A menos de un mes del recambio legislativo, la senadora nacional electa y próxima jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se digirió al Senado para reunirse con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Trascendió que el encuentro sucedió en buenos términos y mermó un “clima de tregua” luego de los fuertes cruces que tuvieron ambas en los últimos meses.

La reunión se llevó a cabo en el despacho de la titular de la Cámara alta y duró poco más de una hora y veinte minutos. Al salir del Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad reiteró que el encuentro fue en términos cordiales, pero evitó brindar detalles. Según supo parlamentario.com, la conversación con la confirmación de la fecha de sesiones extraordinarias que será oficializado en los próximos días.

Sobre la reunión, uno de los temas primordiales que la senadora electa llevó al despacho de la vicepresidenta fue la premisa de que el oficialismo recupere la agenda parlamentaria y que los temas del Gobierno "tengan trato preferencial", luego de un 2025 donde la oposición manejó el temario. Claro está, que ese pedido se relaciona directamente con la nueva composición del bloque oficialista que pasará de tener seis integrantes a 20 a partir de la jura de los nuevos legisladores.

En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.

Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025

Pese a la distancia entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad aseguró que se mostró "colaborativa" de cara a esta nueva etapa en el Congreso de la Nación, y agregó que "ella me explicitó que ella quiere que el gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa.".

Respecto a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich confirmó que renunciará en la previa a la jura como senadora nacional. Fuentes parlamentarias mencionaron que la fecha tentativa sería el viernes 28 de noviembre a las 12.

Consultada por su nuevo rol como jefa de bancada, Bullrich señaló que "vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que salgan los proyectos del Poder Ejecutivo". Luego, remarcó que le pidió colaboración a Villarruel "dentro de su rol institucional".

Al salir del Palacio Legislativo, la actual funcionaria no reveló detalles sobre lo hablado en relación a la Presidencia Provisional de la Cámara alta, cargo que ocupa Bartolomé Abdala. En principio, no habría discrepancias en que el puntano continúe, pero eso deberá ser ratificado en febrero cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria.

Luego de la visita de Daniel González, llegó el turno de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien en el debate del proyecto de la ley de Presupuesto 2026 afirmó que “estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”. Fue crítico de la gestión de la ex AFIP y destacó las medidas fiscales del actual Gobierno nacional.

Siendo la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la “ley de leyes”, el encuentro estuvo moderado por el titular Alberto Benegas Lynch, que en su segundo día a cargo del órgano parlamentario evitó confrontar con los miembros de la oposición, pero no pudo esquivar los embates contra el director de la Agencia.

Sin embargo, después de la exposición de más de 20 minutos del funcionario, los diputados nacionales de Unión por la Patria plantearon un reclamo que generó el primer momento de tensión. Luego de que el director del ARCA finalizara su intervención sobre el proyecto de ley de inocencia fiscal, Germán Martínez, en su rol de jefe de bloque, alzó la voz y remarcó: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”.

Martínez cruzó a Pazo por el expediente y empezaron las chicanas de los dos lados.

El reclamo del santafesino fue más allá: en medio del planteo por los expedientes a considerar, deslizó que “si no esto es 'tema libre la vaca' porque Juan Pazo debe hablar de la Ley de Presupuesto”, y luego ironizó: “Es como si yo me pusiera hablar de los departamentos no declarados de Juan Pazo en Florida”. De inmediato, el funcionario, sentado en el estrado junto a Benegas Lynch, le contestó: “Trabajé toda mi vida en el sector privado y tengo todas las declaraciones juradas, prueben hacerlo… deberían trabajar y no vivir el Estado”.

El segundo momento de tensión entre los vocales y el funcionario fue cuando se mencionó a la quita y posterior regreso de las retenciones al agro. Punzante, Juan Pazo se dirigió a los legisladores de la oposición y chicaneó: “Es una cuenta aritmética, pero si quieren se los explico con manzanas”. Del otro lado de la sala, el diputado formoseño Fernando Carbajal le endilgó haber cometido una falta de respeto y lo catalogó de ser "muy atrevido".

Otro momento de fricción se dio cuando la diputada nacional Julia Strada planteaba una serie de preguntas al funcionario y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la interrumpió en más de una ocasión: "Estás monopolizando la palabra, anótate y después seguís". Luego, notoriamente acelerado agregó: "No vas a cerrar tu intervención, me vas a escuchar a mí primero a mí".

"¿Qué te pasa violento?", respondió Strada, quien siguió: "Sos un violento. ¿Qué me venís a decir que te tengo que escuchar y me tengo que callar? sos un irrespetuoso 'Bertie'". "No hagas que te corte el micrófono", advertía Benegas Lynch. Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda dio lugar a que continuara con las preguntas, pero el escenario ya se había caldeado.

La exposición del titular del ARCA

Las principales críticas de Pazo estuvieron dirigidas a la gestión de Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP desde agosto del 2022 hasta el 9 de diciembre del 2023. “Cuando hay límites de todo tipo de acceso al ahorro y no hay acompañamiento de parte del Estado, los niveles de evasión nos llevan a los altos niveles del 2001 que fueron parecidos a los de 2023”, deslizó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Respecto al escenario que Pazo encontró en el organismo cuando La Libertad Avanza arribó al Poder Ejecutivo, cuestionó que “se nombraron más de 3000 ingresos en ARCA a fines del 2023”, y luego, agregó que “nos dejaron un Banco Central sin reservas y una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos”. “Estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”, alertó.

En otro tramo del discurso, el director de la Agencia de Recaudación advirtió que la evasión fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo “niveles mayores al 37%, lo que marca cifras peores que en el 2001”. Asimismo, mencionó que “la informalidad laboral es de 4 sobre 10 trabajadores argentinos que son más de 4 millones de personas”.

En síntesis, Pazo agregó que “el régimen de evasión del IVA fue similar a la evasión en materia laboral”. Criticó duramente la creación de cargos jerárquicos en diciembre del 2023 -previo al cambio de gobierno-, y profundizó: “Encontramos una obsolescencia tecnológica muy grande en una organización muy importante y clave para este gobierno porque la principal ancla que tenemos es el equilibrio fiscal”.

Al retomar el cambio de paradigma que propone la gestión libertaria, reiteró que la Agencia está puesta “al servicio de los ciudadanos y no para perseguirlos”. “No podemos soslayar que debemos mejorar las barreras del cumplimiento de los contribuyentes, pero buscamos facilitarle la vida al contribuyente y el agro es un aliado de este Gobierno y no utilizaremos mecanismos de persecución con el campo”, definió Juan Pazo.

El cierre de la exposición de Pazo fue para añadir que “el principal incentivo de la regularización de los patrimonios es el acceso al crédito privado que creció del 3% al 9% del PBI”. Luego, definió que los tres puntos principales de la gestión son “la simplificación, la desburocratización y la aplicación de tecnología”. “No estamos desmantelando un organismo, nuestro desafío es fomentar consumo e inversión”, concluyó.

Tal como suele suceder cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo viene al Congreso, Juan Pazo evitó profundizar más allá del la exposición. Cada vez que tomaba la palabra para contestar los bloques de preguntas, los legisladores de las bancadas de la oposición advertían -fuera de micrófono- que el funcionario no respondía sobre los temas consultados.

En última instancia, el diputado libertario Santiago Santurio cruzó a Vilma Ripoll por haber insultado al funcionario fuera de micrófono, y le recordó el abrupto final de la reunión que tuvo como invitado a Carlos Guberman. Tras este contrapunto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, dio por terminada la reunión.

En medio de una creciente tensión de problemáticas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento se reunió este martes para iniciar el debate de la creación de una comisión especial investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización en el sistema de Salud del fentanilo contaminado. Pese a haber discrepancias, los legisladores presentes instaron a dictaminar la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la titular de la comisión Silvia Lospennato mencionó el malestar de los autores de proyectos por la ampliación de giros de los proyectos de ley, los cuales también serán abordados por Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz que se encuentra en Santa Fe abocado a la reforma constitucional. “No recibí respuesta positiva de Presidencia (Martín Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, reveló la presidenta de la comisión.

Sobre la creación de una comisión especial investigadora, se analizaron las propuestas de Silvana Giudici del Pro; la de Christian Castillo del Frente de Izquierda; la de Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y la de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Esta última propone un órgano bicameral para convocar con “mayor fuerza” a los funcionarios que sean citados. “A mayor degradación de las instituciones de la Argentina, mayor institucionalidad”, presentó.

La reunión contó con la presencia de familiares de víctimas por la partida adulterada que ya ha causado 96 muertes. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre en el Hospital Italiano de La Plata, señaló: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos, y que nos encontramos con una bacteria letal”. Luego, brindó un duro relato: “Lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros, no fuimos la excepción y podría volver a pasar porque le puede pasar a cualquiera”.

Acto seguido, Álvarez dio lugar a Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo: Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

El debate por la comisión investigadora

La reunión duró poco más de dos horas y la presidenta de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, Silvia Lospennato, anunció, en el cierre, una reunión de asesores para este viernes a las 13, posiblemente un encuentro único este martes y un encuentro plenario junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el jueves de la semana que viene. Además, pidió trabajar por el consenso y lograr un único dictamen.

En otro punto, anticipó su discrepancia a la iniciativa de una comisión bicameral porque “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”. Mencionó, además, una vocación legislativa para que a futuro “nuestros reglamentos sean parecidos”; y por último, sugirió que “nadie debería querer sacar un rédito político por las víctimas”.

La primera expositora del encuentro fue Silvana Giudici (Pro – CABA), autora del proyecto que propone una comisión especial investigadora con una composición idéntica a la del Caso $LIBRA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una modificación (en alusión al proyecto de resolución que destrabó la de la Criptomoneda) porque “no estamos de acuerdo con el voto ponderado”.

Respecto a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak por la partida de fentanilo contaminado, hizo una cronología de los hechos denunciados y amplió: “Hay más de 188 instituciones afectadas por el fentanilo y cuando comenzamos a tener noticias por las primeras muertes, pensamos en la importancia de que el Congreso intervenga y acompañe”.

Remarcó el consenso logrado para aprobar el pedido de informes al Poder Ejecutivo y destacó que “la misión del Congreso es respetar la Constitución Nacional y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”. Por la intromisión de la justicia fue detenido Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo cuando se elaboró la partida contaminada.

Después, sumó que “esta crisis sanitaria tiene tres ámbitos de actuación: una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.

En el último tramo de su intervención, Giudici pidió ahondar en el “reclamo persistente por la trazabilidad de la última milla de los medicamentos”, y anticipó la posibilidad de una modificación al Código Penal porque “aun sumando todas las figuras penales en esta causa, hay un riesgo a que la pena no sea proporcional al daño causado que fue el de envenenar a 100 pacientes y contaminar quirófanos del ámbito de la salud pública y privada”.

Silvana Giudici fue la primera diputada en proponer una comisión investigadora por el fentanilo adulterado.

Brevemente, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego) consideró que “no estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, y contempló la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”.

Sin embargo, el fueguino optó porque su proyecto sea absorbido por el de Tolosa Paz y explicó que “estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”. Asimismo, se diferenció de la iniciativa del Pro y cargó que “hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”.

Autor de otro proyecto, el jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano mencionó considerar el proyecto de resolución que motorizó Maximiliano Ferraro para lograr destrabar la Comisión $LIBRA y también, mencionó los chats de los empleados de Laboratorios Ramallos: “Tenemos que entrar a investigar esto, si no somos una burla”.

Se adelantó a la posibilidad de que este tratamiento pueda tener dos dictámenes y pidió “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. En línea con otros planteos, propuso considerar la colaboración de organismos internacionales: “Tenemos que pedir ayuda porque esto es grave”.

De cara a los familiares de las víctimas, expresó: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”, y cerró: “Esto no tiene que ver con el vecindario, esto es más grave”.

En representación del proyecto del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo aseveró: “Hay que tener dimensión que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. En ese tramo, comparó esta tragedia con el accidente de Lapa ocurrido el 31 de agosto de 1999 y la ausencia de control aeronáutico.

También responsabilizó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y relató: “Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”. Además, vinculó la causa con los despidos en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

En un segundo planteo, propuso que los familiares tengan accesos a todas las reuniones de comisión y sumó que uno de los objetivos de esta comisión debería ser “dilucidar la responsabilidad estatal y si hubo inspecciones, responsabilidad del ANMAT de la ex INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)”.

Por último, pidió investigar exhaustivamente la “dimensión de Ariel García Furfaro” y todo el entramado de su arribo a la industria farmacéutica. En el final de su intervención, explicó la posibilidad de ampliar la composición a los bloques que contengan dos representantes y exigió que “los funcionarios del sector público tienen que poder ser citados y que tengan la obligación de venir”.

La última autora de proyectos en exponer fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien adelantó que Unión por la Patria va a insistir con un dictamen que proponga la creación de una comisión bicameral y reveló que cuenta con el apoyo de integrantes del bloque Encuentro Federal. “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas, le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, reiteró.

“El mayor grado de institucionalidad es, sin dudas, ambas cámaras, la mayor representación legislativa y parlamentaria, que tenga peso federal, y con la mayor vocación política de buscar en un tiempo determinado todo lo que las víctimas, por sí solas, no pueden llegar a juntar -datos, historias clínicas y procedimientos-”, explicó.

Así las cosas, agregó que “lejos de querer dilatar, la consolidación de un informe de una comisión bicameral puede resultar de insumo sumamente necesario para los familiares y para las víctimas, y necesario, también, para ahondar en las distintas causas que se van a ir abriendo sobre la responsabilidad pública del laboratorio y sobre el resto de las implicancias que se van a ir desarrollando a lo largo de estas comisiones”.

Profundizó, además, que su proyecto toma como base a la Comisión Bicameral del ARA San Juan que “le permitió al Juzgado de Caleta Olivia avanzar más rápido y tener datos importantísimos para que cualquier juez investigue cuales son las responsabilidades”. En esa línea, consideró: “Teniendo una buena correlación de fuerzas entre quienes estamos acá y nuestros pares senadores, no estamos lejos de construir, con fuerza de ley, una bicameral investigadora en el plazo y los limites que nos pongamos de acuerdo”.

Respecto a potenciales interpelaciones, Victoria Tolosa Paz remarcó: “Es fundamental decir que una comisión investigadora bicameral tiene que tener peso para no naturalizar, como hemos visto en esta Cámara de Diputados, interpelaciones a funcionarios aprobadas y que acá no pasó nada”. “Antes no pasaba esto de que un ministro dijera ‘no voy al Congreso’ y presente una notita”, cuestionó.

Victoria Tolosa Paz reiteró que Unión por la Patria va a insistir en la creación de una bicameral.

En última instancia, el diputado tucumano Pablo Yedlin, vocal de esta comisión y titular de Acción Social y Salud Pública, reiteró el reclamo por la ampliación de giros y auguró: “Nos van a obligar a emplazar nuevamente”. Luego, expresó: “Lo que hemos vivido en la Argentina con las ampollas de fentanilo contaminado es una tragedia enrome”.

Sobre la causa, anticipó que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer el marco normativo y regulatorio de la ANMAT, la cual fue creada por el Decreto 1490/1992, y cerró: “Seamos firmes en que la semana que viene tengamos dictamen, si no todo termina siendo una ‘paparruchada’”.

Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.

Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.

En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.

Organizaciones de personas discapacidad rechazaron el veto a la emergencia en frente del Congreso.

“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.

En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.

También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.

Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.

Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.

Sin la presencia de Ezequiel Atauche, la oposición logró activar la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para dictaminar los tres proyectos con media sanción que serán llevados al recinto en los próximos días: la actualización por ley de los haberes jubilatorios; la prórroga de la moratoria previsional; y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

El presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, se hizo presente en la reunión realizada en el Salón Arturo Illia y reiteró en más de una oportunidad que la oposición “hizo una auto convocatoria”. Después insistió en que la reunión “carece de la formalidad necesaria”. Advirtió, además, que el oficialismo no va a reconocer la reunión, ni tampoco los dictámenes, y que el plenario para pasar a la firma fue fijado para el próximo 15 de julio.

Con el acompañamiento de dos senadores radicales y una del Pro, Anabel Fernández Sagasti aclaró que “la última interpretación del reglamento la hace la mayoría del Senado y acá estamos presentes, y si no la vamos a hacer en el recinto”. Acto seguido, anticipó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 10 de julio, donde el temario incluirá los tres proyectos despachados.

Con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian, Fernando Salino -en su rol de vicepresidente-, Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Pablo Blanco del radicalismo (llegó con la reunión comenzada); y Guadalupe Tagliaferri del Pro fueron quienes avalaron los tres dictámenes.

Fernández Sagasti aclaró que "la última interpretación la hace la mayoría, y sino el pleno del Senado".

Según constató este medio, Ezequiel Atauche no respondió las notas de convocatoria a reunión de comisión elevadas por UP y los tres senadores dialoguistas. A las horas de terminado este encuentro, se manifestó a través de X: "Como siempre, Javier Milei tiene toda la razón".

"El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado. ¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar", remarcó el legislador jujeño. 

Como siempre, @JMilei tiene toda la razón. El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado.

¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar. pic.twitter.com/uhbNPVq8Vj

— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) July 3, 2025

Un intenso debate 

El jefe del interbloque opositor, José Mayans, fue el primero en tomar la palabra y cargó contra el jefe de bancada oficialista, presidente de Presupuesto y Hacienda: “Se cree el dueño del Senado, y la invitación se la mandamos al presidente y a la presidenta del Senado para que nadie mire para otro lado”. En otro momento, aseveró que “trascendió que estuvo apretando a secretarios para no hacer la reunión”.

Tanto los legisladores de Unión por la Patria como los dialoguistas presentes elevaron un reclamo contra las autoridades de la Cámara alta por la ausencia de la transmisión oficial. “Este es el canal de Senado, no un canal de partidario”, aseveró el senador fueguino Pablo Blanco. Luego, cargó contra Atauche y señaló que “hace una hora me dijo que iba a venir a fijar fecha, pero no cumplió con su compromiso”.

En virtud de la validez del encuentro, Martín Lousteau remarcó que “está claro que un senador (en referencia al jujeño) no puede contra una mayoría decir qué se hace y qué no se hace”. Y cuestionó: “Convocó a las reuniones después de que todos estuviéramos acá”. Minutos antes, Abdala se hacía presente en el Salón -con la intención de desactivar la reunión- anunciado la convocatoria a asesores para el 8 y a plenario para el 15 de julio.

En un extremo de la primera fila, el senador puntano, en soledad, insistía con que “no se han cumplido las formalidades en tiempo y forma de convocatoria a la reunión, y por eso no vino Senado TV”. Y nuevamente, repitió: “Es la primera vez que ocurre que llaman de un día para el otro”.

Del otro extremo, la senadora nacional Juliana di Tullio, acompañada por sus pares de interbloque, aclaró que “la reunión fue pedida por diez senadores de la Nación”. En otro momento, advirtió que “no hay antecedentes de una administración del Ejecutivo que tenga tanto apego por cerrar el Senado de la Nación”, y respaldó a la reunión en cuestión: “Hicimos un ejercicio político”.

Luego de varios idas y vueltas, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri tomó el micrófono y afirmó: “Presentamos con 48 horas el pedido de plenaria -al término de la reunión que presidió Carmen Álvarez Rivero el martes pasado-”, y ratificó que “el plazo está cumplido”.

En el final, Fernando Salino, en su rol de autoridad circunstancial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, arengó que “no nos vamos a dejar trampear en el recinto porque esto fue reglamentario y tuvimos quórum e hicimos las cosas de buena fe”. “Todos sabían de esta reunión”, concluyó.

Por último, los diez senadores nacionales presentes firmaron el despacho de las tres iniciativas y se dio por finalizada la reunión. En caso de que el oficialismo considere que la moción de esta jornada no fue válida, desde Unión por la Patria apelarán a la decisión del pleno en el recinto. Dicho sea de paso, de tener a los 34 legisladores del interbloque y a los 3 firmantes del dictamen, el quórum estaría garantizado.

Cuando aún restaban varios emplazamientos, algunos de los diputados de Unión por la Patria se levantaron en el recinto para increpar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Luego, el escándalo se desató y la sesión especial se dio por terminada al quedarse sin quórum.

