El DNU 636/20, que anuló la polémica medida, iba a ser convalidado en la sesión de este jueves, pero la sorpresiva muerte del CEO de la empresa hizo posponer el tratamiento.
El Senado pospuso el tratamiento del DNU que anuló la intervención de Vicentin a raíz de la inesperada muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli, este miércoles por la noche, a raíz de un infarto que padeció en su domicilio, en la ciudad santafesina de Reconquista.
La Cámara alta se disponía a tratar en la sesión de este jueves el DNU 636/20, por el cual del Poder Ejecutivo derogó otro DNU, el 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa cerealera.
Sin embargo, la sorpresiva muerte del empresario, a los 59 años, hizo postergar el debate sobre el tema, que prometía una fuerte discusión entre oposición y oficialismo.
El DNU que el Frente de Todos se aprestaba a convalidar cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría.
El proyecto fue sancionado en el Senado por unanimidad. Los gastos se ampliarán en casi 1,9 billones de pesos. La oposición acompañó en general pero criticó aspectos puntuales.
La ampliación presupuestaria por casi 1,9 billones de pesos para afrontar gastos de la emergencia sanitaria fue convertida en ley este jueves en el Senado por 67 votos afirmativos y solo uno negativo, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).
Fue tras un debate donde la oposición cuestionó dos aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el monto destinado a universidades y la posibilidad de dolarizar deuda en pesos. Con esas objeciones, Juntos por el Cambio rechazó tres artículos, el 7, 8 y 17.
La flamante ley amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI.
Del total de gastos, el 80% corresponde a prestaciones de la seguridad social; subsidios energéticos y de transporte; los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
En el caso del IFE y el ATP, medidas implementadas por el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia, se destinarán 90.000 y 80.000 millones de pesos, respectivamente.
Desde Juntos por el Cambio, Martín Lousteau advirtió que el artículo que habilita la dolarización de la deuda en pesos “va a permitir que fondos que invirtieron en Argentina en pesos, tratando de aprovechar las tasas de interés o la estabilidad, o supuesta estabilidad del tipo de cambio, accedan de manera privilegiada a bonos en dólares”.
“Le vamos a permitir a los fondos Templeton y PIMCO canjear al tipo de cambio oficial, una gran diferencia varios millones de dólares van a hacer estos fondos gracias a esta cláusula y naturalmente esto puede ser parte de la renegociación de la deuda”, explicó el senador de UCR-Evolución.
En respuesta, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aclaró que se trata “simplemente de una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda. En estas circunstancias se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda pública en pesos, propiciando la salida ordenada de estos inversores externos con comportamientos disruptivos”.
A su vez, el oficialista Oscar Parrilli explicó que “los 1.500 millones de dólares que se pasan de pesos a dólares son el remanente de más de 12.000 millones de dólares que ingresaron en su momento producto del arreglo con los holdouts y la lluvia de inversiones, que en realidad eran inversiones puramente especulativas, que venían en pesos, tenían un alto rendimiento de interés en pesos, se transformaban en dólares y luego se llevaban rentabilidad en dólar excedente, producto de una política equivocada del anterior gobierno de la liberalización total y la ausencia de controles de capitales”.
En cuanto a las universidades, Lousteau cuestionó que recibirán con la ampliación presupuestaria 197.000 millones de pesos, “esto es, 17.500 millones de pesos menos en funcionamiento que lo que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en agosto del año pasado con el gobierno anterior”.
“Insisto: están 17.500 millones de pesos abajo de lo que pedía el año pasado, mientras le damos miles de millones de pesos a Templeton y PIMCO. Esto es muy importante cuando tenemos hospitales y laboratorios universitarios en la lucha con el Covid”, alertó el senador.
Caserio le respondió que “el incremento a las universidades supera el 35%, superior a la inflación, cosa que creo que en el gobierno de Mauricio Macri nunca se hizo, y lo estamos haciendo en un momento de emergencia. No hay que olvidarse que el Presupuesto para el año que viene va a venir el 15 de septiembre, y superada la crisis que nos dejaron y la crisis de la pandemia, seguramente vamos a encaminarnos hacia un Presupuesto más ordenado”.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, retomó el tema al cierre del debate y apuntó al Presupuesto 2019, que fue sancionado durante la gestión anterior y es el que rige actualmente y que se amplía con esta ley.
Mayans recordó que en ese Presupuesto se preveía “una inflación del 23%” que “terminó en un 57%”, por lo que “hubo un error muy grueso de cálculo”, y a su vez se proyectaba un crecimiento del 2,8% del PBI y “cayó brutalmente”, y finalmente se calculaba un dólar a 40 pesos, algo que “se cayó a pedazos”.
“En un Presupuesto que tiene este tipo de diferencias, esto es algo que hace increíble a un equipo económico y hace imposible la creación de cualquier programa económico”, consideró el formoseño, y señaló que ahora “es muy importante salvar la situación del año 2020 y luego ver la forma de conseguir achicar el déficit que tenemos”.
Según el senador, “hay que determinar cuánto se va a destinar para el Presupuesto de la deuda. El trabajo es llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible y resuelto esto buscar la forma de equilibrar las cuentas del sector público”.
Entre otros aspectos destacados de la ampliación presupuestaria, se incorporaron 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos para la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones al Ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia, entre otras partidas.
Por impulso del misionero Maurice Closs, la Cámara alta aprobó sobre tablas un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.507. A las provincias originalmente alcanzadas se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves por unanimidad un proyecto de ley para prorrogar por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola.
Por impulso del misionero Maurice Closs (Frente de Todos), la iniciativa fue avalada sobre tablas, ya que había recibido dictamen favorable el último lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto extiende el plazo -vencido en mayo pasado- de la Ley 27.507, que declaró la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, a las que ahora se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
Otra modificación a la ley original es que se faculta al Poder Ejecutivo a extender el alcance geográfico previsto. “El listado no se cierra a las provincias que determinamos en el proyecto”, aclaró Closs.
El senador explicó que “en base a las realidades”, el Ejecutivo podrá “establecer instrumentos y regímenes especiales de prórroga en el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social, y planes de pago específicos”.
“El sector se caracteriza por ser muy dinámico, por haber atravesado un tiempo muy duro, especialmente las mandarinas y naranjas, en 2018 y 2019. Venía levantando este año, pero la pandemia complicó no solo el consumo interno de frutas y jugos, sino también la exportación”, advirtió.
Además, Closs destacó que la actividad es “absolutamente demandante de puestos de trabajo” por la complejidad de la cosecha.
Desde Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich celebró la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la emergencia.
En el caso de Tucumán, fue incluida en el transcurso de la sesión a raíz de un reclamo de las senadoras de esa provincia Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos).
La radical recordó que en la ley original no se incorporó a la provincia porque a diferencia del resto estaba “libre” del virus HLV, pero advirtió que la realidad ahora es diferente por distintas dificultades en la producción de limones.
“Es de justicia que Tucumán esté incorporada, porque nuestros productores tienen la misma emergencia que en el resto de las provincias argentinas”, aseguró Elías de Pérez.
Por último, se sumó al proyecto la provincia de Catamarca, a pedido del oficialista Dalmacio Mera.
Entre los proyectos avalados se encuentra el Acuerdo de Escazú sobre el cuidado del medioambiente y una declaración de beneplácito por la producción de la vacuna contra el Covid-19 en Argentina.
El Senado aprobó este jueves dos transferencias de inmuebles, tres acuerdos internacionales de distinta índole y una serie de proyectos de declaración de beneplácito y preocupación sobre diversos temas.
Entre los acuerdos, que recibieron unanimidad, se destacó el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Costa Rica.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, destacó que este acuerdo “es un gran paso en el cuidado de la ‘casa común’”, en palabras del papa Francisco, quien sostuvo en su Encíclica Laudato Si que “para salvar la casa común necesitamos una revolución de abajo hacia arriba”.
“Este es un compromiso de defensa del ambiente puesto en aquellos que más lo defienden, que son los pueblos mismos y sobre todo los jóvenes, que han despertado una conciencia clara de la importancia del daño que está sufriendo la tierra y de un sistema de explotación y actividad productiva que nos está condenando a un futuro incierto”, explicó Taiana.
El senador del Frente de Todos resaltó que “este acuerdo nos pone como sociedad, de nuevo, en la vanguardia”, y “se basa en el concepto de que solo la información y la participación de la sociedad van a permitir salvar el medioambiente”.
La Cámara alta también aprobó un acuerdo suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina, y un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel.
Por otra parte, se avaló la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se dio luz verde a la transferencia de un inmueble de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, a la Universidad Nacional de esa ciudad, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
En la sesión también se aprobó un proyecto presentado por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que declara beneplácito por el anuncio realizado este miércoles acerca de la producción, en la Argentina, de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.
También se aprobaron beneplácitos por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura; por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; y por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Por otra parte, el Senado avaló una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
Se aprobaron además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos aprobados consiste en una adhesión al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, recibió aval un beneplácito a la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
La iniciativa que avanzó en el Senado por unanimidad establece medidas económicas, fiscales y de promoción al sector. Incógnita en Diputados.
El Senado aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia del Covid-19.
El proyecto fue girado ahora a la Cámara de Diputados y se abre un interrogante, ya que allí se tramita en comisiones una propuesta de ley diferente sobre el mismo tema.
La iniciativa avalada en la Cámara alta busca asistir al turismo interno en todas sus modalidades con distintos beneficios fiscales, líneas de crédito y medidas de promoción por el plazo de 180 días prorrogables.
El proyecto fue impulsado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos), quien explicó que desde el comienzo de la pandemia se buscó trabajar en una ley que beneficie tanto a empresarios como a trabajadores y consumidores. “Celebro que la política pueda dar respuesta a la importancia del turismo para la actividad económica”, destacó.
Ianni expresó que en algunas localidades “el 90% de la actividad e ingresos tiene que ver con la actividad turística”. “Sabemos que va a ser un camino lento, pero si lo hacemos juntos va a ser más efectivo”, aseguró, y agregó que con esta ley “el día después (de la pandemia) es posible”.
La presidenta de la Comisión de Turismo, Silvia Giacoppo (UCR) señaló que “el Covid-19 echó por tierra todas las expectativas para la industria del turismo. Han pasado años para que podamos posicionar el turismo, pero un virus invisible nos alcanzó para llevarse todo el esfuerzo que veníamos haciendo los argentinos hace años”.
“Llegamos a un único texto por consenso. Cuando nos convoca una causa común nos podemos unir y ser capaces de compatibilizar todas nuestras ideas. Hemos depuesto los personalismos para enfocarnos en el objetivo, la defensa de la industria del turismo”, resaltó Giacoppo, de la provincia de Jujuy.
Carlos Caserio, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también valoró el consenso y el acompañamiento de la oposición, al considerar que “eso muestra que la necesidades que tiene el sector la estamos viviendo todos”, ya que “el turismo es una de las actividades más federales que tenemos”.
El cordobés dijo que “el sector es uno de los que más golpeados está y le va a costar mucho recuperarse, por eso es importante esta ley, porque promueve beneficios importantes y permite a las empresas llegar al momento de la reactivación económica”.
Una intervención destacada fue la de la rionegrina Silvina García Larraburu, oriunda de Bariloche, quien compartió imágenes tomadas por ella misma en su celular, con el Centro Cívico y las principales calles de la ciudad completamente vacías.
“Hay imágenes que valen más que mil palabras. En este momento en Bariloche deberíamos estar con nuestro centro de esquí pleno de turismo brasilero e internacional”, lamentó García Larraburu, y mientras mostraba el video aportó cifras sobre la crisis que atraviesa la ciudad.
La legisladora enumeró los establecimientos cerrados: 723 alojamientos cerrados, que comprenden 5.600 trabajadores; 348 restaurantes, con 1.800 empleados gastronómicos; más de 120 agencias de turismo; más de 21 chocolaterías, con 1.600 trabajadores; más de un centenar de cervecerías; más de 175 transportistas; más de 185 escuelas de esquí; y más de 160 camarógrafos y fotógrafos que hoy subsisten gracias a la ayuda estatal.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió en que “el sector turístico estaba esperando esto, aunque sabemos que es sólo un paliativo”, y sostuvo que es de vital importancia para provincias como la suya, Córdoba, que se reabra el transporte.
“Somos el único país de América Latina y del mundo en el que no funciona el transporte aéreo, el terrestre ni los trenes interprovinciales. Es esencial tener una fecha de apertura”, planteó.
A pesar de que una jueza ordenó a la Cámara alta que se abstenga que tratar los traslados, y que en esa línea Juntos por el Cambio reclamó no dar ingreso a esos mensajes, el oficialismo cumplió con el paso formal.
Por Carolina Ramos
Tras un debate acalorado, el Senado dio ingreso en la sesión de este jueves a los pedidos de acuerdo para los traslados supuestamente irregulares de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El interbloque de Juntos por el Cambio reclamó no darle estado parlamentario a los mensajes 58 y 60 enviados por el Poder Ejecutivo, en función de un exhorto de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti para que el Senado se abstenga de revisar esos traslados, que son cuestionados por el oficialismo.
En efecto, horas antes de la sesión, Biotti envió a la Cámara alta una notificación electrónica ordenando suspender el tratamiento de los pedidos de acuerdo, y en esa línea, Luis Naidenoff pidió que “se retiren y no se traten” en la Comisión de Acuerdos.
El jefe de la bancada opositora señaló que según el artículo 22 del reglamento del Senado, los pliegos ingresan formalmente con solo darles lectura en la sesión, y “a partir de su entrada se dispara todo el proceso de tramitación de impugnaciones”.
“Independientemente de que un fallo pueda o no gustar, los fallos se cumplen. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un magistrado, existen recursos concretos para revertir la decisión de un juez o una cautelar, pero no podemos realizar un desacato”, advirtió Naidenoff.
Por eso, consideró que “mientras esta cautelar se encuentre firme, el Senado no tiene competencia para tratar este pedido de traslado, porque los decretos de designación del Poder Ejecutivo se encuentran firmes”.
Sin embargo, el titular del bloque oficialista, José Mayans, aclaró que se estaba “dando ingreso al Parlamento” y no “tratando el tema”, ya que “la Comisión de Acuerdos le va a dar el tratamiento correspondiente”.
El senador calificó la orden judicial como “un atropello a las funciones del Parlamento”. “Yo no le puedo decir al presidente que no envíe tal o cual pliego y nadie nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer como parlamentarios”, enfatizó, e insistió en que a partir de ahora “puede haber impugnaciones y puede decidirse el tratamiento o no de ese pliego”.
A su vez, Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, explicó que “la lectura se realiza para todos y cada uno de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo”.
“Acá entra a jugar un principio fundamental que sabiamente la Constitución ha puesto: la publicidad de los actos de gobierno, y el derecho de toda la ciudadanía a realizar observaciones” para que el Senado preste o no su acuerdo, sostuvo.
Fernández Sagasti fue más allá y denunció un “oportunismo lamentable de la oposición para impedir que se le dé lectura a pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”, y en el mismo sentido, Oscar Parrilli afirmó que “tratar de que no entren los pliegos es como decirle al sol que no salga”.
Una vez que los mensajes recibieron ingreso, tras la lectura del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, la radical Silvia Elías de Pérez le respondió a Fernández Sagasti: “No somos ni oportunistas ni necios. No estamos dispuestos a que el Senado incumpla una orden judicial”.
El primero en referirse al tema fue Mario Pais (Frente de Todos), quien al inicio de la sesión salió al cruce de la orden de la juez Biotti y más tarde subrayó: “No tenemos ni que recurrirla: tenemos que desconocerla”.
El legislador advirtió sobre “la gravedad institucional” de esta decisión, que calificó como “arbitraria”.
El chubutense consideró que “como medida cautelar, impedir que funcione el Senado en ejercicio de sus funciones” respecto de “analizar los acuerdos a magistrados y funcionarios” constituye “un alzamiento a la Constitución y una violación de la soberanía popular de los legisladores”.
“Esta jueza incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”, denunció Pais, y agregó que existen “vastos precedentes a nivel jurisprudencial” sobre la competencia del Senado.
Fue cuando el senador del Pro quiso contestar una acusación de José Mayans. “Impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional del Senado”, denunció.
El senador Esteban Bullrich (Pro) arremetió este jueves contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por haberle cortado el micrófono en la última sesión virtual de la Cámara alta, cuando intentaba responder a una acusación del jefe del bloque oficialista, José Mayans.
“Impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional del Senado. No es la primera vez que sucede, lamentablemente. Y no es a mi a quien se silencia, sino a esos ciudadanos que a través mio tienen una voz en este Senado”, planteó Bullrich al presentar una cuestión de privilegio contra Cristina.
El legislador continuó: “No lo hago con espíritu de la confrontación. Estoy convencido de que las cosas que nos unen son más profundas que las que nos separan y nos dividen. Pero no compartimos siempre los métodos y las formas”.
“No soy un seguidor del ‘vamos por todo’, creo más bien en el ‘ir con todos’, porque de esa manera vamos a sancionar las mejores leyes”, dijo, y sostuvo que el formato de sesiones virtuales “debe ser una solución que mejore el funcionamiento (del Senado) y debe ser utilizada con mucha responsabilidad”.
Sin embargo, advirtió que la vicepresidenta “con simplemente un botón puede excluir o silenciar al que le incomoda, y expulsar es siempre más fácil que escuchar, excluir es más fácil que incluir, y silenciar es más fácil que respetar”.
“Usted ganó una elección, pero ganar la elección es una oportunidad de tener poder, y no de tener razón”, enfatizó Bullrich, y agregó que “ese poder debe usarse con mucha responsabilidad”.
Al finalizar la intervención, Mayans pidió la palabra y recordó que en el marco de las sesiones remotas hay “un acuerdo de funcionamiento donde cada bloque tiene asignado un tiempo para el uso de la palabra”.
“La regla básica es se conforma una lista de oradores y cuando termina vienen los cierres a cargo de los presidentes de bloque. Cuando cierra el debate, allí concluye el debate”, recordó.
El formoseño aclaró que lo que dijo en la sesión pasada fue que “el Congreso se negó a tratar el tema del acuerdo con el FMI, que no pasó por el Parlamento”, y Bullrich, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “no lo puso a consideración”.
“No tienen por qué ofenderse, porque fue algo de la realidad”, subrayó Mayans, y se quejó: “Decir que se le niega a alguien el uso de la palabra después de seis horas de debate… No puede hacer uso de la palabra para abrir un nuevo debate”.
Esteban Bullrich: Le agradezco, presidenta. Pedí la palabra porque fui mencionado específicamente por el presidente de la bancada oficialista acusándome de que como presidente de la Comisión de Presupuesto no tuve diálogo, que no era republicano. Un montón de acusaciones que caen en estas diatribas a las que nos tiene acostumbrado, lamentablemente, el presidente de la bancada oficialista, que hace que algunos senadores oficialistas se rían. No sé de qué se ríen, francamente; no sé de qué se ríen. Entre las barbaridades que se dijeron, dijo que la pobreza era culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ah, mirá…
Cristina Kirchner: Perdón, perdón…
Esteban Bullrich: Esta…
Cristina Kirchner: Córtenle la palabra. Usted tiene derecho, si ha sido mencionado, pero en los términos, justamente, en los que ha sido mencionado, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador. Lo que dijo el senador Mayans respecto de las políticas del anterior gobierno no forma parte de su involucramiento como mención de senador. Así que su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue usted –no las políticas de su gobierno– aludido. ¿Entiende? Bien.
Esteban Bullrich: Presidenta: fui yo, personalmente, como presidente de la Comisión de Presupuesto, como ministro de Educación, firmando un acuerdo, después de dos meses de haber asumido, con las 24 provincias…
Cristina Kirchner: Córtenle el micrófono. No está haciendo uso del derecho que le corresponde por haber sido aludido. No fue aludido como ministro de Educación, ni por las políticas de Macri, ni nada. Fue aludido usted… Sobre ese tema… Parece que no lo entiende, así que vamos a dar la palabra al senador Caserio, que va a hacer una modificación en el sentido de lo que había propuesto el senador Lousteau.
Carlos Caserio: Gracias, señora presidenta.
Esteban Bullrich: No me está dando el uso de la palabra, presidenta.
Cristina Kirchner: Le repito: refiérase a lo que fue aludido usted, por favor. Gracias.
Esteban Bullrich: Presidenta: el senador Mayans dijo que cuando estuvimos en el gobierno, y yo estuve en el gobierno… (Se interrumpe la transmisión) Entonces, quiero ratificar que la pobreza en la Argentina y los problemas que tenemos son por la falta de diálogo y por las mediocres leyes que estamos sacando.
Cristina Kirchner: ¿Algo más, senador Bullrich? Tiene la palabra el senador Caserio.
La Cámara alta también trata tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesiona desde las 14.30 en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
En primer lugar, se votarán, en la jornada de este jueves las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la sesión será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
La Cámara alta también tratará tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesionará este jueves nuevamente en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
La sesión comenzará a las 14 y en primer lugar se dará ingreso formal a pedidos de acuerdos, tras lo cual se votarán las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la jornada será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
La iniciativa es de Carla Carrizo y recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Apunta a concientizar sobre este trastorno del desarrollo.
Antes de finalizar la extensa sesión que comenzó este viernes y culminó el sábado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado por unanimidad (249 votos afirmativos) un proyecto de Carla Carrizo (UCR-Evolución) para declarar al mes de mayo de cada año como el “Mes del Síndrome de Williams”, una enfermedad genética poco común caracterizada por un trastorno en el desarrollo.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional “propiciará el desarrollo de actividades de concientización, detección precoz y programas tendientes a difundir las particularidades del Síndrome de Williams en la sociedad en general y en las comunidades científicas, educativas, culturales y laborales con el fin de mitigar la profunda desventaja social de las personas que lo poseen, y colaborar para lograr su máximo potencial, facilitar su integración social y mejorar su calidad de vida”.
El proyecto que permite regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras a todos los contribuyentes recibió 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones. El interbloque de Negri denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López. El debate pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Tras un debate atravesado por acusaciones de la oposición sobre una supuesta “amnistía” a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, que alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19 recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El proyecto, que ahora fue girado al Senado, permitirá regularizar con la AFIP una deuda total de 534.000 millones de pesos, con planes de pago de hasta 60 o 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
Si bien todos los bloques de la oposición coincidieron en que “nunca una moratoria estuvo tan justificada” como en el actual contexto, buena parte de la discusión se centró en el artículo 11, que permite adherir al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.
Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de López y De Souza, empresarios ligados a la familia Kirchner, mientras que desde el bloque “lavagnista”, Jorge Sarghini coincidió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
El cierre del debate, cerca de las 23, estuvo a cargo de un encendido Máximo Kirchner, quien le respondió a quienes denunciaron un “plan de impunidad” al recordar que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por escuchas ilegales y luego fue sobreseído, y ahora se investiga espionaje ilícito durante su gestión.
El jefe del bloque del Frente de Todos también apuntó al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios y la deuda del Correo Argentino. Y tuvo un párrafo aparte para el viaje de Macri a Francia: ironizó que “tiene todo el derecho de viajar por el mundo con su familia” y que “está haciendo lo que le gusta: turismo”, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner “viajaba (a Cuba) porque tenía a su hija enferma”.
El proyecto aprobado amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, incluyendo a todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
La futura ley permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 -el proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió-. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores. “Los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que, creemos, es de estricta justicia”, admitió al respecto el radical Luis Pastori.
En nombre de Juntos por el Cambio, Pastori reconoció que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios y pago de sueldos”.
Sin embargo, definió el artículo 11 como “la cláusula Cristóbal López” y advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares” en lo inmediato. “Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es”, sugirió.
En la misma línea, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que Cristóbal “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador” de Santa Cruz y recordó los nexos entre ambos, investigados en distintas causas judiciales.
Otro diputado que levantó críticas fue Sarghini (Consenso Federal), quien recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó.
Desde el oficialismo, el santacruceño Pablo González aclaró que “esta ley no tiene nombre propio”. “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”, aseguró.
Su par Darío Martínez también consideró que “es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, y ejemplificó: “Sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Martínez destacó que “esta ley le calza a todo el entramado socioeconómico que se vio perjudicado en los últimos cuatro años y ahora vio agravada su situación por la pandemia. Es una herramienta que va a servir para proteger el empleo y la producción”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá advirtió que la moratoria “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas” y “es una orientación de subsidios al capital, con recursos que no se están colocando en un reforzamiento del sistema de salud y en sostener a los que no tienen ingresos”.
“Ustedes dijeron que no tenían plan económico, no lo dijimos nosotros”, reprochó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio. Acompañó al Gobierno en la negociación de la deuda.
El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió al cierre de la sesión informativa de este jueves que el presidente Alberto Fernández se negó a “pensar la post-pandemia” y que además reconoció la inexistencia de un plan económico.
“Le pedimos al presidente que convoque a pensar la post-pandemia y no quiso hacerlo. En la última reunión nos dijo que tenía un plan, pero no lo comunicó”, cuestionó Negri durante la presentación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El cordobés recordó que al inicio de la pandemia, Juntos por el Cambio acompañó a Fernández “como correspondía”.
“Me duele que quieran hablar del pasado, que es infinito. El pasado se terminó, me interesa hablar del presente y el futuro que nos compromete a todos”, planteó.
En tanto, le reclamó “ejemplaridad” al Gobierno y sostuvo que ese “es el mejor antídoto contra el odio” del que habló Cafiero en su discurso.
“No es una carrera por decir quién insulta, pero si tenés dirigentes sociales o gremiales que piden que se fusile a un expresidente en Plaza de Mayo, ¿no sería bueno que el actual presidente diga que no es ese el camino? ¿O acaso está bien que el jefe de Gabinete diga que si gobernaba el presidente anterior habría un genocidio por la administración de la pandemia?”, se preguntó.
Por otra parte, expresó: “Esperemos que se resuelva el tema de la deuda. Cada uno debe asumir su pedazo de responsabilidad. El 40% son bonos en reestructuración de 2005 y 2010, no vienen de (el gobierno de Mauricio) Macri”.
Negri alertó que como consecuencia de la pandemia, la economía caerá “dos dígitos” este año, produciendo “un salto de 16 años hacia atrás”, y además “se perderán el 10% de las pymes y un millón de empleos, la pobreza trepará al 50% y uno de cada dos argentinos será pobre”.
