A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre, la Cámara baja volvió a votar un proyecto de ley de Alquileres. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara alta. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada, en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones. 

El texto aprobado mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.

Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”. 

La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”. 

Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.  

Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque. 

Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El debate

Al filo de las 4 de la madrugada, cuando ya se llevaban más de 15 horas de debate, se aceptó alterar el orden del debate y adelantaron la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres.

Habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, quien arrancó diciendo que no hay una relación de igualdad entre las partes involucradas en el contrato de alquiler. “No hay una relación paritaria; la ley debe entonces legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes. No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, señaló.

“La ley vigente ha recibido críticas, no ha sido la mejor; la estamos modificando por eso”, advirtió el diputado salteño, que de todas maneras aclaró que la norma no explica por sí sola la situación del valor de los alquileres; el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas de alquiler. Citó al turismo, por ejemplo, para recordar también que deben legislar en torno a los alquileres temporarios, cosa que también pueden regular las provincias, aclaró.

“Hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”, sostuvo, citando por ejemplo el plazo mínimo de vigencia de 3 años, como así también el tiempo para hacer ajustes, que es de no menos de 6 meses para el caso del Senado y 4 para Diputados.

Citó como central el índice de actualización, teniendo en cuenta que lo aprobado en Diputados “no es un índice, libera la actualización”. “Ese sí es un gran problema para los inquilinos”, consideró.

Destacó también los incentivos fiscales que son similares en los dos dictámenes, aclaró.

A continuación fundamentó el dictamen de minoría el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien consideró que la ley original 27.551 particularmente perjudicó a los inquilinos, por cuanto “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.

Así las cosas, consideró que el resultado negativo se debe a “la alteración del equilibrio entre las partes”. “Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, dijo, para hablar luego de las modificaciones que comenzaron a  proponer para cambiar la ley. Primero, en el plazo de locación, que siempre había sido de 2 años y lo elevó a 3. “Además de extender tal vez excesivamente el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por períodos inferiores a un año. Y además, estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran por un único índice de actualización, lo que produjo una enorme merma en la rentabilidad de los localizadores. Por supuesto, la consecuencia fue un retiro de la oferta”.

“En agosto pasado logramos una media sanción que en su momento nos dejó satisfechos”, señaló Tonelli, detallando lo que establecía el dictamen de minoría. Sin embargo, el Senado modificó ese proyecto, a su juicio asemejando la ley a la que había fracasado. “El Senado insiste en esa fórmula”, advirtió, citando como lo peor del caso que se establece un único índice de actualización que a su juicio será peor, porque estará por detrás de la inflación, del aumento de los precios y del aumento de los salarios.

“Esto va a afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución hay dos posibilidades: insistir con la sanción originaria, la otra aceptar las modificaciones del Senado, que entendió sería volver a la ley 27.551 con “mínimos maquillajes”, por lo cual no habría que esperar demasiado. “Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, concluyó.

Para la diputada Romina del Plá, ninguno de los dos dictámenes resuelve el problema, y reclamó en cambio  una solución integral que pasa por un plan de construcción de viviendas, con cuotas baratas. “Si no se da eso: la construcción de nuevas viviendas, el loteo de más tierras, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor”, estimó. Recordó que en la sesión del 23 de agosto habían acompañado el dictamen del oficialismo, en tanto que ahora harían lo mismo con el dictamen que viene del Senado, sabiendo que no soluciona el problema, pero es el mal menor.

Por su parte, el oficialista Itai Hagman sostuvo que “hubo una campaña fuerte para establecer que la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”. Al respecto contó que había estado leyendo un informe de la Fundación Ebert, sobre el estado de los alquileres en nuestra región y Europa, que deja claro que “la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina es absolutamente falsa. Por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo proponen en la Argentina lo contrario”.

Según Hagman, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022, y la caída empieza en el segundo trimestre de 2022, mucho después de la sanción de la Ley de Alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo”. Concluyó entonces que decir que la culpa del problema es que el Congreso sancionó una ley “es una posición interesada, que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite la regulación”.

A su turno, Alejandro Cacace aclaró que la situación de la Argentina con países como Alemania es muy distinta por ejemplo por la situación inflacionaria. “En un país que tiene estabilidad y no tiene inflación, no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de 3 años, inclusive más largos. Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación y acelerándose, cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.

Cerró el debate la diputada del Frente de Todos Paula Penacca consideró que durante la discusión se instalaron “falacias” tales como que “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”. Recordó la cantidad de votos con la que se aprobó en su momento la Ley Lipovetzky, que vino a resolver una “situación de abuso”. También rechazó el concepto de que “el mercado resuelve todo” e insistió en que “la ley no es el problema”.

“Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es  un pasquín kirchnerista”, y citó un texto que hablaba de una recuperación del mercado inmobiliario en 2021.

“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, explicó.  

Enviada por el Gobierno nacional y pedida por el candidato presidencial, Sergio Massa, pese a no ser iniciativa de su autoría, el oficialismo logró la media sanción al proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) que fue dictaminado el día anterior con modificaciones en su articulado.

La iniciativa cosechó 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones de los diputados de Juntos por el Cambio, como así también los socialistas Mónica Fein, Enrique Estévez y el cordobés Carlos Gutiérrez. Lo mismo hicieron los diputados del bloque SER, Felipe Álvarez y Claudio Vidal.

El FdT contó con el apoyo de tres diputados del interbloque Federal, cuatro del interbloque Provincias Unidas; el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa; y dos diputados de Juntos por el Cambio: Aníbal Tortoriello (Pro-Río Negro) y Pablo Cervi (Evolución Radical-Neuquén).

Los votos negativos correspondieron a los cuatro diputados de izquierda, el macrista Gabriel Chumpitaz y los libertarios Javier Milei y Carolina Píparo.

El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, pero comenzó a ser tratado en el Congreso recién en julio. Desde JxC, rechazaron el proyecto cuestionando entre otras cosas que se estaba presentando “un proyecto extemporáneo y direccionado”, y que se está prometiendo estabilidad por 30 años en un país donde eso es una excepcionalidad.

Antes de que concluyera el debate, un diputado opositor presentó una moción para devolver el proyecto a comisión, a fin de “darle al tema el debate que se merece”, pero la misma fue rechazada.

Los cambios aceptados

Antes de votar, la diputada Graciela Camaño propuso una serie de modificaciones en los artículos 7, 10 y 35, que fueron aceptadas.

Para el primero, propusieron un agregado que indicaba lo siguiente: “Ni una modificación significativa en los términos que fue presentado el informe de impacto ambiental previsto en elestudio preliminar contemplado en el artículo 5to. considerado al admitirse el proyecto. Las ampliaciones aprobadas gozarán de los mismos beneficios promocionales aplicables al proyecto original”.

En cuanto al artículo 10, cuando menciona los incisos, se agregó uno que dice “los adquirentes de los proyectos transferidos deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el transferente en cuya virtud se hayan otorgado los correspondientes permisos ambientales”. Y en el artículo 35, referido a la adhesión de los distritos a la presente ley, se especifica que la aprobación de los permisos ambientales correspondientes “de conformidad con lo establecido con las normas nacionales y provinciales específicas en la materia” será competencia de las autoridades de aplicación nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipal que corresponda resultando condición indispensable para el acceso de los beneficios promocionales de la presente ley.

También se atendió un error advertido por la diputada Pamela Verasay referido al cálculo de la retención, “cuando cambia el precio de referencia, y aplica el porcentaje que le corresponde a ese precio de referencia, es una retención escalonada escalonada, en vez de ser progresiva. Hay un error en la fórmula, básicamente es eso”. El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (Chubut), reconoció que había un error, que fue corregido en el artículo correspondiente, según las fórmulas que detalló, ante los gritos de quienes cuestionaban la ley.

En ese momento intervino la diputada Margarita Stolbizer, que se quejó por las “desprolijidades” que habían quedado expuestas y que hubieran justificado un envío a comisión, como se había pedido, ante lo cual su bloque se abstendría.

“¡No estamos discutiendo el proyecto, estamos corrigiendo un proyecto que vino mal!”, reclamó la diputada Verasay. Igón reiteró el detalle de los cambios en las fórmulas y finalmente se votó en general y en particular.

El debate

Miembro informante del oficialismo fue el diputado Santiago Igón, quien destacó que la Argentina tiene “una oportunidad única, que se da en base a una transición energética que se comienza a discutir en el mundo. La Argentina forma parte de los países que suscribieron el acuerdo de París para descarbonizar. Esa es la ventana que tiene la Argentina, porque tenemos los recursos naturales necesarios para encarar esa transición energética”.

“Hoy estamos acá para trabajar sobre un régimen promocional a esta actividad. Declarar de interés público nacional todo lo que es la licuefacción del gas para la exportación del GNL. Y claramente la creación de un régimen promocional que está comprendido aquellas inversiones en bienes y obras de infraestructura que están relacionadas con el GNL”, señaló el legislador.

Igón sostuvo que “todo lo que tiene que ver con esta industria en la Argentina se tiene que construir”, y planteó que se deben tener en cuenta determinadas cuestiones para aquellos que pretenden hacer las inversiones correspondientes.

El diputado contó que habían aceptado modificaciones, por ejemplo donde se pedía como inversión mínima mil millones de dólares, o la capacidad para generar un millón de toneladas de GNL por año, “entendiendo que ya hay capacidad instalada, ahí tuvimos la posibilidad de acceder a aceptar esa capacidad industrial que ya está instalada, y terminar de hacer las inversiones necesarias para llegar a mil millones de dólares o a demostrar esa capacidad de un millón de toneladas de GNL producidas en un año”.

Igón leyó a continuación los beneficios fiscales que se les otorga a las empresas que participen en estos emprendimientos, como así también todo lo que tiene que ver con los derechos de exportación. Al respecto contó que se llegó a un acuerdo sobre el tema por el cual el país va a empezar a recibir derechos de exportación a partir de que el millón de BTU esté en un precio de 15 dólares en adelante. Se considera que entre 0 y 15 es muy fino el costo que tiene esta licuefacción del gas; entonces para que pueda ser rentable, entre los 15 y 20 dólares empezamos a contar con una escala que va de 0 a 8% de derecho de exportación. Y aclaró: “Pero cuando tenemos la posibilidad de que este valor aumente los 20 dólares, entre los 20 y 25 dólares, ese porcentaje va a ser de 12%. Cuando ese valor supere los 25 dólares, y esté entre los 25 y 30 dólares, el porcentaje va a ser entre el 12 y 14%; y a partir de que supere los 35 dólares, va a ser del 15% y a partir de ahí queda fijo, dando un incremento claro en las retenciones que beneficia al Estado nacional, pero generando una curva horizontal que permita darle a las empresas y los inversores la expectativa que necesitan para seguir trabajando”.

Para Igón “este es una actividad que viene a cambiar una matriz productiva; viene a cambiar también una matriz en términos de exportación e importación donde vamos a tener la posibilidad de empezar a exportar gas y tener en cuenta que todo el territorio argentino va a estar abastecido”.

“Es una actividad que va a generar los dólares necesarios, no solamente va a ser la zona núcleo del país la que esté aportando en su gran mayoría esos dólares, sino que es una actividad encabezada por las provincias patagónicas, particularmente Neuquén, que le va a estar dando esa posibilidad también a la República Argentina. Por eso digo que esto contiene a todo el país y el Estado nacional”, afirmó Igón, para quien este proyecto “debe ser de los más importantes por venir”.

Alertó sobre la intención de reducir el Estado o suprimir a su adversario político, ante lo cual “acá estamos planteando un proyecto de país hacia adelante”. “Un proyecto que va a generar miles y miles de puestos de trabajo -aseguró-. Va a generar trabajo en el sector de hidrocarburos, que está muy bien remunerado y además registrado”.

A continuación, el diputado del Pro Francisco Sánchez advirtió que en la Argentina hoy se están consumiendo unos 120 millones de metros cúbicos de gas por día, con la variación obvia entre invierno y verano. “Pero solamente en Vaca Muerta tenemos gas para abastecer a la Argentina por 200 años, a este nivel de consumo. Ni hablar de las otras cuencas”, observó. Remarcó que “tenemos la oportunidad de monetizar lo que hay en el subsuelo”, y al respecto destacó que en el año 2020 se comenzó a trabajar en una ley de promoción del GNL que “está durmiendo”.

Con todo, sostuvo que “si estamos tratando hoy este proyecto, no es porque interese tener políticas de Estado, sino porque lo promueve  YPF con una empresa malaya, Petronas”. Aclaró que no veía mal apoyar un acuerdo de ese tipo, pero pidió no vestirlo de otra cosa. “Si no fuera así, cuando yo le mandé el proyecto que hice en 2020 al presidente, como se lo mandé también al ministro de Economía y al secretario de Energía, al menos hubiera tenido una respuesta, una llamada… -se quejó-. Eso no pasó, lamentablemente”.

Destacó la importancia del proyecto para todo el país y lo valoró “con todos los yerros que tiene, pero es una herramienta que tenemos que acompañar, porque nos va a servir a todos”. Sin embargo, a la hora de votar se abstuvo junto al resto del interbloque Juntos por el Cambio.

Fue el turno de otro neuquino, el gobernador electo Rolando Figueroa, quien destacó el papel de su provincia en el mapa energético del país, atendiendo a “algunos sectores que no se dan cuenta de lo producen las provincias argentinas, y específicamente lo que produce el interior”.

Destacó que hoy Vaca Muerta provee el 52% del petróleo de este país, el 65% de gas, como así también puede abastecer a toda la Argentina en virtud de las diferentes obras que se están llevando adelante. “Pero para esto siempre decimos que hay que pagar algunas deudas internas”, aclaró.

“Para poder monetizar nuestro subsuelo, hay que seguir construyendo ductos. La posibilidad de proveer de GNL a Asia y Europa, nos impone tener que construir 3 yacimientos Néstor Kirchner”, ejemplificó.

Por su parte, la diputada radical mendocina Jimena Latorre disintió respecto de que esto fuera una política de Estado. “Porque para eso hacen falta consenso, y acá no hubo consenso; hace falta una discusión seria, y acá no hubo una discusión seria. Acá hay un gobierno que está presentando un proyecto que es extemporáneo, direccionado y que no tuvo información suficiente para tener una discusión que construya consensos para una política de Estado”, advirtió.

Latorre recordó que el dólar acaba de superar los mil pesos, “y estamos prometiendo estabilidad por 30 años; comprometiendo las administraciones de los próximos 30 años. Están prometiendo lo que debe ser una excepción en un marco de promoción, porque lamentablemente en este país no es la regla”.

“Lo están prometiendo en el fin de su gobierno, después de 4 años de no haber presentado una política estratégica. Este es un proyecto hecho a la medida del convenio entre YPF y Petronas. ¿Qué soberanía energética hablan, si este proyecto de exportación no tiene en cuenta ni siquiera el marco regulatorio argentino, y no asegura el abastecimiento interno?”, se preguntó, para recordar luego el fallo contrario a nuestro país por la expropiación de YPF en Estados Unidos.

Según Latorre, se aumenta el costo de capital, en vez de reducirlo. “Convierte la patología en regla y hace lo que a ustedes les gusta hacer: abrir kiosquitos para crear excepciones para algunos”, señaló.

Entre otras cosas, negó que tengamos reservas suficientes: tenemos reservas para 9 años en la Argentina de consumo interno, de los 4 solamente son de Vaca Muerta; y el mercado internacional pide por lo menos, para contractualizar este tipo de proyectos, 20 años de reservas certificadas. “Es decir que tendríamos primero que duplicar las reservas para después ver si podemos firmar contratos para traer inversiones de otros lugares”, enumeró.

A continuación, Graciela Camaño anticipó las discrepancias dentro de su interbloque (el Federal), donde tenían votos positivos y algunas abstenciones. “Para aquellos que abrazamos la causa ambiental, es importante que tengamos un régimen de promoción de las energías limpias; este es uno de ellos, el de Hidrógeno Verde el otro”, dijo, anticipando su acompañamiento al proyecto.

Respecto de los cuestionamientos al proyecto, detalló que es cuestionable que pueda aislarse los proyectos del resto del funcionamiento del gas local. “El mercado de GNL no va a funcionar si a la vez no hay una definición del mercado local. Esta falta de certidumbre se observa en que solo un proyecto tiene posibilidades de un real aislamiento; pero para justificar un gasoducto dedicado se tiene que hablar de mínimos que se han visto en el resto de los países exportadores y que acá no se ven”, explicó, entre otras cosas tales como que los regímenes de autorización de exportación “no están claros, ni son comprensibles”. La libre fijación de precios tampoco está garantizada, planteó también.

“Si queremos en serio ser competitivos, tenemos que tener la inteligencia de tener una propuesta que permita la inversión privada”, agregó.

Pablo Cervi (Evolución Radical), también neuquino, lamentó que no hubiera habido diálogo en comisión, y cuestionó la celeridad que se le dio al tratamiento, con cambios en el texto que se anunciaron “cinco minutos antes de iniciar la reunión”. Como conclusión, pidió “abordar el desarrollo de la industria energética como una visión estratégica a largo plazo, basada en la responsabilidad, la transparencia y el consenso”. Y lamentó que “somos desaprovechadores seriales de oportunidades”, por lo que hizo votos para no desperdiciar la que se presenta ahora.

Desde la izquierda, Romina del Plá coincidió en que se está en presencia de un tema que es “estratégico”, pero ante ello consideró al proyecto “muy negativo”, por cuanto “los beneficios a los capitalistas no redunda en beneficio de la población”. Se quejó por los daños ambientales que se producen con las perforaciones y sostuvo que “la explotación de GNL no nos da para nada una garantía de desarrollo”.

Vuelta a comisión

Al cabo de su discurso contrario al proyecto promovido por el oficialismo, el diputado nacional del Pro Martín Maquieyra sorprendió pasadas las 2 de la madrugada presentando una moción de orden para devolver a comisión el proyecto para darle el tratamiento que consideraba

“Hace una hora y media que estamos discutiendo este tema, y llegado el momento del análisis, el diputado plantea una vuelta a comisión que me da la sensación de que lo que está tratando es de empiojar el debate”, se quejó el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Y agregó: “Me parece que lo que están haciendo acá es tratar de alterar las reglas de juego. ¿Por qué no lo plantearon al inicio del debate?”.

Presidía en ese momento la sesión el mendocino Omar De Marchi, que le preguntó a Maquieyra si mantenía su moción o la retiraba. “No, no la retiramos. Queremos que vuelva a comisión para darle el tratamiento que el tema se merece”, respondió el legislador pampeano, que también pidió una votación nominal.

La moción fue rechazada. Obtuvo 102 votos a favor, 124 negativos y hubo 4 abstenciones, de la izquierda.

Cerró el debate otra diputada neuquina: la oficialista Tanya Bertoldi, quien sostuvo que “esta ley de promoción para el GNL va a marcar un hito para nuestro país y particularmente nuestra provincia. Desde Neuquén, los neuquinos y las neuquinas estamos listos para seguir trabajando en el desarrollo hidrocarburífero y aprovechar al máximo uno de los recursos energéticos que está demandando el mundo no solo ahora, sino para las próximas décadas”.

Observó también cómo “desde algunos sectores están reclamando políticas a largo plazo, pero cuando esos sectores pasan del otro lado del mostrador sufren una amnesia galopante y no aplican nada de lo que declaman. Sin embargo hoy, y a partir de una visión desarrollista estratégica de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, traemos una propuesta de crecimiento y desarrollo a largo plazo”.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Respecto a las modificaciones para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, refieren a los artículos 6 (Criterios de evaluación y aprobación de los proyectos), 15 (Cupos Fiscales) y 16 (Impuesto a las Ganancias. Alícuota aplicable) respecto a sus redacciones.

En tanto la modificación al artículo 23, el cual refiere a derechos de exportación, la incorporación del Valor Referencia 2, Valore Referencia 3 y Valor Referencia: El primero establece una alícuota del 12% en casos que el Precio FOB supere los 25 dólares; El Valor Referencia 3, una alícuota del 14 cuando supere los 30 dólares; y el Valor Referencia 4, del 15% cuando supere los 35 dólares.

Finalmente, hay dos modificaciones más en el artículo 24, respecto al acceso a divisas y estabilidad cambiaria, y en el artículo 28 sobre la concesión de transporte de ductos dedicado.

Luego de aprobar la creación de cinco universidades nacionales en la última sesión -que el Senado ya convirtió en ley-, la Cámara de Diputados avanzó este jueves con otros tres proyectos de este tipo que quedaban pendientes.  

Impulsada por los diputados de Evolución Radical Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, recibió media sanción, con 158 votos positivos, 72 votos negativos y 1 abstención, la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los artículos de esa iniciativa plantea que “el Poder Ejecutivo queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio” de la universidad. 

La otra iniciativa, promovida por la oficialista María Rosa Martínez y aprobada con 150 votos a favor y 82 en contra y 0 abstenciones, es la que propone la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

“Dada la necesidad de promover social, económica y culturalmente a la zona de asiento de la Universidad y su área de influencia, la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado establecerá sedes en los municipios de la cuenca y privilegiará la implementación de carreras cortas con práctica profesionalizante y ciclos de formación con certificación que respondan a problemáticas y necesidades estratégicas de desarrollo regionales. La propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial, virtual sincrónica en formato webinar y virtuales asincrónicas”, establece el proyecto. 

En tercer lugar, a partir de una iniciativa de Blanca Osuna, recibió media sanción con 128 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones, la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, la que tendrá su sede central en la ciudad de Paraná.

“La Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz se constituirá sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos”, aclara el proyecto y “faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la transferencia a la nueva universidad de los servicios educativos de la mencionada facultad, sus bienes muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y no docente, sus alumnos y sus escuelas preuniversitarias de educación obligatoria y artística”. 

La defensa de la presidenta de la Comisión de Educación

Como miembro informante del oficialismo, la diputada entrerriana Blanca Osuna (FdT) expresó que “saber es poder” porque “implica no solamente ratificar la fortaleza que tiene en Argentina la educación pública, sino ese ida y vuelta entre el conocimiento, la formación y el poder hacerse de herramientas para incidir en el sistema democrático”. 

“Estamos con una educación pública que constituye uno de los principales orgullos, pero no únicamente por su despliegue, sino que el sistema educativo nacional tiene una territorialidad y vastedad que lo distinguen en la región y en el mundo”, ponderó la presidenta de la Comisión de Educación y agregó que eso “nos permite en la comprensión de lo que implica la educación pública hacer uso de una metáfora en lo que ha sido la conformación del Estado Nacional con la educación pública. Ese proceso donde en una primera etapa Argentina necesitó reafirmar identidad e integración, de eso se trató una ley que se debatió la 1420 y, a partir de esa ley, Argentina fue afirmando el sentido de la organización escolar y del sistema”.

La oficialista comentó que “esa definición de escuela primaria, gratuita, laica y libre fue siendo superada con el tiempo y, evidentemente, la educación de niveles superiores, que en principio estaban pensadas para la formación de las élites que lograban gobernar, todo ese proceso se revirtió, pero fue producto de batallas duras, de exigencias, de movilización y, de algún modo, llegamos con una arquitectura normativa que es nuestro orgullo que aprobamos en el Congreso y permitió consolidar el sistema educativo nacional compuesto por niveles obligatorios y nivel superior universitario”. 

“La Argentina es hoy el país que tiene mayores niveles de obligatoriedad respaldado por ley. Las leyes no resuelven los problemas que el propio sistema y la educación padecen, pero sí expresan una votación y responsabilidad y adjudican una tarea”, remarcó Osuna y señaló que la creación de universidades públicas en el país “ha tenido flujos y vaivenes, y este tiempo se han aprobado leyes importantes para la educación como la Ley de Educación Ambiental, de Formación en Enfermería. Avanzamos con leyes para hacer ese aporte a la educación argentina con la creación de universidades”.

En su discurso, la legisladora del FdT desmintió a la oposición de que la creación de universidades es para “centros de adoctrinamiento kirchneristas” y, por el contrario, sostuvo que muestran un “despliegue importante con un compromiso territorial”. Así, detalló que en el año 1983 había 350 mil estudiantes con 28 millones de habitantes y “hoy hay 2 millones y medio de estudiantes universitarios en 40 años; se quintuplicó la cantidad de estudiantes universitarios y hasta el 75% son primera generación de estudiantes de la familia”.

Sobre la creación de la Universidad Cuenca del Salado contó que la sede cabecera estará en Cañuelas, que “es una zona deprimida de la cuenca donde se vinculan más de 30 municipios y el principal desarrollo es la agroindustria y la producción agropecuaria”. “En esa cuenca se producen entre 30% a 40% de granos y la economía se basa en producción avícola, ovina, forestal. El desafío de la educación superior está comprometida con el desarrollo científico y tecnológico que contribuya la atención de toda la problemática socio productiva local y regional”, explicó. 

Y añadió que “actualmente se cuenta con una oferta educativa de nivel secundario, técnico y agro técnico con una extensión de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La propuesta es planificar condiciones de crecimiento desde las herramientas que brinda la tecnología agropecuaria hasta la comercialización de desarrollo sustentable”.

Al hacer referencia la creación de la Universidad de Saladillo, Osuna contó que “fue presentado en dos oportunidades con una sede central en la ciudad de Saladillo, porque es de fácil acceso y traslado. Se abocará a temáticas con la mejora en los distintos eslabones de la materia productiva a fin de constituirse en referencia para el desarrollo económico regional e involucrará a actores directos de la región”.

Por último, sobre la Universidad Juan Laurentino Ortiz, impulsada por ella y sus pares entrerrianos del oficialismo, precisó que “sintetiza un amplio abanico de historia, expectativas y demandas de una provincia que por años se han reclamado. El tema de la cercanía es clave en la creación de nuevas universidades públicas en el país. Toma el nombre de uno de los más destacados poetas argentinos, sensible y humilde de pueblo. Se realiza sobre la base de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y se entrecruza con tres campos que son el de la formación docente, psicología y salud mental, y el de arte y la cultura. Tiene 42 planes de estudio con 62 carreras de grado y pregrado, 75% de estudiantes que son primera generación universitaria en su familia”. 

Las diferencias dentro de Juntos por el Cambio

Muy crítico, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) apuntó en primer lugar contra Osuna, al confesarse “sorprendido y preocupado” porque la presidenta de la Comisión de Educación “invitó a este pleno a que se viole flagrantemente la Ley de Educación Superior”, al mencionar que la universidad propuesta para Entre Ríos no tiene “los estudios de prefactibilidad” y “las resoluciones del Consejo Interuniversitario Nacional”. “No puede venir a decir que este Congreso puede crear universidades porque sí”, enfatizó. 

El opositor aseveró: “No estoy dispuesto a seguir contribuyendo al simulacro educativo, no estoy dispuesto a mirar para otro lado la verdadera catástrofe educativa que vive nuestro país”. “Hay que decir la verdad, dejar de mentir, ¿ustedes creen que en este contexto de crisis económica, con el dólar a mil pesos o más, con una inflación que va por arriba del 120%, nosotros vamos a garantizar lo que decimos que vamos a garantizar?”, apuntó. 

También en contra, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) observó que “la universidad Juan Laurentino Ortiz haya sido puesta en votación en una sesión diferente a la Universidad de Ezeiza”, con la cual se realizó “una intervención en una universidad autónoma”. “De facto, el oficialismo pretende quedarse con una universidad, es un golpe universitario”, denunció sobre la nacionalización de esa casa de estudios, que ya es ley, pues se ha votado en el Senado. Y dijo que eso se hizo “para que el señor intendente de Ezeiza ponga sus ampulosas garras sobre algo que no domina”. Mientras que en el caso de la de Entre Ríos, “no tiene revisión de crédito presupuestario, estudio de prefactibilidad y resolución del CIN, es decir, casi nada”, señaló. 

A su turno, la diputada Romina Del Plá (FIT) adelantó: “Aún con una serie de señalamientos, vamos a acompañar la creación de estas tres universidades”. “No es que la no creación de las universidades van a resolver los problemas” presupuestarios que hay en educación, aclaró, al opinar que esos argumentos son “bastante falaces”. Sobre las diferencias a los proyectos, cuestionó que las tres se crean “bajo la Ley de Educación Superior que es la ley menemista para privatizar y mercantilizar”; al tiempo que “no se establece cómo va a ser la contratación de los trabajadores docentes”; y también que se necesita de incremento presupuestario frente al “ajuste en el que estamos”. 

Otra de las oradoras de Juntos por el Cambio en contra de las iniciativas fue Sabrina Ajmechet (Pro), quien arrancó diciendo que “hoy se van a crear acá tres universidades. Hoy, el día que el dólar superó los mil pesos. El día en que tenemos a nuestra ciudadanía gritándonos en la calle”. 

Sobre los argumentos que había dado en los debates en comisión, consideró que no se pueden crear “sin una planificación previa, sin saber en qué provincias era necesario crearlas, sin entender con qué plan de desarrollo, qué recursos humanos hay que formar. Hoy no me da el corazón para repetir esos argumentos técnicos”. 

Para la macrista, “toda la inversión educativa debería ir a sala de 3 y 4 años;  esa es la urgencia de nuestro país, lo sabemos y hay coincidencia”. “Sin embargo, lo que hoy el kirchnerismo nos está llevando a hacer es más populismo educativo”, aseveró. 

Más adelante, desde el mismo interbloque, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) planteó -diferenciándose- que “no hay una competencia entre el sistema de educación superior con el resto del sistema educativo. Tenemos que hablar de un solo sistema, donde coincidentemente todos entienden y comprenden que comienza a los 45 días de vida y se tiene que extender a lo largo de toda la vida”. 

La bonaerense afirmó que la creación de universidades “se trata de una inversión quizás de las más importantes que puede realizar una Nación, porque es precisamente lo que nos permite ser competitivos frente al mundo”. “Vivimos momentos de exclusión, de marginación”, admitió, pero aseguró que “ninguna de esas cuestiones es excusa para no poder dar oportunidades a distintos jóvenes de diferentes provincias”. 

Coautora del proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo, defendió que la misma “viene a generar igualdad de oportunidades a los jóvenes y adultos de esa región, arraigo, mejora en la calidad de vida, desarrollo económico, social y humano a una provincia que lo necesita y lo está demandando”. 

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) pidió “no ser hipócritas”. Por un lado, habló de que “en el sistema universitario se está haciendo un ajuste por inflación de casi el 50%” y “el presupuesto tuvo cero de actualización desde que arrancó el año”. Tras darle la razón a su par Finocchiaro sobre lo sucedido con la Universidad de Ezeiza -afirmó que se trató de una “intervención”-, el porteño planteó que quería “desmitificar” la idea de que “se crean universidades para quienes no lo necesitan y que por invertir en la educación superior estamos desfinanciando a la educación inicial y media”. 

“Tenemos que dejar de decir que los que proponemos crear universidades creamos trincheras para que se refugien los que pierden gobiernos o despilfarramos recursos porque están cerca de otras universidades”, resaltó el vicerrector de la UBA y lanzó una crítica hacia el Gobierno porteño: “En la Ciudad de Buenos Aires donde está la universidad más grande y prestigiosa de la Argentina se creó la UniCABA, y tiene el doble de presupuesto por alumno que la UBA. Y se está normalizando ahora porque justamente se está por cambiar el jefe de Gobierno”. Entonces, a continuación, reclamó tener “honestidad intelectual de decir las cosas como son”.

El radical pidió “dejarse de jorobar” porque el sistema universitario “es de las pocas cosas en las que Estado funciona bien”. 

Última oradora del debate, la bonaerense María Rosa Martínez (FdT) enfatizó que “es para celebrar la creación de nuevas universidades”. “La proporción de habitantes por universidad está lejos de la media deseable”, señaló y sobre la creación de la Universidad de Cuenca del Salado, detalló que “abarca a 30 municipios de la provincia” y ofrecerá “carreras cortas que puedan terminar con prácticas profesionalizantes, tecnicaturas, licenciaturas y tiene la posibilidad de desarrollar investigación vinculada a la actividad agrícola ganadera y también la enfermería”. 

Al recordar que este proyecto ya había sido presentado en 2015, 2020 y 2021, la oficialista destacó que será para los jóvenes de ese área de influencia “la gran oportunidad de formarse donde viven”. “Es cierto lo que ocurre con las universidades que hemos creado en estos últimos años, principalmente en los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner), y las cinco de la última sesión: han posibilitado que hijos de trabajadores y trabajadoras, en un 80%, sean quienes habiten y demanden las carreras que están en marcha”, ponderó. 

“Presenté hoy mi renuncia, con fecha 01/11/2023, a la banca de diputado nacional con la que el pueblo de San Luis me honró”, anunció el gobernador electo de esa provincia Claudio Javier Poggi.

Lo hizo a través de su cuenta de la red social X, donde señaló que “como gobernador electo, llega el tiempo de liderar el desafío de construir juntos el San Luis que se viene, una provincia con trabajo, educación y seguridad”.

Cabe recordar que Poggi se impuso en las elecciones del pasado 12 de junio en su provincia, San Luis.

Poggi tiene mandato hasta 2025, por lo que dejará entonces su banca a manos de quien figuraba tercero en la lista que lo encumbró en su banca, Néstor Ordóñez, quien fue ministro de Hacienda y Obras Públicas durante la gestión de Poggi como gobernador. Tiene 47 años de edad y asumirá en la primera sesión del mes de noviembre.

Les comparto copia de mi renuncia a la banca de Diputado Nacional. Gracias queridos sanluiseños !! pic.twitter.com/MUsthextHN

— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) October 10, 2023

Luego de obtener la reforma sobre Ganancias, y a menos de dos semanas de las elecciones, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción y girar al Senado otro proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa en medio de la campaña electoral: la creación del Programa “Compra sin IVA”, que se aplica desde septiembre por medio de una resolución.

El texto fue aprobado en general por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones -de JxC más los dos diputados del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez-. El oficialismo contó con el apoyo del interbloque Federal -menos Florencio Randazzo que se ausentó-, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los cuatro de Provincias Unidas y los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

El artículo 8 que establece el plazo del proyecto se votó de manera nominal y resultó aprobado con 129 votos afirmativos, 111 negativos – JxC, los tres liberales, los diputados del interbloque Federal Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, los dos del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez- y 0 abstenciones.

Mediante la iniciativa se crea el Programa “Compra sin IVA”, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

En el debate en comisión, Juntos por el Cambio había firmado un dictamen de minoría por el cual incluía como actores alcanzados a los beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y extranjeros con dos años de residencia que no tengan ingresos formales. Pero, además, buscaba limitar la vigencia del programa hasta el 9 de diciembre de este año, bajo el argumento de que esta medida condiciona la política tributaria de la futura gestión.

Las voces a favor y en contra

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Carlos Heller procedió a explicar los lineamientos del proyecto quien remarcó que la esencia “podemos verla tomando los datos actuales últimos que se recibieron sobre la utilización efectiva que está teniendo a través del Decreto que lo puso en marcha en el periodo que va a fin de año y este proyecto pretende que tenga continuidad en el tiempo”.

“Según información que aparecieron ya se han superado los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales”, detalló Heller.

Sobre el impacto que tienen este tipo de iniciativas sostuvo que “hay que verlo en toda su dimensión porque es muy superior a la idea de eximir al impuesto de determinados productos que, además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina evidenciando en los precios de los productos que no bajan porque se elimine el IVA. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP que por un lado percibe el impuesto y por el otro se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar”.

Heller remarcó que el proyecto busca darle continuidad al decreto que puso el Poder Ejecutivo y al “exitosísimo” resultado que tuvo hasta el momento. Asimismo, consideró que la misma forma parte de una idea “mucho más profunda y amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para llegar a que paguen más los que ganan más y tienen mayor riqueza”.

“Esto genera un inmediato impacto positivo en otro aspecto también, uno en la formalización de actividades porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se facture y tenga IVA porque se lo van a devolver. Esto ayuda a que, a través de medios de pago formales, se vaya generando este mecanismo y esa inclusión de medios formales es imprescindible para poder tener la trazabilidad de las operaciones que se realizan”, indicó el oficialista.

A su vez, Heller explicó que “no es una medida electoralista” porque entraría en vigencia en enero de 2023 cuando “ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular”. Asimismo, cuestionó el dictamen de minoría que “le ponía una fecha de finalización, con lo cual estaríamos aprobando un proyecto que se superpondría con el decreto, pero sería una ley con un plazo fijo de dos meses de duración”.

Respecto de las críticas a la iniciativa de que se trata de un gasto fiscal sin contrapartida, planteó: “Nos parece una mirada corta y restringida del tema porque no tiene en cuenta el impacto que tiene la formalización de operaciones, ni la mayor demanda de bienes y servicios que se produce a partir de la mayor con el poder de compra de esa devolución porque se vuelve a comprar”.

“Además por lo que tiene de impacto en otros impuestos como ingresos brutos que beneficia directamente a las provincias. Los beneficiarios están en todo el territorio nacional. Es una medida absolutamente federal porque el beneficio a los ciudadanos alcanzados por la medida va más allá de dónde viven”, indicó y reiteró que “hay un aumento inmediato de otros ingresos que contribuyen a disminuir el costo de esta iniciativa”.

Heller contó que le han solicitado a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que haga un análisis del impacto inicial sobre el Presupuesto 2024 y señaló que dicho informe no tiene en cuenta: “Los efectos de segunda vuelta -las compras que se realizan con lo que se devuelve-, el dato fiscal es de 1,01 sobre el PBI pues hay que descontar el programa de devolución del IVA que ya está en marcha y ya está considerado en el Presupuesto 2024”.

