justificar un perjuicio insoslayable a nuestros jubilados”.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el diputado nacional Alejandro Cacace (UCR San Luis), presentaron un proyecto de ley para derogar el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia 542/ 2020.

“El Gobierno, con el DNU 542,  prorrogó la suspensión de la movilidad jubilatoria y con esto va a hacer dos ajustes más en septiembre  y en diciembre,  como ya lo ha hecho en los meses de marzo y junio, con los decretos con los que les quitó a los jubilados entre 540 y 14000 pesos mensuales de beneficios y por los que hay algunos beneficiarios q van a cobrar hasta 100 mil pesos menos en el año, de lo que les hubiera correspondido por la ley de movilidad”, explicó Cacace.

Destacó que “ahora con este decreto con el que se arroga facultades que son propias del Congreso, y se da a sí mismo la posibilidad de otorgar los aumentos trimestrales en los próximos 6 meses, lleva este mismo mecanismo hasta diciembre, que ciertamente no compartimos, y por eso hemos presentado los diputados de Juntos por el Cambio, este proyecto”.

“Haciendo un balance de los argumentos previsionales por decreto, al contrario de lo que argumentó el gobierno cuando impulsó la ley de emergencia que se proponía mejorar la situación de los jubilados y proteger a los más vulnerables, la discrecionalidad del Presidente en la fijación de los haberes jubilatorios ha sido en perjuicio de estos”, señaló Cacace.

“Los aumentos jubilatorios por decreto, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), le permitirán ahorrar al gobierno 34.000 millones de pesos entre enero y agosto. Esto, sumado a la falta de voluntad del gobierno de proponer un nuevo índice de movilidad permiten dilucidar la verdadera razón para suspender -y mantener la suspensión- del artículo 32 de la Ley 24.241”, concluyó Cacace.

Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Hugo Romero, Sebastián Garcia de Luca, Ximena Garcia, Claudia Najul, Lorena Matzen, Soledad Carrizo, Luis Pastori, Adriana Ruarte, Mario Arce, Juan Martin, Dina Rezinovsky, Sebastian Salvador, Gonzalo del Cerro, Luis Petri, Gabriela Burgos, Federico Zamarbide, Brenda Austin, Ignacio Torres, Silvia Lospennato, Carlos Fernandez, Martin Maquieyra, Gerardo Cipollini, Hernán Berisso, Albord Cantard, Estela Regidor, Héctor Stefani, Alicia Terada, Martin Medina, Camila Crescimbeni, Jose Riccardo, Graciela Ocaña, Jimena Latorre, Dolores Martinez, Carla Carrizo, Pablo Torello, Humberto Schiavoni, Federico Frigerio, Luciano Laspina, Virginia Morales Gorleri, Josefina Mendoza, Eduardo Cáceres, Diego Mestre y Lidia Ascarate.

Luego de que por Decreto de Necesidad y Urgencia el Poder Ejecutivo prorrogara hasta fin de año, la posibilidad de fijar por decreto los aumentos jubilatorios legisladores de la oposición salieron a criticar la medida.

El presidente del bloque Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, alertó que con el DNU N° 542/20 “le siguen metiendo la mano en el bolsillo a nuestros jubilados. Que construyan el ‘relato’ o lo vendan como quieran, pero llamemos las cosas por su nombre: esto es un nuevo escandaloso ajuste y robo a nuestros adultos mayores”.

“Al sector más vulnerable al virus es al que le están recortando el sustento, es directamente cruel y abandónico”, agregó Ferraro, que concluyó exigiendo que se aplique “la fórmula de movilidad jubilatoria votada por el congreso de la nación en 2017. Pasaron meses y solo convocaron una sola vez a la comisión que debía analizar una nueva fórmula”.

Por su parte, el diputado radical Luis Petri considera que con el decreto 542 se oficializa “un despojo por 180 días más a los jubilados argentinos, a esos jubilados que en la campaña les decían que les iban a aumentar con las Leliqs ahora les congelan por todo un año su haber en nombre de la progresía”.