Gritos, increpadas y legisladores gesticulando fueron la última imagen de una sesión pedida por la oposición que solo pudo aprobar los emplazamientos para tratar los proyectos de financiamiento de universidades y la declaración de emergencia en pediatría en el Hospital Garrahan para el próximo 8 de julio.

Luego de un arranque alborotado con extensas cuestiones de privilegio y en donde se coló la polémica por el fallo contra YPF, la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, la detención de dos mujeres por tirar excremento en la casa de Espert y el cierre de las residencias del Garrahan decretado por el Gobierno, Maximiliano Ferraro propuso resolver la autoridad de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y todo empezó a descontrolarse.

Lejos de encontrar consenso para continuar con el plan de labor parlamentaria acordado en la previa de la sesión, Cecilia Moreau tuvo una intervención en el recinto repleta de agravios contra La Libertad Avanza y el Gobierno nacional. Los ánimos empezaban a caldearse y la extitular de la Cámara baja acusó a los libertarios de “meterse la Constitución Nacional en el culo”.

En medio de esta discusión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba por X la detención de una edil de Quilmes en el marco de la causa abierta por haber tirado excremento en la puerta de la casa de Espert. “De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias”, señalaba la funcionaria.

Según supo parlamentario.com, lo que generó el enojo desmedido de algunos integrantes de Unión por la Patria se dio a partir de una serie de comentarios -fuera de micrófono- de Espert con relación a la detención de la concejal quilmeña. Inmediatamente, varios integrantes de la oposición fueron hasta la banca del economista en el sector derecho del hemiciclo del recinto.

Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Tomás Ledesma, Florencia Carignano y Jorge Araujo Hernández fueron algunos de los legisladores de UP que increparon a Espert cara a cara. Del otro flanco, en defensa del titular de Presupuesto y Hacienda, se pararon Nadia Márquez, Juliana Santillán, Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón.

#Diputados

Unión por la Patria vs La Libertad Avanza pic.twitter.com/luP84ExXLf

— Leandro Bravo (@LeandroNSBravo) July 2, 2025

Montoncito con la mano, seña de miedo, dedos índices apuntando, risas irónicas y los gritos se apoderaron de un recinto envuelto en el caos. El resto de los bloques miraban atónitos, otros filmaban el pleito. Sin poder lograrlo, Martín Menem llamaba al orden: nadie le hacía caso.

A pocos metros del conflicto entre legisladores, la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez, aliada del oficialismo que acompañó ambos emplazamientos, le pidió a Menem por el cierre de la sesión y, en consecuencia, el presidente de la Cámara de Diputados dio por terminada la cita en el recinto. En efecto, no había quórum para votar la moción del artículo 127 inciso 5 que había pedido el diputado Juliano, con lo cual se levantó la sesión.

Con el pronunciamiento del cierre de la sesión, el diputado formoseño Fernando Carbajal le pidió a Menem por las expresiones en minoría. El riojano no hizo lugar al pedido y empezó a retirarse, mientras del otro lado del estrado lo esperaban Germán Martínez y Nadia Márquez, entre otros, para hablar de lo sucedido en el recinto.

Cuando la sesión se descontroló, restaban tratar aún los emplazamientos sobre salud mental, ley Alzheimer, incentivo para PyMEs, huso horario y retenciones. También, el temario incluía el debate por la ley de juicio por jurados y la modificación a la Ley de DNU, ambos temas con despacho de comisiones.

¿Pacto para hacer caer la sesión?

A la salida del recinto, en pleno retiro de los legisladores, integrantes de los bloques dialoguistas dejaron trascender su malestar con Unión por la Patria e incluso, consideraron que el escándalo desatado contra Espert se dio en el marco de un “pacto” para hacer caer la sesión. “Ellos solo querían universidades y Garrahan”, señalaron a este medio en los pasillos del Congreso una vez caída la sesión.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que recogió el guante y apuntó contra la polarización de bancas: “Qué casualidad que se lograron los emplazamientos para financiamiento universitario y emergencia del Garrahan, y no se logra para retenciones”.

"Una vez más, el kirchnerismo y el Gobierno se ponen de acuerdo y son funcionales para perjudicar a todo el interés federal. Parece mentira que haya diputados, como (Rodrigo) de Loredo, que no dio quórum y es beneficiario indirecto de la caída de la sesión", insistió.

Así las cosas, integrantes de la oposición dialoguista comentaron a este medio que insistirán con un nuevo pedido de sesión para retomar los emplazamientos que quedaron pendientes.

En otro vértice del recinto, la diputada monobloquista Lourdes Arrieta (según relató en X) fue increpada por Lilia Lemoine quien la habría amenazado con la frase “agradecé que no te arranco la cabeza”. Luego, la mendocina agregó: “Me da lástima que haya ‘representantes de la Nación’ así. Una muestra del papelón que fue la sesión de hoy. Dejo mi integridad física en manos de la presidencia”.

Otro dato revelador al término de la sesión fue que Marcela Pagano, integrante de La Libertad Avanza, quien se sienta en la banca número 56 en el flanco derecho del hemiciclo, no se retiró por la salida lateral por la que ingresan y salen los miembros de La Libertad Avanza, sino que cruzó en 45° hasta la salida de los bloques dialoguistas.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles la modificación de los artículos 166 y 277 del Código Penal que establece una elevación en las penas mínimas a un año para hurto y de dos para robos en casos de sustracción en autos y motos. Actualmente, la pena mínima es de un mes de prisión efectiva.

El texto despachado contempla como eje al proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en complemento con los presentados por la bullrichista Patricia Vasquez, al de María Sotolano del Pro, al de María Cecilia Ibáñez del MID, el de Juan Brügge, uno de Miguel Pichetto, de La Libertad Avanza y otro de Carolina Píparo.

El dictamen alcanzó las 16 firmas plasmadas por Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión; Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Píparo, Guillermo Montenegro y Álvaro Martínez de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Álvaro González y Gerardo Milman del Pro; Brügge y Esteban Paulón de Encuentro Federal; Soledad Carrizo y Pamela Verasay del radicalismo; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Yamila Ruíz de Innovación Federal; y José Tournier de Liga del Interior.

Los integrantes de Unión por la Patria estuvieron solo cinco minutos en la Sala 7 del Anexo y se retiraron en rechazo al debate en medio de la sentencia del máximo tribunal de justicia contra Cristina Kirchner. Antes de irse, el diputado rionegrino Martín Soria señaló que “la Corte más degradada de la Argentina ratifica el fallo de un juez que rompió un fallo procesal a pedido de canales de televisión”.

Por otro lado, el ministro de Justicia del gobierno del Frente de Todos anticipó que van a presentar un dictamen de rechazo al debate en cuestión y catalogó que “tratar proyectos de marketing punitivistas nos parece verdaderamente insólito”. Segundos antes, había cuestionado que “la calle totalmente militarizada y cada vez más gente fuera de las vallas que ya no son solo los jubilados y los estudiantes, porque están los médicos del Garrahan”.

El texto dictaminado plantea un incremento en las penas por robo de autos y motos, especialmente si se usan inhibidores, llaves clonadas o vehículos para facilitar el escape; los delitos cometidos por “motochorros” se agravan cuando se utiliza la moto para robar o huir; asevera las sanciones si se afecta un servicio público como la luz o el agua por medio del robo de cables, caños y metales; también contempla penas a quienes compren, vendan o almacenen celulares, cobre o repuestos robados; y agrava las penas por circulación en moto robada o sin documentación que acredite su posesión legal.

No se puede parar el Congreso de la Nación por alquien que fue presa por corrupción. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/p4X34fK9er

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2025

El debate 

El encuentro fue breve (duró 22 minutos), pero los diputados impulsores del tema tomaron la palabra en la reunión. El primero fue Juan Brügge, quien explicó que “equilibramos las penas mínimas de hurto y robo simple de un mes a un año y dos años”, respectivamente. Asimismo, cuestionó al actual Código Penal Nacional: “Tiene una desactualización muy grande con penas de un mes como mínimo”.

En rechazo a la postura del kirchnerismo, Marcela Campagnoli afirmó que “es saludable dar este debate” y se refirió a la ratificación de la Corte Suprema a la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de la Nación: “No es revancha ni venganza, es justicia”.

Asimismo, señaló que “no es cierto que han sido jueces macristas”, y agregó que “la Comisión de Acuerdos del Senado siempre estuvo presidida por el PJ y los pliegos de los jueces fueron aprobados por el Senado donde siempre hubo mayoría peronista”.

Después, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez del Movimiento de Integración y Desarrollo indicó que “el 90% de los que sufrieron un robo, no volvieron a tener una vida igual”, y recordó un hecho de robo en 2015 de una mujer que falleció arrastrada por un motochorro. “En Córdoba nos pedían el incremento de las penas por el aumento de robos con esta modalidad”, aseveró.

En el final del encuentro, diputados cercanos a Patricia Bullrich ratificaron su aval al proyecto: primero, Patricia Vásquez afirmó que “los motochorros salen a matar” y que “aumentar las penas no es la única solución, pero es un paso indispensable”; y cerró Gerardo Milman, quien relató que “en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estos delitos suceden por minuto y representan el 54,9%”.

En el mismo momento que se anunciaba el histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner y la ratificación de su condena a seis años, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunía este martes, sin alcanzar una vez más consenso para designar sus autoridades. No obstante, sí funcionaron esta vez como comisión y los miembros de la oposición pidieron citar al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a Hayden Davis, entre otros nombres.

La reunión estuvo marcada por los cruces que se dieron entre el flanco opositor y el flanco del oficialismo con sus aliados. Luego de no llegar a un acuerdo y acusar a La Libertad Avanza de querer “obstaculizar" el funcionamiento de la comisión, el diputado formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre anunció su adhesión al pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también confirmó su apoyo en avanzar con la investigación por medio del proceso político.

El segundo encuentro de la comisión creada para investigar en profundidad qué ocurrió el 14 de febrero cuando Javier Milei difundió la criptomoneda $LIBRA que luego perdió su valor y mantiene procesos judiciales a nivel nacional e internacional, se dio mientras se conocía la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte del máximo tribunal de justicia. Fue la diputada bullrichista Silvana Giudici quien a los pocos segundos del fallo deslizó con una sonrisa plena: “La justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”.

Minutos antes de la cita en el Anexo del Palacio Legislativo, hubo dudas respecto de la presencia de los seis integrantes de Unión por la Patria, quienes estaban presentes en la sede del PJ Nacional, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Finalmente, asistieron e insistieron con la moción para que Sabrina Selva quedara a cargo de la comisión, lo que resultó, nuevamente, en empate contra la propuesta del oficialismo para que sea Gabriel Bornoroni.

Ante la falta de acuerdos por la designación de las autoridades, la reunión fue coordinada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien, tras el empate en 14 votos, dio el lugar para que se tratara la moción de Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal para que los miembros del oficialismo y los aliados elijan al presidente dentro del flanco opositor, argumentando que “debía ser autoridad alguien que estuvo de acuerdo en la creación de esta comisión”.

Ante la ausencia de acuerdos, el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinó el encuentro.

Esta propuesta fue avalada por Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, quien no integra la comisión, pero remarcó que la misma “debe ser presidida por un diputado que tenga clara conciencia de investigar y no de obstaculizar”. Luego, reafirmó la moción por Selva (que no prosperó) y afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner “es un papelón”.

Ya con el empate consumado y la negativa del oficialismo de avanzar con la moción de Agost Carreño, Carbajal se cruzó con su excompañera de bloque, la radical Soledad Carrizo, y llamó al flanco de La Libertad Avanza y los aliados de ser “el bloque de la impunidad”. Molesto por no avanzar con la presidencia de la comisión, afirmó que “vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”. Esto, también, fue avalado por la Coalición Cívica.

Cabe recordar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue sin tener resueltas sus autoridades (como la Investigadora de $LIBRA), tras lo ocurrido en abril de 2024 cuando se desactivó la reunión constitutiva que iba a fijar en el cargo la diputada oficialista Marcela Pagano. La propia legisladora viene alzando la voz con ese reclamo y se prevé que la oposición podría acompañarla si se pusiera a consideración en el recinto.

En el final de esta segunda reunión, el Frente de Izquierda pidió citar a Javier Milei y a Hayden Davis; Unión por la Patria a Karina Milei; la Coalición Cívica pidió a Mauricio Novelli; y Democracia para Siempre solicitó convocar a Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, a María Florencia Zicavo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y a Gerardo Pisarello Prados diputado español.

Desde el otro lado, el Pro pidió convocar a Alejandro Fargosi, y La Libertad Avanza presentará a sus invitados por escrito antes de las 20 de este martes. Tal como se resolvió en el recinto la semana pasada, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se volverá a reunir el próximo miércoles 25 de junio en carácter informativo.

Después del anticipo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías respecto a la realización de una reunión en la provincia de Formosa, integrantes de la oposición presentaron un comunicado ante Sabrina Ajmechet para repudiar la convocatoria. “No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, en la cual se pretende utilizar las necesarias denuncias de violación a los derechos humanos con fines mezquinos y subalternos, o con miradas ideológicas interesadas y sesgadas”, señalaron.

El texto presentado lleva las rúbricas del diputado formoseño Fernando Carbajal del bloque Democracia para Siempre; la del socialista santafesino Esteban Paulón de Encuentro Federal; y las de Mónica Frade y Victoria Borrego de la Coalición Cívica. Los cuatro son vocales de la Comisión de Derechos Humanos y por el momento, no hubo acompañamiento de los integrantes de Unión por la Patria.

No vale usar los Derechos Humanos con fines electorales. Lo repudiamos antes y lo repudiamos ahora. Rechazamos la convocatoria a la Comisión de DDHH en medio del proceso electoral provincial. Así no. @MonicaFradeok @EstebanPaulon pic.twitter.com/kEvZm5qSFJ

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 2, 2025

A mediados de mayo, la titular de la comisión anunció en DTV que el próximo 12 de junio se iba a realizar un encuentro abierto en la provincia de Formosa, para que los ciudadanos de esa provincia se puedan acercar a realizar denuncias. Días después, confirmó el encuentro junto a las diputadas nacionales Karina Banfi (UCR) y Lilia Lemoine (LLA) como acompañantes. “Lo vamos a hacer para que todos los argentinos sepan lo que pasa en esa isla de autoritarismo que tiene nuestro país”, había posteado.

En el comunicado presentado por la oposición, alegaron que “convocar a sesionar en una provincia en medio del proceso electoral provincial en curso, contiene una inocultable finalidad electoralista que es impropia de la labor de la comisión”. Antes, habían señalado que se trata de “una acción nunca realizada antes por la presidenta (Ajmechet)”.

El próximo 29 de junio en Formosa se van a celebrar las elecciones provinciales para elegir 15 integrantes de la Legislatura y los 30 convencionales constituyentes de cara a la reforma de la Constitución formoseña. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la declaración de inconstitucionalidad del articulo 132, el gobernador Gildo Insfrán, a cargo del Ejecutivo formoseño desde 1995, busca lograr la posibilidad de acceder a una última reelección.

La semana pasada, el senador nacional Francisco Paoltroni, candidato a convencional constituyente, comenzó un recorrido a caballo por la provincia y fue increpado por un intendente cercano al gobernador. El hecho sucedió en la localidad de El Colorado.

Por otro lado, los diputados firmantes manifestaron: “Asumimos esta postura desde nuestro indiscutible compromiso con la denuncia de la grave situación de los derechos humanos en Formosa”, y explicaron: “Compromiso del cual hemos dado testimonio desde nuestras respectivas labores funcionales, y también recientemente mediante el aporte realizado en la propia Formosa por Frade y Carbajal en el cual se recabarán decenas de testimonios de víctimas, puestos a disposición de la comisión”.

De todos modos, la reunión ya fue confirmada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías con fecha para el próximo jueves 12 de junio a las 15 en el salón del diario El Comercial ubicado en Hipólito Yrigoyen al 58. El 20 de febrero pasado, Sabrina Ajmechet ya estuvo presente en el lugar para participar de “Diálogo Federal” un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

A última hora de este miércoles, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados pasó a la firma los proyectos de rechazo y derogación de los DNU 345 y 346/2025, impulsados por Unión por la Patria, la radical Natalia Sarapura y el socialismo santafesino. También pasaron a la firma los pedidos de informes verbales que interpelan al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. Según se informó al final de la reunión, los dictámenes recogieron 17 firmas, con dos disidencias y pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Ambos decretos de necesidad y urgencia fueron publicados en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo, que contempla cambios en el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNM), Tecnópolis y el Palacio Libertad, todos los cuales dejan de ser organismos propiamente dichos y se transforman en unidades organizativas dentro de la Secretaría de Cultura.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó en X que los decretos en cuestión -firmados por Javier Milei, Sandra Pettovello y Guillermo Francos- “implementan una reestructuración del área de cultura a fin de reducir los gastos burocráticos y acrecentar los recursos para la gestión cultural”.

El relato de los expositores 

El primer expositor fue Luciano Linardi. director del Departamento de Cultura de ATE Nacional, quien pidió un aplauso para Alejandra Darín, actriz fallecida el pasado 15 de enero. Luego, se dirigió a la Cámara de Diputados: “No sé que va a pasar con estos proyectos, si sé que estamos acá por la responsabilidad de los 138 legisladores que le dieron las facultades delegadas”.

Luego, Ignacio Monna, referente del Teatro Independiente de Entre Ríos, señaló que “lo profundo de nuestra cultura es el encuentro humano”, y apuntó contra el Gobierno nacional: “No es una reducción de Milei, es un plan sistemático de exterminio cultural”. En la misma línea, Lucía Villalba, presidenta Federación de Bibliotecas, agregó: “Un pueblo sin cultura es un pueblo sin destino”, y cerró: “El futuro debemos defenderlo entre todos”.

También, Gastón Díaz, representante de la Asamblea de Teatristas de Entre Ríos, quien también rechazó el espíritu de los decretos: “No se busca eficiencia, se busca ser el topo que rompa desde adentro”. Acto seguido, pronunció que “vamos a resistir”, y sumó: “Este ataque a la Ley de Teatro es otro ataque a la participación ciudadana”.

Después, Manuel Belgrano, presidente del disuelto Instituto Nacional Belgraniano, explicó que “el INB tiene una historia de 80 años y fue creado como institución civil”, y añadió: “han ofendido a todo el pueblo argentino y en especial al General Belgrano. No nos van a callar y menos van a callar al padre de la patria”.

En última instancia, Guadalupe Meroño, tesorera de la Biblioteca Popular de Carlos Keen, señaló que “lo del cierre no es una exageración, es conocido en la región como un apagón cultural”.

Completaron la exposición Jorge Pesaro, representante de la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos y ex vocal de la Conabip; Mónica Capano, presidenta de la CNMMLH; Ariel Molina, secretario general del Consejo de Dirección del INT; Faviola Manssor, representante provincial del Int en La Rioja; Mariela Quirós, expresidenta del Instituto de Cultura de Chaco; Nicolás Rodríguez Saá, secretario de Cultura de la CTAA Capital; Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices; Mariana Garbarino, de la mesa provincial del Teatro de Córdoba; Omar Holz, presidente del Instituto provincial del Teatro de Misiones; Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra de CABA;  Leonardo Duva e Ignacio Camullán del Instituto Perón; y Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTE).

Invitados por el oficialismo estuvieron Marcelo Duclos y Maximiliano Gerscovich, quienes defendieron el contenido de ambos decretos. Con una actitud provocativa ante las exposiciones del resto de los invitados, Gerscovich, invitado por Alida Ferreyra, se cruzó con la diputada nacional Lorena Pokoik de Unión por la Patria.

A pocos días de relanzar su programación, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley por el cual propone la disolución de la señal de televisión pública conocida como “Paka Paka”. A su vez, establece el cierre de todas las señales asociadas a la productora estatal Contenidos Públicos Sociedad del Estado, la cual pasó a llamarse “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal” tras la publicación del DNU 70/2023.

Sobre esta medida, la legisladora bullrichista expresó que “Canal 7 (actualmente nombrada Televisión Pública -TVP-) debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos audiovisuales diversos”. Y recordó: “Lo vengo sosteniendo desde el 2010”.