“Es un proyecto beneficiario para las familias y PyMes. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo, tenemos que trabajar en políticas de progreso impositivo, en atacar las fugas. Estamos hablando de un país con 40% de informalidad, el combate de esa informalidad debería generar innumerables ingresos fiscales que contribuirían a resolver el problema”, planteó.

El titular de la Comisión de Presupuesto cuestionó a la oposición por calificar estos proyectos de “inflacionarios, como si fuera algo automático”, y hablan de “cantidades de enormes cantidades de dinero emitido tomando a la nominalidad de ese dinero, aunque no tiene significado porque hay que ponerlo en términos relativos y porcentuales”.

“EL BCRA acaba de publicar el informe monetario del mes de septiembre en los primeros nueve meses la base monetaria se redujo en términos reales un 32,9%. Si tomamos los datos del 2022 es mentira que hay una emisión descontrolada como han dicho. La base monetaria se redujo en un 25,6% en el 2022”, detalló y subrayó que “la emisión monetaria no es la locomotora de la inflación”.

Por último, Heller comentó modificaciones a proponer al dictamen aprobado en comisión que “obedecen a pedidos que se hicieron”. Así, detalló que en el artículo 1 inciso A agregaron: “De cajas provinciales no transferidas a la nación, municipales o de cajas previsionales para profesionales”.

En el inciso C incluyen una serie de programas solicitados por la una diputada de la oposición los destinatarios de prestaciones sociales de diversos programas dependientes de la secretaria nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia como sujetos alcanzados a beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y agrega que “los montos establecidos en los incisos a y d serán incrementados en un 22% cuando los beneficiarios sean residentes de la zona patagónica definida en el artículo 1 definida en la Ley 26.772”.

También eliminaron del artículo 3 la palabra “alimentaria” quedando solo el concepto de Canasta Básica y en el artículo 4 incluyen una ampliación que tiene como objetivo a las personas que viven en la zona patagónica que tengan un “reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el veintiuno por ciento (22 %) del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) presentó el dictamen de minoría en el recinto y cuestionó: “¿Para qué viene este proyecto de ley al Congreso? si el pueblo vota en 10 días a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, se busca condicionar una futura política de gobierno”.

“Argentina se está yendo a una hiperinflación y nosotros elegimos el camino de la responsabilidad y también, no profundicemos este camino de irresponsabilidad”, aseveró. Además, sostuvo que “encontramos en esta discusión de campaña que hay un candidato que le echa leña al fuego -por Javier Milei- y otro que le mete papeles que aumentan ese fuego –por Sergio Massa-”.

Respecto al dictamen de minoría que impulsa JxC, el diputado radical explicó que “es para prohibir los adelantos de financiamiento del Tesoro Nacional al Banco Central (hasta el 9 de diciembre de este año) que está hundiendo a este país”.

En tal sentido, profundizó que “esta medida funciona como medida y no como ley porque cuando se hizo por devolución de la AFIP, el gobierno resguardó la coparticipación de las provincias, pero por ley se puede afectar e impactar a esos recursos coparticipables”.

“El titular de la AFIP -Carlos Castagneto- reconoció que es para cobrarle a las provincias porque se llega a afectar entre 3 y 4 meses de salarios de las provincias y eso pasó desapercibido en las comisiones”, indicó.

Por otro lado, expresó: “Tenemos 18 millones de pobres y son beneficiarios de la devolución del IVA casi 22 millones de personas, pero hay pobres que no son beneficiarios y beneficiarios que no son pobres”, y enfatizó que “los trabajadores informales no están incluidos en una medida que busca ser permanente y el bono que les dieron es solo por dos meses”.

Finalmente, cuestionó al dictamen de mayoría del oficialismo: “En el tema del costo fiscal, Heller dijo que todo se va a recuperar, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dijo que perdemos recaudación y si gastamos lo mismo, profundizamos la crisis fiscal porque si financiamos con emisión, sube la inflación y si la inflación sube, la demanda real del dinero cae”.

En el mismo sentido, el diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) expresó que “este gobierno ha llevado a un desequilibrio fiscal y un déficit que va a terminar cerca de los 16 puntos del Presupuesto”. “Mientras acá discutimos teoría, el argentino va al supermercado y todo sube”, criticó.

Tras anticipar que no acompañará el proyecto, el diputado cordobés agregó: “El IVA es un impuesto regresivo que impacta en los que menos ganan, pero nunca en 4 años hablamos de reforma tributaria y esto debe ir con solvencia fiscal”.

“Estamos en una verdadera emergencia y esta es una herramienta para aliviar, pero no se corrige la desigualdad de los ingresos porque requiere un programa de solvencia fiscal y que repare la macroeconomía”, explicó, y añadió: “Sabiendo que esto va a generar un costo fiscal, planteamos que sea hasta fin de año (hasta el 9 de diciembre)”.

Además, remarcó que “hay sectores que no están incluidos y comen y compran todos los días”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas, a unos días de la elección, tienen un vicio de electoralista y lo que no tiene vicio de electoralista es el dólar a 1.035 pesos porque eso impacta de lleno en los precios”.

Finalmente, al igual que Cacace, desenfundó críticas contra Milei: “Hay un candidato bajo la idea de la libertad que pretenden ordenar al Estado con una motosierra y plantea ‘cuanto peor, es mejor’ para que los argentinos saquen los plazos fijos”. “No está entendiendo es que atrás de la medida especulativa y la corrida está el pueblo argentino que sufre”, cerró.

A su turno, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires), quien ironizó con la “otra vez la burra al trigo”, y amplió: “Discutimos la baja de impuestos sin la correspondiente baja del gasto público y eso generará más déficit, emisión monetaria, más pobreza y más marginalidad”.

También, sostuvo que “en los últimos 60 años no erró ni una oportunidad de tener déficits fiscales y Argentina tiene una crisis cada siete años y medio”. “Debemos declarar ‘pecado mortal’ a la baja de impuestos sin la correspondiente baja de gasto público porque lo advertí en la anterior sesión”, recordó.

Asimismo, cargó contra el candidato oficialista y contra el espacio libertario: “Recibió el dólar a 280 peso y ahora está en más de 1000 con una inflación de 180 puntos. Massa es una verdadera langosta”. Además, añadió que “La Libertad Avanza incita a la gente a sacar su plata de los plazos fijos y con eso están llevándonos a este desastre”.

En su intervención, el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) observó las dificultades del proyecto de ley y señaló la “gravedad de lo que estamos decidiendo”. En primer lugar, indicó que es un “descalabro fiscal que se inscribe en una inflación en ascenso en un ritmo estremecedor. Aceleran la inflación y el déficit a financiar con emisión monetaria, que lo pague otro”.

En segundo lugar, señaló que “no puede ser que un ministro en funciones sea candidato porque hace una tarea tan irresponsable que es difícil pensar un mal diseño equivalente”. En tercer lugar, planteó: “Tenemos una entidad monetaria que se endeuda de una manera explosiva, ese endeudamiento se vuelve inmanejable”.

“El camino explosivo lo van a pagar los argentinos, pero en particular los sectores más vulnerables de la sociedad. Es un cóctel de irresponsabilidad agravado por la tentación de otros actores políticos de ver si esto les da lugar a que la explosión sea más grande. Es imposible pensar que un sistema democrático funcione donde el Congreso de la Nación resigna los impuestos legislados y pase a basarse en los impuestos resignados y más reaccionarios”, apuntó. y alertó: “Va a ser peor de lo que dijo Espert, va a ser peor el déficit y la situación de la economía”.

La santafecina Germana Figueroa Casas (Pro), contadora y especialista en finanzas públicas, también arremetió contra el Programa Compre Sin IVA. “Lo que se vota hoy no es una devolución de IVA, es un subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan. Es una buena idea mal aplicada que solo generará más inflación y pobreza. Hay que dejar de inventar títulos y leyes ineficientes, es hora de ponerse a trabajar para bajar el déficit fiscal y frenar la inflación”, declaró.

De la vereda de enfrente, el oficialista Daniel Arroyo afirmó que “hay que entender que esta ley es razonable y justa porque los que menos tienen van a pagar menos por la comida por la canasta básica”, y agregó que “comer tiene que ser barato en la Argentina y tenemos que mejorar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras”. Aseguró, además, que esta ley “viene a garantizar lo básico que consume una familia”, e hizo referencias a los pedidos de JxC: “Tomo lo que dicen de incorporar al sector informal”.

Del mismo modo, expresó: “Presenté dos proyectos, uno para crear 400 mercados centrales y uno para crear un sistema de crédito no bancario para desendeudar a privados y familias”. Por último, señaló que “esto viene a ayudar a los que menos tienen y es de pura justicia porque va a mejorar la calidad nutricional”.

Por el interbloque federal se expresó la bonaerense Graciela Camaño se refirió a un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que dice que hay un 22,5% de la población en situación de riesgo alimentario de la región donde “los alimentos cuestan más caros y quienes más pagan son los más pobres”.

“En nuestro país los números son escandalosos entre el 2010 y 2022 un deterioro en la alimentación de la población en el 44%. Este deterioro en los últimos años se potenció y el escenario hoy es que el 44% de los pibes tienen hambre, el 60% reciben sus alimentos del Estado, el 9,3% de la población es indigente según el IDEC, el 40,1% es pobre”, detalló Camaño y señaló que “la reducción de los costos y el apoyo al acceso de alimentos son factores importantes para promover la seguridad alimentaria”.

La diputada bonaerense indicó que la devaluación de agosto fue del 22% y la inflación del 12,4%. Asimismo, criticó a la oposición por denominar ‘plan platita’ porque “es lo menos que podemos hacer como Estado para apaliar semejante crisis frente a la devaluación entre las que estuvo la fusión del impuesto a las Ganancias”. Lamentó los proyectos de mayoría y minoría porque “todos sabemos que estamos afectando la coparticipación. El del oficialismo pretende que se haga cargo el gobierno siguiente y el de la oposición que sea hasta diciembre, ninguno de los dos dictámenes trata seriamente el gravísimo problema que tenemos en materia de impuestos en comestibles”, y adelantó que dentro de su interbloque hay diferentes posiciones por lo que la votación será dividida.

En tanto el santafecino Eduardo Toniolli (FdT) sostuvo que “la preocupación por la incidencia del IVA viene de larga data porque hubo más de 125 proyectos desde el 2001”. Del mismo modo, consideró que “la propuesta de reducción de alícuotas ha recibido reparos”.

En tal sentido, explicó: “En primer lugar, que la baja se traslade a los precios y la segunda es que por ser generalizada no beneficie a todos los consumidores”, pero remarcó que “el proyecto resuelve los dos puntos”.

Además, manifestó que “en cuanto al costo fiscal, la OPC sostuvo que hay un costo neto de 1,01% del PBI y habrá una mayor bancarización de las transacciones”. “Debemos destacar el impacto positivo en los ingresos brutos de las provincias y municipios y este proyecto se destina a los trabajadores”, señaló.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) remarcó que desde su bloque van a acompañar el proyecto, pero advirtió que “para que este Congreso se digne a tratar la devolución del IVA, ha tenido que haber un aumento fenomenal de la pobreza y un deterioro fenomenal de todos los indicadores”.

Asimismo, afirmó que “Massa es responsable de la crisis actual” porque “al otro día del las PASO hubo una devaluación del 22%”. “Me parece importante marcar que estamos en contra de estas cargas impositivas a trabajadores y debe haber cargas para las grandes fortunas”, agregó.

A su turno el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) señaló que “sería bueno no tener ningún impuesto, pero debemos tener criterio para ver cual eliminamos”, pero agregó que “lo hacemos en un contexto deficitario y es un reemplazo de un impuesto legislado por uno malo y regresivo como el inflacionario”.

Al igual que varios legisladores de JxC hizo énfasis en que “un dólar sale 1010 pesos en Argentina”, y agregó: “Hay una conexión estrecha entre eliminar impuestos que le quita fondos al Estado porque mñana el Indec anunciará una inflación cercana al 12% y anualizados, los precios, llegan a 300%”.

“Sobran pesos que son los que emite el Gobierno y al mismo tiempo cae la demanda y la foto de Martín Insaurralde en Marbella hunde la confianza de la autoridad de quien nos gobierna que es la misma confianza sobre nuestra moneda porque se desploma la demanda de dinero”, indicó Tetaz.

Por último, se refirió al candidato de La Libertad Avanza, y expresó: “Javier Milei tiene un acuerdo político con Sergio Massa y el gobierno del año que viene va a arrancar en -7”. “Espero que sea consciente que sus declaraciones tienen el mismo valor que las de Alberto Fernández en 2019 y que recuerde que ya no es más un panelista de televisión”, concluyó.

El intendente electo de la Ciudad de Córdoba y titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, acusó al gobierno de “ser el clientelismo más brutal de la historia argentina”, y agregó que “debemos lidiar sin moneda, con inflación galopante y más de 2.000 puntos de riesgo país”.

Respecto a la iniciativa en cuestión, indicó que “el problema es el déficit, una palabra fría y sofisticada porque un Estado no puede gastar más de lo que produce y tapar esos baches fiscales con emisión”. “El equilibrio fiscal debe ser una ley”, agregó.

En última instancia, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, ironizó con De Loredo y preguntó que “no sabía si era de La Libertad Avanza o Evolución Radical”. “Es un tema muy importante que algunos intentan mirarlo en sus impactos y este proyecto va en el sentido de la justicia tributaria”, señaló.

También, planteó que “hay argentinos que ya cobraron el reintegro y hay 50.000.000 de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos”. Asimismo, expresó: “No hay que perder la orientación que tiene que tener un espacio político hacia una mejor justicia social”.

Finalmente, arremetió contra Milei por la devaluación de estos días: “Esta acción que llevó los dolares cerca de los mil pesos es una muestra clara y decidida de terrorismo económico provocada por sectores liados al poder económico que quieren poner en nulidad a la estabilidad económica”.

En el final, y luego de la votación, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por JxC, respecto a la ampliación hacia trabajadores informales y desocupados y el cambio del plazo de la vigencia hasta el 9 de diciembre de este año.

Varios legisladores del oficialismo utilizaron el espacio de las cuestiones de privilegio en la sesión de este martes para rechazar las declaraciones de Javier Milei durante el primer debate presidencial, el pasado 1ro. de octubre, cuando negó la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y dijo que en los años ‘70 hubo una guerra. 

Luego del relato en primera persona de Daniel Gollan, el diputado Juan Marino comparó que al decir que “en esa guerra se cometieron excesos”, Milei lo que hizo fue repetir “literalmente las palabras del genocida (Emilio) Massera en el Juicio a las Juntas”. 

Al mencionar que junto a otros de sus compañeros de bloque presentó un proyecto de repudio por los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, el oficialista consideró: “Nos tendríamos que poner de acuerdo todos los bloques para hacer un repudio explícito y contundente, dejando en claro que no fue una guerra, fue genocidio; no fueron excesos, fue un plan sistemático ejecutado a través del Estado”. 

Al desafiar a Milei, a quien “tanto que le gustan discutir los números”, Marino comenzó a mostrar carteles mientras recordaba que hubo “814 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio” y “solamente en el centro clandestino de la exESMA hubo por lo menos 5.000 detenidos desaparecidos”. 

Además de “500 bebés apropiados, según calculan las Abuelas de Plaza de Mayo y la Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad”. “Según documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Georgetown University, hubo 22.000 personas asesinadas o desaparecidas hasta 1978”, apuntó.

“Es una deshonra para este Congreso que un integrante de este cuerpo diga lo dice Javier Milei, y es de extrema gravedad que además lo diga una persona que en las PASO sacó el 30%”, enfatizó y advirtió que “no lo dice para ganar un voto más, o por una cuestión ideológica, sino porque es acorde a su plan político: lo dice porque quieren reconstruir el partido militar, porque pretenden un gobierno de alianza cívico-militar, porque quieren restablecer la primacía y el protagonismo de las fuerzas militares en la vida política de nuestro país. No es un salto a lo desconocido Milei, Milei es un (Jair) Bolsonaro”. 

En su discurso, Marino afirmó que “la grieta ya no es más entre peronistas y antiperonistas, la grieta es entre quienes defienden a milicos genocidas y quienes defendemos el Nunca Más”. 

Finalmente, le pidió a los ciudadanos que “antes de ir a votar” vayan a visitar los lugares donde funcionaron centros clandestinos. “Vayamos a votar con plena conciencia lo que está en juego y en riesgo en nuestro país, que es básicamente la democracia”, cerró.

Otro que la emprendió contra Milei, pero sumó también a su compañera de fórmula y de bancada Victoria Villarruel, fue el santafesino Eduardo Toniolli, quien salió al cruce de su cuestionamiento a la cifra de 30 mil desaparecidos. Toniolli aclaró que “más de 300 procesos judiciales y casi 1.200 condenas en los tribunales federales desmienten esas aseveraciones. Acá hubo un plan sistemático de exterminio convalidado desde el Estado. Mataron, violaron, desaparecieron y torturaron para llevar adelante una profunda reestructuración de nuestra economía y sociedad. Para escarmentar al pueblo y disciplinar a la clase trabajadora”.

El legislador del FdT expresó que no le extrañaba que “los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Hoz, y la nueva receta que encontraron y quieren llevar adelante para desacreditar la lucha por la memoria, verdad y justicia, es la de cuestionar un número, el que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la última dictadura”.

Habló a continuación de “los amigos de la diputada Villarruel, a los que visitaba y sigue visitando donde están condenados”, y le pidió a los libertarios que “si como dicen quieren hacer un aporte a la verdad, que vayan por otro lado”. Y le pidió a la candidata a vice que “si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos los genocidas donde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¡Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos!”.

“Si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿dónde están los 400 niños hoy adultos que caminan por las calles sin saber su identidad? Y si no quieren, y no son capaces de ese gesto, les pedimos que se callen”, completó. 

Puntualmente al criticarlo a Milei por su recomendación a los ahorristas, el cordobés Eduardo Fernández advirtió que el libertario “pretende infundir temor público, pero no es la primera vez que Milei se expresa en este sentido”, en referencia a que “promueve la desvalorización de la moneda nacional”. 

“Ataca sistemáticamente los acuerdos de convivencia que los argentinos recuperamos hace 40 años. Detrás de cada provocación contra los derechos humanos, contra la soberanía, contra nuestra moneda, contra el medioambiente, contra la justicia social, principios consagrados todos en la Constitución Nacional, hay un anhelo de retorno dictatorial al que ya le hemos dicho nunca más”, enfatizó y añadió que “estas expresiones de desestabilización económica con un fin de solo conseguir un voto más, pero a partir del temor y la especulación, no puede ser admitido por un diputado de la Nación”.

Mientras concluía un pedido de apartamiento de la diputada Graciela Camaño para incorporar un proyecto de ley que promueve para que a los animales se los reconozca como “seres sintientes”, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se cruzó fuertemente con el legislador del Pro Fernando Iglesias al que llamó “cobarde, maleducado y macho de vitrina”.

En el momento en que la titular de la Cámara baja le concedió la palabra al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, el macrista comenzó a gesticular contra Moreau -por lo bajo- y la llamó “pelotuda”, según afirmó ella. En medio de la discusión, Iglesias golpeaba su banca y pedía la palabra a los gritos sin parar.

De inmediato, Cecilia Moreau respondió: “¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís de frente pelotuda como me estás diciendo por lo bajo?”. “Iglesias, sos un misógino y maleducado, y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos por maleducado, misógino y machista”, reiteró.

Entre los gritos de Iglesias, la titular de Diputados remarcó sus dichos contra el legislador opositor, volvió a llamarlo “cobarde”, y agregó: “Sos cobarde y misógino y un macho de vitrina”. En ese momento, Germán Martínez se sumó al repudio y Moreau volvió a callar a Iglesias: “Cállese, termínela y pida la palabra si quiere decir algo”. La bancada oficialista la aplaudía.

El desafío de Iglesias

Media hora después del cruce, ya con Omar De Marchi a cargo de la sesión, Iglesias pidió la palabra y se defendió: “Desafío a la presidenta a registrar, porque este lugar está lleno de cámaras, para que muestre el movimiento de mi boca, porque si es cierto lo que me atribuye debe mostrarlo, y si no debe pedir disculpas”.

Además, ante los abucheos de los diputados oficialistas, remarcó: “Desmiento haber dicho lo que me atribuye la presidenta de esta Cámara, convenientemente ausente como su mentor Sergio Massa que se iba cada vez que hablaba yo”. Asimismo, consideró que “es un abuso de poder acusar a un diputado y después negarle la palabra”.

“Cuando hablo yo no hacen más que gritar en masa, pero se quejan de que yo interrumpo y ustedes hablan cuando yo agarro el micrófono”, concluyó.

El “Yategate” se coló este martes en la sesión de la Cámara de Diputados tras las intervenciones de los diputados Marcos Carasso (UCR – Córdoba), Fernando Iglesias (Pro) Alejandro Vilca (Frente de Izquierda- Jujuy) quienes apuntaron contra el entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por su polémico viaje a Marbella y su posterior pedido de renuncia por parte del actual ministro/candidato Sergio Massa.

Carasso apuntó contra Insaurralde mientras realizó un homenaje a los 40 años de democracia y destacó la figura de Raúl Alfonsín: “Tenemos 40 años de democracia, pero también 40% de pobreza y el 60% en el conurbano bonaerense. En Argentina no hay hambre porque falten alimentos, sino porque sobre inmoralidad de aquellos bandidos que se gastan millones de dólares en yate para pasear en Marbella mientras en su provincia 2 de cada 3 niños son pobres”.

Al cierre de su homenaje, volvió a apuntar contra el exjefe de Gabinete de Buenos Aires: “Defendamos la democracia de los nunca más a los Insaurralde que se gastan millones mientras gobiernan en los distritos más pobres”.

Al plantear una cuestión de privilegio el diputado Fernando Iglesias (Pro) apuntó contra Sergio Massa y recordó que durante los dos debates presidenciales “no se mencionó una sola vez a Alberto Fernández”, y le cuestionó entre gritos: “Usted dice que no es su gobierno, pero quedó evidenciado que es su gobierno porque dijo que le pidió la renuncia a Martín Insaurralde como virtual presidente de la Nación”.

En esa línea le preguntó:“¿En carácter de qué el ministro de Economía le pide la renuncia a un jefe de Gabinete de la provincia? ¿Dónde está Kicillof? ¿Está pintado el gobernador? Esto es lo que llaman federalismo. Es tu gobierno Massa hacete cargo”.

También se sumó el diputado jujeño Alejandro Vilca (FIT-U) porque “la ostentación y los privilegios de la política son un escándalo en el país una vez más. Las imágenes de lujo y buena vida con que se mostró Insaurralde paseando en un yate por Europa son un agravio para el pueblo trabajador, para los laburantes que tienen que ir de un lugar a otro haciendo changas, haciendo horas extras y contando el mango para ver si llega a fin de mes”.

El jujeño remarcó que “estamos hablando de un funcionario del gobierno de Buenos Aires que fue intendente muchos años y este muchacho parece que se manejaba así en la vida. Ahora muchos viejos de sus colaboradores que hoy son parte de las listas de Cambiemos y de la lista de Milei no sabían nada”

“Conocíamos esas imágenes en el yate mientras en paralelo se conocían los datos de la pobreza de más del 40% de los niños y niñas. Una vergüenza, pero no es el único caso, también está el escándalo de ‘Chocolate’ Rigau que muestra el manejo discrecional de los fondos y tienen que dar explicaciones los partidos mayoritarios que manejan la legislatura bonaerense que hace meses no sesionan. Son privilegios y manejos oscuros que alejan a la política de la vida cotidiana de los trabajadores”, disparó Vilca.

Previsiblemente el ataque terrorista de Hamás contra Israel se llevó un espacio de manifestaciones políticas durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición hubo repudio al hecho, mientras que la izquierda mantuvo su posición a favor de Palestina y cuestionó también por los muertos en la Franja de Gaza. Al final de la sesión se votó una declaración del Cuerpo.

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el diputado Eduardo Valdés (FdT) rechazó la “violencia, muerte y desolación en el territorio de Israel”. “Vaya nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares, muchos de ellos de nuestra nacionalidad argentina”, sostuvo y continuó: “No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre los países”. 

De acuerdo a la “histórica y tradicional postura argentina”, el legislador dijo: “Exhortamos una vez más a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, a los acuerdos de paz y a recuperar los ámbitos de conversación” entre ambos países, para de ese modo “dar cumplimiento al concepto de una región en que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas”. 

Finalmente, el oficialista valoró la acción de Cancillería para repatriar a más de 700 argentinos y citó palabras del papa Francisco, quien afirmó que “la guerra es una derrota” y pidió trabajar “por la paz entre Israel y Palestina”. 

Uno de los discursos más fuertes vino por parte de la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), quien destacó comenzar la jornada legislativa hablando de Israel y que “la mayoría lo hagamos repudiando el terrorismo, solidarizándonos con el pueblo de Israel, con los ciudadanos y con el Estado Nacional Israelí que está bajo ataque”.

“Israel comenzó a defenderse tras el ataque que ha recibido y hemos tenido que escuchar recién en la forma moderna que toma el antisemitismo, que es el antisionismo, a diputados aquí presentes que no condenaron explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento”, apuntó la macrista contra la izquierda, cuyos legisladores hablaron en primer lugar.

En esa línea, remarcó que este “no es un ataque más, desde el Holocausto no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos que vimos esta semana. No había vuelto a pasar y pensamos que nunca más iba a suceder, y aquí estamos y lo primero que tenemos que hacer es condenarlo fuertemente”.

“Esto no es una cuestión territorial, esto es intolerancia religiosa, esto es antisemitismo y lo tenemos que decir con todas las letras porque el grupo terrorista se llama Hamás y se pronuncia Irán, el mismo país responsable de los atentados en Argentina”, subrayó y disparó contra el kirchnerismo que “piensa que se puede pactar con el terrorismo, que se pueden tejer alianzas”. “Al terrorismo se lo denuncia, se lo combate, se lo repudia, no se lo invita a la misma mesa de negociaciones como se está haciendo en la incorporación de los BRICS con Irán. Este es un acto terrorista y se lo repudia”, concluyó la diputada, nieta de judíos.

Con una brevísima intervención, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei (LLA), expresó su “total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel”. En segundo lugar, el candidato a presidente manifestó su “solidaridad para todos los civiles y para todo el pueblo israelí que está sufriendo esta situación”. Por último, dejó sentado su “total y absoluto apoyo a Israel en el uso legítimo de defensa frente al ataque terrorista”.

A su turno, la bonaerense Graciela Camaño (IB) lamentó que “el terrorismo es un viejo conocido de los argentinos. Lo hemos sufrido en la comunidad judía en dos oportunidades cuando, arteramente desde esa metodología de miedo y terror, se atentó contra la Embajada de Israel y cuando se hizo lo propio en la AMIA en donde, por otra parte, se pretendió hacer el acto simbólico de la destrucción del edificio donde trabajaban muchos ciudadanos de varios países”.

“No podemos permanecer impávidos o indiferentes ante el ataque terrorista Hamás contra el pueblo israelí. Dejó centenares de víctimas, desaparecidos, secuestrados, familias destruidas y alguna experiencia tenemos en el tema. Nosotros somos un país que considera que los actos terroristas, y así lo decimos en los documentos de Naciones Unidas, no sólo amenazan la paz y la seguridad internacional, son una amenaza a la dignidad humana, a la convivencia pacífica, civilización, a la estabilidad, a la consolidación de la democracia y al desarrollo económico y social de las naciones. Por eso tenemos un plexo normativo en la materia”, se explayó Camaño.

Por último, la legisladora del interbloque Federal destacó el rol de la comunidad judía en el país que “hizo importantes aportes en el crecimiento de la nación en diferentes áreas”. “Por esto es que no podemos tolerar todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre naciones. Acompañamos con la plena solidaridad a las víctimas, sobrevivientes, familiares en este tremendo dolor en donde hay connacionales argentinos entre los muertos y desaparecidos. Vaya la reafirmación y condena al terrorismo y el llamamiento al diálogo como instrumento para asegurar la paz”, cerró.

Desde Juntos por el Cambio, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (CC-ARI), enfatizó que “en un momento de tanto dolor, de tanto mal, de tanto horror, uno tiene que repudiar categóricamente cualquier atentado terrorista, en especial los que acaban de ocurrir”. “Hamás es terrorismo, antes que cualquier cosa, uno debería definirlo por lo que es”, aseveró y dijo que “hay que apoyar al Estado de Israel en su legítimo derecho a respaldar y proteger a su población”. 

Al recordar los atentados en Argentina, subrayó en referencia a Irán que “sufrimos estos mismos ataques por parte de este país, que hoy celebra y ayuda a esa organización terrorista”. “El que no la sufra, el que no lo sienta, al que no lo conmueva tiene un problema no como argentino, como ser humano. Tiene un problema si tiene ‘peros’ para repudiarla”, lanzó en alusión a la izquierda. 

El porteño agregó que “Argentina, con todos los problemas que tiene, tiene todavía una bendición, de ser una tierra de paz”, sin embargo advirtió que en el país “existe el antisemitismo”. 

En tanto, el presidente del bloque radical, Mario Negri (UCR), expresó su “absoluto repudio” para con el atentado y desechó “una explicación buscando razones sin sentido”. Recordó que los argentinos “sabemos qué es la muerte repentina, no esperada, agazapada por el terrorismo”, en referencia al atentado contra la Embajada de Israel en 1992 (22 muertos) y contra la AMIA en 1994 (85 muertos). Y sumó los atentados de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.

“El terrorismo es suicida -siguió-, así como se inmoló estrellando aviones en las Torres Gemelas, no trepidan ni en límite, forma, ni color, ni edad, vida, ni humanidad. Eso es lo que hoy ha sucedido. El sábado, esa sorpresiva ofensiva de Hamás contra Israel en la Franja de Gaza volvió a poner al mundo alerta. Volvió la barbarie, la insensatez, el fanatismo, la locura, y además sin pudores ofrecer al mundo canjear una vida a cambio de la muerte”.

Negri sostuvo que “el que no condene se esconde porque hay complicidades expresas o indirectas. No hay razón alguna que justifique el terrorismo, por eso en el gobierno último de Mauricio Macri, en el 2018 y 2019, desde la UIF se insistió hasta que se logró aquel decreto que incluyó a Hezbollah en el listado de organizaciones terroristas y hoy venimos a decir que la manera de actuar, la crueldad, el sinsentido, la sorpresa, la sinrazón, no tienen distancia como para que no actuemos en la misma forma”. “El Gobierno debería ya dictar un decreto e incorporar a Hamás al listado de agrupaciones terroristas, y todos los partidos políticos, en el tiempo que queda de campaña, comprometernos frente a las amenazas que pueden dar vuelta en este universo de conflictos”, consideró.

Sobre el final, el cordobés alertó que “hay que tener cuidado en las desesperadas alianzas geopolíticas que se buscan, a veces en nombre de la economía, porque se pueden tener diferencias políticas y respetar la soberanía, pero si se cuela quien financia o quien protagoniza actos de terrorismo que atentan contra la libertad y la vida de la humanidad, es un límite hoy, mañana y siempre para el pueblo argentino y el gobierno de este país”.

La izquierda repudió las muertes en Palestina 

En una posición crítica al gobierno de Israel, la diputada de la izquierda Romina Del Plá (FIT) cuestionó “la doble vara que rige en el Congreso” porque “hoy se trae el tema de la situación en Palestina e Israel, pero no se trajo nunca con anterioridad, cuando durante este año hubo más de 200 muertos palestinos por incursiones del ejército de Israel; cuando vimos su avance sobre viviendas, familias, mujeres y niños desalojados en Cisjordania”. Al hablar de “70 años de masacre de una política de limpieza étnica, de apartheid”, denunció que “Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo” donde se ve el “ avasallamiento de todos los derechos de un pueblo”. 

“Hoy el gobierno de (Benjamín) Netanyahu está llevando adelante una política de bombardeos masivos sobre la Franja de Gaza, aislándola e impidiendo el paso de la ayuda humanitaria”, observó y tras asegurar que “no caben dudas de que fue esta política la que lleva a desesperación de la población palestina”, calificó al “imperialismo norteamericano” como “responsable de esta situación”.  

Del Plá agregó: “Nosotros no compartimos la orientación política de Hamás, que es una organización clerical y teocrática. Pero no aceptamos la extorsión de que nuestra crítica al sionismo se emparente con el antisemitismo. Distinguimos perfectamente al pueblo judío del sionismo y del Estado de Israel”. 

En la misma línea, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) arrancó diciendo que “estos días hemos recibido enormes calumnias y ataques por nuestra defensa al derecho de autodeterminación del pueblo palestino”. “Lamentamos y nos duelen profundamente las víctimas civiles del pasado sábado en Israel, el ataque a las mujeres, los jóvenes que estaban en una fiesta”, afirmó y aclaró que no comparten “los métodos de Hamás, ni su programa, ni su estrategia teocrática”. 

No obstante, apuntó que desatada la guerra “caen nuevamente las bombas sobre civiles en Gaza, con miles de muertes, pero parece que para muchos acá las vidas de las familias, las niñas y los niños palestinos no cuenta”. “Este conflicto tiene como base la ocupación colonial del Estado Israel” que “desde el año 2000 asesinó a más de 10 mil palestinos y permanecen detenidos más de 10 mil, entre ellos niñas y niños”, señaló. 

En un marco de discursos que defendieron la presencia del Estado y críticas hacia un candidato presidencial que aboga contra el mismo, la Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado un proyecto que establece la creación del “Programa Argentina Inclusiva”, el cual propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

El proyecto -unificado entre distintas propuestas, uno de la cordobesa Natalia de la Sota– logró 243 votos afirmativos y ninguno negativo y fue el primer tema aprobado durante la sesión.

Defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Discapacidad, el rionegrino Luis Di Giacomo, que destacó inicialmente a quienes presentaron las iniciativas que definieron el proyecto aprobado y que a su juicio “de alguna manera habla a las caras de que es un tema transversal”. Citó entonces que esta iniciativa contempla proyectos de las diputadas De la Sota, Silvana Ginocchio, Héctor Baldassi, Graciela Parola y Dina Rezinovsky.

“Este proyecto tiene elementos tan importantes como la búsqueda de la capacitación de todo el personal de los tres poderes en lo que hace a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal”, dijo Di Giacomo, resaltando que esta iniciativa “tiene la posibilidad de que a partir de una autoridad de aplicación se establezcan los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares que va a tener que tener esta capacitación”.

A continuación, valoró “la importancia que adquiere esta ley en este momento particular de la Argentina, un momento crítico en el que lamentablemente escuchamos voces que tienen la posibilidad de regir los destinos de nuestra patria, que frente a la pregunta sobre la atención de los derechos de las personas con discapacidad, asegurándoles a todos las posibilidades de cubrir su atención… desde esos sectores dicen que de ninguna manera van a permitir que se les robe el dinero desde el Estado para ser distribuido así”.

Di Giacomo advirtió que “esa concepción individualista en extremo nos está poniendo frente a un momento crucial para la Argentina”, y remarcó que “el Estado es la forma de la organización de la sociedad”. Ante ello, aclaró que “si dejamos a cada individuo liberado a su absoluta decisión, vamos a tener con el paso del tiempo la organización de individuos para someter a otros individuos. Los individuos cuando se organizaron dieron lugar al nacimiento del Estado como esa forma de organización social que permite organizar la convivencia, equilibrar aquel que no tiene poder con aquel que por distintas situaciones puede tenerlo”.

A continuación advirtió que “hoy ciertos representantes del capitalismo salvaje nos vienen a hablar de una supuesta liberalidad, un posicionamiento filosófico que es inmoral, injusto e inviable: no hay ninguna sociedad que no tenga el Estado presente”.

Di Giacomo sostuvo entonces que “para nosotros es inviable iniciar el camino de la destrucción de la sociedad que sea conducida por representantes de un ideario discriminador. Por eso la capacitación de los representantes del Estado en comprender la discapacidad y ser solidarios y tener en cuenta la buena fe humana es importante eso que nos hace humanos y debemos defender. Darle el sí a este proyecto que parece menor, pero tiene un mensaje claro para quienes están en función de ciertos individualismos extremos, dejando de lado la posibilidad de convivir dentro de las diferentes ideas como ser es humanos que somos”.

A continuación, Natalia de la Sota resaltó que ese programa “viene a cubrir una gran falencia que tenemos todos, que es el desconocimiento y nos va a marcar un camino para seguir adelante”. La legisladora destacó que “ninguno de nosotros es ajeno a tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida, por eso este proyecto nos anima a conocer, a aprender, porque lo que no conocemos y asumimos como parte nuestra, no nos interpela”.

La diputada cordobesa habló de la necesidad de tener “un gran baño de humildad y reconocer los ignorantes en la materia”. En ese marco afirmó que a partir de esta norma, “hasta el presidente de la Nación deberá formarse en trato adecuado: cómo tratar a una persona con discapacidad y solamente un Estado comprometido con la integración verdadera puede aplicar políticas públicas transformadoras”.

“Creo en un Estado presente, en el rol fundamental que debe cumplir el Estado en la materia, que vele por los sectores de la sociedad excluidos”, dijo, abogando también por “un Estado eficaz”, y admitió que “nos asombra que a pesar de todo este recorrido largo, aún tengamos que escuchar algunas manifestaciones que rayan lo grotesco. En mi provincia (Córdoba), en las últimas elecciones un candidato acompañó a su hija a votar por primera vez (en referencia al senador Luis Juez) y escuchamos a otra candidata (de La Libertad Avanza) que decía por qué la mostraba, por qué no la dejaba en su casa…”. Cuestionó también a otro candidato por “comparar la discapacidad con la homosexualidad (en referencia a Ricardo Bussi), y a otro integrante de esta Cámara (por Javier Milei) utilizar el término mogólico para intentar agredir o defenestrar a un oponente político. Vaya si tenemos que aprender”.

