En los hechos, por causa y efecto, debiera considerarse el debate a la modificación de la Ley 26.122, que regula los DNU, lo más importante de la sesión de este miércoles en Diputados. Porque si se aprueba será ley; y debería ser esa la preocupación mayúscula de cara a la sesión, habida cuenta de la importancia que para este gobierno en minoría tiene una norma de tal característica. Pero en realidad, se tiene confianza el oficialismo en que puedan frenarlo con el veto. La ley saldrá, seguramente, este miércoles; el veto será rechazado primero en el Senado -cámara de origen-, pero en Diputados habría número para ratificar el rechazo presidencial. Eso es por lo menos con lo que se ilusionan en el oficialismo, donde confían en que eso sucederá después de las elecciones y para entonces los gobernadores tendrán esa consideración. Se verá, pero la clave estará dada en el número que consiga Diputados cuando se dé la aprobación el miércoles próximo.

Más allá de eso, la máxima expectativa estará puesta este miércoles en lo que suceda con José Luis Espert y el presupuesto, que en este caso es más o menos lo mismo.

El tema no será abordado de entrada. Primero avanzarán con el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que es lo que figura en primer lugar en el pedido de sesión. Esto es, lo más trascendente, lo que buscan que sea ley, primero, no sea cosa de que un accidentado debate en torno al caso Espert desperfile a la oposición y afecte el resto de la sesión. Porque por más que Espert haya terminado bajando su candidatura, este miércoles irán por su argo.

En segundo lugar, los diputados irán con la resolución sobre la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cargo para el que surgió del concurso realizado María Paz Bertero como candidata principal a ocupar ese cargo. Habrá polémica con eso, pues La Libertad Avanza protestó vivamente cuando se votó la terna que ahora deberá ser aprobada, argumentando irregularidades en el proceso de selección. Lo hizo a través del diputado Nicolás Mayoraz, que será este miércoles la voz cantante en contra de la terna en cuestión (la completan Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden).

Sorteada esa cuestión -que necesita de mayoría absoluta-, toda la atención quedará en el Presupuesto 2026 que, dicho sea de paso, hasta ahora no ha sido convocada la comisión para seguir debatiéndolo. El miércoles pasado, con el cierre intempestivo de la reunión a causa del entredicho con la izquierda, que motivó el retiro del secretario de Hacienda, el titular de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, no anunció cuándo continuaría la exposición de los funcionarios. El oficialismo sabía de la sesión que pediría la oposición para este miércoles, pero además todo el escándalo en torno a Espert ha generado inacción en dicha comisión, que no ha convocado para la continuidad del debate.

Amén de esa reunión todavía no convocada, la oposición avanzará este miércoles para emplazar en la materia. La idea es poner una fecha límite para dictaminar, “para que no puedan bajar el Presupuesto de nuevo”, según confió a este medio una fuente consultada. Un emplazamiento en ese sentido es justamente lo que anticipó sesiones atrás el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien anticipó que esa sería la jugada opositora para evitar que por tercer año consecutivo no haya presupuesto.

Hay quienes objetan la legitimidad de la maniobra, habida cuenta de que todos los gobiernos suelen esperar en los años de renovación parlamentaria a tratar el tema con la nueva composición del Congreso. Consultados al respecto miembros de la oposición recordaron que el Gobierno ya “mató dos presupuestos”. Ante ello, “un tercero sería una catástrofe, incluso para el propio Gobierno”, razón por la cual diseñaron esta estrategia que pondrán en práctica el miércoles. La intención, confiaron ante este medio, es forzar al menos al Gobierno al diálogo. Además, “la nueva conformación no necesariamente va a ser de mucha más ayuda para lo que quieren”, sintetizó un legislador opositor que firmó la cita para este miércoles.

Lo que viene después es lo que se llevará sin dudas toda la atención, para desgracia del Gobierno que no ve la hora de dar por superada la cuestión. Se debatirá en cuarto lugar el expediente por el cual se pide la remoción del diputado José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, argumentando “incumplimiento de sus funciones”.

Ese proyecto fue presentado hace tiempo por la diputada Victoria Tolosa Paz. Hay otros que piden directamente la exclusión de Espert de la Cámara, pero eso no se tratará. Entre los sectores que no quieren saber nada con tal alternativa están los diputados de la Coalición Cívica. Lo cierto es que en primer lugar se pondrá a consideración el tratamiento del tema sobre tablas, para lo cual necesitaría dos tercios. Si eso no está, irían por un emplazamiento, el camino más largo. Pero hay confianza en que se consiga el número para liquidar el tema este mismo miércoles.

Más allá de que la renuncia pueda haber morigerado el escándalo, lo cierto es que los diputados de la oposición en casi todo su conjunto no quieren que Espert siga al frente de la comisión más importante de la Cámara y es muy probable que se alcance el número necesario, incluso con el aporte de firmes aliados de La Libertad Avanza.

La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza no logró cerrar el escándalo político que lo rodea. Por el contrario, abrió una nueva etapa de cuestionamientos públicos, especialmente desde el Congreso, donde varios diputados nacionales se expresaron con dureza en redes sociales.

El diputado Martín Soria fue uno de los más contundentes: “Aunque se baje Espert, Fred Machado sigue en el Gobierno. La decisión de Milei no borra la realidad: el vínculo del narcotráfico con La Libertad Avanza. Milei comparte abogado con Machado y la Corte Suprema duerme el expediente. Frenemos el Narco-Estado de Milei en las urnas”.

Desde Córdoba, Natalia de la Sota también se refirió al caso: “La renuncia de Espert revela el verdadero rostro de este gobierno. Defender Córdoba también es ponerle un límite a este modelo que, además de ajustar a la gente, ahora se ve manchado por la corrupción”.

Lo bueno es que el trabajo más importante lo dejó hecho antes de renunciar: mostrarle al mundo que los libertarios que gobiernan son un rejunte de corruptos, narcos, patoteros de poca monta y malos gobernantes.
No se va por ninguna operacion sino porque no puede seguir… https://t.co/Pba7ylp7op

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 5, 2025

Julia Strada, por su parte, enumeró los escándalos que involucran al oficialismo: “Milei es responsable de estafar con $LIBRA, robarle el 3% a discapacitados con su hermana Karina y encubrir al narcodiputado Espert”.

En la vereda opuesta, algunos legisladores celebraron el reemplazo por Diego Santilli. Martín Tetaz consideró que “Santilli es mucho mejor candidato, tiene más chance de captar el voto de JxC y es más conocido”. Aunque advirtió: “Dejen de flashar operación K; si los kukas tuvieran capacidad de montar algo así no serían la comparsa que son”.

Para el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde, “lo de Espert, Milei y Bullrich es una vergüenza. Ya era una vergüenza que Espert fuera candidato, cuando hace cinco años sabemos de su vínculo con Fred Machado. Hacerlo renunciar solo porque el tema está perjudicando electoralmente al Gobierno le agrega una mancha más a la interminable lista de cosas que este Ggobierno tiene que explicar. Por ejemplo, cómo llegó hasta acá un candidato así y por qué tanta reticencia del presidente para bajarlo. Ahora más que nunca tenemos que ponerle un freno a Milei en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires y en cada punto de la Argentina. Y la herramienta para ponerle ese freno es Fuerza Patria”.

Paula Oliveto también se refirió al cambio: “Espert hizo bien en bajarse porque ya eran insostenibles sus mentiras. Por otra parte, ¿quién dijo que un gato no puede domesticar a un león? El Pro va a encabezar la lista del distrito más importante del país. Toda una hazaña”.

Pero el foco también estuvo en el gasto público que implicaría la reimpresión de boletas. Esteban Paulón fue directo: “¿Hay plata? La plata del pueblo no puede financiar la corrupción del gobierno”. Christian Castillo sumó: “Para la discapacidad el gobierno dice ‘no hay plata’, para reimprimir las boletas por la bajada de Espert parece que sí. ¿Con la nuestra?”

Marcela Campagnoli, en cambio, apuntó contra quienes ahora piden la expulsión de Espert: “El oportunismo político de algunos que piden expulsión y ni se mosquearon con otros mucho más comprometidos, también da asco”.

La renuncia de Espert, lejos de calmar las aguas, parece haber profundizado el debate sobre los límites éticos del oficialismo, el uso de los recursos públicos y la calidad institucional del proceso electoral.

MINTIÓ, LLORÓ Y LO PESCARON

HONESTO hubiera sido decir la verdad, no inventar una historia diferente cada vez que le preguntaron.
ÍNTEGRO hubiera sido declinar su candidatura desde el primer momento, no cuando las encuestas no le dejaron otra alternativa.
DIGNO sería renunciar…

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 5, 2025

¿Cómo es esto? ¿No hay plata para aplicar el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica que sancionó el Congreso por amplia mayoría, pero sí para volver a imprimir millones de boletas?

15.000 millones de pesos nos va a costar a todos los argentinos que LLA se saque… https://t.co/X4aPLtUmVZ

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 6, 2025

Me alegro, yo no quería discutir sobre Espert, quiero construir futuro.

Esta campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre no podían girar solo en torno a José Luis Espert, el candidato de La Libertad Avanza, porque así no íbamos a hablar de lo que importa.

Necesitamos un Congreso serio, equilibrado, que debata, controle, cuide a los vulnerables y saque leyes que sirvan.

Me gusta proponer y debatir, tengo decenas de proyectos presentados para discutir que aún se han tratado, algunos otros que si, como cuándo logramos que el señor del Tabaco pague impuestos.

Quiero debatir una ley que garantice la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial, una nueva ley de ética pública, la neutralidad de la Administración Pública, un marco regulatorio para los fondos fiduciarios, eliminar el régimen de Tierra del Fuego, reformas a la ley de emergencia agropecuaria, al régimen de responsabilidad fiscal, la reducción y eliminación de retenciones, reformas a los organismos de inteligencia y una reforma tributaria, entre muchos otros temas en los que podemos hacer un aporte.

Por supuesto que me preocupa cómo se financian las campañas. En 2021, apenas conocí los primeros datos sobre Fred Machado y Espert y su campaña a presidente del 2019, los llevé a la Justicia y no se avanzó en nada. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos si el Poder Judicial trabajara rápido y bien!

Durante los cuatro mandatos kirchneristas, con mis compañeros de la Coalición Cívica, hicimos decenas de denuncias para prevenir y combatir los vínculos del narco con la justicia y la política: desde los crímenes narco de General Rodríguez y Unicenter, hasta la efedrina, la Hidrovía, los fiscales Scapolan y Novo, y seguro me olvido de otros porque escribo esto mientras me entero de las novedades.

Espert, será uno más de los que se acercó a la política satisfacer sus propios intereses, muchos de los que lo siguen en la lista no son mucho mejores pero eso lo evaluará la gente.

Fuerza Patria solo quieren mantener algo de poder frente a su definitivo declive, muestra una falta de renovación preocupante, con las mismas malas prácticas e ideas de siempre. El resto de las listas, entre variantes peronistas, proyectos personales, listas fantasma para sacarle votos a las fuerzas principales y la oferta de la izquierda, no invitan a debatir ni a pensar en el futuro.

Hoy siento que nuestra lista, que armamos con lo mejor del radicalismo, tienen más sentido que nunca. Estamos cumpliendo con nuestro deber, dándole a la sociedad una alternativa para hoy que está comprometida con construir un futuro para mañana.

En la desesperanza nace la esperanza, y eso en si mismo vale la pena. ¡Construyamos futuro!

El presidente Javier Milei echó de la escena política al candidato a diputado José Luis Espert con la pretensión de sacarlo del ojo de la tormenta y evitar otra paliza electoral, a tres semanas de la elección legislativa, pero no se salió del libreto: lo defendió a capa y espada, dijo que no duda de su "honorabilidad" y culpó de todo al kirchnerismo, a la vez que ratificó el rumbo económico.

El jefe de Estado habló una hora y media en el programa La Cornisa, de Luis Majul, uno de sus periodistas preferidos. Estaba tranquilo, calmo, pero se observó un cierto nerviosismo y dudas cuando habló del escándalo Espert, a quien lo apoda "El Profe".

Más de una vez le pidió a Majul que le dejara concluir sus reflexiones. "Voy a tratar de hacer lo que pueda”, respondió ante el pedido de que responda en forma breve.

En la entrevista, Milei, tras marchas y contramarchas -el viernes Espert estaba ya afuera-, volvió a su muletilla preferida para defender los affaires: “Son chimentos de peluquería, ojo con eso”.

Y aplicó esa fórmula para los escándalos de la criptomoneda $LIBRA, las presuntas coimas en la ANDIS en conexión con Karina Milei y el que vincula a Espert con el supuesto narco Fred Machado: "Chimentos de peluquería".

Al único integrante de La Libertad Avanza que criticó fue al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a quien explicó que lo "apartó" porque en audios hizo denuncias que nunca las llevó a la justicia.

"Lo tuve que apartar a Spagnuolo. Se la pasaba hablando mal de mis ministros", sostuvo el jefe de Estado.

Al hablar del "kirchnerismo", definió que "son como los chanchos, están llenos de barro" y contrastó: "Nosotros somos gente honesta”. Y los desafió: "Vengan kukas. Discutan propuestas".

Seguidamente, dio por terminado el capítulo del narco escándalo: "Lo importante ahora es ir para adelante. Ahora vamos para adelante", como si no supiese que la polémica se va a trasladar ahora al Congreso, donde opositores querrán sacar a Espert de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y hasta pedirán su expulsión de la Cámara.

Sobre la titularidad de la comisión parlamentaria, bajó línea y propuso al diputado Berti Benegas Lynch (LLA).

"Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Soy distinto a la casta política. Se estaba contaminando el debate", insistió acerca del apartamiento de Espert como candidato.

Más adelante, Milei adelantó cambios en el Gabinete nacional: "Voy a rearmar el equipo en función de las reformas que voy a hacer. Hay áreas que no están funcionando como tendrían que funcionar", frase que recordó a la crítica de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al presidente Alberto Fernández: "Hay funcionarios que no funcionan".

Acerca de la marcha del Gobierno, afirmó que "el rumbo es el correcto" y remarcó que ahora hay un "30% de inflación anual", aunque aclaró que "la tarea no está completa".

Llamó la atención que defendiera a pie juntillas el desarme de las letras del Estado LEFI, medida muy criticada por economistas de diversas orientaciones, a los que el Presidente denomina econochantas.

Las LEFI son los tíulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para absorber pesos excedentes en el sistema bancario y controlar la liquidez y la inflación, pero esa medida disparó la volatilidad del dólar y junto a otros errores políticos y económicos originó el peligro de corrida cambiaria el mes pasado.

Además, el jefe de Estado negó que esté rota la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo, su asesor estrella: "Es excelente la relación. No existe ningún problema. Karina es una persona de mi máxima confianza y Santiago es de mi máxima y absoluta confianza", exclamó.

Acerca de la elección legislativa del 26 de octubre frente a todos estos aspectos negativos, Milei abrió el paraguas: "Hay que mirar cómo queda la composición de las cámaras. Yo tengo confianza que vamos a ganar".

Por último, reiteró lo afirmado en la semana: "Hay una desaceleración de la actividad económica" y se la adjudicó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al "torpedeo del Congreso”.

Conocida la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Facundo Manes presentó un proyecto de resolución reclamando directamente su exclusión de la Cámara.

Manes pidió “excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

A juicio de Manes, si Espert no puede ser candidato a diputado, tampoco puede seguir siendo diputado.

Precisamente en la sesión de este miércoles está previsto que se pida el apartamiento de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La intención de Manes es que lisa y llanamente se vote su exclusión.

Inmediatamente después de conocida la renuncia de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se anunció desde ese espacio que ahora la lista sería encabezada por el diputado del Pro Diego Santilli.

Así lo establece el Decreto 171/2019 sobre paridad de géneros en ámbitos de representación, que en su artículo 7° indica que “cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley N° 19.945 y sus modificatorias”.

Santilli se pronunció rápidamente en las redes: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”, señaló “el Colo”. Y cerró anunciando que “voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

Durante la entrevista que concedió Javier Milei en LN+, confirmó a Santilli: “La cabeza de lista es el Colo Santilli”, señaló”, pero la realidad indica que esa decisión no estará reflejada en las boletas, ya que no hay tiempo para reimprimir las boletas. Lo había anticipado el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez a través de un comunicado en el que señaló que “la foto y el nombre de José Luis Espert seguirán en la Boleta Única de Papel, aunque Espert haya renunciado a su candidatura”. Y explicó: “No se llega a tiempo par tener nuevas boletas, porque antes habría que cumplimentar todos estos trámites: 1) La renuncia de Espert debe ser presentada formalmente y, luego, aceptada y oficializada por la Justicia Electoral. 2) La Justicia Electoral debe realizar lo que se denomina "corrimiento" de candidaturas, a raíz de la renuncia del postulante que iba al tope de la lista. 3) Luego, para imprimir nuevas boletas, habría que elaborar y presentar el nuevo diseño, en una audiencia conjunta con apoderados de todas las listas que compiten en la provincia de Buenos Aires. 4) Aprobado el nuevo diseño, se podrían mandar a imprimir las nuevas boletas, las que deberían estar disponibles con anticipación suficiente para que la autoridad electoral las asigne sin contratiempos.

Crítica desde el Frente Renovador

A su vez, los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria Jimena López y Sebastián Galmarini cuestionaron vía “X” al Gobierno por “el enorme gasto público que implicó su inclusión y posterior baja de la candidatura”.

Al respecto, Galmarini sostuvo: “Correspondía que renuncie, se lo debían a todos los argentinos”, y advirtió que, además de la gravedad del hecho, “Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de tener un narco en su boleta”. Según explicó, “en 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000)”. Agregando: “Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes, el gasto sumaría otros $14.000 millones. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”. Y cerró el posteo: “¡No tienen perdón!”.

En la misma línea, López remarcó: “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron 43 millones más el IVA (52.000) y ahora, la reimpresión nos va a salir 14 millones más”. Además agregó: “Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni las personas con discapacidad”. Y concluyó: “No tienen perdón. Es el gobierno más cruel de la historia".

Ambos candidatos de Fuerza Patria y referentes del Frente  Renovador coincidieron en que este episodio refleja el nivel de improvisación y desprecio por los recursos públicos del actual gobierno, y reafirmaron su compromiso con una administración responsable, transparente y enfocada en las verdaderas necesidades del pueblo argentino.

Un día después de asegurar que nunca pensó en renunciar a su candidatura, el diputado José Luis Espert anunció lo contrario. Lo hizo a través de las redes sociales, con un posteó que tituló: “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

Fue al cabo de una tarde en la que comenzó a circular la versión de que sucedería lo que terminó pasando, aunque se anticipaba que el anuncio lo haría el presidente Javier Milei durante la entrevista que le brindaría a partir de las 20.30 a Luis Majul, por LN+. Al final fue el propio Espert el que, contradiciendo lo que había expresado el día anterior durante una entrevista muy amable que dio por Radio Mitre, puso fin a su postulación.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió en su cuenta de X.

Allí planteó que “en estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”.

Atribuyó lo que terminó arrastrando su candidatura a “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”. Señaló que “a diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

En otro pasaje de su declaración, Espert sostuvo que “el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

“Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”, agregó sobre el final, remarcando que “a los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”.

“El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, cerró el ahora excandidato.

Milei insiste con lo de “una operación”

Inmediatamente después del mensaje de Espert, el propio presidente Javier Milei lo reposteó, acompañado por este mensaje: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”.

“Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, agregó Milei, que cerró: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Y el escenario electoral se “espertizó”. Ya pasaron 4 semanas desde la derrota bonaerense y el Gobierno sigue en problemas derivados de sus propias decisiones políticas y económicas. El kichnerismo, obvio, no le hace vida fácil, pero no lo obligó a Milei a impulsar la candidatura del “profe”, ni a meterse en camisa de once varas con un esquema cambiario y monetario que genera muchas polémicas.

De las 4 semanas que transcurrieron desde el 7-S, solo en una el oficialismo logró un balance positivo: cuando fue a EE.UU., lo llenaron de mimos y le dieron de regalo un tuit impreso. Con eso alcanzó para zafar unos días, pero los problemas persisten porque hay fallas geológicas tanto en lo político, como en lo económico, las cuales no se van a resolver en las 3 semanas que faltan para la elección de medio término.

Como ya señalamos varias veces en esta columna, la administración libertaria entró en un círculo vicioso del cual no puede salir, porque sigue reaccionando de manera poco adecuada. A saber: los fundamentos económicos no generan confianza (pese al apoyo externo), las variables financieras se ponen inquietas, la opinión pública está en su peor momento respecto a la gestión, eso derivó en una derrota electoral, y los mercados se ponen más nerviosos aún. El Javo y su ballet no lograron destrabar el circuito negativo en ninguno de sus aspectos. Lo único que logró es ganar tiempo. Ergo, el clima empeora.

Esta semana volvimos a tener un indicador negativo sobre la evolución de la opinión pública: por segundo mes consecutivo el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella tuvo una caída pronunciada. En las últimas 9 mediciones -desde que empezó el año- tuvo 7 descensos. Primero, está en el punto más bajo después de 22 meses. Segundo, está por debajo del nivel que tenía el gobierno de Macri a esta altura en 2017, que ganó la elección de medio término. Tercero, el ítem “Preocupación por el interés general” -que puede leerse como su nivel de empatía / sensibilidad- cayó 15 %, casi el doble que el índice general. La mayor parte de esta muestra fue relevada post derrota bonaerense, y es la primera después del caso de los audios de Spagnuolo (y antes de que el escenario se “espertizara”). Está vigente más que nunca la pregunta: ¿en qué provincias LLA obtendrá más porcentaje de votos que en la primera vuelta de 2023, fuera de CABA, PBA, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y San Luis? Las encuestas pueden equivocarse, desde ya, pero…

Las reacciones de agenda positiva han sido muy pocas en 4 semanas. Apenas un anuncio para el poder adquisitivo de los jubilados y una prórroga de la jubilación por desempleo. Gusto a poco para una sociedad ganada por el pesimismo respecto al futuro económico del país. En lo que sí parece ser persistente es en su mal manejo político y comunicacional en situaciones de crisis: tanto en Libra, como con las turbulencias financieras, el rechazo a los vetos y ahora el caso Espert, la defensa lució mal parada. El “gatito mimoso” debería repasar las recomendaciones del doctor Carlos Salvador Bilardo. Una pelota cruzada sobre el área en un corner, tiene alta probabilidad de gol en contra. Otra: presidente, ¡no diga blindaje que es una mala palabra en la Argentina! (pero bue… lo dijo). Hágame caso, los fines de semana escuche menos ópera y dedique más tiempo a leer sobre comunicación.

Los amigos americanos le piden que generen consensos amplios para garantizar gobernabilidad (a esta altura, ni ellos esperan que “La Libertad Arrase”). Entonces el león libertario empieza por lo más obvio: volver a hablar cara a cara con Macri. Claro, esta vez es distinto (Toto tenía razón… pero en sentido contrario). El calabrés es memorioso -como Mirtha- y tratará de cobrarse todas las deudas. Por lo pronto, empezarían por ver cómo trabajar el presupuesto 2026, informa el gran Ignacio Zuleta. El tema es que sentar de vuelta 129 votos a favor en Diputados antes del 10 de diciembre es una quimera, mucho más después del próximo 26 cuando todo se juegue a suerte y verdad.

Lo mismo que pasa con Cristina, sin Macri no se puede, pero solo con Macri no alcanza. Faltan los gobernadores, de todo tipo y color. El presidente debería irse acostumbrando al concepto de “presidencialismo de coalición”, el cual citamos en esta columna hace 2 meses y que tomamos prestado del colega Ignacio Labaqui. En esta opción estratégica el oficialismo estará obligado a coparticipar el poder, discutiendo sus reformas, avanzando más lentamente, pero los costos serán menores y no tendría que recurrir a negociaciones permanentes con aliados circunstanciales. Pero claro, deberá acordar con una parte de la casta, degenerados fiscales y quizá resignar fichas políticas importantes (¿qué sería de Espert en ese esquema? ¿y de Toto, los Menem o Karina?).

Recordamos que el ex Emir de Cumelén: 1) es una de las figuras políticas con peor imagen en el electorado, 2) tiene serias dificultades para ordenar sus propios bloques en el Congreso, y 3) juega a dos puntas con Provincias Unidas. Eso significa que no solo no le puede garantizar mucho a nuestro “pequeño Javier”, sino que además habrá mucha tirantez con el actual entorno presidencial. Nada es fácil, pero tampoco imposible, aunque nada serio se dirá o se decidirá antes de 3 semanas, aun cuando se crea que el gobierno pueda ganar el comicio. Nadie va a arriesgar capital electoral frente a un oficialismo que luce cada vez más como “mancha venenosa”.

Las crisis importantes -como la actual- tienen además un timing complejo: a medida que va pasando el tiempo el mal humor tiende a consolidarse y, por lo tanto, los esfuerzos por revertirlo se vuelven menos productivos. En las 7 semanas que iban a transcurrir entre el 7-S y el 26-O, las dos primeras eran fundamentales para sorprender a la sociedad. Esa oportunidad se perdió, y la decepción va camino a solidificarse.

¿Cuánto saldrá una nueva foto con “el amigo americano” el 14? Recordemos que en esa novela de Patricia Highsmith, el amigo es Ripley.

La imagen de la quinta presidencial de Olivos en la televisión es símbolo inexorable de crisis. La visión del emblemático portón verde del lugar donde mora el presidente de turno genera inquietud cuando se la muestra un rato largo. Nunca es preludio de algo bueno. En general, recuerda largas guardias periodísticas de equipos económicos buscando alternativas para salir de la crisis de turno. Debieran saberlo los calificados estrategas de comunicación que secundan al presidente Javier Milei.

Estarán trabajando a reglamento, porque si no hubieran actuado para evitar que el viernes fuera esa la imagen transmitida cual cadena nacional, en el prime time al que el mandatario más disruptivo de la historia argentina tanto tiene en cuenta.

En el interior de residencia estaba el diputado José Luis Espert, que había acudido allí no se sabe si convocado, o dispuesto a renunciar a la candidatura principal del oficialismo para las elecciones del 26 de octubre. Si querían sortear las sensaciones citadas, debieron evitar que eso sucediera el último viernes.

Ya la noche anterior había trascendido temprano que el candidato libertario difundiría en sus redes un video, ya no de renuncia, pero al menos aclaratorio del berenjenal en el que se encuentra y ha arrastrado con él a toda la campaña oficialista. La expectativa fue creciendo conforme pasaban las horas, primero en modo “renuncia”, y después en modo “aclaración”. Cuando parecía que no sería ni lo uno, ni lo otro, apareció el video de seis minutos en el que Espert intentó sin éxito aclarar la percepción de 200.000 dólares que tanto habían dado que hablar en las últimas horas. No lo consiguió; más bien lo contrario.

El día anterior Patricia Bullrich había tomado distancia del “Profe Espert”, exigiendo explicaciones, lo que le valió un reproche del susodicho. Como la ministra recibió algún reproche desde La Libertad Avanza, salió más tarde a “aclarar” sus expresiones, morigerándolas. Pero cuando el diputado volvió a hacer agua por la noche en el piso de A24 -resistiéndose una decena de veces a responder sobre los 200.000 dólares-, el enojo en el partido violeta fue tal que habilitaron a la ministra de Seguridad a decir lo que quisiera, y volvió a “atenderlo”. Lo hizo con gusto: memoriosa, la excandidata presidencial tiene apuntados a aquellos que no jugaron con ella en la sangrienta interna de Juntos por el Cambio, y Espert lo hizo con Rodríguez Larreta.

Además ella considera que debe sostener la campaña en el distrito donde el oficialismo espera hacer la mayor diferencia el 26 de octubre, de ahí que deba tomar distancia de quien compromete su principal activo: la lucha contra el narco.

A tres semanas de los comicios, el principal candidato en la Provincia se baja de la mayoría de las actividades de campaña y es mancha venenosa para el resto. En el acto de campaña que encabezaron Milei y Bullrich en el penal de Ezeiza para presentar el Plan de Tolerancia Cero con el crimen, a Espert lo invisibilizaron en la tercera fila.

Uno de los arquitectos principales de la alianza LLA-Pro en el principal distrito argentino, Cristian Ritondo, expresó con pragmatismo que “así no se puede hacer campaña”. Dicho sea de paso, a partir de los reanudados contactos entre Milei y Mauricio Macri, Ritondo suena fuerte para suceder precisamente a Bullrich. Sería una movida redituable para ambas partes: el Gobierno lo sacaría de la Cámara baja con un cargo que al diputado seduce, y así le quitaría presión a Martín Menem pues siempre Ritondo aparece como eventual recambio; y a Macri le daría la posibilidad de elegir un presidente de bloque menos comprometido con los violetas.

Milei, que hasta ahora ha sido el único que una y otra vez ha defendido a su amigo Espert, lo instó a seguir el viernes. Así fue que, pasadas las 22, Espert confirmó que seguía al responder a un posteo en X del periodista Eduardo Feinmann, que anticipaba su renuncia. Un rato antes había mostrado en su programa un video de 2019 del diputado tomando sol al lado de la pileta del presunto narco Fred Machado en Viedma, probatorio de una relación más cercana que la que Espert había tratado de presentar. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24”, posteó el “Profe”.

En La Libertad Avanza tiemblan de solo pensar en otra eventual entrevista de Espert, que causa estragos para sí mismo cada vez que da entrevistas. Ha dado a entender por ejemplo que la minera guatemalteca que lo contrató en 2020 era tan generosa que le pagó 200 mil dólares por un trabajo que el economista nunca hizo porque estalló la pandemia. Y no le reclamaron devolución…

“Yo en el 2020 no era ni candidato, ni diputado, ni político… trabajaba en el sector privado”, se defendió ante Pablo Rossi, siendo que unos meses antes había sido nada menos que candidato presidencial. A propósito de esa candidatura, volvió a exhibirse profusamente una nota que le hicieron en Crónica TV cuando era candidato presidencial y acababa de sufrir un atentado, camino al canal. Dos impactos en la ventanilla del conductor del auto blindado que con gran generosidad Fred Machado le había suministrado a Espert para que hiciera campaña. Las marcas en el vidrio y los comentarios de especialistas consultados sugirieron que se trataba de balazos y no piedras, pero Espert silenció el episodio: no hizo campaña con eso, como seguramente hubiera hecho cualquiera en esas circunstancias. Raro.

La Libertad Avanza tiene un problema serio para explicar las denuncias que involucran a su gente: desde el episodio $LIBRA, al caso Espert, pasando por los audios de Spagnuolo. Ninguno tuvo una explicación sólida que permitiera dar vuelta la página. Sí desmentidas rotundas del presidente. Debiera tener alguien que lo cuidara más en ese sentido.

Quien hasta hace pocas semanas se ilusionaba con ser gobernador, hoy se aferra al menos a renovar su banca, cuestión de tener fueros que muy probablemente necesite, como sugería el viernes el diputado de la CC Juan Manuel López.

El viernes por la noche, a la hora de analizar pros y contras de bajarlo, uno de los elementos que prevalecía era que las boletas ya están impresas y el rostro de Espert figuraría más allá de que renuncie. Pasó con Fernando Niembro, cuando para las elecciones de 2015 encabezaba la lista bonaerense de Cambiemos y dio un paso al costado debido al escándalo por contrataciones millonarias entre su empresa y el gobierno porteño. Como las boletas ya estaban impresas, el periodista deportivo igual figuró en las mismas, a pesar de haberse bajado.

Dicen que para esta elección había tiempo hasta este domingo para borrar a Espert, pero eso implicaría reimprimir las boletas, gasto a cargo del Estado, tratándose de la boleta única.

A todo esto los mercados volvieron a mostrarse hostiles. El salvataje norteamericano, cuyo anuncio debería haber alcanzado por sí solo, pareciera insuficiente. Contribuyeron señales confusas de nuestro mecenas Scott Bessent. En Washington tienen dudas de que el Gobierno argentino cumpla con las condiciones que le han impuesto, entre ellas las de restablecer la relación con los dadores de gobernabilidad.

Milei comenzó con Macri, a quien recibió junto a Guillermo Francos. El expresidente busca evitar ser seducido con promesas que después no se cumplen: sugirió desprenderse de Espert, y Milei lo ratificó; mejor prueba que esa… El presidente le pide apoyo en el Congreso, algo que salvo excepciones, siempre el Pro le ha dado al oficialismo. Pero más que en diciembre, Milei piensa en el 26 de octubre y pareciera advertir que la estimación de que no necesitan a Macri porque el voto Pro ya se fue con ellos no sería tan así. Decepcionado del libertario, el líder del partido amarillo toma nota de ello y se limita a dar sugerencias en privado, resistiéndose a un apoyo público, salvo comunicados lavados.

Sobre el apoyo legislativo más allá del 10 de diciembre, dependerá del 26 de octubre, el estado de la economía y la predisposición que realmente muestre el Gobierno a cambiar, como Macri le pide. Mientras tanto, las urgencias legislativas del gobierno son constantes y tiene mucho por padecer hasta el recambio legislativo.

Este miércoles, por caso, será ley un cambio en los DNU que en caso de no poder sostener el seguro veto posterior representaría un golpe mortífero para la gestión libertaria. Pero además, LLA deberá soportar durante un largo lapso de la sesión el bombardeo sobre José Luis Espert, a quien de todos modos la oposición no tratará de echar del Congreso, sino apartar de su cargo en Presupuesto y Hacienda.

Aprobarán para ello un emplazamiento y en una sesión posterior le darán el tiro final. No hay intención de echarlo porque la oposición lo prefiere donde está, como “activo” para la campaña.

Curioso padecimiento el libertario: pensaron que para el 7 de septiembre se harían un picnic denostando la gestión de Kicillof, y solo se habló de los audios y Karina 3%. Y de cara al 26, tienen la mochila del candidato principal oficialista. El peronismo, dividido como está, sabe que no necesita hacer campaña: tan es así que sus candidatos se bajan de los reportajes y debates. El eslogan de campaña oficialista es “la libertad avanza, o el país retrocede”; el de Fuerza Patria es más simple: “El silencio es salud”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Mauricio Macri se refirió este sábado al encuentro que mantuvo el viernes con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos. “La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, expresó el líder del Pro.

Macri también manifestó su deseo de que “los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”. En ese sentido, destacó que “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.

La reunión entre ambos dirigentes fue la segunda en menos de una semana, luego de un año de distanciamiento político. Además del presidente y el exmandatario, participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el entorno presidencial confirmaron que el objetivo del encuentro fue acordar una estrategia común para avanzar en reformas estructurales a partir del 27 de octubre, una vez finalizado el proceso electoral.

Este acercamiento se da en un contexto de creciente presión internacional —incluyendo gestiones del gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional— para que el oficialismo consolide acuerdos con sectores de la oposición que permitan sostener la gobernabilidad y avanzar con el plan económico del Ejecutivo.

El diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, brindó este sábado una extensa entrevista en Radio Mitre, en la que se quebró en varias oportunidades al referirse a la denuncia que lo vincula al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”, dijo al borde de las lágrimas. Y agregó: “Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.

Espert admitió que viajó más de 17 veces en el avión de Machado: “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”. Explicó que “Machado hizo lo que hizo para apoyar las ideas de la libertad y por admiración. Y nunca me pidió nada a cambio: sólo quería acompañarme y aportar para trasladarnos. Por mi parte, pequé de ingenuo y confié”.

Durante la entrevista con Gabriel Anello, que fue de tono amable y en la que en ningún momento Espert fue incomodado, también reconoció que estuvo en la casa del empresario en Viedma. Al ser consultado por el video que circula, respondió: “Mirá, yo te diría que es muy probable que sea cierto”. Luego, ante la repregunta, admitió: “Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”.

“No tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco”, recordó. “No lo definiría como amistoso de ninguna manera. Si me hablás antes de que se supiera que era narco, era una relación razonable. Después de narco, para mí es cárcel o bala”, subrayó.

Sobre el pago de 200 mil dólares recibido por intermedio de Machado, Espert aseguró que correspondió a un trabajo profesional: “Hay una empresa que se llama Minas del Pueblo, cuyo gerente general era Iván Morales, pero Machado era el dueño. Yo el contrato lo firmo con Machado. Era un trabajo muy profundo, profesional de economista, la reestructuración de la deuda de la empresa en 2019”.

“Firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato, y cobré una parte en 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debía haber viajado a Guatemala y no viajé. Y cuando me enteré de que era narco, dije: ‘chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más’”, explicó. Y agregó: “No fue responsabilidad mía, yo ya había hecho una parte gorda del trabajo”. La plata reconoció que no la devolvió.

El legislador insistió en que seguirá en carrera electoral: “De ninguna manera pienso en renunciar, mucho menos con el apoyo que el presidente me ha brindado”. Contó que fue él quien le pidió reunirse con Javier Milei en Olivos: “Él es un amigo y siempre que le pido hablar, accede. Estuve con él, pero nunca pensé en renunciar ni él me lo sugirió”.

“El presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático”, afirmó Espert. Y agregó: “El primero que me habría pegado una patada en el ojete es Javier Milei, porque lo que dice, lo hace. Él no quiere corruptos en el gobierno”.

Durante la entrevista, que duró cerca de 50 minutos, Espert se quebró varias veces: “La estoy pasando muy mal. Es un momento muy angustiante. Con mucha bronca, con muchas sensaciones muy mezcladas”.

“Solo por haber estado un año dedicado a la política, en 2019. Después de cuarenta años de decir lo mismo todos los días sobre las ideas de la libertad, hago política y en un par de años era narco. No lo puedo creer”, expresó con la voz quebrada.

El economista habló también del apoyo de su entorno: “Mi lado A está roto, el lado afectivo. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos también. Pero mi lado B es el que me mantiene de pie, el que me vincula con la indignación, con la bronca, con las ganas de seguir batallando. De ninguna manera bajarme”.

Y concluyó con un mensaje político: “Cuidado, que detrás de esto están los orcos, no la princesita. Están los que transformaron a la Argentina en una villa miseria, los que tiraban los bolsos en los conventos de monjas. Con el respaldo del presidente, voy a seguir peleando por las ideas de la libertad en la provincia de Buenos Aires”.

A tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta de Federico González & Asociados revela que Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza, encabeza la intención de voto en la provincia de Córdoba con un 33,7% de los sufragios proyectados, descontando indecisos y votos en blanco.

El estudio, realizado entre el 27 y el 29 de septiembre sobre una muestra de 1.600 casos, muestra una competencia marcada entre tres fuerzas principales: Provincias Unidas, con Juan Schiaretti como referente, alcanza el 24,5%, mientras que Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba, se ubica tercera con 22,7%, quedándose con una porción importante de los votos que aspira a retener el exgobernador cordobés.

Más atrás aparecen Pablo Carro (Fuerza Patria, 5,6%), Ramón Mestre (UCR, 4,3%), Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República, 2,5%), Liliana Olivero (Frente de Izquierda, 1,9%) y Oscar Agost Carreño (Pro, 1,2%).

El nivel de participación anticipado es alto: 84% de los cordobeses afirma que irá a votar, mientras que sólo un 4% lo descarta y un 12% permanece indeciso.

La encuesta confirma la consolidación de La Libertad Avanza en Córdoba, donde Javier Milei obtuvo buenos resultados en 2023, y anticipa una posible reconfiguración del mapa legislativo con impacto nacional.

Expectativas vs realidad es el eje que atraviesa el análisis digital de septiembre realizado por Ad Hoc. El presidente Javier Milei continúa inmerso en una tendencia negativa que ya acumula ocho meses consecutivos en 2025, superando los cuatro que había registrado en 2024. A pesar de algunos momentos de respiro —como el salvataje de Estados Unidos que reactivó brevemente a las comunidades libertarias— la conversación digital sigue dominada por el rechazo.

El promedio de sentimiento hacia Milei en septiembre fue 50% negativo, 40% positivo y 10% neutro, con picos de conversación que no logran revertir la tendencia. La imagen del mandatario se ve afectada por temas que el gobierno no logra cerrar, como los audios de ANDIS, el conflicto en el Hospital Garrahan y la agenda universitaria, que generaron altísimos niveles de negatividad. En el caso del Garrahan, 8 de cada 10 menciones fueron desfavorables.

Además, el informe destaca la pérdida de capital simbólico del oficialismo. La palabra “casta”, emblema de la campaña presidencial, ha sido resignificada por la oposición. Hoy se usa más para criticar al gobierno que para defenderlo, lo que evidencia una pérdida de narrativa por parte de las comunidades libertarias, que ya no operan con la intensidad de meses anteriores.

En paralelo, emergen otros protagonistas dentro del oficialismo que no ayudan a revertir la imagen presidencial. Karina Milei y Toto Caputo concentran altos volúmenes de conversación, pero con niveles de negatividad preocupantes: 77,2% en el caso de la secretaria general de la Presidencia y 61% para el ministro de Economía.

Del lado opositor, Axel Kicillof se consolida como el principal referente digital del peronismo. En septiembre, lideró la conversación con 2 millones de menciones, superando ampliamente a Sergio Massa, Juan Grabois, Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Su protagonismo se explica por la polarización, aunque el desafío sigue siendo captar a los segmentos menos ideologizados.

El informe también ofrece datos generales sobre el ecosistema digital argentino: 40 millones de usuarios únicos en redes sociales, con un promedio de 10 horas diarias de navegación en Internet y 4 horas en redes. En este contexto, la conversación digital se convierte en un termómetro clave para medir el pulso político, donde la expectativa no siempre coincide con la realidad.

Estados Unidos no ahorrará esfuerzos para “salvar” al presidente Javier Milei de la crisis terminal que el propio gobierno libertario viene alimentando, sea por incapacidad, por capricho ideológico o por ambas razones.

El compromiso se hizo público pocos días atrás, mediante la contundente comunicación escrita del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent: “La Administración Trump está firme en nuestro apoyo a los aliados de los Estados Unidos, y el presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre los Estados Unidos y la Argentina”.

En el exterior, no se descarta que el resultado electoral del 26 de octubre complique aún más a Milei. Por ese motivo, desde ahora le exigen “construir las condiciones para la gobernabilidad”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo pidió públicamente hace pocas horas, al sostener que el gobierno de Milei tiene que “generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y para fortalecer la confianza”.

El Presidente argentino lo entendió. Recurrió a Mauricio Macri, con quien -a propósito y para que se note- se reunió dos veces en cinco días, para dejar trascender que ya se cocina la coalición legislativa que apoyará la segunda fase del gobierno, a partir de diciembre.

El expresidente no sólo ayudará intentando blindar a sus propios legisladores del Pro, sino que también es valorado por Milei gracias a su potencial contribución a la expansión de los apoyos: decidieron sumar a Provincias Unidas.

Clarín lo resume sin desperdicio, cuando asegura que Macri “también alimenta por lo bajo el armado electoral de Provincias Unidas, de su amigo Juan Schiaretti y el gobernador de Chubut Ignacio Torres, del Pro”. Y agrega: “Después del 26 de octubre, legisladores de ambos espacios podrían acompañar las reformas del oficialismo como hicieron durante el primer año de la gestión de Milei”.

En esa línea, Milei aprovechó una larga incursión por Radio Mitre para reforzar la certeza de que contará con una nueva y sólida coalición parlamentaria.

Juró que “Macri es parte de la solución y hay un conjunto importante de gobernadores que también lo son”. Para rematar: “Vamos construyendo la base de la gobernabilidad y armar las bases para sacar las reformas estructurales”.

El plan de “gobernabilidad” para la nueva etapa se asienta en un trípode parlamentario conformado por La Libertad Avanza, Macri y Schiaretti. Una alianza que también podría reflejarse en posiciones relevantes del Poder Ejecutivo.

Con esa “solución política” debajo del brazo, Milei estará el martes 14 de octubre en Estados Unidos rindiendo examen ante su salvador.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Las mismas fuentes que daban por segura la noticia de que José Luis Espert se bajaría de la candidatura a primer candidato de La Libertad Avanza, confirmaron que seguía. El presidente Javier Milei fue nuevamente el principal sostén del economista, que según algunos había ido a Olivos ya resignado a entregar su candidatura.

La confirmación la dio el propio José Luis Espert a través de la red social X, cuando le contestó al periodista Eduardo Feinmann que lo daba afuera. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24 Salute!”, fue el posteo del legislador de La Libertad Avanza. Y el final, al menos por este viernes, lo puso el mismísimo presidente Javier Milei al repostear ese mensaje de Espert.

Así se puso final a una lluvia de versiones que en general iban al mismo sentido: la renuncia inminente de quien sigue siendo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, alentada por la presencia del propio protagonista en la residencia presidencial de Olivos.

Horas antes se había difundido un video de Espert tomando sol al borde de la pileta de la casa de Fred Machado, a quien hasta hace un día decía apenas conocer.

Hola Edu!
No me bajo nada.
Te veo el lunes en tu programa de A24.
Salute! https://t.co/2UFq3esrvg

— José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2025

Las mismas fuentes que daban por segura la noticia de que José Luis Espert se bajaría de la candidatura a primer candidato de La Libertad Avanza, confirmaron que seguía. El presidente Javier Milei fue nuevamente el principal sostén del economista, que según algunos había ido a Olivos ya resignado a entregar su candidatura.

Más tarde hizo otro posteo dirigido a los periodistas que en todos los canales anticipaban su salida inminente: “Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que 'el Gobierno está para el cachetazo'. El gobierno de Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo”.

La continuidad de Espert confirma lo que se espera para el miércoles de la semana que viene, cuando la oposición ha convocado a una sesión en la que se espera se vote un emplazamiento a las comisiones que deberán dictaminar sobre su desplazamiento de la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

La candidatura de Espert había sido puesta en duda por sectores de La Libertad Avanza que cuestionan su perfil técnico y su estilo confrontativo, especialmente en temas económicos sensibles. Sin embargo, su cercanía con Milei —con quien comparte una visión liberal ortodoxa— terminó inclinando la balanza a su favor, al menos por ahora.

La decisión de sostenerlo en la boleta también tiene implicancias hacia dentro del bloque oficialista, donde se multiplican las disputas por espacios de poder de cara a las elecciones legislativas. En ese marco, el respaldo presidencial busca enviar una señal de autoridad y cohesión, en medio de un clima político marcado por las internas y los reacomodamientos.

No pueden convertir a la Casa Rosada en el comité de campaña de la Libertad Avanza, Espert no se tiene que ir porque piante votos, se tiene que ir porque tiene vinculaciones con un narco y es urgente que la Justicia investigue y el Gobierno tome medidas.

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) October 4, 2025

La diputada radical Carla Carrizo presentó un proyecto de resolución para citar de manera urgente al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, a fin de que exponga en las comisiones de Educación y de Familia, Niñez y Juventudes. La propuesta, respaldada por referentes del radicalismo, el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica, la UCR Evolución, e incluso por figuras de Unión por la Patria, busca que el funcionario rinda cuentas sobre la marcha de las políticas educativas en todos los niveles obligatorios.

El pedido se sustenta en la gravedad de los datos difundidos recientemente por Argentinos por la Educación, que muestran que apenas 10 de cada 100 estudiantes que iniciaron la primaria en 2013 lograron terminar la secundaria en tiempo y forma en 2024, marcando un retroceso frente a años anteriores. La cifra revela además enormes disparidades: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 23% de los alumnos logra completar su escolaridad obligatoria en los plazos esperados, en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Catamarca apenas lo logra entre el 3% y el 4%.

El proyecto solicita información detallada sobre diez ejes centrales: acceso a la educación en zonas rurales, instrumentación de la Ley de Educación Técnico Profesional, asignación presupuestaria por jurisdicción, índices de repitencia y sobreedad, niveles de alfabetización y comprensión lectora, políticas de inclusión socioeconómica, formación docente, estado de la infraestructura escolar, programas aplicados entre 2023 y 2025 para revertir déficits de aprendizaje y, finalmente, la forma en que se incorporan los resultados de las evaluaciones nacionales en la planificación de las políticas educativas.

Para los legisladores, resulta “indispensable” que el Congreso reciba información precisa y sistemática de la cartera educativa, algo que —sostienen— no se cumple de manera regular desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. “El control parlamentario y el debate sobre prioridades educativas requieren diagnósticos oficiales completos, no solo informes parciales que se conocen a través de organismos independientes”, remarcaron.

La iniciativa pone especial énfasis en dos áreas consideradas estratégicas: la educación rural, que constituye una herramienta clave de inclusión y arraigo en territorios postergados, y la educación técnico profesional, que funciona como puente entre la escuela y el trabajo, pero que a veinte años de la sanción de su ley aún exhibe una oferta limitada y con problemas de equipamiento e infraestructura.

De aprobarse el proyecto, Torrendel debería concurrir al Congreso en las próximas semanas para dar explicaciones ante los diputados sobre la situación actual del sistema educativo y los lineamientos previstos en el Presupuesto 2026.

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza y del Pro presentó un proyecto de resolución para constituir una comisión especial en la Cámara baja con el objetivo de evaluar la conducta de la diputada nacional Vilma Ripoll (MST - Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad), a raíz de expresiones que consideran discriminatorias hacia el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

El episodio ocurrió el 1 de octubre, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se debatía el proyecto de Presupuesto 2026. En ese marco, Ripoll se refirió al funcionario, quien había anunciado que se retiraría a una hora determinada para respetar el inicio de Yom Kipur, con la frase: “sus compañeros que se van a festejar el Yom Kipur”. Para los firmantes del proyecto, se trató de una expresión “inadmisible” que constituye “un acto de discriminación” por razones religiosas.

El proyecto fue firmado por Sabrina Ajmechet, Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Damián Arabia, Alida Ferreyra, Alejandro Finocchiaro, María Cecilia Ibáñez, Martín Yeza, Emilia Orozco, Germana Figueroa Casas, Álvaro Martínez y Fernando Iglesias.

La iniciativa propone la creación de una comisión especial en los términos del artículo 188 del reglamento de la Cámara, con el fin de aplicar lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a corregir o incluso excluir a uno de sus miembros por “inhabilidad física o moral sobreviniente”.

De aprobarse, esta sería la tercera comisión especial creada en pocas semanas, luego de las que se conformaron para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA y las muertes por consumo de fentanilo contaminado.

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para expresar su “profunda preocupación” por la falta de definición de la Corte Suprema en torno al pedido de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado, empresario argentino detenido en abril de 2021 en Neuquén y requerido por la Justicia de los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos transnacional.

La iniciativa lleva la firma de Ana Carolina Gaillard, Jorge Herrera, Carlos Castagneto, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Jorge Romero, Ricardo Daives, Andrea Freites, Juan Manuel Pedrini y Jorge Chica, quienes subrayan que la demora del máximo tribunal —estimada en más de tres años y cuatro meses— “afecta la credibilidad de la Argentina en materia de cooperación judicial internacional” y obstaculiza las investigaciones en curso.

Según el texto, la gravedad de las imputaciones contra Machado, investigado en Texas como parte de una organización criminal transnacional, obliga a una respuesta judicial “pronta y efectiva”. Los diputados recuerdan que ya existe un fallo del juez federal Gustavo Villanueva, de Neuquén, que en abril de 2022 declaró procedente la extradición y dispuso que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario hasta su entrega al país requirente.

El proyecto también detalla la participación activa de organismos argentinos en el proceso: la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Dirección de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y la Fiscalía Federal N.º 2 de Neuquén, que junto al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y la PSA lograron identificar y detener a Machado cuando ingresó desde México.

Desde el punto de vista institucional, los legisladores advierten que la dilación “opera en favor de las estructuras criminales, que pueden reorganizarse, fugar capitales y borrar rastros patrimoniales”. También plantean que la falta de definición del Máximo Tribunal puede afectar el cumplimiento de tratados multilaterales como la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada Transnacional.

El texto suma un componente político delicado: menciona publicaciones periodísticas que vinculan a Machado con dirigentes argentinos en actividad, entre ellos José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados. De acuerdo con investigaciones difundidas por medios como Noticias y Perfil, existirían indicios de que el empresario habría financiado parte de la campaña del legislador.

En ese marco, los firmantes exhortan a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a acelerar la definición del expediente “en resguardo de la cooperación judicial internacional, la transparencia institucional y la integridad de las investigaciones en curso”.

Con este pronunciamiento, Unión por la Patria busca instalar en el Congreso la preocupación por la demora en un expediente que consideran de “notoria relevancia institucional, judicial e internacional”, y que combina el avance del crimen organizado con potenciales conflictos de interés en la política argentina.

En un encuentro celebrado en el Salón Gris del Senado de la Nación, legisladores nacionales por Salta y autoridades locales del norte provincial reclamaron que la Cámara de Diputados sancione la ley de emergencia para el departamento Rivadavia, ya aprobada por el Senado en mayo pasado.

La reunión fue encabezada por la presidente del Senado, Victoria Villarruel, y contó con la participación de los senadores salteños Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero, junto al intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, representante de la comunidad wichí.

“Venimos al Senado de la Nación porque tenemos la urgencia de visibilizar a nivel nacional las necesidades de los habitantes del departamento Rivadavia”, expresó Nerón, quien destacó el respaldo recibido por parte de la Cámara Alta, que el 7 de mayo aprobó el proyecto de ley de emergencia y catástrofe presentado por el senador Leavy.

El proyecto en cuestión declara la emergencia por 180 días en el departamento Rivadavia y propone la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos destinado a obras hídricas de protección para evitar el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo. “Fue aprobado gracias al acompañamiento de todos los bloques, que entendieron que en la zona tenemos compatriotas que perdieron todo y otros que viven en alerta permanente”, señaló Leavy.

Durante el encuentro, la senadora Giménez pidió reactivar la Comisión Especial de Pueblos Originarios, como ámbito parlamentario de trabajo con las comunidades. Recordó además que al finalizar el gobierno del Frente de Todos, Villarruel recibió el informe anual del INAI contemplado en la Ley 26.160, que da cuenta de un avance del 65% en los relevamientos territoriales en Salta.

Por su parte, el senador Romero planteó la necesidad de una mirada a largo plazo y propuso reactivar la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), organismo interjurisdiccional creado para el aprovechamiento socioeconómico de la cuenca, que debe incluir representantes del gobierno nacional y de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Además del intendente Nerón, expusieron sobre la situación local el maestro Ciro Ramos y el asesor legal de la intendencia, Daniel Segovia.

Al cierre del encuentro, Villarruel manifestó su disposición a continuar el diálogo y a impulsar las iniciativas legislativas necesarias para atender las demandas de las comunidades de Rivadavia Banda Sur, Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este, donde se evidencian profundas desigualdades.

Cabe recordar que en estas localidades del Chaco salteño habitan miles de familias —en su mayoría pertenecientes a comunidades originarias wichí, chorote, chulupí y toba—. Según datos del INDEC y de la Dirección de Estadísticas de Salta, la región presenta índices de pobreza superiores al 70%, con un alto porcentaje de hogares sin acceso a agua potable segura ni a saneamiento básico.

Al cabo de un día lleno de versiones y luego de pasar por la Casa Rosada donde crece el malestar contra él por los hechos que lo han involucrado, el diputado nacional José Luis Espert difundió este jueves por la noche un video en el que brindó su versión de los hechos “de frente y con total sinceridad”.

Sucedió en medio de la creciente polémica por sus vínculos con el empresario argentino Federico “Fred” Machado —detenido con prisión domiciliaria en Río Negro e investigado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero—, y en una jornada marcada por todo tipo de especulaciones sobre el destino de su candidatura.

Al final del día, trascendió que le habían pedido hacer un video y difundirlo en las redes antes de la medianoche. Finalmente lo hizo y hasta cosechó el respaldo del presidente Javier Milei, quien a través de un posteo en X dijo: “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”.

El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo.
Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición.
Fin. https://t.co/48RvwVoTVT

— Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

El descargo se produce luego de que el dirigente kirchnerista Juan Grabois lo denunciara públicamente, reavivando una controversia que se remonta a 2021, cuando se conoció el pedido de captura internacional contra Machado. En su mensaje, Espert reconoció haber recibido 200 mil dólares en 2020, pero aseguró que se trató de un pago por servicios profesionales como economista, en el marco de un contrato con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.

“Nosotros somos distintos, no somos como ellos”, afirmó el legislador al inicio de su exposición, marcando distancia con sus acusadores. Relató que conoció a Machado en 2019, presentado por el abogado Pablo De Luca como “un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina”. Ese mismo año, Machado le propuso llevarlo en su avión privado a Viedma para presentar su libro “La sociedad cómplice”, propuesta que Espert aceptó y agradeció públicamente.

En ese contexto, y mientras se preparaba para competir como candidato presidencial, Machado lo contactó con la empresa Minas del Pueblo, que requería asesoramiento económico. “Me solicitaron consejo para reestructurar la deuda de la empresa, que era joven y estaba en expansión”, explicó Espert. Aclaró que postergó cualquier vínculo profesional hasta después de las elecciones, en las que figuró sexto, con un magro 1,47% de los votos.

Ya en enero de 2020, retomada su actividad privada, firmó un contrato de consultoría con la empresa y comenzó a trabajar. “A principios de febrero recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. ¡Nada que esconder!”, enfatizó. Además, detalló que exigió que el pago se realizara desde otro banco estadounidense para garantizar la transparencia de la operación.

“Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, agregó, subrayando que no se trató de un pago de Machado, sino de una empresa que solicitaba sus servicios profesionales.

El vínculo con Minas del Pueblo se interrumpió por la pandemia de Covid-19, que frustró su viaje a Guatemala. Fue recién en abril de 2021 cuando, según dijo, se enteró por los medios del pedido de captura contra Machado. “Quedé shockeado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”, confesó. “No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas presuntas actividades ilícitas del señor Machado”.

En su defensa, Espert fue categórico:

• ● “Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada.”
• ● “Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados.”
• ● “Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito.”
• ● “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás.”

También respondió a las acusaciones sobre su patrimonio, que Grabois vinculó a la transferencia de fondos. Espert explicó que en 2018 falleció su padre y que, junto con sus hermanos, heredó un campo en Pergamino. “Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía. Obviamente a Grabois esto no le importa, porque no le importa chequear estas cosas”.

El diputado cerró su mensaje con un llamado político de cara a las elecciones de octubre: “No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en estos dos años y que vuelvan los mismos de siempre. Los que dirigen esta operación han demostrado que son capaces de cualquier cosa para recuperar el poder”.

La interna oficialista sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del diputado Cristian Ritondo, presidente del bloque del Pro en la Cámara baja, quien expresó su malestar por la falta de respuestas convincentes de José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, sobre sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

“La explicación no alcanzó”, sentenció Ritondo, en línea con los reclamos que ya habían formulado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ambos pidieron a Espert una aclaración más contundente, luego de que se conocieran documentos que lo vinculan con depósitos por 200.000 dólares provenientes de empresas relacionadas a Machado.

Ritondo advirtió que el episodio afecta directamente la estrategia electoral del oficialismo: “Sin una aclaración, no se puede hacer campaña. Si no estuviese este tema, estaríamos discutiendo el nuevo Código Penal o el compromiso de Pro con La Libertad Avanza”.

Aunque evitó pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones, el legislador dejó claro que “la Justicia lo va a determinar” y que Espert “tiene que demostrarlo”. “En lo que yo conozco, creo que sí lo es”, agregó, pero insistió en que el candidato debe salir del estado de indefinición.

La polémica se intensificó luego de que Espert evitara responder en una entrevista televisiva si había recibido dinero de Machado, y justificara sus viajes en el avión del empresario como parte de la logística partidaria. “Un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos ni nada”, dijo.

Para Ritondo, esa respuesta “deja en la nebulosa una pregunta que repiten los periodistas y que tiene que contestar”. Y aunque reconoció que en campaña abundan las operaciones políticas, subrayó que “hay momentos en los que hay que dar explicaciones y seguir adelante”.

El diputado también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de “montar una operación” para desviar el eje del debate electoral. “Han logrado romper con un esquema donde no estamos discutiendo la economía y el narcotráfico”, señaló.

La situación de Espert, que se niega a bajar su candidatura y cuenta con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, amenaza con alterar el delicado equilibrio entre Pro y La Libertad Avanza, justo cuando el oficialismo busca consolidar su frente de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Javier Milei sobrevuela en un pantano mental: ya no es el presidente tajante y catedrático del primer año, al que todos rendían pleitesía mientras su motosierra cortaba reparticiones estatales y arrojaba trabajadores a la calle, sino que ahora parece ser un falso profeta cuya dialéctica no conmueve al auditorio y tampoco al establishment, y solo tiene como aliado a su par de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos lo rescató del fondo del pantano dos veces este año pero parece ser insuficiente: Milei “está mirando otro canal”, como decía una publicidad televisiva y su gobierno es torpedeado por el mercado, por el Congreso -donde se ha formado un gran arco opositor- y por sus propias impericias.

La paliza electoral que le propinó el gobernador peronista Axel Kicillof el 7 de septiembre destapó muchas ollas que estaban ocultas y Milei tambalea en el pantano mientras la Casa Rosada hace agua.

La derrota dejó inmerso a todo el Gobierno en una parálisis de la cual solo sale cuando el Fondo Monetario Internacional -pos reunión Milei-Trump- le ordena inyectar dólares al Banco Central y al líder libertario que controle a su desmañada tropa y construya “sostén político”.

El apoyo mediático de primavera de Trump duró apenas un puñado de días, porque los mercados ya no le creen a Milei y también dudan de un apoyo económico cierto -dólares contantes y sonantes- del Gobierno de los Estados Unidos.

Y tienen razón en dudar, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró en su país que los Estados Unidos de ninguna manera auxiliarán con dinero a Argentina, sino que será través de un “swap” como el chino.

La verdad es que Estados Unidos no quiere que el Gobierno argentino entre en default el año próximo, con una agenda de vencimientos imposible de afrontar con un Banco Central anémico de dólares.

Por eso, los analistas económicos hacen números y la cuenta no les da certeza de que el Gobierno libertario llegue con suficientes dólares a las elecciones del 26 de octubre, en la que el peronismo aparece competitivo para amargar otra vez a Milei.

Si los dólares ingresados por las retenciones cero se acaban antes de la elección legislativa, podría ser fatal para las aspiraciones electorales de La Libertad Avanza, pero también porque ya sería inevitable una devaluación que se evitó en abril y agosto pasados.

A la vista, Milei solo tiene en los próximos días una nueva visita a Trump, esta vez en el Salón Oval de la Casa Blanca, y a nivel vernáculo solo se reunió con el expresidente Mauricio Macri para aclarar cuitas entre ambos, y mañana avanzarán en algún ingreso del Pro al Gobierno.

Pero la Casa Rosada no muestra acción ni importantes signos vitales de vida: Milei y su nuevo exégeta Guillermo Francos, el jefe de  Gabinete, “juegan” de contraataque y el ministro de Economía, Luis Caputo, solo atina a implorarle a Bessent que el auxilio económico llegue cuanto antes.

Para colmo surgió otro escándalo en medio de la campaña electoral y tiene como blanco nada menos que al primer candidato partidario en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien sospechosamente no aclara las dudas a la prensa.

Milei lo sostiene, contra la opinión de su hermana Karina Milei; de Francos y de la otra gran candidata de La Libertad Avanza: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien a pesar de que los tiempos violetas pronostican nubarrones y tormentas, ganaría cómodamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Por todo ello, el líder de La Libertad Avanza no necesita un “swap” sino un “switch”, un cambio profundo mental y pragmático que lo coloque nuevamente al frente del Gobierno y de su propia tropa, porque el blindaje informativo que tenía se cayó a pedazos y ahora todos 'sacan los trapos al sol' como efecto dominó.