Su correligionario chubutense Gustavo Menna afirmó que con esta medida “les siguen metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Esta vez por decretazo”, al tiempo que Mónica Frade tuiteó: “Prorrogan el hambre de nuestros jubilados. Por DNU 540/20 el Ejecutivo prorrogo la facultad de decidir aumentos por decreto. Te cuidan, pero no te dan los aumentos que tendrían que estar cobrando según la fórmula que apededrearon los ‘sensibles’ militantes K y zurdos de salón”.

También desde la izquierda surgieron los duros cuestionamientos. El diputado nacional Nicolás del Caño sostuvo que “la prórroga de la suspensión de la movilidad a través de un nuevo DNU es para seguir ajustando a las jubiladas y jubilados. Al desastre de Macri hay que sumar un mayor deterioro de los ingresos de los adultos mayores que son la principal población de riesgo frente al Covid”.

A su vez, el legislador porteño Gabriel Solano consideró que “extender la suspensión de la movilidad por decreto es un atropello desde todos los puntos de vista. El más importante es a los jubilados, que debían cobrar en junio 9.8% y recibirán solo el 6.1%. Mientras tanto la ANSeS sigue siendo usada para financiar gastos de todo tipo”.

También criticó la senadora Silvia Elías de Pérez: “Se trata de otro golpe artero contra los miles de jubilados y pensionados a los que se les mete la mano en el bolsillo. El presidente Alberto Fernández se siente muy cómodo en la excepción permanente y pretende seguir gestionando el Estado con su voluntad como único contrapeso”.

“Los jubilados pierden por partida doble. Por un lado, porque la decisión del gobierno los priva de la certeza de tener una actualización previsible y razonable en determinado lapso de tiempo, dejando librado al aumento a la voluntad del presidente. Por el otro, porque las subas que ya se han otorgado por decreto las han generado pérdidas en sus haberes de entre 540 y 14 mil pesos mensuales”, manifestó la senadora radical, quien recordó que quienes hoy integran el Gobierno destrozaron la plaza del Congreso cuando la gestión de Cambiemos impulsó cambios en el régimen de Movilidad Jubilatoria. “Entonces, dijeron que a los jubilados no había que tocarlos. Hoy, les saquean sus bolsillos sin ninguna explicación y dejando de lado un sistema de actualización que claramente es mucho más ventajoso. Vamos a plantear en el Senado la derogación de ese decreto y que se aplique la ley tal y como fue aprobada”, concluyó.

“Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541. Durante este período el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”, expresa el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial este jueves.

El DNU 542/20 prorroga entonces la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria, con lo cual los aumentos previsionales los determinará el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020,  con el fin de “preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.

También se prorroga hasta esa misma fecha la comisión bicameral encargada de elaborar una nueva fórmula.

El pasado 4 de junio, el Gobierno había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con ese mismo objetivo, aunque ante la imposibilidad de sancionarlo antes del 30 de junio -fecha en que vence el plazo de la bicameral- apelaron al recurso del DNU.

Ante el retraso de la comisión y las dificultades para elaborar una fórmula por las consecuencias de la pandemia, que alteraron todas las variables económicas, desde esa misma bicameral se había recomendado al Ejecutivo de ampliar el plazo hasta fin de año para seguir fijando la movilidad jubilatoria por decreto. Una medida que había despertado el rechazo de Juntos por el Cambio, que hasta llegó a impulsar un proyecto para derogar ese artículo en la Ley de Emergencia Económica.

Durante su cuarta reunión -remota-, la comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria programó la invitación a organismos y especialistas en seguridad social de nivel nacional e internacional.

La ronda de expositores comenzará el próximo lunes 15 con la presentación de técnicos de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El presidente de la comisión, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), recordó que el plazo para redactar la propuesta vencía el 20 de junio, pero el presidente Alberto Fernández “presentó un proyecto de ley para prorrogar la emergencia y el funcionamiento de la comisión hasta fin de año”.

Tras el encuentro, el legislador agradeció al doctor Daniel Elías, profesional experto en seguridad social, quien se sumó a su equipo como asesor ad honorem, “siguiendo con sus funciones como presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, con autorización del gobernador Gustavo Bordet”, aseguró.