En su intervención, la oficialista Graciela Caselles (San Juan) habló como “mamá de Agustina, que cumplió hace poquito 19 años que tiene el síndrome de Down. Que se haya comprendido que la vida pasa por la unidad, por los consensos, por evitar grietas y mirar para adelante, a mí me hace sentir mucha esperanza, sobre todo en un ámbito como es la discapacidad tantas veces discriminado, como seres fuera del sistema”.

Así, coincidió con los diputados preopinantes porque “esta es una ley que viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo y cuando uno educa a un ser humano intenta sacar lo mejor de sí. Los mejores valores e ir dejando de lado lo peor. Lo mejor del ser humano es tener empatía con el otro, entender, escuchar, abrazar, facilitar caminos, no poner piedras por ponerla”.

“Es una ley que seguramente a un empleado público, a un diputado o a un presidente le hará reflexionar y hasta pensar ‘miércoles, cuántas veces me equivoqué’”, consideró y ejemplificó: “Quizás una persona en silla de ruedas consigue un pasaje de colectivo, pero lo mandan arriba con lo que significa para una persona con discapacidad acceder por escaleras. O si consiguen un remedio gratuito, pero lo trabamos con burocracia”.

“Esta ley se trata de empezar a entender, de formarnos en valores y como personas y seguramente va a ayudar, no solo a las personas con discapacidad, nos va a enriquecer como seres humanos”, analizó y coincidió con De la Sota de que un 15% de la población es o tiene discapacidad, “pero a eso hay que sumarle la mamá, los abuelos, las instituciones. ¿Por qué hacerle más difícil la vida a esa mamá o papá que todos los días peleamos por nuestros derechos?”, expresó, tras un breve aplauso del recinto para con sus palabras.

Por último, Caselles señaló: “Se sabe que no va a aparecer un candidato a presidente tratando de mogólico a otra persona con ese odio, esa bronca, ese sentido de discriminación que nos tira para atrás y nada menos que a esa comunidad de síndrome de Down junto con todas las discapacidades los seres más nobles y más humanos e inteligentes que tiene el mundo”.

“Es un día clave para mirar para adelante, para entender por qué hay un candidato que habla de compatibilidad de haberes; por qué una persona que tiene una pensión, no puede acceder al derecho a trabajar en blanco. Esas son las cosas que marcan este proyecto de ley. Vale la pena ser buena gente, incluir, abrir puertas y no trabarles la vida a la gente”, cerró tras un fuerte aplauso de todos los bloques que resonó en todo el recinto.

La porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) adelantó el acompañamiento de la ley que “se ha trabajado”, pero hizo algunas reflexiones: “Celebro que estemos hablando aquí en la Cámara de Diputados de discapacidad porque la verdad que tuvimos el debate presidencial obligatorio y la verdad es para sacar una tarjeta roja a los miembros de la Cámara Nacional Electoral porque ni niños ni adolescentes ni personas con discapacidad fueron temas prioritarios en la política social de los dos debates financiados con los sueldos de todos los ciudadanos”, expresiones que nuevamente hicieron que todo el Cuerpo aplaudiera.

Carrizo detalló que “los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son casi el 30% de la población y el 60% pobre y no le dieron el derecho a hacer al menos tres preguntas a los adolescentes de Argentina. No esta bien”, y planteó que “hay que visibilizarlos y las autoridades tienen que aprender a respetar y a escuchar. Esta ley es muy importante”.

“Esta ley es necesaria porque no pasa que la olvidamos solo en situaciones excepcionales como el debate presidencial”, señaló Carrizo y recordó que durante la pandemia “cualquier familia que tenía a una persona con discapacidad los agentes de salud no sabían cómo tratarlos y sabíamos que iban a estar solos, hubo una gran cantidad de denuncias por maltrato en los sistemas de salud porque no sabían cómo comunicarse. Fue una tortura para las familias porque nadie los iba a ayudar”.

En esa línea, remarcó: “Necesitamos que se sepa cómo se tratan, eso no se puede suponer, se tiene que enseñar. Es necesaria esta ley porque tampoco se sabe en la escuela por eso es importante que se forme a los docentes cómo es la educación inclusiva, cómo se trata, cómo se cuida, porque a veces no saben. Todas las personas que están en el ámbito de la escuela deben saber cómo tratar, cuidar, acompañar a una persona con discapacidad”.

“Tenemos que enseñarles a los funcionarios públicos que no se olviden de reglamentar las leyes a tiempo”, apuntó Carrizo contra el Gobierno al recordar la falta de reglamentación del Certificado Único de Discapacidad “que estamos esperando hace más de un mes una ley que se sancionó en ambas cámaras por unanimidad y es necesario que sea un derecho”.

También padre de un chico discapacitado, José Luis Gioja habló sobre su hijo y usó el término “mogólico” al admitir su condición y referir que “lamentablemente ese término se usó despectivamente como si fuese el último rango en esta sociedad en la que vivimos”. Agradeció a quienes trabajaron en esa ley, “porque la discapacidad no es que haya una escala inferior o superior, es una escala de igualdad con los que nos sentimos normales”.

Admitió que tal vez esas serían sus últimas palabras en el recinto tras su extensa carrera legislativa y señaló que “los que tienen alguna discapacidad, creo que todo lo que les falta de raciocinio, de poder hablar bien, lo reemplazan con una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos… Lo reemplazan con el corazón”.

A su turno, el diputado Eduardo Valdés dijo esperar que quienes sean los elegidos en las próximas elecciones “sean los primeros capacitados en este tema, porque uno ve que demagógicamente se empieza a tirar que las pensiones por discapacidad se van a revisar porque son muchísimas”.

Aclaró que las personas con discapacidad en nuestro país son el 12,9%, es decir 5.114.000 personas. “¿Saben cuántas personas tienen certificado de discapacidad? 1.700.000”, detalló, para sumarse al pedido de Carla Carrizo y reclamarle al Poder Ejecutivo que de manera urgente reglamente la ley aprobada sobre el Certificado Unico de Discapacidad. Y sobre el final, contó que muchos padres de personas con discapacidad suelen decir “qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté”. Por eso, enfatizó, “es tan importante lo que estamos votando en cuanto a capacitar, pero fundamentalmente capacitemos a los que toman decisiones para que nunca más digan que van a caer las pensiones por discapacidad, porque no queremos que un padre se pregunte ‘qué va a ser de mi hijo cuando no esté’”.

Capacitación y formación obligatoria

La iniciativa promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

En una jornada marcada por el récord del dólar arriba de los mil pesos, la Cámara de Diputados alcanzó el quórum para llevar adelante la última sesión antes de las elecciones con un amplio temario, que incluye entre los proyectos más destacados la Ley de IVA, impulsada por Sergio Massa, y la reforma de la Ley de Alquileres. 

El oficialismo tuvo un solo ausente este martes, el santafesino Roberto Mirabella. Los últimos que arribaron al recinto fueron los jujeños Leila Chaher, Carlos Cantero y Carolina Moisés. Por el retraso de ésta última, el presidente de la bancada, Germán Martínez, pidió la prórroga cerca de las 12.30, pero justo cuando el reloj marcó esa hora se alcanzó el número de 129 presentes con la llegada de la candidata a senadora de Unión por la Patria. 

Además, estuvieron desde el comienzo sentados en sus bancas los siete diputados del interbloque Federal, menos Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti. Sin embargo sí se sentaron los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota. También los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez.

El otro espacio que aportó al quórum fue el interbloque Provincias Unidas, conformado por los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo y los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. 

La lista de opositores que garantizaron el inicio de la sesión se completó con el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, muy interesado en el proyecto de régimen de promoción de GNL que se pondrá en debate. 

Por su parte, no aportaron al quórum los diputados de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y el bloque SER, más los mencionados Randazzo y Mirabella. 

Con el quórum alcanzado a las 12.31, la Cámara de Diputados realiza este martes su última sesión antes de las elecciones generales, para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Se le complicó al oficialismo alcanzar el quórum para sesionar, por la ausencia de varios diputados del propio Frente de Todos. Llegadas las 12.30 se sentó en su banca el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que pidió a la presidencia aguardar unos minutos más, por cuanto un legislador propio estaba en camino. El tablero marcaba 127 diputados sentados en sus bancas, y contando a Paula Penacca, secretaria parlamentaria del oficialismo, que estaba parada, en efecto les faltaba solo un diputado. Y un minuto después ingresó la jujeña Carolina Moisés, con lo que el quórum fue alcanzado.

También se debate este martes el programa “Compra Sin IVA”, que ya funciona como decreto, pero que en tren de campaña el oficialismo busca convertirlo en ley este martes.

Asimismo se tratará el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Final abierto para la modificación de Alquileres

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasado les dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda volvió a darle dictamen al tema.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto obtuvo dictamen este lunes en el marco de un plenario.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.

La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.

También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasado les dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto obtuvo dictamen este lunes, en el marco de un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Principales puntos del dictamen de mayoría, con las modificaciones propuestas por el Senado:

• Mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente
• Los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.
• Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”. 
• Se aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. 
• En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”. 
• Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino.
• Los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”. 
• Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque. 
• Se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

Principales puntos del dictamen de minoría, que había sido aprobado en agosto pasado 

• Vuelve a 2 años el plazo de los contratos (tiempo que regía antes de la Ley 27.551)
• Sobre la actualización, establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. 
• Para los ajustes, “las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”. 
• En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
• También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, realizará este miércoles, desde las 15 en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja, una reunión para debatir sobre pobreza infantil.

Al encuentro asistirá Juan Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Puntualmente, se abordará la cuestión del presupuesto asignado para el área de niñez, las transferencias correspondientes y su incidencia en pobreza e indigencia de los menores.

En la última reunión de esta comisión se dictaminó a favor de un proyecto de ley -venido del Senado- sobre la creación de protocolos contra el abuso sexual infantil en instituciones y ámbitos donde asistan niñas, niños y adolescentes.

En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.

La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.

También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Final abierto para la modificación de Alquileres

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasados le dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto necesita contar con el dictamen correspondiente, que alcanzará este martes en el marco de un plenario realizado a partir de las 15.30.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, con la participación de estudiantes de todo el país, se llevó a cabo el programa que desarrolla en conjunto con la Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa del Ministerio de Educación de la  Nación.

La reunión, organizada por la Presidencia de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación, tuvo lugar en el recinto y contó con la participación de estudiantes del nivel secundario.

El objetivo de estos encuentros es hacer de la escuela secundaria un lugar participativo y plural, así como también, garantizar el derecho a la participación y expresión juvenil, abordando temas que están relacionados con cuestiones escolares.

Los estudiantes de distintas provincias expusieron sus propuestas de participación ciudadana, entre las que se destacan: Derechos Humanos, Jóvenes y Trabajo, Educación Sexual Integral (ESI), Géneros, Comunicación y medios, Ambiente, Participación Ciudadana, Integración regional, Inclusión Educativa. Como resultado de las jornadas se elaboró el Documento Nacional, que fue leído en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Parlamento Juvenil del Mercosur busca garantizar el derecho a la participación estudiantil en las escuelas secundarias, a través de la implementación de programas y líneas de acción que promuevan el desarrollo de subjetividades críticas y participativas. Estas propuestas están orientadas al diálogo, el debate y la construcción de proyectos colectivos donde las y los estudiantes asuman progresivamente responsabilidades en compañía de sus docentes.

Surge en 2009 en el marco del Sector Educativo del Mercosur para ser implementado en escuelas secundarias de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina como respuesta a la necesidad de fortalecer los espacios de participación de las y los jóvenes en el proceso de promoción de la ciudadanía regional.

Promueve un espacio de diálogo institucionalizado entre estudiantes del nivel secundario de los países de la región con el propósito de fomentar el debate como forma de construcción del conocimiento y la participación como herramienta de transformación social. Los debates se organizan a través de diferentes instancias: escolar, provincial, nacional e internacional. En cada una de ellas las y los estudiantes elaboran propuestas que quedan plasmadas en documentos o declaraciones que son presentadas a las autoridades educativas nacionales y del sector educativo del Mercosur.

Este año el programa se llevó adelante en 21 provincias, en alrededor de 3500 escuelas, 9.000 docentes y 110.000 estudiantes.

Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, convocaron a un plenario para el lunes 9 de octubre a las 15.30 en la Sala de Reuniones del 2º piso del Edificio Anexo “C” para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Esta iniciativa fue impulsada en mayo de este año y, además, está incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados para el martes próximo.

El oficialismo, al igual que con el dictamen de la modificación del Impuesto a las Ganancias, volverá a tratar un proyecto en comisiones un lunes para poder votarla en la sesión del día siguiente.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El próximo martes 10 de octubre a partir de las 12 se llevará a cabo una nueva sesión de la Cámara de Diputados, la cual fue solicitada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y en donde el oficialismo buscará avanzar con la modificación de la Ley de Alquileres.

Además, están los proyectos de ley impulsados por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto al programa “Compra Sin IVA”, y el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Los proyectos de ley que completan el temario son: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortíz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Final abierto para la modificación de Alquileres

El tema principal de la sesión será la modificación de la Ley de Alquileres, la cual regresó del Senado con cambios, que fueron avaladas por el oficialismo en comisiones (el miércoles pasado obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda).

Desde la Cámara alta, establecieron mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Por su parte, la oposición, quien se impuso en la sesión del 23 de agosto, defenderá la iniciativa que se aprobó en esa ocasión, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada cuatro meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS).

Los proyectos de Massa

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

La otra iniciativa impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Citacion-Sesion-especial-10-10-2023

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) quien propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Finalmente, también está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

También promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto. 

El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.

A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.

En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.

Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.

Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados. 

“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”. 

El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”. 

También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea. 

Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551. 

Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”. 

“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”. 

Un final caliente

A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.

También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”. 

“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista. 

Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”. 

El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”. 

“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó. 

Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”. 

En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”. 

Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones. 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se refirió este martes a las próximas elecciones generales del 22 de octubre y afirmó que “hay que confiar en que nuestra fuerza política puede conducir la Argentina y tiene la dirigencia política más lúcida que se puede sentar con los distintos sectores para ordenar el país”.

Del mismo modo, señaló que “las mejores leyes se construyen desde afuera hacia adentro, como sucedió cuando los colectivos sociales lograron entrar en la discusión pública y lograron darle un sacudón a las estructuras”.

En declaraciones a la plataforma digital “Gelatina”, la titular de la Cámara baja indicó que “a 40 años de recuperar la democracia hay cosas que no se discuten”, y amplió que “no se puede decir que hubo excesos en la dictadura cuando lo que pasó fue un exterminio planificado por parte del Estado que mató a 30 mil compañeros desaparecidos”.

“Los derechos que se garantizaron no pueden ser retrotraídos al antojo de algunos, los derechos no se plebiscitan y estamos ante un momento bisagra del país porque se están dando discusiones que no tienen sentido en materia de derechos obtenidos”, aseveró Cecilia Moreau.

Por otro lado, Moreau añadió: “Sergio Massa tuvo la humildad de pedir perdón por los errores que se cometieron, aunque no hayan sido responsabilidad de él”, y destacó que al ministro de Economía “le tocó asumir en un contexto muy difícil a nivel país y mundial”.

En tal sentido, celebró que “la devolución del IVA es un alivio para millones de personas”, y anticipó que “la semana próxima trataremos de debatirlo en sesión junto al proyecto de alquileres que vuelve del Senado”.

En relación a un temario de sesión, explicó que “la ley de alquileres no resuelve el problema de la vivienda, no es lo mismo lo que pasa en Santiago del Estero o la Ciudad de Buenos Aires”. “Tenemos que darles a los inquilinos la mayor cantidad de herramientas para que puedan defenderse en un momento difícil”, analizó.

Por último, afirmó que “podemos darles previsibilidad a los argentinos y asegurarles que no va a venir ningún loco disparatado, porque no podemos tirar por la borda todo lo conseguido”.

Con mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo avanzó este martes hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas. 

El diputado Rodolfo Tailhade pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. 

“Corresponde agotada la investigación que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efecto de que ellos si quieren hacer un descargo lo puedan hacer. Esperemos que no ocurra lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo ningún comentario a la comisión”, señaló en referencia a la resolución aprobada en junio pasado por la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. 

Para el kirchnerista, “estaríamos en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo, o en la próxima reunión de comisión, presente los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces”. 

Tras aclarar que su bancada no iba a acompañar esa votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados” y “hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis”. 

También “hay medida de prueba que votamos recientemente”, apuntó, al mencionar que a propuesta de Juntos por el Cambio se pidió “que se oficie a la Corte para saber la situación por la cual el doctor Lorenzetti y la doctora (Elena) Highton de Nolasco no participaron de la elección de autoridades de la Corte”. 

“Queremos tener un poco más de certeza sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca”, agregó. 

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, argumentó: “Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo”. “Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, afirmó. 

La oficialista defendió que la decisión se trata de “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darle la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, que puedan presentar el oportuno descargo”. 

Ante una nueva pregunta de López y un pedido de aclaración del propio oficialista Ramiro Gutiérrez, Gaillard aclaró: “No estamos votando el traslado, sino que la presidencia va a elaborar los cargos y van a ser tratados en la próxima reunión, y allí se va a votar el traslado”. “Quedense tranquilos que va a ser debatido”, cerró y el oficialismo votó a favor de la propuesta de Tailhade. 

Con la intención de avanzar con el dictamen sobre este tema -otro de los impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa– fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 11 de la mañana. El proyecto a debatir es el enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, por el cual se crea el Programa Compra sin IVA.

El tema comenzó a ser debatido el jueves pasado, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quienes dieron detalles del proyecto que busca r educir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

En ocasión de realizarse esa reunión informativa, el oficialismo se mostró dispuesto a escuchar sugerencias para hacer modificaciones, pero tal cual adelantó Germán Martínez, titular del bloque oficialista, era intención de ellos armar una nueva reunión para la próxima semana y, de ser posible, dictaminar ese día.

La idea del oficialismo sería incluir el tema en una próxima sesión, para la cual se está trabajando para la próxima semana.

El programa previsto en este proyecto está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Con más de más de 900 participantes de distintos puntos del país, se lanzó el XIX Encuentro Nacional “Uniendo Metas” en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de autoridades legislativas y funcionarios del Poder Ejecutivo.

La apertura estuvo encabezada por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; y la presidenta de la Asociación Conciencia, Silvana Vives.

Durante su discurso, Moreau dijo sentirse “emocionaba al verlos cantar el himno, porque más allá del rol que hoy tienen, son ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas que vienen con inquietudes en representación de sus lugares, de sus provincias”.

La titular de Diputados se refirió al aniversario de los 40 años de la democracia: “Tal vez el hecho de haber crecido en democracia hace que, a veces, perdamos noción de lo que significa la democracia en Argentina y en el mundo. La democracia y la dictadura tienen una diferencia central y fundamental, que son la vida y la muerte. Y aunque parezca excesivo lo que les estoy diciendo, les puedo asegurar que es eso, la diferencia entre tener y no tener democracia en nuestro país”.

También celebró la incorporación de nuevos derechos para la juventud. “A esos nuevos derechos tienen que defenderlos. Las luchas ambientales que cada uno da desde su lugar, las defensas de género, raciales, el respeto por el otro, tienen que ver con nuevos derechos que hace muchos años Argentina no tenía”, dijo. “Y ustedes en eso son mucho mejores que nosotros. Nos enseñan todos los días”.

“Muchas veces dicen que ustedes, los más jóvenes, son el futuro. Yo no creo que sean el futuro, yo creo que son el presente. En este Congreso, cuando tomamos ideas que tienen que ver con ustedes, con los movimientos culturales, ciudadanos, ambientalistas, feministas, tomamos las mejores decisiones”, resumió Moreau.

Al respecto, Sergio Massa se dirigió a los jóvenes a quienes felicitó y agradeció la participación en este foro y subrayó que “ustedes tienen la responsabilidad del mañana de la Argentina, así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos nuestra bandera alrededor de la Selección, también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos que nos sirven para enfrentar el mundo que viene”.

En ese sentido, dijo además que “el talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama Capital Humano” y advirtió que “el único remedio que cura de verdad la pobreza de los pueblos es la educación”.

Asimismo, sostuvo que “es muy importante que a 40 años de recuperar la democracia, nuestras futuras generaciones consoliden sus valores democráticos y la defensa de la educación como mecanismo de crecimiento de nuestro país”.

En tanto, el ministro de Educación de la Nación también celebró el encuentro. “Nos parece muy importante que la voz de los jóvenes argentinos esté hoy, aquí, expresada en la Cámara de Diputados”, manifestó. “La mejor manera de la libertad es la mayor educación posible”, sostuvo.

Por último, la presidenta de la Asociación Conciencia, dijo que “el modelo, la vivencia, lo que van a vivir estos días, capaz hoy les parezca un juego, pero se sorprenderían si pudieran imaginar todo lo que va a significar para la construcción de su propio proyecto”.

“Hoy seguramente empezarán a escribir un capítulo en el proyecto de sus vidas. Y que sea acá, en este recinto, es muy oportuno. Es el lugar por excelencia que explica y contiene la semilla más poderosa de nuestra democracia. El espacio donde se debaten ideas, donde tenemos la oportunidad de escuchar a otros, aunque piensen diferente, y esforzarnos por comprender los argumentos del otro para encontrar lugares comunes que mejoran nuestra propia visión”, añadió.

Uniendo Metas es un programa de Asociación Conciencia que busca generar un espacio en el cual los jóvenes de escuelas secundarias puedan desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades para el siglo XXI, mediante la metodología de los Modelos de Naciones Unidas. Los y las jóvenes se ponen en la piel de diplomáticos que representan a sus Estados y debaten en diferentes órganos los tópicos más relevantes de la agenda internacional, tratando temas de ambiente, género, futuro del trabajo, tecnología, justicia, discriminación, inclusión y desarrollo económico.

En esta edición, participan más de 900 participantes entre jóvenes estudiantes, docentes comprometidos y voluntarios/as de Conciencia, provenientes de 44 localidades de 11 provincias de la Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ellos y ellas significa la culminación de un proceso de crecimiento, aprendizaje y ejercicio de habilidades único.

Uniendo Metas nace en 1994 cuando Conciencia decide traer por primera vez a la Argentina la Metodología Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, para poder implementarla en español y darle forma a un programa que año a año transforma la vida de miles de jóvenes en todo el país.

En el marco de una reunión informativa, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas,  uno de la izquierda y el restante del socialismo.

Fue el primer encuentro desarrollado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Vanesa Siley (FdT) aclaró en el inicio de la reunión que este será el primer encuentro, pero no el último, e informó que “la CGT va a estar presente en la próxima reunión y también algunas cámaras empresariales que nos pidieron participar”.

“Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales”, señaló la oficialista y dijo entonces que se trata de “modernizar y actualizar la legislación laboral, que cumpliría dentro de cinco años 100 años”. “Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”, expresó.

Al comparar lo que ocurre en otros países, detalló que “hoy acaba de tener dictamen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de México y está próximo a pasar a recinto; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador fue en el año 1983 que se redujo a 40 horas”.

Por otra parte, en Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo “solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días”. De acuerdo con los resultados, “se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la baja de un costo”, destacó. Y añadió que además apunta a “mejorar la calidad de vida no solamente en términos físicos, sino de salud mental”. “Todavía no se ha encontrado en todas las experiencias del mundo ningún aspecto negativo”, sumó.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que “hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada” y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia “era necesario sentarse y pensar en este derecho”. “Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina”, apuntó.

La dirigente de La Bancaria defendió que “es una medida que tiene que ver con mirar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la salud de los mismos”. “Un horario de trabajo que pueda ser mejor compaginado con la vida personal”, remarcó y aclaró que “esta ley, como cualquier otra, no es que viene a prometer cantidad de puestos de trabajo. Esta ley lo que sí va a hacer es una mejor distribución del trabajo y, por supuesto, en algunos sectores de la economía, creación de puestos”.

Al subrayar el aspecto clave de que “este avance no implique una reducción en el salario”, la oficialista afirmó que “las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde”. Por último pidió, sacarse “la mirada desde lo partidario para que esto se convierta en una ley que mejore la vida de todos”.

Los expositores

El primer expositor en hablar fue Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien argumentó que reducir la jornada laboral contribuye “en la responsabilidad familiar compartida” entre hombres y mujeres, al tiempo de recordar que “la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical; está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea”.

“Tenemos internacionalmente experiencia, pero la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región”, manifestó y aseguró que “no es una cuestión que se nos ocurre ahora”, sino que “se está aplicando y discutiendo en todo el mundo”. Para el líder de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, “indudablemente es tiempo de avanzar y profundizar nosotros en este tema” porque esta medida está “directamente relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo”, además de generar una “mayor igualdad en esta sociedad”.

En contra de la propuesta, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó a los legisladores: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”.

A continuación, Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores, solicitó que se separe la cuestión del “tiempo de trabajo” de la “productividad” porque “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”, por lo que remarcó que “ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”.

Así, definió a la productividad como “lo que se puede lograr en la producción a partir de aplicar determinadas técnicas, herramientas y capacitación requiere una inversión por el lado patronal para poder lograr una productividad que no necesariamente tiene que ver con la extensión de la jornada ni la carga del trabajo”.

“Cuando los sindicatos formamos parte de la organización del trabajo, cuando el propietario invierte la productividad y eso no quiere decir que haya que trabajar de más. O sea, lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre”, señaló el secretario de FOETRA.

En tanto, planteó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. Es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario”.

A su turno, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, expresó que “el trabajo es fundamental para ordenar una sociedad, pero el trabajo con derechos”. “Son derechos humanos consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional”, afirmó.

En relación a las causas porque las que se mostró a favor de la reducción de la jornada de trabajo, explicó que “si hubo un síntoma de reducir las jornadas fue la salud de los laburantes”, y amplió: “Luego de ver la salud deplorable de los trabajadores que eran de 16 y 17 horas, vino la reducción”, a principios de siglo XX.

“Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable”, concluyó.

El otro integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de julio”,

Luis Padín, mencionó que “la disminución de la jornada laboral debe ser sin pérdida y que reparta el trabajo existente”. En tal sentido, sostuvo que “la creación de derechos ni la destrucción no genera empleo”.

A su vez, destacó que “los operativos pilotos demuestran que la reducción de las aumentan la productividad y reducen el ausentismo”. Finalmente advirtió que “no debe ser aceptado que el convenio colectivo perfore derechos de los trabajadores en distintos contextos”.

La experiencia española

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. “La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas”, precisó.

“Desde las comisiones obreras defendemos la reducción del tiempo de trabajo por muchas razones que ya se han apuntado. Tiene comprobado efectos positivos, tanto para las empresas como los trabajadores, es la parte más importante. Además, da respuesta a las necesidades manifestadas por los propios trabajadores y da una autonomía. Racionaliza los tiempos, hay que pensar en los usos del tiempo más allá del trabajo, en forma global como escuela, televisión, fútbol”, detalló Faciaben.

A su vez, afirmó que España es uno de los países donde los trabajadores tienen una jornada para comer de 2 horas y donde las personas “más trabajan a partir de las seis de la tarde, o evitar trabajos nocturnos o a contra turno”. “Facilita y equilibra la vida laboral y personal, la corresponsabilidad entre progenitores, también puede reducir la dualidad de los mercados de trabajo donde los hombres tienen jornadas muy largas y horas extras mientras que las mujeres tienen horas reducidas, ayuda a las empresas a dar puestos de trabajo, reduce el ausentismo y las faltas en el trabajo, también impacta en la sustentabilidad del ambiente al reducir los desplazamientos y tiene impactos positivos en la salud física y mental”, enumeró.

“Puede llevar a mejoras de la productividad por todas las ventajas y la calidad del empleo y el salario, son factores positivos que permiten más ese ser más productivo”, destacó y advirtió que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, que sea una negociación mediante acuerdos, no debe ser “una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”, no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque “no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales”.

Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario, colaboró en el proyecto que presentó el diputado nacional Nicolás Del Caño (FIT) y expresó: “es tratar esto porque contrapone a la agenda de la ultraderecha”, como así también agregó que “los salarios se cayeron el gobierno de Mauricio Macri y por la devaluación de Sergio Massa y el FMI”.

“Nosotros planteamos que, además de la reducción de la jornada, que nadie ganes menos de la canasta básica, sin flexibilidad y sin bajas de salarios”, señaló Anino, y añadió: “Bajo estas condiciones, esto debe ir con una lucha del sector trabajador”.

Del mismo modo, remarcó que “reivindicamos la lucha mediante una discusión en el Congreso”, pero advirtió que “las centrales sindicales defienden corporativamente los derechos en un país donde hay trabajadores informales y desocupados”.

A su vez, consideró que, en caso de darse la reducción de la jornada de trabajo, “en las 12.000 grandes del país, se podrían generar 1,1 millón de nuevos trabajadores”. “Esto mejoraría las condiciones de vida de la clase trabajadora porque el trabajo bajo el capitalismo es sometido a la explotación”, cerró.

Kelly Olmos a favor del proyecto

El cierre del tramo destinado a oradores invitados correspondió a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, quien adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector.

la funcionaria señaló que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

“No es un tema ideológico”

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que “veo que los países de mayor índice Gini que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca”, y afirmó que “no es un tema ideológico porque lo discute la derecha inglesa”.

Asimismo, planteó que “las empresas más importantes fueron al calor de esos derechos laborales y los líderes del mundo se lo están debatiendo y se lo están planteando”. “Argentina tiene prestigios en el mundo con los derechos humanos y laborales”, indicó.

“El mundo está planteando nuevos desafíos y hay menos fuentes de trabajo. Ojalá esta reducción permita que se tomen otros trabajadores que quedaron fuera del mercado de trabajo. Bienvenido este debate”, cerró Valdés.

Desde la oposición, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar “a favor de la reducción”, y explicó que “los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir”.

Sin embargo, propuso que “se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada”. “No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos”, señaló.

Del mismo modo, planteó: “Hay sectores que no tienen sentido por ejemplo en tareas de cuidados y una serie de empleos, donde la norma no puede ser de carácter general”. A su vez, añadió: “Los incentivos son el camino correcto y el Estado debe llevar ese experimento que son de participación voluntaria”.

“El conjunto de regulaciones puede tener un impacto, pero estaría bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”, concluyó.

En el cierre, Daniel Arroyo (FdT) agregó: “Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos”, pero aclaró: “Celebro que trabajemos ordenadamente”.

Luego, la diputada María Rosa Martínez (FdT) le respondió a Tetaz respecto a los incentivos que propuso en su intervención y le recordó el tratamiento del proyecto del Empleo MiPyME: “Reducir tareas de cuidado es mejorar la calidad de las horas de trabajo y estamos discutiendo en un país con productividad”, añadió.

Yasky y el proyecto que se viene

El diputado nacional Hugo Yasky afirmó que “nos preocupa resolver la informalidad”, y dejó abierta una posibilidad que contemple una solución que pase por el Congreso: “Estamos trabajando con un proyecto que tiene un objetivo ambicioso, informalidad cero”.

“Sabemos que va a generar resistencias de los sectores empresarios, pero nos va a permitir poner en debate un tema que se utiliza como argumento para postergar avances en la legislación laboral”, explicó respecto la iniciativa en la que se encuentran trabajando desde su bloque.

Para terminar, manifestó que “queremos que la gente trabaje menos para que viva mejor y que viva menos alienado”. “Europa demostró que no hay impacta positivamente en la productividad, es un avance para el sector empresario y la vida es eso que pasa mientras que uno está ocupado haciendo otras cosas”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, dio por terminada la reunión y anticipó que habrá más reuniones informativas con nuevos expositores.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, concurrió este martes por tercera vez en pocos días a la Cámara de Diputados para exponer ante una comisión sobre un proyecto puesto a debatir. En este caso, la reducción de la jornada laboral, y al respecto la funcionaria adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, no se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.

La funcionaria manifestó de entrada que le era “grato” participar de esa discusión, porque la norma relativa a la jornada laboral “es una de las que en la Argentina ha quedado más rezagada”. En ese sentido comentó que la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de jornada semanal. “Con el tiempo, desde el origen de la OIT a la actualidad, ha habido otras normas, como la que plantea como  objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40”, señaló.

Contó también que en donde se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia una reducción, eso ha sido de manera paulatina, atendiendo no solo la posibilidad de descanso, sino también de recreación y planteando un rebalanceo de la distribución de las tareas de cuidado en cada uno de los hogares.

“Si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común, porque tampoco hay un desarrollo homogéneo. Pero mirando por ejemplo las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de la productividad de la economía”, sostuvo.

Sobre el final, la ministra dijo que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

En el comienzo del debate sobre los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro su postura en contra y se preguntó “¿para qué?” avanzar en este sentido, al tiempo que pidió debatir en el marco de “la realidad y los problemas que tenemos”. 

En su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró “a favor del diálogo social” y dijo que este debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”. 

“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó. 

Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó. 

En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”. 

El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó. 

También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó. 

Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”. 

“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”. 

Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista. 

Presidida por Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a partir de las 13, para comenzar a analizar los proyectos que hay sobre la reducción de la jornada de trabajo.

Según se anticipa, serán puestas a consideración siete iniciativas que hay sobre el tema. Cinco son de diputados oficialistas, a saber: Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Las dos restantes son de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez. 

La reunión contará con la participación de especialistas, dirigentes sindicales y autoridades nacionales.

Según se anticipa, estarán presentes en esta reunión informativa Raquel Cecilia Kismer de Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín, secretario General FOETRA y Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidró, secretario General Adjunto de la CTA Autónoma. Secretario General de AAPM; Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Luis Padin, integrante de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino, economista, editor de Economía de La Izquierda Diario y en el programa radial El Círculo Rojo; Svenja Blanke, integrante de la Fundación Frederich Ebert; y Cristina Faciaben, secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España.

Según anticiparon fuentes legislativas, tras este diálogo social tripartito con las instituciones invitadas a participar, se espera continuar la próxima semana con el tratamiento de los proyectos para modificar la ley 11.544 que lleva 94 años de vigencia.

Los proyectos a considerar

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales; mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky -quien había anticipado el 11 de septiembre pasado el inicio de este debate-, propone que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

La experiencia internacional

A propósito de la visita de funcionarias extranjeras, viene a cuento de conocer la experiencia de la puesta en marcha de este tema en otros países.

En España, la duración máxima de la jornada laboral es de 40 horas semanales. Allí se prevé llegar a 32 horas semanales. Un primer paso sería que en 2024 entrara en vigor una reducción para llegar a 37,5 horas semanales.

En Chile, la norma permite trabajar hasta 45 horas por semana, jornada que se redujo desde las 48 horas en 2005. Ya desde junio del año pasado, el Ministerio del Trabajo de Chile creó el sello 40 horas, certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida.

El Parlamento argentino abrió sus puertas este sábado, entre las 19 y las 2 de la madrugada del domingo, en el marco de la décimonovena edición de La Noche de los Museos, con actividades organizadas por el Senado, la Cámara de Diputados, la Imprenta, el Edificio del Molino, la Biblioteca del Congreso, y la novedad de esta edición: el Museo de la Casa de Moneda.

Dentro del Palacio Legislativo se pudieron conocer las características y la historia de los recintos de ambas cámaras, de los salones y las particularidades de este edificio que es Monumento Histórico Nacional, y que en los últimos años ha sido restaurado por equipos de profesionales y especialistas.

Los visitantes pudieron recorrer los salones Azul, de Pasos Perdidos, de las Provincias, Eva Perón, Arturo Illia, Delia Parodi, de las Mujeres Parlamentarias y el Salón Blanco. Allí, los visitantes interactuaron con un grupo de actores y actrices que personificaron a históricos protagonistas que se constituyeron fundamentales para pensar nuestra democracia, como Delia Parodi, Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, Alfredo Palacios, Cecilia Grierson, Leandro N. Alem, Julieta Lantieri, Juan B. Justo, Raúl Alfonsín y Lisandro de la Torre, entre otros.

Los 40 años de democracia argentina ocuparon un lugar importante en esta edición 2023, a través de una muestra de las 40 leyes más importantes sancionadas desde 1983, y la Imprenta presentó el libro “Democracia, 40 años”.

Por otra parte, en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, la Imprenta del Congreso de la Nación exhibió una “Minerva”, antigua máquina tipográfica, y la máquina de stamping del dorado entregando postales y señaladores. Además, exhibieron el catálogo del área editorial y se entregaron señaladores con códigos QR a través de los cuales se podrá ingresar a la versión digital de distintas publicaciones.

Asimismo, se realizaron tres visitas guiadas en Lengua de Señas Argentina (LSA), a las 19 en el Edificio del Molino, y a las 21 y a las 24 en el Palacio, con inscripción previa a nochedelosmuseossordos@gmail.com.

Una de las novedades de esta edición de “La Noche de los Museos” en el Palacio Legislativo fue la presencia del Museo de la Casa de Moneda, quienes exhibieron cuatro vitrinas con piezas de elaboración propia sobre Evita Perón, las Islas Malvinas, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Por otra parte, se proyectaron videos sobre los productos y servicios que realiza esta institución, y hizo entrega de un elemento sorpresa a cada visitante.