Luego de publicar un mensaje en X con el título “Paka Paka no debe existir”, Silvana Giudici advirtió al Gobierno nacional que “las demás señales fueron creadas durante el kirchnerismo a fin de amplificar contenidos políticos”. “No olvidar, y no repetir errores del pasado, es fundamental para el cambio”, remarcó.

PAKA PAKA no debe existir.

Acabo de presentar un proyecto para la disolución de “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal”.

Lo vengo sosteniendo desde el 2010: Canal 7 debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos… pic.twitter.com/oZqVoKgDAA

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) May 28, 2025

En el segundo articulo de la iniciativa presentada, la blonda diputada propone derogar el DNU 1222/2016 por el cual se creó la productora mencionada. Después, añadió que “el Poder Ejecutivo Nacional es responsable de implementar las medidas necesarias para la disolución efectiva de la señal, incluyendo la comunicación a los empleados y ls gestión de la transferencia de activos”.

Paka Paka inició en 2007 como bloque televisivo dentro de la programación de Canal Encuentro para en 2010 convertirse en canal independiente. Desde su creación fue operado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

Si bien el Ejecutivo Nacional relanzó la programación de la señal, Giudici insiste con el cierre definitivo.

En la versión original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ese encontraba un artículo que proponía a Contenidos Públicos S.E. como empresa estatal sujeta a futura privatización. Sin embargo, el bloque oficialista desistió de esta posibilidad y cedió con la eliminación de la propuesta.

El último 22 de mayo fue anunciada a través de las redes oficiales del canal, la nueva programación que regirá a partir de julio. Se destacó la inclusión de series de animé japonesas y nuevos contenidos audiovisuales vinculados a economía en el ámbito educativo.

Después de una semana marcada por las renuncias en la Cámara alta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, nombró a Juan Manuel Gestoso Presas en el cargo de subdirector general de Auditoría y Control de Gestión del Senado. Se trata de un militar retirado que estuvo procesado por haber ordenado la destrucción de un registro que podría estar vinculado con delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

La semana pasada, la Presidencia del Senado sufrió la salida del director de Comunicación, Gaspar Bosch, y la del secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, quien alegó que le asignaron un cargo sin funciones durante los 14 días que ocupó la Secretaría.

Así las cosas, al momento de conocerse la designación del nuevo subdirector general de Auditoría y Control de Gestión de la Cámara alta, algunas organizaciones de derechos humanos repudiaron el hecho a través de diferentes comunicados.

❗️Villarruel designó a Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Gestión del Senado

Fue acusado por un delito conexo a crímenes de lesa humanidad: intentó destruir material probatorio. En 2014 fue sobreseído por prescripción de la acción penal

— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 28, 2025

Quién es Juan Manuel Gestoso Presas

Según reconstruyó parlamentario.com, Gestoso Presas era el jefe de la Compañía de Inteligencia 5 en Salta y fue quien le ordenó al capitán Silvio Mannino Leal la quema “hoja por hoja” de una serie de documentos que registraban los nacimientos del Hospital Militar de Salta desde los inicios de 1972 hasta 1997. Sin embargo, el subalterno no obedeció esa orden y guardó los cuadernos en su domicilio hasta el momento de ir a la Justicia.

Según el relato de Mannino Leal, éste fingió la incineración de esos libros y los escondió durante años dentro de su casa. Recién en el año 2008, se los entregó a la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, dando comienzo a una investigación que desembocó en el procesamiento de Gestoso Presas y otro exmilitar.

Luego de esta revelación, Gestoso Presas fue juzgado por intento de destrucción de documentación que podría servir como prueba de crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Pero un tribunal oral lo absolvió por considerar que no hubo delitos de lesa humanidad y que el crimen estaba prescripto.

Finalmente, el 9 de junio del 2014, el exjefe del servicio de Inteligencia del Hospital Militar salteño fue sobreseído por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz, quienes consideraron que “lo que estaba en juego era un delito común, ya prescripto por el paso del tiempo”.

Sin embargo, la justicia no dijo que los militares juzgados no eran culpables. Una vez que culminó el proceso judicial Juan Manuel Gestoso Presas fue desvinculado del Ejército.

Por otro lado, los documentos que Mannino Leal entregó al Ministerio de Defensa de la Nación fueron analizados por a unidad especializada en investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos de la Procuración General de la Nación y una copia le fue entregada a las Abuelas de Plaza de Mayo.

La diputada nacional Julia Strada presentó un proyecto de resolución para declarar nulo de nulidad absoluta e insanable al DNU 340/2025 publicado el pasado 20 de mayo en el Boletín Oficial. Tal decreto aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante que declara a la actividad como “servicio esencial”.

Además, establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”. Y advierte que “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

En tercera instancia, considera servicios esenciales a: los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario; y el transporte marítimo y fluvial de personas.

La diputada de Unión por la Patria señaló en los fundamentos que este DNU “vulnera los requisitos constitucionales (art. 99, inciso 3) para su dictado” porque “no existían al momento del dictado circunstancias excepcionales que impidan el procedimiento de formación y sanción de leyes, ni se invocaron razones válidas de necesidad y urgencia. El Congreso de la Nación está funcionando normalmente”, agregó.

Strada enumeró las leyes modificadas por el DNU 340/2025 publicado la semana pasada.

Como antecedente, Strada mencionó que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que las ‘circunstancias excepcionales’ se podrían dar en dos supuestos”, y afirmó que no se dan en el caso de la publicación del 340/2025: “La imposibilidad de sesionar; o una urgencia tal de un tema que impidiera el tratamiento del Poder Legislativo”.

Además, recordó que ha habido pronunciamientos judiciales de inconstitucionalidad en decretos anteriores publicados durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, la legisladora opositora cargó que este DNU lleva una referencia en el titulo a la Marina Mercante, pero modifica a Ley de Navegación (20.094); Decreto-Ley 19.942/1944    de Navegación y comercio de cabotaje          nacional; Ley 27.418 de Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina; Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Nacional; y a la Ley 25.877 de Régimen Laboral.

STURZENEGGER MIENTE.
ESTE DECRETO DE HOY DESTRUYE LA MARINA MERCANTE, LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA NAVEGACION DE CABOTAJE CON BANDERA ARGENTINA.
¿Qué es lo que de verdad implica?
1. Virtual derogación de la ley de cabotaje: el decreto permite a buques de bandera extranjera operar… https://t.co/XchZVybu0e

— Julia Strada (@Juli_Strada) May 21, 2025

En el final, Julia Strada apuntó que “con este DNU el Poder Ejecutivo deja pasar la chance de mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y operativas de la Marina Mercante para instalar un régimen de extranjerización y flexibilización”, y cerró: “Se abren las aguas a extranjeros y se pone en riesgo la soberanía nacional”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para ejecutar una nueva asignación del número de bancas en la Cámara de Diputados con el fin de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Nacional. Bajo los resultados del Censo Nacional 2022, el texto establece un Cuerpo integrado por 334 legisladores.

“El presente proyecto pretende hacer el máximo esfuerzo para corregir las múltiples distorsiones actuales que afectan el principio de representación en la Cámara de Diputados de la Nación, haciéndolo de una forma progresiva, equilibrada y federal, sin atentar contra la situación actual de las provincias menos pobladas”, señaló Stolbizer en los fundamentos.

En caso de que la iniciativa prospere, en el texto se propone facultar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral, determine el mecanismo para que la Cámara baja este íntegramente conformada por legisladores correspondientes a cada jurisdicción, al finalizar las elecciones del 2027. Reiteró, además, que el mecanismo debe responder a los principios de equidad e igualdad de tratamiento entre las jurisdicciones.

Este proyecto de ley con giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales ya fue presentado en anteriores períodos legislativos: En el 2016 bajo la presidencia de Emilio Monzó, Stolbizer propuso modificar el Cuerpo a 297 miembros; y también, a principios del 2023 tras los resultados preliminares del último Censo Nacional.

La propuesta de Stolbizer eleva en más de centenar la actual composición de la Cámara baja.

El otro punto distintivo que la diputada bonaerense propone es que el número de escaños a elegir sea de uno por cada 140.000 habitantes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fracción no menor a 70.000. A su vez, establece un mínimo de cuatro representantes por distrito.

Esta modificación fue explicada en el proyecto en base a la situación demográfica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual según Stolbizer “ha violentado durante años al artículo 45 de la Constitución Nacional”, debido a que se establece un representante cada 33.000 habitantes y la provincia sureña tiene uno por cada 25.411. Cabe recordar que esa composición se dio por un decreto de 1983 sobre el piso de cinco diputados por provincia.

En el final, Margarita Stolbizer señaló que “observamos entonces la clara necesidad de una ley de la democracia que subsane la actual situación de ilegalidad e ilegitimidad”.

En síntesis, la diputada propone una a cifra repartidora de un diputado cada 140.000 habitantes o fracción no menor a 70.000, con un piso mínimo de representación por provincia de 4 diputados, de acuerdo a la población por distrito indicada por los resultados del Censo Nacional 2022, se conformaría una Cámara de Diputados con un total de 334 bancas.

En el final, explicó que “la aplicación de la legislación que rige actualmente la repartición de escaños sobre los resultados del último censo, conducirían a un nuevo total de 360 diputados nacionales; por lo cual la fórmula propuesta en el presente proyecto, además de reducir las distorsiones en la proporcionalidad de la representación, permite acotar el incremento del tamaño de esta Honorable Cámara que naturalmente se produce por el crecimiento de la población”.

Si bien no se menciona en el proyecto de ley, en caso de que esta iniciativa encuentre rumbo en la actual agenda parlamentaria y prospere, se contemplaría un quórum con 167 diputados nacionales; y una mayoría calificada con 220.

A partir de los recientes hechos de público conocimiento, el diputado radical Julio Cobos encabezó la presentación de un proyecto de ley para la protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados con Inteligencia Artificial y montajes audiovisuales.

“Estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible y como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, presentó Cobos. Asimismo, advirtió que “esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados electorales”.

La presentación del proyecto de ley reunió gran consenso entre el espectro político de la Cámara de Diputados. Atilio Benedetti del radicalismo; Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Marcela Coli, Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Mario Barletta, monobloquista santafesino; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Marcela Pagano de La Libertad Avanza; y los mendocinos Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Martin Aveiro y Lourdes Arrieta fueron quienes acompañaron el texto con su firma.

La noche previa a las elecciones porteñas, se viralizó en X un video creado con Inteligencia Artificial donde, tras un trabajo de montaje audiovisual, aparecía Mauricio Macri anunciando una falsa baja de la candidatura de Silvia Lospennato. El hecho fue repudiado por la oposición dialoguista y desde el Pro elevaron la correspondiente denuncia judicial.

Sobre este episodio, agregó que “recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”. Luego, enfatizó que “esto es peligroso e inaceptable”.

Con relación al uso malintencionado de contenido manipulado con Inteligencia Artificial, cargó que “su efecto concreto es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios”. “Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho”, lamentó Cobos.

“En los próximo meses Argentina enfrentará su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”, expresó.

Cerca del cierre, el diputado mendocino manifestó: “Actuemos antes que esto suceda y tiña de forma irremediable la contienda electoral. Por eso proponemos la modificación del Código Nacional Electoral, en límites temporales y procedimientos específicos, para evitar el uso de contenidos manipulados con fines de desinformación electoral”.

Los puntos principales del proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por Julio Cobos propone la incorporación del Capítulo IV ter del Código Nacional Electoral, con el nombre de “Protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados”.

Luego define los conceptos de contenido manipulado; contenido materialmente engañoso; plataforma digital de gran alcance; medio de comunicación audiovisual; publicidad electoral; y período de restricción.

Después, establece un protocolo de eliminación obligatoria de contenidos: “Las plataformas digitales de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si se cumplen las siguientes condiciones”.

Y contempla dentro de esta eliminación obligatoria a contenido que muestra a una persona candidata realizando o diciendo algo que no hizo ni dijo; a una autoridad electoral diciendo o haciendo algo falso que pueda socavar la confianza en el proceso electoral; o muestre a una autoridad electa diciendo o haciendo algo falso que afecte la percepción sobre la legitimidad del proceso electoral.

También exige un plazo para la eliminación y un etiquetado hasta que se efectúe esa eliminación, siendo este no mayor a 48 horas desde su reporte. Sobre la etiqueta propuesta, aparecerá como “este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico”, siendo visible y que permita al usuario acceder a más información explicativa con un clic.

Por último, señaló que quedan exceptuados los contenidos publicados por medios periodísticos que acompañen dicho contenido con una advertencia clara sobre su carácter ficticio; las transmisiones en medios de comunicación que formen parte de coberturas periodísticas, documentales o comentarios de interés público, siempre que se incluya una advertencia clara sobre su falsedad; y contenido satírico o paródico.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

La secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, se reunió con el jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, que además oficia como titular del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se dio en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados con vistas a una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y Propuesta Republicana.

Del lado de La Libertad Avanza, estuvieron Sebastián Pareja, legislador y armador libertario en territorio bonaerense; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Del lado del Pro, acompañaron el diputado nacional Diego Santilli -quien debe renovar su banca en estos comicios-; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

A diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde La Libertad Avanza y el Pro compiten por separado, Ritondo manifestó sus intenciones de que ambos espacios confluyan en una alianza en el distrito que gobierna Axel Kicillof. Así lo expresó en el Salón Azul del Senado durante la entrega de Premios Parlamentario 2024.

Sin embargo, en los últimos días el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, le puso paños fríos a esa posibilidad. La distancia se dio en medio de la tensión que se generó entre él y el presidente Javier Milei en el marco del tratamiento de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García - Mansilla. En esa sesión, el expresidente de la Nación les dio la orden explícita a sus legisladores de bajar al recinto y votar en contra.

Este equipo va a convertir al populismo decadente en sólo un muy mal recuerdo y sacar a la provincia de Buenos Aires de una vez por todas del pozo donde la hundió la casta K, en cualquiera de sus variantes.

Nosotros no rosqueamos. Hacemos política. De frente y con la verdad.… https://t.co/nrHFAMcMxt

— Sebastián Pareja (@SPareja_) April 10, 2025

Respecto a la reunión que encabezó Karina Milei en el despacho de Martín Menem, llamó la atención la ausencia del diputado oficialista José Luis Espert, quien fue elogiado por el propio presidente de la Nación como la posible cabeza de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires hace unos meses.

Con las elecciones bonaerenses desdobladas para el 7 de septiembre, la versión de la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados estuvo sesgada a que el encuentro tenía como tema principal el fortalecimiento de una alianza para la renovación de la Legislatura provincial.

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el Pro debe renovar siete bancas por el distrito bonaerense; mientras que La Libertad Avanza, solamente dos (Espert y Carolina Píparo).

Así las cosas, la posibilidad de una alianza electoral en la Provincia entre La Libertad Avanza y el Pro es cada vez más factible, pues la propia secretaria general de Presidencia afirmó en el posteo que "avanzamos naturalmente en la dirección que nos piden los bonaerenses". Y cerró: "Vamos a llevar las ideas de la libertad hasta el último rincón de la provincia".

Pocos después del traspié del Gobierno nacional con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla en el Senado, el jueves pasado, el oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el proyecto de ficha limpia y la declaración de la emergencia en la ciudad de Bahía Blanca. Fue poco después del pedido explícito del presidente Javier Milei en su red social predilecta donde, enojado por la caída de los pliegos, se refería a lo sucedido con los jueves y específicamente a la ley de ficha limpia, que podría dejar fuera de carrera a Cristina Kirchner.

Con la rúbrica del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el pedido de sesión tuvo su presentación formal apenas una hora y media después de terminada la votación que definió la suerte de las candidaturas de Lijo y García-Mansilla, quien este lunes decidió renunciar a la Corte Suprema 40 días después de haber asumido allí.

En esa sesión, el senador salteño Juan Carlos Romero -aliado del oficialismo- pidió una moción de preferencia para darle tratamiento a ficha limpia, justamente en la fecha en la que fue solicitada la sesión especial en el recinto de la Cámara alta. El apartamiento cosechó apenas 27 adhesiones y fracasó la moción.

Convocada la sesión para este miércoles, la diputada del Pro Silvia Lospennato, impulsora del primer proyecto de ficha limpia en 2017, alertó sobre los riesgos de ir a un debate en el recinto sin tener los números para la aprobación: “Si la piden sin los votos, no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero”.

Si hay voluntad real de avanzar con la Ficha Limpia hay que demostrar que están los 37 votos y pedir una sesión del Senado para tratarla. Si la piden sin los votos no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de…

— Silvia Lospennato (@slospennato) April 4, 2025

El proyecto de ley de ficha limpia cuenta con media sanción desde el 12 de febrero cuando la Cámara de Diputados lo aprobó con 144 votos afirmativos, 98 en contra y 2 abstenciones, tuvo despacho del Senado el pasado 19 de febrero. Cabe remarcar que por ser una modificación al Código Electoral Nacional requiere de una mayoría absoluta, tal como lo establece el artículo 77 de la Constitución Nacional.

Tras la advertencia de la legisladora y el escenario que podría desatarse ante un resultado adverso, toda la atención estará puesto en si hay o no hay quórum, ya que si La Libertad Avanza vislumbra que no están los números, no sorprendería que con ausencias propias evite exponerse a otro traspié en el recinto de la Cámara alta.

Pero si la sesión arranca, todas las expectativas están dadas en una dupla, ¿por qué? Al ser una modificación al régimen electoral, la cual requiere la aprobación de una mayoría absoluta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no puede desempatar. Con este escenario, el interbloque opositor Unión por la Patria, conformado por 34 legisladores, estaría a solo dos votos de hacer caer la ficha limpia por el resto del año.

Hay dos provincias bajo la lupa: Misiones y Santa Cruz. Si bien los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, votaron a favor en el pedido de apartamiento y sus comprovincianos en la Cámara baja hicieron votaron a favor de ficha limpia, su intención de voto en el recinto de la Cámara alta es puesta por algunos en duda. Sucede que el líder de ese espacio provincial, Carlos Rovira, no estaría a favor de esa iniciativa.

Como sea, las mayores dudas no están en los misioneros, sino en dos santacruceños: Natalia Gadano y José María Carambia, cuya anuencia con el oficialismo suele ser oscilante. Por ejemplo, la ausencia de ambos hizo caer en febrero la sesión preparatoria. Por eso los que tienen dudas de que ficha limpia termine siendo aprobada, desconfían de los senadores de Por Santa Cruz.

El oficialismo afina los consensos para llegar a la sesión convocada este 9 de abril a las 11 con la certidumbre de tener los 37 votos. Porque como les advirtió Lospennato, si el proyecto se rechaza, deberán volver a fojas cero. Todo esto se sabrá este miércoles.

La Cámara de Diputados blindó este miércoles el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueba el nuevo acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La votación resultó con 129 votos afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones. Hubo 13 legisladores ausentes.

Por el aval al DNU, lógicamente, estuvieron 37 integrantes de La Libertad Avanza; 36 del Pro; 19 radicales; los 8 de Innovación Federal; los 6 de la Coalición Cívica; 6 miembros de Encuentro Federal; 4 de Democracia para Siempre; los 3 del MID; y los 3 tucumanos de Independencia.

También votaron a favor del DNU 179/2025 las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo; la tucumana Paula Omodeo de Creo; el santacruceño José Garrido; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos; y el radical Mario Barletta de Unidos.

Las seis abstenciones fueron de Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Florencio Randazzo y Emilio Monzó de Encuentro Federal; el diputado radical Martín Tetaz; y la exlibertaria Lourdes Arrieta del monobloque Transformación.

De los bloques dialoguistas como Encuentro Federal, acompañaron Miguel Pichetto, el entrerriano Francisco Morchio, el chubutense Jorge Ávila y los cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; y por Democracia para Siempre, lo hicieron Marcela Antola de Entre Ríos, Melina Giorgi de Santa Fe, el chaqueño Juan Carlos Polini y el jujeño Jorge Rizzotti.

En contra del nuevo acuerdo con el Fondo estuvieron los 5 integrantes del Frente de Izquierda; 7 miembros de Democracia para Siempre; 4 de Encuentro Federal; el santacruceño Sergio Acevedo; y 91 de 98 de Unión por la Patria.

Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia de la Sota, los santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein de Encuentro Federal fueron los 4 que rechazaron el acuerdo. Mientras que Pablo Juliano, Facundo Manes, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli y Danya Tavela hicieron lo mismo en Democracia para Siempre.