“Ustedes dijeron que no tenían plan económico, no lo dijimos nosotros. Cruzamos los dedos para que el Gobierno arregle la deuda”, insistió.
Por último, reclamó que “las instituciones funcionen con normalidad”. “Que no tenga que venir un jefe de Gabinete joven a llevarse el 100% de las partidas del Presupuesto. Dejen que los controlemos. Nunca ningún funcionario convocado por la Justicia puede tomar el Estado para defenderse, agarrar el Estado como herramienta para salvarse de los requerimientos de la Justicia”, concluyó.
La Cámara baja sesionará desde las 15. La ampliación presupuestaria, que ya cuenta con dictamen, quedó para la semana que viene.
Por primera vez en mucho tiempo, la Cámara de Diputados sesionará un viernes. Será para aprobar dos proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19: la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, y una reforma al proceso de concursos y quiebras.
La sesión virtual fue convocada para las 15 y quedó afuera del temario el proyecto de ampliación presupuestaria, que a pesar de haber conseguido dictamen favorable se tratará la semana próxima en una nueva sesión.
El proyecto de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
La iniciativa establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el mes de octubre y los primeros pagos serán a mediados de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto el dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará en la sesión la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020. El tema se discutirá previamente, a las 11, en la Comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde la aspiración es lograr una redacción unificada entre múltiples proyectos.
Al responder a Juntos por el Cambio, defendió el proyecto enviado este jueves al Congreso y apuntó al macrismo por el blanqueo de capitales. También habló sobre la Oficina Anticorrupción.
Al responder distintas preguntas del interbloque Juntos por el Cambio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la reforma judicial y negó que la moratoria sea “un traje a medida” de OIL Combustibles, a la vez que habló de la crisis en Venezuela y del rol de la Oficina Anticorrupción.
En primer lugar, Cafiero le contestó a Jorge Enriquez (Pro), quien se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial.
“La reforma procesal penal la frenó el macrismo en 2015 y se fue sin hacerla”, retrucó Cafiero, y aseguró que la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado “apunta a acercar y hacer más accesible la Justicia a los ciudadanos que así lo reclaman”, a través de un nuevo fuero federal penal.
Por otra parte, el funcionario respondió a un interrogante de Graciela Ocaña (Confianza Pública) sobre la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), presidida por Félix Crous, de retirarse de la querella en causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Cafiero sostuvo que la OA “no debió ser querellante” porque “el Ministerio Público Fiscal ya era querellante”, lo que derivaba en una “sobre-representación”.
Además, informó que en la anterior gestión, la OA, entonces encabezada por Laura Alonso, “desistió de 44 querellas”, y observó que este organismo “debería cumplir un rol preventivo de transparencia que no se cumplió”.
Por el contrario, destacó que este gobierno le otorgó “mayores herramientas de autonomía”. “No tuvimos que cambiar la normativa para poder designar a Félix Crous, un fiscal probo con un currículum que no necesita nuestra defensa”.
El jefe de Gabinete cargó nuevamente contra Alonso: “En esos lugares no tiene que ir alguien que esté enamorado del presidente, sino alguien que haga bien su tarea”.
En otro orden, se refirió a la moratoria universal y a la advertencia de Juntos por el Cambio acerca de que es “un traje a medida” de OIL Combustibles, la empresa en quiebra de Cristóbal López y Fabián De Souza.
“Me suena mucho más un traje a medida cuando se votó en este Congreso una ley de blanqueo de capitales con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo presidente lo modificó con decreto. Ahí la institucionalidad parece que falló”, redobló la apuesta Cafiero.
Respecto de otra cuestión planteada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) sobre la posibilidad de presentar declaraciones juradas de intereses y el presunto vínculo del presidente Alberto Fernández con el Grupo Indalo, señaló que “hoy todos los funcionarios presentan su declaración jurada”.
“La verdad es que el gobierno anterior estuvo plagado de conflictos de intereses”, recordó.
Por último, sobre la situación de Venezuela, opinó que “el camino apropiado para salir de la crisis está en manos de los propios venezolanos, que este año tienen elecciones y no necesitan que desde acá les digamos lo que tienen que hacer”.
Cafiero dijo esperar que las elecciones sean “independientes” y “se desarrollen con total paz”. “Nadie está ajeno a la crisis en Venezuela, pero que nos arroguemos nosotros la potestad de definir el destino de los venezolanos es una arrogancia que no nos corresponde”, repitió.
Finalmente, sentenció que “Argentina no va a promover ningún golpe de Estado ni a reconocer gobiernos auto-asignados”.
“El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”, lazó Omar De Marchi. Jorge Enriquez y Pablo Tonelli rechazaron la reforma judicial, y Alfredo Cornejo denunció discriminación a Mendoza.
Los diputados de Juntos por el Cambio no ahorraron críticas al Gobierno durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Representantes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica advirtieron sobre la falta de un plan económico, rechazaron la reforma judicial y denunciaron discriminación hacia provincias no oficialistas.
El primero en hablar fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), quien arrancó con los tapones de punta contra Cafiero. “Ha tenido un mensaje lleno de odio, ¿está nervioso?”, le preguntó, y le reprochó: “Si hubiera cumplido con la Constitución, hoy sería la octava vez en venir a rendir cuentas. Es verdad, nunca les gustaron los controles, ni en doce años de gestión ni ahora”.
“Nunca tuvieron plan económico y no lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron ni lo tienen”, alertó De Marchi, y en ese sentido le preguntó al funcionario sobre las estimaciones de inflación, dólar y déficit primario para fin de este año.
El diputado habló de “tres mentiras básicas con las que ganaron las elecciones: prometieron aumentar las jubilaciones un 22% y las bajaron; iban a llenar las heladeras de los argentinos y hoy las heladeras están vacías; iban a poner a la Argentina de pie y lo que hicieron fue poner a los argentinos de rodillas”.
“Volvieron peores, llenos de odio y revancha. Se advierte en el rostro de la vicepresidenta y en el rostro desconcertado de Alberto Fernández de Kirchner”, ironizó, y remató: “El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”.
Luego fue el turno de otro mendocino, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consultó “por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% que le corresponde en cada uno de los programas de asistencia del Gobierno nacional para los gobiernos provinciales”, mientras que “provincias como Buenos Aires se llevan más del 50%”.
Desde el recinto, otro legislador que cargó contra Cafiero fue Jorge Enriquez, del Pro: “Le conozco la voz, por suerte, y pude apreciar que sus recursos literarios en sus tuits son módicos. Pensé que sus recursos oratorios eran superiores, con ese sentido que usted tiene y que tiene el kirchnerismo de una concepción alarista”.
“Ustedes inauguraron este período y al escucharlo a usted pienso en el espejo retrovisor, pienso en el odio serial. ¿Quién trajo el odio serial a la Argentina? ¿Nos vamos a remontar a 1905 con la Ley del Odio? Es bueno repasar la historia, no una concepción alarista que empieza cuando yo llego, de que el pasado no existe. No quieren discutir el pasado porque se sienten cómodos… el pasado ahí está, no se puede revertir”, dijo.
Enriquez se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial, ya que “no advirtieron que van a tener que nombrar la misma cantidad de fiscales y defensores que están nombrando con estos 46”.
A raíz de eso, el porteño consultó a Cafiero sobre el costo que tendría la ley promovida por el Ejecutivo “con infraestructura, equipamiento, remodelaciones, magistrados y empleados”. “Teléfono para el jefe de Gabinete: ¿Sabe que estamos pasando una situación terrible? Hay familias que están en la pobreza e indigencia… una pandemia que está devastándonos totalmente y pareciera que ustedes quieren darse esta fiesta, este carnaval de designar jueces, cuando la reforma judicial debería pasar por otro lado.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien asistió a la sesión de modo presencial, le preguntó a Cafiero si el Gobierno considera “oportuno, relevante y necesario” que el presidente y todos los funcionarios realicen una declaración jurada de intereses, además de la de bienes.
Recordó que Alberto Fernández “en dos oportunidades distintas declaró haber sido abogado de la empresa Repsol o YPF”, y además “dijo que asesoraba al grupo Indalo”. “Ahí hubo una confusión, o al menos no quedó claro, ¿fue a la empresa de combustibles o a otra empresa del grupo?”, interrogó.
En ese sentido, se refirió al proyecto de ley de moratoria que será tratado este viernes, donde “vamos a tener la oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Sousa”. “Queremos saber, para preservar la imagen presidencial, en qué términos asesoró a ese grupo empresario”, insistió el “lilito”.
Pablo Tonelli (Pro) volvió a la carga con el tema del “ambicioso y costoso plan de la reforma judicial”, mientras “al mismo tiempo el Gobierno genera zozobra entre los magistrados al promover la revisión de traslados” en el Consejo de la Magistratura.
El diputado consideró que “hoy en día lo que más necesita la Justicia es la designación de nuevos magistrados” para cubrir vacantes.
“Hay alrededor de 250 vacantes de un total de algo menos de 1.000, es decir, estamos por encima del 25% de los cargos vacantes, y mientras tanto los pliegos duermen en algún cajón del Ministerio de Justicia”, señaló Tonelli.
En su primer informe de gestión ante la Cámara baja, el jefe de Gabinete apuntó al discurso del odio, destacó el diálogo como “un ejercicio diario y no solo comunicacional”, y ponderó las medidas tomadas durante la pandemia.
“Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado”, destacó este jueves el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al presentarse por primera vez ante la Cámara de Diputados, en una exposición inicial de casi una hora donde apuntó contra el discurso del odio, destacó el diálogo político y ponderó las medidas tomadas durante la pandemia.
Si bien habló de una “crisis preexistente” a la del coronavirus, Cafiero no hizo demasiadas referencias a la gestión anterior, sino que se abocó a la coyuntura y buscó dejar un mensaje conciliador de cada a o que viene, aunque no formuló anuncios ni adelantó medidas concretas.
“Atravesamos un momento donde a las crisis preexistentes se suman nuevas crisis. A una economía que ya venía dañada se suma la amenaza de la pandemia, la amenaza a la vida y al trabajo”, dijo Cafiero al principio de su exposición.
Apuntó que en 2019 “el voto popular expresó un claro cambio de prioridades” y “se dio una nueva alternancia en paz”, lo cual “fue mérito de los argentinos y los dirigentes políticos”.
“Somos conscientes de que todavía falta mucho, pero el diálogo político y democrático es para nosotros un ejercicio diario y no solo comunicacional”, señaló el funcionario.
En otro pasaje de su discurso, se refirió al “discurso del odio” y lo calificó como un acto de “violencia”. “La privación del ejercicio de derechos, los prejuicios, son violencia”, insistió.
Y agregó: “Nosotros somos parte de una generación que transita años de democracia sostenida. Al odio no se lo combate con más odio; se lo combate con democracia”.
Para Cafiero, el discurso del odio “es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse, que es posible dividir provincias, que es posible incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura”.
Además, dijo que este tipo de discurso “inventa noticias falsas y contamina a una sociedad que está asustada y conmovida y que todos los días pone el hombro para salir adelante”, y a su vez “impide avanzar en transformaciones que son necesarias”.
Específicamente, cuestionó las consignas como la del “aluvión zoológico” o la referencia al cáncer, al advertir que eso “obtura la discusión política”. “No tenemos que ser indiferentes frente al odio”, pidió.
Cafiero destacó la coordinación con los gobernadores e intendentes, que “ha sido parte del éxito para generarle certezas a una sociedad que está asustada, que le reclama a la política soluciones y coherencia”.
“La pandemia ha destacado que la población, en estos casos extremos, busca respuestas en el Estado. Nadie espera que el mercado por sí mismo distribuya recursos o coordine cuidados específicos. El Estado es el que cuida en este tipo de circunstancias”, subrayó.
En esa línea, afirmó que “estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado”, en cuanto al cuidado de la salud y fortalecimiento del sistema sanitario, el cuidado de los ingresos, de la actividad económica y de los “derechos prioritarios”.
“No hicimos el aislamiento para enamorarnos; lo hicimos para cuidar la salud y salvar vidas”, reforzó, y ponderó que en 21 días se hicieron “12 hospitales modulares en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba”, a la vez que se puso en funcionamiento el Hospital René Favaloro en La Matanza.
También puso en valor el trabajo de las pymes y lo contrapuso a aquella propuesta del ahora senador nacional Esteban Bullrich respecto de “poner una cervecería artesanal” como solución a la crisis.
“Hoy podemos hablar de que nuestras pymes, cuando no son bastardeadas y cuando encuentran un Gobierno nacional que las acompaña, las ayuda y les tiende la mano a la hora de producir, lo hacen”, aseguró Cafiero.
Por otra parte, elogió la labor de científicos e investigadores argentinos, así como la participación de la Universidad Nacional de San Martín en los ensayos clínicos con suero de caballo, aprobados por la ANMAT, para tratar a pacientes de Covid-19.
En tanto, el jefe de Gabinete sostuvo que el Programa Detectar “hoy está teniendo resultados muy promisorios” y se está aplicando “sin ningún cartel de banderías políticas”.
“Los sinsabores económicos los provoca la pandemia, no la cuarentena, y esto lo podemos ver con claridad en distintos países. No entremos en una falsa dicotomía: esto es salud y economía”, enfatizó.
A continuación, hizo un repaso de las medidas económicas tomadas por el Gobierno durante la emergencia sanitaria, entre las que destacó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), “una política de escala inédita en nuestro país y en la región: casi 9 millones de argentinos son alcanzados por esta política de ingresos”.
También destacó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa cero, la moratoria que ahora se busca ampliar a todos los contribuyentes y la prórroga del programa Ahora 12 hasta fin de año, entre otras medidas.
“Aprendimos en este tiempo que nadie se salva solo y a valorar lo esencial”, expresó, y reiteró que “estamos en una crisis que se monta en una crisis anterior”, tras lo cual consideró que “tenemos que focalizarnos en el crecimiento inclusivo”.
“A todos nos gustaría estar informando sobre la marcha del gobierno en otro contexto. Pero llevamos meses de pandemia y eso todavía no pasó. No podemos dar por ganada la batalla ni mucho menos”, manifestó Cafiero.
Asimismo, afirmó que “este virus también nos enseñó que no hay soluciones mágicas” y que “la única forma de prevenir más contagios es no relajarnos”, por lo que le pidió a la dirigencia política que tenga “espíritu docente a la hora de seguir explicando” los cuidados cotidianos que hay que tener.
Hacia el final, Cafiero recibió aplausos de los oficialistas presentes en el recinto cuando aseguró que “un peronista de ley no sabe lo que es renunciar a la esperanza”, y por último, sentenció: “Venimos a hacernos cargo”.
Cafiero agradeció “el tratamiento que se le dio a las iniciativas del Poder Ejecutivo y a los trabajadores que permitieron que se pudiera reanudar la tarea legislativa en muy poco tiempo”. En ese sentido, recordó que Argentina fue “el país número 14 en ponerse en funcionamiento de forma remota”.
A su vez, resaltó que con la sesión que se desarrollará este viernes, la Cámara baja “ya ha celebrado más sesiones que todo el año pasado”, lo que vinculó a “una época donde sí se valora el diálogo político”.
También mencionó que el presidente convocó a los legisladores “en tres oportunidades” y “a agenda abierta”. “El diálogo político se ejerce, no se declama”, insistió.
Además, el funcionario se mostró “conforme” con “la participación que el Ejecutivo ha tenido en esta Cámara y en el Senado: 70 funcionarios nacionales han participado de reuniones presenciales o remotas en estos siete meses, de los cuales 25 fueron ministros”, mientras que “en todo el año pasado solo un ministro vino” a Diputados.
El jefe de Gabinete se presentará en el recinto desde las 15.30. En el documento escrito, se explayó sobre las medidas tomadas por la pandemia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remitió a Diputados las respuestas a las 1.651 preguntas enviadas por legisladores y este jueves se presentará por primera vez ante esa Cámara a partir de las 15.30 para brindar su informe de gestión conforme lo indica la Constitución Nacional.
Cafiero asistirá al recinto acompañado por su segunda, Cecilia Todesca, y los secretarios de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
La sesión informativa se desarrollará bajo el formato virtual que se viene aplicando hasta ahora, es decir, con la presencia de autoridades y un grupo reducido de diputados en el recinto, y los demás conectados en forma remota.
En el informe escrito -que consta de aproximadamente 1.700 páginas y es el segundo en número de preguntas en la historia de la Jefatura de Gabinete-, Cafiero se explayó sobre las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19.
En particular, señala que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llegó, a través de la ANSES, a casi 9 millones de personas, y que hasta el momento se dispusieron dos pagos de 10.000 pesos, representando un desembolso de casi 180.000 millones de pesos.
Del total de beneficiarios, aproximadamente el 27% por ciento corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo; un 8% a monotributistas de categorías inferiores; y un 2% a beneficiarios de otros programas sociales compatibles o trabajadoras de casas particulares.
El conjunto restante -es decir, casi dos de cada tres titulares del IFE- corresponde en consecuencia a trabajadores informales, desocupados o inactivos.
Sobre el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ministerio de Economía señaló que en abril fueron alcanzados por esta ayuda unos 234.000 empleadores y en mayo unos 223.000.
Discriminado por tipo de empresas, se trata de más de 160.000 pymes y unas 62.000 empresas grandes; y en cuanto a la cantidad de trabajadores, el ATP superó en mayo los 2,3 millones de puestos de empleo, y en junio, los 1,9 millones.
A estas políticas se suman unos 431.000 créditos otorgados a tasa cero por un monto total de 47.746 millones de pesos.
También en el marco de la pandemia, el Gobierno dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, con el fin de asistir a las provincias mediante la asignación de 60.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otros 60.000 millones para el otorgamiento de préstamos blandos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), con lo cual el paquete de asistencia asciende a 120.000 millones de pesos.
En cuanto a los recursos transferidos vía ATN, y con un criterio análogo al de la distribución de los recursos coparticipables, la Administración Nacional transfirió a las provincias 40.000 millones de pesos (66% del total), según consta en el informe.
La Cámara alta continuará con este formato durante 60 días prorrogables. La oposición consideró que se reformó el reglamento y que se requería una mayoría especial.
Al inicio de la sesión de este jueves, el Senado ratificó dos decretos firmados por la vicepresidenta Cristina Kirchner que extienden el formato virtual por 60 días prorrogables y con agenda abierta, es decir, sin acotar los temas a proyectos vinculados a la pandemia.
La Cámara alta aprobó a mano alzada el decreto 11/20, firmado por Cristina el martes, y el 12/20, suscripto al día siguiente, que incorporó modificaciones al anterior a pedido de la oposición.
Tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal rechazaron el primer decreto -que recibió 40 votos afirmativos y 29 negativos- ,al sostener que se requería mayoría especial, pero acompañaron el segundo para garantizar la votación unánime y la continuidad de las sesiones.
En nombre del oficialismo, Mario Pais sostuvo que la prórroga de este sistema “constituye un imperativo del tiempo que está transcurriendo para que el Senado pueda cumplir su rol constitucional”.
“Este mecanismo es el único que puede, en el marco de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que los senadores puedan vincularse y expresar su voluntad política en un marco de absoluta seguridad jurídica”, explicó, y aclaró que “no se está modificando el reglamento”, por lo que alcanzaba con mayoría simple.
Sin embargo, Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Federal, consideró que “el solo hecho de no constituir Cámara en la sala de sesiones ya es una modificación del reglamento” y por lo tanto requiere los dos tercios de los votos. “Lamentamos que no haya habido un diálogo previo”, se quejó.
Por Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro) reiteraron la “voluntad de buscar consensos” pero coincidieron en que el decreto 11/20 modificó el reglamento al limitar el tiempo de las sesiones -seis a ocho horas- y del uso de la palabra, entre otras cuestiones que motivaban una aprobación por mayoría calificada.
En cuanto al 12/20, decidieron acompañar la votación para “dejar zanjada la discusión reglamentaria”, y además en apoyo a la realización de reuniones de Labor Parlamentaria, que se habían abandonado y fueron incorporadas en este decreto.
Por su parte, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) acompañó al Frente de Todos y opinó que “no hay dudas de que el sistema de trabajo que eligió el Senado para sesionar ha dado buenos resultados y ha sido transparente”, al tiempo que señaló que “es el Cuerpo el que interpreta su propio reglamento”.
Al cierre del debate, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, contradijo a Romero y aseguró que hubo un “diálogo permanente” con la oposición, y por otro lado expresó “mucha satisfacción por el trabajo que está haciendo el Senado”.
“Vamos a trabajar en todas las comisiones todos los temas sin ningún tipo de restricción”, ratificó el formoseño.
En el decreto 12/20 se estableció que el formato virtual tendrá una vigencia inicial de 60 días, ya que el 11/20 no establecía una limitación temporal, sino que extendía esta modalidad “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”.
La nueva regulación se establece que “las sesiones virtuales o remotas tratarán los temas que se definirán en cada caso de acuerdo con lo establecido en el reglamento”, y no exclusivamente los relacionados a la emergencia sanitaria.
Por otra parte, Cristina concedió que las sesiones puedan durar, como máximo, ocho horas, y que los bloques cuenten con más tiempo para hacer uso de la palabra, siempre que sea “técnicamente viable”.
“Los bloques acordarán el tiempo de intervención de cada uno de los senadores, debiendo reservar media hora para las cuestiones propias de la sesión, tales como asuntos entrados, votaciones y notificación de sus resultados”, indica el decreto 12/20.
Además, el texto especifica que se convocará, cuando el reglamento lo requiera, a reuniones de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque acuerdan el contenido y el desarrollo de las sesiones.
Asimismo, se ratificó que en el recinto solo podrán estar presentes “las autoridades y el personal afectado al desarrollo de la sesión y expresamente autorizado”.
Desde que inició la pandemia, el Senado realizó seis sesiones bajo el formato remoto, con la presencia de Cristina y las restantes autoridades en el recinto, y el resto de los senadores conectados desde sus hogares, sus oficinas o desde dependencias oficiales.
La última sesión de la Cámara alta había sido hace casi un mes, el 24 de junio, cuando se aprobó la creación de una comisión bicameral sobre el caso Vicentin y la ratificación del Convenio 190 de la OIT, dos proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en Diputados.
La vicepresidenta aceptó que el sistema tenga una vigencia de 60 días prorrogables y que las sesiones puedan durar hasta ocho horas. Rechazó que los debates se acoten a la pandemia y que pueda haber más senadores presentes en el recinto.
Horas después de haber firmado el decreto que extendió las sesiones remotas en el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner aceptó tres modificaciones propuestas por la oposición, aunque rechazó que los debates se acoten a la pandemia y que pueda haber más senadores presentes en el recinto.
En un nuevo decreto, que lleva el número 12/20, se estableció que el formato virtual tendrá una vigencia de 60 días -que podrán ser prorrogables-, ya que el texto original no establecía una limitación temporal, sino que extendía esta modalidad “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”.
El interbloque Juntos por el Cambio, presidido por Luis Naidenoff, solicitó este cambio “a los fines de poder monitorear” el funcionamiento del sistema “de modo periódico”.
Por otra parte, Cristina concedió que las sesiones puedan durar, como máximo, ocho horas, y que los bloques cuenten con más tiempo para hacer uso de la palabra, siempre que sea “técnicamente viable”.
“Los bloques acordarán el tiempo de intervención de cada uno de los senadores, debiendo reservar media hora para las cuestiones propias de la sesión, tales como asuntos entrados, votaciones y notificación de sus resultados”, indica el nuevo decreto.
Por último, el texto especifica que se convocará, cuando el reglamento lo requiera, a reuniones de Labor Parlamentaria.
La vicepresidenta rechazó, por otra parte, que las sesiones virtuales se acoten a temas relacionados a la pandemia del Covid-19, como pretendía la oposición.
Asimismo, ratificó que en el recinto solo podrán estar presentes “las autoridades y el personal afectado al desarrollo de la sesión y expresamente autorizado”.
“Ha sido decisión de esta Presidencia constituir a los senadores en Cámara mediante videoconferencia, representando lo contrario un grave riesgo a la integridad de los senadores y los trabajadores que cumpliesen funciones presenciales. Es por ello que todo aumento en la cantidad de representantes en la sala de sesiones significaría un aumento en el personal afectado a la asistencia física, siendo esto un alto riesgo para la salud y la vida”, justificó Cristina.
DP-0012-2020Será en una sesión virtual convocada para este jueves a las 15, donde también se incluyeron nueve decretos. Se renovará el formato remoto por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
El Senado tendrá este jueves una nueva sesión virtual con múltiples temas, entre ellos dos proyectos relativos a la causa Malvinas, la regulación de la receta médica digital y la teleasistencia, y la creación de una Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19.
La sesión fue convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para las 15 y, en primer lugar, se tratará el decreto firmado este martes que prorroga las sesiones virtuales “en tanto persista la emergencia sanitaria”.
En el decreto, Cristina dio por cerrada la discusión sobre qué temas pueden tratarse en las sesiones del Senado: serán “los temas que se definirán en cada caso de acuerdo con lo establecido en reglamento”, según consta en el artículo 3; es decir, no se acotarán a la pandemia.
A continuación, el Senado dará ingreso a una serie de pedidos de acuerdos, y luego se abocará a los proyectos de ley, entre los que se destacan la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.
El primer proyecto apunta a generar un ámbito multipartidario donde se diseñen estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, para continuar con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas; mientras que la segunda iniciativa busca aportar seguridad jurídica al otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en la zona.
Otro de los temas a abordar en la sesión del jueves será la regulación de la receta médica digital y la teleasistencia, y aunque el proyecto generó dudas en las asociaciones y cámaras farmacéuticas, el Senado buscará sancionarlo y delegar las correcciones en la reglamentación.
También se sancionará la ley que crea una Campaña Nacional de Donación de Plasma sanguíneo de pacientes de Covid-19, con el fin de contribuir a la generación de anticuerpos en personas infectadas, como se demostró en muchos casos a pesar de no haber una evidencia científica concreta.
El proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados otorga dos días de licencia a los trabajadores que acudan a donar plasma, y los define como “Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina”.
Por otra parte, se discutirá una propuesta sobre promoción del ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país, las cuales serán definidas por el Poder Ejecutivo -con la participación de un consejo asesor- y serán actualizadas cada dos años.
La Cámara alta tratará asimismo un proyecto de Cristina López Valverde (Frente de Todos) que modifica el Código Civil y Comercial para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
La iniciativa surgió a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
También se abordará un Protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.
En la sesión también se tratarán nueve decretos que cuentan con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, entre ellos uno conflictivo, el 1053/18, firmado durante la gestión de Mauricio Macri.
En ese decreto, que el oficialismo ahora busca invalidar, se estableció una compensación a las distribuidoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio, algo que según el Frente de Todos generó “nueva deuda y ajuste”.
Por otro lado, se tratarán los 493/20, 520/20 y 576/20, relacionados a la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
También el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.
El temario incluye además el DNU 214/20, de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia.
Asimismo, el Senado debatirá el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.
Los restantes decretos a tratar son el 277/20 y el 278/20, que dispusieron la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020.
En un acta acordada por todos los bloques, se renovó por 30 días corridos el documento que permite dictaminar y sesionar en modo remoto.
Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados firmaron la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto por 30 días corridos contados a partir del 2 de julio, día en que se acordó renovar el documento para poder avanzar con el trámite parlamentario de proyectos de ley en la modalidad virtual.
El acta fue firmada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los diputados Máximo Kirchner (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Álvaro González (Pro), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Fte. de la Concordia Misionero), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Alma Sapag (MPN), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
En la videoconferencia realizada la semana pasada, los legisladores habían resuelto no interrumpir la actividad legislativa a pesar de los contagios conocidos en los últimos días, en particular los de Julio Sahad (Pro), Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos).
En ese sentido, decidieron prorrogar el protocolo para avanzar, de forma virtual, con una agenda consensuada, que incluye una moratoria impositiva universal -proyecto que ingresó a Diputados este martes-, la declaración de la emergencia en el turismo y una ampliación presupuestaria, entre otros temas.
En el acta firmada, se estableció que desde la fecha de suscripción, y por el plazo de 30 días corridos, “en las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Cámara en las cuales se proceda a considerar y despachar expedientes, dichos dictámenes tendrán plena validez”.
En principio habrá dos sesiones para tratar proyectos y un informe del jefe de Gabinete. Los legisladores que asistan al recinto serán mejor distribuidos.
Por Carolina Ramos
Hubo fumata blanca en Diputados: a pesar de la preocupación que causaron los contagios de coronavirus conocidos en los últimos días, oficialismo y oposición ratificaron este jueves su voluntad de no interrumpir el trabajo y acordaron sesionar dos veces este mes con proyectos acordados, además de recibir al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el que será su primer informe de gestión ante la Cámara.
En una videoconferencia encabezada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, los jefes de bloque decidieron continuar con el formato actual de sesiones virtuales, es decir, con un puñado de diputados presentes en el recinto, y aunque la cantidad seguirá siendo la misma, cambiará la distribución en las bancas para lograr un mayor distanciamiento.
Desde sus oficinas en el Palacio Legislativo, Massa condujo la reunión acompañado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y participaron de forma remota Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Álvaro González (Pro), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Alma Sapag (MPN), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
En las próximas horas, los titulares de las bancadas firmarán una resolución para prorrogar el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que deberá ser ratificada luego en una reunión de Labor Parlamentaria.
El protocolo se renovará por un mes sin cambios y permitirá avanzar con dictámenes de comisión, que girarán en torno a tres grandes temas: la ampliación del Presupuesto Nacional para atender la pandemia; una moratoria impositiva “universal”; y la declaración de la emergencia en el sector turístico, algo que interesa sobre todo a los representantes del interior.
El impuesto a las grandes fortunas, la expropiación de Vicentin y la creación de una bicameral para investigar las deudas de esta empresa con el Banco Nación no figuran, por ahora, en la agenda del Frente de Todos: ni Massa ni Máximo mencionaron esos proyectos en la videoconferencia de este jueves y eso tranquilizó a los bloques de la oposición.
Además, los diputados se llevaron un compromiso de Massa de concretar la tan esperada sesión informativa con la presencia de Cafiero, quien ya asistió al Senado el pasado 18 de junio y expuso sobre las medidas tomadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria.
Se mantendrá el formato de sesiones mixtas y se extremarán los cuidados. El director de Servicios Médicos de la Cámara, Marcelo Halac, brindó un detallado informe y se acordó que, en lugar de disminuir la cantidad de presentes en el recinto -son alrededor de 40-, se ubiquen de manera más espaciada.
A raíz de la sesión del jueves pasado y el contagio del riojano Julio Sahad (Pro), se realizaron el hisopado 19 diputados en total, entre los cuales dieron positivo, hasta ahora, Carlos Selva (Frente de Todos) y Miguel Bazze (UCR), ambos de Buenos Aires. Asimismo, numerosos empleados legislativos de diferentes áreas que intervinieron en la sesión también se hisoparon, ya sea a pedido de la Cámara o de forma privada.
En una videoconferencia de jefes de bloque, Juntos por el Cambio pidió conocer el estado de situación sobre posibles contagios. Ramón y Bucca propusieron que haya menos diputados presentes en las sesiones. Renovarán el protocolo.
Por Carolina Ramos
Sergio Massa acordó este martes con la oposición que la Cámara de Diputados “siga funcionando” durante la nueva fase del aislamiento, aunque Juntos por el Cambio pidió conocer el estado de situación sobre posibles contagios y otros bloques propusieron que haya menos cantidad de diputados presentes en las próximas sesiones.
El intercambio sobre cómo retomar el trabajo tras el contagio de un diputado -el riojano Julio Sahad- se dio en una videoconferencia de la que participaron, además de Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau en nombre del Frente de Todos.
Por la oposición se conectaron Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Álvaro González (Pro), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), Alma Sapag (MPN), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
Todos los espacios de la oposición plantearon su voluntad de no interrumpir el trabajo legislativo y de renovar, en una futura reunión de Labor Parlamentaria, el Protocolo de Funcionamiento Remoto, para que las comisiones puedan dictaminar y la Cámara, sesionar.
Sin embargo, Juntos por el Cambio sugirió la necesidad de “retocar” el documento “para adaptarlo al contexto” del aislamiento estricto por la propagación del coronavirus en el AMBA. No fue el único planteo: Ramón y Bucca encabezaron un reclamo para reducir la cantidad de presentes en el recinto, y el tema quedó abierto.
En las tres sesiones virtuales que hubo hasta el momento, y de acuerdo a una indicación médica, asistieron en promedio 40 diputados, algunos de ellos del interior, como el contagiado Sahad. “Queremos que las sesiones que se produzcan hacia adelante sean con la menor cantidad de diputados posible en el recinto”, señaló Ramón.
Según informó Massa, son 20 diputados y alrededor de seis empleados los que deberán someterse al hisopado por haber convivido con Sahad el jueves pasado. Algunos de los legisladores ya se hicieron el test, como Ritondo, Del Plá y el propio Ramón, cuyo resultado dio negativo. En esa línea, Bucca se puso en la piel de médico y exigió aumentar los rastreos.
Negri, en tanto, hizo un fuerte pedido para conocer con exactitud cuál es el panorama de contagios antes de avanzar en la discusión sobre el protocolo y la agenda de proyectos a tratar en las próximas semanas.
El cordobés insistió en que Juntos por el Cambio siempre fue partidario de las sesiones presenciales, pero admitió que el escenario se agravó y que no están dadas las condiciones para volver a la normalidad, como pretenden algunos diputados de su propia bancada, como Fernando Iglesias. Con todo, este miércoles habrá reuniones separadas del Pro, la UCR y la Coalición Cívica.
La videoconferencia con Massa pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 18; ese día se resolverán los términos de la prórroga del protocolo virtual y la agenda de temas a tratar, que podría incluir la ampliación de la moratoria impositiva y previsional y la declaración de la emergencia en el turismo, entre otros proyectos asociados a la pandemia.
Desde la oposición hubo un nuevo pedido a Massa para que solo lleguen al recinto temas acordados, para no imitar la postal del Senado, donde el oficialismo se apartó de lo acordado y convocó a sesionar con proyectos ajenos a la emergencia sanitaria.
En el encuentro virtual de este martes, estuvieron junto a Massa el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi, y el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, de quien depende la Dirección de Servicios Médicos.
Tras informar que será hisopado este martes, el diputado del Pro responsabilizó al titular de la Cámara por los contagios de Covid-19 en ese ámbito.
Tras el cruce que mantuvieron en la sesión del jueves pasado, el diputado Fernando Iglesias volvió a despotricar contra el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, e insistió en la realización de sesiones presenciales a pesar del contagio de Julio Sahad (Pro), que se suma a los de Walter Correa y Federico Fagioli, del Frente de Todos.
En una cadena de tuis, Iglesias lamentó el caso de Sahad y le deseó “el mejor transcurso posible de la infección”, tras lo cual informó que él mismo se someterá este martes a un hisopado, por haber mantenido contacto con el riojano en el recinto.
Más allá de esto, aprovechó la oportunidad para denunciar que “ha sido Sergio Massa el que ha organizado esta forma de funcionar virtualmente que, además de demostrarse incapaz de generar una sesión verdadera, demuestra hoy que tampoco puede proteger la salud de los legisladores y el personal. Que se haga cargo”.
“Si en vez de organizar el circo de pantallas -de cuyo costo aún estamos esperando ser informados- hubiera distribuido diputados en los palcos u organizado la sesión en alguno de los muchos teatros o polideportivos vacíos del país, los riesgos habrían sido mucho menores”, consideró Iglesias.
El legislador recordó que “más de una vez se le ha sugerido desarrollar las sesiones en espacios más amplios para garantizar las condiciones sanitarias y que pudieran ser presenciales. No hizo caso y ahora pretende llevar agua a su molino, el #MassaPalloozza, con las consecuencias de su propia inoperancia”.
Iglesias hizo cálculos: “Si 46 diputados pueden estar presentes en un recinto de 257 butacas (1/5.6), como decidió Massa, no se entiende por qué 257 diputados no puedan sesionar presencialmente en el Teatro Colón (o algún polideportivo provincial) que tiene 2500 plazas (1/9.7)”.
Para el diputado del Pro, “la reglamentación de testeos y traslados debería ser coordinada entre Presidencia de la Cámara, de la Nación y gobernadores. Y los diputados que son grupo de riesgo podrían, ellos sí, solicitar estar presentes virtualmente. Las objeciones ‘sanitarias’ son políticas e infundadas”.
Por último, señaló que “están trabajando médicos, enfermeros, camioneros, policías, personal de supermercados, y si uno de ellos se contagia, su actividad no se suspende”, por lo que “no hay razones para que no lo hagamos senadores y diputados”.
Iglesias pretendía convocar a una reunión presencial de la Comisión del Mercosur -que preside- para este martes, pero la Presidencia de la Cámara le recomendó continuar con la modalidad remota, a través de una nota firmada por el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez.
“La realización de actividades presenciales implica necesariamente la convocatoria de mayor cantidad de trabajadores pertenecientes a la Dirección de Seguridad y Control, la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de Comisiones y la Dirección General de Informática y Sistemas, entre otras”, indicó Rodríguez.
Y agregó que a partir del caso de Sahad, “resulta prudente, por el momento, sostener bajo la modalidad remota y/o a distancia el debate parlamentario en el ámbito de las comisiones”.
La respuesta del secretario administrativo a Iglesias fue acompañada por un informe de la Dirección Médica de la Cámara, firmado por Marcelo Halac.
Los pacientes recuperados de Covid-19 que asistan de forma voluntaria a donar plasma tendrán un día más de licencia y serán considerados “ciudadanos solidarios destacados”.
La Cámara de Diputados, tras una extenuante sesión de casi 10 horas, aprobó y giró al Senado en la madrugada de este viernes un proyecto de ley que crea una campaña nacional de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un tratamiento que, si bien no tiene certezas científicas, arrojó buenos resultados en personas contagiadas que recibieron transfusiones.
La iniciativa fue consensuada entre nueve proyectos, entre ellos uno del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y recibió 229 votos afirmativos, sin ningún voto negativo o abstención.
El titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que “hoy el mundo tiene casi 10 millones de casos y casi medio millón de muertos. Este virus ha puesto en vilo a todo el sistema de salud del mundo y a la misma Organización Mundial de la Salud”, que tuvo “idas y vueltas” en torno al “desconocimiento de un tratamiento que sea efectivo para un virus que es nuevo”.
“El mundo llegó a tener casi 8.400 muertos por día y hoy tenemos 5.000 teniendo casi el doble de casos que cuando tuvimos el pido de mortalidad. Vamos a salir de esta situación, pero en cuanto al tratamiento todavía hay muchas dudas: cuál es el mejor antiviral, cual es la mejor combinación, cuál es la mejor manera de tratarlo en terapia intensiva”.
Según el diputado del Frente de Todos, que además es médico, “dentro de los tratamientos posibles, la posibilidad de transfundir anticuerpos del plasma de algún paciente enfermo recuperado a un paciente en la fase aguda es parte del arsenal terapéutico que la medicina ha usado a lo largo de la historia”.
El tucumano recordó que el 18 de abril, “apenas un mes después de la llegada de los primeros casos”, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó un plan para estandarizar y regular el uso de plasma en pacientes recuperados, y así se empezó con un ensayo clínico que luego fue ampliado a las 24 jurisdicciones.
Yedlin insistió en que se trata de “un tratamiento con plausibilidad biológica pero que todavía no tiene demostración real de que sea útil”.
“Vamos a necesitar muchos dadores voluntarios, vamos a necesitar de muchos gestos solidarios para salir de esta pandemia y sus efectos. Este es un buen primer comienzo para que los argentinos, con estos gestos solidarios, avancemos hacia un futuro cierto y real de salida de esta problemática”, concluyó.
Carmen Polledo, diputada del Pro y vicepresidenta de la comisión, ratificó su apoyo a la iniciativa, no sin antes aclarar que “no es cierto que en los hospitales de la Ciudad estén preservando el plasma para personas ricas”.
“Es un tratamiento que está en etapa experimental, todavía no hay seguridades y se puede aplicar solo en determinados casos en evaluación del médico interviniente”, explicó Polledo, y agregó: “No se descubrió la pólvora ni el tratamiento efectivo. Se está estudiando. Hay una luz de esperanza”.
La legisladora señaló que “necesitamos que los pacientes recuperados donen su plasma para seguir investigando”, y recordó que este método “se utilizó en brotes anteriores de otros coronavirus” donde “la alta mortalidad del virus y ausencia tratamientos terapéuticos efectivos condujeron al uso de plasma”.
Tras indicar que “los requisitos son similares a los de donación de sangre”, tomó la palabra Cecilia Moreau (Frente de Todos), quien advirtió que “la donación de sangre y hemoderivados ya antes de la pandemia estaba en una situación crítica, y la pandemia empeoró la situación de los bancos de sangre”.
“Si bien hoy necesitamos de manera urgente aumentar la disponibilidad de plasma en pacientes recuperados, no debemos olvidar que hay otras cuestiones de salud que también requieren la donación de sangre”, insistió.
Para Moreau, el “mensaje del conjunto de la dirigencia política a la sociedad” consiste en que “la vida es un derecho humano fundamental que todos debemos cuidar y resguardar; la vida no se negocia, no admite banderas políticas”.
“Si ponemos los esfuerzos en esta campaña, podemos multiplicar la cantidad de donantes, pero también la de personas que reciban la donación. Por cada donación de un paciente recuperado, se puede aplicar a cuatro pacientes que están cursando la enfermedad”, aseguró.
Desde la UCR, Claudia Najul, exministra de Salud de Mendoza, destacó que “sin duda es un avance más en la legislación sanitaria para abordar el Covid-19, así como el programa de protección al personal sanitario”, plasmado en la “Ley Silvio”, que aun no fue reglamentada.
Najul consideró que la donación de plasma es “un acto de apoyo y de compromiso social” y resaltó la importancia de que “esta donación se realice en forma segura, confidencial y eficaz”.
Si bien afirmó que “esta es una propuesta integradora que reúne lo mejor de los nueve proyectos”, observó que “el oficialismo decidió avanzar con el trámite una vez que un diputado (Máximo Kirchner) presentó una propuesta similar a la de una diputada de la UCR”, Josefina Mendoza.
En tanto, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, recordó que este jueves se registraron 2.606 contagios y subrayó: “La situación es muy crítica y amerita que como dirigentes, todos, demos un mensaje de unidad, que vaya a fortalecer la estrategia y herramienta más importante que tenemos para combatir esta pandemia, que es el aislamiento preventivo”.
El bonaerense criticó a quienes buscan “esmerilar y debilitar” la cuarentena, que hoy “es la única vacuna que tenemos para prevenir, aplanar y evitar la propagación del coronavirus”. Por eso, les pidió “responsabilidad” y que “guarden silencio”.
Sobre el cierre del debate -pasada la 1 de la madrugada-, el diputado Cristian Ritondo sostuvo que este “no es tiempo de egoísmo ni de odios”, e hizo referencia entonces a la cantidad de proyectos que sobre el tema han sido ya presentados. En su caso particular, dijo haber participado en la presentación de ese proyecto a invitación del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y dijo esperar que eso sirva como “mensaje de la dirigencia política hacia la sociedad. Y que espero que sea para empezar a construir políticas de Estado”. Sobre todo, dijo, “entendiendo que lo peor está por venir”.
“Ojalá podamos empezar a coincidir en muchas otras cosas que la Argentina necesita”, expresó sobre el final.
Cerró el debate el autor del proyecto debatido, Máximo Kirchner, quien arrancó contando que días pasados el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, le contó cómo funcionaba en el país el uso del plasma. Luego contó que cuando Martín Insaurralde se enfermó le envió un mensaje de audio en el que lo notó deteriorado. “Como si lo hubiesen molido a palos”, dijo. Y le contó que iba a ser tratado con plasma. “Esa misma noche lograron atenderlo, hacer la transfusión, y al otro día me mandó un mensaje y ya tenía otro tono de voz… Se lo notaba mucho más encendido. Y fue mejorando, y sigue mejorando”.
Luego señaló que “se instalan cosas, como que el Gobierno decidió entrar a una cuarentena de manera temprana”, y advirtió que se debe comprender que tal vez hayamos entrado en un período en el que habrá que “entrar y salir” de la cuarentena. Y al cerrar llamó a “trabajar en conjunto y aun en las diferencias no hay que pensar que incentivando el agotamiento va a haber algún rédito político. Lo que viene es muy difícil para la Argentina y para el mundo”.
La iniciativa, que ahora pasó al Senado, declara de “interés nacional” la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de personas recuperadas de coronavirus, la cual se utilizará para los pacientes que así lo requieran, según los protocolos vigentes autorizados por la autoridad de aplicación de la ley.
El proyecto dispone la creación de una campaña nacional de donación en el marco del “Plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos”.
Además, crea un “Registro Nacional de Pacientes Recuperados de Covid-19 donantes de plasma”, cuyos datos deberán ser resguardados en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales (25.326).
Las personas que donen plasma sanguíneo “gozarán de una licencia especial remunerada de dos días” por cada donación que realicen, “debiendo acreditar tal circunstancia ante el/la empleador/a mediante la presentación del certificado expedido por el centro de salud interviniente”.
El texto remarca que esta licencia “no podrá implicar afectación salarial alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que perciba”.
Otro de los artículos del proyecto establece un reconocimiento para los pacientes recuperados de coronavirus que se transformen en donantes de plasma, quienes serán distinguidos como “ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina”.
Por otra parte, se garantiza que la autoridad de aplicación se hará responsable del traslado de todos aquellos donantes que “no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse cumpliendo con todos los resguardos de seguridad e higiene adecuados”.
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “adoptar las medidas necesarias a fin de implementar actividades específicas referidas a la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19 y realizar la más alta difusión de las mismas, a través de los mecanismos de comunicación oficial”.
Si bien fue aprobado por amplia mayoría, el proyecto recibió 29 abstenciones, de Juntos por el Cambio y la izquierda. Quién fue el único legislador que lo rechazó.
El amplio consenso que reunió el proyecto de ley de teletrabajo quedó plasmado en el resultado de la votación: recibió 214 votos a favor. Sin embargo, hubo nada menos que 29 abstenciones, provenientes de diputados del Pro, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y, curiosamente, un oficialista.
La mayoría de las abstenciones fue del Pro: Juan Aicega (Buenos Aires), Domingo Amaya (Tucumán), Federico Angelini (Santa Fe), Alberto Asseff (Buenos Aires), Eduardo Cáceres (San Juan), Virginia Cornejo (Salta), Omar De Marchi (Mendoza), Alicia Fregonese (Entre Ríos), Federico Frigerio (Tierra del Fuego), Gabriel Frizza (Córdoba), Sebastián García De Luca (Buenos Aires).
También por este bloque, se abstuvieron Martín Grande (Salta), Gustavo Hein (Entre Ríos), Ingrid Jetter (Corrientes), José Luis Patiño (CABA), Carla Piccolomini (Buenos Aires), Julio Sahad (La Rioja), Alfredo Schiavoni (Misiones), David Schlereth (Neuquén), Pablo Tonelli (CABA) y Pablo Torello (Buenos Aires).
Las abstenciones restantes de Juntos por el Cambio las aportaron Mónica Frade, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y Marcelo Orrego, del monobloque Producción y Trabajo.
También se abstuvieron los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá; Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), quien consideró que “las pymes necesitan más tiempo para adaptarse a esta ley”; y un oficialista, el salteño Andrés Zottos.
¿Quién fue el único diputado que votó en contra? El neuquino Francisco Sánchez, del Pro. “Esta ley, entiendo, irá en contra de la generación de empleo registrado”, sostuvo el legislador, quien no habló en la sesión sino en su cuenta de Twitter.
La Cámara baja avaló una iniciativa consensuada que establece presupuestos legales mínimos y delega las regulaciones particulares en los convenios colectivos. El debate se precipitó por la pandemia. Destacan el nivel de consenso alcanzado.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La regulación del teletrabajo avanzó este jueves en la Cámara de Diputados, que aprobó un proyecto consensuado entre propuestas de diferentes bloques que establece un “piso de derechos” para los trabajadores que elijan esta modalidad, extendida con la pandemia del Covid-19.
Tras un debate protagonizado por los diputados de extracción sindical, la votación resultó con 214 votos afirmativos y solo uno negativo, de Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), además de 29 abstenciones, provenientes de integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda.
El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, establece presupuestos legales mínimos para el teletrabajo y delega en los convenios colectivos las regulaciones específicas para cada rama de la actividad.
La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
En primer lugar, se garantiza la igualdad de derechos: la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, para que el trabajador no esté obligado a cumplir tareas por fuera de su jornada laboral.
El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.
Otro aspecto novedoso es la contemplación de las tareas de cuidado: los trabajadores que tengan a su cargo menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad, podrán acordar horarios compatibles con esas tareas, y si el empleador incumple, será pasible de sanciones por acto discriminatorio.
El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; la higiene y seguridad laboral; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, explicó que el debate “se nos vino encima por la pandemia”, pero “ya existía y muchos diputados habían intentado que avance”.
Siley precisó que se unificaron 20 proyectos presentados este año y resaltó que “hay un interés social en que este tema se regule”, por lo cual se decidió escuchar a todos los sectores involucrados: empleadores, trabajadores y el Estado.
En ese sentido, recordó que pasaron por la comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; las centrales sindicales; sindicatos telefónicos; la directora de Políticas de Cuidado, Lucía Cirmi Obón; cámaras empresarias; jueces del fuero laboral y especialistas.
“El trabajo que se realizó pondera mucho a la Cámara de Diputados”, consideró Siley, al explicar que se ponen en juego “intereses contrapuestos” y que lo que se busca con esta legislación es “proteger a la parte más débil de la relación laboral”.
Desde Juntos por el Cambio, Albor “Niky” Cantard opinó que “el hecho de que hayan transcurrido más de 12 años desde la presentación de los primeros proyectos valoriza el trabajo realizado para tratar de alcanzar los máximos consensos posibles”.
Para el radical, “esta modalidad contractual no solo ha venido para quedarse, sino que va a crecer, y mucho, en el futuro, producto de la avance de las tecnologías de la información y la comunicación”.
A su turno, el oficialista Hugo Yasky enfatizó que en todo el mundo “los trabajadores vamos a ser particularmente castigados por las consecuencias de esta pandemia”, y en ese sentido citó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alerta por la pérdida de “300 millones de puestos de trabajo”.
Por eso, el titular de la CTA de los Trabajadores consideró que “necesariamente debemos respaldar y fortalecer la posición de los trabajadores”, porque son “el sector más frágil, el más vulnerable”.
“Esta ley viene a saldar un vacío legal. Los tiempos de esta crisis, que necesariamente vamos a atravesar, va a requerir esforzarnos para este tipo de leyes”, agregó el legislador del Frente de Todos.
Por el mismo bloque, Patricia Mounier, dirigente sindical de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) sostuvo que “este proyecto pone en valor las negociaciones colectivas de trabajo porque es una norma general que abarca a todo el mundo laboral, pero que después por actividades podremos trabajar más específicamente”.
Mounier valoró especialmente que “por primera vez en una normativa se tienen en cuenta las tareas de cuidado. Es un momento histórico para la lucha de las mujeres trabajadores y creo que ahí hacemos justicia”.
Una voz disonante fue la de Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica y abogada laboralista, quien advirtió que “estamos frente a una ley que va a ser usina de conflictos laborales”, y decidió abstenerse.
“No hay nada más perjudicial para un trabajador, también para un empleador, que tener que recurrir a la instancia judicial y esperar cinco años que un juez determine si tenía razón o no”, agregó.
La legisladora sostuvo que el proyecto “tiene en general contenidos de consenso”, pero a su vez presenta “serias divergencias”, ya que “no recoge muchas de las recomendaciones de todos los que nos han venido a informar” y “se olvida que hay un marco del cual no podemos corrernos, que es la Ley de Contrato de Trabajo”.
Por su lado, el dirigente de la UATRE Pablo Ansaloni destacó que los trabajadores “son el motor de la economía y por ende debemos primar que este proyecto lleve dignificación para cada uno de ellos”, y abogó por brindarles “las herramientas necesarias a los sindicatos” ya que se necesita “un gremialismo fuerte”.
Autor de un dictamen en minoría -con pocas diferencias respecto al de mayoría-, el bonaerense opinó que esta norma “será un antes y un después” y aclaró que no solo debe proteger a los empleados, sino también “a aquellos empleadores que siempre están dentro de la ley”.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó el artículo referido a la jornada laboral, al afirmar que “abre la puerta a la flexibilización”, que es “lo que quieren las patronales y a lo que hemos escuchado de las cámaras empresarias”.