En lo que respecta al Edificio del Molino, durante el recorrido se pudo visitar el salón de la confitería en la planta baja, donde se exponían objetos de los talleres de restauración. También, el salón de fiestas del primer piso y el salón de encuentro “Arq. Francisco Gianotti”, donde se encuentra la cocina histórica. Asimismo, se pudo acceder al subsuelo del monumento y se disfrutó de música en vivo en los espacios del edificio.

En tanto, la Biblioteca del Congreso de la Nación ofreció una serie de actividades para disfrutar en familia, sobre la calle Hipólito Yrigoyen 1750.

Tal cual había anunciado a principios de esta semana el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, el Poder Ejecutivo envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear el Programa “Compra sin IVA”.

A través del mismo se propicia reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

¿Quiénes son estas personas alcanzadas por el beneficio? Quienes  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.

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Con la presencia en Pasos Perdidos de alumnos de escuelas primarias, la Cámara de Diputados entregó la Mención de Honor “Juan Bautista Alberdi” al músico, compositor y cantante Abel Pintos.

La presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, participó del evento en el Salón Pasos Perdidos y realizó la entrega de la placa de reconocimiento.

En ese marco, Moreau dirigió unas palabras a los alumnos que los acompañaban. “Estoy muy emocionada por poder entregar esta distinción, la más importante del Congreso con todos ustedes. Cuando miraba recién el video de Abel, veíamos un nene que como todos ustedes, como todos nosotros, cuando fue chiquito tuvo un sueño y trabajó y luchó desde muy chiquito para cumplir con ese sueño. Seguramente muchos de ustedes tendrán sueños, el mismo u otro, y yo les quiero decir que, en primer lugar, sueñen”. “A la edad de ustedes los sueños son muy importantes porque si esos sueños los mantenemos en la vida, es muy posible que nuestras vidas cambien, mejoren y sean las que queramos”.

“Hoy este Congreso te reconoce por unanimidad con este disco hermoso que hiciste de canciones patrias como ser humano, porque hay que tener en tiempos de mucho individualismo donde parece que cuesta entender que todos los logros son colectivos, la grandeza de hacer un disco y que todo lo que ganás vaya a la salud pública y a la educación pública”, agregó la Presidenta de la Cámara.

Por su parte, Abel Pintos manifestó “es un honor recibir este reconocimiento, gracias por haber escuchado estas palabras con tanto cariño y respeto. Hice este álbum con estas 8 canciones de nuestra patria que son las que cantaba en la escuela y primaria. Cuentan parte y la historia de cada uno de nosotros y dibujaron nuestro camino hasta el día de hoy. Si sabemos de dónde venimos podemos saber mejor donde estamos parados y a dónde queremos ir. Que este álbum llega a todas las escuelas del país conmigo como compañero de guía”, expresó muy emocionado.   

El músico también subrayó: “Es muy importante apoyar la cultura porque nos sostiene y nos da un espacio e identidad. Sueñen y persigan esos sueños trabajando, siendo persistente y rodeándose de la gente adecuada”.  

Abel Pintos es uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina. Con más de 26 años de carrera, ya editó 13 álbumes: 11 álbumes de estudio y 2 registros en concierto. Su último álbum “El amor en mi vida”, recibió el Premio Gardel 2022 a Mejor Álbum Pop del Año. En 2022 lanzó dos nuevos singles y videos: ¨Abrazándonos¨ feat Francisca Valenzuela y ¨Una vez más¨ con la participación especial de Agustina Cherri. Su show ¨Abel en concierto¨ se presentó en el Teatro Ópera en Buenos Aires con localidades agotadas durante 31 noches consecutivas.

Asimismo, se proyectó un video en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria y la orquesta del Congreso tocó el tema Aurora junto al músico.   

Participaron los diputados Paula Penacca, Germán Martínez; la prosecretaria Parlamentaria de la Cámara, Ana Lozano; la directora de Cultura de Diputados, Andrea Barbieri; familiares, amigos, alumnos y alumnas de la escuela pública N° 32 y del colegio La Providencia; y autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación.

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

Cuatro miembros del Ejército Argentino murieron y 18 sufrieron heridas de diversa gravedad en un grave accidente sufrido por un camión de la fuerza que volcó este jueves y cayó a un precipicio a la vera de la Ruta Provincial 62, camino al Lago Lolog, a 6 kilómetros de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

Según informó el Ejército Argentino a través de un comunicado, se produjeron 4 muertos y 18 heridos, 9 de los cuales fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo y los restantes a la Clínica Chapelco, ambos centros de salud en la localidad de San Martín de los Andes.

Ante semejante tragedia, la Cámara de Diputados declaró tres días de duelo por el fallecimiento de los soldados pertenecientes al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV de San Martín de los Andes.

“Enviamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos, y deseamos una pronta recuperación para los heridos”, señaló la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

El único ausente en la audiencia de este jueves en la Comisión de Juicio Político fue el doctor Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual no había informado la presidenta Carolina Gaillard hasta que el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó puntualmente.

Ahí informó la titular de la Comisión de Juicio Político que Saggese había sido notificado en la Corte, pero “tuvo reticencia a recibir la citación, no quisieron recibirla, por lo que fue colocada en la puerta de su oficina”.

Gaillard remarcó que es la primera vez que se da una situación así y a continuación el secretario de la comisión leyó la explicación dada por el notificador, a quien en las dependencias a las que se presentó le dijeron que no podían recibir la notificación.

Así las cosas, Carolina Gaillard expresó que “habiendo sido notificado en su lugar de trabajo, se le va a reiterar la notificación para que comparezca”, más allá de que ya haya pasado el análisis de la causa Consejo de la Magistratura. “Estaría siendo irregular y fuera de derecho que no comparezca”, concluyó.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo. 

Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”. 

La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. 

La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó. 

También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-. 

Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas. 

A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos. 

La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”. 

“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”. 

Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.

Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo. 

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo. 

Los argumentos de Peñafort

La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. 

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”. 

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió. 

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort. 

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó. 

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado. 

En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”. 

“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió. 

Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”. 

Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo. 

Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”. 

“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. “Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba”, aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él”.

El testimonio de Rizzo

El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?… Se los digo”.

Su mirada sobre las diferentes Cortes

Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.

Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.

“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.

Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves su trabajo con el comienzo del análisis de una nueva causal sobre el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema.

A la audiencia fueron citados como testigos Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

En el encuentro se comenzará a abordar la causal por mal desempeño relacionada al Consejo de la Magistratura, más puntualmente al fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal restituyó una ley derogada y modificó la composición del órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Luego de ello se abrió un conflicto de poderes con el Legislativo por la representatividad de los bloques en el Consejo.

Desde el oficialismo hablaron de un “asalto al Consejo de la Magistratura”, dado que se declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 y se le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

En la última reunión, el pasado 29 de agosto, se cerró el análisis de la causal coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), se reunió este miércoles para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina. También pasaron a la firma un paquete de proyectos de resolución y declaración.

Al encuentro, que se llevó a cabo desde las 11.15 en la Sala 1 del Anexo “A”, asistieron representantes del sector bovino que explicaron los puntos centrales del proyecto y alertaron que, si no se encuentra “una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática del país”. El plan presentado, explicaron que busca potenciar la actividad en el plazo de diez años, con el objetivo de generar más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, intentar superar el millón de toneladas extra de carne y, además, obtener ingresos por exportación por 4 mil millones de dólares más.

Buryaile agradeció a los miembros de la comisión por estar presentes luego de la sesión que se extendió hasta las 3 de la madrugada. Así, aclaró que “el objetivo de esta convocatoria es agradecerle a la cadena de la carne bovina que haya elegido esta comisión para presentar un proyecto del sector tan importante de la Argentina”.

“Es muy bueno que el sector privado venga y traiga sus inquietudes al Congreso de la Nación donde están los representantes y responsables de hacer las leyes o mejorar las cosas de tal manera que los diputados tengamos conocimiento de propia mano de lo que está pasando en la Argentina”, expresó el radical y contó que “como productor tengo conocimiento alguno de lo que está pasando, pero no mucho más allá porque con el trabajo político algunas cuestiones se pierden”.

Así, remarcó que “el sector de la carne bovina es un sector emblemático porque la carne argentina es una marca registrada en todo el mundo, no es la carne americana, ni la australiana. Es un emblema como el Malbec, como el fútbol, como Messi. Tenemos que apuntar a producir más y exportar más, y desde el Gobierno levantar las mayores restricciones posibles y destrabar las burocracias para que las fuerzas productivas se desplieguen”.

“Uno de los problemas que tenemos en el país es este doble estándar sanitario que nos condiciona y mucho. Creo que lo debemos trabajar con las provincias porque me han dicho que ninguna legislación va a salir en el marco de la cadena de la carne si no se habla el ministro del Interior con los gobernadores que son los que tienen que implementar las medidas y los gobernadores tienen que bajar las ideas a los intendentes”, cuestionó Buryaile.

En tanto, resaltó que vivimos en un país federal por lo que “hay que respetar las leyes y acordar cuáles son las reglas de juego”. “Uno de los grandes problemas de la cadena bovina en lo interno es la cuestión sanitaria, la cuestión impositiva que nos hace un sector marginal en muchos casos y hay que adaptar y en la mesa tiene que estar AFIP tratando de simplificar y ejerciendo un mayor control no es fácil porque si pueden tener 20 registros te los piden. Es importante tratar de simplificarle la vida al productor, tenemos que estar protegidos frente al mundo porque el desafío de la vacunación es una amenaza permanente cuando hay países vecinos que quieren levantar esas restricciones”.

En ese marco, el formoseño analizó que el “gran desafío es el mundo que se nos presenta hoy como una oportunidad, pero que lo desperdiciamos. Hoy 75% de las exportaciones de carne argentina van a China entonces hay que ver hacia dónde estamos mirando y qué estamos haciendo con el mercado interno y las potencialidades. Estamos con un equilibrio en el consumo de carnes”.

Representantes de la cadena bovina

Abrió la ronda de debate Dardo Chiesa de la “Mesa de la carne” quien contó que “la cadena de las carnes es una mesa de trabajo de 24 entidades para sacar lo mejor para nuestra cadena. También nos acompaña en la mesa el pollo, el cerdo y ovino”.

“En el federalismo que da el Congreso se juntan dos paradigmas. La ganadería la actividad económica más federal que tiene el país porque en cada rincón se puede criar a un animal y se hace de forma comercial o de subsistencia”, señaló.

Chiesa explicó que los lineamientos fueron presentados a principios de este año “político” y, en función de eso, trabajaron con la asistencia de los técnicos de FADA (Federación Argentina de Agrimensores) de buscar “cuáles son los puntos que nosotros consideramos sobre los cuales hay que trabajar para lograr mayor eficiencia. Para cada eslabón de la cadena todo es el más importante como retenciones, unificación del tipo cambiario, eliminar el pago de impuesto a las ganancias por tenencia. Cada sector va a encontrar su punto”.

Sobre el trabajo presentado, señaló que “son una enumeración de puntos a resolver que va a llevarnos a encontrar el camino para llevarlo adelante con grandes diferencias de cómo salir”, y ejemplificó: “Si hablamos de la media res hay un mundo para salir y cada productor tiene que encontrar la forma de cómo transitar”.

“Antes hay que salir del doble status sanitario, garantizar la sanidad. Nosotros defendemos al país libre de aftosa con vacunación y la usamos como herramienta de prevención”, planteó y sumó: “La ganadería tiene un desafío muy grande. Esta muy de moda hablar del futbol cuando ganamos el mundial en el 78’ éramos 25 millones de argentinos y teníamos 55 y pico de cabezas, hoy somos 46 millones de argentinos y tenemos la misma cantidad de cabezas. El crecimiento demográfico argentino ha superado en creces el crecimiento del rodeo y la producción que está estancada”.

En ese sentido, alertó: “Si no encontramos una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática que fue para el país toda la vida y lo que representa”. “Este es el camino para elaborar una política de carnes y el objetivo es lograr 115 mil puestos de trabajos nuevos que se pueden dar si se logran estos objetivos y más de 400 mil millones de dólares”, cerró.

En un breve comentario, Buryaile recordó que en el 78’ había un total de 61 millones de cabezas y “nunca más se llegó a ese stock. Brasil tenía 50 millones de cabezas y hoy tiene 200 millones. 50 años después es el principal exportador de carne aviar, porcina y vacuna”.

A su turno y de forma breve, Ernesto Lowenstein de UNICA (Unión de la Industria Cárnica Argentina) expresó su orgullo al presentar algo que “24 entidades en donde hay competencia y discusiones nos juntamos detrás de unos lineamientos porque nos van a llevar a un sector que tenemos que mejorar”. Asimismo, cuestionó que FADA “puso sus números y sus creencias, eso fue conservador”, por lo que consideró que “si cumplimos lo que está diagramado tendremos un país distinto y espero que Brasil no siga siendo el primero”.

En su presentación, David Miazzo de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), explicó con los actores que tiene la cadena que es “compleja, con muchos actores repartidos a lo largo del país”. “Más de 900 cabañas de crías, 1200 Feedlot, 288 mil productores, miles de carnicerías, veterinarios, agrónomos, proveedores, 380 consignatarios, 380 frigoríficos, 400 mil usuarios de faena, más de 50 mercados a los que accede y los 47 millones de consumidores a nivel local”, detalló.

Y siguió: “Una cadena grande que actualmente genera 437 mil puestos de trabajo, un aporte de 13 mil millones de dólares al PBI, 4.200 millones de dólares por exportación y de derechos de exportación, algo que hay que eliminar, 343 millones de dólares”.

“Este documento busca generar una visión común para la Cadena Bovina Argentina con el objetivo de alinear acciones que permitan potenciar y modernizar la cadena con impactos positivos para el país y todos los argentinos”, respaldó.

Miazzo resaltó que los lineamientos fueron apoyados por 25 cadenas que representan a los principales eslabones, con más de 80 referentes como INTA, SENASA para “definir estos conjuntos de herramientas, escenarios y políticas”.

Como misión del proyecto, explicó que se propusieron “producir animales y carne para el consumidor argentino y mundial aportando una fuente proteica, saludable, segura e inocua”, a fin de generar “valor agregado, empleo genuino y divisas siendo un modelo económico con visión federal comprometidos con prácticas sostenibles, respeto ambiental y bienestar animal que son cuestiones más presentes”.

“Nos vemos de acá en 10 años siendo una cadena de ganados sólida, integrada y en constante desarrollo. Producimos eficientemente alimentos de calidad que forman parte de la dieta de los argentinos con una presencia creciente en el mundo, agotando tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles”, avizoró.

Entre las prioridades de la cadena planteó cuatro: los consumidores, la producción en sí misma, el desarrollo que puede generar y el ambiente y bienestar animal. “Los lineamientos estratégicos se componen de 60 acciones, políticas públicas e iniciativas conjuntas porque hay leyes o medidas del gobierno que el propio sector privado debe tomar hacia adelante. Están ordenadas en 16 ejes estratégicos y 4 áreas focales -la propia cadena, la producción, los mercados y el bienestar-”, precisó.

“Todas estas medidas deben estar en un marco macro económico para poder alcanzar las metas que se proponen ya que la inflación, las restricciones generan graves problemas a todas las actividades. Este marco debe testar enmarcado en un sentido de políticas fiscales y monetarias responsables, cero retenciones, cero restricciones, reglas de juego claras para que la actividad pueda crecer y desarrollarse”, señaló.

Sobre la cadena bovina, indicó que los ejes estratégicos son: “La integración de la cadena y la transparencia, la comunicación para informar qué consume, lo impositivo como alícuotas de IVA diferenciales, carga tributaria de ingresos brutos, derechos de exportación; la informalidad para moderniza y potenciar la cadena; y financiamiento. El objetivo es lograr integración, transparencia y formación hacia adentro de la cadena”.

Al hablar de la producción, señaló que los ejes están puestos en la genética, la mejora productiva, el estándar sanitario internacional, identificación y trazabilidad de la hacienda y tipificación de la carne. “Eso busca mejorar el valor productivo, equilibrar el desarrollo del sector y fomentar el crecimiento”, precisó y agregó que los objetivos son “usar la genética aprobada, mejorar la eficiencia productiva a partir de mejoras del destete, faena, productividad del stock, financiamiento de pasturas, alcanzar un estándar sanitario internacional con un organismo de control, tipificación e identificar los productos de calidad con sellos”.

Al hablar de los mercados, Miazzo hizo hincapié en “reforzarlos” para tener “precios de referencia locales” y el mercado externo como “las intervenciones y las aperturas”. Sobre el mercado interno el objetivo es “plantear una visión complementaria entre las distintas carnes para que tengan un motor de crecimiento”.

Por último, se refirió al área de ambiente e inocuidad cuyos ejes son “el bienestar animal, producción con cuidado del ambiente y la inocuidad de alimentos para la salud humana. El objetivo es focalizarse en las implicancias y tendencias a nivel internacional y nacional logrando esquemas que vayan en favor de la salud, certificaciones de cuidado del medio ambiente”.

“Entre las áreas a intervenir puede estar el Congreso con algunas leyes importantes en lo impositivo, en el estándar sanitario”, planteó y sumó que el plan está pensando en tres etapas. Además, informó que los objetivos que se pueden lograr es aumentar el stock ganadero a 63 millones de cabezas como consecuencia de la mejora productiva; mejorar en un 75% el destete; incrementar en un 63% por kilo de cabeza la productividad del stock; incrementar la faena de los 13,4 millones de cabezas a 15 millones para incrementar la producción de carne en un 35% y duplicar las exportaciones.

“De acá a 10 años podríamos pensar en una producción que el 57% vaya al mercado interno porque aumentan las exportaciones que pueden significar el 43%”, analizó y comentó que tendrá impactos en la actividad económica de 26 mil millones de dólares, incrementar 124 mil puestos de trabajo, 400 mil millones de dólares las exportaciones”.

Alberto Berardi de la Cámara Cárnica de Entre Ríos y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, manifestó: “En Argentina a diferencia de Brasil, no se trabaja en forma horizontal, se trabaja desde el individualismo y egoísmo, este proyecto es una excelente oportunidad y ejemplo para vencer esto”.

“Tener un lineamiento de lo que debe ser y tratar con ustedes que forman las leyes conformar la experiencia y con una legitimidad que el productor tiene”, propuso Bernardo Cané, integrante del Grupo Crea y preguntó: “¿Qué tiene Brasil que no tiene nosotros? Ha construido poder, tienen una fundación que pone los recursos necesarios para desarrollar las leyes. Los diputados y las empresas constituyen el desarrollo de las leyes, proponen normas. A Brasil lo decidieron los agropecuarios y todos los partidos tomaron consenso horizontal, no ponen para un negocio individual, sino que trabajan en conjunto y eso puso a Brasil como el principal productor de carne, maíz, soja, cerdo y pollo”.

Y sugirió dejar de lado “el individualismo y el egoísmo porque este es un ejemplo y oportunidad como un lanzamiento para entender que necesitamos duplicar la producción”.

Asimismo, Javier Peralta, secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) cuestionó que las restricciones “no tienen ningún sentido ni efecto para el precio del consumidor. Tenemos que tener en cuenta el 78% de las exportaciones de carne tienen como destino China, pero no es el mismo producto que se consume acá”, pero aclaró que “no quiere decir que sea carne de mala calidad, sino que las culturas culinarias y métodos de cocción justifica que consuman otro tipo de carne. No significa que los japoneses se llevan lo mejor, y los chinos lo peor, sino que cada uno utiliza la carne a sus costumbres”.

“Si nos restringen las exportaciones, esa carne que nos está comprando China no lo vamos a comer acá por ende el precio al consumidor es cero porque pasa a ser una vaca que muere en el campo, el tambo deja de tener ingresos que permite amortiguar las pérdidas que produce. El tema de las restricciones de los cortes tampoco influye en el consumo interno”, explicó.

En su intervención, Fernando Herrera de la Asociación Productores Exportadores (APEA) habló del impacto de las exportaciones en el precio del consumidor es “algo que no se informa bien y hay una creencia que está vinculada con los volúmenes de exportación y precio de mercado interno. Hoy luego de todas las subas el corte más caro en el supermercado vale $7.000, en cualquier lugar del mundo ese corte vale 30 o 40 dólares al consumidor, con lo cual exportamos un 25% de la producción dejando al mercado interno el 75%, pero estamos muy lejos de pagar los precios internacionales. Es un dato a difundir y que se tergiversa y se impulsan medidas que perjudican a la cadena y no benefician al consumidor”.

 Silvina Campos Carlés, asesora económica de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) advirtió: “Necesitamos políticas de largo plazo para poder armar un esquema de trabajo que no solo implique reducciones impositivas sino cambios en la forma de producir y para poder hacer eso tenemos que planificar”.

A su turno, Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot expresó: “Nosotros tenemos casi 30 meses en juego, desde la crianza hasta la terminación intensiva con suplementación, necesitamos de previsibilidad y de contar con la tranquilidad de que hay un futuro alentador y un horizonte posible”.

Al cierre del encuentro, el titular de la Comisión aclaró que “la unificación cambiaria desde acá no se puede hacer, nosotros no lo podemos hacer. Podemos discutir retenciones porque hay una ley para legislar en esta materia”.

“El tema de retenciones agrícolas se llevó puesto todo tipo de retenciones y ahí aparece una oposición blue de mandar todo a ganancias y eso es una quimera, es inviable. Las retenciones las reducís o no, podemos plantear qué se hace podemos disponer el marco de las retenciones”, señaló Buryaile y propuso: “Podemos proponer proyectos que incentiven la producción que hacen falta en el sector agropecuario a través de amortizaciones aceleradas. Hay que trabajar una ley federal de carnes”.

Tras una convocatoria frustrada la semana pasada, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde diciembre de 2021, por lo cual si no se sanciona definitivamente antes del recambio legislativo de este año, perderá estado parlamentario.

Además de que le resta pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, según acordaron oficialismo y oposición, el proyecto será devuelto a la Cámara alta con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.

La radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, celebró que se haya podido “consensuar una modificación fundamental, que prevé que sea una ley por adhesión de las provincias y de esta manera garantizar su implementación”.

Luego que la oficialista Hilda Aguirre abogara por que “podamos seguir trabajando para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que “es un avance que podamos llegar a este dictamen de consenso y lograr que este proyecto sea ley”.

“Esperamos que no se pierda mucho más tiempo. Espero que no haya ninguna excusa para poder avanzar”, dijo y lamentó que “vemos constantemente instituciones deportivas, religiosas o de cualquier índole donde hay casos de abusos y acosos a nuestros chicos y adolescentes, y eso no se puede permitir”.

Por su parte, el radical Jorge Vara puso el foco en que “no es lo mismo la canchita de básquet del barrio que las grandes instituciones”, al referirse al control y la responsabilidad de las autoridades que debe tenerse en cuenta. “Esto es un paso, pero el problema es mucho más grave. Esta es una normativa complementaria, una pequeña base de una política pública bien definida que debe haber para abordar la cuestión”, apuntó.

En tanto, la oficialista Paola Vessvessian afirmó que “la adhesión de las provincias es clave” porque “en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear”.

“Nosotros acá podemos votar mil cosas pero si luego el Estado en su responsabilidad no opera concretamente en la protección de las infancias, la situación se torna simplemente una expresión de deseo”, advirtió la diputada del FIT-PO Romina Del Plá.

Entre los oradores, la secretaria parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, introdujo otra temática vinculada: “Sin dudas tener algo unificado y que la gente sepa cómo capacitarse para detectar estos casos en las instituciones es importante, pero diría que es la última milla de muchas otras cosas que hay que hacer para evitar el abuso sexual infantil, y algo que está asociado a esto que es la trata para explotación sexual infantil, que es algo de lo que no hablamos tanto y debería ocuparnos”.

En ese sentido, la legisladora propuso organizar jornadas sobre ese tema y “convocar a las fuerzas de seguridad que trabajan en frontera”, al tiempo de buscar contribuir con leyes que “vuelvan más efectiva la investigación” de este delito transnacional.

El proyecto con modificaciones

Además de incorporar un artículo para la adhesión de las provincias, el proyecto con media sanción tuvo algunas modificaciones en su redacción. De esta manera, el artículo 1ro. establece que “toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su integridad física, sexual, psíquica, moral, por ende a no ser sometido a ninguna forma de abuso sexual o violencias”.

A los fines de contribuir y garantizar estos derechos, “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los lineamientos nacionales mínimos de los protocolos; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar asistencia técnica a las instituciones alcanzadas para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas; promover un sistema de evaluación y monitoreo; y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados.

Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

En horas de la madrugada del miércoles y al final de la sesión que comenzó este martes, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de proyectos que contenía la instauración de cuatro fechas conmemorativas, declaración de un Monumento Histórico Nacional y una transferencia de inmueble. Fue en una votación nominal sin discursos, que se tornó confusa cuando varios diputados comenzaron a aclarar el sentido de sus votos.

Si bien hubo varios legisladores que aclararon distintas posturas respecto de las seis órdenes del día marcados, oficialmente el resultado fue de 168 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones. Sin embargo la diputada Ingrid Jetter aclaró luego que votaba todo en contra, salvo en el caso del proyecto sobre Iglesias Evangélicas. A continuación, la diputada Victoria Villarruel dijo que votaban todo de manera afirmativa, salvo en el caso de la cesión de tierras a la Municipalidad de Viedma. En igual sentido votó luego la diputada tucumana Paula Omodeo.

Antes de terminar la sesión, mientras todos insertaban sus discursos, el rionegrino Luis Di Giacomo intervino para pedir dejar constancia del voto negativo de Javier Milei respecto de la cesión a la Municipalidad de Viedma

Se aprobó la instauración de distintas fechas conmemorativas:  el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (31 de octubre) que fue el resultado de la unificación de tres proyectos -2 del oficialismo y uno de JxC-, el Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar (17 de junio); Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA “San Juan”, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino (15 de noviembre); Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental (4 de agosto).

También recibió media sanción declarar Monumento Histórico Nacional al complejo denominado “Monte Calvario”, en la ciudad bonaerense de Tandil; y una transferencia de una chacra propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro.

Tras la aprobación del proyecto sobre Ganancias, la Cámara baja avanzó en la sesión de este martes con otra iniciativa enviada por Sergio Massa, referida en este caso al “Empleo PyME”, que plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados.

La iniciativa cosechó 130 votos afirmativos, 3 negativos -correspondientes a los diputados de izquierda Myriam Bregman, Romina del Pla y Alejandro Vilca- y 63 abstenciones. Juntos por el Cambio, tal cual solicitó Cristian Ritondo antes de la votación, se abstuvo.

Como miembro informante, el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió la ronda de debate al precisar los objetivos del programa de fortalecimiento de empleo mi pyme: “Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir lograr un nivel de crecimiento y actividad privada, en particular jóvenes; formalizar el trabajo que no está registrado; impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado”.

“La informalidad se concentra principalmente en las micro empresas. De acuerdo a la información que se nos presentó hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, hay un 35%. Entre las de 41 y 100 hay un 15%, y en las de más de 100 un 12%”, precisó Heller y señaló que el proyecto hace foco en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, pero indicó que “también alcanza a las medianas y grandes empresas cuando se trata de la contratación de nuevos empleados que poseen planes sociales”.

En ese sentido, Heller sostuvo que hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla el proyecto porque “estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor, cuando se trata de incrementar la cantidad de trabajadores”.

Entre los beneficios de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tendrán que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago, el plazo de la reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al sistema integrado de previsión argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al Régimen de Asignaciones Familiares.

“Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la ART son dos obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeñas o medianas o entidades sin fines de lucro cuyos objetivos sean la prestación de servicios sociales gratuitos recibirán hasta un 100% de reducción por 24 meses”, agregó Heller.

Además, señaló que para acogerse a los beneficios de la norma, la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley. “Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la Ley Penal Tributaria, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), la condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios que tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social”.

“Estos beneficios por incorporar hasta 10 trabajadores los recibe las micro, mediana y pequeña empresa en un 100%. La mediana en un tramo 1 en 80% y tramo 2 en un 60%. A partir del trabajador 11 las micros y pequeñas empresas y sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. La mediana tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios excluyendo la condonación de capitales para estas últimas”, agregó el diputado.

El beneficio para trabajadores regularizados contó que es la computación a los fines de la seguridad social hasta 60 meses de servicio previo, el decaimiento de los beneficios se producirá en los casos de que en la unidad emperadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales liquidas y exigibles pendientes, estar sujeto de sanciones, incurrir en prácticas laborales indebidas o reducir la nómina laboral.

“Este proyecto apunta a la reducción del trabajo informal uno de los problemas más graves, fomentar la contratación formal para aumentar el empleo en la actividad privada es el objetivo principal, formalizar el trabajo que hoy no está registrado, impulsar la transformación de los que son beneficiarios de planes sociales en trabajo formal registrado, contribuye a atender a los sectores más débiles de la sociedad a través de medidas”, cerró.

A continuación, el mendocino Lisandro Nieri cuestionó el “trámite exprés” que había tenido el proyecto, “sin considerar numerosos proyectos que tenemos de nuestro bloque”. En ese sentido consideró que el dictamen de minoría representa “una propuesta superadora que apunta a una mayor registración de empleo formal”, que permitiría “aumentar la competitividad entre las pequeñas y medianas empresa y tiene un cálculo fiscal, está valorizado y es factible”.

A juicio del diputado radical, el proyecto de JxC mejoraría también la posición de nuestras empresas en comparación con otros países de la región. En ese sentido comentó que “el esquema fiscal impacta sobre las posibilidades que tienen las PyMEs para generar empleo registrado”. Al respecto expresó que la informalidad en las empresas de menos de 5 empleados es de 59%; en establecimientos de entre 6 y 15 empleados, se reduce a 31%; y pasa a la mitad, 15%, cuando se trata de establecimientos de entre 16 y 40 ocupados. “Después, baja sensiblemente a niveles de 10%”, aseguró.

Nieri precisó a continuación que “en los últimos diez años la Argentina no ha logrado reducir la informalidad, comparando con los mismos países de la región que en el mismo período han bajado sustancialmente la informalidad. Argentina mantiene el mismo nivel de informalidad que hace 9 años”.

Al detallar el dictamen de minoría, Nieri dijo que con el mismo “logramos una detracción de un salario mínimo para los primeros 25 empleados a partir del empleado 26, esa detracción es de un cuarto de un salario mínimo vital y móvil, y el costo pasa a ser de un 0,3% del producto”.

“Si lográramos con esta medida 7 puntos de formalidad, parecido a lo que sucede en la región, el costo fiscal desaparece”, aseguró. Así las cosas, el diputado radical dijo que “proponemos una modificación de las sanciones judiciales por trabajo no registrado; el sistema de sanciones fracasó, no ha logrado mayor registración”.

Por último, dijo que el proyecto opositor establece un incentivo laboral para el empleo joven, según el cual las contribuciones a pagar por los empleadores de estos jóvenes tendrán beneficios para los dos primeros años y se extienden a 4 cada vez que el empleador acompaña al joven en sus distintos niveles de formación educativa”.

El economista Ricardo López Murphy planteó que “el problema del empleo informal es de una extraordinaria gravedad en Argentina como el problema de la baja empresarialidad”. Así, alertó que el problema de la informalidad es “permanente” debido a “malas leyes organizativas del mercado de trabajo y en materia impositiva”.

En ese sentido, opinó: “Lo que debemos hacer es una reforma de carácter más amplio que la que propone el oficialismo y debe tener carácter permanente”. López Murphy recordó que hizo una presentación al respecto que propone una serie de modificaciones que “serían pertinentes para logar esa finalidad de la permanencia, la eliminación de las multas, un régimen distinto del periodo de prueba, un régimen distinto de gravamen a la nómina salarial”.

A su turno, Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó al Gobierno por no haber tenido durante los primeros cien días una política industrial. Según el diputado de Identidad Bonaerense, primero el Gobierno se dedicó a arreglar las deudas, lo cual “le hizo regalar al Gobierno los primeros 100 días, porque el 102 se empezaron a aplicar las medidas de la pandemia. Ningún gobierno debe regalarle a nadie los primeros cien días”, se quejó, y enfatizó: “Nunca el Gobierno tuvo una política industrial sólida, vigorosa”.

Según OCDE, detalló “Topo” Rodríguez, la Argentina tiene el 45% de sus trabajadores en la informalidad: más de 8 millones de personas. Tiene además 1.700.000 MiPyMEs certificadas oficialmente, que a juicioi de Rodríguez explica más del 40% de la producción nacional, y entre el 75 y 80% del empleo. “En la Argentina, el empleo lo generan las PyMEs, no la inversión extranjera directa”, explicó Rodríguez, quien admitió que “mejorar los incentivos va en la buena dirección”.

“Pero hace falta un componente fundamental, una gran cruzada nacional de formación o recalificación laboral para que se encuentren los incentivos tributarios con las capacidades demandadas por las MiPyMEs en la Argentina”.

Asimismo sostuvo que al proyecto le falta una orientación a la inversión, que también se explica por la decisión que toman quienes invierten para producir en las PyMEs.

Qué prevé el proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los jóvenes que ingresen por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Con 135 votos a favor, 103 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, enviado en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa, quien arribó al Congreso alrededor de las 17 y estuvo presente en el recinto al momento de la votación.

Junto a 116 diputados del oficialismo -tuvo una sola ausente-, votaron los tres libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo; los cuatro diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá; y cinco de los ocho integrantes del interbloque Federal: los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, y la cordobesa Natalia de la Sota.

También acompañaron el interbloque Provincias Unidas, compuesto por los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández y los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; el bloque SER, con Felipe Álvarez y Claudio Vidal -gobernador electo de Santa Cruz-; y el neuquino Rolando Figueroa, gobernador electo de su provincia.

En tanto, tal como había anticipado, la bancada de Juntos por el Cambio (100 votos negativos) se opuso y advirtió por el déficit fiscal y la inflación que consideran que ésta y otras medidas económicas anunciadas por el Gobierno generarán. Desde la bancada hubo 17 ausentes, entre ellos Ricardo López Murphy, María Eugenia Vidal y los gobernadores electos Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).

Los otros tres votos en contra fueron de los schiarettistas Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula con el gobernador cordobés.

El acompañamiento de diputados representantes de bloques federales estuvo marcado por el pedido de compensación a las provincias, dado que Ganancias es un tributo coparticipable y el Ministerio de Economía afirmó que el costo fiscal será de un billón de pesos. Reclamaron que prontamente se trate una iniciativa para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque se distribuya entre las jurisdicciones.

Durante el debate en la sesión de este martes, la CGT y la CTA se movilizaron en las afueras del Congreso, mientras que dentro del recinto se hicieron presentes los dirigentes Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano, Roberto Baradel, Sonia Alesso y Omar Plaini, entre otros. 

De acuerdo al proyecto, se elimina la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

Un debate cruzado por la campaña electoral 

Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, fue el primer orador de la jornada. “Hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista -apuntó-. Y yo me pregunto qué quiere decir eso. ¿Qué es buena para la gente? Enhorabuena. ¿Se trata de eso, no? ¿Qué quiere decir electoralista? ¿Qué quienes gobernamos no tenemos que tomar medidas que beneficien a la gente?”, lanzó en respuesta a la oposición. 

Respecto de cómo la medida puede repercutir en el déficit fiscal, el oficialista afirmó que el Gobierno cuenta con “cantidad de herramientas para que esto suceda sin ajuste, donde hay posibilidad de generar ingresos que compensen ese gasto”.

A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace reclamó al oficialismo que durante “cuatro años no nos aceptaron” discutir “la actualización por inflación del mínimo a partir del cual se paga Ganancias”. Respecto de los contribuyentes alcanzados, acusó al FdT de tener “memoria selectiva entre 2015 y 2019” porque “el récord histórico de trabajadores que pagaron el impuesto fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con 2.800.000 en el año 2013”. 

“No se trata solamente de cuántos trabajadores están sometidos al impuesto, sino de cuánto pagan”, apuntó y, tras cuestionar que tenemos “un sistema impositivo que es profundamente regresivo”, señaló que “hay 40% de los trabajadores argentinos que no están registrados, trabajan en negro y con esta medida no los ayudamos en nada”. “A más del 80% de los trabajadores en blanco esta medida no les impacta en nada”, agregó. 

El radical advirtió que “cuando se hace una medida que no está adecuadamente compensada ni por una baja del gasto, ni por una suba de los ingresos” se termina “emitiendo dinero para poder financiar ese gasto”. Por eso, “es de una absoluta irresponsabilidad que nosotros aprobemos sobre el final de un gobierno una reforma tributaria para que impacte en el próximo y profundice el déficit fiscal”. “Es electoralista porque en cuatro años de gobierno nunca presentaron una reforma tributaria sobre este impuesto, por el contrario aumentaron 20 impuestos. Y es antidemocrático”, exclamó. 

Finalmente, disparando contra el oficialismo y La Libertad Avanza, el puntano sostuvo que “estamos entre dos populismos, uno que a lo Papá Noel regala lo que no tiene, y rifando las finanzas del Estado hacia futuro; y otro que habla mucho de la responsabilidad fiscal, pero acá parece que consciente vota y apoya una de las medidas que hunde las finanzas del Estado. Entre esos dos populismos, Juntos por el Cambio elige la responsabilidad para con los ciudadanos y el futuro de la Patria”. 

