El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asistió este lunes a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde ratificó que el acuerdo con el FMI “no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral”.

“Tampoco tiene ninguna pauta de reforma previsional. Lo único que habla es de hacer estudios, cosa que ningún país serio del mundo se niega a hacer, los estudios de cómo funciona su sistema previsional y cuáles son las consecuencias”, agregó.

Al exponer en el Salón Azul, el funcionario defendió que “este es el mejor acuerdo posible” y “se enmarca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo”, sostuvo en relación a los datos que aportó sobre empleo.

Para Moroni, el acuerdo permite “un esquema de recuperación que necesitamos que se sostenga; si nosotros sostenemos eso vamos a poder sostener un proyecto de desarrollo inclusivo”.

“Este acuerdo se inscribe dentro de la política general llevada adelante por el Gobierno, que es la de un proyecto de desarrollo”, insistió.

Al recordar que la pandemia “nos provocó la caída de 10 puntos del producto”, valoró las “soluciones ingeniosas” que “mostraron ser eficaces, porque Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo: perdimos 3 puntos de empleo frente a una caída de 10 puntos del PBI”.

En alusión a los ATP y Repro, además de la prohibición de despidos, el ministro señaló que “son medidas pasadas pero los efectos de esas medidas es lo que está pasando ahora. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso hoy no tendríamos la recuperación que tuvimos”.

En esa línea, informó que en 2020 había “700 mil trabajadores suspendidos”, de los cuales “190 mil volvieron al trabajo” y además “durante 2020 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo”.

“Hoy estamos en niveles de empleo por encima de lo que estábamos antes de la pandemia y un 0,2% arriba de lo que era diciembre de 2019”, afirmó.

Sobre los salarios, el titular de la cartera laboral ponderó las negociaciones paritarias y apuntó que “durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1%; y saliendo de la pandemia el salario ha crecido 3,4%”, lo que representa “un crecimiento no sólo respecto de 2020, sino 3 puntos respecto de 2019”.

Por otro lado, Moroni ponderó que “a fin de 2021 tenemos la mayor cantidad de trabajadoras mujeres ocupadas en el sector privado asalariado”. “Ha crecido la población activa de mujeres, está en 50,4%, cuando sus niveles normalmente eran cercanos al 46%”, detalló.

También indicó que “el desempleo en general es del 8,2%” y “el desempleo en mujeres estaba en más de 10 puntos y ahora está en 9 puntos”.

“Todos los indicadores en materia de empleo son buenos. Por supuesto quisiéramos que fueran mejores, pero la verdad que venimos de las circunstancias de las que venimos”, completó.

En el inicio del tratamiento del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, ponderó la iniciativa y remarcó que “nuestra obligación es abocarnos a resolver este problema acuciante para la argentina con una mirada constructiva y visión de futuro”.

“Este proyecto, que busca la aprobación, es un programa de facilidades extendidas alcanzado con el FMI que ya fue tratado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y obtuvo la media sanción con 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones”, recordó el funcionario en el inicio de su exposición en el Salón Azul.

Seguido a eso, expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los hechos de violencia ocurridos en el Congreso el día jueves que “han afectado directamente a la presidenta del Senado, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, y repudió: “La violencia de ningún modo y de ningún tipo puede ser aceptado como un modo de acción, cuando vivimos en Argentina y respiramos una rica democracia que permite la más amplia y profunda discusión sobre cada una de las iniciativas y de cada espacio político existentes”.

Y reiteró: “En nombre del Gobierno nacional ratifico mi profundo rechazo a toda violencia como la suscitada aquí el jueves pasado”.

En tanto, destacó que “es la primera vez en la historia parlamentaria que un proyecto de refinanciación de deuda con el FMI es estudiado y debatido con tantos detalles por nuestros señores legisladores para luego recibir su aprobación”, y ponderó que “esto realmente a dotado a este proyecto de la legitimidad democrática y popular que se buscaba”.

También destacó que “no solo lo han discutido los señores diputados, sino también nos hemos presentado al recinto de Diputados los miembros del Gabinete aquí presentes, gobernadores de las provincias, miembros de la sociedad civil, actores representantes de los trabajadores, empresarios, todos han podido manifestar su visión en el marco del proyecto que se está debatiendo”.

Y sumó: “Hay que valorar y reconocer la determinación de nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, de darle la mayor transparencia y legitimidad a lo que tiene que ver con lo que es la deuda externa. En efecto esta ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública es un proyecto enviado por nuestro espacio político y aprobado en ambas cámaras por amplio consenso”.

“Nuestro Gobierno no hubiera recurrido al Fondo, nuestro espacio político siempre se ha caracterizado de modo crítico al acuerdo stand by del 2018, nuestra posición siempre estuvo en desacuerdo con lo obrado por el gobierno anterior como lo actuado también por el Fondo Monetario”, cuestionó Manzur.

No obstante, sostuvo que “hubiéramos preferido estar en otra posición, ahora nuestra obligación es abocarnos a resolver este problema acuciante para la argentina con una mirada constructiva y visión de futuro. Debemos resolver una situación de endeudamiento no deseada que se interpone entre el presente y los objetivos de desarrollo económico con inclusión social que nos hemos planteado”.

“Este acuerdo es el mejor acuerdo posible”, resaltó el jefe de Gabinete de ministros y subrayó: “La determinación de nuestro presidente en momentos difíciles sentó las bases de la recuperación económica que hoy estamos verificando. La Argentina dio otro paso importante cuando logró concluir favorablemente la reestructuración de la deuda con sus acreedores privados, esta deuda fue la mayor en la historia argentina”.

En ese sentido, sostuvo: “Ahora tenemos que superar esta espada que tiene el país con estos vencimientos próximos en 2022 y 2023, objetivamente imposibles de cumplir. Todo este proceso negociador estuvo animado por la convicción de que era necesario establecer un sendero posible y por todos los medios evitar el default, cuyas consecuencias serian nocivas para la argentina, para el empleo, para la economía y para la proyección que buscamos en el marco internacional”.

“El acuerdo nos fortalece para seguir profundizado el crecimiento, el potencial del país es enorme. Este acuerdo nos da tiempo, nos permite crecer, estar más fuerte para un futuro cercano y nos permite la negociación y acercarnos a mercados”, ponderó Manzur.

Y añadió que “desde le punto de vista fiscal, este acuerdo prevé un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación con una expansión moderada del gasto real donde el Estado tendrá un rol clave”, y remarcó que, al igual que desde la óptica monetaria y financiera, se programa una reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional.

“Este acuerdo nos permite garantizar la continuidad de los programas sociales focalizados y el manteniendo de los derechos previsionales de jubilados y derechos de trabajadores, contribuye a la reducción de brechas sociales”, resaltó el funcionario.

Asimismo, reconoció que “estamos en un momento bisagra” porque este acuerdo “nos permitirá consolidar el proceso de crecimiento de la economía argentina y al mismo tiempo nos permite dar un mensaje a la sociedad y al mundo en conjunto del sistema político que asume una actitud verdaderamente responsable y prudente. Tenemos una mirada al futuro de diálogo para llegar a un acuerdo”.

En otro tramo de su exposición se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y señaló que el proyecto de acuerdo “normaliza la relaciones económicas y financieras con el Fondo y evitar el default”, lo cual “permitirá una articulación virtuosa entre la capacidad de producción y las demandas crecientes a nivel mundial”.

“La política es el arte del consenso y del diálogo. Todos tendremos una respetable opinión sobre el rol del Fondo, sus objetivos, sus funciones, entre otras lecturas. Sin embargo, estamos en una instancia en donde necesitamos dar cierre a la negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la argentina con el organismo”, opinó Manzur y cerró con una reflexión: “Una mirada crítica sobre el rol del Fondo no es razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura, estamos en una situación que nos llama a pensar por fuera de las divisiones políticas, con el mayor grado de responsabilidad y vocación de futuro”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT), comenzó a las 15.05 este lunes, en el Salón Azul, el tratamiento del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada.

Al igual que hace una semana en la Cámara baja, participan de la reunión el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, entre otros funcionarios. En esta oportunidad también está el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14, ya sin invitados y para ir avanzando hacia el dictamen.

La idea es que esta misma semana se vote en el recinto, para lo cual será necesario contar con los 2/3 para el tratamiento del proyecto sobre tablas. Diversos integrantes del interbloque Juntos por el Cambio adelantaron su disposición a brindar el número.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que, en el Senado presidido por Cristina Kirchner, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el FMI, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) arrancará con su tratamiento el próximo lunes.

La reunión, que fue citada oficialmente a las 15 en el Salón Azul, contará con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que en el Senado, presidido por Cristina Kirchner, quien tras la votación difundió un vídeo con críticas al FMI en referencia a los destrozos que sufrió su despacho por las protestas en la calle, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Además, la posición de Juntos por el Cambio, que votó casi unánime en Diputados -pues el único que lo hizo en contra fue el socio liberal Ricardo López Murphy-, vislumbra que la iniciativa pueda tener un tratamiento rápido e incluso obtener los dos tercios para su tratamiento sobre tablas y no tener que esperar así los siete días entre el dictamen y su discusión en el recinto, como es habitual en Senado.

En el inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja para el análisis del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Heller anunció que se realizaron “pequeñas modificaciones” al texto original.

“La inclusión de dos fe de erratas por modificaciones o errores que habían sido señalados por el diputado nacional Ricardo López Murphy el día de la reunión con le ministro de economía, Martín Guzmán, donde se reemplazaron los anexos IF2022 por los del Poder Ejecutivo 002 y 003 que son las fe de erratas que ya fueron repartidos a los diputados”, comunicó Heller.

Y remarcó que “son pequeñísimas correcciones en los textos por algunas diferencias en las traducciones por la importancia del tema y la exactitud que implica, para así evitar complicaciones posteriores”.

Al cabo de una extensa reunión del plenario de comisiones que comenzó a las 14.13, y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, pasadas las 22 se reanudó la reunión con la certeza de que los planetas se habían alineado finalmente. El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, procedió a leer el nuevo proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fruto de las intensas negociaciones a contrarreloj entre el oficialismo y la oposición que se sucedieron a lo largo de todo este miércoles.

La iniciativa obtuvo dictamen con un amplio consenso y será debatido en el recinto en una sesión especial pedida para este jueves a las 14.

Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presenta tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

No era exactamente lo que había trascendido una hora antes, cuando comenzó a circular un texto que era supuestamente el acordado. Lo cierto es que este artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”.

“La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial”, señala el artículo 2 y el siguiente es de forma.

De esta manera, se quitó el artículo 2 que hacía ruido en la oposición y que exigían que se quite. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.

Como dijimos, fue el presidente del bloque -integrante además de ambas comisiones- el encargado de leer el nuevo texto, con toda la oposición escuchándolo atentamente y en guardia, temiendo que un cambio imprevisto hiciera volver las cosas a fojas cero. Martínez insistía en que la modificación que leería sería “para mejorar”, y finalmente los diputados opositores aceptaron el cambio de buen talante.

El debate

En el arranque de la reunión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez fue el primero en hablar y sostuvo: “Venimos a deliberar, a debatir, a intercambiar ideas. No venimos ni a insultarnos, ni a descalificarnos, ni a hablar mal de otros diputados o diputadas”.

“Tengamos claro que estamos ante un problema que tenemos todos los argentinos y argentinas. Cada uno pondrá su mirada sobre los acentos de en qué lugar se para respecto a este problema, y qué opinión tiene respecto a la solución planteada por el presidente de la Nación, pero también tenemos como país la obligación y responsabilidad de salir de esto y caminar hacia un futuro distinto”, expresó.

Tras hacer una larga exposición inicial, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, remarcó que “nosotros no elegimos este camino, no estamos en un nuevo acuerdo, o en más financiamiento, estamos renegociando el stand by tomado en 2018 y cuyos plazos de pago son visiblemente imposibles de cumplir”.

“Tendremos cuatro años y medio de gracia despejada y, en ese terreno, seguiremos discutiendo la irracionalidad de los sobrecargos que implica la deuda con el FMI”, continuó el oficialista, que agregó que “es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo lograr y que tiene condiciones aceptables, aunque no nos hagan felices”.

Heller advirtió que “el rechazo al acuerdo se llama default y nos llevaría a enormes problemas económicos, sociales e institucionales. Y estoy convencido que todos y todas tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar que esto suceda porque el costo que habría que pagar sería muy gravoso por muchos años”.

A continuación, fue el turno de la fueguina Rosana Bertone, quien calificó de “excelente” la exposición de Heller y manifestó: “Es difícil exponer mejor de lo que usted ha realizado la situación histórica, económica, fiscal, el análisis del acuerdo. Creo que ha sido claro y preciso”.

“Es difícil apelar a los diputados de distintos bloques a conmover sus mentes y corazones, porque venimos todos con una historia y posiciones muy fuertemente tomadas. Quiero apelar a que ‘nadie viene feliz acá’, quiero tratar de que salgamos de este nihilismo de desolación. Me asusta el nihilismo de desolación en el que estamos inmersos en esta sala porque venimos de un mes anterior donde vi a muchos argentinos disfrutar de sus vacaciones, gastar, invertir, venimos de un fin de semana largo de carnavales”, señaló.

La legisladora oficialista apeló a la historia “que en este Parlamento nos tocó vivir en el 2001… hemos tenido que transitar el default de la Argentina. Si venimos de una situación tan gravosa como fue el default del 2001, de haber atacado al pueblo argentino, a los pequeños ahorristas, a las PyMEs, ¿por qué ahora que es nuestra responsabilidad caeríamos en lo mismo?”.

El primer discurso de la oposición vino por parte del macrista Fernando Iglesias, que cuestionó el “discurso impropio” de Heller y lo acusó de basarse “en cuatro mentiras: la de la deuda, la fuga, los vencimientos y el default”. “¡En el año 2015 estábamos en default, nos dejaron en default! Es mentira que ahora hay un default en puerta por culpa de la oposición, que es la herramienta de chantaje que usan”, disparó.

Para el diputado de JxC, “el presidente puede sacar este acuerdo por DNU”. “Si no se animan y vamos a default, háganse cargo, es responsabilidad del oficialismo, es responsabilidad del Gobierno, no es responsabilidad de la oposición”. Y, seguidamente, cometió un furcio: “Gobiernen, consigan los votos de su propio bloque si pueden, y sino sáquenlo por default”. “Por DNU tenés que decir, no por default”, lo corrigió un compañero de banca el bullicio de oficialistas. “Por DNU, perdón”, volvió en sus pasos.

Y agregó luego que “dato mata relato” para subrayar que “de 2011 a 2015 la deuda pasó de 197.154 millones a 240.665 millones”, es decir que “en los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner hubo 43.511 millones más de deuda”. Iglesias recordó también que “en los primeros 20 días de Gobierno”, la gestión de Alberto Fernández, tomó “9.000 millones de deuda”.

Por el lado de la izquierda, la primera en hablar fue Myriam Bregman (FIT/UNIDAD- CABA) que se refirió a la primera parte de la exposición que brindó Heller y manifestó que “con todo lo que dijo ha reforzado los fundamentos de rechazo del Frente de Izquierda Unidad. Su larga exposición sobre licitudes, sobre todo tipo de estafas no hace más que fundamentar por qué nos oponemos”.

“La deuda argentina no es hija del déficit ¿o alguien piensa que los genocidas militares pagaban mucho de salarios y por eso se produjo la deuda? La deuda externa está compuesta de tantos ilícitos que después, con los ritmos de la justicia argentina y después de muchos años, el juez Ballesteros en el 2000 dictó un fallo en el que comprobó que la deuda de la dictadura está compuesta por 477 ilícitos”, señaló.

Además, remarcó que “nunca se procedió a condenar a los que se beneficiaron con la dictadura, entre ellos 23 mil millones de dólares están compuestos por los grupos privados que antes de retirarse la dictadura y a mano de Cavallo que los liberales reivindican, socializa las deudas de los grupos privados y se las carga al conjunto del pueblo, entre ellos el grupo Macri y logra cargarle al Estado sus deudas y así se carga el espiral de endeudamiento de la Argentina. ¿Es hija del déficit o es hija de estafas, fugas y endeudamiento?”.

“El quiebre económico en Argentina se dio antes del default, llega a la terrible situación económica del 2001 pagando, endeudando por la espiral de fuga, rodeada de miles de ilícitos que la justicia se encargó de encubrir con la prescripción”, precisó Bregman y cerró: “Hay una extorsión masiva de que es este acuerdo o el default, este acuerdo o el caos, es este acuerdo o la desocupación, el hambre. Si eso les da confianza de lo que están votando, yo me agarraría los bolsillos, cada uno hace lo que quiere. Tenemos que ver el contexto de ahora. Es una decisión política de pagar una deuda ilegal. La deuda que tomó Macri es ilegal y este Gobierno debería considerarla nula y no cargarla al pueblo trabajador”.

En tanto, Nicolás del Caño (PTS/FIT- Buenos Aires) alertó: “Este chantaje que se está haciendo del Fondo, es falso lo del crecimiento económico esto no es un sendero de crecimiento sino un frenazo. Este chantaje es el mismo que vamos a asistir cada tres meses. Es falso lo que se dice de ‘FMI o caos’ todos le garantizaron el ajuste al gobierno de Macri. El peronismo fue cómplice del ajuste de Macri”, y cerró: “Lo que están votando con este acuerdo es un default y una situación cada vez más catastrófica. Los que ahora no quieren apoyar fueron cómplices de esta situación”. “Esta deuda es ilegal e ilegítima”, subrayó.

A su turno, el oficialista Daniel Arroyo (Buenos Aires) adelantó: “Contribuyo a tener dictamen, llegar al recinto y tener la aprobación”, y explicó: “Hay preocupación social, hay 40% de pobreza, 22% de desocupación, 45% de trabajo informal y claramente un serio problema de inflación y de precio de alimentos”, por lo que subrayó que “hay que apelar a la racionalidad y el ciclo de endeudamiento histórico. A los problemas sociales, al nivel de endeudamiento, hay que sumarle otro punto es que se está lastimando la relación entre la sociedad y la política y tenemos que dar respuestas, avanzar y crear programas económicos sostenibles en una sociedad agotada que tiene dificultades y espera de la política acciones concretas”.

“Estamos frente a un tema central y que definirá qué modelo de desarrollo tendremos en adelante. Es necesario aprobar el acuerdo razonable en el marco de la debilidad. Tengo la peor opinión del Fondo y de cómo se generó el endeudamiento y cómo se generó el ultimo préstamo del 2018, pero es evidente que estamos frente a una necesidad critica”, sostuvo.

En otro tramo de su argumento, Arroyo reconoció: “No podemos pagar 19 mil millones y 20 mil millones de dólares el próximo año, Argentina no está en condiciones, tenemos una evidente debilidad de reservas y no tenemos condiciones para pagar el 21 y 22 de marzo y, por último, no tenemos espalda ni sistema político, económica y sociales para aguantar un default. El país no está en condiciones”, y cerró: “En un contexto de debilidad, es un acuerdo razonable por lo que hay que apoyar el dictamen porque es la ética de la responsabilidad para avanzar en esa línea en la aprobación. Rescato que el acuerdo es sobre metas, pero da más grado de autonomía”. “Es un acuerdo razonable que requiere dictamen y ser aprobado en el recinto”, consideró.

Por el contrario, el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) explicó: “La deuda es la acumulación de los déficits, buscamos darle una explicación al hecho de que el Estado tiene el problema de que año a año gasta más de lo que le ingresa. La deuda no viene de un repollo, aparece de los déficits que el gobierno acumula anualmente”.

“El problema de nuestro país es que no genera confianza en los mercados para poder financiar su propio gobierno. No nos presta nadie porque a través de sucesivas situaciones no se genera confianza”, criticó y agregó: “El ministro de economía se jacta acá de hacer una exitosa restructuración de la deuda, pero si queremos ir a pedir dinero no los presta al 22% anual en dólares, ¿dónde está el éxito?”.

Por consiguiente, manifestó: “Este acuerdo es más que un refinanciamiento y eso lleva a nuestro rechazo al proyecto de ley tal como lo han enviado. Vamos al Fondo porque es el organismo multilateral que más barato nos cobra, pero no podemos ir a mercados privados porque la restructuración de la deuda no fue tan exitosa porque nos dejó con ese 20 % de interés en dólares y por eso no puede acceder y va al Fondo”.

“Es mentira que van a disgusto con el Fondo. Mandaron un proyecto que en su artículo 1 dice ‘apruebe el refinanciamiento’, pero la carta de intención no está entre las 137 páginas, pero en su política de transparencia el Fondo publico la documentación completa. En la carta de intención le piden el préstamo para refinanciar el stand by tomado en 2018, para acumular reservas, pero lo que no dicen el articulo 1 es que también se pide para financiar el déficit fiscal primario del actual Gobierno usando el monto que excede los pagos anteriores”, apuntó Cacace y añadió: “El Gobierno está pidiendo 5 mil millones más de lo que debe, van con gusto al Fondo, van con tanto gusto que le piden más. Le debemos 40 mil millones, pero vamos y le solicitamos 45 mil millones de dólares”.

En relación al memorándum, el diputado de Evolución Radical señaló lo que les preocupa: “Vemos que en el acuerdo no hay metas de inflación, son proyecciones para arriba”, y cerró: “No compartimos la redacción del refinanciamiento, pero es importante evitar el default y por eso hay que hacer el acuerdo con el Fondo”.

Otra voz oficialista fue la de Mónica Litza (Buenos Aires) quien remarcó: “Tenemos que reivindicar la potestad parlamentaria y es importante tener el debate transparente, con la letra chica para conocer los términos del acuerdo”, y acusó a la oposición: “Nos puede gustar o no, no nos gusta ir al Fondo, no hay otra alternativa porque al Fondo no lo trajimos nosotros, lo trajeron ustedes. Tampoco nos gusta la idea de las misiones que van a venir a monitorear, debemos entender que está, es una realidad y es una soga al cuello y nos impide pensar en el crecimiento de la economía”.

“Tenemos que hacer lo posible para llegar a un dictamen y llegar al recinto con un proyecto para tener la certeza de que Argentina va a estar en el camino de honrar la deuda que es tomada por el gobierno anterior, es parte de una continuidad del Estado”, destacó Litza y finalizó: “Argentina necesita sanear sus cuentas y este es el mejor acuerdo al que se pudo llegar y confió en la responsabilidad y madurez de la oposición para llegar al dictamen”.

En el mismo sentido, su par Victoria Tolosa Paz expresó que “hay que mostrarle al pueblo y al mundo cómo vamos a desendeudar al país y para hacerlo tenemos que pautar metas de cumplimiento. Ahora buscamos refinanciar la deuda de Macri y busca un camino para liberar al pueblo argentino que no da más que lo saque del drama que tiene”.

“Este acuerdo busca la sostenibilidad de sacarnos una deuda que el Gobierno de Alberto Fernández no tomó, que sin embargo busca sacarnos de encima semejante tamaño de deuda y al Fondo”, remarcó y sumó: “Este programa de Gobierno es el mínimo común denominador que se encontró con el Fondo, discutiendo cuestiones centrales y tener al FMI es una catástrofe”.

Por otro lado, desde el bloque Pro Laura Rodríguez Machado adelantó la postura del espacio: “Es invotable los anexos que acompañan la solicitud de una nueva adquisición de deuda que esta iniciando el Poder Ejecutivo. Pretenden embretar a la oposición en que si no votamos el plan del Gobierno el país puede ir al default, pero no somos ingenuos de que a partir de esa responsabilidad nos van a querer embretar con un programa de Gobierno que no compartimos, que tampoco lo comparten miembros de su propio espacio”.

Acto seguido, la diputada del Pro enumeró las razones por las cuales no comparten el acuerdo: “Se basa en una mayor presión impositiva sobre los ciudadanos, metas inflacionarias al Gobierno no le importa a la inflación y es para llorar, lograron superar el índice inflacionario de Venezuela; subsidios”, y remarcó: “Ese programa que están emperrados en que votemos intentando compartir culpas, háganse responsable en conseguir votos en su bloque, pídanle a Máximo Kirchner, nosotros no lo compartimos”.

“No coincidimos con el plan, es malo y mediocre y no lo vamos a votar”, calificó Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires) y precisó que “no hay un plan anti inflacionario, de estabilización, se va a seguir devorando las jubilaciones y los salarios”.

Por su parte, Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) retrucó lo que contó Heller al inicio del plenario: “La historia de la deuda argentina es la historia del déficit fiscal y que no empieza con la dictadura militar. Para muchos es conveniente que empiece el 24 de marzo de 1976, pero empieza antes la de los descalabros económicos empieza con el Rodrigazo con el plan en principios de la década del 70”.

“La mejor manera de terminar con el problema de la deuda en la Argentina es terminar con el problema del déficit”, analizó y adelantó: “El programa abunda en políticas económicas del Gobierno que consideramos inapropiadas y no vamos a apoyarlo. Además el propio programa de refinanciación con esas 3 metas de reservas y monetarias no atacan los grandes problemas de la Argentina y tampoco los problemas micro”.

Otra de las oradoras fue Romina Del Plá que ratificó la postura de su bloque de “rechazar lo que es inescindible del ajuste, del cogobierno. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio van a votar un ajuste. Este es un nuevo endeudamiento del peronismo para pagar una deuda macrista”.

“Vamos a rechazar con la movilización popular de más de 200 organizaciones este acuerdo. El Frente de Izquierda denunció esta deuda y desde el cambio de gobierno venimos planteando que hay que desconocerla por ser fraudulenta. Este acuerdo agudiza el ajuste que ya estaba en curso y suma más devaluación para seguir licuando salarios y jubilaciones, tarifazos y reformas jubilatoria y laboral, atacando las cajas previsionales provinciales, es decir los salarios de docentes, investigadores y científicos”, señaló la diputada de izquierda y reiteró: “Hay que ser claros: si se aprueba el acuerdo va a haber un cogobierno con el FMI. Es mentira que es el pago de la deuda o el abismo. Hay que tomar un conjunto de medidas de reorganización integral económica del país porque gobierne quien gobierne son los mismos los que se llevan los recursos del país.”

Tras un extenso cuarto intermedio, se retomó este martes a las 14.29 el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de acuerdo con el FMI. De la segunda jornada participarán sindicalistas, empresarios y gobernadores.

En el comienzo del encuentro, a las 11.40, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), aclaró que “la reunión de hoy tiene una característica absolutamente informativa y no deliberativa, esto es lo que acordamos con el vicepresidente de la comisión (Luciano Laspina). Por consiguiente, nosotros vamos a escuchar las opiniones de los distintos invitados”.

En el primer tramo expusieron representantes de la Corriente Federal de Trabajadores y de la CTA Autónoma, quienes lanzaron fuertes críticas contra el acuerdo.

En la jornada se espera la visita del Grupo de los 6, integrado por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos.

También participarán del plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y Empresarios Nacionales por el Desarrollo.

Antes de exponer en el plenario, un nutrido grupo de gobernadores se reunirán con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien lidera las negociaciones frenéticas para acercar posturas con la oposición.

Los mandatarios que estarán serán Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También, los vicegobernadores Carlos Roger Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz). Habrá que ver si todos hacen uso de la palabra o no en el plenario de comisiones.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados arrancó este martes a las 11.40 con la segunda jornada de debate del proyecto del acuerdo con el FMI.

En el comienzo del encuentro, por el que pasarán numerosos invitados, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), aclaró que “la reunión de hoy tiene una característica absolutamente informativa y no deliberativa, esto es lo que acordamos con el vicepresidente de la comisión (Luciano Laspina). Por consiguiente, nosotros vamos a escuchar las opiniones de los distintos invitados”.

En la reunión se escuchará a representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

Además estará el Grupo de los 6, integrado por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos.

También visitarán el plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales por el Desarrollo, y representantes del Conicet.

La diputada nacional Romina Del Plá (FIT U- Buenos Aires) estuvo presente en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, donde las autoridades nacionales dieron inicio al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como consecuencia, el próximo jueves 10, el FIT-U junto con organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos se movilizará al Congreso Nacional para rechazar el acuerdo, mismo día que está previsto que inicie la sesión para el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Del Plá refirió que: “La letra chica confirma lo peor. Se avanza en un cogobierno con el FMI y un ajuste mayor. El memorando establece el control del FMI frente a cada decisión económica: es un pacto colonial. Se insiste en la necesidad de un ajuste que reduzca el déficit fiscal, que se hará a costa de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El recorte en el gasto social, el avance sobre los regímenes especiales de jubilaciones en las cajas previsionales provinciales; en la de los docentes universitarios, investigadores y científicos, como también el aumento ‘voluntario’ de la edad jubilatoria, dan cuenta del ajustazo que se viene”, advirtió la diputada de izquierda.

Asimismo, la legisladora señaló que “tanto el Gobierno nacional como la oposición macrista se han puesto de acuerdo en el tratamiento veloz del acuerdo, negando cualquier tipo de deliberación popular y de análisis pormenorizado de las implicancias ruinosas que el pacto tendrá para el país”.

Y puntualizó que “se apresuran a votar un acuerdo de sometimiento y de humillación con el único fin de evitar nuevos resquebrajamientos al interior de sus bloques, porque saben que tendrá un alto costo político, debido a la medida de ajuste, tarifazos y devaluación que trae aparejado”.

Con el objetivo de asegurar el acompañamiento de todos sus miembros al dictamen del proyecto del acuerdo con el FMI, el Frente de Todos metió cinco cambios en los integrantes de las comisiones de Prepuesto y Hacienda y de Finanzas.

Atento el oficialismo a todos los detalles, la mira hoy no está puesta solo en la votación trascendental que se dará el viernes en horas de la madrugada, o bien antes del mediodía, sino en lo más inmediato por venir: el dictamen de mayoría que saldrá del plenario de comisiones que discutirá el proyecto. Es que sobre ese tema la oposición se propone impulsar un dictamen propio y al cabo de la reunión de este domingo mostraron sus cartas al advertir sobre la paridad que existe en el plenario de Presupuesto y Finanzas. Así las cosas, señalaron voceros del espacio opositor, que el oficialismo no deberá tener fugas si quiere imponer el texto que envió el ministro Martín Guzmán.

En efecto, el plenario que analizará el proyecto de la deuda cuenta con 39 firmas del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 Pro, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC-ARI); 2 firmas del interbloque Federal y una firma de Provincias Unidas.

Así las cosas, en la previa de la exposición de Guzmán, que dio por abierto el debate, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ingresó la massista Mónica Litza por el camporista santafesino Marcos Cleri. En tanto, Ramiro Gutiérrez, otro diputado proveniente del Frente Renovador, sector de la coalición oficialista favorable a aprobar el acuerdo, reemplazó al salteño Emiliano Estrada.

Además, la salteña Pamela Calletti entró por el porteño Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, referenciado en el dirigente Juan Grabois, renuente a votar a favor. Y la jujeña Carolina Moisés reemplazó a Sergio Palazzo, el líder de La Bancaria, quien ejercía la vicepresidencia segunda dentro de la comisión.

Un dato más llamativo fue el cambio que hubo en Finanzas, donde el chaqueño Aldo Leiva entró por el “albertista” Leandro Santoro.

El plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja, presidida por el oficialista Carlos Heller, dio inicio al debate del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur – que estuvo como invitado- previo a la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que “el programa asume que el país continúe con la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajustes y reformas que quiten derechos laborales y previsionales”.

Tras agradecer la invitación a la Comisión, Manzur señaló que la “presencia de los ministros, como representación del Gobierno, se da en el marco de los compromisos asumidos en la Ley de Fortalecimiento de Sustentabilidad de la deuda pública promovido por nuestro espacio político y votada prácticamente por unanimidad por el Congreso”.

A su vez, explicó que el propósito de la Ley fue para que “las decisiones que afectan el futuro de los argentinos y las argentinas en materia de endeudamiento del país todo sea con la intervención de los representantes del pueblo y de la totalidad de las provincias”.

Hecha esa aclaración, procedió a recordar que “en 2018 se firmó el acuerdo stand by que este proyecto lo que busca es refinanciar. Aquel stand by se trató de un crédito importante otorgado por el Fondo Monetario Internacional y que no tuvo el impacto que se esperaba en la concreción y en la búsqueda, dicho por los representantes del Fondo”.

“Aquel stand by fue otorgado por un monto de 57 mil millones de dólares de los cuales se desembolsaron 44.500 mil millones de dólares. Esta deuda tomada se combinó con una fuerte devaluación del peso ocurrida en los años 2018 y 2019 lo cual transformó drásticamente la relación entre deuda y el PBI”, agregó y comparó que en el 2015 la deuda “representaba el 52 % del PBI mientras que a fines del 2019 había trepado al 88 % producto de la situación”.

En ese sentido, señaló que la consecuencia fue que “se disparó la inflación”, y acusó que “el programa del 2018 no cumplió con lo que estaba previsto”.

“Tuvo 4 de las 12 revisiones previstas, la primera demostró que el índice de sostenibilidad de la deuda externa no era bueno. En la segunda revisión una decisión de mayor ajuste fiscal fue incorporada al proyecto del Presupuesto del 2019 y el tipo de cambio se mantuvo. La tercera revisión, las expectativas en la inflación y los precios seguían aumentando mientras los activos financieros no repuntaron. Tras la cuarta, el Fondo advirtió que las necesidades brutas de financiamiento seguían siendo elevadas y preveían etapas más duras para el programa”, detalló el funcionario.

En tanto, señaló: “Al incumplirse los objetivos, el acuerdo stand by del 2018 fue cancelado el 24 de julio del 2020. El propio organismo internacional realizó una revisión crítica del acuerdo y se reconoció el no cumplimiento de las políticas para las cuales se había tomado en el ámbito social y financiera”.

Manzur releyó el artículo 2 de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública que dispone: “Todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”, remarcando la labor legislativa.

Por consiguiente, explicó que el proyecto presentado es “fruto del trabajo de negociaciones internacionales de alta complejidad alcanzadas para lograr un entendimiento tendiente a un nuevo programa con el FMI, denominado de Facilidades Extendidas”, el cual se divide en dos: “Esquema de Políticas Macro Económicas” y “Crecimiento de media plazo y estabilidad duradera”.

“El programa asume que el país continúe con la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajustes y reformas que quiten derechos laborales y previsionales. Desde el punto de vista fiscal el acuerdo prevé un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación con una expansión moderada del gasto real donde el Estado tendrá un rol clave definiendo las prioridades centrales que serán los pilares para la inclusión social”, detalló Manzur.

Desde la óptica monetaria y fiscal, explicó que “se programa una reducción gradual, pero persistente de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional”. Además, precisó que el acuerdo permite: “Garantizar la totalidad de los programas sociales focalizados y el mantenimiento de los derechos de movilidad previsional de los jubilados; derechos de trabajadores; contribuye a la reducción de las brechas sociales profundizando el federalismo; plantea mejorar la focalización de los recursos del Estado y expansión de la inversión pública para generar capacidad productiva”.

También, remarcó que “el tratamiento es importante”, y constituye una base “sólida” para multiplicar el alcance del proceso virtuoso”.

“Vivimos un momento histórico convulsionado, el brutal y anacrónico uso de la fuerza armada en Ucrania por parte de Rusia que nuestro país condenó enérgicamente. Llamo al apego de la Cartas de las Naciones Unidas que pone en evidencia esta situación, el carácter cambiante e impredecible de la dinámica internacional. Esta situación trastocó la conducta de actores estatales y privados, está transformado el comercio y está afectando al mercado. Lamentablemente empezamos a transitar otra situación de alta incertidumbre”, consideró Manzur y solicitó: “Necesitamos tener un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina”.

Por último, apuntó hacia quienes ya adelantaron su voto negativo: “Una mirada crítica sobre el rol del FMI no es razón para alentar al voto en contra en esta coyuntura, estamos en una situación que hay que pensar por fuera de la política y hacia el futuro”.

“Argentina no tiene los fondos necesarios para afrontar los vencimientos, tenemos que evitar a través del diálogo y la discusión un aporte constructivo para evitar el default”, precisó y cerró Manzur que “es el mejor acuerdo posible”.

Una jornada intensa se espera este lunes en la Cámara de Diputados, que se iniciará a partir de las 13 con la reunión constitutiva de la Comisión de Finanzas. En el transcurso de esa breve reunión que tendrá lugar en la Sala ubicada en el segundo piso del Anexo C, elegirán a las autoridades de dicha comisión que encabezará la diputada oficialista Alicia Aparicio.

A partir de las 14 se constituirá el plenario de esa comisión y Presupuesto y Hacienda, para escuchar a lo largo de este lunes y martes a una serie de invitados que expondrán en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El plato fuerte será la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien concurrirá para defender el acuerdo por él suscripto con las autoridades del FMI. Lo hará por segundo día consecutivo, pues este domingo ya estuvo en el Congreso exponiendo ante los diputados del oficialismo que integran las comisiones de Presupuesto y de Finanzas.

En rigor, a ese encuentro también asistieron diputados que no forman parte de esas comisiones, interesados en escuchar al ministro y formular también sus preguntas.

Mientras eso sucedía este domingo, casi a la misma hora se reunía de manera virtual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con el fin de acercar posiciones en torno a la postura que llevarán al recinto respecto del acuerdo con el FMI.

Así fue que allí se ratificó la postura de evitar que el país avance hacia un default, pero también se plantearon críticas en torno al proyecto que deberán tratar en la Cámara de Diputados esta semana, pues el mismo tiene dos artículos que merecen sus observaciones. No hay problemas con el que avala el refinanciamiento de la deuda con el Fondo, pero sí con el artículo siguiente referido al programa económico del Gobierno. Obviamente están dispuestos a avalar el primero de esos artículos mas no el segundo.

Así se lo harán saber al ministro de Economía durante la reunión de este lunes. Del encuentro participarán también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

La idea del plenario es que luego de la visita de invitados, el miércoles que viene se puedan poner a discutir en torno al proyecto entre los diputados que integran ambas comisiones, con la intención de emitir dictamen. Más que probable que la oposición presente su propio dictamen. La sesión propiamente dicha arrancará el jueves en horario todavía a determinar.

Conforme había trascendido el viernes pasado, los diputados nacionales del oficialismo se reunirán este domingo a partir de las 18. Al menos los que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja, convocados por Carlos Heller, quien presidirá el plenario de las comisiones a lo largo de esta semana.

La idea de la convocatoria es definir el cuestionario y la estrategia de cara a la presentación que realizará este lunes el ministro Martín Guzmán.

La idea es coordinar el trabajo de antemano, de manera tal de agilizar la actividad prevista para este lunes. Recordemos que para una hora antes de las 14 ha sido convocada la Comisión de Finanzas para su reunión constitutiva, de manera tal de que después pueda funcionar de manera conjunta con Presupuesto y Hacienda.

Cabe recordar que la consigna remitida a todos los diputados oficialistas el viernes pasado es que estén en Buenos Aires este mismo domingo para ir preparándose para la sesión prevista para la presente semana.

A continuación, detallamos quiénes son los integrantes del oficialismo que tienen ambas comisiones:

Presupuesto y Hacienda

Frente de Todos (24):

Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itai Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce y Jorge Antonio Romero.

Finanzas

Frente de Todos (15):

Walberto Allende, Alicia Aparicio, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Varinia Marín, Germán Martínez, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Leandro Santoro, Carlos Selva y Victoria Tolosa Paz.

En menos de 24 horas desde su aprobación en Diputados, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con el dictamen de mayoría del proyecto sobre Bienes Personales, que fue devuelto por la Cámara baja con modificaciones.

Además de los nueve integrantes del Frente de Todos, la iniciativa contó con el apoyo del aliado Alberto Weretilneck (JSRN). Los senadores de Juntos por el Cambio expresaron su rechazo, al tiempo que también cuestionaron cómo quedó conformada la comisión.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo miércoles 29, cuando haya pasado una semana del dictamen y no se necesiten los dos tercios para habilitar su tratamiento. Para reunir el quórum en el Senado, en la que será la primera reunión con la nueva composición, y en caso que JxC no baje al recinto, el FdT deberá tener asistencia perfecta de sus 35 miembros, además de contar con el apoyo de sus frecuentes aliados Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.

El proyecto

El proyecto establece que el mínimo no imponible pase de los 2 millones de pesos a los 6 millones de pesos; e indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el tributo cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos -actualmente es de 18 millones de pesos-.

Además, esos montos “se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”, reza el texto.

En cuanto a la suba en las alícuotas para los patrimonios más altos, pasará e 1,25% a 1,50% para aquellos que superen los 100 millones de pesos y hasta 300 millones; mientras que para los de más de 300 millones se incrementará en 1,75%. Además, se mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior.

No obstante, se delega al Poder Ejecutivo “la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado”.

Y se sumó una modificación sobre el impuesto a las Ganancias, de modo de prorrogar la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota de descuento del tributo que pagan los trabajadores. Una cuestión que estaba prevista en el Presupuesto 2022, que fue rechazado en Diputados la semana pasada.

El debate en comisión

En el comienzo de la discusión, el flamante titular de la comisión, Ricardo Guerra (FdT), destacó que el beneficio del proyecto alcanza a alrededor de 500 mil personas y cuando se le suma el tema de Ganancias, se extiende a 1.200.000 contribuyentes.

“Tiene sus beneficios para las franjas más bajas de su estructura económica y, a su vez, prevé la actualización anual, para no estar necesitando nuevas leyes para ir actualizándolo”, agregó el legislador.

El riojano habló de “un claro concepto de progresividad, concepto básico de la sana tributación”, y aseguró que “tiende al equilibrio al incrementar algunas alícuotas para los patrimonios de mayor envergadura, que naturalmente tienen mayor capacidad contributiva”.

En ese sentido, aclaró que el gravamen alcanza a menos del 2% del padrón, alrededor de 16 mil contribuyentes, lo que contrapuso con los 500 mil alcanzados en la actualidad, que representan un 50% del padrón de Bienes Personales. Concluyó remarcando que “lo que se deja de recaudar, más lo que se incrementa, tiende a ser equilibrado”.

Intervino a continuación el opositor Martín Lousteau (UCR), quien recordó que el proyecto debatido había sido aprobado en parte por esa misma Cámara, “si no me equivoco por unanimidad”. Precisó que la estructura tributaria “puede ser más o menos eficiente, puede ser progresiva o menos progresiva, pero no podemos tener un desorden permanente de la estructura tributaria, no puede ir cambiando permanentemente porque la economía esté desordenada y genere inflación”.

Ejemplificó diciendo que cuando alguien está al borde de pagar Ganancias y pasa a ganar 30% más, empieza a tributar. “Si la inflación fue 50%, empieza a tributar, no es que gane menos; cada vez que la economía tiene inflación, la alteración de la estructura tributaria se ve alterada permanentemente”, puntualizó.

“Esto es lo que la media sanción del Senado buscaba paliar: un mínimo no imponible que había quedado atrasado tres veces, por eso se pasa de 2 a 6 millones el mínimo no imponible”, agregó, precisando a continuación que la parte que se le agregó al proyecto en Diputados “tiene algunos defectos”.

Citó el caso del artículo 5, que faculta a incrementar los montos del impuesto a las Ganancias. “En nuestro proyecto hacemos una actualización automática del mínimo no imponible de Bienes Personales; debería ocurrir lo mismo con Ganancias. Si lo que queremos es, a partir de determinado nivel de poder adquisitivo, gravarlo, actualizarlo inmediatamente no debería ser una facultad delegada permanentemente. No deberíamos acomodar algo que el propio sistema debería acomodar automáticamente”.

Se refirió luego a las alícuotas previstas en el artículo 3°, y particularmente en el 4°, cuyo último párrafo delega al Poder Ejecutivo la facultad de disminuir alícuotas. “Otra vez: si queremos constituir una estructura tributaria que tienda a la eficiencia y la progresividad, tenemos que dar esa estructura tributaria sea previsible y confiable”, sostuvo.

Deespués se refirió a los fondos puestos por los argentinos en el exterior y recordó que muchas provincias, teniendo en cuenta la inestabilidad del país, decidieron tener el dinero en el exterior “para protegerse de las consecuencias que puede tener la economía”. De ahí que pidió entender porqué la gente no quiere ahorrar en nuestra moneda: “Porque ve que el proceso genera consecuencias muy gravosas. Si quisiéramos empezar a evitar esos comportamientos, deberíamos tener una mejor conversación sobre la economía”, expresó, para añadir luego que “cuando lo que hacemos es delegar facultades para modificar las estructuras tributarias, generamos un efecto no querido que vuelve a traer consecuencias no deseadas”.

Así las cosas, el senador radical adelantó la postura de JxC de insistir con la media sanción que dieron en el Senado y que por eso emitirían un dictamen de minoría.

A su turno, el senador oficialista Edgardo Kueider (FdT) le respondió a Lousteau señalando que “nadie estaría en desacuerdo” con sus propuestas. “Podríamos hablarlo en el futuro, pero no creo que sea un obstáculo en la aprobación de este impuesto, porque estamos hablando de facultades para reducir impuestos, no subirlos. No le veo motivos para rechazarlos”, manifestó.

Flamante vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) recordó que la propuesta original del exsenador Carlos Caserio estimaba cifras más altas para los mínimos no imponibles, pero se bajaron por pedido del Ministerio de Economía. Al expresar su “preocupación” por el aumento de alícuotas y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el legislador consultó “si realmente fue consultado el Ministerio de Economía para las modificaciones” y “cómo hicieron la estimación” de que el aumento alcanza a 16 mil personas para beneficiar a medio millón.

Por su parte, Alberto Weretilneck (JSRN) recordó que este es un “impuesto que es coparticipable” y “una parte de estos recursos son de las provincias”. En esa línea, consideró que “cuando hablamos de automaticidad en la modificación de las escalas, por una lado estamos dándole previsibilidad a los contribuyentes, pero por otro lado a los presupuestos de las provincias y el nacional también”. “No voy a defender el tema Ganancias, la delegación de facultades taxativamente, pero tampoco me opongo claramente”, agregó sobre uno de los cambios incorporados al proyecto.

En el cierre, Guerra ratificó la postura del oficialismo: “Nosotros consideramos que es una versión mejorada, debido a que han ocurrido varias cosas desde aquella aprobación hasta este momento, por ejemplo el tema del Presupuesto no es un tema menor lo que ha ocurrido”. “Esto se ha trabajado con miembros del Ministerio de Economía y de allí surgen las cifras”, le respondió a Zimmermann.

Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT) sostuvo que “ha sido enriquecido el texto en la Cámara de Diputados por los vaivenes institucionales que han acontecido”, además de que “resguarda el espíritu que tuvo la media sanción del Senado” ya que “los mínimos no imponibles son los mismos”.
“Es un proyecto superador y por eso el Frente de Todos ha decidido acompañar rápidamente esta iniciativa”, resumió, y defendió el aumento en las alícuotas para los patrimonios más altos, bajo la visión del Gobierno de tener “un sistema impositivo tributario distributivo, que significa que quienes más tienen colaboren en aportar para los servicios y derechos que tenemos los ciudadanos”.

Durante la reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Juntos por el Cambio se quejó de la proporcionalidad de miembros que se dispuso, en la que el Frente de Todos quedó con 9 integrantes, la principal bancada opositora con 7, más el rionegrino Alberto Weretilneck.

En el arranque del encuentro, realizado en el Salón Illia, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista, propuso como presidente al riojano Ricardo Guerra, exministro de Hacienda de su provincia.

“Para nosotros es muy importante como oficialismo la presidencia de esta comisión, así que esperamos que los colegas acompañen esta propuesta”, expresó brevemente la legisladora.

Luego fue el turno de la macrista Guadalupe Tagliaferri, quien informó sobre una nota enviada a la Presidencia en la que reclaman que “la delegación que tiene la Presidencia para convocar a las comisiones” todavía no fue resuelta. Es decir, la nueva conformación de la Cámara alta todavía no votó la delegación de esa facultad.

Además, hizo mención a cuestión de la proporcionalidad en los miembros y señaló que, a partir de tener el Frente de Todos 35 senadores y Juntos por el Cambio 33, el oficialismo debería tener 8 miembros y no 9 en la comisión. “Esta conformación violenta el espíritu democrático”, lanzó la senadora.

Salió al cruce la oficialista Juliana Di Tullio, quien enfatizó que “el número, la conformación y la cantidad de miembros fue producto de la política, de los acuerdos de los presidentes de los bloques”. “Los acuerdos tienen que cumplirse, la palabra tiene que cumplirse. Si no cumplen la palabra, si no les dura 10 minutos es difícil poder tener una convivencia democrática”, continuó.

“Esta es una comisión que históricamente maneja el bloque del Senado que representa al Poder Ejecutivo Nacional”, apuntó y recordó que en el pasado “ya tuvieron el error político de tener mayoría en comisiones como Relaciones Exteriores o Presupuesto, donde claramente es facultad del Poder Ejecutivo fijar esas políticas”.

La bonaerense les cuestionó a sus pares opositores que tras ganar las elecciones están “teniendo una actitud beligerante, un poquito más beligerante que de costumbre. Es más, un poquito más que incluso cuando fueron el Grupo A”.

“Yo creo que ustedes tienen que reflexionar un poquito sobre las peleas que dan, a mí me parece bien que den unas peleas, otras me parece que no”, agregó.

De la vereda de enfrente, el radical Martín Lousteau consideró que “lo primero que tenemos que aprender a cumplir son las reglas”. “Las cifras que mencionaba la senadora Tagliaferri son las correctas”, si se observa la conformación de la Cámara, defendió.

Además, aclaró que “nadie está disputando a quién le corresponde presidir”, al tiempo de avalar la designación de Guerra. Pero remarcó que “una comisión no le pertenece al partido que gobierna” y reprochó que “hubo años de 2015 a 2019 donde no hubo presidencia de Cambiemos todo el tiempo”.

En línea con Di Tullio, Fernández Sagasti dijo que “hubieron conversaciones con presidentes de bloques y por eso hemos llegado hasta acá”.

Después tuvo una intervención Alberto Weretilneck, quien contó que en conversaciones con el jefe del bloque oficialista, José Mayans, le aseguró que “esta iba a ser una comisión temporaria” que “la conformábamos únicamente para este expediente, para este tema”.

Pero Fernández Sagasti salió a aclarar que temporarios podían ser los integrantes, pero no la proporcionalidad de los mismos.

Más tarde, cuando ya se había iniciado el debate sobre Bienes Personales, el oficialista Edgardo Kueider dijo hacer un “cálculo muy sencillo” y detalló que “el bloque de Juntos por el Cambio tiene 33 integrantes, lo cual representa el 45,83%, lo cual le corresponde 8,25 miembros de la comisión. El bloque del Frente de Todos, que tiene 35 senadores, tiene 48,61% de representación, lo cual le corresponde 9 miembros. Y después tenemos otros, 5,56%, que le podría corresponder uno”. “Por lo tanto, no veo dónde se vulnera la composición de la Cámara”, completó.

Por el oficialismo integran la comisión Ricardo Guerra, Juliana Di Tullio, Edgardo Kueider, María Teresa González, Antonio Rodas, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Carlos “Camau” Espínola y Carlos Linares.

Mientras que los miembros de Juntos por el Cambio son Víctor Zimmermann, Julio Martínez, Flavio Fama, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Ignacio Torres y Juan Carlos Romero. Además de Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.

Como un correlato de la sesión maratónica del jueves y viernes que concluyó con una derrota concluyente del Frente de Todos y el naufragio del Presupuesto 2022 que elaboró el Palacio de Hacienda, la oposición intentará este martes convertir en ley el proyecto de modificación de Bienes Personales que tiene media sanción del Senado.

Deseoso de recuperar la iniciativa y evitar un nuevo traspié, el oficialismo contraataca presentando un proyecto propio sobre el tema que será el que tratará de imponer este martes a partir de las 13 en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, y que sesionará en el propio recinto de la Cámara.

Los detalles del mismo se conocieron este lunes a través de fuentes del oficialismo que detallaron que el el proyecto del oficialismo es más amplio y establece, entre algunas cuestiones, un aumento de la alícuota máxima, con lo cual los patrimonios que superen los $100 millones pagarán una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los $18 millones.También establece una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas, para evitar que el mínimo quede desactualizado.

El proyecto proveniente del Senado, sobre el cual insistirá la oposición, modifica el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a pagar este tributo las personas que posean bienes con valores iguales o inferiores a 6 millones de pesos. Actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos, y el proyecto original del exsenador nacional Carlos Caserio hablaba de 8 millones. El cambio obedeció a un pedido expreso del Ministerio de Economía.

Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos y el texto inicial estimaba 50 millones.

Consultadas por parlamentario.com fuentes de la oposición respecto de la postura que adoptarán ante la presentación del proyecto del oficialismo, señalaron que la propuesta no les llegó oficialmente ni al vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, ni a ningún otro diputado de la oposición. Con todo, aclararon que por lo que pudieron ver en los medios “no les gusta”. Así las cosas, intentarán que en el recinto gane la media sanción del Senado, sin modificaciones, y para ello creen tener los números para imponerse.

En este caso tallan no solo los votos de Juntos por el Cambio, obviamente. Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, aclaró a parlamentario.com que “somos impulsores de la sesión especial para tratar el proyecto que viene en revisión del Senado. Vamos a apoyar ese proyecto y espero que el oficialismo también lo apoye para que lo aprobemos por unanimidad”.

De todos modos, una fuente de JxC admitió que seguramente el oficialismo conseguirá sacar el dictamen de mayoría con su proyecto y advirtió que si consiguen algunas abstenciones podrán imponer la sanción de esa iniciativa.

El esquema de trabajo será el siguiente: los dos dictámenes que se llevarán al recinto se discutirán de manera paralela y el del oficialismo será el primero que se vote. Si es rechazado, recién ahí se votará el del Senado, que a pesar de tener origen oficialista será el que defienda la oposición y que, en caso de aprobarse, sería ley. Y eso es clave pues la misma debe salir antes de fin de año.

No sucederá lo mismo si se aprueba el proyecto del oficialismo, en cuyo caso desde el Frente de Todos aseguran que habrá una sesión del Senado el próximo 28 de diciembre. Día de los Santos Inocentes. Habrá que ver si toda la oposición les cree.

A las 13.15 arrancó la sesión en la Cámara de Diputados -la primera con la nueva conformación- para tratar el proyecto de ley de Presupuesto 2022, para el cual el Frente de Todos no cuenta todavía con los votos necesarios para su aprobación.

Según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, el jefe de la UCR, Mario Negri, sugirió la posibilidad de que en la sesión se pase a un cuarto intermedio para continuar con las negociaciones.

“El Gobierno es consciente de que no hay consenso y que se debe buscar acuerdos. Les propuse que se inicie la sesión, juren los nuevos diputados y que se pase a un cuarto intermedio para que se pueda revisar de punta a punta el proyecto de ley. Veremos qué actitud toma el oficialismo. Creemos que nuestra propuesta es la más sensata. No se puede atropellar para sacar una ley tan importante”, expresó Negri tras Labor Parlamentaria.

La sesión estaba prevista para las 12, pero finalmente se postergó para las 13, por el retraso que generaron las frenéticas reuniones que hubo durante la mañana de este jueves.

La reunión arrancó con 129 presentes, el número justo para el quórum, luego de que por Juntos por el Cambio bajaran al recinto en su mayoría legisladores radicales.

El panorama se empantanó para el oficialismo luego que este miércoles por la noche se confirmara que todo Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- iba a votar en contra de la iniciativa. En un principio, el Frente de Todos se ilusionaba con abstenciones de la Coalición Cívica y de algunos diputados que responden a sus gobernadores, como los jujeños y correntinos, pero eso se anticipó no pasaría.

Sumado a eso, el Interbloque Federal -con ocho miembros- anticipó que tampoco acompañaría, y ni siquiera daría quórum. También en contra están los cuatro liberales y los cuatros legisladores del Frente de Izquierda.

Con asistencia perfecta, de 117 miembros, porque Sergio Massa, presidente del cuerpo, no vota, el oficialismo llegaría solo a 122 votos positivos con el apoyo del interbloque Provincias Unidas, que tiene 5 diputados. Y el escenario se agravaría en caso que tampoco lo apoyen los dos legisladores del bloque Ser.

El oficialismo impulsó un tratamiento exprés del proyecto, en tan solo tres días, que se inició el lunes con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes con los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte), además de funcionarios de la cartera de Salud.

Este miércoles, a la hora del debate de los legisladores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció más de una veintena de modificaciones al texto original, lo que implicó el agregado de más de 50 artículos.

Esos cambios solo aumentaron el fuerte rechazo de la oposición, que ya se oponía, entre varios reclamos, por la cifra estimada de inflación y por las facultades que se le prorrogan al Poder Ejecutivo para disponer sobre materia tributaria.

139-1

Luego de un extenso cuarto intermedio que se dio en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, el legislador Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) comentó lo que habló en “off” con Heller sobre los costos que implicarían las modificaciones en el Presupuesto 2022. El presidente de la comisión se molestó y le respondió.

“Usted recién me comentaba en el off que el Presupuesto por todas estas modificaciones se incrementaría por 180 mil millones de pesos más y no están modificando ni el artículo 1 ni el 2, estamos aprobando planillas que sumadas no van a coincidir. No va a coincidir por la agregación con la realidad. ¿De dónde va a salir la plata para financiarlo, dado el déficit fiscal que hay?”.

Tras lo cual, Heller le respondió: “Con todo respeto, no quiero discutir, pero debería decirle y disculpe que lo haga al aire, que las conversaciones en off no se utilizan como argumento cuando se pide la palabra”, y le advirtió que “es la última vez que acepto hablar con usted porque se ve que no tiene claro cómo funciona el off. Es una de confidencia en la que no se usa tres minutos después como argumento en medio de un debate”.

Inmediatamente, el diputado de Evolución Radical le pidió disculpas por “hacer pública una conversación, entendí mal yo”, ante lo que Heller le agradeció y aceptó la disculpa.

Tras un extenso cuarto intermedio -de más de dos horas-, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de ley de Presupuesto 2022 y el oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría con las 24 rúbricas de los integrantes del Frente de Todos, más la del misionero Diego Sartori, del interbloque Provincias Unidas. Sin embargo, el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios para lograr su aprobación en la sesión de este jueves.

Pasadas las 14 de este miércoles, el encuentro abrió con el anuncio por parte del presidente de la comisión, Carlos Heller, de más de una veintena de modificaciones que se incorporaron al texto original. Ante esa información, la macrista Silvia Lospennato pidió que se pase a un cuarto intermedio para el análisis de los cambios a lo que, luego de la intervención de una serie de legisladores, Heller dio por iniciado. Primero se iba a retomar la reunión a las 16.30, pero luego se extendió hasta las 17.30 y empezó finalmente a las 18.05hs.

El tratamiento del Presupuesto 2022 comenzó el pasado lunes con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes con la visita de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte), además de funcionarios del Ministerio de Salud, ya que Carla Vizzotti no asistió. Cabe mencionar, que la iniciativa enviada al Parlamento hace exactamente tres meses atrás, el 15 de septiembre.
En la previa de la reunión de comisión, Juntos por el Cambio había anticipado que daría el quórum en la sesión, pero la mayoría de sus miembros -distribuidos en 10 bloques- se inclinan por el rechazo. Además, el Interbloque Federal, de ocho integrantes, también avisó que votará en contra.

Uno de ellos fue Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) quien mandó al frente a Heller porque en “off usted me dijo que el Presupuesto por todas las modificaciones se incrementaría por 180 mil millones de pesos y no están modificando ni el artículo 1 ni el 2 , estamos aprobando planillas que sumadas no van a coincidir. No va a coincidir por la agregación con la realidad. ¿De dónde va a salir la plata para financiarlo dado el déficit fiscal que hay?”.

“Si incorporan gran parte de las modificaciones que les decimos, el proyecto sería más votable. Si sacan los artículos que les dan las atribuciones al presidente de la Nación, lo voto”, aseguró Tetaz.

Su par, el diputado Alejandro Cacace (San Luis) respaldó los dichos de Tetaz y sumó que “se esta faltando a un error que no es prever las fuentes de financiamiento de todos esos gastos”, porque “es uno de los temas que más nos genera duda”, ya que “establecían desembolsos de organismos internacionales por 12.455 millones de dólares. Preguntamos quién nos prestaba tanto dinero y respondieron que se podían hacer colocaciones en el sector público y que enviarían nuevas planillas”.

“Seguimos sin saber cuál es el organismo que hace un desembolso neto, no hay programas de créditos”, reiteró Cacace y adelantó el voto en contra del artículo 85 sobre colocaciones en el sector público “están buscando echar mano a los fondos públicos”.

Sobre las previsiones de la inflación cuestionó que “el interanual está por arriba del 50% cuando dijeron que iba a ser de 29%, se dio eso y no lo que el ministro (Martín Guzmán) decía. Cómo insisten en hablar de una proyección del 33% para las 2022 personas que se supone están capacitadas, nada en su sano juicio puede creer que esa va a ser la inflación. No se van a dar esas proyecciones y lo han admitido”. “¿Cuál es el plan para las tarifas y los subsidios? es algo que no quedó respondido por los funcionarios”, interrogó el legislador puntano y concluyó que están en contra de los artículos que prorrogan las facultades tributarias para el Poder Ejecutivo. “No vamos a acompañar el Presupuesto”, cerró Cacace.

Por su parte, el legislador de izquierda Nicolás del Caño (Buenos Aires) también manifestó su voto negativo porque no se “mencionó al Fondo Monetario Internacional, sin embargo, hay condicionamientos que plantea como el de achicar la brecha cambiaria y lo que esta estipulado es un dólar de $131 que es poco creíble que se dé más con la inflación que se estipula. Además, da por sentado un acuerdo con el FMI más de 8 mil millones de dólares que estipula pagar. Otro de los condicionamientos que plantea el FMI es la quita de subsidios”.

“Es una deuda fraudulenta e ilegítima”, resaltó Del Caño y cuestionó que “todos los gobiernos utilizan la inflación para negociar las paritarias. Parece un presupuesto genial, sin embargo, lo que sostuvo la actual vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) de que la subejecución del presupuesto 2021 era la vía por la cual se llevaba un ajuste, ahora eso nunca se dijo no existió”.

Y cerró: “Gran parte de lo que exige el FMI para llegar al acuerdo para pagar la deuda fraudulenta ya se viene haciendo, en este presupuesto se plantean diferentes medidas de ajustes”.

“Atrás de este presupuesto hay muchos argentinos que están pasando pobreza”, enfatizó el radical cordobés Víctor Hugo Romero y también cuestionó varios artículos del Presupuesto y se sumó a los votos negativos: “No lo vamos a acompañar porque no tuvimos el tiempo de tratarlo en profundidad”.

En tanto, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) sugirió “copiar las mejores prácticas en materia presupuestaria de los países que son ejemplos en el mundo que en Argentina está muy degradada por la inflación y la cantidad de DNU porque le dan poder al Ejecutivo para ajustar los techos presupuestarios”. “Podríamos hacer una reforma al Presupuesto muy simple para que las proyecciones macroeconómicas las realice una oficina independiente”, añadió.

Sobre el tema de la inflación opinó que “el Gobierno está obligado a hacer un ajuste fiscal y no quiere decirlo para luego echarle la culpa a los empresarios”. “No queremos voltearles el Presupuesto al Gobierno, pero el Frente para la Victoria que ahora es el Frente de Todos nos rechazó todos los presupuestos que presentamos”, recordó.

“Queremos ser colaborativos y no obstructivos, pero no nos están dando espacio y detrás de este Presupuesto hay ajustes que no se dicen”, se sinceró y criticó que “es un Presupuesto irreal e infinanciable porque no se puede convalidar bajo ningún criterio razonable que oculta un ajuste. El Presupuesto parece un jardín de rosas donde nada hay que hacer”, y cerró que “hay varios artículos con los que no estamos de acuerdo, si se hacen esas correcciones lo debatiremos con gusto. El tema del Fondo de Pluralidad de Voces me genera muchas dudas, todo muy raro”.

También Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires) criticó el articulado del Presupuesto 2022 y reconoció que “también en el gobierno de Macri hubo proyecciones que no se dieron, lo mismo pasó en los ocho años de gobiernos kirchneristas”, y resaltó que “eso tiene que ser un aprendizaje, y que se votará una fantasía, una realidad ilusoria, es algo imaginario porque aparecen otros números”.  “El oficialismo debería reflexionar sobre el articulado”, finalizó.

Los reproches por la obra pública realizada durante la gestión de Mauricio Macri reflotó en el primer tramo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados este miércoles.
Luego de los cruces que se dieron durante la exposición del ministro Gabriel Katopodis, la radical Ingrid Jetter aprovechó para responderle a la oficialista Carolina Gaillard, quien dijo que “no se había hecho ninguna cuadra de pavimento en Entre Ríos cuando Rogelio Frigerio fue ministro”.
Entonces, repasó que el gobierno anterior “hubo desde 2016 a 2019 más de 22.831 millones de inversión en Vialidad Nacional; se hicieron 150 kilómetros, 60 de autopista, 60 de pavimentado nuevo, 1.219 kilómetros de repavimentación, 332 kilómetros de ruta segura, 6 kilómetros de puentes y hubo convenios con municipios de Entre Ríos”.
Sin ser miembro de la comisión, el kirchnerista Rodolfo Tailhade atacó: “El 9 de marzo del 2017 vino al plenario de Transporte y de Defensa del Consumidor el entonces ministro de Transporte (Guillermo Dietrich). Nos mostró unas diapositivas y prácticamente nos tapó de cemento, pasaban las autopistas por arriba de la cabeza, decía ‘nos propusimos duplicar las autopistas del país, ya comenzamos’. Después de sacarse el gorrito, pensando que estaban en Bruselas, dijo ‘vamos a duplicar la cantidad de autopistas y 100 mil kilómetros ya están en construcción”.
“El 13 de marzo de 2018 volvió a un plenario, también dejó el gorrito de la bicicleta en el escritorio, y básicamente dijo que en dos años íbamos a ser Alemania, para hacer unas consideraciones en materia de infraestructura y transporte”, chicaneó.
En ese momento interrumpió su discurso para solicitarles a sus pares en el recinto que “no se enojen, no se enojen, estoy diciendo lo que había en las taquigráficas”.
Y siguió: “Siempre mintió, decía ‘hemos impactado en 2018 18 mil kilómetros de rutas y autopistas en dos años, estamos planeando 12 corredores, dos puentes por 16 mil millones de dólares, una inversión monumental que se hará realidad en junio, y Macri dijo ‘ya terminamos 7 mil kilómetros y tenemos 13 mil en construcción”. “¡Que locura esto! Peor que los últimos 65 años”, ironizó.
“¿Qué pasó en la realidad? Durante los 4 años de macrismo se construyeron según Vialidad 461 kilómetros de rutas y autopistas, pero 7 mil kilómetros para el ministro”, subrayó el diputado oficialista. “Dietrich dijo ‘estamos haciendo autopista la ruta 19, con un plazo de dos años. La realidad es que hicieron 11 kilómetros”.
Otra vez, el presidente de la comisión, Carlos Heller, lo interrumpió para que cierre su discurso ante los gritos de diputados de Juntos por el Cambio, a lo que Tailhade respondió: “Usted me dio la palabra presidente, entre que usted me interrumpe y ellos también, no termino más”.
“Asfaltaron solo los ingresos en Las Flores, hicieron un acto como si hubiesen hecho toda la ruta”, cerró.

Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este miércoles, el oficialista Carlos Heller anunció más de una veintena de modificaciones al proyecto de Presupuesto 2022, que se tratará este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.

El presidente de la comisión señaló que escuchó pedidos por parte de sus pares, para incorporar al Presupuesto, y consideró que “no hay ninguno que no sea justo, lógico y necesario”, pero “cuando uno suma todos esos pedidos dan un número que significaría un resultado absolutamente imposible de atender”, aclaró.

“La cantidad de pedidos de inclusión de obras no incluidas supera a las que están en el Presupuesto”, agregó.

Y a continuación pasó a enumerar las incorporaciones que se realizaron al texto, entre las que se destaca un incremento del 70% para el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, un reclamo de los gobernadores, que fue tema también durante la reunión que Sergio Massa y Máximo Kirchner mantuvieron con mandatarios del Norte Grande: de los 27.000 millones de pesos previstos, se pasará a 46.000 millones.

Además, habrá una suba fuerte de los recursos destinados a la provincia de La Rioja, que recibirá una asignación de 24 mil millones de pesos, “más 1.000 millones a los municipios, de los cuales 500 deberán estar destinados a la capital”, señaló Heller.

También, anunció la ampliación de la exención del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, a las importaciones de gasoil, diésel oil, y su venta y/o entrega en el mercado interno al realizado durante 2022, a los fines de compensar los picos de demanda de tales combustibles que no pudieran ser satisfechos por producción local.

Otro cambio fue la eximición de pago de derecho de importación y otras restricciones a la importación de bienes de capital e insumos que realice la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

“Se incorpora en el artículo 90 federalizar el impacto del presupuesto y se propone que se realice desde las capitales alternas de cada provincia, priorizando la contratación de aquellas personas o empresas radicadas en dichas jurisdicciones”, sumó el diputado sobre otra de las modificaciones.

Asimismo, se autoriza a la Administración General de Puertos a efectuar el llamado a licitación pública nacional e internacional del denominado Canal Magdalena.

Se faculta a que las bibliotecas populares puedan asignar hasta el 75% de los subsidios recibidos a la atención de sueldos o viáticos.

Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y de Interior, que puedan constituir áreas aduaneras especiales en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes; al tiempo que se autoriza la extensión de zonas francas.

Se crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos, que permitan a dichos contribuyentes acceder a la condonación de deudas tributarias vencidas hasta el 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea el estado en que se encuentren.

Se exceptúa del pago de los derechos de gravamen de exportación para consumo en las exportaciones de mercadería realizada por empresas del Estado, que tengan objetivo de desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Se crea el Fondo Pluralidad de Voces destinado a financiar a medios de comunicación pequeños; y se incorporan beneficios en el IVA para sujetos que presten servicios y asistencia sanitaria, médica y paramédica.

Además, se colocan límites a los honorarios de las costas judiciales a cargo del Estado; mientras que se autoriza al jefe de Gabinete a disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de las condenas judiciales firmes a favor de las provincias de Santa Fe y La Pampa.

Se crea el Polo Logístico por la Soberanía Antártida en el ámbito de la provincia de Tierra de Fuego; y se estipula en el artículo 143 la ratificación del nuevo acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, que fue suscripto el pasado 26 de noviembre.

Se crea un Plan Federal de Forestación en el ámbito de los Ministerios de Ambiente y de Transporte, con el objetivo de generar empleo mediante la forestación de las banquinas de rutas nacionales y provinciales.

Finalmente, Heller precisó que se aumenta en 6.000 millones de pesos la partida para medioambiente y en un 20% el presupuesto de educación, además de incrementar las partidas para universidades nacionales -aunque no detalló el monto-.

Otro punto central de los cambios está vinculado a la ley que permite actualizar los balances de ganancias por inflación y, en ese sentido, se establece que solo se permitirá  -en el caso del 2021- imputar un tercio de la inflación y los otros dos tercios se podrán aplicar en los balances del 2022 y 2023.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta las 17.30, luego que el oficialista Carlos Heller informara sobre una catarata de modificaciones que se le incluyeron al texto.

Ante los anuncios, la macrista Silvia Lospennato pidió que se pase a un cuarto intermedio para el análisis de los cambios a lo que, luego de la intervención de una serie de legisladores, Heller dio por iniciado.

El encuentro se realiza en el recinto, obedeciendo a los protocolos sanitarios.

El tratamiento del Presupuesto 2022 comenzó el pasado lunes con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes con la visita de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte), además de funcionarios del Ministerio de Salud, ya que Carla Vizzotti no asistió.

De esta manera, la iniciativa tendrá un tratamiento exprés, pese a que fue enviada al Parlamento hace exactamente tres meses atrás, el 15 de septiembre. Ahora, el Poder Ejecutivo solicitó a sus espadas parlamentarias que la norma se sancione antes de fin de año.

El proyecto de Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para el año próximo. Entre sus puntos, no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional.

En la previa de la reunión de comisión y la sesión, Juntos por el Cambio ya anticipó que dará quórum pero presentará un dictamen de minoría de rechazo.

Pasadas las 14, arrancó en el recinto de la Cámara de Diputados la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que el oficialismo buscará el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2022, con el objetivo de aprobarlo este jueves en el recinto y girarlo al Senado.

En el encuentro, los legisladores se abocarán a la discusión, luego de haber escuchado durante lunes y martes a los ministros Martín Guzmán (Economía), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte), además de funcionarios del Ministerio de Salud, ya que Carla Vizzotti no asistió.

De esta manera, la iniciativa tendrá un tratamiento exprés, pese a que fue enviada al Parlamento hace exactamente tres meses atrás, el 15 de septiembre. Ahora, el Poder Ejecutivo solicitó a sus espadas parlamentarias que la norma se sanciones antes de fin de año.

El proyecto de Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para el año próximo. Entre sus puntos, no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional.

En la previa de la reunión de comisión y la sesión, Juntos por el Cambio ya anticipó que dará quórum pero presentará un dictamen de minoría de rechazo.

NOTICIA EN DESARROLLO

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, expuso el presupuesto 2022 de dicha cartera ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y precisó que sobre los costos de trasporte en el interior el objetivo es “un sistema federal integral que recoja los fondos que tiene el Estado nacional y los distribuya de forma equitativa”, por lo cual adelantó que “se está trabajando para impulsar la tarjeta SUBE en todas las ciudades”.

Sobre las asimetrías entre el transporte automotor del interior y del AMBA explicó: “Pensamos que es necesario un debate de una ley federal de transporte, hay que pensar un sistema federal integral que recoja los fondos que tiene el Estado nacional y los distribuya de forma equitativa. El ministerio por su lado está haciendo un trabajo que es impulsar la tarjeta SUBE a todas las ciudades del país porque el sistema no solamente brinda al Gobierno información permanente, constante y fluida de lo que sucede con los viajes, sino también permite un atributo social del descuento del 55% que es un beneficio que todas aquellas ciudades que no tienen la SUBE no lo pueden gozar”.

“Córdoba, Rosario se van a incorporar al sistema y otras ciudades que van a empezar a tener acceso a la tarjeta SUBE que le permite una base de información al Gobierno que ordenar la posibilidad de optimizar los recursos del Estado con respecto de los subsidios al transporte”, detalló Guerrero.

En ese mismo sentido, agregó que “cuando hablamos de subsidio al transporte interior, lo catalogamos mal porque no es un subsidio. Producto del impacto fiscal el Gobierno en aquel momento acordó con las provincias las transferencias del sistema público, lo que estamos ejecutando es un bono que se estableció en el 2020 compensador por la pandemia que podremos sostener mientras duren los caos del Cvoid-19, pero luego debemos encontrar un mecanismo federal para generar una distribución equitativa”.

Respecto del presupuesto 2022, el funcionario precisó: “Este ministerio ha planteado un presupuesto de $237.630 millones de pesos que se compone en políticas de transporte automotor (62% del total) dividido en un régimen de compensación transporte automotor, compensación de transporte público de pasajeros urbano y suburbano; proyectos de transporte ferroviario (34%) entre la adquisición de material rodante, mantenimiento, trenes metropolitanos, cargas; y otros proyectos (4%)”.

Entre los pilares fundamentales del plan de transporte 2022 se encuentra garantizar la igualdad de obras y servicios (federalismo), privilegiar la conectividad entre los transportes, realizar inversiones con mejor tecnología, respetar el cuidado del medio ambiente, calidad de vida, integración nacional.

Por otro lado, precisó que dicho Ministerio “tiene la particularidad que no tiene una conducción central, sino que, a apresar de eso, esta compuesto e integrado por 15 organismos, empresas y entidades descentralizados. Tiene 50 mil empleados que dependen del sistema ferroviario nacional, de la empresa aérea. También lo integran Seguridad Vial, el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable y la Junta de Seguridad en el Transporte”.

“El Ministerio es responsable de garantizar el traslado y seguridad de 1.5 millones de personas por día en tren en el AMBA. 20 millones de toneladas de carga por año en todo el país, articulamos con micros de media y larga distancia. Este Ministerio articula con 44 gremios y busca asegurar el federalismo”, señaló Guerrera.

Párrafo aparte para las Aerolíneas Argentinas de la cual destacó “su aporte durante la pandemia porque se hacia muy difícil conseguir vuelos a nivel internacional. Permitió traer 39 millones de dosis de vacunas”.

Por otro lado, explicó que están trabajando en la construcción y renovación integral de terminales de ómnibus en todo el país “estamos en proceso de interacción con muchas provincias”. “También estamos trabajando en la recuperación del sistema ferroviario nacional, no solamente en el sector de cargas con fuertes inversiones en el norte argentino vinculadas a los accesos portuarios, sino que estamos haciendo un trabajo de recuperación de ramales inactivos que conectaban a grandes ciudades con su periferia”, precisó.

En suma, avizoró que el gran desafío es “bajar los costos logísticos para tener un país más competitivo, que los costos interfronteras no sea tan caro. Tenemos que subsanar ese problema”. “El sistema ferroviario debe estar perfectamente articulado con el transporte automotor y en algunos casos con puertos”, ratificó y aseguró que “proponen que la tarjeta SUBE sea utilizada en todo el país”.

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En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de este martes, Sonia Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, respondió las consultas que los legisladores Graciela Ocaña (Pro), Nicolás del Caño (FIT), Carolina Gaillard (FdT) y Luis Di Giacomo (JSRN) hicieron sobre salud mental.

“En relación la mención del diputado (Nicolás) Del Caño de un recorte en el Presupuesto, honestamente nosotros no visualizamos un recorte en el Presupuesto, de hecho, tenemos un presupuesto que se ha incrementado respecto 2021 en un 20%, en 10% si hablamos de las jurisdicciones y organismos descentralizados. Si lo comparamos con el año pasado no tenemos una reducción de 24%”, aclaró la funcionaria.

A su vez, indicó que “a veces los números no reflejan la gestión que hay detrás”, y ratificó: “En ningún caso estamos previendo reducción en el prepuesto”.

“El Plan Nacional de Salud Mental que se acaba de presentar en el Consejo Federal de Salud es un trabajo que se articula a través de las jurisdicciones. Quizás la línea presupuestaria de salud mental no contempla todos los gastos en salud mental porque están incluidos en otros programas, por ejemplo, en niñeces y adolescencia, en “Mil Días”, en Remediar”, precisó Tarragona.

Asimismo, afirmó: “Hemos discutido en el Ministerio y en el Consejo Federal de Salud las implicancias que tiene no solamente el abordaje de la salud mental en términos individuales, sino el abordaje de la salud mental comunitaria, porque todos nosotros en mayor o menor medida nos hemos visto afectados por la pandemia, o por la pérdida de trabajo, o por la pérdida de familiares, o por estar encerrados”.

“Una vez que los equipos de salud, que ustedes saben bien están exhaustos de dos años de trabajo ininterrumpidos, en las condiciones que les ha tocado trabajar, recién ahora se están recuperando para poder empezar a trabajar en otras líneas”, agregó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud y concluyó: “La salud mental es una de las líneas de trabajo más importantes que tenemos para 2022”.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa, dio precisiones sobre la compra y entrega de las vacunas en el país previstas para el año 2022.

Sobre los saldos de las vacunas respondió que “tenemos previsto para el año 2022 el saldo de las entregas de Pfizer correspondientes al año 2021 y estamos trabajando en una enmienda con este laboratorio”.

“Tenemos previsto la entrega de Moderna, que siempre fue previsto para el año 2022, tiene una previsión de entrega que tentativamente arranca en febrero y termina en noviembre de aproximadamente 2 millones de vacunas por mes son 20 millones en todo el año”, señaló el funcionario.

En ese mismo sentido, precisó que “Pfizer son 18.5 del contrato de la enmienda del año que tiene el plan de entrega aún lo tenemos en confidencialidad y lo vamos a publicar en breve. Tenemos un saldo remanente de entrega de AstraZeneca antes de fin de año, tenemos una entrega prevista para el 19 que completa la entrega del contrato de 22 millones de vacunas”.

“Tenemos un saldo de entrega previstas de 950 mil vacunas de AstraZeneca correspondiente al mecanismo Cobax y están anunciando un plazo previsto de esa entrega”, indicó.

Por último, Monsalvo aclaró que “tenemos un saldo del orden de 12 millones de vacunas vinculados con el contrato y enmienda de Sputnik- V, aún no le hemos dado un requerimiento específico de calendario de entrega”.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de este martes donde estaba prevista la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la diputada Graciela Ocaña (Pro – Buenos Aires) no se guardó nada y lanzó una catarata de interrogantes a Sonia Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, que se hizo presente para responder las preguntas.

En principio, Ocaña lamentó que la ministra no haya estado presente ya que “desde abril pese a la cantidad de veces que la Comisión de Salud ha requerido su participación no lo hemos podido hacer”.

“El Ministerio de Salud de la Nación ha comprado vacunas en distintos laboratorios, por alrededor de 136 millones de dosis, algunos de esos contratos de suministros se van a prolongar hacia el 2022”, recordó la legisladora y preguntó: “¿Cuáles son los contratos firmados con los laboratorios que proveen entregas y cuáles son las fechas de esas entregas?”.

Y, continuó: “En algunos de los contratos firmados como por ejemplo con el fondo ruso y con el Sputnik-V y AstraZeneca ha habido incumplimientos cuando vino el anterior ministro y luego Vizzotti quien aclaró que el compromiso de 22 millones de vacunas de AstraZeneca tenía un compromiso de entrega para mediados de este año cosa que no sucedió mismo con dosis de Sputnik-V que se adquirió 30 millones y debían ser entregadas en el primer semestre no se ha cumplido”.

Respecto a eso consultó si “el Estado ¿tomó alguna acción ante el incumplimiento de esos compromisos si se decidió mantener el contrato con esos proveedores de vacunas pese a los incumplimientos y si es un antecedente en futuras compras de vacunas?”.

Por otro lado, la diputada del Pro interrogó: “El presupuesto 2022 se proyecta destinar 122 mil millones de vacunas al respecto y dado que el mercado productor de vacuna porque hay más oferta, ¿Cuáles van a ser los mecanismos de compras de vacunas, habrá negociación del Ministerio directo o que se introduzcan mecanismos trasparentes que impida alguna de las dudas que se generaron de las compras pasadas teniendo en cuenta la diversidad de montos en el precio de vacunas actualmente?”.

“Dado que el precio de las vacunas está estipulado en moneda extranjera, ¿cuál es el monto o precio que se estima pagar de las vacunas que van a adquirir?”, lanzó Ocaña y agregó: “En el informe que acompaña el presupuesto hay una referencia a la compra de vacunas en general y quería consultar si pude dar el detalle de las vacunas previstas a comprar y sobre las antigripales y si el Ministerio planea hacer una licitación o seguir con el convenio que ligaba el laboratorio local?”.

En ese contexto, agregó que en el informe afirma que “se seguirá invirtiendo en las investigaciones en la salud en lo relativo al Covid-19 quería saber ¿cuáles son los programas de investigación y desarrollo y las instituciones a las que se asistirá financieramente para el desarrollo de vacunas locales y cuáles son las inversiones?”.

“La semana pasada la ministra dijo que no se imaginaba el 2022 sin pandemia estableciendo que iba a continuar durante el año, sin embargo, en el presupuesto no figura el bono que se le pagó a todo el personal de salud de $5.000 desde el comienzo de la pandemia en adelante. Hay trabajadores que aún tienen dificultades de pagar este bono y quería saber cuál es el motivo y si a partir de las declaraciones de la ministra han pensado en cambiar la disposición de incluir este tipo de beneficios a los trabajadores de la salud involucrados al tratamiento de la pandemia”, apuntó Ocaña.

Por otro lado, cuestionó que “estamos bien que durante la campaña de vacunas con una curva que mejoro notablemente después de agosto y tenemos casi el 92% tiene una dosis de vacuna y mas del 65% dos dosis y algunas jurisdicciones están avanzando en la tercer. Ahora, cuando uno se adentra en datos territoriales se advierte que hay distritos donde los niveles de vacunación superan el 80% mientras otros hay una clara dificultad como Misiones”, y consultó sobre las medidas que se están tomando al respecto.

“La falta de precisión de vacunación de menores que luego fue suplantado con la vacuna Sinopharm que fue justificado con que 500 millones de chicos en China pueden explicar a las familias en qué contexto y sobre qué informes el Ministerio tomó la decisión de autorizar la Sinopharm para niños”, apuntó la diputada del Pro.

Por otro lado, solicitó si “puede ser más específica y contarnos la inversión sobre el tema de la afectación de la salud mental que ha hecho la cuarentena eterna que todos sufrimos y sobre el programa específico que van a trabajar como población a alcanzar, monto de inversión y todo lo que considere importante”.

Por último, consultó sobre las políticas públicas de presupuesto en materia de salud, precisamente porque Martín Guzmán, ministro de Economía, “expuso que habría una compra de 5 millones de kits de testeo covid-19 y de antígenos, no le parece poco la cantidad siendo que es algo local hecho por empresas argentinas y no tuvo apoyo por parte del Ministerio de Salud”.

Sobre el final de una reunión que transitó por aguas calmas, diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron por las cifras de ejecución de obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el primer encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se realizó este martes, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló de la herencia recibida en su cartera y aseguró que se tuvieron que terminar “270 obras que cuando llegamos estaban absolutamente interrumpidas”.

“Nos tocó terminar con la obra pública que había iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que quedaron paralizadas a fines del 2015, pero también nos toca a nosotros terminar con todas las obras que se iniciaron entre el 2015 y 2019”, agregó.

Al momento de las preguntas, recogió el guante la radical Ingrid Jetter, que arrancó: “Quiero desmentir un poco sus palabras cuando dijo que les tocó terminar las obras que se habían iniciado antes del 2015, y también terminar las obras que se iniciaron después”.

“En realidad cuando nosotros asumimos había muchísimas obras paradas, por no decir el 100%”, retrucó la correntina, que defendió diciendo que “hay muchas obras que iniciamos nosotros, las terminamos nosotros y que a veces la inauguran ustedes de nuevo”.

En otro tramo, Katopodis resaltó que “todas las provincias están siendo hoy parte de una agenda de trabajo con el Ministerio” y “en todas las provincias tenemos una inversión que supera de manera sustantiva la ejecución que esas provincias tenían en el 2019”.

Entonces, volvió a la carga: “Cuando el gobierno anterior, en el 2018, fue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo era intendente de una ciudad en la provincia de Buenos Aires y se paralizó la obra pública en Argentina”.

“En 2018 y 2019, ningún intendente, ningún gobernador, ningún legislador que está acá pueden dar testimonio de que hayan visto el inicio o la ejecución de obras de infraestructura importantes en sus localidades”, desafió.

A continuación, lo cruzó el diputado de UCR Evolución Martín Tetaz, quien expresó: “Yo quiero saber, ¿en qué datos se basa el ministro por las respuestas que dio y lo que está comentando ahora respecto del avance de la obra pública en la comparación con el período anterior?”.

Según argumentó el porteño, datos del INDEC “indican que en el 2018, en los primeros 10 meses del año, hubo 52% más despacho de asfalto que ahora, que en estos 10 meses de 2021. Y en 2019, que usted dice que se paralizó todo, en los primeros 10 meses acumulados hay 18% más de despacho de asfalto que en los primeros 10 meses de este año”.

En cuanto al empleo en el sector de la construcción, afirmó que “es 7% más bajo en 2021 que en 2019, y 10% más bajo en 2021 que en 2018. Entonces no entiendo en qué datos se está basando”.

“Bueno, discutámoslo cuando quieras”, le respondió el ministro, que también aseguró que “los datos que tenemos nosotros tanto del despacho de asfalto como de hierro, en relación al INDEC, no son los que vos tenés”. “Cuando me refiero a que en 2018 y 2019 la obra pública se paralizó, lo digo por experiencia personal como intendente, y además por lo que encontramos en el Ministerio: 318 obras activas, de las cuales 270 estaban absolutamente paralizadas”, insistió Katopodis.

Y sumó que las cifras “en el 2018 marcan la caída y van marcando que estamos recién llegando a (los niveles de) septiembre de 2017, pero por encima del 2018 y 2019. Te estoy mostrando una fuente primaria del INDEC”.

Por el oficialismo, salió en defensa del funcionario el santafesino Germán Martínez, quien planteó que “hay cosas que están diciendo los opositores que son completamente incorrectas, como por ejemplo proyectar la evolución de una obra haciendo regla de tres simple sobre el primer año, con el monto del primer año, en una planilla plurianual. Eso es un error de jardín de infantes”.

“Si hubo un lugar donde hubo política contracíclica fue en la infraestructura de este Gobierno”, valoró el legislador del Frente de Todos, que además cuestionó la herramienta de los contratos de participación público-privada implementados durante la gestión de Cambiemos. “Lo de las PPP fue un fraude del que hubo que salir con una tarea de orfebrería. Salimos de eso sin ningún pleito de tipo penal”, enfatizó.

Asimismo, Martínez sostuvo: “No me cabe la menor duda de que, más allá de algún indicador puntual que puede dar más o menos, estamos transformando nuevamente a la obra pública en un verdadero vector del desarrollo de Argentina”.

Otra voz desde el oficialismo fue la de la entrerriana Carolina Gaillard, quien recordó que “los entrerrianos estuvimos cuatro años durante el gobierno de Macri sin una sola obra pública”. Y contó que cuando Rogelio Frigerio -hoy diputado nacional- era ministro del Interior, ante una pregunta suya en el Congreso sobre la obra de la autovía 18, le respondió que “no era una obra prioritaria”.

“Nos castigaron por ser de otro signo político, nosotros no castigamos a nadie y está a la vista con el Presupuesto que acabamos de presentar”, expresó.

Quiso responderle nuevamente la radical Jetter, a la que primero el presidente de la comisión, Carlos Heller, intentó no darle la palabra. Finalmente, la correntina abrió el micrófono: “La verdad que cansa escuchar mentiras. Porque acá cuando se dice “el fraude de las PPP”, ¿se olvidan de la estafa de Lázaro Báez? ¿Se olvidan de la corrupción que hubo en Vialidad?”.

“No, diputada le voy a cortar la palabra”, le avisó Heller, a lo que la legisladora opositora quiso seguir contestando, pero luego aceptó: “Bueno, mañana le voy a decir todo lo que le tengo que decir entonces”.

En la seguidilla de funcionarios que expondrán este martes sobre el Presupuesto 2022, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, abrió la jornada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Durante su presentación, el funcionario destacó que en relación a 2021, el próximo año habrá un incremento del 75% en las partidas destinadas para su cartera, lo que representa un 2,4%/2,5% del PBI.

En ese sentido, detalló que se pasa de un presupuesto de “339.369 millones de pesos en 2021 a 603.790 millones” para 2022. También destacó la “recuperación” en el sector de la construcción durante 14 meses consecutivos y la generación de “380 mil puestos de trabajo”.

En el encuentro, que duró dos horas, varios legisladores realizaron preguntas sobre obras específicas en sus provincias y, al final, el clima se puso más álgido cuando se cruzaron por los reproches de la ejecución de obras públicas durante la presidencia de Mauricio Macri.

En el arranque de su exposición, el funcionario aseguró que el presupuesto para obras públicas es “un eje muy importante de la gestión de nuestro Gobierno” y “ha sido fundamental en el contexto de estos dos años”, donde “nos tocó construir salud pública”.

Al asegurar que la gestión de Alberto Fernández se encontró con un sector de salud “desmantelado”, resaltó que “el primer objetivo que tuvimos ni bien nos pegó la pandemia fue poner en marcha más de 272 obras hospitalarias” que permitieron “sumar más de 4.500 camas de terapia intermedia y terapia intensiva”.

Asimismo, el exintendente de San Martín señaló que uno de los objetivos del Gobierno fue “reforzar las partidas de obras públicas en 2020 y 2021”, porque “cuando llegamos al Ministerio había aproximadamente 318 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago”.

“Hoy tenemos más de 3.000 obras en ejecución en todo el país”, destacó, y apuntó que “el presupuesto que heredamos en el 2019 representaba el 1,1% del PBI”, mientras que el proyectado para 2022 estima un 2,4%/2,5% del PBI.

Katopodis enfatizó que las obras tienen “un criterio fundamental” de “sentido federal”. “No hay una sola provincia de ningún signo político, no hay ningún municipio de ningún signo político, que no esté trabajando hoy con el Ministerio”, expresó.

“Si hay un nombre que tiene este Presupuesto y, en particular, la inversión de obra pública hacia el año que viene es la recuperación, la reconstrucción. La obra pública e infraestructura como pilar, como palanca para poder recuperar y reconstruir una Argentina que sin dudas necesita de más rutas, de más obras de saneamiento, de más viviendas, de más hospitales”, continuó.

Luego, el funcionario detalló que “de las 3.000 obras que están en ejecución, 900 son obras viales; 800 obras de agua y cloaca; 551 de equipamiento urbano; 391 de arquitectura; 192 obras de salud; 98 de recursos hídricos; y 149 obras restantes”.

“Estamos llegando a 1.551 municipios” que “representan 35 millones de argentinos”, precisó y estimó que “en los próximos cinco o seis meses vamos a estar llegando a los 2.300 municipios del país”.

Por otra parte, el titular de la cartera de Obras Públicas ponderó que “de manera permanente y consecutiva se viene recuperando hace 14 meses el sector de la construcción”, sumado a “la recuperación de empleo: estamos en 380 mil puestos de trabajo en materia de construcción, de los cuales aproximadamente el 45% es obra pública”.

Katopodis afirmó que el Presupuesto 2022 plantea un incremento en la inversión para obra pública de un 75%, al pasar de “339.369 millones de pesos en 2021 a 603.790 millones” para el año próximo, lo que representa “un 77% más que el 2021, un 200% más que en 2020 y un 353% más que en el 2019”.

Además, manifestó que la distribución de los recursos se realiza de manera “equitativa en todo el país”, al tiempo que en las zonas más postergadas se prioriza la infraestructura de cuidado y de las obras de acceso al agua, ya que “8 millones de argentinos no tienen agua, y 20 millones de argentinos no tiene cloacas Mucho de ese déficit está concentrado en las provincias del norte de nuestro país”.

En otro tramo de su exposición, el ministro subrayó la “clara decisión de ejecutar la obra pública de manera transparente y equitativa”, y la creación del área de transparencia y un observatorio, dentro del Ministerio, donde participan universidades, organizaciones y la Oficina Anticorrupción en el seguimiento de todos los procesos de gestión.

Al enumerar los “cuatro ejes que definen la agenda de inversión pública en nuestro Ministerio” habló de “conectividad e infraestructura vial”, que refiere a “los 628.000 kilómetros de rutas y caminos que tiene la Argentina” a través de “un conjunto de obras que nos están permitiendo todos los días mantener y mejorar la red vial en Argentina”.

Como segundo eje, mencionó “la gestión integral de los recursos hídricos” para “el objetivo fundamental del manejo del agua segura” y “poder cerrar brechas” en cuanto al acceso al agua de los argentinos. También abogó por “poder desarrollar un pacto federal del agua en Argentina”, donde tendrá un rol central AySA, cuya titular, Malena Galmarini, estuvo presente en la reunión.

En cuanto al tercer eje, el funcionario dijo que se trata de “la infraestructura rural y urbana”, mientras que el cuarto tiene que ver con “la infraestructura del cuidado”. Sobre este punto, sostuvo que “la pandemia modificó y reorientó muchos de estos objetivos” y, además de las 272 obras para la red de emergencia sanitaria, indicó que se avanzó en la “construcción de centros territoriales integrales de política de género y diversidad. Son 27 obras, una por provincia, más alguna en una localidad en particular”. Asimismo, resaltó que ya están licitados 300 centros de desarrollo infantil y de primera infancia, y se avanzará en 300 más.

Crítico de la gestión de Cambiemos, el oficialista aseguró que se tuvieron que terminar “270 obras que cuando llegamos estaban absolutamente interrumpidas”. “Nos tocó terminar con la obra pública que había iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que quedaron paralizadas a fines del 2015, pero también nos toca a nosotros terminar con todas las obras que se iniciaron entre el 2015 y 2019”, sumó.

Tras el arranque del debate del Presupuesto 2022, iniciado con la visita de Martín Guzmán, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados retomó este martes el debate del proyecto, que el oficialismo aspira a votar en el recinto esta misma semana.

En una nueva reunión en la sala del segundo piso del Anexo “C”, los legisladores reciben al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien informará sobre las partidas destinadas a su cartera y responderá preguntas.

En el Presupuesto 2022 se destinarán partidas de capital en un 2,4% del PBI para obras e infraestructura, nivel que representa un avance de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2021.

En lo que refiere a la infraestructura vial y transporte urbano, la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad asciende a $220.100 millones. Se contemplan obras en autovías y autopistas, seguridad vial, circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades.

Para la expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento, se establece una asignación que supera en 75% a la del 2021. Estas obras son de carácter federal, destacando la construcción de un acueducto al norte de Santa Cruz, uno en el noreste de la provincia de Buenos Aires y otro en Formosa.

En política de viviendas, en el Presupuesto se distribuyen asignaciones para programas de acceso a la vivienda, de construcción de viviendas sociales y de abordaje territorial en barrios populares por $187.250 millones, un 65% por encima de 2021.

Se prevé cubrir más de 10.000 soluciones habitacionales correspondientes al plan PRO.CRE.AR, y llevar adelante la ejecución de 100.000 viviendas sociales, tanto iniciadas como finalizadas.

Asimismo, se disponen créditos para la construcción de centros de desarrollo infantil y desarrollo de otras infraestructuras del cuidado por $9.000 millones.

También habrá partidas para obras en la red de gasoductos del país para ampliar su capacidad de transporte desde los yacimientos, principalmente no convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial.

NOTICIA EN DESARROLLO

Aunque estaba previsto que este martes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se presentara ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2022, finalmente no asistió.

En su lugar expusieron Sonia Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud; y Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa, quienes respondieron sobre las preguntas técnicas. La ausencia de Vizzotti afirmaron responde a cuestiones de agenda.

Este martes se presentaron además Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas; y Alexis Guerrera, ministro de Transporte.

Por Déborah González y Melisa Jofré

En un largo debate, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso este lunes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender el Presupuesto 2022, que fue enviado hace tres meses. Durante su presentación, el funcionario reconoció que la inflación fue superior a la proyectada y dio escasas pistas sobre las negociaciones con el FMI, muchos menos sobre la iniciativa de Plan Plurianual, que el presidente había prometido enviar al Parlamento en la primera semana de diciembre.

El encuentro, que duró casi siete horas y significó el debut de algunos de los nuevos legisladores, transcurrió en una discusión sin mayores tensiones, más allá de algunas chicanas y reclamos de la oposición, molesta no solamente por el retraso en el tratamiento de la “ley de leyes”, sino por el apuro que ahora plantea el oficialismo.

Esa fue una cuestión que se manifestó tras la elección de autoridades de la comisión, cuando Carlos Heller detalló el cronograma y confirmó que la intención del Frente de Todos es votar esta semana la iniciativa. Con el pedido de poder escuchar más voces, el jefe de la UCR, Mario Negri, y el presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, pidieron una semana más.

En su exposición inicial, Guzmán aseguró que “cuando veamos la foto de final del año 2020 y de final del año 2021 se va a ver un año de progreso. ¿Con problemas? Por supuesto, con un montón de problemas que hay que ir resolviendo y que vamos a ser más efectivos en resolverlos si actuamos en cuestiones claves de lo que es apuntar a una estructura económica asociada a mayor tranquilidad económica”.

“Estamos en un proceso de negociaciones con el FMI, negociando para que podamos como nación soberana llevar a cabo el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que, en forma general, toda deuda implica, pero que, en particular, la deuda con el FMI ha conllevado”, señaló el titular de la cartera económica.

En esa línea, precisó que los vencimientos de capital son “de 18 mil millones de dólares para el año 2022 y para el año 2023 de 19 mil millones de dólares”. “No hay manera que alguien pueda considerar que Argentina tenga la capacidad de amortizar esos vencimientos en los plazos que fueron acordados”, subrayó. Cabe destacar que el proyecto no contempla los pagos al organismo internacional.

Sobre ese último punto, al responderle al diputado del Pro Luciano Laspina, sobre lo qué “hubiera significado incluir el pago de la deuda en el Presupuesto”, Guzmán habló de escenarios catastróficos: “Sería eliminar a cero todo el gasto de capital; eliminar todos los subsidios de energía y transporte, eso sería un tarifazo enorme y es insostenible; eliminar completamente la AUH y las asignaciones familiares, el Potenciar Trabajo, el Progresar; eliminar todas las políticas alimentarias y todo el resto de los programas sociales; no comprar ninguna vacuna contra el Covid; eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar el financiamiento a universidades. Y eso solo para el sector público, porque además hay que conseguir los dólares que no están. Se le ha hecho un daño enorme a la Argentina que hay que ir resolviendo”.

En otro tramo, y ante las preguntas de varios diputados en ese sentido, el ministro afirmó que “atacar el proceso inflacionario” es “un objetivo central”, al tiempo que anunció que una vez que concluya el congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior se podría avanzar en un concreto acuerdo de precios.

“Está la posibilidad, a partir del día 7 de enero, de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado. Este ha sido un elemento que ha sido parte de lo que son las negociaciones con el FMI en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos que se enfrentan en los años 2022, 2023 y 2024”, reveló.

En tanto, admitió que la proyección del 33% de inflación para 2022 fue “formulada al 15 de septiembre” y se dio en estos tres meses “una dinámica inflacionaria que no estuvo plenamente alineada con la que se proyectaba” y “eso añade un factor de mayor persistencia de dinámica al año próximo, que buscaremos atacar de la forma más efectiva posible”.

Asimismo, sostuvo que en las negociaciones internacionales “buscamos que haya un mayor financiamiento por parte de los organismos internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo de modo de poder reducir la emisión monetaria”.

En la extensa reunión también dieron precisiones los secretarios Raúl Rigo (Hacienda), Roberto Arias (Política Tributaria) y Darío Martínez (Energía). Precisamente éste último se refirió a la reducción de subsidios, y ratificó que habrá segmentación de tarifas, para lo cual se está trabajando en el relevamiento de los usuarios.

Al momento de las preguntas, el funcionario le negó al diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño que haya habido un ajuste. “Cuando usted dice que en Argentina hubo un ajuste del gasto público, los números no respaldan su afirmación”, expresó, mientras que al liberal José Luis Espert le contestó: “Un ajuste del gasto en estas circunstancias consideramos que sería desestabilizante y que al fin y al cabo no ordena las cuentas públicas”.

Entre los más de 20 diputados que realizaron preguntas, el diputado de Córdoba Federal Ignacio García Aresca consultó por los subsidios al transporte del interior, un tema fundamental en las negociaciones con los bloques federales. La duda planteada por el legislador fue que para este año hay proyectados -tras una modificación- 28 mil millones de pesos al Fondo Compensador del Transporte, pero para el próximo año se estima una partida de 27 mil millones.

Subió un poco el tono del debate cuando el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó a la vicepresidenta Cristina Kichner y su rol en el acuerdo con el FMI. “Si la señora se quiere aislar del mundo, y de la Argentina, y de la política, mejor para el país, peor para la señora, pero no me interesa hablar de ella”. Y a continuación, preguntó: “Este presupuesto que propone, ¿nos aleja o nos acerca del acuerdo con el FMI? Y por otro lado, ¿qué costos tendría para la sociedad no llegar a un acuerdo?”.

“Este presupuesto refleja nuestra visión de funcionamiento de la economía y de limitaciones fuertes de instrumentos para que la economía vaya en un sendero de recuperación. Que eso coincida con la base conceptual que se ha tenido en cuenta a la hora de las negociaciones que estamos llevando a cabo. Toda acción que fortalezca como Estado- Nación nos va a permitir tener una posición mejor a efectos de poder tener un acuerdo más positivo”, respondió Guzmán.

También, al contestar una de las tantas preguntas que le realizó el diputado de UCR Evolución Martín Tetaz, el ministro señaló que “en cuanto a la dinámica del acuerdo” con el FMI “en el anterior acuerdo se definió solamente un escenario base, y no se definieron escenarios contingentes. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar también sobre la construcción de escenarios contingentes, para que exista mayor previsibilidad en la capacidad de respuesta”.

Entre otros temas, el legislador Martín Arjol (UCR) reclamó que este presupuesto “es el que menos” recursos “le asigna a la Ley de Bosques”; mientras que las diputadas Romina Del Plá (FIT-PO), Lidia Ascárate (UCR) y Danya Tavela (UCR Evolución) alertaron por la baja de partidas destinadas a las universidades públicas.

También, la diputada Myriam Bregman (FIT-PTS) alertó por la caída del presupuesto para las políticas de género, algo a lo que se refirió Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género, quien defendió que este es “uno de los temas más relevantes, es uno de los pilares sobre los que se construyeron los presupuestos”. “Este es el segundo presupuesto que tiene perspectiva de género”, agregó.

En la previa de la llegada del ministro de Economía, Martín Guzmán, la Comisión de Prepuesto y Hacienda realizó la elección de sus autoridades y luego el oficialista Carlos Heller informó que este martes concurrirán los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Carla Vizzotti (Salud) y Alexis Guerrera (Transporte), para continuar con el debate.

Pidió entonces la palabra el jefe de la UCR, Mario Negri, quien resaltó: “Acaba de afirmar que después de la visita de tres funcionarios el miércoles estarían tomando la decisión política de dictaminar”. Y al consultar si “también la idea es ir al recinto esta semana” y recibir el asentimiento de Heller, el cordobés advirtió: “A nosotros eso nos produce una profunda preocupación”.

El legislador apuntó que hay “ingreso de un montón de legisladores nuevos” que “están frente a la ley más importante”. Además, reclamó que “hace tres meses que está el proyecto y no ha venido ningún funcionario, no ha trabajado la comisión sobre el Presupuesto, no ha venido el ministro que lo prometió muchas veces”.

Para el radical, es “altamente inconveniente, no es oportuno tener un apuro de esa dimensión para dictaminar, por lo menos debería darse una semana más”. Y le solicitó a Heller que “procure modificar la estrategia de dictamen en menos de 48 horas”, de ser así “va a tener la colaboración nuestra de la mejor manera posible”.

Ante el reclamo, Heller respondió que “el Poder Ejecutivo ha pedido poder tener sancionado el Presupuesto antes del 31 de diciembre, porque sino arrancaríamos el año sin Presupuesto”. En ese sentido, el oficialista argumentó sobre los tiempos del Senado -donde tiene que pasar una semana desde el dictamen a la votación- y que “en el medio tenemos las fiestas”, lo que genera “dificultades de conseguir pasajes de ida y vuelta” para que los diputados puedan “estar en las fechas adecuadas con sus familias”.

El presidente del Bloque UCR @marioraulnegri cuestionó el apuro del oficialismo de sacar dictamen exprés en 48hs del Presupuesto 2022.Exigió que el debate se extienda una semana más."Frente a la dimensión de los problemas de Argentina no es oportuno apurar una ley tan importante" pic.twitter.com/QVEi2uaujb

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) December 13, 2021

Negri le retrucó entonces que la Cámara alta debería aplicar la metodología que “tuvieron en diciembre del año pasado (en realidad en 2019), cuando por urgencia del Gobierno las nueve emergencias el Senado hizo la excepción y las trató sobre tablas”.

“Para que eso suceda el Senado tendría que tener dos tercios”, subrayó el presidente de la comisión y completó: “Ellos (por los senadores) nos han pedido que quisieran tenerlo para poderlo tratar antes de las fiestas de Navidad”.

También reclamó una semana más el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, que pidió “la oportunidad de dialogar con más titulares de ministerios”. Y habló de que sería “una picardía que no aprovechemos el tiempo” para dialogar con los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), y Jaime Perczyk (Educación).

Otro legislador que se sumó fue el macrista Gerardo Milman, que consideró habría que convocar al debate a las centrales obreras, la Mesa de Enlace y las universidades.

Durante la primera reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificaron que ante la quita de subsidios se hará una segmentación de las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Al momento de las preguntas, el flamante secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Hugo Romero, advirtió que “tomando los números al 30 de noviembre, tenemos un presupuesto vigente de 694.007 millones de pesos para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El presupuesto del año 2022 es de 609.198 millones de pesos. Hay una reducción del 12,2%”.

En tanto, “para la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) hay 271.011 millones de pesos para este año, contra 132.117 millones de pesos para 2022, una reducción de 51,4%”. “¿Cómo va a caer esa disminución de subsidios en la sociedad argentina? ¿Cómo va a ser la política de subsidios?”, consultó el cordobés.

Guzmán respondió que “hay un factor que explica la caída de los subsidios en el área energética que es que caduca la llamada Resolución 46, que es del viejo Plan Gas”. Sobre la segmentación de los subsidios, sostuvo: “Hemos estado trabajando todo el año sobre esto, que es un tema complejo. Va a estar implementándose durante el 2022. Va a ser un avance estructural, porque va a permitir poder focalizar los subsidios en la población que más lo necesita y que el Estado pueda reasignar los recursos a otras partidas”.

Por su parte, Martínez ratificó que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando una herramienta de segmentación, con un trabajo importantísimo que se está llevando adelante. Ya hemos relevado el 80% de una gran base de datos de 16 millones de usuarios”.

Se trata, dijo el funcionario, de “un trabajo en conjunto con el ENRE, el ENARGAS, la subsecretaría de Planeamiento y la subsecretaría de Eléctrica e Hidrocarburos”.

Además, el secretario de Energía señaló que “hemos tomado la decisión de eliminar los subsidios a los grandes usuarios”, a excepción del sector salud y educación, y “ha sido una gran decisión y no ha traído mayores inconvenientes”.

Martínez recordó que según lo votado en el Presupuesto 2021 se pudo mejorar “la cobrabilidad de CAMMESA, que se había caído en 2020 producto de la pandemia y la situación difícil de todos los usuarios”.
“Esa caída que había llegado al 30% luego se recupera al 60% y hoy está por encima del 80%”, destacó y agregó que “hemos reducido los tiempos de pago de CAMMESA tanto a las transportistas como a las generadoras”.

En su exposición, indicó que “hay una gran volatilidad internacional en cuanto al costo de la energía” y “va a seguir, con lo cual probablemente el año que viene, sobre todo el valor del GNL, tenga variaciones muy importantes”.

“Hay una explicación de por qué hemos bajado los subsidios y qué herramientas tenemos en CAMMESA e IEASA”, remarcó y apuntó que en noviembre del año pasado se dio el lanzamiento del plan GasAr “dándole previsibilidad a una industria que la había perdido”. “Logramos frenar ese declino e incrementar la producción”, continuó.

En ese sentido, argumentó que eso llevó a tener en 2021 “un ahorro de divisas de más de 1.200 millones de dólares y un ahorro fiscal del orden de los 88 mil millones de pesos”.

Por otro lado, el funcionario precisó que “sacando los 1.566 millones de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner“, el año próximo “va a haber una inversión en materia de hidrocarburos del orden de los 8.700 millones de dólares. A excepción del 2015, es el mejor número de inversiones de los últimos 20 años”.

En su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “atacar el proceso inflacionario” es “un objetivo central”, al tiempo que anunció que una vez que concluya el congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior se podría avanzar en un concreto acuerdo de precios.

“Está la posibilidad, a partir del día 7 de enero, de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado. Este ha sido un elemento que ha sido parte de lo que son las negociaciones con el FMI en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos que se enfrentan en los años 2022, 2023 y 2024”, reveló.

El funcionario señaló que “los acuerdos de precios son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas, que permita reducir la persistencia en el proceso inflacionario y que permita reducir justamente el rol que las expectativas juegan para el proceso inflacionario”.

“La inflación es un problema que tiene múltiples causas y hay que atacar todas sus causas”, apuntó, al tiempo que dijo que también se reduce con “una mayor capacidad de generación de divisas” y “un mejoramiento del perfil de financiamiento de los déficit fiscales; al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit primario del sector público de una forma que es virtuosa, que se da sobre la base de una economía que se recupera, y con el Estado jugando un rol contracíclico”.

Más tarde, al responder preguntas de los legisladores, el ministro admitió que la proyección del 33% de inflación para 2022 fue “formulada al 15 de septiembre” y se dio en estos tres meses “una dinámica inflacionaria que no estuvo plenamente alineada con la que se proyectaba” y “eso añade un factor de mayor persistencia de dinámica al año próximo, que buscaremos atacar de la forma más efectiva posible”.

Asimismo, sostuvo que en las negociaciones internacionales “buscamos que haya un mayor financiamiento por parte de los organismos internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo de modo de poder reducir la emisión monetaria”.

Y argumentó que la meta del 33% de inflación para 2022, “muestra la ambición del Gobierno por atacar este problema que daña al funcionamiento de nuestro sistema económico”.

Finalmente, agregó que el año próximo se podrá “hacer un monitoreo preciso e ir adaptando, cuando sea necesario, las políticas públicas para alcanzar una reducción de la inflación”.

Luego de tres meses desde la presentación del proyecto de Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió este lunes a la Cámara de Diputados para defender la iniciativa oficial y responder preguntas de los legisladores, en lo que representa la primera reunión desde el recambio parlamentario.

El funcionario brindó una exposición inicial durante 45 minutos, en la que dejó varias definiciones y se refirió en un tramo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, aunque sin mayores detalles. También habló de un futuro acuerdo de precios luego del 7 de enero, día en que se levantará el congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti.

El titular de la cartera económica aseguró: “Cuando veamos la foto de final del año 2020 y de final del año 2021 se va a ver un año de progreso. ¿Con problemas? Por supuesto, con un montón de problemas que hay que ir resolviendo y que vamos a ser más efectivos en resolverlos si actuamos en cuestiones claves de lo que es apuntar a una estructura económica asociada a mayor tranquilidad económica”.

Guzmán resaltó que “observamos un crecimiento fuerte de la actividad económica, con crecimiento del empleo, incluyendo el privado registrado, con crecimiento muy fuerte de la inversión, con crecimiento de las exportaciones netas, con crecimiento de exportaciones en cantidades, y con un ordenamiento gradual de las cuentas públicas y de las condiciones de financiamiento”.

Todo ello, señaló que da en el marco de que se pueda “fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, que el Estado tenga mejor crédito y apuntando a construir una moneda más robusta. Argentina debe apostar por fortalecer a su moneda”.

“Estamos en un proceso de negociaciones con el FMI, negociando para que podamos como nación soberana llevar a cabo el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que, en forma general, toda deuda implica, pero que, en particular, la deuda con el FMI ha conllevado”, expresó.

En esa línea, precisó que los vencimientos de capital son “de 18 mil millones de dólares para el año 2022 y para el año 2023 de 19 mil millones de dólares”. “No hay manera que alguien pueda considerar que Argentina tenga la capacidad de amortizar esos vencimientos en los plazos que fueron acordados”, subrayó. Cabe destacar que el proyecto no contempla los pagos al organismo internacional.

Y afirmó que se busca “lograr las mejores condiciones posibles y el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuerte posible”.

En el arranque de la exposición, Guzmán defendió que el proyecto de Presupuesto 2022 “le da continuidad a la visión que desde el Gobierno planteamos para la recuperación de una doble crisis económica”, en referencia a la crisis de 2018 durante la gestión de Cambiemos y la provocada por la pandemia.

Además, el funcionario dijo que este plan de gastos y recursos apunta a “la continuidad de la recuperación en el corto plazo” y generar “condiciones para que el crecimiento y desarrollo económico de Argentina se pueda sostener en plazos más largos”.

“Hoy la Argentina está viviendo un fuerte proceso de recuperación económica”, afirmó el titular de la cartera económica, que señaló que se espera que “este año el PBI crezca alrededor del 10%”. Asimismo, apuntó que la inversión en 2021 fue “superior al 30%”.

En su alocución, Guzmán aseguró que “estamos en un sendero de ordenamiento de las cuentas fiscales que consideramos virtuoso” y detalló la “fuerte reducción del déficit primario del sector público nacional no financiero” que se registró de 2020 a 2021, pasando de 6,4% a 3,5%.

También, el ministro destacó “el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos”, cuya situación “estaba muy dañada” y “era muy importante que el sector público tuviese la capacidad de financiarse en su propia moneda” y “definir un activo seguro”. En esa línea, informó que “se ha fortalecido el desarrollo del mercado de capitales” con un crecimiento del 72% interanual.

Por otra parte, habló de una “evolución de las exportaciones, esto es algo también muy positivo para la Argentina” que “no se da solo en términos de valor, sino de cantidades”. “Para que Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento económico necesitamos un crecimiento sostenido de las exportaciones netas”, continuó.

“Es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario”, enfatizó en otro tramo el funcionario, y explicó que “el aumento de los precios internacionales ha sido significativamente superior a lo proyectado” en el texto del Presupuesto 2022 enviado en septiembre.

Los números del Presupuesto

Entre los objetivos del proyecto, el ministro de Economía enfatizó que “no hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad económica”, y en esa recuperación el Estado debe “jugar un rol contracíclico”.

“El Estado continuará jugando un rol central para favorecer el dinamismo y la agregación de valor en la estructura productiva argentina”, expresaba una de las metas que Guzmán leyó de la presentación visual en la que se apoyó durante su exposición.

Respecto a las cifras macroeconómicas, reconoció que “hay números que han ido evolucionando en el transcurso de los últimos tres meses”. Sin embargo, mencionó, en línea con lo presentado, que el crecimiento está estimado para este año en un 8% y para el próximo en 10%.

Para 2022 se prevé una evolución del PBI del 4%; un alza del consumo privado en 4,6%; una suba del consumo público del 3,1%; un incremento de 6,6% en inversión, de 7,5% en las exportaciones, y una proyección de 9,4% en las importaciones.

También repasó que el tipo de cambio nominal se estima en $131,1, la inflación interanual en 33%, y un crecimiento en los salarios reales de 5,3% -que en términos reales es de 4%-, además de un saldo comercial por 9.000 millones de dólares.

Al enumerar los ejes del Presupuesto, el ministro detalló que: las partidas para infraestructura pública representarán un crecimiento de 1,8% a 2,4% del producto; para salud habrá una reducción de 0,8% al 0,6%; para educación también bajará de 1,7% a 1,4%; en tanto ciencia e innovación incrementará de 0,28% a 0,31%; y lo presupuestado para el ítem de inclusión social activa con perspectiva de género se mantendrá en 1,2% del producto.

A la reunión en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja asistieron también los senadores nacionales del Frente de Todos Juliana Di Tullio, Edgardo Kueider y Ricardo Guerra; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Antes de cruzar desde el Palacio Legislativo al Anexo, Guzmán estuvo reunido en el Salón de Honor con el presidente de Diputados, Sergio Massa.

En el primer plato fuerte del Congreso luego del recambio parlamentario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibe este lunes al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien a las 14.20 comenzó a exponer sobre el Presupuesto 2022.

El proyecto de Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para el año próximo. Cabe destacar que la iniciativa no contempla el pago al Fondo Monetario Internacional.

Se trata de la primera presentación del funcionario para referirse a la iniciativa, que ingresó al Parlamento el 15 de septiembre pasado, pero no se trató formalmente nunca hasta ahora.

La intención del Frente de Todos es dar un tratamiento exprés a la “ley de leyes” para poder llevarla al recinto el próximo jueves.

En la reunión en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja asisten también los senadores del Frente de Todos Juliana Di Tullio, Edgardo Kueider y Ricardo Guerra.

Previo a la llegada de Guzmán, el presidente la comisión, Carlos Heller, informó que este martes concurrirán los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Carla Vizzotti (Salud) y Alexis Guerrera (Transporte).

Pidió entonces la palabra el jefe de la UCR, Mario Negri, quien señaló: “Acaba de afirmar que después de la visita de tres funcionarios el miércoles estarían tomando la decisión política de dictaminar”. Y al consultar si “también la idea es ir al recinto esta semana” y recibir el asentimiento de Heller, el cordobés remarcó: “A nosotros eso nos produce una profunda preocupación”.

El legislador apuntó que hay “ingreso de un montón de legisladores nuevos” que “están frente a la ley más importante”. Además, reclamó que “hace tres meses que está el proyecto y no ha venido ningún funcionario, no ha trabajado la comisión sobre el Presupuesto, no ha venido el ministro que lo prometió muchas veces”.

Para el radical, es “altamente inconveniente, no es oportuno tener un apuro de esa dimensión para dictaminar, por lo menos debería darse una semana más”. Y le solicitó a Heller que “procure modificar la estrategia de dictamen en menos de 48 horas”, de ser así “va a tener la colaboración nuestra de la mejor manera posible”.

Ante el reclamo, Heller respondió que “el Poder Ejecutivo ha pedido poder tener sancionado el Presupuesto antes del 31 de diciembre, porque sino arrancaríamos el año sin Presupuesto”. En ese sentido, el oficialista argumentó sobre los tiempos del Senado -donde tiene que pasar una semana desde el dictamen a la votación- y que “en el medio tenemos las fiestas”, lo que genera “dificultades de conseguir pasajes de ida y vuelta” para que los diputados puedan “estar en las fechas adecuadas con sus familias”.

Negri le retrucó entonces que la Cámara alta debería aplicar la metodología que “tuvieron en diciembre del año pasado (en realidad en 2019), cuando por urgencia del Gobierno las nueve emergencias el Senado hizo la excepción y las trató sobre tablas”.

“Para que eso suceda el Senado tendría que tener dos tercios”, subrayó el presidente de la comisión y completó: “Ellos (por los senadores) nos han pedido que quisieran tenerlo para poderlo tratar antes de las fiestas de Navidad”.

También reclamó el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, que pidió “la oportunidad de dialogar con más titulares de ministerios”. Y habló de que sería “una picardía que no aprovechemos el tiempo” para dialogar con los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), y Jaime Perczyk (Educación).

Otro legislador que se sumó fue el macrista Gerardo Milman, que consideró habría que convocar al debate a las centrales obreras, la Mesa de Enlace y las universidades.

La exposición de Guzmán

En el arranque de su exposición, Guzmán defendió que “este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno planteamos para la recuperación de una doble crisis económica”, en referencia a la crisis de 2018 durante la gestión de Cambiemos y la provocada por la pandemia.

Además, el funcionario dijo que este plan de gastos y recursos apunta a “la continuidad de la recuperación en el corto plazo” y generar “condiciones para que el crecimiento y desarrollo económico de Argentina se pueda sostener en plazos más largos”.

“Hoy la Argentina está viviendo un fuerte proceso de recuperación económica”, afirmó el titular de la cartera económica, que señaló que se espera que “este año el PBI crezca alrededor del 10%”. Asimismo, apuntó que la inversión en 2021 fue “superior al 30%”.

En su alocución, Guzmán aseguró que “estamos en un sendero de ordenamiento de las cuentas fiscales que consideramos virtuoso” y detalló la “fuerte reducción del déficit primario del sector público nacional no financiero” que se registró de 2020 a 2021, pasando de 6,4% a 3,5%.

También, el ministro destacó “el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos”, cuya situación “estaba muy dañada” y “era muy importante que el sector público tuviese la capacidad de financiarse en su propia moneda” y “definir un activo seguro”. En esa línea, informó que “se ha fortalecido el desarrollo del mercado de capitales” con un crecimiento del 72% interanual.

Por otra parte, habló de una “evolución de las exportaciones, esto es algo también muy positivo para la Argentina” que “no se da solo en términos de valor, sino de cantidades”. “Para que Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento económico necesitamos un crecimiento sostenido de las exportaciones netas”, continuó.

“Es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario”, enfatizó en otro tramo el funcionario, y explicó que “el aumento de los precios internacionales ha sido significativamente superior a lo proyectado” en el texto del Presupuesto 2022 enviado en septiembre.

NOTICIA EN DESARROLLO

Previo a la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó este lunes la elección de autoridades y el oficialista Carlos Heller, quien inicia un nuevo mandato como diputado, fue ratificado presidente.

El sanjuanino José Luis Gioja fue el encargado de proponer como presidente a Heller, recordando que la “tradición” es que “la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por su importancia y por su trascendencia es de la primera minoría”. “Nos satisface a todos de proponer a un compañero, a un hombre que ya ha presidió esta comisión”, expresó.

El oficialista destacó que entre sus “virtudes”, Heller “es un político de raza, que reivindica siempre la política porque le gusta dialogar y el diálogo con soluciones” que “genere los consensos necesarios para poder avanzar en esas soluciones”.

Tras ser avalado por sus pares, Heller agradeció “a los compañeros de mi bloque, al conjunto de diputados y diputadas que han acompañado la propuesta. Es desde luego un honor y una responsabilidad muy grande. Tenemos enormes desafíos por delante y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias”. “La vocación de diálogo será la herramienta para tratar de construir los mayores consensos posibles”, aseguró.

En nombre de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato propuso para la vicepresidencia a Luciano Laspina, quien “durante muchos años la presidió y los años que no la presidió lo acompañó al diputado Heller en la vicepresidencia”. “Sus méritos son sobrados, es un macroeconomista que tiene antecedentes”, lo elogió y agregó que “toma con una enorme responsabilidad un cargo tan importante”.

Luego que fuera ratificado, Heller bromeó: “Seguiremos peleándonos amigablemente con el diputado Laspina como corresponde”.

En el resto de los cargos, fue designado como vicepresidente segundo Sergio Palazzo (FdT); mientras que el radicalismo eligió como secretario a Víctor Hugo Romero (UCR). Como secretario segundo continuará Marcelo Casaretto (FdT) y como secretaria tercera Paula Oliveto (CC-ARI). Otra de las secretarías quedó vacante.

En el total de la composición, el Frente de Todos cuenta con 24 miembros; Juntos por el Cambio con 23; y los interbloques Federal y Provincias Unidas, uno cada uno.

Así, por el oficialismo integran la comisión Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itaí Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ponce y Jorge Antonio Romero.

Por Juntos por el Cambio los miembros son Federico Angelini, Lidia Ascárate, Miguel Bazze, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, María de las Mercedes Joury, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Juan Manuel López, Juan Martín, Gerardo Milman, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Jorge Rizzotti, Laura Rodríguez Machado, Víctor Hugo Romero, Martín Tetaz y Pablo Torello.

En tanto, la lista se completa con el cordobés Ignacio García Aresca (Interbloque Federal) y el misionero Diego Sartori (interbloque Provincias Unidas).

En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que se reunió este miércoles de forma remota, se emitió dictamen a dos proyectos de ley. Por un lado, el de la senadora Eugenia Duré (FdT – Tierra del Fuego) que busca garantizar la formación integral de la causa de Malvinas para toda persona que se desempeña en la función pública. El otro, es un proyecto de ley que aprueba el acuerdo con la República de Turquía para evitar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta y para prevenir la evasión y elusión fiscal.

La primera oradora fue Duré quien expresó que este proyecto significa “continuar con la política que ha marcado al Gobierno nacional que Malvinas sea una política de Estado. Bien sabemos lo que se ha trabajado en materia de soberanía”, ante lo que agradeció a todos los integrantes de los distintos bloques porque han acompañado proyectos sobre el mismo tema.

“La capacitación integral de Malvinas a los tres poderes del Estado nos parece fundamental, no solo como política de Estado, sino para que puedan nutrirse no solo de la cuestión política, sino en lo que refiere a la cuestión histórica, geopolítica, ambiental, jurídica, geográfica, y sobre todo para que las provincias se puedan adherir”, precisó.

Y agregó: “Hace un año lo presentamos al proyecto porque nos aprecia fundamental trasladar todo ese conocimiento sino de especialistas, técnicos y académicos que integramos el Consejo General de Malvinas. Uno tiene que ver con la causa, ese sentimiento nacional de soberanía sobre las islas con esa causa noble, y hablamos de cuestión cuando hacemos referencia a los argumentos históricos, jurídicos, políticos y eso es lo que trabajamos”.

“Toda la confección de los lineamientos generales esté trabajando en conjunto, pero necesitamos que esta capacitación se parte y tenga palabra la sociedad civil, las organizaciones, las universidades, son también el sector científico y académico. Por otro lado, planteamos que sea de fácil acceso para aquel que quiera saber más de Malvinas, no queremos que quede en una sola charla, sino que, al avanzar en diferentes acuerdos, leyes, lineamientos se vayan actualizado las capacitaciones. Proponemos que la capacitación sea permanente y sea libre para todos”.

“El acceso a la información nos parecía fundamental, la causa Malvinas llegue a cada ciudadano sobre todo a los jóvenes, que no sea una cuestión de sentimientos porque hay que continuar profundizándola. En cada rincón del país hay que levantar a la bandera de Malvinas, sobre todo teniendo en cuenta que hemos escuchado a distritos políticos que no tuvieron consideraciones poco acertadas. Al hablar de Malvinas no solo es respeto a los héroes y veteranos, sino también de algo irrenunciable”, cuestionó.

“Hay que seguir teniendo el amor por Malvinas y tenemos que llevar eso a las provincias y reivindicar el heroísmo que han tenido los argentinos y argentinas que pelearon por nuestra patria. Que no se vuelvan a repetir comentarios desafortunados para con ellos”, reiteró Duré.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona que estuvo de invitado explicó que el objetivo del Consejo es que “se generen posiciones de consenso en temas relevantes en la cuestión Malvinas, ene este caso el proyecto ha tenido una estancia de trabajo en distintas comisiones. Es un proyecto que apunta a capacitar y a generar conciencia respecto del sentido de lo que tiene la causa Malvinas y generar posicionamiento en los funcionarios, que estén informados como una cuestión prioritaria en política exterior”. “Es sumamente importante que el Congreso de la Nación de este paso en el análisis”, concluyó Carmona.

Por último, Duré destacó algunas modificaciones: “En el artículo uno modificar ‘causa’ por ‘cuestión’ y agregar la capacitación y formación permanente para que a raíz de avance en lo que respecta a Malvinas se incorpore. El artículo dos se integrará con el tres, y en el artículo cuatro sobre los lineamientos generales proponemos que el Consejo Malvinas, científicos, comunidad civil y académicos sean parte de estos lineamientos”.

En un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunió este martes de forma remota se dictaminó un proyecto unificado sobre educación inclusiva para personas con discapacidad.

En primer lugar, la presidenta de la Comisión de Educación Cristina López Valverde (FdT – San Juan) explicó: “Son cuatro proyectos que tienen un hilo conductor que es la educación inclusiva y se llegó a un proyecto unificado. Tuvimos la asistencia de especialistas en el tema que han enriquecido el proyecto”, y destacó: “Se llegó al consenso de cuatro proyectos de legisladores que son de distritos espacios políticos, pero cuando la preocupación es genuina y el núcleo es el común denominador, los consensos son posibles”.

De forma breve detalló: “La presente ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional, integrado por instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada”.

“Esta ley se basa en un principio que es el respeto a la diversidad, heterogeneidad y la valoración, muy distinto a ciertos paradigmas. Se busca la diversidad en el aula porque no hay uno igual al otro porque cada uno tiene capacidades distintas, historias distintas lo cual trae aparejado una nueva forma de aprendizaje y una nueva forma de ver la escuela”, manifestó la senadora.

En ese sentido, agregó: “Se busca mayor democratización, justicia educativa y social logrando que las personas sean más independientes y tengan la capacidad de desarrollarse en la sociedad”. “La inclusión en las escuelas es un derecho de todos los niños y adolescentes”, resaltó.

“Hay que hacer un cambio en el sistema educativo y en la sociedad. Las leyes son importantes, pero si no están acompañadas de una cultura y de políticas de Estado que fortalezcan esto, la ley es inocua”, advirtió y destacó: “La ley de educación inclusiva busca dar un marco legal que sirva de horizonte”. “Las discapacidades no se ven como limitaciones, sino que se ven como diferencias sobre las que hay que trabajar y se trabaja con el término de inclusión porque es la escuela y el sistema educativo los que se tienen que adaptar a eso”, precisó la legisladora sanjuanina.

Además, subrayó que “las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, es considerado un acto de discriminación”, motivo por el cual “los maestros deben estar capacitados y recibir capacitación constantemente”, o incluir a “un profesional de apoyo a la inclusión (PAI)”.

Luego tomó la palabra el senador Esteban Bullrich (Pro – Buenos Aires) quien aseguró: “El derecho a la educación es universal y el Estado no puede hacerse el distraído y escudarse en ninguna excusa para que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad”.

“Durante mucho tiempo esto no se ha cumplido en el país. La discapacidad debería ser un motivo para que el Estado prestara más atención, para que se ocupara más. Del mismo modo con las personas con altas capacidades que necesitan una atención especial”, cuestionó.

En este contexto, manifestó: “Es el sistema el que debe adaptarse a los chicos y no al revés. Es inaceptable que en Argentina en 2021 estudiantes tengan que tolerar la marginalización porque tienen alguna discapacidad particular en su capacidad de aprendizaje. El proyecto es innovador porque propone un paradigma diferente para remover barreras para el aprendizaje, el fortalecimiento, y la participación plena de estudiantes vulnerables, proponemos herramientas para esto”.

Por consiguiente, Roberto Mirabella (FdT -Santa Fe) remarcó que “el objetivo de enfrentar una situación de justicia, de estigmatización, de discriminación que produce mucho dolor que se materializa en la escuela”.

En esa misma línea, recordó que “un grupo de chicos ya me habían acercado un proyecto de estas características”. A su vez, ponderó la “participación de muchas familias, de la sociedad civil, de profesionales que trabajan de forma constante en el tema”.

En suma, resaltó algunos aspectos del texto como “la capacitación docente y los organismos que llevarán a cabo esa cuestión, la adaptación de los materiales, desarrollar instrumentos para seguir los procesos y sensibilizar sobre el tema”, y se comprometió a trabajar sobre ello en el Congreso cuando asuma.

En tanto, Julio Cobos (UCR – Mendoza) procedió a leer las Convenciones sobre las cuales se apoya el proyecto de ley y, de forma breve, celebró que “sea una ley para que sea operativa y el consenso que se logró”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Caserio (FdT – Córdoba) expresó el apoyo total a la ley porque “es importante”, y remarcó que “con respecto al financiamiento no tiene un costo fiscal significativo. De todos modos, la ley prevé un financiamiento incluido en el presupuesto nacional, tiene una cobertura por parte del sistema de salud a personas con problemas de este tipo, por lo que creo que la ley va a tener una visión progresista”.

La senadora Norma Durango (FdT – La Pampa) reconoció el trabajo que se realizó y como “docente voy a apoyarlo”, pero advirtió que “va a necesitarse una educación personalizada y solo se consigue con aulas con menos alumnos y mejores salarios”.

A si mismo, Juliana Di Tullio (FdT – Buenos Aires) expresó que “son proyectos en donde los legisladores nos gusta invertir”, y contó: “Soy hipoacúsica severa de nacimiento, tengo pérdida total del oído derecho y 20% de audición del izquierdo uso audífonos esta ley me hubiera resuelto muchos problemas y me hubiese generado menos dolor psíquico. Lo disimulamos porque la escuela no nos integra”.

Por último, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) se sumó a los dichos de Caserio, pero solicitó tener un “costo estimativo a la hora de la sesión”.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá el próximo martes, desde las 15, para debatir sobre un proyecto de ley de educación inclusiva.

Según pudo saber parlamentario.com, la iniciativa que se pondrá a consideración cuenta con el consenso de los bloques, y se trata de un texto unificado entre propuestas de los senadores Cristina López Valverde (FdT), Roberto Mirabella (FdT), Esteban Bullrich (Pro) y Julio Cobos (UCR).

La iniciativa tiene como objetivo garantizar “el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva” de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades.

Los alumnos con discapacidad, dificultades del aprendizaje y/o altas capacidades intelectuales podrán requerir apoyos, sean temporales o permanentes, en cualquier momento de su trayectoria escolar.

Entre otros puntos, el proyecto define los criterios para las trayectorias escolares inclusivas y establece que el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y sus pares jurisdiccionales deberán propiciar las medidas necesarias para consolidar instancias de formación, capacitación y actualización de los docentes.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo -tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano-, el cual contó con el aval de 27 legisladores oficialistas, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y cuestionaron puntualmente “la tasa porque es un impuestazo”.

Itaí Hagman (FdT – CABA) fue el primer orador quien expresó: “Este proyecto es importante que da cuenta de un problema que tiene la Argentina y que también es un problema a nivel global que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad en donde los patrones de consumo se han modificada mucho”, y agregó: “Donde sobre todo las tendencias y formas de consumo que hay en el mundo generan un gran descarte, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que permita resolver”.

“Es un proyecto que incorpora conceptos e instituciones. El primero es el de responsabilidad extendida del productor, es decir establecer una responsabilidad por parte de aquellos que introducen envases en el mercado y crea un sistema integral de gestión de residuos asumiendo que es un problema que los sistemas de recolección tienen una competencia municipal, es un problema de orden nacional”, precisó.

“Argentina tiene hoy según el Ministerio de Ambiente 5.000 mil basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”, señaló Hagman.

En suma, destacó que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases. Se hace a través de una tasa ambiental variable que puede ser cero si los productores establecen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los residuos o puede llegar hasta un 3% como máximo de precio mayorista con un criterio de variabilidad que está definido con distintos criterios que establecen el tipo de material, el impacto ambiental, etc”.

“También establece la promoción de puestos de trabajos o la formalización de puestos de trabajos a través de un sistema integral de reciclados. Lo hace coordinando desde el Estado con las provincias y municipios. Es una ley desde el punto de vista ambiental y del trabajo es importante. Además, tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones porque en argentina tenemos basura que se acumula en cielos abiertos y por el otro lado las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción”, concluyó su argumentación el diputado oficialista.

Sin embargo, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) criticó fuertemente la iniciativa: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.

“Es un momento sumamente desacertado, no es chicana, pero legislamos aislados de la realidad, afrontamos temas con herramientas y soluciones alejados de la emergencia que estamos viviendo en la Argentina”, cuestionó.

En esa misma línea, continuó: “Este Parlamente por momentos se encierra en su propio microclima y vive en una realidad paralela. Subir el precio de las bebidas, alimentos, en medio de un país pauperizado con niveles de pobreza nunca vistos salvo en la hiperinflación, con inflación galopante, sumarle un sobre costo a los alimentos es una desproporción peligrosa”.

“Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”, remarcó el diputado del Pro.

“Esto es un impuesto, no es una tasa. Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación que van a tener que ir mendigar recursos al Gobierno para que les apruebe el plan de gestión y que no sea en función del color político. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”, enfatizó Laspina y comunicó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría onde establecemos en principio un marco regulatorio para el manejo de los residuos, reciclado y economía circular”.

“El Parlamento podría establecer un objetivo menos ambicioso y oneroso como por ejemplo establecer que las ciudades mayores en habitantes provean un sistema de separación de residuos al momento de desecharlos como tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso el diputado santafecino y finalizó: “Es un muy mal proyecto que recaerá en los más humildes”.

En tanto, Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) salió al cruce: “Sin ánimos de polemizar, hago un llamado para que lo lean porque no son envases de alimentos sino de todo tipo. El artículo 19 dice que las autoridades locales conforman sistemas locales de gestión integral de envases y ahí se van a canalizar los fondos”, y reiteró: “recomiendo que lean el proyecto, porque tiene en cuenta el ambiente y el aspecto humano”.

“Es una tasa porque va graduada según la empresa, no va a pagar ningún impuesto”, aclaró y reiteró: “El envase en general las empresas lo han tomado y han trasladado el costo de los envases a la ciudadanía y fue el Estado el encargado de sanear el ambiente. Es un sistema mixto, es un proyecto virtuoso y llamo a leerlo detalladamente y con espíritu amplio”.

Por último, Luis Mario Pastori (UCR – Misiones) hizo hincapié en la tasa porque “hay que tratarlo en su integralidad, pero hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.

¿Qué dice el proyecto?

El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, se reunió este miércoles por más de tres horas y avanzó en un diverso paquete de proyectos.

Además de despachar la iniciativa sobre industria del cannabis medicinal y el cáñamo, la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, y la ley de envases -éstas dos últimas solo con apoyo del oficialismo-, los legisladores dieron aval a otros cinco proyectos.

Nueva Ley de VIH

Ya con dictamen previo de la Comisión de Salud, se avaló en Presupuesto y Hacienda la iniciativa que propone una nueva Ley de VIH, que incorpora además a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).  

Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, el proyecto incluye nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades, entre sus principales puntos.

La diputada Carolina Gaillard (FdT), quien presentó el proyecto, destacó que el mismo “fue de autoría de las organizaciones de la sociedad civil”. Explicó que se busca derogar una ley de los ’90 que tuvo una mirada “biologicista”, mientras que ésta actualización contempla “una perspectiva de derechos humanos”.

Con reparos, el diputado Luciano Laspina (Pro) aclaró que no tenía “ninguna objeción sobre el cuerpo general”, pero “cada vez que uno legisla o aprueba un gasto de alguna forma se financia y de algún lado tiene que salir”, apuntó.

“Nuestro sistema previsional está atravesado por una crisis, en un amplio déficit”, advirtió y consideró que “tenemos otra vez una suerte de régimen previsional especial”, en alusión a lo que fue el régimen de jubilación anticipada para viñateros, sancionado recientemente. Entonces, pidió la vuelta a asesores y que “la Oficina de Presupuesto pueda evaluar el costo fiscal”.

Pero Gaillard respondió que previamente fue enviada a la ANSeS “una consulta sobre la viabilidad de la norma” y, desde el organismo, “se respondió de manera favorable, dado que estamos hablando de un grupo muy pequeño de entre 10 mil y 15 mil personas”. También, puntualizó que el beneficio previsional que se contempla, lo recibirán “solo aquellos que no tengan trabajo o que trabajen en relación de dependencia pero no cobren más de dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

En el final de la reunión se informó que el dictamen recibió 33 firmas a favor y cinco disidencias.

Fomento a las industrias culturales

Otro de los proyectos que se avaló -con dictamen de mayoría por parte del oficialismo- fue el presentado y defendido por el diputado Pablo Carro (FdT) que extiende por 50 años el fomento de industrias culturales a partir de los fondos de asignaciones específicas de ciertos impuestos.

El cordobés explicó que se trata de “el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo, concursos o pronósticos deportivos, que va a bibliotecas populares y al Fondo Nacional del Teatro; el impuesto a las entradas de cine y videogramas grabados, para el fondo de fomento cinematográfico; impuestos a servicios de comunicación audiovisual, que van a fondos para el INCA, para RTA, ENACOM, Defensoría del Público”, entre otros. Y enfatizó que se trata de “poder darle previsibilidad a un sector clave de nuestra cultura argentina”.

Desde Juntos por el Cambio, Laspina, vicepresidente de la comisión, objetó que “los impuestos de asignación específica son creados ad hoc” y no son coparticipables, por lo que “empiezan a acumular recursos que nadie controla y van a parar a presupuestos que nadie controla”.

“Deberían ser excepciones y, como lo prevé la Constitución, situaciones transitorias. No impuestos permanentes, y menos prorrogables a 50 años”, expresó y cuestionó: “Es una irracionalidad fiscal y conceptual enorme”.  

En el final del encuentro, Heller informó que el dictamen de mayoría reunió 27 firmas, solo del oficialismo.  

Ayuda a los taxis

Con aval del oficialismo y la oposición, recibió un fuerte apoyo un proyecto para crear un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, impulsado por la diputada Mara Brawer (FdT).

Al defender su propuesta, la oficialista manifestó que esta actividad “ha vivido varios golpes, varias pandemias”, entre las que mencionó “la crisis del macrismo”, el ingreso de aplicaciones y la pandemia.

“Desde 2016 a 2020 el poder adquisitivo de la tarifa de taxis perdió un 80% en relación a la inflación”, apuntó y dijo que actualmente “tenemos taxis circulando con más de 14 años, producto de la crisis del sector”.

Este régimen, al que se invita a las provincias a adherir, prevé el reintegro a los impuestos nacionales -por el plazo de seis años- a todos aquellos que compren un taxi, explicó Brawer, y agregó que los vehículos que se compren deberán contener “entre un 20% y 30% de producción nacional”. “La ley calcula que se renovarán 10 mil autos por año bajo este régimen”, completó la legisladora.

Además, obtuvieron dictamen un proyecto para crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y otro para declarar Monumento Natural a la especie animal conocida como “Águila Coronada” (buteogallus coronatus).

Al filo del vencimiento de la Ley 26.160, de Emergencia de Tierras Indígenas, el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto -con media sanción del Senado-, pero desde Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de minoría.

En un debate álgido, la oposición cuestionó que el Gobierno nacional vaya a extender la norma por decreto de necesidad y urgencia, cuando se está debatiendo en el Congreso, pero desde el Frente de Todos se defendió que faltan solo seis días para que caiga la ley y, además, eso no impedirá votar el proyecto.

Al comienzo de la discusión, la chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que la Ley 26.160 “es la primera y única política pública que trata el derecho” de los pueblos originarios, y su prórroga es necesaria “para que podamos avanzar con el relevamiento”, realizado actualmente sobre 998 comunidades, aunque restan 762.

En la misma línea, la salteña Alcira Figueroa (FdT) resaltó que en el país “hay más de 300 conflictos territoriales” y “esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos”, por eso “es una ley urgente y necesaria”. Además, abogó por dar el debate de “una ley de propiedad comunitaria indígena”.

Desde la izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano (FIT) se quejó que la prórroga no haya sido votada antes, cuando “hace semanas que las comunidades están acampando” frente al Congreso, y “le pidieron a Sergio Massa (el presidente de la Cámara) una sesión antes de las elecciones”. También rechazó la “criminalización” hacia los pueblos originarios.

Al explicar el dictamen de minoría propuesto desde Juntos por el Cambio, el chubutense Gustavo Menna (UCR) sostuvo que “esta norma no puede considerar el concepto de actualidad”, además de “entrometernos en las decisiones de otro poder” al “suspender sentencias de desalojo” de la Justicia.

Para el radical, hay que “ponerle un tope temporal”, al tiempo de involucrar a las provincias y los municipios en los relevamientos. También subrayó que hay que contemplar “el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado”.

Por otra parte, el legislador opositor cuestionó que se vaya a dictar la prórroga hasta 2025 por DNU, porque no existe “circunstancia excepcional”. “¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, fustigó, y apuntó que el presidente Alberto Fernández lleva firmados “170 con decretos con contenido legislativo, entre los de necesidad y urgencia y los de facultades delegadas”. “Es un papelón y una falta de respeto al Congreso y nuestra investidura”, añadió.

Recogió el guante el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), que le preguntó: “¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley? Nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”. Pero sí aclaró que “parece poco probable” que vaya a haber sesión antes de esa fecha, y que el decreto se publicara “para que el Parlamento tenga los tiempos que corresponde para tratarlo”.

Otro opositor que habló fue el neuquino David Schlereth (Pro), quien advirtió que “en los últimos cuatro años han pasado hechos gravísimos” y esta prórroga “lejos de conducirnos a resolver un problema, va a tender a agravar episodios que ya están sucediendo”.

El macrista habló de “otros actores que nada tienen que ver con las comunidades” que, por la “ambigüedad” de la ley y el “sesgo” con que es aplicada, “se han aprovechado de esta situación y están generando caos, violencia, usurpaciones ilegítimas”.

En igual sentido, el chubutense Ignacio Torres (Pro) denunció que los grupos violentos están “avalados y financiados por sectores de este Gobierno” que lo que hace es “avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.

Más tarde, la salteña Lía Caliva (FdT) rechazó que se hable de “terroristas” y que se vincule a ciertos grupos violentos con los pueblos originarios. Asimismo, calificó como “una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017”. “Sin embargo, en plena pandemia, en 2020, hubo 48. Se está avanzando”, diferenció. “Esta ley va a ayudar a resolver los conflictos”, afirmó.

En coincidencia, el neuquino Alberto Vivero (FdT) expresó que la ley es “necesaria”, aunque admitió que “no es una ley que sirva para resolver los problemas de fondo” sobre el conflicto territorial, pero sí “nos va a servir como ordenador”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

La actual ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en febrero 2021, unas 1.756 comunidades originarias fueron registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país.

El proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y con media sanción del Senado, completó su trámite en comisiones en la Cámara de Diputados, al obtener este miércoles el dictamen favorable en Presupuesto y Hacienda.

Con aval del oficialismo y la oposición, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, ya que este martes fue despachada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que asistió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En defensa del proyecto la diputada Carolina Gaillard (FdT) celebró “la decisión política de poner en tratamiento este tema tan importante” que “hemos trabajado desde Diputados ya antes de que venga de revisión del Senado”.

En ese sentido, la entrerriana recordó la sanción en 2017 de la Ley 27.350 -de la cual fue autora- que “fue un paso importante, pero fue una ley que quedó circunscrita a la investigación y no terminó de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas que necesitaban tratamiento con cannabis medicinal”.

La oficialista indicó que en la actualidad quienes requieren de cannabis medicinal “tienen que importarlo de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos o acceder de manera ilegal”, mientras que con esta ley se va a “generar una industria” y se van a “generar divisas para nuestro país”, además de “garantizar el acceso a la salud”.

A continuación, la diputada Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

También, la oficialista mencionó que “este fue un sueño de (Manuel) Belgrano” ya que el cáñamo -prohibido en la última dictadura- tuvo un amplio desarrollo en “el siglo XV, XVI, XVII” e incluso “cuando (Cristóbal) Colón llegó la vela de los barcos y la ropa de los marineros” eran de cáñamo.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros.

A su turno, el radical Jorge Rizzotti dijo que la ley abre “una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales” y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy “la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país”. “Necesitamos de esta ley fundamentalmente para seguir creciendo”, agregó.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

Más allá del resultado de las elecciones de este domingo, en el oficialismo ya se piensa en el día después, y para dar una señal de acción es que buscarán mostrarse dueños de la situación y marcando la agenda. Por eso es que pasados los comicios quieren que vuelva la actividad pronto en un Congreso que sin duda cambiará bastante a partir del 10 de diciembre, y ya fue convocada una reunión nada menos que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Carlos Heller.

No será para comenzar a tratar finalmente el proyecto de Presupuesto 2022, un tema que sigue demorado y que no se ha movido desde el ingreso del texto el 15 de septiembre pasado, sino para analizar una serie de iniciativas que entre otros temas incluye un proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; la prórroga de los plazos de la ley de emergencia de tierras indígenas y el proyecto para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo.

Según el temario al que accedió parlamentario.com, en la reunión prevista para el miércoles próximo a las 13 también se abordará la prórroga hasta fin del año que viene de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales previstas en el artículo 4° de la Ley 27.432 sobre impuestos.

También se abordará un dictamen unificado de proyectos que declaran de interés público la respuesta integral a la infección del VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual, que contempla iniciativas de los diputados Lucila Masin, Carolina Gaillard, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Spósito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato y Romina del Plá.

Otro proyecto contemplado es el que crea un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, y el proyecto sobre Régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de taxis.

El proyecto de ley de gestión de envases, impulsado por el Frente de Todos y presentado la semana pasada en el Congreso por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya tiene giro a las comisiones de la Cámara de Diputados en las que será debatido.

Fuentes de la bancada oficialista confirmaron este miércoles que la iniciativa se tratará en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los oficialistas Leonardo Grosso y Carlos Heller, respectivamente.

El proyecto apunta a prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente y la salud de las personas, al tiempo de promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

Sobre esto último, el texto contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por los  productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000 y ya está listo para ser tratado este martes 26 en una sesión maratónica.

Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.

En el debate en la comisión que preside el diputado porteño Carlos Heller (Frente de Todos), el sector de Juntos por el Cambio (JxC) adelantó que votará a favor de este proyecto y firmó el dictamen.

Al respecto, el referente en materia económica de JxC, el diputado santafesino Luciano Laspina consideró que “esta es una de las moratorias que significan un acto de justicia y más que justificada porque también se incluye a los contribuyentes que son buenos cumplidores y que también vienen sufriendo por la pandemia”.

“Es un alivio fiscal justificado y es bueno para los monotributistas que han sufrido este año de la pandemia”, remarcó Laspina quien adelantó: “Nosotros (JxC) vamos a acompañar este dictamen consensuado que hemos logrado”.

A su turno, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) señaló que “este es un proyecto muy importante porque los que sufren por la pandemia son también contribuyente de la AFIP y es muy necesario este alivio fiscal”.

En su intervención pidió que “se modifique la fecha de vencimiento estipulada -según la interpretación del legislador- para el 16 de diciembre para evitar que ocurra el mismo problema que hubo con el monotributo”.

En respuesta, Heller propuso poner que “sea 30 días después de que salga la reglamentación de la AFIP”.

Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al igual que la propuesta de incorporar a otras entidades y se prometió que se realizarán en el recinto este martes.

La voz de la AFIP

Al inicio de la comisión, el subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, brindó un informe sobre este alivio fiscal a pequeños contribuyentes y se mostró abierto a incorporar cambios al texto.  

Bianchi explicó que el proyecto “prevé la condonación de deudas -alivio fiscal para el sostenimiento económico-, regularización de obligaciones adeudadas, y en tercer aspecto el beneficio para contribuyentes cumplidores”.

“El presente proyecto está estructurado atendiendo la particularidad de distintos grupos de contribuyentes. El objetivo es atender sus particularidades, con soluciones distintas y en función de su tamaño”, agregó.

Y subrayó: “En primer lugar se trata un acápite a las micro y medianas empresas, donde se condonan deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto de 2021 a 1.035.000 contribuyentes”.

“El segundo acápite es la deuda que no ha sido regularizada en planes de facilidad y hoy se encuentra en situación de ser ejecutada. El 53% corresponde a microempresas y personas humanas, a quienes atienden este proyecto”, apuntó.

“El tercer acápite del proyecto es el beneficio a contribuyentes cumplidores. Los grandes resultados de este tipo de medidas ya se vieron en el caso del alivio fiscal a monotributistas”, concluyó Bianchi.

El proyecto

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.

Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.

En una reunión virtual, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores trató este jueves y pasó a la firma el proyecto de ley que busca modificar el artículo 24 de la Ley 27.480, para que se incremente el mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, ya que consideran que la base esta “desactualizada” en relación a la situación económica del país y, según el autor del proyecto y presidente de la comisión Carlos Caserio (Córdoba – FdT): “Lo lógico sería una redistribución que permita que los que más tienen, más paguen para buscar un equilibro razonal en los argentinos”.

El senador cordobés explicó que la iniciativa “modifica el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a estar alcanzados por este gravamen aquellos bienes que sean iguales o inferiores a 8 millones de pesos (actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos)”, y lo calificó de “insuficiente que afecta a muchos argentinos”, por lo que es “una necesidad que se debe abordar”.

Además, detalló que “establece que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 50 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos”.

En los fundamentos de su proyecto, Caserio señaló que con “el mínimo no imponible actual llegamos a la conclusión que un contribuyente que posea un automóvil de los denominados pequeños y un terreno en donde aspire a construir su primera vivienda seguramente estaría como sujeto gravado en este tributo”.

“También creemos que el valor exento para la casa habitación debe actualizarse producto del incremento de valores que la inflación generó sobre estas propiedades y el efecto revalorización de las bases imponibles y de las valuaciones fiscales que llevaron adelante las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

En ese sentido, el legislador oficialista recordó que “desde su votación en el 2018 quedó desactualizada y de votarse tendrá vigencia en el 2022”, y opinó que “hoy en día debe haber contribuyentes que no se enteraron de su obligación fiscal y menos deben saber los prejuicios de no cumplirlas”.

Dentro de los argumentos, remarcó que “la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá a un sujeto de difícil localización y que una vez localizado e intimado seguramente será un contribuyente de escasísimo interés fiscal y al que probablemente para que pueda cancelar sus acreencias y evitar las multas se lo deba incluir en algún régimen de moratoria”.

“Tenemos un inconveniente, no tenemos aún el costo fiscal de la medida, nos demoramos por el tema de las elecciones, aunque no creo que se excesivo para nada”, aseguró el senador cordobés y precisó que “lo lógico sería una redistribución que permita que los que mas tienen, mas paguen para buscar un equilibro razonal en los argentinos”.

En este marco, contó que “también pedimos la modificación del artículo 27 que dice que’ todos los años de acuerdo al índice de precios al por mayor se aumenta el tributo de lo que se paga’, es decir que tiene una actualización automática, pero llama la atención que ese incremento no lo tenga el mínimo, por eso queremos que el mínimo sea actualizado del mismo modo”.

Luego de exponer sus argumentos, el presidente del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), coincidió con la propuesta del proyecto y manifestó que “está totalmente desactualizado”, porque “hay personas que están debiendo y no saben porque no tienen forma de contratar un contador”, y señaló que “el proceso inflacionario desactualizó la base de ese mínimo imponible”.

“Podemos llegar a un acuerdo entre senadores y Economía para tener una base racional antes que llegue a Diputados”, propuso y ratificó que “es un aporte muy importante y atinado. Estoy de acuerdo en firmarlo”.

Por su parte, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) también le dio pulgar hacia arriba al proyecto, ya que consideró que “es importante abordar el proyecto sobre la actualización del mínimo no imponible y establecer un mecanismo anual ante la situación inflacionaria que tiene Argentina, es un avance significativo, también teniendo en cuenta la caída de salarios de las familias”.

Por consiguiente, le preguntó a Caserio cómo había llegado a esos números de 2 millones pasar a 8 millones, si tomó la inflación o los valores de mercado como referencia porque los destacó como “apropiados”. El senador cordobés respondió: “Traté de proyectar la inflación de ese año hasta ahora, todo eso es ajustable y discutible”, y aseguró estar dispuesto “a discutir esos parámetros si alguien tiene algo mejor, los números me parecen racionales y están basados en una apreciación personal y de mi equipo”.

“Las viviendas en Argentina se actualizaron en costo dólar en el país, por otro lado, veo que en provincias actualizan valores de renta de otro modo. La evaluación fiscal de la tierra históricamente no fueron las reales”, remarcó y añadió: “Los valores inmobiliarios han crecido enormemente, por eso creo que son números estimativos y con más información lo podemos discutir, no creo que este tan alejado, pero quiero que sea algo racional para todos, para el estado que tiene que recaudar, para la gente”.

Por otro lado, también acompañaron el proyecto Juliana Di Tullio (FdT – Buenos Aires), Antonio Rodas (FdT – Chaco) quien acotó de forma breve que “el sentido común nos lleva a esta modificación, hay una decisión política y la compartimos y creo que el pueblo también”, y Beatriz Mirkin (FdT -Tucumán), quien consideró que “era necesario actualizar el mínimo no imponible”.

Por último, Mayans reiteró que “es importante haber llegado un acuerdo de las comisiones, sobre todo lo que estaba pasando en tiempo electoral y celebro mucho que podamos trabajar los temas, vamos a poder participar en distintas comisiones con voz y voto”.

“No tiene nada que ver el mínimo no imponible con la situación económica de la Argentina, actualicémoslo y si economía tiene mejores números que avise, hay una modificación que es racional”, concluyó el senador formoseño.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este jueves, desde las 13, un proyecto de ley del senador Carlos Caserio (FdT) que propone la suba del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales.

La iniciativa apunta a modificar el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a estar alcanzados por este gravamen aquellos bienes que sean iguales o inferiores a 8 millones de pesos (actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos).

Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 50 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos.

En los fundamentos de su proyecto, Caserio señaló que con el mínimo no imponible actual “llegamos a la conclusión que un contribuyente que posea un automóvil de los denominados pequeños y un terreno en donde aspire a construir su primera vivienda seguramente estaría como sujeto gravado” en este tributo.

“También creemos que el valor exento para la casa habitación debe actualizarse producto del incremento de valores que la inflación generó sobre estas propiedades y el efecto revalorización de las bases imponibles y de las valuaciones fiscales que llevaron adelante las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

Durante una reunión remota de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de un proyecto que busca prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas.

La salteña Nora del Valle Giménez, impulsora de la iniciativa, remarcó que “la urgencia de esta ley es que su vencimiento opera justamente el 23 de noviembre de este año”. En efecto, la última prórroga de la norma se votó en 2017.

Ante ello, la legisladora advirtió que, si no se aprueba una extensión, “nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, cuando todavía “no se han completado los relevamientos”.

También, “hace falta habilitar la partida de cada Presupuesto para que estos fondos sean operativos y el Fondo especial pueda funcionar como tal”, subrayó la oficialista, que agregó que “pese a todas las dificultades generadas por la pandemia, ha habido una tarea importante por parte del equipo técnico del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Giménez explicó que cuando se sancionó la ley en 2006, “las comunidades eran menos de mil”, pero a partir de subdivisiones “actualmente llegan más o menos a 1.700”.

“Lo que es indispensable es asignar una partida, porque este año se ha trabajado sin recursos propios. El INAI ha puesto de sus fondos de funcionamiento”, indicó.

Por otro lado, la senadora alertó que “esta ley nos ha permitido evitar todos esos conflictos que apenas la ley se venza, y si no lo prorrogamos, van a florecer a lo ancho y largo del país”. “Es una responsabilidad para garantizar paz social en todo el país”, continuó y estimó que los operadores inmobiliarios “ya están esperando si la ley no se prorroga. Inmediatamente van a echar mano y reactivar todos sus negocios inmobiliarios”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

Una ley sí, pero la otra no: Juntos por el Cambio, ausente

El proyecto sobre la prórroga de la ley de tierras indígenas fue tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de un breve plenario que se realizó con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la macrista Gladys González, en la que el oficialismo y la oposición dieron aval a la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos en Río Negro.

Sin embargo, cuando comenzó el otro tramo, aparecieron los planteos de senadores de Juntos por el Cambio. El primero fue de la radical santacruceña María Belén Tapia, quien reclamó que la comisión que ella preside, de Población y Desarrollo Humano, tendría que haber tenido parte en este asunto, ya que “trata sobre pueblos originarios”.

Luego fue el turno del jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien aclaró que el protocolo de funcionamiento remoto -dispuesto por decreto por la vicepresidenta Cristina Kirchner– “está vencido” y el último no fue tratado y aprobado todavía por el pleno del Senado.

“Esto no indica estar en contra del proyecto”, sostuvo, pero añadió que mientras se está empezando a tratar el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados “estamos comprometiendo presupuesto por cuatro años” con este proyecto.

En tanto, el radical Víctor Zimmermann consideró que hubiera sido “oportuno que podamos invitar a las provincias, a los municipios y a los miembros del INAI para que nos expliquen que se viene haciendo hasta acá”.

Ante los planteos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Caserio, consultó entonces si la cuestión de la prórroga del protocolo solo corría para este proyecto y no para el anterior, el que se trató junto a la Comisión de Ambiente, a lo que Schiavoni ratificó que efectivamente era así.

Entonces, los opositores se desconectaron del Zoom y desde el Frente de Todos criticaron la postura de la oposición. “Si lo es válido para una ley, lo puede ser perfectamente para otra. No veo cómo un método pueda servir para el tratamiento de una ley y no para otra”, expresó el misionero Maurice Closs, a lo que Caserio sumó: “Lamento que ahora que estamos tan cerca de que la pandemia termine, y de la presencialidad, se hagan planteos tan inconsistentes”.

En el mismo sentido, el chaqueño Antonio Rodas lamentó “esta inconsistencia, porque no se pueden medir las cuestiones legislativas con distintas varas”.

Por su parte, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que la bancada oficialista -con mayoría- ratificará la extensión de sesiones virtuales dispuesta por la presidenta de la Cámara alta. No obstante, aclaró que existen conversaciones con los jefes de los bloques para acordar la modalidad de trabajo en el recinto.

También, el formoseño remarcó que “se puede hacer en algún momento una reunión” invitando a todos los actores involucrados, pero la intención es “dejar ya el despacho para que no caiga la ley”. “Prorrogar esta ley es un acto de estricta justicia social”, completó.

Finalmente, Caserio volvió a criticar a la oposición porque “en vez de estar unidos ayudando a la gente están siempre viendo a ver de qué modo pueden poner un palito en la rueda para trabar a la gestión” y muestran un “ímpetu” para que “fracase nuestro Gobierno”.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado debatirá este martes, desde las 11, un proyecto de ley para la creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos en Río Negro.

La iniciativa lleva la firma de los tres representantes por esa provincia: Silvina García Larraburu, Martín Doñate (FdT) y Alberto Weretilneck (JSRN). Además, hay otro proyecto en el mismo sentido, cuyas firmantes son las senadoras Gladys González (Pro) -presidenta de la Comisión de Ambiente- y Lucila Crexell (MN).

A través del proyecto se acepta la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional mediante la ley local N°1076/2020, y se transfieren a favor del Estado Nacional el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).

En los argumentos de la iniciativa, García Larraburu recordó que a través de un decreto de 1977 “la provincia de Río Negro declaró como ‘reserva provincial’ el área denominada ‘Complejo Islote Lobos’ para, entre otros aspectos, brindar adecuada protección a las poblaciones de aves y pinnípedos allí existentes y en virtud de la importancia científica y estética del lugar”.

“El trabajo conjunto en el área, entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la Administración de Parques Nacionales, comienza en el año 2004, con la firma de un Convenio de Cooperación”, señaló.

El área natural aludida se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande.

La mencionada área protegida tiene 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas; siendo relevante en la sustentación de una variedad de actividades socio-económicas vinculada a distintos núcleos urbanos y áreas rurales.

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta enviara a la Legislatura porteña el pedido de ampliación presupuestaria, la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- se reunió con funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, quienes fundamentaron el proyecto que propone ampliar el Presupuesto general de gastos y recursos del 2021 en 81.764 millones de pesos, equivalente a más del 13% de lo inicialmente pautado.

El pedido de ampliación presupuestaria formulado por Rodríguez Larreta fue justificado “en que la inflación anual superará el cálculo original del 29%, en la necesidad de afrontar los nuevos acuerdos salariales y en los efectos provocados por el recorte de la coparticipación” de recursos impositivos federales.

En la reunión estuvo presente de manera virtual el subsecretario de Hacienda, Gustavo Arengo Piragine, que estuvo secundado por varios directores de su dependencia. “Las proyecciones presupuestarias aprobadas en diciembre pasado se ven afectadas por dos motivos principales: por un lado, la inflación anual superará la cifra proyectada del 29%; por otro lado, tras la aprobación del Presupuesto 2021 para la Ciudad, el 28 de diciembre de 2020 se publicó la Ley Nacional N° 27.606, la cual redujo del 2,32 al 1,4% el coeficiente de coparticipación correspondiente a la Ciudad”, explicó el funcionario.

La modificación presupuestaria solicitada es de 81.764.969.738 de pesos, de los cuales 25.888.999.242 estarán destinados a los acuerdos salariales con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad, se explicó.

Además se prevén mayores recursos impositivos por 66.157 millones y otros 15.524 millones de fuentes financieras. El Presupuesto aprobado originalmente era de 612.643 millones.

El proyecto en tratamiento será debatido en comisión el próximo viernes y si obtiene dictamen favorable podría ser votado en la próxima sesión ordinaria.

Por primera vez en lo que va del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual les solicitará a los diputados que acompañen una ampliación presupuestaria por un total de 81.764.969.738 de pesos.

De esta manera, el texto recientemente presentado propone una ampliación de 25.888.999 de pesos en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”, explicó el alcalde local en los fundamentos.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto vigente 4.812.677.060 pesos principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 15.498.454.31 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluye la ampliación de las erogaciones por 4.348.324.324 de pesos, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. “Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”, añadió Larreta.

Se contempla, además, el acrecentamiento de las transferencias por 15.691.596.241 de pesos. Estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio.

Finalmente, en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de 15.524.918.561. “Este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local. Por otra parte, se incorporan nuevas erogaciones en concepto de amortizaciones, originados en la operación de recompra de títulos con vencimiento original en 2022, efectuada en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, como parte de la estrategia de administración de pasivos y con el fin de mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo de la deuda pública”, sentenció.

Cabe recordar que el proyecto será analizado por la Comisión de Presupuesto, presidida por Claudio Romero (VJ), este miércoles a las 13.30.

Un día después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentara en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca avanzar con un convenio urbanístico que firmó el Ejecutivo local con la empresa IRSA para la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors; la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por Daniel Del Sol (VJ)- y la de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)- se reunieron con funcionarios para analizar la iniciativa.

Del encuentro participó el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta; el jefe de gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Nicolás Pakgojz; el director general de Antropología Urbana, Aníbal Del Olmo; la directora general de Interpretación Urbanística, Sandra Tuya; el asesor económico de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Nicolás Fernández; la directora general de Registro de Obras y Catastro, Antonella Borgna; el jefe de gabinete de la Dirección General de Planeamiento Urbano, Alejo Ciliberto; la gerenta operativa de Catastro, Sandra Ponzo; y la asesora legal de la Dirección General de Planeamiento Urbano, Antonella Amicucci.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

Al respecto del debate en comisión, Del Sol planteó que a lo largo del debate que se llevará a cabo en la Legislatura porteña se escuchará “todas las propuestas como siempre para seguir avanzando en el expediente, que conlleva un proceso de doble lectura” e indicó que “nos parece interesante la posibilidad de recuperar 50 hectáreas para la Ciudad, que allí se cree un parque público y también nuevos puestos de trabajo, lo cual es muy importante”.

Por su parte, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade se mostró sumamente preocupado por la celeridad con la que se trató la iniciativa en el Parlamento. “Para que no queden dudas, dos veces Felipe Miguel dijo que los barrios cerrados en la Ciudad estaban prohibidos. Dos semanas después ingresó con su firma el proyecto para el barrio cerrado náutico de lujo de IRSA en la Costanera Sur. Hoy se trató en comisión, se nota mucho”, indicó.

“Es muy preocupante la voracidad con los negocios inmobiliarios y la falta de respuestas a la emergencia habitacional. Larreta quiere avanzar con los barrios privados en la Costanera, profundizando un modelo de Ciudad desigual y excluyente”, consideró y sentenció que “ahora se trata un negocio monumental, compraron el terreno por 50 millones y si aprueban esta normativa va a pasar a valer 1200 millones de dólares. Quieren aprobar la construcción del barrio cerrado de lujo de IRSA en la Costanera Sur”.

En un trámite veloz, el Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, a la que la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada. Con todo, y atento a sugerencias surgidas desde todos los bloques, incluso del oficialismo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, estableció un compromiso.

Lo hizo a propósito de observaciones hechas por ejemplo por el oficialista santafesino Roberto Mirabella, y expresó en ese sentido que “vamos a firmar el despacho, pero con la visión de que si existen aportes que podamos hacer, o en el caso de la propuesta que hizo el senador (Carlos) Caserio de un compromiso que se pueda tomar en el tema de la reglamentación” se atenderán esas cuestiones. “Vamos a firmar el dictamen, pero vamos a buscar en este tiempo el aporte necesario para ser justos en este esquema de la producción que la República Argentina necesita y de la generación de empleo que necesitan los estados provinciales. Y más después de esta crisis que estamos teniendo, en la que lo que más cayó fue el empleo”, agregó el senador formoseño.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz.

La reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio -respectivamente-, contó este miércoles con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien defendió el proyecto, asegurando que contempla aspectos similares a la actual Ley 26.093.

En el arranque de la reunión, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro), reclamó que el tema no pase por su comisión. En un sentido similar, el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) observó la falta de intervención de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el legislador propuso convocar a expositores, pero Uñac dejó clara la postura del oficialismo de avanzar con el dictamen este mismo miércoles.

“En unos días más nos quedamos sin marco regulatorio, la premura con la que estamos tratando el proyecto es por esas razones”, señaló el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en alusión a que el próximo 12 de julio vence la prórroga de la ley que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto.

Al consultar a Martínez, De Angeli afirmó que con esta ley “se va a resentir la producción de maíz” y “va a haber menos bioetanol y mucha menos producción de maíz para alimento animal”, cuando esta materia prima “está en casi todas las provincias argentinas”. “¿Usted cree que va en contra o va a favor de la producción de maíz?”, le preguntó.

El secretario de Energía argumentó que el proyecto “mantiene el mismo corte que tenemos hoy, con lo cual no debería resentirse la producción”, por el contrario opinó que “sí creo que ha habido problemas cuando no tuvimos herramientas”.

Y al momento de la repregunta, De Angeli le planteó si él será quien “decida si aumenta o baja el corte”. “La autoridad de aplicación va definiendo el esquema permanentemente, hoy es así el esquema actual”, sostuvo el funcionario, que insistió con que “hemos utilizado como base el 12% que tiene hoy el bioetanol”.

Además, justificó: “Nos parece importante tener una diferenciación entre maíz y azúcar, porque no evolucionan de la misma manera, quizás el azúcar es más constante, y el maíz tiene vaivenes”.

A su turno, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) recordó que el Senado, por unanimidad, había decidido el año pasado prorrogar la actual ley y la Cámara de Diputados “una vez más desoyó, dejó de lado, ni siquiera tomó en cuenta la decisión que se había tomado”. “Lo que se necesitaba era una discusión profunda”, resaltó la radical.

La tucumana, que reconoció que “la caña de azúcar está salvaguardada” (cabe recordar que en Diputados los legisladores tucumanos de JxC votaron a favor), rechazó que la ley deje “en discrecionalidad de la autoridad de aplicación, sea quien fuere” la decisión de aumentar o bajar los cortes. “Hay un retroceso”, sostuvo y le preguntó sobre “el cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero que tendría el país”.

Respecto a que “la autoridad de aplicación define el corte y precio es tal cual está en el régimen actual, tal cual está en lo que votaron ustedes en la prórroga”, argumentó Martínez, y “en cuanto a las emisiones, como es el mismo corte, no deberíamos tener ninguna diferenciación”, dijo.

Con fuertes críticas, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) aseveró que “esta ley no tiene consenso de todos los actores. Yo represento a una provincia que se va a ver tremendamente afectada por esta ley. En mi provincia no tiene el consenso”.

La macrista cuestionó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, al establecer la autorización “sin decir cuál es el criterio, de bajar solamente a quienes producen biocombustibles en base al maíz”.

“El campo en su conjunto ha recibido fuerte embate del kirchnerismo en todos los proyectos que presenta”, reclamó y consultó a Martínez “si hay previstos hacer aprietes a las empresas que presentaron cautelares”, algo que el funcionario rechazó al responder.

También muy dura, la radical Pamela Verasay (UCR) criticó que en la exposición de Martínez “no se ha escuchado el costo fiscal, el impacto en la balanza comercial” y “no se aportó un solo número al debate” ni tampoco “cuál es el sustento técnico” de la propuesta.

Mientras que la bonaerense Gladys González le replicó: “Esto es un retroceso en todos los aspectos que usted mencionó como positivos; no alcanzo a ver qué es lo positivo de esta norma”. “Es mentira que no estamos reduciendo, hoy el corte del biodiésel es del 10%, no es del 5%”, enfatizó, y consideró que al no subir los porcentajes de corte “vamos a quedar afuera del mundo” porque “el mundo está descarbonizando”.

En la reunión, recogió el guante por los dichos de Rodríguez Machado -aunque sin nombrarla- la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien pidió que a la política de biocombustibles “la quitemos, la saquemos de la campaña electoral”. Y dijo que sobre la supuesta “posición en contra del campo” del peronismo “de ninguna manera puedo permitir que esto pase como una afirmación alegre”.

Por el contrario, la legisladora kirchnerista manifestó que es una afirmación “refutable, tanto desde el punto de vista conceptual como de los datos concretos”. “A los sectores productivos de nuestro país siempre le ha ido mejor con nosotros que con la oposición”, remarcó y apuntó contra “los campeones de la industrialización del país” que “se llevaron puestos en cuatro años 230 mil puesto de trabajo, 24.537 PyMEs y ni que hablar del poder adquisitivo de los salarios”.

Martínez insistió que el proyecto contiene similitudes con la actual ley

En su exposición inicial, el secretario de Energía recordó que la Ley 26.093 “fue empujada e iniciada por un expresidente (Néstor Kirchner) que venía de ser gobernador de una provincia petrolera. Sin embargo entendía ese diversidad que tiene nuestra matriz energética y la potencialidad de poder avanzar y generar energía y puestos de trabajo en nuestro país”.

“Ese sigue siendo el espíritu de este proceso: transición energética, generar recursos, cuidar y generar puestos de trabajo”, afirmó sobre el proyecto que en la Cámara baja impulsó Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista.

Para el funcionario, “era importante volver a tener un régimen que establezca un plazo que le dé un horizonte a los inversores, los trabajadores, las regiones y el sistema en general”.

“Estoy muy contento con el trabajo que se hizo en Diputados”, reveló y apuntó que “el vaivén de los precios hacía que, en algunos casos, (los productores) tenían corte pero no tenían precio, entonces las plantas no estaban trabajando”.

Y defendió que el actual esquema de precios fue lo que “les permitió a todos reactivar la actividad”. “Hoy los niveles de corte y precio han sido solicitados y consensuados por los sectores, para buscar la posibilidad de que hoy las plantas estén en plena producción”, agregó.

Martínez además insistió, en varios pasajes de su exposición, que los porcentajes de cortes son “los que tenía la ley” y consideró que esta norma permitirá que “las plantas sigan funcionando, se sigan modernizando y se mantengan los puestos de trabajo”.

Minuto de silencio por Reutemann

Minutos después de las 14, al conocerse la noticia del fallecimiento del senador santafesino Carlos Reutemann, el presidente del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, intervino en la reunión para pedir un minuto de silencio “en homenaje a esta gran persona que ha trabajado con nosotros”, al que todos los presentes en la reunión virtual se sumaron.

Más tarde, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) homenajeó al “Lole”, quien “fue dos veces gobernador de mi provincia, de la provincia de Santa Fe” entre 1991 y 1995, y de nuevo entre 1999 y 2003, y “fue electo senador nacional en cuatro oportunidades”. “Ocupaba una banca por el peronismo federal. Había sido electo por Cambiemos. Más allá de estar sosteniendo otro ideario político, no puedo menos que hacer un homenaje a quien fue electo por el pueblo santafesino en tantas oportunidades”, completó.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió el miércoles 16 de este mes de forma virtual para debatir un proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional.

Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.

Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir: “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.

El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”.  A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.

“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.

El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.

La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.

Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.

El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar: “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”.

En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.

Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.

Las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda de Diputados tratarán este martes, a partir de las 15, el proyecto de ley que propone la creación de una bicameral de control del proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, renovada por 90 días el pasado 29 de abril, y que un sector del kirchnerismo quiere ponerle fin para estatizar el sistema.

La iniciativa, que recibió media sanción del Senado el pasado 13 de mayo, establece que la comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del sistema de Navegación Troncal, “de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y cuestiones conexas vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.

También podrá “citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía”.

Asimismo, la bicameral deberá “hacer informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente”.

En esa línea, se prevé que tiene la capacidad de “auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía” y además “ejercer el contralor del proceso licitatorio”.

Según el proyecto, la comisión estará integrada por seis senadores/as y seis diputados/as.

La concesión para la modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado de la llamada Hidrovía, cuyo plazo de operación vencía el último 30 de abril, fue prorrogada por 90 días a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía S.A., que está conformado por el grupo belga Jan de Nul (especializado en dragado) y la empresa argentina Emepa S.A. (surgida en Chascomús, inicialmente dedicada a la reparación de material ferroviario).

Se designa como Hidrovía Paraguay-Paraná a un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilometros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La Hidrovía es parte de un inmenso sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata.

La cuenca se abre en forma de abanico a partir de la desembocadura del mencionado río, desplegándose dentro de la jurisdicción de cinco países. Abarcan gran parte del sur, del sudoeste y del centro-oeste de Brasil, el sudoeste de Bolivia; gran parte de Uruguay; todo el Paraguay y casi todo el norte, la Mesopotamia y la pampa húmeda de la Argentina.

Sin grietas. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron apoyar con un dictamen único el proyecto de ley presentado por los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner que actualiza el Monotributo, al eliminar el pago del retroactivo en el aumento del impuesto que regirá desde julio próximo y actualiza las distintas categorías que conforman el régimen.

En un clima cordial y sin un extenso debate ni chicanas políticas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador del Frente de Todos, Carlos Heller, avanzó en el despacho de mayoría de esta iniciativa que ya está lista para ser votada en la Cámara de Diputados y pasar al Senado.

Ahora, las principales autoridades del bloque mayoritario de la Cámara baja analizan llevarlo al recinto la próxima semana, en una sesión que se realizaría entre el miércoles y el jueves.

Heller argumentó que el proyecto de ley del fortalecimiento fiscal para pequeños contribuyentes “viene a complementar a la ley 27.618, y generar un mayor alivio fiscal para los monotributistas”.

Luego de la presentación del proyecto de Heller, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) manifestó: “Vamos a acompañar este proyecto porque es básicamente el proyecto de Luis Pastori, muy similar, que trata de subsanar un error del ministro de Economía -Martín Guzmán- por el tiempo extra que se tomó en gestionar para definir y reglamentar la ley”.

“La falla de gestión del ministro de Economía generó un gran problema para los monotributistas con una demora de 6 meses, lo que generó una deuda retroactiva que se vuelve impagable para los contribuyentes en un contexto de pandemia”, agregó el diputado santafesino que pidió que este proyecto “se apruebe rápidamente porque da una solución a tema que están esperando los monotributistas”.

La iniciativa

El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.

A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.

Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.

Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una “cuota especial” por única vez.

Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

Semanas atrás, durante la presentación de la iniciativa, Sergio Massa señaló: “Tomamos la decisión de bajarle la cuota del monotributo a 4 millones de argentinos a partir del impulso de la ley de recategorización y eliminar toda la deuda que se había generado por los cambios de categoría de la última ley”.

El oficialismo en el Senado avanzó con el trámite exprés del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50%.

Luego de la exposición del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, se pasó a la firma la iniciativa que tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de junio. De esta manera, el Frente de Todos tiene previsto sancionar la ley la semana que viene en el recinto de la Cámara alta.

Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, Bernal explicó que el régimen “se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país que no puede superar el 7,5%. Actualmente el nivel del recargo se ubica en 4,46%”.

“Se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, un punto porcentual de aumento; esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, un promedio de 0,5% por factura”, agregó y aclaró que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional”.

El funcionario detalló los descuentos del 30% al 50% “dependiendo de la vulnerabilidad económica de los usuarios” y destacó que “el beneficio, que reconoce una demanda histórica, se extiende al 44% de los usuarios de gas por redes del país”.

En la actualidad, hay 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta ley se sumarían “3,1 millones de nuevos beneficiarios, con lo cual pasamos a un total de 4 millones, con una potencialidad de incorporación de 181 mil usuarios”.

“De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar dos provincias (Tucumán y Catamarca)”, precisó el interventor del ENARGAS, que dijo que la clasificación de zonas bioambientales “nos han permitido fijar criterios para la incorporación de las nuevas zonas que se suman”.

En una exposición pormenorizada, Jorge Deferrari, gerente de distribución del ente, detalló las zonas incluidas de acuerdo a una norma del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) de 2012.

Al respecto, Bernal informó que se “está trabajando en la actualización de estas normas”, porque la de 2012 “se basa en la recopilación de datos del acumulado de diez años atrás”. En esa línea, ejemplificó que la nevada registrada este miércoles en Córdoba Capital también se dio “en el sur de Punilla, que hoy por hoy no entra en la ampliación”.

“Este proyecto representa una contribución extraordinaria, inédita”, consideró, al afirmar que se trata de ver a “un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos”. “Tenemos una inmejorable oportunidad para adentrarnos en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”, continuó.

A modo de ejemplo, señaló que en el consumo promedio, una casa en una zona no fría gasta 850 pesos por mes, mientras que un hogar de similares características en una zona fría consume el doble, 1.500 pesos. A partir del ingreso disponible en hogares de zona fría por la reducción en la tarifa de gas, esos usuarios tendrán 650 pesos más por mes, 8.500 pesos más por año, para poder destinar “a educación, salud, ropa y calzado, alimentos, recreación y cultura”.

“La Argentina se colocará a la vanguardia mundial de países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos y está muy bien que así lo haga, para ser más precisos es una obligación que lo haga dado nuestra geografía”, expresó, y mencionó que “Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, tienen monumentales programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población”.

Para Bernal, “en Argentina no tenemos una tarifa diferenciada de invierno, pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior y entiendo que es único en los países de nuestras latitudes”. Sobre ello, dijo que “el reclamo histórico” de usuarios “no es porque quieran derrochar, sino que lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo”.

A través de la iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, se incluyen a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y La Rioja.

Con gráficos, el funcionario apuntó que la provincia de Buenos Aires “recibe 1,25 millones de nuevos usuarios por este beneficio, eso equivale al 31%” de los usuarios. En el caso de Córdoba, “la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial”.

“Lo mismo para la provincia de Santa Fe: 76% de los usuarios de gas beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población”, añadió y ponderó que en el caso de Mendoza se alcanza “prácticamente al 99%” de los usuarios.

Para la provincia de Salta estarán contemplados “el 70% de los usuarios de gas por redes, 400 mil personas, el 28% de su población”; para San Juan, “el 91% de los usuarios, el 45% de su población”; y para San Luis “también casi la totalidad de los usuarios” con “300 mil personas, el 57% de la población”.

Los números de la gestión Macri

Al igual que sucedió en Diputados, el debate del proyecto se vio marcado por cruces entre oficialismo y oposición por la política tarifaria durante el gobierno de Mauricio Macri. “En los cuatro años del gobierno anterior el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente”, lanzó Bernal.

Entre varias de las preguntas que hicieron los senadores, sacó el tema el neuquino Oscar Parrilli (FdT) que consultó sobre “cuál fue el porcentaje de aumento que hubo en gas de 2016 a 2019; cuál fue la inflación en ese período y el aumento de salarios; la cantidad aproximada de nuevas incorporaciones de usuarios de 2011 a 2015 y los que se incorporaron desde 2016 a 2019; y el índice de morosidad”.

Entonces, el funcionario recordó que durante la gestión de Cambiemos “el tipo de cambio, que se utilizó para actualizar las tarifas, pasó de 11 pesos a casi 60, es decir un incremento del 424%; el índice de precios internos al por mayor se elevó 340%; el IPC -inflación-, se incrementó aproximadamente un 300%. Los salarios no acompañaron los incrementos de precios, subieron un 215%”.

Sobre la suba de las tarifas, el interventor del ENARGAS remarcó que de diciembre de 2015 a 2019 aumentaron un “1.000% para residenciales y 3.150% para PyMEs”. “El incremento sideral de las tarifas y la asfixia en materia económica que registró el país y el mercado interno implicó, en cuanto a nuevos usuarios incorporados, que entre 2016 y 2019 se consiguiera el mínimo histórico de 410 mil”.

Además, “se desconectaron 13 mil pequeñas y medianas empresas del sistema de redes” y la morosidad de “usuarios residenciales endeudados por no poder pagar se incrementó 1.283% entre 2015 y 2019, más de 3,1 millones usuarios residenciales endeudados. De cada 10 hogares, cuatro terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa. Y de cada 10 PyMEs, cinco terminaron endeudadas”.

Hacia el final de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, la mendocina Pamela Verasay (UCR), lamentó que no asistieran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque esta medida “impacta en toda la matriz energética del país” y también subrayó que “hubiera sido correcto que el ENARGAS ya estuviera normalizado para poder opinar de una manera independiente sobre el tema”.

En ese sentido, la radical criticó haber escuchado “muchos descargos de una gestión contra la otra” y no preguntarse “en qué momento Argentina perdió el desabastecimiento energético y cuándo empezaron los problemas estructurales, porque la energía afecta a la economía y la balanza comercial”.

Sobre el proyecto, la senadora observó que “no determina en su articulado la forma en que se va a aplicar el subsidio a las personas que hoy tienen gas por garrafa. No hay gas más caro que el que paga una persona que está por fuera de la red”. “Hay una caída de usuarios no solo desde la gestión pasada, sino desde 2007“, afirmó, cosa que negó Bernal, quien volvió a repetir las cifras durante el gobierno pasado, “los peores indicadores de la historia”.

En respuesta a Verasay sobre el costo fiscal de la ley, el funcionario dijo que “los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el Fondo Fiduciario son los 5.000 millones que se obtienen del recargo” de un punto porcentual sobre el precio del gas natural en PIST. “Esos 5.000 no los tiene que poner el Estado, vienen de la recaudación por ese recargo. Aproximadamente la mitad va a provenir de CAMMESA. No hay subsidio cruzado, porque no va a haber un incremento de las tarifas de electricidad”, argumentó.

No conforme, la legisladora advirtió que “la diferencia la va a complementar CAMMESA, deficitaria, ¿significa que lo vamos a pagar cómo? ¿Todos?”. “Esos miles de millones que faltan para implementar la medida hay que aclararlos”, reclamó.

En el cierre, otra mendocina, pero en este caso la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (FdT), disparó contra los senadores de Juntos por el Cambio: “No pueden decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley porque saben que beneficia a muchos argentinos, incluso a las provincias que representan”.

La senadora enfatizó que en la gestión de Cambiemos “se dolarizó la tarifa, se dolarizó uno de los principales precios de la economía, se llevó a la pobreza energética a más de 3 millones de personas, y hubo una transferencia fenomenal del bolsillo de cada unos de los argentinos y argentinas a grandes empresas y grandes poderosos de la Argentina, que además fugaron esos dólares que hoy nos faltan”.

Para Fernández Sagasti, los legisladores de Juntos por el Cambio tienen “la oportunidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente, como no hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos”.

“Esta ley es una de las leyes más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza. Es un reclamo histórico de la provincia. Estoy feliz de poder votar esta ley”, completó.

El Frente de Todos en el Senado buscará este miércoles emitir dictamen favorable del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, y tiene como objetivo la rebaja en las tarifas de gas para distintas localidades de varias provincias del país.

La iniciativa -que tuvo media sanción de Diputados la semana pasada por 190 votos positivos, 16 en contra y 43 abstenciones- se debatirá a partir de las 12 en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio, respectivamente.

El encuentro, que será de manera remota, contará con la participación de Federico Bernal, interventor del ENARGAS, quien también expuso días atrás en la Cámara baja. Tras su participación, el oficialismo pasará a la firma el dictamen para poder aprobarlo en el recinto la próxima semana.

El proyecto sumará al beneficio, del que ya goza la región de la Patagonia, a la provincia de Mendoza (en su totalidad) y a distintas localidades de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba y Santa Fe. Además, estarán alcanzados 54 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031 el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), aumentando de esta manera los departamentos y localidades del país con temperaturas bajas.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad.

En las nuevas zonas, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.

Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios previa revisión integral cada dos años, como plazo máximo, y con previo dictamen técnico emitido por el ente regulador.

Asistencia a transportistas escolares

Previo al plenario, a las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará un proyecto con media sanción de Diputados que busca garantizar la asistencia a transportistas escolares de la región del AMBA, a través de la modificación de un artículo del Presupuesto Nacional.

La iniciativa propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto -impulsado por la diputada María Luján Rey (Pro)- se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.

La Comisión legislativa de Presupuesto, conducida por el oficialista Claudio Romero (VJ), llevará a cabo este viernes a las 16 una reunión en la que analizará el pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, de autorización para salir a comprar vacunas contra el Covid-19 y evaluará otras iniciativas que buscan llevar un alivio fiscal a los comercios no esenciales. 

El proyecto que Rodríguez Larreta mandó a la Legislatura solicita la autorización del cuerpo para “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios” para la compra de vacunas contra el Covid-19. Además plantea la creación de una Comisión Especial en la Legislatura “para el seguimiento de los acuerdos aprobados y ante la cual el Ejecutivo deberá informar cada dos meses sobre las adquisiciones realizadas y la distribución territorial de las vacunas”. 

Dicha comisión estará integrada por cinco diputados, los que serán designados por la vicepresidencia primera de la Legislatura y los miembros “que tengan acceso a información suministrada por el Poder Ejecutivo, adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.

Por otra parte se analizará una serie de proyectos impulsados por diputados de Vamos Juntos, Partido Socialsita y la UCR-Evolución, a través del cual se busca llevar un alivio fiscal a comercios no esenciales, tales como: gimnasios, boliches, estudios de danza, cines, teatros, entre otros. 

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En un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable un proyecto para modificar la actual Ley Ovina -25.422-, que venció el pasado 5 de abril.

De acuerdo al texto, que incorpora al régimen a la ganadería de llamas, el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años.

La iniciativa, que contó con el respaldo de todos los bloques, fue presentada por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, tras un trabajo acordado con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, Mayans dijo que el proyecto podría tratarse sobre tablas en la sesión de esta semana. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) planteó sus inquietudes sobre una redacción que dejaría “en estado de debilidad” a los pequeños productores.

Ante esas diferencias, pero que no incidieron en el acompañamiento a la iniciativa -es decir, se pasó a la firma sin disidencias-, quedó en stand by la posibilidad que pueda llevarse al recinto esta misma semana.

Qué prevé el proyecto

De acuerdo al proyecto, se indica que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

El proyecto establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.

El artículo 12 del proyecto, que fue el que despertó la inquietud de Juntos por el Cambio, es el que expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. La palabra “prioritariamente” fue la que De Angeli propuso sacar del texto.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el proyecto.

El debate de los senadores

En el arranque de la reunión, el presidente de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), señaló que “la actividad ovina ha sido una de las actividades más importantes en otra épocas”, pero “a fines del siglo XX fue decayendo la actividad, hasta que apareció una ley de promoción ovina, que permitió empezar a recuperar no solo los planteles, sino a los productores”.

“Creemos que es necesario incentivar esta actividad”, sostuvo el puntano, que agregó: “Tenemos una gran premura en que se apruebe porque nos hemos quedado sin la promoción y es para no dejar al desamparo a un sector tan importante como este”.

Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (FdT) aseguró que para su provincia “es muy importante” y que esta ley constituye “una demanda muy fuerte en nuestra Patagonia”, por lo que agradeció los aportes del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

A su turno, la santacruceña María Belén Tapia afirmó que esta ley “es un gran anhelo de todos los sectores productivos que tenemos acá en nuestra provincia”. Propuso que, en vez de llamas, se incluya la palabra camélidos, para alcanzar a los guanacos. Pero Mayans dijo que Basterra aclaró que se trata de promociones distintas, al igual que los caprinos.

El rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) se mostró “muy satisfecho” con el proyecto, que tuvo en cuenta aspectos de la iniciativa presentada en la Cámara baja por Luis Di Giacomo, el diputado de su espacio. “Estamos ante una política de Estado” que consiste en “recuperar y consolidar la ganadería ovina en todo el país”, enfatizó.

En su intervención, Alfredo de Angeli (Pro) consideró a la iniciativa como “una buena ley”, pero observó que aunque el artículo 6 “habla de los pequeños productores”, en el artículo 12 “se habla de que se va a tener en cuenta la cantidad de ganado” para la distribución de los fondos.

Sobre ello, reveló que productores le manifestaron su preocupación por que “se les puedan resentir” los fondos, y “se encontrarían en un estado de debilidad”. Entonces, propuso establecer porcentajes sobre el stock y las unidades productivas, algo con lo que coincidieron incluso luego los oficialistas Daniel Lovera y Silvia Sapag.

El entrerriano también planteó “cómo actualizamos esos 850 millones de pesos”, ya que “hoy es una buena moneda, pero en dos, tres o cuatro años no sabemos cómo va a ser el índice de actualización”.

Mayans respondió que el proyecto es fruto de “un trabajo conjunto muy importante” y “una especie de síntesis acordada con Diputados”, con lo cual no aceptó modificaciones al texto y expresó que si Juntos por el Cambio firmaba con disidencias sería complicado llevar la iniciativa al recinto esta semana.

“No se especifica actualización porque están muy celosos (en el Ejecutivo) del tema presupuestario y de tomar compromisos sin ver cómo va a evolucionar la economía y la inflación”, explicó.

Sobre la distribución de los fondos, el senador formoseño apuntó que “la autoridad de aplicación junto con la CAT establecerá los criterios de distribución”, por eso no se fijan porcentajes.

El oficialismo en el Senado avanzó con un proyecto de declaración que insta al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender gastos por la pandemia de Covid-19 y no para pagar deuda.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, se debatió este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde su autor defendió la propuesta y negó que tenga como objetivo entorpecer las negociaciones que encara Guzmán con el organismo internacional, como tampoco “una interna en el Frente de Todos”.

“Hemos visto que hay algunos operadores, economistas, que están aconsejando imponer en la opinión pública la necesidad de que como están por delante vencimientos de una deuda irresponsablemente tomada por la gestión anterior, sería conveniente destinar estos fondos para afrontar esos pagos”, señaló.

En ese sentido, consideró que “si el FMI nos asigna esa plata y resulta que la usamos para pagarle créditos, no estamos solucionando ningún problema”.

En su intervención, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, arrancó recordando que “se recibió al país prácticamente en default”, y destacó que la Argentina no estaba en condiciones de recibir el monto de préstamo que recibió la gestión de Mauricio Macri. “Como máximo, podíamos recibir 15 mil millones”, apuntó, reiterando que la mayoría del dinero se fue con “la usura” y “dejaron a la Argentina sin ningún tipo de arma financiera para poder combatir este tipo de flagelos que hoy tenemos”.

Detalló en otro pasaje que mil millones de dólares representan “50 hospitales de alta complejidad como el que tenemos acá en Formosa”, para señalar luego que si el dinero extra que llegue del Fondo es destinado “a pagar la usura y estos créditos ruinosos, no nos va a ayudar en el desarrollo de la economía”.

“Es oportuno tener una utilización correcta de los fondos que recibamos -añadió-. Primero tenemos que crecer y generar empleo”.

Luego de Mayans, habló el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien tras indicar que la Argentina necesita hacer “una buena reprogramación de la deuda pública y tenemos todos que ayudar y contribuir”, preguntó si esta declaración no podría llegar a entorpecer la negociación que está desarrollándose con el FMI, y si el ministro Guzmán está de acuerdo con el mismo.

Para la radical Silvia Elías de Pérez, “llama la atención que el propio bloque oficialista venga a sugerirle, a decirle, a marcarle a su propio ministro de Economía, en qué debe usar los fondos”. “Nos hubiera encantado que venga el ministro y nos explique”, sostuvo la senadora tucumana.

En el mismo sentido, reclamando la presencia del funcionario, el riojano Julio Martínez expresó que el proyecto “claramente no está destinado al FMI, sino al ministro Guzmán”. “Se necesita de alguna manera marcarle la cancha al ministro”, opinó y dijo que el proyecto es “absolutamente innecesario” porque “los mismos voceros del FMI cuando anuncian esto, piden que no sea para pagar deuda”.

“Hay contradicciones en el bloque que está planteando esto”, lanzó el senador de la UCR sobre el Frente de Todos y agregó que “no hay tanto apuro de aprobación” ya que el giro sería en agosto.

Parrilli comparó que estas afirmaciones por parte de la oposición son iguales que las que se dijeron cuando el bloque le hizo una carta al FMI. Y defendió que el proyecto es para que “el ministro tenga una herramienta de qué decirle y qué plantearle al FMI”.

“No estamos hablando de una ley, estamos hablando de un proyecto de declaración para tomar una medida en el momento en que esto se instrumente”, aclaró y continuó: “Cuando llegue el momento y estén esos fondos debatiremos en el Presupuesto si hay que hacer modificaciones”.

El senador K enfatizó: “No es la interna del Frente de Todos. Este es el problema de Argentina con su deuda, una de las tantas cargas pesadas que nos dejó la gestión anterior”.

Y, finalmente, insistió que con la iniciativa “se está ayudando a nuestro Gobierno para que tenga todos los elementos a su favor, para que cuando se siente a negociar, además del equilibrio fiscal, además del equilibrio comercial, además de pagar las deudas, hay que lograr un equilibrio social en Argentina. Nosotros somos pagadores y siempre hemos pagado las deudas”.

En el encuentro, el oficialista Jorge Taiana explicó que “los derechos especiales de giros no están atados a condicionamientos, porque no son créditos”, por lo tanto “se puede hacer lo que se quiera con ellos”. “El mismo Fondo dicen ‘úsenlo para la pandemia y para la situación social'”, remarcó.

Y sumó que “desde el papa (Francisco), hasta (Klaus) Schwab, el creador del fondo de Davos, coinciden en que hay una situación gravísima, que no hay recuperación de la demanda si no hay un estímulo fuerte, y en que hay que parar el nivel de desigualdad”.

Tomó luego de nuevo la palabra Parrilli para celebrar la noticia de que “legisladores de Estados Unidos solicitaron que el FMI suspenda el cobro de la deuda a la Argentina como consecuencia de la pandemia”. “Evidentemente no estamos entorpeciendo la labor del Gobierno, sino en todo caso ayudándolo”, consideró.

En el final, el presidente de la comisión, Carlos Caserio, enfatizó: “No necesitamos citar al ministro Guzmán ni a nadie, porque somos el Senado de la Nación. Y tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestras ideas democráticamente, por eso fuimos elegidos por la gente”.

El cordobés reiteró que se trata de “un proyecto de declaración”, por lo tanto “no es vinculante”, sino “una opinión sincera, responsable”.

Con críticas al gobierno de Cambiemos, el senador observó que “se hipotecó al pueblo argentino por 55 mil millones de dólares, que gracias a este presidente (Alberto Fernández) son 44, y ni siquiera se pasó por el Congreso de la Nación. Fue una decisión unilateral de quien conducía el país”.

“Es inentendible que teniendo estos recursos para hacer que los argentinos estén un poco mejor después de la situación vivida por la economía del país y encima por la pandemia, estemos discutiendo si esto es justo o no es justo. ¿Lo injusto saben qué sería? Que esto vuelva a la especulación financiera”, observó y sentenció: “Esto no significa un apriete para nadie, es la voz del Senado, y el Ejecutivo hará lo que tenga que hacer”.

El proyecto solicita que el dinero no se vuelque “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, se pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará este miércoles, a partir de las 14, con el tratamiento del proyecto de ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país.

El encuentro, que será de carácter remoto, contará con la participación de los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Juan Cabandié (Ambiente). También expondrán Carlos Gentile, exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el pasado 27 de marzo con 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca establecer la EAI como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales.

En el texto, se define a la EAI como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.

La propuesta prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

También se crea la “Coordinación Ejecutiva” de dicha estrategia, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de asesores, entre los cuales podrán ser parte legisladores de las comisiones de Ambiente y Educación del Congreso.

Esa Coordinación “se convocará en un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley y realizará una revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que refleje los consensos alcanzados y establezca el marco operativo para su implementación”.

A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 -de Educación Nacional- que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.

Entre otro de los puntos, establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expuso este martes ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado, donde ratificó su rechazo a que los conceptos de horas extras y bono por productividad puedan deducirse del impuesto a las Ganancias, como lo había planteado durante el debate en la Cámara baja.

El funcionario se refirió a las incorporaciones que tuvo la iniciativa en la discusión en Diputados -que dio media sanción al texto el pasado domingo-, y manifestó no estar de acuerdo con “la intensificación del trabajo” porque “no es correcto que se incentive el trabajo en exceso de la jornada”.

En ese sentido, dijo que el trabajo en exceso “tiene un montón de problemas; en el mundo y Argentina no es visto bien” ya que “aumenta los accidentes y el trabajador tiene menos tiempo con su familia”. “Es una cosa extraordinaria que no tiene debe ser incentivada”, insistió.

En cuanto al bono por productividad, agregado a última hora en el proyecto, también señaló que “no puede ser intensificación de las tareas ni que estemos premiando la aceleración de la línea de producción. No es un buen método, afecta al trabajador”.

“Tenemos que pensar que sea un esquema que no exija un esfuerzo extraordinario de intensificación de las tareas por parte de los trabajadores”, pidió Moroni.

En cuanto al proyecto, el titular de la cartera laboral sostuvo que “es una larga aspiración que hoy vamos a ver cumplida, gracias a este impulso que ha tenido tanto en el Congreso como de parte del Gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández”.

“Es una ley que todos estábamos esperando”, destacó y apuntó que va en línea con “uno de los objetivos que se planteó el Gobierno, que es que los salarios crezcan en términos reales”. Además, afirmó que la medida ayuda “a la reactivación”.

El ministro recordó que “la tradición argentina indicaba que el impuesto a las Ganancias alcanzaba algo así como el 10% de los trabajadores”. “Como consecuencia de la falta de modificación o adecuación del rango que quedaba alcanzado, en la actualidad estamos llegando casi al 20%”, indicó.

A partir de esta nueva norma, “vamos a volver a lo que es cercano a lo que normalmente ha sido la tradición”. El funcionario precisó entonces que, de acuerdo a las cifras de noviembre de 2020, los trabajadores que ganan por encima de 150 mil pesos están “entre el 7 y 8%”. “Nos parece justo que este sea el rango” que pague el tributo, aseveró. Asimismo, puntualizó que ese porcentaje “representa el 25% de la masa salarial total”.

En cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para establecer deducciones especiales para los salarios entre 150 y 173 mil pesos mensuales, argumentó que “va a permitir corregir un problema básico que tenía el sistema del impuesto a las Ganancias que es los saltos por escalera”.

“La ley permite que mediante reglamentaciones del Ejecutivo esto se convierta en una curva”, agregó y aclaró que servirá para que “el crecimiento del haber bruto nunca pueda implicar la pérdida del haber neto”.

Moroni enfatizó que “es un proyecto adecuado, esperado, y el sector que queda gravado corresponde que quede gravado, porque tiene un ingreso promedio mucho más alto que el resto de la población”.

Ante una pregunta del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, el ministro manifestó que alcanzará a alrededor de 1.300.000 trabajadores y jubilados, pero “esto es dinámico, va variando, estamos trabajando con números de noviembre y diciembre de 2020, pero esa es la cifra adecuada”.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, reanudarán este viernes el debate sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

En la tercera reunión informativa, que se realizará a partir de las 15, los legisladores escucharán las posiciones de dirigentes sindicalistas sobre el proyecto que prevé elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos, al tiempo de incluir una serie de exenciones y la retroactividad al 1ro. de enero.

Expondrán por videoconferencia los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el diputado Hugo Yasky por la CTA; y por la Corriente Federal de Trabajadores lo harán Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Carlos Minucci (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).

En nombre del Frente Sindical estarán Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); y cierra la lista de invitados Ricardo Peidró por la CTA Autónoma.

Previo a este viernes, los gremialistas participaron de distintas reuniones con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y diputados del oficialismo, durante las cuales acercaron sus propuestas, a la vez que expresaron el respaldo a la iniciativa.

En el marco del arranque del debate del proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias, de modo de llevar el mínimo no imponible a un piso de 150 mil pesos, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, informó que la iniciativa tiene un costo fiscal de 41.250 millones de pesos, contemplando las modificaciones que se conocieron en las últimas horas.

“Vemos absolutamente necesario volver a un esquema donde la proporción de trabajadores y trabajadoras que paguen el impuesto a las Ganancias esté en un rango razonable”, señaló el funcionario del Ministerio de Economía, y agregó que el proyecto hará “retrotraer” la situación anterior a “lo que sucedió entre 2015 y 2019” cuando “prácticamente se duplicaron los trabajadores y trabajadoras que comenzaron a pagar” el tributo.

Arias destacó que “la propuesta que se presentó en Diputados la estuvimos trabajando desde el Ministerio de Economía junto con la AFIP, diputados y asesores, y fuimos mejorándolo al proyecto e incorporando sugerencias que se hicieron desde el movimiento obrero organizado”.

Durante la primera reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, el secretario de Política Tributaria remarcó que el proyecto establece “un esquema relativamente novedoso, más simple, más fácil de entender, que es que las personas que ganan hasta 150 mil pesos de remuneración bruta no van a estar alcanzados por el impuesto”.

Además, aquellos trabajadores que están entre los 150 mil pesos y 173 mil pesos, “van a tener un esquema donde el incremento de la deducción se va a ir reduciendo gradualmente”, explicó.

En tanto, para los jubilados y pensionados, el funcionario indicó que “se eleva de seis a ocho los haberes mínimos a partir de los cuales van a estar alcanzados” y “se flexibiliza el requisito de que no tienen que tener ingresos de otra categoría para poder acceder a este beneficio”.

Arias estimó que con la medida “1.260.000 personas van a dejar de pagar el impuesto” y, si se contemplan a los salarios entre 150 mil pesos y 173 mil pesos, “serán cerca de un millón y medio”. “Esto tiene un costo fiscal de 41.250 millones de pesos”, detalló y aseguró que el beneficio se convertirá en “dinero que se va a volcar al consumo”.

En su exposición, el secretario aclaró que los nuevos pisos se van a ajustar anualmente por el RIPTE -índice de variación salarial-; ponderó “la posibilidad de deducir al concubino, en función de la modificación de 2014 del Código Civil”, el mantenimiento del beneficio para la zona patagónica; y subrayó que “la vigencia va a ser a partir del 1ro. de enero de 2021”, lo cual “va a implicar una devolución de la suma retenida en el caso de las personas que ya ganaban menos de 150 mil pesos”.

“Esta es una reforma que es sustentable, progresiva y que mantiene los criterios de equidad que nosotros cuidamos que cualquier elemento que se vaya modificando del sistema impositivo aporten a esta visión, la de tener un sistema que sea fundamentalmente más progresivo, pero que también ayude a la sostenibilidad fiscal y aporte a un desarrollo armónico del país”, finalizó.

Con aval unánime, las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de ley que busca incentivar la construcción privada, con el fin de reactivar el sector.

La iniciativa, que fue votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, establece una serie de beneficios tributarios y la posibilidad de un blanqueo para aquellos inversores que regularicen sus activos y destinen los fondos a proyectos de construcción.

Por el Ministerio de Economía, participó del plenario el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien indicó que el proyecto “está orientado a atender una problemática que estamos teniendo” con el sector, que en 2018 y 2019 mostró “una caída muy importante de los empleos registrados como consecuencia de la caída macroeconómica”. En tanto, en el 2020 se sumó la pandemia, con lo cual la actividad se vio “críticamente afectada”.

El funcionario señaló que la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA, tiene como objetivo “incentivar una mayor actividad económica, pero también movilizar los ahorros de los argentinos hacia la construcción”.

“Los beneficios tienen dos grandes partes: un beneficio a los cumplidores, aquellos contribuyentes que venían declarando todos sus activos, con una exención por dos años del impuesto a Bienes Personales”, detalló, además de mencionar que se estipula “un crédito fiscal del 1% respecto a todas las inversiones realizadas”.

Arias explicó que también se elimina “una traba muy importante”, al permitir “diferir el pago del impuesto a las Ganancias al momento en que una persona que transfirió el inmueble para la construcción, por ejemplo un edificio, realmente perciba una ganancia”.

Respecto del capítulo referido al blanqueo, el secretario apuntó que podrán acogerse al régimen en “un plazo bastante corto, son 120 días a partir de la vigencia de la ley”. El blanqueo “lo orientamos con una finalidad muy especifica”, subrayó.

En respuesta a los senadores Oscar Parrilli (FdT) y Víctor Zimmermann (UCR), quienes preguntaron si hay una estimación sobre el monto que podría obtenerse a partir del blanqueo, el funcionario afirmó que “es bien difícil hacer estimaciones”. “El INDEC hace un estudio periódico sobre los fondos que están en el exterior no declarados, creo que el último dato está en el orden de los 220 mil millones de dólares”.

A continuación, Arias recordó que el blanqueo de 2016 “si se quiere fue muy exitoso en términos del porcentaje que se logró incluir”, pero “a nuestro juicio no fue bueno”, porque se trataba de “declarar los fondos pero ni siquiera había un compromiso de traerlos al país y mucho menos hacer una inversión productiva”.

Aún si se exteriorizara un “porcentaje bastante pequeño de los fondos que están hoy fuera del sistema”, para el secretario eso “significaría un impacto importante para la industria, significaría una importante creación de puestos de trabajo y, sobre todo, poner en funcionamiento esos fondos que empiezan a producir empleo y valor agregado en el país, en lugar de estar en un colchón o en un banco en el extranjero”.

“Calculando entre el 1% y 2% de los fondos que tienen los argentinos y argentinas en el exterior, ya sería un éxito muy importante para esta ley”, agregó.

En otro tramo de su exposición, el funcionario aclaró que “el objetivo de esta ley no es puntualmente recaudatorio, sino incentivar la construcción”. “Obviamente tiene impacto recaudatorio”, manifestó y resaltó que “claramente es un impuesto coparticipable, porque la ley no especifica puntualmente el destino de los fondos”.

En su intervención, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, dijo que el proyecto “es de una promoción impositiva importante en el momento que estamos viviendo” y “obedece al modelo de reactivación”. “Sería bueno tener un registro para saber cómo impacta a nivel nacional en el sentido de los empleos y las inversiones que se hacen”, consideró y sugirió que se incorpore este tema en la reglamentación, de modo de “informar al Parlamento de forma semestral sobre el impacto”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) advirtió que “los blanqueos la verdad que son una mala experiencia en Argentina”, aunque “es cierto que de vez en cuando hay circunstancias excepcionales”, pero “Argentina vive de circunstancias excepcionales”. “Esto muestra que hay un problema más profundo y es que se sigue generando negro en Argentina a una escala muy grande”, añadió.

Además, el radical dijo que le parece “llamativo que esté solamente incluida la construcción” ya que es una actividad que “se recuperó rápido” y “hoy está por encima (de los números) de febrero de 2020”.

Hacia el final de la reunión, la titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FdT), ponderó que el proyecto “tiende a dar solución a problemas que aquejan al país en esta circunstancia tal especial”, al tiempo que atiende sobre “el permanente déficit de vivienda habitacional”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo: “Creo que es una muy buena ley, que permite una cosa muy importante y es que el dinero que está fuera del país pueda volver, no solo con un fin recaudatorio sino destinado a desarrollar las inquietudes y necesidades que tenemos los argentinos”.

“La ley es bastante equilibrada”, opinó el cordobés, al tiempo que aseveró que “el blanqueo siempre es injusto, pero mucho más injusto es que el evasor se quede sin ingresar nada y sin exteriorizar los fondos. Por eso me parece que la ley es un gran paso y ojalá en un futuro podamos aplicarla en otras actividades”.

Puntos centrales del proyecto

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

También en la discusión en la Cámara baja, se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos incorporados a la versión original.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

Un plenario de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Diputados, que propone un incremento presupuestario progresivo para la ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 1% del PBI en el año 2032.

Abrió el debate la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), titular de Comisión de Ciencia y Tecnología, quien aseguró que esta “es una ley muy esperada por todo el sector científico de nuestro país” que “permite otorgar mayor previsibilidad y el crecimiento del sistema”.

“Ningún modelo de desarrollo nacional puede prosperar sin ninguna inversión decidida en este sector”, remarcó y señaló que se está “cuadriplicando el presupuesto”, ya que este año la inversión será de “mil millones de dólares” y en 2032 de “cuatro mil millones de dólares”.

La oficialista expresó que “este es un reclamo histórico del sector”. “Nos está tocando atravesar esta feroz pandemia, pero más allá de esto también nuestro presidente desde el primer minuto recuperó el rango ministerial que tenía la cartera”, destacó.

Y agregó que “durante los gobiernos de Néstor y Cristina se creó el Ministerio, se repatriaron más de 1.200 investigadores, y creció de manera sostenida el presupuesto del área hasta alcanzar el 0,35% del PBI”, algo que “se discontinuó en el año 2016”.

“Es el momento de abocar todos nuestros esfuerzos al sector. Con esta ley vuelve a ser la ciencia y tecnología una política de Estado”, completó.

Por su parte, la puntana Eugenia Catalfamo (FdT) consideró que la iniciativa “es sumamente importante para el futuro y desarrollo de nuestro país”, además de mostrar “el camino que quiere seguir nuestro país y este gobierno nacional y popular de la mano de Alberto Fernández”.

También desde el oficialismo, el bonaerense Jorge Taiana (FdT) dijo que “es una ley necesaria, esperada” y, respecto al incremento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI, subrayó que “nuestras metas son modestas y reflejan la realidad de nuestro país”.

Para el senador existe un desafío para que “crezca la investigación por parte del área privada”. Asimismo, enfatizó que “nuestra sociedad tiene que ir por más, por al menos un 2% del PBI” y abogó por “incrementar la meta cuando las condiciones lo permitan”.

A su turno, la neuquina Silvia Sapag (FdT) recordó un proyecto presentado junto a García Larraburu en el que ambas proponían llevar el aumento del presupuesto a la ciencia “en un 2% del presupuesto, no del PBI”, el cual “era más ambicioso”. No obstante, ponderó que este proyecto “como piso la verdad que está muy bien”.

“Hasta el 2015 tuvimos previsibilidad en los dineros destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación”, apuntó y criticó que “eso se vio interrumpido en estos últimos cuatro años de gobierno neoliberal, que intentó destruir absolutamente todo”.

Luego del cuestionamiento, la oficialista recompuso: “Pero acá estamos, con el aporte de la oposición, creando un programa certero”.

Durante el debate, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) valoró que “en este tiempo que tenemos muchas dificultades podamos debatir un proyecto de estas características”, que le da “previsibilidad y mayor presupuesto” al área. “Nuestro principal desafío es ver cómo podemos desarrollar las regiones”, observó y se preguntó sobre cómo se determinará la distribución de los fondos para cada una de las provincias, algo que “el proyecto no lo dice”.

El porteño Martín Lousteau (UCR) coincidió con Taiana en que “es cierto que la meta es modesta y también es cierto que es difícil la articulación con el sector privado”. Además, indicó que al no existir “una ley superior que garantice que se va a cumplir”, en el país “tenemos muchas leyes de presupuestos mínimos” que “no se terminan cumpliendo”.

Por eso, el legislador de Juntos por el Cambio opinó que “desde el punto de vista declarativo es muy importante, pero después hay que ver cómo lo llevamos a la práctica”. En ese sentido, resaltó que en el proyecto “no hablamos nunca de cuál es la productividad, de cuáles son los sectores prioritarios, no hablamos nunca en cuáles vamos a hacer hincapié para gastar, y no hablamos nunca de evaluación”.

Lousteau añadió que la iniciativa plantea “una carga excesiva sobre la institución Jefatura de Gabinete”, al autorizarla para las reasignaciones presupuestarias, lo que “le da menos certeza, menos tranquilidad y un rumbo menos claro a lo que estamos haciendo”.

En la recta final de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (FdT) afirmó que con esta ley la ciencia “va a mejorar año a año, y también tenemos la certeza que no vamos a retroceder” ya que “nadie al año siguiente podrá dar menos” recursos que el anterior. “Es una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno”, enfatizó.

Respecto a la inquietud de Zimmermann, el cordobés opinó que el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) será “un buen ámbito para que las provincias discutamos de qué modo los recursos que tenemos se utilicen mejor”. Y apoyó el planteo de Lousteau sobre “las prioridades”, al proponer que “promovamos un debate en el Senado con los distintos sectores” para que “en algún momento, por medio de una nueva ley, podamos determinar esas prioridades”.

Finalmente, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, calificó al proyecto como “extraordinario” y sostuvo: “Aspiramos a la ciencia y tecnología al servicio del bienestar del ser humano”. “Esta es una decisión estratégica, estamos discutiendo liberación o dependencia”, aseguró el formoseño y destacó que “es superior hablar del 1% del PBI que hablar del 2% del presupuesto nacional”.

Qué propone la iniciativa

El proyecto declara de “interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina” y tiene por objeto “establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental”.

Los fondos deberán destinarse para “promover la federalización del sistema científico-tecnológico”, así como “desarrollar y diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable”.

También, “generar nuevos empleos de calidad”, promover “la formación de profesionales”, incrementar “la infraestructura y equipamiento”, y “propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico”, entre otros objetivos.

La iniciativa prevé un aumento escalonado que será el siguiente: de 0,28% en 2021; 0,31% en 2022; 0,34% en 2023; 0,39% en 2024; 0,45% en 2025; 0,52% en 2026; 0,59% en 2027; 0,68% en 2028; 0,78% en 2029; 0,90% en 2030; 0,95% en 2031; y 1% en 2032.

Asimismo, se establece que “la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”.

“Se establecerá una distribución de los fondos con criterio federal”, estipula el texto, al tiempo que “se promoverá una consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales de ciencia y tecnología e innovación, a partir de la articulación con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT)”.

Del incremento otorgado anualmente, el 20% deberá repartirse entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y “aplicarse a proyectos que promuevan un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de menor desarrollo”.

El proyecto indica que el jefe de Gabinete tendrá que remitir anualmente “un informe respecto de la ejecución del presupuesto detallado por jurisdicciones y su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para su control y seguimiento”.

Finalmente, se señala que se podrán sancionar normas especificas para la participación del sector privado; y se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas legislativas similares.

Tras consensuar algunas incorporaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición dieron dictamen favorable a un proyecto de ley que busca incentivar la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.

La iniciativa recibió el voto unánime durante un plenario de las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, realizado este miércoles. En tanto, será tratado este jueves en la primera sesión del año que realizará la Cámara baja.

Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Vivienda, Domingo Amaya (Pro), destacó una incorporación al proyecto “consensuada con los distintos bloques” para que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “pueda continuar con las obras que hoy se encuentran paralizadas por distintos motivos”.

“Hay mucha gente que está anotada con esperanzas y está esperando, inscripta en sus provincias”, indicó y celebró que “vamos a agilizar para que el Ministerio pueda avanzar y concluir estas obras”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), detalló la iniciativa -que fue girada en octubre pasado por el Poder Ejecutivo- y aseguró que “va a contribuir al proceso de recuperación económica” y “va a generar nuevos puestos de trabajo”.

El oficialista apuntó que el texto prevé “un conjunto de medidas tributarias en favor de las inversiones en obras privadas nuevas”, y un capítulo referido a “la normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera” para “la posibilidad que gente que tiene dinero no declarado pueda hacerlo con la condición de que sean invertidos en la construcción”.

Dentro de las incorporaciones, el diputado especificó que “no podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en actividades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes”.

Sobre el capítulo agregado vinculado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los artículos “tienden a alentar la inversión en las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción a través de los diferentes programas” que ejecuta la cartera conducida por Jorge Ferraresi, expresó Heller.

“Se calcula, según ha dicho el ministro, que hay una 55 mil viviendas en distintos grados de avance reales y que se trata de obras aptas para ser terminadas y convertidas en viviendas utilizables”, agregó.

Para el legislador, la ley se trata de “un incentivo importante que llega en un momento adecuado” y que tendrá “un resultado positivo” con “un impacto en la recaudación fiscal directo e indirecto” que “va a compensar en parte el esfuerzo fiscal que se está planteando con esta medida”.

A su turno, el misionero Luis Pastori (UCR) observó que el blanqueo previsto “sigue los cánones de los blanqueos de Juntos por el Cambio, de 2016, como el de diciembre de 2019 del Frente de Todos”, pero “algo en que difiere” es que el nuevo impuesto “no tiene una afectación especial” porque “no se dice qué se va a hacer con esa recaudación”. Por eso, afirmó que tiene “la convicción de que es coparticipable, ya que no tiene afectación específica”.

Además, el radical sostuvo que “así como la Nación a todos lo que blanqueen dinero no declarado le va a eximir de todos los impuestos, que las provincias no vayan a pretender que aquel que declara su tenencia en activos financieros lo quieran gravar con Ingresos Brutos, porque en ese caso el beneficio perdería un gran incentivo”. En ese sentido, pidió “animar a los gobernadores a adherir a la ley”.

Durante la reunión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) consideró que “es un proyecto muy importante para Argentina”, porque “la construcción es fundamental para generar actividad económica, empleo y condiciones de vida digna en el caso de la vivienda social”.

El oficialista mencionó que la actividad en los últimos años tuvo un “proceso de caída”, que empezó a revertirse a partir de mayo del año pasado y ahora “tenemos ocho meses consecutivos de crecimiento del sector”. Sin embargo, señaló: “Sabemos que tiene una potencialidad mayor”.

Respecto al capítulo del blanqueo, el legislador explicó que “se plantea un proceso (de declaración) corto en el tiempo y con un impuesto especial que es creciente en el tiempo”. En este sentido, Casaretto pronosticó que, si se aprueba la ley, “rápidamente vamos a tener una inyección de pesos y dólares que estaban fuera del circulante”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable de un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que establece un beneficio extraordinario -opcional- por única vez para los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

La iniciativa, que se tratará este jueves en la primera sesión del año de la Cámara baja, recibió aval unánime.

El radical Carlos Fernández, titular de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que el proyecto “se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados a los 44 tripulantes”.

“La pérdida total de la conformación del submarino” fue “un hecho doloroso, que nos conmovió absolutamente a toda la Argentina”, sostuvo y destacó la “vocación de servicio heroica (de la tripulación), que tuvo hasta el último minuto el respeto al juramento de honor realizado cuando asumieron el servicio y fallecieron en ocasión de prestar un servicio a la defensa nacional”.

Por su parte, el oficialista Germán Martínez afirmó: “Queremos que esta ley sea un gesto de acompañamiento a los familiares”. Al describir la iniciativa, el santafesino explicó que la fórmula de cálculo prevista “ya fue utilizada para determinar los montos indemnizatorios en otras leyes reparatorias”.

“Solicitar acogerse a esta indemnización es opcional y es un acto voluntario, los que deseen continuar por la vía civil pueden hacerlo, obviamente eso los priva de la indemnización”, aclaró.

Sobre ese punto, el rionegrino Luis Di Giacomo objetó que se establezca la renuncia a “acciones en trámite o a tramitarse, porque esto tiene que ver con la búsqueda de justicia, de que puedan encontrarse determinadas responsabilidades”, e incluso que una resolución judicial determine “un resarcimiento que podría ser mucho mayor”. En ese sentido, el legislador remarcó que “coloca a los familiares frente a una disyuntiva”.

Martínez citó entonces el artículo 8 de la Ley 27.179, de reparación a familiares de víctimas de las explosiones de Río Tercero, y el artículo 11 de la Ley 27.139, de indemnización a los familiares del atentado a la AMIA, similares en su redacción al artículo 5 del proyecto, apuntado por Di Giacomo.

“Tiene carácter opcional, es un acto voluntaria acogerse a este régimen”, reiteró el diputado del Frente de Todos, que agregó: “No se le priva a ningún familiar de la posibilidad de llevar adelante las acciones que le parezcan pertinentes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, expresó que “el proyecto pretende incorporar un derecho optativo para las familias y plantea que al hacer uso de ese derecho deja sin efecto los otros caminos que los familiares podrían tener”.