La mirada en el principal bloque opositor estaba puesta en lo que iban a hacer los cuatros diputados catamarqueños de Unión por la Patria, sobre todo por la reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil en la tarde del martes con el jefe de Gabinete. Guillermo Francos.

Repasamos junto a los gobernadores @OsvaldoJaldo (Tucumán), @GustavoSaenzOK (Salta) y @RaulJalil_ok (Catamarca), el ministro de Economía, @LuisCaputoAR y el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro, las obras que hemos acordado realizar en el transcurso de este año en… pic.twitter.com/w398bsFQ7A

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 19, 2025

Finalmente, Silvana Ginocchio, Dante Rodríguez López, Sebastián Noblega y Fernanda Ávila no estuvieron en el recinto al momento de la votación. Tampoco lo hicieron la santiagueña Celia Campitelli, la entrerriana Blanca Osuna y el chaqueño Juan Manuel Pedrini.

Sobre los otros ausentes estuvieron la oficialista María Fernanda Araujo por un problema personal; Ricardo López Murphy; los cordobeses Juan Brügge (EF) y Héctor Baldassi (Pro); el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; y el monobloquista Roberto Mirabella (ex UP) de Defendamos Santa Fe.

Ya con los ánimos menos caldeados que en el comienzo de la sesión especial, tomó la palabra el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo, quien justificó la postura de su bancada sobre apoyar el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.

Mesurado, el cordobés mencionó el prestamos tomado en la gestión de Mauricio Macri y explicó que “de ninguna manera es un fin, es un medio”. En tal sentido, cargó que el Gobierno “gana tiempo valioso” con este nuevo programa, pero advirtió que “no resuelven el fondo de la cuestión”.

Así las cosas, señaló que “22 veces fue la Argentina al Fondo Monetario Internacional”, y agregó que esa es la “absoluta evidencia de que no es un fin ir al FMI”. En ese punto, afirmó que “vamos al Fondo porque no tenemos dólares, porque estamos flacos de dólares y están flacas las reservas”.

El presidente de bancada radical se mostró tranquilo en su intervención y criticó a aquellos que sugieren no abonar los vencimientos de deuda con los acreedores: Primero, afirmó que “eso nos trae consecuencias porque de acá a 4 años debemos abonar cerca de 20.000 millones de dólares entre deuda e intereses”.

En segunda instancia, dejó en claro que “estamos lejos de tener buenas tasas de riesgo país”. Allí, destacó que los países de la región, “aún con más pobreza que Argentina, tienen de 100 a 300 puntos”.

Por último, Rodrigo de Loredo señaló que este nuevo acuerdo con el Fondo “puede dar la posibilidad de salir del principal obstáculo económico que tenemos que son el cepo y la brecha”. Antes de finalizar su intervención en el recinto, afirmó que "hay una situación de necesidad y urgencia". 

El DNU del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional fue dictaminado y llega este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados con altas chances de ser blindado. En la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de este martes el oficialismo logró las firmas necesarias para avanzar con el despacho.

El comienzo de la exposición se demoró por más de 90 minutos porque los representantes de Unión por la Patria esgrimieron el artículo 3 del reglamento de la Bicameral para desplazar al senador riojano Juan Carlos Pagotto de la Presidencia. El oficialismo insistió y la oposición se contrapuso con la postulación de Nicolás Massot.

Ambas mociones consiguieron 8 votos cada una y la reunión se seguía trabando. Sin embargo, el senador formoseño Francisco Paoltroni, que minutos antes se había opuesto a la designación del oficialismo, propuso a Oscar Zago y la moción resultó aprobada con 10 votos.

Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia para Anabel Fernández Sagasti, pero el nuevo presidente indicó que cada moción debía ser aprobada. Finalmente, el diputado radical Francisco Monti propuso a su par de bloque en el Senado Víctor Zimmermann, quien logró ser ratificado en el cargo.

Luego de la exposición de los funcionarios invitados, la Bicameral de DNU expidió el dictamen de mayoría con las firmas de Zago, titular de la comisión; los senadores Pagotto, Zimmermann, Luis Juez y Carlos “Camau” Espínola; y los diputados Monti, Lisandro Almirón y Diego Santilli. Paoltroni, por su parte, presentó un dictamen propio.

Las exposiciones de los funcionarios

A más de dos horas del comienzo estipulado, el debate sobre el nuevo programa de crédito entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional tuvo como primer expositor al secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, quien remarcó que “el monto no está definido porque lo da el directorio del Fondo”.

En segunda instancia, el funcionario explicó que "Argentina tiene una situación histórica de volatilidad de sus variables económicas. Creemos que a través de esta operación de crédito público vamos a fortalecer el Banco Central y poder reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas".

Y siguió: "Recibimos un BCRA cuyo balance estaba detonado. Para consolidar un proceso de desinflación realizamos diversas acciones en 2024 y así llegar a una situación en la que hemos resuelto los pasivos remunerados, que generaban una carga muy importante de déficit”.

En segundo lugar, el secretario de Política Económica de la Nación, José Luis Daza Narbona, amplió que este programa “es exactamente opuesto a todos los que se hicieron”. Valoró el déficit fiscal como variable para esta nueva negociación y destacó que “este programa permitirá bajar las chances de caer en una crisis hiperinflacionaria”.

La reunión terminó pasadas las 21, cuando el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía resaltó “lo fundamental que es para la estabilidad la solvencia del Banco Central. Tenemos un Banco Central insolvente, que no nos permite avanzar en el desarrollo de la economía. Y en un mundo complejo como el que estamos, es importante salir lo antes posible de esta situación. Esa es la urgencia”, dijo, en referencia a la necesidad de aprobar cuanto antes el acuerdo con el Fondo.

Entre el auditorio, ya con muchas sillas vacías, lo escuchaba atentamente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se había acercado al Salón Azul para presenciar el último tramo de la extensa reunión.

Cuando se creía que el oficialismo iba a lograr un rápido dictamen del acuerdo con el Fondo, la oposición logró retrasar por más de una hora y media el arranque del debate. Los miembros de Unión por la Patria no reconocieron a Juan Carlos Pagotto como titular y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resolvió que Oscar Zago se quede a cargo.

El retraso del arranque de la reunión fue ocasionado porque la diputada nacional Carolina Gaillard (UP) confrontó al senador riojano, a quien le enrostró que el artículo 3 del reglamento establece que “la Presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara”.

Finalmente, el secretario parlamentario Agustín Giustinian tomó las riendas de la reunión y hubo dos propuestas: la de ratificar a Pagotto mocionada por La Libertad Avanza y los aliados, y la propuesta de la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti para que la comisión quede bajo el mando del diputado nacional Nicolás Massot.

Al aval que dieron Gaillard, Fernández Sagasti, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, María Teresa González y el propio Massot, se sumó el voto del senador exoficialista Francisco Paoltroni, quien explicó: “Hagamos las cosas como corresponden, el reglamento dice que corresponde la Presidencia a un diputado…”.

Carolina Gaillard esgrimió el artículo 3 del reglamento de la Bicameral y confrontó con el oficialismo y sus aliados.

Las caras de preocupación en los legisladores del oficialismo y los aliados podían notarse, teniendo en cuenta que, de esa manera, con la moción por la Presidencia empatada en 8 votos, podría retrasarse el dictamen del DNU 179/2025 del acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI.

Sin embargo, el senador formoseño Francisco Paoltroni, que minutos antes había desarmado la estrategia del oficialismo, pidió la palabra y propuso a Oscar Zago para quedar a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La moción fue aprobada con 10 votos a favor.

Felicitaciones @dipzago , nuevo Presidente de la Comisión Bicameral que va a tratar el DNU enviado por el Presidente Milei para tratar el acuerdo con el FMI. pic.twitter.com/5OTZAYawle

— Eduardo Falcone (@dipfalcone) March 18, 2025

El diputado libertario Lisandro Almirón, quien hace una semana anduvo a los empujones con Zago en el recinto, tomó la palabra y explicó que acompañó la moción porque “pese a la especulación, voto por Zago, porque ante todo está la República y el presidente Javier Milei”. Cuando el correntino tomó el micrófono, los miembros de UP se empezaron a reír al recordar la pelea entre ambos de la semana pasada.

Por último, Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia para la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, pero el nuevo titular indicó que se definía en votación. El diputado radical Francisco Monti propuso a su par del Senado, Víctor Zimmermann, quien fue ratificado con diez votos.

Lisandro Almirón terminó votando a su rival de la semana pasada.

El Senado aprobó la remoción del entrerriano Edgardo Kueider por 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. Con relación a los ausentes, se le suman 3 que no asistieron a la sesión, un senador de licencia y el propio legislador en cuestión, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un complejo habitacional de Asunción tras su detención por portar 211.000 dólares sin declarar al ingresar a Paraguay el pasado 4 de diciembre.

De los 60 votos que avalaron la expulsión, hubo 32 de Unión por la Patria (solo faltó el santiagueño Gerardo Montenegro); 11 de la Unión Cívica Radical; los 6 de La Libertad Avanza; 4 integrantes del Frente Pro; la cordobesa Alejandra Vigo de Unidad Federal (bancada que integraba Kueider); la chubutense Edith Terenzi; el formoseño Francisco Paoltroni; la neuquina Lucila Crexell; la rionegrina Mónica Silva; y los dos senadores misioneros del FR de la Concordia.

En tanto que los seis senadores que se opusieron a la destitución fueron: la chubutense Andrea Cristina, el entrerriano Alfredo De Ángeli (quien durante el debate había anunciado que avalaba la expulsión), la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el misionero Enrique Goerling Lara, del Pro; el radical bonaerense Maximiliano Abad; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (debió aclarar su voto porque el sistema se lo tomó como afirmativo). Este último fue compañero de bloque de Kueider y juntos formaron Unidad Federal al abandonar el Frente de Todos en 2022.

La pantalla mostró a Espínola como voto afirmativo, pero luego aclaró el sentido real de su voto.

Asimismo, el senador salteño Juan Carlos Romero fue la única abstención y explicó que “no voto con el kirchnerismo”. Por otro lado, el santacruceño José María Carambia se retiró del recinto de la Cámara alta antes de que empiece la votación. Su compañera de bloque, Natalia Gadano, directamente no asistió a la sesión de este jueves.

El otro ausente sobre los cinco mencionados fue el senador chaqueño Víctor Zimmermann, quien se encuentra de licencia desde el 7 de octubre de 2024. El pedido fue aprobado al final de la sesión.

El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) es cofirmante de un proyecto de ley, impulsado desde Unión por la Patria, destinado a la regularización de las billeteras virtuales garantizando la protección de los usuarios.

El legislador, que integra la bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, quien también firmó el texto, amplió que la iniciativa es para “beneficiar exclusivamente a los usuarios porque, en definitiva, lo que queremos con esto, es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

Entrevistado por parlamentario.com, el cordobés alertó sobre la desprotección respecto a los usuarios en caso de que las marcas de billeteras virtuales cierren, desaparezcan o quiebren: “Esta ley viene a proteger a los usuarios en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios”.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el diputado opositor Sergio Palazzo, y además de los avales de Brügge y Pichetto, también rubricaron el texto Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, Carlos Cisneros, Julia Strada y Eduardo Valdés.

El diputado cordobés Juan Brügge alertó que "las billeteras virtuales no llevan un legajo de sus clientes".

- En líneas generales ¿A qué apunta el proyecto de ley?

- “El proyecto de ley apunta a regular todo lo referente a aspectos que hacen a la protección del usuario de este tipo de instrumentos de pago. En principio, las billeteras virtuales no llevan, como si lo llevan los bancos y las otras entidades financieras, un legajo de sus clientes, no hacen un control sobre el origen de los fondos, ni tampoco tienen áreas específicas de protección de usuarios como si la tienen si las entidades bancarias. Por lo tanto, el gran volumen de dinero que manejan justifica, sobradamente, la exigencia de una regulación mínima. No queremos equiparar al 100% a las exigencias que establece el Banco Central hacia los bancos, pero sí exigencias mínimas para protección de los usuarios”.

- Hoy las billeteras virtuales son utilizadas por todos los sectores de la sociedad ¿La propuesta no perjudicará a los usuarios?

- “No para nada. Al contrario, lo va a proteger porque en principio lo que dijimos recién: A los bancos se le exige tener garantía de los fondos que recibe. Hoy, con las billeteras virtuales es muy común que el usuario o el cliente deje en fondos allí en su billetera virtual. ¿Qué sucede si la billetera virtual por cualquier circunstancia cierra desaparece o quiebra? ¿Quién va a responder por esos fondos cuando no se le exige ningún tipo de garantías de los depósitos que allí está? Por lo tanto, esta ley viene a proteger a los usuarios, también, en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios en función a la seriedad o no, o la responsabilidad o no, de los titulares o los dueños de las billeteras virtuales”.

- Hay una pelea entre el sector bancario y las Fintech ¿El proyecto a qué sector beneficiaría?

- “Exclusivamente a los usuarios del sistema financiero y de los usuarios de los sistemas de bibliotecas de bibliotecas virtuales porque en definitiva lo que queremos con esto es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

En un encuentro realizado en la provincia de Jujuy, el gobernador local Carlos Sadir, de Salta, Gustavo Sáenz y de Catamarca, Raúl Jalil ratificaron su compromiso con la regionalización de los proveedores en el marco de la creciente industria del litio. En la reunión, también se buscó establecer estrategias conjuntas para fomentar la colaboración entre las provincias y fortalecer la economía regional.

Durante la jornada, los mandatarios rubricaron un acuerdo para crear un sistema de apoyo que priorice la contratación de proveedores locales, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos y sociales para las comunidades de la región. Esta iniciativa busca no solo estimular el crecimiento de la industria del litio, sino también promover el desarrollo sostenible y la creación de empleo en las provincias involucradas.

El mandatario salteño Gustavo Sáenz enfatizó la importancia del litio como un mineral clave para la transición hacia energías más limpias y la electromovilidad. Destacó además que la actividad minera no sólo dinamiza las economías regionales, sino que también actúa como motor de desarrollo en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. “El principal beneficio de esta oportunidad radica en la creación de empleo y desarrollo de toda la cadena de valor asociada a los proveedores”, indicó el mandatario salteño.

Los gobernadores coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para armonizar normativas y políticas públicas que faciliten la integración de los proveedores en todos los procesos de exploración y explotación del litio. Al hacerlo, se espera potenciar la capacidad de la región para convertirse en un actor clave en el suministro de este mineral crítico, vital para la transición hacia energías más limpias.

Otros de los temas acordados durante la reunión fue la incorporación del sector privado al de las subcomisiones de trabajo de la mesa del litio.

Cabe resaltar que se declaró de interés regional las obras de infraestructura energética, vial y ferroviaria alentando a que el sector minero participe en las mismas.

Este acuerdo es visto como un paso significativo hacia la consolidación de la región como un polo de desarrollo económico, donde el trabajo conjunto de las provincias beneficiará a todos los habitantes.

El convenio prevé estipular un orden de antelación para las contrataciones que establezca prioridad: primero, para los proveedores locales de la Provincia en que se encuentra; luego, para los proveedores radicados en la Región Minera del Litio; y finalmente, para los proveedores nacionales.

Cada Provincia se compromete a mantener actualizado su registro de proveedores locales, a compartirlo con las demás Provincias integrantes de la Región, y a facilitar que las empresas mineras que operan en la región accedan a la información registrada sobre proveedores.

El Comité Regional del Litio llevará a cabo las acciones necesarias para implementar el presente acuerdo, en particular la formulación de recomendaciones a las distintas jurisdicciones para lograr la armonización legislativa sobre criterios de priorización y la coordinación de los mecanismos de intercambio de información sobre los proveedores locales.

Del total de los desembolsos, el BNA destinó específicamente US$ 285 millones para financiar el comercio exterior, lo cual representa un 120% más que junio del año 2023.

Con más de $ 1.130 billones desembolsados durante junio de 2024, el BNA alcanzó un nuevo récord mensual en asistencia financiera a MiPyMEs, grandes empresas y para el consumo de bienes y servicios por parte de las familias, ya que los montos otorgados reflejaron un aumento del 570% respecto del mismo período del año pasado.

Del total de los desembolsos, el BNA destinó específicamente US$ 285 millones para financiar el comercio exterior, lo cual representa un 120% más que junio del año 2023.

Al respecto, el presidente del BNA, Daniel Tillard, sostuvo que “en los primeros días de nuestra gestión nos propusimos reafirmar absolutamente nuestra vocación, nuestra misión de ser una entidad al servicio de las familias y de las PyMEs. Gracias a la disminución de la inflación y a esta misión nuestra, podemos justamente profundizar nuestra tarea de ser el principal financiador del sector privado y de los argentinos”.

En tanto, en términos más globales, el primer semestre de este año fue muy prolífico para el otorgamiento de créditos ya que entre enero y junio de 2024, el BNA destinó casi U$S 5 mil millones a la producción de las empresas y el segmento ´individuos´, lo cual contribuyó a sentar las bases para mejorar la actividad económica en la Argentina.

En esa misma línea, la TiendaBNA movilizó recursos financieros por otros casi U$S 10 mil millones, situación que permitió que miles de personas pudieran acceder a bienes y servicios de consumo masivo.

Además, el BNA también amplió los recursos orientados a estimular el comercio exterior, ya que en los primeros seis meses del 2024 se otorgó asistencia financiera por U$S 660 millones, con lo cual se facilitó el intercambio de bienes y servicios entre Argentina y el resto del mundo.

Al desagregar las cifras, se puede especificar que el BNA destinó unos U$S 4,3 mil millones a MiPyMEs y grandes empresas, lo cual permitió avanzar en el proceso de reactivación económica en el país. En términos más precisos, casi el 90% de los recursos fueron para inversiones y capital de trabajo.

También se incrementó un 96% la cantidad de transacciones monetarias y no monetarias como transferencias bancarias, pagos por servicios o establecimiento de plazos fijos.

Respecto de la TiendaBNA, el Marketplace del Banco, se realizaron en el primer semestre del año 107 mil operaciones por casi U$S 10 mil millones, en tanto los principales movimientos comerciales se verificaron en Buenos Aires, CABA, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Específicamente, el ticket promedio de compra orilló los 90 mil pesos.

Otro hito importante que se logró este año fue el lanzamiento de los créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, operatoria para la cual se destinaron más de US$ 4.000 millones. En este sentido, es oportuno mencionar que ya se recibieron más de 25 mil solicitudes, lo cual constituye un éxito para el banco y una oportunidad única para miles de familias de acceder a la compra, construcción,             cambio,          refacción       y          ampliación    de  viviendas en       todo    el         país.

En definitiva, los resultados crediticios y la asistencia financiera otorgada por el BNA durante el primer semestre del 2024 a Micro, PyMEs y grandes empresas de todo el país, empieza a perfilar un sendero de mejoras en algunos indicadores de actividad económica en la Argentina.

En medio de las negociaciones entre los emisarios del Gobierno Nacional y los referentes dialoguistas para pactar qué versión del texto del Poder Ejecutivo se convertirá en ley, el bloque de Hacemos Coalición Federal tiene decidido que no irá contra los cambios que impuso el Senado en el capítulo sobre privatizaciones. Por el contrario, esa bancada mantiene la postura de que “no se puede modificar nada que no haya salido en la votación en general en Senado”.

De ese modo, la bancada presidida por Miguel Ángel Pichetto -la cual se compone de 16 diputados nacionales- no dará su aval a que se privaticen las empresas estatales Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina (RTA), ya que esas empresas fueron quitadas del título aprobado en la Cámara alta.

Tal cual anticipó este medio, prevalece en HCF la postura de su titular respecto a que esas modificaciones fueron acordadas en el Senado, y que, a su vez, esos temas rechazados no fueron tratados por la Cámara alta (se quitaron antes de llegar al recinto por acuerdos con los dialoguistas), y por lo tanto no pueden ser cambiados en Diputados.

Al respecto, el diputado Nicolás Massot aclaró sobre la postura de su bancada que ellos ya apoyaron las privatizaciones, “y estamos en contra de que los argentinos financien empresas deficitarias”. Pero recordó que “el Gobierno en el Senado excluyó esas tres empresas de la votación. Ni siquiera las votó en general. No se puede hacer cualquier cosa y de cualquier forma”.