El otro miembro informante del dictamen de minoría fue el diputado del Pro Luciano Laspina, que disparó contra todos los diputados que aportaron al quórum y alertó que con esta iniciativa “estamos dando un paso más en el camino a la hiperinflación, que es el único legado que nos va a quedar de estos trágicos 20 años de kirchnerismo”. “Es una ley que beneficia a 800 mil tipos y perjudica a 47 millones de argentinos poniendo al borde la hiperinflación”, se quejó el economista del equipo de la candidata Patricia Bullrich y chicaneó con que “la campaña de (Sergio) Massa va a ser la más cara de la historia, nos va a costar una hiperinflación”. 

De la vereda de enfrente, el oficialista Sergio Palazzo le recordó a Juntos por el Cambio: “Ustedes mismos presentaron en el 2022 37 proyectos para modificar el impuesto a las Ganancias y durante la gestión de Alberto Fernández presentaron 72 iniciativas, nosotros solo 41. Es lo que hoy estamos discutiendo”.

 “Yo no sé si fingen demencia porque resulta que es un impuesto progresivo que no se tiene que eliminar, pero suscribieron con aplausos al expresidente (Mauricio) Macri cuando decía que nadie iba a pagar Ganancias”, manifestó el líder del gremio de los bancarios y destacó que “la eliminación de la cuarta categoría es progresiva porque es dinero que se vuelca en el consumo, hay mayor volumen de economía, mayor empleo y productividad”.

En su discurso, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño aseveró que “el salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación”. “Esta frase parece ser una frase de campaña que se apalanca conceptualmente en el terreno jurídico, responde y adscribe al modo en el que el salario resulta concebido en la propia Constitución Nacional como derecho económico social de segunda generación producto del advenimiento del constitucionalismo no en nuestro país, en el mundo, que atraviesa los tiempos y mantiene arraigos dentro de un Estado social de derecho”, planteó. 

A su turno, el presidente de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, observó que esta discusión “deja afuera un sinnúmero de ciudadanos que no tienen igual tratamiento: autónomos, economía popular, monotributistas… Tantos sectores de una Argentina desquiciada por tanta pobreza”. Asimismo, advirtió que en el debate no escuchaba hablar de las provincias y los casi 1.300 municipios que existen en el país, los cuales prestan servicios de salud, pagan salarios y tienen obligaciones de infraestructura. “¿Alguien le consultó a los gobernadores si estaban de acuerdo con estas medidas? ¿Cómo se pretende resarcir ese hueco fiscal de un billón 600 mil de pesos que implica este proyecto para las provincias?”, se preguntó.

El schiarettista reveló que se había enterado de un proyecto que contempla un resarcimiento a través del impuesto al cheque previsto en el proyecto de Presupuesto 2024, que establece que un 30% sería para las provincias, a fin de compensar la pérdida por Ganancias. “¿Nos están tomando el pelo?”, preguntó y reclamó discutir el tema en esa misma sesión e incorporar esta iniciativa en el mismo debate por Ganancias. “¿Por qué no discutimos eso hoy? En ese contexto, sí votamos el proyecto completo”, dijo.

Pasadas las 16, habló el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien expresó: “Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste de bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo”. Al considerar que los tributos son además “una rémora de la esclavitud”, el economista afirmó que “bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos”. 

Además, el candidato presidencial reconoció que “el Gobierno va a intentar sacar un rédito electoral” de la aprobación de este proyecto, porque cree que “la gente es tonta”, pero “estamos frente a un cambio de época”.

La otra candidata presidencial presente en el recinto, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman habló luego. Criticando a las dos principales fuerzas mayoritarias, y hasta al sindicalismo, la porteña defendió que desde su fuerza tienen “coherencia y principios” respecto al tema. “Siempre dijimos que el salario no es ganancia; también hemos estado en la calle con los mismos principios, los mismos valores y coherencia”, manifestó. 

El gobernador electo de Neuquén Rolando Figueroa aprovechó su discurso para pedir por el pronto tratamiento de la ley de promoción del GNL, al tiempo que -coincidiendo con Gutiérrez- solicitó que en breve se apruebe un proyecto para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque se coparticipe y “pueda financiar lo que terminan perdiendo las provincias” con esta sanción. “Estamos convencidos que el salario no es ganancia y en apoyar este proyecto de ley”, aseguró y añadió que “ojalá muchos puedan entender que la política sirve y es necesaria cuando le da soluciones a la gente”. 

Rotundamente en contra de la iniciativa, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert mencionó que como liberal viene “insistiendo con achicar los impuestos porque hay 150 impuestos que le cagan la vida a la gente”, pero aclaró que esta modificación “no es una baja de impuestos, sino una estafa que genera más inflación”.

“Es parte de una estafa electoral que viene acompañada por más emisión y no por la baja del gasto público”, enfatizó y cuestionó que “Massa es un caradura porque generó un desastre económico como ministro y cree que lo va a arreglar como presidente. La inflación es una enorme arma de destrucción masiva”.

En su intervención, el diputado nacional Enrique Estévez (Socialista) anunció que van a votar positivamente a la modificación del Impuesto a las Ganancias, pero aclaró que “no lo hacemos con alegría porque esto es pan para hoy y hambre para mañana”.

“La gente en el supermercado no paga la cuenta con el relato de ninguno de los tres lugares (UP, JxC u LLA) aunque esto es una reivindicación justa para los trabajadores, pero en este contexto es parcial”, señaló el socialista y cerró: “Mauricio Macri hizo algo similar a esto y ya sabemos cómo son los resultados porque esto es un parche, no una revolución tributaria”.

El gobernador electo de Santa Cruz Claudio Vidal anticipó su voto positivo, convencido de que “ningún salario debe pagar ganancia”, mas expresó su deseo de que “esto no afecte ninguna economía provincial, porque sería de mucha preocupación que se incremente la cuestión fiscal de las distintas provincias”.

Luego se puso el traje de sindicalista y como titular del gremio petrolero en su provincia admitió que “el modelo sindical ha fracasado rotundamente muchas veces por acompañar el modelo nacional, así que sería muy importante que a partir de ahora escuchen más a las bases, porque cuando se deja todo en manos de la política, a veces la política fracasa y los perjudicados son los más débiles, los trabajadores”.

El intendente electo de la Ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), cargó contra el oficialismo y los libertarios y aseveró: “Un triunfo para Cristina Kirchner sería el triunfo de Javier Milei”. “Esta es una infame sesión que trae como consecuencia que van a darle ‘Massa’ a la fábrica de billetes”, ironizó.

Del mismo modo, planteó que “esto es un sendero a la hiperinflación con un mecanismo destemplado y electoral y predispusieron a un sector a acompañar dispuesta a gobernar con Decretos en un parlamento que no parla y bancas que no bancan”.

Luego, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) explicó las razones por la cual se opone a la modificación: “Acá falta responsabilidad fiscal en un país enfermo. Esto está mal porque la rebaja la pagan los que no tienen trabajo, los que trabajan en negro, el 20 por ciento que está debajo de la pobreza y los jubilados que ya trabajaron”. También acusó a Sergio Massa de pactar con Milei para avanzar con la iniciativa.

Poco antes de la votación, el diputado nacional Hugo Yasky (FdT) afirmó que “vamos a terminar con impuesto que castigó a los trabajadores durante años” e ironizó sobre las razones de JxC respecto a que la modificación “generará una disputa de pobres contra pobres”: “Para entender que es la pobreza hay que hablar de la riqueza”.

Asimismo, lanzó críticas contra la gestión de Macri y JxC: “Durante el macrismo, 70.000 millones de dolares del bolsillo de los trabajadores fueron a parar a los bolsillos de empresarios. Se derramó la copa hacia los paraísos fiscales”. También, manifestó que “empresas como Techint tuvo ganancias que no ocurren en ningún lugar del mundo y financian sus campañas”.

A su turno, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, recordó que “Cristina en (su libro) ‘Sinceramente’ confesó que subió el gasto público en 1% del PBI en 2015. Ahora Massa eleva otro punto del PBI. ¿Tanta desesperación tienen que en dos campañas, la de Scioli y la de Massa, le cuestan al Estado U$S 10.000 millones, financiados por todos los argentinos?”.

“No están acá para resolver la crisis económica, sino que han transformado el recinto en el comité de campaña de Massa presidente. Han puesto al Estado al servicio de una candidatura. Han perdido todo pudor”, sostuvo el jefe del bloque radical.

Con llegada al recinto de Sergio Massa, entre aplausos y abucheos, el jefe de bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, sostuvo que “me llamó la atención que digan que es una sesión infame”, y amplió: “Infamia fue cuando derrocaron a Perón o el 24 de marzo del 76”.

En tal sentido, agradeció a los bloques que colaboraron con el quórum y expresó: “Los trabajadores organizados se merecen un fuerte aplauso y que los trabajadores dejen de pagar ganancias es el resultado de una decisión política”. Del mismo, cargó contra los radicales: “Seamos honestos: cuando tardaron una semana en meterle la mano en el bolsillo con la ‘Tablita de Machinea’ a los trabajadores no dijeron nada”.

En su discurso durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, justificó su voto a favor del proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, enviado por su contrincante de Unión por la Patria, Sergio Massa. 

Pasadas las 16, el diputado hizo uso de la palabra en un recinto que ya contaba en sus palcos con la presencia de dirigentes sindicales. Justo arriba de él se encontraban Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano. “Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste de bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo”, arrancó. 

Al considerar que los tributos son además “una rémora de la esclavitud”, el economista afirmó que “bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos”. 

Sobre Ganancias, lo calificó como “un impuesto aberrante” que “lo que termina haciendo no sólo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que se termina manifestando en menos puestos de trabajo, productividad y menos salario”. Y añadió que “es un delirio descomunal tratar al salario como ganancia”. “Es inmundo y por ende tiene que ser eliminado”, completó. 

“Cuando tenemos una economía inflacionaria y hay que estar actualizando permanentemente los mínimos no imponibles eso implica un aumento de la carga tributaria. Y hay que estar esperando que el político le regale a la gente lo que es de ella, y es una locura”, observó. 

Al referirse al argumento de Juntos por el Cambio, sobre que esta medida generará más déficit fiscal, Milei desafió: “no es tan problemático, bajemos los impuestos y bajemos el déficit fiscal, bajemos los impuestos y bajemos el gasto”. 

El candidato presidencial más votado en las PASO admitió que “el Gobierno va a intentar sacar de esto un rédito electoral, va a creer que la gente es tonta”. Sin embargo, “pese a que la gente es subestimada permanentemente por la casta política -dijo- parece que está reaccionando y entendiendo de qué se trata esto”. 

“Me llama la atención el planteo de la oposición amarilla”, expresó sobre JxC, al señalar que “si estarían computando el resultado del déficit fiscal y la emisión monetaria, automáticamente esto iría a precios y prendería fuego al oficialismo. Vamos todavía, más rápido los vamos a sacar. Pero quizás no los quieren sacar, los necesitan de socios para mantener los negocios de la casta”. “Los veo tan preocupados porque en los diarios no los muestren votando algo con el kirchnerismo”, pero “le aprobaron el Presupuesto con déficit fiscal, que es inmoral” y “les han avalado la locura del Fondo Monetario Internacional, o han hecho leyes ustedes mismos, como la Ley de Góndolas o la Ley de Alquileres, que son ataques directo al derecho de propiedad”, lanzó. 

También recordó que en la expropiación de YPF, “34 de los suyos que votaron eso”. “Al momento de meterle la mano en el bolsillo a la gente parece que no les molesta”, sumó. 

En el final de su discurso, el libertario resaltó que “estamos frente a un cambio de época, se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad”. “Nos vamos a estar preocupando solamente por el bienestar de los argentinos, independientemente de lo que quieran hacer y carpetear distintos lugares de la política con distintas operaciones”, sostuvo y cerró: “Vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía”. 

A la hora de defender el dictamen de minoría en rechazo del proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el diputado del Pro Luciano Laspina advirtió que con esta iniciativa “estamos dando un paso más en el camino a la hiperinflación, que es el único legado que nos va a quedar de estos trágicos 20 años de kirchnerismo”. 

“Es una ley que beneficia a 800 mil tipos y perjudica a 47 millones de argentinos poniendo al borde la hiperinflación”, se quejó el economista del equipo de la candidata Patricia Bullrich y chicaneó con que “la campaña de (Sergio) Massa va a ser la más cara de la historia, nos va a costar una hiperinflación”. 

Además, al cuestionar a quienes dieron quórum en la sesión, entre ellos los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que a los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza los une “un hilo conductor” que es “la casta sindical”, en alusión al acercamiento de Luis Barrionuevo a Milei. 

“Esa casta es la que hoy movilizó a todos estos señores que han puesto en la Plaza de Mayo para recibir este cheque de 1.250.000 pesos que lo abonará el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas, aguantando una hiperinflación”, insistió. 

En su discurso, el santafesino opinó que esta sesión “ingresará al récord Guinness de la demagogia y el populismo”, ante una medida que “cuesta unos 5 mil millones de dólares, casi un punto del PBI”.

Repasó entonces el “contexto dramático” del país, ya que “tenemos un Estado que está prácticamente quebrado, tiene cinco puntos de déficit fiscal y el Banco Central tiene por su deuda otro déficit adicional de ocho puntos”. 

“Los precios de la deuda externa cotizan con un descuento de 22 puntos porcentuales, es decir que están anticipando un nuevo default”, alertó y señaló que “el Banco Central tuvo que emitir en estos cuatro años 20 puntos del producto para financiar el descalabro del gasto que como siempre protagonizan los gobiernos kirchneristas”. 

Agregó que “en lo que va del año lleva emitido 4 puntos del producto para financiar al Tesoro” y “los analistas del mercado pronostican una inflación anualizada del 300% para los próximos seis meses”. “La brecha cambiaria supera el 100% o más, según que tipo de cambio se tome; el Banco Central está quebrado. La inflación y la recesión han llevado a la pobreza a más del 40%”, enumeró. 

Pero además, el diputado macrista apuntó que “hay ocho millones de trabajadores no registrados, que por supuesto no pagan el impuesto a las Ganancias y no tienen derechos”, por lo cual “esta medida se toma con un dato que es estremecedor, 30% de los asalariados formales son pobres”. 

Para Laspina se trata de un proyecto de “absoluta irracionalidad” y pidió “reflexionar si esto es un acto de justicia social o no lo es”. Otra vez apuntando contra Milei, dijo: “Un candidato anarcolibertario ha dicho hace poco que la justicia social es inmoral, y si por justicia social entendemos lo que estamos votando hoy, entonces tiene razón. Porque lo que estamos votando hoy es inmoral, en términos de darles, en este cuadro de situación, un alivio tributario, bienvenido en cualquier otra circunstancia, no en este cuadro dramático e hiperinflacionario que se está generando, al 15% de los trabajadores de más alto ingresos, que si consideramos la masa total de trabajadores estamos hablando del 5%”. 

En su alocución, el santafesino no se olvidó de los gremialistas: “Lo que estamos votando hoy no es un beneficio a los trabajadores, es una concesión a los jerarcas sindicales, un conjunto de dirigentes que ya no representan a los trabajadores”. 

Miembro informante del proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, Carlos Heller tomó la palabra a las 14.10 de este martes y durante 20 minutos expuso los beneficios de esa iniciativa, el impacto fiscal que se espera vaya a tener y los elementos que tiene el Estado para aplicar este beneficio sin desfinanciar ni ajustar.

“Este proyecto debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que ha reclamado insistentemente alrededor de este tema; que incluso ha motivado que existan unos 30 diputados y diputadas del oficialismo y la oposición”, señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Recordó una vez más por parte del oficialismo -aunque sin nombrarlo- la promesa hecha por Mauricio Macri en campaña para “su eliminación lisa y llana”, y remarcar que la misma no solo no se concretó, sino que la gente terminó pagando más: del 10% de la población que pagaba ese impuesto en 2015, pasó a hacerlo a fines de 2019 casi un 30% de los empleados registrados.

Y agregó que “lo más notable es que en ese mismo período las mismas informaciones oficiales hablan de que el salario tuvo una pérdida del 20%”.

Contó Heller que en la actualidad lo pagan “unas 880 mil personas, algo así como el 7% del total de los trabajadores”.

“Hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista -apuntó a continuación-. Y yo me pregunto qué quiere decir eso. ¿Qué es buena para la gente? Enhorabuena. ¿Se trata de eso, no? ¿Qué quiere decir electoralista? ¿Qué quienes gobernamos no tenemos que tomar medidas que beneficien a la gente?”.

Continuó Heller señalando que ese análisis había que hacerlo con un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno, que debían ser adoptadas a partir de una situación derivada de “un brutal, absurdo e innecesario endeudamiento al que fue llevado el país en la gestión anterior”. Habló de negociaciones llevadas adelante “en el marco de las limitaciones que proponen los programas a los que estamos sometidos en virtud del endeudamiento, que no fue hecho para hacer casas, caminos o escuelas, sino para facilitar la fuga”.

Recordó que en ese marco fue que el Gobierno debió aplicar una devaluación, ante la cual se adoptan “un conjunto de medidas para paliar los efectos en los más castigados de la sociedad. No es un dato menor”. Y agregó: “En Argentina hay elecciones cada dos años, por lo tanto siempre vamos a estar cerca de elecciones; siempre hay que tomar medidas que están a favor de la mayoría. No puedo dejar de mencionar que como esta medida que estamos planteando apunta a un segmento de los trabajadores de la Argentina que ganan hasta $1.770.000, se adoptaron otras medidas destinadas a aliviar a otros sectores, como la devolución del IVA a jubilados, que empezamos ayer”.

Habló también de los bonos a jubilados, la universalización de la canasta alimentaria del PAMI que beneficia a casi 3 millones de jubilados, y la puesta en marcha de un régimen simple de alivio fiscal para autónomos, que beneficiará a un millón de personas.

“Para dar una respuesta inmediata a los autónomos, se prevé una serie de medidas que en el transcurso de la semana serán informadas”, adelantó.

El costo fiscal de la medida

Heller reiteró que en este proyecto el Gobierno dispuso además elevar al partir del 1 de octubre el piso de Ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy equivalen a $1.770.000. Detalló luego las excepciones, para referirse luego al costo fiscal de la medida.

Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se establece un costo total de 0,67% del PIB; 0,24 adjudicables al Tesoro; 0,29% de lo que corresponde a las provincias; 0,01 a la AFIP; 0,02 al Poder Judicial y 0,01 a los fondos de Aportes del Tesoro Nacional.

Respecto de que esta medida pueda repercutir en el déficit fiscal, Heller sostuvo que el Gobierno cuenta con “cantidad de herramientas para que esto suceda sin ajuste, donde hay posibilidad de generar ingresos que compensen ese gasto”.

“No somos enemigos del déficit fiscal, sí del ajuste”, aseguró el diputado oficialista, para recordar luego que en el Presupuesto 2024 hay una separata relacionada al gasto tributario que apunta a que las grandes empresas y multinacionales estén sujetas a un tipo de tasa mínima del 15%. “Según dijo la secretaria de Ingresos Públicos en la comisión, este gravamen generaría un recurso superior al que se dejaría de percibir por la reducción de Ganancias”.

Por último citó un proyecto que ya tiene dictamen y espera ser tratado en el recinto: el de exteriorización del ahorro argentino. Heller recordó que el ministro de Economía dijo que con el mismo se podría llegar a recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares anuales solo por ese rubro. Por eso pidió al Congreso avanzar con el tratamiento de ese proyecto.

Heller finalizó asegurando que “hay muchas herramientas a mano que permiten resolver el problema del gasto fiscal y mejorarle la situación a la gente”.

Sobrado quórum tuvo este martes la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatirá la eliminación del impuesto a las Ganancias. Los 129 presentes se alcanzaron a las 13.15, e incluso el oficialismo -con 118, pues a la presidenta del cuerpo se la contabiliza- no necesitó tener a todos sus miembros sentados.

Desde la oposición, fueron 18 los legisladores que bajaron a sus bancas antes del arranque de la sesión. A las 13.12, Javier Milei y Victoria Villarruel de La Libertad Avanza ingresaron al recinto y dos minutos después lo hizo su compañera Carolina Píparo, aunque finalmente no estuvo sentada. En la previa de la sesión se conoció que el candidato presidencial votará a favor del proyecto enviado por Sergio Massa.

A favor de la creación de universidades nacionales, puntualmente la de Río Tercero, cuatro diputados de Evolución Radical se desmarcaron del interbloque Juntos por el Cambio. A las 13.10, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, se acercó a saludar con un abrazo a Gabriela Brouwer de Koning y Danya Tavela. También estuvieron por ese espacio Emiliano Yacobitti y Marcela Antola.

Por el interbloque Federal se sentaron Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Natalia de la Sota -la única de Córdoba Federal-.

También dieron quórum los aliados misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, pero no así sus compañeros de Juntos Somos Río Negro. 

La sesión quedó abierta con la presencia, además, de los diputados del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez; el neuquino Rolando Figueroa; y los cuatro miembros del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá. 

Por otro lado, no aportaron al quórum 113 diputados de Juntos por el Cambio; los shiarettistas Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca; los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; el bonaerense Florencio Randazzo; y los rionegrinos Agustín Domingo y Luis Di Giacomo. 

Con un holgado quórum, construido con diversas fuerzas políticas, comenzó la #SesiónEspecial para tratar los cambios impulsados por @SergioMassa en el Impuesto a las Ganancias.

Esta iniciativa beneficiará a 800.000 trabajadores y trabajadoras. 🇦🇷#ElSalarioNoEsGanancia pic.twitter.com/gv9t1WNsx2

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 19, 2023

Fallecido hace pocos días, quien fuera senador y diputado nacional –en ese orden- durante muchos períodos, Oraldo Britos, recibió este martes un homenaje en la Cámara de Diputados. Fue la diputada Graciela Camaño la encargada de rendirlo, y al hacerlo hizo hincapié en el sentido especial que tenía hacerlo en un día como este, “en el contexto de esta sesión”.

“Era un dirigente sindical, fue un puntano mercedino orgulloso de su Mercedes natal, que con mucho esfuerzo y sacrificio, formando parte de lo que fueron las juventudes sindicales ferroviarias en ese entonces, comenzó a marcar una trayectoria en el sindicalismo y la política”, detalló la diputada, que recordó que Britos fue primero dirigente sindical, y más tarde, con el advenimiento de la democracia, en su condición de senador de la Nación, en 1973. Un cargo que tuvo que dejar cuando el golpe del 76. Y al que volvió al recuperarse la democracia en 1983.

“Oraldo estuvo aquí también representando a su San Luis natal –dijo-. En 1995 tuvimos el gusto de tenerlo como colega en esta Cámara”.

Camaño destacó la “profusa producción legislativa en favor de los trabajadores” de Oraldo Britos, y enfatizó luego que “como consecuencia de la pérdida de brújula de algunos dirigentes sindicales, se denuesta muchas veces al movimiento obrero”, y recordó que “Oraldo solía decir siempre que los dirigentes sindicales tenían la obligación de prepararse, la obligación de estudiar, y la obligación de saber, porque los saberes de un sindicalista eran la única herramienta con la que podían contar, además del apoyo de los trabajadores a la hora de sentarse a discutir su salario”, y reiteró que Oraldo Britos “pensó en un sindicalismo que se preparara constantemente”.

Graciela Camaño destacó sobre el final que “aquel que fue diputado lo es toda la vida” y pidió finalmente un minuto de silencio en su memoria.

La Cámara baja sesiona para debatir un debate que incluye como tema principal el proyecto impulsado por el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

El quórum fue alcanzado a las 13.15, con la presencia de 129 diputados.

Se trata de la segunda sesión en la Cámara baja tras las elecciones PASO; la última fue el pasado 23 de agosto, cuando la oposición se impuso con la reforma de la Ley de Alquileres.

En el temario se incluyó otra iniciativa girada desde el Poder Ejecutivo, bajo el título “Emplea PyME”, que promueve beneficios impositivos para pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, al tiempo que establece un régimen de regularización de empleados.

En lo que respecta a Ganancias, el debate se dará en medio de una campaña electoral que cada vez toma más ritmo y con un escenario de movilización en las afueras del Congreso, donde los movimientos sindicales se concentrarán.

De acuerdo al proyecto, se elimina la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

El resto del temario

Luego que se frustrara su tratamiento en dos ocasiones, en diciembre de 2022, el oficialismo insistirá este martes con la creación de universidades nacionales. No se llevarán al recinto los ocho proyectos con dictamen, pero sí cinco de ellos.

Se trata de la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Ezeiza (actualmente es provincial), la Universidad Nacional de Río Tercero y la Universidad Nacional de Madres de Plaza Mayo.

Algunas de ellas encuentran más resistencia y críticas de la oposición, mientras que en el caso de la de Río Tercero el bloque Evolución Radical la impulsa. Pero, por ejemplo, la izquierda, que en general está a favor, tiene reparos sobre la de Madres de Plaza de Mayo por el rol que se les asigna a representantes de la institución en el Consejo Superior.

Los otros temas que se tratarán serán la instauración de distintas fechas conmemorativas: Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar (17 de junio); Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA “San Juan”, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino (15 de noviembre); Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental (4 de agosto); y el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (31 de octubre).

Finalmente, se abordará un proyecto para declarar Monumento Histórico Nacional al complejo denominado “Monte Calvario”, en la ciudad bonaerense de Tandil; y una transferencia de una chacra propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro.

Tal cual había trascendido los últimos días a partir de algunas señales brindadas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, finalmente se confirmó este martes en horas de la mañana que ese espacio votará a favor del proyecto impulsado por Sergio Massa.

Así lo confirmó el propio Javier Milei al presentarse este martes ante el Club del Petróleo. “Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político. Les dejo la exclusiva”, señaló el candidato presidencial.

De tal manera y teniendo en cuenta que la izquierda también votará a favor de la norma, el rechazo al proyecto que establece la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias quedará limitada a Juntos por el Cambio y a dos diputados de Córdoba Federal y el diputado Florencio Randazzo.

Por el contrario, el oficialismo contaría con 117 votos propios; 3 del interbloque Federal; los 4 de Provincias Unidas; los gobernadores electos Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (MPN); los 4 de la izquierda y los 3 votos libertarios.

El oficialismo en Diputados buscará este martes, en la sesión especial que fue citada para las 13, la aprobación del proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, enviado por el ministro/candidato Sergio Massa y que tuvo un tratamiento exprés.

Esta será la segunda sesión en la Cámara baja tras las elecciones PASO; la última fue el pasado 23 de agosto, cuando la oposición se impuso con la reforma de la Ley de Alquileres.

Además, en el temario se incluyó otra iniciativa girada desde el Poder Ejecutivo, bajo el título “Emplea PyME”, que promueve beneficios impositivos para pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, al tiempo que establece un régimen de regularización de empleados.

En lo que respecta a Ganancias, el debate se dará en medio de una campaña electoral que cada vez toma más ritmo y con un escenario de movilización en las afueras del Congreso, donde los movimientos sindicales se concentrarán.

Para su aprobación, el Frente de Todos espera contar con el acompañamiento de diputados de bloques federales y la izquierda. Juntos por el Cambio ya anticipó que rechazará la iniciativa, mientras que todavía no se conoce qué harán los libertarios, con Javier Milei a la cabeza.

De acuerdo al proyecto, se elimina la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

El resto del temario

Luego que se frustrara su tratamiento en dos ocasiones, en diciembre de 2022, el oficialismo insistirá este martes con la creación de universidades nacionales. No se llevarán al recinto los ocho proyectos con dictamen, pero sí cinco de ellos.

Se trata de la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Ezeiza (actualmente es provincial), la Universidad Nacional de Río Tercero y la Universidad Nacional de Madres de Plaza Mayo.

Algunas de ellas encuentran más resistencia y críticas de la oposición, mientras que en el caso de la de Río Tercero el bloque Evolución Radical la impulsa. Pero, por ejemplo, la izquierda, que en general está a favor, tiene reparos sobre la de Madres de Plaza de Mayo por el rol que se le asigna a representantes de la institución en el Consejo Superior.

Los otros temas que se tratarán serán la instauración de distintas fechas conmemorativas: Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar (17 de junio); Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA “San Juan”, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino (15 de noviembre); Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental (4 de agosto); y el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (31 de octubre).

Finalmente, se abordará un proyecto para declarar Monumento Histórico Nacional al complejo denominado “Monte Calvario”, en la ciudad bonaerense de Tandil; y una transferencia de una chacra propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro.

Con una campaña electoral que toma ritmo de cara a octubre y tras la catarata de anuncios por parte del ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en Diputados buscará avanzar este lunes con el dictamen del proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El encuentro será desde las 16 en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja.

La iniciativa fue enviada por Massa la semana pasada y, rápidamente, hubo una reunión informativa con funcionarios y representantes del sindicalismo.

Aún sin despacho, el proyecto ya forma parte del temario para la sesión convocada este martes, donde también se tratará otra propuesta girada desde el Poder Ejecutivo vinculada al empleo en las MiPyMEs.

Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo al considerar que “no se puede tratar en 48 horas un tema que necesita profundidad y análisis en su conjunto”, además de pronosticar que ésta -y otras medidas del Gobierno- generarán más déficit fiscal e inflación.

La iniciativa apunta a que únicamente los mayores ingresos queden alcanzados por el tributo, los que representan a un 0,88% de los trabajadores registrados.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el costo fiscal de la medida es de un billón de pesos anuales. Uno de los ejes de la discusión radica en que Ganancias es un impuesto coparticipable. Según se anticipa, hay legisladores de bloques federales que apoyarán el proyecto, pero reclamarán que se prevea una compensación a las provincias.

Con el objeto de gravar a los mayores ingresos, se impone un “impuesto cedular” (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-, actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, planteó el Ejecutivo en el proyecto.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), convocó a una reunión para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina.

El encuentro está pautado para el próximo miércoles 20 de septiembre a las 14 en la Sala 1, del segundo piso del edificio Anexo “A” a la que fueron invitados expertos a exponer sobre el tema en cuestión.

El temario del encuentro también incluye un paquete de proyectos de resolución y declaración, entre los que se encuentran iniciativas que buscan declarar de interés el evento Primer Congreso de Políticas Públicas para la Agrobioindustria; otra propone declarar de interés la Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional que se llevara adelante del 20 al 30 de julio de 2023 en el Predio Ferial “La Rural” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, tratará un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “promotor comunitario de salud” y “agente sanitario”, impulsado por el oficialista Daniel Gollan.

La iniciativa forma parte del temario de una reunión citada para este martes a las 10.30, previo a la sesión que está convocada en la Cámara baja.

Según el proyecto, se define “promotor comunitario en salud” y “agente sanitario” a “la persona de la comunidad que se forma para promover la participación y organización popular, articula entre las necesidades de la población y el sistema de salud, ocupa un espacio intersectorial entre las áreas que comprenden la salud, el desarrollo social, la educación y el medio ambiente, promoviendo una concepción de la salud entendida como un derecho de la población y un deber del Estado”.

El texto prevé la creación de un registro nacional, establece los requisitos; las funciones y atribuciones; y la formación, entre otros aspectos.

En los argumentos de la iniciativa, Gollan explicó que se busca bautizar a la ley como “Ley Daniel Capponi”, en homenaje a “Norberto Daniel Capponi, quien dedicó su vida a la militancia por el derecho a la salud de nuestro pueblo, sin descanso ni mezquindades. Formó innumerables y creativos equipos de trabajo en el campo de la salud pública, con honestidad política y profunda humanidad”.

Por otra parte, se debatirá un proyecto presentado por la oficialista Rossana Chahla, que propone declarar de interés nacional al acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV.

Establece que el sector público de la salud y las obras sociales deberán “brindar la cobertura necesaria para la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV, a la que se incluye el tratamiento del ACV isquémico por vía endovenosa y endovascular”. “Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total”, indica.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Yasky (FdT), tratará el próximo miércoles a las 14 dos proyectos de resolución que buscan repudiar los dichos que tuvo la libertaria Victoria Villarruel contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Una de las iniciativas está encabezada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez; y la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Penacca.

En el texto, los oficialistas expresan su “más enérgica condena y repudio a las expresiones descalificantes, injuriosas, violentas y aberrantes” que tuvo la legisladora nacional y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza.

“Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar este tipo de expresiones y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”, sostienen.

Moreau, Martínez y Penacca señalaron que “a 40 años de la recuperación de la democracia, y con el compromiso de la sociedad en su conjunto de transitar el camino de Memoria, Verdad y Justicia es inadmisible que se incentiven o avalen este tipo de declaraciones, que además llevan intrínsecamente el germen del negacionismo del terrorismo de Estado vivido en nuestro país”.

“Asimismo, expresamos la solidaridad con la señora Estela Barnes de Carlotto, con todas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y las organizaciones de derechos humanos”, manifestaron y agregaron que “las incitaciones al odio, la tergiversación de la historia, el negar los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar, son incompatibles con la democracia y la paz social”.

Finalmente, consideraron que “es extremadamente necesario brindar un mensaje a la sociedad que no deje dudas que todas las fuerzas políticas coincidimos en condenar estas declaraciones y respaldar sin dobleces el compromiso del pueblo argentino con el Nunca Más”.

El otro de los proyectos por los dichos de Villarruel corresponde a la diputada del FdT Eugenia Alianiello, pero el temario -entre otros puntos- también incluye una iniciativa impulsada por Yasky para repudiar el acto que la compañera de Javier Milei realizó en la Legislatura porteña el pasado 4 de septiembre para homenajear a las “víctimas del terrorismo” y generó polémica.

Fue luego de ese acto que Villarruel, en declaraciones al canal LN+, expresó: “Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Con ese cariz de abuelita buena ha justificado al terrorismo. Es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando debería contar que su hija era combatiente de Montoneros. Carlotto es una muestra de la gran hipocresía de la izquierda”.

Como se venía manejando, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, oficializó la convocatoria a la sesión especial para este martes 19 de septiembre a las 13.

Se destacan en el temario, los proyectos de ley que proponen la modificación del Impuesto a las Ganancias y la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme”, ambos impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa en las últimas semanas y tratados de forma exprés.

La sesión fue solicitada por los diputados oficialistas Germán Martínez (jefe de bloque del FdT), Paula Penacca, Carlos Heller, Pablo Carro, Carlos Cisneros, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Sergio Palazzo, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Hugo Yasky.

Cabe recordar que el proyecto de Ganancias debe recibir dictamen el lunes que viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

También serán tratadas las iniciativas para la creación de cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo) que quedaron pendientes desde la sesión trunca en diciembre del 2022 y los proyectos para declarar al 17 de junio como el Día Nacional de los Trabajadores Desaparecidos en el Mar.

Asimismo, se tratará el proyecto que busca instituir al 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes de del Submarino ARA San Juan.

Además, se buscará aprobar Monumento Histórico Nacional al complejo “Monte Calvario”; establecer al 4 de agosto como Día de la Soberanía Continental; declarar al 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas; y la transferencia de una chacra -propiedad del Estado nacional- a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro.

Así las cosas, esta sesión de la Cámara de Diputados sería la última antes de las elecciones generales del 22 de octubre.

El temario

El gran tema de la sesión será el proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias, que deberá tener dictamen este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que propone que el nuevo mínimo para pagar el impuesto será de más de $1.770.000 desde octubre.

La iniciativa fue impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa quien propone, a través del proyecto, una actualización semestral dejando excluidos a funcionarios públicos y jubilaciones de privilegio.

En segundo orden está el proyecto de ley para la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme” -también impulsado por Massa-, el cual obtuvo dictamen de mayoría esta semana y contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100 por ciento a aquellas PyMEs que contraten a personas jóvenes y beneficiarios de programas sociales que accedan al mercado laboral por primera vez.

El resto de las empresas del sector privado tendrán el alivio del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año. La oposición debe presentar el dictamen de minoría este lunes antes de las 11.

Respecto a la creación de las cinco universidades nacionales, la primera es la Universidad Nacional del Delta, también impulsada por Massa, pero cuando era el presidente de la Cámara baja y tendrá sedes regionales ubicadas en los partidos de Tigre, Escobar y San Fernando.

Esta casa de altos estudios prevé una oferta académica vinculada al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión y otras temáticas.

La creación de la Universidad Nacional de Pilar arriba al recinto de la mano de dos proyectos impulsados por los diputados nacionales Ramiro Gutiérrez y María Rosa Martínez.

Las carreras estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas a la tecnología, la producción, el trabajo, la investigación con acento en aquellas temáticas asociadas a la biotecnología, biomecánica, neurociencias, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, programación, seguridad informática y otras temáticas.

Del mismo modo, la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba fue impulsado mediante dos proyectos: Uno de la oposición firmado entre otros por la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y otro por su coterránea camporista Gabriela Estévez.

En el caso de la Universidad de Ezeiza, lo que se busca aprobar es su nacionalización ya que funciona como casa de altos estudios provincial. La iniciativa fue presentada por Victoria Tolosa Paz, antes de pasar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El proyecto para la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo fue impulsado por el diputado nacional Hugo Yasky y la sede será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa recibió el dictamen de comisión hace pocas semanas, ya que había perdido estado parlamentario en el cese del período 2022.

Cabe recordar que originalmente eran ocho las universidades nacionales a crear, pero a esta sesión solo llegaron cinco. Las otras tres son la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la universidad de Paraná; la Universidad Nacional de Saladillo; y la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, que no fueron incluidas en el temario.

También, será tratado el proyecto de la diputada nacional Blanca Osuna para establecer al 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan y la Reafirmación y Defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino.

Por otra parte, la Cámara de Diputados buscará aprobar al 17 de junio de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores Caídos y Desaparecidos en el Mar en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades laborales embarcados, iniciativa impulsada por la diputada nacional Romina Del Plá (PO).

Completan el temario los proyectos para proponer al 4 de agosto como Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental; al 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes; denominar a “Monte Calvario” en Tandil como Monumento Histórico Nacional; y, con media sanción del Senado, la transferencia de una chacra -propiedad del Estado nacional- a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro.

3768-D-2023

En la antesala del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto del proyecto que busca modificar el impuesto a las Ganancias, presentado por el ministro/candidato Sergio Massa, el interbloque Federal define cuál será su postura, que podría no ser uniforme. No sería la primera vez en que este espacio, conformado por ocho legisladores, vote dividido. El caso más reciente fue la reforma por la Ley de Alquileres.

Por un lado, el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó en declaraciones a los medios que su espacio votará en contra porque “se está llevando por delante la autonomía de las provincias”, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable.

La decisión del bloque va en línea con lo que ha manifestado el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, en sus redes: “Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo, pero es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”.

Sin embargo, dentro del bloque de Identidad Bonaerense no hay una definición clara y fuentes cercanas confirmaron a parlamentario.com que aún están “analizando el proyecto”. Cabe remarcar que dentro de esta bancada está, además de Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, el diputado Florencio Randazzo, postulado como vicepresidente en el binomio con Schiaretti, por lo cual podría ir en la misma sintonía que los cordobeses.

Por el lado del bloque Socialista, compuesto por Mónica Fein y Enrique Estévez, emitió un comunicado este viernes en el que calificó la medida como “un oportunismo político con fines electorales” y plantearon que “más que seguir anunciando parches, el Gobierno debe sentarse a discutir seriamente sobre el impuesto”. En ese sentido, propusieron una serie de ítems a sumar al debate tales como que los jueces paguen ganancias, beneficios para las provincias, trabajadores autónomos, entre otros. Pese a eso, Gutiérrez aseguró que verán “el comportamiento del resto del interbloque”.

La iniciativa, enviada por el ministro de Economía y candidato a presidente por UP, Sergio Massa, contó con una sola reunión informativa que se llevó a cabo este jueves con la presencia de funcionarios y gremialistas que respaldaron el proyecto. La misma será tratada el próximo lunes 18, en donde el oficialismo irá por el dictamen para poder tratarlo en el recinto en la sesión del siguiente día. El cordobés Ignacio García Aresca forma parte de la comisión.

En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen del proyecto de ley enviado por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, que busca eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos.

Para ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, convocó -tal como lo había anunciado este jueves- a los miembros a una reunión para el próximo lunes 18 de septiembre a las 16 con el objetivo de sacar despacho para poder tratar el tema en el recinto en la sesión prevista para el día siguiente.

El debate solo contó con una reunión informativa que se desarrolló este jueves a la cual asistieron funcionarios del Ejecutivo y representantes gremiales que respaldaron la iniciativa y solicitaron el tratamiento “urgente”.

Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo al considerar que “no se puede tratar en 48 horas un tema que necesita profundidad y análisis en su conjunto”, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.

Los puntos centrales del proyecto

La iniciativa, que llevará un alivio a trabajadores registrados, establece que solo abonen ese gravamen menos del 10% de aquellos empleados registrados; esto es, un 0,88% de los trabajadores que tienen empleo registrado en la Argentina.

El costo fiscal estimado para ese proyecto es de un billón de pesos anuales, según confirmaron desde el propio Ministerio de Economía.

El texto cuenta con 9 artículos, donde se “deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones”, por un lado, y por el otro incorpora en la ley del mencionado gravamen un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.

El proyecto detalla en sus fundamentos la evolución y el alcance de dicho gravamen desde los tiempos de la Alianza hasta el presente, remarcando que al finalizar el año 2019 (gestión Cambiemos) alcanzaba a 2.500.000 trabajadores. Esto es el 30% del total de los empleados registrados en todo el país.

La medida anunciada tiene como objeto gravar, exclusivamente, a estos mayores ingresos, con un impuesto cedular (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-; actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27 % y el 35 %. La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo al siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa nueva fecha.

Las retenciones realizadas sobre las ganancias netas percibidas durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de julio, toda vez que la escala progresiva que, en definitiva, aplique para todo el período anual, es la de los montos del salario mínimo, vital y móvil vigente en el citado mes de julio.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, plantea el proyecto.

Además, esta medida “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados y las asalariadas, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a estar pendiente de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores y las empleadoras, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, agrega el texto conocido este miércoles.

Todos estos cambios resultarán de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes.

De acuerdo al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, este viernes vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de Presupuesto 2024 al Congreso. Desde el Ministerio de Economía confirmaron que cumplirán “en tiempo y forma”, aunque el tratamiento de la “ley de leyes” no comenzará de inmediato.

En medio de la campaña electoral y la catarata de anuncios económicos que el ministro/candidato Sergio Massa dispuso, la Cámara de Diputados deberá recibir el plan de gastos y recursos que reflejará el programa de gobierno del oficialismo para los próximos cuatro años, en caso eventualmente de seguir en la gestión.

Además de ver cómo será el reparto de partidas, el Presupuesto mostrará también las proyecciones sobre recaudación, a partir de cambios en materia impositiva, como por ejemplo el que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias -cuya ley todavía no fue aprobada-.

Funcionarios revelaron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, para compensar la modificación, evalúan gravar a los inmuebles rurales e insistir -en una separata- con la propuesta para que los miembros del Poder Judicial, que ejercen desde antes de 2017, paguen Ganancias.

Esta semana, el diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le envió una nota a Massa en la que le pidió suspender el envío del Presupuesto por el proceso electoral y “máxime teniendo en cuenta la competitiva performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”, en alusión a las PASO.

La solicitud generó fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, desde donde incluso llegaron a denunciar un “pacto” de ambos candidatos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aseguraron que lo enviarán este viernes, pero sí aceptaron que su tratamiento comience después de los comicios generales del 22 de octubre.

Para ello, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anticipó que se reunirá con los jefes de bloques el próximo miércoles y acordarán una “hoja de ruta” para el debate de la “ley de leyes”.

Por otra parte, el interbloque Juntos por el Cambio reclamó que el Ejecutivo envíe además del proyecto una al adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60% votada en 2022. Así lo establecía una clausula que se incorporó en las negociaciones para su aprobación.

Este será el último Presupuesto de la gestión del Frente de Todos que, en estos cuatro años, sólo tuvo dos presupuestos aprobados: en diciembre de 2019, al asumir, se prorrogó el Presupuesto 2019; en 2020 se consiguió sancionar el Presupuesto 2021; en 2021 salió rechazado de Diputados el Presupuesto 2022; y en 2022 sí se sancionó el Presupuesto 2023.

Durante la reunión informativa de este jueves sobre el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias, en la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y sindicalistas, diputados de Juntos por el Cambio preguntaron sobre cómo se recaudará lo que se perderá a partir de la reforma y reclamaron que no se aborde un cambio en las escalas. 

En el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que duró más de tres horas, ante las consultas de Martín Tetaz (Evolución Radical), Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Germana Figueroa Casas (Pro), la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, afirmó que el costo será “de un billón de pesos, que representaría un 0,28 del PIB para el 2024”. 

“No tenemos que ver eso como una recaudación perdida, sino todo lo contrario”, defendió la funcionaria, que aseguró que habrá un “reflujo” por el “mayor consumo de todos los asalariados”. Además, mencionó con particular atención el proyecto de ley de blanqueo, al sostener: “Es importante porque si pensamos de dónde va a salir la recaudación para que los asalariados tengan la certeza de que el salario no es ganancia, va a salir de un acuerdo de información (con Estados Unidos) realmente efectivo de cuentas no declaradas en el exterior; de homogeneizar el impuesto a los Bienes Personales para que no existan inmuebles en el exterior que tampoco declaran Ganancias; y va a salir de un impuesto mínimo que si no se cobra en Argentina se lo van a llevar las controlantes del exterior”. 

También dejó abierta la posibilidad de gravar a los inmuebles rurales y, por otro lado, de que en el Presupuesto 2024 se incluya nuevamente la propuesta para que magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que se encuentran en sus puestos antes de 2017, paguen Ganancias.

“Yo creo que se va a recuperar adicionando el análisis de otros gastos tributarios, algunos de ellos los habíamos incorporado en la separata (del Presupuesto 2023) cuando hablamos de igualdad, cuando se puso a consideración las rentas de los magistrados y sin embargo no prosperó”, recordó la funcionaria. En efecto, el oficialismo había incluido un artículo en este sentido, pero en la votación en particular fue rechazado.

Avanzada la reunión, Cacace volvió a consultar sobre el impacto que tendrá la medida, a lo que Carlos Heller (FdT), presidente de la comisión, dijo que eso ya había sido mencionado. Allí intervino el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y se produjo el momento más picante que tuvo la reunión. 

“Estamos discutiendo un proyecto de ley donde le vamos a dar beneficios a los trabajadores, la verdad pensé que veníamos a festejar. Sorprendido estoy de encontrar diputados y diputadas que no están de acuerdo con que la gente gane más”, chicaneó el administrador del ente recaudador. 

Y cruzó al radical: “No se haga problema que el 0,28 lo voy a recaudar, no se preocupe por la pérdida tributaria”. En ese sentido, anticipó que “estamos poniendo sobre las tabacaleras un impuesto interno”. “Quédense tranquilos que el año que viene vamos a recaudar más, excepto que ustedes quieran seguir poniendo impuestos regresivos”, agregó. 

A la hora de las preguntas, Tetaz cuestionó que el sistema tributario “debe tener una discusión en profundidad y no a pedacitos”, sino que debe ser “de forma global”. Además, criticó que pretendan “tratar en 48 horas una discusión profunda”, al tiempo que pidió respetar el artículo 16 de la Constitución Nacional.

“La capacidad contributiva no supone la fuente del impuesto, no importa la fuente del ingreso, sino la capacidad de contribuir. El dinero es fungible, entiendo el reclamo de los sindicatos de que el salario no es ganancia, llámenlo como quieran, pero es un ingreso y estamos analizando quién va a contribuir al sostenimiento del Estado y que contribuyan más los que más capacidad de contribución tienen”, planteó el porteño y alertó: “Vamos a cometer el error de eliminar un impuesto que es el más progresivo del sistema tributario”.

El radical afirmó que a él le “gustaría eliminar el impuesto a las Ganancias, ¿a quién no le gustaría? Y me encantaría eliminar el IVA”, pero señaló que “la votación tiene que ser de forma general y no impuesto por impuesto. Nos vamos a quedar sin impuestos para sostener el gasto público, por eso el debate tiene que ser en conjunto”.

Tetaz respaldó que “el impuesto a las Ganancias no rompe el sistema productivo y es uno de los principales impuestos en todos los países del mundo”, pero aclaró que “esto no quiere decir que yo esté a favor de que un docente pague impuesto a las Ganancias, pero tiene que ser en una escala menor de acuerdo a lo que gane. Tenemos que trabajar las escalas, no romper todo”. 

En su intervención, Cacace señaló que “es diferente discutir la actualización para que no queden más trabajadores incluidos o retenidos en el impuesto a cambiar la estructura del impuesto”. Al igual que su compañero de bloque, dijo que se trata del “impuesto más progresivo dentro de la estructura tributaria y muchos países que tienen una distribución igualitaria lo tienen como principal impuesto”.

El puntano le cuestionó al oficialismo que “llevan cuatro años en el Gobierno y nunca se planteó esta reforma, pero dicen que hace meses vienen trabajándolo. Lo que vimos fue 20 subas en impuestos. Lo de Ganancias llega ahora, a tres meses de terminar el mandato y eso como dato es inocultable”.

Cacace también recordó que Mauricio Macri hizo rebajas -en elecciones- en la canasta básica de igual manera que anunció Sergio Massa, pero insistió en que “se está afectando al impuesto más progresivo y el segundo más importante en recaudación para el país. Tiene que ser el impuesto principal si queremos un país más igualitario. Estamos destruyendo el impuesto más importante del país y eso es un error”.

En respuesta a los radicales, Balestrini aclaró que “los principios del derecho tributario siempre hay que tenerlos presentes en cuanto a la eficiencia y la igualdad, y la equidad que significa un trato igual para quienes están en la misma situación”. A su vez, remarcó que el tratamiento “no es preferencial, sino que es justo bajo la premisa de que el salario no es ganancia y que debe tener un tratamiento distinto y diferenciado en cuanto al resto de las rentas que componen este impuesto a las Ganancias”.

“Cuando hablamos de progresividad no se trata solo de impuesto a las Ganancias para personas humanas, sino sociedades que tienen una tasa efectiva de pago que implica la representación del impuesto de rentas inferior al 15%”, explicó la subsecretaria y aclaró que “no se está atentando contra la igualdad”.

También consultó a su turno la diputada Germana Figueroa Casas, quien sostuvo que Ganancias “es un buen impuesto”, pero “realmente a través del tiempo lo que se ha hecho es destruir este impuesto” porque “las escalas quedaron totalmente achatadas” y “las distorsiones son grandes”. 

“¿Por qué no trabajamos como deber ser? Sobre la tabla, la tabla se desvirtuó. ¿Por qué inventar algo nuevo? ¿Por qué no trabajar en esta tabla? Si trabajamos en esta tabla, beneficiamos a los monotributistas cuando se saltan, al que levanta la persiana y tiene empleados y no está teniendo este beneficio, y también a los empleados en relación de dependencia”, apuntó. 

Para la santafesina, “estamos eligiendo un camino errado para dar una solución justa, porque nadie quiere que paguen”, pero añadió: “¿Por qué el monotributista que gana menos de 1.770.000 pesos va a tener que pagar y alguien que gana un millón y medio no?”. 

En el final, el diputado Lisandro Nieri (UCR) consultó sobre cómo contemplarán el tema en el proyecto de Presupuesto 2024 y Heller le respondió que no había visto todavía el proyecto -que debe ingresar este viernes- pero “esta ley será proyectada a futuro con el impacto correspondiente para evitar el déficit fiscal”.

“Los escuché pedir que esto salga por ley y no por decreto de necesidad y urgencia, y que iban a estar a favor de este proyecto. Resulta que ahora, están en contra, obviamente que en todo su derecho”, cargó contra la oposición el oficialista. 

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, chicaneó a JxC: “¿Por qué no derogan el DNU que ya salió?”. “La ley los complica si son gobierno, nosotros buscamos complementar el DNU con la ley y sostenerlo en el tiempo”, diferenció y expresó que “ustedes no quieren quedar mal con el laburante, pero no quieren aprobar el proyecto y si ganan querrán voltear el DNU. Hablemos de lo que tenemos que hablar y no nos vayamos por la tangente”. 

A pocas horas de su ingreso a la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó este jueves la reunión informativa sobre el proyecto de ley enviado por el ministro/candidato Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos. 

En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen el próximo lunes a las 16 y llevar el tema al recinto un día después. Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.

En la reunión, en primer lugar, los funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron el proyecto, al considerarlo un paso de “justicia tributaria” y “justicia social”, además de elogiar la postura histórica sobre este tributo que siempre mostró Massa. 

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, que un día antes estuvo defendiendo la iniciativa sobre “Empleo PyME”, resaltó que “el salario no es ganancia” y “si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Es lo que él siempre ha pensado y expuesto respecto a esto”. 

Tras agradecer los “esfuerzos” de la dirigencia gremial por “explicarnos, convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad”, la funcionaria dijo que para la propuesta se tuvieron en cuenta los “antecedentes legislativos”, como un proyecto presentado por Sergio Palazzo.

Olmos señaló que la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias “es como ir a cazar en el zoológico, es imposible para el trabajador eludirlo o excluirse de esa exposición”. 

“De 2015 a 2019 la participación de las y los trabajadores del sector privado en el producto bruto en Argentina cayó cinco puntos. Sin embargo, la población de trabajadores que estuvieron expuestos al impuesto a las Ganancias creció en dos veces y medio”, apuntó al recordar el incremento de quienes comenzaron a pagarlo durante la gestión de Mauricio Macri. 

“Este impuesto ha actuado de manera de desestimular el incremento de la productividad”, expresó la ministra y le pidió a los legisladores que “revaloricen lo que significa la negociación tripartita entre Estado, trabajadores organizados y cámaras empresarias como una columna central de la democracia argentina y de la paz social”. 

Agregó que los trabajadores “recibieron con alegría la posibilidad de sepultar definitivamente la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que ha sido un instrumento de la injusticia social”. 

Por su parte, el titular de AFIP,  Carlos Castagneto, recordó que “desde la salida de la denominada tablita de Machinea hasta el año 2011, aproximadamente el 10% del total de los empleados de este país, en relación de dependencia, llámese sector público y privado, pagaban impuesto a las Ganancias”. “En el año 2019 se incrementó a 2.500.000, esto es un 30% de los empleados registrados en todo el país”, indicó. 

“Es objetivo del Gobierno nacional trabajar en medidas que tiendan a asegurar la progresividad de los impuestos”, afirmó y detalló que, a partir de las distintas actualizaciones que se han hecho desde 2020, “se ha reducido en 700 mil contribuyentes” la cantidad de personas que pagan el impuesto. 

Sobre esto, precisó que en 2003 eran 496.331 los trabajadores alcanzados (9%); en 2015, 1.194.149 (12%); en 2020, 2.425.880 (30%); en 2021, 730.024 (8%); y en lo que va de este año, son 701.998 (7%). 

“Con esta propuesta solo pagarán 90 mil contribuyentes, que representan 0,88% de los empleos registrados en el país”, aclaró y enumeró que estarán excluidos del beneficio “los CEO’s, gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilados de privilegio y cargos políticos”. 

Sin mayores precisiones sobre cómo se compensará lo que se dejará de recaudar con este cambio, Castagneto expresó que “el Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se ve compensada con el impuesto PAIS y con otras medidas que vamos a tomar con respecto a Ganancias, que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto”. En ese sentido, anunció que la “ley de leyes” vendrá con “una separata”. 

En otro momento de su exposición, resaltó que “en el último mes la recaudación superó holgadamente la inflación interanual. Hemos tomado mecanismos dentro de la AFIP donde hemos mejorado la recaudación de IVA y estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto PAIS”.

“Consideramos muy importante un debate rápido; es un reconocimiento muy importante para los trabajadores”, afirmó el funcionario, que pidió “ser justos y equitativos, que paguen los que tengan que pagar. Con este proyecto estamos haciendo una justicia tributaria y justicia social para los trabajadores”. Además, sumó que “en las grandes empresas también debemos analizar cómo se debe pagar el impuesto a las Ganancias”. 

A su turno, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, quien hizo un repaso técnico de la iniciativa y remarcó “la objetividad de esta gestión y del ministro que, no solo en esta ocasión, sino que ya lo ha manifestado en distintas oportunidades de que el salario no es ganancia”.

A continuación, enfatizó que esta es una medida que viene en estudio “hace meses” en distintas reuniones con los gremios: “Estuvimos trabajando para atender las necesidades de cada sector, no hicimos ninguna diferencia”.

Respecto del proyecto, hizo eje en el impuesto cedular y explicó que “no es ningún impuesto nuevo, estamos dentro del impuesto a las Ganancias, pero lo que hacemos es otorgar un tratamiento diferente a rentas que son diferentes a las que son originadas en salarios”. “Este esquema cedular consiste en establecer un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, apuntó y añadió que “tenemos que ir por un tratamiento aún más equitativo e igualitario que respete la capacidad contributiva y por eso vamos por un mínimo no imponible que significa que hasta 180 salarios mínimos, vitales y móviles ningún trabajador en relación de dependencia va a tener que pagar el impuesto”.

“Superado ese importe solamente va a tributar por la diferencia por el excedente y ese excedente va a ser sometido a una tabla específica del impuesto a las Ganancias expresadas en salarios mínimos, vitales y móviles que tienen alícuotas desde el 27% hasta el 35%. Son 1.770.000 pesos por mes, aquellos que superen el importe van a tributar por la diferencia, el impacto del impuesto a las Ganancias va a ser inferior al 4%”, amplió.

Balestrini remarcó que “quienes están excluidos de este tratamiento justo para trabajadores en relación de dependencia son de secretarios de Estado en adelante, legisladores que van a seguir tributando por el régimen general, todo lo que es el Poder Judicial y directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL”.

“No es un capricho ni una discriminación, el tema es que en este caso tienen distintos tipos de ingresos, al menos tres, por un lado; tienen, si son socios, un beneficio de distribución y utilidades; también tienen o no horarios por la tarea que realizan y sueldos, y casualmente del recuento que hicimos con AFIP esos sueldos están topeados con el mínimo exento y no se sabe si están vinculados a una tarea desarrollada o un reparto de utilidades encubiertas. Entendemos que tiene otro tipo de sentido esta retribución, que puede ser a través de honorarios y entendemos que es una renta que no puede tener un tratamiento específico y privilegiado”, aseveró la subsecretaria.

Sobre las adecuaciones que tiene que ver con el bono por productividad y la exención en el aguinaldo, la funcionaria afirmó que “eso no tiene modificación, y para evitar que exista un perjuicio en cuanto al impacto tributario, lo que hicimos es adecuar la legislación para que la compensación en alguna categoría que, puede tener quebrantos, y como la ley permite la compensación de quebrantos lo que hacemos es aislar este esquema cedular para que no haya afectación de quebrantos al esquema”. 

“Estamos eliminando los mínimos exentos que ya no tienen sentido y dejan de tener justificación porque las rentas ya tributarían por el esquema cedular. Este esquema cedular, cuando hablamos de determinar estos 180 salarios, y los determinamos en función al salario bruto gravado porque hoy tenemos exenciones vigentes que tienen que ver con la productividad y las horas extras, y por lo cual si son exenciones no forman parte de la base cuando se calculan el tope de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, ahondó.

Por último, Balestrini defendió: “Este proyecto no es un trabajo de un mes, es algo que viene hace tiempo porque hay un objetivo y un justificativo de que el salario no es ganancia”.

Tras la exposición de funcionarios del Gobierno que respaldaron el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que propone modificar el piso del impuesto a las ganancias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, también recibió a referentes del arco sindical que también manifestaron su apoyo a la iniciativa y pidieron un tratamiento “urgente” para una resolución “rápida”.

Además, le enrostraron a la oposición -que ya anticipó su rechazo- que el expresidente Mauricio Macri había prometido eliminar el impuesto a las ganancias, pero “durante su gestión lo agravó aún más”.  

En nombre de la CGT, Héctor Daer manifestó su “satisfacción de que encaremos una definición de cambio estructural, sacándole un impuesto a los trabajadores”. “Los tributos en Argentina vienen con un proceso bastante injusto”, señaló y opinó que medidas como éstas “hay resaltarlas y hay que considerarlas en el camino correcto hacia lo que debe ser un sistema tributario fiscal, que es generar equidad en términos del sostenimiento del Estado como estructura de redistribución de la riqueza que se genera en un país”.

El secretario general de la central obrera recordó las “movilizaciones, idas y vueltas y quejas” respecto a Ganancias, porque desde el sindicalismo “siempre consideramos que los ingresos altos tenían que estar tributando, tal cual como fue el origen de este tributo”, el cual “con el paso del tiempo quiso ser progresivo y terminó siendo regresivo”.

“Los médicos no hacen guardia porque cambian de categoría y pierden plata. Es parte de la crisis de la salud”, dijo el hombre del sector Sanidad -aunque no representa a los médicos, aclaró-.

Para Daer, “tenemos que dejar de pensar el porqué del momento” y, tras enfatizar que el FMI “estaba en contra de esto”, destacó que la medida provocará un vuelco al consumo: “Esto no es dinero que va a andar circulando por la timba financiera ni por las cuevas”.

Sin nombrarlo, se refirió al expresidente Mauricio Macri como “el líder de la oposición” y enrostró que, antes de su gobierno, “daba sueldos en la Ciudad de Buenos Aires para que participen en las movilizaciones” trabajadores en contra de este impuesto.

“Si estamos todos de acuerdo no preguntamos por qué ayer, por qué hoy, porque también tengo que reconocer la honestidad intelectual del ministro de Economía que, desde que se larga en el debate político, sostuvo como eje la eliminación del impuesto a las Ganancias”, reconoció a Sergio Massa.

El dirigente de la CGT sostuvo que se trata de “un paso trascendental en una reforma y una maduración de un sistema tributario que tiene que ser más equitativo en nuestro país, que tienen que pagar los que más ganan y más tienen”. “La distribución de la riqueza no es intra-trabajadores; el que gana un poquito más tiene que ser solidario con el que gana menos”, agregó.

Finalmente, ponderó la medida respecto a la devolución del IVA y completó: “Este es el camino. Les venimos a pedir que vayamos hacia una sociedad más equitativa y más justa. Esto es desfinanciar al Estado, no es que desaparece un tributo, desaparece la desproporción que genera el inciso de la cuarta categoría”.

En su intervención, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, sostuvo que el tema es “importante y fundamental porque desde hace años los trabajadores afirmamos que el sistema impositivo en el país es regresivo”.

Así, recordó que en “varias oportunidades” discutieron en el Congreso por qué era “necesario establecer reformas que apuntaran a obtener ingresos en el Estado por parte de los sectores más concentrados de la economía”. Asimismo, aseguró que han “apoyado, promovido y planteado proyectos de ley a las grandes fortunas”.

Godoy consideró que el impuesto a las Ganancias “no solo es regresivo, sino que también es antiguo”, y planteó la necesidad de “incorporar una serie de nuevos mecanismos de la actividad económica que hoy no están incorporados y que son deudas y cuestiones pendientes”, y agregó: “El tema más regresivo es que sobre los salarios se imponga el impuesto a las ganancias. Creemos que más allá de cualquier discusión técnica que, sin ninguna duda se ha expuesto con claridad quienes me antecedieron, pero si hay un tema que es conceptualmente importante modificar es el impuesto porque el salario no es ganancia”.

“Es un paso trascendental avanzar en esta idea de modificar ese concepto y de establecer un mecanismo de un impuesto a los altos ingresos y garantizar mecanismos que no permitan que sobre el ingreso del salario de los trabajadores sea efectuado ninguna imposición”, ponderó.

En esa línea, recordó que han realizado “paros nacionales en el país abordando estos temas. No es algo nuevo”, y le enrostró a la oposición que “ha habido debates por candidatos a presidentes en campañas electorales como en el 2015 cuando el candidato Mauricio Macri planteó y garantizó a la sociedad que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar un impuesto a las ganancias y muchos le creyeron, pero lamentablemente en su gobierno se duplicó el número de trabajadores afectados por este injusto gravamen”.

“Por eso este no es un tema nuevo, es de larga data que requiere urgente tratamiento y resolución y por eso valoramos y apoyamos desde la CTA esta iniciativa y solicitamos a esta comisión y a la cámara el rápido tratamiento porque es probable que alguien pueda analizar o argumentar porque es tema que tiene que ver con la coyuntura electoral, pero para nosotros no”, solicitó.

En el cierre de su presentación, calificó el impuesto a las Ganancias como “un grave peso, injusto, arbitrario y antiguo que recae sobre las espaldas de los trabajadores que deteriora las condiciones de vida o limita las posibilidades de desarrollo y obliga a situaciones de realizar tareas sin que se formalice el pago de salarios porque si no se produce la imposición de un impuesto”.

“No tenemos duda que es un tema que viene de lejos y ha significado muchos esfuerzos por la clase trabajadores para modificarlo. Estamos satisfecho que esto se aborde y se implemente de manera inmediata a partir del próximo periodo. Es urgente su tratamiento y resolución en un tema trascendental para nosotros. No solo venimos a apoyarlo y le transmitimos el mensaje a los distintos bloques”, concluyó.

A su turno, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, expresó: “Vengo acá a apoyar este proyecto, a decirles que muchos de los que están acá sentados desde hace años nos han visto reclamar y entregarles notas porque el salario no es ganancia. Hemos trabajado a lo largo de los años este concepto”. “Queremos agradecer porque hemos sido escuchados y se hizo un trabajo técnico. El límite es la ley y remarcamos la necesidad de modificar esta ley porque las paritarias resuelven parcialmente el tema”, sumó.

“Estuve escuchando estos días opiniones de algunos diputados y lo que les quiero contar es cómo es la vida de un docente que labura tres turnos porque es sostén de familia y termina pagando ganancias”, apuntó y comentó que “el 13% pagan el impuesto a las ganancias, un impuesto que es confiscatorio porque el salario tiene carácter alimentario”.

En tanto, agregó: “Cuando vi a diputados y diputadas que decían, por razones políticas, que no iban a votar este proyecto de ley me sorprendió y lo pensaba con mucha preocupación. Cuando tengan que votar, y ojalá se vote rápido, piensen en los camioneros, en los docentes, en estatales, en médicos que hacen horas extras con magos salarios que tiene que trabajar jornadas largas para poder sobrevivir. La importancia que tiene para nosotros este proyecto demorado mucho, porque hace rato debió ser votado. Algunos que prometieron sacarlo lo agravaron”.

“Hoy el 13% de los docentes pagan el impuesto a las ganancias en el país y no son salarios altos. Tengan en cuenta que en el cordón industrial que son importantes pagan ganancias también y están en la pelea hace tiempo pidiendo que se modifique la ley. No voten en contra de los trabajadores”, pidió.

Palazzo apuntó a “contradicciones” opositoras

En su intervención, Sergio Palazzo arrancó citando a diputados de Juntos por el Cambio que en su momento se refirieron de manera crítica a la vigencia del impuesto a las Ganancias. Mencionó por ejemplo a la diputada del Pro Germana Figueroa Casas. Leyó también otro discurso, en este caso del diputado Víctor Hugo Romero: “La verdad que esta situación desalienta la posibilidad que los trabajadores intenten generar ingresos complementarios”, y agregó también del mismo legislador radical que “además, producto de la inflación, los acuerdos salariales provocan que normalmente se supere el umbral de los 330.000 pesos, así se genera una situación por la que muchos trabajadores pasen a convertirse en contribuyentes de este impuesto. Esto ocasiona una gran injusticia y fundamentalmente fomenta la informalidad en las relaciones laborales”.

Ante ello, advirtió “cómo vamos cambiando el discurso” y se reivindicó con “capacidad moral” para hablar del tema por tener una militancia extensa contra Ganancias. También rechazó el argumento opositor de pedir más tiempo para discutir el tema: “Ustedes ya fijaron una posición pública de que van a votar en contra. Así que si van a votar en contra, entonces demos todas las explicaciones que tengamos que dar, pero ya hay una posición tomada a partir de un preconcepto que tienen”.

Respecto del desequilibrio que un proyecto así puede generar en las cuentas públicas, recordó que los diputados de la oposición “han presentado 39 proyectos para reformular el impuesto a las Ganancias”, lo que consideró una incoherencia. “¿Podemos discutir o no si hay un plan integral?”, se preguntó entonces.

“No he visto en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio ese proyecto integral de impuestos. Solo he visto nada más que la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3,7 veces más en materia de recaudación que lo que significa eliminar la cuarta categoría… Entonces cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero pareciera ser que cuando vamos a eliminar 3,7 la recaudación, les sirve a los oligopolios, ahí no cuidamos los recursos del Estado”, agregó el titular de La Bancaria.

Sobre la progresividad del impuesto, Palazzo dijo que la misma se da cuando se paga la seguridad social, y luego reclamó saber “por qué no acompañaron el voto cuando se trató el Aporte Solidario a las grandes fortunas, porque eso sí era progresivo en la Argentina”.

Observó también que los trabajadores del Fondo Monetario Internacional que trabajan en la Argentina “no pagan Ganancias”.

Negó finalmente que el proyecto tuviera un “sesgo electoral”, por cuanto sostuvo que sí lo sería si hubiera sido si se limitaba a lo que resta del año. “No es electoralista, porque no es un decreto, es una ley para que perdure en el tiempo, y el ministro (Massa) tiene toda la autoridad moral para elevarlo, porque siempre ha trabajador en consecuencia y en esa línea… Muy distinto al autor de la saga ‘En mi gobierno nadie pagará Ganancias’ y después 1.200.000 argentinos más pagamos Ganancias”.

Las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dieron luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto de ley que propone la creación de un régimen de promoción para la industria del calzado. 

El despacho salió solo con las firmas de los legisladores oficialistas, ya que desde Juntos por el Cambio decidieron no acompañar, en disconformidad con otorgar beneficios impositivos a un solo sector y no avanzar con una ley más integral.

Autora de la iniciativa, la primera oradora fue la diputada Constanza Alonso (FdT), quien aseguró que el proyecto “lo trabajamos mucho” y nació del consenso con el sector. “Es integral”, destacó y reveló que se introdujeron nuevas modificaciones a partir del aporte de legisladores y el Poder Ejecutivo. Se trata de “darles a los empresarios una herramienta que va a permitir que crezca el sector con previsibilidad, con reglas claras, pero también con muchas exigencias, para que cada uno de los aportes que haga el Estado vuelva en recursos productivos e inversiones”, señaló. 

La oficialista remarcó que “no pueden ser las arbitrariedades de las políticas públicas a nivel nacional y los destinos vaivenes económicos los que terminen haciendo que sectores que generan tanto mano de obra se caigan de un plumazo”.

Además, en su alocución, subrayó que “en provincia de Buenos Aires el sector del calzado tiene el 70% de la producción y los trabajadores”, mientras que “a nivel nacional genera 55 mil puestos de trabajo”. “Es una industria que cuando se pone en marcha toma personal de manera muy rápida”, destacó.

Alonso indicó que “el proyecto está pensado a 10 años” y “busca generar que cada vez tengamos más contenido nacional; no es una ley para el ensamble”. Por otra parte, apunta a “formalizar a gran parte de este sector que hoy está en una situación de informalidad. Casi la mitad está en negro o fabrica para marcas que no están dentro de la ley. La idea es poder generar los incentivos para que esta situación se normalice”.

Al explicar el texto, la legisladora remarcó también la creación del “Instituto del Calzado” desde donde se tendrán que “pensar estrategias de exportación, comercialización e internacionalización del calzado. En Argentina tenemos una enorme potencialidad, una calidad humana increíble y podemos salir fuerte al mercado”. 

Desde la oposición, el diputado Fabio Quetglas (UCR-JxC) cuestionó que el proyecto “no tuvo tratamiento en asesores” y “tuvo una sola reunión informativa”. Sobre la metodología del debate, consideró que “se impide el ejercicio de creatividad política” cuando “se podía haber enriquecido la conversación entre nosotros”.

El calzado “se trata de una actividad que tiene ribetes extremadamente significativos en términos sociales y productivos”, reconoció, pero se preguntó: “¿En función de qué criterio se fundamenta el carácter estratégico de esta o cualquier actividad?”. “Hay un montón de actividades desplegadas en el territorio, con empleo argentino, con necesidades específicas en materia de tratamiento fiscal y regulatorio, que no son tratadas porque pareciera que no tienen un diputado a mano al que pedirle”, lanzó. 

El radical sumó que “ Argentina está en una situación de fragilidad financiera fenomenal y estamos entregando un montón de beneficios en una situación que es gravosa para el equilibrio general”. 

A su turno, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) advirtió que esta actividad tiene “talleres clandestinos con enorme cantidad de trabajadores que no están registrados en ningún lado” y “este proyecto genera un régimen impositivo a las patronales” pero “no dice en qué consiste el programa para trabajadores, como si se les van a reconocer los aportes. Está planteado como una generalidad y no redunda en beneficio alguno para los trabajadores”.

Por el oficialismo, el diputado Sergio Palazzo (FdT) admitió que “muchas veces los regímenes especiales generan cierto encontronazo sobre lo que debería ser una ley impositiva más integral”. “Pero yo no tengo problema con este proyecto, porque sé que la industria del calzado es una de las industrias que generalmente es más afectada por el dumping, por la competencia desleal”, subrayó y expresó: “¿Por qué la política no debería acompañar cuando empresarios y trabajadores trabajan juntos para mejorar la situación?”.

“Es un proyecto que tiende a marcar un Estado presente antes que se genere una crisis dentro de la actividad. Yo preferiría votar hoy una ayuda impositiva para seguir sosteniendo esta industria y mejorar su capacidad de producción, antes que estar discutiendo el cierre de 26 mil PyMEs, como discutimos entre fines de 2015 y fines de 2019”, dijo. 

El jefe del Frente de Todos, Germán Martínez (FdT), ponderó que con esta iniciativa “venimos a proteger, a tratar de impulsar y promover al entramado de pequeñas y medianas empresas”. “Desconocer que además de la política económica, de los beneficios generales que puede haber, hay sectores industriales que necesitan acompañamientos específicos como sector, es desconocer la República Argentina”, aseveró. 

Para el santafesino se trata de “una muy buena iniciativa y ojalá podamos seguir aprobando otros proyectos de otros sectores industriales que son generadores de mano de obra, de innovación tecnológica, que permiten el empleo en blanco y necesitamos seguir impulsando”.

La postura de Juntos por el Cambio la dejó en claro el diputado José Núñez (Pro-JxC), vicepresidente de la Comisión de Industria, quien arrancó: “Nosotros no estamos en contra de promover ningún sector industrial, todo lo contrario. Lo que consideramos es que cuando uno gobierna a nivel nacional, gobierna para 45 millones de argentinos, y lo dijimos cuando aprobamos el régimen para las automotrices, que iban a venir a decir ‘por qué a él sí y a nosotros no’”.  

“Hay muchas cosas en las cuales coincidimos y celebro que la política junto a las cámaras empresarias y las centrales gremiales hayan trabajado juntos”, manifestó y, aunque reconoció que “tiene cosas muy positivas” también “tiene cosas que deberían ser para todos los sectores”.