Milei reza entretanto por que no se cumpla la frase “no hay dos sin tres”, ya que no soportaría una nueva corrida cambiaria y por eso se adoptan -y habrá más- medidas para tratar de que no salgan más reservas del Banco Central.

Un día después de que su homónima de la Cámara alta realizara una reunión similar con el mismo fin, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Daniel Gollán (UP), fue escenario este jueves de un intenso debate sobre el futuro del sistema nuclear argentino.

En la reunión, especialistas, investigadores y representantes institucionales manifestaron su preocupación por el decreto 695/2025, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante la venta de acciones.

La diputada Agustina Propato (UP) abrió el encuentro señalando que “la avanzada privatizadora forma parte de una estrategia geopolítica, no es una cuestión meramente comercial o de negocios”. En ese marco, presentó un proyecto que propone derogar el decreto presidencial.

Entre los expositores, Andrés Kreiner, investigador superior del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sostuvo que “defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen, y es apostar por una Argentina con soberanía energética, tecnológica, tarifas justas y desarrollo para todos”.

Por su parte, Diego Hurtado, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, destacó que “el sector nuclear es uno de los pocos casos exitosos que Argentina puede mostrar en muchos frentes del mundo industrial, productivo, tecnológico y científico”.

Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, advirtió que “el estado de situación del sector es crítico, de todo el entramado nuclear”.

Durante la reunión, el diputado Christian Castillo (FIT) informó que su bancada presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional y un proyecto que prohíbe la privatización del sistema nuclear argentino.

También participó el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), quien ratificó “el compromiso histórico” del radicalismo de que “las empresas estratégicas sean nacionales y estatales”.

El presidente Javier Milei presentó este jueves en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el proyecto de nuevo Código Penal, con el objetivo de “cambiar el sistema de fondo”. Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario subrayó que la implementación de estas reformas “depende directamente del Congreso de la Nación”.

Durante el acto, Milei afirmó que se pone fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basa en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

La reforma propone que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban. También se endurecen las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Uno de los puntos destacados es la ampliación del concepto de legítima defensa, para proteger a los policías en cumplimiento del deber. “Con el presidente Javier Milei hoy nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”, declaró Bullrich.

El proyecto también incorpora nuevas figuras delictivas vinculadas a conductas a través de soportes informáticos o de Inteligencia Artificial, y eleva las sanciones para funcionarios involucrados en casos de corrupción. Además, prevé penas de hasta tres años para quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones, y de hasta dos años para quienes arrojen objetos contundentes en protestas sociales. También se contempla la persecución de delitos en el deporte y en eventos masivos.

Acompañaron al presidente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud); el vocero presidencial, Manuel Adorni; y los integrantes de la comisión redactora del proyecto del nuevo Código Penal. Estaba también, en tercera fila escondido, el diputado José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires.

Los puntos más destacados del discurso presidencial

✅ “La sociedad puso frente a mí un mandato muy claro, terminar con el flagelo de la inseguridad”.

✅ “Para que la gente comience a estar de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondo. Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales que, sí querían combatir el crimen, mientras les daban vía libre y excusas a los criminales”.

✅ “Que este conjunto de reformas se implemente o no, depende directamente del Congreso de la Nación. Depende de que quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. El país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios”.

✅ “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero”.

✅ “Estamos haciendo cambios profundos en las dimensiones más esenciales de la vida de los argentinos. Producto de este sendero de reforma profunda, el futuro va a ser distinto al pasado, pero este proceso hoy está a mitad de camino. Todavía falta para el punto de llegada”.

✅ “Yo sé que este camino conlleva esfuerzo de parte de todos, pero es el camino correcto. Si claudicamos ahora, podemos perder la última oportunidad para cambiar el destino de nuestro país. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”.

Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich:

✅ “Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos de forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan”.

✅ “Nuestro Código Penal tiene 100 años de parches”.

✅ “Esta comisión presidida por nuestro ministro de Justicia ha presentado un código penal moderno, actualizado, que defiende a las víctimas y no a los delincuentes”.

✅ “Si el 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga”.

✅ “Si la Justicia sigue presa de un sistema lento, que tarda años en condenar y minutos en liberar, nada de lo que hagamos tiene sentido”.

✅ “Tenemos realmente un verdadero cuerpo de jueces y fiscales que realizan una tarea que cada vez se hace con más velocidad, con más premura y eso se llama justicia”.

✅ “La Argentina, de una vez y para siempre, termina con la doctrina del zaffaronismo, que tanto daño le hizo a la sociedad, a las víctimas, a los estudiantes y que penetró como doctrina de protección del delincuente en toda América Latina”.

✅ “Hoy este código penal viene a poner a la Argentina en el lugar en el que siempre debió haber estado: protegiendo a la sociedad, cuidando a nuestra fuerza de seguridad, terminando la impunidad que tantos años reinó”.

✅ “Hoy la Argentina puede decir que con el presidente Milei nace una nueva doctrina: la doctrina penal de la tolerancia cero”.

El Senado de la Nación declaró este jueves “fiesta nacional” a la Fiesta de los Canales de Riego. Esta celebración se realiza todos los meses de febrero en Luis Beltrán, provincia de Río Negro.

El texto fue impulsado por la senadora nacional de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva y establece a esa localidad como sede nacional permanente de la fiesta y dispone la inclusión de la fiesta en el calendario turístico nacional. El proyecto se aprobó sin debate, con la sola intervención del también rionegrino Martín Doñate, que celebró la incorporación del proyecto al temario, siendo ambos de la misma localidad.

La aprobación se obtuvo por unanimidad, con 65 votos a favor.

La fiesta de los canales de riego surge a partir de valores y contenidos con fuerte arraigo de “raíz” con lo que la apropiación popular de la misma no solo fue rápida sino también sostenida con el correr de los años, de las ediciones.

La llegada de los galeses se considera un hecho histórico fundante para la ciudad, y dicha cultura fue absorbida por lo criollo, lo que dio lugar a un Luis Beltrán de características y semblantes en distintas colectividades. Luis Beltrán se caracteriza por tener uno de los sistemas de riego más importantes de Latinoamérica, y su geografía resulta determinante en la conformación de la identidad de la construcción, por lo que la celebración de los canales de riego es un reconocimiento de aquellos trabajadores que hicieron posible esta identidad productiva y cultural desde el esfuerzo a fin de constituir una ciudad reconocida a nivel provincial, nacional e internacional por su producción.

Por los canales de riego no solo circula el agua, señala el texto de Mónica Silva, sino que “viajan todas sus costumbres. Por ellos, se lleva el agua a las chacras que sostienen la economía regional, son parte de la vida, de la economía y de la cultura de su gente”.

Nuevo veto en caerse en el Congreso para Javier Milei: el Senado insistió por una amplísima mayoría con la Ley de Emergencia Pediátrica, que establece la asignación presupuestaria “prioritaria” para los hospitales que atienden niños e indica específicamente que debe garantizarse “el funcionamiento pleno y sostenido” del Garrahan.

Tal como se esperaba, la norma superó los dos tercios de los votos que requería. El tablero marcó 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Tras este resultado, el artículo 83 de la Constitución Nacional señala que el Poder Ejecutivo debe directamente promulgarla.

El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados también insistió con la ley por 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Pocos días después de eso, se anunció un complemento salarial para los trabajadores del Garrahan, de 450 mil pesos para los médicos y de 350 mil para el resto del personal.

Los trabajadores destacaron que esa suma adicional fue fruto de la lucha que llevan adelante hace más de un año, pero aseguraron que no era suficiente para solucionar de fondo el reclamo laboral. De hecho, las medidas de fuerza continuaron y este jueves el prestigioso nosocomio se encuentra de paro por más de 24 horas. Además, la comunidad del Garrahan se movilizó a la Plaza del Congreso en el marco del debate en el Senado.

En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron del hospital más de 200 profesionales.

El debate en el recinto

Lucía Corpacci sostuvo en el inicio del debate que las provincias, a través de sus representantes, necesitan del Hospital Garrahan. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara alta, la catamarqueña detalló de qué se trata la emergencia en cuestión y definió al hospital como “de excelencia, reconocido por todos, federal como ningún otro en nuestro país”.

La senadora de Unión por la Patria criticó al presidente de “gobernar por vetos o decretos”, lo acusó de negar la división de poderes y advirtió que “mientras tanto gana tiempo, como hizo con el DNU inicial (el 70/23) y la Ley Bases”.

En su discurso, consideró “vergonzosos” los fundamentos del veto y recordó que con la eliminación parcial de las retenciones el país perdió 1.500 millones de dólares. “¿Me va a decir el presidente que lo desequilibran los 113 millones que perderían las provincias y no los 1.500 por las retenciones?”, se preguntó, recordando ante las críticas presidenciales que la Constitución autoriza a los legisladores a rechazar vetos y decretos.

Tuvo un párrafo especial para el ministro de Salud, Mario Lugones, de quien dijo que “no pisó nunca el Hospital Garrahan”, y subrayó que al personal del mismo “los han tratado de ladrones, de ñoquis, de irresponsables, de querer voltear al Gobierno… Todos sabemos lo que es el Garrahan, menos el presidente y su equipo”, aunque rescató la “coherencia” del presidente en cumplir lo que anunció en la campaña. “Es coherente para negar derechos; es coherente para negar la salud pública; la educación pública, la existencia y necesidades de las personas con discapacidad; negar los derechos de los jubilados; es coherente para pelearse con un niño con discapacidad; para agraviar e insultar a gobernadores, legisladores y cualquiera que piense distinto”, enumeró y cerró: “Me avergüenza tener un presidente que nos niega a los argentinos tener derechos que hemos conservado durante años”.

Durante el debate conjunto de este veto y el de Financiamiento Universitario, la santacruceña Natalia Gadano resaltó que "es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. La cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera. Horas y horas esperando".

"Me parece una falta de respeto, no solo a ellos sino al resto de los argentinos que están esperando que tomemos decisiones urgentes y responsables", expresó la senadora y enfatizó que "la salud pública no es un privilegio, es un niño que está esperando un trasplante, es un médico que está trabajando en situaciones adversas". "Una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre. Defender la salud y educación pública no es un gesto político, es una obligación moral", aseveró en el cierre.

A su turno, el radical Pablo Blanco destacó al Garrahan como "un ejemplo en Sudamérica" y, al hacer referencia al calificativo de "degenerados fiscales" que el presidente tiene para con los legisladores, manifestó: "Le quiero decir al degenerado social que hay necesidades, debe entender que hay que tener empatía con la gente más allá del Excel. Si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, la obligación del Gobierno es que haya equilibrio social".

"Él tiene problemas siempre para conseguir recursos para las necesidades de la gente de a pie", criticó a Milei, sin embargo consideró que no tiene las mismas dificultades para "pagar intereses de la deuda, vivir bicicleteando en la timba financiera o hacer negocios con sus amigos cerealeros".

Muy ofuscada con el Gobierno, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri recordó que la frase "no hay plata" fue la que más dijeron desde La Libertad Avanza y también "hasta el cansancio nos han repetido que el superávit fiscal no se financia". A continuación, expresó que si hubieran tenido "el mismo nivel de obsesión y creatividad para buscar consensos, acuerdos y sobre todo soluciones, no estaríamos nuevamente frente a esta situación".

"Se encargaron de romper todos los puentes habidos y por haber", le reprochó la larretista al oficialismo, y opinó que solo terminaron en "tener los mismos problemas que heredaron pero agravados". Asimismo, analizó que el mantra de "no hay plata" ya es "claramente un relato insostenible" y "una excusa para no hacerse cargo de lo que no era prioridad".

En esa línea, la porteña señaló que "la plata apareció por algo bien típico de la casta: una elección". "Había posibilidad dentro del equilibrio fiscal de erogar dinero", se quejó al mencionar la baja exprés de las retenciones. "Este Congreso le dijo dos veces que sí es prioridad para nosotros resolver las urgencias de los argentinos", afirmó y le pidió al Gobierno que "dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente".

Con relación a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, el senador neuquino Oscar Parrilli refirió un comentario pesimista a los dichos de Javier Milei: “El presidente dijo que ‘lo peor ya pasó’, pero yo le digo que lo peor está por venir”. Luego, se refirió sobre el jefe de Estado como “cobarde y vendepatria”. También, advirtió que “la única manera de parar esto es con el voto popular porque si no esto va a empeorar”.

En defensa del nosocomio pediátrico, el legislador kirchnerista aseveró: “Están anunciando entre los trabajadores del Hospital Garrahan una privatización por áreas y van a vaciarlo del personal profesional con la baja de los salarios”. Por último, señaló que “lo van a hacer porque es el mandato que tienen y es por el mandato que llegaron al gobierno”.

Llegada la hora de los cierres de bloque, el senador correntino de Unidad Federal, Carlos “Camau” Espínola, cuestionó: “¿Alguien le avisó al presidente de la Nación que está en juego la vida de nuestros niños?”. “Solo de mi provincia, atendieron en el Garrahan a más de 5.000 niños con la esperanza de ser curados”, remarcó y aseveró: “Tenemos que discutir cuáles son las prioridades porque además del equilibrio fiscal, creemos en el equilibrio social”.

A su turno, el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, definió que “es el récord de la insensibilidad. Queremos que el Garrahan siga siendo el centro de complejidad que todos miramos con orgullo, el lugar donde muchos especialistas se forman y donde, además, se salvan vidas de niños que no tienen otro lugar adonde concurrir:”

Antes de pasar a la votación, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, recordó que “la Cámara de Diputados con amplio margen votó en contra de los dos vetos y fue festejado por miles de personas acá en la Plaza de los dos Congresos”. Optimista de lo que terminaría pasando en las pantallas del recinto del Senado, el formoseño afirmó que “como decía (Juan Domingo) Perón ‘a larga la verdad y la razón siempre triunfan’”.

En relación a las dos iniciativas en cuestión, Mayans destacó la labor de los gobiernos provinciales y ejemplificó con lo que ocurre en su provincia: “Tenemos 50.000 empleados públicos y 25.000 son docentes porque el núcleo educativo en las provincias es mucho más grande”. Después, también lanzó críticas contra el líder libertario: “Milei quiere un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario a lo que el pueblo necesita”.

Al cierre del debate, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, señaló que “es la cuarta vez que estamos hablando de este tema”. Primero habló del Hospital Garrahan al remarcar que “es importantísimo para la salud argentina de todos los niños. Es una consigna que, sin duda, tenemos desde este Gobierno de respetar la salud y no utilizarla políticamente con intenciones electorales”.

Atauche comparó que el kirchnerismo le otorgó al Garrahan $50 mil millones de pesos y el gobierno de Milei le asignó $228 mil millones y planteó: “Con eso le sacamos un poco la máscara al tema que es usado como bandera con efectos electorales. Utilizaron a los niños para hacer política y atacar al Gobierno, les debería dar vergüenza”.

Al respecto, el jujeño indicó que el problema surgió de recortar personal administrativo que “duplicaban las necesidades y no mejoraban las prestaciones”. En esa línea, afirmó que el Hospital Garrahan tuvo un aumento del 274% y acusó que la provincia de Buenos Aires le debe 5 mil millones de pesos al nosocomio.

Lo que prevé la ley

La norma declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que debe garantizarse “su funcionamiento pleno y sostenido”.

Asimismo, prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

El texto contempla “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

También, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”. Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. “La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, “y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Por otra parte, se establece la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade.

En una reunión celebrada en el Bajo Recinto del Palacio Legislativo, quedó formalmente constituido el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con República Dominicana. La diputada nacional Alida Ferreyra (LLA) fue elegida como presidenta del flamante espacio, que apunta a estrechar los vínculos entre ambos países.

Del encuentro participó el embajador de República Dominicana en Argentina, Jorge Marte Báez, quien celebró la iniciativa y expresó: “Me da satisfacción escuchar sus palabras de mantener una cooperación mutua”. Además, destacó la importancia de los acuerdos y convenios entre ambas naciones, “en especial por una convivencia de los pueblos”, pese a las diferencias en sus sistemas legislativos.

Durante la reunión, la diputada Ferreyra subrayó “la colaboración bilateral, en lo económico y sanitario, entre otras cuestiones”, y abogó por “la búsqueda de cooperación y de mayor frecuencia de comunicación entre ambos países”.

También estuvieron presentes Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados; Candie Rosario, consejera de la Embajada de República Dominicana en Argentina; Ayelén Ghersi, de la Dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC); María Florencia González y Ana Clara Weber, del Área de América Central y el Caribe del mismo ministerio.

Durante la sesión del Senado de este jueves, la senadora nacional Nora del Valle Giménez solicitó una moción de preferencia para que se trate con urgencia un proyecto de ley de su autoría, que busca compatibilizar la seguridad social de los trabajadores rurales registrados temporarios y migrantes con los planes sociales vigentes.

La iniciativa, presentada originalmente durante la emergencia sanitaria por Covid-19, fue parcialmente implementada mediante el decreto 514/2021. Ese decreto permitió que cerca de 200 mil trabajadores rurales pudieran acceder al empleo formal sin perder los beneficios sociales adquiridos. Sin embargo, su vigencia expiró el pasado 1º de septiembre, dejando sin cobertura a quienes se habían incorporado al régimen.

Giménez advirtió que esta situación afecta no solo a los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos, sino también a los productores de las economías regionales, que dependen de mano de obra estacional para sus cosechas.

“El objetivo es establecer por ley una compatibilidad que ya demostró ser eficaz, tanto para fomentar el empleo registrado como para impulsar la producción agropecuaria”, sostuvo la senadora salteña, quien remarcó que más del 70% de la mano de obra rural es empleada por PyMEs.

Finalmente, Giménez subrayó que contar con una ley que garantice esta compatibilidad es clave para la reactivación de las economías regionales, el arraigo rural y la protección de los sectores más vulnerables.

En línea con los avances internacionales en materia de bienestar animal, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que propone una profunda reforma de la Ley 14.346, vigente desde hace más de 70 años. La iniciativa busca actualizar el marco normativo argentino, endureciendo las penas por maltrato y crueldad contra los animales, e incorporando medidas complementarias para prevenir y sancionar estas conductas.

El proyecto del diputado cordobés eleva las penas de prisión a uno a tres años por maltrato, y dos a cinco años por actos de crueldad, además de establecer inhabilitaciones especiales de hasta diez años para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades vinculadas a su cuidado, guarda, cría, transporte o comercialización.

Entre las conductas que se consideran maltrato, se incluyen:

• ● No alimentar adecuadamente a animales domésticos o cautivos.
• ● Azuzarlos para el trabajo con instrumentos que provoquen dolor.
• ● Emplearlos en tareas para las que no están físicamente aptos.
• ● Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.
• ● Someterlos a jornadas excesivas o condiciones laborales inadecuadas.
• ● Usarlos en el tiro de vehículos cuando su estado físico no lo permite.

Por su parte, los actos de crueldad abarcan:

• ● Vivisección sin fines científicos o médicos demostrables.
• ● Mutilaciones injustificadas.
• ● Cirugías sin anestesia realizadas por personas no habilitadas.
• ● Abandono en condiciones que pongan en riesgo su vida o integridad.
• ● Riñas de animales, corridas de toros, peleas de perros y espectáculos similares.
• ● Experimentación sin regulaciones éticas.
• ● Prácticas sexuales o de explotación incompatibles con su bienestar.
• ● Torturas, atropellos intencionales o muertes por perversidad.

Además, el proyecto incorpora penas accesorias como:

• ● El decomiso de los animales afectados, que serán entregados a organizaciones de protección animal.
• ● La obligación de asistir a programas educativos sobre tenencia responsable.
• ● La publicación de la sentencia condenatoria en medios locales, a cargo del condenado.

En los fundamentos, Agost Carreño destaca que las sanciones actuales —de apenas 15 días a un año de prisión— resultan insuficientes para prevenir hechos graves. Cita ejemplos de países como España, Alemania, Chile, Colombia y Uruguay, que han avanzado en legislaciones más severas y en el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

“El objetivo es brindar al Estado y al Poder Judicial herramientas modernas y eficaces para desalentar y castigar el maltrato animal, en línea con los compromisos internacionales”, sostiene el diputado, quien solicita el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto.

En el marco de la sesión de este jueves, la Cámara alta aprobó este jueves una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

El tratamiento fue habilitado primero por dos tercios de los votos, con 65 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones y luego la iniciativa fue aprobada con el voto favorable de 65 senadores, uno en contra y dos abstenciones.

El texto aprobado modifica el decreto de la presidencia de la Cámara alta 362/25 referido a la planta temporaria. El original establecía que “el personal de planta temporaria deberá estar afectado a alguna de las estructuras orgánicas estables aprobadas por las autoridades competentes del H. Senado de la Nación, con una antigüedad mayor a DOS (2) años”.

La modificación votada eleva esa antigüedad a seis años intinterrumpidos.

El otro cambio corresponde al artículo referido al plazo para la presentación de la solicitud de adhesión. El texto original apuntaba a “todo el personal que reúna los requisitos exigidos al  momento de entrada en vigencia del presente Régimen, o que pueda reunirlos durante el transcurso del año 2025” el cual “deberá presentar su solicitud de adhesión al mismo dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen”. Allí se expresa que “el plazo para la presentación de la solicitud no podrá ser prorrogado ni restablecido durante el año 2025”. Este último párrafo desaparece en lo aprobado este jueves.

Tal cual había hecho en la comisión anterior, el presidente del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, volvió a insistir contra la privatización del plan nuclear argentino. Lo hizo a través de una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei “por la acción que está tomando el Poder Ejecutivo contra Nucleoeléctrica Argentina, que consideró “una estafa a gran escala; una impresionante estafa”.

En ese sentido calificó a Nucleoeléctrica SA como “la empresa más importante del pueblo argentino”. Una empresa que, señaló, “es diseñadora, desarrolladora, constructora y operadora de las centrales nucleares”.

Mayans precisó la producción de energía de cada una de las tres centrales nucleares: Atucha I, 362 megavatios; Atucha II, 765 megavatios; y Embalse Río Tercero 656 megavatios. “En total, la producción permanente de energía limpia es de 1.763 megavatios, lo que equivale al 7 o 9%, o incluso leí que puede llegar al 11% de la producción total de la energía eléctrica Argentina”, apuntó el formoseño.

Mayans destacó que Nucleoeléctrica no tiene déficit y en el primer trimestre tuvo utilidades por 17.234 millones de pesos. “Y obviamente la producción energética en materia de tarifas es la más baja del mercado. Trabaja prácticamente al costo. Esto es en síntesis la empresa productora de energía en la Argentina”.

Destacó como “bienes tangibles” a las tres centrales atómicas, y como “bienes intangibles” al personal técnico de las mismas, al que consideró “ireemplazable”. Citó al reactor nuclear Carem, que está al 66% de su ejecución, obra que fue frenada por esta administración. Y se remontó en la historia para señalar que cuando Raúl Alfonsín quiso reestructurar la deuda externa argentina la condición que le puso Estados Unidos fue cambiar el plan nuclear argentino.

“Tenemos una gran inversión por parte del pueblo argentino, ¿y qué está haciendo el Gobierno nacional? El presidente, su hermana Karina y su banda se están quedando con esta empresa. Si la empresa tiene utilidades, ¿qué es lo que van a hacer con el sector privado? Primero, van a comprarlo con chirolitas”.

Mayans recordó que el cuerpo había votado con más de dos tercios en la última sesión avanzar con el tratamiento del tema y por eso agradeció a la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Silvana García Larraburu haberse puesto a trabajar rápidamente en el tema, habiéndose realizado el día anterior una reunión informativa sobre el tema. Pero le reprochó al presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el radical Flavio Fama, por no haber hecho lo propio. “Es un mal presidente de la comisión de Energía, que no hizo su trabajo y le pido que cumpla con la decisión que tomó el cuerpo”.

Tratamiento sobre tablas

Más adelante, Mayans propuso a través de una moción habilitar el tratamiento del tema sobre tablas, cosa que el presidente del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, rechazó, argumentando que una cuestión tan trascendente debía ser tratado en las comisiones.

También habló el citado Fama, que aclaró que no contestaría “agravios”, y planteó que un tema tan serio no podía ser tratado a las apuradas y sobre tablas. Mismo planteo que hizo en nombre del Pro el presidente de ese bloque, Alfredo De Angelis.

“Acá está en juego mucha plata, mucha plata. Acá se compró un senador (en referencia a Edgardo) Kueider”, dijo Mayans, que insistió en plantear sus dudas sobre el tema.

El bloque radical, a través de Eduardo Vischi, salió en defensa de Fama y dijo que no había ninguna obligación de apurar el tratamiento. “Llama la atención de un partido que fue privatizdor en los 90 y después fue estatista, ahora se empiezan a sorprender y dan clases de moral con los mismos negociantes”, lanzó.

El libertario Juan Carlos Pagotto dijo respetar las sospechas de Mayans, pero pidió tratar la cuestión en comisión, tratándose de “un tema de capital importancia, y sobre todo estratégico”.

En el mismo sentido Juan Carlos Romero alertó que acusar “no libera al denunciante, nos embarra a todos”. “A la política y el desprestigio del Congreso lo hemos hecho los propios políticos”, alertó.

Se requerían dos tercios que no se alcanzaron, pues la votación resultó rechazada con 40 votos positivos, 29 negativos y ninguna abstención.

En el inicio de la sesión de este jueves, la senadora fueguina Eugenia Duré presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y sus ministros por el decreto de necesidad y urgencia a través del cual autorizó ejercicios militares y con ello el ingreso a Ushuaia de tropas de Estados Unidos.

Recordó la senadora camporista que en septiembre pasado junto a su par Silvia Sapag se negaron a aprobar los ejercicios militares con Estados Unidos en Tierra del Fuego, por no contar con información sobre el motivo de los mismos, bajo el argumento de que era “un asunto reservado”. Por eso, añadió, el presidente del interbloque José Mayans pidió retirar luego el proyecto.

“El miércoles nos desayunamos con el Boletín Oficial, porque parece que si Milei no veta, decreta, con este decreto para que las tropas de Estados Unidos ingresen a Ushuaia”, señaló la legisladora, que recordó la condición de ese país de socio estratégico del Reino Unido y miembro de la OTAN. Se manifestó preocupado en particular con el DNU 697/25 que autoriza ejercicios combinados: uno llamado “Solidaridad”, con Chile, y el otro denominado Tridente, que es el que tiene que ver con Ushuaia, Puerto Belgrano y Mar del Plata.

Y advirtió que el presidente de la Nación argumentó como excusa, en los considerandos del decreto, que “como el Senado en su momento lo rechazó, lo hizo por decreto”.

“Eso está mal, porque es el Congreso el que autoriza la entrada de tropas extranjeras a nuestro país. Milei una vez más se está pasando ‘por arriba’, por no decir otra cosa, la Constitución nacional. Y lo hizo luego de haber ido a Ushuaia, donde los fueguinos le dijeron que no. Al día siguiente hace este DNU”, lanzó Duré.

La senadora se quejó también de que el presidente “no ha pasado por Tierra del Fuego para homenajear a los veteranos… Solo ha ido a llevar al Comando Sur de Estados Unidos para entregar nuestro territorio”. Y recordó que “el 25% de la Argentina está usurpado por el Reino Unido, y no veo a nadie preocupado”.

Por último, señaló que “no tenemos idea de qué van a ser los ejercicios”, y cerró: “No le vamos a permitir convertir a Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur en una base militar yanqui”.

A continuación, habló su comprovinciano radical Pablo Daniel Blanco, quien también presentó una cuestión de privilegio contra el DNU 697/25, por considerarlo “inconstitucional”. “No le está permitido” autorizar el ingreso de tropas por decreto”, enfatizó, para recordar luego que “les guste o no les guste”, Tierra del Fuego incluye a las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Y tanto él como Duré presentaron sendos proyectos para pedir la inconstitucionalidad de ese DNU. En el caso de la senadora camporista, lo hizo por iniciativa de los excombatientes y lo puso a circular durante la sesión para ser firmado.

El diputado José Luis Espert salió a dar explicaciones luego de la denuncia presentada por Juan Grabois, que lo acusa de haber recibido 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, empresario argentino investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y hoy bajo arresto domiciliario en Viedma.

Durante una entrevista televisiva, el economista se negó reiteradamente a responder de manera directa si efectivamente recibió esos fondos, y optó por señalar que se trata de “un papel trucho de una contabilidad paralela”. “No le voy a dar el gusto a Grabois. Esto lo voy a discutir en la Justicia, no en campaña”, aseguró.

Frente a la presión de su entrevistador y de los cuestionamientos de la oposición en el Congreso, Espert enfatizó en A24 que puede justificar su patrimonio. “Tengo 64 años, de los cuales 40 trabajé en el sector privado. Todo mi dinero está respaldado”, sostuvo, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de bajarse de la lista de La Libertad Avanza: “Estoy más fuerte que nunca”.

El legislador admitió que conoció a Machado en 2019, cuando el empresario puso a disposición su avión privado para el traslado a una presentación de su libro La sociedad cómplice. También reconoció que durante la campaña presidencial de ese año utilizó vehículos que resultaron ser propiedad del empresario, aunque aclaró que los recursos logísticos provenían de los sellos partidarios con los que compitió.

En el plano político, Espert recibió el respaldo del presidente Javier Milei, quien desestimó las denuncias como “chimentos de peluquería”. Distinta fue la reacción inicial de Patricia Bullrich, que pidió explicaciones aunque luego relativizó sus dichos.

El caso también tuvo repercusión en el Congreso: diputados de Unión por la Patria reclamaron que Espert dé un paso al costado en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, mientras el libertario insiste en que la denuncia no pasará de ser, en sus palabras, “una maniobra electoral de Grabois”.

La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

La sesión arranca bien temprano: a las 10 de la mañana, y se espera que el inicio tenga una fuerte carga política, con citaciones que irán desde el jefe de Gabinete hasta la secretaria General de la Presidencia. En el caso de Guillermo Francos, ya anticipó este miércoles José Mayans que le apuntarán en esta sesión, por la decisión de promulgar pero mantener suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad. La moción de censura está a la vista del funcionario.

Además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La oposición intentó sin éxito este miércoles desplazar de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a José Luis Espert. En rigor, no tenía muchas expectativas de lograr tal objetivo, dado que el reglamento de la Cámara no establece taxativamente que tal posibilidad pueda concretarse de la manera como lo intentaron. Se invocó el artículo 107 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que “los miembros de las comisiones permanentes durarán dos años, de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara”. Esto es, no era factible que la decisión de una mayoría circunstancial alcanzada en la comisión fuera suficiente, de ahí que al dar por concluido ese round el jefe del bloque de la principal oposición prometiera seguirla en el recinto.

La realidad es que los antecedentes tampoco alentaban las intenciones de la oposición. Desde la recuperación democrática en 1983, hay solo dos casos en el que los que el presidente de una comisión haya sido desplazado del cargo. Y para encontrar el último hay que remontarse hasta casi dos décadas atrás, con diferencias muy notorias a las de este caso: no fue la oposición la que decidió hacerlo, sino el propio oficialismo de entonces para con una integrante de ese mismo espacio.

Sucedió el 17 de mayo de 2006, y la protagonista de este caso resultó la diputada santafesina María del Carmen Alarcón. La comisión en cuestión era la de Agricultura y Ganadería, y las razones de la decisión del oficialismo kirchnerista de entonces fueron sus críticas posiciones frente al gobierno en materia agropecuaria.

Revisando los muy completos archivos de parlamentario.com podemos encontrar la primera noticia sobre el tema en el 12 de mayo de ese año, cuando el presidente del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, argumentaba tan drástica decisión con esta reflexión: “No se puede ser oficialista para llegar a un cargo y una vez allí pasar a la oposición”.

El kirchnerismo sostenía que Alarcón debía impulsar desde la presidencia de una comisión tan importante como la de Agricultura y Ganadería la política del bloque, que era la misma que la del Gobierno nacional. “Las presidencias de las comisiones corresponden a los bloques que las conducen y no a los diputados”, remarcaba Rossi, mientras que María del Carmen Alarcón confirmaba que las autoridades de la Cámara y del bloque oficialista habían pedido su destitución el lunes 8 de mayo y que la misma se produciría en los próximos días.

Ella anticipaba: “Para el martes próximo he convocado a nuestra comisión, como lo hago habitualmente, y allí, supongo, se va a proceder a destituirme”. Se había negado a renunciar.

Le habían pedido dejar el cargo el presidente de la Cámara de entonces, Alberto Balestrini, “en buenos términos”, según la propia protagonista, y el titular de su bloque, que empleó mayor dureza. “Me dijo que yo defiendo demasiado al sector productivo de la Argentina, a la oligarquía ganadera, y que eso no se condice con los lineamientos del Gobierno. Eso me molestó, porque con Rossi somos comprovincianos y compañeros de militancia desde la juventud”, contó la diputada santafesina, que reveló a su vez apoyos del Partido Socialista, el radicalismo y el ARI. “Pero no de mi partido”, se lamentó.

Agustín Rossi era tajante: “No podemos admitir que un presidente de una comisión no impulse la política del bloque, porque para eso le damos esa comisión a la oposición y listo”.

El oficialismo de entonces le reprochaba a Alarcón -muy cercana al campo en ese tiempo en el que todavía no se había desatado el gran enfrentamiento que el kirchnerismo tendría con los productores agrarios- haber retrasado el tratamiento de proyectos enviados por el Ejecutivo, o bien generados por diputados de su propia bancada. Pero el punto central del cuestionamiento estaba ligado a la política oficial ganadera y la decisión de poner un cepo a las exportaciones.

María del Carmen Alarcón integraba el Grupo Pampa Sur, junto al duhaldista Miguel Saredi, desde donde se formulaban críticas a las políticas gubernamentales en materia agraria, las cuales se habían ahondado desde que trabó el tratamiento de un proyecto para apoyar las limitaciones a las exportaciones de carne.

La drástica medida se llevaría a la práctica el miércoles 17 de mayo, cuando el oficialismo kirchnerista reemplazó a la diputada santafesina por el bonaerense Mariano West. Alarcón no solo fue apartada de la presidencia, sino también la excluyeron de la comisión, mediante una resolución administrativa del bloque del Frente para la Victoria, cuyos legisladores incluso no se presentaron a la reunión de la comisión que la diputada había convocado, dejando solos a los opositores.

La sesión

“En los cuerpos colegiados, los cargos pertenecen a los bloques. Como oficialistas lo mínimo que pretendemos es que defiendan las políticas del Gobierno en esas comisiones. Me resulta impensable que el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es oficialista, vote en contra del presupuesto general de la Nación”, argumentaría Agustín Rossi esa misma tarde, durante la sesión convocada el kirchnerismo en la que se formalizó la expulsión de la diputada santafesina de la conducción de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Lo votó el pleno y la resolución se aprobó por 116 votos afirmativos contra 71 en contra y 12 abstenciones. Recordemos que por entonces el FpV contaba con 117 miembros.

La primera en cuestionar la decisión del oficialismo fue la diputada Elisa Carrió (ARI), a través de una cuestión del privilegio contra el titular del bloque kirchnerista, en la que consideró que la postura del FpV sentaba “un precedente gravísimo”. En su exposición, Carrió advirtió que la remoción de la legisladora por mayoría simple podría servir “para remover en el futuro al propio presidente de la Cámara” y acusó al titular del cuerpo, Alberto Balestrini, de “ayudar a destruir el funcionamiento republicano”.

Balestrini rechazó las acusaciones de Carrió, al recordar que el titular de la Cámara “puede ser removido por mayoría simple si no modificamos el reglamento”.

La propia Alarcón también se defendió de las acusaciones en su contra y cuestionó en el recinto la decisión del oficialismo asegurando que ella había sido leal al Gobierno nacional y que su lealtad había consistido en señalar las políticas que consideraba perjudiciales para el sistema productivo como el cepo a las exportaciones de carnes. “La lealtad es todo lo contrario a la obediencia debida”, afirmó Alarcón al explicar su enfrentamiento con la política oficial.

“No ayuda al acuerdo de nuestro gobierno con el sector de la cadena de carnes que tengamos conflictos y declarar en el Congreso el beneplácito por el cese de las exportaciones no era conveniente”, agregó.

Balestrini recordó como único antecedente hasta entonces de una expulsión de ese tipo, la resolución impulsada en 1996 por el entonces presidente del bloque de la UCR, Federico Storani, quien impulsó el reemplazo del ex diputado Enrique Benedetti por Ricardo Laferriere en la Comisión Bicameral de la Ciudad de Buenos Aires. Eso sí, la misma no fue votada en el recinto.

Las críticas llegaron también de parte del radicalismo, y el mendocino Luis Borsani sostuvo que la decisión oficial implicaba “otra pérdida de calidad institucional” y agregaba: “Deberíamos reconocer la calidad de su trabajo”.

“Si tanto les gusta como diputada, ¿por qué no le entregan una comisión?”, ironizó el kirchnerista Carlos Kunkel, quien explicó la lógica del oficialismo recordando que “en 1974 yo era diputado y cuando hubo una orden de quien era mi jefe histórico, a quien consideraba mi segundo padre, con la que no estaba de acuerdo, renuncié a la banca”.

El argumento de Balestrini

Antes de votar, Balestrini explicó la decisión adoptada de la siguiente manera, según reza en la versión taquigráfica de esa sesión: “La Presidencia desea hacer una aclaración a este cuerpo: cuando recibió la nota del presidente del bloque del Frente para la Victoria–Partido Justicialista– pidiendo el cambio de la integración en la Comisión de Agricultura y Ganadería, buscó antecedentes en la historia parlamentaria para ilustrarse, ya que no quería cometer errores”.

Explicó que “el antecedente encontrado es del 26 de diciembre de 1996. En ese entonces, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, era el actualmente señor diputado Federico Storani. Hay una resolución presidencial que dice lo siguiente: ‘Visto la solicitud formalizada por el bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de reemplazar a un integrante de la Comisión Bicameral Ciudad de Buenos Aires, ley 24.588, y considerando que dicha solicitud es procedente, estando la Presidencia reglamentariamente facultada para formalizar la correspondiente designación, por ello el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: ‘Artículo 1. Designar al señor diputado nacional Ricardo Emilio Lafferrière para integrar la comisión en reemplazo del señor diputado nacional, don Jorge Enrique Benedetti. Artículo 2: regístrese, comuníquese, cumplido, archívese’”.

“No hubo ningún comentario de los bloques políticos haciendo referencia a esta resolución presidencial -continuó el presidente de la Cámara-. Dicha resolución presidencial no fue sometida al plenario de la Cámara. Esta Presidencia, a efectos de no cometer alguna irregularidad, creyó conveniente –y estoy convencido de que hice lo correcto traer al plenario de este cuerpo la resolución que firmara a pedido del bloque Frente para la Victoria– Partido Justicialista”.

Y concluyó: “Creo que esta Presidencia ha actuado con la ecuanimidad que se necesita y de acuerdo con el reglamento. Esto no significa que esta Presidencia no considere que, habida cuenta de los hechos que se están produciendo, al discutir el reglamento de la Cámara la Comisión Especial sobre la Modernización del Funcionamiento Parlamentario tendrá un arduo trabajo, puesto que en él existen muchos baches que generan este tipo de discusiones”.

María del Carmen Alarcón no solo fue desplazada de la comisión, sino también del bloque oficialista, por lo que conformó un monobloque que llamó “Pampa Sur”.

La Comisión de Agricultura terminó siendo presidida por Ana Berraute, también santafesina, pero muy cercana a Agustín Rossi, y no al exgobernador y por entonces senador nacional Carlos Reutemann, como era Alarcón.

Los diputados nacionales por Tierra del Fuego Carolina Yutrovic, Jorge Araujo Hernández y Andrea Freites presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para repudiar las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza Miguel Rodríguez. El dirigente fueguino se expresó públicamente a favor de la presencia militar permanente de Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia, durante una entrevista en el programa “Buenas Tardes China”, emitido el 30 de septiembre.

El proyecto advierte sobre la gravedad de estas declaraciones, en un contexto marcado por versiones periodísticas que vinculan la reciente visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos con negociaciones que incluirían la instalación de tropas norteamericanas en territorio fueguino como parte de un acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense.

“Una vez más la población de nuestra provincia se ve amenazada por las tratativas que realiza el Gobierno Nacional, pretendiendo nuevamente instalar tropas extranjeras en territorio nacional”, señala el texto, que recuerda que la aceptación de fuerzas militares de una potencia extranjera —aliada del Reino Unido, ocupante ilegal de las Islas Malvinas— constituye una violación directa a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

Los diputados fueguinos remarcan que Tierra del Fuego no es una provincia más, sino un enclave estratégico para la soberanía argentina en el Atlántico Sur, la proyección antártica y la defensa de los recursos naturales. “Su cercanía con las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur impone una política clara, firme y coherente de resguardo de nuestra soberanía, libre de injerencias militares extranjeras de cualquier tipo”, sostienen.

El proyecto también critica la postura del candidato Rodríguez, quien justificó su apoyo a la presencia militar estadounidense por su alineamiento con las políticas del gobierno nacional. “Estas declaraciones no sólo desconocen el carácter estratégico y soberano del territorio fueguino, sino que evidencian una profunda desconexión con los intereses, la historia y la voluntad del pueblo de Tierra del Fuego”, afirman los legisladores.

Finalmente, los autores del proyecto solicitan el acompañamiento de sus pares de otras provincias, en defensa de la soberanía nacional y el respeto por la integridad territorial argentina.

En el Salón Illia, se reunieron este miércoles por la tarde en una plenaria las comisiones de Educación y Cultura, presidida por el senador camporista Eduardo de Pedro, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Ezequiel Atauche (LLA), para tratar dos proyectos de ley en revisión: uno que crea la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y otro similar con la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión estuvieron presentes los intendentes de ambas localidades, quienes expresaron la importancia de estas creaciones. La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, destacó que la universidad tendrá “propuestas académicas vinculadas al desarrollo económico de nuestra región” y que “cuando se abre una universidad, significa futuro, desarrollo para nuestros jóvenes y crecimiento para la región”. En tanto, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, mencionó que estas creaciones sirven “para romper las barreras de imposibilidades geográficas, sociales y etáreas” y que “nuestra distancia mínima a una universidad está entre 200 y 350 km”.

Al finalizar, no se emitió dictamen, ya que se acordó continuar en una próxima reunión y analizar las propuestas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para lograr un dictamen consensuado.

Dictamen a proyectos relacionados al bullying

La Comisión de Educación y Cultura prosiguió con el tratamiento de tres proyectos de ley, de los cuales dos tratan sobre el bullying, presentados por los senadores Wado de Pedro y María Victoria Huala (Pro), y uno para promover el desarrollo de la educación emocional, presentado por el senador radical Flavio Fama.

En lo que respecta al tratamiento del bullying, ambos senadores destacaron la importancia de este proyecto consensuado. De Pedro subrayó que la idea es que se dé “al menos una vez al año, la Jornada Argentina contra el Bullying por una Escuela libre de acosos y discriminación, de la que participarán alumnos, docentes, no docentes y familias”, mientras que Huala señaló que el bullying “no deja marcas visibles, pero sí deja marcas que acompañan al chico por el resto de su vida”.

La iniciativa obtuvo dictamen y también contó con la participación de expositores especialistas: Ana Campello, especialista en convivencia escolar y prevención del acoso; Paola Zabala, directora de Comunidad Anti Bullying Argentina; y el licenciado Martín Cañuelas.

Respecto al proyecto de educación emocional, se propusieron modificaciones y la sugerencia de convocar a expositores especialistas en el tema para una próxima reunión.

Además, se trató un proyecto de resolución de la senadora María Florencia López (Frente Nacional y Popular) sobre la creación del Reconocimiento al Mérito Universitario “Embajadores del futuro”, en el ámbito del Senado de la Nación, y 67 proyectos de declaración.

Para terminar, el presidente de la comisión invitó al Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini por el aniversario de La Noche de los Lápices, para que expongan su visión y homenajeen aquel día.

Promoción para la donación de órganos

La última plenaria del día tuvo lugar pasadas las 18.30 en el Salón Azul, con el encuentro de las comisiones de Salud y de Educación y Cultura, presididas por los senadores Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) y Eduardo de Pedro, respectivamente, para dictaminar un proyecto que modifica la Ley 26.845 sobre la promoción para la toma de conciencia de la relevancia social de la donación de órganos en todos los niveles educativos.

La iniciativa, perteneciente a los senadores Daniel Bensusan y Guillermo Andrada, propone modificaciones que “no cambian el espíritu de la ley sino que la profundizan y ponen en agenda la donación pediátrica”, aclaró Bensusan.

La privatización nuclear

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En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta se emitió dictamen para citar para brindar un informe sobre diversas cuestiones de su área al ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de fuertes reproches por la reticencia que viene demostrando para cumplir con ese requerimiento.

En el inicio de la reunión la titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, reivindicó la facultad que tiene el Senado de citar a los miembros del Poder Ejecutivo para brindar información para garantizar los actos de gobierno, tras lo cual se pasaron a la firma los textos puestos a consideración, con la convocatoria al exministro de Salud Mario Antonio Russo, para brindar información detallada sobre los programas y acciones implementados frente al brote de dengue, zika y chikungunya; la citación al actual ministro de Salud, Mario Iván Lugones, para informar sobre la situación del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"; y la citación al ministro de Salud junto a autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para brindar precisiones sobre el uso de fentanilo contaminado.

En un plenario posterior, al que se sumó la la comisión de Población y Desarrollo Humano, se emitieron dos dictámenes: el primero para citar para su interpelación al ministro de Salud Mario Lugones, para brindar información sobre tres puntos, a saber: el programa y acciones contra el dengue, zika y chikungunya; dar explicaciones pormenorizadas sobre la crisis en el Hospital Garrahan, e informar sobre “la gravísima situación” por el uso de fentanilo contaminado. Y el segundo dictamen, para citar al titular de la ANDIS, para exponer sobre la auditoría realizada sobre pensiones no contributivas por invalidez.

Los proyectos del primer plenario correspondían a las senadoras Carolina Moisés, María Inés Pilatti Vergara y Lucía Corpacci, que puntualmente defendieron sus pedidos de convocatorias.

En el caso de la catamarqueña Corpacci, titular de la Comisión de Salud, pedía citar al ministro Lugones y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a fin de brindar informe sobre el uso de fentanilo contaminado.

Lamentó que en la actualidad todo lo que hacen los legisladores es mirado como si tuviera que ver con lo electoral, cosa que rechazó al recordar que al ministro de Salud lo vienen convocando desde el 22 de mayo de este año. De hecho, la primera convocatoria fue hecha por la senadora chubutense Edith Terenzi, quien propuso entonces la visita de Lugones para aclarar un planteo hecho por el senador Juan Manzur sobre la situación del Instituto del Cáncer. A la semana siguiente, a instancias de la senadora Moisés, se planteó de nuevo la citación, sin éxito. Por entonces ya estaba en discusión la situación en el Hospital Garrahan, pero comenzaba a hacerse pública la situación del fentanilo. En ese momento, continuó Corpacci, los senadores Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Daniel Blanco, enviaron una nota a Salud para citar también al ministro. “Y seguimos, al día de la fecha, sin ninguna respuesta”.

“La verdad que entendemos que tiene que haber un diálogo fluido entre el Ejecutivo y el Legislativo; creemos que se deben dar las explicaciones necesarias cuando suceden las cosas que preocupan a la sociedad. Esto no sucedió y por eso presentamos este proyecto citándolo al ministro”, explicó Corpacci, quien aclaró que “lo hacemos con la buena voluntad de que es público que han sucedido muertes de personas internadas a las que se le administró fentanilo como analgésico y las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias que fueron causas posteriores de sepsis entre los pacientes”.

La catamarqueña consideró “increíble que nadie de una explicación formal de qué es lo que pasó, porque que alguien diga algo en las redes no es lo que uno espera de las instituciones de nuestro país, alguien tiene que dar una explicación”.

A continuación, la senadora Moisés, recordó que su proyecto es de 2024 y era para convocar al ministro de Salud anterior, Mario Russo. En su caso era para brindar información detallada sobre los programas y acciones que se implementan frente al brote del virus del dengue, zika y chikungunya.

“Parece gracioso, porque fue en el verano de 2024, cuando hubo un brote en todo el  norte. Creo que todos los funcionarios del Ejecutivo tienen que estar a disposición de los requerimientos que formule el Poder Legislativo -señaló la jujeña-. Me indigna que los funcionarios de todo este gobierno no estén dispuestos a cumplir con su función. Parte de su responsabilidad es dar cuenta ante el legislativo, ya que es parte de nuestra responsabilidad cuidar al Poder Ejecutivo”.

A continuación, su par salteño Sergio Leavy recordó que en 2009 y 2011, ante brotes epidémicos, se estableció una suerte de barrera sanitaria con la que pasaron de 250 casos febriles diarios en el Hospital Juan Domingo Perón a solo 10 por día. Para eso se procedió al descacharrado en la ciudad, limpieza de tanques, y otras medidas con las que pudieron vencer al dengue. “Ese año el resto del país no sufrió dengue, zika y chikungunya”, señaló el senador kirchnerista, que advirtió a continuación que “desde que llegó Milei, el control de vectores no tuvo más recursos. No le mandan combustibles, remedios, están despidiendo al personal… Los intendentes quieren poner combustible, pagar horas extra, hospedajes... Y el pedido de Control de Vectores Salta fue rechazado por Nación. Ahí es donde se produce el gran desmanejo”.

“Creo que están poniendo en riesgo de vida a todos los argentinos si no se vuelve a priorizar esta función, por el solo hecho de economizar centavos en el Presupuesto nacional”.

A su turno, la senadora Pilatti Vergara pidió citar al ministro de Salud para dar explicaciones sobre la situación en el Garrahan. Y no se expresó mayormente, porque consideró que “sería sobreabundante argumentar sobre las razones”, ya que lo han hecho reiteradamente durante el debate de la ley y lo harían al día siguiente al rechazar el veto. Cargó sí contra el Gobierno porque “vulneran los derechos más elementales de nuestras infancias y no podemos pasar por alto esta situación”.

Ante los cuestionamientos hechos durante la reunión por algunos legisladores a la ausencia de senadores de Unión por la Patria a las comisiones, el jefe de ese interbloque, José Mayans, pidió “no olvidar la discusión muy profunda que hubo por la conformación de las comisiones y rechazamos la composición hecha en forma arbitraria”, por haber sido hecha en detrimento de su bloque.

“Hubo abuso en la distribución de las comisiones y esto sirvió para que se tenga o no despacho y afectó el trabajo del Cuerpo”, enfatizó, recordando que “les dijimos que no iban a poder lograr mayorías e iban a afectar como afectó el andar del Cuerpo. Lo más normal es que un ministro del ejecutivo venga al Parlamento para explicar políticas públicas y no corra de las preguntas que pueda hacer un legislador. La ventaja de estas audiencias es que se transmiten a todo el país y el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Por otra parte, Mayans anticipó que se ocuparían en la sesión de este jueves del jefe de Gabinete por lo resuelto con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

A continuación, el senador Blanco pidió que no se convocara a los funcionarios para antes de las elecciones para evitar que el tema fuera tomado como excusa por parte del Gobierno para victimizarse.

La senadora nacional Nora Giménez, junto a sus pares Fernando Rejal, Florencia López, Eduardo de Pedro y Eugenia Duré, encabezó la jornada “Innovación Agropecuaria y PyMEs: Primarización o Agroindustria”, en la que disertaron el exministro de Agricultura Julián Domínguez, y el exsubsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño.

En su discurso de apertura, Giménez expresó: “No nos resignamos a un modelo de reprimarización de la economía porque tenemos historia, porque soñamos y proyectamos un país distinto. Porque desde el peronismo tenemos un proyecto a largo plazo de desarrollo inclusivo, con justicia social, con independencia económica que reconoce como objetivo desterrar la pobreza crónica, recuperar la industria nacional, recuperar el consumo, el empleo, la fuerza de los trabajadores para defender sus derechos, el convencimiento del sector empresario especialmente de las PyMEs para reconstruir el tejido económico y social”.

En ese marco, la senadora también planteó la necesidad de impulsar un proyecto de ley para compatibilizar la seguridad social de los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito de las PyMEs de las economías regionales. Esta iniciativa, presentada por Giménez durante la emergencia del Covid-19 y puesta en marcha por el decreto 514/21 del Gobierno del Frente de Todos, tuvo vigencia hasta el 1 de septiembre de este año. Por eso, la legisladora insistió en la urgencia de buscar una solución para los más de 150 mil trabajadores rurales que hoy han perdido ese beneficio.

Por su parte, el senador Fernando Rejal advirtió: “Si descompensamos la balanza y es más barato importar, se descompensa también el mantenimiento o generación de mano de obra. Y esas son decisiones políticas, no son decisiones económicas”. Y agregó: “Poder producir en La Rioja es un desafío importante y, a pesar de las limitaciones, somos los principales productores de aceituna de mesa y aceite de oliva, los terceros productores de vino y nueces, y seguimos trabajando en otros productos como el ajo, entre otros”.

La senadora Florencia López, en tanto, destacó que La Rioja avanza en la generación de energía limpia: “Tenemos un parque eólico en Aimogasta, departamento Arauco, que representa el más importante de la República Argentina”. No obstante, advirtió que “un productor que tiene una finca de aceituna, de jojoba o una viña no puede pagar la boleta de energía eléctrica porque son insostenibles”. La energía en La Rioja, remarcó, “es clave porque nos permite sacar el agua mediante una perforación de 200 a 400 metros de profundidad: sin energía no hay riego, sin riego no hay trabajo y sin trabajo no hay producción”.

En su intervención, Julián Domínguez afirmó: “La primarización y la industrialización son un problema central de la política de nuestra Nación y acá se juegan dos modelos de gestión del desarrollo. Es centralmente una decisión política y por eso es un eje fundamental para nuestra dirigencia política”.

Por su parte, Javier Preciado Patiño planteó que hoy se avanza en sentido contrario a lo que se hizo en los últimos años: “Hoy se desindustrializa la ruralidad”, expresó.

Al finalizar el panel, los senadores presentes entregaron un Diploma de Honor al senador nacional (MC) Ricardo Antonio Guerra, en reconocimiento a su profesionalismo y trayectoria política. Luego de recibir la distinción, Guerra expresó: “Para mí es un honor y un orgullo porque, además de lo que significa el reconocimiento, está atravesado por una temática trascendental para mí como lo es el desarrollo económico y, le agregaría, el desarrollo social”.

Participaron del evento el titular de la UATRE, José Voytenco; autoridades de CAME, José Eduardo Rodríguez, José Pazo y Dinno Minozzi; de Cooperar, César Basañez; representantes de cámaras del sector PyME y de economías regionales; y funcionarios de la provincia de La Rioja.

Reconocimiento a la trayectoria política

La jornada concluyó con un momento emotivo. Los senadores presentes hicieron entrega de un Diploma de Honor al ex Senador riojano Nacional (MC) Ricardo Guerra. La distinción se otorgó en reconocimiento a su trayectoria y profesionalismo al servicio de un modelo de desarrollo que potenció a la provincia de La Rioja en el ámbito nacional.

Luego de recibir la distinción, Guerra resaltó: “Para mí es un honor y un orgullo porque, además de lo que significa el reconocimiento, está atravesado por una temática trascendental para mí como lo es el desarrollo económico y, le agregaría, el desarrollo social”.

Además, el ex senador subrayó que “se está buscando anular al Estado, a través de políticas destructivas y sin sustento”. Y añadió: “Necesitamos un Estado eficiente, que implemente políticas activas y que fomente las inversiones regionales”.

Se agita la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires. En un día que no se espera sencillo para el diputado nacional José Luis Espert por su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunirá a partir de las 13, donde la oposición lanzará una embestida contra él, el primer candidato oficialista en el principal distrito argentino sigue en boca de todos por su vinculación a un acusado por narcotráfico.

Si bien desde el oficialismo lo defendieron hasta ahora y el propio presidente -factótum de su candidatura encabezando la boleta violeta en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación- calificó a las noticias circulantes como “chismes de peluquería”, este miércoles la ministra de Seguridad pareció tomar distancia de Espert.

Consultada por La Red sobre si la situación del legislador los complicaba, Patricia Bullrich negó en principio, pero inmediatamente después aclaró que “hace falta una explicación” sobre el tema. “Por supuesto -enfatizó-. Es algo de 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó”.

“Lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral y esa explicación puede ser válida o no… es importante conocerla”, planteó quien también es primer candidata para el 26 de octubre, pero en la Ciudad de Buenos Aires.

A juicio de la ministra, dijo sobre Espert: “Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas y personas que estén aliadas al narco, que hayan recibido plata”. Y cerró: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

La Cámara alta volverá a sesionar este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

Así se resolvió este martes en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que presidió la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y a la que asistieron los senadores Ezequiel Atauche, Francisco Paoltroni, José Mayans, Mónica Silva, Bartolomé Abdala, Juliana di Tullio, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Arce, Mariana Juri, Fernando Salino, Lucila Crexell, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo Vischi.

La sesión arrancará bien temprano, a las 10 de la mañana y además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La Comisión de Turismo del Senado, presidida por la senadora Mariana Juri (UCR), se reunió este martes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En el encuentro se aprobó el dictamen que establece el reglamento de la distinción “Mención de Honor al Mérito Turístico - Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación”, que comenzará a entregarse a partir de 2026 en el marco del Día Mundial del Turismo.

“Nos parece importante que el Senado entregue esta distinción a partir del año próximo. La idea es reconocer cada año a un prestador turístico por provincia, propuesto por los propios senadores, y entregar el premio en coincidencia con la Feria Internacional del Turismo, el 27 de septiembre”, explicó Juri.

La propuesta recibió el respaldo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), Martín Göerling (Pro), Vilma Bedia (La Libertad Avanza) y Víctor Zimmermann (UCR).

Además, la comisión acompañó nueve proyectos de declaración relacionados con el turismo. Entre ellos se destacan el beneplácito por el lanzamiento de la Ruta del Puro en Salta; la declaración de interés de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno en Ushuaia; el reconocimiento a las Segundas Jornadas de Turismo, Comunidades y Ruralidad en la Universidad Nacional de Quilmes; el beneplácito por la 18° Fiesta Nacional del Meteorito en Chaco; y la adhesión a la celebración del Día Mundial del Turismo.

También se declararon de interés la Ruta del Vino Riojano, la nominación de Villa Elisa al premio Best Tourism Villages 2025, el Foro Nacional de Turismo 2025 en San Juan, y la iniciativa Pasaporte Ruta 40, impulsada por referentes del sector.

En plena campaña electoral, el presidente Javier Milei salió al cruce de las denuncias que involucran al diputado José Luis Espert con el narcotráfico y las calificó como una maniobra mediática sin sustento. “Son chismes de peluquería”, afirmó en una entrevista por A24, al tiempo que expresó su respaldo al primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Milei consideró sospechoso el momento en que se conoció la acusación, que vincula a Espert con el empresario detenido Federico “Fred” Machado, y la enmarcó dentro de una estrategia electoral para perjudicar a su espacio. “Es otra operación más, como tantas otras en época electoral”, sostuvo.

Cuando se le señaló que se trata de una causa judicial en Estados Unidos, el mandatario respondió: “Que avance la Justicia”.

Además, comparó el episodio con otras denuncias surgidas en campañas anteriores, como las que afectaron a Enrique Olivera en 2007 y a Francisco de Narváez en 2009. “Es una metodología que se repite”, dijo, y apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que acusó de ser la “franquicia local del socialismo del siglo XXI” y de actuar como una “banda de forajidos”.

Así como un tiempo atrás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja sesionaron en la provincia de Formosa para denunciar violaciones a los derechos humanos allí en tiempos de pandemia, este martes fue el turno de la provincia de Santiago del Estero. La presidenta de la comisión, Sabrina Ajmechet, señaló en el inicio que “las violaciones a los derechos humanos si bien ocurrieron en su mayoría en los 70, en la actualidad siguen ocurriendo” y, en esa línea, explicó que “tuvimos reuniones con ciudadanos de gobiernos autoritarios en América Latina. Pero, en Argentina, a nivel provincial también hay islas de autoritarismos, donde conviven el poder político, el judicial y la policía siempre buscando la impunidad de los crímenes", expresó.

La primera en hacer uso de la palabra fue Andrea del Carmen Ruiz, amiga de Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez, quien fue secuestrado y asesinado en 2008, cuando se desempeñaba como empleado de Rentas, y descubrió sellos apócrifos en documentos públicos y evasión de impuestos. Su cadáver apareció “congelado y desmembrado 15 días más tarde. La policía santiagueña allanó la casa tomando a la familia como sospechosa”, afirmó Ajmechet.

“En Santiago al hablar del gobernador, todos bajan la voz para decir Zamora, porque hay miedo, pero nosotros, tanto hoy como en el futuro, vamos a estar para acompañarlos”, garantizó la presidenta de la comisión.

Íntima amiga del hijo de la víctima, Andrea del Carmen Ruiz contó que hubo en la provincia más de 200 marchas pidiendo justicia. Además de trabajar en Rentas por la mañana, Raúl Domínguez era zapatero por la tarde. En su último día con vida salió de la zapatería a la hora de la siesta y avisó a su casa que estaba la policía en la puerta y dejaría la bicicleta para prestar declaración. Nunca más volvió.

Sus restos aparecieron en un descampado, y después de tantas marchas, un juez del Superior Tribunal de Justicia contó, según reveló Ruiz, “y sí, sabemos que ha sido la policía, pero todavía tenemos un costillar en el Hospital Independencia. Se refería así a Raúl Domínguez, como si fuera un chancho o una vaca”.

La mujer aseguró que “la institución como justicia tiene intereses y relaciones de poder. Esta relación entre los grupos económicos y quien manda en la provincia me parece muy importante, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas. No creo que interviniendo la justicia se solucione esto”, dijo, porque a su juicio, con la reforma de 2005, se modificó el Consejo de la Magistratura y ahora el oficialismo tiene mayoría para elegir jueces. “La primera minoría la tiene en la Cámara de Diputados el Frente Cívico, ellos son los que eligen a los jueces”.

Por eso consideró, para los que piden la intervención, que eso no solucionaría nada, ya que “los comisarios son los que mandan, y el aparato represivo de los 70 ha estado a manos de Mussa Asad y así se sigue manejando. Hay una justicia para los que sí tienen plata acá, los reciben los jueces; sin embargo a los que son hijos de los trabajadores de la administración pública o familiares del interior n o tienen el mismo trato”.

“Si no se van esos grupos económicos, no creo que se revierta la situación”, sintetizó.

Luego, fue el turno de Lidia Graciela Barraza, mamá de Luciana Sequeira, de la localidad santiagueña Villa Atamisqui, quien tenía 17 años y fue violada, quemada y su cuerpo fue cortado antes de ser asesinada por parte de un hijo de un policía de la zona que nunca fue a prisión. La justicia y el gobierno provincial dijeron que fue víctima del Covid-19. "El padre del asesino intentó desbloquear su celular con su huella digital, ella estando inconsciente”, comenzó su relato.

Y prosiguió: “Dijeron que había fallecido por el Covid, pero no, había sido por pérdida de sangre. Como era contexto de Covid, no me dejaron reconocer el cuerpo, nos han mentido de todas las formas", remarcó y, en ese mismo sentido, manifestó que “hasta ahora estamos pidiendo justicia, nos han dicho que el asesino estaba preso, pero ha terminado la escuela durante ese período; era hijo de un policía, el nombre del asesino es Lautaro Corvalán", detalló.

Más tarde habló Miriam Villavicencio, mamá de Luciano Armoha, quien era policía, desapareció y luego de tres días fue encontrado sin vida en agosto de 2023. El cuerpo del joven, que trabajaba en la División Conflicto de Tierras, fue descubierto con un disparo de arma de fuego en la cabeza, con su pistola reglamentaria cerca, tras un rastrillaje efectuado por cadetes.

Armoha había sido parte del operativo del caso Franco Isorni, y su defunción fue declarada como suicidio. “Cuando estaba yendo a una búsqueda que organicé con conocidos, la policía me dijo que no vaya, que entorpecería la investigación”, señaló Villavicencio y, al respecto especificó que “lo encuentran a 10 metros de donde habíamos buscado, pero en la autopsia no salen las marcas que tenía en los pies, de ataduras, cuando supuestamente había sido suicidio”.

“Que paguen los verdaderos asesinos”, sentenció.

Por último, expuso Juan Felipe Jaimes, padre de Felipe Adrián, asesinado por hijos del poder de Santiago del Estero cuando tenía 17 años. El hecho ocurrió en la localidad de Loreto en julio de 2018, cuando el joven circulaba en una motocicleta y fue embestido violentamente por una camioneta. El padre del asesino fue descubierto en el hospital intentado robar la historia clínica de la víctima.

"Gozan de impunidad. Hemos recibido persecuciones, para que no hagamos marchas. Nos hicieron 14 causas penales por reclamar justicia. En Santiago del Estero no hay división de poderes, es un poder judicial corrupto. Todos nuestros reclamos chocan con la autonomía provincial. No hay justicia para los pobres, intentan que les tengas miedo y que no hables", reclamó Jaimes.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que preside el diputado de Coherencia Carlos D’Alessandro, retomó este martes el debate de un tema de vieja data: la creación de una ley de envases. Así, se trabaja sobre la base de un proyecto de ley del diputado Guillermo Snopek, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases.

A su vez, hay cinco proyectos a la vista para considerar en el debate, pertenecientes a Pamela Calletti, Gisela Marziotta, Carlos D’Alessandro, Maximiliano Ferraro y Natalia Zaracho.

Al cabo de la exposición de una veintena de invitados, el presidente de la comisión reconoció que este es un debate que lleva entre 25 y 30 años, sin un resultado eficiente. Agradeció el trabajo de todos, especialmente el de los asesores y los diputados Zaracho, Snopek y Ferraro y garantizó que “vamos a tratar de buscar el consenso y lograr el dictamen para si es posible lograr el tratamiento en el recinto para que esta ley salga al menos de Diputados”.

Y despidió a todos pidiéndoles “que se queden tranquilos que esto no va a dormir en un cajón”, e insistió en que “se va a trabajar lo más rápido posible, intentando conseguir los consenso con mis colegas para que antes de fin de año se pueda trabajar en la sesión.

El primer expositor fue Manuel Frávega, presidente Departamento Ambiente de la UIA, quien señaló que vienen trabajando en la búsqueda de un consenso respecto de lo que debería considerar un proyecto de ley de envases. El empresario anticipó en ese sentido que remitirían los puntos alcanzados a todos los integrantes de la comisión, fruto del trabajo de todas las cámaras del sector.

Puntualmente dijo que apoyan el proyecto de D’Alessandro por el proceso realizado para llevarlo a cabo, porque “recoge el espíritu necesario de gradualidad que la situación socioeconómica demanda. Apunto además que ese es el único proyecto que cumple con los 14 puntos de consenso de la UIA.

La licenciada Florencia Canzonieri, directora ejecutiva de la industria de bebidas sin alcohol, CADIBSA, señaló que las empresas del sector ya vienen trabajando en puntos que tienen que ver con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente: vienen usando envases reciclables, plástico, vidrio, tetra, aluminio, también resina reciclada en los envases. También vienen desarrollando acciones de recupero de envases, separación en origen, cosas que consideró fundamental para hacer ese circuito exitoso.

“La industria está en una baja de volumen que viene desde hace años”, agregó, destacando que el sector tiene una alta carga tributaria, al punto tal que la mitad del precio de una gaseosa corresponde a impuestos. Se quejó también de las leyes provinciales vigentes, ante lo cual consideró necesario contar con una ley de envases a nivel nacional para unificar los puntos de vista. Se mostró, en definitiva, de acuerdo con los puntos expuestos por la UIA.

A su turno, Manuel Matheu, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, dijo que ellos vienen trabajando en propuestas para leyes de envases. Habló de una situación crítica en ese sentido en la Argentina, donde no se ha logrado tener una ley, y hay más basurales a cielo abierto, contaminación de agua y suelo, emisiones, pérdida de valor económico y malas condiciones de trabajo.

A su juicio, una ley de envases debe tener tres elementos: en primer lugar hay que lograr que los envases que se colocan en el mercado sean mejores, que haya más material reciclado; en segundo lugar, que lo que ya está en el mercado se gestione. Apuntó en tal sentido que la mayor parte de eso viene de los recuperadores. Hay que establecer entonces, dijo, cómo se articula esto con el trabajo de los municipios y es necesaria una ley de responsabilidad extendida.

Como tercer punto, habló de “promover una cadena de valor virtuosa, que genere que esos envases sean valorizados, porque sino vamos a recuperar los envases para volverlos a enterrar”.

Para los proyectos en danza, aclaró que el tema del cobro de  una tasa es algo que se ha discutido mucho, pero no es el punto central. La primera opción de los sistemas tiene que ser hacer una ley versátil, precisó, que permita otras opciones: tiene que darle a las empresas la posibilidad de optar, hay sistemas prvados, mixtos; “también es cierto que hay lugares donde a las empresas no les va a ser rentable ni eficiente ir a buscar los envases. El sistema público puede llegar a ser la opción en esos casos”, estimó. Por otra parte, hace falta resolver cómo se incorporan los recuperadores en este esquema. “Hoy el material que se recupera está a cargo de las cooperativas y los recuperadores independientes. “Si ellos no participan, el sistema va a ser peor”, advirti´.

Por último,  pidió establecer cómo se van a distribuir las metas, la trazabilidad, y abordarlo con más detalle.

Verónica Ramos, directora de Ecoplas, pidió “no demonizar el material plástico, sino gestionar de manera eficiente su ciclo de vida. El mayor desafío está en la gestión de su vida útil”. Habló de diseñar más envases reciclables, y contó que ellos crearon la primera certificación del país para que las empresas puedan certificar y prepararse para el modelo que viene. “La lanzamos hace 2 años y tenemos 8 empresas certificadas. Hay mucho por hacer y esta ley va a potenciar este mercado”, comentó, señalando en otro pasaje que “nos oponemos a la figura de percepción anticipada que figura en el cuarto artículo del proyecto de Snopek; no hay antecedentes internacionales que la respalden. Podría hacer inviable la aplicación de la ley”.

A su turno, la doctora Laura Díaz Roig, coordinadora ambiental de la Municipalidad de Formosa, se comunicó por Zoom para señalar que el plástico se introdujo en materia de envases como una salvación y terminó siendo el principal problema a la hora de tratar los residuos. Advirtió entonces sobre “el desastre que estamos provocando en el sistema”.

Resaltó lo hecho en su provincia en materia de gestión ambiental de envases, como la instalación de una planta de residuos urbanos, con la que pudieron pasar de un basural a cielo abierto a un centro ambiental. Así, 150 personas que antes trabajaban en el basural, hoy son operadores en el centro, y  pudieron obtener datos que son muy difíciles en materia de residuos, ya que es muy difícil procesar esa información en la materia. “Estos datos nos permiten saber dónde estamos parados”, dijo, detallando que el 68,9% corresponde a residuos domiciliarios. “Más del 70% de la basura que tratamos en el centro ambiental es consecuencia directa del consumo”, apuntó. Respecto de la composición de los residuos recuperados, el 47% de lo recolectado en 2024 corresponde a envases, incluyendo vidrio, plástico y latas, cartón. Casi el 50% de los residuos reciclables son envases.

En representación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Matías Capoblanco trazó la situación “compleja” que atraviesan los recicladores urbanos, en el marco de un contexto en el que se ha resentido mucho la actividad. “Hay un montón de gente laburando en basurales… Estamos en un contexto de crisis económica y social en la que no cobran con plata, sino que cobran con la sustancia que venden los narcos en el basural”, denunció. Dijo además que “el laburo de los cartoneros se está cayendo a pique”, y se preguntó “qué va a pasar si no hay cartoneros. ¿De qué van a vivir y quién se va a llevar el material?”.

Participaron también de la jornada Renata Santa Cruz Carauni, de Política Ambiental y Sustentabilidad de la COPA; el ingeniero José Luis Piccone, director ejecutivo de Cairplas (Cámara de Industria del Reciclado Plástico); Daniel González Blanco, de Relaciones Institucionales de Alpek Polyester; Nicolás Pell Richards, Reciclar SA Empresa de reciclados plásticos; Mercedes Pombo, Jóvenes por el Clima; Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales; Carlos Briones, presidente Fundación Banco de Plásticos, y Giselle Elizabeth Munno Dithurbide, FARN, entre otros.

Esta última advirtió que “estamos en un momento crítico para el presente y el futuro de la Argentina en materia ambiental. Mäs de 5.000 basurales a cielo abierto se encuentran activos en el país, generando impacto severo en la salud pública, el ambiente y el clima. Estos basurales liberan principalmente gas metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un período de 20 años y que contribuye de manera directa a la formación de ozono troposférico de la atmósfera, que es responsable además de un millón de muertes prematuras por causas respiratorias a nivel global”.

Advirtió que “este sistema colapsado está directamente vinculado a la producción y el consumo masivo de envases descartables, sobre todo plásticos. Desde 1990 el consumo de plásticos per capita en nuestro país se cuadruplicó, llegando casi a 43 kilos por persona por año”.

La  palabra de los diputados

Sobre el final de la reunión, el diputado Snopek consideró que se había dado con ese encuentro “un paso importante”, y recordó que lleva una década en la Cámara viendo cómo no logran ponerse de acuerdo para avanzar con una ley. “Creo que no hay que convencer a nadie, sino construir ese consenso”, señaló, agradeciendo a las autoridades haber dado la posibilidad de conseguir el escenario que habían logrado este martes.

El legislador jujeño contó que en su provincia tienen basurales a cielo abierto en las principales ciudades. “En la Quebrada de Humahuaca hubo un crecimiento sostenido del turismo, pero cuando sopla el viento norte aparecen todos los plásticos. Por último, abogó por dar el debate y conseguir un dictamen para llegar finalmente al recinto.

A su vez, Natalia Zaracho aclaró que “este no es el proyecto que nosotros presentamos, pero estamos dispuestos a discutirlo. La crisis ambiental que estamos viviendo hoy la sufren los sectores populares, los más pobres. Hoy entendemos que la vara está muy baja, por eso estamos dispuestos a negociar, que no haya tasa, por ejemplo. Aunque estoy convencida de que tiene que haber, que las empresas se hagan cargo de lo que está  pasando”.

“Estoy a disposición de trabajar una ley donde todos podamos ser beneficiados”, resumió.

Con la firma de 37 diputados, la gran mayoría de Unión por la Patria, pero también los cuatro integrantes del bloque de exlibertarios Coherencia, se presentó este martes un proyecto de resolución para pedir la exclusión de José Luis Espert ya no de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside, sino directamente de la Cámara de Diputados.

El proyecto cuenta con un solo artículo en el que se argumenta la solicitud, señalando “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto es encabezado por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, a quien acompañan sus pares Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Hilda Aguirre, Daniel Gollán, Aldo Leiva, Carolina Yutrovic, Sabrina Selva, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Ana María Ianni, Mónica Litza, Nancy Sand, Ernesto Alí, Ricardo Herrera, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Gabriela Pedrali.

Firmaron también Gustavo González, Carlos Cisneros, Natalia Zabala Chacur, Varinia Marín, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Martín Soria, Jorge Chica, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Martín Aveiro, José Glinski y Pablo Todero

Y junto a los miembros de UP que firmaron, también están los diputados del bloque Coherencia Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto ni ocupar una banca en el Congreso.

El candidato de Milei está señalado por un crecimiento patrimonial del 750% que no puede explicar, con u$s200.000 de origen desconocido. Además, violó la ley electoral al… pic.twitter.com/o9odtQq1Th

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 30, 2025

Con el vertiginoso avance de los pagos digitales en todo el país con opciones como el QR y NFC, el manejo cotidiano de efectivo está en franco retroceso, generando ruido y dificultades en un clásico de los locales con atención al cliente y servicios de hospitalidad: la propina. Se busca aumentar las opciones para que los clientes puedan dejarla de manera digital, lo que representa un incentivo ya que aumenta las posibilidades de dar esta gratificación voluntaria e incrementa la recaudación que va directamente a los empleados.

Sin embargo, esto suele representar un dilema para los negocios a la hora de distribuirla equitativa. Recientemente se anunció la llegada de la plataforma Divix al mercado, que tiene por objetivo solucionar y transparentar este problema. Permite pagar la propina directamente en las cuentas bancarias de los empleados, eliminando intermediarios y retenciones. Todos los días pueden disponer de su proporción justa de propina.

Otro de los beneficios de la solución digital es que está integrada 100% a las terminales Clover, procesando y distribuyendo las propinas cobradas desde la terminal, lo que agiliza aún más el proceso.

“Para el 2030 el manejo de efectivo será menor al 16%, utilizar plataformas como Divix, donde todo es digital y automático, significa para el comercio: optimización del tiempo, medición del servicio y mejora en la dinámica grupal. Para el empleado representa un aumento sustancial de las propinas y total transparencia del manejo”, señaló Martín García Dutriez, fundador de Divix.

Además, la plataforma integra la opción de mensajería directa con el consumidor (del cliente al Manager del comercio) y la posibilidad de que los clientes puedan calificar la hospitalidad y atención al cliente. De esta manera se obtiene un reporte completo de su evaluación y un ranking de los empleados más valorados, facilitando la administración cotidiana de los negocios de hospitalidad, en particular de los locales de gastronomía.

Cabe recordar que esta innovación se enmarca en un proceso de consolidación de la propina digital en Argentina, algo que fue especialmente impulsado por el Decreto 731/2024 vigente desde noviembre de dicho año, y que establece que el pago electrónico de gratificaciones debe ser exento de impuestos y no formar parte del salario de los trabajadores, garantizando mayor seguridad jurídica y simplificación tributaria.

La plataforma, cuyo uso no tiene costo para el propietario de la empresa, es ideal para ser utilizada por clientes del mundo gastronómico, hotelero y servicios de hospitalidad, donde la buena atención del personal pueda ser premiado. Entre sus funciones se destaca la posibilidad de distribución de las gratificaciones voluntarias, ya que el sistema toma en cuenta quienes estuvieron presentes ese día y en ese horario determinado, los franqueros, y otros detalles para poder hacer un reparto justo.

El Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Finlandia se reunió esta tarde en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, en una jornada centrada en el intercambio de experiencias sobre educación, tecnología y cooperación internacional. Participaron profesores y rectores de distintas universidades del país, junto a representantes diplomáticos del país nórdico.

La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR), presidenta del GPA, abrió el encuentro destacando los logros de Finlandia en materia educativa, de derechos humanos, transparencia y desarrollo tecnológico. “Finlandia ha logrado altos estándares en calidad y desarrollo. Lo vemos como un país ejemplo y modelo a seguir en relación a la educación, derechos humanos, tecnología y transparencia”, afirmó.

Brouwer de Koning subrayó además la intención de fortalecer los lazos bilaterales: “Buscamos consolidar la cooperación internacional con Finlandia. Lo que resalta en su modelo es la excelencia de sus docentes”.

Durante la reunión, expuso el profesor emérito Jari Lavonen, especialista en Educación en Física y Química de la Universidad de Helsinki. Lavonen abordó temas como el acceso equitativo a la escolaridad, los mecanismos de apoyo a estudiantes y docentes, y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. “Buscamos establecer cuáles son las distintas maneras de adaptar la educación a cada sector de la sociedad, porque sabemos qué impacto tiene la educación en el desarrollo de las sociedades”, señaló.

El académico finlandés explicó que el Parlamento de su país tomó una decisión estratégica al considerar que “la educación es la solución”, lo que derivó en una política sostenida de inversión y apertura. “Siempre ha sido importante financiar la educación y tratar a todo el país de forma equitativa, tanto en la capital como en el resto de las provincias. Las estrategias deben acomodarse a cada contexto”, agregó.

Del encuentro también participaron la embajadora de Finlandia en Argentina, Nicola Lill Lindertz; Amanda Lukkarinen y Sanna Pulkkinen, integrantes de la delegación diplomática; la senadora Vilma Bedia (LLA); los diputados Carlos Zapata (LLA) y Cecilia Ibáñez (LLA); el representante de la Dirección de Asuntos Parlamentarios (DIAPA) de la Cancillería argentina, Santiago Saint Pierre; y la directora General de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Términe.

El senador nacional Martín Lousteau sostuvo que el candidato a diputado nacional por LLA José Luis Espert tiene que dar más explicaciones y por propia voluntad dejar la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda a otro legislador libertario.

El candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos manifestó que Espert deja muchas preguntas sin respuestas al intentar explicar su vinculación con el narco Fred Machado. "Desde Estados Unidos hay evidencia de que hubo un pago. No sólo le prestaron el avión. Esto es muy oscuro para alguien que dice 'al narco ni cárcel'", planteó Lousteau.

"Creo que un diputado que es candidato al que le salta un vínculo con un narcotraficante no puede estar presidiendo una comisión tan importante como la de Presupuesto y Hacienda en el medio del debate de la ley de Presupuesto. Debería correrse, pero dejarle la presidencia a un libertario, no a un opositor porque es una comisión muy importante para la gestión", agregó Lousteau, en declaraciones al canal de streaming de Infobae.

"Pero me parece que van pesando sospechas que él no aclara. A Spagnuolo dijo que no lo conocía y después ves que tuvo mucha vinculación. Con Machado dijo 'una vez me prestó un avión' y sale un video donde él le agradece. Ahora, desde Estados Unidos hay evidencia de que hubo un pago. No sólo le prestaron el avión. Esto es muy oscuro para alguien que dice 'al narco ni cárcel'".

Luego, Lousteau sostuvo que hay mucha farsa en el gobierno de Milei. "Se usó como eslogan de campaña el tema de la casta, hablar en contra del Estado, pero se conoce en detalle que lo que van a hacer es buscar negocios en el Estado. Se va viendo la evidencia. Arrancamos con la venta de candidaturas, luego el affaire Pallarols, después la venta de audiencias para con el presidente electo y luego con el presidente en ejercicio. Después vino una estafa como fue $LIBRA, luego ves los Menem en distintos lugares, no importa si es una obra social o el Banco Nación con sus negocios. Después aparecen los audios de la Andis. La verdad no me sorprende. Creo que hay un montón de farsantes. Que como la sociedad estaba enojada, van con un discurso y en el fondo tienen el sueño de la casta propia", cerró.

La Cámara de Diputados fue sede del Hackathon #ModoVoto, una iniciativa que reunió a más de 100 adolescentes y 20 docentes del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de acercar a las juventudes a experiencias concretas de participación democrática. La actividad se enmarca en el programa Primeros Votantes, impulsado por UNICEF junto a la Asociación MiNU y la Fundación Sumando Argentina.

#ModoVoto propone un abordaje innovador para acompañar el ejercicio ciudadano de adolescentes a través del diálogo, la reflexión crítica, la escucha y la construcción colectiva de consensos. El material incluye juegos de rol, dinámicas de análisis de noticias, simulaciones de toma de decisiones y propuestas de acción sobre temas como ciudadanía activa, detección de noticias falsas y análisis de programas políticos.

Desde la sanción de la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), los jóvenes de 16 y 17 años tienen derecho a votar. Según un informe de UNICEF y CIPPEC (2023), su principal motivación es influir en el rumbo del país y lograr que sus ideas se reflejen en políticas públicas. Sin embargo, el 40% de los adolescentes señaló haber experimentado falta de información sobre el proceso electoral.

Durante la apertura del encuentro, la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Términe, destacó: “Lo más valioso de esta jornada es que pone el foco en quiénes están dando sus primeros pasos como votantes. Porque ejercer el derecho al voto por primera vez no es sólo un acto formal: es empezar a escribir, con responsabilidad y entusiasmo, la historia de nuestro país”.

Luciana Lirman, Oficial de Comunicación, Participación Adolescente y Cambio Social y de Comportamiento de UNICEF, agregó: “Garantizar la pluralidad de voces y fomentar el involucramiento de las chicas y los chicos en la toma de decisiones que los afectan, enriquece la calidad de la democracia. En un contexto de desinformación amplificada por redes sociales, es clave que los jóvenes desarrollen pensamiento crítico y tomen decisiones informadas”.

Por su parte, Martín Galanternik, director Ejecutivo de MiNU, sostuvo que “#ModoVoto nace desde la convicción de que es imprescindible impulsar estrategias orientadas a despertar el interés, promover el pensamiento crítico, desarrollar habilidades y construir experiencias significativas en las juventudes”.

A su turno,

Valeria Merkin, presidenta de Sumando Argentina, también consideró necesario “ampliar y fortalecer los espacios de protagonismo juvenil, donde se ponga en valor su voz y el aprendizaje se construya a partir del diálogo, la reflexión crítica y el hacer colectivo”.

El material está dirigido a equipos técnicos municipales, docentes y facilitadores de espacios comunitarios que buscan incorporar propuestas innovadoras, lúdicas y participativas para trabajar con adolescentes sobre la importancia del voto informado, el pensamiento crítico y la participación activa en la vida democrática.

El presidente Javier Milei enfatizó este lunes las resistencias legislativas y opositoras a sus reformas, al tiempo que defendió el régimen industrial de la provincia de Tierra del Fuego como un modelo a replicar a nivel nacional, basado en la reducción de impuestos y la menor intervención estatal. Acompañado por el legislador Agustín Coto, presidente del bloque fueguino de La Libertad Avanza y candidato a senador nacional, abordó temas como las elecciones nacionales, la convención constitucional provincial y las tensiones con sindicatos y el “partido del Estado”.

En una entrevista con la radio fueguina Aire Libre FM, Milei subrayó que sus reformas representan un “cambio de 180 grados” en Argentina, lo que genera críticas inevitables del “statu quo”. “Evidentemente el statu quo se va a quejar. Es parte de la vida democrática”, afirmó, refiriéndose a opositores que, según él, defienden un modelo fallido responsable de la pobreza y la inflación pasada. En este contexto, criticó duramente al sindicalismo, al que describió como “muy politizado” y alineado con un partido político y el “partido del Estado”, responsable de décadas de subdesarrollo. Mencionó movilizaciones de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) como ejemplo de detractores, vinculándolos a resistencias contra sus políticas.

En el plano institucional y legislativo, el presidente destacó que mantiene relaciones con las provincias a través del ministro del Interior y el jefe de Gabinete, sin necesidad de diálogos directos. Admitió no haber hablado aún con el gobernador Gustavo Melella, pero aseguró que los “mecanismos institucionales” funcionan. Esto se enmarca en un contexto de tensiones opositoras, donde Milei posiciona sus reformas como un avance hacia la libertad, opuesto al “pasado” de dádivas y pobreza que atribuye a gobiernos anteriores, como el kirchnerismo.

Respecto al Congreso y las elecciones nacionales, Milei enmarcó la contienda en Tierra del Fuego como una “elección nacional” clave para consolidar sus reformas. “Se pone en juego abrazar las ideas de la libertad o retornar al pasado, a la pobreza”, dijo, urgiendo a elegir entre progreso económico o el retorno a la inflación y la dependencia estatal. Consultado sobre a quién deben rendir cuenta los diputados y senadores fueguinos, aclaró que representan a la provincia, pero en un marco nacional, debiendo alinearse con el modelo de libertad para evitar el “retorno a la pobreza”. No detalló rendiciones específicas, pero enfatizó la necesidad de continuar el “esfuerzo” de los argentinos en un “momento bisagra”.

Un punto clave fue la referencia al régimen industrial fueguino, tras visitar la planta de Newsan. Milei lo presentó como prueba de que “si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande”. “El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente, todo lo que paga además de impuestos”, argumentó, proponiéndolo como modelo para replicar: bajar impuestos y “correr al Estado del medio” para un mejor funcionamiento. Respetó “derechos adquiridos” y acuerdos existentes, alineándolo con su visión liberal.

El régimen de Tierra del Fuego, que vende los celulares más caros del mundo, goza de excelente salud.
Javier Gerardo y Karina Elizabeth Milei, los libertarios más locos del mundo. pic.twitter.com/2EXIxyRx5i

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 29, 2025

Por su parte, el legislador Coto se refirió a la convención constitucional provincial, criticando la reforma impulsada por el gobernador como carente de fundamentos claros. “No sabemos para qué es. Se olvidaron la hoja de fundamentos”, dijo, describiéndola como un intento del “partido del Estado” de modificar una Constitución “de las más nuevas del país” (de 1991), que defiende explícitamente “la vida, la libertad y la propiedad”. Comparó negativamente con la reforma en Santa Fe, a la que llamó “un engendro”, y prometió defender los “valores de occidente” en las elecciones a convencionales del 26 de octubre. Sobre el puerto de Río Grande, Coto lo describió como un proyecto privado antiguo, excediendo competencias nacionales y dependiendo de la Dirección de Puertos provincial.

Una encuesta realizada en el ámbito bonaerense de cara al 26 de octubre deja muy bien parada a la lista de Frente Patria, que de todas maneras no logra conservar el porcentaje alcanzado en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Según un trabajo realizado por Federico González & Asociados en territorio bonaerense entre el 24 y el 28 de septiembre, sobre 1.800 casos, Jorge Taiana lidera en intención de voto con un 41,5%, seguido por José Luis Espert, el primer candidato de la alianza La Libertad Avanza, con 27,4%, en tanto que completa el podio Florencio Randazzo, de Provincias Unidas, con 4,7 puntos.

María Eugenia Talerico, de Potencia, está cuarta con 3,4% y luego vienen Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires), Federico Burlando (Propuesta Federal) y Nicolás del Caño, quien es el primer candidato de la izquierda en figurar, con 2 puntos.

Ante la pregunta hecha a los encuestados sobre si, como señaló el presidente Javier Milei en uno de sus últimos discursos, “lo peor ya pasó”, solo un 16,8% coincide con esa apreciación, mientras que un 18,8% piensa que “lo peor está pasando ahora, pero pronto mejorará.

En la vereda opuesta, un 15,8% piensa que lo peor vendrá pronto, antes de las elecciones del 26 de octubre; y un mayoritario 43,1% sospecha que “lo peor vendrá recién después de las elecciones”.

El sondeo consulta también sobre los resultados de la visita de Milei a los Estados Unidos, puntualmente las valoraciones y expectativas respecto de la promesa de ayuda económica financiera por parte del Washington a la Argentina. Y un mayoritario 65,7% tuvo una valoración negativa, a saber: para un 21,6%, se trató de “un acto miserable de sumisión y entrega de la soberanía nacional”; un 18,6% piensa que “solo estirará la agonía del Gobierno de Milei y sumará más deuda”; y un 14% dice que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, ya que “los yanquis van a pedir más de lo que nos den”. A su vez, un 6,5% respondió que “Milei se hace el duro con los débiles pero se arrodilla ante los fuertes”, y un 5% habla de “extorsión de Milei y Trump” orientada que el libertario gane las elecciones.

En cambio, para un 7,5% se trata de “una prueba más de que Milei tienen claro adónde va y de que su inteligencia política le permite logros relevantes”. Un 6% sostuvo que “el apoyo de Trump hará que los mercados financieros internacionales apuesten a Argentina”; un 5,5% habló de “jugada genial de Milei; un 4% considera que eso garantizará el buen rumbo de la economía de Milei, y un 3,5% que semejante espaldarazo permitirá que Argentina se vaya “para arriba”.

Convertida en una filosa adversaria de La Libertad Avanza desde que dejó ese bloque y formó junto a otros exlibertarios la bancada “Coherencia”, la diputada nacional Marcela Pagano acaba de presentar un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar las consecuencias económicas, fiscales y sociales del régimen de retención cero establecido por el Decreto 682/2025. La medida, dictada por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, eliminó por 90 días los derechos de exportación para el complejo agroindustrial.

Cabe recordar que este año ya se crearon en el ámbito de la Cámara baja dos comisiones investigadoras: una para analizar lo sucedido con la supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA y la más reciente para analizar las consecuencias de la circulación de fentanilo contaminado.

Según la iniciativa, la comisión estará integrada por 21 miembros designados por los distintos bloques parlamentarios y tendrá un plazo de 180 días para producir informes, dictámenes y conclusiones. Su presidencia quedará en manos de un legislador propuesto por el principal partido de oposición.

Entre sus objetivos, la comisión deberá estimar los recursos no percibidos por el Estado, verificar el cumplimiento de la Ley 26.351 —que exige acreditar la tenencia física del grano antes de declarar exportaciones— e investigar posibles maniobras especulativas o concertaciones de precios por parte de grandes operadores del comercio exterior.

En los fundamentos del proyecto, Pagano —quien llegó al Congreso por La Libertad Avanza pero hoy actúa como diputada independiente— cuestionó la legalidad del decreto, al recordar que la Constitución Nacional reserva al Congreso la potestad exclusiva de crear, modificar o suprimir tributos. “La materia tributaria es indelegable”, subrayó, citando fallos de la Corte Suprema que limitan la vigencia del artículo 755 del Código Aduanero, norma que habilita al Ejecutivo a fijar alícuotas sin intervención parlamentaria.

La diputada denunció que, tras la publicación del decreto, se registraron en apenas dos días Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por 7.000 millones de dólares, lo que implicó una pérdida fiscal estimada en 1.540 millones de dólares. El 80 % de lo declarado correspondió al complejo sojero, que capturó el 92 % del beneficio. Además, siete grandes empresas concentraron casi el 90 % de las exportaciones inscriptas.

Pagano advirtió que la mayoría de las operaciones no implicaban embarques inmediatos: solo el 9 % de los envíos está previsto para octubre, mientras que el resto se concretaría a lo largo de 2026. Esto, según la legisladora, permitió a las agroexportadoras declarar ventas sin contar con el grano, aprovechando precios FOB bajos y comprando la mercadería más adelante a valores descontados. “Los productores apenas vieron subir el precio interno de la soja un 15 %, cuando la eliminación del 26 % de retenciones justificaba un aumento cercano al 35 %”, señaló.

La comisión investigadora podrá recibir denuncias, solicitar informes y documentación, y promover acciones judiciales si detecta delitos o mal desempeño. “Es imprescindible que el Congreso ejerza su rol de control y evite que una delegación inconstitucional y un vacío de supervisión generen pérdidas fiscales de semejante magnitud”, concluyó Pagano.

Hace tiempo que las instituciones argentinas arrastran una crisis de confianza que mina su legitimidad y desgasta su imagen. El Congreso de la Nación, que debería ser el espacio por excelencia de la representación, del debate de ideas y de la construcción de consensos, no es ajeno a esta realidad. Por el contrario, se ha convertido en un espejo de esa desconfianza, falto de prestigio, debilitado en su funcionamiento y cada vez más alejado de los problemas concretos de los ciudadanos.

Basta observar la figura de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Su rol institucional debería ser el de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La práctica, sin embargo, muestra otra cosa: hace tiempo que la comunicación con el presidente y su entorno es inexistente. La falta de diálogo se transformó en un muro infranqueable que no solo afecta la dinámica interna del Congreso, sino también la imagen de la conducción política.

No es novedoso en la historia argentina el enfrentamiento o la enemistad entre un presidente y su vice. Pero que no sea nuevo no lo hace menos dañino. Cada episodio de tensión deteriora la percepción del espacio gobernante y debilita al Congreso como institución. Y cuando esa fractura se expone con pases de factura y declaraciones cruzadas, el costo político se multiplica. Lo que podría quedar como una diferencia interna se convierte en un espectáculo de confrontación que erosiona todavía más la confianza ciudadana.

En la Cámara de Diputados, la situación no es mejor. Su presidente, Martín Menem, está hoy en el centro de la escena por supuestas causas de corrupción que lo rodean. Cuando la figura que debería ordenar el debate legislativo se convierte en protagonista de sospechas, el daño es doble; se deslegitima el órgano y, al mismo tiempo, se profundiza la percepción de que la política está desconectada de la ética y del servicio público.

A esto se suman los escándalos internos, que ya no son discusiones intensas sobre proyectos de ley, sino peleas personales, luchas de egos y escenas que rozan el absurdo. El enfrentamiento entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine, más vinculado al deseo de protagonismo que a diferencias ideológicas reales, es un ejemplo. Y no faltan los empujones, insultos y hasta trompadas en plena sesión. La violencia verbal se naturalizó y, como si no alcanzara, ahora también aparece la violencia física. El resultado es un ciudadano cada vez más decepcionado, convencido de que quienes deberían representarlo ya no lo representan.

Otro fenómeno es la incorporación de figuras mediáticas al Congreso. Personas sin trayectoria política ni propuestas concretas, pero con reconocimiento popular en otros ámbitos, encuentran en la política un trampolín atractivo. Esta farandulización del Poder Legislativo genera aún más rechazo social, porque pone en evidencia que, para muchos, ocupar una banca se ha convertido en una salida laboral demasiado bien remunerada y no en una misión de servicio público.

El problema estructural de fondo es el hiperpresidencialismo. Desde hace décadas, la figura del Presidente eclipsa al Poder Legislativo, limitando su capacidad de incidencia real. A esto se suman prácticas que consolidan la decadencia: la falta de debates serios, los castigos internos por dar o no dar quórum, la escasez de sesiones, el aumento sostenido de dietas y privilegios, y la baja formación académica o técnica de buena parte de los legisladores. Todo configura un escenario en el que el Congreso avanza por un camino de opacidad y deterioro, cada vez más distante de la expresión viva de la República Federal que, en los papeles, somos.

Frente a este panorama, la ciudadanía descree y siente que su voto se diluye en un sistema donde priman los intereses personales por sobre el bien común. El Congreso debería ser la casa de todos los argentinos, el espacio donde se escuchan y se debaten las distintas voces de la Nación. Hoy, en cambio, corre el riesgo de convertirse en un escenario de peleas menores y privilegios mayores, donde el espectáculo reemplaza a la política y la representación se transforma en un mero simulacro.

Daniela Aruj es estratega en Imagen

En un contexto de reclamos sindicales y reconocimiento a las labores insalubres, la diputada nacional Eugenia Alianiello, representante de Chubut por Unión por la Patria, ingresó al Congreso un proyecto de ley para crear un régimen previsional diferencial destinado a los trabajadores de la industria del pescado y sus subproductos. La propuesta busca facilitar el acceso a la jubilación anticipada para quienes se desempeñan en plantas de procesamiento, congelamiento y elaboración de productos pesqueros, argumentando un envejecimiento prematuro debido a las condiciones adversas del trabajo.

Según detalla el articulado del proyecto, los beneficiarios podrían jubilarse a los 55 años, sin distinción de género, siempre que acrediten 30 años de servicios con aportes, de los cuales al menos el 60% deben haber sido en la industria pesquera. Esto incluye tareas como la elaboración de conservas, fileteado, tratamiento de harinas, industrialización de mariscos y atención de cámaras frías. “Los trabajadores que presten servicios directa y habitualmente en la industrialización del pescado y subproductos de la pesca gozarán de un régimen previsional diferencial”, establece el artículo 1º, enfatizando la necesidad de reconocer el desgaste físico acumulado.

El proyecto excluye expresamente al personal administrativo y de supervisión que no participe directamente en las tareas productivas, como telefonistas, choferes, enfermeros, laboratoristas y técnicos de mantenimiento, para focalizarse en quienes enfrentan los riesgos inherentes al proceso industrial. Además, permite a los trabajadores continuar en actividad hasta los 60 años si lo desean, y considera las licencias especiales como tiempo de servicio. El régimen general de jubilaciones actuaría de forma supletoria para aspectos no contemplados.

En los fundamentos, Alianiello destaca que se trata de una reproducción de un proyecto original presentado en 2010 por la entonces diputada Nancy González, también de Chubut, y que fue impulsado durante su mandato como senadora. “Este proyecto es una representación del proyecto de autoría de la senadora mandato cumplido, quien, durante su mandato como diputada nacional en el año 2010, lo presentó por primera vez”, explica la diputada, subrayando su colaboración continua con González y los sindicatos del sector.

La iniciativa se basa en la riqueza pesquera del Mar Argentino, con más de 1.000 especies y una plataforma de un millón de kilómetros cuadrados, pero resalta los riesgos laborales que enfrentan los trabajadores. Entre ellos, menciona patologías como tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, exposición al frío que agrava condiciones como el fenómeno de Raynaud, y accidentes frecuentes por pisos resbaladizos o manipulación de herramientas. “Los trabajadores sufren un deterioro subclínico por factores como el frío, movimientos repetitivos y exposición a agentes químicos, que repercuten en una disminución en la calidad de vida”, argumenta el texto.

Alianiello invoca normativas como la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y decretos complementarios que enumeran enfermedades profesionales vinculadas a la pesca, pero insiste en la necesidad de un enfoque preventivo más allá de la reparación. “Es la jubilación diferencial el remedio biológico porque disminuirá la incidencia de patologías laborales”, afirma, citando definiciones de envejecimiento prematuro como un estado de fatiga crónica acumulada.

El proyecto cuenta con el respaldo de sindicatos como el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) y filiales de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación en provincias patagónicas como Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego. Estos gremios reclaman desde hace años la equiparación con otros sectores insalubres, como la industria cárnica o avícola, que ya cuentan con regímenes diferenciales mediante decretos de los años 70 prorrogados por la Ley 24.241.

De aprobarse, la ley beneficiaría especialmente a las regiones australes, donde las contingencias climáticas agravan las condiciones laborales, y reivindicaría el rol de las mujeres en las plantas procesadoras. “Tras años de marginación y olvido, se pretende reivindique la labor de los trabajadores mencionados y, sobre todo, la de las mujeres que laboran en las plantas de procesamiento”, concluye Alianiello en los fundamentos, solicitando el apoyo de sus pares en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue girado a las comisiones de Industria y Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

La diputada Ana Clara Romero, representante de Chubut en la Cámara baja, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Secretaría de Energía de la Nación un informe detallado sobre las razones que llevaron a excluir a la producción de hidrocarburos convencionales de los beneficios fiscales establecidos en el Decreto Nº 305/2025.

El pedido se ampara en el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, y exige que el informe incluya los criterios técnicos, económicos y sociales que sustentaron la decisión, así como un análisis del impacto económico y fiscal de la exclusión. También reclama una evaluación sobre sus efectos en la producción, el empleo y la recaudación de las provincias productoras, y las políticas actuales o previstas para sostener la actividad en las cuencas maduras del país.

En los fundamentos del proyecto, Romero advierte que la exclusión del petróleo convencional de los beneficios fiscales profundiza las asimetrías en el esquema productivo nacional y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, además de comprometer una fuente estratégica de divisas. “Mientras se promueve la competitividad de diversos sectores industriales mediante la desgravación de derechos de exportación, se margina a la producción convencional, que sostiene gran parte de la actividad energética en regiones como el Golfo San Jorge”, señala.

La diputada chubutense remarcó que los yacimientos convencionales enfrentan crecientes costos operativos y una carga fiscal que incluye una alícuota del 8% en concepto de derechos de exportación, lo que reduce la rentabilidad y desalienta inversiones. En ese contexto, recordó que el propio gobierno provincial, junto con las operadoras del Golfo San Jorge, propuso al Ejecutivo nacional eliminar los derechos de exportación para el crudo convencional, ofreciendo a cambio una reducción de regalías en el segmento no convencional, con el compromiso de reinvertir los flujos adicionales en la región.

Según datos oficiales, en 2024 Chubut exportó 9,4 millones de barriles de petróleo crudo por un valor de 740 millones de dólares. Sin embargo, las empresas del sector perdieron más de 22 millones de dólares por el efecto combinado del menor precio FOB y las distorsiones en el mercado interno. De ese total, 60,5 millones se explican por el impacto directo de los derechos de exportación, mientras que 166,6 millones derivan de desarbitrajes con las refinerías locales.

Romero concluyó que el petróleo convencional muestra signos claros de agotamiento, con caída en la producción, precios deprimidos y dificultades financieras para las operadoras. “La ausencia de incentivos fiscales adecuados compromete la continuidad de la actividad, afectando la seguridad energética, la estabilidad económica regional y la generación de divisas para el país”, advirtió.

Entre las múltiples reuniones de comisiones previstas para este martes en la Cámara alta habrá un plenario cuya importancia cobra mayor relevancia por tratarse de un tema urticante cuyo debate se demora. Será este martes a partir de las 15, cuando las comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales se reúnan para retomar el debate de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea.

El tema fue debatido solo en la Comisión de Salud en dos oportunidades, y su presidenta, la catamarqueña Lucía Corpacci, reclamó en el recinto por su tratamiento en la última sesión. En esa oportunidad reclamó que se reúnan esa comisión con la de Justicia y la de Legislación General para abordar ese tema. “La media sanción que viene de la Cámara de Diputados ingresó el año pasado, pero no hemos conseguido que el plenario la trate. Además de la media sanción, hay aproximadamente dieciocho proyectos de senadores y senadoras de todos los bloques –y no solamente del oficialismo– que piden el tratamiento de esta ley. No todos los proyectos son iguales; son distintos. En un principio, tuvieron giro a muchas comisiones simultáneamente. Con buena voluntad y hablando con el secretario parlamentario, se logró que se redujeran los giros a esas comisiones, pero no podemos tratarlos si no se reúne el plenario”, señaló Corpacci el pasado 18 de septiembre, que recordó que el proyecto proveniente de la Cámara baja perderá estado parlamentario a fin de año. “Si queremos mejorar algunas cosas, las mejoraremos, pero lo que no puede suceder es que el Senado no trate estos proyectos y no se reúnan las comisiones, que es lo que está sucediendo. Cuando se ponen tres comisiones y los presidentes no tienen la buena voluntad de generar los plenarios, no los podemos tratar”, advirtió.

Por lo visto, el reclamo tuvo efecto y este martes se pondrán a consideración no solo la media sanción de Diputados, sino también los proyectos de senadores, con la intención de introducirle modificaciones a la iniciativa. Se trata de proyectos de la senadora Eugenia Duré, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Beatriz Ávila, la oficialista Ivana Arrascaeta y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.

Los vivos miran solo la coyuntura. Los perspicaces miran la estructura de los experimentos. Los primeros dicen “¡mirá cómo zafó!”. Los segundos dicen: “pan para hoy, hambre para mañana”. Hace como un año que este segundo grupo mira las variables macro y se pregunta “¿cuándo llegaremos a 2018?” (por la crisis que obligó a Macri a ir al FMI). A 2018 ya llegamos: el salvataje del Pato Donald lo certifica. “Noooo, esta vez es distinto”. Ya lo analizamos en detalle hace 2 semanas en esta columna, post 7-S: parece que no es muy distinto.

Es mejor llegar al 26-O con la soga de “El Amigo Americano” -antológico film de Win Wenders basado en una novela de Patricia Highsmith- que en bolas y a los gritos. Pero la opinión pública tiene 4 características que importan mucho en este marco:

1)      sedimenta lentamente, es decir, va a una velocidad mucho menor a la que pretende la política;

2)      no consume / comprende jugadas de cierta complejidad;

3)      luego de una decepción, le cuesta mucho volver a creer (y quizá nunca más lo haga); y

4)      siempre queda la duda sobre cuánto le impactan hechos / gestos desde el exterior en el medio de una campaña (el dinero americano no se verá hasta después de octubre; además de ser un gran mensaje a los mercados y al sistema político argentino, ¿ayudará a que votantes decepcionados se conmuevan para acudir en ayuda de LLA?).

De modo que la jugada tranquiliza a los mercados, ergo al escenario, pero no arregla los problemas de fondo, además que se siguen sumando indicadores negativos para la micro (récord de mora, se caen créditos hipotecarios, la industria ya tiene su primer dato negativo interanual). Esto significa que vino el plomero, dijo que había que hacer una tarea compleja, y el dueño de casa optó por poner un parche dada la falta de tiempo y de recursos para hacer una reparación definitiva. ¿Les suena que eso haya sucedido alguna vez en la política argentina? Es ridículo pensarlo ahora, pero si la exigencia constitucional del comicio de medio término le pone un revolver en la cabeza a gobiernos de minoría frente a recurrentes crisis económicas, tenemos dos soluciones: cambiamos la Constitución o evitamos de por vida las situaciones terminales (o las dos cosas). Ambas son decisiones muuuuuy difíciles. Entonces, mejor pensemos en las 4 semanas que faltan hasta la elección.

Después de quince días de terror para el oficialismo post comicio bonaerense, ésta última semana fue superavitaria para el gobierno: sacó el conejo de la galera que varios esperábamos hace semanas -porque no le quedaba otra como anticipamos hace más de un mes- ganó la agenda y ahora estamos discutiendo de otra cosa. Por cuánto tiempo, no sabemos, porque seguimos en terapia intensiva, y el cuadro interno tampoco está ordenado.

Los más astutos de LLA empezaron a tomar distancia pública prudente, porque si no, saben que son boleta: si el único candidato -en la práctica- va a ser el Javo, entonces no habrá ningún libertario que pudiese aportar algún valor agregado. ¿Acaso desde la Casa Rosada querrán que alguien gane por las suyas, o “el candidato es el proyecto”? El otro dato muy relevante es que, tres semanas después de Cancha Rayada, queda claro que la que manda sigue siendo Karina, y que el “joven maravilla” está pintado al óleo, haciendo sus aportes comunicacionales, pero con poco margen de maniobra (lo dijimos en marzo: el triángulo había dejado de existir).

Por suerte para LLA, tiene enfrente al kirchnerismo que tampoco se luce por su brillantez. Pese a la lucidez del gobernador keynesiano de ponerse al hombro la campaña para hacer doblete, animando a sus socios, esta semana se delataron dos elementos negativos:

1)      la campaña de Recalde en la CABA arenga “Seamos libres de verdad”, desoyendo las recomendaciones del recordado Lakoff: no se debe usar el marco de referencia del adversario para no ayudarlo a instalarlo; todo lo que suene a libertad es de Milei (“no pienses en un elefante!”).

2)      Grabois salió a instalar temas urticantes como remover a la Corte, eliminar el Consejo de la Magistratura -eligiendo a los jueces por voto popular, a la mexicana- y reformar la Constitución; suena a movida de Cris a control remoto para radicalizarle la campaña moderada a Axel.

En este escenario todo entró en duda. ¿Puede ganar el oficialismo la elección? Sí, aunque los indicadores contextuales de la opinión pública siguen deteriorándose. Pero si gana, ¿todo se ordenará? Por empezar, hoy resulta raro que LLA alcance el 40 %, un número mágico en la cabeza del amplio círculo rojo. Segundo, imaginemos que llega al “Santo Grial” de los 87 diputados propios para evitar dolores de cabeza: ¿qué garantiza? Sabe Dios, porque con viento a favor se le fueron 8 desde el inicio del mandato. Con los problemas de conducción política que existen, no se debe descartar que se le pierdan más soldados por el camino. ¿Y si la administración libertaria se sigue cayendo? ¿todos serán leales o habrá “borocotazos”?

Esta semana tuvimos una excelente muestra de las limitaciones teóricas del extremismo libertario: existe el libre juego de la oferta y la demanda… dentro de fuertes estructuras de poder. Ejemplo 1: Trump decidió ayudarnos por geopolítica (y negocios), no por racionalidad económica. Dicho sea de paso, a 13 meses de la elección de medio término americana, el viento le juega en contra a los republicanos, pudiendo Donald tener una segunda parte del mandato con necesidad de consumir muchas aspirinas. Ejemplo 2: como la necesidad tiene cara de hereje, el gobierno obtuvo el alud de dólares de las grandes exportadoras de granos, que hicieron un pingüe negocio. O sea, el tamaño sí importa. En la opción de hierro, el presidente optó por dejar de lado la lectura sociológica de la elección bonaerense. Los muchachos productores ya venían de culo y esto no ayuda. Seguramente se agudizará el interrogante sobre para quiénes es este modelo. Es muy difícil gobernar contra los imaginarios sociales. Ya se intentó por izquierda y por derecha, y no resultó. Menos con engañapichangas.

Donald Trump desplegó toda su artillería dialéctica para frenar en seco la corrida cambiaria que amenazaba con volar por los aires al Gobierno del presidente Javier Milei y le dio una nueva vida a la era libertaria, que este lunes empieza su “segundo tiempo”.

Fue Mauricio Macri quien acuñó la frase “segundo tiempo”, en referencia a un segundo mandato que buscó y no prosperó porque el binomio peronista Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner lo doblegó inesperadamente en 2019.

Desde este lunes, Milei no buscará un segundo mandato sino zafar de la trampa de su programa económico, que ya había provocado otra corrida cambiaria en abril pasado y que fue socorrida por la ambulancia del Fondo Monetario Internacional.

Pero nuevos errores -el inexplicable desarme de las letras del Estado LEFI y la obstinada decisión de Milei de no incrementar en dólares las reservas del Banco Central- llevaron a la nueva corrida cambiaria de varios días antes del inicio de la primavera.

Y a ese rush de los mercados hambrientos -riesgo país y dólares por las nubes- se sumó la aplastante y contundente derrota electoral contra el “enano soviético” Axel Kicillof, quien ahora parece ser un gigante guerrero como Goliat y ser el único presidenciable capaz de apagar la llama libertaria en 2027.

El problema también está adentro, en el tejido nervioso de la Casa Rosada, donde hoy nadie manda y donde todos se bloquean: Milei no es el líder como se creía era el año pasado. El jefe de Estado es bloqueado por su hermana y mano derecha, Karina Milei. Y Karina Milei está atrapada en su inexperiencia política, su falta de versatilidad y su dogmatismo y desconfianza.

Sus cerebros son entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su segundo en la Secretaría General de la Presidencia, Lule Menem, que son objeto de críticas. La hermana presidencial y su segundo aparecen mencionados en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad del extitular Diego Spagnuolo y luego de eso Lule fue sacado de algunas reuniones en la Casa Rosada.

El titular de la Cámara de Diputados es el armador electoral de Karina Milei, quien ostenta el cargo de jefa partidaria, y ambos diagramaron un esquema de candidatos en todo el país puramente violetas que fue objetado y obstaculizado por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La disidencia sobre el armado electoral de La Libertad Avanza detonó al eje del poder libertario -el famoso “triángulo de hierro” conformado por Milei, Karina y Caputo- y el inicio de la disputa palaciega en la Casa Rosada entre los “karinistas” y los “caputistas”.

A mediados de año, el presidente Milei empoderó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que haga equilibrio entre ambos, pero le resultó y le resulta imposible porque las diferencias se vuelven cada vez más irreconciliables y el poder de fuego de ambos sectores es de temer.

Y porque al fin y al cabo Francos es Milei y nunca cruzará el ala presidencial de la Casa de Gobierno para ir al Salón Martín Fierro, el bunker de Caputo y su organización de influencers y militares digitales.

Milei observa y no resuelve. No logra escudriñar la política vernácula, a la que creyó como un abanico de anuncios rimbombantes -como la dolarización de la economía o el cierre del Banco Central- o como el arma-motosierra mortal contra las empresas y los empleados estatales.

Eran los tiempos de apogeo de La Libertad Avanza, en los que mayoritariamente la sociedad aplaudía el ajuste fiscal, en algunos casos concebible y en otros no, y sus bravatas a los congresistas, a la casta política y a otros sectores de la sociedad, como artistas como Lali Espósito.

Pero el programa económico no contempla una reparación social a las consecuencias del cierre de empresas, comercios y despidos a granel de trabajadores, a la vez que no hay visible un plan para estimular la producción y el empleo.

La batería propagandística y comunicacional libertaria afirma como latiguillo dogmático que la macroeconomía funciona pero que la micro no llega al trabajador, como si una no fuera inescindible de la mano de la otra.

Por eso el relato tropezó en abril y llegó el salvavidas del FMI, y ahora vendrá el portaaviones del Tesoro de los Estados Unidos enviado por Trump, pero no hay plan para enfrentar la caída del consumo, la pérdida de trabajo y poder adquisitivo y la falta de empleo.

Este lunes Milei planea iniciar su “segundo tiempo” en medio de una campaña electoral para las elecciones de recambio legislativo en el Congreso, que hace apenas tres meses todo indicaba sería un paseo para LLA y que ahora se ve amenazada por posibles defecciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Habrá que ver si el jefe de Estado emprende ese trascendental período con la misma política y las formas que lo encumbraron a la Casa Rosada en el 23 y, a la vez, y lo dejaron inerte estos últimos meses del 25.

Este lunes, en Casa Rosada, “El equilibrista” Francos encabezará una nueva reunión del desteñido Consejo de Mayo, conformado por referentes políticos, sindicales y empresariales, con el objetivo de avanzar en un plan 10 puntos de consenso que suscribió la mayoría de los gobernadores.

A su vez, Milei tiene previsto meterse de lleno en la campaña electoral tras sus polémica intervención en el comicio de la provincia de Buenos Aires, a la par que al ministro de Economía, Luis Caputo, le encargaron la función de acallar los ruidos de la zigzagueante economía.

La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.

Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.

El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?

Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.

Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala”  se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.

Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.

Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.

Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.

Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.

Sesión en el Senado

En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.

Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.

Con la intención de analizar la innovación agropecuaria y las PyMEs y plantear la dicotomía “primarización o agroindustria”, se realizará este martes una jornada en la Cámara alta.

Expondrán durante este evento Julián Domínguez, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y expresidente de la Cámara de Diputados, y el ingeniero agropecuario Preciado Patiño (UBA). Durante el evento se entregará el Diploma de Honor del Senado de la Nación al senador nacional (MC) Ricardo Antonio Guerra (La Rioja), en reconocimiento por su destacada trayectoria política.

La jornada se iniciará a las 17.30 de este martes 30 de septiembre en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, y es organizada por la senadora nacional salteña Nora del Valle Giménez.

El ingreso es por Hipólito Yrigoyen 1849, de esta capital y para mayor información los interesados deben comunicarse al teléfono (011) 2822-3000 int. 3683/5, o por mail a [email protected].

Las elecciones provinciales bonaerenses resultaron ser un fuerte llamado de atención para la política en general y el oficialismo en particular. Porque hasta entonces las estimaciones se guiaban de encuestas que hablaban de una paridad notoria de cara al 7 de septiembre, con cierta ventaja para el peronismo, pero una proyección para las elecciones del 26 de octubre que beneficiaba con cierta holgura a La Libertad Avanza.

Cuando esas elecciones provinciales claramente nacionalizadas arrojaron un resultado tan inesperado, se les quemaron los papeles a todos los encuestadores. Ya las elecciones nacionales de octubre aparecieron como irremontables para el oficialismo nacional y tratándose del distrito que pone en juego más bancas, el efecto en los números finales es capaz de cambiar toda la historia.

Pero además está el efecto contagio. El propio gran ganador de las elecciones bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof reivindica el hecho de que su decisión de desdoblar es capaz de causar un efecto cascada en el resto del país, al significar un fuerte sacudón positivo para el peronismo en general.

Cómo serán leídas las elecciones generales es otro tema. Porque al ser elecciones intermedias, no habrá un gran ganador, sino varios y cada actor principal querrá resaltar la parte que mejor lo posicione. En general, se suele observar el resultado bonaerense, que por algo es desde 2005 considerada “la madre de todas las batallas”. Según esa consideración, el peronismo se golpeará seguramente el pecho adjudicándose la victoria, porque está claro que los casi 14 puntos de ventaja del primer domingo de septiembre son casi imposibles de revertir.

Estarán los que cuenten directamente el número de votos, y ahí el oficialismo nacional corre con ventaja, ya que presenta candidaturas en todos los distritos, incluso a costa de sus aliados, que han debido aceptar obedientemente ir pintados de violeta y bajo la denominación del partido oficialista.

El peronismo en cambio va con diversas expresiones en algunas provincias. En Salta, por caso, compiten dos peronismos: el local, con listas propias armadas por el gobernador, y otra que cuenta con la venia de la expresidenta Cristina Kirchner. E incluso otra expresión kirchnerista que le compite a esa última lista para el Senado.

Pero en definitiva estas son elecciones legislativas y lo que cuenta son las bancas, así que ese debería ser el cartabón a utilizar, en cuyo caso La Libertad Avanza corre ahí también con ventaja: de nuevo, porque compite en todos los distritos, además de haber obligado a cederle los principales lugares a los gobiernos provinciales que los llevaron como aliados.

También será importante el desembarco que hará en el Senado, donde a diferencia de las elecciones de 2023 se privó de sumar senadores en provincias como Misiones, donde no compitió, por ejemplo. Ahora lo más probable es que vaya a conseguir representación -mayoritaria o minoritaria- en la mayoría de las ocho provincias que votan senadores.

Ahí también tenemos el tema de las encuestas. Recientemente circuló una que daba al partido violeta ganando en siete de los ocho distritos que eligen representantes en la Cámara alta. Ahora ese no sería el resultado. Ya profundizaremos en ese tema.

Lo cierto es que se juega mucho La Libertad Avanza en estas elecciones, tratándose del gobierno con minoría más extrema en ambas cámaras, no solo de 1983 a la fecha, sino de toda la historia democrática argentina. Hasta el presente, el gobierno de Cambiemos había sido el primero en cien años con minoría en ambas cámaras, pero tenía el doble del número con el que asumió Javier Milei. Mauricio Macri asumió en 2015 con 87 diputados y 15 senadores. El doble de lo que tuvo la administración libertaria durante sus primeros dos años.

Calcular entonces el número de bancas que podría llegar a tener La Libertad Avanza es clave para establecer las características que tendrá la segunda mitad del primer gobierno libertario de la historia nacional. Es lo que ha hecho Parlamentario, basándose en las encuestas, pálpitos y presunciones, distrito por distrito.

Spoiler alert: La Libertad Avanza seguirá siendo minoría en las dos cámaras; y ni siquiera la primera minoría, categoría que seguirá manteniendo el peronismo, en su versión Unión por la Patria, devenido en Fuerza Patria. Un peronismo que se fortalecerá en la Cámara de Diputados, pero que disminuirá su influencia en el Senado.

Monobloques que desaparecen

Proyección en Diputados

 Según las estimaciones realizadas por Parlamentario, La Libertad Avanza podría conseguir en las próximas elecciones un máximo de 60 bancas de diputados y un mínimo de 39. Recordemos que en la actualidad la bancada oficialista tiene 37 miembros, de los cuales 29 tienen mandato hasta 2027.

Así las cosas, podría llegar a tener una bancada a partir del 10 de diciembre de entre 68 y 89 miembros. Aunque si hablamos del bloque libertario específicamente, debemos restarle a esas cifras nueve lugares, el número de concesión de lugares “entrables” que hicieron Karina Milei y sus armadores en el armado de listas: 8 que se supone se sumarán al bloque Pro y una banca del radicalismo.

El bloque libertario se duplicará -o casi- a partir de diciembre.

El futuro bloque Fuerza Patria, por su parte, crecerá fuertemente. Es que arriesga las bancas de una elección que perdió, la de 2021, por lo que arranca con una base de 52 de sus actuales 98 diputados con mandato hasta 2027. Y en el caso de una elección ganadora estaría sumando 55 escaños, mientras que si le va mal acumularía 44. Así las cosas, el futuro bloque de FP oscilaría entre los 96 y 107 diputados nacionales.

El Frente Patria, actual Unión por la Patria, seguirá siendo la primera minoría holgada.

Un dato no menor a tener en cuenta de cara al futuro. En cualquier caso el bloque peronista aparece como muy numeroso, demasiado para no ser oficialista, según los tiempos que corren. Como vemos, podría llegar a pasar el centenar. Y en caso de transformarse en oficialismo dentro de dos años, lo más probable es que tenga quórum propio. Cosa que, llegado el caso, también podría tener en el Senado.

El Gobierno hasta ahora se ha manejado con la ayuda de los aliados, que han salido a su resguardo cuando tuvieron que resistir vetos, o en los tiempos en que llegó a aprobar cosas. Con esa caracterización consideramos al Pro, el MID, Innovación Federal, Liga del Interior, Futuro y Libertad y los monobloques Somos Fueguinos y Creo. Total: 55 diputados. De esos aliados, tienen mandato hasta 2027 menos de la mitad: 25. Desde el 10 de diciembre sumarían 32.

Y por último, a la hora de considerar a los sectores donde el oficialismo puede buscar ayuda, tenemos a los bloques del medio. Que a veces son refractarios a las necesidades del oficialismo, pero que fueron su sostén cuando se discutió por ejemplo la Ley Bases. Estamos hablando de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Además de Independencia, muy funcional al oficialismo hasta las últimas votaciones en las que se paró decididamente en la vereda de enfrente y por eso lo sacamos de la categoría “aliados”. Y de cara al futuro, deberíamos ubicar también a los exoficialistas del bloque Coherencia, enojados por ahora con LLA, pero imaginamos que dispuestos a apoyar, llegado el momento y dependiendo del tema y las circunstancias.

Esos bloques del medio suman 23 bancas con mandato hasta 2027, que podrían sumar entre 19 y 31 lugares, con lo cual habría un espectro de entre 40 y 52 diputados con los que podría llegar a explorar acuerdos el oficialismo en el futuro.

Por último están los diputados de izquierda, la mayoría de los cuales concluyen sus mandatos. De los 5 actuales, 4 se van. Solo uno tiene banca hasta 2027, y podrían estar sumando un par más como mínimo. Suele ocurrir que la izquierda da la nota en determinadas circunstancias, sumando más miembros. Esta elección bien podría llegar a ser un ejemplo en ese sentido.

Diputados nacionales (qué se elige)

• ● Buenos Aires: 35 diputados
• ● Catamarca: 3 diputados
• ● Chaco: 4 diputados
• ● Chubut: 2 diputados
• ● Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13 diputados
• ● Córdoba: 9 diputados
• ● Corrientes: 3 diputados
• ● Entre Ríos: 5 diputados
• ● Formosa: 2 diputados
• ● Jujuy: 3 diputados
• ● La Pampa: 3 diputados
• ● La Rioja: 2 diputados
• ● Mendoza: 5 diputados
• ● Misiones: 3 diputados
• ● Neuquén: 2 diputados
• ● Río Negro:
• ● Salta: 3 diputados
• ● San Juan: 3 diputados
• ● San Luis: 3 diputados
• ● Santa Cruz: 3 diputados
• ● Santa Fe: 9 diputados
• ● Santiago del Estero: 3 diputados
• ● Tierra del Fuego: 2 diputados
• ● Tucumán: 4 diputados

El Senado que viene 

Por ser el bloque mayoritario, es Unión por la Patria el interbloque que más expone este año: 15 bancas. No las retendrá todas: según las estimaciones, podría mantener entre 10 y 12. En ese caso, tendrían un interbloque de entre 29 y 31 integrantes, sumando sus tres bloques: Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal.

La Libertad Avanza tiene apenas 6 escaños propios y podría ganar una docena de lugares si le va muy bien, o la mitad, si las urnas le son adversas. Así las cosas, el futuro bloque libertario sería de entre 11 y 17 miembros, dado que uno de los que suma en sus listas es del radicalismo. Con LLA se espera siga interactuando Francisco Paoltroni, que tiene monobloque propio.

La bancada UCR se reducirá a una decena; el bloque Pro a 5; y se mantienen las bancadas Unidad Federal, el Frente de la Concordia de Misiones y Por Santa Cruz, cada uno con 2 miembros, y los monobloques de Edith Terenzi y Beatriz Ávila.

Como sea, a partir de la disminución de miembros del peronismo, se espera que el Senado pueda ser más manejable para el oficialismo a partir de diciembre.

Senadores nacionales (solo 8 distritos eligen)

• ● Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores
• ● Chaco: 3 senadores
• ● Entre Ríos: 3 senadores
• ● Neuquén: 3 senadores
• ● Río Negro: 3 senadores
• ● Salta: 3 senadores
• ● Santiago del Estero: 3 senadores
• ● Tierra del Fuego: 3 senadores

Provincia por provincia para Diputados 

Buenos Aires. La madre de todas las batallas ya tuvo su elección preliminar el 7 de septiembre. Si esa elección hubiera sido por “los porotos” nacionales, el peronismo se hubiera alzado con 19 de los 35 escaños en disputa, La Libertad Avanza con solo 13, las fuerzas del medio con 2 y la izquierda con la banca restante.

Esa es la hipótesis de máxima que también tomamos para octubre, aunque propios y extraños dan por seguro que la brecha se achicará en las generales. En ese caso tomamos como probable un reparto de 15 bancas para La Libertad Avanza y 17 para Fuerza Patria.

En la lista de LLA hay tres miembros del Pro: Diego Santilli (4°), Alejandro Finocchiaro (9°) y Florencia De Senci (12°).

CABA. En la Ciudad de Buenos Aires se espera que La Libertad Avanza gane con amplitud, alzándose con 7 de los 13 escaños en disputa. De esos 7, dos corresponden al Pro: Fernando de Andreis (5°) y Antonela Gianpieri (6°). Sin contar a la cada vez más libertaria Sabrina Ajmechet (4°), que no fue incluida por el Pro, razón por la cual se la imagina yendo directamente a sentarse con el oficialismo. El peronismo ubicaría a sus habituales 3 bancas, las fuerzas del medio con entre una y dos, y la izquierda se quedaría al menos con la restante.

Catamarca. Con 3 bancas en disputa, el peronismo gobernante se quedaría con 2 y La Libertad Avanza con la restante.

Chaco. Otra provincia donde La Libertad Avanza hizo alianza con el oficialismo provincial. En este caso hay 4 lugares en disputa y se espera que se las repartan entre LLA y el peronismo. Los diputados que entrarían serían todos libertarios.

Chubut. El oficialismo provincial es favorito aquí, aunque se repartirían las dos bancas con La Libertad Avanza.

Córdoba. Distrito clave para La Libertad Avanza a la hora de sumar votos y escaños, estimamos que podría sumar 4 lugares, igual que las fuerzas del medio de Provincias Unidas. La banca restante quedaría para Natalia de la Sota, y Fuerza Patria podría sumar a expensas de quien salga segundo.

Corrientes. La Libertad Avanza pidió demasiado en esta provincia y la alianza con el radicalismo gobernante en la provincia no avanzó. Después de lo visto en las elecciones provinciales recientes, se espera que la UCR se alce con dos bancas, a menos que se repartan las 3 con LLA y el peronismo.

Entre Ríos. En esta provincia La Libertad Avanza hizo alianza con el Pro liderado por el gobernador Rogelio Frigerio. El segundo lugar de la lista fue concedido a Alicia Fregonese, del Pro. Hay 5 bancas en disputa y el ganador se llevará 3, y el perdedor las dos restantes. Será la alianza LLA o el peronismo provincial, que dicho sea de paso va dividido en la provincia.

Formosa. Si bien Gildo Insfrán es amo y señor de la provincia, hay dos bancas en juego y podrían repartírsela entre el peronismo y los libertarios, que también podrían quedarse sin nada.

Jujuy. La Libertad Avanza ya se mostró competitiva en esta provincia en 2023, cuando se alzó con las bancas por la mayoría del Senado. Pero en las elecciones locales las cosas volvieron a su cauce, con un radicalismo provincial que ganó con amplitud. Habrá que ver qué termina sucediendo el 26 de octubre: si LLA gana una o dos bancas, o eso hace la UCR. Al peronismo le asignamos, en todo caso, una banca si hay reparto entre tres.

La Pampa. El poderoso peronismo local se quedaría con 2 de las tres bancas en disputa, y LLA con la restante. A menos que el radicalismo local termine terciando y se repartan las 3 en juego.

La Rioja. Aquí el peronismo local es favorito y se podría quedar con las 2 bancas, o bien repartir con los libertarios los 2 escaños en juego.

Mendoza. El radicalismo gobernante en la provincia hizo alianza con La Libertad Avanza y se quedó con el segundo lugar de la lista, que ocupa la actual diputada Pamela Verasay. Esta alianza se espera se alce con 3 de las 5 bancas en disputa y el peronismo mendocino con las 2 restantes.

Misiones. Una provincia donde el oficialismo provincial es amo y señor desde hace tiempo. Se quedaría con 2 de las 3 bancas en juego. La Libertad Avanza se alzaría con la restante, o bien podría dar la nota y alzarse con dos, teniendo en cuenta por ejemplo su muy buena performance en el balotaje de 2023.

Neuquén. Otra provincia donde podría haber reparto entre la lista del gobernador Rolando Figueroa, el peronismo y La Libertad Avanza. Pero lo más probable es que el oficialismo provincial se alce con dos bancas y la restante se la quede el peronismo o LLA.

Río Negro. Con dos bancas en juego y el peronismo favorito, la banca restante se la disputan LLA y la lista del gobernador Alberto Weretilneck. Quien sería electo en ese caso por la lista violeta es el actual diputado del Pro Aníbal Tortoriello.

Salta. El peronismo es fuerte y gobierna la provincia, pero no es el de Fuerza Patria. Y como el PJ nacional participa también de esta elección, el voto peronista se divide y puede sacar partido La Libertad Avanza, que sumaría dos bancas, o una si no le va tan bien. Además, podría ser que las 3 bancas en disputa se las repartan entre estos tres sectores.

San Juan. El partido provincial gobernante se quedaría con una o 2 bancas, lo mismo que LLA. El peronismo se alzaría con la restante.

San Luis. En esta provincia el gobernador Claudio Poggi no competirá, por lo que se espera que La Libertad Avanza se quede con una o 2 bancas. A Fuerza Patria le asignamos una banca.

Santa Cruz. En esta provincia LLA se ilusiona con ganar una de las 3 bancas, pero también podría quedarse con ninguna, si se la arrebata el peronismo. El oficialismo provincial se alzaría con 2, o bien podrían repartirse una cada una las tres citadas fuerzas.

Santa Fe. Otro de los distritos grandes, allí el oficialismo provincial es fuerte, compite como Provincias Unidas y podría quedarse con entre 3 y 4 lugares, que se sumarían a lo que hemos denominado como “bloques del medio”. A La Libertad Avanza le asignamos entre 2 y 3 lugares y al peronismo 3 bancas.

Santiago del Estero. Se espera que el oficialismo provincial de Gerardo Zamora vaya a ganar y quedarse con las 3 bancas en juego.

Tierra del Fuego. A pesar de los amagues del Gobierno nacional con el Régimen Industrial en esta provincia, los libertarios gozan de cierto favor en la provincia, donde podrían alzarse con una o 2 bancas, en caso de ganar. El peronismo se quedaría con la restante, aunque no se descarta que pueda ganar y alzarse con 2.

Tucumán. En esta provincia se ponen en disputa 5 bancas. La Libertad Avanza conseguiría una o 2 bancas, mientras que el oficialismo provincial entre 2 y 3, que irían -se supone- al bloque Independencia que creó en 2024 el gobernador Osvaldo Jaldo.

Las bancas del Senado

CABA. La Libertad Avanza va finalmente en alianza con el Pro en este distrito, y es favorita para quedarse con los dos escaños por la mayoría. El restante será para Fuerza Patria.

Chaco. Aquí también hay alianza entre el oficialismo nacional y el provincial, que compiten como La Libertad Avanza. Que es además favorita, aunque el peronismo encabezado por Jorge Capitanich puede dar la nota y ganar. El segundo lugar de la lista de LLA es de la vicegobernadora Silvana Schneider, del radicalismo.

Entre Ríos. Otra provincia donde La Libertad Avanza hizo alianza con el gobierno provincial, que le cedió los dos primeros lugares de la lista para el Senado. Se espera que le ganen al peronismo.

Neuquén. En esta provincia patagónica la lista impulsada por el gobernador Figueroa es favorita para quedarse con las bancas por la mayoría. La banca restante se la disputarán LLA y el peronismo.

Río Negro. Otra provincia donde una fuerza provincial gobierna y en la que hay mucha competencia. El peronismo es favorito, según las encuestas y La Libertad Avanza y Juntos Somos Río Negro se disputan la banca por la minoría.

Salta. Acá puede pasar cualquier cosa: que gane La Libertad Avanza, o la lista del gobernador Gustavo Sáenz, o que termine terciando la lista del peronismo que encabeza el exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Santiago del Estero. Aquí se descuenta que el Frente Cívico gobernante en la provincia se alce con las bancas por la mayoría y la restante quede en manos de Fuerza Patria.

Tierra del Fuego. Según algunos sondeos, La Libertad Avanza es favorita, aunque la lista del gobernador, que postula a la actual senadora peronista Cristina López puede dar la nota.

En definitiva, lo que definen estas elecciones no es solo la distribución de bancas, sino la relación de fuerzas que marcará la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Con un oficialismo que seguirá siendo minoría, extremos más vigorosos y por lo tanto un espacio del medio menos efectivo para el Gobierno, y un peronismo que recupera volumen parlamentario, el Congreso que viene se perfila como el verdadero campo de batalla política, donde cada voto contará y las alianzas coyunturales serán la llave para gobernar.

“Les volvió el alma al cuerpo”, graficó una fuente legislativa de la oposición, cuando en el Congreso se le preguntó cómo veía al oficialismo a partir de las novedades provenientes del gran país del Norte. No era para menos; de estar pidiendo la hora el viernes anterior, con la certeza de que solo el abismo estaba por delante, la semana arrancó el lunes con un panorama diametralmente distinto en los mercados.

Previamente, el fin de semana se había advertido sobre la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar que el lunes todo volara por los aires. Lo que ni las mentes más frondosas imaginaban era que el mismísimo secretario del Tesoro de los Estados Unidos saliera personalmente ese día al rescate de la Argentina con un mensaje en las redes sociales que los mercados encontraron suficiente para cambiar radicalmente el clima: “Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”, señalaba un párrafo del largo posteo de Scott Bessent.

Ya en abril de este año, el influyente funcionario había visitado nuestro país en medio de las negociaciones con el FMI, el Banco Mundial y el BID. Ya en esa oportunidad se especuló con su objetivo de avalar el acuerdo con organismos internacionales y explorar nuevas líneas de financiamiento directo desde el Tesoro estadounidense. Finalmente, y a instancias del presidente Donald Trump, se acaba de oficializar el enfático respaldo de ese país al Gobierno de Javier Milei. Y decimos “al Gobierno de Javier Milei” porque el mensaje de la administración republicana deja totalmente claro que el objetivo es que Milei gane las elecciones y que en caso de que así suceda se accionarán las medidas anunciadas. Por lo que ha podido saberse, el Gobierno de Trump está dispuesto a asistirnos con un swap de monedas de 20 mil millones de dólares, compra de bonos argentinos y un crédito stand-by. Lo que sea necesario.

“Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice el dicho popular que calza justo para la ocasión, por lo que numerosas voces se elevaron para pedir explicaciones. Sobre todo en el Congreso, escenario de sucesivas y contundentes derrotas recientes para el Poder Ejecutivo, donde el primogénito de los Kirchner, presentó un proyecto para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento y tratados internacionales, de modo tal que cualquier acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos sea sometido a la aprobación legislativa. Paralelamente, el diputado Itai Hagman -un hombre cercano a Juan Grabois- pidió directamente la interpelación de Luis Caputo. Fueron solo un par de los pronunciamientos que se conocieron frente a las noticias provenientes de los Estados Unidos, donde mientras tanto el presidente Javier Milei recuperaba la sonrisa del mismo modo que la centralidad.

Por primera vez al menos desde el 7 de septiembre, el Gobierno volvía a tener el dominio de la agenda. Fue justamente en una semana en la que en el Congreso se tomó una tregua prevista para volver a sesionar miércoles y jueves, en Diputados y el Senado, respectivamente. Para la Cámara baja, con una agenda que incluye el rechazo del veto a la ley de redistribución de los ATN y, sobre todo, convertir en ley la norma que rige los DNU: un tiro al corazón de la estrategia legislativa del gobierno libertario. Un proyecto que modifica la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2006, que hoy cuenta con la anuencia de la exmandataria para que sea modificada -visto bueno relacionado con su certeza de que no volverá a ser presidenta-. Esa ley saldrá, como también es seguro que Milei la vetará y la resolución sobre el veto quedará para después del 26 de octubre. Probablemente el destino de la Ley 26.122 dependa del resultado de ese día.

En el caso de la Ley de ATN, dependerá de los gobernadores y el renovado poder negociador del Gobierno para frenarlo. Por lo pronto, es muy probable que el tema no alcance inicialmente los 2/3 necesarios para debatirlo sobre tablas y la resolución también se postergue.

Como sea, lo cierto es que la celeridad legislativa opositora se ralentizó cuando el viernes no salió la convocatoria prevista para sesionar el 1° de octubre. Con lo cual, no es seguro que haya sesión ese día; dependerá de que se pongan de acuerdo con el temario. Un factor que habría complicado el acuerdo en el seno de la oposición sería la intención de algunos de incluir la moción de censura contra Guillermo Francos por la inédita decisión de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad suspendiéndola al mismo tiempo. Hay en la oposición voces que cuestionaron ir contra el único funcionario del Gobierno que realmente dialoga.

Sería otro hecho inédito para la administración mileísta: jamás el Congreso destituyó a un jefe de Gabinete. Previendo tal alternativa, desde el Gobierno ya adelantaron que si eso sucediera el presidente podría volver a designarlo. Por eso el constitucionalista Félix Lonigro sugirió la alternativa del juicio político, que incluye inhabilitación para ocupar cargos. “No puede ser de otra manera, porque no tendría absolutamente ningún sentido que el Congreso pudiera remover por Moción de Censura y que al día siguiente el removido sea repuesto en el cargo por el primer mandatario”, señaló. Se trata de un trámite muy engorroso que nadie imagina vaya a ponerse en marcha.

El conflicto se desató cuando el Gobierno promulgó el lunes 22 la Ley de Discapacidad, luego de que el veto fuera rechazado, pero la suspendió argumentando que el Congreso debía establecer las fuentes de financiamiento. La oposición plantea como contrasentido que ese mismo día el Gobierno dispuso suspender toda percepción de retenciones transitoriamente, lo cual implicó una pérdida de recaudación de mil millones de dólares.

A propósito de las retenciones, la medida fue dispuesta hasta el 31 de octubre, pero con el objetivo de que se liquidaran 7.000 millones. Lo cual se consiguió en apenas tres días, y el beneficio para el campo se suspendió. Así, la ilusión que entusiasmó a los productores fue efímera y se tradujo en fuertes críticas pues terminó beneficiando a un puñado de cerealeras.

En rigor, no tenía mucho margen el Gobierno pues el miércoles el secretario del Tesoro había dejado las cosas en claro al señalar que “estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”. Previamente Scott Bessent había recibido el reproche de la American Soybean Asociation, que se quejó porque Estados Unidos no estaba realizando ventas de soja a China por los aranceles de represalia del 20% impuestos por China en respuesta a los aranceles impuestos por Trump. Lo cual beneficiaba a Brasil y Argentina, que se apoderaban del mercado. En ese contexto, declaró la ASA, “los agricultores leen titulares que no hablan de cerrar un acuerdo comercial con China, sino de que el Gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”.

El acuerdo con Estados Unidos metió al Gobierno de nuevo en carrera: ningún oficialismo puede ser competitivo electoralmente con el dólar desbocado. Milei puede regodearse de que su afinidad declarada y hasta sobreactuada con su par estadounidense ha dado resultados. Eso sí, de lo que no quedaron dudas es que lo que tranquilizó a los mercados no fue la palabra de Luis Caputo, sino la de su par norteamericano. Como así también que la infalibilidad de la que se regodeaba hasta ahora el líder libertario ha quedado en tela de juicio.

En este contexto, la pregunta que ninguno de los periodistas afines que acceden al presidente le hará es muy simple: ¿si el programa de su gobierno es -o era- tan sólido, porqué tuvo que venir Washington a salvarnos? ¿Acaso los “econochantas” tenían razón?

La realidad es que, como hemos dicho, la ayuda del Tío Sam está supeditada al triunfo de Milei en las elecciones. A menos que se tomen literalmente las palabras de Trump y el crédito se estire hasta la eventual reelección del presidente argentino, que fue de lo que habló el presidente de los Estados Unidos. En este caso, son elecciones legislativas, en las que no necesariamente quien tenga más votos sea el ganador. Habrá que ver en definitiva cuál es la sensación que acompaña el resultado de ese domingo.

Porque un resultado victorioso de La Libertad Avanza elevaría el número de diputados de esa bancada a 80, en el mejor de los casos. Con un espacio de aliados que apenas superaría la veintena. Ni hablar si le fuera mal, pues no llegaría a los 70 diputados. En uno y otro caso, el Gobierno deberá reeditar desde diciembre el espíritu de la Ley de Bases para alcanzar los apoyos necesarios que necesitará para implementar los cambios que, en gran medida, se perdió de adelantar durante sus primeros dos años.

La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe destinado a cuantificar el impacto financiero de implementar la pesquisa neonatal universal para la Atrofia Muscular Espinal (AME) en Argentina. El estudio presenta el cálculo neto para el sistema de salud en su conjunto y para el Estado Nacional.

Se trata de un proyecto de la senadora chubutense Edith Terenzi que recibió media sanción del Senado el pasado 18 de septiembre, por unanimidad, con 70 votos a favor.

Esta iniciativa modifica el artículo 1 de la ley 26.279 de Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido. Incorpora la atrofia muscular espinal en el listado de enfermedades que deben ser parte de la pesquisa neonatal realizada a todo recién nacido.

El principal hallazgo del estudio hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso es que la implementación de la ley requiere una inversión inicial significativa en el primer año que se recupera con el tiempo, generando un ahorro neto a largo plazo para el sistema de salud consolidado.

Durante el primer año, los mayores costos se explican por la inversión en la pesquisa para todos los recién nacidos y el tratamiento farmacológico temprano de los casos detectados. Sin embargo, este gasto inicial es superado por los ahorros futuros, ya que el tratamiento presintomático evita los altos costos recurrentes (cirugías, hospitalizaciones, soporte ventilatorio) asociados al diagnóstico tardío, que constituyen el principal gasto del modelo vigente.

Desde la perspectiva del Estado Nacional, la medida implicaría un impacto fiscal de $43.000 millones en el primer año, pero también se traduciría -repetimos- en ahorros netos en el largo plazo.

El análisis de la OPC se basa en una comparación de costos entre dos modelos y sólo para una cohorte anual de 50 pacientes: el Escenario A, que simula la implementación de la ley con pesquisa y tratamiento temprano, y el Escenario B, que representa el modelo actual de diagnóstico por síntomas (esquema vigente). El estudio se realiza mediante dos indicadores: El costo del primer año de atención de la cohorte y la valuación a hoy del tratamiento de toda la cohorte a lo largo de sus vidas. En este último caso, para asegurar una comparación financiera rigurosa sobre los distintos horizontes de vida de los pacientes, todos los costos se calcularon utilizando el Valor Presente Neto (VPN). Inicialmente se estima el impacto para el sistema de salud consolidado (público, obras sociales y privado), para luego analizar la porción correspondiente al Estado Nacional.

El principal hallazgo del estudio es que la implementación de la ley implica una inversión inicial para el sistema de salud en su conjunto (cercana a los $74.000 millones para una cohorte esperada anual de 50 pacientes), que luego con el correr de los años se iría recuperando, generando un ahorro neto consolidado para el sistema de salud consolidado en términos de Valor Presente Neto.

Esta conclusión se desprende de la siguiente dinámica:

• ● Impacto en el Primer Año: Durante el primer año de implementación, el costo del nuevo modelo triplica al del esquema vigente. Esta diferencia se explica por el costo de inversión inicial que representa la realización de la pesquisa a todos los nacidos vivos del país y el tratamiento farmacológico para todos los casos positivos.
• ● Impacto a Largo Plazo (VPN): La inversión inicial se reduce con el paso del tiempo y es superada por los ahorros generados en los años subsiguientes. En otras palabras, el tratamiento presintomático evita los costos recurrentes y de alta complejidad (cirugías, hospitalizaciones, soporte ventilatorio) que caracterizan al diagnóstico tardío y que constituyen el principal gasto del modelo actual. La magnitud del ahorro está relacionada con la tasa de descuento que se considere. Dado que no existe una única tasa de descuento a nivel de países se realiza en anexo una simulación con distintas tasas utilizadas en el mundo.

Al analizar la porción del costo que corresponde específicamente al Estado Nacional, y considerando su rol como garante del acceso a los tratamientos farmacológicos, el impacto fiscal neto en el primer año para el Estado Nacional, en caso de implementarse la medida, sería de $43.000 millones, aunque en el largo plazo generaría también ahorro (excepto en el caso del uso de una tasa de descuento real superior al 15%).

Una enfermedad genética poco frecuente

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad genética, poco frecuente, de carácter progresivo y potencialmente letal, que afecta las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo (caminar, respirar, tragar, hablar, etc.). La pérdida gradual de estas neuronas produce una debilidad muscular progresiva que, en sus formas más severas, compromete funciones vitales desde los primeros meses de vida.

La causa principal de la AME es la mutación o deleción del gen SMN1 (Survival Motor Neuron 1 - Proteína de Supervivencia de Motoneuronas), encargado de producir una proteína esencial para la supervivencia de las neuronas motoras. En ausencia de este gen funcional, el organismo depende del gen SMN2, una copia casi idéntica pero menos eficiente, que produce cantidades insuficientes de la proteína necesaria. La cantidad de copias del gen SMN2 presentes en el individuo influye directamente en la severidad del cuadro clínico: a mayor número de copias, mayor compensación funcional y menor gravedad de la enfermedad.

La detección temprana de la AME, antes de que aparezcan los primeros síntomas, es un factor crucial que determina el pronóstico y la calidad de vida del paciente.

En la apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, el presidente Javier Milei volvió a poner la mira en el Congreso y en la oposición. Tras destacar el ajuste fiscal y las reformas desregulatorias de su gestión, el mandatario advirtió que sin cambios legislativos de fondo “el turismo seguirá preso de subsidios eternos” y acusó a los bloques opositores de querer “volver al sendero de la imprevisibilidad macroeconómica”.

El jefe de Estado enumeró la necesidad de una reforma laboral para “sacarnos de encima la industria del juicio” y una reforma fiscal que baje impuestos y mejore la competitividad. “No vinimos a construir la casa por el techo, sino a asentar los cimientos”, insistió Milei, al tiempo que señaló que los políticos “viven de medidas efectistas” que conducen a nuevas crisis.

El discurso resonó en un contexto marcado por la inminente reanudación de la actividad legislativa, donde la oposición se prepara para avanzar con proyectos sensibles para el Gobierno. En la Cámara baja está previsto el debate de la reforma a la ley que regula los DNU, con amplio respaldo opositor, lo que representa un golpe directo a la estrategia libertaria. Además, persiste la tensión por el veto presidencial a la norma de redistribución de ATN y por los reclamos de mayor control parlamentario sobre la relación con el Tesoro de Estados Unidos.

Milei buscó mostrarse firme frente a estas embestidas, apelando a su electorado con un mensaje de resistencia: “El orden fiscal no se negocia”. “No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”, dijo, asegurando que “ese es nuestro programa de gobierno, porque entendemos que, si no hacemos esto, Argentina retrocede y será cada vez más difícil de recuperar”.

Y concluyó: “Por eso los invito a no aflojar; estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.

La conversación digital de cara a las legislativas de octubre muestra un clima de rechazo generalizado hacia la política, con un 85% de menciones negativas. Según un informe de Monitor Digital, Fuerza Patria y Libertad Avanza concentran la mayor hostilidad, mientras que Provincias Unidas logra instalarse con un tono más equilibrado y regional.

Un estudio de Monitor Digital, elaborado entre el 19 y el 25 de septiembre a partir de 216 mil menciones geolocalizadas en Argentina, analizó el clima electoral en redes sociales frente a las legislativas del 26 de octubre. El resultado confirma un dato inquietante: el enojo ciudadano no se dirige tanto a una fuerza en particular como al sistema político en su conjunto.

El informe indica que el nivel de negatividad alcanza el 85%, el más alto en todos los monitoreos realizados hasta ahora. Palabras como “Gobierno”, “País”, “Argentina”, “Presidente” y “Política” concentran la discusión, evidenciando un malestar transversal. Javier Milei aparece como el único dirigente con alta centralidad, confirmando su rol dominante en el debate público, aun en una elección legislativa. También se cuelan referencias externas como FMI, Wall Street, Estados Unidos y Donald Trump, lo que muestra la intersección entre crisis local y contexto internacional tras el reciente aval financiero de Washington a la Casa Rosada. 

Fuerza Patria: atrapada en la negatividad

La conversación sobre Fuerza Patria es la más adversa: 84% de menciones negativas. El debate está atravesado por acusaciones de corrupción, deuda y narcotráfico, con insultos recurrentes que agravan el clima digital. La marca partidaria no logra imponerse con identidad propia, sino que queda absorbida por la discusión más amplia sobre peronismo y kirchnerismo, siempre en contraste con Milei.

En la agenda temática, la política concentra el 40,9% de las menciones, seguida por economía-finanzas (17%) y gestión (16,2%). La corrupción, con 5,3%, funciona como un marco persistente. Territorialmente, el interés se concentra en la provincia de Buenos Aires (19,2%), seguida por CABA y Santa Cruz (9,2% cada una). En términos regionales, el Centro aporta un tercio de las menciones (33,1%), con la Patagonia como segundo bastión (21,4%) y una debilidad marcada en el NOA (10,3%). 

El 7 de octubre marcó un antes y un después para las expectativas peronistas.

Libertad Avanza: hostilidad con bandera propia

La alianza oficialista Libertad Avanza también se enfrenta a un entorno hostil (80% de menciones negativas). Sin embargo, a diferencia de Fuerza Patria, el espacio logra sostener un concepto aglutinador: “Libertad”. Ese significante funciona como eje identitario y se repite como consigna militante.

El protagonismo se concentra en Milei, evidenciando la extrema personalización del espacio. Entre las menciones aparecen referencias a Trump y viejos dirigentes kirchneristas, reforzando el carácter confrontativo. En la agenda, la política absorbe más de la mitad de las menciones (50,4%), seguida por economía-finanzas (14,4%) y gestión (13,4%). Al igual que en Fuerza Patria, la corrupción ocupa un 5,3%.

Su distribución territorial es más equilibrada que la del peronismo: Buenos Aires lidera con 17,8% de interés, seguida por Corrientes (8,2%), CABA (7,7%) y La Pampa (7,1%). Regionalmente, el Centro concentra 36,1%, el NEA 22,4% y la Patagonia 15,6%. Ese anclaje diversificado le otorga un mapa más heterogéneo y con fuerte presencia en el nordeste, aunque con menor penetración en el sur. 

Los libertarios buscan consolidarse electoralmente en todo el país.

Provincias Unidas: menor hostilidad y perfil regional

La flamante alianza de gobernadores opositores, Provincias Unidas, muestra un contraste fuerte: 54% de menciones negativas, bastante por debajo de sus rivales. El espacio logra instalar su nombre en el debate y rodearse de palabras asociadas a apoyo, respaldo, estabilidad e institucionalidad.

En su agenda, la política concentra el 41,6% de las menciones, la gestión el 24,2% y economía-finanzas el 14,6%. A diferencia de Fuerza Patria y Libertad Avanza, la gestión tiene un peso mucho mayor, lo que refuerza la idea de un discurso más orientado a administración y propuestas concretas.

El interés digital no se concentra en Buenos Aires —apenas 5,2%— sino en el eje centro-litoral: Santa Fe (20,8%), Entre Ríos (11,4%) y Córdoba (9,8%). Regionalmente, el Centro absorbe casi la mitad de las menciones (48,6%), seguido de Cuyo (14,3%), Patagonia (13,8%), NEA (12,2%) y NOA (11,2%).

Los gobernadores fundacionales del espacio que salió a terciar electoralmente hablando.

Un electorado digitalizado pero hostil

El informe advierte que, más allá de las diferencias entre las tres alianzas, el denominador común es la hostilidad hacia la política. El 85% de negatividad es un techo difícil de perforar para cualquier fuerza, y marca el telón de fondo con el que se llegará a las urnas. Las consignas militantes como #CristinaLibre, #FuerzaPatria o #QueElEsfuerzoValgaLaPena intentan abrirse paso en una conversación dominada por el rechazo.

En conclusión, mientras Fuerza Patria y Libertad Avanza quedan atrapadas en la negatividad, aunque con estrategias distintas, Provincias Unidas consigue un posicionamiento más equilibrado y regionalizado. De todos modos, el informe deja claro que el gran protagonista de las elecciones digitales de octubre no es un partido, sino el malestar generalizado hacia la política argentina.

El senador nacional Alfredo De Angeli (Pro – Entre Ríos) se expresó con dureza contra la reciente medida del Gobierno nacional que eliminó por apenas tres días las retenciones a las exportaciones de granos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exdirigente agropecuario denunció que la decisión terminó favoreciendo a siete grandes exportadoras que concentraron el 86% del negocio, en detrimento de miles de pequeños y medianos productores.

“Fue una transferencia brutal del esfuerzo de miles de chacareros hacia unos pocos amigos”, escribió el presidente del bloque Pro, quien también rechazó las acusaciones de ser “funcional al kirchnerismo” por criticar al oficialismo.

La medida, anunciada como una baja de retenciones por 30 días, quedó sin efecto en apenas 72 horas, luego de que se alcanzara el cupo de 7 mil millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El Gobierno buscaba acelerar la liquidación de divisas en medio de una creciente tensión cambiaria, pero el resultado fue una concentración del beneficio en manos de los grandes jugadores del comercio exterior.

Desde el sector agropecuario, la reacción fue inmediata. Entidades como CONINAGRO, CARBAP y CRA coincidieron en que la baja impositiva no derramó sobre los productores, sino que fue aprovechada por las cerealeras con mayor capacidad de embarque.

“El campo necesita reglas claras y estables, no parches cortoplacistas”, reclamó De Angeli, quien advirtió que sin políticas específicas, los pequeños productores quedan desprotegidos frente a los grandes concentrados.

El senador entrerriano también destacó el rol de los productores de menor escala, que “sostienen el interior productivo, dan vida a los pueblos y arriesgan su capital y trabajo todos los días”. En ese sentido, pidió que las decisiones económicas no se tomen con fines electorales ni como medidas transitorias, sino como parte de una política agropecuaria seria y sostenida.

La polémica por las “retenciones express” se suma a otras críticas que ha recibido el Gobierno en las últimas semanas, en especial por parte de gobernadores y legisladores que reclaman previsibilidad y equidad en el tratamiento del sector agroindustrial.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Administración Financiera para establecer la obligación de que el ministro de Economía comparezca personalmente ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, dentro de un plazo de entre 10 y 30 días hábiles desde la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques —entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Mónica Fein— apunta a fortalecer el diálogo institucional y agilizar el proceso de sanción de la llamada “ley de leyes”, que en los últimos años ha sido prorrogada por el Poder Ejecutivo sin pasar por el debate parlamentario.

“Cada vez que fracasa la sanción del presupuesto, el mensaje que damos al mundo es que la Argentina administra los recursos públicos de manera discrecional”, advierte Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

La propuesta busca recuperar el espíritu republicano de control y colaboración entre poderes, y dotar de previsibilidad al sistema económico argentino, en momentos en que el país intenta atraer inversiones de largo plazo. Según el legislador, la falta de un presupuesto aprobado desalienta a los capitales serios y favorece la especulación financiera.

El proyecto establece que el ministro —o el área que en el futuro lo reemplace— deberá detallar los lineamientos del presupuesto y responder en el acto a las preguntas y observaciones de los legisladores. El objetivo es facilitar la emisión de dictámenes y evitar que el Congreso quede al margen de decisiones clave sobre la asignación de recursos.

La iniciativa toma especial relevancia en el contexto actual, en el que el gobierno nacional ha prorrogado el presupuesto 2023 sin presentar uno nuevo, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y control legislativo.

Un grupo de diputados encabezados por Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de declaración en la Cámara baja para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la subasta del predio donde funciona desde 1913 el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno Palermo. Señalan que el procedimiento es inconstitucional, opaco y carente de fines públicos claros.

La resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó para el 6 de octubre la subasta de un inmueble de 42.044 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño y avenida Bullrich, hoy afectado al regimiento y dentro del conjunto urbano declarado Monumento Histórico Nacional. El valor base establecido fue de 81,7 millones de dólares.

El proyecto, acompañado por Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Sergio Palazzo, Juan Brügge y Mónica Fein, sostiene que la enajenación de bienes nacionales solo puede autorizarse por ley del Congreso, de acuerdo con el artículo 75 inciso 5 de la Constitución. Por lo tanto, acusan al Gobierno de avanzar de manera unilateral en una decisión que debería pasar por un debate parlamentario.

Los legisladores cuestionan además la falta de transparencia del proceso administrativo: remarcan que no se convocó a instancias participativas ni se difundieron estudios de impacto urbano, y advierten que el precio de base fijado “no se corresponde con el valor real de mercado”. En los fundamentos señalan que incluso el plano de mensura está pendiente de protocolización, lo que vuelve más irregular la operación.

Otro punto fuerte de la crítica apunta al carácter simbólico e histórico del predio. Allí se encuentra, entre otros edificios, el Pabellón del Centenario de 1910. “No se trata únicamente de evitar un perjuicio económico, sino de proteger la identidad y la memoria colectiva”, plantearon los autores, que calificaron la decisión como un intento de “liquidar la Patria”.

Pichetto y los firmantes remarcaron que el Estado “cuenta con múltiples herramientas para afrontar dificultades económicas”, sin necesidad de desprenderse de inmuebles de esta magnitud e importancia. Por eso pidieron a sus pares el acompañamiento del proyecto, con el objetivo de frenar la subasta y forzar la intervención del Congreso en una decisión que consideran de “altísima sensibilidad institucional y social”.

En una semana marcada por el anuncio de un acuerdo de asistencia financiera entre Argentina y Estados Unidos, que incluye un swap de monedas por 20 mil millones de dólares, la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca prohibir la permanencia de tropas extranjeras, la instalación de infraestructura militar y el uso de instalaciones estratégicas argentinas por parte de países que integren alianzas militares con el Reino Unido de Gran Bretaña.

La iniciativa, que se fundamenta en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, apunta a reforzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. El texto establece que no podrán operar en territorio argentino fuerzas extranjeras de países que no reconozcan formalmente la soberanía argentina sobre esos territorios.

“La defensa de nuestra soberanía no puede flexibilizarse en función de las necesidades económicas y financieras del Poder Ejecutivo Nacional”, advierte Propato en los fundamentos del proyecto.

La presentación se da en un contexto geopolítico sensible. Esta semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país negocia con el gobierno de Javier Milei una línea de swap por 20 mil millones de dólares, además de la compra de bonos argentinos y un crédito stand-by. El acuerdo fue interpretado como un fuerte respaldo político y económico de la administración de Donald Trump al Gobierno argentino, en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.

El paquete de asistencia incluye también la posibilidad de inversiones directas de empresas estadounidenses en sectores estratégicos del país, y se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para contrarrestar la influencia de China en la región.

En ese marco, el proyecto de Propato adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente legislativo. La diputada advierte que permitir la presencia militar de países aliados del Reino Unido —como Estados Unidos, miembro de la OTAN— podría poner en riesgo los intereses estratégicos de la Argentina, especialmente en relación con la disputa por la soberanía de las Malvinas.

“La cuestión Malvinas es política de Estado. Ningún gobierno tiene potestades para modificar los posicionamientos históricos del pueblo argentino en esta materia”, sostiene la legisladora.

El proyecto también recuerda que el artículo 75 inciso 28 de la Constitución establece que es el Congreso quien debe autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y que cualquier decisión en ese sentido debe estar alineada con los intereses soberanos de la Nación.

La iniciativa de Propato busca abrir un debate incómodo para el oficialismo, que busca mostrar al acuerdo con Estados Unidos como un logro de gestión. Pero también interpela a la oposición, que históricamente ha defendido la causa Malvinas como una política de Estado.

No sucede seguido, pero es una práctica utilizada por algunas comisiones, cuando amerita. La más reciente fue una actividad de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que viajó a Formosa para recibir allí los testimonios de víctimas y familiares de la aplicación del aislamiento en tiempos de pandemia. Esto es, que los diputados de las comisiones salgan eventualmente del ámbito natural del Congreso para “bajar al campo” y recoger testimonios que les permitan analizar la realidad in situ.

Lo permite el artículo 106 del Reglamento de la Cámara, que señala sobre el ámbito de reunión de las comisiones que “cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en cualquier otro lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos, con previa autorización de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Es lo que quiere hacer también, por ejemplo, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que dirige Mónica Frade, que había organizado para este jueves 25 de septiembre una actividad en el Santuario Virgen del Milagro de Caacupeé y San Blas, en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires. Allí pensaban escuchar el testimonio de personas recuperadas de la adicción a las drogas y el de sus familiares. Iba a ser a las 11 de la mañana, pero el evento se suspendió.

Como la actividad coincidió con los hechos que son de dominio público -las tres chicas brutalmente asesinadas supuestamente a manos del narcotráfico-, se interpretó que la suspensión tenía que ver con tales circunstancias, aunque tal vez hubiera cobrado más valor esa visita de los diputados en La Matanza, donde vivían las jóvenes víctimas. Cabe destacar que el santuario está ubicado a tan solo diez cuadras de la rotonda de La Tablada, donde fueron vistas por última vez con vida las tres jóvenes.

Consultadas fuentes de esa comisión por parlamentario.com, aclararon que la suspensión fue por falta de quórum: la mayoría de los miembros no confirmaron su asistencia -algunos tuvieron problemas y avisaron que no podían concurrir, pero otros directamente no respondieron a la convocatoria hecha por el secretario de la comisión-. Según pudo saberse, es la segunda vez que se suspende ese evento.

Evidentemente a la gran mayoría de los legisladores les preocupa el narcotráfico, pero terminan privilegiando las actividades coyunturales.

El diputado nacional Rodrigo De Loredo cuestionó duramente la maniobra de grandes exportadoras que, en apenas 48 horas, inscribieron ventas al exterior aprovechando la baja transitoria de retenciones a cero, sin contar con el grano en su poder. Según el legislador, esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla.

“La ley está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo De Loredo en una publicación en la red social X, en la que recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó que empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales no acreditaron la tenencia de los granos, lo que derivó en una comunicación a la AFIP para que se les aplique la alícuota mayor de retenciones.

El diputado radical advirtió que ese antecedente demuestra que la ley puede utilizarse para frenar la especulación de gigantes como Bunge, Cargill o Dreyfus, que se inscribieron para exportar con retenciones cero sin tener el grano, y se hicieron de todo el beneficio.

La medida del Gobierno, que eliminó las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, fue presentada como una herramienta para acelerar la liquidación de divisas. Sin embargo, desde la oposición advierten que terminó generando una renta extraordinaria para las cerealeras y un fuerte costo fiscal para el Estado, que habría perdido más de 1.500 millones de dólares en retenciones.

La diputada nacional Marcela Passo, junto a sus pares Silvana Ginocchio, Magalí Mastaler y Pablo Carro, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su repudio a la resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que —según advierte— pretende restituir los efectos negativos del decreto 340/25. En el mismo texto, los legisladores manifiestan su preocupación por el inminente cierre del canal de cable/satelital y la plataforma CineAr, ambos espacios dependientes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El proyecto también solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos del cierre, el destino del personal afectado, el costo presupuestario de funcionamiento de CineAr y una comparación de las partidas asignadas en los últimos cinco años.

En los fundamentos, Passo recuerda que CineAr —inaugurado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre INCAA TV— ha sido un difusor clave de la cinematografía nacional, con programación las 24 horas que incluye desde clásicos del cine argentino hasta producciones recientes.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, tanto el canal como la plataforma han sufrido recortes presupuestarios y reducción de personal. Actualmente, sólo diez operarios —cinco de planta y cinco contratados— mantienen en funcionamiento CineAr TV y CineAr Play, lo que representa una sobrecarga laboral significativa.

Según datos del propio INCAA, la operación de CineAr Play, CineAr TV y CineAr Estrenos demanda una erogación anual de 330 mil dólares, equivalentes a unos 495 millones de pesos, lo que representa apenas el 0,933% del presupuesto total del organismo.

Passo denuncia que el gerente general del INCAA, Carlos Vargas Eguinoa, presionó a los empleados para que opten entre un retiro voluntario o el pase a disponibilidad en un plazo de diez días, mientras que los contratados sólo tendrían continuidad hasta fin de año.

“La cultura argentina no puede privarse de un espacio de difusión de nuestra industria cinematográfica ni permitir que quienes no pueden pagar para ver cine se vean vedados de este consumo cultural”, concluye la diputada.

La diputada nacional Natalia de la Sota presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos de la subejecución presupuestaria en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, durante el ejercicio fiscal 2025.

El pedido se ampara en el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, y reclama además que se actualice y ejecute la totalidad de los recursos asignados a dicha Secretaría antes del 31 de diciembre de este año.

En los fundamentos del proyecto, la diputada cordobesa advierte que el Poder Ejecutivo ha evitado debatir y aprobar el Presupuesto General de la Administración Nacional por segundo año consecutivo, lo que ha derivado en una administración discrecional de las partidas mediante Decisiones Administrativas y Decretos.

Según la diputada, los recursos destinados a la función Ciencia y Técnica cayeron más de un 30% en términos reales durante 2024, y muestran una tendencia igualmente preocupante en lo que va de 2025. A septiembre, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros— cuenta con un crédito vigente de $88.500 millones, pero sólo ha ejecutado el 38% de ese monto.

De ese total, apenas $8.500 millones se han destinado a acciones de promoción del sistema científico-tecnológico, mientras que el resto se ha utilizado para el funcionamiento interno de la Secretaría.

“Ello configura, sin atenuantes de ninguna índole, una deplorable práctica, que debe ser explicada y corregida por el Poder Ejecutivo Nacional”, concluye De la Sota en su presentación.

En un contexto de inflación galopante que supera el 50% anual y con los bolsillos de los argentinos cada vez más apretados, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca poner fin a los incrementos imprevistos en los precios de los combustibles. La iniciativa, liderada por el neuquino Pablo Todero, obliga a las petroleras a notificar con al menos 72 horas de antelación cualquier variación en naftas, gasoil y GNC, promoviendo transparencia y protegiendo a consumidores y transportistas de los "golpes sorpresa" que se multiplican en la economía cotidiana.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y cuenta con las firmas de Ariel Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Nancy Sand, Martín Soria, Martín Aveiro, Jorge Araujo, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Cecilia Moreau y Jorge Romero. Según detalló Todero en su cuenta de X, la propuesta responde a una realidad alarmante: "4 aumentos en 20 días sin informar", que han exacerbado la incertidumbre en un mercado estratégico donde empresas como YPF, Shell y Axion lideran un esquema parcialmente desregulado.

Los fundamentos del proyecto señalan que los combustibles no son un lujo, sino una necesidad básica que impacta en el transporte público y privado, la logística, la producción de bienes y, en última instancia, en el costo de la canasta familiar. "En un país donde el transporte es crucial, los incrementos sorpresivos generan alzas en cadena en los precios de alimentos, servicios y productos industriales, exacerbando la inflación", advierten los legisladores.

Proyecciones económicas recientes sitúan la inflación anual por encima del 50%, un escenario agravado por la desregulación impulsada en la Ley Bases y ajustes frecuentes del 4% al 6% por litro, pese a que Argentina es un productor neto de petróleo.

Todero, diputado por Neuquén –provincia clave en la producción hidrocarburífera–, enfatizó en su posteo que "no pedimos congelamientos ni controles que distorsionen el mercado; lo que reclamamos es que los argentinos tengan información clara y accesible sobre cuánto y por qué están pagando".

La iniciativa busca equilibrar la flexibilidad de las petroleras –influida por el precio del crudo Brent, el dólar y los impuestos– con el derecho constitucional de los consumidores a una información precisa, amparado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.

El articulado establece que las empresas petroleras, refinerías y abastecedoras –tanto de producción nacional como importada– deberán comunicar a las estaciones de servicio y a la Autoridad de Aplicación (a designar por el Poder Ejecutivo) cualquier variación con 72 horas de antelación mínima. Para los consumidores, el plazo se reduce a 48 horas, pero con detalles exhaustivos: el porcentaje o monto del ajuste, la fecha y hora exacta de vigencia, y una justificación técnica y económica que fundamente el cambio.

La notificación se canalizará por múltiples vías para maximizar el alcance:

• ● Publicación en el sitio web oficial de la empresa.
• ● Carteleras visibles en las bocas de expendio de las estaciones de servicio.
• ● Al menos dos medios de comunicación de alcance nacional.
• ● El portal web de la Autoridad de Aplicación.

Se exceptúan los ajustes por cambios impositivos o regulaciones urgentes del Poder Ejecutivo, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la notificación será simultánea a la aplicación. En caso de incumplimiento, las sanciones serán duras, alineadas con la Ley 24.240: multas de entre 10 y 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, suspensión temporal de la comercialización o clausura por reincidencia.

"La obligación de publicar la justificación de los aumentos promovería una mayor rendición de cuentas, permitiendo al gobierno monitorear el mercado y evaluar impactos en la inflación", sostienen los autores. Esto podría derivar en medidas paliativas como subsidios focalizados o auditorías por prácticas anticompetitivas.

El proyecto se inspira en experiencias de países vecinos como México y Chile, donde mecanismos similares obligan a las energéticas a notificar ajustes con antelación a través de organismos reguladores o plataformas públicas. Estas prácticas han reducido la incertidumbre y empoderado a los consumidores en mercados concentrados, alineando a Argentina con estándares internacionales de transparencia.

Todero y sus colegas cuestionan la paridad con el dólar que rige los precios regionales, "pese a que Argentina produce su propio petróleo", y alertan sobre la desconfianza generada por la falta de previsibilidad. En junio pasado, el mismo bloque de diputados patagónicos ya había repudiado declaraciones de la cúpula de YPF por subas en el sur del país, un antecedente que refuerza la urgencia de esta norma.

"Esta medida desincentivaría aumentos injustificados y fortalecería la confianza en el mercado, especialmente con YPF como actor dominante", concluyen los fundamentos.

El hallazgo de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) —apenas niñas, cuyos cuerpos fueron descubiertos entre barro y escombros en Florencio Varela— no es solo la consumación de una violencia atroz. Es también un mensaje que atraviesa las entrañas del país: la brutalidad de quienes explotan sexualmente a jóvenes y la arrogancia de quienes las consumen como si fueran mercancías descartables. Ambos se saben amparados por el dinero, por la amistad de jueces y fiscales, por la complicidad de algunos policías, por el guiño de ciertos políticos.

La última vez que se las vio vivas fue subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada. Esa secuencia, detenida en la mirada fría de una cámara de seguridad, es ahora la llave de una causa que debería desentrañar no solo a los verdugos inmediatos, sino también a los compradores de carne joven, los que pagan por lo que nunca debería estar en venta: la dignidad humana.

El horror comienza en el consumo. No en el que recluta ni en el que amenaza, sino en el que paga. En ese que abre la billetera para comprar un cuerpo como quien compra un vino importado, convencido de que la impunidad es parte del precio.

Los consumidores intocables

Quienes consumen estos horrores no son fantasmas. Caminan por nuestras calles, se sientan en los bares de Palermo, tienen oficinas vidriadas en Puerto Madero, saludan en los palcos de los estadios y celebran con aplausos en las cenas de beneficencia. Son hombres con apellidos conocidos, con socios en los directorios, con abogados que llaman por su nombre a jueces y fiscales.

Cuando una víctima los señala, aunque ello ocurra en el Honorable Senado de la Nación, la maquinaria se enciende: los recursos interminables, los planteos de nulidad, las recusaciones caprichosas, la estrategia de dilatar hasta que la indignación social se marchite. Lo sabemos bien: las causas contra los clientes poderosos rara vez avanzan. Y cuando avanzan, se pierden en laberintos de papel sellado.

El circuito de la impunidad

La red que los protege es un viejo entramado de favores y silencios:

• La protección judicial, que se ejerce con expedientes que duermen, resoluciones que se postergan y amistades que dictan fallos invisibles.
• La presión política, que desvía investigaciones o decide a quién se acusa y a quién se protege.
• La complicidad policial, que limpia rastros, archiva denuncias y se hace el distraído en las madrugadas más sucias.
• El desgaste procesal, que convierte cada pericia en un trámite eterno, cada testigo en un recuerdo impreciso, cada prueba en un archivo corroído por la espera.

Ese circuito no es una invención literaria: está documentado en decenas de causas de trata y desaparición en América Latina. Es la urdimbre que surge cuando el delito y el poder se reconocen como viejos camaradas.

El caso bajo esa sombra

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, habla por ahora de una banda narco que habría montado una fiesta, de un pago de 300 dólares, de cuatro detenidos y de una pareja acusada de limpiar la escena del crimen. Pero aún no se ha nombrado, ni siquiera de soslayo, a los posibles clientes de poder. Ningún apellido ilustre, ningún hombre de negocios, ningún político bajo sospecha. Solo los eslabones más bajos de la cadena, esos que siempre terminan en la picadora de la Justicia.

El silencio pesa. Porque si el caso se agota en los niveles marginales, si los verdaderos compradores de impunidad quedan fuera de la mira, entonces lo que nos quedará será otra tragedia administrada: condenas a los peones, sobreseimiento de los patrones, censura mediática y olvido social.

Que no quede en el olvido

Este país tiene una deuda que ya no puede aplazar: llegar hasta quienes pagan, quienes ordenan, quienes sostienen con dólares la maquinaria que recluta, descarta y mata. Que sus nombres incómodos se escriban en los expedientes, que las amistades políticas no tornen ciega a la Justicia, que los policías cómplices sean degradados y sus apellidos publicados.

Si no, Brenda, Morena y Lara serán apenas otra nota en la cronología del espanto, otra línea en la estadística, otro caso en la memoria.

Porque los grupos criminales no actúan en la penumbra, sino a plena  luz en los aunque el Estado rehúse ver. Se infiltran en las plazas, en los clubes, en los lugares donde las adolescencias se encuentran y confían. Y la prevención no es un eslogan, sino un deber: detectar a tiempo explotación y captación, antes que otra camioneta blanca se detenga en otra esquina.

No dejemos que el olvido se inscriba en la lápida de estas niñas. Que Brenda, Morena y Lara no sean un caso más, sino el caso límite.

¿Será Justicia?

La sociedad argentina se caracteriza por el multiculturalismo que nos permite una convivencia pacífica en nuestro país, de distintas religiones e inmigrantes provenientes de distintos continentes. Sociedad donde “sus socios” suscribimos a diario, ese contrato social fundacional llamado Constitución Nacional que nos permite tener reglas y normas de convivencia y elegir nuestros representantes en el Congreso Nacional.

Entender que legislación tenemos actualmente y cuál es nuestro cuadro de situación, nos permitirá proyectar que país queremos en los próximos 5, 10 o 20 años. Un gran desafío se enfrenta el nuevo Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre de 2026, porque debe brindar las herramientas correctas que permita el desarrollo del país y actualizar leyes obsoletas.

El mundo conoce el potencial de la República Argentina, somos el octavo país en el mundo en extensión geográfica, con recursos de oro, plata, cobre, litio, uranio, tierras raras, recursos pesqueros y una extensión importante de hectáreas para siembra de cultivos, que nos posiciona con grandes perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Esa potencialidad a modo de ejemplo, se traduce en que cada empleo nuevo registrado en una empresa minera en un yacimiento, genera como mínimo tres o cuatro puestos indirectos que impactan en los servicios y proveedores mineros que requieren esos yacimientos. Esas pequeñas ciudades en altura necesitan, cientos de camiones diarios de combustible, alimentos, materiales de construcción, repuestos, maquinaria, cientos de viajes de combis para realizar los traslados del personal y cientos de camiones para bajar la producción, además de construcción de infraestructura de caminos, puentes y tendido eléctrico.

Esa potencialidad, además, es conocida por actores geopolíticos, como CHINA, EEUU, CANADA, AUSTRALIA, JAPON que tienen presencia en nuestro país, a través de empresas agropecuarias y mineras que tienen sus casas matrices radicadas en esos países y necesitan nuestros recursos.

El cobre está prácticamente todo vendido, pero sigue enterrado por falta de las políticas públicas necesarias que permita a las empresas mineras comenzar una producción que puede durar 50 años o más.

Chile exporta minerales por la suma de 60.000 millones de dólares por año y Argentina no llega a 6.000, con la misma Cordillera. ¿Es un problema del clima y la altura?. Claramente NO, responde a falta de seguridad jurídica, previsibilidad y cuestiones coyunturales con la economía que todos conocemos que asusta a cualquier inversor extranjero si no puede ingresar dinero o egresar utilidades.

Las últimas DPDN – Directivas de Políticas de la Defensa Nacional-, en breve se espera una actualización de las mismas, establecen un hilo conductor respecto a la mirada que debe tener la Defensa Nacional sobre los recursos naturales. No podemos analizar la Defensa Nacional sino entendemos antes que es la Seguridad Nacional.

Las leyes que integran la Seguridad Nacional son tres leyes fundamentales, la ley de Defensa Nacional 23554, la ley de Seguridad interior 24059 y la ley de Inteligencia 25520.

El Congreso Nacional en el año 1988 con la sanción de la ley 23554, estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional. Instituyendo que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

El texto normativo afirma que la finalidad es garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

En ese sentido sustenta que la defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda. Aclarando que existe una diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior y que esta última se regirá por una ley especial.

A su turno, el Congreso Nacional en el año 1991 con la sanción de la ley 24059 de Seguridad Interior estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. Definiendo como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.

Por último, La ley de Inteligencia Nº 25520 modificada por la Ley 27.126 establece que la Inteligencia Nacional es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación.

Debemos preguntarnos ¿si actualmente estas leyes protegen la integridad de la población, los territorios, recursos naturales estratégicos de nuestro país resguardando su seguridad de ataques militares o amenazas híbridas definidas como aquellas tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado?

Después del levantamiento carapintada de semana santa del año 1987, -todos recordamos la frase del presidente Ricardo Alfonsín expresando… “Felices Pascuas. La casa está en orden”-, fue sancionada en el año 1988, la ley de Defensa Nacional.

Los legisladores que conformaban el Congreso Nacional ese año y con justa razón, entendieron que las fuerzas armadas debían estar controladas por el poder político y así lo plasmaron en la norma que sancionaron y mantuvieron ajustadas durante varias décadas sus partidas presupuestarias, para que no puedan desarrollar sus capacidades militares o dejando al instrumento militar al borde del colapso, un buque averiado originó la trágica pérdida de compatriotas en la explosión del ARA San Juan.

Pensar en leyes que incluyan las amenazas híbridas, sin distinción de su origen, que impulsen mejoras en la interagencialidad hacia un concepto más integral de Seguridad Nacional, actualizando las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia bajo supervisión del poder político, (Poder Ejecutivo y Congreso Nacional), deviene procedente

Las fuerzas armadas y las fuerzas federales, pueden perfectamente colaborar en el terreno ante el avance del crimen organizado trasnacional, como lo hace Brasil, el poder ejecutivo en ese caso puede disponer de los recursos humanos, militares y policiales de forma integral.

Por último, considero de suma importancia, la ley Nº 25.367 sancionada el 22 de noviembre del año 2000, que estableció la creación del Departamento de Emergencias Coordinada que centraliza las denuncias, al momento de la sanción de la norma, el mecanismo de comunicación era exclusivamente por llamados telefónicos y hoy 25 años después sigue siendo igual. Llamados al 911.

Muchas veces por situaciones de peligro inminente resulta necesario enviar un mensaje de texto antes que un llamado, inclusive hoy les resulta imposible denunciar con la normativa actual a denunciantes con dificultades de comunicación oral, con hipoacusia, sordera o mudez, ampliar los distintos canales de comunicación es pensar en ellos también.

Realizar la denuncia del hecho guardando silencio, sin necesidad de vocalizar, es un hecho de importancia ante la presencia de extraños en las cercanías de la denunciante, como ser los casos de violencia doméstica, o aquellos que se encuentran en una situación de peligro que les impide hablar en voz alta explicando la situación.

En Uruguay, desde el 2016, un aplicativo llamado “Emergencias 911” permite realizar las comunicaciones con la central indicando cuatro ítems (Policía, Bomberos, Tránsito y Violencia Doméstica) y un botón anti pánico, permite acceder a la geolocalización del denunciante para una más rápida respuesta a la emergencia.

En México una aplicación similar permite alertar a las autoridades de diversas emergencias, enviar notificaciones de las mismas a familiares e incluso, notificar de sismos de magnitud a los ciudadanos por parte de las autoridades. En este caso el aplicativo permite notificar a las autoridades de la emergencia e ilustrar la misma con fotos, audios o videos.

En España un aplicativo My112 (su número de emergencias) permite acceder a la geolocalización del denunciante y enviar fotos. Las autoridades envían alertas a aquellos que tengan la app, ante situaciones peligrosas (como ser una fuerte nevada).

En Estados Unidos el sistema de alerta temprana se utiliza para hechos catastróficos de la naturaleza o la activación de la alerta Amber, ante la desaparición de un menor.

Compartimos empresas de telefonía como movistar y claro con Chile, donde ya funciona el sistema del Senapred del otro lado de la cordillera con éxito, estimo que la viabilidad técnica en nuestro país es procedente.

Nuestro país necesita crea un sistema nacional de anticipación y respuesta ante una emergencia generando una herramienta de gestión que permitirá al Estado no sólo recibir llamadas, o mensajes al 911 sino además comunicar la inminencia de un peligro en un área determinada, incendios, terremotos, tormentas, inundaciones, nevadas, o la desaparición de un menor enviando mensajes a los teléfonos celulares en un área geolocalizada determinada.

Las alertas tempranas son herramientas esenciales para mejorar la seguridad ciudadana, salvar vidas es la prioridad. Leyes obsoletas, necesita un Congreso Nacional que permita realizar en el próximo período parlamentario actualizaciones y mejoras legislativas.

No hagamos siempre lo mismo si queremos tener resultados diferentes.

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés nacional al CaféLSA, la primera cafetería del país donde la atención al público se realiza íntegramente en Lengua de Señas Argentina (LSA).

La distinción fue impulsada por la diputada nacional Gisela Marziotta, quien hizo entrega de una placa de reconocimiento a sus fundadores, Hugo Farfán y Mariano Flores.

El acto contó con la participación de trabajadores y trabajadoras sordos del emprendimiento, acompañados por sus familias, así como representantes de organizaciones sociales y políticas. Entre ellos estuvieron presentes la senadora nacional Nora Giménez; la presidenta de Kolina y candidata a diputada nacional por el Frente de Fuerza Patria, Mercedes Figueroa; el exdiputado nacional Lucas Godoy; y la secretaria de Discapacidad de Salta, Natacha Fabiana Ávila.

Ubicado en la ciudad de Salta, CaféLSA es un proyecto creado por personas sordas que propone una experiencia inclusiva, donde el aprendizaje de la LSA se da de forma natural a través del encuentro y la interacción. El espacio busca generar una transformación social positiva, promoviendo la diversidad y fortaleciendo una comunidad unida por la lengua y la cultura de las personas sordas.

La fecha elegida para el reconocimiento no fue casual: cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar y promover los derechos lingüísticos de las personas sordas en todo el mundo.

En países como Argentina el juego online ha crecido de forma significativa. Esto atrae a cada vez más usuarios, quienes buscan opciones seguras de casinos online. Aunque las plataformas de gambling han logrado ser de gran popularidad, la falta de regulación nacional supone un gran desafío para la industria. Actualmente, hasta los mejores casinos en línea pueden generar dudas e inseguridades entre los usuarios del país. Esta es la razón por la cual el Congreso de la Nación se prepara para un debate importante. Este busca unificar los criterios para una mejor experiencia en este tipo de sitios web de entretenimiento. 

Marco regulatorio en las provincias argentinas

Desde hace ya algunos años, el debate sobre la regulación del juego online se desarrolla en las provincias. Cada jurisdicción con autonomía, ha buscado maneras de abordar esta problemática. 

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es conocida por ser una de las primeras en tomar acción. El marco legal se establece con la finalidad de:

• ● Buscar proteger al jugador de cualquier práctica fraudulenta. 
• ● Establecer un sistema de impuestos para generar ingresos de gran importancia para el fisco provincial. 
• ● Mantener una alta rigurosidad en su sistema de licencias. 

Por otra parte, en la provincia de Córdoba también se han establecido regulaciones similares. Allí se implementó una ley que permite la operación de los casinos online. Esto siempre que se encuentren bajo un estricto control estatal. 

Aunque las legislaciones provinciales son efectivas en su ámbito, muestran una fragmentación que dificulta la operación nacional. Un operador que cumple con las normativas de Buenos Aires debe adaptar el sistema para operar en otras provincias. Sin duda, esto implica mayores costos y complejidades en el funcionamiento de sus servicios. 

Es un escenario con tensión entre la autonomía provincial y la necesidad de un marco federal que brinde seguridad jurídica y fiscal en la nación. Por otro lado, muchos piensan que la fragmentación puede obstaculizar la inversión extranjera en el sector. Esto porque en ocasiones los inversores buscan mercados con reglas más claras y uniformes. 

El Congreso en miras a una ley unificada

Actualmente, la situación del Congreso de la Nación se vuelve cada vez más urgente. Diferentes proyectos de ley han sido presentados. Todos estos con la finalidad de establecer una Ley Nacional del juego online. La idea es crear un ente regulador federal que supervise las operaciones del juego en todo el país. 

Esto es similar a lo que ocurre en otros mercados, como por ejemplo la industria de juego en el Reino Unido. Algunos de los beneficios de esta idea son:

• ● Unificar criterios.
• ● Simplificar los procesos de licencia.
• ● Asegurar una fiscalización más eficiente. 

Todo esto ayuda a la prevención del lavado de dinero y la evasión fiscal. Aunque la iniciativa es buena, los debates son intensos. Existen quienes sostienen que la regulación debe seguir siendo un asunto provincial. 

El argumento de esta idea es que cada jurisdicción conoce mejor las particularidades de sus habitantes, así como sus necesidades. Por otro lado, hay quienes afirman que una ley nacional es indispensable para combatir la ilegalidad. Además, esta ofrecería un entorno más transparente y justo para todos los usuarios. 

Muchos casinos online debaten también abiertamente sobre el tema. El equipo de expertos de portales como el CasinoHEX subraya que una ley federal podría beneficiar a los jugadores. Esto debido a que la uniformidad de los criterios no solo simplifica la elección de un casino, sino que haría más fácil la labor de las autoridades. 

Desafíos de las regulaciones de casino online en Argentina

El camino hacia una regulación nacional del juego online argentino se encuentra lleno de obstáculos. El mayor desafío es encontrar un equilibrio entre la libertad económica del operador y la protección del jugador ante estafas o fraudes. Las normativas provinciales ya incluyen algunas medidas como límites de depósito o la autoexclusión. Sin embargo, una ley nacional podría reforzar las políticas para aplicarlas de manera más uniforme. 

El debate en el Congreso de la Nación y la experiencia de provincias ya reguladas será clave para llegar a un consenso sobre el tema. Al final del día, lo que se busca de forma general es que los usuarios que interactúan con los casinos online se beneficien significativamente de la experiencia regulatoria.