En ese sentido, la bancada federal no apoyará tampoco la eliminación de la moratoria previsional, artículos que fueron votados en Diputados, pero retirados del texto que se trató en el recinto del Senado.

Desde la bancada explicaron a parlamentario.com que “sí se puede agregar Ganancias y Bienes Personales, pero no agregar Aerolíneas o empresas que fueron sacadas antes de la votación en general”. De tal manera, el bloque de HCF acompañará esos puntos del paquete fiscal, no así el capítulo II de la ley Bases sobre empresas del Estado a privatizar.

Recordemos que la votación en particular en la Cámara baja el pasado 30 de abril, el resultado arrojó 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones sobre el capítulo II que dispone la privatización o concesión parcial de empresas públicas. En aquella oportunidad, HCF aportó 11 votos positivos, sin contar a los integrantes de la Coalición Cívica (4 afirmativos, una abstención y un ausente).

Todo esto fue resuelto en el marco de una reunión del bloque que contó con la presencia de los diputados nacionales Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

La firma Access Partnership lanzó una metodología para que los gobiernos evalúen hasta qué punto sus ecosistemas de Inteligencia Artificial están listos para implementarla responsable y ética de manera ágil y sencilla.

El Responsible AI Readiness Index (RARI) permite a las economías evaluar su progreso en comparación con estándares de ética y responsabilidad como la privacidad, la transparencia, y la equidad. También ayuda a identificar brechas, barreras, y áreas de mejora, asegurando que los esfuerzos e inversiones que se hacen están alineados con las necesidades y capacidades específicas de cada país – ya sean culturales, financieras, de infraestructura, institucionales u organizativas.

Al respecto, Greg Francis, director ejecutivo de Access Partnership, señaló: “Dado que la IA se ha introducido en todas partes de la sociedad, desarrollar prácticas responsables de IA no es una opción. El uso generalizado de la IA implica una serie de desafíos éticos y sociales, lo que exige que construyamos marcos reglamentarios para regir su implementación”.

“Con nuestro Responsible AI Readiness Index, buscamos facilitar la integración de la IA responsable en las agendas de digitalización de los países y garantizar que sus entornos políticos puedan avanzar con prácticas éticas de IA”, amplió.

Basado sobre principios, pautas, estándares, y mejores prácticas internacionales, el RARI está diseñado para superar las deficiencias de otras metodologías de evaluación de IA, cuales a menudo dejan de lado la IA responsable o son demasiado complejas para ser aplicadas.

Por eso, el RARI ha sido conceptualizado de manera a apoyar a quienes buscan priorizar y poner en práctica una IA responsable.

Finalmente la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel convocó este martes a una sesión especial para este jueves a partir de las 11, e incluyó en el temario una serie de proyectos y también el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 20 de diciembre.

Este miércoles habrá una reunión de labor parlamentaria donde se terminará de definir en presencia de la titular de la Cámara alta y los jefes de bloques la modalidad de la sesión, donde el tratamiento del DNU 70/2023 figura en el último lugar del temario.

El menú de temas incluido en la sesión pedida por la titular del Senado que en primer lugar incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

En último lugar, como dijimos, figura el tratamiento del DNU 70/23, sobre Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal su denominación, que fue precisamente el factor que generara tal estado de tirantez que inmovilizó la actividad en el Senado.

En efecto, durante el período de sesiones extraordinarias que culminó el pasado 15 de febrero, Villarruel desestimó diferentes pedidos de sesión especial: tres de Unión por la Patria y otros de bloques federales, y así, mantuvo la vigencia del decreto, a pesar de que algunos puntos, como la reforma laboral fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia.

De ser tratado en el recinto este jueves, quienes rechazan el mega decreto tienen el número suficiente para conseguir un objetivo que nadie nunca antes obtuvo contra un gobierno en ejercicio. Solo fue rechazado un DNU de Mauricio Macri por una de las cámaras (también el Senado), pero cuando ya no era gobierno. Como sea, el decreto debería ser rechazado también por la Cámara baja para perder validez.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de declaración en repudio contra de la República de Venezuela por “suspender las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su consecuente expulsión de los funcionarios asignados a dicha misión”.

En el texto se relató que “el jueves 15 de febrero la República de Venezuela decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresando que esa institución desarrollaba sus funciones con parcialidad y acusándola de operar al servicio de grupos golpistas y terroristas que buscan desestabilizar al país”.

“La acusación que pretende establecer un vínculo directo entre los funcionarios y el accionar contra la soberanía nacional, supuestos intentos de magnicidio y demás conspiraciones no hace más que profundizar y evidenciar el contexto adverso y peligroso en el cual se desempeñan los funcionarios expulsados junto a otros organismos que investigan los abusos por parte del gobierno de Venezuela”, agregó el proyecto.

En el final, denunció que “como es de público conocimiento, en la República de Venezuela se vienen sucediendo una serie de hechos que atentan contra las libertades democráticas, de libre expresión y ataques contra la prensa, no solo nacional, sino también sobre corresponsales de medios extranjeros”.

Giudici es la presidenta de la Fundación LED (Libertad y expresión + Democracia) y la iniciativa fue acompañada por Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Sergio Capozzi, Sabrina Ajmechet y María Sotolano.

Outlook Global M&A Industry Trends present un informe que amplió que los sectores de energía, servicios públicos y recursos (EU&R) serán los grandes protagonistas de las fusiones y adquisiciones en 2024 a pesar de la incertidumbre económica.

De acuerdo con el informe, se destinan grandes volúmenes de capital a los sectores de EU&R, ya que los inversores creen en la importancia de la transición energética para lograr el objetivo de cero emisiones netas.

“Las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) fueron, por un tiempo, los impulsores clave de las transacciones en los sectores de EU&R. Sin embargo, pareciera que en los últimos meses comenzaron a ocupar un rol secundario en algunos sectores debido a que los problemas económicos determinan las prioridades de inversión a corto plazo. ¿Seguirá esta tendencia en 2024? Creemos que la transición energética y la sustentabilidad seguirán siendo los impulsores fundamentales de las transacciones en los sectores de EU&R en el futuro cercano y esperamos que los grupos de interés vuelvan a centrar sus esfuerzos en estas áreas en 2024”, afirmó Ezequiel Mirazón, socio de PwC Argentina, líder de la práctica de Energía, Minería y Utilities.

Por su parte, Juan Procaccini, socio de PwC Argentina, líder de la práctica de Deals, explicó que “Los volúmenes y valores de las fusiones y adquisiciones de las empresas de EU&R cayeron un 1% y 26% entre 2022 y 2023, respectivamente. Si bien es cierto que la concreción de transacciones disminuyó en muchos sectores, los de EU&R se mantuvieron activos atrayendo el interés de los inversores debido a su importancia en la transición energética. Sin embargo, pese a que los megadeals se redujeron en un 60% en comparación a los valores registrados en 2021, el 2024 comienza a mostrar signos importantes de recuperación, con el anuncio de varias megadeals por un monto que supera los US$40.000 millones”.

En la más reciente edición de la Encuesta Anual Global de CEO de PwC, los directores ejecutivos de las empresas de EU&R afirmaron estar posiblemente mucho más preocupados que los de otras industrias por los riesgos que supone el cambio climático para sus empresas en los próximos 12 meses.

Ante la postergación del avance del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y su regreso a foja cero, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) informó en X que "presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder ejecutivo que convoque a una consulta popular" y buscar aprobar la iniciativa del presidente Javier Milei con el voto del pueblo de la Nación.

De esta manera, Milman remarcó su pedido basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a la espera de conocer lo que sucederá con la ley ómnibus durante el período de sesiones extraordinarias, el cual culmina este 15 de febrero, y aun no hay certezas de que sea prorrogado.

En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la CN.
Así mismo presente un proyecto de Ley en el mismo sentido regulado por el segundo párrafo del Artículo 40 @JMilei

— Gerardo Milman (@gmilman) February 7, 2024

El texto que Milman relató presentar en la Cámara de Diputados propone que la iniciativa del Poder Ejecutivo sea sometida a una votación en las urnas, la cual será aprobada o rechazada a partir del resultado del sufragio de la ciudadanía. Es decir, el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

También, está la convocatoria a consulta popular no vinculante donde el voto no es obligatorio y puede ser solicitada por el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias.

El único antecedente del plebiscito en Argentina fue en 1984 cuando el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, sometió a voluntad popular el parecer de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación del papa Juan Pablo II.

La propuesta fue aprobada por el 82% de los votos, frente al 17% que optaron por la negativa y menos de un 2% de votos en blanco o nulos.

A la espera de la media sanción del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados, el senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja) señaló que su bancada “está en permanente conversación con los otros bloques, menos con el kirchnerismo”.

Consultado por el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, el legislador riojano anticipó que primero tienen que tratar los DNU que "han sido remitidos y no se han tratado, que son los de Alberto Fernández, a quien le han dado facultades extraordinarias y plenipotenciarias, dirían algunos”.

Entrevistado por parlamentario.com, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se mostró optimista de avanzar con las iniciativas de Lavado de Activos y Boleta Única de Papel, incluso con el proyecto de ley Bases, que se está votando en Diputados. "esperamos aprobarla", enfatizó

Por otro lado, lanzó criticas contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela  por su manera de gobernar la provincia. "Su manera de gobernar es de hace dos siglos y no lleva a ningún lado. Se cree Chacho Peñaloza", lanzó

- ¿Qué perspectiva tiene sobre la Ley de Bases, que en las próximas horas se espera vaya a aprobar Diputados?

- Vamos a esperar que se apruebe y luego lo vamos a trabajar. Nosotros somos la Cámara revisora y ya tendremos el texto definitivo cuando terminen de aprobar en particular con las modificaciones que van a introducir en Diputados. Luego, será tratado en la reunión plenaria.

- ¿Existe la posibilidad de que convoquen a un plenario la semana que viene?

- Tiene que ir a las comisiones, se le da entrada, se remite al trabajo de comisión y cuando salgan los despachos de mayoría, minoría y con disidencias llegará al recinto.

- ¿Entablaron conversaciones con algunos bloques de la oposición?

- Particularmente yo, y nuestro bloque La Libertad Avanza, estamos en permanente conversación con senadores de otros bloques. Quizá con los que menos diálogo tenemos es con el kirchnerismo, que es normal y natural. Tratamos de sacar los temas que son urgentes como el proyecto de ley de Lavado de Activos que tiene que estar antes del 3 de marzo, porque viene la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También hay que sacar Boleta Única de Papel. Y ni bien llegué el proyecto de ley Bases, seguiremos el trámite legislativo para su tratamiento.

- El DNU es otro de los temas conflictivos que deberán resolver en el Senado. ¿Lo van a tratar, o esperarán la resolución de la Corte?

- El tema es simple. Yo, personalmente, tengo el criterio de que tenemos que tratar los DNU que han sido remitidos y no han tratado, que son los de Alberto Fernández. Se le han dado facultades extraordinarias, plenipotenciarias dirían algunos. Unión por la Patria pide una sesión para tratar el DNU, pero en Diputados no han presentado los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Están violando la teoría de los propios actos. Nadie puede ponerse en contradicción de un acto propio. Ellos ponen trabas en la conformación de la comisión, mal no pueden venir con chicana política con todo esto. De todas maneras, están dentro de las reglas de juego de la política argentina que queremos desterrar. Cada cual tiene que cumplir su responsabilidad. Ellos están haciendo oposición por la oposición misma.

Ellos hacen como si hubieran venido de otro planeta y no conocen o no han tomado nota del desastre que han dejado. Han potenciado a niveles superlativos. La gente les contestó cuando con sus socios de la ultraizquierda han bajado a la calle a hacer demagogia en la Plaza. Las cosas hay que tratarlas con seriedad, porque si las vamos a usar para la mera chicana política no le hace bien. Los muchachos debieran saber que, primero está la patria, después los partidos políticos y los hombres. Acá tenemos que solucionar los problemas de la Nación Argentina que está en un estado terminal y poco a poco remontando para volver a salir. Para ser el país que alguna vez fuimos.

- Entonces, ¿considera que Unión por la Patria tendrá la misma actitud que tiene en Diputados en el Senado?

- A lo mejor sí, o a lo mejor no. En Unión por la Patria hay gente que es bastante centrada y responsable y otros que están enceguecidos en hacer la contra. Aspiro a que la discusión sea con respeto y objetividad. Lo demás, la historia la va escribiendo la gente todos los días.

- Respecto a la medida del Gobierno riojano sobre emitir moneda propia, ¿qué opinión le despierta esta medida?

- A Ricardo Quintela lo conozco mucho. Él tiene una manera muy particular de gobernar y de ver la historia. Vamos a partir de que pintó las paredes de rojo con una frase absolutamente marxista: ‘Los sueños colectivos son de todos’. Viola hasta la simbología peronista porque los colores del peronismo siempre fueron celeste y blanco, eso lo sabe hasta un bebé de pecho. La manera de gobernar de Quintela es de hace dos siglos y no lleva a ningún lado. En vez de hacer una política de austeridad y revisar los gastos superfluos del gobierno, está de vacaciones en el extranjero. Vive una vida de multimillonario como si la Argentina fuera un pais con una economía rozagante.

Quintela está gobernado como él sabe: a la fuerza y porque se le ha puesto que es la reencarnación del Chacho Peñaloza. La gente sabrá si lo castiga o lo premia en las elecciones. En los dos centros grandes urbanos perdió por una gran diferencia. No las tiene todas consigo. El cuerpo electoral tiene con su voto la oportunidad de premiar o castigar. En el mandato tiene que cumplir con la representación de la gente. No es que van a ser capataces, dueños o señores feudales, ni nada. En Argentina, esto, nos ha llevado está situación. En La Rioja está potenciada con Quintela. Pero deberá cumplir su mandato y tendrá que someter su gestión al escrutinio de las urnas.

Continuadas las intervenciones de cada bloque en el inicio del debate del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado nacional Juan Manuel López (HCF) confirmó que “vamos a votar el dictamen del oficialismo”, pero cuestionó al Gobierno Nacional.

“Venimos a dar una herramienta que el país y el Gobierno necesitan y y sobre todo el país que está sufriendo”, aseveró. Asimismo, destacó que “el Gobierno tuvo la suerte de que muchos diputados colaboraran, pero no todos”.

De allí, mencionó las cuestiones a las que se oponen desde la Coalición Cívica – ARI- espacio dentro de Hacemos Coalición Federal-: “La moratoria me parece un error, los que producen estan ahogados de impuestos y es imperioso revisar esta decisión o que lo hagan cuando traigan el paquete fiscal”.

Con relacion a la movilidad jubilatoria, expresó: “el ajuste del Frente de Todos a los jubilados es responsabilidad de Alberto Fernández, Sergio Massa y La Cámpora porque la fórmula propuesta se quedaba corta”. En tal sentido, sostuvo que “no se vuelva a cometer ese error”.

Tambien se refirió al impuesto al tabaco y señaló que “es inexplicable no recaudar sobre tabacaleras”, y amplió su mirada sobre la delegación de facultades: “No votamos facultades por un principio politico y porque nacimos como espacio político cuando Elisa Carrió no se le votó a Domingo Cavallo hace 22 años”.

“La Argentina necesita muchas reformas como quitar la multa del trabajo no registrado para combatir la industria del juicio laboral y eso genera expectativa en las pymes que quieren eliminar esas multas para tomar más gente”, cuestionó López con relacion a qué el presidente lo envio en el DNU y no por un proyecto de ley.

Por último, criticó: “No me entra en la cabeza la política fiscal sobre retenciones porque los productores empezaron el año con 7% y se encuentran con 15”. “Cuenten con este bloque, pero algunos libertarios nos tratan de colectivistas y no hay nada mas colectivista que subir retenciones”, concluyó.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (HCF) cuestionó a Unión por la Patria y los acusó por “olvidarse de defender la Constitución y la institucionalidad según quien gobierne”. “El Frente de Todos defendió la delegación de facultades a Alberto Fernández para tenernos encerrados”, recordó.

Además, se dirigió al Gobierno Nacional: “Nosotros representamos a personas, no a presidentes. Hay gente con mucho miedo porque le dijeron que si no sale la ley se cae el mundo y la legitimidad radica en representar el pueblo”.

También, opinó sobre el tema jubilaciones y fustigó al gobierno saliente: “Los jubilados son los peores pagos de este país, pero esto no es de ahora porque votaron una ley cantando la marcha peronista y le hicimos daño”.

Para concluir su intervención en línea con su espacio, la CC- ARI, anticipó que “hay que sacar este país adelante y no vamos a poner palos en la rueda”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió este lunes a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, con relación al proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y afirmó que “son un engañapichanga”.

Además, consideró que “Si le dejan el cuarto artículo, que son la delegación de facultades legislativas al presidente, significa que cuando tenga los poderes delegados va a reinstalar todo lo que retiraron. La clave es que no se aprueben las facultades delegadas que quieren”.

Consultado por la posición de Unión por la Patria, respondió “va a votar en contra porque esta ley ómnibus no favorece al país”, y agregó: “Siempre hubo delegación de facultades, pero eran acordes a la Constitución. En este caso pretenden cambiar la matriz social, económica, cultural y política del país”.

Con relación al dictamen de mayoría del oficialismo, Valdés aseveró que “LLA lo denomino `atrapado sin salida´ porque lo votaron 34 diputados en blanco y los estafaron, lo presentaron sin los cambios que pedían”. “Estos bloques que no fueron respetados en sus propuestas ¿van a dar el quorum? ¿Van a votar positivamente una ley que les cambian permanentemente? ¿Está la confianza restaurada? Creo que no, creo que la confianza está claramente viciada”, cuestionó.

Por otro lado, Valdés se refirió al DNU: "Los cambios de vida definitivos de las personas no pueden ser por decreto. Aquí de pronto pasaron a estar fuera de la ley los que tienen una agencia de turismo, los farmacéuticos que estudiaron para ejercer y los jubilados a quienes les cambian la forma de vida con asignaciones paupérrimas".

“Tampoco se puede cambiar el código civil en período de sesiones extraordinarias, las reformas al código civil llevaron años, y son producto de debate de grandes juristas de distintas tendencias para llegar a una propuesta que después toman los legisladores, lo mismo con la reforma del código penal”, criticó.

Por último, manifestó: “Espero que esta ley se debata a la luz del día y no en una sesión maratónica por la noche y sin televisar”, y cerró: “No se convocaron a todas las comisiones que correspondía para debatirlo, es una gran anomalía”.

La Democracia Cristiana es una corriente política que se basa en los principios y valores cristianos y que tiene un papel fundamental en la promoción de una sociedad justa, equilibrada y solidaria. Sus principios éticos y morales se traducen en políticas que buscan el bienestar social, la subsidiariedad y la solidaridad, aspectos fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de una sociedad.

La importancia de la Democracia Cristiana radica en su capacidad para ofrecer una visión equilibrada entre los principios cristianos y la democracia liberal. Esta corriente política reconoce que la democracia es el marco ideal para la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad, pero al mismo tiempo defiende que los principios y valores cristianos no deben ser relegados a un segundo plano, sino que deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas.

En un mundo cada vez más secularizado y en el que los valores éticos y morales son cada vez más cuestionados, la democracia cristiana se vuelve fundamental para recordar la importancia de la ética y la moral en la política. Sus principios y valores promueven el respeto a la dignidad humana, la justicia social y el bien común, principios fundamentales para una convivencia armoniosa y equitativa.

La Democracia Cristiana también destaca por su defensa de la subsidiariedad, que implica que los problemas y decisiones deben ser abordados en el nivel más cercano posible a los ciudadanos. Esto implica una descentralización del poder y una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. Asimismo, la solidaridad es otro aspecto fundamental de la Democracia Cristiana, que busca promover políticas que reduzcan las desigualdades y brinden oportunidades a todos los miembros de la sociedad.

Angela Merkel ha sido una destacada representante de la Democracia Cristiana. Durante su mandato, ha demostrado la importancia de aplicar estos principios en la política y cómo pueden contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad. Su liderazgo ha sido clave en momentos de crisis, como la migratoria o la financiera, donde ha buscado soluciones basadas en la solidaridad y la cooperación internacional.

Además, Merkel ha sido un modelo a seguir para las mujeres en la política, demostrando que es posible alcanzar el éxito y liderar en un ámbito históricamente dominado por los hombres. Su visión equilibrada entre los principios cristianos y la democracia liberal, combinada con su pragmatismo y capacidad de toma de decisiones difíciles pero necesarias, la convierten en una figura inspiradora para las mujeres en todo el mundo.

En conclusión, la importancia de Angela Merkel y la Democracia Cristiana radica en su capacidad para promover una política basada en los principios y valores cristianos, compatibles con la democracia liberal. La democracia cristiana defiende el bienestar social, la subsidiariedad y la solidaridad, aspectos fundamentales para el desarrollo y estabilidad de una sociedad. Merkel ha demostrado la relevancia de estos principios en momentos de crisis y ha servido como ejemplo para las mujeres en la política. La democracia cristiana y su aplicación en la política siguen siendo pertinentes y necesarios en la construcción de un mundo más justo y equilibrado.

Angela Merkel, la canciller alemana más longeva en la historia de Alemania y una de las figuras políticas más influyentes a nivel mundial, ha dejado un legado indiscutible en la política y en la democracia cristiana. Durante sus 16 años de mandato, Merkel ha llevado a cabo importantes reformas, ha enfrentado situaciones de crisis y ha demostrado ser una líder fuerte y comprometida con los principios de la democracia cristiana.

La democracia cristiana es una corriente política que se basa en los principios del humanismo cristiano y aboga por la defensa de los valores éticos y morales en la política. Esta corriente busca ofrecer una visión equilibrada entre los valores cristianos y la democracia liberal, promoviendo el bienestar social, la subsidiariedad y la solidaridad. En este sentido, Angela Merkel ha sido una destacada representante de la democracia cristiana, aplicando estos principios en su gobierno y en sus políticas.

Una de las principales características de Merkel como líder de la democracia cristiana ha sido su capacidad para mantener el equilibrio entre los principios cristianos y las demandas de una sociedad cada vez más secularizada. En un contexto en el que las iglesias están perdiendo influencia, Merkel ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, siendo consciente de que los valores cristianos no deben imponerse, sino convencer a través del diálogo y la inclusión.

Merkel también ha sido una defensora de la cooperación internacional y del multilateralismo. A lo largo de su mandato, ha participado activamente en organismos internacionales como la Unión Europea o el G7, buscando soluciones a los desafíos globales y promoviendo la unidad y la solidaridad entre los países. Su liderazgo ha sido clave para afrontar crisis como la migratoria o la financiera, demostrando la importancia de la cooperación y el diálogo en un mundo cada vez más interconectado.

La canciller alemana ha sido una voz de estabilidad y prudencia en momentos de incertidumbre. Durante la crisis de la eurozona, Merkel tomó decisiones difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad económica de la región. Su enfoque pragmático y su capacidad para tomar decisiones impopulares pero necesarias le han valido el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, la importancia de Angela Merkel no solo radica en su liderazgo político, sino también en su papel como modelo a seguir para las mujeres en la política. Su exitoso mandato demuestra que las mujeres pueden llegar a lo más alto, derribando barreras y demostrando su capacidad para liderar y gestionar situaciones complejas.

En conclusión, la importancia de Angela Merkel y la democracia cristiana radica en su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, preservando los principios éticos y morales en la política. Merkel ha demostrado que es posible conciliar los valores cristianos con las demandas de una sociedad plural y diversa, promoviendo el bienestar social, la subsidiariedad y la solidaridad. Su liderazgo ha sido crucial para afrontar crisis, promover la cooperación internacional y servir de ejemplo para las mujeres en la política. La huella dejada por Merkel y la democracia cristiana es innegable y seguirá siendo una referencia en la historia política de Alemania y del mundo.

Es importante destacar que en un reciente discurso, el economista y presidente argentino Javier Milei cometió un error al afirmar que la democracia cristiana dentro del comunismo. Esta afirmación es incorrecta y demuestra una falta de comprensión sobre los principios y valores de la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene como base el humanismo cristiano y promueve la defensa de valores éticos y morales en la política, lo cual es contrario al comunismo. Es esencial diferenciar y comprender las diferentes corrientes políticas para evitar confusiones y distorsiones en el discurso político. En este sentido, es fundamental resaltar la importancia de la democracia cristiana y sus principios en la construcción de una sociedad justa y equilibrada.

Espero se recapacite y no se ponga en una misma bolsa principios y valores que siguen la lucha por la libertad, la vida y la justicia social.

El bloque de diputados naciones del Pro, encabezados por su presidente Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y garantizar la devolución de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que había quitado Alberto Fernández.

“Como es de notorio y de público conocimiento el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”, explicaron en el texto presentado.

Del mismo modo, cuestionaron al presidente saliente por “apresurarse a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del jefe de Gabinete de ministros por la misma razón”.

También, remarcaron que “un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Diego Santilli, Germana Figueroa Casas, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman y Martín Yeza, entre otros.

Desde la Municipalidad de la Matanza, gobernada por el intendente Fernando Espinoza, repudiaron el asesinato de cinco personas ocurridos en una toma de terrenos en una zona de tosqueras abandonadas, en la localidad de González Catán.

Desde la Intendencia, comunicaron que “en 2022 se hicieron las correspondientes actuaciones policiales y judiciales, y que en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”.

Además, señalaron que “la Justicia dictó la medida de no innovar, la cual aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”. “Esto significa que, por haber recurrido a la Justicia también quienes usurparon esos terrenos, la decisión se mantiene en un status quo en tanto avanzan las acciones legales”, añadieron.

La zona es una tosquera abandonada que pertenece a dueños particulares, y que fue usurpada dos años atrás, circunstancia de la que él municipio tomó conocimiento por información policial. De inmediato, se procedió a realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía Descentralizada N° 2, en la actualidad a cargo del fiscal Gastón Duplaá.

La citada medida judicial de “no innovar” dictada impidió que se desalojara a ninguno de los usurpadores y pretendía que no ingresarán nuevos ocupantes.

Respecto de los trágicos hechos, en su esclarecimiento están actuando diferentes estamentos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo las instrucciones del fiscal Dr. Adrián Arribas.

El Municipio de La Matanza repudió “este salvaje” hecho y acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos.

Del mismo modo, el Municipio alerta a la comunidad toda sobre el accionar delictivo de inescrupulosos que aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse, quedando a merced de futuros desalojos.

En ese sentido, si alguien ofrece la venta de un terreno, los vecinos pueden consultar en la Secretaría de Hábitat municipal, que informará quien es el dueño y si ese terreno es factible para construir su vivienda.

En medio del debate del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los diputados nacionales de Unión por la Patria estuvieron reunidos con diferentes sectores “perjudicados” por el mega DNU de Javier Milei.

En primera instancia, los legisladores de UP se encontraron con trabajadores y artistas del mundo de la cultura: “Estamos dando pelea al paquete de medidas que el gobierno quiere imponer para apagar nuestra diversidad y anular nuestra identidad”.

Del mismo modo, el sector farmacéutico enfatizó su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023: “Esto representa un avasallamiento y un retroceso en todo lo que tiene que ver con materia sanitaria, no solo porque afecta un principio fundamental como es la salud pública, más allá del avasallamiento de nuestra profesión”.

Además, señalaron que “estamos muy preocupados porque se está yendo contra una ley que fue votada por unanimidad en el año 2012 sin ninguna necesidad o urgencia”, con relación a la baja a la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), desalentándose así la producción pública de medicamentos y su relación con la investigación nacional y pública.

“El ajuste del gobierno de Milei nos pega por partida doble. Las políticas libertarias de pérdida de poder adquisitivo y pérdida de derechos laborales se suman a las violencias y desigualdades históricas y estructurales que sufrimos”, explicaron desde los colectivos feministas presentes en la reunión.

Asimismo, hubo una reunión con rectores de universidades de todo el país, donde el bloque de UP apoyó “la enorme y altísima responsabilidad de conducir universidades públicas, en distintos puntos de Argentina, que tienen los compañeros y compañeras rectoras en tiempos de Javier Milei”.

Por último, el ex secretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, presente en la reunión, remarcó que “nunca en toda la historia la totalidad del sector se encuentra tan abroquelado en contra de un proyecto de ley”, y aseguró que “si el conjunto de los trabajadores del sector y de las empresas, se encuentran de forma tan categórica en contra debe ser sin dudas que no tiene puntos beneficiosos sino que, por el contrario, pone en jaque los casi 100 mil puestos de trabajo que genera la industria pesquera, en forma directa e indirecta”.

En el inicio del plenario, el diputado nacional Sergio Palazzo (UP – Buenos Aires) se refirió a los dichos del presidente de la Nación Javier Milei respecto a a “coimas en el Congreso”, y expresó que “a mí ningún presidente me va a tratar de coimero”.

Entre gritos e interrupciones con Gabriel Bornoroni, titular de Legislación General, Palazzo manifestó: “A los tres presidentes (de las comisiones) o algunos de los miembros, les pido que informen si han recibido pedido de coimas”.

Asimismo, remarcó: “No tengo ninguna denuncia por coimas y mí no me va a tratar de coimero ningún presidente de la Nación”, señaló Palazzo.

Minutos antes, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT – CABA) también se refirió al tema y señaló que “si el presidente Milei habló de coimas, quiere decir que quienes le voten a favor esto, es porque recibieron coimas”.

Se llevó adelante una reunión clave para solucionar la falta de suministro eléctrico en el Delta tigrense, luego del temporal que afectó gravemente la región el pasado 17 de diciembre. Participaron representantes de Edenor, autoridades del Municipio de Tigre y referentes de Islas. La empresa informó que el servicio ya fue restablecido en el 60% de los hogares afectados y se comprometió a alcanzar la totalidad del territorio en los próximos días.

La semana pasada se conformó un equipo de trabajo entre las partes y realizaron encuentros en los que se brindó un panorama más preciso de todas las acciones realizadas y las que están en curso. Desde el Gobierno local informaron que se intensificaron los trabajos de remoción de árboles y postes caídos para que la empresa pueda recomponer el suministro en la zona.

En ese marco se definió crear un canal de comunicación exclusivo entre las partes para gestión y atención de prioridades. Asimismo, con la intención de brindar una solución de fondo a todos los habitantes de Islas, se conformó una mesa de trabajo para analizar las alternativas técnicas que permitan mejorar el servicio en la zona.

El Municipio de La Matanza realizó una entrega de juguetes en las 17 localidades del distrito alcanzando a un total de más de 200 mil chicos que recibieron su regalo.

Tras ello, el intendente Fernando Espinoza señaló: “Hoy estamos muy felices en esta plaza, uno de los tantos puntos donde se hicieron presentes los Reyes Magos. Para mí, ver la ilusión en la carita de las chicas y chicos, que le traen la cartita a los Reyes, es algo inolvidable”.

“Los Reyes Magos llegan para darle una inmensa alegría a miles chicos, ya que más de 100 mil juguetes fueron entregados en las distintas plazas de toda La Matanza”, sostuvo Fernando Espinoza y, en esa línea, agregó:  “No hay nada como poder hacer felices a nuestras niñas y niños. Ver la alegría, ver la emoción cuando se acercan a los Reyes Magos y reciben sus regalos en estos tiempos tan difíciles y complejos de la Argentina, es una satisfacción enorme”.

Además, remarcó: “La llegada de los Reyes es una sana costumbre en La Matanza que va a seguir siempre vigente, porque para nosotros, los únicos privilegiados son los niños, como decía Evita”.

Finalmente, Fernando Espinoza concluyó: “Poder lograr que más de 100 mil chicos puedan celebrar el Día de Reyes con tanta ilusión y llevarse un regalo, es una felicidad inmensa e indescriptible para nosotros, sin duda la celebración del Día de Reyes en La Matanza es un momento que nuestros chicos van a atesorar por siempre en sus corazones”.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, presidido por Germán Martínez, se reunió esta tarde con los representantes de la CGT, CTA, MUPYME y la Corriente Federal de Trabajadores para rechazar el “mega DNU” enviado este miércoles por la noche por el presidente de la Nación, Javier Milei.

A la espera del llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, aún resta conformar a los 16 integrantes (ocho por cada Cámara) que formarán parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

En Diputados, si bien la cuenta da que el 40% que representan los 102 diputados de UP significarían 3,2 diputados, el bloque de Germán Martínez tendría más chances de sentar 4 diputados en la Bicameral de DNU. En diálogo con parlamentario.com, Cecilia Moreau sostuvo que van a "exigir" 4 lugares allí. Como sea, no es seguro que el oficialismo cuente con las firmas del resto de sus circunstanciales aliados para esta ocasión. En todo caso, será clave quién tendrá la presidencia de la comisión, cuyo voto vale doble.

“Creemos que la decisión de Javier Milei es gravísima en términos institucionales”, comunicaron desde UP, y advirtieron que “si el presidente frenaba ese DNU, la situación hoy sería otra, pero el decreto existe y nuestro bloque va a articular todas las acciones necesarias para que el Congreso Nacional lo rechace”.

Además, plantearon que “tenemos en claro que la situación es dramática porque desde anoche se encuentra vigente y los alquileres pueden cobrarse en dólares, las prepagas pueden aumentar sin límites, los empresarios pueden despedir sin consecuencias y las tierras argentinas pueden quedar en manos extranjeras”.

De ese modo, remarcaron que “el mega DNU es inconstitucional porque invade competencias del Congreso Nacional, afecta a la división de poderes como así también el funcionamiento de la República y la democracia argentina”. “Nos tocará a los diputados generar la estrategia parlamentaria para lograr el urgente rechazo de este decreto”.

Finalmente, el comunicado cerró: “LA CGT delineará su plan de acción y los diputados queremos acompañarlos”. “Tenemos la seguridad de que este tempo requiere un consenso transversal, diálogo amplio de todos los sectores políticos con representación parlamentaria para defender la Constitución, la democracia, la República y los derechos del pueblo argentino”.

En Diputados, si bien la cuenta da que el 40% que representan los 102 diputados de UP significarían 3,2 diputados, el bloque de Germán Martínez tendría más chances de sentar 4 diputados en la Bicameral de DNU. En diálogo con parlamentario.com, Cecilia Moreau sostuvo que van a "exigir" 4 lugares allí. Como sea, no es seguro que el oficialismo cuente con las firmas del resto de sus circunstanciales aliados para esta ocasión. En todo caso, será clave quién tendrá la presidencia de la comisión, cuyo voto vale doble.

Tres días después de haberse cruzado en X por sus diferencias sobre las medidas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS, presentaron una denuncia penal contra José Luis Espert (Avanza Libertad) por amenazas, incitación a la violencia y apología del delito por su pedido de “cárcel o bala” contra los legisladores de izquierda.

Con el anuncio de Bullrich respecto al “Protocolo de Orden Público”, los legisladores del Frente de Izquierda aseveraron su repudio en defensa al derecho a la protesta. No obstante, el diputado Espert citó los mensajes de Bregman y Del Caño con la leyenda "cárcel o bala".

La presentación judicial realizada ante la Justicia Federal expresó que “no puede entenderse la publicación de Espert como un simple exabrupto y mucho menos una opinión amparada por la libertad de expresión”. “La afirmación de que deberíamos ser atacados a balazos es una amenaza”, manifestó.

“La reivindicación de que para nosotros corresponde un ataque contra nuestras vidas de semejante magnitud es entendido por seguidores como una posibilidad avalada por un diputado nacional, para dimensionar la gravedad de quien lanza la amenaza y sus implicancias”, señalaron Bregman y Del Caño en la denuncia.

Asimismo, añadieron que “no estamos ante una discusión de libertad de expresión porque nos encontramos ante una amenaza lisa y llana y la posibilidad de que sean concretados ataques o agresiones, como ya ocurrió en su momento contra nosotros mismos en la puerta del Congreso”.

“El hacer un llamado, o defender o alabar el método de ‘bala’ contra quienes no comparten un pensamiento, una idea o un espacio políticos, es de una gravedad que tiene sus consecuencias legales penales”, concluyeron en la denuncia realizada.

El senador nacional Daniel Bensusán, y los diputados nacionales, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, -los tres de UP La Pampa- presentaron en conjunto un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que explique los detalles respecto a una posible estatización de deuda privada.

El pedido es en base a la comunicación “A” 7918, a través de la cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determina que “la deuda del sector importador sea absorbida por el Estado”.

Para los legisladores pampeanos, “el antecedente más cercano de una medida similar se produjo en 1982, durante la última dictadura militar, donde la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas”.

El BCRA informó la emisión de las notas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago -Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

El pedido de los tres legisladores pampeanos amplió: Que el Ejecutivo informe si existen mecanismos o procedimientos mediante los cuales se prevé determinar el acceso de los importadores de bienes y servicios pendientes de pago a los instrumentos; y mayores especificaciones sobre la metodología de amortización de los Bonos

Además, exige información sobre si está prevista la creación de un registro de importaciones impagas que se tendrán en cuenta a los fines de determinar el universo de potenciales beneficiarios; y si se realizará una evaluación de las deudas impagas con importadores para determinar el acceso a la suscripción del BOPREAL.

Finalmente, el proyecto propone que “en un contexto en el que se anuncian a diario medidas restrictivas de las funciones sociales del Estado presentadas como ineludibles, es preciso exigir información y fundamentación exhaustiva de una emisión de bonos que implicaría la estatización de la deuda comercial de empresas importadoras con el exterior”.

El productor agropecuario y exdiputado nacional por Salta (2009-2013 y 2015-2019), Alfredo Olmedo (La Libertad Avanza), fue electo este lunes como nuevo presidente del Parlasur para el año 2024, cargo que será para Argentina tras tener la Vicepresidencia durante el 2023.

La idea del presidente de la Nación, Javier Milei, y la canciller Diana Mondino, fue la de proponer a Patricio Villegas. Sin embargo, apareció el salteño y la orden que habría venido de Casa Rosada no fue acatada por los integrantes de La Libertad Avanza en la votación.

El salteño, Julio Serna, Mario Horacio Nallar y Rodolfo Eiben fueron los cuatro integrantes libertarios que llevaron a cabo el acuerdo con el kirchnerismo y así, Gabriel Fuks se quedaría con la jefatura de delegación y Victoria Donda con la secretaría de Derechos Humanos.

Finalizada la votación, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro – CABA) salió a cuestionar en X lo acontecido: "En una sesión vergonzosa y sin quórum. El parlamento del Mercosur eligió presidente al diputado Olmedo, con el voto unánime de Unión por la Patria para reservar la jefatura de delegación para Fuks y la secretaría de DDHH para Donda. ‘Panquecazo salteño’. ¡Viva Perón! Son 30.000”.

Luego, Olmedo expresó: “Agradezco a Dios, a la Patria y a quienes me votaron porque me han dado una responsabilidad muy grande, y no tengan dudas que voy a dar todo de mí para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las expectativas en mí país y en toda la región”.

Además, señaló que “se da la circunstancia, que han elegido a alguien nacido en la provincia de Salta, que comparte sus límites con tres países hermanos”, en relación a las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay, y agregó que “es una responsabilidad muy grande y trabajaré para unir a la región, a nuestros países, sus culturas y valores para hacer del Mercosur una potencia mundial”.

El nuevo presidente del Parlasur cerró: “Con la pala en la mano y trabajando duro, vamos a hacer que nuestros sueños de progreso y libertad se transformen en realidad”.

Marval O’Farrell Mairal con la colaboración de Thomson Reuters presentó la segunda edición del estudio sobre departamentos legales, un análisis profundo sobre el sector corporativo de servicios jurídicos, con un reporte único en el mercado,que analiza la gestión en Argentina a partir de la opinión de los líderes jurídicos de las empresas más importantes del país.

El objetivo es aportar información clave sobre el trabajo in-house y sobre los desafíos de la industria de servicios jurídicos.

El informe 2023 sintetiza las respuestas de más de 100 referentes del mercado y ofrece perspectivas sobre cómo se componen los equipos legales, las habilidades más requeridas, las formas de capacitación, el uso de la tecnología y las políticas de diversidad e inclusión; así como sobre los asuntos más consultados y relevantes para los abogados in-house.

De esta forma, el estudio constituye una herramienta de referencia imprescindible para conocer las principales tendencias de la industria de servicios jurídicos y la visión a futuro de sus líderes.

El diputado nacional Pablo Todero (UP – Neuquén) presentó un proyecto de ley para establecer la convocatoria a concurso de iniciativas para la construcción, concesión, o ampliación de los gasoductos u oleoductos ya existentes, que tengan por objeto principal ampliar la capacidad de transporte de gas y petróleo con destino a la exportación de tales fluidos.

“El Gobierno Nacional debe liderar rápidamente un proceso por el cual las empresas del sector petrolero inviertan a riesgo en construcción, y operación de oleoductos y gasoductos cuyo destino sea básicamente la exportación, con el otorgamiento de las respectivas concesiones previstas en la Ley de Hidrocarburos”, agregó.

Del mismo modo, Todero explicó que “las reservas de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta y su capacidad de producción solo están limitadas, por la actual Infraestructura de transporte que pueden y deben construir, operar y financiar las empresas petroleras con Inversión a riesgo, ya que la alta rentabilidad de la actividad lo justifica ampliamente”.

En tal sentido, el legislador le envio copias del proyecto al presidente de la Nación, Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con una nota donde detalla los principales cimientos de la iniciativa.

“Más allá de las diferencias políticas y de concepción que podamos mantener, a fin de aportar una idea concreta que creo será compatible con la visión que ustedes y su equipo expresan, cuya materialización traerá inmensos beneficios para Neuquén, la provincia que represento, y para todo el país”, señaló Todero.

Allí, el diputado sostuvo que la idea de sus proyecto “multiplicará la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta y otras cuencas del país, dinamizando la actividad económica Regional y nacional, generando miles de puestos de trabajo estables y de calidad así como el desenvolvimiento de las Pymes, empresas regionales y nacionales, potenciando exponencialmente las exportaciones, y poniendo al propio sector privado a financiar, construir y operar a su entero costo, las inversiones en Infraestructura de transporte de hidrocarburos necesarias para ello.”

Con relación a las obras que impulsa, Todero manifestó que “se trata de gasoductos y oleoductos que se requiere construir y poner a funcionar necesariamente para ampliar la capacidad de exportación de la producción de Hidrocarburos de Vaca Muerta”.

Para finalizar, señaló que “el nivel actual está dado exclusivamente por la limitación física de no tener ductos para evacuar y llevar nueva producción hacia los puertos en el caso del petróleo, hacia puntos de vinculación física con infraestructura de los países vecinos, y hacia el asentamiento de las plantas de producción de GNL, cuyos proyectos e iniciativas han hecho público distintas empresas, incluida YPF”.

En la previa al balotaje que definirá al nuevo presidente de la Nación, el diputado nacional Carlos Selva (FdT – Buenos Aires) se encuentra llevando a cabo la campaña en apoyo a Sergio Massa y expresó que “por haber estado del principio hasta hoy, he notado un cambio notorio en la percepción del peronismo cordobés”.

En la provincia de Córdoba, los resultados arrojaron un triunfo de Javier Milei con el 33% de los votos, pero apenas un 13% de los sufragios en favor de Massa. “La receptibilidad de nuestro candidato es diferente al principio porque Córdoba era tierra hostil para Massa, pero ahora es diferente”, amplió.

Entrevistado en FM La Patriada, el diputado massista relató que se encuentra con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, en Córdoba y afirmó que los ciudadanos y empresarios “claramente tienen una definición de lo que significa el futuro de su provincia y tienen claro la distinción de un candidato y otro”.

“No es lo mismo un candidato que dice que va a cortar las relaciones con Brasil que recibe el 70% de las importaciones cordobesas”, señaló Selva, y añadió: “Decir que va a haber una triangulación es una estupidez porque cuando hay triangulación es para el curro de alguien”.

Consultado por el debate del domingo pasado, el legislador del Frente de Todos expresó: “El debate se analiza de dos formas, por un público que analiza quien deja un morado al otro, y otro que analiza las perspectivas a futuro”. De ese modo, planteó que “miraron en Sergio Massa una visión de posibilidad de que Argentina cambie. Creciendo con desarrollo productivo”.

Al respecto de la fuerte disidencia del pueblo cordobés con el oficialismo, Selva expresó: “La victoria a Sergio Massa se la va a dar el país, pero mi preocupación es que Córdoba ponga en peligro el triunfo por un anti que por un apoyo hacia Milei”.

Al referirse a la campaña del espacio libertario, el diputado sostuvo que “los militantes de Milei bastardean a Sergio diciendo ‘Massa basura vos sos la dictadura’ y la dictadura la reivindican ellos”, y agregó: “La noche más negra de la Argentina fue la dictadura y estos personajes tienen una candidata a vicepresidente que reivindica eso”.

Para cerrar, Carlos Selva afirmó que “estos tipos son disruptivos”, y cerró: “Estamos ante el riesgo por un candidato a presidente sin ningún tipo de preparación y estos personajes fomentan que la sociedad esté dividida”.

Tras el debate presidencial entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, el dirigente radical Roberto Costa y exsenador de la Legislatura bonaerense anticipó que su voto será para el candidato de Unión por la Patria.

“Creo que somos muchos los que no vamos a votar a Milei no solo por las ofensas, sino porque sus propuestas son de extrema derecha”, afirmó Csota, y agregó: “Perder una elección no significa bajar las banderas nos queda la opción de votar en blanco que es válida, o en mi caso después de escuchar el debate de anoche, elegir la gobernabilidad, sabiendo las dudas que nos generan las propuestas de Sergio Massa y guardándonos la posibilidad de reclamar si no las cumple como opositores que somos”.

Del mismo modo, planteó: “Porque la Unión Nacional, la independencia de los poderes, el trabajo para todos los argentinos y el desarrollo nos alejan del populismo”. A su vez, Roberto Costa compartió una carta analizando el balotaje y explicando su postura con fundamentos.

En la carta, sintetizó que “ell fracaso de la propuesta electoral de JxC, nos colocó en el rol de opositores frente al próximo gobierno, sea quien sea el ganador”, y cerró: “Nos queda la responsabilidad, entre otras, de defender lo que nuestro espacio propuso en campaña”.

Costa fue cuatro veces senador bonaerense, una vez diputado provincial y en un periodo fue diputado nacional. En el año 2013, integró el Frente Renovador. Desde 2015, es integrante de Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Desde la Coalición Cívica – ARI, la diputada nacional Mariana Zuvic; el auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Calandri; yel legislador porteño Hernán Reyes denunciaron este martes la titular de AySA, Malena Galmarini, por “defraudación a la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional federal Nº 2, y también y además de dirigirse a Galmarini, también es contra los propietarios de la empresa Transclor SA, encabezada por Mauricio Filiberti. “Nos encontramos ante una clase de defraudación, una estafa al Estado y a todos los argentinos”, señalaron.

Allí le solicitan a la Justicia que investigue la maniobra por la cula la empresa Transclor S.A obtuvo la renovación del contrato para el suministro y operación de la planta de policloruro de aluminio (PAC), hasta el año 2028 por un monto de U$S127 millones. Esta operación se realizó mediante la elaboración de un pliego confeccionado para la conveniencia de la empresa de Filiberti, que establece las condiciones para que Transclor siga siendo un proveedor privilegiado de la empresa estatal.

Desde el espacio liderado por Elisa Carrió, agregaron: “Malena Galmarini podría haber reclamado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que mantendría el precio de provisión del PAC en una cifra muy inferior en dólares (entre 390 USD y 430 USD la tonelada), lo que le permitiría al Estado ahorrar, en dólares, entre un 15% y un 25%”.

“En cambio, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 USD por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente”, añadieron desde la CC-ARI.

También, hay otra denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, donde solicitaron que se apliquen penas y multas, y que se ordenen medidas pro competitivas.

De ese modo, el espacio de JxC planteó que “Transclor S.A. incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales, el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical”.

Asimismo, manifestaron que “desde hace veinte años, la empresa Transclor es la que opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes”. “El otorgamiento de esta concesión manipulada y parcial, que objetamos y denunciamos desde la CC, le permite elaborar el insumo a un costo mucho más barato que sus competidores”, denunciaron.

“Se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe", relataron los denunciantes, y agregaron: “También debería contemplarse el beneficio de proveer a una de las regiones con mayor número de consumidores de todo el mundo, el Área Metropolitana de Buenos Aires".

Por, último, la denuncia expresó: “Finalmente, le solicitamos a la Justicia que investigue por qué AySA elaboró una comunicación en la que figura el precio de la tonelada de PAC casi un mes antes de que la consultora contratada hubiera emitido su opinión”.

Los senadores y diputados nacionales que integran Juntos por el Cambio le solicitaron a Leopoldo Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, una reunión urgente de la misma para abordar la causa que investiga a Ariel Zanchetta, expolicía sospechado de ser artífice del espionaje ilegal contra los miembros de la Corte Suprema.

Además, solicitaron que “en función de la gravedad y magnitud de los hechos expuestos”, se crease una subcomisión investigadora para resolver la inhibición del diputado nacional Rodolfo Tailhade y que no participe en la reunión por haber sido mencionado en la causa.

La causa que vincula a Zanchetta está siendo investigada por la Fiscalía Federal Nº 11, donde por el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, se le solicitaron pedidos de indagatoria y allanamientos al doctor Martínez Di Giorgi, en el marco de “una posible comisión de delitos correspondientes con actividades ilegales de inteligencia”.

Desde JxC, señalaron que la investigación “está centrada en la existencia de una organización criminal que de forma coordinada y sostenida en el tiempo, se constituyó como una verdadera red de espionaje vulnerando comunicaciones telefónicas, electrónicas, hackeando equipos y sistemas con tareas de inteligencia sobre diferentes ‘objetivos’”.

Asimismo, consideran que esos “objetivos” eran “políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales”. “Son victimas del operar clandestino de realización de tareas ilegales de inteligencia”.

Finalmente, acusan a Zanchetta de realizar estas actividades por estar a disposición del subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Fabián “Conu” Rodríguez,  contra quien se han librado varios allanamientos.

El pedido fue firmado por los diputados nacionales Cristian Ritondo (Pro) y Miguel Bazze (UCR), y por los senadores nacionales Ignacio Torres (Cambio Federal) y Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC en la Cámara alta.

La diputada nacional Karina Bachey invita a la presentación del libro "El espíritu pobre del rico capitalismo y Poemario" del autor Alberto Testa para este martes 5 de septiembre del 2023, a las 16 en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ubicado en Adolfo Alsina 1835.

La obra de Testa plantea la necesidad de reflexionar sobre las políticas públicas, en particular, de las pobrezas; desde nuestra cultura.

El autor sanluiseño retoma las ideas de Heidegger de que “La ciencia no piensa” referenciando a cómo nos apartamos cotidianamente del mundo de la vida y del recuerdo del ser. Ciencia y poesía, arte y vivencia cotidiana, deben repensarse en un ser humano.

En su último libro, el Alberto Testa, devela la rutina e inconducente de las políticas públicas sobre pobreza e intencionadamente en su presentación –en forma disruptiva- introducirá su poemario, para producir una visión solidaria e integrada al rigor científico.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, conversaron este martes con los comerciantes que fueron víctimas de “saqueos” durante la semana pasada.

“Logramos contener una situación muy tensa y peligrosa. Actuamos con el compromiso y la responsabilidad que corresponde y realizamos un buen trabajo preventivo”, expresó el jefe comunal.

Del mismo modo, arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Me hubiera gustado recibir la llamada del gobernador. Las operaciones las hicimos desde el Centro de Operaciones y Monitoreo de Villa Bosch”. 

Desde el Centro de Operaciones de Monitoreo se verificaron las alertas y se desplegaron los móviles de prevención. Se hizo gracias a la instalación de cámaras en todas las localidades -incluidos barrios populares-, el sistema de Ojos en Alerta, la incorporación de patrulleros, y la llegada de la UTOI, entre otras acciones. “Hay que estar del lado de las familias de bien y de los que trabajan”, destacó Bullrich en la recorrida.

Días atrás, el mandatario local se hizo presente en las calles 3 de Febrero y Justo José de Urquiza, en Caseros, con la misión de supervisar los operativos que se están llevando adelante en una de las zonas comerciales más transitadas y escuchar a los comerciantes.

Access Partnership realizó el último 3 de agosto un seminario web en el que se profundizó sobre las políticas y regulaciones que pueden promover el potencial digital de Latinoamérica.

Este webinar contó con la presencia de Carmen Ligia Valderrama (exministra TIC de Colombia), Daniel Rosado (Senior Public Policy Associate the Uber Mx), Pamela Gidi Masias (exdirectora Subtel y exviceministra conectividad Chile), y la moderación de Geusseppe González, jefe para América Latina de Access Partnership.

Allí, se abordaron distintos aspectos relacionados con la regulación en tecnología, específicamente en cuanto a la promoción de las plataformas digitales y los posibles desafíos que se prevén de cara a la masificación de la Inteligencia Artificial en la región.

Al respecto, los tres panelistas fueron enfáticos en afirmar que “la regulación no debe reñir con el desarrollo tecnológico, el mercado o la innovación y por el contrario, cuando se antepone el interés común en el centro de las conversaciones, se pueden lograr avances significativos”.

Por otro lado, frente a los retos asociados con la Inteligencia Artificial (IA) en la región, Daniel Rosado expresó que “la necesidad de diversificar los actores que suelen ser considerados como parte de estas discusiones”, mencionando que “en casos tan amplios como la concepción de la "inteligencia", los filósofos juegan un papel fundamental, además de los ya tradicionales actores tecnológicos”.

Así mismo, la exministra TIC colombiana -Carmen Valderrama- mencionó que “la regulación no debe ser entendida como una barrera para las plataformas tecnológicas sino por el contrario, actúa como un elemento que brinda certeza jurídica tanto para quienes deciden promover servicios o aplicaciones tanto como para la protección de los usuarios”.

Antes del cierre, la ex Subtel chilena, Pamela Gidi, explicó que “la regulación y las políticas deben considerar el momento en el que sean más útiles, así como la debida identificación de las necesidades regulatorias con el fin de evitar la creación de regulación innecesaria”.

Finalmente, Geusseppe González que actuó de moderador, convergieron al afirmar que “Latinoamérica cuenta con un potencial de desarrollo digital que requiere una alta dosis de pertinencia y entendimiento de los contextos específicos bajo los cuales se puede desarrollar la tecnología para a partir de eso mejorar los retornos socioeconómicos derivados de éstas”.

El diputado nacional Carlos Heller (FdT- CABA) celebró el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, con Qatar para pagarle al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 580 millones, equivalente a 775 millones de dólares.

“El acuerdo con Qatar significa que Sergio Massa busca mecanismos diversos para pagarle al FMI sin tener que tocar un solo dólar de las reservas. Pagó usando yuanes, acuerdo que firmó (Mauricio) Macri en 2018, cumpliste los plazos y no sumaste deuda. Qatar nos dio DEG para pagarle al Fondo, el costo es cero”, señaló Heller.

En declaraciones a AM530, agregó que “desde Unión por la Patria, con Massa lo que se discute es con la idea de que -como dicen ellos- el país es un desastre. Esto no es así”. “Ellos han llegado a decir que este país es una mierda. Todo el día dicen eso”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que “no nos debería poder gobernar alguien que no nos quiere, que nos desprecia. La Argentina está en vías de desarrollo y tiene enormes potencialidades”. “Ellos se la pasan hablando de cómo van a reprimir porque asumen que su propio gobierno va a ser un desastre y la gente va a protestar”, cerró.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) se refirió este viernes al acuerdo del ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y expresó que “es un compromiso para devaluar”.

“Massa celebra que todos hablen del acuerdo con el FMI y no de la devaluación, pero lo vas a ver en los precios de los próximos días y para octubre el impacto va a dar de lleno. Massa, con esos 2.000 millones de dólares extras, posterga la corrida cambiaria”, afirmó el economista.

Entrevistado en Radio Mitre, Tetaz manifestó: “Este acuerdo es el “agárrenme que le pagó de (Axel) Kicillof (cuando era ministro) y le llenó la cara de billetes a Repsol”. No obstante, aclaró que “el Fondo no va a dejar a la Argentina sin acuerdo cuando a la vuelta hay un cambio de gobierno”.

Con relación a la devaluación de estos últimos días, el economista afirmó que “por menos que esto hay grandes quilombos con otros presidentes”, y advirtió que “ahora exportar es más caro y eso es generado por la devaluación”.

Consultado por la inflación del último mes, explicó: “El de este Gobierno, es un equipo que en economía se fue al descenso y lo vienen goleando todos los partidos”. Asimismo, amplió: “Vamos a tener alta inflación igual, ya que el año termina con 120 o 130 por ciento de inflación y la economía está caída y con una recesión profunda”.

“El gobierno que viene agarra un equipo descendido y hay que cambiar la estructura económica de cero”, señaló. Del mismo, planteó que “hay que independizar el Baco Central de la República Argentina (BCRA) del Gobierno porque la política no se puede meter más en el Banco Central”.

En tal sentido, propuso que un “buen plan” sería lograr “independencia absoluta del BCRA y un presupuesto equilibrado porque eso va a ordenar, y la inflación se va a derrumbar en el primer año”. “Vamos a tener estabilidad por muchos años”, manifestó de manera optimista el diputado de Evolución Radical.

Por otro lado, le envió un mensaje a la ciudadanía: “Más sufrimiento que el tiene la gente ahora, no va a tener. La mitad de los laburantes en blanco ganan menos que la canasta básica y lo que va a venir es una economía que le va a dar oxígeno a la Argentina”. “Todos saben las cuatro reformas que hay que hacer en la Argentina”, añadió.

En consecuente, recordó que dejo su labor mediática para dedicarse de lleno a la política y se mostró optimista de cara al futuro: “Estamos ante un gran cambio que le va a mejorar la vida a la gente y estoy entusiasmado con el cambio porque cuando miras alrededor (Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia) ves que esos países tienen estabilidad”.

“No hay inflación, hay crédito hipotecario, tenes crédito productivo y se han construido muchas instituciones para sacarle al presidente el Banco Central para que la política no meta la mano en el Banco Central”, indicó Tetaz. En este marco, explicó que “el billete sirve si el otro cree que sirve y cuando cae la confianza en la moneda, cae la confianza en el presidente”.

Por otra parte, se refirió a la interna entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “Después de las PASO vas a ver un Juntos por el Cambio más unido y vamos a terminar trabajando todos juntos”, pero aclaró que “tienen dos caracteres distintos, pero Horacio tiene experiencia de gestión”.

En el cierre, fue consultado por el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y respondió que “es una tercera fuerza de la Argentina donde hay lugar para eso” porque “hay gente que se va desilusionando de la política y Milei capta eso”, consideró.

Del mismo modo, manifestó que “hay descontento con la política”, pero ironizó: “Es un gran economista teórico, así como yo soy un gran futbolista teórico y las propuestas que tiene son muy malas y no funcionan en ningún lugar del mundo”.

Por último, aseguró que el bloque libertario “nos va a servir para garantizar que no se reviertan nuestras reformas que el kirchnerismo buscará revertir”. “Los cambios que vamos a hacer van a durar muchos años”, cerró.

El Comando Unificado Conurbano se creó para integrar y coordinar las acciones de todos los efectivos y brindar una respuesta “más rápida y eficiente” ante los requerimientos de seguridad que se registran en los partidos del Conurbano.

Actualmente, se están desarrollando varios operativos en La Matanza, en los que participan Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Guardia Urbana del Municipio.

Estos operativos profundizan las políticas de prevención en el distrito más grande de la provincia, donde además ya se quintuplicó la cantidad de patrulleros y efectivos policiales que recorren los barrios de La Matanza, lo cual se complementan con la mega inversión que lleva adelante el Municipio de La Matanza en tecnología de vanguardia destinada a la Protección Ciudadana, con más cámaras de reconocimiento facial, alarmas vecinales, tótems de emergencia, Torres de Seguridad con monitoreo de 24 horas y lectoras de patentes, entre otros.

Además, sigue avanzando la construcción de una base de Gendarmería en la localidad de Ciudad Evita, que permitirá sumar 1000 nuevos gendarmes con presencia permanente en el distrito.

El intendente Fernando Gray hizo entrega del decreto de promoción industrial a los representantes de la empresa Kioshi Footwear, que se sumará al régimen de beneficios del programa Invertí en Esteban Echeverría destinado a compañías establecidas en el distrito.

En tal sentido, el alcalde dijo que "ss muy importante sumar empresas al programa Invertí, ya que esto implica la generación de nuevos empleos formales para nuestros vecinos y nuestras vecinas". Gray en la firma del decreto con directivos de la empresa, estuvo acompañado de Juan Manuel Moreno y Emmanuel Fernández.

Cabe destacar que Kioshi Footwear tiene una trayectoria de siete años en el sector textil y de la moda. Su sede está en la localidad de 9 de Abril. La empresa se destaca por la innovación y la calidad de sus productos con el enfoque puesto en el compromiso social y ambiental en todas las áreas de su actividad.

A través del programa Invertí en Esteban Echeverría, las empresas que se instalen en el municipio y las que ya operan en el partido y buscan expandir sus instalaciones quedan exentas del pago de tasas municipales durante un período de cinco años, siempre y cuando contraten mano de obra local.

Con el apoyo del candidato a gobernador Alfredo Cornejo, el Frente Cambia Mendoza presentó este sábado a sus precandidatos a diputados nacionales: Lisandro Nieri (busca renovar su banca), Patricia Giménez, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata.

Como parlamentario del Mercosur (Parlasur) el nombre es el de Roberto Ríos, actual jefe de gabinete de la ciudad de Mendoza. Esta lista, acompañará la boleta de ambos precandidatos de Juntos por el Cambio: la de Horacio Rodríguez Larreta y la de Patricia Bullrich.

Nieri es diputado nacional por Mendoza desde que reemplazó la banca de Cornejo cuando fue elegido senador nacional en 2021. Secunda la lista Giménez, exdiputada radical cercana a Luis Petri (precandidato a vicepresidente de Bullrich); Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia; Vázquez Viera, una “bullrichista” fundadora de Unión por Todos Mendoza; y Zapata, concejal de San Rafael.

En tal provincia, Juntos por el Cambio se partió en dos cuando el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi, quien dejará su banca en el recinto, formó su propio partido conocido como “La Unión Mendocina”. La diputada radical Jimena Latorre también dejará su banca este 10 de diciembre.

La coalición opositora pone en juego a tres de las cinco bancas que deben renovarse, mientras que Unión por la Patria tiene a dos legisladores, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.

Habrá interna en el peronismo

Por el lado del peronismo mendocino habrá interna. Desde Unión por la Patria, los designados para ir como precandidatos son: Martín Aveiro (intendente de la localidad de Tunuyán) y María Amalia Granata (economista y asesora de la senadora Anabel Fernández Sagasti); mientras que José Luis Ramón (diputado provincial de Mendoza) irá por su lista propia conocida como Protectora.

La nómina de postulantes a la Cámara de Diputados la completan María Martina Corvalán, Mario Riccio, Belén Cortinez y Homero Di Bernardino. En tanto que la lista precandidatos al Parlasur la liderará Eber Pérez Plaza, actual diputado nacional peronista que concluye su mandato en diciembre.

Desde La Libertad Avanza, el espacio conducido por el candidato libertario Javier Milei, los precandidatos a diputados nacionales serán Mercedes Llano y Facundo Correa Llanos, dos economistas de la actividad privada en el ámbito del sector inmobiliario. Lourdes Arrieta, Pablo Rubio y Myriam Villordo completan la lista. Mientras que Jorge Santilli será el precandidato al Parlasur.

En Libres del Sur, aliado de la alianza oficialista a nivel provincial, la lista de precandidatos a diputados nacionales estará liderada por el coordinador del movimiento social Barrios de Pie, Adrián Bonada y lo acompañarán Paola Giménez, Matías Robledo, Alejandra Rojas y Pablo Reyes.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) tendrá competencia interna en las PASO. Por un lado, se presentó la lista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) encabezada por la docente Laura Espeche y que completan Esteban Darío Rodríguez, Ana Victoria Maya, Mauricio Andrés López Monte y Micaela Blanco Minoli.

A su vez, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevan como precandidatos a Martín Rodríguez, Marcia Marianetti, Gerardo Ramón Bustamante, Verónica Haydee Torres y Víctor Hugo Da Vila.

El diputado nacional Alejandro Vilca (PTS -Jujuy) se refirió este miércoles a lo ocurrido en Jujuy tras la reforma constitucional y apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "Quiere un régimen totalitario".

Además, relató que “actualmente hay más de 63 detenidos. Estamos esperando que los liberen. Fue una cacería”. “"En esta reforma no había temas que le cambiaran la vida a la gente, solo había algunos para restringir algunos derechos”, señaló.

En declaraciones a FutuRock, Vilca expresó: “Cuando la gente escuchó que estaban aprobando empezaron a alterarse los ánimos y empezó la balacera. Disparaban a la cabeza con los cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma a la altura del rostro”.

Del mismo modo, sostuvo que Gerardo Morales “muestra la brutalidad de un gobierno que no quiere escuchar y acude a la represión para callar las manifestaciones sociales”, y agregó que su ambición “es tener un régimen totalitario"”.

Respecto a la reforma, manifestó: “No tengo claro cuál es el texto que se terminó votando ayer, tenemos borradores. Quedaron los puntos más polémicos, sobre la protesta social. Dicen que hoy se va a conocer la letra fina de la reforma”.

“Nosotros alertamos que la sesión pasó del mediodía a la mañana, pero ya había todo un vallado bordeando los alrededores de la legislatura con un fuerte operativo”, añadió.

Por último, afirmó que “Gerardo Morales hizo un mal cálculo, pensó que podía llevarse todo por delante y se encontró el paro docente y la resistencia popular”, y cerró: “Se pusieron de acuerdo en terminarla de forma urgente, cortaron el debate y llamaron a votar. Ellos tenían los números, fue un trámite exprés”.

El gremio de la construcción, encabezado a nivel nacional por Gerardo Martínez y por Luis Videla en la seccional San Martín, se sumó a la campaña del diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) como precandidato a intendente de San Martín en las PASO del Frente de Todos.

En tal sentido, Videla aseguró: “Leo es el trasvasamiento generacional del peronismo. Hace años que camina las calles de San Martín, tiene propuestas y el coraje para llevarlas adelante”.

En un acto colmado de militantes, desde el sindicato remarcaron la unidad para encarar este proceso electoral: “Es una alegría recibir este espaldarazo que significa que una organización gremial con la trayectoria y el compromiso que tiene la UOCRA se sume a esta patriada que estamos haciendo en San Martín”, enfatizó Grosso. En la misma sintonía, Videla afirmó: “coincidimos en un objetivo que es el bienestar del pueblo sanmartinense”.

También, agregó: “No nos bajamos nada, a este tren se sigue subiendo gente que quiere un San Martín distinto”, y expresó: “Nuestra estrategia es con propuestas, las vamos a discutir con cada vecino y cada vecina y las vamos a implementar a partir del 10 de diciembre”.

Por último, Videla, manifestó que “las expresiones del peronismo van a terminar definiendo el destino de la Argentina porque creo que es el único movimiento que piensa en el beneficio del Pueblo”.

El próximo domingo 14 de mayo habrá elecciones en la provincia de Tucumán y, en ese marco, se definirá la intendencia de San Miguel. La diputada nacional y candidata a jefa comunal de la capital por el oficialismo local, Rosana Chahla (FdT), habló este jueves e hizo referencias sobre su contrincante -la senadora Beatriz Ávila-: “Ella es la esposa del actual intendente, yo no vengo de familia política”.

Además, la legisladora oficialista sostuvo que “lo más importante del gobierno local es la cercanía con el ciudadano”, y advirtió: “Tenemos problemas gravísimos. Por ejemplo, la capital tiene 600 mil personas, es muy linda para el turismo, pero no se ha digitalizado y los accesos y el tránsito no son buenos”.

En diálogo por Radio La Red, Chahla sostuvo que “desde el 27 de enero que fui elegida candidata, vengo con tres meses de campaña”. Del mismo modo, aseveró: “Queremos reordenar la ciudad y tenemos que mejorar el transporte público”.

“Me comprometo que voy a darle un giro de 180 grados a la ciudad en 180 días. Eso significa levantar los 500 basurales que hay a cielo abierto, mejorar el tránsito con carriles únicos para los ómnibus, colectivos y micros escolares, realizar una semaforización inteligente y el bacheo y pavimentación de calles, y descentralizar la función pública”, enfatizó la candidata a intendenta

En esa línea, agregó: “Tucumán no separa la basura. También quiero poder abrir lugares que se cerraron en esta gestión, como el mercado municipal, un lugar de asistencia primaria”.

Respecto al perfil electoral, Chahla sostuvo que “vengo de la gestión, de modificar toda una maternidad pública. Mi contrincante tiene otro perfil, ella viene más de ser diputada, senadora. Yo soy más territorial”, y agregó: “Mi contrincante es la esposa del actual intendente. Yo no vengo de familia política”.

Durante el acto se entregaron más de cinco mil camisetas de las categorías 2009 hasta la 2016.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó kits deportivos y camisetas a chicos de los 52 clubes locales que participan del campeonato de la Federación de Fútbol Infantil y Juvenil de Esteban Echeverría (FeFIJEE). El acto se realizó en las instalaciones de Campo Amat (Monte Grande).

El jefe comunal expresó: “Contento de participar en este festival de fútbol infantil junto a la comunidad deportiva de Esteban Echeverría. Como parte de nuestro compromiso por mejorar las instalaciones de los clubes estamos trabajando de forma mancomunada para construir playones y techos que permitan un buen desarrollo de las prácticas deportivas”, quien estuvo acompañado por el presidente de la FeFIJEE, Roberto Trotta.

Durante el acto, el intendente entregó 5.000 camisetas de fútbol a los clubes locales que forman parte de la liga en las categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Cada institución recibió 96 camisetas que serán utilizadas durante el año en el campeonato de la FeFIJEE y kits deportivos que contienen pelotas de fútbol, infladores y bolsas porta pelotas.

Asimismo, el jefe comunal otorgó un subsidio a las autoridades de la FeFIJEE, que será destinado a la compra de un software de gestión para modernizar la carga y la administración de datos de los clubes.

Como parte de las mejoras urbanas para potenciar los centros comerciales a cielo abierto de todo el municipio de San Isidro, comenzó las obras para transformar el centro comercial de Villa Adelina. Los trabajos se extenderán a lo largo de la avenida de Mayo.

 “Se trata de una intervención urbanística de gran magnitud que impactará en forma positiva en la calidad de vida de los vecinos y comerciantes. Nuestros comercios son fundamentales para mejorar la actividad económica, por eso llevamos adelante estas obras”, contó el intendente Gustavo Posse tras recorrer Av. de Mayo y charlar con los comerciantes.

 Los trabajos contemplan mejoras de todas las veredas, construcción de dársenas de estacionamiento, rampas de fácil acceso y sendas para cruces peatones. También, se están realizando tareas de poda y raleo de árboles.

 Desde el municipio explicaron que la intención de este proyecto integral es conservar su carácter verde, respetando el arbolado e incorporando mayor cantidad de canteros, además de ordenar el estacionamiento con nuevas dársenas.

 “La mejor manera de potenciar el centro comercial es mejorando el diseño e infraestructura del espacio urbano. Así se beneficia el uso del espacio público, priorizando al peatón. Esta renovación va a mejorar la experiencia de nuestros vecinos con más espacio, comodidad y seguridad”, concluyó Posse.

El precandidato a diputado nacional Yamil Santoro (Republicanos Unidos) destacó la competencia interna de Juntos por el Cambio que propone el espacio y cuestionó al legislador Javier Milei por “no validar su liderazgo en un esquema competitivo”.

Santoro remarcó que “no se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir”. Además, agregó: “Fui la persona que estuvo en la mesa de negociación tratando de generar una interna con Ricardo López Murphy (diputado nacional), y Milei se asustó”.

Asimismo, señaló que “Republicanos Unidos es el único partido liberal que tiene internas abiertas y fuimos los únicos que logramos bajar impuestos y el gasto”. De esa manera, explicó: “Somos el bloque más eficiente en la Legislatura porteña ¿Cuántos aprobó el bloque de Milei? Cero ¿Republicanos Unidos? Nueve”.

Así también, manifestó: “Ser liberal no es una religión, no somos robots que seguimos un modelo lógico deductivo con premisas cerradas”. “Justamente el liberalismo nace como un opuesto a estas definiciones dogmáticas donde el individuo renuncia a su juicio crítico para tomar verdades”, aseveró.

Por otro lado, Santoro aseguró que Ricardo López Murphy es un referente de peso en la cuestión pública: “Siente los problemas del país y las necesidades productivas como una carga personal y, como hombre de la política, le interesa resolver”.

“Es de los últimos estadistas vivos y es una persona que genuinamente piensa qué es lo que le conviene al país. Por eso me gustaría que acepte el desafío de ser candidato a presidente, porque pondría a la agenda que importa sobre la mesa”, manifestó.

Por último, indicó: “Para CABA tenemos otro gran candidato que es Roberto García Moritán”, y cerró: “Más allá de si puede ser o no candidato para CABA, creo que la diferencia que Ricardo puede hacer en la discusión nacional es única, no veo que lo pueda hacer otro”.

Tras el ingreso del proyecto de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA), autor y firmante del texto junto a otros 14 legisladores, amplió este viernes que “son cuatro los motivos de acusación”.

Además, Valdés manifestó que JxC “debería asistir al debate” y explicó: “Hay un pedido de enjuiciamiento contra el juez Ricardo Lorenzetti que fue ratificado por la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI). Lo lamentó por ellos, pero ahora no deberían contradecirse”.

Entrevistado en Radio 10, el diputado oficialista explicó los motivos por los que el FdT busca llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema (al presidente Horacio Rosatti, al vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti): “El primer motivo es porque la Justicia se atribuye facultades legislativas que violaron la Constitución Nacional”.

“No convocaron a los gobernadores que son actores del Gobierno federal cuando fallaron en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los recursos coparticipables”, agregó Valdés.

En segunda instancia, sostuvo que “hubo una barbaridad jurídica e histórica en el mundo”, respecto a la resolución con la composición del Consejo de la Magistratura: “Revivieron una ley que fue derogada hace más de 15 años para que Rosatti tomará el control del Consejo”, señaló.

Posterior a eso, recordó el fallo del “dos por uno” a militares detenidos de la última dictadura militar con Rosatti y Rosenkrantz en el máximo tribunal: “Ellos debían aplicar el convenio de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad -que tenía jerarquía constitucional- y quisieron que los genocidas obtuvieran el beneficio de que valgan dos años cumplidos por cada uno en prisión”.

En ese tema, agregó: “Rosatti tuvo que dar marcha atrás con ese fallo, pero Rosenkrantz ratificó su postura”. El cuarto motivo se lo atribuyó a que la Corte “debe dar explicaciones sobre las falencias y desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

En el cierre, Valdés fue consultado por la posibilidad de que el pedido de juicio político avance y consideró: “En el 2003, cuando fue el juicio político a la Corte que presidía Julio Nazareno, el presidente Néstor Kirchner contaba con una pequeña minoría y sin embargo se logró avanzar”.

El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) y la Universidad de Roma III inician el Ciclo de Conferencias sobre el Medio Ambiente con el panel de lanzamiento sobre "Políticas Ambientales y Herramientas para el desarrollo sustentable. Una comparación entre Argentina e Italia".

Será una conferencia virtual en conexión simultánea con el panel de expositores italianos. Por parte del IEERI-CLNA expondrán el Licenciado Sergio Federovisky, el viceministro de Desarrollo Sustentable de la Nación y la senadora Mabel Muller, presidenta de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático CLNA-IEERI. Además, la coordinación estará a cargo del Arquitecto Ricardo Jilek, coordinador de Medio Ambiente IEERI.

Por parte del lado italiano, expondrán Giovanni Di Scipio, Capo Ufficio Legislativo Ministerio dell Ambiente e Della Sicurezza Energetica y el Doctor Stefano Laporta, presidente ISPRA. En la coordinación estará el profesor Andrea Fari, de la catedra de Derecho Ambiental de la Universidad de Roma III y las presentaciones las realizará el Profesor Jorge Ireba, también de la Universidad.

La conferencia de lanzamiento del ciclo se realizará este viernes 16 de diciembre a las 12. de Argentina y a las 16 de Italia de forma virtual con traducción simultánea del español al italiano y viceversa. La plataforma utilizada será “zoom” con el ID 840 2449 8203.

Este Ciclo tendrá su continuidad en el 2023 con prestigiosos expositores. Al mismo tiempo, en marzo también se lanzará el Ciclo de Política Internacional denominado “Latinoamérica y Europa: Retos globales compartidos” también en conjunto con la Universidad de Roma III y en el afán de continuar con la internacionalización de las actividades académicas del IEERI.

El senador nacional Adolfo Rodriguez Saá (Frente Nacional y Popular – San Luis) participó este martes del seminario “Geopolítica en el Atlántico Sur” que se realizó en el Palacio San Martín, y manifestó: “No estamos lejos de generar la mesa de discusión sobre Malvinas a través de la diplomacia”.

Además, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto valoró la labor que lleva adelante la Secretaría de Malvinas y solicitó ampliar la difusión del mapa Bi continental que da una nueva mirada al potencial del Atlántico Sur para ver una nueva geo política, durante su exposición en Salón Cedro de la cancillería en presencia del ministro de Defensa, Jorge Taiana; el Secretario de Malvinas, Embajador Guillermo Carmona y el miembro del Consejo Nacional de Malvinas, Juan Gabriel Tokatlián.

Ante dichos funcionarios, Rodriguez Saá expresó que, sobre las cuestiones referidas al Atlántico Sur, “ningún argentino puede estar en desacuerdo” y aseguró que "son temas anti grieta que deben tener prioridad, cómo la construcción e inversión en el puerto de Ushuaia que es urgente ".

Por su parte, Taiana consideró que “el Atlántico Sur y la Argentina Bi Continental vale y va a valer más, producto de las consecuencias de la Guerra, el cambio climático y la nueva geopolítica internacional”.

Dicho seminario, contó además con la presencia del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Valdés y la diputada nacional Rosana Bertone.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador oficialista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Luis Juez (Pro), puesto en su lugar, habló este miércoles y sostuvo que “el kirchnerismo patalea porque descubrieron su estafa”.

Además, manifestó que “la Corte Suprema de Justicia puso en evidencia la irregularidad de una maniobra”. Asimismo, cuestionó a la vicepresidenta de la Nación: “Podes tener mucho poder, pero si no tenes razón, no podés hacer trampa”.

En diálogo por Radio La Red, el senador cordobés agregó que “no perderá tiempo discutiendo con ignorantes”, al ser consultado por el reclamo que el oficialismo elevará a la Corte. A su vez, afirmó: “No hay instancia superior a un fallo de la Corte. Es imposible de no cumplir, le guste a quien le guste”.

“Cometerán el delito de no acatar una orden judicial. Ellos no pueden hacer esa maniobra maliciosa para quedarse con una banca que no les corresponde”, señaló Juez, quien además expresó: “Podrán patalear, pero no se me cruza que en un sistema democrático desobedezcan una orden judicial”.

Por otro lado, consideró que “no entendería si Cristina Kirchner se resista a una orden de la Corte”, y agregó: “Ya pusieron en evidencia la irregularidad de su maniobra, solo queda acatar la orden Judicial”.

Respecto al armado político de la oposición para 2023, Juez dijo que “la gente tiene otros problemas”, y relató que “fue felicitado arriba del avión”. “Como será que estamos de mal que la gente festeja un fallo de la corte”, señaló.

Al ser preguntado por el episodio entre la presidenta del Pro, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consideró: “Si no somo capaces de juntarnos y deliberar estamos jodidos. Si después de 25 años, los cuatro o cinco que tenemos que juntarnos estamos mal”.

En el final habló acerca de ser candidato y dijo: “Hace un año me desafiaron y saque 25 puntos. Me gusta más el quilombo que el dulce de leche, ya he pasado por el camino de la confrontación”. Así también enfatizó: “En el futbol como en la política tienen que jugar los que mejor están, los que mejor midan”.