El macrista anunció que desde su interbloque no iban “a acompañar, pero tampoco vamos a presentar ningún rechazo ni dictamen de minoría”. “Creemos que va a haber un cambio de gobierno muy pronto y entonces tenemos que hacer que estos temas no sean particulares, sino generales”, cerró. 

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente. 

Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”. 

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino. 

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales. 

Tras el ingreso del proyecto de ley que propone eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, anunciado por el ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en la Cámara de Diputados pondrá rápidamente el tema en debate.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, fue citada para este jueves a las 11, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las centrales sindicales.

Este miércoles, horas después de que la iniciativa ingresara a la Cámara baja, el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, reveló que convocarían para su tratamiento velozmente. Además, mencionó la posibilidad de dictaminarlo la semana próxima y que pueda debatirse en sesión -aún no citada-.

“No solamente se trata de justicia tributaria, sino que va a generar un fuerte impulso al mercado interno”, destacó en diálogo con Radio Nacional el santafesino. En esa línea, aseguró que “lo que se deja de recaudar va a apuntalar el mercado interno, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo”. 

Más allá del proceso electoral, Martínez consideró que con esta propuesta “estamos ante un cambio sustancial, en un tributo que afectó por más de dos décadas a los trabajadores”, por lo cual el tema “requiere otra actitud de toda la dirigencia opositora”. 

Ante las críticas que emitieron desde Juntos por el Cambio, el legislador pidió no entrar “en la especulación chiquita” y “hacer las cosas con seriedad”. “Después de la reacción tuitera inicial, espero que la oposición tome consciencia de la magnitud de este cambio y acompañe”, dijo. 

El virtual “receso” en el que ingresó el recinto de Diputados a partir del 23 de agosto pasado, cuando la media sanción sobre la Ley de Alquileres, concluirá la próxima semana. Es que hubo fumata blanca en las negociaciones que el oficialismo realiza con el resto de las bancadas y ya tendría el número para abrir las puertas del recinto.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a parlamentario.com, que precisaron que el tema principal de esa sesión será la reforma del Impuesto a las Ganancias. En efecto, el proyecto presentado por el ministro/candidato Sergio Massa este jueves comenzará a ser tratado con una reunión informativa y la idea es darle dictamen antes de la sesión, que sería el martes 19 o miércoles 20.

Las fuentes consultadas aseguraron entonces que “va a haber sesión la próxima semana”, y respecto de otros temas a tratar, incluyeron otro proyecto motorizado por el ministro de Economía, el de empleo para las MiPyMEs, que tendrá este miércoles dictamen.

Paralelamente se avanza en las negociaciones con otros temas para incluir en el temario, sobre el cual seguirán negociando a lo largo de los próximos días.

Desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que no darán quórum, convencidos de que el Frente de Todos buscaría incluir el blanqueo. Así las cosas, el oficialismo necesitará asegurarse los bloques “del medio” y en eso están, aunque cuentan con reparos respecto del propio blanqueo y hasta con la inclusión de todo el paquete de universidades que el oficialismo busca llevar al recinto.

Tampoco hay disposición a avanzar con la extensión de licencias laborales y el proyecto para bloquear una privatización de Aerolíneas Argentinas.

Ingresó este miércoles por Mesa de Entradas de la Cámara baja el proyecto de ley impulsado desde el oficialismo para llevar un alivio a los trabajadores registrados que pagan Ganancias –un universo de alrededor de 800 mil personas-, que a partir de ahora dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias.

La iniciativa establece que solo abonen ese gravamen menos del 10% de aquellos empleados registrados; esto es, un 0,88% de los trabajadores que tienen empleo registrado en la Argentina.

El costo fiscal estimado para ese proyecto es de un billón de pesos anuales, según confirmaron desde el propio Ministerio de Economía.

El texto lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, y cuenta con 9 artículos, donde se “deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones”, por un lado, y por el otro incorpora en la ley del mencionado gravamen un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.

El proyecto detalla en sus fundamentos la evolución y el alcance de dicho gravamen desde los tiempos de la Alianza hasta el presente, remarcando que al finalizar el año 2019 (gestión Cambiemos) alcanzaba a 2.500.000 trabajadores. Esto es el 30% del total de los empleados registrados en todo el país.

La medida anunciada tiene como objeto gravar, exclusivamente, a estos mayores ingresos, con un impuesto cedular (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-; actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27 % y el 35 %.

La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo al siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa nueva fecha.

Las retenciones realizadas sobre las ganancias netas percibidas durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de julio, toda vez que la escala progresiva que, en definitiva, aplique para todo el período anual, es la de los montos del salario mínimo, vital y móvil vigente en el citado mes de julio.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones

de privilegio”, plantea el proyecto.

Además, esta medida “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados y las asalariadas, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a estar pendiente de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores y las empleadoras, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, agrega el texto conocido este miércoles.

Todos estos cambios resultarán de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes.

0016-PE-2023

Fracasó este martes un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados que iba a tratar un proyecto sobre la creación de protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado -donde fue votada por unanimidad- desde diciembre de 2021, es decir que, si no se trata antes del recambio parlamentario, caerá.

Pasada la media hora de la citación, la presidenta de la comisión cabecera, Roxana Reyes (UCR-JxC), informó que no se había logrado reunir el quórum y que se llamaría a una nueva convocatoria. El proyecto también debe pasar por Presupuesto y Hacienda.

Reyes alegó que algunos legisladores tuvieron complicaciones con los vuelos para llegar. Hubo ausentes tanto desde el oficialismo -solo se lo vio a Eduardo Toniolli– como desde Juntos por el Cambio, aunque los presentes eran más desde ese lado del salón. También estuvieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.

A pesar de no haber tenido quórum, en la reunión se escucharon a invitados de distintas organizaciones interesadas en la temática. La primera en exponer fue la directora Ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Watcher, quien la semana pasada estuvo ante la bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ante la ausencia oficialista, Reyes remarcó: “El proyecto vino con unanimidad del Senado, pero claramente hay una decisión política de algunos bloques de no dar el debate sobre este proyecto. Nosotros vamos a insistir con la convocatoria a ambas comisiones porque puede perder estado parlamentario a fin de año”.

“Hoy cuando un profesor de educación física, un docente o director de deportes de un club, una pileta u otra institución, advierte que pueda haber alguna situación que puede tener que ver con el abuso sexual infantil, suele ser muy traumático para el propio profesor o directivo, y muchas veces no saben cómo proceder, qué protocolo aplicar sin revictimizar, sin vulnerar los derechos o afectar la propia intimidad del niño. Entonces debemos trabajar sobre estos marcos de actuación”, explicó la radical al salir de la reunión.

En ese sentido, agregó que “hoy tenemos víctimas que están sufriendo porque quienes debemos generar las herramientas para prevenir estas situaciones hoy no dimos el debate”. “Vamos a insistir y seguir convocando al plenario de comisiones, y esperamos que los diputados del Frente de todos y de La Libertad Avanza entiendan de la niñez es también una agenda prioritaria”, lanzó contra sus pares. No obstante, LLA no cuenta con integrantes en esas comisiones.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.

En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.

Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirá para debatir sobre un proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.

El encuentro está agendado para este martes a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Si le dan dictamen, deberá después pasar por Presupuesto y Hacienda.

El jueves pasado, la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.

Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.

En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.

Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

¿Qué duda cabe a esta altura de que Javier Milei consiguió en las PASO un batacazo absolutamente inesperado (por eso se les dice “batacazos”) que conmovió a la política argentina? Semejante elección permite vislumbrar un importante número de legisladores que podrían desembarcar en ambas cámaras, que de todas maneras resultarían insuficientes para el caso de que “el león” llegue a consagrarse presidente, pues un tercio de las bancas en disputa -que es lo que conforme lo ocurrido en las PASO alcanzaría- resultaría insuficiente para cualquier oficialismo. Pero esa es otra cuestión que no viene al caso para esta nota que consiste en analizar qué tipo de legisladores podrían llegar al Parlamento acompañando la experiencia libertaria.

Si se replicara el resultado de las elecciones primarias, La Libertad Avanza sumaría 38 diputados nacionales, que se integrarían a los tres que ya están en sus bancas -el propio Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo-, pero está claro que es más que probable que esos 41 diputados que podrían llegar al Congreso es solo una base, pues todas las encuestas anticipan que a La Libertad Avanza le irá mejor en octubre. Que es cuando realmente se determina la integración de cada cámara.

En este análisis que haremos de todos los diputados que podrían sumarse a la Cámara baja a partir de diciembre, podremos ver en breves líneas quién es cada uno y determinar a priori cuánto de casta hay en el ADN libertario que llegará a las bancas de Diputados.

Hay de todo: muchos emprendedores, una cosplayer y hasta una exbecaria del Conicet. También concejales y diputados provinciales; varios presidentes de partidos…

Los números pueden ser incompletos, pues no es lo mismo un Ricardo Bussi, que lleva décadas como político, que otro que ha fundado su propio partido político, como también los hay, pero que está desde hace poco tiempo en la política. Así y todo, vale esa regla utilizada para medir a cada futuro legislador y en ese caso encontraremos que de los 38 probables diputados que se sumarían por LLA a la Cámara baja, 20 pueden ser considerados “no casta” y 18 sí. Algunos más “casta” que otros, como dijimos, pero casta al fin. Casi un equilibrado 50%.

Pero no nos quedemos en esos detalles, vayamos directamente al “uno por uno”, distrito por distrito.

BUENOS AIRES

Aunque La Libertad Avanza salió en tercer lugar en la provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de bancas que se ponen en juego en la “madre de todas las batallas”, el espacio de Javier Milei obtendría -en caso de sacar en octubre resultados similares a los de las PASO- un importante número de diputados por este distrito. La lista la encabeza Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien trabajó 10 años para Banco Santander de Argentina en la banca comercial y 12 años como director general de Universidad Argentina. “Bertie es un profesional intachable. Hijo de Alberto, prócer liberal. Y es un placer y un honor que encabece la boleta de candidatos a diputados nacionales por la provincia”, sostuvo Milei cuando lo anunció como precandidato. El padre de “Bertie”, de igual nombre que el hijo, a quien el libertario llama “prócer” de las ideas liberales también se ha manifestado a favor de la venta de órganos y en contra del aborto legal.

“Bertie”, primero en la lista, prometió que trabajará “para que el Congreso sea también un factor de cambio”. “No es posible que se legisle para controlar, regular y tributar cada paso que dan los individuos o para promulgar el día de la flor. Hoy la carta de presentación de un legislador es la cantidad de proyectos para legislar que ha presentado. Una mirada absolutamente dantesca. Deberían cobrar sus dietas conforme a cuántas leyes derogan”, opinó.

Segunda en la nómina aparece Marcela Pagano, de profesión periodista, que ha trabajado en programas de Radio Mitre, TN/Canal 13 y América TV/A24. También se desempeñó en el diario Clarín y la TV Pública. Luego de su despido de América en mayo pasado, la comunicadora se acercó al espacio de LLA y, en una carta titulada ¿Por qué Milei?, dijo que allí se permite ingresar a quienes se sienten “decepcionados de los partidos dominantes, involucrarnos en generar propuestas y cambios que lleguen a la gente”.

“Para que los argentinos vivan mejor se necesita un líder político que no quiera tenerlos de clientes o de rehenes. Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión”, agregó en ese texto público.

Un hombre de estrecha confianza -además de su pareja- de Victoria Villarruel es quien ocupa el tercer lugar en la lista: Guillermo Montenegro, secretario general del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires y asesor de la candidata a vicepresidenta en la Cámara de Diputados. También forma parte de la Fundación Oíd Mortales.

Otro nombre vinculado a referentes de LLA es el de María Lorena Macyszyn, ubicada cuarta en la nómina. Es cuñada de Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense, y de acuerdo con su perfil en LinkedIn, la única experiencia laboral que figura es haber sido jefa de despacho de Píparo en la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires. Además de licenciada en Administración, se encuentra finalizando la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Austral. “Durante 20 años trabajó en la administración de una empresa familiar y ha llevado adelante distintos emprendimientos personales”, la definieron desde el espacio liderado por Milei cuando se conocieron las precandidaturas.

En quinto lugar figura un exdiputado nacional: Pablo Ansaloni, dirigente de la UATRE que estuvo en la Cámara baja entre 2017 y 2021. En 2019, junto a Beatriz Ávila y Antonio Carambia abandonó el interbloque Cambiemos para pasar a Unidad Federal para el Desarrollo. Bajo el hashtag “QueDevuelvanLasBancas”, sus excompañeros los escracharon en redes. Incluso, el expresidente Mauricio Macri tuiteó en aquel momento: “Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos”.

El sexto puesto de la lista por Buenos Aires lo tiene la referente de LLA en Mar del Plata Juliana Santillán, hija de un suboficial mayor de la Armada y diplomada en economía austríaca. Con pasado en Juntos por el Cambio, fue la encargada de organizar el acto en Mar del Plata en enero de 2022, cuando Milei sorteó su primera dieta como diputado.

En el séptimo lugar se encuentra Eduardo Falcone, referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), oriundo de Chivilcoy, quien confesó que -hasta antes de las PASO- sólo había visto una vez en su vida a Milei, con quien coincide “la mayoría de sus propuestas, como la reducción del gasto público, bajar el gasto clientelar, bajar impuestos y liberar inversiones privadas”.

Octava en la nómina figura Lilia Lemoine, que se presenta en sus redes como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”, por esta última actividad es que se la conoce por disfrazarse de diferentes personajes y superhéroes. Además es la maquilladora y asesora de imagen del candidato de LLA. Durante la pandemia su nombre se conoció en los medios por haber atacado a huevazos un móvil del canal C5N en una marcha “anticuarentena”.

En tanto, durante el polémico acto que el pasado 4 de septiembre Victoria Villarruel realizó en la Legislatura porteña para homenajear a “las víctimas del terrorismo”, un manifestante la roció con nafta en la cara. En un video de descargo en sus redes, Lemoine dijo: “Yo no entiendo cómo alguien puede decir que defiende derechos humanos y luego lanza un combustible sobre una mujer”. Agregó que alguien le preguntó sobre qué pensaba del robo de bebés en la dictadura y ella respondió que le parece “lo más inmundo e infame que pueda ocurrir, pero eso no quita que haya habido víctimas del otro lado y que es por esas víctimas que nuestro espacio pide”.

Si los números de LLA se mantuvieran en octubre, podrían ingresar nueve diputados por el espacio y, en ese caso, el último sería Santiago Santurio, filósofo y profesor, presidente de Ciudadanos y jefe de despacho de Milei en la Cámara baja.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la Ciudad de Buenos Aires La Libertad Alianza estaría consiguiendo dos bancas de diputados. La primera corresponde a alguien muy conocido y mediático, la economista Diana Mondino, quien es directora de Relaciones Institucionales y profesora de finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de la Universidad CEMA. Tiene experiencia en temas económicos y de management. Su actividad siempre se desarrolló en el ámbito privado, siendo directora de Loma Negra, Banco Roela y Bodegas Bianchi. También lo fue en Pampa Energía y el Banco Supervielle.

Si Javier Mileigana las elecciones, seguramente será parte del Ejecutivo, pues suena como canciller. En ese caso, asumiría en su lugar Sandra Pettovello, una licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral. Tiene un postgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya y es licenciada en periodismo en la Universidad de Belgrano. Fue miembro de los equipos de investigación del IAE Business School y de la Universidad Austral, y hoy se desempeña como consultora en orientación laboral y vocacional.

El segundo diputado que si se repitieran los resultados de las PASO ingresaría a la Cámara baja es Oscar Zago. De origen radical, es actualmente legislador porteño por La Libertad Alianza. También fue defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad.

CHACO

Por el Chaco ingresaría un legislador libertario. Sería Carlos Daniel García, quien es productor rural.

Sostiene que los principales candidatos que compiten con Milei “son un borrador mojado” de lo que dice el líder libertario. Para García, “la adhesión que recibe Javier, por eso, es amplia y diversa. Hace poco un hombre mayor, en una localidad del interior, vio que estábamos entregando boletas a nuestros referentes y me pidió varias. Dijo que era porque su nieto le había hablado de Milei y de su propuesta, y él quería apoyarlo. Eso está pasando mucho, son los jóvenes los que difunden la propuesta en sus familias”.

CHUBUT

En esta provincia patagónica, César Hernán Treffinger ingresaría como diputado nacional. Es el presidente del Partido Ciudadanos por Chubut que él mismo fundó y fue candidato a gobernador de su provincia, donde salió tercero, con un 13,1% de los votos.

Tiene 48 años, es emprendedor patagónico y padre de cinco hijos, tal cual se define desde su cuenta de X.

CORDOBA

Por la provincia de Córdoba, La Libertad Avanza podría sumar tres diputados. Ellos serían María Celeste Ponce, Gabriel Marcos Bornoroni y María Cecilia Ibáñez.

De 35 años, Ponce encabeza la lista cordobesa de diputados de Milei y arrancó su militancia en las marchas a favor de “las dos vidas”, contra la Ley de IVE. Se integraría más tarde a la agrupación Pumas Libertarios y se ha desempeñado en el ámbito privado: se define como pequeña empresaria e inversionista y tiene una compañía de software.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y está finaklizando sus estudios en la Universidad Siglo 21.

Bornoroni es presidente de la Confederación de Entidades del comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) Y DE LA Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (FECAC), además de ser tesorero de la Cámara de Comercio de Códoba.

Fue compañero de fórmula para la gobernación junto a Rodolfo Eiben por el Frente Demócrata Liberal.

La tercera de la lista, María Cecilia Ibáñez, es presidenta del MID en su provincia. Tiene 58 años.

CORRIENTES

Por la provincia de Corrientes ingresaría a la Cámara baja Claudio Lisandro Almirón. Es concejal de la capital provincial por el partido Unión Celeste y Blanco. Formó parte de varios partidos y alianzas a lo largo de su carrera política: arrancó en el Partido Nuevo y en 2007 fue convencional constituyente para la reforma de la Carta Magna provincial. Llegó al Concejo Deliberante a través del exvicegobernador Gustavo Canteros y tiene dos años más de mandato en el Concejo Deliberante.  

ENTRE RIOS

Beltrán Benedit es el diputado de La Libertad Avanza que ingresaría al Congreso a partir del 10 de diciembre. Ingeniero agrónomo oriundo de Paraná, se recibió en la Universidad Católica Argentina. Es director de la Sociedad Rural Argentina de su provincia y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

FORMOSA

Por la provincia de Formosa el candidato de La Libertad Avanza que accedería a una banca es Gerardo Gustavo González, emprendedor textil que estaría así desplazando nada menos que al tercer lugar y sin banca alguna a la lista de Juntos por el Cambio.

JUJUY

Tras el triunfo en Jujuy de la lista Libertad Jujuy del Frente Renovador Federal que representa allí a La Libertad Avanza, dos diputados ingresarían por esa fuerza al Congreso. Ellos son Manuel Quintar y María Claudia Neme Scheij.

Quintar fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista en 2021. De profesión abogado, tiene 41 años y gerencia la clínica Los Lapachos. Participó como corredor de motos en los campeonatos de superbike y enduro.

De 60 años, María Claudia Neme Scheij es vicepresidenta del Frente Renovador Federal. Es licenciada en Comunicación Social y Claudia Neme Scheij, es Comunicadora Social, y preside Ciudadanía Cibersegura. Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital, recibió el premio Grandes Mujeres por la Paz. En sus talleres habla de bullying y violencia digital.

LA RIOJA

Sobrino del expresidente Carlos Menem e hijo del expresidente provisional del Senado Eduardo Menem, el candidato que ingresaría a la Cámara de Diputados a través de La Libertad Avanza por la provincia de La Rioja es Martín Alexis Menem. De 48 años, compitió para la gobernación riojana por el espacio de Javier Milei este año, saliendo tercero.

Se desempeñó siempre en el ámbito privado; fue dueño de un salón de fiestas en el barrio de Belgrano, en CABA y trabajó en una empresa de promociones. Creó luego su propia empresa, dedicada a la importación de suplementos dietarios Gentech.

De la mano de Milei llegó a la Legislatura riojana, donde es desde 2021 diputado provincial.

MENDOZA

Por la provincia de Mendoza ingresarían tres diputados: María Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Micaela Arrieta.

Encabeza la lista de La Libertad Avanza en Mendoza María Mercedes Llano, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública recibida en la Universidad Nacional de Cuyo. Fue becaria postdoctoral del Conicet entre 2016 y 2019 y actualmente es diputada provincial de Mendoza por el Partido Demócrata y fue concejal de Godoy Cruz entre 2010 y 2014.

De 45 años, discrepa con la postura de Milei de cerrar el Conicet, una institución que dice valorar “muchísimo”. Sostiene que no se puede privatizarlo porque “es un organismo público”, aunque sí debe ser reformado. “Hay que replantear muchos aspectos, pero es una institución que la considero valiosa”. Es hija de Gabriel Llano, histórico dirigente demócrata que fue diputado nacional.

Facundo Correa Llano tiene 44 años y es gerente general en Forwards Desarrollos Inmobiliarios. También pertenece al Partido Demócrata. Fue asesor de la diputada Mercedes Llano.

Lourdes Arrieta es locutora, tiene 30 años y su primer contacto con la política fue a través del manejo de las redes sociales de una concejala de Guaymallén. Licenciada en Comunicación Social, tiene una diplomatura en Análisis Estratégicos de los Conflictos Contemporáneos y estudia Gestión Legislativa en el Senado de la Nación. Hija de un excombatiente en Malvinas, es de religión evangélica.

NEUQUÉN

Neuquén fue una de las provincias en las que Milei se impuso ampliamente y, aunque la lista de diputados nacionales obtuvo un poco menos de puntos respecto a la categoría presidencial, LLA lograría meter un diputado por este distrito. Más precisamente una diputada, pues encabezó la nómina Nadia Márquez, quien se define como “cristiana, madre y esposa, abogada, provida, pastora de la iglesias ‘Jesús es Rey’ y concejal”. En las elecciones locales fue electa legisladora provincial.

En declaraciones a LM Neuquén, Márquez aseguró que en LLA tuvieron “mucho apoyo de distintos sectores tanto etarios de trabajadores, de espacios religiosos, de gente en los barrios que está cansada de vivir de las migajas de un Estado que cree que puede decidir qué te da, cuánto te da, cómo te lo da y que quiere trabajar y quiere que la Argentina salga adelante”. “Recibimos mensajes que nos decían, Nadia, no queremos que nos regalen nada. Queremos tener un trabajo digno porque con la polenta no alcanza. Ahora encima es solo polenta, ni siquiera queso. La gente creo que está muy cansada”, expresó.

RIO NEGRO

A partir de los resultados obtenidos en las PASO en Río Negro, LLA estaría en condiciones de ganar una banca, que sería para Lorena Villaverde, líder del Partido FE en esa provincia. “El decir de Javier de que viene a despertar leones, de verdad que lo somos y no viene a despertar corderitos para llevarnos de un lado para el otro”, manifestó en una entrevista con Río Negro Radio la empresaria de Las Grutas, que fue candidata a intendente de San Antonio. También considera que “hay que acabar con el nefasto ‘zaffaronismo’ y puerta giratoria de los delincuentes” y “hay que bajar los costos políticos de los privilegios de la casta y tener la determinación de ser un pueblo con educación”.

SALTA

Pese a no haber visitado la provincia antes de las PASO, uno de los resultados más sorprendentes del espacio libertario se dio en Salta, donde Javier Milei arrasó con el 50% de los votos. Si esa performance se repitiera, se estaría llevando dos escaños en la Cámara baja de los cuatro que se renuevan. En un acuerdo con el partido Ahora Patria, liderado por el exdiputado Alfredo Olmedo, LLA llevó como primera candidata a diputada a María Emilia Orozco, licenciada en Ciencias de la Comunicación y actual concejal de la ciudad de Salta. Durante la campaña afirmó que si resulta electa se quedaría con la parte de la dieta que iguale el salario de una docente con antigüedad de tres años y el resto lo donaría. Junto a Olmedo organizó el polémico sorteo diario de cien dólares.

Orozco está secundada por Julio Moreno, exdiputado provincial de 2017 a 2021, quien supo ser jefe del interbloque de Cambiemos en la Legislatura, pero luego se alejó del espacio. Desde febrero de 2022 es vocal del Tribunal de Cuentas.

SAN JUAN

En San Juan, LLA también lograría arrebatar un diputado, que sería José Peluc, del partido ADN y quien fue director de la delegación de Enacom en la provincia. Tras las PASO, elogió al candidato a presidente: “Es una persona que tienen estudiada la situación en la Argentina. Tiene un estudio minucioso. Va a dar en la tecla en cada medida porque ese estudio lo hizo antes de meterse en la política. Nos viene demostrando que los tiempos de la política los ha manejado bastante bien. Hace dos meses nos dijo que este iba a ser el resultado”, dijo.

SAN LUIS

Si repitiera los resultados de agosto en octubre, LLA además de obtener bancas para el Senado podría colocar un diputado por San Luis, donde la lista estuvo encabezada por Carlos González D’Alessandro, presidente de la Fundación SODETEC (Soluciones para el Desarrollo Tecnológico), la cual “promueve, desarrolla y ejecuta acciones que contribuyen al cuidado del medioambiente”. Además, el candidato es profesor de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Salamanca y autor del libro “Innovar transforma ciudades”.

En la noche de las PASO, expresó: “Es una jornada impresionante, un sueño hecho realidad, que el pueblo de San Luis haya despertado junto con toda la Argentina, tras el fenomenal mensaje de Javier Milei de tener una Argentina mejor, con futuro, con una economía sana, sin políticos corruptos”.

SANTA FE

En una de las provincias con mayor incidencia en las elecciones, como es Santa Fe, el espacio libertario podría obtener cuatro diputados. La nómina la encabeza la economista Romina Diez, quien dijo que es “liberal desde los 14 años”. Conocida como columnista en medios locales, la candidata confesó en El Tres TV: “Con Javier y su hermana Karina dijimos que hay que ir un paso más porque Argentina está en decadencia y eso se viene profundizando en estas décadas. No tiene salida. ¿Estamos preparados para saltar al barro? Fue una pregunta que me hice y no dudé. ‘Es momento de meterse’ me dije”.

En segundo lugar se encuentra Nicolás Mayoraz, diputado provincial desde 2019 por el bloque Somos vida y familia, se define como “argentino y de derecha”. Recibió una denuncia por exmiembros de su partido por exigirles una “devolución” de sus sueldos.

En el tercer puesto figura Rocío Bonacci, de 27 años, hija de José Bonacci, apoderado del partido Unite -dentro del cual está Amalia Granata-. “En la política no estoy metida, no es algo me gusta”, confesó en una entrevista a Radiópolis, pero dijo que buscaba ser “la voz de los jóvenes trabajadores, como joven que trabaja y nadie le regala nada”. Reveló que trabaja como manicura entre ocho y 12 horas por día.

Marcos Peyrano, un abogado conocido por intervenir en causas colectivas -como los incendios en las islas del Delta- o defender a personas estafadas por financistas, está en cuarto lugar de la lista.

SANTIAGO DEL ESTERO

Vencido el plazo para el registro de los candidatos consagrados en las PASO, el partido Unión Celeste y Blanco, que iba aliado con Milei en Santiago del Estado, no presentó las listas y el libertario se quedará en octubre sin categorías de diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Es decir, competirá con boleta corta. La situación se adjudica al Frente Cívico por Santiago, liderado por el gobernador Gerardo Zamora, ya que Unión Celeste y Blanco ha sido históricamente un aliado del oficialismo local en las elecciones provinciales.

TIERRA DEL FUEGO

En Tierra del Fuego en las elecciones provinciales Javier Milei había apostado por la pastora evangélica Andrea Almirón de Pauli como candidata a gobernadora -sacó un poco menos del 10%-, mientras que para las elecciones nacionales quien encabeza la lista de diputados nacionales -y podría ingresar a la Cámara baja- es Santiago Pauli, hijo de la pastora y fundador de Republicanos Unidos (anteriormente denominado Partido Libertario).

En su perfil de la red social X se define como “docente, emprendedor y cristiano”. En tanto, en la página de RU amplía: “Soy docente con más de 15 años de experiencia en instituciones públicas y privadas de diferentes niveles. Actualmente coordino los Centros de Aprendizaje de la Universidad Siglo 21 en Tierra del Fuego. Soy emprendedor y fundador de diferentes proyectos de servicios empresariales y de servicios educativos”.

TUCUMÁN

Después de haber competido -una vez más- como candidato a gobernador, apoyado por Milei, el legislador provincial Ricardo Bussi lidera la lista de diputados nacionales que respalda al candidato presidencial de LLA. Sorpresivamente, de acuerdo a las proyecciones de las PASO, los libertarios podrían obtener dos bancas por esta provincia. Hijo de Antonio Domingo Bussi, militar acusado por delitos de lesa humanidad, el referente de Fuerza Republicana fue senador nacional entre 2003 y 2007.

Con un video donde aparece practicando tiro, Bussi lanzó oficialmente su campaña a gobernador con un polémico spot que acompañó con el mensaje: “¡Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya! Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. ¡Sí a la portación libre y legal de armas!”.

En 2020 fue acusado de abuso sexual por una joven que trabajaba en su entorno, en el partido Fuerza Republicana que él preside.

El segundo puesto lo ocupa Sandra Orquera, del espacio de Bussi, quien actualmente es legisladora provincial y vicepresidenta segunda de la Legislatura. Precisamente por ese rol es que quedó a cargo de la gobernación de Tucumán por 24 horas. El hecho ocurrió hace dos años, cuando el gobernador interino Osvaldo Jaldo viajó a Buenos Aires junto a Néstor Regino Amado, presidente de la Legislatura y a Juan Ruiz Olivares, vicepresidente primero.

En esa ocasión, Orquera aprovechó para mostrarse sentada dentro de la Casa de Gobierno y también mantuvo allí un encuentro con Bussi. “Hoy estuve realizando mi labor en Casa de Gobierno como la primera gobernadora de la provincia”, escribió en sus redes en octubre de 2021.

El oficialismo en Diputados trabaja para realizar una sesión en el mes de septiembre y se ha impuesto una fecha probable: el martes 19. Pero esa fecha puede variar. Así como en principio se había manejado el miércoles 13, ahora se especula con el 19, y es lo que desde el Frente de Todos se encargan de señalar cuando les piden a sus miembros fechas probables. No es lo que sucede en la oposición, donde aclaran que no hay nada firme. Solo conversaciones y especulaciones, “pero no hay fechas ni certezas”, aseguran.

Una fuente de la oposición consultada por parlamentario.com reconoció su extrañeza respecto a que se hablara tanto en su momento sobre una sesión el 13 de septiembre y en ese sentido aclaró que “hoy tampoco está prevista una para el 19”. Empero, reconoció que seguramente habrá una sesión, pero todavía no hay fecha. Y especuló: “Para fines de septiembre o principios de octubre”.

Desde Juntos por el Cambio admitieron que se preparan para la posibilidad de que el Frente de Todos quiera convocar para el 19 de septiembre, pero aclaran que no están dispuestos a dar quórum, ante la certeza de que el oficialismo quiere incluir en el temario el proyecto denominado “Exteriorización del ahorro argentino”. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país. El proyecto fue tratado el pasado 24 de agosto en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con las visitas del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el de Aduanas, Guillermo Michel, y obtuvo dictamen a la semana siguiente, con la intención oficialista de incluirlo en el temario de la próxima sesión.

Juntos por el Cambio aseguró en su momento que no apoyarían el proyecto y de hecho presentaron un dictamen de rechazo. Por eso adelantaron que si es incluido en el temario de la próxima sesión, no darán quórum. “Blanqueo bloquea el quórum”, enfatizó la fuente consultada, aclarando que si el oficialismo reúne las 129 voluntades para iniciar la sesión, bajarán a dar el debate.

¿Y universidades? En JxC sospechan que la intención del oficialismo es también incluirlo en ese temario, siendo que parte de la principal oposición no apoya la creación de esas universidades, mas aclaran que el principal rechazo lo tiene el blanqueo, que consideran innegociable faltando tan poco tiempo para concluir el actual Gobierno.

Con 118 diputados oficialistas y aliados insuficientes para formar el quórum, cada presencia será indispensable si no se cuenta con la anuencia de JxC. Al explorar entre los bloques “del medio”, parlamentario.com recibió como respuesta la certeza de que habrá sesión solo si el oficialismo avanza con “un temario razonable y equilibrado”. ¿Qué significa eso? Que si plantea “un temario de mera campaña”, no habrá sesión.

Es la condición sine qua non que se plantea desde los bloques que necesita el oficialismo sentados en sus bancas para poder comenzar a debatir. Esa postura excluye, por ejemplo, la extensión de licencias y el proyecto sobre Aerolíneas Argentinas.

En el primero de los casos, se trata de un proyecto que amplía las licencias laborales y que obtuvo dictamen el pasado 22 de agosto. Entre los principales cambios que establece el dictamen de mayoría figura el otorgamiento de 126 días de licencia para personas gestantes (actualmente es de 90); amplía la licencia de personas no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes. No son las únicas disposiciones que establece un proyecto elaborado a partir del análisis de 55 proyectos pertenecientes a legisladores de todos los sectores.

Esta iniciativa cuenta con un margen ajustado para su aprobación, ya que desde JxC y el interbloque Federal presentaron dictámenes propios. Así las cosas, no sería este el momento adecuado para llevarlo al recinto.

Menos aún el proyecto de “protección de Aerolíneas Argentinas”. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner que establece una suerte de “cepo” para la eventual estatización de la aerolínea de bandera. Esto es, para autorizar su eventual privatización, debería contarse con los dos tercios de ambas cámaras. “La conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”, puso como reparo durante su debate en comisión el diputado del Pro Pablo Tonelli, antes de que junto a sus compañeros de Juntos por el Cambio se retiraran de la comisión en discrepancia con la manera propuesta por el oficialismo para dar ese debate, limitándose a una sola reunión para dictaminar, el 22 de agosto pasado. Tonelli agregó ese día que “solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido, porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.

Si bien parecía en principio que el proyecto del expresidente de la bancada oficialista contaría con la anuencia de otros sectores, esto no estaría ocurriendo, razón por la cual esa iniciativa sería un obstáculo para una eventual sesión.

“Si el temario va por la rebaja de contribuciones patronales y GNL, va a haber sesión”, aclararon desde la oposición que el Frente de Todos necesitará para arrancar una sesión. Estamos hablando del proyecto conocido como “Emplea PyME”, que contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que percibe planes sociales o a jóvenes de entre 18 y 25 años que accedan al mercado laboral por primera vez. El proyecto de Sergio Massa figura en el temario de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este miércoles, que recibirá invitados, pero en la que se planea dar dictamen ese mismo día.

En el caso del Régimen de Promoción del GNL en nuestro país, ese proyecto tuvo dos reuniones informativas el 4 y el 11 de julio pasados, cuando concurrieron el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royon. El proyecto del Ejecutivo prevé declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Desde el interbloque Federal ya adelantaron su apoyo a la iniciativa, lo que garantizaría que contara con su aprobación, más allá de la actitud que vaya a tener Juntos por el Cambio. Cabe consignar que el proyecto aún no tiene dictamen.  

En plena campaña electoral, en el medio de elecciones provinciales pendientes y de cara a las presidenciales del 22 de octubre desde la oposición advierten que “si el oficialismo se anima a construir una agenda con diálogo, que aborde temas importantes o estratégicos, va a haber acompañamiento. Si es una agenda de coyuntura para la campaña, no”.

En el medio, puede haber matices, claro está. Por ejemplo, hay temas como la eliminación del pago del impuesto a las Ganancias por parte de los trabajadores, que estaría madurando en el seno del Gobierno y del cual habría novedades este lunes. Desde la oposición admitieron que en tono de campaña el candidato oficialista y ministro de Economía agitó la posibilidad de aprobar una eliminación de ese impuesto y desde JxC redoblaron la apuesta. “Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos”, lo azuzó Cristian Ritondo a través de X, y en el mismo sentido se pronunciaron sus pares Ricardo López Murphy y Sabrina Ajmechet.

Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos. https://t.co/y3jpAXeyDf

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 7, 2023

El tema es que esta semana el ministro/candidato podría avanzar con esa iniciativa, y desde el resto de la oposición están dispuestos a darle rápido tratamiento en ese caso.

Lo mismo harían con alquileres, para el caso de que el proyecto vuelva reformado desde el Senado, por tratarse de “un tema socialmente relevante”.

¿Y universidades? “Una cosa son 8 universidades, otra son 4”, diferenció un diputado de la oposición. Recordemos que desde el año pasado el oficialismo quiere tratar la creación de las universidades nacionales de Madres de Plaza de Mayo, Saladillo, Cuenca del Salado, Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos. Algunas de ellas tienen fuertes reparos de la oposición, otras no tanto.

Tampoco verían con buenos ojos el tratamiento del Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, que apura el oficialismo con un debate en plenario este miércoles a las 13.30. Desde la oposición rechazaron un tratamiento exprés para un tema que, además, no consideraron prioritario.

Sí se aceptaría en cambio el Plan de Ciencia 2030, que tuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

“Si construyen un temario que no esté asociado a las necesidades de la campaña y la coyuntura, es posible tener una sesión lo más pronto posible, con acompañamiento”, resumió un legislador de los bloques del medio.

La aprobación de la expropiación de YPF en la Cámara de Diputados se registró el 3 de mayo de 2012. Fue por amplia mayoría, con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. Se convirtió así en ley la declaración de interés público y sujeto a expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, que dejaron así de pertenecer a Repsol.

El proyecto del Ejecutivo tuvo un masivo respaldo opositor en general, pero no en particular. El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, el PJ de La Pampa y Unión Peronista.

El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra con énfasis y por unanimidad. También se opusieron desde el Partido Demócrata de Mendoza.

Al momento de la votación se ausentaron once diputados: Oscar Aguad, Hugo Castañón e Hipólito Faustinelli por la UCR; Omar Duclós y Margarita Stolbizer del GEN -ésta última en el exterior-; el catamarqueño Pedro Molas -de licencia por enfermedad-; las macristas Gabriela Michetti y Silvia Majdalani; Ivana Bianchi (Frente Peronista), la cordobesa Estela Garnero y el juecista Jorge Valinotto. Los presentes sumaron 246.

Opuestos a votar a favor como el resto de la bancada radical, Aguad y Faustinelli se retiraron del recinto al momento de votar. El tucumano Juan Casañas votó por la afirmativa “por mandato partidario y sentido de pertenencia”, aunque aclaró: “Acepto la decisión pero no la comparto”. Por su parte, el correntino Lucio Aspiazu se negó a apoyar el proyecto del Ejecutivo, argumentando que “si esta es una política de Estado (los oficialistas) hubiesen aceptado un dictamen estructural”.

En tanto, en el peronismo disidente dieron libertad de acción, tras no lograr unificar una postura, al igual que lo que había ocurrido en el Senado. Por eso, de los 23 integrantes del interbloque Frente Peronista solo cuatro votaron a favor: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta (MIJD), María Cremer de Busti y el secretario general de los petroleros, Alberto Roberti. Los diputados restantes optaron por la negativa. Ivana Bianchi estaba ausente, en tanto que Graciela Ocaña se abstuvo.

La Coalición Cívica-ARI tampoco tuvo una posición unánime. Tres diputados acompañaron con sus abstenciones a Elisa Carrió: Hilma Ré, Alicia Terada y Alfonso Prat Gay. Carlos Comi y Horacio Piemonte votaron junto al oficialismo en general.

En cuanto a los monobloques, se expresaron por la negativa Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) y Carlos Favario (Demócrata Progresista). Mientras tanto, Marcela Rodríguez (DIP) y Bernardo Biella Calvet (Udeso Salta), votaron a favor pero propusieron modificaciones en el articulado. El oficialismo también contó con el respaldo del salteño Alfredo Olmedo; Eduardo Ibarra (Unión por San Juan), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento).

Aclaración del radicalismo

Atento a su voto positivo de entonces, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, aclaró este viernes que fueron dos leyes las que votó el Congreso. La expropiación en 2012 y el acuerdo amistoso en 2014.

Fue este acuerdo Repsol – Kicillof lo que abrió las puertas de los actuales juicios porque los accionistas minoritarios (el grupo Petersen y los que compraron sus acciones) no fueron tenidos en cuenta en el arreglo. La UCR votó en contra en 2014, aclararon fuentes del partido centenario.

En efecto, el 24 de abril de 2014 la Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo con Repsol por YPF con 135 votos positivos, 59 negativos y 42 abstenciones.

El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contemplaba una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.

A favor: 135

Norma Abdala de Matarazzo, Alejandro Abraham, María Luz Alonso, Andrés Arregui, Herman Avoscan, María Ester Balcedo, Luis María Bardeggia, Jorge Barreto, Luis Basterra, Nora Bedano, María del Carmen Bianchi, Gloria Bidegain, Graciela Boyadjian, Mara Brawer, Isaac Bromberg, Juan Cabandié, Eric Calcagno, Susana Canela, Remo Carlotto, Guillermo Carmona, María del Carmen Carrillo, Nilda Carrizo, Sandra Castro, Jorge Cejas, José Ciampini, Marcos Cleri, Alicia Comelli, Diana Conti, Mónica Contrera, Alfredo Dato, Eduardo De Pedro, Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, José María Díaz Bancalari, Juan Carlos Díaz Roig, Carlos Donkin, Osvaldo Elorriaga, Roberto Feletti, Gustavo Fernández Mendía, Anabel Fernández Sagasti, Araceli Ferreyra, Fabián Francioni, Josué Gagliardi, Ana Carolina Gaillard, Miriam Gallardo, Andrea García, María Teresa García, Carlos Gdansky, Lautaro Gervasoni, Claudia Giaccone, Daniel Giacomino, Graciela Giannettasio, Martín Gill, Mauricio Gómez Bull, Josefina González, Juan Dante González, Verónica González, Dulce Granados, Leonardo Grosso, José Daniel Guccione, Mónica Gutiérrez, Gastón Harispe, Carlos Heller, Griselda Herrera, José Herrera, Ana María Ianni, Martín Insaurralde, Evita Isa, Manuel Juárez, Juan Carlos Junio, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Jorge Landau, Andrés Larroque, Stella Maris Leverberg, Inés Lotto de Vecchietti, Teresita Madera, Verónica Magario, Juan Marcópulos, Gustavo Martínez Campos, Oscar Martínez, Liliana Mazure, Mayra Mendoza, Sandra Mendoza, Mario Metaza, Manuel Molina, José Mongeló, Carlos Moreno, Juan Facundo Moyano, Graciela Navarro, Cristian Oliva, Mario Oporto, Marcia Ortiz Correa, Mariela Ortiz, Juan Mario País, Nanci Parrilli, Mirta Pastoriza, Juan Manuel Pedrini, Martín Pérez, Julia Perié, Omar Perotti, Ana María Perroni, Horacio Pietragalla Corti, Omar Plaini, Ramona Pucheta, Adriana Puiggrós, Carlos Raimundi, Héctor Recalde, Oscr Reczuk, Liliana Ríos, Silvia Risko, Rubén Rivarola, Jorge Rivas, Oscar Romero, Carlos Rubín, Aída Ruiz, Adrián San Martín, Walter Santillán, Silvia Scotto, Adela Segarra, Eduardo Seminara, Silvia Simoncini, Julio Solanas, María Emilia Soria, Gladys Soto, Héctor Tentor, Héctor Tomas, Néstor Tomassi, José Uñac, José Vilariño, José Villa, María Villar Molina, María Eugenia Zamarreño, Cristina Ziebart, Alex Ziegler.

Votaron en contra:

Oscar Aguad, Ricardo Alfonsín, Alcira Argumedo, Omar Barchetta, Miguel Bazze, Bernardo Biella Calvet, Carlos Brown, Mraía Gabriela Burgos, Ricardo Buryaile, José Cano, Elisa Carrió, Ana Carla Carrizo, Alicia Ciciliani, Julio Cobos, Roy Cortina, Eduardo Costa, Ricardo Cuccovillo, Jorge D’Agostino, Patricia De Ferrari Rueda, Víctor De Gennaro, Francisco de Narváez, Nicolás Del Caño, Victoria Donda, Omar Duclós, Mario Fiad, Manuel Garrido, Patricia Giménez, Miguel Giubergia, Pablo Javkin, Myrian Juárez, Daniel Kroneberger, Pablo López, Martín Lousteau, Claudio Lozano, Julio César Martínez, Diego Mestre, Mario Negri, Héctor Olivares, Luis Pastori, Fabián Peralta, Luis Petri, Néstor Pitrola, Agustín Portela, Elida Rasino, José Riccardo, Antonio Riestra, Fabián Rogel, Fernando Sánchez, Eduardo Santín, María de las Mercedes Semhan, Margarita Stolbizer, Miguel Tejedor, Susana Toledo, Francisco Torroba, Gabriela Troyano, Jorge Valinotto, Enrique Vaquié, Graciela Villata y Juan Carlos Zabalza.

Se abstuvieron:

Walter Aguilar, Gilberto Alegre, Laura Alonso, Berta Arenas, Héctor Baldassi, Sergio Bergman, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, María Cristina Cremer de Busti, Marcelo D’Alessandro, Héctor Daer, Mario Das Neves, José Ignacio De Mendiguren, María Ehcosor, Laura Esper, Eduardo Fabiani, Darío Giustozzi, Gladys González, Christian Gribaudo, Sandro Guzmán, Elia Lagoria, Carlos Mac Allister, Silvia Majdalani, Oscar Ariel Martínez, Soledad Martínez, Sergio Massa, Edgar Müller, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Roberto Pradines, Fernando Salino, Gisela Scaglia, Juan Schiaretti, Cornelia Schmidt-Liermann, María Schwindt, Rubén Sciutto, Felipe Solá, Ricardo Spinozzi, Federico Sturzenegger, Miguel Torres del Sel, Jorge Triaca y Mirta Tundis.

El oficialismo convocó a un plenario de comisiones en Diputados para apurar el dictamen del proyecto que crea un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor con el fin de poder llevarlo al recinto en una próxima sesión.

La reunión de comisiones será este miércoles a las 13.30 y han sido convocadas las de Industria, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Será en el Anexo “C” de la Cámara baja para emitir dictamen ese mismo día y tenerlo listo para tratarlo en el recinto cuanto antes.

La iniciativa, presentada por la diputada nacional Constanza Alonso, comenzó a ser tratada el pasado 24 de agosto en una reunión informativa de la Comisión de Industria, presidida por el entrerriano Marcelo Casaretto, donde representantes de los sectores industriales, trabajadores y empresarios la respaldaron y abogaron por una pronta sanción. Allí, JxC se ausentó porque considera que la iniciativa tiene beneficios sectoriales.

El proyecto prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

También promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

👢👠 LEY DEL CALZADO. Para el miércoles 13 convoqué a Plenario de Comisiones para firmar dictamen y luego aprobar esta Ley en el Recinto. El proyecto es de Constanza Alonso y respaldan las Cámaras empresarias del calzado y los trabajadores del sector. pic.twitter.com/DWDEDoXnDV

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) September 8, 2023

Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirán para iniciar el debate del proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.

El encuentro está agendado para el próximo martes 12 de septiembre a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Recientemente la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.

Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.

En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.

Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

En una reunión marcada por las coincidencias sobre la libertad religiosa y el respeto entre quienes profesan distintos cultos, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados dio luz verde a un proyecto que busca instaurar el 31 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas”.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Eduardo Valdés, celebró: “Esta es mi Argentina, la Argentina que amamos, donde podemos mostrar que este proyecto fue presentado por cuatro diputadas, tres de fe católica y una de fe evangélica. Ese ecumenismo para mí jerarquiza el diálogo en esta casa de las leyes, pero también muestra al mundo los valores de la interreligiosidad”.

“Soher El Sukaria, la vicepresidenta de la comisión, del partido de la oposición y de fe musulmana, fue quien más me comentaba permanentemente de poner este tema en discusión”, reveló.

A continuación, El Sukaria apuntó que “más de diez provincias ya han declarado al 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. Es un reconocimiento que hay que hacer a la labor de todos los pastores que están cuidando el tejido social permanentemente, y enseñando y difundiendo valores, que es lo que más necesita nuestra sociedad”. “Esta casa se debe una ley de libertad religiosa, que ojalá en algún momento tengamos la grandeza de discutirla”, sostuvo la cordobesa del Pro.

Autora de uno de los cuatro proyectos -los otros fueron de Vanesa Massetani (FdT), Rossana Chahla (FdT) y Agustina Propato (FdT)-, la diputada del Pro Dina Rezinovsky detalló que según una encuesta del CONICET de 2019, “la Argentina tiene 15,3% de población que se considera de fe evangélica, eso es 7 millones de argentinos”. Además, “en La Matanza uno de cada cuatro jóvenes es evangélico, es el 25%”, contó.

“Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales. Y hoy por hoy, tanto las iglesias evangélicas como el culto judío, el musulmán y otros cultos, se tienen que disfrazar como asociaciones civiles o fundaciones para que el Estado las reconozca como tal”, resaltó.

Presente en la reunión, Guillermo Oliveri, secretario de Culto de la Nación, destacó que “Argentina tiene en su matriz, y a partir de nuestra conformación como Nación y en nuestra Constitución Nacional, la libertad de culto”, algo que “es muy difícil encontrarlo hoy en una Europa en guerra, en una Europa donde ha resurgido el nazismo”. “El Estado, que es laico, debe proteger la libertad religiosa como corresponde y colaborar”, añadió.

Sobre el trabajo de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), el funcionario recordó que durante la pandemia, al solicitar colaboración de este sector, “en una semana y media tuvimos 2.200 camas a disposición por si colapsaba el sistema sanitario”. “Si están en las malas, es bueno que estén en las buenas”, expresó y subrayó que “el 90% de la población argentina cree en un Dios”.

Por otra parte, se pasó a la firma un proyecto para instaurar el 4 de agosto de cada año como el “Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental”. La elección del día se debe a que fue la fecha en la que, en 2020, el Congreso de la Nación sancionó la demarcación del límite exterior de la plataforma continental mediante la Ley Nacional 27.557.

Impulsora de la iniciativa, la oficialista Mabel Caparrós ponderó que esa norma fue “la síntesis de un camino de más de 20 años de estudio, de investigación, que atravesó a distintos gobiernos” y del cual “detrás siempre estuvo el Congreso”. “Todavía no podemos medir lo que significa este establecer de nuestras fronteras”, manifestó la fueguina.

“Es un enorme reconocimiento a quienes trabajaron por años en los barcos de investigación”, prosiguió y consideró que “tanto oficialismo como oposición debemos sentirnos orgullosos” porque se trata de “una política de Estado”.

A propósito de la instauración del día, abogó por que “en cada escuela, en cada institución y universidad se pueda hablar de que a partir de esta extensión de la plataforma continental podemos disponer de otras riquezas que quizás no sabíamos”.

También recibieron dictamen un proyecto sobre creación de un “Registro Nacional de Organizaciones Solidarias sin Fines de Lucro e Iglesias” -que deberá pasar además por la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG-; una iniciativa para adherir al “Día Internacional de los Voluntarios”; y un abultado paquete de proyectos de resolución y declaración.

Por otra parte, un proyecto del diputado del Pro Federico Frigerio sobre la creación de una “Agencia Antártica” pasó a consulta del Ministerio de Defensa.

Polémica por el mapa de la Armada chilena

Durante la reunión se puso a consideración un proyecto de declaración de la oficialista Mabel Caparrós en relación a la publicación del gráfico ilustrativo de los espacio marítimos de jurisdicción chilena, elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, incorporando como propios espacios marítimos que pertenecen a Argentina.

“Lamento que nuevamente tenemos un conflicto con Chile”, señaló Caparrós y apuntó que “ellos han tomado para esta carta cartográfica 5.000 kilómetros cuadrados que ya están planteados en nuestra plataforma continental”. “Este conflicto no se va a resolver rápidamente sin dudas”, anticipó y por eso consideró necesario avanzar con una declaración desde el Congreso.

El radical Julio Cobos recordó que “la problemática ya surgió en agosto de 2021” y, en ese momento, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado emitió una declaración. Tras leer el texto, el mendocino propuso que si había consenso se avance en ese sentido. Caparrós asintió al afirmar que “la idea es que salga por unanimidad, porque es un tema que afecte a la Nación toda. Lo que es importante es que la expresión no se pierda”. Y, acto seguido, Valdés confirmó que ese texto se iba a pasar a la firma para el dictamen.

Repudio a los dichos de Milei hacia el papa Francisco

Horas después de que curas villeros organizaran una misa de desagravio sobre los dichos de Javier Milei hacia el papa Francisco, y mientras se daba el debate sobre el “Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas”, la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer aprovechó para poner el tema sobre la mesa.

“El ejercicio de la libertad religiosa se hace a través del diálogo, y el diálogo se hace a través del respeto. Este es el ámbito de la convivencia, el respeto por las ideas y el ejercicio de las libertades. Y por esa misma razón no quiero pasar inadvertido que un colega de esta Cámara de Diputados ha tenido descalificaciones gravísimas e inaceptables hacia el papa Francisco, la cabeza de la iglesia católica”, enfatizó la legisladora sobre declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, en las que se ha referido al Sumo Pontífice como “representante del maligno en la Tierra” y lo acusó de fomentar el comunismo, entre otras descalificaciones.

Stolbizer aseveró que “tenemos que advertir sobre cualquier conducta que desde aquí mismo se pueda hacer en contra de la libertad religiosa, que constituye uno de los consensos básicos de nuestros 40 años de democracia. Es necesario reaccionar frente a este tipo de agresiones que son intolerables en el marco de la convivencia democrática”.

“Quiero en la misma línea que la diputada Stolbizer repudiar las críticas que un diputado de esta Cámara, concretamente el diputado Milei, hizo hacia el papa Francisco”, expresó más tarde la oficialista Mara Brawer y remarcó: “A lo largo de estos 40 años siempre todas las fuerzas políticas tuvimos un compromiso: respeto irrestricto a los derechos humanos; memoria, verdad y justicia; cárcel a los genocidas; y respeto por el prójimo”.

Luego propuso que “de esta comisión salga un repudio a las agresiones al papa Francisco” y “pensar entre todos un texto y presentarlo como proyecto para que llegue al recinto”. “Cuando se presente el texto lo tratamos en la comisión”, aseguró Valdés.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo (JSRN), avanzó este miércoles con un paquete de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.

El primer tema que se abordó en la reunión fue una iniciativa que había tenido dictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no haberse tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tiene que ver con una nueva capacitación para los tres poderes del Estado.

El proyecto, unificado entre distintas propuestas, impulsa la creación del programa “Argentina Inclusiva” destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal.

La cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal) valoró que “todas las fuerzas entendemos que necesitamos capacitarnos necesaria y urgentemente en materia de discapacidad” de modo de saber “cuál es el trato adecuado, de qué manera asesorar”. “Lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Necesitamos comprender, entender y aprender. Y en materia de discapacidad no sabemos”, señaló.

Por su parte, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) consideró que esta iniciativa “abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad”.

A su turno, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) resaltó que “la inclusión de personas con discapacidad es todavía una tarea pendiente” y, de allí “la importancia que tiene el conocimiento no solo en los que tenemos responsabilidad pública, sino ratificar en cada hecho, decisión y acción el rol del Estado como garante de derechos”.

“En el caso de las personas con discapacidad, a veces el Estado, por falta de conocimiento, se convierte en una barrera que hace inaccesible el ejercicio de derechos”, lamentó.

En segundo término, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un “Sello nacional de equidad laboral” y beneficios impositivos. Deberá analizarse también en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Impulsora de la propuesta, la porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos”. Al referirse al cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una ley que tiene 42 años, la diputada subrayó que “un informe de ANDIS del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos”.

“La mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de las fotocopias”, manifestó y explicó que “tenemos programas de acompañamiento, pero no hay programas buenos de contratación”, por eso “necesitamos el aliado del sector privado, tener sello de calidad e incentivos impositivos”.

Carrizo alertó que “los jóvenes son los más castigados por la situación de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más, la tasa de inactividad es del 64%. No acceden a trabajos dignos y con calidad”.

En el encuentro también se dio dictamen a un proyecto sobre sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, impulsado por la bonaerense Marcela Passo (FdT), quien destacó que “se trabajó de una manera muy intensa, a lo largo de 10 reuniones” en asesores y el texto final “es mucho más abarcativo e incluye a todas sus personas en sus diversas modalidades de discapacidad”.

“Se busca tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando”, apuntó y mencionó, por ejemplo, “la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados”. Pero remarcó que lo “fundamental es la capacitación al personal para generar empatía”.

También pasó a la firma el dictamen de un proyecto que modifica la Ley 25.643 de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas, de manera de “poder adecuar la ley que hablaba de personas con movilidad o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas”, explicó Graciela Caselles; y otro que modifica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incorporándose la perspectiva de discapacidad; además de proyectos de resolución y declaración.

Capacitación en LSA volvió a asesores

El temario de la reunión incluía un proyecto de la diputada Gisela Marziotta (FdT) sobre capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) en los tres poderes del Estado nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda.

La porteña Dina Rezinovsky (Pro) reveló que “la comunidad sorda nos pide que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo, porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo, principalmente porque no se les consultó”.

“Tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua”, recordó en referencia a la ley que reconoció a la LSA como idioma viso-gestual en todo el país. Y opinó que quizás ellos tienen “otras prioridades” como “el acceso a LSA desde la edad más temprana, porque está comprobado que mientras más tarde los niños empiecen a aprender LSA, más difícil va a ser para ellos la integración después” o “que haya un registro de los interpretes”.

El presidente de la comisión aclaró que “nosotros debemos escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo, somos nosotros”.

No obstante, desde el oficialismo mostraron disposición a dar nuevamente discusión en asesores. “Si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario”, aseguró la chaqueña Lucila Masin (FdT).

“Que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos”, resaltó Caselles, que coincidió en que vuelva a ser tratado ya que “esta es la comisión de los consensos y antigrieta”.

También volvieron a asesores dos proyectos que proponen modificaciones a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.

La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previs de Diputados, que preside el economista Martín Tetaz (Evolución Radical), puso en agenda una reunión para debatir sobre ideas respecto de una reforma tributaria integral.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de septiembre a las 10 en la Sala 3 a la que fueron invitados a exponer el doctor Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y el doctor Daniel Malvestiti.

El tema será profundizado en una segunda reunión informativa el miércoles 20 de septiembre en el mismo horario con la disertación del doctor Darío Raimilovich, el doctor Aldo Maggiolo y Santiago Montoya.

La última vez que la comisión se reunió fue el 20 de abril de este año donde especialistas en el tema expusieron sobre los motivos, causas y magnitud de la evasión fiscal en el país.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados, presidida por Eduardo Valdés (FdT), se reunirá este miércoles a las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

El temario incluye un proyecto de ley que busca instaurar el 31 de octubre de cada año como “Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas”.

La iniciativa, consensuada entre propuestas de las legisladoras Vanesa Massetani (FdT), Dina Rezinovsky (Pro), Rossana Chahla (FdT) y Agustina Propato (FdT), ya cuenta con dictamen de Legislación General.

El pasado 7 de junio, cuando el tema se trató en la comisión cabecera, Agustina Propato sostuvo: “Es un honor poder contribuir a lo que nos establece la manda constitucional, el derecho a profesar libremente el culto, a tener libertad y elección religiosa, ponderando y destacando el protagonismo de las iglesias evangélicas en la República Argentina, con quien he tenido la fortuna de trabajar codo a codo”.

Sobre ello, reveló la labor que realizó junto a las iglesias en “la atención de consumo problemático” y resaltó que “tienen una tarea invaluable en relación a lo que tiene que ver con la gestión penitenciaria”.
Además del “acompañamiento social y espiritual que aportan”, la diputada oficialista apuntó que según datos del CONICET, “en Argentina más del 15% de la población se congrega en iglesias evangélicas”. “Esta cuestión ya es realidad en 16 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Por su parte, Dina Rezinovsky dijo que se trata de “reconocer el trabajo que hacen las más de 15 mil iglesias evangélicas que hay en el país, no solo en lo que tiene que ver con la fe y el culto, sino también con el trabajo social que hacen en hospitales, en cárceles, en escuelas, en la prevención de adicciones”. “No solo hay días provinciales, sino muchos días municipales”, sumó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Otro de los proyectos de ley que se tratará -y también ya cuenta con despacho de Legislación General- es el que busca instaurar el 4 de agosto de cada año como el “Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental”, en conmemoración al trabajo ininterrumpido, durante 20 años, realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha permitido la demarcación de la plataforma continental y, de esta manera, la reafirmación de nuestros derechos de soberanía.

La iniciativa es impulsada por la diputada fueguina Mabel Caparrós (FdT), quien en los argumentos explicó el motivo de la fecha: “En un hito histórico, el 4 de agosto del año 2020 el Congreso de la Nación aprueba la demarcación del límite exterior de la plataforma continental de nuestro con la sanción de la Ley Nacional 27.557”.

En una ampliación de temario se sumó un proyecto para la creación de la “Agencia Antártica”; otro para la creación de un “Registro Nacional de Organizaciones Solidarias sin Fines de Lucro e Iglesias”; y una iniciativa para adherir al “Día Internacional de los Voluntarios”; además de proyectos de resolución y declaración.

Año electoral y en consecuencia de menor actividad legislativa como es de uso y (mala) costumbre, las autoridades de la Cámara baja se propusieron este 2023 hacer por lo menos una sesión por mes. Y lo han conseguido, salvo en el mes de mayo, lo cual les ha garantizado números equitativos con otros períodos.

Incluso en el mes de agosto, cuando se hicieron las elecciones primarias. Más allá de que en ese caso la media buscada por el oficialismo se consiguió a partir de una iniciativa de la oposición, que fue la de llevar finalmente al recinto el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres.

Ahora se trabaja en una sesión para septiembre, que tiene en cuenta el cronograma electoral provincial del mes de la primavera, que tiene nada menos que tres elecciones. Un cronograma que arrancará el domingo próximo, 10 de septiembre, en Santa Fe, donde hubo elecciones primarias el 16 de julio pasado, que tuvieron en el radical Maxi Pullaro un claro ganador. El domingo siguiente (17/09) serán las elecciones del Chaco, donde el 18 de junio hubo una interna en la que cayó el oficialismo; y el 24 se hará las elecciones mendocinas.

La semana entre las elecciones de Santa Fe y el Chaco es la elegida para abrir el recinto de la Cámara baja y el miércoles 13 es la fecha estimada entonces para hacerlo. Para ese día se trabaja para consensuar una serie de proyectos para llevar al recinto. Eso no implica que todos estén avalados por el oficialismo y la oposición, pero alcanzará con que el Frente de Todos tenga garantizados los votos para aprobar cada uno de ellos.

El debate por nuevas universidades

La mayoría de los proyectos han conseguido dictamen recientemente, como el tema universidades. Allí el oficialismo intentó sin éxito en el mes de diciembre pasado llevar al recinto la aprobación de ocho casas de altos estudios, pero ya se sabe que ese mes estuvo atravesado por una situación muy tensa entre el oficialismo y la oposición, al punto tal que la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, ni siquiera pudo ser confirmada por una sesión preparatoria que quedó sin quórum y no pudo ser reflotada nunca. Después hubo una sesión concluida de manera caótica y otra que no consiguió quórum.

Ahora volverán seguramente con el tema, luego de haber logrado el martes pasado reflotar los dictámenes de tres de esas universidades que habían perdido estado parlamentario. Estamos hablando de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, un proyecto del kirchnerista Hugo Yasky; otro de María Rosa Martínez, el que crea la Universidad de Cuenca del Salado, que funcionará en Cañuelas; y la de Saladillo, del diputado Emiliano Yacobitti, una de las dos que promueven desde la oposición.

A esas casas universitarias se sumarán entonces otras cinco universidades: las del Delta, Pilar, Ezeiza (ya funciona como provincial, y lo que se propone ahora es su nacionalización la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la de Río Tercero, la otra universidad impulsada desde Evolución Radical.

Hay resistencias de parte de un sector de Juntos por el Cambio, fundamentalmente el Pro, pero la anuencia de Evolución Radical y parte de la UCR, más la de la izquierda y los bloques del medio garantizan que esta vez sí estas universidades puedan avanzar hacia la media sanción.

Un nuevo blanqueo

Otro tema que el oficialismo se propone llevar al recinto es el proyecto de exteriorización de blanqueo de capitales, que obtuvo dictamen también el martes 29 de agosto, luego de que se hubieran presentado el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.

Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien. En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador. Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo y tienen un dictamen de minoría en ese sentido, por lo que el oficialismo trabaja para contar con el apoyo de otras bancadas que permitan garantizar la aprobación de un proyecto que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, considera indispensable.

La aerolínea de bandera

No será ese el único tema que encenderá la polémica en el recinto. Quizá el que mayor fervor genere en la discusión que vaya a darse sea el proyecto que busca proteger a la empresa Aerolíneas Argentinas  de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública. Será a partir de una modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466), un proyecto impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa y ya lo hizo saber en el debate en comisión, cuando se retiró en discrepancia con un debate que consideró intempestivo. Para la diputada de Evolución Carla Carrizo, “con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”, se preguntó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, molesta porque el proyecto solo pasara por Presupuesto y Hacienda.

“Vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”, se quejó por su parte el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Y agregó, en relación al hecho de que el proyecto de Máximo Kirchner establezca que una eventual privatización esté avalada por los dos tercios de ambas cámaras: “Solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.

Como sea, el rechazo de JxC no sería suficiente para frenar esta media sanción que contaría con el apoyo del oficialismo, la izquierda, los diputados de Provincias Unidas, los gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y al menos los socialistas del interbloque Federal.

Ciencia y tecnología

En momentos en que a través del candidato libertario se ha puesto en la mira no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el mismísimo Conicet, se avanzará finalmente con la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Para eso, se proponen avanzar este martes con el dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el radical Facundo Manes.

El tema ya fue debatido en dos reuniones informativas que contaron con la presencia del ministro Daniel Filmus, el 21 de marzo y el 1 de junio. Si se aprueba, será ley, pues ya cuenta con media sanción del Senado desde el 27 de octubre de 2022.

El proyecto establece un plan que presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional. Proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030, y desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.

Ampliación de licencias laborales

El pasado 22 de agosto, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen. Al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento. El de mayoría es del oficialismo, uno de JxC y un tercero de los socialistas.

Hubo cuatro reuniones para analizar un total de 55 proyectos puestos a consideración. La primera fue el 16 de mayo, cuando expusieron los autores de los 47 proyectos que originalmente comenzaron a discutirse. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio, para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop. La última reunión informativa fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas.

El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la administración pública nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Entre los principales cambios, otorga (en el caso del dictamen de mayoría) 126 días de licencia a personas gestantes (45 días previos y 81 posteriores al nacimiento), amplía la licencia de no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes.

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes.

Ley Nicolás

Entre aquellos proyectos que cuentan con dictamen alcanzado hace más tiempo tenemos el proyecto sobre seguridad del paciente, también conocido como “Ley Nicolás”.

Esta iniciativa se basa en el caso de Nicolás Deanna, fallecido en noviembre de 2017 por una meningitis bacteriana, cuando había sido diagnosticado por contractura en la base del cráneo. Dado de alta tras recetársele dos analgésicos, volvió a ser internado con suero y sin medicación. Confundieron su último síntoma con una alergia, cuenta su madre Gabriela Covelli, que es quien ha motivado esta iniciativa que fue dictaminada el 7 de junio en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

Otros temas posibles

Para esta posible sesión del 13 de septiembre podrían estar disponibles algunas de las iniciativas que tratarán de dictaminar este miércoles en la Comisión de Discapacidad, como la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentinas.

También están pendientes temas un poco más añejos, como el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, y el de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

Año electoral de muy baja actividad en líneas generales, pero inusualmente baja en el Senado, es notorio que justo el mes en el que se realizaron las elecciones primarias hayan trabajado tantas comisiones. Una decena en la Cámara baja, pero sobre todo nueve en el Senado.

Eso sí, de sesiones ni hablar en la Cámara alta; en la Baja, sí hubo al menos una, aquella pedida allá por el 5 de julio en plena sesión para tratar el tema alquileres. Se realizó el miércoles 23 de agosto, con una sesión que tuvo de todo: un rechazo a la derogación de la Ley 27.551, de Alquileres; un rechazo al dictamen de mayoría, y una aprobación final del de minoría por 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.

En materia de comisiones, como decíamos, se activó el Senado. Pero con un dato no menor: eso sucedió recién en los últimos tres días del mes. Esto es, la Cámara alta no tuvo ninguna actividad, salvo una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del 2 de agosto, convocada para tratar un único tema: el proyecto del senador Edgardo Kueider para bajar las tarifas del servicio eléctrico, cuyo tratamiento el entrerriano había puesto como condición para dar quórum en la sesión en la que el oficialismo buscaría aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa. Sesión que, ante la falta de quórum prevista, no se realizó.

La actividad volvió con todo, como hemos dicho, los últimos tres días del mes, ante el reclamo opositor para tratar la media sanción de la Ley de Alquileres. Esa norma debía ser analizada en un plenario de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que se realizó ese día; previamente se constituyó Legislación General, presidida por el pampeano Daniel Bensusan, que a continuación dictaminó por ejemplo sobre un proyecto que desde hace tiempo tiene media sanción de Diputados y que dormía el sueño de los justos en la Cámara alta: el que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Luego se armó el plenario con Presupuesto y Hacienda que inició el debate de la reforma de la Ley de Alquileres, anticipando ese día el deseo de extender su análisis y no dictaminar rápido, como pedía Juntos por el Cambio.

Legislación General volvió a reunirse el 31 de agosto para formar un plenario con la Comisión de Turismo e iniciar la discusión de un proyecto para regular los alquileres temporarios.

No fue la única comisión que se reunió tres veces. También lo hizo la de Presupuesto, que preside el riojano Ricardo Guerra, que además de reunirse por Alquileres, también lo hizo el 30 de agosto para tratar otra media sanción, la de créditos UVA, y más tarde realizó otro plenario con Educación y Cultura, por las becas Progresar.

Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresas realizó dos reuniones el 30 de agosto. Primero se constituyó, ratificando como presidenta a Nora del Valle Giménez, y luego avanzó con el dictamen del proyecto proveniente de Diputados sobre Producción Orgánica para las Economías Regionales, y a continuación trató, de manera conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un proyecto para permitirles a trabajadores rurales temporarios mantener el acceso a programas sociales.

Otra comisión que se constituyó en esos días fue la de la Banca de la Mujer, que entre otros temas trató el 30 de agosto la ley de Violencia Digital.

Presidida por la rionegrina Silvina García Larraburu, Ciencia y Tecnología se reunió el 30 de agosto para dar curso a una batería de proyectos de declaración y resolución.

A su vez, la de Turismo tuvo dos reuniones. La ya mencionada, en conjunto con Legislación General para tratar alquileres temporarios, y otra en la que una vez constituida avanzaron con un proyecto sobre la Academia Argentina de Turismo, entre otros temas analizados.

Pudieron haber habido más reuniones, pero la ausencia del oficialismo impidió que se constituyeran las comisiones de Industria, de Economía Nacional e Inversión y de Asuntos Administrativos y Municipales, todas presididas por la oposición.

Qué pasó en Diputados

Juicio Político fue una vez más la comisión más activa en Diputados. En agosto se reunió tres veces, comenzando por la que mantuvo el primer día del mes, con la presencia “estelar” de Silvio Robles, quien volvió loco a los diputados oficialistas con sus “no respuestas”.

Una semana después se realizó una nueva reunión de esa comisión, que tuvo la particularidad de que se ausentaron los testigos convocados. Apenas se extendió por 40 minutos. La última reunión de esa comisión se realizó el 29 de agosto (fue la vigésimo primera del año), cuando recibió el esperado testimonio del exministro de Justicia y Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro.

El 2 de agosto se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, para comenzar a analizar el proyecto de ley del Ejecutivo para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales.

Ese mismo día tuvo lugar uno de los dos plenarios de las comisiones de Legislación del trabajo y de Mujeres y Diversidad para avanzar con el proyecto sobre licencias laborales: hubo una informativa ese día y el 22 de agosto se firmaron los dictámenes.

Una comisión que suele reunirse excepcionalmente es la de Peticiones, Poderes y Reglamento, conducida por la camporista Paula Penacca, que se reunió el 3 de agosto para recibir a representantes de pueblos originarios que se oponen a la reforma constitucional en Jujuy. Allí se habló de un proyecto de la diputada Leila Chaher para crear una comisión bicameral que investigara la reforma votada en esa provincia.

Pasadas las elecciones, el 22 de agosto se reunió la Comisión de Legislación General  para dictaminar el proyecto de Máximo Kirchner para evitar una privatización de Aerolíneas Argentinas,

La Comisión de Acción Social y Salud Pública emitió dictamen ese día para el proyecto que busca regular el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica, encuentro en el que también escuchó a un representante de la OMS quien habló sobre el consumo del tabaco en nuestro país.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió el 23 de agosto para dar luz verde al pedido de la justicia para acceder al o los celulares del diputado Gerardo Milman, tema votado afirmativamente en el recinto en la sesión de ese mismo día.

Al día siguiente de la sesión del 23 de agosto se reunió la Comisión de Industria para recibir una serie de invitados en el marco del tratamiento de un proyecto para crear un régimen de promoción de la industria del calzado.

Ese mismo 24 de agosto también realizó una reunión  informativa la Comisión de Presupuesto, para escuchar al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y al director de Aduanas, Guillermo Michel, en el marco del inicio del tratamiento del proyecto de Exteriorización del Ahorro Argentino. La intención oficialista era dictaminar ese mismo día, pero terminó haciéndolo una semana después, el 29 de agosto, en una nueva reunión de esa comisión, que ese mismo día realizó un plenario con Educación para dictaminar sobre tres proyectos para crear universidades, que habían perdido estado parlamentario.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 21 veces

Presupuesto: 12 veces

Comercio: 7 veces

Mujeres y Diversidad: 6 veces

Legislación General: 5 veces

Legislación del Trabajo: 5 veces

Finanzas: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Industria: 3 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Comisión de Energía: 2 veces

Asuntos Constitucionales: 2 veces

Acción Social y Salud Pública: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Defensa del Consumidor: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Peticiones, Poderes y Reglamento: 1 vez

Educación y Cultura: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 7 veces

Legislación General: 3 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Economías Regionales: 2 veces

Trabajo y Previsión Social: 2 veces

Justicia y Asuntos Penales: 2 veces

Minería, Energía y Combustibles: 2 veces

Turismo: 2 veces

Deportes: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

Educación y Cultura: 1 vez

Banca de la Mujer: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez