El diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace afirmó que el “gobierno de unidad nacional” que propone Sergio Massa tiene que ser basado en un programa. Además, dijo que no tiene definido a quién votará en el balotaje, pero consideró que no hay que votar en blanco.

Sin poder renovar su banca, al salir Juntos por el Cambio en tercer lugar en San Luis, el legislador que se despedirá del Congreso en diciembre sostuvo que “hay que votar por uno o por otro, apostando a que con ese se construya la salida que necesita la Argentina”.

“Yo no lo tengo definido hoy. Los respeto a ambos, en lo personal tanto con Sergio como con Javier (Milei) tengo buena relación, pero me parece que pasa por el programa que propongan”, expresó y resaltó: “Hay que votar, ir a votar en blanco es dejar la decisión en manos de otro”.

Para el puntano, “genera un cierto desconcierto que en una economía que tiene 130% de inflación, la pobreza arriba del 40%, estamos en absoluto deterioro económico, gane el ministro de Economía”.

Tras opinar que las medidas económicas como “la quita de Ganancias, la devolución del IVA, los anuncios sobre monotributistas y trabajadores informales, y los bonos” podrían haber influenciado, el radical aseveró que “la discusión de los problemas de fondo” tiene que ser parte del debate de cara al balotaje.

En declaraciones a radio Futurock, Cacace observó que “elegimos un Congreso absolutamente dividido” donde “nadie tiene mayoría” y en el que se necesitará “acuerdos, pero esa palabra vende mal en nuestro país o no genera ningún entusiasmo, más bien lo que genera entusiasmo es la confrontación, las agresiones o los candidatos que denostan a los otros”.

Sobre la postura que adoptará la UCR, el diputado expresó que ve “muy difícil que haya un posicionamiento institucional en favor de uno de los candidatos” porque, luego de la derrota, “hay mucha discusión interna” y “una frustración fuerte”.

Insistió con que en el balotaje “hay que resolver en positivo”. “Me preocupa que las opciones se expresan más bien en la negatividad”, analizó y consideró que la decisión no debe estar basada “en la crítica o el descarte, sino en ver qué construimos”. “Claramente no son lo mismo, son muy diferentes”, agregó en referencia a los candidatos, aunque apuntó que “la UCR tiene un ideario progresista, democrático, que creo que ninguno de los dos representa cabalmente”.

“El discurso de Massa me pareció amplio, prudente. Se lo dije, lo felicité por esas palabras”, confesó, pero advirtió que “cuando él habla de gobierno de unidad nacional, al menos hoy es una consigna absolutamente vacía”. “No puede ser ‘le doy cargos a los radicales o a miembros de otras fuerzas políticas’. El gobierno de unidad nacional tiene que pasar por un programa, por decir qué es lo que vamos a hacer juntos eventualmente en un futuro gobierno”, remarcó.

El radical manifestó que “la Argentina está en estado terminal en su economía, nosotros no podemos continuar con este sendero en el que solo incrementamos la inflación y la pobreza”, por lo cual “tiene que haber definitivamente un cambio de modelo económico”.

“Para mí Milei propone un cambio de modelo económico, yo coincido absolutamente en lo de la dolarización y lo he promovido. Ahora, si él quiere buscar al electorado radical tiene que dar seguridad sobre muchísimas propuestas que tiene, que es prácticamente todo lo otro a lo económico, que da incertidumbre sobre su convicción democrática”, aseguró. En ese sentido, enumeró que “lo que habla de las armas, de la educación y la salud pública, sobre la dictadura, sobre los derechos humanos, eso intranquiliza profundamente al radicalismo y no pasa solamente porque diga que no nos quiere o nos odia, o somos socialistas inútiles”.

A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre, la Cámara baja volvió a votar un proyecto de ley de Alquileres. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara alta. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada, en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones. 

El texto aprobado mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.

Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”. 

La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”. 

Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.  

Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque. 

Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El debate

Al filo de las 4 de la madrugada, cuando ya se llevaban más de 15 horas de debate, se aceptó alterar el orden del debate y adelantaron la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres.

Habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, quien arrancó diciendo que no hay una relación de igualdad entre las partes involucradas en el contrato de alquiler. “No hay una relación paritaria; la ley debe entonces legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes. No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, señaló.

“La ley vigente ha recibido críticas, no ha sido la mejor; la estamos modificando por eso”, advirtió el diputado salteño, que de todas maneras aclaró que la norma no explica por sí sola la situación del valor de los alquileres; el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas de alquiler. Citó al turismo, por ejemplo, para recordar también que deben legislar en torno a los alquileres temporarios, cosa que también pueden regular las provincias, aclaró.

“Hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”, sostuvo, citando por ejemplo el plazo mínimo de vigencia de 3 años, como así también el tiempo para hacer ajustes, que es de no menos de 6 meses para el caso del Senado y 4 para Diputados.

Citó como central el índice de actualización, teniendo en cuenta que lo aprobado en Diputados “no es un índice, libera la actualización”. “Ese sí es un gran problema para los inquilinos”, consideró.

Destacó también los incentivos fiscales que son similares en los dos dictámenes, aclaró.

A continuación fundamentó el dictamen de minoría el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien consideró que la ley original 27.551 particularmente perjudicó a los inquilinos, por cuanto “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.

Así las cosas, consideró que el resultado negativo se debe a “la alteración del equilibrio entre las partes”. “Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, dijo, para hablar luego de las modificaciones que comenzaron a  proponer para cambiar la ley. Primero, en el plazo de locación, que siempre había sido de 2 años y lo elevó a 3. “Además de extender tal vez excesivamente el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por períodos inferiores a un año. Y además, estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran por un único índice de actualización, lo que produjo una enorme merma en la rentabilidad de los localizadores. Por supuesto, la consecuencia fue un retiro de la oferta”.

“En agosto pasado logramos una media sanción que en su momento nos dejó satisfechos”, señaló Tonelli, detallando lo que establecía el dictamen de minoría. Sin embargo, el Senado modificó ese proyecto, a su juicio asemejando la ley a la que había fracasado. “El Senado insiste en esa fórmula”, advirtió, citando como lo peor del caso que se establece un único índice de actualización que a su juicio será peor, porque estará por detrás de la inflación, del aumento de los precios y del aumento de los salarios.

“Esto va a afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución hay dos posibilidades: insistir con la sanción originaria, la otra aceptar las modificaciones del Senado, que entendió sería volver a la ley 27.551 con “mínimos maquillajes”, por lo cual no habría que esperar demasiado. “Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, concluyó.

Para la diputada Romina del Plá, ninguno de los dos dictámenes resuelve el problema, y reclamó en cambio  una solución integral que pasa por un plan de construcción de viviendas, con cuotas baratas. “Si no se da eso: la construcción de nuevas viviendas, el loteo de más tierras, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor”, estimó. Recordó que en la sesión del 23 de agosto habían acompañado el dictamen del oficialismo, en tanto que ahora harían lo mismo con el dictamen que viene del Senado, sabiendo que no soluciona el problema, pero es el mal menor.

Por su parte, el oficialista Itai Hagman sostuvo que “hubo una campaña fuerte para establecer que la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”. Al respecto contó que había estado leyendo un informe de la Fundación Ebert, sobre el estado de los alquileres en nuestra región y Europa, que deja claro que “la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina es absolutamente falsa. Por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo proponen en la Argentina lo contrario”.

Según Hagman, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022, y la caída empieza en el segundo trimestre de 2022, mucho después de la sanción de la Ley de Alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo”. Concluyó entonces que decir que la culpa del problema es que el Congreso sancionó una ley “es una posición interesada, que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite la regulación”.

A su turno, Alejandro Cacace aclaró que la situación de la Argentina con países como Alemania es muy distinta por ejemplo por la situación inflacionaria. “En un país que tiene estabilidad y no tiene inflación, no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de 3 años, inclusive más largos. Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación y acelerándose, cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.

Cerró el debate la diputada del Frente de Todos Paula Penacca consideró que durante la discusión se instalaron “falacias” tales como que “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”. Recordó la cantidad de votos con la que se aprobó en su momento la Ley Lipovetzky, que vino a resolver una “situación de abuso”. También rechazó el concepto de que “el mercado resuelve todo” e insistió en que “la ley no es el problema”.

“Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es  un pasquín kirchnerista”, y citó un texto que hablaba de una recuperación del mercado inmobiliario en 2021.

“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, explicó.  

En su intervención durante el debate sobre el proyecto que crea el programa “Compra sin IVA”, el diputado Alejandro Cacace pidió ampliar los medios de pago no solo a tarjetas de crédito y débito, sino también a las billeteras virtuales.

“Lo digo en criollo: todo el mundo usa Mercado Pago para hacer pagos”, remarcó, aunque aclaró que se refería a “esa y otras billeteras”, a lo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, observó: “Después le pasamos la factura a Galperín por el aviso.

Cacace siguió, aclarando que así lo había señalado el propio titular de Aduanas, Guillermo Michel, en su visita a la comisión, mencionando puntualmente a Mercado Pago y Uala. “Y (Sergio) Massa, ¿por qué cree que hizo esevideíto? Porque todo el mundo lo usa”, agregó en referencia al mensaje que el ministro difundió en las redes, pidiéndole al titular del BCRA, Miguel Pesce, que volviera atrás con la norma que obligaba a las billeteras virtuales a más medidas de seguridad para favorecer a los usuarios.

El caso se popularizó por la queja de Marcos Galperín, dueño de Mercado Pago, que sugirió que el pedido a los usuarios de un trámite de validación de transferencias les complicaría la operatoria.

En medio de la campaña electoral y tras el fuerte salto de la inflación, que registró en agosto 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido para que se interpele al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Los opositores reclamaron que debe dar “las explicaciones correspondientes de por qué no ha cumplido con la obligación legal de enviar una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre, contenida en el artículo 131 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2023, Ley 27.701″.

En ese sentido, los legisladores recordaron que “desde Juntos por el Cambio logramos incluir una cláusula en el Presupuesto 2023 con la condición que si se superaba el 60% de inflación deberíamos volver a discutir su modificación en el Congreso”.

“A mediados de septiembre se conoció el dato de inflación de agosto 2023, publicado por el INDEC, donde la variación mensual fue de dos dígitos, de 12,4%, lo que arrojó un 80,2% acumulado en el año, superando ampliamente el tope fijado en la cláusula del artículo 131 del Presupuesto 2023, y activando la obligación legal del ministro de enviar al Congreso una ley complementaria”, subrayaron.

En el proyecto encabezado por el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical), cuestionaron que “ha transcurrido el mes de septiembre y el ministro de Economía no solo ha incumplido con su promesa, la cual, según él mismo fue incorporada como señal de buena fe para lograr consenso en la sanción del presupuesto, si no que, ya incorporada la cláusula como una obligación legal en cabeza del Poder Ejecutivo y, en particular, sobre el ministro de Economía, no ha cumplido con la ley”.

Sobre ello, recordaron que el 28 de septiembre de 2022, ante la propuesta de la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Massa había dicho en su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “No tengo ningún problema, no tengo ninguna dificultad. Al contrario, creo que puede servir inclusive para viabilizar el voto de todas las fuerzas políticas del Presupuesto”.

Junto a @Stolbizer @martintetaz y otros 31 Diputados de @juntoscambioar presentamos un pedido de interpelación al Ministro @SergioMassa por violar la Ley de Presupuesto y disponer ampliaciones de gastos sin pasar por el Congreso. pic.twitter.com/GiKfGjF1z3

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) October 3, 2023

Tras el pedido de la oposición y la aceptación por parte del oficialismo en el dictamen, en la “ley de leyes” sancionada el año pasado, quedó establecido que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, agregaba el texto.

En los fundamentos del proyecto presentado este martes, los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron que “es necesaria una revisión del Presupuesto 2023 con una discusión basada en una sólida comprensión de la realidad económica del país, porque es necesario preservar la facultad constitucional del Congreso de sancionar la ley de Presupuesto y porque es imprescindible que en el contexto económico y social que vive el país, que además se encuentra transitando un proceso electoral donde el ministro de Economía es uno de los candidatos a presidente, venga a este Congreso a explicar las razones por las cuales no cumple con la ley”.

La iniciativa lleva las firmas de Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz, Héctor Stefani, Adriana Ruarte, Laura Carolina Castets, Danya Tavela, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Sofía Brambilla, Oscar Agost, Ana Clara Romero, Carlos Raúl Zapata, María Sotolano, Gabriela Brouwer de Koning, Francisco Monti, Juan Carlos Polini, José Luis Espert, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Marcela Antola, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria, Pamela Verasay, Dolores Martínez, Lisandro Nieri, Graciela Ocaña y Marilú Quiroz.

Luego de conocerse el índice de inflación del mes de agosto (12,4%) publicado por el Indec, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”.

“Estamos de acuerdo que debe haber una actualización de ganancias, pero lo que hace el Gobierno es cambiar la estructura del impuesto”, señaló con relación a la modificación del Impuesto a las Ganancias.

En declaraciones a Radio Perfil, sostuvo que “acá se está destruyendo y perjudicando la recaudación tributaria”, y agregó que “Cuando se baja el impuesto sin bajar gasto, el Estado debe emitir mas dinero y eso genera inflación”.

Por otro lado, Cacace consideró que “es real el peligro de hiperinflación porque la interanual está en 3 dígitos”. “Es claro que hay una aceleración de la inflación muy profunda y agosto ha sido el registro más alto desde 1991”, indicó.

Consultado por el cruce que tuvo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del jueves afirmó que “es un desubicado”. “Él escondía la información porque creemos que es improvisado que se apruebe una ley sin un calculo sobre el impacto fiscal”.

Del mismo modo, cuestionó que “hicieron el adelanto de ciertas normas tributarias en el Presupuesto 2024”. A su vez, enfatizó que “Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, dio a entender que van a crear nuevos impuestos”.

“Rodríguez Saá creo caos político”

En los últimos días, trascendió que los legisladores de Juntos por el Cambio “quedaron encerrados con candados” en la Legislatura de San Luis tras no aprobar un proyecto del gobernador Alberto Rodríguez Saá que proponía convertir en contratos de trabajos a los beneficiarios de planes sociales.

Tras ello, muchas personas se autoconvocaron a la entrada de la Legislatura y bloquearon la salida. “Rodríguez Saá enfrentó a beneficiarios con legisladores”, señaló Cacace, y agregó que “rompieron ventanas y prendieron fuego la entrada de la Legislatura”.

“Los legisladores quedaron encerrados con candados por horas porque la policía no desalojo de inmediato a los manifestantes, tuvimos que presentar un habeas corpus y la justicia ordenó el desalojo”, relató el diputado.

Para finalizar, aseveró que “ha sido un acto de enorme irresponsabilidad del gobernador porque no lleva la transición como debe ser”, y concluyó: “Creó caos político porque vivimos una situación muy complicada”.

Durante la reunión informativa de este jueves sobre el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias, en la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y sindicalistas, diputados de Juntos por el Cambio preguntaron sobre cómo se recaudará lo que se perderá a partir de la reforma y reclamaron que no se aborde un cambio en las escalas. 

En el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que duró más de tres horas, ante las consultas de Martín Tetaz (Evolución Radical), Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Germana Figueroa Casas (Pro), la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, afirmó que el costo será “de un billón de pesos, que representaría un 0,28 del PIB para el 2024”. 

“No tenemos que ver eso como una recaudación perdida, sino todo lo contrario”, defendió la funcionaria, que aseguró que habrá un “reflujo” por el “mayor consumo de todos los asalariados”. Además, mencionó con particular atención el proyecto de ley de blanqueo, al sostener: “Es importante porque si pensamos de dónde va a salir la recaudación para que los asalariados tengan la certeza de que el salario no es ganancia, va a salir de un acuerdo de información (con Estados Unidos) realmente efectivo de cuentas no declaradas en el exterior; de homogeneizar el impuesto a los Bienes Personales para que no existan inmuebles en el exterior que tampoco declaran Ganancias; y va a salir de un impuesto mínimo que si no se cobra en Argentina se lo van a llevar las controlantes del exterior”. 

También dejó abierta la posibilidad de gravar a los inmuebles rurales y, por otro lado, de que en el Presupuesto 2024 se incluya nuevamente la propuesta para que magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que se encuentran en sus puestos antes de 2017, paguen Ganancias.

“Yo creo que se va a recuperar adicionando el análisis de otros gastos tributarios, algunos de ellos los habíamos incorporado en la separata (del Presupuesto 2023) cuando hablamos de igualdad, cuando se puso a consideración las rentas de los magistrados y sin embargo no prosperó”, recordó la funcionaria. En efecto, el oficialismo había incluido un artículo en este sentido, pero en la votación en particular fue rechazado.

Avanzada la reunión, Cacace volvió a consultar sobre el impacto que tendrá la medida, a lo que Carlos Heller (FdT), presidente de la comisión, dijo que eso ya había sido mencionado. Allí intervino el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y se produjo el momento más picante que tuvo la reunión. 

“Estamos discutiendo un proyecto de ley donde le vamos a dar beneficios a los trabajadores, la verdad pensé que veníamos a festejar. Sorprendido estoy de encontrar diputados y diputadas que no están de acuerdo con que la gente gane más”, chicaneó el administrador del ente recaudador. 

Y cruzó al radical: “No se haga problema que el 0,28 lo voy a recaudar, no se preocupe por la pérdida tributaria”. En ese sentido, anticipó que “estamos poniendo sobre las tabacaleras un impuesto interno”. “Quédense tranquilos que el año que viene vamos a recaudar más, excepto que ustedes quieran seguir poniendo impuestos regresivos”, agregó. 

A la hora de las preguntas, Tetaz cuestionó que el sistema tributario “debe tener una discusión en profundidad y no a pedacitos”, sino que debe ser “de forma global”. Además, criticó que pretendan “tratar en 48 horas una discusión profunda”, al tiempo que pidió respetar el artículo 16 de la Constitución Nacional.

“La capacidad contributiva no supone la fuente del impuesto, no importa la fuente del ingreso, sino la capacidad de contribuir. El dinero es fungible, entiendo el reclamo de los sindicatos de que el salario no es ganancia, llámenlo como quieran, pero es un ingreso y estamos analizando quién va a contribuir al sostenimiento del Estado y que contribuyan más los que más capacidad de contribución tienen”, planteó el porteño y alertó: “Vamos a cometer el error de eliminar un impuesto que es el más progresivo del sistema tributario”.

El radical afirmó que a él le “gustaría eliminar el impuesto a las Ganancias, ¿a quién no le gustaría? Y me encantaría eliminar el IVA”, pero señaló que “la votación tiene que ser de forma general y no impuesto por impuesto. Nos vamos a quedar sin impuestos para sostener el gasto público, por eso el debate tiene que ser en conjunto”.

Tetaz respaldó que “el impuesto a las Ganancias no rompe el sistema productivo y es uno de los principales impuestos en todos los países del mundo”, pero aclaró que “esto no quiere decir que yo esté a favor de que un docente pague impuesto a las Ganancias, pero tiene que ser en una escala menor de acuerdo a lo que gane. Tenemos que trabajar las escalas, no romper todo”. 

En su intervención, Cacace señaló que “es diferente discutir la actualización para que no queden más trabajadores incluidos o retenidos en el impuesto a cambiar la estructura del impuesto”. Al igual que su compañero de bloque, dijo que se trata del “impuesto más progresivo dentro de la estructura tributaria y muchos países que tienen una distribución igualitaria lo tienen como principal impuesto”.

El puntano le cuestionó al oficialismo que “llevan cuatro años en el Gobierno y nunca se planteó esta reforma, pero dicen que hace meses vienen trabajándolo. Lo que vimos fue 20 subas en impuestos. Lo de Ganancias llega ahora, a tres meses de terminar el mandato y eso como dato es inocultable”.

Cacace también recordó que Mauricio Macri hizo rebajas -en elecciones- en la canasta básica de igual manera que anunció Sergio Massa, pero insistió en que “se está afectando al impuesto más progresivo y el segundo más importante en recaudación para el país. Tiene que ser el impuesto principal si queremos un país más igualitario. Estamos destruyendo el impuesto más importante del país y eso es un error”.

En respuesta a los radicales, Balestrini aclaró que “los principios del derecho tributario siempre hay que tenerlos presentes en cuanto a la eficiencia y la igualdad, y la equidad que significa un trato igual para quienes están en la misma situación”. A su vez, remarcó que el tratamiento “no es preferencial, sino que es justo bajo la premisa de que el salario no es ganancia y que debe tener un tratamiento distinto y diferenciado en cuanto al resto de las rentas que componen este impuesto a las Ganancias”.

“Cuando hablamos de progresividad no se trata solo de impuesto a las Ganancias para personas humanas, sino sociedades que tienen una tasa efectiva de pago que implica la representación del impuesto de rentas inferior al 15%”, explicó la subsecretaria y aclaró que “no se está atentando contra la igualdad”.

También consultó a su turno la diputada Germana Figueroa Casas, quien sostuvo que Ganancias “es un buen impuesto”, pero “realmente a través del tiempo lo que se ha hecho es destruir este impuesto” porque “las escalas quedaron totalmente achatadas” y “las distorsiones son grandes”. 

“¿Por qué no trabajamos como deber ser? Sobre la tabla, la tabla se desvirtuó. ¿Por qué inventar algo nuevo? ¿Por qué no trabajar en esta tabla? Si trabajamos en esta tabla, beneficiamos a los monotributistas cuando se saltan, al que levanta la persiana y tiene empleados y no está teniendo este beneficio, y también a los empleados en relación de dependencia”, apuntó. 

Para la santafesina, “estamos eligiendo un camino errado para dar una solución justa, porque nadie quiere que paguen”, pero añadió: “¿Por qué el monotributista que gana menos de 1.770.000 pesos va a tener que pagar y alguien que gana un millón y medio no?”. 

En el final, el diputado Lisandro Nieri (UCR) consultó sobre cómo contemplarán el tema en el proyecto de Presupuesto 2024 y Heller le respondió que no había visto todavía el proyecto -que debe ingresar este viernes- pero “esta ley será proyectada a futuro con el impacto correspondiente para evitar el déficit fiscal”.

“Los escuché pedir que esto salga por ley y no por decreto de necesidad y urgencia, y que iban a estar a favor de este proyecto. Resulta que ahora, están en contra, obviamente que en todo su derecho”, cargó contra la oposición el oficialista. 

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, chicaneó a JxC: “¿Por qué no derogan el DNU que ya salió?”. “La ley los complica si son gobierno, nosotros buscamos complementar el DNU con la ley y sostenerlo en el tiempo”, diferenció y expresó que “ustedes no quieren quedar mal con el laburante, pero no quieren aprobar el proyecto y si ganan querrán voltear el DNU. Hablemos de lo que tenemos que hablar y no nos vayamos por la tangente”. 

En la antesala del cierre de listas para las PASO, en San Luis ya se conocieron los precandidatos de JxC que encabezarán las listas de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, que disputarán las tres bancas que se ponen en juego en el Senado y las dos en Diputados.

En lo que respecta a la boleta de Rodríguez Larreta y que en la provincia cuenta con el apoyo del gobernador electo, Claudio Poggi, será encabezada para el Senado por la macrista Gabriela González Riollo en busca de su reelección. Riollo asumió en diciembre de 2021 para reemplazar a Poggi, que ganó una banca como diputado nacional en las elecciones legislativas de ese año; banca que dejará a fin de año para asumir la gobernación. La nómina la completará Federico Trombotto (Avanzar) actual legislador provincial y exministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte durante la anterior gestión de Poggi.

Con mucha responsabilidad y compromiso voy a ser precandidata a Senadora Nacional por #SanLuis. Estamos trabajando unidos para defender los intereses de la provincia y acompañar las transformaciones que necesitamos los argentinos. pic.twitter.com/CqZPr8zXO5

— Gabriela Gonzalez Riollo (@gabagr) June 24, 2023

Por su parte, en Diputados JxC pone en juego una banca correspondiente al economista radical Alejandro Cacace que encabezará la lista de Rodríguez Larreta para retenerla, secundado por la arquitecta de 42 años Valeria Lange (Avanzar) que se postuló como intendenta en las últimas elecciones provinciales. Para el Parlasur el precandidato es el radical Juan Manuel Rigau.

Bullrich postuló en su boleta para el cargo de senadores nacionales al radical Jorge Alberto Lucero y a Sandra Barroso (Pro). Lucero es presidente de la Convención UCR en San Luis, es abogado y fue secretario de Gobierno de la Municipalidad. En tanto, Barroso fue concejal de la Ciudad de San Luis e histórica militante del Partido Justicialista.

El 11 de Junio ganamos #SanLuis con @claudiojpoggi. Ese cambio lo queremos llevar a la Nación 🇦🇷. Con @horaciorlarreta y @GerardoMorales como presidente y vice; @gabagr y @FedericoTrombo7 en el Senado, @jmrigau al Parlasur y en Diputados junto a Valeria Lange vamos por la… pic.twitter.com/uv03hT0FOe

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) June 24, 2023

Los nombres suplentes para el Senado son Daniel Federico Berro de la juventud UCR y Noelia Inés Vered de Jóvenes Pro.

La lista de diputados nacionales lleva la dupla encabezada por Carlos Almena (Pro) y Luz Echenique (UCR). Almena es concejal y fue legislador provincial, mientras que la radical es abogada y docente. Completan la nómina como suplentes Adrián Oviedo (UCR) y Nancy Páez (Pro). El actual diputado provincial del Pro, Charly Pereira es el candidato a parlamentario del Mercosur.

En las elecciones de este año, en la Cámara alta también se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal y es del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, fue candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales que ese oficialismo perdió. Ambos senadores no renovarán su mandato. En la Cámara de Diputados, el oficialismo arriesga la banca de Carlos Ybrhain Ponce.

De esta manera, Unión por San Luis llevará a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como candidatos a senadores nacionales; mientras que para diputados presentará a Ernesto “Pipi” Ali, intendente en La Toma, y Silvia Rapisarda, secretaria de Cultura del Gobierno de San Luis. Para el Parlasur irá como candidata la diputada provincial Anabela Lucero.

Por el Frente de Izquierda (PO Y MTS) el precandidato a diputado nacional que irá en el primer lugar de la lista es Ornella Dezzutto, y para el Senado lo hará Iván Amado. A su vez, El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, bajo la lista Unir y Fortalecer la Izquierda, lleva a Johana Gómez y Nahuel Arias para los cargos de senadores nacionales. En la lista de candidatos para diputados están Eleonora de Panis y Mario Jaime, respectivamente. Para el Parlasur encabeza Natalia Oste Vélez. Apoyan la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

El Partido Libres del Sur definió sus candidaturas a senadores nacionales, diputado nacionales y parlamentario del Mercosur, que acompañarán al candidato a presidente de la Nación, Jesús Escobar, y a su compañera de fórmula Marianella Lezama Hid.

La nómina de precandidatos a senadores nacionales la encabeza el exdiputado provincial y presidente del partido, Joaquín Mansilla; acompañan al dirigente en la categoría Cecilia Riquelme, vecina de la ciudad de Villa Mercedes y dirigente partidaria; Augusto Flores, integrante de la Dirección Provincial y responsable de prensa y comunicación; y Gabriela Rodríguez, dirigente de la ciudad de La Punta.

La categoría de diputados nacionales estará compuesta por Ailen Chaine, concejal de la Ciudad de San Luis y referente del feminismo en la provincia; Kevin Videla, estudiante del profesorado de Educación en la UNSL, y responsable territorial de la organización; Agustina Cadile dirigente territorial de la ciudad de San Luis e integrante de la dirección provincial; y Gonza Maldonado, consejera directiva de la F.C.H. de la Universidad Nacional de San Luis.

Para la lista de Parlasur como primer titular irá Ariel Braverman, responsable del área de gestión, estudiante avanzado de abogacía y apoderado partidario; lo acompañan Luciana Sánchez, dirigente del Departamento Pedernera y Joel Vega, responsable de la Juventud de Libres del Sur y secretario general de la Federación Universitaria de San Luis.

El Movimiento al Socialismo quiere un lugar en el Congreso Nacional de la mano del dirigente Ítalo Gallardo, quien encabeza la lista a diputado. Su espacio acompaña a la fórmula presidencial de Manuela Castañeira y Lucas Ruiz.

El Partido Unión y Libertad (PUL) presentó a Eduardo Gomina y Pamela Pardo como candidatos a senadores y a Marcos Cuello y Marta Orozco como diputados nacionales. Augusto van Soest va como candidato al Parlasur.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) habló este jueves sobre un proyecto de ley para atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA y aseguró que “el problema de los deudores es que la cuota del crédito va por encima del crecimiento de su salario”.

El puntano dialogó con CNN Radio respecto del tratamiento que un plenario de comisiones le dio este miércoles al problema sobre los créditos hipotecarios UVA, en donde se emitieron dos dictámenes favorables en la que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Durante su alocución, Cacace reveló que él es tomador de crédito UVA y, bajo esa condición, no iba a firmar ningún dictamen y en el caso de que el tema llegue al recinto se abstendrá. “Se buscó reunir los once proyectos sobre el tema para generar una síntesis. Es lo que finalmente se firmó ayer como dictamen de mayoría con el oficialismo, con el acompañamiento de la UCR en disidencia”, indicó.

En este escenario, Cacace comentó que “el problema de los deudores UVA es que la cuota del crédito va por encima del crecimiento de su salario y la inflación va creciendo también por arriba de lo que crece el sueldo y le consume mayor parte del crédito”, y acotó: “Es evidente que eso pasa, pero cómo resolverlo generó mucha preocupación”.

Citado puntualmente por la vicepresidenta en el acto en La Plata -aunque sin mencionarlo con nombre y apellido-, Javier Milei le salió al cruce por sus críticas a su propuesta de dolarizar. “@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien.

Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”.

Otro diputado partidario de la dolarización es el puntano Alejandro Cacace, de Evolución Radical. “Mucha Clase Magistral de @CFKArgentina, pero es su Gobierno el que nos ha llevado a más de 100% de inflación y 40% de habitantes bajo la línea de pobreza. Datos objetivos, no adjetivaciones, como dice ella”, señaló.

Y en defensa de su propuesta, apuntó: “@CFKArgentina, como otros políticos argentinos, confunden deliberadamente convertibilidad y dolarización. Faltan a la verdad histórica. Dolarización oficial nunca hubo en Argentina. Y la salida de la convertibilidad y la confiscación de los depósitos no fue dispuesta por la Alianza, sino por el gobierno Justicialista de Eduardo Duhalde”.

Enorme distorsión de los datos de @CFKArgentina sobre la inflación de Ecuador. Tras la dolarización, Ecuador logró bajar la altísima inflación que tenía y hacerla converger a los niveles de la de Estados Unidos. Y así lleva más de 20 años de estabilidad de precios. pic.twitter.com/Edyh7fbnCG

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) April 27, 2023

Otro mencionado por Cristina Kirchner fue Ricardo López Murphy, quien señaló que “en 2001 quise recortar gastos de la política y programas superfluos que eran cuevas de ñoquis y ladrones. En 2023, la realidad me da la razón”. Agregó: “Y no sólo me postulo a Jefe de Gobierno: voy a ser Jefe de Gobierno. Si no le gusta, @CFKArgentina, mejor”.

En 2001 quise recortar gastos de la política y programas superfluos que eran cuevas de ñoquis y ladrones. En 2023, la realidad me da la razón.

Y no sólo me postulo a Jefe de Gobierno: voy a ser Jefe de Gobierno. Si no le gusta, @CFKArgentina, mejor. pic.twitter.com/XDsNv7JTyt

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 27, 2023

Por su parte, el senador nacional radical Alfredo Cornejo destacó que “la hipocresía de @CFKArgentina no tiene techo. Ofrece para sus militantes una cátedra de economía y no es capaz de hacerse cargo del desastre inflacionario de SU gobierno, con el presidente que ella eligió, que llevó al país al precipicio”.

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert le contestó con varios tuits. En uno expresó que “la vicepresidente de la Nación dice, como si fuera una COMENTARISTA, que tenemos crecimiento con inflación, que ya hay trabajadores pobres y que lamentablemente tenemos un acuerdo con el FMI que es inflacionario. Psicópata. A esta caradura hay que arrasarla en las urnas”.

“Ahora Cristi da una clase de zoología y dice que las palomas y los halcones son aves que vuelan solitas, en cambio ella, pingüina, es una ave colectiva. Claro, en vez de matarse de hambre sola, nos cagó de hambre a todos con su plancito”, agregó Espert en otro pasaje, para apuntar luego que “Cristina dice ahora que el déficit fiscal no genera inflación sino la devaluación del peso y si hay déficit es porque se paga poco Impuesto a las Ganancias (a pesar que nos violan con el resto de los impuestos). Intérnenla”.

María Eugenia Vidal fue más allá de criticar a Cristina. Hizo referencia en cambio a la presencia junto a la vicepresidenta del exministro de Educación Nicolás Trotta. “Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Néstor Kirchner”, comentó, para agregar luego: “Hoy solo 16 de cada 100 chicos argentinos termina la secundaria en tiempo y forma. Desde el 10 de diciembre, empezar a resolver esta catástrofe educativa va a ser nuestra prioridad. Educar es todo lo contrario a adoctrinar”.

Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la “Escuela Justicialista Nestor Kirchner”. pic.twitter.com/pl9DqRAiIj

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 27, 2023

El senador fueguino Pablo Daniel Blanco tuiteó: “Si @CFKArgentina manda a debatir a su militancia a la calle es porque la perdió. Igual que a la juventud y a los jubilados. Se viene el cambio en la Argentina”, en tanto que el jefe del bloque radical de Diputados, Mario Negri, expresó: “Argentina es el único lugar del mundo donde la vicepresidenta de un gobierno con 120 % de inflación da una clase magistral sobre inflación”.

La compañera de Milei en Diputados, Victoria Villarruel, también le salió al cruce a Cristina: “No hay NADIE más CASTA que Cristina Fernández de Kirchner, ella y su familia SON la definición de CASTA. Gracias Cristina por gritar a los 4 vientos q sos CASTA. La casta y los zurdos tienen miedo!”

No hay NADIE más CASTA que Cristina Fernández de Kirchner, ella y su familia SON la definición de CASTA. Gracias Cristina por gritar a los 4 vientos q sos CASTA. La casta y los zurdos tienen miedo! @JMilei pic.twitter.com/7l7fH9F5fN

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 27, 2023

Desde la Legislatura porteña, el diputado Hernán Reyes (CC-ARI) dijo que “lo peor de @CFKArgentina sigue siendo su diagnóstico sobre los problemas del país. No solo finge demencia y no se hace cargo de nada, sino que imagina un país pequeño y a la defensiva”. Mientras que el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra le salió al cruce a la exmandataria diciendo: “¿Que pasa @CFKArgentina? ¿Estás nerviosa? Si somos tus enemigos, tenelo en claro!! Con nosotros se te acaban los curros”.

En medio de la escalada del dólar, la propuesta de dolarización de Javier Milei se instaló en la agenda mediática, pese a las múltiples críticas y advertencias de especialistas sobre las distintas consecuencias que traería ese plan.

Pero sobre el tema también se había hablado, por lo menos desde el ámbito del Congreso -aunque vale aclarar, sin tratamiento alguno-, hace un año atrás, cuando el 28 de marzo de 2022 el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó concretamente un proyecto de ley. Y eso es lo que ahora el puntano le recordó al libertario.

“Difícilmente haciendo siempre lo mismo obtengamos resultados diferentes… Respecto a la dolarización algunos están ardidos por no ser los primeros en sugerirlo y/o no fueron quienes instalaron el tema y otros que la criticaron de aire dejando en evidencia una gran ignorancia…”, escribió en su Twitter este lunes el precandidato a presidente por La Libertad Avanza.

Entonces, Cacace salió a responder: “Javier, tampoco sos vos el padre de la idea. Yo te lo propuse el año pasado antes que lo anunciaras en el programa de @vivicanosaok. Muchos economistas lo plantean y es una idea internacionalmente reconocida para estabilizar”. No obstante, el radical le reconoció que “sin dudas has logrado instalar el tema. Eso es bueno”.

Javier, tampoco sos vos el padre de la idea. Yo te lo propuse el año pasado antes que lo anunciaras en el programa de @vivicanosaok
Muchos economistas lo plantean y es una idea internacionalmente reconocida para estabilizar.
Sin dudas has logrado instalar el tema. Eso es bueno.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) April 24, 2023

Cuando el año pasado Cacace presentó el proyecto le llovieron las críticas, no solo desde el Frente de Todos, sino también desde su propio espacio de Juntos por el Cambio y hasta del liberal José Luis Espert -quien ahora tiene una propuesta de “peso libre”-.

Muy duro, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tildó de “payasesco” al proyecto. “Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad”, lanzó en ese momento el precandidato presidencial.

La iniciativa del legislador de Evolución, todavía con estado parlamentario, establece al dólar como moneda de curso legal en Argentina e indica que el Banco Central sería el encargado de fijar el tipo de cambio de conversión.

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El proyecto de Alejandro Cacace

Luego que el Ministerio de Economía destacara que la UBA emitió un informe favorable sobre la medida del canje de deuda de los títulos de organismos públicos, que fue fuertemente criticada por la oposición, el diputado radical Alejandro Cacace advirtió que “de lo que no habla es de la ruinosa tasa a la que se endeuda el Gobierno”.

La cartera económica, dirigida por Sergio Massa, había solicitado un dictamen a la Facultad de Ciencias Económicas en torno a lo dispuesto mediante el DNU 164/2023, y particularmente sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

De acuerdo al informe, tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización.

“El informe de @UBAonline pedido por el @Economia_Ar marca que la ganancia contable del FGS es por el cambio en la forma de registración de los títulos canjeados, es decir, los que vende a valor de mercado y los que compra a valor técnico”, señaló Cacace en su Twitter.

El legislador de Evolución Radical explicó que “eso no hay dudas” ya que “surge de hacer una cuenta y tener presente que la adquisición de los nuevos bonos duales (que ajustan por inflación o por devaluación, lo que sea más alto) se hace al 60% de su valor nominal”.

Sin embargo, el puntano observó: “Pero de lo que el informe no habla es de la ruinosa tasa a la que se endeuda el Gobierno al rematar títulos que el sector público consolidado tiene en su poder”. “Eso obviamente no fue preguntado por @Economia_Ar, porque saben la respuesta, y por ende se consideró que excedía el requerimiento hecho o el motivo del informe”, agregó.

se endeuda el Gobierno al rematar títulos que el sector público consolidado tiene en su poder. Eso obviamente no fue preguntado por @Economia_Ar , porque saben la respuesta, y por ende se consideró que excedía el requerimiento hecho o el motivo del informe.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) April 17, 2023

Junto a más de una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional revele “datos fundamentales sobre la marcha de la economía y la política fiscal de la administración que se desprenden de los diferentes informes que le ha remitido el propio FMI y que son datos sensibles que el Gobierno ha ocultado hasta la fecha”.

“La administración del presidente (Alberto) Fernández tiene un manejo poco transparente en su relación con el organismo multilateral, y en cada instancia de revisión nos encontramos con requerimientos que el Fondo hace al Gobierno sobre su política fiscal, monetaria, previsional, que no son difundidos como marca la normativa de acceso a la información publica, y a los que se debe prestar especial atención en virtud de que son datos que repercutirán no solo en ésta sino en las próximas administraciones”, aseveró el radical.

En esa línea, el legislador apuntó que “en el último informe se le solicita al Gobierno que adopte acciones para morigerar el costo fiscal de la moratoria aprobada, información que toma estado público por el organismo y no por parte del gobierno de Fernández”.

Asimismo, “el reporte publicado por el Fondo señala que el Gobierno ha realizado distintos estudios de sostenibilidad del sistema previsional, estrategia de deuda y política energética, los que tampoco fueron remitidos al Congreso ni comunicados al pueblo argentino”, agregó Cacace.

En la iniciativa se señala que “el FMI informa en la página 12 del reporte que el gobierno argentino ha realizado, 1) estudio de equidad y sostenibilidad del sistema previsional; 2) un plan de acción de cumplimiento de recaudación; 3) un plan energético a mediano plazo; 4) una estrategia de deuda a mediano plazo; sin embargo, ninguno de estos documentos se han dado a conocer al pueblo argentino”. En esa línea, se solicita que se remitan “los documentos referidos por el FMI” y se expliquen “las razones por las cuales el Gobierno no ha informado acerca de ellos”.

También, los opositores consultan: “¿Por qué el Gobierno no ha informado acerca de los estudios de sostenibilidad del sistema previsional, de deuda pública, de política energética y de recaudación de reservas del Banco Central?”.

En cuanto al Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705), se pide que se “informe acerca de todos los requerimientos del FMI al gobierno argentino sobre quiénes y en qué condiciones pueden acceder a la moratoria y las medidas para contener su impacto fiscal”.

Además, los diputados buscan saber “si implementará y cuándo implementará las próximas subas en las tarifas de energía, de acuerdo al compromiso asumido con el FMI, y qué impacto fiscal espera que tengan las modificaciones tarifarias”.

El proyecto fue acompañado por sus pares Ingrid Jetter, Víctor Hugo Romero, Ana Carla Carrizo, Juan Martín, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Marcela Antola, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Germana Figueroa Casas, Dolores Martínez, Danya Tavela, Gustavo Bouhid, Virginia Cornejo, Laura Carolina Castets, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Carlos Zapata, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Mónica Frade, entre otros.

De forma breve, pero con chicanas de por medio, el jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, les respondió a los diputados de JxC, en la sesión informativa de este miércoles en la Cámara baja, sobre el monto que cobra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de jubilación y pensión y planteó: “Por un minuto más de vida de Néstor Kirchner, Cristina devuelve toda la pensión que cobró desde que murió”.

La primera que hizo hincapié en el tema en la ronda de preguntas, fue la diputada Graciela Ocaña (Pro) quien criticó la presentación del funcionario porque “la mayor parte de las respuestas son evasivas, no responden nada”, y apuntó contra las “jubilaciones de privilegios que gana Cristina y que sale en los medios. Ese silencio confirma muchas cosas como que la millonaria cifra que cobra la vicepresidenta de más de 9 millones de pesos que equivale 150 jubilaciones y pensiones mínimas que es de 58.655 pesos hoy”.

En la misma línea, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) se refirió a la “doble asignación vitalicia de la vicepresidenta de la Nación si gana más de 9 millones de pesos”, y fustigó que “es un insulto a la igualdad dentro de la República”. Así, preguntó puntualmente: “¿Cuánto está cobrando la vicepresidenta en carácter de esas dos asignaciones vitalicias?”, y exigió: “Denos la cifra, usted la tiene, el pueblo tiene derecho a conocerlo”.

A la hora de responder, Rossi se dirigió puntualmente a Ocaña a quien le enrostró que fue ministra de Salud durante la presidencia de Cristina y antes fue titular del PAMI con Néstor.

Sobre la consulta de los legisladores, manifestó: “Las jubilaciones y pensiones que cobran los presidentes y vicepresidentes están ligados a las jubilaciones y pensiones que cobran los miembros de la Corte, los sueldos de la Corte. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la información hay que buscarla ahí, nosotros no queremos develar ese monto”, y chicaneó: “No querrá usted que nos enemistemos con la Corte por información de esas características”.

“A mí me da un poquito de pudor porque usted fue funcionaria cuando ella era presidenta. Yo le aseguro que por un minuto más de vida de Néstor Kirchner ella devuelve toda la pensión que cobró desde que murió”, opinó Rossi.

Minutos después, reiteró: “Es una jubilación y una pensión, cualquier mujer en la argentina que su esposo muere cobra una pensión”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) encabezó otro pedido para rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia 163/2023 y 164/2023 dictados por el Poder Ejecutivo nacional que obliga a los organismos públicos, en particular al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, a pesificar los activos que tengan nominados en dólares.

La iniciativa fue acompañada por los diputados nacionales: Pablo Torello, Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Ana Carla Carrizo, Marcela Campagnoli, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaria, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Victoria Tejeda, Rubén Manzi, Lidia Ascarate, Ingrid Jetter y Claudio Poggi.

El 22 de marzo pasado fueron publicados en el Boletín Oficial los Decretos de Necesidad y Urgencia n° 163/2023 y 164/2022. Por un lado, el decreto 164  “viola flagrantemente la Ley de Administración Financiera al abstraer expresamente de su ámbito una operación que está claramente alcanzada por el artículo 65 de esa norma”, explicaron en la iniciativa.

Además, manifestaron: “En el caso de ambas disposiciones del Ejecutivo, además, al obligar a los organismos públicos, en particular al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, a pesificar los activos que tengan nominados en dólares está estafando a los verdaderos destinatarios de ese Fondo. El FGS tiene una alta composición en su cartera de los títulos que son objeto de esta operatoria forzosa, por lo cual la valuación de sus activos se vería seriamente afectada”.

“Esto es relevante porque de acuerdo con el marco normativo del FGS en su norma fundante, uno de sus principales fines es atender insuficiencias para el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia y en los fundamentos de esa norma dice que el objeto del Fondo será asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables”.

Esta iniciativa se suma a la presentada por el bloque radical, presidido por Mario Negri, este lunes en rechazo a los Decretos de Necesidad y Urgencia publicados en el Boletín Oficial.

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Luego de comunicar que no se postulará como candidato a presidente en los comicios 2023, Mauricio Macri destacó la actitud de legisladores y dirigentes radicales, al tiempo que ponderó que “el radicalismo hace mucho tiempo que se transformó en un conjunto de dirigentes con distintas ideas y territorialidad.

En diálogo por Radio Mitre, el expresidente fue consultado por la actitud de los radicales y manifestó: “Es difícil decir los radicales porque el radicalismo hace mucho tiempo que se transformó en un conjunto de dirigentes con distintas ideas, pensamientos, territorialidad. Yo veo dirigentes en ellos muy valiosos con mucho futuro. Algunos salieron de las inferiores de Lanata, por ejemplo, hay de todo como (Martín) Tetaz que intenta crecer y crecer en su acción política”.

“Hay muchos como (Alejandro) Cacace, Rodrigo de Loredo que tiene mucha energía y claridad en las ideas que expresa. Carolina Losada tiene mucha actitud. Los mendocinos están muy bien parados”, destacó y sumó: “Para mi Gustavo Valdés es un gobernador muy bueno, hay muchos que puedo seguir nombrando”.

Y cerró: “La vieja guardia también tiene sus valores, pero no son lo mismo, entonces algunos están mas convencidos que esta etapa es de audacia y de desprenderse del populismo que ha sido contagioso y hoy se ha llegado a pensar que hacer política es regalar”.

Desde el interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por el puntano Alejandro Cacace, presentaron un proyecto para que las computadoras y tablets vuelvan a dejar de pagar derechos de importación, como se implementó durante el gobierno de Cambiemos y que la gestión de Alberto Fernández eliminó, sumando un arancel que los afecta.

“El Gobierno nacional, a través de un decreto incrementó los aranceles e inmediatamente aumentaron los precios de las notebooks y tablets más vendidas en un 80%; por con este proyecto se busca que sea el Congreso de la Nación quien asegure la permanencia de los aranceles 0%”, plantearon.

Así lo establece su artículo segundo: “Fíjase la alícuota al 0% de pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa de carácter aduanero a la importación de toda clase de computadoras, incluidas notebooks; tablets; y sus repuestos y accesorios. Se consideran incluidas dentro de estos dispositivos a todas las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador”.

Además, remarcaron en el texto que “las computadoras y tablets no son bienes de lujo, son herramientas centrales para el desarrollo productivo en una era donde ha tomado una mayor preponderancia el teletrabajo, por lo que debemos eliminar cuanto antes todas las trabas que haya para que los argentinos puedan hacerse de estas herramientas claves para la inclusión digital, la educación y el desarrollo económico y productivo del país”.

Acompañan el proyecto de Cacace los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto Silvia Lospennato, Matías Taccetta, Martín Tetaz, Laura Rodríguez Machado, Pedro Galimberti, Paula Olivetto, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas, Danya Tavela, Lidia Ascarate, Victor Hugo Romero, Ricardo Buryaile, Jorge Rizzotti, Soher El Sukaria, entre otros.

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Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

La norma se sancionó con 134 votos a favor, 107 en contra y ninguna abstención.

Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa los cuatros diputados aliados del interbloque Provincias Unidas; los cuatro legisladores del Frente de Izquierda; y 7 del interbloque Federal (no estuvo presente Florencio Randazzo). Votaron a favor también Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (MPN) Estos mismos fueron los que facilitaron la apertura de la sesión aportando al quórum.

Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el texto y defendió su dictamen de minoría. Todos sus miembros presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La Libertad Avanza.

El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto del año pasado, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

El debate

A la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

A su turno, la mendocina Marisa Uceda dijo que la norma “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Por el dictamen de minoría, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace sostuvo que “el diputado Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre del mercado de trabajo por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”. En ese sentido, planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

A su turno, el cordobés Rodrigo De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En su intervención, la diputada Romina Del Plá señaló que “la canasta básica de la Tercera Edad medida por la defensoría de CABA hoy supera los $170000. La mínima que cobran más del 70% de los jubilados es un tercio de eso, o menos. Un Estado que abandona así a los mayores es un Estado criminal”. En referencia al proyecto sobre moratoria votado agregó que: “Hoy se votó una ley por la cual a la jubilación mínima de indigencia se les descontarán aportes que les fueron robados a las y los trabajadores. La votamos a favor porque serán muchas las personas que tendrán este paliativo para hacer frente al hambre y a la inflación del 100% de este gobierno del FMI. Desde nuestro bloque presentamos un dictamen por minoría y un proyecto de ley para que todos los y las adultos mayores tengan acceso a una jubilación universal que cubra la canasta básica de la tercera edad”.

El radical cordobés Víctor Hugo Romero detalló: “De la población activa hay un 7,1 por ciento desocupado, un 28 no asalariado y 4 de cada 10 que perciben salarios no perciben no están registrados formalmente”. A su vez, añadió: “Los trabajadores informales, el 63 trabaja en empresas de no más de 5 empleados y el 89 con menos de 25. Solo pueden cumplir las grandes empresas”.

“Desde 2005 se establecen leyes de moratoria, pero siempre con parches, nunca con solución de fondo”, aseveró. Y concluyó: “En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000, pero solo 94.000 corresponde con trabajadores con aporte de 30 años, solamente creció en 2.030.000 el trabajador registrado y 7 de cada 10 cobra por bajo de la línea de pobreza”. “Este nuevo proyecto de plan de pago requiere un análisis más profundo y está lejos de generar derechos”, cerró.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), en su alocución, afirmó: “Queremos sostener esta ley de plan de pago previsional para beneficiar a 800.000 argentinos y en mi caso a 17.000 trabajadores entrerrianos”.

El diputado oficialista recordó que en 2003 el 40 por ciento no accedía a la jubilación y explicó: “Si no analizamos la perspectiva a futuro es difícil analizar el sistema previsional”.

“Estamos de acuerdo en que exista algún remedio legal para que aquellos a los que les faltan años de aporte o edad jubilatoria puedan compensar esa diferencia, pero sin exterminar el sistema jubilatorio. Estamos asistiendo al derrumbe y ruptura total del sistema previsional argentino en detrimento de nuestros jubilados con esta, mal llamada, moratoria”, señaló a su turno la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro). Y agregó: “Si tuvieran una genuina preocupación por la justicia social no se llevarían puesta a la caja de jubilaciones del país, el ANSeS, con este tipo de leyes incoherentes. Debieran generar un sistema que permita verificar que quienes quieran acceder al sistema previsional, y no tienen aportes, realmente lo necesiten. No les importa que se pueda jubilar un millonario que nunca aportó, ya que no tuvo la necesidad de trabajar. Generan injusticias bajo una supuesta ley que beneficia a todos, pero en realidad es una verdadera trampa parlamentaria que lo único que hace es desfinanciar a los jubilados de la Argentina”.

Asimismo lanzó que “si el kirchnerismo tuviera un legítimo interés por defender la justicia social no callaría que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, percibe 67 jubilaciones mínimas por mes o haya reclamado en la Justicia un aporte correspondiente a 2971 jubilaciones mínimas. Ante estas grandes inequidades de una de las principales representantes de su coalición, el Frente de Todos mira para otro lado”.

Para Alejandro “Topo” Rodríguez, las mujeres “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. Y advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.

En su discurso, el oficialista santafesino Eduardo Toniolli señaló que “las moratorias permiten incluir a argentinas y argentinos que, después de haber trabajado toda su vida, no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. En ese sentido son un acto de justicia. No estamos hablando de regalar nada, si de reconocer el laburo de 800 mil compatriotas”.

“Los datos muestran que la gran mayoría de las beneficiarias de las primeras moratorias fueron mujeres humildes, que habían pasado años desempeñando tareas de cuidado que nunca fueron reconocidas”, señaló el legislador nacional del Frente de Todos, y agregó: “así cómo reconocemos la justicia de esta medida, también señalamos que la asignatura pendiente es la recuperación del nivel de los haberes previsionales, que guarda estrecha relación con el problema estructural de ingresos y de condiciones laborales de la población activa”.

En su intervención, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

En segunda instancia, explicó: “La suma de las moratorias nos lleva a gastar 12 puntos del PBI”. “Me resulta inadmisible si esto no estaba previsto en la Ley de Presupuesto”, siguió.

Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.

El diputado del Pro Luciano Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, sostuvo por su parte Javier Milei. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Bien sobre el final del debate, Silvia Lospennato se refirió al tema como “un problema que tenemos y que no hemos podido reparar”. Al punto tal de recordar que ha habido 1.273 normas que en la historia han modificado la ley original.

Habló de un sistema que exige 30 años de aportes y que “excluye al 80% de los argentinos que tienen la posibilidad de jubilarse y acumular esos años. Ese es el problema en serio que tenemos que elaborar y que seguimos procastinando”.

Lospennato advirtió que “no se puede seguir especulando electoralmente cuando está en juego la sostenibilidad del sistema previsional argentino”, al tiempo que reivindicó a la gestión de Cambiemos, que –dijo- le devolvió a los jubilados con la Reparación Histórica “lo que el Frente de Todos les robó durante muchos años”. reivindicó también la PUAM y la movilidad aprobada en medio de 14 toneladas de piedras. “Soportando el silencio cómplice de estos tres años en los que los jubilados no han dejado de perder mes a mes”, dijo, reconociéndole al oficialismo el “relato” que les permite erigirse a sí mismos como defensores de los  jubilados.

“Ustedes saben que hoy están votando un aumento brutal del déficit fiscal de la Argentina. No podemos dejar de señalárselo. Están gobernando, por lo menos tengan algo de responsabilidad fiscal… Siempre son pan para hoy y hambre para mañana”, disparó la diputada, que agregó que “esta nueva irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo la van a pagar los jubilados. El único ajuste que sabe hacer el kirchnerismo lo hacen sobre los jubilados”.

A continuación, la diputada Graciela Camaño recordó que venía a votar la prórroga de la moratoria que estableció en 2017 Mauricio Macri, que a su vez tenía que ver con la primera moratoria del primer gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a ser consecuente”, afirmó.

“No le estamos robando los aportes a nadie”, aseguró, negando que esta crisis venga de la década del 90, sino que la atribuyó a la del 80. “Sabemos que lo que tenemos que cambiar es de una profundidad que requiere acuerdos que no podemos lograr”, agregó, advirtiendo finalmente que “si alguien cree que con esta miseria que van a hacer van a conseguir votos, no han leído el proyecto”.

El penúltimo orador fue Máximo Kirchner, quien no estaba anunciado en las listas que circularon durante el día. Y en su mensaje negó el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Los jubilados no generan déficit”, aseguró, agregando que hay no más de 10 o 15 países en superávit fiscal en el mundo. “La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”, cerró.

El cierre del debate del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien valoró en primer lugar que se hubiera podido sesionar y agradeció puntualmente no solo a sus diputados, sino a los de los otros bloques: Provincias Unidas, los socialistas Santafesinos, Identidad Bonaerense y los de la izquierda “que nos acompañaron en el quórum, que es tan o más importante que el voto final”.

“Dimos un debate muy honesto, donde pusimos posiciones políticas muy fuertes; no sé si nos escuchamos tanto, pero hubo argumentos que también demuestran a quiénes intentamos representar”, señaló.

Reconoció finalmente que esta ley no representa una solución de fondo. “Probablemente no, pero me parece que estamos dando un paso muy importante y vamos cerrando puertas, así como reafirmamos un determinado camino, con un no a la capitalización, no a recortes a jubilados, ni al fraccionamiento del sistema previsional”.

Qué establece la flamante ley

La flamante ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

Luego de que el oficialismo defendiera el dictamen de mayoría por el plan de pago de deuda previsional en la única sesión de extraordinarias que tuvo lugar este martes, los diputados de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace y Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) respaldaron el despacho de minoría y le pidieron al FdT que “terminen con los parches”, al tiempo que sugirieron “establecer una prestación proporcional”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el puntano Alejandro Cacace quien planteó que “el diputado (Carlos) Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre por el mercado de trabajo, por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”.

En ese sentido, Cacace informó que “4 de cada 10 trabajadores no están registrados ni tienen sus aportes ni cotizaciones regularmente ingresadas en el sistema previsional y llegan a la edad previsional sin los aportes para poder jubilarse”.

“La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no lo abordamos, que no lo fiscalizamos adecuadamente y en el que a veces hablamos de los empleadores”, lamentó el puntano y señaló que “el propio Estado precariza a los trabajadores haciéndolos desempeñar tareas en la administración pública sin ingresarle los aportes respectivos. Ese es el problema número uno que tenemos que resolver”.

A su vez, el opositor planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

“¿Cuál es el problema?”, preguntó y agregó: “Es innegable que con la creación de las sucesivas moratorias hubo un aumento en la cobertura previsional por supuesto, porque si alguien no cumple con los requisitos para jubilarse y la moratoria se los da por cumplido, desde luego han podido acceder a una jubilación, ampliar la cobertura previsional fue un efecto positivo”.

En esa línea, enumeró: “Ahora trae dos problemas que no podemos ignorar o soslayar. El primer problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema”.

“No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, advirtió Cacace y sumó: “Es medio punto del PBI del déficit que se amplía, genera un problema de caja al Estado de forma inmediata y eso los informantes de la mayoría lo niegan”.

En ese marco, el diputado de Evolución Radical explicó que “la tendencia cambia en la medida que hay informalidad laboral en todo el mundo se pasa a tener sistemas no contributivos, prestaciones previsionales que no dependan necesariamente de las contribuciones”. Así, defendió la PUAM que se creó en la gestión anterior porque “se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y la administración del presidente Macri se establecía que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos y de ellos a los adultos mayores”.

En otro tramo de su discurso, Cacace manifestó que “hay un problema de quienes tiene aportes parciales de eso somos conscientes con la informalidad laboral”, y apuntó: “Es mentira que ustedes están siendo creativos. No es creatividad hacer lo mismo de siempre y establecer una nueva moratoria, el propio Heller dijo que es un paliativo, un parche”.

En esa línea, sugirió: “Terminemos con los parches, diseñemos soluciones de política públicas sustentables para nuestro país. Abordemos el problema de los aportes parciales la solución que estamos introduciendo en el dictamen de minoría, y no es un invento nuestro que hacen otros países, es establecer una prestación proporcional que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.

A continuación, fue el turno del titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, quienhizo propias las precisiones que Cacace, de forma “brillante”, esgrimió previamente y disparó: “De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino”.

“Incorporó 2.500.000 nuevos jubilados donde casi en su totalidad no habían hecho aportes. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque inicialmente podían. La famosa década ganada que, para nosotros, fue la más extraordinaria oportunidad perdida, pero también lo hicieron por dos argumentos. Por un lado, tiene que ver con la irregularidad del mercado laboral que arroja más del 40% de los empleados en la informidad sin aportes previsionales ni seguro médico. Por otro lado, la necesidad de la visibilización del trabajo doméstico no remunerado en el marco de una agenda de género de impacto cultural a nivel mundial”, lanzó eufórico.

En esa línea, expresó: “Discutir sobre estos dos problemas que tiene la Argentina me parece insensato por la evidencia y la magnitud del problema”, y sumó: “En materia de seguridad social tenemos dos políticas públicas a aplicar. La contributiva que se nutre de aportes del 11% mensual y 16% del empleador de 30 años de la jornada laboral del trabajador. Hay otras políticas públicas que son no contributivas que tienen una focalización vinculada a las carencias socioeconómicos de las personas y necesitan su respectiva cobertura”.

“Hoy el sistema, con 6.500.000 jubilados, tiene más del 50% de 3.500.00 jubilados que no hicieron los correspondientes aportes en los 30 años respectivos y cerca de 2.500.000 que literalmente no hicieron nueva un aporte”, denunció.

Al respecto, De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En ese sentido, comparó: “Nos tocó a nosotros tratar de equilibrar esas asimetrías y tomamos 3 decisiones que nos salía carísimas. La primera fue la creación de la PUAM, para que toda aquella persona que ingrese a la edad de vejez de no poder laburar tenga una contraprestación no contributiva del 80% del haber previsional, lo mismo que ustedes quieren hacer comprar a través de una moratoria. La segunda decisión fue la reparación histórica que quería recuperar el equilibrio piramidal del sistema y la tercera decisión, tan necesaria en un país tan inflacionario, fue crear una fórmula para que se actualicen por inflación que fue la decisión más apedreada de la historia democracia contemporánea”.

“Ustedes vinieron, le dieron rienda suelta a la fábrica de billetes, eliminaron la fórmula, no construyeron nada, plancharon las jubilaciones en el primer año y ahora actualizan los ingresos no por inflación y eso trae aparejado cuatro consecuencias desde el 2019 a la fecha: los jubilados hubiesen cobrado mejor con nuestra fórmula; el haber jubilatorio mínimo perdió 33 puntos en relación a la inflación y 83 puntos en relación a la canasta básica y el triste récord de tener las jubilaciones en dólares más baja del continente con 150 dólares nosotros”, describió el cordobés.

Y remató: “Esta moratoria agrava el proceso de inequidad, de desigualdad y de insustentabilidad del sistema. Nosotros proponemos un sistema superador, estable y visible para todos”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical) observó este miércoles que “claramente hay una situación económica que está empeorando” y la “distorsión cambiaria es central” porque “lejos de corregirse se van introduciendo nuevas medidas que generan nuevas distorsiones”.

“Hay 14 tipos de cambio que van costando en la inflación que se genera y en lo que el Gobierno hace para sostener eso”, explicó y advirtió: “No se están corrigiendo las distorsiones, se están profundizando y eso deteriora el estado de la economía. El índice crucial para medir eso es la inflación interanual que ha llegado al 95%, récord absoluto desde la salida de la convertibilidad”.

En diálogo con AM750, el radical analizó que la inflación “no es un problema de un solo gobierno, es sistémico. Es un problema cíclico. Generamos déficit fiscales muy fuerte, que no tenemos cómo financiar”.

“El déficit fiscal, este Gobierno lejos de reducirlo lo ha aumentado. Se había terminado en 2019 con un 0,5% y después saltamos al 9% en solo un año”, criticó. No obstante, apuntó que “hay mucho de echarse culpas entre las administraciones”.

En esa línea, el puntano sostuvo que “ni el Gobierno está siendo exitoso con lo que hace, que insiste con el control de precios, que han fracaso sucesivamente; pero también nosotros desde la oposición tenemos que tomar conciencia de que con ciertas medidas que se tomaron antes no fueron suficientes”.

Defensor de su propuesta de dolarizar la economía, Cacace opinó que hay que ejecutar “un programa mucho más fuerte en términos de medidas monetarias”. “Hace falta un cambio del régimen monetario porque la ciudadanía ya perdió totalmente la confianza en la moneda”, dijo.

“Estamos en 100% de inflación, estamos entre los cuatro países del mundo con más aumento de precios; con deterioro absoluto de salarios, mientras que los países dolarizados tienen los más altos de América Latina. Estamos muy mal con lo actual y es como que naturalizamos que es algo con lo que se puede vivir”, agregó.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) brindó su opinión respecto al proyecto de ley llamado “declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada” que impulsó el Gobierno nacional. “Es muy negativo y viene a corroer la cultura tributaria”, señaló.

En tal sentido, Cacace expresó: “Hubo un blanqueo para la construcción, un segundo blanqueo para el Presupuesto y otro para las exportaciones. Es un blanqueo tras un blanqueo”. Del mismo modo, sostuvo que es un “pésimo mensaje” para los contribuyentes, porque deja en evidencia que “si uno no cumple y no paga, sabe que vendrá un blanqueo nuevo”.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado sanluiseño consideró que “destruye la cultura tributaria” y “es excesivo”. En esa línea, añadió: “Hay un proyecto de blanqueo que propuso el senador nacional (Oscar) Parrilli que yo lo llamo la ‘suprepromo’ para evasores, porque alguien que debía un millón de pesos, que bajo las normas debía un millón 700 mil con multas, con este proyecto sabe que con 200.000 pesos se limpia de todo”. De tal modo, remarcó que no lo van a acompañar en el Congreso.

Respecto a las sesiones extraordinarias, el legislador opinó del juicio político a la Corte Suprema y afirmó que no van a participar “del show y la farsa”. En tal sentido, expresó que los temas que propuso la oposición para ser tratados en el temario -como el proyecto de ley de alquileres- no fueron agregados.

“Lo primero que quisieron hacer, con lo que arrancaron el jueves pasado y seguirán el próximo, es con la farsa del juicio político por lo que desde Juntos por el Cambio no vamos a contribuir”, indicó Cacace.

Así también, consideró que de haber temas de “preocupación ciudadana” habría otra predisposición de JxC.  “No vamos a dar quórum mientras insistan con la reforma al Consejo de la Magistratura, la impunidad y las causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el juicio político a la Corte”, remarcó.

Consultado sobre las elecciones a gobernador en la provincia de San Luis, Alejandro Cacace explicó: “La reforma electoral dispuso que en marzo hay que presentar los lemas y sublemas con mucha anticipación respecto al cronograma a nivel nacional”.

“No acompañamos el nuevo sistema, porque pone en movimiento todo más temprano y, al cambiar el sistema electoral, hay que establecer una estrategia para confrontar esa situación”, y agregó que “esa estrategia se basa en reunir a la oposición para definir un único lema para poder obrar, de esa manera la candidatura de Juntos por el Cambio en la provincia de San Luis”

Con relación a la elección presidencial, y la definición de candidaturas de Juntos por el Cambio, el diputado se mostró tranquilo y manifestó: “Para poder competir en esa interna estarán las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)”.

Por último el diputado de Evolución Radical habló sobre su futuro político, al respecto dijo que “vengo haciendo una tarea como diputado, la idea es seguir trabajando en el Congreso”, y cerró: “Se definirá cerca de las fechas, pero la voluntad de seguir ocupando un lugar en el Congreso está”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical-JxC) se refirió este martes a la nueva interna desatada en Juntos por el Cambio tras las críticas de su par Facundo Manes (UCR-JxC) sobre la gestión de Mauricio Macri, y analizó que son “parte de la competencia interna para definir candidatos futuros” en la principal coalición opositora.

En diálogo con AM750, el puntano fue consultado sobre las declaraciones del neurocientífico respecto de las causas de espionaje ilegal y también se mostró a favor de que se avance con esa investigación. “Las acusaciones por espionaje ilegal interno deben ser investigadas y deben tener un escrutinio muy intenso”, dijo, al tiempo que agregó que cuando un gobierno finaliza su mandato “hay que revisar e investigar si hubo desvío de funciones institucionales o corrupción. No porque termine la gestión se deba pasar a otra cosa”.

Por otro lado, el legislador de Evolución Radical subrayó que los potenciales precandidatos presidenciales de JxC tienen diferentes “matices y personalidades” y, en ese marco, observó a las críticas de Manes como “parte de la competencia interna para definir candidatos a futuro”.

“El gobierno de Macri tuvo muchas cosas buenas que desde nuestro espacio adherimos positivamente, salvo el problema con la inflación. Lo de Manes fue una crítica interna que da una imagen de pelea dirigencial, que no comparto en las formas, porque Juntos por el Cambio siempre se caracterizó por tener debates de altura y sin agresiones”, sostuvo.

En esa línea, Cacace señaló que “las elecciones primarias inducen a la competencia interna para definir liderazgos y candidatos, y eso lleva a que haya cruces”. Así, aprovechó para manifestarse en contra de una suspensión de las primarias el próximo año: “No sería positivo, desde ningún punto de vista, quitar las PASO”.

“Sería un retroceso institucional porque los partidos, desde el 2009 hasta acá, se han democratizado. Con las PASO, la gente se involucró en las internas partidarias y, además, la pauta tuvo un financiamiento más equitativo”, apuntó. “Cualquier radical va a decir lo mismo sobre la voluntad de preservar las PASO”, concluyó.

La diputada nacional Jimena Latorre anunció que al volver del receso invernal, buscarán tratar en comisiones el proyecto de eutanasia, y agregó que “en la Cámara de Diputados hay dos proyectos sobre el tema: ley de buena muerte, impulsado por la UCR, y la ley Alfonso, propuesta por el FdT”.

En conversación por FM Concepto, la diputada del bloque radical remarcó que “el primer proyecto lleva el nombre ‘Ley de Buena Muerte y regulación de la eutanasia’, y fue presentado por ella el 26 de noviembre del 2021 junto a Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace”, y anunció que “tiene más similitudes que diferencias respecto a los demás proyectos”.

Por otra parte, Latorre detalló que “este proyecto busca que haya una ley que regule el abordaje de la fase final del proceso de la vida”; sin embargo aclaró que “será dentro de la doctrina de la dignidad humana y basado en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

De la misma manera, la diputada de JxC sugirió que “se reconozca ese derecho a morir en situaciones de pacientes que tengan una enfermedad que cause serios sufrimientos físicos y psíquicos incompatibles con la vida digna o la dignidad humana”.

Además, adelantó que “una vez reunida la comisión informativa, presentarán a referentes para nutrir argumentos en la construcción de un debate informado y serio”, y anunció que “será trabajado después del receso invernal”.

Respecto a quienes se oponen a las leyes de eutanasia, Latorre sostuvo que “aquellos detractores que desinforman utilizando términos como `suicidio asistido´ ó `instigación al suicidio´ le están quitando el derecho a la dignidad humana”, además destacó que “habrá profesionales de la medicina explicando el tema”.

Para cerrar, la diputada radical relató que “no se contactó con ningún representante de la Iglesia, ni piensa hacerlo”, y explicó: “En un país laico no se puede legislar en base a los pedidos de una religión en particular, sino atender los reconocimientos de los derechos que necesitan los argentinos”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) presentaron un proyecto de equidad salarial en el sector público. El mismo establece que ningún funcionario en los tres poderes perciba una remuneración superior a la del presidente, ni reciba mayor actualización de su salario que la recibe un jubilado.

En su artículo primero, la iniciativa reza: “Estableces que las remuneraciones del presidente de la Nación, vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a, b, c y d del artículo 8 de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados, serán actualizados aplicando la movilidad previsional conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, no pudiendo percibir una remuneración mensual superior a la que le corresponde al presidente de la Nación”.

Su artículo segundo hace referencia a diputados, senadores, Defensor del Pueblo de la Nación, presidente de la Auditoria General, auditores generales y autoridades superiores de ambas cámaras del Congreso, de la Defensoría del Pueblo y Auditoría General.

Mientras que el artículo 3 hace hincapié en los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General, Defensor General de la Nación, consejeros de la Magistratura, miembros del jurado de Enjuiciamiento de la Nación, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.

“En virtud de lo normado por los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional, dispónese que los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, y los funcionarios del Ministerio Público de la Nación no podrán aumentar, por cualquier carácter, sus remuneraciones mensuales hasta alcanzar el tope salarial establecido en el artículo 1º”, agrega.

Entre los fundamentos, señalan que “el sector del cual formamos parte no debe ser ajeno a la austeridad y solidaridad que reclamamos de otros argentinos, sino que debemos ser quienes pongamos el ejemplo”, y apelaron al principio de igualdad, consagrado en el Art. 16 de la Constitución Nacional la cual “debe ser operativizado para todos los sectores de la sociedad, haciendo que los sacrificios y esfuerzos que se piden de los argentinos sea compartido y soportado por todos los sectores”.

“Debe destacarse la fuerte desigualdad que hay entre los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y el resto de los argentinos. Hoy en día, por ejemplo, un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra un sueldo básico de $963,581.34[1], sin contar adicionales como la antigüedad. Esto los pone más de 21 veces arriba de un Salario Mínimo, que es actualmente de $45.540. La brecha salarial entre estos y la población es enorme”, ejemplificaron.

Y remarcaron que “la equidad y la igualdad deben ser principios rectores para el Estado, que solo podrá fortalecerse en la medida que se proponga terminar con las injusticias y reducir la inequidad. La política, la función pública, no da privilegios”.

“No hay razón para que funcionarios de todos los poderes del Estado sean mejor remunerados respecto de los demás argentinos. Tampoco hay lógica en querer salvaguardar estas prerrogativas ante la crítica situación económica explicada por el gobierno como la causa del esfuerzo solidario que se le pide a la población. Si se pide a nuestros ciudadanos ajustarse, nosotros, como integrantes del sector público, debemos ajustarnos también”, expresaron.

Acompañan con su firma los legisladores Silvia Lospennato, Luciano Laspina, Lisandro Nieri, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Gerardo Milman, Sofía Brambilla, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Gabriela Brouwer, Danya Tavela. Matías Taccetta, Sabrina Ajmechet, Pablo Torello, Héctor Stefani, Marilú Quiroz, Karina Bachey, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo, Sebastián García de Luca, Fernando Iglesias y Germana Figueroa Casas.

Hubo fumata blanca en el debate del proyecto del Poder Ejecutivo de promoción para la industria automotriz, con lo cual no solo se habilitó un dictamen único para llevar al recinto, sino también se garantizó la aprobación del mismo la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente, se inició este jueves a las 12.41 y de entrada el legislador entrerriano anunció el consenso alcanzado en torno al proyecto, anunciando que los distintos bloques les habían hecho llegar sus objeciones, “algunas de las cuales hemos podido contemplar en la redacción final de este dictamen; otras las vamos a seguir analizando desde la firma del dictamen, hasta el momento que se realice la sesión”.

A continuación dio la palabra al diputado radical Víctor Hugo Romero, quien confirmó que “vamos a acompañar este proyecto y tenemos algunas disidencias”. Apuntó que “en términos generales compartimos la visión de este proyecto”, pero aclaró que tenían una serie de objeciones que iba a detallar junto a su correligionario Alejandro Cacace. Puntualmente citó el artículo 6, insistiendo en una propuesta que habían hecho respecto de las inversiones destinadas a motores de combustión interna, más allá de aclarar que compartían el espíritu del inciso.

Otro planteo suyo tenía que ver con el tema de la devolución del IVAde los saldos a favor que tienen hoy las terminales. “Proponemos reducir el tiempo a tres períodos fiscales, siempre que esos fondos sean destinados a desarrollos de proveedores”, puntualizó, y agregó: “Que las terminales reciban recursos del Estado, en la medida que esos fondos vayan a fomentar mejores tecnologías, mayor valor agregado y toda la cadena de valor”.

A continuación, Alejandro Cacace (Evolución Radical) le aclaró al presidente del plenario, Marcelo Casaretto, que “todos los bloques de Juntos por el Cambio van a acompañar el dictamen sobre la ley de promoción de inversiones”. El comentario venía a cuento porque existían versiones referidas a que el Pro no lo  haría.

“Es una buena noticia”, repuso Casaretto, y agregó: “Para la Argentina”.

“Lo veo contento por sus buenos oficios, presidente”, completó el diputado puntano.

El diputado Cacace expresó a continuación que además de los puntos referidos a los artículos 6° y 12° que había citado Romero, agregó un planteo hecho por su par del Pro Germana Casas Figueroa referido al artículo 13 sobre los derechos de exportación. “Tal como está, implica una alícuota cero”, planteó, recordando que la diputada santafesina había hecho notar que hoy rige también una alícuota cero para las cantidades adicionales exportadas, que eso está vigente bajo el decreto 150, pero vence el 31 de diciembre de este año”, señaló Cacace.

“En consecuencia lo que pedimos es que se incluya dentro de ese artículo 13 esa alícuota 0 para las exportaciones incrementales, así como para lo que establece el artículo”, agregó.

Luego señaló Cacace que el otro punto de discordancia tenía que ver el Instituto de Movilidad, en cuanto a las erogaciones o gastos que implique su funcionamiento. “Es verdad que se planteó en el artículo 26° que los integrantes del directorio desempeñarán su función ad honorem, pero no es el caso para el Consejo Consultivo, y la intención acá es que no implique mayores erogaciones al Estado, y en particular a los consumidores”, planteó, recordando que por eso cuestionaban el mecanismo de financiamiento, que básicamente implica que cuando un consumidor inscribe su dominio, parte de eso va al Instituto de Movilidad.

“Si uno ve en la estructura de la ley, en el artículo 16° hay un criterio superador, que habla de las auditorías hechas sobre las autoridades de aplicaciones. Todo el costo originado por las entidades de verificación corre a cargo de los propios beneficiarios; deben pagar una tasa que no puede exceder del 1% de los montos de los beneficios usufructuados y esa tasa se destina al financiamiento del propio régimen”, señaló, proponiendo hacer lo mismo para el Instituto de Movilidad: que se tome de esa misma tasa y de ahí se destinen los fondos para financiarlo.

A continuación y en nombre de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez hizo un planteo referido a la jerarquización de los biocombustibles, que fue atendido por las autoridades de la comisión, mientras que el oficialista Carlos Ponce volvió sobre el Instituto de la Movilidad, pero en referencia a su composición. Dijo estar de acuerdo con la presencia de un representante de la UOM y otro del SMATA, pero planteó incorporar a un integrante más del gremio del plástico. Y como el dictamen ya estaba, sugirió incorporar el tema si se podía durante la sesión.

Presentes en la reunión, estuvieron el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau. Para responder los planteos hechos desde la oposición, el primero señaló que las objeciones planteadas por el diputado Romero las tenían que analizar. “No puedo dar una respuesta inmediata”, aclaró, dando una extensa respuesta referida a la devolución de IVA en saldos de capital y créditos fiscales. “Tendríamos que ver si se puede resolver de alguna forma”, admitió, precisando que “estamos aprovechando acá hacer unas adecuaciones al artículo 24°, que tendrían que hacerlas también para el régimen general, porque sino a las automotrices se les complica bastante”.

Sobre el artículo 13° referido a los derechos de exportación, dijo que “estamos de acuerdo, nos parece muy atinado el comentario del diputado Cacace”, y planteó que habían hecho una modificación acorde al pedido de la oposición.

Por su parte, Loustau aclaró que en el fondo estaban contmeplados los aportes privados en el artículo 16°, y dio luz verde al pedido de los cordobeses sobre biodiesel. “Estamos de acuerdo en incorporarlo en el punto 6° del artículo 2°, como los objetivos del proyecto de ley”, cerró.

La reunión fue cerrada por Marcelo Casaretto que contó que el dictamen ya estaba circulando. “Hasta el momento tenemos la firma del 17 diputados de Industria y 30 de Presupuesto, son 47 firmas, algunas de ellos con disidencias que han sido planteadas aquí”, detalló.

“Quiero resaltar que el dictamen tiene dos capítulos, uno el Fomento de Nuevas Inversiones. Que quede claro, el artículo 2° habla de inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura conforme el alcance realizado por empresas industriales radicadas en la República Argentina. Para inversiones nuevas a partir de la sanción de la ley en adelante”, precisó.

Casaretto reseñó entonces que “en relación al texto original, se cambió el artículo 12° en relación con la redacción técnica del tema del IVA. En relación a los otros temas planteados, el 6, el 13, el 27 y el 2, los vamos a considerar en los próximos días entre la firma de este dictamen hasta el momento del tratamiento en el recinto”.

Y repitió, antes de dar por concluida la reunión, que “de la redacción original, en el dictamen cambió solo el artículo 12°, por recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo y sobre todo el de Economía”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (UCR – San Luis) se refirió a la Ley de Alquileres y señaló que “no vamos a lograr que haya más alquileres controlando precios”. Además, sobre las diferencias que surgieron tras la firma del dictamen de minoría, sostuvo que siempre fueron sobre el plazo y el precio.

Entrevistado en Radio Provincia, el puntano indicó que, de acuerdo a la evaluación que han hecho sobre el resultado de la norma vigente, “vemos que generó algunas consecuencias no deseadas. Si bien buscó proteger a los inquilinos con el plazo de locación y el índice de actualización, terminó habiendo incrementos muy fuertes”.

“Buscamos que la intervención del Estado no se de a través de la regulación de precios sino en beneficios impositivos para hacer que haya más oferta de propiedades en alquiler”, dijo el legislador y advirtió que “hay muchas disposiciones” de la ley actual “que no fueron cuestionadas”, ya que “las críticas fueron sobre el plazo y el precio”.

Cacace manifestó que “no hay que romantizar la situación de que hay poderosos y débiles en esto (…) Lo que hay que hacer es que el mercado funcione. Si tenemos una economía altamente inflacionaria como la de hoy y los propietarios deben esperar un año para actualizar el valor de la renta, les genera una pérdida, por eso retiran las propiedades y así no hay posibilidad para el inquilino. Hoy son pocas las propiedades disponibles para alquiler”.

Insistió en que “si uno trata de poner precios máximos, el resultado es que termina habiendo menos oferta y esto pasa con alquileres, alimentos o combustibles”. Consignó que el Estado tiene otras herramientas para mejorar la situación como “la construcción de viviendas sociales, el acceso al crédito hipotecario” o “la ayuda a familias vulnerables o jóvenes a pagar el alquiler”.

No por esperado el elevado índice inflacionario de abril pasó desapercibido por los legisladores de la oposición, que inmediatamente después de conocido publicaron sus críticas en Twitter.

El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri alertó que “el poder adquisitivo está en un tobogán. La #Inflacion de abril fue de 6%. Un gobierno paralizado por sus internas  no puede ganar ni un round.

El poder adquisitivo está en un tobogán. La #Inflacion de abril fue de 6%.
Un gobierno paralizado por sus internas no puede ganar ni un round. pic.twitter.com/9mCb7r639z

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 12, 2022

“Al kirchnerismo no le interesa bajar la inflación porque así hacen el ajuste diciendo que no ajustan. Así licúan los salarios, las jubilaciones y la descomunal deuda en pesos que tomaron”, agregó el cordobés, y concluyó: “Están llevando la situación al límite y ponen la paz social en riesgo”.

El puntano Alejandro Cacace expresó: “El ministro de Economía Martín Guzmán dice que dolarizar es un delirio y que ni siquiera lo considera como opción. Lo que verdaderamente es un delirio es que tengamos 6,7% de inflación mensual y que él esté de lo más tranquilo como si no pasara nada. Es hora de resolverlo!”

“Se confirmó que el IPC aumentó un 6% en abril. Suma más de un 23% en el primer cuatrimestre del año”, señaló el radical Fabio Quetglas, que agregó: “La #inflación genera la erosión de la salud mental de un país entero. Tiene un costo frenarla, pero ese costo es aún mayor si la decisión es no enfrentarla”.

Se confirmó que el IPC aumentó un 6% en abril. Suma más de un 23% en el primer cuatrimestre del año.

La #inflación genera la erosión de la salud mental de un país entero. Tiene un costo frenarla, pero ese costo es aún mayor si la decisión es no enfrentarla. pic.twitter.com/VoxUOJ3X3B

— Fabio Quetglas (@fabiojquetglas) May 12, 2022

El legislador porteño Diego García Vilas tuiteó: “Casi 60 por ciento de inflación acumulada a lo largo del último año es el resultado de un Gobierno completamente desorientado, enredado en sus propias peleas, sin rumbo. Juegan con fuego, la situación no da más”.

Por su parte, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri señaló que “Alberto Fernández y Cristina Kirchner con el 6% de inflación mensual en abril llevan a miles de argentinos a la pobreza. Hora de ponerse las pilas y dejar las vanidades. Hora de hacerse cargo. No hay margen”.

José Luis Espert expresó: “Inflación de abril en 6%, lo que da 100% si se mantuviera así todo un año. Parece que la ‘multicausalidad’ no se estaría dando. La fábrica de pobres a full y todo por ignorar a la ciencia y a la realidad que dicen que la inflación es un fenómeno monetario”. Mientras que Martín Tetaz señaló: “Segundo mes consecutivo que la inflación corre a velocidad anualizada de 3 dígitos. Si en todos los meses de un año hay 6% de inflación se acumula 101%”.

Desde la Legislatura bonaerense, el diputado Alex Campbell señaló que Martín Guzmán “no logra frenar la inflación: una máquina de generar pobreza y destruir los sueños de los que quieren progresar con el esfuerzo de su trabajo. Mientras tanto, Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen a los argentinos de rehenes y al gobierno paralizado con su interna”.

Allegado a Javier Milei, el diputado porteño Ramiro Marra tuiteó: “La inflación de abril fue de 6% y la suba anual es la más alta en los últimos 30 años ¿Ya podemos aceptar que este gobierno es el peor de la historia?”.

El presidente del bloque Evolución, Rodrigo de Loredo, señaló que entre el ‘plan electoral’ de CFK (moratorias, paritarias, emisión) y el plan ‘vamos viendo’ de Alberto, el país va a números récord de inflación anualizada. No quieren y no pueden resolver el problema porque no tienen un proyecto de país y un plan de gobierno sensato. #Indec”.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto dijo que “la inflación afecta a todos los argentinos, especialmente, a los jubilados, a los más humildes y a los laburantes. Lamentablemente, este gobierno no tiene un plan económico y la crisis se agrava con sus peleas internas. La inflación más alta desde 1992. #ElPeorGobierno”.

A su turno, Soher El Sukaria expresó que “la inflación es el impuesto más regresivo e injusto porque afecta sobre todo a los que menos tienen. No hay plan, y el presidente cuando no está de gira está ocupado en su interna”.

La legisladora porteña Natalia Fidel tuiteó por su parte: “Inflación abril: 6%. Si el Gobierno hiciese todo bien, TODO, a este ritmo cerraríamos 2022, con suerte, en 60% anual. Ese es el escenario optimista sujeto a una hipótesis (muy) improbable. Pero… cuenten con él que está viendo la realidad”.

“La peor inflación interanual en 30 años”, observó el mendocino Omar De Marchi, que agregó: “El 6% de inflación d abril nos lleva a la peor marca inflacionaria interanual desde 1992. El Gobierno nos somete a un patético espectáculo de peleas internas, mientras aumenta la pobreza y la exclusión. No les importa nada. Irresponsables”.

A su vez, el radical Martín Arjol señaló: “Mientras el Presidente va viendo la cosa y la Vice piensa en el 2023 la #Inflación no para y el salario se desgrana”.

Vicepresidente 2° de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el catamarqueño Rubén Manzi llevó la voz cantante de la mayoría de las modificaciones que se buscaron introducir a la norma. En primer lugar, para el inciso “a” del artículo 1° el legislador de la Coalición Cívica propuso ampliar a la enfermedad de la lepra el espectro alcanzado por la norma, quedando redactado de la siguiente manera: “La respuesta integral e intersectorial para enfermedades infecciosas crónicas de transmisión interhumana tales como el virus de inmuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS), la tuberculosis (TBC); la lepra y otras que por su evolución, características e impacto sean homologables a estas.

Propuso también agregar un inciso “f” que diga “la promoción del establecimiento de nuevos centros de testeos como estrategia para lograr efectuar mayor cantidad de diagnósticos”, y un inciso “g” que diga “la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia de residencia del paciente, con el fin de facilitar su adherencia al tratamiento”.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, aceptó incorporar los citados incisos “f” y “g”, mas no el pedido de sumar otras enfermedades, por cuanto consideró que “esta es una ley integral que inclusive incorpora un régimen previsional, y dejar abierta a otras enfermedades podría generar un universo que no conocemos”.

El diputado Gustavo Bouhid propuso modificar el artículo 3° estableciendo que “la asistencia será general universal y gratuita para aquellas personas que carecen de cobertura médica, quedando a cargo de las entidades comprendidas en este artículo las prestaciones correspondientes a los tratamientos de los afiliados”. Fein aclaró que no aceptaban la modificación por cuanto “se sobreentiende que la asistencia es integral, universal y gratuita como concepto, y obviamente quien tiene obra social o prepaga aporta a partir de esa adhesión a la garantía de la cobertura integral y que no sea un pago de coseguro cuando se tiene la consulta”.

Antes de votar, el diputado Alejandro Cacace aclaró que tal cual se había conversado proponían al final del artículo que diga “y las distintas herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada”, y esa incorporación sí fue aceptada.

Respecto del artículo 8°, el diputado Manzi reiteró lo que había dicho durante el debate respecto de las pruebas de diagnóstico para trabajadores de la salud que pudieran tener un intercambio accidental de sangre con el paciente. Y entre silbidos desde los palcos leyó cómo quedaría el texto: “Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral, exceptuando las relaciones con actividades que estén expuestas a un intercambio accidental de sangre del postulante con sangre de terceros y que por ello requieran la constatación de posibles accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, además de resguardar la salud de terceros afectados. No podrá condicionarse la permanencia o promoción en los puestos de trabajo a la realización o al resultado de esta prueba”. La presidenta de la comisión rechazó las modificaciones propuestas.

Llegando a la parte relacionada con Derechos laborales, el diputado Alejandro Cacace propuso para el inciso “a” del artículo 9°, teniendo en cuenta que muchas veces se producen despidos con otras aparentes justificaciones, pero que tienen que ver con que la persona tiene HIV, sumar al final la siguiente incorporación: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o TBC ITS o TBC, obedece a razones de discriminación”.

Manzi sumó en el inciso “c”, que dice “el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo”, la frase: “en los casos de HIV y hepatitis virales”. Esto es por cuanto en casos de tuberculosis se podría poner en riesgo a los compañeros de trabajo.

Ahí se produjo una confusión, pues la presidenta de la comisión aceptó en principio la modificación propuesta por Cacace y no la de Manzi, aunque inmediatamente se desdijo y aclaró que la aceptación y rechazo era al revés. Con una sonrisa, el presidente de la Cámara la corrigió: “Yo entiendo que es al revés, diputada. Entiendo que es al revés, se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Cacace, no se aceptan las propuestas por el diputado Manzi”, precisó Sergio Massa.

En cuanto al artículo 17°, el diputado Manzi sugirió incluir un párrafo destinado a las personas que en función de su residencia están alejadas de los centros asistenciales a los cuales deben concurrir: “Establécese asimismo la obligatoriedad de ofrecer al paciente el seguimiento del tratamiento y la provisión de los medicamentos en su lugar de residencia”. Mónica Fein aceptó la modificación.

A continuación, Mónica Fein pidió la reconsideración del artículo 15°, donde retiraron del texto lo referido a las hepatitis B y C. dicho artículo refiere a “la realización y/o procesamiento de las pruebas diagnósticas para la detección de VIH”, para las cuales “es requisito suficiente la solicitud y firma del consentimiento informado de la persona interesada”.

Al llegar al segmento correspondiente a la “seguridad social”, Alejandro Cacace se refirió a la creación de los regímenes previsionales de excepción y para el artículo 24° propuso poner: “Se presumen cumplidas las condiciones para acceder al beneficio establecido en el artículo 17° inciso ‘c’, de la Ley 24.241 para las personas con VIH y/o hepatitis B y C que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25° de esta ley”.

La presidenta de la Comisión de Salud rechazó la modificación, y a continuación pidió la palabra Maximiliano Ferraro para expresar que “no me parece habilitar en términos de este debate que producto de las dos cuestiones que hacen a la seguridad social, pensiones no contributivas y adelanto de la edad jubilatorias, considerarlos como un régimen especial o de privilegio”.

“Uno puede respetar las opiniones que tiene cada uno con respecto a la situación actual de las jubilaciones, pero, ¿sabe qué siento? Pagan justos por pecadores, porque este Congreso de la Nación históricamente mira a otro lado en el otorgamiento de jubilaciones de privilegio que son escandalosas y acá estamos hablando de que en la Argentina hay 130 mil personas diagnosticadas con VIH, que se está estableciendo qué es una contributiva para personas de alta vulnerabilidad social, pero que esos 130 mil que hoy conocen su serología, tienen que tener 20 años de aporte y 10 años de diagnosticada. Yo respeto la opinión que pueda tener la mayoría de mi interbloque y el resto de los diputados, pero lo que no quiero es que se instale en una cuestión de reparación histórica, en una cuestión de reconocimiento, que es un sistema de jubilación de privilegio o un régimen especial”.

En cuanto al artículo 30°, referido a las pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, de carácter vitalicio y no contributivo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. “Tal dictamen no define qué es la vulnerabilidad social ni a quién aplica”, señaló el diputado Cacace, por lo cual sugirió sumarle al final la aclaración: “cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El trabajo en relación de dependencia no impedirá el goce de la pensión indicada en el presente artículo. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales”. En rigor, aclaró que esa frase correspondía a un anterior dictamen cuya autoría atribuyó a Carolina Gaillard y otros diputados. La diputada entrerriana intervino para aclarar que eso había sido consultado con la ANSeS, organismo que avaló el régimen especial de jubilaciones, entendiendo que no era de privilegio, y en cuanto a la pensión no contributiva “sugirieron la redacción actual del artículo 30°, por eso vamos a sostener la redacción actual, porque están hechas las consultas con los organismos pertinentes”. Obviamente no se aceptó la modificación de JxC.

Ya Javier Milei venía hablando de la dolarización en cuanto programa participa, pero el radical Alejandro Cacace subió la apuesta al transformar la propuesta en un proyecto de ley que presentó esta semana. Y previsiblemente el tema generó reacciones entre sus pares. Incluso entre los propios.

El diputado nacional del oficialismo Marcelo Casaretto (Entre Ríos) descartó de plano la alternativa del legislador de Juntos por el Cambio al sostener que tal alternativa “le quitaría al Estado la posibilidad de la política monetaria”, como así también significaría “la pérdida de soberanía nacional de la Argentina”.

En el mismo sentido se pronunció Daniel Arroyo (FdT-Buenos Aires), quien advirtió que “una dolarización tendría efectos muy nocivos en términos de desocupación y pobreza, como quedó evidenciado en Ecuador durante la pandemia. Nuestro país debe defender su soberanía monetaria”.

En el mismo sentido, el diputado Leandro Santoro englobó cuestionamientos: “Primero instalan que hay que privatizar Aerolíneas. Después que hay que arancelar la UBA. Pasan por la destrucción del derecho laboral para despedir más rápido y barato y terminan con la dolarización de la economía. Esta película ya la vimos y sabemos que termina mal. Contra eso peleamos”, tuiteó el legislador oficialista porteño.

Pero las críticas no se limitaron al oficialismo. También desde Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó sus reparos hacia el proyecto de su compañero de bancada. Para el diputado bonaerense, “Cacace se apresuró y actuó inconsultamente al promover la dolarización”, y aclaró que “sin dudas debemos abordar urgentemente el grave problema de la desvalorización del peso, pero esto debe realizarse haciendo independiente al Banco Central, prohibiendo la emisión monetaria sin respaldo y reduciendo el gasto público y por tanto el déficit”. 

“La magia del 1 a 1 terminó en una catástrofe que fue 2001. En economía no existen ni magos ni prestidigitaciones. Es hora de afrontar nuestros problemas estructurales haciendo cirugía profesional”, continuó Assef, para cerrar explicando que “dolarizar es una opción inviable para la Argentina. El único camino es restaurar la confianza a partir de producir hechos como la reducción del déficit”.

Desde el mismo campo liberal que Milei, José Luis Espert aportó la siguiente definición: “La dolarización puede ser, eventualmente, la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo. Ésta última es detonar la Argentina populista de empresarios prebendarios, políticos gastomaníacos y sindicatos mafiosos”.

El presidente de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, salió a criticar en duros términos el proyecto presentado por el diputado nacional Alejandro Cacace, de Evolución Radical -el bloque que se escindió de la bancada UCR-, en el que propone la dolarización de la economía.

A través de Twitter, el dirigente escribió: “Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad”.

“Esto ya nos generó daños irreparables en el pasado, destruyendo el aparato productivo del país”, recordó y lanzó que “creer que con 7 artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez”.

Morales también enfatizó que “es un delirio pensar que el Banco Central va a contar con dólares para cambiar los pesos de la gente”. “Estos planteos ortodoxos y neoliberales ya los conocemos, son antiguos, atrasan y fracasaron en el país”, concluyó el gobernador.

Cacace salió a responderle y, tras llamarlo “estimado presidente de mi partido”, el puntano señaló que “la inflación es un grave problema de nuestra economía, que lleva mucho tiempo sin solución. Creo debemos animarnos a pensar políticas que lo resuelvan, con datos y evidencias, sin prejuicios ni agresiones”. “Demos ese debate en la @UCRNacional”, pidió.

Entre los comentarios se sumó la senadora jujeña Silvia Giacoppo, alineada a Morales, quien reprochó: “Es raro pedir debate en el partido cuando el proyecto presentado no fue debatido previamente. Los datos y las evidencias de esa receta que atrasa los sufren (y sufrieron) millones de argentinos. No es prejuicio. Es historia”.

Pero la reacción más fuerte llegó por parte del macrista Fernando Iglesias, quien defendió a Cacace y le disparó a Morales, dejando expuesta directamente la interna dentro de Juntos por el Cambio.

“Payasesco. Irresponsable. Ingenuo. Estúpido. Las palabras hacia un diputado de su propio partido de quien acusa a los demás de no querer el diálogo. Palomas para afuera. Halcones hacia adentro. Así, no”, fue el mensaje del porteño.

Estimado Presidente de mi partido: la inflación es un grave problema de nuestra economía, que lleva mucho tiempo sin solución. Creo debemos animarnos a pensar políticas que lo resuelvan, con datos y evidencias, sin prejuicios ni agresiones. Demos ese debate en la @UCRNacional

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) March 29, 2022

Payasesco. Irresponsable. Ingenuo. Estúpido. Las palabras hacia un diputado de su propio partido de quien acusa a los demás de no querer el diálogo.
Palomas para afuera. Halcones hacia adentro. Así, no. https://t.co/ocJTcVcujO

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 29, 2022

La semana pasada el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) había considerado que “debíamos dolarizar la economía argentina porque el ciudadano no confía en su propia moneda”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para establecer el dólar como moneda de curso legal de la República Argentina “con el fin de estabilizar la economía argentina, y terminar con el problema de la inflación”.

“Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en Pesos con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio establecido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley”, propone en uno de sus artículos.

El legislador radical argumenta que “un análisis de las últimas décadas en Argentina revela que la inestabilidad macroeconómica y monetaria es y ha sido un problema crónico para nuestro país”.

Con el fin de estabilizar la economía argentina, y terminar con el problema de la inflación, he presentado hoy en el Congreso de la Nación 🏛 un proyecto de ley de dolarización oficial.

Aquí el link al texto del proyecto y los fundamentos.

👉🏼 https://t.co/ZY3qlsu4Ly pic.twitter.com/kNQCXr83RN

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) March 28, 2022

“Argentina ha sufrido 17 crisis económicas y hemos crecido en solo 23 años en los últimos 40 años, considerando el lapso 1980-2020 según estadísticas del Banco Mundial. Es más, en la última década, hemos tenido más crisis económicas que en la mayoría de los países del mundo ya que la economía se contrajo en 6 de los últimos 10 años según estimaciones oficiales. Además, desde el 2011 nuestra economía no crece en términos reales, según datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en los últimos veinte años tuvimos dos defaults”, agrega en la iniciativa.

Además, advirtió que “somos una de las economías con mayor suba sostenida y generalizada de precios en el último siglo”. “La historia muestra que nunca hemos sido capaces de controlar la inflación salvo en dos oportunidades: con la Caja de Conversión, luego de la crisis de 1890, y con la convertibilidad, un siglo después, ante la hiperinflación de finales de los 1980 y principios de los 1990”, explicó Cacace.

“Uno de los problemas con estos regímenes, como ya veremos, es que es relativamente fácil abandonarlos. Así, diversos planes de estabilización llevados a cabo por distintos gobiernos han fallado sistemáticamente”, explayó el diputado puntano, motivo por el cual señaló que “quizás el mayor problema -no el único- para poder lograr estabilidad monetaria es que Argentina es un país bimonetario”, y precisó: “Esto quiere decir que los argentinos confían en una sola moneda, el dólar americano, pero están obligados a usar el peso, lo que genera una dolarización de facto”.

Proyecto-de-Ley-de-Dolarizacion-

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) criticó a las instituciones nacionales por ser “ineficientes para gestionar nuestro peso argentino”, y opinó que “deberíamos dolarizar la economía argentina”. Asimismo, apuntó contra los miembros del bloque oficialista que no votaron a favor del acuerdo con el FMI, aunque aseguró que el mismo “no resolverá los problemas de Argentina”.

El legislador puntano, en una entrevista con MDZ Radio, fustigó la ineficiencia del Banco Central, como institución que protege y fomenta la soberanía económica nacional: “En toda la historia argentina, salvo dos períodos entre 1890 y la convertibilidad de los 90, nuestra caja de conversión de divisas fue incapaz de gestionar nuestra moneda. El Banco Central ha generado más inflación que soluciones financieras”.

Por otro lado, Cacace reconoció que Juntos por el Cambio durante la gestión presidencial de Mauricio Macri “nunca pudo mejorar la situación del país” siendo que “utilizamos todos los recursos a disposición para mejorar la situación de Argentina, pero no pudimos. Tratamos de emitir menos, implementar tasas de intereses y todo eso no funcionó”, y enfatizó: “Nuestra economía es particular y el argentino no quiere el peso como moneda de circulación”.

“Cada peso que un argentino tiene en su bolsillo trata de cambiarlo por dólares, no confía en su propia moneda. Por eso deberíamos dolarizar la economía oficialmente”, consideró el diputado de Evolución Radical.

En tanto, recalcó que “Argentina no tiene soberanía económica frente al mundo. Hay pérdida de soberanía nacional cuando tu moneda se desvaloriza todos los días y no puedes planificar tu vida, porque no te alcanza, ni para ahorrar ni comprar activos”.

Por otra parte, el legislador nacional votó a favor del acuerdo para refinanciar la deuda contraída con el FMI y explicó que “el acuerdo no va a solucionar los problemas del país. De ninguna manera va cambiar la realidad del país, no va terminar con la pobreza menos con la inflación. Si no hubiera acuerdo, estaríamos peor y caeríamos en default. Nuestro historial crediticio sería afectado y no podríamos comerciar con el extranjero. Menos acceso a préstamos para crecer”, explayó.    

Además, definió de “irresponsables” a los legisladores del Frente de Todos por votar negativo en las dos cámaras del Congreso: “Las decisiones del oficialismo generaron una enorme irresponsabilidad, era un momento crítico para todos y en especial para el presidente. Él necesitaba apoyo y más de 40 legisladores de su propio partido no lo bancaron. Esto quedó graficado en las decisiones de Máximo Kirchner no dando quórum y votando en contra de Alberto Fernández”.

La diputada nacional Ingrid Jetter convocó, junto a la senadora nacional Gabriela González Riollo y los diputados Carla Carrizo y Alejandro Cacace a un conversatorio con el objetivo de dar a conocer la endometriosis, padecimiento que afecta a un porcentaje de la población femenina a nivel mundial y que altera la calidad de vida de las personas que la padecen. 

El encuentro se realizará el día 15 de marzo a las 12, en el Salón Frondizi-Moreno 5to piso Anexo Honorable Senado de la Nación, Hipólito Irigoyen 1700 (esq. Solís.). Acompañan la ONG Endolazos (San Luis), ONG Endo What-USA, ONG PAE (Pacientes Argentinas con Endometriosis), Labir FQByF Imbió SL-CONICET-UNSL, Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Sanità. 

Cabe resaltar que el año 2020 Jetter, comprometida con esta enfermedad, presentó un proyecto de ley cuyo objeto fue proponer una ley que proteja a las personas que padecen endometriosis, brindando un marco legal ante el vacío normativo existente, a fin de regular el acceso y tratamiento integral en la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la misma. 

“Durante estos últimos años recibimos la visita de la Sociedad Argentina de Endometriosis a fin de exponer la realidad que viven casi un millón de mujeres en nuestro país, como así también, tuve la oportunidad de reunirme con representantes de aquellos que padecen esta enfermedad, hicimos charlas/conversatorios virtuales, entre otros, allí me comprometí en trabajar en un texto legal. En esas reuniones se evidenció que los obstáculos que enfrentan personas con esta enfermedad y la falta de caracterización como ‘crónica’, además de afectar al propio cuidado de la salud, impiden o dificultan su diagnóstico”, expresó al respecto la diputada de Juntos por el Cambio. 

Jetter afirma que “las pacientes reclaman que se apruebe una ley que declare a la enfermedad ‘crónica’, y para poder tener cobertura de los medicamentos y en los tratamientos. En última instancia la falta de conocimiento y diagnóstico está afectando la libertad e igualdad de estas personas como así también su integración real y efectiva en la vida, es decir, impiden la igualdad de oportunidades y provocando discriminación por razón de enfermedad. Encontrándose este vacío normativo sobre Endometriosis desde su difusión, identificación, categorización como enfermedad crónica, dificultando de esta manera el pleno goce de derechos”. 

“La finalidad de esta ley es que las mujeres que padecen esta enfermedad logren ser diagnosticadas, reciban tratamiento acorde como titulares de todos los derechos en igualdad de condiciones, de allí que solicitamos se incorpore en el PMO (Programa Médico Obligatorio) que es la cobertura de prestaciones mínima garantizada, reconocer la situación de cronicidad de quienes la padecen, la necesidad de contar con información adecuada sobre la enfermedad para su detección temprana”, dijo Ingrid Jetter. 

Por último, Jetter detalla que “desde hace varios años estamos muy comprometidos con esta causa, haciendo lazos y apoyando a mujeres, grupos y ONGs que se ocupan del tema, uno de nuestros últimos contactos fue Noelia Romero que es la representante de ‘Endohermanas argentinas’ en Corrientes. Estoy segura que JUNTAS vamos a avanzar en nuestros objetivos y así lograremos una mejor calidad de vida para todas.” 
 

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) arrancó su intervención durante el debate por el acuerdo con la deuda con una serie de preguntas que fue respondiendo, a saber: ¿Este programa va a resolver la situación de la pobreza en la Argentina? No, respondió; ¿este programa va a resolver el problema del empleo y generar nuevos puestos de trabajo? Tampoco. ¿Este programa va a resolver el problema de la inflación? Seguramente tampoco lo va a hacer, se respondió, ante lo cual, continuó: “Entonces la gente nos pregunta legítimamente por qué avalan que haya un acuerdo”.

“Y la simple razón que tenemos es que haya ley para que no haya default en la Argentina”, resumió el diputado puntano, para enumerar luego las consecuencias que calificó como “muy graves”.

“Entramos en cesación de pagos con el FMI y quedamos fuera de sus programas; se acumulan los vencimientos y tendríamos que pagar todo antes de acceder a cualquier refinanciación; no podríamos acceder al crédito de otros organismos multilaterales”, enumeró, entre otros problemas que generaría una caída en default.

Y agregó que esa situación implicaría “la completa salida de la Argentina del sistema financiero internacional y el agotamiento de nuestras reservas”.

Cacace valoró la disposición mostrada por Juntos por el Cambio para encontrar un dictamen: “La consigna de todo nuestro frente es evitar el default”, justificó, pero pidió no confundir que ese sea “un aval al plan económico que están llevando adelante y está produciendo esta espiral de decadencia económica en nuestro país”.

“Escuchaba al miembro informante hablar de esta paradoja que él encuentra, que no quieren ir al Fondo, pero terminan yendo… La paradoja es arreglar una deuda del Gobierno anterior, pero resulta que van y le piden 5.000 millones de dólares más al Fondo -expresó-. Y la segunda paradoja es que mientras estamos todos sentados tratando de darle una solución y racionalidad al debate, es el propio oficialismo el que le retacea apoyo a esta solución”.

“Esa es la paradoja verdadera que se encuentra en este debate”, afirmó.

Cuestionó que el Gobierno afirmara que este es el único acuerdo alcanzado con el FMI en el que “no hay ortodoxa”, y que se resaltara que por primera vez se considera a la inflación como un problema “multicausal”. “No sé si es que han abrazado la ortodoxia, o han comprado las recetas del FMI”, apuntó Cacace, afirmando que las medidas planteadas en el programa “son todas herramientas bastante ortodoxas en la política monetaria”.

Por otra parte Cacace advirtió que “nosotros estamos aprobando el financiamiento, pero ustedes tienen la responsabilidad de cumplir con esos objetivos”, señaló el legislador radical, alertando que hablan de reducir los subsidios en un 0,6% del PBI, pero “vienen haciéndolo muy mal, ya que en este mes ha subido el déficit primario en 30%, y subido la ejecución de los subsidios en 109% respecto del año pasado… Entonces les vamos a dar la herramienta hoy, pero que actúe el oficialismo con responsabilidad, porque si dicen que tienen una meta, pero vienen acá y no la cumplen, en la primera revisión ya entraremos en incumplimiento y eso correrá absolutamente a cargo del Gobierno”.

Un grupo de 30 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el legislador puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical), presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 24 de la vigente Ley 26.122 del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia y proponer: “La aprobación expresa de ambas cámaras del Congreso para que un DNU sea válido como ley”.

“Los decretos deberán ser aprobados expresamente por la mayoría requerida para la aprobación de un proyecto de ley por cada Cámara del Congreso. Los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa dentro de los 60 días se considerará nulos”, propone el texto. Además, remarca que “rechazado el decreto de necesidad y urgencia o un decreto delegado por el Congreso, el Ejecutivo no podrá dictar otro análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso”.

Entre los fundamentos, subrayan que “los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994… y propusieron atenuar y limitar al sistema presidencialista, proveyendo un marco normativo a la delegación legislativa”.

A su vez, señala que el artículo 99 Inc. 3 de la Constitución Nacional dispone que “el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

“Sin embargo, no fue hasta el 2006 que los DNU fueron reglamentados en lo que conciernen a su procedimiento. Estuvieron 12 años sin control”, apuntan. En ese marco, recordaron que hubo muchas propuestas legislativas para reglamentar la disposición constitucional, una de ellas fue de la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner en el 2000, pero que en el 2006 cuando su esposo Néstor Kirchner era presidente, impulsó la Ley 26.122 en su carácter de senadora nacional contraponiéndose a lo que había propuesto años antes.

Y concluyen: “Este proyecto vendría a subsanar el daño institucional que le ha hecho a nuestro sistema republicano la Ley 26.122 en su redacción actual y reforzar el equilibrio entre los poderes y las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo”.

Presentamos junto a 30 diputados de @juntoscambioar un proyecto para modificar el régimen legal de los DNU y eliminar la sanción ficta, prohibida por el art. 82 de la CN, requiriendo en cambio la aprobación expresa de ambas cámaras del Congreso para que un DNU sea válido como ley pic.twitter.com/dEs9ki8bhH

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) March 3, 2022

Diversas voces se alzaron desde el plano legislativo luego de los anuncios hechos por el Gobierno nacional respecto del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

El diputado nacional puntano Alejandro Cacace consideró “positivo que nuestro país alcance un entendimiento con el Fondo Monetario. Las condicionalidades eran esperables: reducir el déficit fiscal y terminar con la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Aguardaremos ahora su envío al Congreso para analizar los detalles”.

Desde el Pro, el fueguino Tito Stefani consideró que “el acuerdo con el FMI era necesario. El oficialismo tenía la obligación de terminar con esa novela para darles algo de previsibilidad a los argentinos. Ahora debe elaborar un plan para salir de la crisis en la que estamos sumergidos. Emitir sin parar no puede ser la única solución”.

A su vez, el radical Ricardo Buryaile consideró que “el acuerdo con el FMI tras largo tiempo, es condición necesaria pero no suficiente para salir del deterioro económico actual. Los problemas van a persistir, sobre todo si el Gobierno no elabora un plan creíble que devuelva la confianza para la producción y el trabajo”.

Con cierta ironía, el diputado Florencio Randazzo refirió por su parte que espera “los detalles de entendimiento con el FMI para despejar todas las dudas. Y también un apoyo explícito de la vicepresidenta…”.

El presidente del bloque radical del Senado, Luis Naidenoff, señaló que “el anuncio del acuerdo con el Fondo es una buena señal, siempre sostuvimos que era necesario lograr un entendimiento. Ya habrá tiempo para discutir sobre las responsabilidades del endeudamiento, ahora el Parlamento tiene que analizar las implicancias del acuerdo para el país”.

A su vez, el economista y diputado nacional Martín Tetaz enumeró: “Reducción del deficit (gradual, con crecimiento y sin ajuste del gasto) al 0,9% en 2024; Reducción del financiamiento monetario (emisión) al 0% en 2024; Se paga en 10 años, con 4 de gracia; Recuperamos lo pagado para reservas”, pero concluyó: “No se explicó régimen cambiario ni tarifas”.

“Espero que los disparates ideológicos no sigan generando incertidumbre y que podamos contar cuanto antes con un plan creíble que fije las reglas para el desarrollo”, puntualizó a su vez el senador radical chaqueño Víctor Zimermann.

Karina Banfi sostuvo que “el acuerdo con el FMI es un paso necesario para dar certidumbre. También debe dar lugar al debate que el Gobierno viene evitando: inflación y un modelo exportador que señale un futuro. En el Congreso profundizaremos sobre los beneficios que está decisión tiene que traer”.

El acuerdo con el FMI es un paso necesario para dar certidumbre. También debe dar lugar al debate que el Gobierno viene evitando: inflación y un modelo exportador que señale un futuro. En el Congreso profundizaremos sobre los beneficios que está decisión tiene que traer.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 28, 2022

Por su lado, Facundo Manes consideró que “es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los Estados”.

Es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los Estados.

— Facundo Manes (@ManesF) January 28, 2022

Agregó: “El acuerdo con el FMI es esencial para que la Argentina vuelva a acceder al mercado de capitales y comience un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas del Estado. El presidente se comprometió a enviarlo al Congreso y esperamos que así sea”.

“Pero, además del acuerdo con el FMI y el apoyo de las potencias, necesitamos una visión integral, voluntad política y sentido común en el frente interno. No tener un plan económico claro pone en riesgo una discusión seria sobre el futuro del país”, dijo.

A su turno, la radical Soledad Carrizo expresó que “en la construcción de confianza, acordar y pagar es la mejor opción posible. Acompañamos toda señal que dé certidumbre hacia adentro y afuera del país, pero necesitamos diálogo permanente y transparencia. Ahora nos toca a los legisladores conocer los detalles de este acuerdo con el FMI”.

A su vez, Gabriela Lena señaló que “el acuerdo con el FMI es una buena noticia, el relato K sólo sirvió para retrasar un año la negociación y generar desconcierto e inflación. En el Congreso tendremos que revisar la letra chica, pero debemos avanzar para por el bien de los argentinos”.

El mendocino Julio Cobos dijo que “el acuerdo con el FMI es un primer paso necesario para estabilizar la macroeconomía. En lo inmediato, es positivo para reducir las tensiones financieras, cambiarias, la crisis de deuda y reservas que atravesamos. No acordar hubiera impactado negativamente en nuestra economía”. Y agregó: “Ahora, Argentina deberá mostrar la hoja de ruta acordada con el FMI, cumplir con un plan creíble, compatible con una reducción de la inflación (nuestro principal problema); un gradual equilibrio en las cuentas públicas que genere confianza, promueva inversiones y crecimiento”.

 “El acuerdo no puede ser una carta de intenciones que no resuelva o peor aún, profundice los problemas existentes. Desde el Congreso de la Nación acompañaremos todas aquellas medidas que encaminen a la Argentina por el sendero del crecimiento y el trabajo”, concluyó.

El acuerdo no puede ser una carta de intenciones que no resuelva o peor aún, profundice los problemas existentes. Desde el Congreso de la Nación acompañaremos todas aquellas medidas que encaminen a la Argentina por el sendero del crecimiento y el trabajo. #AcuerdoconelFMI

— Julio Cobos (@juliocobos) January 28, 2022

Desde la Legislatura porteña, Myriam Bregman sostuvo que “se termina de legitimar la estafa macrista. La letra chica es cómo se paga la fiesta de Macri y sus amigos”, en tanto que el diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles expresó que “la incertidumbre política que se encargó el gobierno de sembrar durante los últimos meses lejos está de buscar solucionar la inestabilidad socioeconómica del país. No podes seguir gobernando sin un plan económico, sin saber qué depara a futuro. Así es imposible proyectar”.

El economista Ramiro Marra sentenció: “No dijo nada, pero dijo todo. No exigen déficit cero, por lo tanto van a seguir generando pobreza”. Y agregó con cero optimismo: “Un acuerdo tiene que ser algo positivo, pero en este caso por el momento viene con olor a más de lo mismo”.

Desde la izquierda Gabriel Solano advirtió por su  parte que “entramos en una nueva etapa política: se viene el cogobierno con el FMI”.

Los diputados de UCR Evolución Alejandro Cacace y Martín Tetaz presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, con el objetivo de obtener detalles de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

“Presentamos junto al diputado @martintetaz, un pedido de informe para solicitarle al Ministro de Economía @Martin_M_Guzman información sobre las negociaciones con el #FMI, cuáles serán las metas de la Argentina y cómo tiene pensado hacerlas cumplir”, anunció en su Twitter Cacace.

Además, el legislador puntano señaló que “el @BancoCentral_AR, que hasta hace poco opinaba que no tenía efecto sobre la inflación, sube la tasa de interés… ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Qué impacto esperan que tenga sobre los precios y sobre los pasivos remunerados del Central?”.

“Aunque son precisiones que @Martin_M_Guzman y Pesce deberían dar para todo el país, solo se muestran esquivos sobre las políticas que determinarán la suerte económica del país”, agregó.

En uno de los proyectos, referidos al pedido de informes a Guzmán, los diputados consultan “cuáles son las metas de las principales variables macro, fiscales, monetarias y cambiarias para los próximos cinco años; cuál es el sendero fiscal pedido por el FMI; cuál es el cronograma de pagos que pide Argentina y cuál el que ofrece el FMI; y cuál es el pedido del FMI en materia tarifaria”, entre otras preguntas.

Por otra parte, un segundo proyecto solicita citar al Congreso al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, para que responda sobre el aumento de tasas, el nivel de inflación proyectado, y el impacto monetario y cambiario “que tendría un eventual default con el FMI”, entre otros puntos.

A la hora de defender dictámenes, los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Alejandro Cacace compartieron tiempo. “Sabemos que mienten los datos”, señaló el primero en relación a la inflación.

Martín Tetaz arrancó alertando sobre las “fallas y anormalidades” verificadas a su juicio durante el proceso presupuestario, y de cara al futuro advirtió que habiéndose presentado el proyecto el 15 de septiembre, “no podemos permitirnos que durante tres meses no se aparezca por la Cámara ningún miembro del ministerio a informar, y que se pretenda sacar dictamen en 48 horas, sin que todavía hayamos recibido ni siquiera los informes que solicitamos por escrito en cada una de las presentaciones que hicieron los ministros” que concurrieron esta semana al Congreso.

Para Tetaz, la presentación del presupuesto “debería tener también una evaluación precisa del impacto costo/beneficio de cada uno de los programas públicos que se pretende implementar, y sobre todo cuando ha tenido ese presupuesto modificaciones, algunas de las cuales fueron incluidas en el dictamen de mayoría”.

En ese sentido observó que “oficialmente no dijeron cuánto salían, ni cómo iban a financiar esos artículos nuevos. Y el miembro informante, Carlos Heller, ha dicho además que hay más modificaciones que se van a conocer en el transcurso de esta sesión que no sabemos cómo se van a financiar”.

Al respecto, el economista sugirió tomar el ejemplo de los “países que funcionan” y que “tardan entre 8 meses y un año el proceso presupuestario.

Concedió que las estimaciones pueden estar erradas: “No tenemos problemas con que haya una estimación que no se cumpla, porque nadie tiene la bola de cristal y es cierto que en una economía volátil como la argentina, cualquier estimación tiene un margen de error más grande. Es una tarea difícil saber cuál va a ser la evolución de las principales variables. Pero queremos algún asidero con los datos de la realidad”.

Admitió Tetaz que en la historia reciente hay ejemplos de “pifies fenomenales”, y citó puntualmente el de 2018, cuando la gestión Cambiemos. “Es obvio que se subestimó la inflación, pero entonces ninguna de las consultoras y bancos calculó que la inflación iba a ser más del 24%. El más pesimista estimó 24%; incluso el Credicoop, el banco de Carlos Heller”, ejemplificó. De ahí que el ministerio hubiera tomado esa vez los datos que tenía disponibles para incorporarlos al presupuesto.

Se preguntó entonces “de dónde sale el 33%” estimado para 2022, “siendo que ninguna de las consultoras y universidades haya hecho una estimación de ese tipo para el próximo año”.

Para Tetaz, “lo que tenemos que hacer es una estimación, y no hay ninguna información disponible que indique que (la inflación) sea menor al 34%”. A propósito del comentario hecho por el miembro informante del oficialismo respecto de que si se repitiera a lo largo del año la inflación del 2,5% registrada en el mes de noviembre, podría cumplirse la pauta inflacionaria, Tetaz recordó que Heller “omite decir que los precios regulados aumentaron 1% ese mes y los estacionales 0,5%. Y la estimación de recursos para subsidios energéticos contenida en este presupuesto surge de que no hay lugar para atraso tarifario el año que viene, porque los subsidios decrecen un 10%”.

“Con lo cual el ajuste va a rondar el 40%. Ineluctablemente se va a transformar eso en un aumento de las tarifas”, observó el excolumnista del programa de Jorge Lanata, que a continuación adelantó que “estamos yendo a votar un presupuesto que dice que la inflación de este año va a ser de 45,1%… pero ya es del 45,4 y todavía falta un mes. A menos que haya deflación en el último mes, ya estamos yendo a votar un presupuesto que no es así. Sabemos que mienten los datos, subestiman la cantidad de dinero que va a repartir después”.

Como tercer punto, Tetaz calificó como “muy deficiente” el informe de los ministros. Recordó que solo concurrieron a la comisión tres, y una secretaria, en el lapso de dos días, “sin que tengamos suficiente tiempo en hacer las preguntas, y la gran mayoría no llegaron a ser respondidas. Se comprometieron en algunos casos a mandarlas por escrito, pero no hemos tenido informe de que hayan llegado”.

Hizo hincapié también en el aporte de 12.600 millones de dólares que iban a aportar organismos internacionales, que “nunca quedó claro; era un dibujo a todas luces y cuando pusimos el dedo en esa llaga, el ministro de Economía dijo que habían enviado una nota al Congreso diciendo que era un error, pero esa nota nunca ingresó al Congreso”.

En otro pasaje, Tetaz señaló que “no podemos aprobar inflándonos el pecho que gastemos más en obra pública, si los indicadores muestran que gastamos menos”.

“No hay ningún indicador real que esté demostrando que la economía tiene más obra pública que en 2018 y 2019, salvo porque están gastando el doble de dinero. Esa conducta la tenemos que corregir”, sugirió.

Tetaz dijo que tampoco pudieron informar de cuánto iba a ser el aumento de tarifas, ni cómo sería la segmentación anunciada. Cuestionó las facultades extraordinarias para aumentar y modificar impuestos y dijo que “no la podemos permitir de ninguna manera. Primero porque la Constitución lo impide, y nosotros no podemos legislar en contra de la Constitución; y segundo, porque el miembro informante nos dice que la economía vuela a tasas chinas, pero mantiene las facultades extraordinarias”.

Sobre el final, explicó de manera didáctica que “si hay inflación, usted factura más, gana nominalmente más de lo que ganaban el año pasado, diez veces más, pero todos saben que en términos reales ganan menos. Sería ridículo que yo le pida a la gente que pague más impuestos porque ganan más, porque todos sabemos que no es así. Entonces no le puedo caer con un impuesto a las ganancias más alto a empresas que facturan más, pero en realidad ganan menos, y lo que está haciendo el artículo de excepción que nos piden es que esos ajustes por inflación se prorrateen en tres años y eso no estamos dispuestos a votarlo de ninguna manera”.

Disociaciones de la economía kirchnerista

“No se puede negar nuestra disposición a discutir este proyecto”, señaló a continuación el diputado puntano Alejandro Cacace, que destacó que “ni bien fue presentado reclamamos insistentemente que vinieran los funcionarios a discutirlo, cosa que no ocurrió, y de repeten esta semana se nos convoca”.

Observó también que se había hablado del envío para la primera semana de diciembre de un plan plurianual que “nunca llegó”, como así también de los lineamientos del acuerdo con el Fondo, con lo que pasó lo mismo, “porque claramente no está. Pero todos sabemos que cuando ese acuerdo llegue va a transformar radicalmente el Presupuesto que estamos discutiendo”.

Advirtió que se quiere insistir en tratar “un proyecto que tiene proyecciones erradas”, de ahí que enfatizó su rechazo. Como ejemplo señaló que “cuando se incorporaron 56 artículos nuevos al Presupuesto, hubo una innumerable cantidad de gastos nuevos que se establecieron en las planillas y sin embargo no cambió ni el artículo 1° del Presupuesto, que dispone el monto total del gasto: quedó igual… Eso ya evidencia que estamos aprobando un gasto que no va a ser cierto”.

Cacace recordó que la ley establece que no se puede modificar a través del Presupuesto otras normas y mucho menos crear y modificar tributos, pero “ya con el texto que teníamos hasta ayer había 34 artículos que hacían exactamente eso”.

Se preguntó luego “cuál es la voluntad de diálogo (del oficialismo) si aun ante la insistente advertencia en aquello en lo que no coincidimos, lejos de discutirse se trata de meterle para adelante y meter más y más de esas normas”.

“Este Presupuesto es profundamente deficitario”, comentó más adelante, recordando que en 2019 la administración anterior llegó casi al equilibrio fiscal, que se perdió en los dos años siguientes, y “se agrava ahora de cara a 2022”.

Alertó a continuación sobre las disociaciones de la economía kirchnerista. Una es la que existe entre déficit y deuda. “Estamos gestionando presupuestos deficitarios en 2020, vuelve a ser 2021 y ahora está p revisto 3 billones de déficit en 2022, y esto es deuda que se genera. Por más que se critica la deuda desde la bancada oficialista, como que no tuvieran nada que ver con eso, pero resulta que año a año generan más y más deuda. ¿Y cómo buscan financiarla? Prmero con la emisión del Banco Central. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la bola de nieve de las Lelic y las Lelac? Ahora es una avalancha”.

Otra disociación de la economía kirchnerista que observó es la de que el déficit no genera deuda, “cuando el déficit es deuda”, dijo, y otra disociación que remarcó es la de decir que la emisión no genera inflación, y a partir de esa asistencia del Banco Central devaluar los pesos que están en las manos de cada uno de los ciudadanos y cobrar un impuesto más no legislado, que es el impuesto inflacionario”.

La tercera disociación que cito es la de “creer que porque el endeudamiento es en pesos, no es deuda; sí, es deuda, y sobre todo porque hacen deuda indexada. Es una irresponsabilidad que hablen tan livianamente del tema de la deuda cuando están generando año a año estos déficit por presupuesto y se están endeudando de esta manera que marcaba”.

“Dicen que van a reducir los subsidios sin aumentar las tarifas… Me gustaría saber cómo es. No dicen cómo lo van hacer. Hablan de segmentación, eso es aumento de tarifas. Eso es un cambio al marco regulatorio, porque en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario podrán ser recuperados mediante tarifas que se les cobre a otro, y los artículos que han puesto están vulnerando eso”.

La Cámara baja sancionó el proyecto de ley que establece la jubilación anticipada para trabajadores viñateros, tras una votación que resultó con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones. El texto iba a volver al Senado, porque había recibido cambios, pero finalmente se informó que el Poder Ejecutivo avaló la redacción de la Cámara alta y, por eso, se convirtió en ley.

La iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.

El texto había sido votado en la Cámara alta el 5 de noviembre del año pasado, impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), junto a otra iniciativa referida a las mensualidades que perciben los trabajadores, que sí recibió sanción definitiva durante la sesión.

Miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), quien destacó que el régimen especial para los trabajadores del sector se justifica en las condiciones en que desarrollan sus actividades, a lo que debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar. Todo eso provocan generalmente secuelas graves tanto físicas, como psíquicas.

“Estaríamos beneficiando a alrededor de 40 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país”, destacó la diputada del Frente de Todos.

En cuanto al proyecto referido a los contratistas del sector vitivinícola, el mismo fue aprobado y convertido en ley por 193 votos afirmativos. Siley destacó que se trata de una ley sui generis, ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas, que tienen una relación de dependencia, “pero a la vez son autónomos o socios del empleador”. De este mismo modo los ha considerado el Estatuto. El proyecto busca reconocerles el derecho a tener doce remuneraciones, puntualizó la legisladora de origen sindical.

“Creo que una vez más el Congreso de la Nación está diciendo que allí donde hay un trabajador, una trabajadora, deberá haber derechos laborales, deberá haber protección contra el despido arbitrario, y deberá haber un salario y una remuneración justas”, concluyó la diputada.

Mendocina, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) consideró que el proyecto que otorga un beneficio previsional a los viñateros es “fundamental” para su provincia y afirmó que “llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras, en épocas de añoranzas flexibilizadoras, estar hoy ampliando derechos es toda una señal”.

A su turno, el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos) destacó que la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos. “Esto demuestra que es una actividad sumamente importante”, remarcó quien confesó haber desarrollado la actividad, pidiendo acompañar ese proyecto para “traer justicia (algo) que se viene solicitando hace más de 20 años”.

El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (UCR) anticipó el apoyo de su espacio a la iniciativa, cosa que consideró una reparación para una omisión producida al establecer el régimen diferencial hace una década. “El acompañamiento a este proyecto es un acto de equidad”, dijo, recordando que en comisión puntualizaron una diferencia de carácter general, por cuanto consideraban que debía haber habido una propuesta por parte del Ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto, y la misma no se formuló. “Nos debemos esa discusión mucho más profunda, que no abone a una fragmentación del sistema previsional, sino que por el contrario logre su consolidación”, apuntó.

El legislador puntano agregó que plantearon su disidencia porque al momento del tratamiento en comisión no tenían ningún informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de ese régimen previsional. “Como pasa con otras leyes, tomamos decisiones sin contar con información de lo que representa al Estado financieramente”, señaló, aunque aclaró que a partir de esa observación llegó ese informe de la OPC, que destaca la importancia de esa actividad para nuestro país.

Con todo, ese régimen tiene un impacto fiscal, reconoció el informe, aunque aclaró que no termina de ser concluyente el mismo, “pero sí es fundamental para el análisis”.

En su intervención, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) destacó que “la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero; por algo somos orgullosos de decir los vinos que tenemos. Cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viñas, está reconociendo, en línea con el norte que tenemos que seguir, y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola. Y no cambiarla por esa otra matriz extractiva”.

Sobre el final del debate, el radical Luis Pastori (UCR) marcó diferencias con el resto de sus pares al advertir un problema constitucional para el tratamiento del proyecto previsional. Explicó en ese sentido que el proyecto no debía venir desde el Senado, sino que debió haber sido Diputados la Cámara iniciadora. Sucede que el proyecto incluye un aumento de la contribución patronal en dos puntos por sobre el régimen común. “En consecuencia, al contener una norma de tipo tributaria, algo que le está vedado al Senado como Cámara iniciadora, está invadiendo competencia propia de esta Cámara”, señaló el misionero.

“Si no dijéramos esto, estaríamos aceptando que el Senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva. No podemos aceptar como Cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por el artículo 52 de la Constitución exclusivamente corresponde a la Cámara de Diputados. Por ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme”, concluyó el legislador.

Cerró el debate el diputado sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos), quien destacó la “ampliación de derechos” que marcó toda la jornada legislativa, y destacó entonces que “hoy se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina, y del peronismo también”.

”El reconocimiento a los trabajadores siempre molesta, sobre todo a patrones. Que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.

Los proyectos

El proyecto votado en primer lugar establece un régimen previsional especial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales.

La iniciativa establece que “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.

Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.

Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.

Por otra parte, el otro proyecto que se convirtió en ley es el que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.

Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.

En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.

Las PASO dejaron una gran repercusión a nivel nacional tras la masiva derrota del FdT en 17 provincias y como responsable de esto, tanto dirigentes oficialistas y opositores, señalaron a Alberto Fernández. Uno de ellos es el diputado nacional Alejandro Cacace (UCR – San Luis) quien apuntó: “El presidente es el responsable de la derrota del kirchnerismo a nivel nacional y en San Luis”.

En diálogo con el medio Reporte San Luis, el dirigente radical indicó que “hay un fenómeno nacional muy fuerte que es de rechazo a la gestión de Alberto Fernández, al Gobierno que encabeza el Frente de Todos. No es casual que en 17 provincias han sido derrotados, entre ellas en San Luis también”.

En esta misma línea, manifestó: “Ha ocurrido en todas las provincias que se ha buscado la opinión más competitiva para expresar ese rechazo, también eso ha pasado en San Luis donde ‘Fuerza San Luis’ intentó, durante toda la campaña, de despegarse del kirchnerismo y del Frente de todos, evidentemente era su representante y fue castigado de esa manera y la ciudadanía eligió a Claudio Poggi (Unidos por San Luis) como la opción más competitiva de la oposición”.

“Tienen poderes para revertir, lo tiene el oficialismo nacional con el presidente Fernández a la cabeza, lo tiene el oficialismo provincial porque manejan presupuestos y usan esos presupuestos para hacer campaña que es así. Lo han hecho antes y lo volverán a hacer ahora”, consideró el diputado que integra la coalición de JxC, aunque destacó que ahora “la oposición tiene un papel importante para que esto no ocurra”.

Cacace cree que “es muy probable que el gobierno provincial va a sacar la billetera para dar vuelta la elección como ocurrió en el 2017”, y recordó que “al oficialismo le habíamos ganado por 19 puntos y después fue aquel famoso 22AG, descuento que con la manera que tiene de gobernar Alberto Rodríguez Saá, va a buscar hacer algo similar”.

Por último y en relación con el ámbito local, el diputado nacional concluyó que “la participación de la UCR fue muy magra en las PASO que no llegó al 10 por ciento de los votos”.

Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.

Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.

La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.

“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).

De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.

Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.

Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.

“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.

Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.

Legisladores de la oposición se refirieron a los anuncios que el presidente hizo este jueves acerca de un nuevo confinamiento. Criticaron las medidas, la falta de vacunas y pidieron “mayor autocrítica” por parte del Gobierno nacional.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri (Córdoba), afirmó: “En primer lugar, quiero decir que todos somos conscientes de que la emergencia exige responsabilidad ciudadana, pero no le da al Gobierno ni discrecionalidad ni poderes absolutos“.

Además, el legislador cordobés agregó que “el recrudecimiento de la pandemia y las medidas de restricción anunciadas recién nos encuentran -como desde el primer día- con vocación de colaborar con la sociedad. Pero el presidente debe abstenerse en este momento tan delicado de trasladar culpas a terceros y asumir sus responsabilidades“.

“Para no tropezar con la misma piedra, el Gobierno debe reconocer los errores en el manejo de la pandemia, con una cuarentena eterna que agravó la salud y destrozó la economía de los argentinos. A esto se suman anuncios fallidos de vacunas que no terminan de llegar. Debe escuchar sin ideologizar”, concluyó el radical.

El recrudecimiento de la pandemia y las medidas de restricción anunciadas nos encuentran -como desde el primer día- con vocación de colaborar. Pero el Presidente debe abstenerse en este momento tan delicado de trasladar culpas a terceros y asumir sus responsabilidades. (Sigue)

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 21, 2021

En el mismo sentido, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Tucumán) expresó desde su cuenta de Twitter: “El presidente hizo ayer una descripción de la situación sanitaria sin una sola autocrítica. Los resultados de su gestión de la pandemia están a la vista: récord de contagios, la pobreza que crece y un aumento de precios todas las semanas. No cuidaron ni la salud ni la economía”.

Además, opinó que “al kirchnerismo le molesta que le muestren la realidad: que realizaron una pésima gestión de la pandemia, que se robaron las vacunas, que son el peor gobierno de la historia, que se creyeron ‘científicos’ y son menos que un puñado de improvisados“.

Más adelante, la senadora tucumana expresó su apoyo a los familiares de personas con Covid-19 y tildó al nuevo confinamiento de “retroceso”. También disparó en relación al Gobierno nacional: “Lo único que dejaron claro en estos 14 meses es que usaron la pandemia para buscar impunidad. Ellos son lo que hicieron uso político de esta desgracia“.

Al kirchnerismo le molesta que le muestren la realidad: que realizaron una pésima gestión de la pandemia, que se robaron las vacunas, que son el peor gobierno de la historia, que se creyeron "científicos" y son menos que un puñado de improvisados.

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) May 21, 2021

El diputado nacional Waldo Wolff (Buenos Aires) posteó: “El drama de nuestro país es que la solución está en manos del problema. La sociedad es responsable. La responsabilidad de este momento es de ustedes presidente. Deje de responsabilizar a CABA y oposición. Acompañamos desde el primer día. Prometió diálogo y respondió con látigo”.

El drama de nuestro país es que la solución está en manos del problema. La sociedad es responsable. La responsabilidad de este momento es de ustedes presidente. Deje de responsabilizar a CABA y oposición. Acompañamos desde el primer día. Prometió diálogo y respondió con látigo.

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) May 20, 2021

El presidente del Comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo (Mendoza), también se expresó en rechazo de las nuevas medidas. “Hoy la situación sanitaria es complicada por la desastrosa gestión de Alberto Fernández. Vacunados Vips, fracaso para conseguir vacunas. Encima dicen que tenían razón. El responsable de este dolor tiene nombre y varios socios: CFK, AF y el Frente de Todos”, disparó.

Hoy la situación sanitaria es complicada por la desastrosa gestión de @alferdez. Vacunados Vips, fracaso para conseguir vacunas. Encima dicen que tenían razón. El responsable de este dolor tiene nombre y varios socios: CFK, AF y el Frente de Todos.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 20, 2021

Alejandro Cacace (San Luis), por su parte, reclamó por más vacunas en su cuenta de Twitter: “Presidente, a más de un año de declarada la pandemia, lo escucho insistir siempre sobre lo mismo. Lo que usted debiera haber hecho es conseguirnos las vacunas que prometió, lo cual hubiera evitado que seamos hoy récord en muertes por millón de habitantes”.

El diputado porteño Álvaro de Lamadrid (CABA) opinó que “es más fácil encerrarnos de nuevo que dar explicaciones de donde están las vacunas que nos prometieron. Es más fácil encerrarnos de nuevo que dar explicaciones de donde están las vacunas que no compraron. Destruyeron la economía y usan el desastre sanitario causado para no votar”.

“El presidente dice que estamos transitando el peor momento de la pandemia y tiene razón. Pero no dice por qué. Más que relajamiento social hay ineptitud política. El cansancio y la angustia de la sociedad son consecuencias de una gestión improvisada de la pandemia”, consideró el presidente del Bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

El presidente dice que estamos transitando el peor momento de la pandemia y tiene razón. Pero no dice por qué. Más que relajamiento social hay ineptitud política. El cansancio y la angustia de la sociedad son consecuencias de una gestión improvisada de la pandemia

— Maxi Abad (@MaxiAbad) May 21, 2021

Las nuevas restricciones

En un video pregrabado difundido este jueves en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo confinamiento estricto para reducir los contagios de Covid-19. El mandatario aseveró que estamos “en el peor momento de la pandemia” y volvió a pedir a la población un nuevo esfuerzo para bajar la circulación, disminuir los contagios y aliviar la carga del sistema de salud.

Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno restringirá la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en “Alto riesgo” o en “Alarma epidemiológica” (como el AMBA) desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo inclusive. 

Además, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, mientras que estarán habilitados los comercios esenciales y los que trabajen con envío a domicilio y con modalidad “para llevar”. 

Del mismo modo, sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

Terminados esos nueve días, medida que el presidente describió como “intensiva y temporaria”, desde el 31 de mayo y hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta este viernes, con restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

También en ese lapso y para favorecer aún más la baja de los contagios, se dispondrá que el fin de semana del 5 y el 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. 

En forma paralela, el Estado nacional implementará una serie de medidas adicionales con el objetivo de asistir a las empresas y a las familias. En el primer caso, las medidas abarcan la ampliación por un total de 52.000 millones de pesos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las restricciones; el incremento del monto del salario complementario para las trabajadoras y los trabajadores de los sectores críticos y la salud con una inversión prevista de 6.000 millones de pesos, y la incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en sectores críticos.

Para las familias, en tanto, desde este viernes y hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos por medio de la tarjeta Alimentar, lo que permitirá fortalecer los ingresos de aquellas con menores de hasta 14 años; se ampliará el Programa Progresar; se incrementará el alcance de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares para llegar a 700.000 personas, y se transformará el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular. 

Estas políticas son acompañadas además por un refuerzo de las partidas presupuestarias por más de 4.700 millones de pesos para asistir a los sectores de la cultura y el turismo; una inversión de 144.000 millones de pesos para reforzar el sistema de salud entre vacunas, el bono para trabajadores y trabajadoras del sector, y la reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del rubro, entre otras partidas. 

El presidente afirmó que “hay ciudades y provincias que hoy tienen su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta”. Por eso defendió la necesidad de “un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera”. 

Fernández se mostró convencido de que “si se cumplen las medidas, se reducirá el impacto de la segunda ola” y aseveró que si los contagios ceden “podremos recuperar más rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos”.
Respecto de la vacunación, insistió en que se está fortaleciendo: “En los próximos días contaremos con más de cuatro millones de dosis de vacunas. Hasta hoy siete de cada diez mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de personas en riesgo que optaron por vacunarse”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes un proyecto de ley que establece como derecho de toda la población poder recibir suplementación gratuita con vitamina D para evitar afecciones que son de riesgo para el coronavirus. Se necesitaría prescripción médica.

El diputado radical Alejandro Cacace (San Luis), autor del proyecto, sostuvo que “la deficiencia de vitamina D en la población adulta, en el contexto de la situación epidemiológica actual, presenta un mayor riesgo para la salud”.

La deficiencia de vitamina D se ha vinculado a la prevalencia de enfermedades de riesgo para el Covid-19, como hipertensión y obesidad. Por otro lado, una multiplicidad de investigaciones ha encontrado que niveles adecuados de esta vitamina en el organismo contribuyen a mantener la salud ósea y muscular. También, estudios de control aleatorizados han brindado evidencia de que la suplementación con vitamina D puede reducir el riesgo y la incidencia en infecciones respiratorias agudas, cáncer y diabetes. 

Además, se ha afirmado que su suplementación no conlleva un riesgo, salvo que sea en exceso. De esa forma, nuevas investigaciones han puesto de manifiesto el potencial de la suplementación con vitamina D como herramienta de prevención ante el Covid-19.

“Si bien no se trata de una cura, y las investigaciones todavía no han aportado evidencia más concluyente, la vitamina D es sin dudas un instrumento que puede fortalecer el sistema inmunitario, sin mayores riesgos si es administrado en cantidades adecuadas”, afirmó el diputado puntano.

La iniciativa, entonces, propone que todos los argentinos puedan recibir suplementación farmacológica con vitamina D de manera gratuita, bajo prescripción médica, en los niveles que los profesionales consideren adecuados. Para ello, se dispone para el sector público de salud, las obras sociales y prepagas la cobertura integral y total de los suplementos de vitamina D, quedando incluidas como de cobertura al 100% en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La iniciativa cuenta lleva también la firma de los diputados Claudia Najul, Soledad Carrizo, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Hugo Romero, Luis Petri, Diego Mestre, Jorge Vara, Ximena García, Martín Berhongaray, Jimena Latorre, Graciela Ocaña, Álvaro de Lamadrid, Alicia Fregonese, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Gustavo Menna, Josefina Mendoza, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Sebastián Salvador y Jorge Enríquez, entre otros.

A poco más de un mes desde que el juez subrogante del juzgado de la Seguridad Social N°10, Edmundo Ezequiel Pérez Nami, aceptara la intervención de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio en la causa por la cual se favoreció a Cristina Fernández de Kirchner para que pueda cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias (la suya como expresidenta y la derivada de su esposo), el magistrado cambió su decisión y decidió rechazar la intervención como terceros de los legisladores.

Ante la falta de actuación de la ANSeS, que hasta ese momento no había apelado la sentencia por la cual se favorecía a la vicepresidenta, los diputados, entre los cuales se encuentra el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y Alejandro Cacace -vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social-, presentaron un pedido de intervención y la apelación con sus fundamentos el pasado 4 de febrero, pidiendo que se revoque dicha sentencia.

“La ANSeS, a raíz de la presentación y para suplir su inacción, se dispuso a actuar y rápidamente presentó un escrito apelando la sentencia media hora después el mismo día”, recordaron los legisladores.

También relataron, mediante un comunicado, que ese mismo día el juez “emitió un decreto aceptado la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa y concediendo los recursos de apelación planteados por aquellos y por la ANSeS”.

“Sin embargo, Pérez Nami luego revocó su propia resolución a raíz de una presentación del abogado de la vicepresidenta, quien incluso amenazó en ese escrito de iniciar acciones penales contra el magistrado”, señalaron.

Ahora, el juez resolvió rechazar la intervención de los diputados opositores en la causa, alegando que ANSeS ha actuado ya apelando la resolución. “Sin embargo, al momento de aceptar la intervención, ANSeS ya había apelado también”, aseguraron los legisladores.

“La vicepresidenta denuncia permanentemente persecución judicial, lawfare y demás, pero resulta que los jueces fallan a su favor en la causa de su doble pensión y su retroactivo millonario”, advirtió Cornejo.

Por su parte, Cacace manifestó: “El juez, en solo unas semanas, primero nos concedió la intervención al considerar acreditado nuestro interés para actuar, luego anuló su decisión y, finalmente, rechazó nuestra actuación en la causa por considerarla innecesaria”.

“Puede llegar a asombrarnos la actitud de Nami, pero frente a los embates contra la Justicia por parte del gobierno, los jueces empiezan responder a favor de Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció el presidente de la UCR.
Ahora resta una instancia más para los diputados, que anticiparon apelarán la decisión del juez ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

“Una jubilada VIP protegida por la justicia”

Sobre la decisión judicial se expresó también el diputado del Pro Jorge Enríquez, que apuntó: “Por presión de Cristina Kirchner, el mismo juez que había admitido la intervención de algunos diputados en la causa del cobro de sus jubilaciones, ahora revoca su decisión”.

“Como hay vacunados ‘VIP’, hay jubilados ‘VIP’. O jubilados por abajo de la mesa. Desprecian la igualdad ante la ley. Son, bajo el disfraz del progresismo, profundamente reaccionarios. Al jubilado común, recorte de haberes; a la emperatriz del Instituto Patria, dos jubilaciones”, cargó el macrista y agregó que “ya empezó la nueva etapa para la que no servía (Marcela) Losardo”.

Más de 40 diputados nacionales acompañan un proyecto presentado por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque de la UCR, y Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social en Diputados, que busca modificar el régimen de asignaciones a expresidentes y vicepresidentes de la Nación.

“Todos sabemos que lo que pasó con las vacunas es la punta del iceberg de un Estado que tiene la práctica del privilegio ya desde la ley. “La existencia de una pensión para quienes tuvieron la responsabilidad de ocupar el máximo cargo de un Estado democrático es correcta. Es un prestigio que las democracias reconocen, pero en Argentina, el privilegio opaca el mérito y es lo que debemos y queremos modificar”, explicó la diputada porteña.

El proyecto anula esos privilegios que avala la ley actual, incluyendo el pago de impuestos a las ganancias; prohibiendo la doble percepción (pensión y cargo en actividad), estipulando que solo podrán acceder a la pensión quienes hubiesen gobernado el 60% del tiempo en el mandato (eso excluiría del beneficio al ex Presidente Rodríguez Saa que en la crisis de 2002 gobernó un mes) y prohíbe la percepción a quienes hayan sido condenados por delitos contra el Estado.

Los cuatro cambios que propone el proyecto

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Alejandro Cacace, José Riccardo, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Albor Cantard, Silvia Lospennato, Pablo Torello, José Luis Patiño, Alicia Terada, Brenda Austin, Juan Martin, Emiliano Yacobitti, Martín Grande, Mariana Stilman, Adriana Ruarte, Claudia Najul, Dolores Martínez, Aida Ayala, Diego Mestre, Martin Berhongaray, Luis Pastori, Marcela Campagnoli, Ximena García, Fabio Quetglas, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López, Atilio Benedetti, Gustavo Mena, Maximiliano Ferraro, Gabriela Burgos, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Gonzalo Del Cerro, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Ricardo Buryaile.

• Pagar el impuesto a las ganancias como se le exige a los jubilados que llegan a ese piso en sus haberes. Hoy las pensiones presidenciales estàn exentas de esa obligación fiscal porque la ley actual las equipara al salario de un juez y en Argentina los jueces no pagan ganancias (salvo los designados a partir de 2017).
• Prohíbe la doble percepción. Quienes ejercen un cargo tendrán que optar pero dos sueldos de la Administración Pública en simultáneo es justo lo que prohíben los países que otorgan una pensión a sus ex presidentes/tas.
• No podrán acceder a la pensión presidencial quienes hayan ejercido el cargo menos del 60% del mandato.
• Por último, excluye del cobro quienes fueran condenados por delitos contra el Estado entendiendo que “no se puede premiar a quienes hayan quebrado la confianza de la ciudadanía y faltado en su responsabilidad en el sistema democrático”, indicó.

El diputado nacional por San Luis Alejandro Cacace se manifestó a favor del proyecto que eleva a 150 mil pesos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. “Vamos a apoyar este proyecto, vamos a pedir que se trate en extraordinarias, lo que requiere un apoyo explícito del presidente”, señaló. 

“Es algo que junto con lo del monotributo es importante que se aplique ahora. Consideramos que son proyectos económicos a los que nos dedicamos a tratar”, afirmó el legislador radical en conversación con Nobleza Hormiga. “Si yo tuviera que bajar un impuesto el primero que bajaría es el IVA. Pero tampoco se está haciendo ahora. Ganancias es un impuesto sobre los tres deciles más altos”, remarcó. 

Por otro lado, justificó que Mauricio Macri no cumpliera con su promesa de campaña respecto a este tributo: “No hubo margen fiscal para hacer la reducción de ganancia”, y agregó que durante la gestión de Cambiemos “se abordó una reforma impositiva por otros lados se bajaron bienes personales”. 

En otro momento de la entrevista con FM La Patriada también se refirió a la polémica por el aumento de precios en los alimentos. “Estaría de acuerdo que se tome una política de defensa de la competencia, ahí no tienen más poder para fijar los precios. No es un problema de la política fiscal si no de defensa a la competencia. Los países donde funcionan bien tienen autoridades regulatorias independientes”. Así, insistió: “El problema de los precios es el poder de mercado”. 

El juez subrogante del Juzgado de la Seguridad Social Nº 10 aceptó este jueves la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa por la cual se le otorga doble pensión honorífica a Cristina Fernández de Kirchner y concedió los recursos de apelación planteados por éstos y por ANSeS.

Este jueves por la mañana, los diputados Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace, realizaron una presentación judicial junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, para intervenir como terceros y apelar la resolución judicial por la cual se le otorgó –a juicio de los demandantes “indebidamente”- a la vicepresidente de la Nación una doble asignación vitalicia.

Justo sobre el límite de la posibilidad de apelar -vencía este viernes-, el organismo que conduce Fernanda Raverta también apeló el fallo que le permite a la vicepresidenta cobrar dos pensiones.

Cacace destacó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias -una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner-, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”.

“Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos de la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el gobierno para desfavorecerlos”, advirtió Cornejo.

Y agregó que “la justicia resolvió del modo en que lo hizo, en gran parte porque la ANSeS no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial. La única jubilada favorecida por este Gobierno es la vicepresidenta”.

“Ante esta brutal inequidad y la inacción del Estado en favor de la vicepresidente, presentamos un escrito para apelar la resolución del juez Nami y defender a todos los jubilados y ciudadanos que se ven perjudicados por tener que soportar la carga de dos haberes para Cristina Fernández, cuando de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno”, explicaron los legisladores.

Cacace dijo que “si bien bajo la legislación actual la vicepresidente tiene derecho a percibir una asignación vitalicia, esta es incompatible con todo otro haber, jubilación, pensión o prestación del Estado. El verdadero espíritu de las asignaciones mensuales vitalicias a presidentes y vicepresidentes, constituida por primera vez hace 80 años, fue asegurar en ese momento que aquellos que habían sacrificado su vida por el ejercicio de la función pública pudieran continuar luego teniendo una vida digna”.

Acompañan esta presentación los diputados Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, con el patrocinio letrado del abogado previsionalista Federico Despoulis Netri.

Miembro informante del dictamen de minoría propuesto por Juntos por el Cambio, el diputado radical Alejandro Cacace sostuvo este martes que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y que “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”, además de los “100 mil millones de pesos de ahorro” que hubo este año por la suspensión de la fórmula votada durante la gestión de Cambiemos.

El puntano recordó que el presidente Alberto Fernández “criticaba fuertemente la ley de movilidad jubilatoria diciendo que Macri perjudicaba a los jubilados” y “diciendo que cuando él asumiera le iba a dar un aumento a todos los jubilados del 20%”, además de prometer que “iba a usar todo el dinero que se pagaba en intereses de las Leliqs para dárselo a los jubilados”.

Sin embargo, “cuando asumió se olvidó de lo que había dicho” y “la primera medida que tomó y expuso ante este Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad, que resultó en una pérdida para todos los jubilados”, señaló.

El legislador detalló que “bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”. Sin embargo, “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.

El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social mencionó que la jubilación mínima hoy es de 19.035 pesos, pero “si se aplicara la ley de Macri, aquella que tanto critican, cobrarían 19.925, casi mil pesos más por mes”.

Cacace enfatizó que “no se los ve acá a los jubilados festejando, están los funcionarios de la ANSeS que han venido a festejar el ajuste”.

Sobre la nueva fórmula, el radical criticó que “proponen incluir la recaudación, que casi en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes”, al tiempo que “proponen una recaudación que ha estado a la baja este año”. “Pero que, además, si los salarios crecen más que la recaudación, la ponen como límite; ahora, si la recaudación cae, ahí lo hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP”, continuó.

Reclamó también la ausencia de la variable de la inflación, cuando se estima que “para 2021 que va a ser del 50%”. “¿Cómo no vamos a mirar que los haberes no pierdan en términos reales?”, se preguntó y pronosticó que “la caída de las jubilaciones en 2021 no va a tener piso y puede llegar a ser de 20 puntos”. “Si la inflación es alta, los jubilados van a perder y van a perder mucho”, agregó.

Además, el diputado cuestionó que en la nueva fórmula “no descontaron diciembre, pero lo que hicieron fue descontar del cálculo todo el tercer trimestre de 2020, por eso decimos que se robaron un trimestre”.

“Los jubilados están mirando y los jubilados le van a hacer rendir cuentas de esta acción y por eso nuestro voto es negativo”, cerró.

Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.

Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.

“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.

El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.

En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.

Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.

#Jubilaciones El Gobierno se niega a garantizar que los haberes jubolatorios no pierdan contra la inflación.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) December 21, 2020

Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.

“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.

Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

Comenzará este lunes en comisiones de Diputados el tratamiento de la nueva movilidad jubilatoria, proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Diputados nacionales de la UCR que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se tratará el proyecto, anunciaron ya su rechazo al proyecto del oficialismo por “profundizar el ajuste que viene realizando el Gobierno sobre los jubilados”.

Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, remarcó que “la fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados, como pasó durante todo este año. En 2020 los jubilados perdieron en valor de sus haberes entre 5000 y 140000 pesos por los aumentos por decreto. Esto significa que los aumentos fueron de entre 7 y 18 puntos menos de lo que correspondía por la Ley de movilidad, que hubiera sido de un 42% para todos los jubilados. Eliminar la variable de inflación de la fórmula es quitarle previsibilidad a la movilidad de los haberes, y prevenir de cumplir su principal objetivo, que es preservar el valor adquisitivo de las jubilaciones”.

Por su parte, Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se refirió a la complejidad y la falta de transparencia alrededor de la fórmula que propone el oficialismo: “El Gobierno es el único que maneja los datos que se aplicarán a la fórmula de actualización, por lo que para conocer cuál será el porcentaje de ajuste que corresponde a cada trimestre habrá que esperar el anuncio oficial, ya que es muy difícil poder hacer los cálculos previos con esa fórmula. Por ejemplo, el dato sobre la recaudación tributaria, que no es el total sino la que va al sistema previsional, lo maneja exclusivamente el Gobierno, la manera en la cual se calculará va a estar fuera del alcance del común de la gente y solo quedará esperar el anuncio oficial, lo cual le quita transparencia al sistema”.

“No tener en cuenta como variable de la movilidad jubilatoria la inflación es muy perjudicial para los beneficiarios del sistema. Prácticamente todos los países ajustan los haberes teniendo en cuenta la inflación, ya que es justamente lo que evita la caída del poder adquisitivo. Más aún en un país como el nuestro, en que la inflación es el peor flagelo para el bolsillo de trabajadores activos y jubilados desde hace décadas”, señaló por su parte Albor Cantard, integrante de la Comisión de Previsión Social.

Atilio Benedetti, integrante de Presupuesto y Hacienda remarcó que “luego de tantas promesas de recomposición el gobierno no está ni siquiera manteniendo el nivel de los haberes jubilatorios. La fórmula del oficialismo atenta contra la posibilidad de mantener el nivel adquisitivo. Cuesta comprender por qué el Gobierno avanza con un proyecto de estas características, que cuando hay dificultades agrava el deterioro de los ingresos. En este contexto de aceleración del proceso inflacionario, caída del empleo y caída del PBI una fórmula de estas características es condenar a los jubilados a peores ingresos. Abandonar en esta situación la salvaguarda de la actualización por inflación no se entiende”.

“Vamos a insistir con el sostenimiento de la fórmula tan criticada que aprobamos a fines de 2017 y que contemplaba el aumento del costo de vida”, amplió Benedetti.

Tras el anuncio de un nuevo aumento por decreto de las jubilaciones en diciembre, que será de un 5%, el diputado radical Alejandro Cacace sostuvo que “los jubilados cerrarán el año con haberes significativamente menores respecto de lo que les hubiera correspondido por la suspendida fórmula de movilidad” en diciembre pasado.

El puntano explicó que “si bien el último incremento comunicado por el Poder Ejecutivo se equipara a lo que hubiera correspondido por ley (4,48%), todos los jubilados terminarán perdiendo, ya que los cobraban la mínima solo habrán recibido un incremento de 35,3%, y los que cobraban la máxima un 24,3%, respecto de un 42% al que se hubieran actualizado las jubilaciones según la ley. Es decir, los jubilados cobrarán entre 7% y 18% menos”.

“Un jubilado que percibía la mínima habrá perdido cerca de 5.000 pesos en 2020, mientras que los beneficiarios del haber máximo dejarán de cobrar 138.000 pesos al finalizar el año, con un haber 18.000 pesos menor a lo que les correspondería”, indicó el vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

De esta forma, “con el cuarto aumento discrecional del año, se termina de consolidar el ajuste que comenzó a partir de la suspensión del índice de movilidad, que le ahorrará al Estado miles de millones de pesos a expensas de los que más lo necesitan”, resaltó Cacace.

El legislador expresó que “allí radica el verdadero motivo para suspender la fórmula de movilidad establecida en la ley, y no, como declamó el Gobierno a pocos días de asumir en 2019, en mejorar los haberes de los jubilados, en especial a los que cobran la mínima”.

“Hoy, todos salen perdiendo”, afirmó el radical y completó: “Mientras tanto, las consecuencias del confinamiento y la pandemia siguen sintiéndose, con desempleo récord, pero en 2021 no habrá IFE, no habrá ATP, y los jubilados cobrarán menos”.

Diputados de Juntos por el Cambio por las provincias de San Luis, Mendoza y Córdoba criticaron este jueves, a través de un comunicado, las restricciones a la circulación impuestas por el gobierno de San Luis, en manos de Alberto Rodríguez Saá, en el marco de la pandemia del Covid-19.

La declaración fue emitida en momentos donde productores y transportistas autoconvocados llevan adelante cortes de rutas nacionales y provinciales en los puestos limítrofes de San Luis.

El texto fue firmado por Alejandro Cacace (San Luis), Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide (Mendoza), Mario Negri, Brenda Austin, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero y Soledad Carrizo (Córdoba).

#Comunicado 📄 Instamos al Gobierno federal a hacer respetar el cumplimiento de la #ConstituciónNacional y a hacer cesar a los Gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la #libertad de circulación 👇 pic.twitter.com/orTBL4i055

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) October 1, 2020

“Las restricciones a la circulación de personas y bienes con motivo de las medidas de aislamiento están llevando directamente a bloqueos de la actividad económica y productiva, además del cercenamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos”, advirtieron los legisladores.

Señalaron que “el gobierno de la provincia de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el Gobierno nacional en el DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificatorias, donde los trabajadores y productores agropecuarios son considerados personal esencial y por lo tanto deberían poder circular y cumplir con sus labores aún en el contexto de las medidas sanitarias”.

“Habiendo circulación comunitaria del virus en todo el país, el mismo ministro de Salud de la Nación ha hecho declaraciones señalando que las medidas de restricción interprovincial no sirven y se tornan inútiles como herramienta de control sanitario”, aseguraron los diputados.

Además, indicaron que “varios casos han llegado a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose resuelto medidas cautelares favorablemente para ciudadanos respecto de la circulación interprovincial”, mientras que ahora el máximo tribunal “debe resolver sobre los reclamos de los productores y de otros ciudadanos que se han visto impedido regresar a sus hogares o ver a sus familiares”.

Por todo esto, los diputados instaron al Gobierno nacional a “hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional y hacer cesar a los gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la libertad de circulación”.

“Las medidas que restringen la circulación por el territorio nacional no contempladas dentro de la normativa nacional vulneran derechos constitucionales, y la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial”, finalizaron.

Una veintena de diputados de la UCR presentaron este jueves ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece la devolución total del IVA a los contribuyentes más vulnerables de nuestro país como respuesta a la crisis sin precedentes que afecta especialmente a estos sectores y que el gobierno del presidente Alberto Fernández no logró solucionar efectivamente.

La iniciativa establece un mecanismo para devolverle el IVA a aquellos grupos de contribuyentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tomando a aquellos jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de pensiones no contributivas, la AUH y la asignación por embarazo. La normativa que ya fuera aplicada con anterioridad en la que  se preveía la devolución de una porción del IVA y con un tope mensual muy bajo, ahora, se propone la devolución total del IVA focalizado en los gastos de los sectores vulnerables y sin topes, para de esta manera atacar más efectivamente la falta de progresividad de nuestro sistema tributario.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de confinamiento dispuestas han tenido consecuencias muy graves para nuestro país, en este contexto, representantes de organismos internacionales han advertido que la pobreza, la indigencia y la desigualdad van a escalar fuertemente. En este sentido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho un llamado a reforzar las transferencias monetarias en los países en desarrollo, que por su alto grado de informalidad laboral y desigualdad, se encuentran más expuestos, no solo a aquellos que viven bajo la línea de pobreza, sino también a todos aquellos que están en riesgo de caer por debajo de ella a causa de la crisis.

En un contexto en donde se están debatiendo la creación de nuevos impuestos, y se está agotando el pago del IFE, es necesario encontrar nuevos mecanismos para asegurar un piso de protección a aquellos más desprotegidos, en este sentido se manifestó el puntano Alejandro Cacace, autor del proyecto: “En nuestro país siempre se ha mirado a las transferencias directas como forma para reducir la desigualdad, pero también hay que mirar el potencial redistributivo de nuestro sistema impositivo, que es regresivo a causa que su principal impuesto que es el IVA, que pagan todos nuestros contribuyentes y no mira la capacidad contributiva de estos.”

La iniciativa cuenta con el aval de los legisladores Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Juan Martin, Lidia Ascarate, Gonzalo del Cerro, Ximena Garcia, Federico Zamarbide, Mario Arce, Jose Riccardo, Carla Carrizo, Jimena Latorre, Estela Regidor, Carlos Fernández, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, entre otros.

Una joven residente en Tierra del Fuego está en camino a San Luis para ver a su padre, quien está en grave estado internado en esa provincia, con cáncer de pulmón muy avanzado. El problema es que las autoridades de esa provincia le han negado ya varias veces la entrada a esa provincia por las restricciones que impone el ASPO en general y en esa provincia en particular.

La joven se llama Victoria Garay, quien contó que llenó diez formularios pidiendo sin éxito que la autoricen a ingresar a esa provincia.

El hecho hace recordar el caso de Solange Musse, quien no pudo ver a su padre Pablo antes de morir, porque en un control policial no dejaron pasar al hombre.

A raíz de ello, el senador de Juntos por el Cambio Claudio Poggi solicitó al Comité de Crisis de San Luis que, con todos los recaudos sanitarios necesarios, “otorgue el permiso de ingreso a la hija que vive en Tierra del Fuego y necesita ver a su padre que vive en San Luis y que es paciente oncólogico y está grave. Ya le rechazaron 10 pedidos”.

Le solicito al Comité de Crisis de San Luis que, con todos los recaudos sanitarios necesarios, otorgue el permiso de ingreso a la hija que vive en T del Fuego y necesita ver a su padre que vive en San Luis y que es paciente oncólogico y está grave. Ya le rechazaron 10 pedidos.

— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) August 23, 2020

En el mismo sentido se pronunció también a través de Twitter el diputado nacional radical Alejandro Cacace, quien se dirigió al gobernador Alberto Rodríguez Saá para solicitarle que “autorice, con el adecuado testeo, el ingreso de Victoria Garay a San Luis para ver a su padre que es paciente oncológico y está grave. Su gobierno se lo ha impedido reiteradamente. Es una cuestión humanitaria”.

Señor Gobernador @alberto_rsaa Le solicitamos autorice, con el adecuado testeo, el ingreso de Victoria Garay a San Luis para ver a su padre que es paciente oncológico y está grave. Su gobierno se lo ha impedido reiteradamente. Es una cuestión humanitaria.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) August 23, 2020

Durante el debate de la ampliación presupuestaria, el diputado radical Alejandro Cacace advirtió que en el proyecto se había incorporado un artículo “que no fue discutido en comisión” y tiene como objetivo excluir de la “órbita de control de la AGN” a Aerolíneas Argentinas.

“El artículo dice que no será aplicable a Aerolíneas Argentinas el control a las empresas con participación del Estado”, señaló, y recordó que esa redacción “es la misma que se incluyó en la ley de expropiación de YPF”, y que se intentó imponer sin éxito en el Presupuesto 2016.

El puntano alertó entonces que se estaría introduciendo “una cláusula que es inconstitucional”.

Tras su discurso, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, quien dijo que “desconocía que había una polémica alrededor de esto”, leyó una nota enviada por el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

En la misiva, el presidente de la compañía sostuvo: “Se supone que hay una discusión alrededor de que el Gobierno quisiera sacar del control de AGN a Aerolíneas Argentinas, nada más alejado de la realidad, nada tiene que ver ni con el dictamen ni con la decisión de la compañía”.

“Hemos acordado el plan de auditoría y balance para todo este año, y para el año siguiente, a pesar de que en el año anterior no se hizo nada. Además de la certificación de fondos que se transfieren, le mando la nota original del pedido de la AGN para que nos auditen, por si algún diputado pregunta”, agregó Ceriani.

Más tarde, durante la votación en particular, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, mencionó el planteo realizado de que “se pretendía burlar el control de la AGN y que ese era el propósito de este artículo”. “De ninguna manera es ese el espíritu”, afirmó y leyó una nueva versión del artículo 17, a los fines de “lograr un acuerdo”.

Finalmente, Cacace expresó: “Siendo que esta redacción que propone ahora el presidente de la comisión elimina aquellas frases que excluían del control de la AGN, en el caso de Aerolíneas, y siendo que ha dejado a salvo las facultades constitucionales de este organismo, nosotros aceptamos esta redacción y la acompañamos”.

Más de una treintena de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo solicitando información respecto a la estructura y profundidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), de la tenencia de títulos de este y la reestructuración de la deuda.

“En este contexto de discusión respecto a la reestructuración de la deuda pública bajo ley local, debe notarse la enorme porción de ellos que están en poder de organismos públicos. Entre ellos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que tiene el 67% de su cartera títulos públicos”, señaló el radical Alejandro Cacace (San Luis), autor del proyecto junto con su par Hugo Romero, de la provincia de Córdoba.

Respecto a la temática del canje y para poder evaluar su profundidad, sostuvo que “el FGS tiene el 42% de la inversiones en títulos públicos nominadas en moneda extranjera. Teniendo en cuenta que no se excluye del canje al FGS y que la oferta incluye como alternativas bonos en dólares y bonos en pesos más CER, que resultan menos atractivos que los primeros, es necesario conocer con detalle la conformación de esas inversiones en títulos públicos que tiene el FGS, para poder ponderar el impacto que tendría sobre el valor de su cartera de entrar en el canje y tomar los bonos en pesos”, sostuvo Cacace.

“Si el FGS reemplazara esos bonos por los títulos ofrecidos, prácticamente el 70% de su cartera estaría invertida en bonos del Estado en pesos”, señaló Romero.

El proyecto de resolución cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Alfredo Cornejo, José Luis Riccardo, Carlos Fernández, Diego Mestre, Estela Regidor, Juan Martín, Ximena García, Pablo Torello, Álvaro de Lamadrid, Graciela Ocaña, Gonzalo del Cerro, Carla Carrizo, Claudia Najul, Alfredo Schiavoni, Adriana Ruarte, Miguel Bazze, Hernán Berisso, Gustavo Menna, Mario Arce, Federico Zamarbide, Jorge Rizzotti, Soledad Martinez, Gabriela Lena, Dolores Martinez, Gabriela Burgos, Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Facundo Suárez Lastra, Gerardo Cipolini, Luis Pastori, Camila Crescimbeni, Lidia Ascarate y Soher El Sukaria, entre otros.

Este viernes, otros tres diputados nacionales que estuvieron presentes en la última sesión de la Cámara baja informaron, a través de su Twitter, que sus resultados a la prueba de Covid-19 dieron negativos.

Uno de ellos fue el puntano Alejandro Cacace (UCR), quien escribió: “Por precaución y siguiendo los protocolos, debido a los casos positivos de #Covid-19 en el Congreso, estuve en aislamiento preventivo y me realicé el hisopado. El resultado fue NEGATIVO. ¡Gracias a todos los que se preocuparon!”.

En tanto, el chubutense Ignacio Torres (Pro) publicó que su hisopado PCR por Covid-19 “dio negativo”. “Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y se comunicaron conmigo !!!”, agregó.

“Les quiero contar que el hisopado dio negativo. Gracias a todos por la preocupación, por tantos llamados y mensajes de apoyo. Me sentí muy acompañado”, fue el mensaje del pampeano Martín Maquieyra (Pro).

Al comienzo de esta semana se conoció el caso de coronavirus del riojano Julio Sahad (Pro), quien estuvo presente en la sesión de 10 horas que se realizó el pasado jueves 25. Hasta el momento, la mayoría de los diputados que se hicieron el hisopado resultaron negativos, mientras que se confirmaron los casos de Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos).

Por precaución y siguiendo los protocolos, debido a los casos positivos de #Covid-19 en el Congreso, estuve en aislamiento preventivo y me realicé el hisopado. El resultado fue NEGATIVO. ¡Gracias a todos los que se preocuparon!

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) July 3, 2020

Me acaban de confirmar que mi hisopado PCR por COVID19 dio Negativo. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y se comunicaron conmigo !!!

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 3, 2020

Les quiero contar que el hisopado dio negativo. Gracias a todos por la preocupación, por tantos llamados y mensajes de apoyo. Me sentí muy acompañado 💪💪

— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) July 3, 2020

Más de una treintena de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto solicitando que ANSeS retome la atención y la prestación de sus servicios, los que se encuentran limitados desde el inicio de la cuarentena, “perjudicando especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad social en medio de la actual emergencia, que es cuando más contención por parte del Estado se requiere”, remarcaron.

Fue el 20 de marzo que se excluyó del aislamiento a trabajadores de diversos sectores considerados esenciales, pero no fue sino hasta el 4 de mayo pasado, que se incluyó entre los servicios esenciales a algunas actividades de la ANSeS, estableciendo así un funcionamiento parcial e irregular que aún no logra cubrir las demandas de los ciudadanos.

La iniciativa elaborada por el puntano Alejandro Cacace (UCR) le exige al Gobierno que brinde explicaciones del alcance y los perjuicios ocasionados a todos aquellos que no han podido realizar sus trámites ante la ANSeS. En ese sentido se expresó: “Debe regularizarse inmediatamente el funcionamiento y la atención al público de ANSeS. Se está afectando a los sectores más vulnerables que no pueden realizar sus trámites para obtener el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y las asignaciones universales. Además esto ha perjudicado desproporcionadamente a los adultos mayores, que se encuentran limitados en la posibilidad de realizar gestiones en persona para obtener sus beneficios previsionales”.

La iniciativa cuenta con el aval del presidente de la Unión Cívica Radical, el mendocino Alfredo Cornejo, y los diputados Graciela Ocaña, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, Alberto Asseff, Ezequiel Fernandez Langan, Luis Petri, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Mario Arce, José Cano, Gabriela Burgos, Ingrid Jetter, Diego Mestre, Virginia Cornejo, Martin Grande, Sebastián García de Luca, Gerardo Cipolini, Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Hugo Romero, Dolores Martínez, Gonzalo del Cerro y Julio Sahad, entre otros.

Diputados y senadores del interbloque Juntos por el Cambio se reunieron este viernes, como parte de un ciclo de charlas semanales que vienen realizando con expertos en previsión social, con el extitular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, y el ex secretario de Seguridad Social de la Nación, Alejandro Chiti. 

La iniciativa, que comenzó la semana pasada con la exposición del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, fue convocada por el diputado puntano Alejandro Cacace (UCR), quien es vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, e integrante de la comisión extraparlamentaria conformada por legisladores de ambas cámaras y miembros del Ejecutivo Nacional, que trabajan en la tarea que les encomendó la Ley 27.541, que es la de proponer un nuevo proyecto de movilidad previsional y la de revisar la sustentabilidad económica de los regímenes especiales.

“El presidente continúa perjudicado a los jubilados, ya que con los aumentos de marzo y de junio otorgó entre $540 y $14.000 por mes menos por beneficio de lo que hubiera correspondido de acuerdo a la Ley de Movilidad”, manifestó el radical Cacace, en relación al decreto de prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria presentada este jueves por el Ejecutivo.

En tanto, Basavilbaso manifestó: “Me trae malos recuerdos la discrecionalidad de los aumentos, como en aquellas épocas en que el Gobierno anunciaba por cadena nacional el índice de aumento a los jubilados, arrogándose con populismo una facultad que debería ser automática, como es en el resto del mundo y como lo establece la Constitución.

“En la mayoría de los países del mundo se utiliza la variable de la inflación para actualizar los haberes jubilatorios, y también el componente de salarios. Aquel parámetro es el mejor para mantener el nivel de vida de los jubilados”, se expresó Alejandro Chiti. El exfuncionario también resaltó que “los regímenes especiales abarcan a sólo una mínima porción de los beneficiarios pero reciben el doble de subsidios para financiar sus haberes que el régimen general”.

En la reunión de Zoom estuvieron presentes los legisladores Lorena Matzen, Luis Pastori, Maria Belén Tapia, Victoria Morales Gorleri, Virginia Cornejo, Luciano Laspina, Alicia Terada, Dolores Martinez, Brenda Austin, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Graciela Ocaña, Albor Cantard y Mario Arce.

Finalmente, y a pedido de la comisión creada por la Ley de Emergencia aprobada en diciembre, el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días más hasta diciembre.

El diputado nacional Luis Petri estalló en las redes sociales luego de que ingresara a la Cámara de Diputados la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria. “Un año de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, donde el Gobierno establece aumentos por debajo de la inflación”, remarcó el mendocino.

Además, señaló que “los ‘aumentos’ por decreto de Alberto Fernández le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida en junio, les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

“Según Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el Gobierno entre enero y agosto se va a ahorrar 34.000 millones de pesos por el brutal ajuste a los jubilados. Toda la oposición debe decir #NoAlAjuste de Alberto Fernandez a los Jubilados y no dar quórum para que se trate”, exigió el legislador radical.

Por su parte, su correligionario Alejandro Cacace expresó su oposición a “que se le quite previsibilidad a nuestros adultos mayores sobre los aumentos que tendrán”.

“Con esta iniciativa se viola la pauta constitucional que señala que la movilidad jubilatoria debe estar establecida y protegida por ley, sumado además al perjuicio a los aumentos de marzo y de junio, que otorgaron entre 540 y 14.000 pesos por mes menos por beneficio de lo que hubiera correspondido de acuerdo a la Ley de Movilidad”, agregó el legislador puntano, para quien “la movilidad es un derecho constitucional amparado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Dicha cuestión debe estar establecido por ley, así lo ha indicado la Corte Suprema de Nación, y hasta tanto discutamos una nueva ley de movilidad debe regir la actual y no debe haber discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo”.

Más de una treintena de diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, relacionado con el pago del bono a trabajadores de la salud, anunciado el pasado 26 de marzo.

Impulsada por el radical Alejandro Cacace (UCR), en la iniciativa se le exige al Gobierno por el cumplimiento del decreto 315/2020 -reglamentado por la resolución conjunta 3/2020 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo-.

“El bono, a la fecha, solo ha quedado en la formal presentación del decreto pero no ha sido abonado”, aseguraron los legisladores, y pidieron información sobre “el alcance del mismo; la fecha de cobro; si será retroactivo; si se ampliará su monto y cuántos trabajadores están alcanzados por el beneficio”.

Cacace apuntó que el presidente Alberto Fernández “que destaca constantemente que las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo tienen como fin cuidar la salud de todos los habitantes de nuestro país, tiene que cumplir con su palabra y velar por el efectivo cumplimiento de las políticas diseñadas para apuntalar el trabajo de quienes en el campo son los que llevan a cabo el cuidado de nuestras vidas y el esfuerzo por mitigar la pandemia”.

El proyecto fue acompañado por sus pares de JxC Alfredo Cornejo, Ximena García, Héctor Stefani, Luis Pastori, Alicia Terada, Martín Maquieyra, Albord Cantard, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Dina Rezinovsky, Hugo Romero, Estela Regidor, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Lidia Ascárate, Ignacio Torres, Adriana Ruarte, Victoria Cornejo, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, Carmen Polledo, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, Gustavo Menna, Jorge Enríquez, Federico Frigerio y Hernán Berisso.

Más de una treintena de diputados del Interbloque Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe para que el Ejecutivo efectivice el pago del “Bono de Salud” que anunció el 26 de marzo para todo el personal de la salud, que en el marco de la emergencia sanitaria, se encuentra especialmente abocado a combatir la pandemia generada por el Covid-19.

La iniciativa elaborada por el puntano Alejandro Cacace (UCR) busca exigirle al Gobierno el cumplimiento del Decreto 315/2020 que fue reglamentado por la Resolución Conjunta 3/2020 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del mencionado Bono que a la fecha solo ha quedado en la formal presentación del decreto pero no ha sido abonado y también tomar conocimiento del alcance del mismo, fecha de cobro, si será retroactivo, si se ampliará su monto y cuántos trabajadores están alcanzados por el beneficio.

“El presidente, que destaca constantemente que las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo tienen como fin cuidar la salud de todos los habitantes de nuestro país, tiene que cumplir con su palabra y velar por el efectivo cumplimiento de las políticas diseñadas para apuntalar el trabajo de quienes en el campo son los que llevan a cabo el cuidado de nuestras vidas y el esfuerzo por mitigar la pandemia”, expresó el radical Cacace.

La iniciativa cuenta, con el aval del diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo y de los legisladores Ximena García, Héctor Stefani, Luis Pastori, Alicia Terada, Martín Maquieyra, Albord Cantard, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Dina Rezinovsky, Hugo Romero, Estela Regidor, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Lidia Ascarate, Ignacio Torres, Adriana Ruarte, Victoria Cornejo, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, Carmen Polledo, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, Gustavo Menna, Jorge Enríquez, Federico Frigerio y Hernán Berisso.

Se reunió este  martes la Comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales Jubilatorios, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y miembros de las dos cámaras del Congreso. Al encuentro virtual se sumó como integrante la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, con lo cual llegan a 15 los integrantes y se aprobó un reglamento de funcionamiento de la comisión.

Se acordó también un plan de trabajo con reuniones semanales donde asistan especialistas y representantes de diferentes organizaciones.

Tal cual había sucedido ya en el encuentro del lunes de la semana pasada, volvió a producirse una discusión en torno a la prórroga de la suspensión de la movilidad. El oficialismo con su mayoría emitió una resolución para solicitar que se prorrogue la suspensión de la ley de movilidad por 180 días más y que se sigan otorgando los aumentos por decreto, con la negativa de los representantes de Juntos por el Cambio, quienes expresaron que el 20 de junio debe recobrar vigencia la ley de movilidad previsional, suspendida por 6 meses mediante la ley de emergencia.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, se ocupó de  pedir la prórroga de la facultad para que el Poder Ejecutivo defina por decreto los aumentos a los jubilados de septiembre y diciembre, ante la profundización de la emergencia declarada en diciembre pasado, por los efectos de la pandemia.

Al oponerse, el diputado nacional radical Alejandro Cacace dijo que “los jubilados deben tener previsibilidad sobre lo que cobran, hemos visto que los incrementos que se dieron han sido inferiores a los que corresponderían por la ley de movilidad -en junio hubieran tenido un incremento del 10,9 % contra el 6,12 que recibieron-; los jubilados  tendrían en septiembre una garantía de un aumento del 9,88 % y además la movilidad es un derecho constitucional establecido por la Constitución y que debe ser reglamentado por ley”.

Luego de un intercambio de opiniones, la moción se puso a votación, y fue aprobado un despacho de mayoría de 8 votos de los representantes del Poder Ejecutivo y los legisladores del Frente de Todos, y un despacho de minoría de 4 votos, firmado por los legisladores de Juntos por el Cambio.

Previamente se había resuelto la conformación definitiva de la comisión, que será  presidida por el oficialista Marcelo Casaretto, y fue designada vicepresidenta la senadora radical María Belén Tapia y como secretaria técnica a Adriana Micale, del Ministerio de Trabajo.

Participaron del encuentro los senadores del Frente de Todos Daniel Lovera y Carlos Caserio, y el diputado Carlos Heller; el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich y los diputados de ese sector Luciano Laspina y el mencionado Alejandro Cacace.

También asistieron los funcionarios Miguel Baelo, Luis Bulit Goñi y Roberto Arias.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo Nacional, dándole un plazo de 60 días para que el mismo sea avalado o rechazado, y estableciendo que sean ambas cámaras del Congreso Nacional las que se pronuncien al respecto.

El proyecto de ley estipula que “los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha de su dictado, se los considerará nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”.

Actualmente, existe la sanción ficta de los DNU, que significa que la aprobación de solo una de las Cámaras -o falta de rechazo de ambas- sea suficiente para convalidar el DNU. Por este motivo, la iniciativa sostiene que deberán ser ambas cámaras del Congreso las que se pronuncien para darle validez a los decretos del Poder Ejecutivo.

El diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis), impulsor del proyecto, explicó que “se elimina este procedimiento establecido en la Ley 26.122, por ser flagrantemente inconstitucional y violatorio del artículo 82 de la Constitución”.

“Lo que planteamos es que las dos Cámaras del Congreso de la Nación deben darle validez a los decretos presidenciales y, además, debemos establecer un plazo para que sea tratado. Una vez vencido ese plazo, el DNU será declarado nulo”, señaló el legislador puntano. 

El proyecto fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Ximena García, Gonzalo del Cerro, Gustavo Menna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Álvaro De Lamadrid, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Riccardo, Diego Mestre, Brenda Austin, Soher El Sukaria, Hugo Romero, Jorge Vara, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Roxana Reyes, Sebastián Salvador, Héctor Stefani y Alberto Asseff, entre otros.

Diputados del bloque de la Unión Cívica Radical convirtieron en iniciativas legislativas lo anunciado por el interbloque de Juntos por el Cambio el lunes, vinculado a la rebaja salarial del sector público. Las mismas apuntan a una medida general que incluye a los tres poderes del Estado, cuyo objetivo es que lo recaudado sea destinado a la adopción de medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por la pandemia del Covid-19.

Durante el mes de diciembre del año pasado, el diputado de la Nación Alejandro Cacace elaboró un proyecto sobre equidad salarial en todo el sector público. Actualmente, y debido a la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, la iniciativa fue readaptada para que se pueda aplicar a las circunstancias actuales.

El proyecto de ley del diputado Cacace, establece que “los funcionarios de los tres poderes del Estado, no podrán percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a diez salarios mínimos, vitales y móviles, por el término de tres meses”. De esta medida quedarían exceptuados “aquellos funcionarios y personal del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa afectados de manera directa a la emergencia sanitaria”.

En el mismo sentido, la diputada y vicepresidenta del bloque de la UCR, Carla Carrizo, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que, en el contexto de la emergencia sanitaria, “disponga en forma inmediata la creación de un Fondo de Emergencia Pública por el término de tres meses consecutivos, incluido el mes en curso, a través de la imposición de un monto máximo de haberes en funcionarios y funcionarias de alto rango del Sector Público Nacional”.

Ambas iniciativas fueron presentadas vía e-mail a la Cámara de Diputados, tal como establece el protocolo de presentación de proyectos, debido a que el funcionamiento de dicha cámara se encuentra limitado por la cuarentena obligatoria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Acompañaron las iniciativas los diputados Dolores Martínez (Buenos Aires), Federico Zamarbide (Mendoza) y Miguel Nanni (Salta).

El diputado de la Nación Alejandro Cacace (UCR – Juntos por el Cambio) se expresó por redes luego del anuncio realizado por el Gobierno Nacional referido al Ingreso de Emergencia. “Celebro la decisión del Presidente Fernández de crear el Ingreso Familiar de Emergencia, es la respuesta justa a la crisis que enfrentamos” subrayó el legislador, y recordó que “por esa razón lo propusimos hace una semana en el Congreso”, dijo.

“Aplaudo que se haya considerado esta propuesta de protección social a los ciudadanos ante al freno de la actividad económica por el coronavirus”, destacó el diputado.

La semana pasada, Cacace presentó un proyecto de ley denominado Ingreso Básico Universal de Emergencia, que establecía el derecho a una prestación económica destinada a aquellos ciudadanos que no poseen un ingreso fijo. En dicho proyecto se incluía a monotributistas, trabajadores independientes e informales.

“El aislamiento para frenar el coronavirus ha causado que las personas no puedan desempeñar sus labores diarias. Los que están en la informalidad y los trabajadores independientes se encuentran totalmente desprotegidos” declaró Cacace al momento de la presentación del proyecto.

El proyecto de ley presentado por la oposición fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul, Dolores Martínez, Fabio Quetglas y Aída Ayala, entre otros.

Diputados del bloque UCR presentaron un proyecto de ley que establece el derecho a una prestación económica universal, denominada Ingreso Básico Universal de Emergencia, destinada a aquellos ciudadanos que no poseen un ingreso fijo.

“El aislamiento para frenar el coronavirus ha causado que las personas no puedan desempeñar sus labores diarias. Quienes cuentan con un empleo formal pueden acceder a licencias y mantener sus ingresos, pero los que están en la informalidad y los trabajadores independientes se encuentran totalmente desprotegidos”, explicó el diputado Alejandro Cacace (UCR), impulsor de esta iniciativa.

Más allá de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional que tienden a reforzar la AUH y las jubilaciones y pensiones, esta iniciativa busca proteger a todos aquellos que no tienen ingresos fijos (trabajadores informales, monotributistas, autónomos), y que ante el aislamiento se ven privados de realizar las actividades que les generan ingresos normalmente.

Este proyecto se presenta en el contexto de las medidas de protección dispuestas por el gobierno, que posiblemente se profundicen en los próximos días, entre las cuales el aislamiento social y la cuarentena impedirá a muchos desempeñar su actividad laboral o productiva.

Medidas similares fueron anunciadas recientemente por los gobiernos de Perú y Hong Kong. También, en Estados Unidos se está discutiendo la implementación de un ingreso que sostenga a trabajadores independientes y precarizados.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados, y cuenta con el apoyo de los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul, Dolores Martínez y Aída Ayala, entre otros.

“Es fundamental poder conocer en profundidad y de la mano de los especialistas en el tema, la realidad por la que muchas mujeres deben pasar”, afirmó el diputado nacional Alejandro Cacace al concluir la Jornada “Endometriosis, una deuda social” que por su iniciativa se realizó en la Cámara baja.

La idea de realizar esta actividad surgió por inquietud del diputado, quien como legislador en la provincia de San Luis, impulsó la ley de endometriosis para la concientización y la cobertura integral, que posee media sanción y espera su tratamiento final. “Acompañaremos a las mujeres para que logren nuevas conquistas, que estén cuidadas y acompañadas en todo el proceso que conlleva esta patología”, manifestó Cacace, a quien acompañaron en esta jornada sus pares Estela Regidor, Carla Carrizo, Branda Austin y Luis Pastori.

La jornada constó de dos actividades que tuvieron como objetivo discutir sobre los diferentes proyectos de ley que existen en el Congreso sobre la endometriosis, entre los que se destacan los de las diputadas Carla Carrizo, Karim Alume y Vanesa Mazzetani. Se comparó la realidad de esta patología en Argentina y en Estados Unidos.

Participaron Alejandro González, director de la Asociación Argentina de Endometriosis; Marilina Casais, del Conicet de San Luis; y Shannon Cohn y Patricio Cohn, de la Fundación Endo What (Estados Unidos).

Luego, en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó una exposición sobre el documental de la Fundación “Endo What”, con lo que se buscó generar conciencia sobre el derecho al acceso a la información sobre esta patología, acceso a un protocolo de diagnóstico y contar con atención personalizada en cada momento que se deba transitar.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto de Ley de Equidad Jubilatoria para el Sector Público, que busca terminar con los privilegios de los funcionarios que son beneficiarios de regímenes jubilatorios especiales. La iniciativa plantea la derogación de las jubilaciones y asignaciones de privilegio en la Argentina, con el objetivo de apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones.

“Nuestra República se afirma en la idea de igualdad. Es lo que establece nuestra Constitución. Y por eso los funcionarios públicos, de los tres poderes del Estado, deben someterse al mismo régimen general jubilatorio de todos los ciudadanos, sin beneficios ni prerrogativas especiales” afirmó el diputado Alejandro Cacace (UCR), impulsor de este proyecto.

La presentación de este proyecto se da en el contexto de la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre pasado, donde se suspendió la movilidad a los jubilados que pertenecen al régimen general, pero no modifica el régimen de los privilegiados del sector público, cuyo ingreso, en la mayoría de las veces, es notoriamente mayor.

“Gozan de movilidad del 82% y el 85% y poseen condiciones más favorables a la del resto de los jubilados con beneficios comunes que en la práctica cobran aproximadamente el 40% del salario de un trabajador en actividad. Es por esto que planteamos la derogación de las jubilaciones y asignaciones especiales que están contempladas en las leyes 22.731 y 24.018” explicó el diputado Cacace. La iniciativa cuenta, además, con el aval de los diputados: Ignacio Torres, Gustavo Menna, Lidia Ascarate, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Claudia Najul y José Luis Riccardo, entre otros.