También consideró que “los derechos sindicales están planteados de manera insuficiente” y cuestionó que la ley vaya a entrar en vigencia 90 días después de finalizado el aislamiento porque “hoy se están dando los abusos”.
“Pedimos que empiece a regir inmediatamente”, solicitó Del Caño, y añadió que “no se puede retroceder un milímetro en los derechos de los trabajadores”.
Su colega Romina Del Plá (PO) subrayó que “en nombre de los avances tecnológicos no se pueden flexibilizar las conquistas laborales que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo”.
La legisladora señaló que los aspectos positivos del proyecto, “pueden quedar barridos o arrasados por otros artículos que habilitan el tema de la precarización” y alertó que no esté “taxativamente” establecida “la prohibición del monotributo”, lo que resulta una “habilitación para el fraude laboral”.
El exsindicalista del peaje Facundo Moyano celebró que “después de 18 años estamos por sacar media sanción” a un proyecto sobre teletrabajo, en el cual se establecen “pautas mínimas, pero que significan derechos para que se respeten y sobre los cuales se puedan parar las convenciones colectivas”.
Ante las advertencias sobre una posible flexibilización, observó que también hay precarización en el trabajo presencial, y enfatizó que hay un tema en el cual “los diputados y, fundamentalmente los diputados del peronismo, no nos podemos seguir haciendo los distraídos”, en referencia a la informalidad.
“En Argentina hay un 40% de trabajo no registrado”, informó, y sostuvo que eso “es responsabilidad de la política y fundamentalmente del peronismo”, por lo que llamó a “discutir derechos para quienes no los tienen y más derechos para quienes los tienen”.
“Quiero que recuperemos el mensaje de unidad del presidente el 1ro de marzo”, pidió el jefe del bloque Pro en la sesión, tras la polémica desatada en el Senado.
Tras la polémica desatada en el Senado por la votación sobre la bicameral de Vicentin, que profundizó la crisis en la relación entre oposición y oficialismo, Juntos por el Cambio pidió en la Cámara de Diputados retomar el camino de la unidad y buscar soluciones en conjunto para los problemas que originó la pandemia.
El mensaje conciliador estuvo a cargo del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien buscó calmar las aguas después de lo sucedido en la Cámara alta y le advirtió al Frente de Todos que en este contexto “no proponga temas que dividen”.
“Vienen momentos mucho más difíciles que los que estamos viviendo. Son muchos los problemas que vamos a tener que enfrentar los argentinos, y son tan graves que necesitan de todos nosotros, de la responsabilidad de toda la dirigencia”, consideró Ritondo.
El legislador recordó: “Les hemos dado la derecha para que renegocien la deuda externa. Queremos que esa negociación llegue a buen puerto, no queremos una Argentina en default, y por eso tuvieron nuestro apoyo”.
Ritondo advirtió que producto de la pandemia “hay sectores que hoy hace 100 días que no pueden facturar” y que “la clase media el sector más perjudicado”, junto a cuentapropistas y jubilados, que “sin duda hoy están perdiendo”.
“De esto se sale juntos, no con sesgos ideológicos ni políticos”, insistió el bonaerense, y reforzó: “Quiero que recuperemos el mensaje de unidad del presidente el 1ro de marzo. Respetémonos como oficialismo y como oposición. Seamos sensatos con la Argentina que viene, con toda la responsabilidad que tenemos”.
El diputado propuso “poner como límite la Constitución” y, en ese marco, mencionó los numerosos proyectos presentados por Juntos por el Cambio con propuestas de medidas económicas y sociales para afrontar la crisis.
“Queremos ser responsables porque esta pandemia no la eligió ni el Gobierno ni la oposición ni ningún argentino. Queremos aportar todo lo que creemos que es positivo para esta salida”, expresó.
También se refirió al tema el radical Miguel Bazze, quien desde el recinto alertó que “seguramente vamos a atravesar momentos difíciles desde el punto de vista económico” y por eso “la situación reclama de todos nosotros la mayor responsabilidad posible”.
Bazze destacó el rol de “oposición constructiva” y agregó: “Tratamos de encontrar comunes denominadores para encontrar soluciones a los problemas que padecemos”.
“Así como todos los que somos parte de la oposición debemos tener esta actitud -señaló-, queremos reclamarle al oficialismo y también al Poder Ejecutivo que compartamos todos esta responsabilidad. Sería un grave error que se produjeran enfrentamientos sin sentido en este momento del país”.
Por último, Bazze llamó a “evitar confrontaciones y problemas que, en definitiva, terminan desgastando la relación política, que debe ser la mejor posible para encontrar soluciones para el conjunto de los argentinos”.
El presidente de la Cámara le negó la palabra al diputado del Pro, quien estalló contra las sesiones virtuales y se fue del recinto.
Sergio Massa, y Fernando Iglesias protagonizaron un fuerte cruce en la sesión virtual de este jueves, cuando el presidente de la Cámara baja le negó la palabra al diputado del Pro, quien estalló contra el formato de sesiones virtuales y finalmente abandonó el recinto.
La discusión se desató cuando Iglesias, desde su banca, quiso presentar una cuestión de privilegio al igual que otros diputados, y Massa se la negó, con el argumento de que ya estaba establecido quiénes hablarían en esa instancia de la sesión.
“Diputado, para que le quede claro: hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es desvincularse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria”, proclamó Massa entre los gritos de Iglesias, y remató: “¡Usted no tiene coronita! ¡No me agote la paciencia!”.
Tras el episodio, Iglesias no solo se fue del recinto, sino que, fiel a su estilo, difundió la retirada en las redes sociales, donde utilizó el hashtag #MassaPalloozza.
“Me estoy retirando de la sesión en protesta por la actitud del presidente de la Cámara. Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no me lo puede negar. Massa, alegando un acuerdo parlamentario que no tiene nada que ver, me negó un derecho que forma parte del reglamento de la Cámara”, denunció Iglesias.
El legislador advirtió que “esto no es un Congreso; esto se ha transformado en una farsa en la cual jugamos a que tenemos una República y que tenemos un Congreso, con sesiones virtuales que por suerte se terminaron hoy, porque en estas condiciones no se puede trabajar”.
“Lo dijo muy bien el bloque de senadores ayer frente a lo que hizo Cristina Kirchner: este es el fracaso de las sesiones virtuales”, dijo, al referirse al momento en que la vicepresidenta le cortó el micrófono a senadores de la oposición que pedían invalidar la votación sobre la bicameral de Vicentin.
Iglesias insistió: “Queremos sesionar presencialmente. La democracia no se suspende, la democracia es esencial y el Congreso tiene que ser un servicio esencial. Entre Massa y el presidente de la Nación se tienen que poner de acuerdo para garantizar ese derecho, porque es nuestra función estar trabajando”.
Finalmente, repitió que “es una responsabilidad de Massa, que en vez de hacer eso, lo que hace es crear un simulacro del Congreso y negar derechos de los diputados”.
El tema de la renovación no se tocó en Labor Parlamentaria y se interpretó, de forma implícita, que los 30 días de vigencia son hábiles y no corridos.
Por un acuerdo tácito, el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara de Diputados continuará vigente hasta este viernes, tras lo cual oficialismo y oposición tendrán que sentarse a definir si lo extienden por un nuevo período, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El protocolo se había aprobado en la sesión del 13 de mayo y, según se indica en sus consideraciones generales, tiene una vigencia de 30 días prorrogables “por consenso”. Dado que ese período venció, hubo consenso implícito en considerar esos días como hábiles, y no como días corridos.
Según fuentes consultadas, el tema ni siquiera se tocó en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, lo que encendió luces de alarma entre diputados de la oposición que temen que haya una intención de “planchar” el Congreso en las próximas semanas, en línea con el endurecimiento de la cuarentena.
El protocolo no solo regula las sesiones virtuales, sino también la actividad en comisiones, por lo que, hasta tanto no sea renovado, la Cámara baja no podrá dictaminar proyectos ni tratarlos en el recinto.
La agenda de temas pendientes en Diputados abarca, en primer lugar, proyectos que fueron girados desde el Senado, como la polémica creación de la comisión bicameral investigadora del caso Vicentin y la suspensión temporaria de la inscripción de SAS (Sociedades por Acción Simplificada).
Además, sigue sin presentarse el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, como así también la expropiación de la empresa Vicentin, tema que está sujeto a negociaciones y que, de todos modos, se tratará primero en el Senado.
Al cierre del debate sobre el tema Vicentin, el jefe del bloque oficialista pidió colaboración a la oposición en el contexto de la pandemia.
El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo este miércoles al cierre de la sesión del Senado que la oposición “tiene miedo a constituir comisiones investigadoras” como la del caso Vicentin porque “de ahí pueden salir hechos”.
Mayans aclaró que “las comisiones investigan, no juzgan”, y consideró que “el pueblo argentino espera que las 40 comisiones que tiene el Congreso funcionen y se traten todos los temas”, pero “la oposición solo quiere tratar temas que no tienen importancia”.
El formoseño explicó que este tipo de comisiones “tiene como misión la investigación para llegar a la verdad y ver si la legislación que tenemos es lo que hace que estas cosas ocurran y si hay que mejorarla”.
“Lamento la especulación política de la oposición en un momento tan duro como el que estamos pasando, a ver si pueden sacar un voto más. ¡Cambien de actitud y colaboren! ¿Cómo se van a oponer a una comisión investigadora? ¿Para tapar a quién?”, se preguntó.
Mayans subrayó que “lo que tenemos que hacer es buscar la independencia económica de nuestra Patria, buscar un rumbo distinto”.
“En esta emergencia que se profundiza, que golpea a los trabajadores, a las pymes, nadie puede negar la necesidad de un Estado presente. Todos reclaman al Estado que salve la situación por la que estamos pasando”, observó, y en ese sentido insistió en que “la culpa no es de la cuarentena, sino de la pandemia”.
Se trata de una iniciativa de Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que indague en los préstamos que le otorgó el Banco Nación a la empresa que el Gobierno buscaría expropiar.
Con la oposición en contra, el Frente de Todos consiguió aprobar este miércoles en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
Mientras sigue en duda el envío del proyecto de expropiación al Congreso, el oficialismo colocó el tema en la agenda parlamentaria con esta iniciativa que apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados, con un plazo de 18 meses para concretar la investigación en paralelo a la causa judicial.
El proyecto recibió 41 votos afirmativos -del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana- y 29 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
La misión de la comisión será la de indagar sobre presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora y el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, a raíz de una deuda acumulada de 18.500 millones de pesos contraída con la entidad presidida por Javier González Fraga.
Además, la comisión deberá investigar una posible defraudación y estafa comercial a acreedores; si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo Vicentin en el país o en el exterior; y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, explicó que se busca iniciar esta investigación “no solamente por el perjuicio, que es público y notorio, que se ha generado a pequeños y medianos productores y acopiadores, sino también por la eventual triangulación y evasión que se pudo haber llevado adelante”.
Por eso, aseguró que se buscará dilucidad también la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por un posible incumplimiento en sus obligaciones de control.
Cabe recordar que, a raíz de una denuncia del actual director del Banco Nación Claudio Lozano, la Justicia investiga un posible fraude al Estado, en una causa que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, con el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Según Sacnun, esta situación amerita que el Congreso “pueda conocer cómo fue el proceso en el otorgamiento de estos créditos” y “conocer sobre los datos, los balances, facturación pasiva o en moneda extranjera, la vinculación de la firma con otras entidades en el exterior y las posibles maniobras en el lavado de activos, entre otras cuestiones”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que para crear esta comisión habría que modificar -por un proyecto resolución y con mayoría especial- el reglamento de la Cámara, a pesar de que otras comisiones especiales fueron creadas por ley.
Además, advirtió que el trabajo de la bicameral se acota a lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri cuando “de los 300 millones de dólares de deuda con el Banco Nación, 200 millones fueron asignados en la gestión anterior a la de los últimos cuatro años”.
“No es serio que seamos una Cámara que solo se usa para la venganza, la revancha y el rencor que tienen algunas personas de este cuerpo”, se quejó el senador del Pro, y apuntó a Parrilli, al señalar que “es el único autor de proyectos que merecen ser tratados, que nada tienen que ver con el Covid”.
Asimismo, Bullrich observó que “el pasado lo trata la Justicia, el presente lo trata el Ejecutivo y el futuro lo trata el Congreso”, por lo cual “no podemos dictar leyes retroactivas”.
La titular de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora del Valle Giménez, advirtió que los créditos a Vicentin configuran “alrededor del 20% de la cartera de préstamos del Banco Nación, la banca pública más importante de los argentinos, que tiene como objetivo fundamental asistir a la producción y el desarrollo del conjunto de los argentinos”.
La senadora oficialista consideró que la creación de esta bicameral “es necesaria y procedente, porque está de acuerdo a reglamento y porque necesitamos que la democracia se fortalezca con el debido esclarecimiento de esta vinculación”.
“Durante la gestión de Macri, Vicentin recibió 18.000 millones de pesos, de los cuales el 35% se pagó cuando la empresa ya había declarado la cesación de pagos. Hay muchas razones públicas que nos obligan a los senadores a no mirar para el costado”, insistió la salteña.
Pero también se aportaron cifras desde la oposición: según la radical Silvia Giacoppo, “la empresa contaba en 2013 con una calificación crediticia de 170 millones de dólares, obtuvo entre 2008 y 2013 un incremento del 240% y no gobernaba Cambiemos, mientras que en el período que se pretende investigar el incremento fue solo de un 36%”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) alertó que “si seguimos con este camino, sin aprender, todos los argentinos van a ser Vicentin y los costos van a estar sobre los hombros de todos los argentinos”.
“Esta empresa tiene una deuda que equivale a varias veces sus activos y a varias veces la ganancia que podría tener si fuera bien administrada, con lo cual el costo lo va a volver a pasar la gente, como pasó con Aerolíneas, YPF y Ciccone”, opinó el economista.
Lousteau analizó que “durante mucho tiempo a lo largo de la historia argentina, los bancos públicos se quedan con los malos créditos. ¿Queremos saber qué pasó? Hay una auditoria interna y externa, está la SIGEN, está la Superintendencia de Entidades Financieras, el Banco tiene un inspector a cargo y además hay una causa penal. En lugar de perder tiempo en comisiones nuevas, podríamos abordar temas nuevos. Podemos saber qué es lo que pasó dejando que las instituciones actúen y dedicarnos a temas mucho más importantes”.
Una de las senadoras más duras contra la oposición fue Anabel Fernández Sagasti, quien además de defender la creación de la bicameral, calificó la expropiación de Vicentin como una “decisión estratégica” y sugirió que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió Fernández Sagasti.
La legisladora indicó que “necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para la senadora, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, afirmó que la bicameral es “para que el pueblo sepa de qué se trata” y también advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.
Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.
Al cierre del debate, Luis Naidenoff, titular de Juntos por el Cambio, alertó que “la confrontación y las diferencias ideológicas que se pueden tener ya pasaron a un segundo plano y algunos han transformado en este recinto una especie de trinchera, buscando cada semana un adversario distinto”.
En tanto, el radical señaló que “es que en estos seis meses la economía se desplomó y no se trata solamente de la pandemia; no hay rumbo para la crisis, la incertidumbre y la desconfianza ganan la calle pero en lugar de discutir un plan de contingencia, estamos desviando la atención con un temario que nada tiene que ver con sus necesidades”.
Finalmente, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, destacó que la futura comisión investigadora “tiene como misión la investigación para llegar a la verdad y ver si la legislación que tenemos es lo que hace que estas cosas ocurran y si hay que mejorarla”.
“Lamento la especulación política de la oposición en un momento tan duro como el que estamos pasando, a ver si pueden sacar un voto más. ¡Cambien de actitud y colaboren! ¿Cómo se van a oponer a una comisión investigadora? ¿Para tapar a quién?”, se preguntó el formoseño.
La senadora, impulsora de la expropiación de Vicentin, sostuvo que hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la expropiación de Vicentin, denunció en la sesión de este miércoles que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores” y defendió la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las deudas con el Banco Nación.
En primer lugar, Fernández Sagasti cuestionó que desde la oposición se argumente que hay que reformar el reglamento con mayoría especial para crear una comisión: “Sacar temas reglamentarios para eludir el fondo del asunto me parece de una bajeza y de una falta de honestidad intelectual que son grave para la institucionalidad argentina”.
La legisladora del Frente de Todos remarcó que la bicameral investigadora es necesaria “porque es necesario levantar la calidad del debate”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió.
Y continuó: “Necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de (Mauricio) Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para Fernández Sagasti, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La legisladora sostuvo que “sobran botones de muestra de que el Congreso ha investigado” aun con causas en trámite en la Justicia, como en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, algo que “se hizo por ley y se votó por unanimidad”.
“La oposición debería ser la primera en querer esta comisión investigadora. Primero, porque van a participar; segundo, para dejar en claro que no tienen nada que esconder; y tercero, para no ser cómplices de los dirigentes políticos que dicen defender la propiedad privada pero en realidad no quieren que se investiguen las complicidades que hubo entre el gobierno de Cambiemos y los CEOS de Vicentin”.
“Desde que el presidente anunció la decisión estratégica de rescatar a esta empresa, se llenaron la boca hablando de Venezuela”, se quejó la senadora.
Aclaró que, más allá del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, “la expropiación es la excepción que tiene el Estado por interés público”, y es “una herramienta constitucional” que está “regulada por una ley”.
En este contexto, y para justificar el plan de la expropiación de Vicentin, aseguró que “los derechos tienen obligaciones”, como por ejemplo las de pagar impuestos. “Parece que a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”, remató.
El oficialista insistió en la necesidad de avanzar con la conformación de la comisión bicameral investigadora y advirtió que buscan darle respuesta a las inquietudes de los productores.
En el marco de una sesión virtual en la que se debatió acerca de la creación de una comisión bicameral investigadora para analizar la situación de la empresa Vicentin, el senador oficialista y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, se refirió a los logros productivos durante la gestión del kirchnerismo y fustigó al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, por las medidas económicas adoptadas durante su gobierno.
En ese sentido aclaró que son “varios los senadores que trabajamos y elaboramos este proyecto, no es por una cuestión de venganza como se dijo, lo presentamos porque recibimos la inquietud de productores y autoridades de las provincias de Santa Fe y Córdoba” y recordó que “Vicentin no está en la causa de los cuadernos. No hay ningún problema en investigar todos los créditos que el Banco Nación le dio a Vicentin a lo largo de los años, si esto habilita para que la oposición acompañe el proyecto y podamos investigar, estamos dispuestos a aceptarlo”.
Al mismo tiempo que chicaneó a la oposición al señalar que “uno para gobernar necesita tres cosas: primero, tener una firme convicción de lo que va a hacer; segundo, tener un conocimiento para poder planificar; y por último, tener gestión” e insistió en que “nosotros lo que hicimos -con nuestro chavismo, anticapitalismo e intento de quedarnos con la propiedad privada- fue crear 284.024 empresas, se generaron más de tres millones puestos de trabajo; Macri en cuatro años logró que se cerraran casi 25 mil empresas y se perdieron 235 mil puestos de trabajo”.
“Hubo una fuerte inversión de empresas multinacionales durante nuestra gestión: Chevron, con lo que hoy es Vaca Muerta; Toyota; General Motors, a la cual se le dio un crédito para que no se vaya; Axion, que invirtió millones de pesos; Quilmes, Unilever, entre otras tantas”, explicó y precisó: “digo esto para que se vea nuestra animosidad contra el imperialismo y contra las empresas multinacionales, pero también hubo financiamiento para empresas nacionales. Hicimos esto con mucha convicción y se dieron créditos blandos del Banco Nación, también se dieron dos mil millones de dólares con los créditos del bicentenario. La otra disposición que hicimos fue obligarlos a los bancos a darle a las partes, préstamos a las PyMEs”.
Sobre esa misma línea, Parrilli señaló que en cuanto al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nosotros fuimos tan anticapitalistas, que lo dejamos en 70 mil millones de dólares; mientras que los defensores de la propiedad privada, ósea el macrismo, lo llevaron a la mitad. ¿Qué hicieron? Las empresas que tenían acciones las vendieron, compraron bonos y ahora valen la mitad” y concluyó señalando que “nosotros lo que hicimos fue un capitalismo productivo, mientras que Macri nos endeudó y ahora nos enteramos los tres grandes logros del macrismo: deuda fenomenal, espionaje ilegal y un fenomenal enriquecimiento de su familia”.
Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero adelantaron al inicio de la sesión que no participarán de la votación sobre la bicameral del caso Vicentin y el Convenio 190 de la OIT.
La oposición anunció al inicio de la sesión de este miércoles en el Senado que no participará de la votación de proyectos que, según entienden, son ajenos a la pandemia del Covid-19. Así lo adelantaron Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero, jefes de los interbloques Juntos por el Cambio y Federal, respectivamente.
Los legisladores anunciaron que estarán ausentes a la hora de votar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre acoso laboral, y también del proyecto de creación de una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación.
Con el argumento de que el decreto regulatorio de las sesiones virtuales acotó los temarios a proyectos vinculados a la pandemia, la oposición se retiró de la sesión donde se aprobaron los proyectos de ley de alquileres, educación a distancia y suspensión de las SAS (Sociedades por Acción Simplificada), el pasado 11 de junio.
Solo los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron la votación, mientras que los interbloques de Naidenoff y Romero se desconectaron de la sesión, y este miércoles anticiparon que volverán a estar ausentes.
“Cuando tocan a una, nos tocan a todas”, advirtió Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, quien denunció un “mensaje misógino” del periodista en el programa “La noche de Mirtha”.
Luego de que las legisladoras del Frente de Todos (FdT) denunciaran a Baby Etchecopar ante la Defensoría del Público, la senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, repudió -en la sesión de este miércoles- las declaraciones del periodista en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante su participación en “La Noche de Mirtha”.
En ese sentido, la senadora explicó que “fueron declaraciones agraviantes contra la vicepresidenta de la Nación y por ende a la investidura de este cuerpo” y recordó que “siempre que recibimos en la Banca de la Mujer denuncias que tienen como destinatarias a las mujeres, nos oponemos y solidarizamos. Todas las manifestaciones de violencia son repudiables e injustificables, no justificaremos a quien las realice”.
Asimismo consideró que “fue un hecho que excedió todos los límites y es un expendio de lo todo lo malo, lo debemos desaprobar y denunciar, más allá de la postura política que nos contenga” y recordó que “el sábado en un programa de televisión hubo una referencia violenta, agresiva, patologizante y muy humillante hacia la vicepresidenta de la Nación. Quienes compartían el programa lo escucharon tranquilamente y lo acompañaron con su silencio, todos sabemos que el calla otorga”.
Sobre esa misma línea, Durango señaló que “no lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar las mujeres de nuestro bloque ni los movimientos feministas. Cuando tocan a una, nos tocan a todas” e insistió en que “cuando nosotras alzamos nuestra voz para hacer oír nuestro reclamo de igualdad, paridad y equidad, hay en nuestro país un machismo violento que nos demuestra el desprecio que hay hacia las mujeres”.
“Esta no es la primera vez que sucede, es lógico, es el modo que tienen de vernos y tratarnos. Hay una manía histórica de agredirnos, ya lo hicieron con Evita y ahora lo hacen con Cristina: ‘viva el cáncer’, le escribieron a Eva y ‘ella es el cáncer’ le gritan a Cristina. Quienes atravesamos esa enfermedad, yo entre ellas, no podemos hacer menos que repudiar esta patraña”, señaló y concluyó afirmando que “la intolerancia y el odio no aportan nada al diálogo, al contrario, lo entorpece”.
El oficialismo buscará tratar un proyecto de Oscar Parrilli que es rechazado por la oposición. También se votará la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral.
El debate sobre el caso Vicentin llegará por primera vez al recinto del Senado. No precisamente con el proyecto de expropiación, que todavía no fue enviado al Congreso, sino por una iniciativa que el oficialismo buscará aprobar este miércoles para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación.
La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a sesionar el miércoles desde las 15 para tratar, entre otros, un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que crea una comisión bicameral investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y la entidad que entonces presidía Javier González Fraga.
La iniciativa cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio expresó su rechazo. El interbloque presidido por Luis Naidenoff argumentó que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
“No se entiende la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas, con toda seguridad, en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente”, consideró la bancada en un documento.
El proyecto de creación de la bicameral fue presentado por Parrilli en abril pasado, tras la denuncia penal del actual director del Banco Nación Claudio Lozano por posible defraudación al Estado a través de préstamos millonarios a Vicentin, que entonces ya se encontraba en concurso de acreedores.
El autor de la iniciativa habló de la posibilidad de una “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.
En otro orden, el Senado tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
Según expresó en un comunicado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.
El convenio define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
Al referirse a la cuestión de género, “designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
El formoseño cargó las tintas contra la oposición al cierre de la sesión informativa del jefe de Gabinete.
“Nuestro gobierno prioriza el más sagrado de los derechos: el derecho a la vida y a la existencia”, aseguró este jueves, al cierre de la sesión informativa, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, en relación a la pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas.
Tras las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Mayans recordó que “hace seis meses que estamos gobernando el país” y que “la gente votó un cambio de rumbo ante el fracaso contundente del gobierno de (Mauricio) Macri”.
“Lo que hizo el jefe de Gabinete fue visualizar cómo quedaron las cosas en el país”, dijo el formoseño, y apuntó a los niveles de inflación, endeudamiento y aumento de tarifas, además de mencionar que “miles de pymes cerraron, duplicaron el empleo, y prácticamente quebraron el sistema previsional”.
“El sistema económico era de usura y entrega”, resumió, y dijo que “la que mejor captó esa situación” fue la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, al “llamar a la unidad”. “Ese fue el gran gesto que cambió el rumbo de la política nacional”, sostuvo.
Mayans cargó contra la oposición: “Hace seis meses que dejaron un país en llamas y ahora opinan de todo lo que hay que hacer para revertir esta situación. Si seguíamos con las mismas políticas, y con mayor velocidad, tendríamos un país incendiado”.
“Lo primero que se hizo fue revisar nuestro sistema de salud, y nos dimos cuenta de cómo estaba”, advirtió el legislador, al recordar que ni siquiera había ministerio del área.
Asimismo, cuestionó la actitud del resto de los bloques de negarse a votar leyes como las de alquileres y educación a distancia con el argumento de que se trata de temas ajenos a la pandemia.
“Acá la cuarentena no hizo el daño. Esa es la forma barata de hacer política: vieron la posibilidad en esta crisis y entraron por la política barata”, lanzó el titular de la bancada oficialista.
El jefe de Gabinete brindó su informe por primera vez desde la asunción del Gobierno. Habló 44 minutos y respondió preguntas de los senadores. Apuntó a la herencia macrista, aunque hizo un llamado a la unidad. No hubo definiciones concretas a futuro.
Por Melisa Jofré y Carolina Ramos
Ante una oposición encendida y muy crítica, Santiago Cafiero brindó este jueves su primer informe de gestión en el Senado. El jefe de Gabinete apuntó a la herencia macrista, destacó las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia e hizo un llamado a la unidad, aunque no ofreció ninguna definición concreta sobre la salida de la crisis.
Cafiero intentó mostrar un ánimo conciliador en los 44 minutos que duró su exposición inicial y en las respuestas a los planteos de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal. Ubicado a espaldas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y acompañado de un puñado de funcionarios, el ministro coordinador defendió el rumbo tomado por el presidente Alberto Fernández.
Algo nervioso al principio, ganó seguridad con el avance de la sesión virtual, donde entre otras cosas negó que haya una intención oficial de expropiar empresas, elogió los resultados de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y aclaró que los denominados “superpoderes” sirven en este contexto para “asignar los recursos necesarios para que la gente no muera”.
Además, resaltó el alcance del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y enfatizó que los aumentos de la jubilación mínima en lo que va del año superaron a la inflación, aunque no respondió sobre el DNU que prorrogó la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Más allá de todo, llamó a “buscar coincidencias” y consideró que “tenemos que anteponer la responsabilidad política sobre nuestras diferencias”. “Entre todos vamos a poner a la Argentina de pie”, proclamó.
Cafiero habló de cara al video wall montado en el recinto. Solo dos senadoras estuvieron presentes: la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala -quien condujo buena parte de la sesión- y Laura Rodríguez Machado (Pro). Martín Lousteau, vicepresidente de la Cámara, sesionó de forma remota a modo preventivo, tras haberse realizado un hisopado que dio negativo.
El jefe de Gabinete estuvo acompañado por su segunda, Cecilia Todesca; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.
Habían pasado unos 15 minutos desde el inicio del discurso cuando Cafiero abrió la grieta. “Habíamos prometido en la campaña no hablar de pesadas herencias, pero es importante reconocer el punto de partida”, sostuvo Cafiero, y tras hacer un repaso de los cuatro años de la gestión anterior, subrayó: “Nuestro país claramente ya estaba en pandemia”.
Advirtió en ese sentido que “la inflación llegó al 53,8%, y la deuda pública representaba el 90% del PBI”, y señaló que “la escalada de sobreendeudamiento en cuatro años es parte de los problemas que hoy aquejan a los argentinos”.
También mencionó que entre 2015 y 2019 “la desocupación alcanzó el 9,8%” y “se perdieron 230.000 puestos de trabajo privados”, como así también “25.000 pymes cerraron, y la pobreza -que había sido parte de una promesa de campaña- aumentó al 35% y también alcanzó al 52% de los jóvenes, niños y niñas”.
Asimismo, Cafiero puntualizó que “el 60% de las obras públicas estaban paralizadas” y que “el aumento de las tarifas de servicios públicos se padeció también en los comercios y en pymes”, sumado a que “5.000.000 de argentinos estaban endeudados con la ANSES”.
Defensor de cada una de las medidas que tomó el Gobierno nacional desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio -el pasado 20 de marzo-, Cafiero resaltó que “la pandemia, y no la cuarentena, es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas”.
“La pandemia demuestra que el rol del Estado es imprescindible, que el Estado es el que te cuida, que el mercado jamás, jamás, podría haber hecho alguna de estas políticas”, sostuvo.
Cafiero señaló que desde el inicio de la cuarentena “aprovechamos para fortalecer nuestro sistema de salud” con la construcción “en tiempo récord” de “12 hospitales modulares”, además del fortalecimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud.
También ponderó la creación de una unidad especializada en Covid-19, en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde “nuestros científicos, tantas veces denostados, desarrollaron algo que no tiene comparación” como lo fueron “tres kits de testeos rápidos”.
Entre otras medidas, mencionó el bono especial para jubilados y beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo), los precios máximos, la suspensión de cortes de servicios públicos, el congelamiento de tarifas y alquileres y la suspensión de desalojos.
Además calificó como “una política que no tiene antecedentes” al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que cobraron en abril 8.600.000 personas, alcanzado actualmente a 9.000.000. “Esta ayuda económica nos dejó un aprendizaje: hay una Argentina oculta, que estaba invisibilizada”, agregó.
Por otra parte, el funcionario dijo que la Cancillería “actuó con mucha velocidad en repatriar a los argentinos que estaban varados” y, respecto a la educación, valoró la creación de una plataforma educativa y la distribución de “millones de cuadernillos para que nuestros pibes y pibas puedan seguir estudiando y nuestros docentes educando”.
Lógicamente, la oposición fue a la carga con el tema de Vicentin. Los senadores del Pro Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado, entre otros, cuestionaron tanto la intervención como la posible expropiación de la agroexportadora, aunque Cafiero negó que exista una intención de apropiarse de empresas.
“Pueden quedarse tranquilos. No está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones”, respondió el funcionario, y aclaró que lo que se hizo fue “rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles. Una empresa que no estaba operando, no estaba trabajando y no tenía perspectiva de trabajar”.
“También tengamos en cuenta, cuando hablamos de Vicentin, hablar del rescate económico que se quiso hacer durante el gobierno anterior desde el Banco Nación. Yo sé que a algunos le molesta esto, pero eso fue hace ocho meses nomás”, apuntó el jefe de Gabinete.
En ese sentido, señaló que el “crédito extraordinario” de 18.500 millones de pesos que recibió la compañía, se otorgó “sorteando todos los mecanismos regulatorios del Banco y es un crédito que se está judicializando y que está en investigación”.
Cafiero no le respondió al senador radical Julio Martínez sobre el DNU publicado este jueves en el Boletín Oficial que suspendió hasta el 31 de diciembre la movilidad jubilatoria, permitiendo así que el Poder Ejecutivo continúe con los aumentos por decreto hasta la elaboración de una nueva fórmula.
El jefe de Gabinete se limitó a decir que “con la formula anterior, los jubilados perdieron un 20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2019”, mientras que “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”.
Además, resaltó que “en diciembre y enero se otorgaron dos bonos a jubilados de la mínima, de 5.000 pesos cada uno, y en marzo otro de 3.000 pesos”. “Prácticamente el 90% de los jubilados de la mínima tuvieron un aumento de un haber más”, resumió.
En otro orden, informó que 250.000 empresas accedieron a la primera entrega del ATP, y otras 200.000 lo hicieron al segundo mes de su vigencia, lo que hace a un promedio de entre 2.000.000 y 2.500.000 trabajadores que recibieron el beneficio.
Cafiero detalló que la segunda entrega del ATP se terminó de abonar la semana pasada y, ante una pregunta del senador Julio Cobos (UCR), anunció: “Vamos a continuar trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones de hoy”.
“Estamos asignando los recursos necesarios para que nuestra gente no muera”, afirmó en otro tramo de la sesión al referirse a la facultad que se le otorgó en el DNU 457/20 para reasignar partidas presupuestarias a discreción en el marco de la pandemia del Covid-19.
Además, precisó cuál fue el destino de esos fondos: “La asignación de recursos fue en 9.000 millones de pesos para los medicamentos del PAMI; para la creación del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y subsidiar los créditos a tasa cero en 800 millones de pesos; y para financiar los proyectos de investigación del CONICET que dieron como resultado los tres tests rápidos de detección”.
También explicó que se reasignaron recursos que estaban destinados a gastos reservados de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia). “A veces esto suena a arbitrariedades, pero tengamos en cuenta cuáles son los resultados y adónde fueron a parar esos recursos”, aseveró Cafiero.
Luego, ante un discurso de Oscar Parrilli (Frente de Todos), ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo, ya que “hace falta una reforma de la normativa vigente”.
“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.
Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.
“Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.
Así se refirió a la facultad que se le otorgó por decreto para reasignar partidas de forma discrecional. Reveló cuáles fueron algunos de los destinos de esos fondos.
Al encabezar su primera sesión informativa ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la facultad que se le otorgó en el DNU 457/20 para reasignar partidas presupuestarias a discreción en el marco de la pandemia del Covid-19.
“Estamos asignando los recursos necesarios para que nuestra gente no muera”, afirmó Cafiero ante las críticas de la oposición, y aclaró que se trata de “una situación extraordinaria, con medidas extraordinarias, en momentos de una pandemia”.
Además, precisó cuál fue el destino de esos fondos: “La asignación de recursos fue en 9.000 millones de pesos para los medicamentos del PAMI; para la creación del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y subsidiar los créditos a tasa cero en 800 millones de pesos; y para financiar los proyectos de investigación del CONICET que dieron como resultado los tres tests rápidos de detección”.
También explicó que se reasignaron recursos que estaban destinados a gastos reservados de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).
“A veces esto suena a arbitrariedades, pero tengamos en cuenta cuáles son los resultados y adónde fueron a parar esos recursos”, aseveró Cafiero.
Según informó Cafiero en el Senado, “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”.
Al responder preguntas de la oposición ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”, y reiteró que el objetivo del Gobierno es “empezar por los más humildes para llegar a todos”.
Así se expresó Cafiero ante un planteo del senador Julio Martínez (UCR), quien cuestionó el DNU publicado este jueves en el Boletín Oficial por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que implica que el Poder Ejecutivo continuará otorgando aumentos de forma discrecional.
“La suspensión de la fórmula jubilatoria ha venido con un ajuste, y hoy ya con dos actualizaciones vemos que todos perdieron: las mínimas y las del promedio para arriba”, advirtió el legislador riojano.
Cafiero respondió que “con la formula anterior, los jubilados perdieron un 20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2019”, mientras que “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”.
Además, el funcionario destacó la “entrega de medicamentos gratuitos” por parte del PAMI. “Una política que ustedes liquidaron”, le contestó a Martínez.
En ese contexto, explicó que el “sentido ético” que se impuso el Gobierno fue el de “empezar por los más humildes para llegar a todos”.
Resaltó en ese sentido que “en diciembre y enero se otorgaron dos bonos a jubilados de la mínima, de 5.000 pesos cada uno, y en marzo otro de 3.000 pesos”. “Prácticamente el 90% de los jubilados de la mínima tuvieron un aumento de un haber más”, concluyó.
Es el programa por el cual el Estado abona parte de los salarios del sector privado. “Vamos a continuar trabajando con los sectores críticos en la misma condiciones de hoy”, dijo.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó en la sesión de este jueves en el Senado que alrededor de 2.000.000 de trabajadores accedieron al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado abona parte de los salarios del sector privado.
Según precisó el funcionario, 250.000 empresas accedieron al primer ATP, y otras 200.000 lo hicieron al segundo mes de su vigencia, lo que hace a un promedio de entre 2.000.000 y 2.500.000 trabajadores que recibieron el beneficio.
Cafiero detalló que la segunda entrega del ATP se terminó de abonar la semana pasada y, ante una pregunta del senador Julio Cobos (UCR), anunció: “Vamos a continuar trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones de hoy”.
En ese sentido, dijo que se están planteando “políticas específicas para empresas de menos de 800 trabajadores” que “no hayan tenido un aumento en la facturación”, las cuales seguirán recibiendo “el 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
Entre los sectores afectados, mencionó “la industria turística, la industria gastronómica, cines teatros… actividades que aun producto de la pandemia, y no de la cuarentena, están sensiblemente deterioradas porque no se pueden reactivar”.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió el rol del Estado y las medidas tomadas desde el comienzo del aislamiento obligatorio, el pasado 20 de marzo.
Defensor de cada una de las medidas que tomó el Gobierno nacional desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio -el pasado 20 de marzo-, Santiago Cafiero resaltó que fue “la pandemia” y “no la cuarentena” la que “provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas”.
“La pandemia demuestra que el rol del Estado es imprescindible, que el Estado es el que te cuida, que el mercado jamás, jamás, podría haber hecho nada de estas políticas”, sostuvo el jefe de Gabinete durante su exposición inicial ante el Senado, en la sesión de este jueves.
El funcionario destacó que la medida de iniciar la cuarentena, a poco más de dos semanas de detectarse el primer caso de Covid-19 en el país, fue una decisión basada “desde la ética del cuidado y la solidaridad”.
Cafiero enumeró las acciones realizadas desde el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria, y destacó que “aprovechamos para fortalecer nuestro sistema de salud” con la construcción “en tiempo récord” de “12 hospitales modulares”, además del fortalecimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud.
También ponderó la creación de una unidad especializada en Covid-19, en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde “nuestros científicos, tantas veces denostados, desarrollaron algo que no tiene comparación” como son “tres kits de testeos rápidos”.
Entre las medidas que mencionó, el jefe de Gabinete subrayó el bono especial para jubilados y beneficiarios de la AUH, los precios máximos, la suspensión de cortes de servicios públicos, el congelamiento de tarifas y alquileres y la suspensión de desalojos.
Además calificó como “una política que no tiene antecedentes” al Ingreso Familiar de Emergencia, el cual cobraron en abril 8.600.000 y actualmente alcanza a 9 millones. “Esta ayuda económica nos dejó un aprendizaje: hay una Argentina oculta, que estaba invisibilizada”, agregó.
Por otra parte, el funcionario dijo que la Cancillería “actuó con mucha velocidad en repatriar a los argentinos que estaban varados” y, respecto a la educación, valoró la creación de una plataforma educativa y la repartija de “millones de cuadernillos para que nuestros pibes y pibas puedan seguir estudiando y nuestros docentes educando”.
“El coronavirus va a pasar, la pandemia va a pasar, ¿y dónde vamos a estar nosotros? ¿Cuál va a ser el rol histórico de la dirigencia argentina? Ahí hay un libro que todavía no se escribió y lo tenemos que escribir entre todos”, aseguró, y añadió que “acá nadie se salva solo”.
El ministro coordinador habló de generar un “pacto con la ciudadanía” basado en “la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental”. “Desestimar cualquiera de esas tres sostenibilidades generaría una falta de equilibrio. Ninguna de esas tres se realiza a sí misma”, dijo.
En tanto, enfatizó que “las diferencias de opinión no pueden expresarse en términos de odio, ni mucho menos con adjetivaciones de enfermedades, como ‘cáncer’. Ese tipo de adjetivaciones obtura el debate”.
En ese sentido, llamó a “buscar coincidencias” y consideró que “tenemos que anteponer la responsabilidad política sobre nuestras diferencias”. “Entre todos vamos a poner a la Argentina de pie”, concluyó.
El jefe de Gabinete inició su primer informe ante el Senado con un repaso de la herencia recibida. “Habíamos prometido en la campaña no hablar de pesadas herencias, pero es importante reconocer el punto de partida”, dijo.
Habían pasado unos 15 minutos desde el inicio de la exposición de Santiago Cafiero ante el Senado cuando lanzó la primera definición fuerte de su informe de gestión. Tras repasar con abundantes cifras la herencia recibida por el gobierno de Mauricio Macri, el jefe de Gabinete sentenció que “nuestro país claramente ya estaba en pandemia”.
“Habíamos prometido en la campaña no hablar de pesadas herencias, pero es importante reconocer el punto de partida”, sostuvo Cafiero desde el recinto, acompañado por un puñado de funcionarios del Gabinete y con la vicepresidenta Cristina Kirchner sentada a sus espaldas, en el estrado principal.
Al hacer un repaso de los cuatro años de la gestión anterior, advirtió que “la inflación llegó al 53,8%, y la deuda pública representaba el 90% del PBI”, y señaló que “la escalada de sobreendeudamiento en esos cuatro años es parte de los problemas que hoy aquejan a los argentinos”.
También mencionó que entre 2015 y 2019 “la desocupación alcanzó el 9,8%” y “se perdieron 230.000 puestos de trabajo privados”, como así también “25.000 pymes cerraron, y la pobreza -que había sido parte de una promesa de campaña- aumentó al 35% y alcanzó al 52% de los jóvenes, niños y niñas”.
Asimismo, Cafiero puntualizó que “el 60% de las obras públicas estaban paralizadas” y que “el aumento de las tarifas de servicios públicos se padeció también en los comercios y en pymes”, además de que “5.000.000 de argentinos estaban endeudados con la ANSES”.
Al inicio de su exposición ante los senadores, el ministro coordinador expresó: “Para nosotros es central que exista un diálogo democrático entre las distintas áreas de gobierno”.
“Ha habido en este tiempo más sesiones que durante el año pasado, 65 presentaciones de funcionarios nacionales en ambas Cámaras y dos reuniones de alto nivel político del presidente de la Nación con los jefes de bancada”, destacó al referirse a la actividad parlamentaria, y pidió “que la democracia no quede en palabras, sino que se refleje en hechos”.
Muy crítico, recordó que cuando asumieron en diciembre había un proyecto de ley de Presupuesto 2020 que “era claramente ficticio” y “no contaba con herramientas reales”, sino que, por el contrario, “tenía todas las metas sobrevaloradas, sobrepasadas”.
“Era inaceptable para nosotros”, sostuvo y consideró que ese proyecto “también estaba deshilachado por este proceso de hiperendeudamiento que había tenido Argentina y tenía todos los vencimientos en fechas muy cortas”.
Defendió entonces que para el nuevo gobierno era “importante torcer la voluntad política del gobierno anterior, que lo único que había producido era más pobreza”, y por eso trazaron una “nueva arquitectura” con una “primera herramienta concreta y clara” que fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. “Esa ley para nosotros fue central”, resaltó.
La sesión se realiza de manera virtual desde las 15.27. El jefe de Gabinete está presente dentro del recinto, al igual que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de las autoridades.
A poco más de seis meses de asumir el nuevo Gobierno, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brinda ante el Senado su primer informe de gestión. La sesión informativa, durante la que realizará una exposición inicial y luego responderá preguntas de los distintos bloques, comenzó a las 15.27.
Si bien la reunión de este jueves se realiza de manera remota, el funcionario -que asistió con un grupo reducido de colaboradores- está presente dentro del recinto, al igual que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de las autoridades de la Cámara alta.
Previo a la sesión de este jueves, Cafiero recibió por escrito un total de 624 preguntas, que fueron contestadas en un documento de 702 páginas.
En su mayoría, las preguntas giran en torno a las decisiones que el Gobierno tomó en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, la negociación de la deuda externa y distintas problemáticas provinciales.
También hubo consultas sobre jubilados, la cantidad de argentinos que continúan varados en el exterior, la reactivación económica tras la cuarentena, la continuidad pedagógica luego del aislamiento, entre otros aspectos.
Las preguntas fueron realizadas con anterioridad al anuncio del Gobierno sobre la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, tema fuertemente rechazado por la oposición, con lo cual podría haber menciones al respecto durante la sesión informativa.
Esta es la primera vez que Cafiero asiste al Congreso, luego de numerosos reclamos por parte de la oposición, que insistió en que el jefe de Gabinete debía cumplir con lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional, donde se establece que deberá informar “al menos una vez por mes” alternativamente a cada Cámara.
La visita del funcionario se da a dos semanas de que el Senado haya avalado -únicamente con los votos del Frente de Todos y de Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana- el DNU 457/20 por el cual se lo facultó para reasignar partidas presupuestarias, en el marco de la pandemia por Covid-19, sin control parlamentario.
Además, el clima entre el oficialismo y la oposición en la Cámara alta se encuentra caldeado desde hace días: en las últimas dos sesiones los interbloques de Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal, presididos por Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero, respectivamente, se retiraron sin votar temas que no estaban vinculados a la pandemia.
Cafiero, que comenzó su discurso a las 15.34, asiste acompañado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.
Fue durante una reunión que mantuvieron los líderes del interbloque con el presidente de la Cámara baja. La semana próxima se renovaría el protocolo.
Las autoridades del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio le advirtieron este miércoles al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que no habilitarán el debate de “temas conflictivos”, tales como la expropiación de Vicentin o el impuesto a las grandes fortunas, bajo el formato de sesiones virtuales.
Así se lo transmitieron a Massa los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Álvaro González (Pro), durante una reunión en la que se acordó esperar hasta la semana próxima para discutir sobre la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que perdió vigencia el viernes pasado, ya que regía por 30 días.
Desde Juntos por el Cambio expresaron la intención de prorrogar el protocolo por un nuevo mes, pero con una condición: que “solo lleguen al recinto temas acordados por todos los bloques”, algo que hasta ahora se respetó, a diferencia del Senado, donde el oficialismo impuso su mayoría para trazar la agenda de las sesiones.
La preocupación en Diputados es que el Frente de Todos intente avanzar, en el formato virtual, con proyectos como la expropiación de Vicentin o el anunciado impuesto a las grandes riquezas. Si bien ninguna de las dos iniciativas ingresó formalmente, la oposición se mantiene en alerta.
“Las sesiones virtuales solo pueden llevarse a cabo con proyectos que reúnan consenso. Los temas controversiales o de alta sensibilidad política son imposibles de tratar en forma remota. Es importante no cercenar el debate parlamentario y el espíritu del legislador”, advirtió Ferraro.
En el protocolo aprobado por unanimidad en la sesión del 13 de mayo, se estableció que la prórroga debía ser “por consenso” en Labor Parlamentaria, es decir, no se puso como condición una mayoría especial, ni tampoco su tratamiento en el recinto. Para Juntos por el Cambio, la interpretación es que “todos los jefes de bloque” deben expresar su aval.
En el oficialismo creen que no habrá problemas y se muestran confiados. “Si hay agenda, hay protocolo prorrogado”, deslizaron fuentes parlamentarias.
En este contexto, Massa acordó con Negri, Ritondo y Ferraro esperar hasta el martes próximo para concretar la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de “tener claro el panorama político que podría tener Diputados en el próximo mes”.
De momento, en la Cámara baja hay al menos tres temas consensuados en agenda: la nueva ley de economía del conocimiento, la regulación del teletrabajo y la nacionalización del sistema SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).
“Vamos a tratar los temas que hagan falta porque estamos con la mayoría para resolver este tipo de cosas”, repitió el jefe del bloque oficialista en el Senado.
El jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans, cargó contra la oposición al advertir que “hacen una comedia, y además son muy malos actores” al retirarse de la sesión virtual en rechazo al tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, como se había acordado en el reglamento de funcionamiento remoto.
“No se puede ser tan mezquino con una cuestión de interpretación del reglamento, donde en vez de discutir, se oponen, hacen una comedia, y además son muy malos actores”, denunció Mayans, y agregó: “Despotrican contra el trabajo del Parlamento tratando de desvirtuar nuestras acciones cuando tuvimos la presencia de prácticamente diez ministros”.
Al contextualizar la situación, alertó: “Hace un mes había prácticamente 6.000 casos (de Covid-19) y hoy hay prácticamente 26.000 casos, ¡20.000 casos más! Si esta proporción se mantiene, y lo digo sin querer alarmar, Argentina llega en un mes a 100.000 casos. Es tremendo esto”.
“No sabemos cuánto va a durar esta emergencia. No se va a resolver de la noche a la mañana”, consideró, y continuó: “¿Qué quieren, esperar a que pase la emergencia? Cada vez es más difícil viajar a Buenos Aires por la situación que se está atravesando. Los dos casos de Formosa vinieron de afuera. Gracias a Dios, se los detectó a tiempo”.
El titular del bloque del Frente de Todos insistió: “Vamos a tratar los temas que hagan falta porque estamos con la mayoría para resolver este tipo de cosas. Estamos tratando estos temas porque hacen a la cuestión de la emergencia y al manejo del Estado”.
“Lo que menos hizo la oposición es respetar el reglamento y la ley. Hablaron de cualquier cosa y después se retiraron. Hablan del diálogo y después no se presentan al diálogo”, cuestionó Mayans, y agregó: “Cuando acordamos las sesiones remotas, el primer arreglo que hicimos fue que no ibamos a plantear cuestiones de privilegio, y lo violaron varias veces”.
Solamente acompañaron al oficialismo el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. La norma amplía de dos a tres años los contratos de alquiler y establece que los ajustes deberán ser anuales a partir de un índice combinado entre inflación y evolución salarial, entre otros puntos.
Por Melisa Jofré
Sin la presencia del grueso de la oposición, que volvió a unirse y reclamar en rechazo a la agenda del oficialismo, el Frente de Todos sancionó este jueves en el Senado la Ley de Alquileres, tras un espinoso recorrido de más de tres años.
El proyecto contó también con el respaldo de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), por lo cual la votación resultó por unanimidad.
La norma había recibido media sanción de la Cámara baja en noviembre del año pasado y fue uno de los dos temas que la semana pasada no se pudo tratar, luego que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal obturaran los dos tercios.
Después de que se sancionara la ley que habilita la educación a distancia, comenzó el debate sobre alquileres y sobre otro proyecto del senador Oscar Parrilli respecto a la suspensión de la inscripción de Sociedades por Acción Simplificada, pero para ese momento el grueso de la oposición se desconectó de la sesión.
Miembro informante de la iniciativa de alquileres, Ana Almirón (Frente de Todos) recordó el largo camino que tuvo este tema en el Congreso y destacó que el año pasado fue acompañado “por todos los bloques parlamentarios” en Diputados.
La presidenta de la Comisión de Legislación General señaló que a pesar de la vigencia del DNU 320/20 -sobre el congelamiento de las cuotas de alquiler, la prórroga de contratos y la prohibición de desalojos-, “siguen habiendo abusos para nuestros inqulinos y siguen habiendo desalojos violentos”.
“Esta norma supera la legislación vigente”, enfatizó la correntina, al asegurar que logra “un equilibrio” en la relación contractual y establece “un piso mínimo de garantías” para la parte más débil.
Almirón precisó que en el país, “el 17% de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler” y “casi el 41% del ingreso familiar” se destina a los gastos que ello demanda. “Esta ley es una respuesta que están esperando más de 9 millones de argentinos. Otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas”, agregó.
La oficialista lamentó que la oposición se haya retirado de la sesión porque “fue un logro histórico de la UCR la incorporación del artículo 14 bis a la Constitución Nacional”, el cual establece el acceso a una vivienda digna como derecho; y además porque “es una norma que ha sido impulsada en la Cámara de Diputados por un diputado de Cambiemos también” en referencia al exlegislador Daniel Lipovetzky.
A su turno, la rionegrina Silvina García Larraburu, autora del primer proyecto que se votó en la Cámara alta en noviembre de 2016, destacó el trabajo que “el Frente Nacional de Inquilinos desarrolla a lo largo y ancho de todo el país”.
Recordó que tras la primera media sanción, que tuvo “un tratamiento muy rápido” en el Senado, “lamentablemente, por una decisión del expresidente Mauricio Macri, fue cajoneado (en Diputados) durante prácticamente toda su gestión”.
“Ahora lo vamos a hacer en nuestro gobierno. Vamos a legislar para ampliar derechos y garantizarle a las personas el acceso a la vivienda“, celebró y dijo que, pese a que la ley es perfectible y en el futuro “se va a mejorar”, este “es el primer paso transcendental que vamos a dar”.
Ya con la decisión de retirarse del “recinto virtual”, algunos senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal aprovecharon el debate sobre educación a distancia para referirse al tema de alquileres.
Uno de ellos fue el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, que afirmó que la ley significa “un avance” y le aporta “certeza y previsibilidad al sector más desprotegido”, que son los inquilinos. “Estamos de acuerdo en el espíritu y la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en su votación porque se trata de un proyecto que está afuera de lo que habíamos acordado para estas sesiones remotas”, expresó.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero consideró que “todos los actores están cubiertos” por el DNU 320/20 “que suspende cualquier abuso que pudiera haber por parte de los propietarios”. Y opinó: “No hay una necesidad, ni una urgencia y no tiene nada que ver con el Covid-19”.
Qué dice la nueva Ley de Alquileres
La ley establece que la actualización del valor de los alquileres será de manera anual y no semestral, y que el ajuste se realizará según una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de evolución salarial (RIPTE) en partes iguales.
Según la norma aprobada, se amplía de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler, cualquiera sea su destino; y se regula que el pago del mes anticipado y del depósito de garantía no podrán ser mayores al equivalente a un mes de alquiler. Además, indica que el reintegro del mes de garantía deberá realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
El inquilino podrá proponer al menos dos alternativas de garantía, entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o una garantía personal, que podría documentarse con recibo de sueldo o certificado de ingresos.
El locador no podrá requerir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo en los casos donde el locatario ofrezca una garantía personal, donde el máximo será de hasta diez veces el valor del alquiler.
En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los tres últimos meses, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra para acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor a 15 días corridos. Si el locador permanece en silencio o se niega a llegar a un acuerdo, el inquilino podrá resolver el contrato de manera anticipada sin pagar indemnización.
Si el destino del inmueble es habitacional, previo a una demanda de desalojo por falta de pago, el dueño deberá intimar al inquilino otorgando un plazo no menor a diez días corridos para el cumplimiento de la deuda, contados a partir de la recepción de la intimación.
En lo que refiere a las expensas, el propietario se hará cargo de las extraordinarias, mientras que el locatario deberá cumplir con aquellas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición.
La ley también establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.
En cuanto a la intermediación, indica que ésta solo podrá estar a cargo de un corredor profesional matriculado. Si solo interviene un corredor, tanto el locador como el locatario deberán pagar los honorarios, “excepto pacto en contrario o protesta de alguna de las partes”.
La norma señala que el Poder Ejecutivo, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en formar concertada con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, deberá realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.
Finalmente, se crea un Programa Nacional de Alquiler Social para facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler, con especial consideración por las personas en situación de violencia de género y adultos mayores.
Se trata de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una herramienta creada por ley durante la gestión anterior. Según Oscar Parrilli, autor del proyecto, algunas se utilizaron para delinquir. La oposición, en contra.
Tras la retirada de la oposición, el oficialismo logró aprobar este jueves en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se había creado durante la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Parrilli aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.
Esto será así “hasta tanto el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) se normalice y la IGJ (Inspección General de Justicia) tenga el control de ese registro”, explicó el neuquino.
Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que “había un Estado bobo que dejaba que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir responsabilidades, tuvieran un instrumento legal”.
Según el exfuncionario kirchnerista, “aparecieron en el Registro de Propiedad del Inmueble unas 20 sociedades que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles, y sin saber de dónde venía la plata, en dos o tres días compraban inmuebles de 8 o 10 millones de dólares, o hasta 500.000 dólares”.
Además, señaló que “en Santa Fe aparecieron 40 SAS que fueron denunciadas por un fiscal que estaba investigando un hecho de lavado de activos”.
Si bien la oposición estuvo ausente durante este debate, senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal dejaron sus críticas durante la discusión del proyecto de educación a distancia, antes de retirarse de la sesión.
Esteban Bullrich (Pro) advirtió que “en los fundamentos” del proyecto de Parrilli “dice que de 30.000 SAS, 10 están sospechadas”. “Con esa lógica, deberíamos revisar todos los conventos porque un convento recibió un bolso con dinero mal habido, o revisar todas las sociedades de hoteles porque hay una sospechada de lavar dinero”, ironizó.
También desde el Pro, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa “no solo nada tiene que ver con el Covid-19, sino que además perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50.000 puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad”.
“Este gobierno nombró en la IGN a Ricardo Nissen, quien escribió un libro en contra de las SAS y desde su asunción generó normativas en su contra. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó un amparo contra los impedimentos de Nissen, que sigue sin definirse por estas cosas que tiene la Justicia en nuestro país, que permite que los presos salgan bien rápido de las cárceles y los amparos no se resuelvan con la misma celeridad”, alertó Rodríguez Machado.
Asimismo, recordó que Nissen “fue apoderado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, en la que se descubrió que los libros de la empresa habían sido corregidos con liquid paper, algo que sería imposible hacer con el sistema SAS, ya que toda la documentación se presenta de forma digital”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) habló de la “mediocridad de los argumentos” del proyecto de Parrilli y consideró que las menciones “a expresidentes, a empresas con nombre y apellido, son datos para una denuncia penal, no para un proyecto de ley”.
“Este proyecto va en contra de la libertad de comercio, que es tan antigua, la libertad de asociación”, señaló y reiteró que “no se legisla con nombres y apellidos, no se legisla generando inseguridad jurídica a partir de preconceptos”. “No podemos gobernar ni presentar proyectos desde el romanticismo ideológico ni desde el capricho revanchista”, añadió.
El legislador consideró que detrás de la iniciativa “hay un sesgo de voluntad de perseguir al sector privado” y apuntó que “Argentina necesita más empresas, no menos”.
Según cifras aportadas por Parrilli, “desde 2017 se han constituido alrededor de 27.000 SAS, pero en el RICE solo se inscribieron 21 instituciones, y en los tres años el aporte total fue de 168 millones de pesos. Quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en capital emprendedor”.
Además, precisó que “todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más que 31 millones de pesos en tres años” y agregó que “si tomamos todo este capital dividido en SAS, nos encontramos con no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad”.
Los menores de 18 años podrán cursas sus estudios bajo esta modalidad cuando la presencialidad sea “inviable”. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Tras la votación, la oposición se retiró de la sesión.
Por unanimidad, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que habilita la educación a distancia para los menores de 18 años en casos excepcionales, como la actual pandemia del Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales.
El debate se desarrolló en un clima tenso por las críticas de la oposición a la decisión del Frente de Todos de debatir temas no vinculados a la pandemia del Covid-19, en este caso los proyectos sobre alquileres y Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
La iniciativa aprobada modifica el artículo 109 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que actualmente solo permite los estudios a distancia para mayores de 18 años y estudiantes del nivel secundario en zonas rurales.
Con la flamante ley, la educación a distancia será autorizada “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Esta excepcionalidad deberá ser declarada previamente por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda.
En ese marco, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.
Asimismo, tendrá que atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Durante el debate, senadores de todos los bloques destacaron la importancia de la ley en este contexto, aunque coincidieron en que la enseñanza presencial en las aulas es irremplazable por el vínculo que se genera entre alumnos y docentes.
La presidenta de la Comisión de Educación, Cristina López Valverde (Frente de Todos) aseguró que con esta norma se le da “un marco a las decisiones que se ha visto obligado a tomar el ministro (de Educación Nicolás) Trotta” y el presidente Alberto Fernández en cuanto a la suspensión de las clases presenciales en todo el país.
La sanjuanina señaló que en la actualidad hay una discusión sobre “educación a distancia versus educación presencial” y que, incluso, “muchos sociólogos” del ámbito “todavía se debaten cuál u otra”. Pero, en ese sentido, enfatizó que la modalidad presencial “es irremplazable” por “la comunicacion cara a cara, el aspecto emocional y el contexto que se va creando a través de los vínculos y relaciones”.
La legisladora destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Educación y, asimismo, consideró que durante este tiempo de aislamiento obligatorio, se ha “valorado más que nunca al maestro y la capacidad didáctica que tiene”.
“Todos sabemos que si queremos una educación de calidad, esa educación tiene que dar igualdad de oportunidades y la tecnología hoy no la está dando, somos conscientes”, reconoció. Por eso, sostuvo que con esta ley “se dan las bases para alentarnos a trabajar en eso”.
Finalmente, la oficialista manifestó: “Espero que muy pronto podamos volver a las aulas, y seguramente volveremos más sabios, porque estas experiencias tan fuertes como la que estamos viviendo, y que atraviesa todos los aspectos de la vida, no pueden ser en vano”. “La escuela es una institución que más allá de los problemas que pueda tener es una institución irremplazable”, cerró.
Por su parte, Silvia Giacoppo (UCR) expresó: “Celebro este proyecto que garantiza la continuidad del derecho a la educación, uno de los derechos humanos fundamentales que el Estado debe brindarle a sus habitantes”.
“El proyecto es necesario y está dentro de la temática del Covid-19 y de la emergencia”, aclaró la jujeña, y agregó que “en estos tiempos de pandemia, debemos garantizar aun más el efectivo cumplimiento de estos derechos para los sectores más vulnerables de la población, para que esto no sea solo un canto de sirena”.
Giacoppo puso como ejemplo las comunidades indígenas, que “forman parte de los sectores más empobrecidos y más castigados por esta pandemia”.
La entrerriana Stella Maris Olalla, también de la UCR, coincidió en la importancia de “garantizar la continuidad pedagógica de nuestros niños y jóvenes para que cuando termine el aislamiento, puedan concurrir nuevamente al aula sin haber perdido el vínculo fundamental con los docentes”. “Todos sabemos que el lugar de aprendizaje por excelencia es el aula”, acotó.
Por su lado, Norma Durango (Frente de Todos) también expresó su apoyo a la norma “solo en el marco excepcional”. “No se podrá interpretar que algún pueblo, por su distancia geográfica, no merezca el esfuerzo del Estado por llevar la presencia de un docente”, remarcó.
El jefe de Juntos por el Cambio en el Senado selló la unidad de la oposición para bloquear los temas que requieran mayoría especial.
“Vamos a trabajar para que los dos tercios sean una defensa institucional de todos los argentinos”. La advertencia fue del jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien de esa forma selló la unidad de la oposición para bloquear los temas que requieran mayoría especial en la Cámara alta.
Enojado porque se incumplió el acuerdo de limitar las sesiones virtuales a temas vinculados a la pandemia, Naidenoff avisó este jueves que su bancada “siempre pondrá un freno cuando se trate de irracionalidad y de redoblar la apuesta”. “Siempre hay margen para dar marcha atrás, porque redoblar la apuesta no sirve, no conduce a nada”, dijo.
El formoseño le habló directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Ustedes gobernaron doce años, usted fue presidenta durante ocho años. Fernández afirmó que ‘vuelven mejores’ para no repetir errores del pasado, y para no repetir errores del pasado debemos respetar los acuerdos”.
En ese sentido, sostuvo que “las buenas intenciones iniciales” del Frente de Todos en el Senado “se vieron alteradas porque lo que cambió fue la hoja de ruta del oficialismo”, al impulsar el debate de temas ajenos a la pandemia, en este caso la ley de alquileres y la suspensión de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada).
Naidenoff recordó cuando, la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal bloquearon el tratamiento de los proyectos de alquileres y educación a distancia en represalia por haber incluido en el temario de aquella sesión dos DNU vinculados a temas judiciales.
“Los dos tercios los utilizamos para que el oficialismo tome nota de que debemos encauzar el diálogo para encontrar una salida a tantos temas pendientes que tienen que ver con la pandemia”, aseguró el legislador.
Pero a pesar de esto, advirtió que el propio jefe del bloque oficialista, José Mayans, en una reunión posterior de la Comisión de Relaciones Exteriores, “expresó que van a hacer valer la mayoría que tienen en las comisiones y en el recinto para tratar temas que nada tengan que ver con la pandemia”.
La senadora mendocina aseguró que no poder haberse conectado al principio de la reunión no se trató del olvido de una contraseña. El secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, le respondió leyendo el informe del equipo técnico.
La semana pasada la senadora Pamela Verasay (UCR) registró inconvenientes para conectarse en el inicio de la sesión virtual e, incluso, hubo un momento en que tuvo que manifestar su voto de manera telefónica. Por eso, este jueves la mendocina planteó una cuestión de privilegio contra la Presidencia para denunciar que la “silenciaron”.
“La sesión pasada irresponsablemente se dijo que yo me olvidé una contraseña y por eso no pude entrar al recinto virtual”, señaló, en referencia a las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el reclamo de Martín Lousteau.
Y continuó: “El problema no fue una contraseña, fue un problema de bloqueo del sistema que hasta este tiempo el equipo de informática no me ha podido responder”.
La radical rechazó las expresiones de la titular del cuerpo y parafraseó sus dichos sobre que “si no está en el recinto es porque no vino, porque no se tomó el auto para ir trabajar. No importa que no se loguee, total los votos están, los votos los tenemos”.
Verasay pidió “garantizar las formas para que cada uno de nosotros nos conectemos, podamos hablar y expresarnos” y cuestionó que “es tan endeble este sistema que ustedes a mí no me veían, pero yo estaba en el tablero dando quórum”.
“El reglamento dice que en su defecto se vota a viva voz: tuve que votar por teléfono, no sabían quién estaba del otro lado, me prestaron un usuario con una contraseña que no era Pamela Verasay”, agregó.
La legisladora añadió: “En el momento en el que me silenciaron la semana pasada, no solamente me silenciaron a mí, sino también silenciaron la representación de Mendoza”.
Cuando concluyó, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, leyó el informe del equipo técnico, donde se sostiene que “según se pudo verificar en los registros de la plataforma” la senadora “logró una conexión exitosa a las 15.04 con el nuevo usuario que le fue otorgado en forma temporal“, e incluso se constató que “en su casilla se recibió un correo electrónico” con el nuevo usuario y contraseña.
Al comienzo de la sesión de este jueves, y antes de cantar el Himno Nacional, la vicepresidenta Cristina Kirchner le preguntó a Lousteau, quien reclamó la semana anterior por el problema de la legisladora: “Senador Lousteau, ¿está conectada la senadora Verasay?”.
Presente en el recinto, por ser autoridad, el senador entre risas le respondió que sí. Y CFK agregó: “No quiero pelearme con usted por la senadora Verasay, entonces por eso le pregunto si la tiene conectada. ¿La tiene conectada? ¿Está conectada? Bien, listo, podemos empezar entonces”.
Tras participar de la votación de la ley de educación a distancia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal abandonaron el debate. Acusan al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La tensión entre el oficialismo y la oposición en el Senado escaló este jueves cuando, tras reiteradas amenazas, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se retiraron por segunda vez consecutiva de la sesión virtual, acusando al Frente de Todos de violar la regulación de los debates virtuales.
Las bancadas presididas por el formoseño Luis Naidenoff y el salteño Juan Carlos Romero volvieron a actuar en tándem y abandonaron la sesión virtual cuando terminó de aprobarse el proyecto de ley de educación a distancia. El único que, según advirtieron, está vinculado a la pandemia del Covid-19.
La oposición le enrostró al bloque de José Mayans y a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner que el decreto 8/20, que reguló el funcionamiento retomo, estableció que las sesiones telemáticas serían acotadas a temas referidos a la pandemia y sus derivados.
Sin embargo, el oficialismo incluyó la semana pasada dos DNU de la gestión anterior -uno de los cuales transfería a la Corte Suprema las escuchas judiciales- y este jueves incorporó a la agenda la iniciativa sobre alquileres y otra de Oscar Parrilli para suspender la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dejó asentada su postura desde el inicio, con una cuestión de privilegio presentada por Laura Rodríguez Machado (Pro) contra Cristina y Mayans.
Los senadores fueron más allá y, a lo largo del debate sobre educación a distancia, aprovecharon la oportunidad para reforzar las críticas, en un clima de crispación que tuvo que ser controlado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ante la ausencia de Cristina durante buena parte del debate.
“Nos vamos a abstener de participar de la votación (de alquileres) porque se trata de un proyecto que está fuera de lo que habíamos acordado para tratar en las sesiones remotas”, anticipó Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
En el mismo sentido, su par Pablo Blanco aclaró: “No es que uno esté en contra de estos proyectos, pero debemos respetar el marco por el cual ibamos a funcionar. Si en la casa de las leyes fijamos reglas de común acuerdo aprobadas por unanimidad, es una muy mala señal que le damos a la sociedad al no respetar los acuerdos”.
Además, advirtió que “hay más de 100 proyectos relacionados al Covid-19” presentados por Juntos por el Cambio “que ni siquiera fueron tratados en comisión”.
Tanto Blanco como Schiavoni señalaron además que los inquilinos “están protegidos” por el DNU firmado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo que prohibió los desalojos por falta de pago y congeló el precio de los alquileres debido a la situación de emergencia sanitaria.
También muy molesta, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró “muy triste” que “el oficialismo haya decidido terminar” con los acuerdos, “un modo de trabajo indispensable en la democracia actual”.
También se quejó de que “a los proyectos que vienen de Diputados no se los deja revisar ni cambiar una coma”. “¿Qué quieren ahora, qué seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? ¡Me resisto, señora presidenta!”, exclamó, al referirse al tema de alquileres y las dudas sobre la redacción aprobada en la Cámara baja.
La tucumana le pidió al Frente de Todos “que recapacite” porque “se equivocan” al “tomar esta manera antidemocrática, porque cuando no respeto lo que acuerdo, las formas de actuar y tratar a la oposición, hiero de muerte a la democracia. ¡Y eso es lo que están haciendo! Creer que tienen los votos y que por eso tienen derecho a hacer lo que quieren”.
La riojana Clara Vega, del Interbloque Federal, también lamentó la decisión de “no respetar los acuerdos en tiempos de pandemia”, al tratar en esta sesión “dos temas que no tienen que ver con el Covid-19”, sino que “tienen que ver con un oportunismo y un sesgo ideológico”.
Reafirmó esta postura el jefe de Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, quien se quejó de que ambos temas “nada tienen que ver con la pandemia”. Y cargó contra “un sector del oficialismo” que gobernó hasta diciembre de 2015 por expresar “día a día un revanchismo contra el campo, la prensa, los periodistas no adeptos, las empresas, los jueces. En fin, todos los que piensen distinto a ustedes están siendo castigados”.
“Creemos que deben respetarse los acuerdos”, enfatizó y recordó que en julio vencerá el plazo establecido para las sesiones remotas, con lo cual se podrá “discutir” sobre nuevas reglas. Pero advirtió que eso se hace con “consensos” porque “ante la imposición es más difícil, se agranda la grieta”.
Finalmente, el salteño lanzó que “ganar las elecciones no es un boleto para el ‘todo vale'” y “ser mayoría no es ser dueños. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. No es un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado advirtió que se volvió a violar el decreto que acota las sesiones remotas a temas vinculados a la pandemia.
Al inicio de la sesión de este jueves en el Senado, y en nombre del interbloque Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado (Pro) volvió a advertir al oficialismo sobre el temario de los debates virtuales, que según la resolución firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, debe acotarse a proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19.
Desde su banca en el recinto, Rodríguez Machado presentó una cuestión de privilegio contra Cristina y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, por haber incluido este jueves una iniciativa ajena a la pandemia, que suspende por seis meses la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS), es decir, la creación de empresas vía Internet.
La legisladora del Pro recordó que el decreto presidencial 8/20, aprobado por unanimidad, estableció que “la temática a tratar en las sesiones virtuales mientras dure la situación de cuarentena y la pandemia tienen que ver solo con temáticas relacionadas al Covid-19”.
Puntualmente, el artículo 2 de dicho decreto señala que “las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, sobre aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos”.
“Lo que más me preocupa -expresó Rodríguez Machado- es que si los senadores no respetamos las normas que nosotros mismos nos damos, ¿qué le podemos pedir al resto de las instituciones? Tenemos que dar el ejemplo”.
Al referirse puntualmente al proyecto de suspensión de las SAS, recordó que la ley que creó esa modalidad fue aprobada durante la gestión de Mauricio Macri y recibió unanimidad en la Cámara alta.
Según la cordobesa, “la SAS es una modalidad que ha generado infinidad de posibilidades de trabajo para los argentinos: 47.000 puestos de trabajo y alrededor de 30.000 asociaciones creadas bajo este tipo societario”.
La oposición ya había cuestionado, la semana pasada, la decisión del oficialismo de apartarse de la regulación de las sesiones virtuales. Es que, en la última sesión remota, el Frente de Todos incluyó en el temario el rechazo al DNU 256/15, que pasó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.
A modo de represalia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se negaron a aportar los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas otros dos proyectos, los de educación a distancia y alquileres. Y, cuando comenzó el tratamiento de los decretos, ambas bancadas se desconectaron de la sesión.
Además de la cuestión de privilegio presentada por Rodríguez Machado, los senadores Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) enviaron una nota a Cristina donde advirtieron que “se ha vulnerado una norma interna y se han incumplido los acuerdos políticos que le dieran origen”.
“La vulneración de una normativa interna y transitoria que nos hemos dado sólo a los efectos de atender de manera especial a la pandemia viene a romper el indispensable marco de confianza requerido entre las partes para poder sesionar de esta forma remota por medios telemáticos con el actual sistema”, sostuvieron.
Además, subrayaron que “este tipo de sesiones, con el sistema informático que se ha adoptado, concentra su administración en áreas operativas que dependen de la Presidencia y que limitan sensiblemente la posibilidad de control tanto a esta oposición como a la ciudadanía”.
También, el oficialismo buscará avanzar con un proyecto para suspender la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas. Juntos por el Cambio insistirá con su rechazo a tratar temas que no están vinculados con la pandemia.
El Senado comenzó a las 14.37 una nueva sesión virtual para debatir las leyes de educación a distancia y de regulación de los contratos de alquiler, ambas postergadas la semana pasada por el bloqueo del grueso de la oposición, que obturó los dos tercios necesarios.
Además, durante la jornada, el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de un proyecto del senador Oscar Parrilli (FdT) que propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), contemplada en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, sancionada durante el macrismo.
Tanto desde Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, como desde el Interbloque Federal, compuesto por un puñado de legisladores de fuerzas provinciales, los senadores insistirán en su rechazo a que se traten temas que no están vinculados a la pandemia por Covid-19, algo establecido por el decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner que habilitó las sesiones remotas.
El primer punto del temario es la iniciativa que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento obligatorio.
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
Será uno de los temas de la sesión de este jueves, tras el fracaso del tratamiento la semana pasada. Cuáles son los puntos salientes de la iniciativa.
Tras el “plantazo” de la oposición la semana pasada, el Senado volverá a sesionar este jueves de manera virtual para tratar, entre otros temas, la postergada ley de alquileres. El proyecto cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados y se encamina a convertirse en ley.
A continuación, un repaso por sus aspectos principales:
El rionegrino cuestionó la decisión de la oposición de retirarse de la sesión virtual: “Lo que pasó hoy es una verdadera falta de respeto a toda la sociedad argentina”.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) criticó con dureza la decisión del interbloque Juntos por el Cambio de abandonar la sesión virtual después de haber bloqueado el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia.
“Esta actitud es un mensaje claro: les molesta que el Senado de la Nación se ocupe de temas de la anterior gestión. ¿Qué tiene de inconstitucional que esta Cámara audite, evalúe, analice y revise lo que pasó con la deuda externa?”, se preguntó.
El senador rionegrino dijo que “todos los temas que tratamos tienen que ver con la hoja de ruta de la sociedad. Lo que pasó hoy es una verdadera falta de respeto a toda la sociedad argentina. La ley de alquileres tiene que ver con los inquilinos, afecta a 9 millones de argentinos. Modernizar la Ley de Educación para que sea válido enseñar a distancia tiene que ver con la sociedad. Evitar los despidos por 60 días mucho más. Darle al Ejecutivo el presupuesto necesario para atender las emergencias derivadas de la pandemia, también”.
Weretilneck advirtió que “ponen de excusas el tratamiento remoto y dicen que quieren tratar únicamente temas referidos a la pandemia, pero el mensaje es otro y a medida que pasen las sesiones esto se volverá más visible. El DNU que hoy se ataca por superpoderes es en realidad el instrumento económico-financiero que tuvo que llevar adelante el gobierno del presidente Alberto Fernández para minimizar el impacto de la pandemia”.
En otro aspecto, el exgobernador de Río Negro destacó la decisión del Gobierno Nacional de implementar el “barril criollo” de petróleo, que a su entender “llegó un poco tarde”. Manifestó sus dudas respecto a “quién va a pagar la diferencia del precio sostén, algo que no está establecido en el decreto”, y expresó su preocupación respecto a las empresas integradas que no estarían cumpliendo el precio acordado.
En paquete, los senadores votaron una serie de medidas que contaban con dictamen de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
En la sesión virtual de este jueves, los senadores aprobaron un conjunto de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.
Además de avalar el DNU de los “superpoderes” al jefe de Gabinete y, por otro lado, de avanzar con el rechazo a un DNU de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas, el oficialismo ratificó otras 9 medidas del Poder Ejecutivo.
Durante el debate, el misionero Maurice Closs se refirió al DNU 391/2020, por el cual se oficializó la oferta presentada a los acreedores para renegociar la deuda. “En los últimos días hay una tendencia a decir de que el default empezó ahora. El default viene de mucho tiempo atrás”, sostuvo.
El vicepresidente primero de la Cámara alta cuestionó que “el gobierno anterior ha mostrado muy mala praxis en muchos temas, pero en este específicamente de la deuda pública ha tenido errores enormes. De alguna manera ha tenido un paso fugaz por los mercados. Nunca un gobierno dilapidó el crédito internacional en tan poco tiempo”.
“Con esta legislación que venimos a aprobar estamos dando los pasos para llegar a una solución y una solución difícil, básicamente en todo lo que se refiere al endeudamiento bajo legislación extranjera”, agregó el oficialista.
Por otra parte, sobre el DNU 488/2020, que fijó el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares, el rionegrino Martín Doñate destacó: “El libre mercado no puede dar respuestas y allí va el rol ordenador del Estado a dar, de la mano del decreto 488, una respuesta que demandaban los gobernadores, que con mucha responsabilidad venían planteando alternativas”.
“El DNU goza de plena legalidad, resulta de aplicación durante un período limitado y con parámetros específicos, con lo cual, la constitucionalidad de la norma no tiene ningún tipo de duda”, señaló el legislador del Frente de Todos.
A su turno, su comprovinciano Alberto Weretilneck, del monobloque Juntos Somos Río Negro, dijo que estaba a favor pero consideró que el decreto llegó “un poco tarde” y que no establece “quién va a pagar la diferencia”. También alertó sobre “la posición dominante de las empresas refinadoras” y la “duda en cuanto a que cumplan con lo que está pautado”.
En respaldo a todo el paquete de decretos, el catamarqueño Dalmacio Mera afirmó que “cada uno de los DNU están tomados dentro de las facultades constitucionales del presidente y están sometidos con dictamen por la Bicameral de Trámite Legislativo”.
“Cada uno tiene una respuesta a cada una de las necesidades de los argentinos y las argentinas, que la estamos pasando mal, y el presidente y sus ministros lo tienen muy en cuenta”, completó el senador del oficialismo.
Los decretos aprobados
1) DNU 52/2019- Intervención por 180 días de la Agencia Federal de Inteligencia (20-12-2019)
2) DNU 408/2020- Extensión hasta el 10 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (26-04-2020)
3) DNU 409/2020- Prórroga hasta el 10 de mayo inclusive de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país (26-04-2020)
4) DNU 426/2020- Prórroga hasta el 31 de mayo inclusive la vigencia de la obligación de garantizar un servicio reducido del servicio prepago de telefonía móvil o Internet (30-04-2020)
5) DNU 459/2020- Extensión hasta el 24 de mayo del aislamiento social preventivo y obligatorio (10-05-2020)
6) Decreto 391/2020- Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera (21-04-2020)
7) Decreto 404/20- Rectificación del documento “Condiciones de Emisión de los Títulos Nuevos” de Anexo III del decreto 391/2020 (23-04-2020)
8) Decreto 425/2020- Prórroga hasta el 30 de junio de 2020 la suspensión de cierre de cuentas bancarias (30-04-2020)
9) Decreto 488/20- Establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales, hasta el 31 de diciembre de 2020 (18-05-2020)
El decreto firmado por Macri pasó ahora a la Cámara de Diputados para su anulación definitiva. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron de la sesión virtual.
Por Carolina Ramos
En ausencia de la oposición, el Frente de Todos logró dar el primer paso en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el oficialismo también rechazó el DNU 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial estaría cargo de dos camaristas -fueron nombrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra-.
La votación se realizó sin la participación de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.
El oficialismo solo contó con el apoyo extra de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
Para que los decretos sean anulados definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, denunció que los decretos son “inconstitucionales” porque abarcan materia penal, y rechazó la crítica de la oposición acerca de que ya habían sido dictaminados -el primero el 16 de febrero de 2016, y el segundo, el 21 de marzo de 2017-.
“No existe ninguna norma expresa que impida dictaminar nuevamente sobre DNU que no han pasado por ninguna de las dos Cámaras del Congreso”, aclaró Fernández Sagasti.
Sobre la cuestión de fondo, expresó: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.
“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.
A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.
“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”.
Sobre la decisión de la oposición de no convalidar el debate de los decretos, expresó que “esperaba que tuvieran la valentía de estar a la altura de las circunstancias”. “Tenemos la oportunidad de saldar el desastre vergonzoso que hicieron con el sistema de libertad y de intimidad de la Argentina”, concluyó.
En tanto, el chubutense Mario Pais aseguró que el oficialismo actuó “conforme a derecho y a la Constitución” dictaminando los DNU por segunda vez y luego, llevándolos al recinto.
Además, recordó que si bien el protocolo de funcionamiento remoto del Senado indica que se tratarán temas vinculados a la pandemia, no les otorga “exclusividad”, y además señaló que por encima está el reglamento de la Cámara alta, que se dicta sus propias normas.
Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.
Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.
El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.
“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.
Asimismo, el legislador cuestionó el decreto de la intervención de la AFI, el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.
Naidenoff afirmó que “el espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos” ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.
“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.
Con mayoría, el oficialismo en la Cámara alta aprobó el decreto que la semana pasada, sin éxito, la oposición trató de rechazar en Diputados. Fue por 42 votos positivos y ninguno en contra.
Por Melisa Jofré
Con mayoría en el Senado, el Frente de Todos avaló el Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020, por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto -en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19- sin control parlamentario.
Luego que el grueso de la oposición -el interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal- abandonaran la sesión de este jueves, el oficialismo aprobó el decreto con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. La votación resultó así con 42 votos a favor y ninguno en contra.
De esta manera, con el aval de una de las dos cámaras del Congreso, el decreto que la semana pasada la oposición intentó, sin éxito, rechazar en Diputados, quedó ratificado.
En contra de la medida, el jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, aseguró que es “poco serio para el país” porque “vamos en un ida y vuelta” con la Ley de Administración Financiera que, durante el menemismo, “le devolvió al Congreso las facultades de modificar el Presupuesto”.
“En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner le da todas las facultades de modificación, lo que llamamos ‘superpoderes’, al jefe de Gabinete de Ministros, que obviamente es parte del Poder Ejecutivo”, recordó y señaló que en 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se volvió a “poner limitaciones, estableciendo un límite de 7,5% para 2017 y 5% para 2018”.
Por eso, el legislador enfatizó que “hoy, con este DNU, volvemos a la época donde se podía hacer cualquier cosa con el Presupuesto y las partidas; volvemos a una libertad absoluta. Esto me parece una medida de pésima administración”.
Por el oficialismo, chubutense Mario Pais aclaró que “no son facultades extraordinarias ni ‘superpoderes’ del jefe de Gabinete”, sino que se trata de “la asignación de partidas en el marco de decisiones políticas legítimas del Poder Ejecutivo” ante la emergencia sanitaria.
“No tenemos Presupuesto porque faltan algunas variables, esencialmente la reestructuración de la deuda externa, porque sino vamos a hacer otro Presupuesto mentiroso, y nuestra vocación es desarrollar un Presupuesto que nos permita políticas de Estado en función de la realidad, no de la mentira, como nos tocó vivir en años anteriores, donde votábamos un Presupuesto y horas después se modificaban las variables”, señaló.
A su turno, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó que “utilizaron como argumento la pandemia cuando la propia Ley de Administración Financiera contempla situaciones de fuerza mayor” para reasignar partidas. “En materia económica andamos a los tumbos”, expresó y se quejó por la falta de un Presupuesto.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio cargó contra la gestión anterior, al afirmar que “dijeron que iban a gastar en publicidad 2.020 millones de pesos, y gastaron 4.050 millones”. “Nosotros no estamos pidiendo facultades para aumentar los gastos en publicidad, ni para aumentar los gastos de personal, ni para contratar consultoras como hizo el gobierno anterior”, dijo.
El legislador del Frente de Todos sostuvo: “Puede quedarse tranquila la oposición, pero mucho más pueden quedarse tranquilos los argentinos, nuestro gobierno no va a hacer nada de eso”. Además, el titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que las facultades al jefe de Gabinete son “para compensar gastos que nos permitan aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia”.
En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck criticó la actitud de Juntos por el Cambio de abandonar el debate y defendió el DNU 457/2020 -que modificó el Presupuesto prorrogado-. “Partimos de un Presupuesto que es una verdadera falacia, una gran mentira”, lanzó.
El exgobernador respaldó al Gobierno por no enviar un proyecto de Presupuesto, “porque estamos esperando la renegociación de la deuda externa” y “sería muy poco serio” discutir una ley de leyes sin ese paso previo.
“Este DNU, que se lo ataca por los ‘superpoderes’, en realidad lo que significa es el instrumento económico-financiero que tuvo que llevar adelante el presidente Alberto Fernández para atender a la pandemia”, añadió.
A través del artículo 4 del DNU 457/20 se eliminó el límite al jefe de Gabinete del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso. En los fundamentos, el Ejecutivo argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.
El jefe del bloque del Frente de Todos cargó contra Juntos por el Cambio, luego que los miembros del interbloque Juntos por el Cambio abandonaran la sesión virtual. “No están dispuestos a trabajar”, lanzó.
El jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, cargó contra el interbloque Juntos por el Cambio luego que sus miembros decidieran abandonar la sesión virtual de este jueves en rechazo a algunos de los puntos del temario y la forma de debatirlos.
Después de haber bloqueado el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia, con el acompañamiento del Interbloque Federal, el radical Luis Naidenoff -jefe de JxC- fue el único orador de su espacio.
A continuación, la oposición se retiró y pidió entonces la palabra Mayans, quien le consultó al prosecretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, cuántos senadores quedaban conectados. “Hay 42 senadores presentes en este momento y se retiraron de la sesión 29 senadores”, le respondió.
“Nosotros vamos a seguir trabajando, el pueblo argentino nos dio esa responsabilidad”, comenzó Mayans, que cuestionó al gobierno anterior por lo que “hicieron con nuestra economía, nuestra tecnología, nuestros trabajadores, nuestras empresas”. “Esta gente que se retiró, con la independencia económica, fíjense lo que hicieron”, agregó.
El formoseño cargó: “Ahí está la actitud de irresponsabilidad, nos enojamos, somos los chicos caprichosos. ¡Ustedes son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino! Esta es la democracia al revés, si no hacemos lo que ellos quieren, se levantan, se van, se retiran y esta es la forma en que protestan. No están dispuestos a trabajar”.
“Nosotros vamos a tratar los temas que creemos que el país necesita, porque para eso somos mayoría”, enfatizó el presidente del bloque oficialista y destacó el trabajo “para, a pesar de las duras circunstancias, mejorar la calidad de vida de los argentinos”.
El senador cuestionó el rechazo a habilitar el proyecto de ley de alquileres cuando hay “nueve millones de personas que están preocupadas en ese proyecto, y por capricho estos señores no nos dieron los dos tercios”.
“Nosotros no podemos autolimitarnos porque una bancada minoritaria decidió de que ellos son los que imponen los temas a tratar”, cerró.
El hecho insólito la tuvo como protagonista a la mendocina radical Pamela Verasay, quien le tuvo que transmitir su voto al prosecretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi.
Insólitamente, durante la tercera sesión virtual que se realizó este jueves en la Cámara alta, la senadora mendocina Pamela Verasay (UCR) votó telefónicamente. Fue al momento en que se estaba decidiendo sobre el habilitamiento de tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia.
Antes de pasar a la votación electrónica, el senador Martín Lousteau (UCR) -presente en el recinto- le informó a Cristina Fernández de Kirchner que había “algunos senadores que no están pudiendo conectarse al Webex”, la plataforma para ingresar a las sesiones remotas.
“Verasay, déjenme buscarla, Verasay…”, miraba a lo largo de toda la pantalla la vicepresidenta, que expresó: “Ahora la buscamos, de cualquier manera tenemos número suficiente. Si falta un senador es como si no estuviera sentado un senador en el recinto”.
Fuera del micrófono, Lousteau siguió reclamando, a lo que Cristina enfatizó que “el problema de una señora senadora no altera el resultado, no es que no se puede votar”.
“Es que una senadora está tratando de sentarse a una sesión y no está pudiendo, son dos cosas distintas”, retrucó Lousteau. “No. La senadora informa, para que quede constancia en versión taquigráfica, que olvidó su clave”, respondió la vicepresidenta.
Entonces el radical quiso continuar, pero CFK lo cortó: “Sin diálogo, no tiene la palabra senador”.
“Reitero y para aclaración de futuros problemas, cualquier senador o senadora que olvide la clave, no podrá conectarse. No podemos estar… es como que se olvidó de tomar el auto y no pudo llegar”, ironizó la titular del cuerpo.
Luego se pasó a un cuarto intermedio y, tras 12 minutos, al retomar la sesión, Verasay todavía no había podido conectarse. “La senadora le va a informar su voto telefónicamente al prosecretario (parlamentario, Juan Pedro Tunessi)”, informó Cristina. Y, finalmente, así fue.
Según pudo saber parlamentario.com desde su entorno, la senadora registró que había “problemas del servidor del Senado y del sistema” y afirmó que ella estaba en la Legislatura mendocina donde contaba con una “óptima conexión”.
Aunque logró ingresar al recinto virtual, minutos después se desconectó, al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, que decidieron abandonar la sesión.
El salteño Juan Carlos Romero consideró que existe una “tentación” del bloque Frente de Todos por “incorporar temas que no corresponden a la pandemia” en las sesiones.
Luego de votar en contra del tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia, el jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, advirtió que “uno de los objetivos de un sector del oficialismo es ir armando un entramado que termine con un gran velo de impunidad, por eso no queremos tratar leyes que no correspondan”.
El salteño consideró que existe “una tentación” por parte del bloque Frente de Todos de “incorporar temas que no corresponden a la pandemia, violar el acuerdo”. “El decreto de la Presidencia del Senado era muy claro: prevé sesiones remotas para aquellas leyes vinculadas con la emergencia sanitaria”, señaló.
Aunque dijo que no le quería restar “importancia” a los temas que no se pudieron debatir este jueves, el legislador apuntó que algunos puntos del temario no tenían “nada que ver con la pandemia”.
“No debemos enojarnos si no queremos tratar temas hoy que no estén vinculados a la pandemia, porque hay un acuerdo y debemos respetarlo”, insistió y continuó: “Veo en muchas medidas una voluntad revanchista del oficialismo. No hay voluntad de acordar temas, de escuchar al que piensa distinto”.
Romero cargó contra el oficialismo al expresar que “quienes están hoy en el Gobierno han generado desde hace años una grieta en Argentina, y esa grieta dividió al país”. “Yo no quisiera que para sectores de este Gobierno siga habiendo enemigos perfectos”, lanzó y mencionó al “campo, los medios, los periodistas, los jueces”.
También afirmó que rechazaba la intención de “votar una ley castigo”, en referencia al impuesto a las grandes fortunas, y cuestionó: “Estamos peleando con un enemigo invisible, pero también tenemos un plan económico invisible”.
Romero aseguró que hay leyes que quiere que se den “en un debate a futuro en el Congreso” y subrayó que “el debate a distancia no es para tratar la reforma judicial, para ampliar el número de la Corte; son temas tan delicados que no se pueden imponer”.
Fue porque no cedieron los dos tercios para tratar ambos proyectos sobre tablas. Para la oficialista, esa actitud “resulta muy cara para la democracia”.
Luego de que la oposición bloqueara el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia en el Senado, la oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció una “maniobra espuria” de Juntos por el Cambio y otros bloques y lamentó: “Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
Así se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos luego de que el oficialismo no alcanzara los dos tercios necesarios para tratar las dos iniciativas consensuadas, cuyos dictámenes no contaban con los siete días de vigencia reglamentarios.
La votación resultó con 42 votos afirmativos y 29 negativos, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, quienes tomaron la decisión a modo de reproche al oficialismo por promover la votación conjunta de varios DNU, incluyendo dos de la gestión macrista y el que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
“Que la oposición se niegue a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”, advirtió la mendocina.
Recordó que “hace menos de un mes, senadores y diputados lanzaban una ‘caravana por la democracia’ pidiendo que el Congreso sesione con temas importantes para la Argentina”.
“La ley de alquileres es un tema que venimos debatiendo hace mucho. Muchos argentinos esperaban alivianar su situación con los contratos de alquiler”, lamentó Fernández Sagasti, y lanzó: “Ese llamado a la democracia, a que sesionemos, a que las instituciones se abran, y todo lo que hicieron con el titular de la ‘infectadura’ es lo que quieren hacer de nuestras instituciones”.
Finalmente, la oficialista insistió: “Lamento mucho que el Senado no quiera tratar las leyes de educación y alquileres. Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
Se opusieron a tratar las iniciativas sobre tablas, con lo cual el Frente de Todos no alcanzó los dos tercios. Los únicos opositores que acompañaron al oficialismo fueron la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. Rechazo al debate en paquete de los DNU y el tratamiento de dos firmados por el expresidente Mauricio Macri.
Por Melisa Jofré
Después de media hora de proceso de votación, el interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal bloquearon en el Senado el tratamiento sobre tablas de dos proyectos que este jueves se encaminaban a convertirse en ley.
Se trata de las iniciativas relacionadas a la regularización de los contratos de alquiler y otra para dar un marco legal a la educación a distancia, los cuales tienen media sanción de la Cámara de Diputados, pero se dictaminaron en comisiones esta semana con lo cual requerían los dos tercios de los votos.
Con 42 votos a favor y 29 en contra, el grueso de la oposición logró no habilitar el debate de los proyectos. Los únicos opositores que acompañaron al Frente de Todos fueron la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal adoptaron esa postura en contra de la decisión del oficialismo de tratar en conjunto una docena de decretos, entre los cuales está el de los “superpoderes” al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y también dos firmados por el expresidente Mauricio Macri, vinculados a las escuchas judiciales.
Desde ambas bancadas de la oposición alertaron que el Frente de Todos incluyó en la sesión iniciativas no vinculadas a la pandemia de Covid-19, el eje temático principal del decreto que estableció la realización de sesiones remotas durante la etapa de aislamiento.
Al comienzo de la tercera sesión virtual, la primera votación que se efectuó fue para habilitar o no, con los dos tercios, el tratamiento sobre tablas de los proyectos mencionados. La reunión comenzó con retraso dado la imposibilidad de la radical Pamela Verasay para poder conectarse, razón por la que se pasó a un cuarto intermedio.
Tras más de diez minutos, Verasay continuó con dificultad para entrar al sistema y realizó su voto -insólitamente- por teléfono, al decírselo al prosecretario parlamentario, Juan Tunessi. Por supuesto, fue negativo, al igual que sus compañeros de bloque.
Luego del bloqueo a esas iniciativas, la sesión arrancó con el debate en conjunto de cuatro decretos y seis DNU firmados por Alberto Fernández; y dos DNU de los años 2015 y 2017, emitidos durante el gobierno de Cambiemos.
Ni bien arrancó el debate, la vicepresidenta del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, denunció una “maniobra espuria” de la oposición y sostuvo que el hecho de que se hayan negado “a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”.
Desde la otra vereda, el salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, opinó que “un sector del oficialismo quiere armar un entramado de impunidad, por eso no queremos tratar leyes que no corresponden”. Para el legislador, existe “una tentación” por parte del Frente de Todos de “incorporar temas que no corresponden a la pandemia”.
En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, recordó que “el Frente de Todos acompañó la idea de tratar solo proyectos vinculados a la pandemia y la emergencia”, pero “así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad”. Tras su intervención, los integrantes de su bancada y del Interbloque Federal se retiraron de la sesión.
Cómo votó cada senador por el tratamiento de los proyectos de ley
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En su tercera reunión virtual, la Cámara alta debate sobre iniciativas de alquileres y educación a distancia. Además, se discutirá sobre el DNU de los “superpoderes” a Santiago Cafiero y uno firmado por Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el oficialismo busca rechazar.
De manera virtual, el Senado sesiona desde las 14.25 para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley y una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos dos firmados por el expresidente Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el Frente de Todos -con mayoría- buscará rechazar.
El primer punto del temario es la iniciativa modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Durante la reunión en comisión se plantearon algunas sugerencias de modificaciones en el texto que, de ser incorporadas, harán que la iniciativa vuelva a su cámara de origen para la aprobación definitiva.
Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
Decretos de Necesidad y Urgencia
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de doce DNU, con la particularidad de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por el expresidente Mauricio Macri.
Los decretos del temario, que llevan la firma de Alberto Fernández, son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el aislamiento social, preventivo y obligatorio; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20, criticado por la oposición ya que además de modificar el Presupuesto fue a través del cual se suspendió el límite establecido en la Ley de Administración Financiaera para que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pueda reasignar partidas libremente, en el marco de la pandemia.
También figuran los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
La integrante de la Coalición Cívica denunció que Sergio Massa no le tomó su voto a favor de tratar el DNU de los “superpoderes”. Qué fue lo que sucedió y cómo funciona el sistema.
Por Carolina Ramos
Luego de que el oficialismo rechazara, junto a otros bloques, el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 en la sesión de este jueves la Cámara baja, una diputada denunció que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, alteró el sentido de su voto. Se trata de Mónica Frade (Coalición Cívica), discípula de Elisa Carrió y opositora al sistema virtual.
La moción para tratar sobre tablas el decreto que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso, no reunió la mayoría de tres cuartos -recibió 119 votos a favor y 127 en contra-, por lo cual resultó rechazada. Si bien el voto de Frade no alteraba el resultado, la legisladora apuntó a Massa y levantó una discusión.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo funciona el sistema? Media hora antes de la votación, Massa notifica a los diputados para que chequeen su conexión y logueo a la aplicación que permite dar quórum y votar, a través de la red VPN. Para la votación se otorga un tiempo considerable de tres minutos.
El tablero arroja entonces el resultado, pero el sistema exhibe una debilidad: a algunos diputados el sistema no les registra el voto a pesar de que estuvieran dando quórum y hayan intentado hacerlo. Por eso, el presidente les da una segunda oportunidad: nombra uno por uno a aquellos que no pudieron votar, y les permite hacerlo “a viva voz”. Eso, siempre y cuando hayan estado logueados en la app al momento de la votación.
No fue el caso de Frade, quien al momento de votar la moción del DNU figuraba ausente. Según fuentes autorizadas consultadas por parlamentario.com, Frade se conectó a la plataforma CISCO Webex -utilizada para el uso de la palabra- cerca del mediodía, pero el primer registro en la app que permite dar quórum y votar fue a las 15.13, cuando la votación se produjo entre las 14.57 y las 15.07.
La representante de la Coalición Cívica, no obstante, pidió la palabra insistentemente a Massa para que su voto quedara registrado. Cuando el presidente de la Cámara le permitió hablar, Frade aclaró que su voto era positivo, y Massa lo tomó.
Pero tiempo después, Massa volvió sobre sus pasos, y aclaró: “(Frade) marcó el logueo que da el quórum siete minutos después de la votación, manifestado su voto de manera verbal por el sistema CISCO Webex. Quiero aclarar que más allá de que no modifica el resultado de la votación, el voto de la diputada Frade, de acuerdo al protocolo, se considera ausente”.
En efecto, en el acta de la votación que figura en la web de la Cámara de Diputados, el registro de Frade es ausente. En su cuenta de Twitter, denunció: “Se me consideró ausente por no poder acceder al dispositivo por inconvenientes entre Fibertel y la HCDN, o sea, razones ajenas a mí. Democracia pandémica. Good show”.
Este viernes, en declaraciones radiales, Frade habló del tema y reconoció: “El sistema a mí nunca me terminó de funcionar del todo, incluso en los ensayos. Siempre hubo dificultades. A las 13.30 empezaron las conexiones (para iniciar la sesión) y mi celular no me tomó la plataforma de VPN”.
“Nos contactamos con el equipo informático, estuvimos dos horas intentando conectarme con mi celular. Me conecté desde la computadora, pero los dos sistemas juntos es imposible, entonces se conectaba y se desconectaba”, relató Frade en diálogo con FM Concepto, y agregó: “En la primera votación no pude votar, se me desconectó, y cuando vi que no estaba mi voto, avisé que no me había tomado el voto”.
Lo cierto es que dar quórum es una condición necesaria para que un diputado pueda votar. En el recinto, los diputados dan quórum al sentarse en las bancas, que tienen un sensor de peso; si se levantan, dejan de dar quórum. Por eso, si un legislador sale del recinto al momento de la votación y al regresar quiere votar, ya no puede hacerlo.
En el nuevo sistema, existe la opción “Salir del recinto”, el equivalente levantarse de la banca. Para poder hacerlo, la plataforma exige una nueva identificación de identidad del RENAPER. Solo se deja de dar quórum pulsando ese botón.
Como la propia Frade comentó, no es la primera vez que tuvo problemas de conexión. De hecho, desde que debutó el sistema no pudo votar nunca: figura ausente en las votaciones del Protocolo de Funcionamiento Remoto, los proyectos de exención del impuesto a Ganancias, protección del personal de salud, educación a distancia y receta digital, y la moción sobre el DNU.
En las primeras capacitaciones a diputados, a principios de mayo, Frade fue advertida por personal de la Cámara sobre la baja calidad de su red wifi y se le sugirió sesionar desde algún organismo oficial cercano. También le recomendaron que utilice los datos -la app funciona con 4G y también 3G-. A pesar de estas advertencias, no pudo conectarse en la primera sesión, y el personal de Mesa de Ayuda de la Cámara no logró contactarse con ella, tras haber insistido “en 15 oportunidades”.
Los inconvenientes se repitieron este jueves y, tras haber conseguido al fin conectarse a la app, la diputada luego salió y volvió a ingresar al recinto virtual varias veces, una actitud que algunos consideraron malintencionada. Su última conexión fue a las 16.09. A las 20.17, cuando se votó el último proyecto de ley, era un hecho que la diputada ya no estaba presente.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires realizó una sesión ordinaria repitiendo la modalidad mixta de forma telemática.
La misma fue encabezada desde el recinto por el presidente del cuerpo, Federico Otermín, junto a los presidentes de bloque y las autoridades de la Cámara, y los demás diputados y diputadas participaron de manera remota.
“Desde la Cámara de Diputados Bonaerense continuamos trabajando articuladamente en la generación de herramientas y protocolos para acompañar la tarea impulsada por nuestro gobernador Axel Kicillof y todo el equipo del Gobierno provincial, de cara al abordaje de la pandemia y la contención de las poblaciones más vulnerables”, señaló Otermín.
La sesión comenzó con un bloque temático en el que se aprobaron 15 proyectos relacionados a la prevención y el tratamiento del Coronavirus en la Provincia de Buenos Aires. Se trató el reconocimiento a los científicos y científicas del CONICET por su labor en al descifrar el genoma y las variantes del SARD COV-2, como así también por la creación del nuevo test de diagnóstico rápido de tipo PCR “Neokit-Covid-19”.
Asimismo, se destacó el rol de los equipos sanitaristas bonaerenses, la labor de los docentes, iniciativas ciudadanas en distintas localidades que buscan cooperar con la prevención del virus, y la cuestión del impacto ambiental y la incidencia del cambio climático en el desarrollo de patologías a gran escala. Se aprobó un reconocimiento particular a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas de Morón, donde se están llevando a cabo ensayos de drogas contra el Coronavirus, y al Instituto Maiztegui de Pergamino al haber sido incluido dentro de la red nacional que realiza tests para detectar el Covid-19.
Además, se trataron otras iniciativas como “la prevención de delitos vinculados a las redes sociales, teniendo en cuenta que los niños y niñas pasan más horas conectados en este contexto de aislamiento”, y el compromiso de impulsar “campañas de difusión informando sobre las corresponsabilidades de las tareas del hogar y del cuidado ya que el contexto de aislamiento social generado por la pandemia intensifica la asignación patriarcal de dichos roles”.
En tanto, tomaron estado parlamentario y serán girados a sus respectivas comisiones más de 1300 proyectos, para su debate a partir de la semana que viene. Del total, 300 están vinculados específicamente a la prevención y el tratamiento del Covid-19. Asimismo, se trataron proyectos de resolución y declaración de interés.
Al igual que la semana pasada, se utilizó una plataforma con múltiples instancias de validación, que incluyó el método de reconocimiento facial desarrollado por RENAPER al cual Otermín suscribió mediante la firma de un convenio con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.
Son los dos proyectos consensuados que se debaten de manera virtual en la sesión de este jueves, que inició a las 14.10 con 232 presentes.
Con 232 presentes y 25 ausentes, inició la segunda sesión virtual de la Cámara de Diputados, donde se tratarán dos proyectos consensuados y relacionados a la pandemia del Covid-19: el que autoriza las recetas médicas electrónicas y el que establece la educación a distancia para casos “excepcionales”.
El presidente de la Cámara, Sergio Massa, declaró abierta la sesión cerca de las 14.10, ante un grupo de diputados que se dieron cita en el recinto, ubicados en bancas separadas, mientras que el resto de los legisladores participa del debate y la votación en forma remota.
En el caso de las recetas digitales, el proyecto consensuado en la Comisión de Salud autoriza la prescripción de medicamentos de manera electrónica y también la teleasistencia, en una reforma que cobra especial relevancia en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
De esta manera, cuando se sancione la ley en el Senado, la receta digital podrá utilizarse para todo tipo de medicamentos, y las farmacias de todo el país podrán dispensar los remedios prescriptos bajo esta modalidad.
El otro proyecto que obtendría media sanción este jueves consiste en incorporar la educación a distancia en todos los niveles educativos, de manera “excepcional” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Se trata de una reforma de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que actualmente permite la educación a distancia para mayores de 18 años.
Desde las 14, la Cámara alta tratará las exenciones en el impuesto a las Ganancias, la “Ley Silvio” para trabajadores de la salud, y la nueva regulación de la Cruz Roja.
Desde las 14, y en paralelo a la Cámara de Diputados, el Senado llevará adelante este jueves su segunda sesión virtual, con tres proyectos relacionados a la pandemia del Covid-19 que serán sancionados por amplia mayoría.
La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó este miércoles la convocatoria, que incluye la nueva regulación de la Cruz Roja, la “Ley Silvio” para trabajadores de la salud y las exenciones en el impuesto a las Ganancias.
El proyecto sobre la Cruz Roja fue dictaminado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y actualiza una norma que data de 1.893, regulando el vínculo de esta institución de ayuda humanitaria con el Estado.
La Cruz Roja fue fundada hace 157 años y actualmente cuenta con 66 filiales, lo que la convierte en la organización humanitaria con más antigüedad y mayor cobertura del país.
Entre los beneficios de la nueva normativa se encuentran la participación gratuita en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes; y la exención del pago de derecho de importación para adquirir equipamiento.
Por otra parte, la Cámara alta debatirá la “Ley Silvio”, que debe su nombre a Silvio Cufré, enfermero fallecido por Covid-19 en provincia de Buenos Aires el pasado 18 de abril.
La iniciativa crea un programa de protección para el personal de la salud, que entre otras cosas promueve que “sean los trabajadores de menor edad quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la atención de casos sospechosos, toma de muestras, atención y tratamiento de pacientes” de coronavirus.
Además, se establece que en las áreas de los establecimientos de salud donde se tomen muestras o se traten casos sospechosos o confirmados, se garanticen medidas de bioseguridad.
Por último, se discutirá el proyecto que exime del pago del impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales, como los del ámbito de la salud, de limpieza, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de la actividad migratoria y aduanera.
La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
Ese proyecto también incluye el otorgamiento de una pensión graciable y vitalicia para familiares de trabajadores que hayan perdido la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
Tal como establece el decreto de funcionamiento remoto aprobado la semana pasada, Cristina y el resto de las autoridades del Senado participarán de la sesión desde el recinto, mientras que los demás senadores se conectarán a la red desde organismos oficiales o desde sus oficinas.
La Cámara baja se encamina a tratar los proyectos sobre educación a distancia y recetas digitales, aunque el temario será sellado previamente en Labor Parlamentaria.
La Cámara de Diputados realizará este jueves desde las 13.30 su segunda sesión virtual, con proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19. Tras el debut de la semana pasada, los jefes de bloque se reunirán a las 12.30 para terminar de sellar el temario, que incluiría las iniciativas sobre recetas electrónicas y educación a distancia.
En la sesión del jueves pasado, cuando se aprobó el Protocolo de Funcionamiento Remoto, las comisiones quedaron habilitadas para dictaminar de manera remota, por lo que entre lunes y martes avanzaron varios proyectos por esa vía, y dos de ellos serían tratados por el pleno.
En el caso de las recetas digitales, el proyecto consensuado en la Comisión de Salud autoriza la prescripción de medicamentos de manera electrónica y también la teleasistencia, en una reforma que cobra especial relevancia en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
De esta manera, cuando se sancione la ley en el Senado, la receta digital podrá utilizarse para todo tipo de medicamentos, y las farmacias de todo el país podrán dispensar los remedios prescriptos bajo esta modalidad.
El otro proyecto que obtendría media sanción este jueves consiste en incorporar la educación a distancia en todos los niveles educativos, de manera “excepcional” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Se trata de una reforma de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que actualmente permite la educación a distancia para mayores de 18 años.
Quedaría afuera del temario de la sesión, en principio, el proyecto de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que recibió dictamen un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto, y que apunta a generar incentivos para las empresas que presten servicios de conocimiento y la digitalización de la información.
Una vez más, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y un grupo de entre 40 y 50 diputados estarán presentes en recinto, ubicados en bancas separadas, mientras que el resto participará del debate y la votación en forma remota.
La sesión coincidirá con la del Senado, que también fue convocada para las 14, con el fin de tratar los proyectos de exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales; la “Ley Silvio” de protección a médicos y enfermeros; y una nueva regulación para la Cruz Roja.
Será la segunda sesión remota de la Cámara baja. Se tratarán proyectos sobre receta digital y el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Tras realizar con éxito su primera sesión virtual la semana pasada, la Cámara de Diputados volverá a reunirse bajo esa modalidad para aprobar una serie de proyectos consensuados. Así lo acordaron en las últimas horas el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri.
Uno de los proyectos que tanto oficialismo como oposición esperan aprobar es el que establece la validez de las recetas médicas electrónicas y también de la teleasistencia, en momentos donde ambas prácticas cobran especial relevancia por el aislamiento social dictado por la pandemia del Covid-19.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable este lunes en la Comisión de Salud y quedó en condiciones de ser tratada en la sesión, donde se espera un apoyo mayoritario.
También se buscará aprobar de manera virtual un proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, donde se otorgan beneficios impositivos a industrias como el software, la informática y la robótica.
El texto será analizado en un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto, convocado para este martes a las 11, que contará con la participación -en forma remota- del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien dará los detalles de la iniciativa.
Otro de los proyectos que será abordado en comisión, y que podría obtener media sanción el miércoles, es uno perteneciente a la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) que modifica la Ley de Educación Nacional en cuanto a la educación a distancia.
Según esta modificación, “como alternativa de extrema excepcionalidad -y durante un período expresamente definido por las autoridades educativas nacionales y/o jurisdiccionales- serán permitidos los estudios a distancia para los niveles y modalidades de la educación obligatoria, toda vez que la asistencia presencial sea inviable por razones tales como epidemias, pandemias, catástrofes naturales u otras circunstancias que impliquen aislamiento geográfico temporario o permanente”.
Este texto será analizado este martes a las 18 en la Comisión de Educación, que preside la oficialista Blanca Osuna, y obtendría dictamen favorable.
Lo anunció el jefe del bloque oficialista, José Mayans. Se tratarán los proyectos aprobados en Diputados sobre protección a médicos y enfermeros y exenciones en el impuesto a las Ganancias.
El Senado realizará este jueves la segunda sesión virtual de su historia. Luego de avalar la semana pasada una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, la Cámara alta volverá a reunirse por intermedio de la tecnología para convertir en ley los dos proyectos de ley que cuentan con aprobación de Diputados.
Fue el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien anunció la convocatoria a sesionar este jueves, al participar del plenario de comisiones de Presupuesto y Salud donde obtuvo dictamen favorable la denominada “Ley Silvio” de asistencia a médicos y enfermeros.
Ese será, justamente, uno de los proyectos que el Senado convertiría en ley, en una sesión especial donde, una vez más, la vicepresidenta Cristina Kirchner y las restantes autoridades del Senado participarán desde el recinto, mientras que el resto de los legisladores se conectará a través de la red informática.
La “Ley Silvio” lleva ese nombre en honor a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido en la provincia de Buenos Aires por haber contraído el Covid-19. El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo “Bali” Bucca, busca proteger al personal de salud a través de distintas medidas, garantizando la bioseguridad y el cuidado de trabajadores de mayor edad y de aquellos que tengan a su cargo pacientes enfermos de coronavirus.
La otra iniciativa que tratará el Senado en su segunda sesión remota será la exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores “esenciales”, incluyendo a los de la salud, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y otros rubros. Esta propuesta de ley será discutida este martes a las 11 en la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos).
En su primera experiencia virtual, que registró algunas fallas técnicas, el Senado sancionó una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia, algunos de los cuales fueron acompañados por Juntos por el Cambio.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respaldó los decretos de necesidad y urgencia y facultó al Poder Ejecutivo para actuar ante la pandemia.
Los diputados bonaerenses aprobaron y remitieron al Senado los tres proyectos de ley que el gobernador Axel Kicillof remitió en las últimas horas por la emergencia sanitaria y económica.
En uno de esos proyectos, la Cámara baja, que preside el diputado Federico Otermín, avaló los decretos del Poder Ejecutivo provincial que determinan la Emergencia Sanitaria y las medidas de aislamiento social preventivo que se fueron tomando desde que comenzó la pandemia.
La iniciativa, que fue girada al Senado, se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la Emergencia Sanitaria, así como determinar la suspensión de eventos de participación masiva y la suspensión de cortes de servicios públicos, por 180 días más.
Se exime de Ingresos Brutos a las cooperativas cuya actividad sea la venta de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, así como a los servicios digitales prestados por no residentes en el país.
Y se suspenden algunas previsiones de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que los municipios puedan ampliar sus posibilidades de financiamiento.
Por otro lado, los diputados aprobaron y giraron al Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prevé la suspensión temporaria por la pandemia de las ejecuciones hipotecarias y prendarias en la provincia.
De este modo se suspenden las ejecuciones hipotecarias de los inmuebles destinados a vivienda única, las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo y toda ejecución o lanzamientos colectivos que afecten a una pluralidad de familias, por el término de 90 días.
En tanto que prevé la suspensión de los procesos de desalojo de vivienda única, habitaciones para vivienda, inmuebles para actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales de pequeñas producciones familiares, inmuebles alquilados a monotributistas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas o empresas recuperadas.
También se crea el Consejo Asesor de Conflictos de Emergencia Habitacional para intervenir en caso de desalojos que afecten en conjunto a cinco familias o más que se encuentren en un barrio popular incluido en los registros oficiales. Tendrá que establecer un manual de buenas prácticas en procesos de desalojos de familias vulnerables e intervenir en los procedimientos proponiendo fórmulas o alternativas que contribuyan a la paz social.
Además, los integrantes de la Cámara joven aprobaron la declaración de Emergencia Sanitaria de los establecimientos para adultos mayores, públicos o privados, mientras persista el estado de Emergencia Social, Económica, Productiva, Energética y de Prestación de Servicios, vigente en la Provincia.
El proyecto, que debe ser considerado por el Senado para proseguir el trámite parlamentario, permite que los geriátricos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el marco de la pandemia, podrán continuar funcionando mientras tramitan la correspondiente habilitación. El objetivo es limitar los cierres de estos establecimientos para evitar traslados y reubicaciones de pacientes.
Así también se crea el Programa Geriátricos de la provincia de Buenos Aires para fortalecer su funcionamiento mediante la asignación de subsidios.
Por último, se aprobó una modificación de la ley 15165, de violencia familiar y por razones de género y diversidad.
La normativa que debe considerar el Senado, encomienda al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias.
El titular de la Comisión de Salud no descartó que la iniciativa del Ejecutivo sea debatida con la modalidad estrenada este miércoles.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, consideró este jueves que el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto podría ser tratado sin inconvenientes mediante sesiones virtuales, aunque reconoció que “va a ser un tema muchísimo más complejo” que los tratados en la jornada de este miércoles.
“Vamos a tener la llegada desde el Poder Ejecutivo del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. El presidente dijo el otro día que es uno de los tres proyectos que tiene listos, preparados, y los van a mandar ahora, porque estaba esperando que reabra el Congreso”, sostuvo el legislador tucumano.
En declaraciones radiales, Yedlin afirmó que “va a ser un tema muchísimo más complejo que la sesión de ayer, porque va a haber mucha más discusión”.
Al ser consultado sobre si se podía avanzar en el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito a través del sistema de sesiones virtuales, respondió: “Sí, ¿por qué no?”.
A su vez, el diputado del Frente de Todos destacó que en la Cámara baja hay “mejores números que hace dos años” para aprobar la iniciativa, debido al recambio de legisladores del año pasado.
“En Senado mejoró también, pero siempre es más complicado en estos temas. Pero ahora hay una diferencia importante y es que el Poder Ejecutivo es el que está impulsando la ley”, añadió.
Finalmente, el diputado también sostuvo que “la sociedad va entendiendo que esto no va a favor de la interrupción del embarazo, sino que va a favor de que no haya interrupciones clandestinas”.
Al cierre de la sesión histórica de la Cámara baja, el titular del Cuerpo hizo una serie de agradecimientos, y uno muy especial.
Antes de dar por cerrada la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados se tomó un instante para agradecer “a cada uno de los presidentes de bloque; a cada uno de los secretarios legislativos de bloque; a los miembros de la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos; a la de Modernización; y a cada uno de los diputados y diputadas que tomaron seriamente la posibilidad de tener que sesionar en el marco de la pandemia de manera remota. Agradecerles la buena voluntad, la comprensión, el haberle dedicado tiempo y esfuerzos a las capacitaciones; y sobre todas las cosas les quiero agradecer a los trabajadores de la Cámara”.
Sergio Massa continuó: “Y quisiera pedirles a todos los diputados y diputadas que cerremos esta sesión abriendo los micrófonos y aplaudiendo a los trabajadores de la Secretaría General, del área Informática, del área administrativa, que trabajaron para que el Congreso por primera vez pudiera sesionar de manera virtual y remota. ¡Muchas gracias!”.
A la hora de votar el protocolo de sesiones remotas, hubo dos legisladores del radicalismo que votaron en contra. Quiénes fueron y por qué.
En el inicio de la sesión en la Cámara baja, cuando votaron el protocolo de sesión virtual, hubo dos diputados que votaron en contra. De la oposición: el porteño Alvaro De Lamadrid y la chaqueña Aída Ayala. Ambos del radicalismo. Según pudo saber parlamentario.com, ambos eran los más críticos respecto de la sesión virtual; los dos querían que la sesión fuera presencial, y por eso se opusieron a la hora de esa primera votación.
De Lamadrid lo exteriorizó al caer la noche en su cuenta de Twitter, cuando rechazó que esa fuera una sesión histórica: “El 19 de marzo Massa cerró la Cámara y no se sesionó más. Santiago Cafiero nunca rindió informe. Aprobaron #Superpoderes institucionales. Las sesiones virtuales son una trampa. No confundamos las herramientas con quien las usa. La democracia no es una aplicación”.
Más tarde Ayala explicó también porqué no acompañó el protocolo de sesiones remotas. “No lo hice ya que desde el 1° de marzo sostuvimos que era importante que todos los diputados sesionemos en forma presencial”, apuntó.
La iniciativa abarca a trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad y otros rubros. También se otorgará una pensión graciable a familiares de fallecidos por Covid-19.
Por Carolina Ramos
En el primer debate de la historia de la Cámara de Diputados llevado adelante de forma telemática, se aprobó por unanimidad -252 votos- un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales y otorgar, a su vez, una pensión graciable a familiares de servidores que hayan fallecido por Covid-19 en ejercicio de su labor.
La iniciativa, unificada entre 11 propuestas de distintos bloques, fue tratada con la presencia de casi medio centenar de diputados distribuidos en bancas del recinto, y la gran mayoría conectados a la red desde las Legislaturas de sus provincias, oficinas personales, o bien desde sus propios hogares.
Bajo esa variedad de escenografías, intercaladas en la enorme “video wall” instalada en el recinto, se llevó adelante la sesión, que no registró mayores inconvenientes técnicos. Para el debate se utilizó la plataforma Webex, mientras que el quórum y la votación se registraron a través de una app de la Cámara.
Para votar se dio un tiempo de tres minutos y algunos diputados tuvieron que aclarar su posición a viva voz por no poder hacerlo en el sistema. Hubo un caso curioso, el de José Núñez (Pro), quien no tenía audio y expresó su apoyo levantando el pulgar.
Mónica Frade (Coalición Cívica) y Eduardo Valdés (Frente de Todos) son los dos que figuraron ausentes en el acta de votación, sumados a José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por ocupar la presidencia del BICE ( Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica, figuró presente, pero no se registró su voto.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, fue el encargado de presentar el proyecto y explicar sus detalles. De 79 años, el diputado del Frente de Todos habló desde una oficina privada del banco cooperativo que preside, con medidas sanitarias extremas por ser parte de la población de riesgo.
Heller precisó que quedarán exentos del pago del gravamen “los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”.
La exención se aplicará sobre “las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19”.
Según el legislador, se trata de “la ampliación de un reconocimiento a un conjunto de trabajadores que están, por su actividad, fuertemente vinculados a los problemas que se han generado en el marco de esta pandemia”.
El oficialista advirtió que la labor de estos trabajadores durante los fines de semana o en jornadas extendidas “paradójicamente los pudo haber perjudicado” generando que “algunos de ellos cambien de categoría en Ganancias y terminen tributando, por estos aportes que reciben, más de lo que se les está pagando, o parte de lo que se les está pagando se ha consumido” con el impuesto.
La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
En segundo lugar, indicó Heller, se establecerá “una pensión graciable y vitalicia para familiares de quienes perdieron la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus”.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
El economista Luciano Laspina (Pro) anunció el apoyo de Juntos por el Cambio. “Sabemos que este proyecto es una gota en el océano, pero es una forma inteligente y consensuada de comenzar una nueva era”, destacó.
“Es un pequeño aporte que hacemos desde el Congreso para este grupo de trabajadores que están asumiendo los más graves riesgos, pero sabemos que hay muchos más héroes anónimos”, expresó Laspina.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, recogió el guante y advirtió sobre los sectores que quedarán excluidos. “Los trabajadores de limpieza no llegan a pagar Ganancias y los enfermeros cobran salarios que dan vergüenza. ¿Qué beneficios les vamos a dar?”, se preguntó, y mencionó también a “los choferes, los trabajadores de la alimentación y tantos otros que tienen que salir en medio de la pandemia”.
Al cierre del debate, la oficialista Cecilia Moreau destacó el carácter “histórico” de la sesión y su par Cristina Álvarez Rodríguez subrayó: “Se acabaron las especulaciones. Este Congreso está abierto desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Habían pasado solo 10 minutos desde las 18 cuando el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, declaró abierta la sesión con 240 diputados en total, sumando a los presentes y a aquellos que participaban online. Se izó la bandera, se entonó el Himno Nacional y la sesión transcurrió sin tropiezos.
En primer lugar, se aprobó el Protocolo de Funcionamiento Remoto elaborado por la Comisión de Modernización Parlamentaria, que fue aprobado con 248 votos afirmativos y dos negativos, de los radicales Aída Ayala y Álvaro De Lamadrid, dos firmes partidarios de que la sesión fuera presencial. “Las sesiones virtuales son una trampa. No confundamos las herramientas con quién las usa. La democracia no es una aplicación”, declaró este último por Twitter.
Posteriormente, se aceptaron a mano alzada las renuncias de los diputados salientes Daniel Scioli -designado embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque -nombrado en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense por la vacante que dejó Fernanda Raverta-.
El dato de color fue que el interbloque de Juntos por el Cambio pidió abstenerse de votar la renuncia de Scioli, luego del escándalo desatado en marzo cuando el exgobernador bonaerense dio quórum en la sesión donde se trató la reforma de las jubilaciones de privilegio.
Massa le tomó juramento a tres nuevos diputados de forma presencial: Claudia Bernazza en reemplazo de Scioli; Lisandro Bormioli en lugar de Larroque; y José Luis Patiño, quien ocupará el escaño de Elisa Carrió, cuya renuncia ya había sido avalada.
La sesión siguió con un minuto de silencio pedido por Silvia Lospennato (Pro) en honor al exdiputado Héctor Olivares, que hace un año fue asesinado a balazos en la Plaza de los dos Congresos, en una causa aun no esclarecida.
Superado el homenaje, llegó el momento de protagonismo del Frente de Izquierda, que propuso una moción para votar un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que resultó rechazada a mano alzada. Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO) exigieron que la votación fuera nominal, pero Massa les vedó esa posibilidad.
A eso le siguió una seguidilla de críticas de la oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457/20, que otorgó nuevas facultades al jefe de Gabinete. José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Graciela Camaño (Interbloque Federal), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigieron derogar el decreto y le reprocharon a Santiago Cafiero que, desde que asumió, no haya ido nunca al Congreso a brindar su informe de gestión.
Una amplia gama de trabajadores y familiares de personas fallecidas por Covid-19 serán beneficiados con la futura ley, según explicó Carlos Heller.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó los detalles del proyecto que aprobará la Cámara de Diputados para beneficiar a trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad con la exención del impuesto a las Ganancias, y a la vez otorgar una pensión graciable a familiares de servidores fallecidos por Covid-19 en ejercicio de su actividad.
Heller, de 79 años, participó de la sesión desde una oficina privada del banco cooperativo que preside, con medidas sanitarias extremas por ser parte de la población de riesgo.
Según señaló, la iniciativa consensuada establece que quedan exentas del impuesto a las Ganancias, desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, “las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”.
Heller sostuvo que se trata de “la ampliación de un reconocimiento a un conjunto de trabajadores que están, por su actividad, fuertemente vinculados a los problemas que se han generado en el marco de esta pandemia”.
El legislador del Frente de Todos advirtió que la labor de estos trabajadores durante los fines de semana o en jornadas extendidas “paradójicamente los pudo haber perjudicado” generando que “algunos de ellos cambien de categoría en Ganancias y terminen tributando, por estos aportes que reciben, más de lo que se les está pagando, o parte de lo que se les está pagando se ha consumido” con el impuesto.
Por eso se aplicará la exención, que podrá extenderse más allá de septiembre por decisión del Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
En segundo lugar, indicó el diputado, se establecerá “una pensión graciable y vitalicia para familiares de quienes perdieron la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus”.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.
Desde Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo hubo críticas a la medida y reproches al jefe de Gabinete por no presentarse ante el Congreso.
En la primera sesión telemática de la Cámara de Diputados, la oposición aprovechó para ir a la carga contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457/20, que le otorgó nuevas facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Graciela Camaño (Interbloque Federal), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigieron derogar el decreto y le reprocharon a Cafiero que, desde que asumió, no haya ido nunca al Congreso a brindar su informe de gestión como establece la Constitución Nacional.
“No se puede gobernar a espaldas del Congreso. Por eso pedimos que Cafiero se presente en la Cámara de Diputados y de explicaciones sobre estos nuevos ‘súperpoderes’”, arrancó el mendocino Ramón desde su banca, y sostuvo que “el Congreso es la base fundamental para el proyecto de país que queramos impulsar”.
Desde su domicilio, Camaño cuestionó que el decreto haya sido firmado “dos días antes de que nos diéramos la posibilidad de sesionar” y le habló directamente al presidente de la Cámara, Sergio Massa: “Usted y yo fuimos artífices de que el gobierno anterior dejara de tener este tipo de excentricidades con el Presupuesto y se pusiera límites”.
Por su parte, en el recinto, Ritondo coincidió en que “el desafío en este Congreso es empezar a dar soluciones y mensajes claros de qué Argentina queremos”.
“Queremos ser una oposición respetuosa, que colabore, pero que nunca calle las cosas que nos parecen mal. El tapabocas sirve para que no nos contagiemos, sirve para la prevención, no para callarnos”, graficó el jefe del bloque Pro, al criticar la firma del DNU “a horas de que el Parlamento pueda funcionar”.
Asimismo, Ritondo advirtió que “el jefe de Gabinete tiene que estar presente” ya que “estamos en mayo y no ha venido” a exponer frente a los legisladores.
El último en referirse al tema fue Ferraro, quien habló de la pandemia como “un terreno cada vez más fértil para el autoritarismo” por parte del Poder Ejecutivo. “La pandemia no habilita la suma del poder público, la vocación constante por la concentración de poder y atropello de facultades de este Poder Legislativo”, alertó.
“Oficialismo y oposición tenemos una responsabilidad ética inexcusable de cumplir con nuestro mandato y poder dar respuesta a la actual coyuntura”, aseveró el “lilito”.
El oficialista Leonardo Grosso intentó cerrar la discusión y retrucó: “No se trata de ‘superpoderes’. Empecemos a evaluar los ‘superproblemas’ y la ‘supercrisis’ que nos dejó el macrismo en la Argentina”.