“Pagar esa indemnización voluntaria y dejar abierto a que todos puedan hacer acciones judiciales puede ser la manera no más conveniente de actuar, esto visto desde el punto de vista de la gestión y los intereses que tenemos la responsabilidad de administrar”, completó el oficialista.

Qué prevé el proyecto

La iniciativa reconoce a los y las familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado un año y un día después, “el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”, el cual “tendrá el carácter de indemnización extraordinaria”.

Podrán acceder al beneficio los hijos y las hijas por partes iguales; a falta de hijos o hijas, los progenitores y las progenitoras por partes iguales; el o la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte; y el o la conviviente supérstite, siempre que hubiese convivido con carácter público, notorio, estable y permanente con algún o alguna integrante del personal militar tripulante durante al menos dos años inmediatamente anteriores al día de la desaparición de la nave.

La indemnización “será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.

“El cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”, indica la iniciativa.

Además, estipula que “el otorgamiento del beneficio previsto por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.

“El pago del beneficio (…) liberará al Estado de la responsabilidad patrimonial que le pudiere corresponder frente al beneficiario desinteresado”, estima el artículo 6, que fue mejorado en su redacción por una sugerencia del diputado Juan Aicega (Pro).

También se establece que “en los casos en los que se haya reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial y la misma haya sido percibida, los beneficiarios y las beneficiarias solo podrán percibir la diferencia entre lo establecido” por la ley y “los importes efectivamente cobrados”. “Si la percepción hubiera sido igual o mayor, no tendrán derecho a la asignación pecuniaria”, agrega.

En tanto, “si al tiempo de solicitar el beneficio extraordinario existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos”, quienes pretendan acogerse al régimen deberán acreditar ante el Ministerio de Defensa “haber formulado el correspondiente desistimiento de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho”.

La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.

El Ministerio de Defensa, que será la autoridad de aplicación, tendrá a su cargo el pago de las prestaciones mediante depósito o transferencia en bancos oficiales de la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario o de la beneficiaria.

Finalmente, la Jefatura de Gabinete queda autorizada a realizar “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para dar cumplimiento a la norma, que entrará en vigencia una vez que se publique en el Boletín Oficial y tendrá vigencia por un año.

Comenzó febrero y el Senado puso marcha al trabajo legislativo, que estuvo paralizado todo enero, desde la última sesión realizada en diciembre, cuando se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta semana, la Cámara alta no sólo realizará una sesión extraordinaria el jueves, sino que también tendrá actividad de comisiones. En ese sentido, este miércoles a partir de las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el cordobés Carlos Caserio (FdT), tratará uno de los proyectos incluidos por el Gobierno en el temario de verano.

Se trata de la iniciativa para ratificar el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.

En los argumentos del proyecto, el Poder Ejecutivo señaló que “como consecuencia” de la emergencia económica y la pandemia “se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”.

“El Estado Nacional y las provincias han asumido el compromiso de aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias a efectos de mejorar y avanzar en la armonización de las acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los y las contribuyentes, en el marco del federalismo fiscal”, señaló el Gobierno en la iniciativa.

Dentro de los compromisos comunes asumidos, el Consenso Fiscal prevé “la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos” previsto en la Ley de Coparticipación (N° 23.548).

Por otra parte, en el documento se estipuló “suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos”.

A su vez, se impulsa la continuidad de una “mejor adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los y las contribuyentes del Convenio Multilateral”.

De igual forma, se han introducido modificaciones tendientes a “homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el impuesto automotor, con el fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar de radicación, así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo”.

También se pactó la definición de “una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, manteniendo como eje la sostenibilidad de sus deudas”.

En esa línea, Nación y las provincias acordaron que “a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, previéndose ciertas operaciones de manera excepcional”.

Asimismo, “que las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020”.

Por último, “en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacionla y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 ‘postpandemia’ en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, se acordó poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal”, indicó el Poder Ejecutivo.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El despacho reunió un total de 42 firmas que, además de la adhesión de los legisladores oficialistas, contó con el aval de tres opositores.

Se trata de Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, y de Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. Ambos suscribieron por ser parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto, el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, acompañó el proyecto como miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, se prevé que el Frente de Todos contará con los votos necesarios para lograr la sanción de la ley el próximo martes 29, que es rechazada enfáticamente por Juntos por el Cambio, la izquierda y una parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca.

Por su parte, 36 diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI firmaron un dictamen de rechazo en minoría. También lo hizo, en soledad, el diputado del FIT Nicolás Del Caño.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Debate caliente

Arrancó como primer orador el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (UCR), quien defendió el dictamen de Juntos por el Cambio. Al recordar la “promesa” de campaña del presidente Alberto Fernández de que “iba a aumentarle a los jubilados” e “iba a utilizar las Leliqs” para beneficiarlos, criticó que “la primera medida” que tomó al llegar al Gobierno fue “la suspensión de la movilidad jubilatoria”.

Esto resultó “una pérdida para todos los jubilados”, señaló el radical y apuntó que este año “todos los jubilados en Argentina han recibido menos” de lo que les hubiera correspondido. En esa línea, habló de un “42% de incremento en los haberes” que “ningún jubilado ha logrado”.

“Los que cobraban 20 mil pesos en febrero de 2020 han tenido un aumento 11 puntos inferior a lo que marcaba la ley de movilidad, 31 contra 42. Por mes están perdiendo 2.000 pesos por beneficio. Los que cobraban 40 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 6.000 pesos menos por beneficio. Los que cobraban 80 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 13.800 pesos menos por beneficio. Estos son los datos”, detalló.

El legislador puntano aseguró que “la única razón” para suspender la fórmula fue “ahorrar recursos”, los cuales se estiman fueron por “100 mil millones de pesos”. “¿Dónde quedó lo del 20% de aumento, dónde quedó usar las Leliqs?”, se preguntó e insistió que fue “una año de pérdida” para el “grupo más vulnerable, el grupo de riesgo principal” durante la pandemia.

“Lo que más nos preocupa de la fórmula es que quitan la inflación como variable”, explicó, al argumentar que “es por definición, por concepto, la medida para preservar el poder adquisitivo”. “Lo que hacen es que la caída de las jubilaciones no tenga piso”, continuó y cuestionó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijera que “de ninguna manera iba a haber ninguna garantía, ninguna cláusula gatillo”.

En otro tramo, Cacace subrayó que “primero anunciaron que el 5% de aumento que había para diciembre ya no iba a ser un aumento, sino en realidad un pago a cuenta, que cuando se pagara lo de marzo, lo iban a descontar. Después, el proyecto que salió de la comisión bicameral le agregó esa disposición transitoria al Ejecutivo que no había sido nunca discutida”.

Pero en la media sanción del Senado, “resulta que no dieron marcha atrás”, aclaró el diputado, sino que “cambiaron la fórmula de cálculo para marzo: antes marzo era todo un pago del segundo semestre de 2020, y ahora se calcula solo sobre el cuarto trimestre. Entonces, claramente, se roban un trimestre”.

Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) defendió que el proyecto “no es del Poder Ejecutivo ni del Senado, sino del Frente de Todos” y fue “trabajado en conjunto” dentro del oficialismo. Haciendo referencia al “pasado”, el legislador recordó que el Gobierno anterior dejó “un déficit previsional de 250 mil millones de pesos” y un Fondo de Garantía de Sustentabilidad “totalmente devastado”.

También, el diputado le enrostró a la oposición que en la gestión de Cambiemos se registró “la inflación más alta de los últimos 27 años” y, en esa línea, afirmó que la fórmula aplicada desde diciembre de 2017 hizo que “los jubilados, los beneficiarios de la AUH y los veteranos de Malvinas” se vieran “perjudicados”. “Demostró, los datos son concretos, que hubo una pérdida del poder adquisitivo en un orden del 19,5%”, añadió.

Rauschenberger justificó que era necesaria “una fórmula que realmente los contemple, mejore sus haberes, y a la vez haga sustentable el sistema”. En alusión a la participación de expertos en la comisión bicameral mixta de movilidad, el oficialista remarcó que “lo que dijo la Corte fue muy claro, que la movilidad no implica ajuste por inflación”, sino que los haberes de jubilados deben “seguir la lógica evolución de los salarios”.

“Cuando hay aumento de la recaudación en un contexto inflacionario, la inflación tiene un componente ahí”, dijo, y abundó que “las convenciones colectivas de trabajo” se discuten en base a una cuestión fundamental como es “el costo de vida”.

Por eso, concluyó que “implícitamente la inflación está contenida tanto en la recaudación como en el RIPTE y en el índice salarial del INDEC”. “Decir que hay falta de transparencia en estos indicadores es querer confundir”, reprochó y mencionó que el RIPTE estaba en una de las variables de la fórmula de Cambiemos.

A su turno, la chaqueña Alicia Terada (CC-ARI) enfatizó: “No vamos a consentir un nuevo despojo para nuestros jubilados”. Y reclamó que “no se llegó a ningún consenso” y “no fue conclusión de la comisión bicameral este proyecto”. Asimismo, la opositora rechazó el “trámite exprés e inconsulto” de la iniciativa “y en una fecha totalmente inesperada”. “Mire qué regalito de Navidad le estamos dando a nuestros jubilados”, ironizó.

A continuación, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) observó que lo que se “está postergando” es “el debate de fondo” que consiste en que “el sistema está quebrado”. “Lo único que reina es la incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar con las variables económicas”, sumó y señaló “qué paradoja que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que se ajuste por inflación”.

Sobre eso, ahondó que una fórmula con componente inflacionario “se vuelve exitosa cuando la que fracasa es la economía”, porque “una economía sana se supone que crece y crece por estabilidad”. Entonces, tener una fórmula con inflación es “dejar afuera de los beneficios del crecimiento a los jubilados”.

Pero, además, el legislador expresó que “la otra preocupación” es que “no hemos visto a lo largo del año ninguna de las dos señales (por parte del oficialismo) que, a nuestro criterio, son absolutamente necesarias e indispensables”. Una de ellas es “la búsqueda de los consensos necesarios para encontrar un diagnostico común”, sostuvo, y la otra “ciertas medidas de política económica que dieran por entender” que una vez “despejada” la situación por la pandemia “iniciemos un camino de recuperación por la vía correcta”.

En contra del proyecto, el diputado Nicolás Del Caño resaltó que a los jubilados “se les recortaron 98 mil millones de pesos”, al suspender la fórmula del gobierno macrista que, recordó, hubo legisladores del peronismo que votaron en diciembre de 2017. También criticó que el nuevo cálculo se conociera “unas horas antes de la llegada de la misión del FMI” por un comunicado de prensa, y consideró que este año lo “fundamental” era “recomponer el haber” de “los 19 puntos que perdieron con Macri”.

En alusión a la votación de la fórmula de movilidad en diciembre de 2017, el santafesino Luciano Laspina (Pro) rememoró que esa ley salió en “un clima de violencia tanto dentro como fuera de este Parlamento”. “Era la barbarie, la imposición de una oposición por la fuerza, eso es lo que se intentó”, fustigó y aseguró que esa fórmula, enfáticamente rechazada por el kirchnerismo en ese momento, “hoy a la luz de la experiencia vemos que se comportó mejor de la que hoy propone el oficialismo”.

Para el macrista, se está discutiendo una nueva fórmula porque la anterior, que se suspendió, este año “le devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que le dio papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses”. “Lo demás es puro cuento, es verso, lo demás es toda retorica”, lanzó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “cuánto mayor rezago tiene la fórmula, más prorrogado en el tiempo es la recuperación de las jubilaciones” y “esta fórmula aumenta el rezago promedio respecto a la de 2017”. Además, opinó que se trata de una fórmula “inentendible” que “no garantiza sustentabilidad” y la calificó como “un engendro que no existe en ninguna parte del mundo”.

“Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner. Repetir todo como si la historia fuera la misma”, exclamó, y pronosticó: “En septiembre del año que viene, justo antes de las elecciones, ahí es muy probable que el aumento sea muy significativo. Te van a devolver una parte de lo que te robaron este año, una parte de lo que te van a robar el año que viene, para seguirte robando después de las elecciones. Es un recurso típico de los populismos”.

A la extensa intervención de Laspina le siguió el discurso de Leopoldo Moreau (FdT), que dijo sentirse aludido, y se abrió el momento de más tensión durante el encuentro. Hacia al final del uso de la palabra, los integrantes de la bancada opositora comenzaron a los gritos, entre ellos se la vio vehemente a la macrista Silvia Lospennato.

Moreau consideró que Laspina hizo una exposición “dictada por el resentimiento, el revanchismo” y en la que incurrió en “enormes confusiones”, además de “mezclar cosas insólitas”. “Dice que se viene una reinstauración populista impuesta por la vicepresidenta y a la vez sostiene que esta fórmula es una fórmula de ajuste… En general, el populismo no se caracteriza por esa naturaleza, por promover fórmulas de ajuste”, manifestó.

“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó del 2015 al 2019 de 68 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares”, subrayó el kirchnerista y puntualizó que “el déficit de la ANSeS fue de 250 mil millones de pesos”. “¡Vaciaron el sistema previsional de Argentina, lo llevaron al colapso!”, disparó y enfatizó que las modificaciones al proyecto se dan porque “se escuchó”.

Entonces, completó: “Si ustedes hubieran escuchado en el 2017 no hubieran tenido que poner ni gendarmes ni prefectos a reprimir a la sociedad argentina en la puerta del Congreso, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos, no hubieran perdido la vista por balas de goma ocho chicos. ¡Ustedes no escuchaban nada más que a los grupos concentrados y por eso desplegaron la represión ese día!”.

Le salió al cruce el diputado Fernando Iglesias (Pro), que señaló que esta vez “no hay nadie reventando una plaza, pagado con dinero público” y “no está ni el gordo mortero, que pertenecía al partido de un diputado que hoy estaba muy tranquilito, parece que había tomado un rivotril (en referencia a Nicolás Del Caño)”.

El macrista diferenció que hoy hay “una oposición que no es golpismo” y reclamó que el oficialismo actual, otrora oposición, intentó “durante 11 veces levantar una sesión que era regular. Eso son ustedes, el club del helicóptero. Nosotros somos una oposición”.

“Al decir que esta fórmula de movilidad implica un ajuste para los jubilados, siento que están tratando de construir una posverdad”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), que consideró que uno de los “objetivos” es “tratar de desacreditar las acciones positivas de este Gobierno”.

Y el otro “es tratar de ocultar que la anterior fórmula sí evidenció un verdadero ajuste a los jubilados. Primero, porque les eliminó un trimestre. Y, además, porque el desfasaje de seis meses, con las enormes cifras de inflación que generó la gestión de Mauricio Macri, pegó muy duro en el poder de compra de los jubilados, jubiladas, beneficiarios de la AUH y otros”, remarcó.

El oficialista argumentó que “no es que no se quiere poner la inflación porque no se le quiere dar una garantía a los jubilados”, sino que “la Argentina necesita salir de dos trampas en las que está metida hace mucho tiempo, que son la indexación y dolarización”. Sin embargo, afirmó que la política del Gobierno “va a generar salarios que le van a ganar a la inflación y aumento de la recaudación impositiva”.

“No va a haber trimestres perdidos como acá se dijo, es mentira”, subrayó y añadió que “no hay opacidad, no hay secreto, no hay ocultamientos” en las variables, solo que “todavía no están todos los datos del mes de octubre”. “No construyan falacias de cosas que no son ciertas”, pidió.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomaron este martes el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, en partes iguales.

Tras la exposición de funcionarios, los legisladores avanzaron con la discusión, durante la que volvió a surgir el reclamo por parte de la oposición sobre el componente de la inflación, ausente en el nuevo cálculo para la actualización de los haberes previsionales.

La reunión para dictaminar se realizará este miércoles, a partir de las 10, en el recinto de la Cámara baja.

Reclamo por el tiempo del debate

Al comienzo, el radical Alejandro Cacace adelantó que varios de sus pares se expresarían este miércoles, cuando está prevista la firma del dictamen y el Frente de Todos tiene la intención circular la iniciativa para la firma al mediodía. Por ese motivo, el puntano solicitó que se garantice “que esté el tiempo para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra sin limitación de horario”.

En el mismo sentido, la macrista Silvia Lospennato recordó que el nuevo protocolo dejó “establecida la regla de la presencialidad”. “No nos oponemos a que se pueda adelantar el debate”, dijo, pero anunció que “muchos” de los legisladores de su bloque iban a hacer uso de la palabra “presencialmente”.

Entonces, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en consonancia con su par Germán Martínez, afirmó que se había decidido pasar a la firma el dictamen a las 12 para no ser impedimento a quienes “quieren regresar mañana por la tarde (a sus provincias) en función de las fiestas”. “Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones”, añadió.

Pero la discusión se reabrió hacia el final, cuando la catamarqueña Lucía Corpacci expresó su “preocupación” por que “mañana la oposición no quiera extender este debate más allá del mediodía, impidiéndonos tener dictamen y, por sobre todas las cosas, que muchos diputados vuelvan a sus lugares de residencia” para “pasar la Navidad con su familia”.

La legisladora del Frente de Todos cuestionó entonces que no hayan hecho uso de la palabra este martes y mañana puedan “llegar a decir que no les permitieron expresarse y terminar en un problema”.

La intervención de la oficialista levantó la temperatura sobre el final. Una de las que salió al cruce fue la macrista Carmen Polledo, que le enrostró al oficialismo: Ustedes decidieron la agenda, nosotros no. Hay que hacerse cargo de las cosas”.

“Lamento en el alma que no hayan pensado y no hayan sido solidarios con todos los diputados que tienen que viajar”, siguió y advirtió que “no corresponde limitar” las expresiones, porque no es propio de “un espíritu democrático”.

Otra de las voces desde Juntos por el Cambio fue la del macrista Luciano Laspina, que opinó que “el debate más intenso, más real, más fructífero va a hacer en el día de mañana”. “Lo de mañana no creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma”, dijo.

Finalmente, y tras varias quejas, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, garantizó: “Les aseguro que todos los diputados mañana van a poder hablar”. Y sentenció que la reunión durará las horas que tenga que durar, “y estaremos hasta que las velas no ardan”.

La inflación, en el eje de la discusión

Al igual que sucedió este lunes, la oposición reclamó por la variable de la inflación, ausente en la nueva fórmula. Y el tema lo sacó nada más y nada menos que una oficialista, la salteña Alcira Figueroa. La legisladora calificó a la iniciativa como “muy acertada” teniendo “en cuenta este tremendo año de pandemia que prácticamente paralizó a toda la economía de nuestro país y del mundo entero”.

“El proyecto es acertado, atinado, coherente con la situación que estamos pasando hoy por hoy”, abundó, pero alertó sobre su “preocupación” por el tema inflación. “Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos”, observó. “La gran preocupación y el tema que deberíamos trabajar en el dictamen es la inflación”, ratificó.

A su turno, el radical Luis Pastori manifestó la “disconformidad con la forma en que finalmente se presentó este proyecto” porque “este no es el proyecto de la comisión”, en referencia a la bicameral mixta de movilidad, que realizó a lo largo del año varias reuniones informativas con especialistas para elaborar un anteproyecto.

“Nos hemos enterado del proyecto a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, un día antes que llegue la misión del FMI”, se quejó y agregó que “ni siquiera es el proyecto del Poder Ejecutivo; este es el proyecto del Senado, esta es la verdad”.

Además, el misionero dijo que “no ha sido satisfactoria la presencia de los funcionarios” este lunes, que “no han respondido en gran medida varias preguntas que se formularon por parte de los legisladores”.

“El oficialismo no tiene la intención de que los haberes no pierdan con la inflación”, aseveró y se preguntó: “¿Por qué la obstinación de no querer colocar una cláusula? O ni siquiera una cláusula, yo propuse una palabra”.

Finalmente, Pastori advirtió que “esta fórmula es muy opaca, tiene falta de transparencia grave, porque el único que la va a poder elaborar es el Gobierno, específicamente la ANSeS”. “¿Quién va a poder controlar, tener la capacidad y contar con todos los datos?”, consultó, en alusión a los números de la recaudación.

“Esta fórmula ha sido hartamente discutida, está más que clara, mejora totalmente lo anterior”, enfatizó el oficialista José Luis Gioja, que remarcó que “los números son contundentes, cuando esta fórmula estuvo aplicándose hubo incremento en las jubilaciones. Cuando se cambió, fuimos para atrás”.

Para el sanjuanino, “no hay posibilidad que el salario del jubilado crezca si esto se actualiza solamente por la inflación”. También se expresó a favor de las modificaciones incorporadas en el Senado, que “mejoró” el proyecto, e indicó que “si hay algo transparente en cualquier gobierno son los números de la recaudación, no se pueden esconder, no se puede hacer magia”.

“Esto de la opacidad tiene que ver con tener cola de paja y no querer entender que esta fórmula tiene que ver con un país que va a empezar a crecer”, lanzó, para definir a la fórmula como “la más justa” y “absolutamente racional”.

Desde el Interbloque Federal, el santafesino Luis Contigiani pidió que se incorpore a la discusión un nuevo proyecto presentado por él y sus pares de Consenso Federal, además de su comprovinciano Enrique Estévez. La iniciativa tiene como objetivo “que patrimonialmente los jubilados no pierdan valor adquisitivo”, aseguró.

En ese sentido, el legislador detalló que contempla “recaudación, salarios y costo de vida, en forma casi similar”. En referencia a la inflación, consideró que tiene que haber “una cláusula de garantías, yo creo que el oficialismo la tiene que incorporar”.

Sobre la variable del costo de vida, Contigiani sostuvo que “se puede discutir que esté o no en la fórmula de movilidad”, pero “no se puede discutir que estamos en una Argentina en crisis y el costo de vida debe estar presente”, insistió y ratificó que votará en contra del proyecto si no hay cambios en esta línea.

En coincidencia con Pastori, el diputado señaló que “la variable recaudación es una variable que tiene una cuota de imprevisión muy grande, porque la caja de la ANSeS se nutre de muchas cajitas”, lo que le brinda una “alta discrecionalidad a la hora de determinar cuál es la recaudación final”.

Recogió el guante desde el Frente de Todos el diputado Itaí Hagman, quien explicó que “atar un precio a la inflación es básicamente congelar ese precio”, porque se trata de “sostenerlo en términos reales, ponerle un techo a una determinada variable”.

“Si uno congela, le pone un techo a las jubilaciones, claramente está perjudicando a los jubilados”, argumentó y defendió que “todos los datos muestran que entre 2008 y 2017 las jubilaciones aumentaron, los jubilados ganaron poder adquisitivo”.

Para el oficialista, introducir la inflación como variable “es decirles ‘listo, ustedes más que esto no pueden ganar'”. Además, afirmó que “los datos sobre los cuales se calcula son públicos, y además están los organismos de control”, y agregó que “la opacidad” se da “cuando tus jubilaciones están administradas por fondos de inversión”.

Durante el encuentro también habló el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, quien valoró el proyecto de su espacio que “apunta a lograr el 82% móvil del mejor salario de los últimos años que han tenido los trabajadores activos”.

Para el legislador, “el debate de fondo pasa por que el sistema previsional fue desfinanciado durante décadas” y “han metido mano en la ANSeS para pagar deuda”.

Del Caño precisó que en 2011 una jubilación mínima “cubría el 60% de la canasta básica”; en 2015, el 50%; y este año “alrededor del 36%”. “La discusión debería ser sobre la suficiencia del haber”, consideró y se preguntó: “Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?”.

En un breve plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición dieron dictamen favorable al proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”, que se debatirá este jueves en el recinto en conjunto con la iniciativa de legalización del aborto.

La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió una serie de modificaciones respecto del texto original. Así lo detalló al comienzo de la reunión el titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, que señaló que se enriqueció la redacción “a través de proyectos previos, concomitantes o ideas que han aportado al proyecto final”.

El legislador del Frente de Todos agradeció y valoró “la predisposición de todos los bloques políticos” que han tenido “muchas horas de trabajo durante este fin de semana largo”, y “en conjunto con el Poder Ejecutivo”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que se tratar de “un proyecto de gran transcendencia social” y “de bajísimo costo cuando uno lo mira en función de la relación costo-beneficio”.

El porteño precisó que, en cuanto a recursos, se trata de “5.700, 5.800 millones de pesos” por año. En ese sentido, justificó que gracias a la reestructuración de la deuda “podemos ahorrar dos puntos del PBI en intereses”, y “una pequeña porción de esos dos puntos” irá destinado a los gastos de esta ley, que significará “un un salto de calidad en la atención tanto de las madres como de los niños en sus primeros tres años de vida”.

Por su parte, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, pidió que el debate del aborto legal “no debe quitarle valor a este proyecto”, porque “si hay un sector y un segmento en Argentina, y en particular en la provincia donde vivo, que la está pasando muy mal y que son los más desprotegidos, los que no tienen voz, los que más sufren la injusticia social y la pobreza, son los niños y las niñas”.

“Este sido un tema que en lo personal lo he trabajado durante toda mi gestión como intendente (de Bolívar)”, recordó y resaltó que se está ante la “enorme oportunidad de no solamente enunciarlo, sino de ver fundamentalmente que de una vez por todas se apliquen y se ejecuten de manera eficiente las políticas públicas para mejorar la vida de nuestros niños y niñas”.

El bonaerense reclamó que no se hayan contemplado aspectos de “leyes vigentes que no se aplican de manera eficiente”; al tiempo que señaló que le hubiese gustado que “se hubiera ido más al hueso respecto a un problema que es enorme, que tiene que ver con la malnutrición”, algo que “hay que revertirlo de manera urgente”.

Asimismo, Bucca consideró “una pérdida de oportunidad” que “no hable de niños que están enfrentando efectos tóxicos que le determinan su vida para siempre”.

Finalmente, en un salón del Anexo “C” casi vacío -por la reunión posterior para dictaminar sobre el aborto-, el diputado pidió que “no pase el día de mañana y lo dejemos en el olvido”, sino que “apostemos a que una vez siendo ley lo podamos seguir mejorando”.

Puntos centrales del proyecto

El objeto de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

De acuerdo al texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.

En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.

En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.

Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.

La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.

“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.

En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.

También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.

En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.

Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.

Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.

En paralelo a la discusión del proyecto de aborto legal, la Cámara de Diputados avanzará a paso rápido con la iniciativa del “Programa de los Mil días”, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El debate comenzará el próximo lunes 30 de noviembre, último día del período ordinario, con un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda que se realizará por la mañana -con horario a confirmar-.

Al encuentro asistirán a exponer funcionarios de la ANSeS y de los Ministerios de Interior; Salud; y Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego habrá un cuarto intermedio y se llevará a cabo la presentación de la implementación “exitosa” que el mismo programa tuvo en el partido de San Miguel.

En tanto, el proyecto, sobre el cual hay un acuerdo generalizado, tendría dictamen el jueves 3 de diciembre, un día antes de la fecha prevista para el dictamen de la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo a un cronograma que se conoció este jueves luego de una reunión entre el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y diputados que son autoridades de las comisiones competentes.

La propuesta del Poder Ejecutivo, enviada el pasado 17 de diciembre, tiene por objetivo “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Entre sus puntos principales, prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos fundamentales y modelos de atención especial a grupos vulnerables.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentará este miércoles a partir de las 17.15 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el cordobés Carlos Caserio.

El funcionario asistirá a la reunión remota para defender el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre sostenibilidad de la deuda pública, que apunta a que los préstamos y programas de financiamiento del FMI requieran aprobación del Congreso.

La presentación se dará en medio de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que mantiene el país con el organismo y acceder a un programa de facilidades extendidas.

En los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo señaló que pretende “fortalecer el rol institucional del Honorable Congreso de la Nación en la autorización y supervisación del endeudamiento externo”.

El proyecto, que consta de cuatro artículos, establece que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera” que supere el máximo estimado en el Presupuesto Nacional, “requerirá de una ley especial” del Congreso “que la autorice expresamente”.

Además, “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones” también necesitarán de una ley.

Con el rechazo rotundo de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el dictamen del proyecto de ley para crear una bicameral destinada a la redacción de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, presentado por el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

Tras el aval de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, en octubre pasado, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. El despacho de mayoría reunió 26 firmas, de los miembros del Frente de Todos, del cordobés Carlos Cassinerio (Interbloque Federal) y del misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), mientras que Juntos por el Cambio presentó uno de rechazo, que alcanzó las 13 firmas -minoría-.

Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el radical Diego Mestre estalló: “Es una falta de respeto a los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una falta de respeto que usted haya aceptado este giro, cuando usted ha dicho que esto no erogara nuevos gastos”.

El cordobés recordó que desde mayo pasado en su comisión se están trabajando iniciativas sobre el tema, con reuniones informativas, y que incluso hay proyectos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que tiene “en un 85% exactamente iguales los fundamentos”. “Estábamos consensuando y muy cerca de un dictamen”, resaltó.

“¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la decisión por la que quieren quedar bien con un proyecto del diputado Ramón?”, se preguntó Mestre, y anticipó que seguirá presentando “todas las notas y los recursos que tengamos que presentar”, al tiempo que anticipó una cuestión de privilegio “porque se están afectando los derechos y garantías que hacen a mi condición de diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, rechazó las críticas de Mestre y aclaró que el texto fue girado a su comisión por la Presidencia de la Cámara. “Pasaron una cantidad de días en los que estaba incluido y usted se calló la boca y esperó esta reunión para venir y hacer un escándalo”, lanzó el oficialista y lo cuestionó por “generar una controversia absolutamente evitable”.

A su turno, el radical Luis Pastori calificó al proyecto de “intempestivo” e “inoportuno” y que “no tiene ninguna necesidad de ser”. Apuntó que a la Comisión de Defensa del Consumidor, “se le está sacando competencia propia, específica, dada por el reglamento de nuestra Cámara”.

“Si no va a tener gasto, no sé cuál es la competencia de la Comisión de Presupuesto. Ha habido un mal giro y una omisión a la Comisión de Defensa del Consumidor”, señaló el misionero y expresó que “es absolutamente una estructura burocrática la que se crea”.

Desde el Frente de Todos, el santafesino Marcos Cleri precisó que se trata de “ordenar y sistematizar de una manera integral los más de 40 proyectos de modificación de la Ley 24.240” y los proyectos de un nuevo Código de Defensa del Consumidor que existen en ambas cámaras.

“No va a insumir ningún nuevo gasto administrativo”, insistió el oficialista, que ejemplificó que en el caso del nuevo Código Civil y Comercial las comisiones de Legislación General “siguieron trabajando”, pero “específicamente se creó una bicameral para tener un dictamen unificado”.

El autor de la iniciativa, el mendocino José Luis Ramón, dijo que “tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay una veintena de proyectos que se renuevan en cada período legislativo, que tienen como objetivo la idea de modificar la Ley 24.240” y “la redacción de un Código de Defensa de los Consumidores que esté aggiornado en los nuevos tiempos”.

Con la bicameral, “se pretende reunir los múltiples proyectos que existen”, defendió el diputado e indició que la nueva comisión tendrá “una asignación presupuestaria relacionada con el personal ya existente”.

Por su parte, la oficialista Lucía Corpacci afirmó que “no es quitarle potestad a nadie, sino que la necesidad de crear el Código hace a que diputados y senadores tengan que trabajar juntos”. En tanto, su par Marcelo Casaretto explicó que las bicamerales, en su mayoría, “tienen alguna relación con las comisiones permanentes” tanto de Diputados como del Senado.

“Muchos de nosotros somos miembros de comisiones especiales o bicamerales”, añadió y justificó que el trabajo de una bicameral hará “más ágil el tratamiento cuando el proyecto vaya a los recintos”.

Durante el debate, el radical Ricardo Buryaile se quejó de que “nadie ha podido responder” el por qué del giro a Presupuesto y Hacienda y mencionó que “todas las bicamerales que se crearon pasaron por las comisiones con competencia en la materia”.

“Necesitamos transparencia, objetividad y fundamentos de por qué creamos estas cosas”, enfatizó el formoseño, que disparó: “¿Es para vaciar de poder a una comisión? ¿Es para pagar favores políticos? ¿O para qué se está creando una comisión que no tiene ningún sentido cuando está trabajando una comisión permanente?”.

Otros proyectos con dictamen

La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen por unanimidad a un proyecto de la radical Brenda Austin, sobre promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente de agua, el cual ya contaba con el aval de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con lo cual quedó listo para debatirse en sesión.

También recibió el último dictamen que requería el proyecto para establecer la gratuidad y libre navegación en plataformas educativas estatales, con objetivo de garantizar la educación digital a todos los alumnos del país, tema que ya recibió despacho en las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación.