La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró este martes las reuniones informativas sobre el Presupuesto 2023 con la exposición de Marcos Pedro Makón en representación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación quien aseguró que “aprobar el proyecto significa definir una forma de vida de la sociedad”.

En su exposición, Makón aclaró: “Vengo como parte del Poder Legislativo que tiene un rol fundamental que es apoyar y brindar elementos de juicio sólidos para mejorar el proceso de toma de decisiones”.

Por otro lado, expresó: “Me ha alegrado muchísimo lo que pasó con este presupuesto porque ha sucedido algo que no ha sido común en la Argentina de que, además de que participan en la exposición de la política el Poder Ejecutivo a través del equipo económico que, en este caso, tuvo integrado por todos sus componentes, han pasado 9 ministros”, y destacó: “Creo que esto ha servido para que el presupuesto que muchas veces solo se discute en términos financieros, también se hayan discutido políticas”.

“El presupuesto es un esquema organizador de instrumentación de políticas”, definió Makón al tiempo que remarcó la importancia y “el gran debate y discusión” sobre las políticas en base a las cuales se determina el presupuesto.

A continuación, precisó que la Oficina de Presupuesto del Congreso “en esta oportunidad tiene su objetivo no definir política porque no es nuestra responsabilidad, nuestro objetivo es clarificar la complejidad que tiene el sistema presupuestario porque significa instrumentar a través del ingreso y el gasto público, políticas de la más diversa naturaleza que requieren expresiones particulares”.

En primer lugar, Makón explicó la metodología que utilizaron para elaborar el informe: “Estamos tomando como dato la estimación de ejecución presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo Nacional que tiene una característica particular porque se da en el marco de un presupuesto prorrogado, por lo tanto, de acá a fin de año tenga que sufrir algún proceso de revisión porque algunos organismos ya llevan ejecutados más del 80% del gasto. Estamos siguiendo día a día la ejecución presupuestaria”.

En segundo lugar, describió los “valores nominales, pero también los reales para los que hemos deflactado el valor promedio, no la inflación punta a punta porque el gasto se va realizando a lo largo del ejercicio. La inflación punta a punta indica que el 60% estimado de la proyección es a final del año. Hemos tomado los datos de la Secretaría de Política Económica que es del 76,1%, ese es el promedio de una inflación que está prevista del 90% a bajarla a 60%”.

En tercer lugar, precisó: “Como nuestro análisis es posterior a la presentación del presupuesto, los datos macro en términos de lo que son las variables macroeconómicas hemos tomado los datos de INDEC hasta el 30 de junio”.

“Para el año 2022 se han entregado bonos por una suma de 500 mil millones de pesos. Es un tema muy necesario e importante para efectos comparativos que tiene que ser tomando variables similares. Es un tema previsto y ejecutado en el presupuesto 2022”, indicó.

Está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas“.

Sobre las proyecciones macroeconómicas del proyecto, el funcionario del Congreso explicó: “Son tomadas en cuenta las que presentó el Ejecutivo que para 2022 está previsto un crecimiento del PBI del 4%, crecimiento importante de las importaciones, del consumo privado y público, exportaciones e inversiones. Siendo exportaciones e inversión está previsto un crecimiento mayor”.

“Tomando en cuenta los datos de INDEC el primer semestre del 2022, hicimos una proyección de cuál debería ser el crecimiento de las variables macroeconómicas en el segundo semestre. Evidentemente son menores, pero todas con un nivel de crecimiento importante 1,6% del PIB sería para lograr la proyección del 4%, es decir está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas. Un crecimiento de importaciones del 9,6%, del 1,9% del consumo privado, la inversión un 5,6%, exportaciones del 2,3%”, detalló Makón.

Respecto a las proyecciones para el 2023 agregó: “Están en el 2% con el elemento central que caracterizan las proyecciones macro de corto y mediano plazo que es el crecimiento de las exportaciones que está previsto para el año que viene del 7,1%, el resto 2% salvo inversiones de 2,9%”.

En el caso de las proyecciones de tipo financiero -tipo de cambio, IPC-, indicó: “Presentamos acá la tasa a diciembre y promedio. Para el año 2023 a niveles de valores reales estamos trabajando una proyección promedio del 76,1% del IPC es la inflación de punta a punta que se da como consecuencia de que hay un inicio del 90% y se va reduciendo. En base a eso nosotros tomamos los datos nominales y reales”.

Sobre los datos del mediano plazo tomando desde el 2015 al 2025, Makón indicó que “se puede apreciar que, salvo el caso de las importaciones y del consumo privado, el resto de las variables macroeconómicas alcanzarían los mayores niveles de toda la serie en el 2025. Las importaciones serían levemente inferiores al nivel máximo y también el consumo privado inferiores al nivel máximo, pero las exportaciones, la inversión, el consumo público y el PBI llegarían a los máximos niveles”.

Por otro lado, el funcionario describió el balance del sector público el esquema de ahorro-inversión-financiamiento donde “además de las variaciones nominales de ingreso corriente de un 78%, los gastos corrientes un 70,1%, los gastos capitales un 85,1%”, pero desde el punto de vista real explicó: “Los ingresos corrientes estarían en un 1%, los gastos corrientes disminuirían un 3,4% y la inversión aumentaría un 5,1% y los intereses de la deuda pública crecerían un 1,1%”.

 “Tomando en cuenta la estructura del gasto público el grado de flexibilidad que tiene es del 10%, el resto son gastos rígidos que son muy difíciles de modificar, salvo con modificaciones políticas profundas, cambios de marco legal”, aclaró Makón y contó: “Hemos hecho una estructura de clasificación donde explicamos el gasto corriente con prestaciones sociales, subsidios económicos, gasto en personal, bienes y servicios, transferencias a provincias, a universidades, y otros gastos corrientes de interés que no corresponde a la estructura económica con la que se presenta el Ejecutivo, esto es una estructura de tipo estadística de hacia dónde está orientado el gasto”.

En esa línea, reiteró que “el objetivo es lograr la mayor comprensión y transparencia de lo que es el presupuesto que es muy complejo y difícil, pero que aprobar el presupuesto significa definir una forma de vida de la sociedad de lo que va a contribuir y lo que va a recibir en bienes y servicios”.

Desde el punto de vista económico, Makón señaló que “todas las variables mejoran. El gasto corriente al resultado corriente pasa del -3,7% al -2,8%; el resultado primario pasa del -3,6% al -2,5%; y el resultado financiero pasa de -5,2% a -4,3%”, y explicó: “Hay una disminución por el efecto combinado de que hay un crecimiento de los ingresos y una disminución del gasto total”.

El Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.

“El presupuesto está estructurado por instituciones que son los ministerios, los poderes y los organismos descentralizados. Comparamos el presupuesto 2022 con el 2023 tomando todos los poderes y los ministerios se puede observar que hay una diversificación del gasto, pero hay una gran concentración en un Ministerio que es el de trabajo que tiene más del 40% del total del gasto porque dentro de eso está ANSES”, precisó e informó que “el Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.

Sobre las prestaciones sociales, detalló: “En el caso de seguridad social hay 370 mil millones de pesos que fueron bonos entregados a jubilados y pensionados que en el año 2023 no está previsto. En asignaciones familiares se ejecutaron bonos por 160 mil millones de pesos durante el 2022 que en 2023 está previsto 4 mil millones. En el caso de otros programas sociales está previsto un refuerzo de ingresos que se ejecutó por 132 mil millones de pesos y no está previsto en el 2023”.

En otro tramo de su presentación, manifestó que los subsidios económicos tienen tres aspectos que son energía, transporte y otros subsidios a empresas. Respecto a los subsidios de energía eléctrica señaló que “tienen una baja del 16%, pero no los del gas porque habrá aumentos de los precios de importaciones”. En esa línea, indicó que los subsidios al transporte “por ley el fondo de subsidio cuando se creó fue como un Fondo Fiduciario no está en el presupuesto nacional. Además de recibir los 170 mil millones de transporte automotor, tiene también la transferencia de combustibles 228.646 millones de pesos”.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles, presidida por el oficialista Carlos Heller, tras la presentación que hizo la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona –en representación de la ministra Carla Vizzotti-m un tema que se repitió entre los interrogantes de los diputados giró en torno a la Ley de Salud Mental, respecto de lo cual desde la cartera señalaron que “desde su reglamentación en el 2013 fue muy poco lo que se hizo”.

La primera en hablar fue Tarragona, quien precisó: “Desde esta gestión se creó una subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, y eso ha jerarquizado la estrategia de trabajo con las provincias. La misma incluye muchas partes como la distribución de insumos, de medicamentos, la capacitación, la puesta en valor del trabajo en los centros de atención primaria, las transferencias en dinero para los centros de atención primaria y eso está integrado por varios programas del ministerio, no solo por la estrategia primaria de atención de la salud”.

“A veces se le pide al Ministerio de Salud dar respuestas respecto de las competencias indelegables de las jurisdicciones provinciales en atención de la salud. La atención de la salud no corresponde al Ministerio de la Salud de la Nación, y muchas de las cosas consultadas tiene que ver con esa estrategia de atención directamente a los pacientes”, aclaró y resaltó que “todo lo que discutimos y debatimos desde el nivel central, siempre se discute primero con ministros y ministras de salud de las provincias”.

Sobre los medicamentos para pubertad precoz, explicó: “Los medicamentos que distribuimos desde el Ministerio de Salud de la Nación lo hacemos toda vez que hay una ley que nos obliga a hacerlo. No puede distribuir medicamentos a personas, sino a provincias o a municipios. No tenemos atención a personas porque no es competencia del Ministerio de Salud. Entonces articulamos con las jurisdicciones provinciales para procurarles los insumos para que puedan dar respuesta a los pedidos que siempre llegan”.

“Tenemos infinidad de pedidos de acceso a medicamentos de alto precio que a veces no se pueden comprar porque no están disponibles en el país y, a veces, no tenemos programas que nos permitan comprar estos medicamentos porque no hay leyes que nos obliga a hacerlos. El Ministerio de Salud de la Nación solo compra medicamentos a personas cuando hay una ley o cuando un juez dice que lo tenemos que hacer, sino se trabaja con las jurisdicciones provinciales”, explayó Tarragona.

Sobre la adquisición de las vacunas por la viruela del mono, dejó en claro que “no es una pandemia, no es comparable con la situación de Covid-19. La vacuna que hoy está disponible no cuenta con la suficiente evidencia como para ser utilizada como mecanismo de prevención. Se ha llegado al acuerdo con expertos en vacunas y con la OMS de que no es necesario avanzar por el momento en la compra de ninguna vacuna”.

Por su parte, el secretario en Calidad de Salud, Alejandro Collia, fue el encargado de responder por la Ley de Salud Mental de la cual opinó que “cambia el paradigma de una atención biologicista del problema de salud mental por una atención comunitaria, social y una atención diferente. Estamos absolutamente consustanciados y estamos trabajando fuertemente en eso”.

“Esta ley no solo tiene una mirada de financiamiento sino otras cosas. Fue reglamentada en el 2013 y desde ese entonces hasta 2020 fue muy poco lo que se hizo, pero hay que entender cuestiones que están dentro del marco de la Ley y que están en el contexto general de haber sido degradadas como la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial)”, criticó y agregó: “En el CONISMA la participación de cada área del gobierno le da ese abordaje integral, comunitario, social y otras tantas cuestiones que ponen a la persona que padece un trastorno de salud mental de una manera diferente”.

“El CONISMA había sido degradado, no funcionó hasta que nosotros pudimos darle el rango que realmente necesitaba que era la de estar en la jefatura de ministros donde ahí participan todos”, destacó Collia.

Por otro lado, manifestó que “había un montón de cosas que la Ley tiene que no estaban funcionando. Hoy por hoy en cuanto a las acciones que estamos haciendo son muchas, las hicimos en el marco de la pandemia. No impedimos que un paciente con una problemática de este tipo, no pudiera acceder a la continuidad de su tratamiento, por eso avanzamos con la receta digital, la teleconsulta y agregamos 31 prestaciones en el Programa SUMAR”.

“El financiamiento tiene que estar dirigido a resolver parte de las cuestiones que plantea la Ley. La readecuación de los hospitales, terminar con los manicomios, resocializarlos y eso necesita de la inversión.  Estamos trabajando para que se puedan consumar las casas de medio camino en las distintas jurisdicciones, que tiene que tener una ubicación acorde”, precisó.

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.

En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.

En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.

“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó

y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.

Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.

“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.

En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.

“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié

Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.

“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.

En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.

“Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.

Los desafíos en el ámbito legislativo

En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: “La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.

“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,

Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.

Crecimiento Presupuestario 2019-2023

Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.

“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.

A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.

“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.

Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.

“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.

Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.

Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.

El balance de gestión: El Manejo Nacional del Fuego

Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.

“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.

Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.

“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.

Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.

Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.

“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.

Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.

“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.

Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.

“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.

Solicitado por el interbloque de JxC, se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo del oficialista Carlos Heller– el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, para explicar algunos aspectos del proyecto de Presupuesto 2023 respecto del que adelantó que “habrá “un proceso de desaceleración inflacionario”.

Previo a la exposición del funcionario, Heller aclaró que el Banco Central “no es parte del Poder Ejecutivo” y que “tampoco es un punto preciso del presupuesto, pero las cuestiones financieras tienen un punto de amplitud que lo ameritaban tener su presencia”. “Hemos hecho todo el esfuerzo y hemos contado con la colaboración teniendo en cuenta las dificultades de la gestión y los horarios, así y todo, logramos que el presidente del BCRA venga”.

Al tomar la palabra, Pesce remarcó que el directorio del Banco Central “ha fijado públicamente los lineamientos de la política monetaria, cambiaria y financiera. Lo hicimos al comienzo de la gestión en enero de 2020, luego en octubre revisamos esos puntos y ene Nereo de este año volvimos a revisarlos, pero no en el fondo de la cuestión”.

“Lo que planteamos es que el Banco Central tiene que tener un rol activo en la economía comenzando por el tema financiero”, resaltó el funcionario y recordó que en la gestión anterior en el BCRA “se había desarrollado una línea de inversión productiva orientado a las PyMes que en el 2016 se abandonó y la recuperamos en el 2020, lo que ha permitido desembolsos  de financiamientos a las PyMes por 2.8 billones de pesos y hoy cuenta con un saldo de 900 mil millones de pesos lo que representa más del 30% el financiamiento comercial a empresas”.

A su vez, indicó que plantearon “la necesidad de que la economía argentina contara con tasas de interés que remuneraran al ahorro, de tal manera, que se pudiera compensar la inflación y también que era necesario evitar atrasos en el tipo de cambio para mantener la competitividad del país”.

En ese sentido, reconoció que esos planteos “cambiaron con la presencia de la pandemia”, al criticar la gestión de Cambiemos porque “veníamos de un proceso inflacionario fuerte entre los años 2018 y 2019 acompañado de un proceso recesivo. La pandemia la recibimos en esas condiciones”, y agregó: “Con la necesidad de reestructurar la deuda privada externa del país y también con el FMI con el cual teníamos vencimientos en el 2022 y 2023 que eran absolutamente inabordables”.

“El modo de afrontar la pandemia en esas situaciones era solo uno: a través del financiamiento monetario por eso alcanzó un récord en el 2020, pero superada la situación de pandemia al superar la situación de pandemia volvimos a plantear la posibilidad de que el Estado se financiara a través del mercado de capitales y menos a través de la emisión monetaria”, explicó Pesce y precisó que el financiamiento monetario “se redujo” en el 2020 y adelantó que “se reducirá en el 2022 y está previsto reducirlo en el 2023 en niveles que son más bajos que se presentaron en el 2015 con excepción del 2018, la monetización del déficit va a ser menor”.

Por otro lado, destacó que el tema inflacionario y volvió a recordar que “recibimos la gestión con niveles de inflación altas del 53% en el 2019 y cerca del 50% en el 2018”. “Cuando uno ve las experiencias de reducción inflacionarias hay dos mecanismos clásicos: uno es generar procesos recesivos y otro es la apertura económica y otra, más complejo de abordar, es el crecimiento económico en un país que tiene 36% de pobreza, niveles de desocupación de 6,9%. El camino de contraer la demanda a través de procesos recesivos tiene consecuencias sobre el tejido social que en nuestro país es muy delicado y el camino de la apertura económica es imposible de recorrer para la argentina porque no cuenta con financiamiento externo”, explicó.

En esa línea, Pesce señaló que el camino que queda por recorrer “es el sendero del crecimiento y en el corto plazo ir revisando aquellos impulsores de la oferta y de la demanda y, también, buscar acuerdos de precios con aquellas empresas que son proveedores de bienes salarios de consumo masivo. Este es el camino para resolver el problema inflacionario en la Argentina, es difícil de llevar adelante, pero los otros dos caminos clásicos utilizados no podemos recorrerlos incluso cuando quisiéramos por las dificultades sociales que traería y que tenemos que tener presente”.

“El problema económico mas grande que tiene el país es la pobreza y la desigualdad y no podemos tomar políticas económicas que afecten aún más esa situación”, planteó el presidente del BCRA. Asimismo, avizoró que para el 2023 “no esperamos shocks externos en el tema inflacionario, lo que sufrimos en el primer trimestre del 2021 y 2022 no hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio que es otro elemento que potencia la inflación en el país. Va a haber un proceso de desaceleración inflacionario que esta reflejado en el presupuesto con esa estimación del 60% de inflación y una devaluación acorde con esos niveles de inflación”.

Por otro lado, sobre el crecimiento sostuvo que “hay que hablar de las limitaciones que presenta” al señalar que desde la década del 50’ el país “presenta restricciones desde su balanza de pagos y desde el sector energético”, y siguió: “Siempre que se iniciaron procesos de crecimiento, han chocado contra la barrera de provisión de energía o de la balanza de pagos, o combinación de ambas situaciones. Esto fue lo que dificultó el crecimiento del país a partir de principios de la década pasada cuando pasamos de exportar 85 mil millones de dólares a exportar 60 mil millones de dólares y a partir de allí se inició un proceso de crecimiento y caída del producto año contra año, salvo lo que ocurrió en el 2018-2019 y 2020 donde tuvimos tres años seguidos de caída del producto”.

“Argentina esta exportando ahora 70 mil millones de dólares el año pasado y este año seguro llegaron a los 90 mil y el próximo año lo superaremos”, estimó Pesce y subrayó que este año “se nos presentó una situación compleja porque no se había desarrollado la infraestructura para la provisión de energía a través de gas e hidrocarburo en Vaca Muerta y tuvimos que importar con la guerra de Ucrania mediante que disparó los preciso generando importaciones adicionales”.

En esa línea, avizoró: “El año que viene en la primera etapa de desarrollo de gasoductos y oleoductos va a estar terminada, seguramente vamos a tener una importación de energía, va a permitir que la economía pueda crecer y contribuir a la desaceleración de la inflación”, y remarcó: “El año que viene vamos a tener el índice más bajo de monetización fiscal desde el año 2015”.

En otro tramo de su ponencia, hizo referencia a la expansión de las herramientas de esterilización del BCRA que “han cambiado de significado a partir de nuestra gestión. Anteriormente se había permitido que fondos de inversión extranjeros comprar las lebacs letra del banco llegando a un pico de instrumentos de más de 11 puntos del producto en el primer trimestre del 2018”.

Tras la explicación del Presupuesto 2023 del ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de finanzas, Eduardo Setti, cerró la primera jornada de expositores este miércoles en la que profundizó algunos aspectos del proyecto ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Desde el Anexo “C”, Setti informó que el financiamiento por fuentes medidas hasta agosto de 2022 “en el mercado local resultó de 1,7 billones de pesos es decir un 2% del PBI, mientras que el BCRA aportó $620.051 millones, lo que equivale a un 0,8% del PBI, acreedores oficiales $4840 millones de financiamiento de capital, incluyendo FMI y Club de París, un 0,4% del PBI”.

“A partir del cambio de Gabinete se realizó un cambio de estrategia, donde se tomaron medidas distintas, se fueron tomando algunas alternativas para ordenar la curva en pesos que en aquel momento estaba un poco complicada y dejar de intervenir al Banco Central para sostenerla”, aseguró el funcionario.

Por otro lado, comentó que “para incentivar la participación privada, se busca mantener un sendero de tasas reales positivas dentro de un rango sostenible, para eso se tuvo que buscar instrumentos competitivos”.

“El Tesoro ofrece para el largo plazo instrumentos de cobertura CER y vinculados al dólar. A medida que la inflación ceda se podrán ofrecer más instrumentos a tasa fija con mayores plazos de vencimiento”, agregó y recalcó que “tenemos una obsesión con pensar a largo plazo”.

Otro de los puntos es la Conversión de Activos que, según el secretario, “descomprime los vencimientos y da previsibilidad a la economía y a la curva en pesos”, y “tiene la finalidad de aumentar los plazos de financiación, durante los meses de julio y agosto se realizaron operaciones de conversión que lograron reducir los vencimientos hasta octubre”.

“En cuando a las reconversiones de los vencimientos de deuda en pesos hubo una reducción de 1.099.833 millones. De acuerdo a las necesidades y fuentes de financiamiento de un 3,6% del PBI; Acreedores Externos Oficiales aporta 0,4%; FMI 0,4%; BCRA 0,8% y mercado 2,0%”, precisó.

Por otro lado, sobre las proyecciones 2023 acorde a lo firmado con el FMI se estima “un 2,5% PBI, donde acreedores Externos Oficiales aporta 0,2%, FMI -0,5%, BCRA 0,6% y mercado 2,3%”, y aclaró Setti que “el 0,6% del PBI es el que estamos buscando como BCRA”.

“Acreedores externos oficiales se proyecta la llegada de desembolsos por USD 3.989 millones y pagos por USD 2.745 millones (USD 2.019 millones de capital y USD 727 millones de intereses). El financiamiento neto esperado de los acreedores oficiales externos para 2023 ronda los USD 1.244 millones, que equivalen a 0,2% del PIB”, explayó en su presentación.

Respecto al FMI, Setti informó que “se proyectan desembolsos por USD 15.478 millones y pagos por USD 18.440 millones (USD 17.161 millones de capital y USD 1.280 millones de intereses), alcanzando un financiamiento neto equivalente a un -0,5% del PBI que van a ser menores a los pagos”.

Por último, sobre el mercado local manifestó: “Luego de la recuperación del financiamiento privado a través de las licitaciones de bonos y letras del Tesoro prevemos que este proceso continúe el año próximo. Esperamos obtener un financiamiento neto extra en torno al 2,3% del PIB, siendo ésta la principal fuente de financiamiento de la Administración Pública Nacional”.

Y agregó: “Vamos a seguir con nuestra política de trabajar fuerte en el sector público y reordenamiento de fondos. Vamos a seguir trabajando con bancos, con compañías de seguros y corporativos que nos queda mucho trabajo por hacer. Mucho ingenio para utilizar la creación de instrumentos para que el financiamiento sea factible y sea un buen año para poder transcender el año que viene, con una curva saludable de mediano y largo plazo, para que la próxima persona que se sienta en mi lugar, no tenga inconvenientes para llevar adelante su trabajo”.

A dos meses de haber renunciado a la presidencia de Diputados, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió este miércoles al Congreso para presentar de manera formal el Presupuesto 2023, que proyecta un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60% y destacó que “es la herramienta para el funcionamiento del Estado”.

El tigrense pisó el Salón de Pasos Perdidos a las 14.35 con una sonrisa y abrazando a cuanto diputado se le cruzara por delante para luego, dar inicio a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller, acompañado de los integrantes de la Comisión, como así también jefes de bloques y funcionarios.

En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.

Al comienzo del encuentro, fue la presidenta de la Cámara baja, la oficialista Cecilia Moreau, quien tomó la palabra al destacar que “estamos dando tratamiento al proyecto de ley más importante del Estado Nacional como es el Presupuesto”. Asimismo, agradeció a los distintos bloques por “haber acordado una metodología de trabajo que permita hacerlo en el marco de la búsqueda de consensos y acuerdos”

“Le quiero agradecer al ministro por la disposición que tiene ante los distintos planteos que surgen sobre modificaciones, explicaciones”, sumó a su discurso y aseguró que “discutir esta herramienta no es sencillo, pero desde esta Casa y desde el Ministerio de Economía hay coordinación política y de acción como para poder llevar adelante este debate en el marco de las normas democráticas”.

El Presupuesto 2023

En este tramo de su exposición, Massa señaló que “el proyecto de Presupuesto de alguna manera viene a cumplir los objetivos que se ha planteado este propio Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo en el 2018 con el FMI y llevar adelante un acuerdo de facilidades extendidas”

“La meta presupuestaria establece 2.5 de déficit”, informó y aclaró que respecto a la proyección del programa de 1,9% “tiene que ver con la forma de medir que, de alguna manera tiene el Estado respecto del presupuesto. Nosotros medimos el presupuesto sobre la base del programa y el Fondo mide los resultados del programa en base a la caja. Esa es la diferencia”.

A su vez, sostuvo que se busca como primer objetivo “abordar un primer proceso de 90 días” con 3 ejes y describió: “Uno es estabilizar la macroeconomía porque tenemos contradicciones, ya que la economía real nos muestra el crecimiento del empleo, un interesante nivel de consumo, nos muestran la capacidad instalada con números muy alentadores, pero desde el punto macro nos encontramos con dificultades que tenemos que resolver que no las desconocemos y asumimos la responsabilidad como Gobierno de resolverla”.

El segundo objetivo, explicó que está relacionado con la “estabilización macroeconómica que es buscar la recomposición de ingresos. Ha sido muy importante y tenemos que trabajar, y buscar mecanismos y acordar políticas que, de alguna manera, nos permitan empezar a recorrer un proceso de recomposición medio de la Argentina porque enfrentamos dificultades, básicamente, porque las pandemias y las guerras el primer fenómeno que genera es el de acumulación de renta”.

“También un proceso de fortalecimiento del mercado interno y también con un objetivo de cara al 2023”, indició y expresó: “Siento que estoy dando mis últimas pisadas en la vida política. Entiendo que es importante que tengamos la capacidad de poder proyectar un trabajo que nos permita en el 2023 cerrar un proceso en el que las metas que vayamos consiguiendo sean acorde a los resultados del presupuesto y acordes a los resultados que, como dirigentes, nos tenemos que poner para mejorar la vida de la gente”.

En resumen, precisó que los cuatro pilares son el orden fiscal, el segundo vinculado al crecimiento del superávit fiscal, el fortalecimiento de las reservas que “nos da fortaleza en nuestra moneda y que recorramos un camino que no va a ser ni de un año ni de dos, sino que tiene que estar planteado de largo plazo, de generar un desarrollo con inclusión social para la Argentina”.

“Este presupuesto cumple con los objetivos que nos hemos planteado en el Congreso al aprobar el programa de acuerdo con el Fondo tiene en los próximos días el vencimiento de reservas que estamos convencidos que vamos a cumplir”, bregó Massa.

Además, detalló que el Presupuesto tiene el objetivo de un déficit fiscal primario de 2,5% y un déficit caja de 1.9%. Trae además un fortalecimiento de la política tributaria y crecimiento del gasto primario. “El Presupuesto es prudente y realista. Está planteado con una enorme responsabilidad respecto al rol que tiene el Parlamento a la hora de aprobar el Presupuesto”, describió.

Por otro lado, señaló que “venimos de un 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos después de una caída enorme producto de la pandemia. Tuvimos un 2022 de 4 puntos de crecimiento proyectado. Va a estar alrededor de 4.2 de crecimiento dependiendo del funcionamiento de algunas actividades”.

“El Presupuesto es prudente y realista. Está planteado con una enorme responsabilidad respecto al rol que tiene el Parlamento a la hora de aprobar el Presupuesto”.

Por otro lado, señaló que “venimos de un 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos después de una caída enorme producto de la pandemia. Tuvimos un 2022 de 4 puntos de crecimiento proyectado. Va a estar alrededor de 4.2 de crecimiento dependiendo del funcionamiento de algunas actividades”.

“Para el año que viene tenemos un crecimiento de 2 puntos porque entendemos, además de la situación internacional, la situación local en el marco de la política fiscal, monetaria y de acumulación de reservas tiene que tener un objetivo conseguible para que cuando el Congreso lo vota, siente que está votando una meta que es posible de ser llevada adelante”, explayó.

Respecto a la inflación proyectada para el 2023 Massa adelantó que es del 60% y el tipo de cambio va a tener un promedio de 218,90. Sobre el sector externo, reconoció que “apuntamos al crecimiento de un 7,1%”.

“Los grandes jugadores en exportaciones van a ser el sector de la economía del conocimiento, la minería, el sector agro, porque de alguna manera van a funcionar como motores de la realidad global”, precisó el funcionario. Además, contó que “el consumo privado va a seguir creciendo a una tasa similar al producto 2.2% y la inversión va a continuar recuperándose vemos proyectado un crecimiento del 2.9% con el turismo receptivo, la construcción y las telecomunicaciones”.

Sobre la presión tributaria que tiene el Presupuesto, Massa señaló que establece una “reducción del 0,18% para el año que viene. El 2022 va a dar 23,5% del porcentaje de producto tributario, mientras que el 2023 proyectados dará 23,77% salvo que se modifique alguna cuestión sobre tributos en el debate Parlamentario. La presión cae un 0,18% el año que viene”.

“Los recursos tributarios en 2022 representan 19.5 billones de pesos y en 2023 van a representar 34,4 billones de pesos, un crecimiento del 78,8%”, precisó en otro tramo de su ponencia.

Sobre seguridad social el ministro indicó que “por el crecimiento del empleo la variación termina siendo 84.6%. Crecimiento de empleo y de salario por impacto de paritaria. El 2022 va a cerrar con 4 billones de pesos y el 2023 7.4% de lo proyectado”.

Inversión por áreas: las 5 más importantes

En este punto, Massa se refirió al programa de infraestructura donde “la inversión total asciende a 1.98 billones de pesos, obra pública y vivienda como dos sectores importantes. Es clave mantener la inversión pública para sostener los más de 50 mil empleos que lleva generado la construcción o que tiene el régimen de construcción que viene teniendo una tasa sostenida de crecimiento que se va a ver complementada por la inversión privada”.

En materia educativa, informó que “la inversión va a rondar en 1.75 billones de pesos”, mientras que para salud 1.8 billones de pesos. Asimismo, sobre la asignación en ciencia y tecnología va a llegar a “una meta que se propuso este Congreso que es el 0.34 del producto”, y los programas de protección social como las jubilaciones van a estar en “14.74 billones de pesos”.

“Son números que son importantes transmitirles porque de alguna manera muestran dónde está puesto el Presupuesto para el 2023”, recalcó el ministro de Economía.

A su vez, en materia de financiamiento transmitió la decisión de “seguir un camino de reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Con el objetivo de mostrar un sendero de cumplimiento de la meta de asistencia monetaria”.

“Tenemos para el 2023 en términos de desembolsos un programa de asistencia de organismos multilaterales que es muy fuerte porque de alguna manera, esos programas vinculados a la economía real y al apoyo presupuestario suponen un ingreso muy fuerte”, recalcó y adelantó que intentarán extender los plazos de financiamiento público.

También comentó que van a buscar “una desaceleración de la inflación”, a intentar incrementar la participación de tasas fijas con mayores tiempos de vencimiento, a incorporar nuevos actores del sector privado y a “una reducción continua de las necesidades de financiamiento, para eso es clave una dinámica de endeudamiento sostenible”.

“Es clave que, en algún momento, el Parlamento defina cuál es el mecanismo de cómputo del monto de inversión y gasto de financiamiento externo. Debería estar en el Presupuesto 2024 es un tema que debe definir con seriedad por el Congreso”, opinó Massa.

Por otro lado, destacó que “se están llevando a cabo programas que son claves para la inversión en los cinco sectores en materia de ejes estratégicos: obras de vialidad, inversión de infraestructura de salud, programas de vivienda, de asistencia social, obras de energía, de ciberseguridad, inversión agrícola e infraestructura para el transporte”, y agregó: “Los desembolsos brutos superan os 3.800 millones de dólares, pero son parte de un programa global”.

“Estamos en negociaciones con el Club de París para normalizar la situación. Argentina en términos de negociación esta en una situación de stand by, buscamos extender plazos y aliviar los pagos”, contó Massa.

Al fallido Presupuesto 2022 lo llevo como una cruz porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazan un presupuesto”.

En otra línea de su discurso, el funcionario informó que “aumentamos los programas de emergencia porque era un tema central y hay 14.500 millones de pesos y 3 mil adicionales sobre desastres agropecuarios una de las discusiones alrededor del fallido Presupuesto 2022”, y contó que “lo llevo como una cruz porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazan un presupuesto. Espero que como ministro tenga más éxito que como presidente de la Cámara”.

Y siguió: “El apoyo del Fondo Fiduciario con más de mil millones, el Plan de Desarrollo Sustentable para la industria algodonera con más de 500 millones, y regímenes de promoción de actividad ovina. Programas forestales y la renovación que vamos haciendo sobre la Ley de Bosques”.

Gasoducto Néstor Kirchner

Massa indicó que “estamos en un programa que tiene una fuerte reducción del gasto de la energía par el 2023 que tiene dos caras. Una vinculada a lo que va a representar la finalización del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner”, y sumó: “La finalización del Gasoducto nos va a permitir ahorrar importaciones energéticas por más de 2.300 millones de dólares porque entran al sistema energético argentino de la mano del Plan Gas 5 11 millones de metro cúbicos por día que en vez de ser importados a valor GNL, la diferencia es abismal”.

“La Argentina va a producir en el 2023 a 3,70 el millón de BTU e importarlo en el mejor de los escenarios cuesta 14 dólares”, resaltó y sumó: “Ese ahorro es muy importante”.

Y agregó que el segundo tramo del Gasoducto es para “dejar de abastecer a Salta o a Córdoba desde Bolivia y empezar a abastecerlo desde Vaca Muerta”.

Cambios en las licencias para importar

En tanto, Massa adelantó que el viernes habrá novedades respecto del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y las licencias automáticas y no automáticas.

“Estamos frente al absurdo de que las máquinas tragamonedas, las motos de agua, las hidrolavadoras o las máquinas para minar criptomonedas tienen licencia automática, mientras que las piezas de ensamble para las pymes tienen licencias no automáticas”, explicó el ministro, y sostuvo que “claramente esos errores que tenemos se deben corregir”.

En esa línea, adelantó que el viernes anunciará “medidas para el régimen de licencias automáticas y no automáticas”.

Además, anunció que incorporarán al SIMI un “régimen de accesibilidad y de trazabilidad” que permita que “en el momento en que una pyme accede a la aprobación de una SIMI sepa la fecha de pago que el Banco Central va a hacer de esa autorización de importación”.

Las reflexiones de Massa

Antes de abocarse al tratamiento del tema, Massa reconoció que es “una sensación extraña porque hace solo 56 días hacía el trabajo de Cecilia y venir en esta condición de alguna manera me resulta extraño porque tengo los mejores recuerdos del trabajo compartido en dos años y medio con la gran mayoría de ustedes”, y les agradeció a los legisladores de “poder trabajar juntos en la construcción de un presupuesto, en la búsqueda de acuerdos”.

“Estoy convencido que el Congreso es el lugar de debate y de búsqueda de acuerdos políticos y creo que, si podemos hacer una contribución a la calidad democrática, convivencia democrática y trabajo de cara a la sociedad argentina, es buscar mecanismos de acuerdos más allá de las diferencias y de las distintas visiones de país reflejadas en el Congreso”, consideró.

En otra línea, les brindó un aprendizaje a sus excolegas de lo que “representa la herramienta del presupuesto para el funcionamiento del Estado”. En ese sentido, informó que “en el mes de julio el desborde fiscal fue de 12,4% en el primario”, y señaló que “cuando no hay una hoja de ruta, lo que termina pasando quien tiene mayor capacidad de gestión, de presión o de influencia a la hora de definir el gasto es quien consigue, sin que haya una hoja de ruta de parámetros y metas claras, imponer dentro del ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo su idea o su objetivo”.

“Lo que termina pasando cuando no hay una hoja de ruta predefinida por el Congreso es que indudablemente se producen situaciones de tensión dentro del Ejecutivo y dentro del funcionamiento social que terminan influyendo en el funcionamiento del Estado y en el ordenamiento del gasto público”, cuestionó Massa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”.

En ese marco, insistió: “Es importante que el 2023 transcurra con un mecanismo de funcionamiento ordenado del Estado y con metas que fije el Congreso. Que nos den al Estado y a su conjunto previsibilidad”.

Cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”.

Respecto del funcionamiento del Ejecutivo, indicó que “en esos malos mecanismos de funcionamiento es donde aparecen además las distorsiones que terminan lastimando las cuentas públicas, las reservas, lastimando el funcionamiento del Estado y la previsibilidad que la sociedad pretende de cada uno como funcionarios”.

Por otro lado, explicó que el presidente de la Nación tomó la decisión de unificar los ministerios teniendo en cuenta el contexto y para “mejorar el funcionamiento del Ejecutivo” porque las áreas “se dedican a mirar solo sus metas y no el conjunto”, y remarcó que “es clave en el funcionamiento del Estado la unificación de las áreas para tener una visión integral”.

El contexto y la influencia en la economía

En este aspecto, Massa planteó que las pandemias y las guerras “producen fuertes cambios en las economías, geopolíticos y además concentran las economías y generan distorsiones fuertes en la distribución de ingresos”.

“Al impacto de la pandemia sobrevino una guerra, que nos resulta lejana, ajena, pero que de alguna manera está influyendo enormemente en la economía global”, sumó y explicó cuáles fueron las consecuencias en el país sobre las metas fiscales, la acumulación de reservas.

“Cuando uno mira los precios internacionales uno ve para nuestro país una condición de mejora que es consecuencia del resultado de esa guerra. Cuando uno mira el contexto global y el impacto en la energía y el funcionamiento del sistema energético argentino vinculado a la economía en lo macro y micro, ve un impacto que nos terminó generando dolores de cabeza”, observó el funcionario.

Y contó que “la guerra a la Argentina le lleva costado 4. 900 millones de dólares que además tiene su correlato en términos ficales, en pesos básicamente por el aumento del precio de la energía porque Argentina tiene la necesidad, para sostener los niveles de actividad, de producción, el funcionamiento energético en los hogares, en el periodo invernal de importar energía”.

“Argentina pudo en el mes de agosto tomar la decisión de redireccionar barcos, de reemplazar energía de GNL por hidroeléctrica de Brasil y eso nos permitió un ingreso y un ahorro por redespacho de barcos que dejó de comprar el país y que fueron vendidos a un precio mayor a los países europeos, pero nos dejó un daño enorme en términos de resultados fiscales y de reservas”, lamentó el ministro de Economía.

“Vamos a tener la mayor recesión que se conozca desde la segunda Guerra mundial en Europa. Nos generó una situación de la geopolítica de la retracción que suspendió para la Argentina la posibilidad de acceder algunos beneficios que fortalecían las metas de acumulación de reservas, se suspendió el otorgamiento de un préstamo de giro por 200 millones de dólares que estaba acordado con Rusia”, explayó y planteó que “la geopolítica terminó impactando en términos de funcionamiento multilateral, a la Argentina la guerra le lleva costado 20 mil millones de dólares”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió este lunes en el Salón de Honor al embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero, con quien analizaron la coyuntura local y regional, y coincidieron en la importancia de promover modelos de desarrollo económico y social con inclusión.

En cuanto a la relación bilateral, resaltaron los avances en la implementación de instrumentos de cooperación en materia alimentaria y las capacidades que tiene la Argentina para contribuir con sus recursos y tecnología al desarrollo de la industria agrícola cubana. En ese sentido, Moreau destacó que el país está preparado para tener un rol clave en materia de seguridad alimentaria global, problemática que se vio potenciada por las consecuencias de la guerra en Europa.

Asimismo, repasaron la nutrida agenda de cooperación bilateral en las áreas parlamentarias, educativa, científica y sanitaria, entre otras. Aprovecharon también para celebrar la reanudación de los vuelos para la ruta Buenos Aires-La Habana, al tiempo que coincidieron en que la diplomacia parlamentaria es un mecanismo indispensable para fortalecer los vínculos fraternales que unen a ambos pueblos.

Al respecto, destacaron la reciente visita a la HCDN de la diputada y viceministra de Educación Superior de Cuba, Alicia Alonso, para trabajar en políticas conjuntas de desarrollo educativo y en herramientas para alentar el vínculo entre el conocimiento y la producción.

Por otra parte, conversaron sobre la reciente aprobación en Cuba del Código de Familias, el cual promueve la ampliación de derechos en campos como el matrimonio igualitario, la adopción y la niñez.

En este marco, tanto la presidenta como el embajador, se comprometieron a continuar profundizando la cooperación parlamentaria en temas de mutuo interés como el reconocimiento de las tareas de cuidado, la defensa de las diversidades, la lucha contra la violencia de género y la ampliación de derechos de las mujeres, entre otros.

Finalmente, repasaron el flujo comercial entre ambas naciones, junto a distintos mecanismos para ampliar el volumen de los intercambios. El promedio de exportaciones argentinas a Cuba del quinquenio 2017-2021 fue de USD 266 millones y el total acumulado de los últimos 5 años de superávit asciende a USD 1.306 millones.

Acompañaron a la presidenta Cecilia Moreau los diputados Carlos Heller, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Paula Penacca, Itaí Hagman, Leopoldo Moreau y Blanca Osuna, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Ariel Sotelo.

El Embajador Prada Quintero se ha desempeñado como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano desde 1994, ocupando distintos cargos desde entonces. Fue designado como responsable de Embajada de Cuba en nuestro país en diciembre de 2019.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia Y tecnología de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller y del radical Facundo Manes respectivamente, se reunirán este martes a las 15 en el Anexo “C” para continuar con el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva.

Las modificaciones a la Ley 23.877 apuntan a “mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”.

Las mismas, según establece la iniciativa, redundará “especialmente en beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas, piezas fundamentales en la economía nacional, siendo estas las mayores creadoras de empleo privado en la República Argentina”.

A través de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional fija anualmente un cupo de créditos fiscales para ser utilizados sólo por las empresas beneficiarias para imputar al pago de impuestos nacionales, en un monto no superior al 50% del total del proyecto y deben usarse en partes iguales en un plazo de tres años, con excepciones donde puede otorgarse hasta el 80% según pautas como tamaño, sector, región y primera solicitud.

Según plantean, el límite establecido por la Ley vigente es de 10% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el pago de impuestos nacionales, lo que es considerado como “sumamente bajo y notablemente menor a los porcentajes otorgados por el resto de los países de Latinoamérica para el fomento de las actividades en cuestión”.

El debate de esta iniciativa se inició a fines de agosto en una reunión informativa que contó con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Fernando Peirano, quien presentó los lineamientos principales del proyecto del Poder Ejecutivo.

En ese marco, Peirano manifestó la importancia de “avanzar en un país con más ciencia y tecnología, tendiente a lograr un protagonismo público y, también, una presencia y acción privada”.

Además, el funcionario explicó que “las modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva se vienen elaborando desde hace 18 meses y contarán con aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador. No vamos a malgastar ni un solo peso del país para administrarlo de manera correcta”.

Mientras el proyecto de alcohol cero se sigue retrasando en Diputados, ya que aún resta que la Comisión de Transportes se reúna para emitir dictamen -algo que estaba previsto que suceda esta semana-, desde el sector vitivinícola volvieron a expresar su rechazo al mismo porque “atenta contra la industria vitivinícola, contra el sector gastronómico y el enoturismo de dicha actividad productiva”, por el contrario, consideraron que el camino es el “diálogo y el consenso”,

A más de un mes de la última reunión de la Comisión de Transportes, a cargo del radical Jorge Rizzotti, a la que asistieron especialistas y referentes del sector vitivinícola, ratificaron su postura en contra de la iniciativa tal como lo expresaron en el encuentro con los diputados.

A través de un comunicado, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) -que estuvo presente en el tratamiento del problema- se manifestó “en favor del diálogo y la búsqueda de consensos”, y confió en lograr “una reforma superadora” de la actual Ley de Tránsito a nivel nacional que haga foco en “la prevención y la educación”.

Para el sector, el proyecto de ley de alcoholemia cero al volante “atenta contra la industria, el turismo, la gastronomía y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas”, y remarcaron que “la Argentina sería el primer gran país productor de vino en aplicarla”.

Ante la posible aprobación de la ley que “sólo baja de 0,5 a 0 el límite de alcohol en sangre permitido para conducir” en todo el país, la entidad consideró que tendría un “fuerte impacto sobre los hábitos culturales de los argentinos, su salud”.

Además, recordaron que en 2013 la Argentina fue “el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional”, en reconocimiento al valor cultural del mismo y su rol en la identidad nacional.

“Sería absurdo que un país grande, vitivinícola por producción y consumo como Argentina, avance con una ley de estas características”, afirmó el presidente de Coviar, José Alberto Zuccardi.

El Ejecutivo pidió “habilitar nuevos enfoques fuera del reclamo estrictamente sectorial, que vayan más allá del límite de tolerancia cero que en sí mismo no soluciona el problema y aborden integralmente dicha problemática haciendo foco en la prevención y en la educación”.

En este sentido, además de considerar la inviabilidad técnica y legal de la tolerancia cero, desde los sectores vitivinícola, turístico y gastronómico aseguran que “una ley de alcoholemia cero al volante no sería la solución frente al problema creciente de los accidentes de tránsito en la Argentina”.

En ese sentido, plantean la necesidad de una “política pública integral y por consenso acompañada de acciones como controles policiales viales eficientes y constantes; formación de los conductores; campañas de prevención y concientización; generación de leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito”.

Carlos Fiochetta, gerente General Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), había manifestado en la última reunión informativa: “Queremos ser parte de la solución y de discutir este problema y poniendo la cara. Somos una actividad que decidimos estar presente y proponer soluciones”, concluyó: “Creemos y estamos convencidos de que este problema se aborda con soluciones concretas, consensos, con discusión y no con soluciones facilitas como las que se proponen”.

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo 23,8% de los siniestros viales en los países de la región son provocados por presencia de alcohol en conductores; y, en los lugares en donde rige la Tolerancia Cero, estas cifras no han disminuido.

En tanto, resaltaron que “de los cinco países del mundo con mejores índices de seguridad vial en función de la menor siniestralidad, en ninguno de ellos hay Tolerancia Cero”. En Dinamarca, Suiza y Países Bajos su límite de alcohol es de 0,5 gramos por litro de sangre; Reino Unido, 0,8 g; y Suecia -el país más avanzado en materia de seguridad vial-, 0,2 g.

Actualmente, el límite de 0,5 vigente en la Argentina es compartido por países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Italia, Francia, Alemania y Suiza; mientras que la Tolerancia Cero se aplica en países como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Egipto, Hungría, Kazajstán, Libia y Senegal.

Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta, ambos radicales por la provincia de Santa Fe, presentaron un proyecto para citar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, a fin de que brinde informes ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja sobre la labor de esa cartera en los continuos incendios en el Delta del río Paraná y brinde las explicaciones pertinentes de porqué esta situación se ha mantenido como constante en el tiempo y aún no hay indicios de que mejore.

Los legisladores advierten que los incendios traen “profundas consecuencias” que pueden ser dimensionadas desde el cambio climático, la biodiversidad, sobre los suelos pesa la degradación orgánica, por la pérdida de la biomasa en la superficie y los efectos de las cenizas en la composición del suelo y el agua.

Y agregan: “Los incendios no sólo traen consecuencias ambientales; habitantes de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, no han cesado de reportar malestares y afecciones causadas por el humo, como ser ardor y picazón en los ojos, molestias nasales y en la garganta, sensación de falta de aire, e incomodidad general. El humo afecta particularmente a personas que conviven con alergias y asma, debido a que produce una mayor irritabilidad en las vías aéreas superiores, goteo nasal y hasta broncoespasmos”.

En otro párrafo, recuerdan que “que pesa un mandato judicial sobre la problemática puesto que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de un “Comité de Emergencia Ambiental” y la reactivación del Plan Integral Estratégico parala Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS). Asimismo, e intentando respetar este mandato de la Corte, el propio Ministerio ha creado e implementado una Red de Faros de Conservación y se ha declarado la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses, por lo cual nos interesa saber los pormenores de la aparente infructuosidad de estas medidas para que evitar los incendios en el Delta”.

“Las instancias de coordinación y trabajo conjunto que ha planteado el Ministerio junto a las jurisdicciones dista mucho de ser el ideal y sólo ha alentado las diferencias cuando se requiere un trabajo mancomunado”, señalaron y observaron que “que la problemática y su solución requiere voluntad política desde el Estado Nacional y desde los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, para alcanzar una respuesta integral y definitiva”.

Gran conmoción generó en el arco político la noticia del fallecimiento del reconocido actor y humorista infantil Carlitos Balá a la edad de 97 años. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y de condolencias a la familia.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó: “Hoy despedimos a Carlitos Balá, quien más supo de humor para las y los más chicos”, y lo describió como “humorista, actor, músico… toda la Argentina esperaba verlo aparecer para sonreír con su ingenio”. “¡Hasta siempre!”, cerró.

En el mismo sentido se manifestó el expresidente Mauricio Macri: “Con Carlitos Balá se fue una parte de la infancia de toda una generación de argentinos”, y sumó: “Gracias por tanto querido Carlitos”.

“Nos dejó Carlitos Balá. Fue un actor único. Nos hizo reír y alegró la vida de muchísimas generaciones, siendo testimonio de esa buena argentinidad que tenemos que defender”, escribió la titular del Pro, Patricia Bullrich.

El titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, despidió: “Adiós querido Carlitos Balá. Alegraste la vida de niños y adultos de muchas generaciones. Te despedimos con una enorme sonrisa de gratitud”.

Yo no tengo foto con Carlitos Bala pero tengo foto de mi corte de pelo a lo Carlitos. Hoy nos dejó parte de la infancia de millones de argentinos, esa parte sana y feliz de cada sonrisa que el nos provocó. Siempre estarás en nuestros ❤️ #QEPD #CarlitosBala pic.twitter.com/22VYad5EpE

— Silvia Lospennato (@slospennato) September 23, 2022

La secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en Diputados, Silvia Lospennato (Pro), tuiteó: “Yo no tengo foto con Carlitos Bala, pero tengo foto de mi corte de pelo a lo Carlitos”, y agregó: “Hoy nos dejó parte de la infancia de millones de argentinos, esa parte sana y feliz de cada sonrisa que él nos provocó. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Los que dieron tanto amor, nunca mueren.
Hasta siempre maestro.
QEPD pic.twitter.com/5ov5It38TE

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) September 23, 2022

También se expresó el senador radical Martín Lousteau: “Hoy es un día triste para muchas generaciones. Despedimos a un referente de nuestra cultura. Hizo feliz a muchos, sus frases marcaron una época y siempre formará parte de nuestra infancia. Gracias Carlitos Balá por las risas. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

“Cuánta tristeza Carlitos que te nos hayas ido”, lamentó el senador fueguino Pablo Blanco (UCR), y sostuvo: “Los chicos de todas las generaciones te quisimos hasta el cielo. Estarás siempre en millones de corazones agradecidos por tu cariño y sano humor. Hiciste que nuestra infancia sea ‘un kilo y dos pancitos’. Nunca te olvidaremos”.

Gracias Carlos por regalarnos ese humor sano y con valores, que nos marcó por generaciones…
Y como decías en tus canciones.
Nos trajiste lo mejor de tu repertorio…
👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/OrYajP237V

— Cynthia Hotton (@CynthiaHotton) September 23, 2022

El creador de la mítica frase “¿Qué gusto tiene la sal?” estaba internado desde este jueves en el Sanatorio Güemes por unos mareos, según había informado su representante, Maximiliano Marbuk. Sin embargo, su nieta Laura Gelfi comunicó que el reconocido artista partió a las 21.30 de ese día. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña que lo había declarado como Ciudadano Ilustre de la Ciudad.

La Comisión de Transportes de Diputados, presidida por el radical Jorge Rizzotti (Jujuy), tenía previsto reunirse en conjunto con la de Seguridad Interior, a cargo del oficialista Ramiro Gutiérrez, este martes a las 14 con el fin de apurar los trámites para emitir dictamen unificado sobre la problemática de alcohol cero al volante, pero la cita se postergó para la próxima semana.

Según las fuentes consultadas por parlamentario.com, la reunión se reprogramará por “complicaciones” de agenda de los integrantes de las comisiones para la semana siguiente, debido a que después de las dos sesiones de la semana pasada “hay muchos diputados que no están en Buenos Aires”, indicó otra fuente consultada quien, a su vez, bregó para que el encuentro sea “lo antes posible” para emitir dictamen.

El debate en torno a la problemática de alcohol cero al volante contó con tres reuniones informativas que comenzó el pasado 9 de agosto con los miembros de la Comisión de Transportes, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y miembros de la fundación “Madres del Dolor” de expositores.

En la misma, la titular de la fundación, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. A su vez, aclaró en todo momento que no se trata de una Ley seca y resaltó la necesidad de educación vial.

En un segundo encuentro, que se realizó el 23 de agosto, asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, y el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien advirtió que “en Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”.

En tanto, el especialista resaltó que “es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol”, pero remarcó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

El último encuentro informativo se llevó a cabo al día siguiente en la que los funcionarios que expusieron manifestaron su rechazo a la tolerancia de alcohol cero porque “no va a solucionar nada”. Sin embargo, todos coincidieron en que “la educación vial, los controles y las sanciones”, son esenciales.

En la actualidad en el país hay nueve provincias que tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En medio de los reclamos por los recortes en el área de discapacidad que llevó a cabo el Ministerio de Economía, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se reunirá para debatir la modificación de un artículo de la Ley 22.431 sobre la obtención el certificado único de discapacidad.

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 22 a las 12 en la Sala 2 de la Cámara baja, para darle tratamiento en conjunto a los seis proyectos presentados que proponen modificar el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Discapacitados eliminando la renovación del certificado único de discapacidad para casos permanentes e irreversibles.

Además, se analizará un proyecto del oficialismo que propone el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.

Luego de tres encuentros escuchando voces a favor y en contra, la Comisión de Transportes, presidida por el radical Jorge Rizzotti (Jujuy), se reunirá en conjunto con la de Seguridad Interior, a cargo del oficialista Ramiro Gutiérrez, para debatir la problemática de alcohol cero al volante con el fin de agilizar los trámites y sacar dictamen.

La cita será el próximo martes 20 a las 14 y se desarrollará en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados. Será la cuarta y última reunión que se llevará a cabo en torno a la problemática de alcohol cero porque, según pudo saber parlamentario.com, en la misma emitirán dictamen para llevarlo al recinto cuanto antes, ya que el despacho debía haberse firmado el pasado 24 de agosto para debatirlo en la sesión de este jueves, pero no sucedió.

El debate comenzó el pasado 9 de agosto en una primera reunión informativa entre los miembros de la Comisión de Transportes, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y miembros de la fundación “Madres del Dolor”.

En la misma, la titular de la fundación, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. A su vez, aclaró en todo momento que no se trata de una Ley seca y resaltó la necesidad de educación vial.

En un segundo encuentro, que se realizó el 23 de agosto, asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, y el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien advirtió que “en Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”.

En tanto, el especialista resaltó que “es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol”, pero remarcó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

El último encuentro informativo se llevó a cabo al día siguiente en la que los funcionarios que expusieron manifestaron su rechazo a la tolerancia de alcohol cero porque “no va a solucionar nada”. Sin embargo, todos coincidieron en que “la educación vial, los controles y las sanciones”, son esenciales.

En la actualidad en el país hay nueve provincias que tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Luego de que la Cámara baja aprobara este jueves un emplazamiento para tratar la protección de humedales, a pedido del diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista), este viernes se confirmó que tres comisiones deberán abocarse a partir del jueves de la semana que viene a analizar todos los proyectos que hay sobre el tema.

Ya lo había adelantado el titular del bloque FdT, Germán Martínez, en la sesión del miércoles al anunciar que había solicitado a las comisiones que intervienen en el debate sobre prevención de humedales a una “ronda de diálogo” para comenzar a analizar los proyectos “la semana siguiente”.

El debate se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente.

La cita está pautada para el próximo jueves 22 de septiembre a las 10 en el 2º piso, Edificio Anexo “C” a fin de considerar un total de diez proyectos, de los cuales tres corresponden al oficialismo, tres son de JxC, dos del interbloque Federal, uno del Frente de Izquierda y uno del interbloque Provincias Unidas.

Por el lado del Frente de Todos una de las iniciativas lleva las firmas de Leonardo Grosso, Victoria Tolosa Paz, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Florencia Lampreabe, Hugo Yasky, Juan Carlos Alderete, Daniel Arroyo, Verónica Caliva, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Jimena López, Roberto Mirabella, Natalia Souto y Natalia Zaracho. Las otras dos restantes iniciativas corresponden a Alicia Aparicio y al pampeano Hernán Pérez Araujo.

De la vereda opositora, uno de los proyectos presentados lleva los nombres de Jorge Vara, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Pablo Torello, Ricardo Buryaile, Gustavo Hein, Juan Martín, Pedro Galimberti, Manuel Aguirre, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Fernando Carbajal, Martín Arjol y Federico Angelini.

La otra iniciativa de JxC esta firmada por Ximena García, Maximiliano Ferraro, Martín Berhongaray, Camila Crescimbeni, Karina Banfi, Mónica Frade, Dolores Martínez, Pablo Torello, Facundo Manes, Rubén Manzi, Ana Carla Carrizo, Rogelio Frigerio, Margarita Stolbizer, Mario Barletta y Mariana Stilman. El restante proyecto es de autoría de la diputada Gabriela Lena.

Por el interbloque Federal presentaron proyectos la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y el otro proyecto es de Enrique Estévez, Mónica Fein (Partido Socialista) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

En tanto, en representación del interbloque Provincias Unidas hay un proyecto presentado por el diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero). Mientras que la iniciativa del bloque Frente de Izquierda tiene las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

Legisladores y funcionarios de todo el arco político expresaron su dolor, a través de las redes sociales, tras conocerse el fallecimiento este martes de la reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú a los 87 años de edad.

“¡Hasta siempre Magdalena! Una vida comprometida con el periodismo libre e independiente, los valores democráticos y los derechos humanos. Su valentía engrandeció la CONADEP y hoy nos lega su ejemplaridad. Los argentinos te vamos a extrañar”, escribió el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

En el mismo sentido se pronunció el jefe del bloque Evolución Radical en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, quien expresó: “Si uno piensa en democracia, en libertad, en DDHH y en compromiso moral, Magdalena Ruiz Guiñazú está y estará siempre presente. QEPD”.

“Logró que la conociéramos y la llamáramos por su nombre: Magdalena. Así de cercana y así de humana fue en su carrera. Entró en la casa de cada uno de nosotros, a través de la radio y la televisión. Hoy nos despedimos de ella y hoy mismo se transforma en una leyenda del periodismo”, sostuvo el presidente del bloque CC-ARI en Diputados, Maximiliano Ferraro.

También se expresó el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo: “Si hablamos de periodismo, verdad, libertad de expresión, valentía y derechos humanos, pensamos en la enorme Magdalena Ruiz Guiñazú. Siempre tendrá todo mi respeto y admiración por su gran trabajo. Mis condolencias para seres queridos y familiares”.

Se fue una mujer valiente. Nos dejo la vara muy alta. #Magdalena pic.twitter.com/lUxYChEeVr

— Silvia Lospennato (@slospennato) September 6, 2022

“Lamento profundamente el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú. Agradezco su aporte al periodismo, siempre clara y profunda en sus análisis. Mis condolencias a sus seres queridos”, sostuvo el diputado del Pro Waldo Wolff. Su par de bancada Gerardo Milman escribió: “Mi más sentido pésame por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú. Su voz se escuchó cada vez que alguien insinuó coartar la libertad de expresión. Siempre la recordaré por su honesto aporte y participación en el Nunca Más. Mi acompañamiento a su familia en este duro momento”.

El legislador Fernando Iglesias la describió: “Seriedad. Profesionalismo. Compromiso con la libertad y con la democracia. Se fue Magdalena, pero no nos olvidaremos de los valores que encarnó durante tantos años. QEPD”.

Enorme tristeza el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú. Incansable luchadora de la libertad de expresión y abanderada de los derechos humanos. Extrañaremos su voz, su coraje y su sabiduría.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 6, 2022

“Magdalena Ruiz Guiñazú marcó mi adolescencia, cuando en plena dictadura fue una de las primeras que habló sobre desaparecidos. Se nos fue una gran mujer, emblema del periodismo, de lucha por la libertad de expresión y DDHH. Un abrazo grande a su familia y amigos en este momento”, manifestó Graciela Ocaña.

La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) lamentó “profundamente la muerte de Magdalena”, y la calificó como “honesta, lúcida y clara. Miembro de la CONADEP. Defendió los derechos humanos y honró la labor periodística. Abrazo a sus seres queridos. QEPD”.

“¡Se fue una Señora periodista! la Dama de la pregunta incómoda, y la repregunta…aun en dictadura. Te recuerdo desde Magdalena Tempranísimo siempre trabajando por la Verdad, por informar y por los DDHH. ¡Varias generaciones te saludan! Descansa en paz”, la despidió la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI).

En tanto, Mónica Frade expresó: “La Argentina perdió hoy, un ser ejemplo. Gracias Magdalena Ruiz Guiñazú por tu encomiable tarea en la CONADEP, cuando los valientes no eran tantos. Vola alto, como fue tu vida”.

Por el lado de Evolución Radical, también envió su mensaje la diputada Danya Tavela: “Con dolor y tristeza despedimos a Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las mujeres más valientes de nuestra historia. Ferviente defensora de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión”.

Una periodista seria y comprometida, una periodista con todas las letras. Un honor cada charla compartida.
Mucha fuerza y un enorme abrazo a su familia, amigos y colegas.
QEPD Magdalena🙏♥️ pic.twitter.com/RbrSFqPjxp

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) September 6, 2022

El senador cordobés Luis Juez (Pro) consideró que “con la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú se apaga una voz necesaria, imprescindible para la vida democrática. Gracias Magdalena por haber sido una luz en los momentos más oscuros de la Patria. Mis saludos a su familia. QEPD”.

“Lamento mucho el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazu. Un ejemplo de periodista, que integró la CONADEP y fue una auténtica defensora de los DDHH por el NUNCA MÁS”, manifestó la senadora santafecina Carolina Losada (UCR).

En la misma línea, el riojano Julio Martínez tuiteó: “Mi homenaje y despedida a Magdalena Ruiz Guiñazú, mucho más que una periodista. Una mujer comprometida, moderna, trabajadora. Un gran ejemplo. Un abrazo a su familia”.

Adiós a Magdalena Ruiz Guiñazú, una leyenda del periodismo con una trayectoria intachable. Se destacó por su enorme valentía. Nadie pudo callarla nunca, siempre defendió la verdad y la libertad. Mi respeto a su memoria y mis condolencias para sus familiares y amigos.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 6, 2022

¡Qué tristeza! Nos dejó Magdalena Ruiz Guiñazú. Se fue una de las mayores defensoras de los DDHH y de la libertad de expresión, justamente en días donde la prensa está amenazada por ideologías autocráticas.
Estará por siempre en las páginas más importantes de nuestra historia. pic.twitter.com/BLX9XY2Ke3

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 6, 2022

Falleció la Sra. Magdalena Ruiz Guiñazu. Tuve enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano.
Estimada señora, que Dios la bendiga

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 6, 2022

Diputados del Pro junto a más de 50 ONGs y federaciones que brindan servicios para personas con discapacidad, se presentaron este martes en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la intervención de los legisladores frente al incumplimiento del Gobierno Nacional en todo lo vinculado al sistema de pago de las prestaciones para personas con discapacidad.

Estuvieron presentes los diputados Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Alejandro Finochiaro, María Luján Rey, Soher El Sukaria, entre otros.

La secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Dina Rezinovsky, expresó: “Me pareció que un encuentro muy productivo, en el que recibimos el petitorio de las organizaciones que vienen luchando por sus derechos, y pudimos escucharlos con el compromiso que lo venimos haciendo, comprometiéndonos a trabajar para solucionar tantos años de silencio en discapacidad”.

Por su parte, Morales Gorleri quien fue una de las encargadas de recibir la misiva, afirmó: “Como bloque estamos muy preocupados por la situación que están atravesando las personas con discapacidad, tomamos este petitorio con compromiso y convicción porque sabemos que estamos en un estadio de crisis absoluta”.

“El Gobierno debe actuar ya e implementar políticas públicas serias, sostenibles y efectivas que resuelvan los problemas estructurales que impiden que las personas con discapacidad hagan realidad su deseo y ejerzan su derecho a vivir de forma independiente, digna y en pie de igualdad en la sociedad”, exigió.

Durante la entrega del petitorio, las organizaciones aseguraron que “las personas con discapacidad están solas. Estamos en estado de emergencia, hicimos silencio mucho tiempo y ahora estamos alzando la voz”.

En relación a la situación crítica que está atravesando el sector, y que pone en riesgo los servicios y prestaciones que reciben, los impulsores del petitorio buscan que se regularicen el circuito de pagos y que se establezca un parámetro objetivo y previsible para el aumento de nomenclador que actualmente va muy por detrás de la inflación.

También exigen que se clarifique y haga efectivo el circuito de pago para aquellas prestaciones que ha asumido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para afiliados que no pertenecen a Incluir Salud, como es el caso de un sector de PAMI del que sostienen que “resulta indispensable ante los rumores de que la ANDIS asumirá́ el control de los pagos de todas las prestaciones en discapacidad”.

Participaron representantes de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con Discapacidad (FEDEDIS) e instituciones adherentes, entre ellos Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich, de la Asociación de prestadores organizados; Mariel Postolow, de Fundación Solar de Integración; Fermin Murall, Fundación Nosotros; Mario Lovato y Melina Lovato, Creciendo con los Ángeles, entre otros.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, asistió este martes a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), para brindar su informe anual en el que alertó: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”.

En su ponencia, también sostuvo que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia”, y pidió que “hay que reformarlo”. También que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

En su exposición inicial, Graham recordó que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos, de un tercio de la población que son las personas hasta 17 años; es autónoma, autárquica e independiente. No depende ni responde a ninguno de los poderes, e incluso puede interpelar al Poder Judicial”.

Al recordar que ella junto a los defensores adjuntos juraron en febrero de 2020 y luego vino la pandemia, mencionó que la tarea “fue muy difícil” porque era “un organismo que se creó desde menos diez, no desde cero”. Sin embargo, “a pesar de esa dificultad hicimos muchísimo en el 2020 y mucho más en el 2021”, destacó.

Y sobre ese 2022, año en que se retomó la presencialidad a pleno, “hubo como una explosión de la Defensoría, nos instalamos más en la población y se definió un poco más cuál es nuestro rol”, resaltó.

La funcionaria agregó que estuvieron “un año y medio armando equipos que no se conocían”, lo cual “fue un obstáculo, pero también una fortaleza” que “generó una cohesión importante”. A continuación, detalló la estructura del organismo, compuesto por una diversidad de profesionales. “Somos el 60% mujeres y el 40% varones”, detalló.

Graham subrayó: “Hemos dado un salto cualitativo teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hemos cumplido tres años de existencia como institución”. Y reveló que poseen un “estatuto interno de avanzada”, a partir del cual, por ejemplo, “hay paridad absoluta” en cuanto a las licencias por paternidad, maternidad, adopción o distintos cuidados para todos los trabajadores.

“Trabajamos fundamentalmente con pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; con campañas de difusión y sensibilización; con mesas de trabajo, con aportes técnicos y con convenios marco con distintas organizaciones”, contó, a la vez que enumeró las “redes” que “acompañan la gestión de la Defensoría” tales como “defensores provinciales, legisladores provinciales por los derechos de los niños, organizaciones territoriales, y promotores de derechos de los niños” que son “150 chicas y chicos de todas las provincias del país”.

En un tramo de su presentación, la defensora aseguró que desde el inicio de la gestión “nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, lo cual es un tema de alta preocupación. Creo que tiene que ser de preocupación para toda la sociedad”.

Al relatar uno de los casos en los que más trabajó la Defensoría, la funcionaria se refirió a la niñez indígena, de la cual hay un proyecto del diputado Daniel Arroyo al cual expresó su apoyo. “Si hay un nene o una nena, un chico o una chica vulnerable en la República Argentina, son los niños de los pueblos originarios”, señaló.

Sobre el trabajo realizado con la comunidad wichí en el Chaco Salteño, contó que la Defensoría fue “a hablar con las autoridades, con el gobernador, con los ministros” y que viajaron a visitar el territorio muchas veces. Se armaron mesas interministeriales y “logramos reducir un poquito la mortalidad infantil”, apuntó. Sin embargo, “en septiembre de 2021 ese círculo virtuoso que de alguna manera se había gestado, se rompió, dejó de funcionar”.

A partir de ello iniciaron un amparo a la provincia de Salta, que respondió con medidas cautelares. “Nosotros pedíamos garantizar agua, conectividad, caminos, salud, alimentación oportuna y de calidad”, expresó, y agregó: “Se requiere de decisión política, presupuesto y un acompañamiento del Gobierno nacional a estas políticas que tiene que desarrollar la provincia”.

Actualmente aguardan por un fallo de la Corte de Salta, y de ello dependerá si presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó Graham. “Lo pongo de ejemplo no para estigmatizar, sino para mostrarles como venimos trabajando”, dijo y ponderó que entre las cosas que sí se lograron, se otorgaron 3.500 DNI entre la niñez indígena. “Siguen esos operativos, eso funcionó y funciona, lo que no funciona es lo otro, que es vital”, sumó.

La defensora también mencionó que trabajaron con la niñez migrante; con gestiones para que la Tarjeta Alimentar se ampliara a familias con hijos hasta 14 años; y con bajar el piso del Progresar. “Hay cuestiones que todavía quedan de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico”, indicó, y remarcó que uno de ellos es la salud mental.

“La Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo”, afirmó Graham, al igual que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil. Asimismo, hay que “aggiornar la Ley 26.061, que fue un salto cualitativo en su momento, pero hay cosas que podríamos incorporar, por ejemplo, el tema de trabajo infantil”.

Graham ratificó: “Estamos trabajando mucho para que haya defensores en todas las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

A su turno el defensor adjunto de la Defensoría, Facundo Hernández, procedió a explicar cómo actúan en la defensa de los derechos: “Tenemos un área de admisión de casos porque no podemos intervenir en todos porque haríamos mal nuestro trabajo. Tenemos que rejerarquizar el sistema de protección porque después deben transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son los casos. Solo en los casos donde no obtenemos respuesta en tiempo y forma ahí interviene la Defensoría”.

“Junto con los litigios estratégicos, lo que se busca es fortalecer y jerarquizar el sistema de derecho que es lo que debería funcionar bien en Argentina y además estamos yendo hacia un sistema federal independiente de todos los dispositivos donde haya niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Y sumó: “En materia de admisión de casos es de mayo de 2021 a mayo de 2022 son 441 casos. Este año hubo un salto de un 40% entre 2020-2021 y 2021-2022. De mayo a este año hay 112 nuevos casos. El total de casos que tiene la defensoría desde su creación es de 756 que muchos no son individuales”.

“El grueso de los casos tiene que ver con procedimientos con cuestiones de familia que están siendo abordadas de manera conflictiva en el Poder Judicial. En materia de requerimientos hay una fuerte preponderancia en la provincia de Buenos Aires algo que nos interesa revertir y para lo cual estamos pensando distintas alternativas”, explicó Hernández y agregó: “En materia de quiénes nos requieren hay una preponderancia de que sea un familiar o el referente afectivo del niño o niña. El segundo caso que tomamos de oficio tiene que ver con violencia institucional”.

En esa línea, precisó que “de los 441 casos que ingresaron se llevaron a cabo 4.400 gestiones que van desde pedidos de informes, notas judiciales, articulaciones, asesoramiento, mesas de trabajo. De estos casos 65 son los que forman parte del litigio estratégico donde ponemos mayor peso de las herramientas defensoriales con mayor profundidad”.

Sobre la Ley 22.278, comentó que “hay dos proyectos de ley actualmente con estado parlamentario, pero los dos con edad de 14 años porque no corresponde bajar la edad de imputabilidad porque es algo que reclama el Comité de Naciones Unidas”.

“Una Ley Nacional de reparación histórica de niñez indígena es importante porque es algo que vimos como problema en la falta de un diagnóstico, de planificación, de coordinación y de evaluación de políticas públicas provincias y nacionales. Hay mucho trabajo de terreno, pero falta coordinación”, cuestionó.

En materia de nudos críticos, señaló que “tres provincias no cuentan con la Ley de Protección Integral, nueve provincias tienen algún grado de adecuación de leyes procesales penales, 15 provincias no receptan normativamente la figura de Defensor y, de las 9 que si, 4 no la implementan. Hay una falta de centralidad del sistema de diseño de políticas públicas”.

Entre los obstáculos que se les presentan para el ejercicio de su función precisó que “principalmente pasan por el Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa que no nos reconocen la legitimidad”.

Ante el proyecto de resolución que presentó el oficialismo y la posterior convocatoria a sesión especial en la Cámara baja para repudiar el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) adelantó su rechazo: “No voy a firmar que la justicia, los periodistas y la oposición sean la usina de un discurso de odio”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Espert manifestó: “El proyecto de resolución que propone el oficialismo, para resolver en el día de mañana en esta sesión que han convocado en Diputados para las 12, yo de ninguna manera voy a aceptar firmar que acá hay un discurso de odio del cual espacios políticos, culturales, judiciales y mediáticos son la usina. De ninguna manera”.

“No tengo idea lo que va a pasar, no he conversado con los demás bloques de la oposición, pero, así como está este proyecto de resolución que ha enviado el oficialismo, yo personalmente no lo firmo ni empedo”, remarcó el diputado y explicó: “De ninguna manera voy a firmar algo que tiene que ver con hacerme cargo de un discurso de odio cuando yo vivo sufriendo desde el 2004 el discurso del odio del kirchnerismo. Desde el 2004 la primera denuncia de complot que hizo Néstor Kirchner con Alberto Fernández como jefe de Gabinete me involucra a mi solo porque critique la política económica del gobierno”.

Y remató: “Y esta gente viene a meterme a mi dentro del discurso de odio que ellos generan, pero ni empedo firmo”.

A su vez, en su cuenta de Twitter reiteró: “No acompañaré el Proyecto de Resolución oficialista en Diputados, por más repudiable que considere el atentado a la vicepresidenta CFK. No acepto que la Justicia, los periodistas y la oposición seamos propagadores de un discurso de odio. Eso es exclusividad del Gobierno”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió este martes en el Congreso con los senadores y diputados del Frente de Todos que le expresaron su apoyo, en medio de un clima de tensión política con la oposición tras los incidentes en Recoleta que protagonizaron militantes kirchneristas- que fueron a respaldar a la titular del Senado- con la policía de la Ciudad por el vallado instalado en los alrededores de su departamento.

El encuentro, que estaba previsto para las 17, se llevó a cabo con total hermetismo en el Salón Azul del Palacio Legislativo, ya que los legisladores para poder ingresar tuvieron que dejar sus teléfonos celulares en una caja. A posteriori fue difundida un video con el discurso de la titular del Senado ante los legisladores, con fortísimas críticas hacia la administración de Horacio Rodríguez Larreta, trazando parangones entre los hechos del sábado con los de diciembre de 2001.

Además, pidió replantear el funcionamiento jurisdiccional de la Ciudad y el rol del Gobierno federal ante ella.

Con motivo de la reunión, fueron suspendidas las reuniones de comisiones del Senado previstas para las 17 y las 18, de Educación y Cultura y un plenario de Legislación General y de Educación y Cultura, respectivamente.

Los primeros en arribar fueron los diputados Paula Penacca, seguida por Eduardo Valdés, José Luis Gioja, Victoria Tolosa Paz. Luego ingresaron Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados, y Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara Baja. Por el Senado estaban también casi todos los miembros de la bancada oficial, entre ellos, el titular del interbloque, José Mayans; Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli.

A las 17.25 ingresó al salón la vicepresidenta quien fue recibida por un fuerte aplauso de los legisladores quienes le manifestaron su apoyo frente a su situación judicial y al operativo de seguridad en su domicilio.

El mensaje de Cristina

En el inicio de su exposición, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a los hechos sucedidos el fin de semana, trazando de entrada una comparación con diciembre de 2001.

“La verdad que la escuchaba a Cecilia (Moreau) cuando empezó que miraba esa movilización, contaba que estaba ella en la plaza Vicente López, a metros de casa. Y le recordaban otras movilizaciones como fue la del 2001. No era el mismo talante, porque esta era una movilización de gente alegre fundamentalmente. Alegre y que fue atrás de un objetivo”, comparó Cristina Kirchner, y agregó: Y yo me acuerdo del 2001, yo era senadora junto con José (Mayans), junto con José Luis (Gioja); sé que vos Leopoldo (Moreau) eras diputado, pero nosotros éramos los opositores. Y realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001”.

Cristina sostuvo que “lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana. Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Yo era, reitero, senadora, Alfonsín, el presidente Alfonsín era senador. Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del Pro. Se acuerdan… Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a (Fernando) De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime. Ese decreto de estado de sitio y todo lo que se desencadenó después: 39 muertos a lo largo y ancho del país entre el 19 y el 20 de diciembre. Fue lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando, incomprensiblemente, comenzó a desatarse la represión”.

A continuación contó que la noche del sábado lo vio a su hijo Máximo “colorado”, pero no le contó nada de lo que había sucedido con la policía. “Seguramente si me hubiera contado porque… más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente, pero yo no había visto esto”, comentó.

“Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él. El es muy hermético, lo conocen ustedes compañeros y compañeras de bloque. No habla ni una palabra de más ni una de menos. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día? ‘Primero para que no digas… y segundo porque lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse. Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta’”, dijo que le contó su hijo.

Luego cargó contra la oposición, a la que atribuyó el deseo de querer dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones. Comentó que había escuchado a alguien decir que “no importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad”, y dijo que “es precisamente la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente De la Rúa el decreto de estado de sitio que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso”.

“No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros. Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política”, comentó ante un colmado Salón Azul.

A continuación acentuó su carga contra la administración porteña al señalar que “tenemos que también repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos y que, de repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado”.

“Primero, porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos -agregó-. Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo 19 así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta”.

Luego volvió a hablar de su causa judicial y cargó contra la última parte del alegato del fiscal Diego Luciani. “El guión del fiscal, del mal guión, porque es un mal guión por otra parte. Mal guión porque hay guiones que son buenos guiones que pueden merecer un Oscar. Pero un mal guión cuando dice que todos los actos de los poderes del Estado, todos, son absolutamente revisables y que son los jueces los que tienen la última palabra sobre los actos”.

“A ver: yo quiero seguir viviendo en un sistema republicano, representativo y federal y en una democracia, esencialmente ¿no? Donde el Gobierno lo elige el pueblo en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones cada cuatro años. Me parece que es clave salir del derecho penal para ir al derecho constitucional, de cómo está organizado el país y cuál es su poder”, expresó.

Para Cristina, “esto es una llamada de atención, más allá de que yo sea la circunstancial destinataria de la diatriba. Me parece que es una discusión un poco más profunda que tenemos que desarrollar como representantes, ustedes, de un poder del Estado como es el Poder Legislativo”.

A continuación se ocupó de ponderar los 12 años de gobiernos kirchneristas y los comparó con los 12 años que le pidieron de condena. “Nuestro gobierno de memoria, de verdad de justicia, de Fondo Monetario, de AFJP, de Repsol-YPF, de la AUH, del salario, de las jubilaciones, del Conectar Igualdad, de las PASO, del satélite. En fin, los 12 años más felices de las últimas décadas para todo el pueblo argentino”, dijo.

En otro pasaje, y tras cuestionar el endeudamiento, hablar de Rafael Correa y Lula, y decir que en un gobierno macrista “un espía no se le niega a nadie”, volvió a cargar contra la oposición al señalar que “compiten a ver quién presenta el proyecto más duro… Estaba leyendo que querían Código Penal para un trabajador que cruce una fábrica, aunque no le hayan pagado los sueldos, aunque le deban todo el trabajador no puede hacer nada. No solamente no puede hacer nada, sino que si hace algo lo quieren meter preso. Este competir para ver quién es más duro con los trabajadores, quién es más duro… A mí me suena, por lo pronto, medio patológico también, ¿no?, medio patología psiquiátrica. Yo no entiendo a dónde van. Pero además no entiendo lo que quieren hacer en el marco de nuestra propia experiencia histórica. A ver, ¿más dureza que la que tuvo la dictadura militar en el 76?”.

“Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos, energía y litio, no nos pongamos contentos solamente, pongámonos atentos además, porque se lo van a querer llevar sin darnos nada –alertó-. Esto es lo que hay que mirar. Vienen por esto, porque hoy estamos contentos con Vaca Muerta, pero Vaca Muerta hubo que recuperarla, porque si no, no sería Vaca Muerta, sería Vaca Viva y no sería de los argentinos y sería de otros señores”.

El diputado nacional Rubén Manzi (Colación Cívica – Catamarca) habló este viernes sobre el rechazo del radical Facundo Manes a firmar el pedido de Juicio Político contra el presidente y le contestó que “no podemos jugar de neutrales en una situación tan grave, no es una banalización”, y sostuvo que la frase de Alberto Fernández “fue tremendamente desafortunada y anticonstitucional”. Por otro lado, se refirió a los temas a tratar en la próxima sesión de Diputados prevista para el próximo miércoles y adelantó que la ley de enfermería “no” se trataría.

En una entrevista por DTV, Manzi apuntó contra el jefe de Estado por su comparación entre Alberto Nisman y el fiscal Diego Luciani: “El presidente violentó la constitución nacional, incurrió en una falta grave porque en una cuestión judicial que está en proceso. Direccionó, opinó y encima, desde el punto de vista comunicacional, fue terrible y homologó la situación de Nisman con Luciani, cuando todos sabemos que para la justicia fue asesinado y para gran parte del pueblo argentino”, y sumó: “Eso sonó a una velada amenaza”.

En ese sentido, se refirió al rechazo de Manes al pedido de juicio político que presentó el interbloque de JxC contra el presidente y le respondió: “No se banaliza la cuestión del pedido de juicio político. Manes entró en una contradicción muy grave porque él dice que hay que oponerse a las mafias y luego dice que es un exceso el pedido de juicio político. Ahora ¿nos oponemos a las mafias? sí, pero no le pidamos juicio político si pensamos que detrás de esto hubo una actitud cuasi mafiosa. Hay una contracción en sí misma”.

“No quiero dramatizar, pero cuando Manes puso su posición me acordé de esa frase de la Divina Comedia que dice que uno de los lugares del infierno está reservado para aquellos que en momentos de profunda crisis optan por ser neutrales porque en épocas de profundas crisis no cabe la neutralidad. Uno se puede equivocar, parte del pueblo argentino que cree que CFK es inocente o la otra parte que cree que es culpable, la equivocación existe en el hombre y la política, pero no podemos jugar de neutrales en una situación tan grave porque estamos hablando de uno de los delitos que la Constitución impone como de los más graves”, opinó el diputado catamarqueño.

Y agregó: “La ruptura de la continuidad constitucional y el hecho grave de corrupción en contra del Estado. Son delitos que están previstos en la Constitución Nacional y que dice que no serán pasibles de indulto”, y remarcó: “La situación es grave, no es una banalización”.

Por otro lado, al ser consultado por la sesión citada para el próximo miércoles en Diputados, en cuyo temario estaría la ley de enfermería, Manzi aclaró: “No creo que se trate porque me parece que hay un intento de que lleguemos a un acuerdo antes porque hay dos dictámenes. No nos han dicho de que haya voluntad de tratarla, pero en unos días la situación puede variar”.

Sobre el proyecto de Consenso Fiscal explicó: “Vamos a tener una sesión bastante movida. En el tema de Consenso Fiscal que es donde hay dos dictámenes y nosotros desde la Coalición Cívica nos oponemos a eso porque creemos que avanza en lo contrario de lo que hay que avanzar. Creemos en la idea y espíritu de Consenso Fiscal del gobierno de (Mauricio) Macri donde progresivamente a muchas actividades se les iba reduciendo el impuesto de ingresos brutos y ahora, lejos de reducirse, se va a incrementar y no estamos de acuerdo con eso. Sabemos que es un recurso para que se financien los estados provinciales, no estoy vetando eso”,

“Pedimos que los gobernadores también se sumen al plan de austeridad porque en muchas provincias se siguen haciendo gastos inútiles y se sigue, mientras que la situación de la gente es grave, el cinturón tanto del Estado nacional, provincial y municipal, lo deben ceñir todos, no solo la reducción del gasto fiscal tiene que ser a nivel nacional porque no vamos a salir y no está bien cargarlo a la gente de las provincias que sigan pagando más y más ingresos brutos porque el incremento de los ingresos cuando cae el pacto fiscal anterior terminó traduciéndose en inflación, encareció los productos de muchos servicios provinciales”, explayó el diputado e la CC.

Y finalizó al respecto: “Hay un dictamen que firmó el Pro y la UCR propio. La CC expresó públicamente que se va a oponer. No uno un dictamen único en JxC no adherimos al dictamen de mayoría”.

Ley de Salud Mental

Sobre el seminario sobre drogadicción que se dio en Congreso, explicó: “La Argentina puntualmente, y en el Congreso estamos en eso, tiene un vacío legal y nos está haciendo falta una ley que aborde la problemática de las adicciones. La Ley de Salud Mental actual no desarrolla esa problemática, solo la toca muy tangencialmente. Necesitamos una ley para el tratamiento prevención de adicciones”.

“Sería importante una ley que organice, mínimamente, una estructura para el tratamiento de adicciones para que después las distintas administraciones generen programas consistentes que, entiendo, no van a ser igual en cada provincia y municipio porque las realidades no son los mismos, pero necesitamos un marco nacional para el tratamiento y prevención de adicciones”, consideró Manzi.

Asimismo, señaló que “es un tema en el que oficialismo y oposición no hay grieta y se puede encaminar a discutir, pero esto toca un tema conflictivo que es la ley de salud mental. Hay mucha gente que cree que esa ley hay que cambiarla. Suscribo entre los que piensan que necesita algunas reformas, no es una ley para tirarla por la ventana. Tenemos que generar una ley aparte y puntal para el tema adicciones”.

“La Ley de Salud Mental lo que hace es dar valor, resaltar los derechos individuales lo cual está absolutamente bien. También deja la puerta abierta para que la justicia intervenga. En una situación de peligro inminente está prevista la internación sin el consentimiento de la persona”, precisó y cerró: “En muchas cosas la Ley de Salud Mental es letra muerta, por falta de voluntad política, por falta de voluntad de la autoridades, por falta de presupuesto quizás”.

La Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Lucas Godoy (FdT), dictaminó a favor de la iniciativa que tiene como objetivo instituir el día 22 de mayo de cada año como el “Día Nacional de concientización sobre la Preeclampsia”. Se trata de una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y proteinuria (pérdida de proteínas en la orina), y se presenta generalmente luego de las 20 semanas de gestación.

Según los fundamentos de la norma, la importancia de concientizar sobre la Preeclampsia, “radica en la gravedad que conlleva de no ser detectada a tiempo, ya que pone en riesgo la salud y la vida de la persona gestante y del feto”.

Desde el Frente de Todos, la diputada Carolina Yutrovic señaló que esta enfermedad “afecta al 5 por ciento de los embarazos a nivel mundial”, y en ese sentido, aseguró que el objetivo del proyecto es “generar las campañas y programas de detección temprana de la preeclampsia”.

Por otra parte, la diputada Graciela Camaño (Identidad bonaerense) se refirió al proyecto sobre transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la provincia de Córdoba, al explicar: “Se trata de la superficie de un terreno donde funciona el Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos, ex CCD ‘La Perla’, declarado como lugar histórico nacional por el Poder Ejecutivo Nacional”.

En tanto, la diputada Dina Rezinovsky (Pro) hizo referencia a la iniciativa que busca declarar el 10 de septiembre como “Día Nacional de la Prevención del Suicidio”, al fundamentar que “se trata de la segunda causa de muerte no natural, de jóvenes y adolescentes”.

Además, obtuvieron respaldo distintas iniciativas: Instituir el 16 de agosto de cada año como Día Nacional del Inmigrante Piamontes y establecer el 5 de abril de cada año como Día de las Radios Universitarias Argentinas.

Un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de los oficialistas Blanca Osuna y Carlos Heller, respectivamente, debatió y pasó a la firma los proyectos para crear tres universidades: una en el Delta, otra en Pilar y en Saladillo.

El debate estuvo marcado con picos de tensión en el discurso de algunos diputados del interbloque de Juntos por el Cambio que le enrostraron al Frente de Todos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncio un recorte en educación. De 70 presentes, 46 miembros acompañaron con su firma los proyectos.

La explicación de los proyectos: Delta, Pilar y Saladillo

Al inicio de la reunión, Osuna explicó: “Son proyectos que vienen gestándose hace un tiempo largo, hablo de varios años cuya construcción ha tenido idas y vueltas. Algunas tienen que ver con el propio funcionamiento de la Cámara, ya que se materializaron en proyectos y por la dinámica de nuestro propio funcionamiento los proyectos cayeron y fueron representados”.

“Las condiciones que la legislación tiene para la creación de universidades que es un plano, el otro plano tiene que ver con una gesta muy particular que se da en las propias comunidades donde los debates, las necesidades, la puja y la fortaleza que cada uno de los sectores va, de manera concurrente, coordinando hace que esta tarea corone ese esfuerzo”, destacó y sumó: “Es una tarea maravillosa de las comunidades, de las organizaciones comunitarias, de instituciones educativas que están en las comunidades y vienen coordinando y trabajando la formación superiores de los jóvenes. Estamos dando un paso importante”.

En ese contexto, Osuna explicó que previo al acuerdo plenario hay un trabajo de equipos técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que analizan los proyectos y, respecto a la iniciativa que propone la creación de la Universidad del Delta, explicó: “El CIN señala que el informe de factibilidad resulta en términos generales completo y plantea una propuesta formativa ligada al sector productivo local y propone, además, una propuesta de formación integral desde cursos de pregrado, grado, post grado”.

En ese sentido, el CIN también pondera que la iniciativa tiene “un acento a la formación de temáticas asociadas a la biotecnológica, la tecnología, ingeniería, a las ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de gestión”.

Por otro lado, sobre el proyecto de creación de la Universidad de Pilar el acuerdo plenario del CIN señala que “el partido de Pilar registra niveles de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, en materia de viviendas, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Dadas las particularidades de la realidad, en la región se da una serie de características productivas que el proyecto de esta universidad incluye un detallado punteo de la misión fundacional”, y señaló que también “hace referencia a la existencia de un polo educativo y una red de instituciones de docencia y de instalaciones que vana a ser uso de un predio que se evidencia en el texto del proyecto y tiene trascendencia emblemática que es el Carlos Pellegrini. El proyecto y el CIN destacan el aporte que el Gobierno municipal realiza respecto a la iniciativa”.

A su vez, Osuna destacó las condiciones sociales y económicas del lugar que “hay como meta el objeto de la contribución a resolver problemas sociales de Pilar y su zona de influencia”.

Por último, sobre la creación de la Universidad de Saladillo y la resolución del CIN, la diputada oficialista procedió a leer: “La elección de su emplazamiento responde a la importancia que representa para sus actores la conectividad existente dentro y fuera del partido. Hay un destaque muy particular en cuanto a la cobertura poblacional porque no solo está en la meta de los proyectos sino también nos motiva a todos a acompañarlos el hecho de que hay un fuerte compromiso a atender a una población que debe permanecer a sus propias comunidades, la baja movilidad esa particularidad exigencia que hay que implica inversión económica y desprendimiento de jóvenes que deben trasladarse a otros pueblos para cursar sus estudios, en este caso es parte de las tres universidades planteadas como objetivo de ley y de aprobación, y nos motiva a nosotros”.

A su vez, la titular de la Comisión de Educación sumó: “Hay un desafío en esta etapa en particular de la Argentina tiene que ver únicamente con la calidad de la propuesta educativa vinculada, no solo a la eficiencia, sino también al acompañamiento e inclusión de jóvenes y adultos mayores”.

“Estas nuevas universidades deberán tener la tarea de fuerte y firme compromiso de vinculo con las comunidades donde estarán asentadas”, indicó Osuna y expresó: “Todos los necesitamos porque una universidad crea valor en una comunidad”.

Por último, manifestó: “Este Congreso fue testigo de la creación de muchas universidades, y la creación de esas instituciones siempre trae debates, tensiones previas y luego uno las ve caminar. La creación de nuevas universidades, además de las históricas que ya hay, han demostrado el valor que tiene la posibilidad de acceder a una carrera de educación superior”, y cerró: “Hay cuestiones pendientes, en algunas regiones del país, en materia universitaria”.

La palabra de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada oficialista Alicia Aparicio solicitó una modificación en el artículo primero del proyecto de creación de la Universidad del Delta especificando que “la sede central se encontrará en el Partido de Tigre”, y explicó: “La modificación no altera el espíritu del proyecto que es especificar la sede central y las dos regionales en el partido de San Fernando y Escobar”.

En ese sentido, procedió a leer cómo quedaría redactado el artículo: “Créase la Universidad Nacional del Delta que atenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. La Universidad contará con su sede central en el Partido de Tigre, y regionales en San Fernando y Escobar”.

Hoy dimos un paso muy importante. En la reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto, dimos dictamen a la creación de tres nuevas universidades nacionales: Pilar, del Delta y Saladillo. Es movilidad social ascendente, desarrollo local y trabajos del siglo XXI. pic.twitter.com/XZDuJqUX3T

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 24, 2022

A continuación, su compañero de bloque Daniel Arroyo consideró que “los tres dictámenes que estamos firmando son de suma importancia. Una Universidad es algo distinta a todo el resto porque combina educación e investigación porque la Argentina tiene que desarrollarse en base a industria y desarrollo que tiene investigación, producción. las universidades generan esa situación. Me parece que estar aprobando tres universidades es un salto importante, un momento significativo”.

“Crear estas tres universidades significa tres cosas: primero es movilidad social ascendente, en las nuevas universidades que se crearon en los últimos años más del 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, porque para que a la Argentina le vaya bien uno tiene que estudiar y trabajar y para eso es necesario que haya una universidad cerca, este es un avance claro. Las universidades implican desarrollo local, afianzar capacidades productivas, conocimiento, fortalecer a los actores locales porque el país se reconstruye de abajo hacia arriba. Por último, esto es promoción de trabajo”, describió Arroyo.

También se expresó la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá quien reflexionó: “Una universidad no solamente es un edificio, que es un detalle importante, pero uno de sus componentes fundamentales son sus docentes”, y contó: “En muchas universidades no se respeta el convenio colectivo de trabajo. Es fundamental que la tarea docente se pueda desempeñar respetando los derechos laborales de ese convenido colectivo conquistado que no se respeta como por ejemplo en la UBA, pero tampoco en muchas otras. Debe respetarse el libre pensamiento, la estabilidad laboral y los derechos vertidos en el convenido colectivo de docentes”.

En su intervención, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) expresó su “alegría” por la segunda reunión de la Comisión de Educación “desde que se inició el año legislativo”, y expresó su preocupación porque “la primera reunión fue para tratar el tema de enfermería y, en esta ocasión, estamos discutiendo la creación de universidades nacionales en el contexto catastrófico de la educación obligatoria en el país”.

Y bregó para que “en la tercera reunión que tengamos podamos hablar de otras cuestiones porque la realidad es que estamos en un país donde solamente 16 de cada 100 estudiantes terminan el colegio secundario en tiempo y forma”, y subrayó que la “atención” tiene que estar puesta en “los que dejaron las escuelas, en los que perdieron saberes que no van a recuperar, en los saberes docentes, en la evolución de los estudiantes. Hay muchos temas que son prioritarios para la educación argentina y para el futuro de los niños y jóvenes argentinos”.

A su vez, ratificó su respaldo a la creación de nuevas casas de altos estudios, pero lamentó que “no forme parte de los temas que tratamos los problemas actuales de la educación obligatoria”. Respecto a los proyectos remarcó la necesidad de un estudio estructurado sistémico sobre qué lugares, qué careras, se necesitan crear en la Argentina porque “desde 2009 hasta la actualidad se crearon 13 universidades nacionales y 9 se crearon en la provincia de Buenos Aires y ahora van a ser 12. Tenemos que tener una discusión sobre qué necesidades federales tiene el país sobre las universidades nacionales”.

“Al mismo tiempo que se decide crear nuevas universidades, el Gobierno hizo recortes en la educación. Este no es un Gobierno que apoye la calidad educativa, a que el futuro de los chicos este asegurado a través de la educación y esfuerzo y aprendizajes. Son los temas que necesitamos discutir de forma urgente”, cuestionó Ajmechet.

En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien celebró tener “un segundo encuentro de la Comisión de Educación, un plenario con Presupuesto, porque hay en agenda para poder debatir donde creemos que están incluidos los temas que hacen a las necesidades prioritarias que atraviesa el sistema educativo nacional y, particularmente, lo de educación obligatoria”.

“Estamos generando un toma y daca con respecto a la construcción de universidades nacionales o tirándonos a la marchanta la construcción de instituciones y queda reflejado en los últimos 12 años de las 13 universidades, vamos a tener 12 que vana  estar en la provincias de Buenos Aires y este planteamiento de la educación superior no está haciendo un camino virtuoso con previsibilidad y con la suficiente asignación de recursos que sea sostenible en el tiempo y que incluya los componentes y procesos que tiene la educación superior”, detalló.

El Ministerio de Economía ajusta $70.000 millones de educación después de una crisis educativa sin precedente. Pero hoy en @diputados se proponen dictaminar 3 nuevas universidades nacionales, una de ellas en Tigre. El despilfarro lo pagan nuestros chicos.

— maxi ferraro (@Maxiferraro) August 24, 2022

En esa línea, precisó: “No se trata de crear más instituciones, sino de qué manera nos ponemos a trabajar seriamente para mejorar los indicadores, al calidad y lo que es la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, y agregó: “Ahí entra lo que es el estudio de factibilidad, estamos mirando para otro lado lo que establece el artículo 48 de la Ley de Educación Superior porque establece el estudio de factibilidad que ninguno de nosotros cuenta en esta Comisión, el informe del CIN y la asignación presupuestaria correspondiente, pero no podemos dejar de lado que el ultimo informe de ares de vacancia es del 2018”. En tanto recordó que en otras oportunidades se quiso aprobar la ceración de universidades sin tener la aprobación del CIN y denunció que es un “aspecto violatorio del artículo 48 de la Ley de Educación Superior”.

Además, disparó contra el oficialismo: “Tenemos que ver cuál es el sendero de prioridades que están estableciendo en esta Cámara porque no podemos dejar pasar por alto el contexto de reducción presupuestaria en la educación obligatoria, reducción que nos tienen que interpelar a cada uno de nosotros para poder repensar las prioridades en lo que es la reasignación de recursos y en una política central como es la educación”.

“La resolución del ministro de economía reduce casi a 70 mil millones de pesos el presupuesto de educación que es más del 50% de la reducción que ha determinado con esta decisión administrativa que asciende a casi 130 mil millones”, denunció Ferraro y expresó la exigencia de “discutir en este Congreso políticas educativas que ubiquen en un lugar central a la educación y al debate estructural y una reforma de la educación superior sancionada en los 90”.

“Solo 16 de cada 100 alumnos terminan el secundario, tentemos las desigualdades socioeconómicas donde está el ingreso tardío, a la repetición, la deserción en los primeros grados que influyen en la no conclusión de la educación”, informó el legislador de la CC y sumó: “También se dan desigualdades en los aprendizajes, lo hemos visto en las pruebas Aprender en el retroceso de esas evaluaciones. Un poco más de 3 de cada 10 asisten al último año del secundario en el sector privado. El 63,7% culminan en tiempo y forma con los conocimientos necesarios de escuelas privadas y el 36,3% escualos estatales del país. Solo 1 de cada 10 jóvenes de sector pobres asiste a la universidad, el 12,4% cursa estudios universitarios en el país, en los segmentos más altos el 46% asiste a la universidad. La desigualdad educativa de todos los niveles se traslada y persiste cuando se analizan los trayectos posteriores”.

Adhirió a estas expresiones la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) quien describió a la educación superior como “una estrategia calve para el desarrollo individual y social del país”. Sin embargo, señaló que “está faltando entender el contexto, las circunstancias que están pasando en la Nación cuando en el día de ayer se anunció la reducción de 70 mil millones de pesos al sistema educativo obligatorio y estar debatiendo esto, una medida tomada por el superministro que se puso la capa de Superman, pero se transformo en el peor villano que le metió la mano en la lata al futuro de los pibes”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista María Rosa Martínez coincidió en el diagnóstico de la desigualdad que “nos lleva a discutir en la redistribución de la riqueza que va a ser un aporte significativo”. Sobre el proyecto del cual es coautora para crear la Universidad de Pilar explicó que “es una posibilidad de complementación con las instituciones de la zona, no se produjo una superposición de carreras, sino de articulación, vinculada al desarrollo científico y tecnológico que va a ayudar el desarrollo de la ciudad”.

“Está pensada en institutos y en los alumnos porque permite articular la educación secundaria y la superior. Es una manera de abordar la problemática de no terminar el trayecto universitario, por eso va a haber un acompañamiento para que no dejen. Crear universidades tiene que ver con los derechos humanos y poder terminar con las desigualdades”, agregó.

En su intervención, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) ponderó poder coincidir con el pleno con el diagnóstico respecto a la educación, aunque “con matices”, y planteó que “la agenda que sigue en materia educativa tiene que ver con la inclusión, la calidad e innovación”. “Voy a apoyar la creación de las tres instituciones universitarias, porque estamos hablando de la provincia más grande, la que reúne la mayor cantidad de población y la que mayores desigualdades tiene. También me llena de orgullo la creación de la Universidad de Saladillo”, adelantó y cerró: “Los tres proyectos alientan las condiciones de igualdades, tienen vinculación con el territorio, se observa con claridad que no piensan avanzar sobre carreras ya formadas, que trabajan con el contexto socio productivo y generan oportunidades de distintos tipos de niveles en la formación profesional de los jóvenes y adultos”.

El titular del bloque del FdT, Germán Martínez (Santa Fe), se encargó de cerrar la reunión con su ponencia en la cual cuestionó a la oposición porque “en tiempos de pandemia puso las políticas educativas dentro de la grieta. Hubo una decisión de empezar a debatir las cuestiones políticas desde un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ exagerado”.

“Me encontré en la Ciudad de Buenos Aires con dos candidatos del Pro haciendo campaña electoral con los temas educativos”, denunció el santafecino y consideró que “no se le hace ningún favor a la Argentina tratar los temas educativos de esta manera”.

Respecto a los proyectos ponderó que “siempre es una buena noticia crear universidades porque es continuar ampliando derechos y acercando la posibilidad de acceso a esos derechos de argentinos que lo tienen más distantes”, y añadió: “Nosotros queríamos tener estas tres leyes aprobadas el año pasado y no pudimos”.

“Estamos tomando una buena decisión, ampliando derechos, creando nuevas universidades, sabiendo que el camino no empezó con nosotros y no va a terminar tampoco. Es el deseo de poder seguir avanzando en el debate en la creación de universidades en el interior que también hace mucha falta”, precisó Martínez y tiró un palito hacia la oposición: “Pasa que acá no se escucha cuando se habla”.

La Comisión de Transportes de Diputados, a cargo del radical Jorge Rizzotti, cerró las reuniones informativas en torno a la problemática de alcohol cero al volante de cara a firmar un dictamen de consenso. En esta ocasión, los expositores manifestaron su desacuerdo con aplicar tolerancia cero, ya que remarcaron que “no va a solucionar nada”, y, por el contrario, señalaron que la solución es “la educación vial, los controles y las sanciones correspondientes”.

Participaron y expusieron en el encuentro Sergio Villanueva, director Ejecutivo Fondo Vitivinícola Mendoza; Nicolás Vicchi, subgerente Asociación de Cooperativas Vitivinícolas; Carlos Fiochetta, gerente general Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar); el licenciado Esteban Bicarelli, asesor externo de Coviar; Fabián Pons, presidente OVILAM (Observatorio Vial Latinoamericano); y Fernando Campagnini, abogado Perito en Transporte.

Al inicio de la reunión, la vicepresidenta de a Comisión, la oficialista Jimena López, quien sostuvo: “Con el presidente tenemos la convicción de que todas las posturas tienen que ser escuchadas como las de ustedes. Anteriormente escuchamos a las asociaciones civiles y a uno de los médicos de toxicología”.

El ingeniero del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, abrió la ronda de debate al resaltar que “es un error mezclar alcohol cero con alcoholemia cero”, y explicó: “Leyes de alcohol cero hay en todo el mundo, por el contrario, leyes de alcoholemia cero hay muy pocas, son excepciones y, en general, más por motivos políticos que por otra cuestión”.

“El alcohol cero es lo deseable, que nadie maneje bajo los efectos del alcohol. La alcoholemia cero es una aberración técnica es ir en contra del sistema métrico legal argentino”, señaló Pons y precisó que “una medida se determina por tres parámetros: el valor nominal, la unidad de medida y el margen de tolerancia. De hecho, estipular una medida sin margen de tolerancia no es correcto, técnicamente no es viable. Toda medida debe tener un margen de tolerancia porque hay una suma de errores”.

En esa línea, coincidió con los expositores de las reuniones anteriores respecto a “que no siguieran matando conductores alcoholizados”, “que se haga justicia con sus casos”, pero en lo que no están de acuerdo es “en la forma de solucionar el problema porque es algo mundial. En la Argentina está exacerbado”.

A su vez, les preguntó a los legisladores: “¿Qué datos oficiales tienen de la República Argentina de los últimos años con respecto a los niveles de alcoholemia que se presentan?”, y respondió: “Si los buscan no los van a encontrar porque no hay”.

“Muchas de las informaciones que se vertieron son en muchos casos erróneos como por ejemplo se dijo que 1 de cada 4 accidentes viales esta generado por un conductor alcoholizado. No hay estadísticas nacionales”, cuestionó Pons y remarcó que “la forma de catalogar o medir los muertos en función de siniestros protagonizados por gente alcoholizada no es la misma para el mundo que para la Agencia de Seguridad Vial”.

Asimismo, ejemplificó: “Según los datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2015 y 2016 el 21,6% de la cantidad de siniestros viales mortales estuvieron protagonizados por gente alcoholizada. Dentro de esa gente alcoholizada había peatones y ciclistas. Eso hace que los conductores alcoholizados no eran el 23%, sino el 14%”.

Como segunda cuestión, señaló que “se apeló a un informe del 2009 lo cual fue bastante criticado en su momento por su falta de calidad estadística ya que el estudio donde se dijo que el 23,8% de los conductores tenían entre 0,1 y 1,5 gramos de alcohol en sangre en realidad se hizo con 43 casos. El espacio muestral es irrisorio y la técnica estadística es vergonzosa y eso se tomó como dato”.

Por otro lado, criticó la comparación que se hizo de los países que optaron por aplicar tolerancia cero porque “datos oficiales desde que Uruguay implementó tolerancia cero subió la cantidad de mortalidad. Datos oficiales de Paraguay de los últimos tres años pasaron del 4% al 5% y luego a 6% de conductores ebrios. No tiene ningún asidero lo que se dice de los países limítrofes”. Asimismo, sumó: “Según la OMS en el 2020 en el caso de Uruguay tolerancia cero tiene una tasa de mortalidad de 13,84% cada 100 mil habitantes, Paraguay 22,60%, Brasil 15,08%, España que tiene 0,5 de tolerancia para conductor particular y 0,3 para el profesional y la tasa de mortalidad es 3,15%”.

“Esos países no legislaron la tolerancia cero, es una aberración técnica la tolerancia cero como primera medida. Aparte es ir en contra del problema”, opinó el ingeniero y explayó: “El problema lo tenemos hoy con los conductores altamente alcoholizados y eso lo sabemos, por lo tanto, el mundo en vez de concentrarse lo que está dentro de la ley porque, piensen que lo que estamos haciendo es que a ala gente que hoy tiene una tolerancia de 0,5 le queremos bajar el límite a 0. Resulta que el problema lo tenemos con los que tienen más de 1. Ayer las cinco personas que disertaron tuvieron familiares fallecidos por conductores alcoholizados, pero ninguno de los cinco casos tenía menos de 0,4 gramos de alcohol en sangre. Entonces si el problema es que tenemos una mortalidad muy importante con gente que tiene menos del 0,5 gramo, hay que preocuparse por ese límite porque está mal”.

“Legislar la tolerancia cero es una aberración técnica. En Argentina hay 7 controles cada mil habitantes, se necesita voluntad política de control”.

En esa línea, insistió: “Cero no puede ser, busquemos un valor intermedio”, y se refirió a las provincias que adoptaron alcohol cero como ley: “La primera fue Córdoba en 2015 teniendo 335 muertos, hoy tiene 564 por lo tanto no está el problema en el numerito. Si en el momento en que perdieron a sus hijos, que es un dolor muy grande, hubiese habido tolerancia cero, habría pasado lo mismo, nada habría cambiado”.

“Estuvimos engañando a los conductores profesionales por 25 años porque no hay alcoholímetros para profesionales y particulares y los errores son para todo el mundo y no hay ningún aparato de medición que tenga tolerancia cero”, precisó Pons y cerró: “Los países que tenían este problema lo resolvieron educando, concientizando, controlaron y sancionaron. En Argentina hay 7 controles cada mil habitantes, se necesita voluntad política de control”, y pidió que “no frustren otra vez a los familiares de víctimas sacando una ley que no les va a solucionar nada”.

En su alocución, Fernando Campagnini, abogado Perito en Transporte, compartió la postura del disertante preopinante porque “el alcohol cero no existe, no se puede medir. Toda medida requiere de una tolerancia y esto ha dado pie a que se interpreten de distintas maneras porque al no existir el cero, los aparatos tiran mediciones erróneas”.

“En 30 años que trabajo, el alcohol no es la principal causa de siniestros. Si nos fundamentamos en datos del Estado se puede ver”, resaltó y recordó que un informe del 2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que no más del 28% de las personas que ingresaron por un siniestro a un hospital manifestaron que habían consumido alcohol en las ultimas 6 horas.

A continuación, detalló que “el 75% de los accidentes viales son generados por otras causales que no se le dé la impronta como al alcohol cero. El Estado de las rutas, a la falta de demarcación, gente usando celulares y aplicaciones y nadie dice nada respecto a los autos nuevos que traen las pantallas táctiles”, y preguntó: “¿Es el alcohol el factor principal de generar todas las muertes en Argentina? es mentira, si genera siniestros, pero no es el principal”, y pidió que se trataran todos esos aspectos que también generan accidentes.

Campagnini reiteró que “después de muchos siniestros el alcohol no figura como un elemento determinante en los siniestros ni de muertes”, pero resaltó la importancia de no consumir alcohol si vas a manejar, aunque cuestionó: “Someternos a un control que no es fehaciente, no estoy de acuerdo. No puedo permitir, como abogado, que se fije el alcohol cero como normativa, pero que se baje de 0,5 a 0,2 estoy de acuerdo”. Y cerró: “Lo único que sirve es el control, no sirve poner estrictamente alcohol cero y las muertes van a empezar a disminuir”.

Carlos Fiochetta, gerente General Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), manifestó de forma breve que “queremos ser parte de la solución y de discutir este problema y poniendo la cara. Somos una actividad que decidimos estar presente y proponer soluciones”, concluyó: “Creemos y estamos convencidos de que este problema se aborda con soluciones concretas, consensos, con discusión y no con soluciones facilitas como las que se proponen”.

En su intervención, el subgerente Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Nicolás Vicchi, sostuvo que “la discusión de una política de seguridad vial no es ajena a nuestra realidad, es transversal, porque cualquiera puede estar sujeto a un siniestro vial”, y recordó que “no es la primera vez que se discute este tema incluso en la provincia de Mendoza se empezó a abordar desde el lado de aumentar los controles y las sanciones sin alterar el 0,5 sabiendo que no era la solución y la evidencia demuestra que estaba en la razón”.

“Las multas o que te saquen el auto, más aún en el ámbito de la juventud, desalienta tajantemente de especulaciones o intenciones de consumir alcohol y luego manejar”, informó y resaltó la importancia de los controles y políticas disuasivas para disminuir los hechos: “Es necesario que nos pongamos a pensar cómo mejoramos la seguridad vial”, y sugirió incorporar otras cuestiones como consumo de estupefacientes, horas de sueño, entre otras. “La seguridad vial es un tema integral, no vamos a solucionar el problema y solo vamos a perder el tiempo”, cerró.

La Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, a cargo del oficialista Pablo Carro (Córdoba) cerró la jornada de reuniones de este martes en la cual emitió dictamen favorable al proyecto de ley que modifica la norma 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos, que ya venía con luz verde de la Comisión de Legislación del Trabajo. 

Además, pasó a la firma otros proyectos de declaración sobre la emisión de estampillas postales con imágenes de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación a cumplirse el 3 de junio de 2022. También otro proyecto sobre la emisión de estampillas postales con imágenes del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, con motivo de conmemorarse el centenario del inicio de su construcción.

Al inicio del encuentro, Carro informó que “hay tres proyectos de ley, dos de ellos tienen que ver con estampillas, pero resulta que esa es una atribución del Poder Ejecutivo y no del Congreso, entonces en la reunión de asesores se pusieron de acuerdo para convertirlos en un proyecto de declaración”.

“La atribución de emitir estampillas es del Poder Ejecutivo, la Cámara no puede sancionar una ley para esa medida, por lo tanto, vamos a solicitar que lo haga a través de un proyecto de declaración”, aclaró la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).

Ley de Telegrama y carta documento gratuitos

Fue el diputado oficialista Carlos Ponce (San Luis) el primero en hablar. Agradeció el tratamiento de los proyectos de su autoría de los cuales “uno de ellos tiene que ver con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2021”, y explicó que “ahí se reúne la sociedad de la información y donde se premia a los países que tienen innovación, proyectos con respecto a temas de la tecnología. San Luis ha sido premiada y son pocos los países que consiguen esta premiación y la provincia lo están conseguido todos los años. Eso es raíz de la política que tiene en relación a información, la conectividad e innovación”.

“Me siento orgulloso de ser de una provincia que lleva a cabo una política de Estado en todo lo que tiene que ver con la conectividad, comunicación y que pueda ser premiada a nivel internacional junto a países que tratan esos proyectos”, manifestó.

Sobre el proyecto que propone modificar la Ley 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos plantea agregarle al artículo 1 un nuevo inciso que establezca: “Por los derechos habientes y/o convivientes del trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador y/o a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que deba efectuar vinculada con el contrato o relación de trabajo”.

“Eso tiene que ver con la gratuidad de las cartas documento o telegramas que muchas veces los trabajadores tienen, pero cuando ocurre un hecho como por ejemplo el fallecimiento del trabajador, pierde ese derecho y los familiares directos necesitan terminar trámites que, algunos de ellos, pueden ser el reclamo de la indemnización o de cualquier otra índole, y tienen que correr con los gastos porque en la práctica, entendemos, hay empleadores muy responsables en la cual acompaña al trabajador en una situación de esas características ayudándolo, pero en muchos casos hay empleadores irresponsables y terminan ocultando lo que deben abonar”, explicó Ponce y agregó: “Hay telegramas que hay que remitir y los trabajadores tienen esas dificultades”.

Además, bregó por sacar dictamen al proyecto y recordó que “tuvo tratamiento el año pasado en al cual tuvo dictamen favorable de ambas comisiones, pero no pudimos tratarlo en el recinto en sesión”.

El pedido de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sin ser miembro de la Comisión, agradeció el tratamiento de un proyecto de su autoría que propone expresar beneplácito por el lanzamiento del primer diario ignifugo del mundo “Noticias de la Comarca” de la provincia del Chubut, como modo de concientizar acerca de la problemática de incendios forestales en la Patagonia.

Se trató de una edición especial del tradicional diario local impreso, pero cuyo papel recibió un tratamiento anti flama que evitaba ser alcanzado por el fuego. El tratamiento fue similar al que se aplica en elementos textiles o de maderas para hogares, fabricas u oficinas mediante el cual se utilizó un líquido impregnante especial que cubre el material y evita ser afectado por un eventual incendio.

Respecto del mismo, sostuvo: “Cuando hicimos este proyecto nos llamó la atención el esfuerzo de un grupo de personas que desde la Comarca Andina señalaban el drama que estaban viviendo con los incendios. Hoy, más allá de las coyunturas políticas y económicas por las que atraviesa nuestro país, lo cierto es que hay muchos ciudadanos que tiene esta misma situación que vieron en 2021 los habitantes de la Patagonia Argentina es que los efectos de la desertificación, los efectos del cambio climático, la falta de la toma de conciencia no solamente de la dirigentica en todos los referentes, sino también de la propia comunidad respecto de lo que significa, trae y nos remonta y remontará cada año estas terribles escenas de incendios como las que tenemos en el Delta del Paraná que son terribles”.

“Es terrible no poder acceder a un pedazo del territorio que el fuego se lo está comiendo, ver la desesperación de la gente, pasar por esas rutas incendiadas y ver la desesperación de un ambiente contrario a la especie humana”, expresó la legisladora que integra el interbloque Federal y señaló que “los incendios mayoritariamente se provocan por la propia acción del hombre, ya sea por una ambición productiva, por descuidos en la falta de capacidad de darse cuenta. Lo cierto es que el enorme porcentaje de los incendios que se provocan en el mundo están vinculados con la acción del hombre y hay una parte pequeña que son producidos por la naturaleza, ya sea por rayos o la sequedad”.

En ese contexto y yendo al plano local, Camaño precisó que “los incendios del sur comenzaron por cuestiones naturales, pero hubo incendios que comenzaron por la acción del descuido del hombre o la acción exprofeso de los ambiciosos. Los incendios del Delta están aún sin resolver, pero sin dudas la carencia del río, la falta de la altitud necesario para poder proveer a los humedales y ríos internos, lo que nos pasa con el cambio climático tiene mucho que ver”.

En ese sentido, disparó: “Este Congreso tiene una deuda, por sobre todo Diputados más que el Senado porque en esa Cámara si tuvo dictamen la ley de humedales que nosotros la dejamos caer en 2013 y 2016”, y agregó: “Cuando la sociedad se expresa en redes exigiéndonos el tratamiento de la ley lo hace por estas cuestiones que pasan. Cuidar el ambiente no está reñido con la producción, eso lo tenemos que entender”, y cerró con una advertencia: “Si no haceos el esfuerzo vamos a tener problemas muy serios”.

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión, la radical Karina Banfi, solicitó el tratamiento de cinco expedientes de su autoría que tiene giro. “Durante el año pasado y este año nos hemos enterado de irregularidades alarmantes de la RTA (empresa Radio y Televisión Argentina) que es presidida por Rosario Lufrano y desde el año pasado la estamos llamando y es imposible”, explicó Banfi.

En suma, coincidió con la diputada preopinante porque “la Cámara de Diputados tiene una deuda con todos nosotros que es la habilitación de Bicamerales por lo tanto los expedientes presentados tienen giro en segunda instancia a esa Comisión”, y reclamó la conformación de la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización -Ley 27078-.

Con una sala repleta de banderas y fotos de víctimas de accidentes viales, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a cargo del jujeño Jorge Rizzotti (UCR), volvió a reunirse este martes para continuar con el análisis sobre la problemática de alcohol cero al volante, a la cual asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas.

El presidente de la Comisión adelantó que “mañana a las 14 hay otra reunión informativa y luego habrá otra instancia para redactar el dictamen de mayoría, para que pase a la otra Comisión y ahí al recinto. La idea es poder sancionar una ley que modifique el tema de transporte puntualmente”.

Al encuentro que está pautado para este miércoles 24 a las 14 fueron invitados el ingeniero Fabián Pons, el doctor Fernando Campagnini y Esteban Bicarrilli.

La palabra de los invitados

Al inicio de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión, Jimena López, agradeció a los referentes de las asociaciones la presencia para que brinden su opinión en un “tema tan valioso como es alcohol cero”.

El primero en hablar fue el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien contextualizó lo que es el consumo de alcohol en el país y la implicancia que tiene en una persona que maneja. “El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El incremento del consumo de alcohol es cada vez mayor. Es una suerte de anestésico y hace años se lo usaba como tal. Cuando uno toma alcohol parece que esta desinhibido”, precisó.

“El alcohol produce un proceso de desinhibición y eso se debe a que hubo una inhibición de las inhibiciones del sistema nervioso central que va acompañado, además, de una disminución de la capacidad de reacción de una disminución de los reflejos acompañado de una disminución de la capacidad para advertir un riesgo, medir un peligro y tomar una decisión. Eso es crucial a la hora de manejar un vehículo”, explicó el médico y agregó que “eso hace que uno no pueda advertir el riesgo a la velocidad que corresponde y tomar la decisión adecuada se puede disminuir en segundos y terminar generando un siniestro”.

En Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”, informó Demín.

Por otro lado, señaló que Argentina es un “consumidor muy importante” de alcohol e informó que “consumimos alrededor de 9.8 o 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Esto nos ubica terceros en América, atrás de Canadá que consumen acerca de 12 litros y de Estados Unidos que consumen 10.2”, y ejemplificó: “Si uno mira lo que tiene una botella de cerveza de un litro, tiene entre 40 y 60 centímetros cúbicos de alcohol puro. Una botella de whisky, de vodka o de fernet tiene 400 centímetros cúbicos de alcohol puro. Cuando alguien toma 1 litro de whisky se tomo casi la mitad de alcohol uro, alcohol de farmacia”.

En ese marco, observó que “las franjas etarias más jóvenes de 12 a 17 años, lo que corresponde a la edad escolar, nos ubicamos primero porque el 54% de los argentinos de esa edad consumen alcohol”, lo calificó como “un disparate”, ya que según la última encuesta de CEDRONAR “los canadienses que toman más alcohol que nosotros cuidan a sus adolescentes, no más del 10% de los canadienses en edad escolar toma alcohol”. A su vez, adelantó que dicha entidad está realizando una encuesta nueva, pero advirtió que “este dato va a ser aún peor”.

“Tenemos una población muy joven que consume mucho alcohol y a los 17 se empieza a conducir vehículos. Esta población, si miramos la misma encuesta, y lo llevamos los 25 años tenemos que va aumentando el consumo de alcohol y cuando llegamos al grupo que va hasta los 35 años, nos encontramos que el 94% de los argentinos consume alcohol. Es mucho porcentaje”, alertó.

En ese sentido, sumó que según datos oficiales “se triplicó desde 2010 a 2017 el consumo de marihuana en los niños adolescentes de 10 a 17 y en la franja que va de 17 a 24. Tenemos un segundo factor agravante. Cuando pasamos los 30 y 32 años comienza otro problema que tiene que ver con el consumo de psicofármacos”.

“Podríamos decir que los argentinos somos consumidores de sustancias, nos gusta consumir sustancias. El 7% de la población está medicada con algún psicofármaco y actúan en el mismo lugar que lo hace el alcohol y tienen un efecto similar”, remarcó Damín e indició que “cuando dimensionamos el problema del alcohol no lo podemos hacer solo, porque el alcohol interacciona absolutamente con cualquier sustancia porque es una sustancia química”.

A su vez, cuestionó la ley actual que plantea 0,5 para automovilistas, 0,2 para motociclistas y 0 para profesionales porque “hay incongruencias”. “Es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol. La ley que prohíbe vender alcohol a menores de 18 se cumple poco, siendo que provoca daños neurológicos”, cerró y agregó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

A continuación, Carlos Silvestri de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, provincia que tiene sancionada la ley de tolerancia cero de alcohol por lo que dejó expresa la “voluntad de apoyar este proyecto por parte de la asociación de familiares de víctimas de siniestros viales”.

En tanto, denunció que los legisladores “sufren presiones” de sectores que “priorizan su beneficio económico ante el único valor irremplazable que es la vida”, y aclaró que ese beneficio “no se ve afectado por la norma según las experiencias de países vecinos”.

“El alcohol cero existe desde 1998 para profesionales y nunca fue objetado por lo que todos los argumentos en contra de esta norma, son falaces”, recordó y bregó: “El concepto de que tolerancia cero al volante más temprano que tarde va a ser ley después de tantos años de lucha”.

Y cerró, con una voz quebrada por la angustia: “La energía renovable de los familiares de víctimas de transito es el dolor que llevamos las 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año. La próxima lucha es el Código Penal para que no siga permitiendo que los homicidios por accidentes viales sean el crimen perfecto”.

También hizo uso de la palabra Angélica Gramajo de la Asociación Civil Martín Gramajo de Santiago del Estero quien sostuvo: “También representamos a familiares de víctimas del NOA y del NEA. Hace 24 años que trabajamos en prevención de siniestros viales después de transformar los porqués que quedaron después de la partida de nuestros hijos. Nos decimos por qué a mi hijo, porqué a mí. Las eternas preguntas, pero transformamos eso en un para qué y empezar a trabajar para que a otros no les pase lo mismo”.

“La primero que descubrimos es que la mayoría no conoce la Ley de Tránsito 24.449 y generamos nuestra tarea en base a su contenido. Son 24 años de lucha, de entrega de generar acciones, proyectos”, relató Gramajo y consideró que la Ley de Tránsito “debe ser actualizada y mejorada”.

En suma, disparó contra el Estado porque “nos re victimiza y nos da la espalda. Nos obligan a contar y relatar a pedir una y otra vez a volver a ese primer día tan doloroso. Un Estado que no permitió a nuestros seres queridos porque permitió que un individuo transforme su auto como un arme y asesine a nuestros seres queridos”.

En su alocución y con las lágrimas en los ojos, Silvia González presidenta de la Asociación Estrellas Amarillas de La Pampa quien expresó: “Nosotros nos encontramos con algo terrible que es la falta de solidaridad y empatía. Todo el mundo piensa que no le va a pasar. Nosotros hace 20 años que venimos acá. Nos reunimos con todos los presidentes de la Nación, dormíamos en la terminal de Retiro. Eso es lo que venimos haciendo hace 20 años, si ustedes hubiesen legislado esto no pasaría”.

“Por favor necesitamos que nos vean. Hicimos lo de las estrellas para que nos vean”, reclamó González y contó que las estrellas amarillas simbolizan las leyes, la educación, la infraestructura, prevención y control. “El país tiene esas patas desarticuladas. La educación vial jamás se cumplió”, criticó y finalizó: “Por favor legislaren y ayúdennos a terminar con esta sangría”.

La siguiente en exponer fue Norma Bonelli de la Asociación Civil Carla Arduini quien remarcó que “esto es importantísimo queremos que esta ley se apruebe”, y ratificó que “el consumo de alcohol es muy grande en todos. El alcohol al volante afecta y deteriora acciones esenciales, como la visión, para una conducción segura y eso aumenta el riesgo de fatalidad”.

Mariana Sena de la Asociación Compromiso Vial señaló que “venimos a una Comisión de Tránsito pidiendo justicia porque tiene que ser con un abordaje integral, todo aquello ambiguo y que no permita llegar antes y prevenir, la gran deuda que tiene el Estado”.

A su vez resaltó la importancia de reformar el Código Penal porque “nuestro primer enfrentamiento contra el Estado se da en Tribunales porque los fiscales no tienen las herramientas para hacer el pedido de justicia. Es muy absurdo y doloroso que se ve a diario”.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a cargo del jujeño Jorge Rizzotti (UCR), volverá a reunirse el próximo martes a las 14 para continuar con el análisis sobre la problemática de alcohol cero al volante, a la cual fueron invitados representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, a los efectos de exponer sobre la temática.

Pese a que en el encuentro anterior las autoridades de la Comisión habían adelantado que el martes 23 emitirían dictamen de mayoría para poder tratarlo en el recinto cuanto antes, eso no será así, ya que está en agenda otra reunión para el próximo miércoles 24 a las 14 a la cual fueron invitados el ingeniero Fabián Pons, el doctor Fernando Campagnini y Esteban Bicarrilli. 

En la reunión pasada expusieron miembros de la fundación “Madres del Dolor” y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. En ese encuentro, Viviam Perrone (fundadora de Madres del Dolor y copresidente de la Asociación Mundial de Víctimas de Tránsito) informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”.

A su vez, aclaró que “cuando hablamos de la ley de alcohol cero no estamos hablando de una ley seca, no estamos diciendo que nadie puede tomar alcohol. Lo que estamos diciendo es que toda persona que decida salir a cenar y le gusta tomar un vasito de vino, una cerveza está perfecto, lo que no puede hacer después es salir a conducir”.

“La primera causa de muerte en los jóvenes en la Argentina no es la droga no es el hambre, ni la delincuencia que son temas muy importantes, pero el primer motivo por el cual pierden sus vidas es por hechos viales que son más fáciles de evitar”, subrayó. En el mismo sentido se pronunció el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quien aseguró que “Nada mata más en la Argentina que la seguridad vial”.

Y sumó: “Según datos de Ciudad de Buenos Aires, nacionales e internacionales, el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertos, siendo los principales afectados los jóvenes”, comunicó el funcionario y agregó: “De todo el rango de víctimas, las personas entre 15 y 35 años representan 4 de cada 10 muertes. Estamos haciéndonos como país un daño irreparable”.

La Ley de Alcohol cero al volante está vigente en ocho provincias argentinas: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, también en países de la región, como Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los proyectos presentados

• La senadora Clara Vega presentó un proyecto para adherirse al Día Nacional de la Seguridad Vial, que se celebra cada 10 de junio, e invitó a tomar conciencia acerca de la importancia del respeto de las normas de tránsito y la necesidad de contar con políticas destinadas a la educación vial.
• También la diputada oficialista Marcela Passo presentó una iniciativa que modifica la Ley 26.206 de Educación Nacional, incorporando la enseñanza de Educación Vial en los establecimientos educativos.
• El diputado radical entrerriano Pedro Galimberti impulsó otra iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo el diseño y ejecución de un plan de auditorías de seguridad vial sobre las carreteras en operación.
• Sin embargo, no todos los proyectos giran en torno al consumo de alcohol por parte de los conductores de autos, ya que dos diputadas del Frente de Todos, Eugenia Alianiello y Marcela Passo, presentaron un proyecto para prohibir la directamente la conducción de vehículos con un nivel de alcohol superior a cero. Acompañaron así la campaña “Estrellas Amarillas”, una iniciativa que fue impulsada por Julio Ambrosio luego del fallecimiento de su hija Laura Cristina en un accidente de tránsito. El proyecto, que busca modificar la Ley de Tránsito (24.449), tiene como objetivo principal implementar medidas tendientes a reducir la siniestralidad vial, así como concientizar a la población sobre el problema que representa el consumo de alcohol al volante.
• El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-Corrientes) presentó un proyecto que impulsa la sustitución del artículo 48° inc. a) de la ley N° 24.449, prohibiendo conducir habiendo ingerido al menos dos horas antes cualquier tipo de bebidas alcohólicas. “Entendemos que la actual norma que permite el consumo puede resultar muchas veces engañosa, dejando que el conductor sea quien decida hasta dónde puede beber y eso muchas veces termina conspirando con la seguridad vial y ciudadana debido a la irresponsabilidad”, dice el legislador correntino.
• Desde el oficialismo, el santafesino Roberto Mirabella presentó un proyecto de ley para que haya una legislación que establezca un límite de 0,2% alcohol en sangre, que en la práctica es alcohol cero, para todos los conductores de todos los vehículos en el país. “En la Argentina hay disparidad en las mediciones en los distintos distritos, algunos permiten 0.5 y otros cero. Nosotros queremos homogeneizar esto, lo que queremos es que haya alcohol cero en los que manejan”, argumentó el legislador del Frente de Todos.
• Se suma la iniciativa del diputado Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense–Buenos Aires) es otro de los que promueven la Ley de Alcohol Cero en todo el país y compara las estadísticas de aquellas provincias en donde rige la medida de las que no. Precisó que en marzo de 2021 (última investigación) el 91% de las personas testeadas en provincias donde aplica la Ley de Alcohol Cero dieron 0 de alcohol en sangre contra un 81% en el resto del país.

La actual Ley

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, obteniendo mejores resultados que la normativa actual que permite el 0,5 de alcohol en sangre.

El flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se presentó este miércoles a un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria de la Cámara de Diputados, que presiden el radical Ricardo Buryaile y el oficialista Marcelo Casaretto, respectivamente, en cuya reunión defendió el proyecto de ley de agrobioindustrial una de las leyes que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió al Congreso que sancione.

En el encuentro también expusieron referentes del sector del campo quienes destacaron algunos aspectos de la iniciativa, pero plantearon que se debe tratar una ley agrícola Argentina que sea más “abarcativo”.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

Fue el diputado radical el primero en tomar la palabra, y tras agradecer a Bahillo, a los funcionarios y a las cámaras por su presencia, explicó que “el compromiso es trabajar para tener la mejor ley posible que contemple las necesidades de los productores y de un funcionamiento adecuado del Gobierno para avanzar en mejoras y en propuestas de mejoras al proyecto en cuestión”.

Además, remarcó que es el tercer encuentro en relación al proyecto y adelantó que la próxima reunión será de carácter técnico a la cual invitarán personas especializadas en la cuestión impositiva para que analicen la iniciativa y opinen específicamente sobre el mismo.

“Queremos avanzar ya en aspectos técnicos. Tenemos objeciones y algunos puntos que, esperemos, podamos avanzar en un dictamen de consenso. Pero la vocación nuestra es darle al sector productivo y al Gobierno una herramienta que les sirva y no que declame”, finalizó Buryaile.

A su turno, Casaretto recordó que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y explicó que “el extitular de la Cámara de Diputados -Sergio Massa- nos pidió cuatro leyes que estaban pendientes de aprobación en el Congreso. Tres de ellas ya tienen aprobación: la ley automotriz, la ley de bio y nano tecnología y la de construcción privada”.

“Esta sería la cuarta ley de las que nos pidió Sergio Massa al momento de asumir. Nuestro objetivo es avanzar con el tratamiento y la sanción de la ley”, señaló el titular de la Comisión de Industria quien destacó que “siempre se escucha a los demás sectores para que enriquezcan los proyectos, para que los mejoren”.

En ese sentido, aclaró que en ambas comisiones están “dispuestos a discutir la redacción o algunos aspectos de la ley”, pero remarcó que el objetivo es “captar inversiones, en este caso del sector agropecuario e industrial; generar valor agregado en la Argentina lo cual genera ingreso de dólares; en algún caso sustituir importaciones y en otros casos fomentar las exportaciones. El proyecto original tenía un objetivo de 2030 de llegar a 200 millones de toneladas”.

“Vamos a trabajar para generar los consensos necesarios en torno a una ley que es un elemento valedero para que la Argentina tenga un proceso virtuoso de inversión en el sector privado y de crecimiento y de creación de empleos”, cerró el diputado entrerriano.

En su alocución, Bahillo agradeció la invitación al plenario y destacó que “uno de los aciertos es el título que tiene el proyecto de ley sobre el Régimen de Desarrollo Agroindustrial Federal, inclusivo, sustentable y exportador”, y agregó: “Esos cuatro términos, de alguna manera, se explica por qué nosotros respaldamos la iniciativa”.

“Este proyecto busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, y en todo lo que es la exportación y el desarrollo de lo que es la agrobioindustria y la exportación del biodiesel y la promoción del desarrollo de lo que son las economías regionales”, precisó el funcionario y ponderó el rol de las economías regionales porque “no están debidamente visibilizadas y reconocidas y son tan importantes como las actividades que se generan en la región centro. Son todas importantes, pero indudablemente las economías regionales no tienen esa visibilidad”.

Este proyecto busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, y en todo lo que es la exportación y el desarrollo de lo que es la agrobioindustria y la exportación del biodiesel y la promoción del desarrollo de lo que son las economías regionales”.

Respecto al eje de “desarrollo” opinó que “hay que incorporar, y el proyecto lo plantea, una mirada de agro cadena tanto agroalimentaria como agroindustrial. Muchas provincias reflejan lo que son las cadenas de valor y todo lo que eso genera en el interior de los pueblos y provincias, porque el nivel primario de producción está asegurado por dos cuestiones”, y explayó: “Por un lado, porque tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta por lo cual tenemos las condiciones objetivas y naturales para el desarrollo de la agricultura por la eficiencia, el conocimiento, profesionalismo, incorporación de tecnología y compromiso que tienen los productores. Una superficie de siembra que no se puede extender, pero con las nuevas tecnologías podemos tener una duplicación del área sembrada a partir del doble cultivo, pero eso no significa no poder tener mayores niveles de producción”.

En suma, ponderó la exportación del sector primario porque “el valor agregado que hay atrás de un grano de maíz es realmente importante. El desarrollo que hay en nuestro semillero en los eventos de mejoramiento genético, en la biotecnología, en el desarrollo satelital, en todo lo que es vinculación de la ciencia y tecnología de maquinaria agrícola. Todo eso no es el mismo grano de soja o lino que exportábamos en los 70, ahí hay muchísimo valor agregado”.

En ese marco, el secretario de Agricultura ejemplificó: “Cuando transformamos la proteína vegetal en animal, el maíz, carne de pollo, huevo, en Entre Ríos es una de las provincias que importa maíz no le alcanza el que produce para transformarlo en carne aviar, porcina, vacuna. Importamos alrededor de 800 mil toneladas al año de la provincia e Córdoba, lo que esto genera en nuestra provincia es muy importante: 33 mil puestos directos de trabajo en un empleo registrado privado de 150 mil empleos privados registrados en lo que es cadena de maíz y atrás de eso viene todo un desarrollo de la industria que hace de soporte de insumo y suministro para lo que es la tecnología de los galpones”.

“El 75% de las exportaciones aviares salen de Entre Ríos cuando solo tenemos 16% de las plantas frigoríficas. Esto habla de la tecnificación por la habilitación que tienen el proceso de habilitación de plantas de los países de destino”, informó Bahillo y precisó que “esto genera un círculo virtuoso que le permite, entre tantas economías que la provincia, un nivel de actividad y de empleo del interior muy importante”.

Para dar otro ejemplo, se basó en la producción de soja en la provincia de Santa Fe y Córdoba a través del biodiesel, por lo cual retomó el proyecto e indicó que “el objetivo de la ley es transformar esa proteína vegetal en animal”. También destacó la lechería de esas provincias que “tienen un grado de tecnificación y producción realmente importante. Lo que aporta en arraigo y desarrollo de la industria agroalimentaria lo cual provoca todo un encadenamiento que da mucho trabajo a muchas PyMes”.

“En eso se ve la importancia de lo que es ver al sector bajo la mirada de cadena agroalimentaria y agroindustrial integrada por cada una de esos eslabones con una distribución de los ingresos que genera esa cadena, de forma armónica y sostenible de esos eslabones y evitar que haya sectores dominantes”, resaltó el exdiputado nacional.

Por otro lado, analizó el eje “federal” del proyecto porque “si hay algo que vamos a conservar en el país, tal como indica la Constitución, es la promoción y las políticas activas para el desarrollo de las economías regionales”, y aclaró que “no va a haber una cuestión en desmedro de la otra, sino que todas son importantes y todas son válidas. Es la sumatoria de la cadena atendiendo a la diversidad productiva que tiene el país por las características regionales, por la diversidad de suelo y de clima”.

“Desarrollando este tipo de economías es que vamos a tener políticas productivas federales, vamos a conservar a nuestros jóvenes en el interior, vamos sostener las economías de los pueblos del interior y de los gobiernos provinciales y vamos a tener un desarrollo como Nación por eso es importante no perder de vista este concepto federal más ligado a las economías regionales”, cerró sobre ese eje.

Al hacer hincapié en el concepto de “sustentable”, Bahillo manifestó que “estamos de acuerdo porque la producción tiene que seguir mirando permanentemente lo que es el ambiente que nos rodea. No podemos pensar en producir más y mejor, si no conservamos y cuidamos el ambiente”.

“Tampoco tenemos que tener una postura que nos inmovilice, el ambientalismo ultranza, nos inmoviliza y no nos permite avanzar en políticas que sinteticen la producción y la preservación del ambiente. Si nos paramos en ese lugar y nos inmovilizamos no empezamos a dar respuesta a muchas de las cuestiones”, consideró y opinó que eso se logra con “producir más e impactar menos con más tecnología y más agricultura de precisión”.

En suma, planteó tener un “fuerte vínculo” en cada discusión técnica que se tenga en la secretaria de Ambiente con los sectores productivos junto a “funcionarios de ciencia y técnica y de economía del conocimiento que estén sentados cada vez que discutamos políticas productivas porque el desarrollo del conocimiento, de nuevas tecnologías tiene que estar vinculado fuertemente con los procesos productivos para impactar menos y ser más eficientes y tener mejores costos y mayor volumen”.

“El conocimiento tiene que estar presente de manera muy activa cuando discutimos políticas productivas”, subrayó y procedió a describir el último eje sobre “exportador”, respecto del cual indicó que “hay que salir de falsas dicotomías, de mercado interno y externo, tenemos que salir por arriba es con más producción y con más tecnología y con más eficiencia. También es administrando sanamente las producciones que genera el mercado interno con el externo mientras vamos creciendo porque no hay que descuidar a ninguno de los dos, pero no hay visiones contrapuestas. Cuanto mayor producción haya, mejor tensión habrá”.

Por último, señaló: “El eje inclusivo es el rol de la política porque tenemos que buscar un mejor país, una mejor Nación, que sea más justa e igual, que generemos las políticas para el desarrollo de todos los sectores productivos para que generen riqueza, valor agregado. Ese crecimiento en el nivel de la actividad económica, esa rentabilidad necesaria e imprescindible que tienen que tener los sectores de la actividad privada para reinvertir, pero tenemos que generar políticas de inclusión laboral. Si todo ese crecimiento no se condice con nuevas oportunidades de nuevos puestos de trabajo y solo hacemos crecimiento de producto bruto, ese crecimiento no es desarrollo y la tarea de la política será incompleta”.

El flamante secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, asistirá el próximo miércoles a un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria de la Cámara de Diputados, que presiden el radical Ricardo Buryaile y el oficialista Marcelo Casaretto, respectivamente.

En el encuentro también se recibirán a referentes del sector del campo, en lo que representa una nueva jornada de debate sobre el proyecto de ley agrobioindustrial, que forma parte de la agenda del oficialismo y es una de las leyes que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió al Congreso que sancione.

Esta vez, la diferencia es que el Frente de Todos avanzará con un plenario, lo cual abre la posibilidad de que se emita dictamen de la iniciativa.

Bahillo, exministro de Producción de Entre Ríos y también exdiputado nacional, expondrá a partir de las 15 en el Anexo “C” de la Cámara baja.

El proyecto había sido defendido el 22 de junio pasado, en la Comisión de Agricultura, por el exministro Julián Domínguez.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

La problemática de alcohol cero al volante, que tuvo la presentación de numerosos proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, fue analizada este martes en el seno de una reunión informativa de la Comisión de Transporte de Diputados, a cargo del jujeño Jorge Rizzotti (UCR), a la cual asistieron miembros de la fundación “Madres del Dolor” y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Los miembros de la Comisión acordaron tener otra reunión informativa el 23 de agosto y emitir ese mismo día un dictamen de mayoría para poder tratarlo cuanto antes en el recinto.

La vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Jimena López, explicó que “la idea es escuchar lo que dicen los invitados y poder avanzar en el trabajo legislativo en una legislación que considere importante también, no solo lo que pasa en el siniestro vial, sino las consecuencias de lo que pasa”, y bregó por poder darles una respuesta que “tanto están buscando hace tanto tiempo”.

A continuación, tomó la palabra la fundadora de Madres del Dolor y copresidente de la Asociación Mundial de Víctimas de Tránsito, Viviam Perrone, quien agradeció a los legisladores por presentar distintas iniciativas sobre alcohol cero porque “los necesitamos de manera urgente”.

“Soy la mamá de Kevin y hace 20 años mi hijo perdió la vida en un hecho vial sobre la Avenida del Libertador en Vicente López”, contó y agregó: “Me acompaña Silvia Fredes de Madres del Dolor que también perdió a su única hija, Martina, en un hecho vial. Los dos jóvenes, Kevin tenía 14 años y Martina 16 con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de seguir adelante y alguien decidió que no pudieran hacerlo”.

Respecto al tema de alcohol cero, Perrone señaló que primero “tenemos que pensar cómo estamos hoy”, y procedió a informar que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”.

“La Organización Mundial de la Salud pedían que se tomen las cifras desde el momento del hecho hasta un mes después. Ahora toman hasta tres meses después del hecho porque Kevin perdió su vida una semana después de que fue atropellado y en ese momento en Vicente López no incorporaban a las estadísticas viales quien perdía su vida después del hecho. O sea que Kevin no quedó dentro de las estadísticas de muerto por un hecho vial, sino porque se produjo un paro cardiorrespiratorio, sabemos que eso se produjo debido al hecho vial”, relató Perrone.

En ese sentido, comparó que en Ciudad de Buenos Aires toman las cifras hasta una semana después del hecho”. A su vez, ejemplificó: “Supongamos que en la Argentina fallecen 14 personas por día por hechos viales”, y criticó: “Muchos de ustedes están acá hace años, otros fueron nombrados en diciembre. Me cuesta mucho entender por qué se tardó tanto en nombrar al presidente de la Comisión. Pasó casi medio año, pasaron siete meses y si en esos meses fallecieron 14 personas por día, hasta la fecha murieron 1.940 personas desde enero hasta julio.

“Encima hubo receso, acá nadie vino. Por eso mis llamadas y mi gran dolor cuando recibo algunas explicaciones de por qué no se está reuniendo esta Comisión y por qué nuestra urgencia. Yo y lo viví porque dentro de estas 1.940 personas podrían haber estado algún hijo de ustedes, algún hermano de ustedes y la verdad es que eso es lo que queremos evitar”, cuestionó la fundadora de Madres del Dolor.

En tanto, manifestó: “Cuando hablamos de la ley de alcohol cero no estamos hablando de una ley seca, no estamos diciendo que nadie puede tomar alcohol. Lo que estamos diciendo es que toda persona que decida salir a cenar y le gusta tomar un vasito de vino, una cerveza está perfecto, lo que no puede hacer después es salir a conducir”. Al respecto, Perrone contó que mantuvieron una reunión con empresarios vitivinícolas que les hicieron llegar preocupación porque de aprobarse la ley “vamos a tener que echar gente, van a cerrar restaurantes”, sin embargo, la fundadora de la organización explicó: “Lo mismo decían con la ley de prohibido fumar en lugares cerrados, ¿ustedes conocen algún restaurante que haya cerrado porque no se les permite fumar adentro? Lo mismo va a pasar con la ley de alcohol cero, no los estamos perjudicando en nada y le estamos salvando la vida a sus seres queridos”.

Además, contó que “se necesita educación vial y más controles porque no sirve de nada la ley de alcohol cero si no hay controles después, pero tampoco podemos tener a un agente de tránsito dentro de cada auto o en cada esquina. La gente que conduce tiene que saber que no debe tomar alcohol si va a manejar”.

“Cuando me hablan de educación vial, todos los que tenemos registro de conducir sabemos lo que podemos hacer y lo que no. No hay nada más para educar. A los argentinos no les hace falta más educación vial, porque cuando van a Uruguay, a Chile, saben conducir perfectamente, sino que no dejan de respetar la ley, como si lo hacen acá”, sumó.

A su vez, informó que en Chile existe la “Ley Emilia” que establece que “aunque uno no atropelle a nadie es un delito penal conducir en estado de ebriedad” y Uruguay tiene alcohol cero, entonces, “cuando uno sabe cuáles son los límites claros, también es una manera de educar”.

“No se puede tomar nada a la hora de conducir porque afecta a los sentidos, y para manejar tenemos que tener bien todos los sentidos”, resaltó Perrone. Por otro lado, comunicó que el 80% de los casos que reciben en la organización son por violencia vial, también por violencia de género, institucional. “La primera causa de muerte en los jóvenes en la Argentina no es la droga no es el hambre, ni la delincuencia que son temas muy importantes, pero el primer motivo por el cual pierden sus vidas es por hechos viales que son más fáciles de evitar”, subrayó.

Comenzamos a tratar #AlcoholCero en la Comisión de Transporte de @DiputadosAR.

Acompañamos esta iniciativa que promueve la disociación entre conducción e ingesta de bebidas alcohólicas: los distritos que la adoptaron lograron bajas sensibles en la siniestralidad vial. pic.twitter.com/4XDUgP9Kue

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 9, 2022

Por último, señaló que todo conductor se niegue a realizarse el test de alcoholemia será considerado positivo y cerró: “Tenemos que ser responsables al conducir porque indica tener responsabilidad al volante, no es un derecho conducir. El único y máximo derecho que tenemos es a la vida. Nadie tiene que utilizar el auto como un arma. Esta ley la necesitábamos para ayer, necesitamos que se vote lo antes posible y respetemos la vida”.

En el uso de la palabra, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, remarcó que “la seguridad vial es una cuestión de salud pública” y retomó las palabras de su predecesora: “Nada mata más en la Argentina que la seguridad vial”.

“Según datos de Ciudad de Buenos Aires, nacionales e internacionales, el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertos, siendo los principales afectados los jóvenes”, comunicó el funcionario y sumó: “De todo el rango de víctimas, las personas entre 15 y 35 años representan 4 de cada 10 muertes. Estamos haciéndonos como país un daño irreparable”.

Además, precisó que según datos de la OMS: “Con la primera gota de alcohol ya empieza la afectación a nuestra capacidad y que con una graduación entre 0.1 y 0.5 es 3 veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que un conducto sobrio”.

A su vez, Martínez Carignano invistió en “dejar atrás una ley que resulta vieja porque en países como Uruguay, Paraguay, Brasil tienen alcohol cero y trajo aparejada una reducción notable de la siniestralidad asociada al alcohol”.

“Hay nueve provincias argentinas que hoy tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán”, subrayó y señaló que en esas provincias bajaron los datos de siniestralidad a partir de la ley. Pero indicó que “Argentina tiene alcohol cero para conductores profesionales hace 25 años”.

El funcionario aseguró que según las encuestas 8 de cada 10 personas están a favor de sacar la ley de alcohol cero y aclaró que “esta norma no pretende recaudar porque no tiene sanción adicional, no tiene nada que ver con eso. Tampoco se verificó que el consumo de alcohol haya bajado”.

La palabra de los legisladores

Pidió la palabra el diputado y exministro de Transporte, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense), quien contó que la idea precisamente es “afrontar una de las causas de muertes en jóvenes que son los siniestros viales. Pero son 5 los siniestros viales como el exceso de velocidad, el uso de cinturón de seguridad como el uso del casco, el uso de elementos de distracción como es el celular y la quinta causa con un 25% es producto del alcohol en sangre”.

“Hay un interés claro de impedir que la ley se vote vinculado a las empresas de venta de alcohol y privó el interés comercial por sobre preservar la vida”, cuestionó Randazzo y finalizó: “El alcohol en sangre mata porque hace 10 años que esta presentada la ley”.

En su intervención, el diputado oficialista Eduardo Toniolli (Santa Fe) resaltó que “se intenta llevar adelante una transformación cultural con el alcohol cero y que se instale el concepto y la costumbre que hay que disociar la ingesta de alcohol de la conducción porque sino entra la especulación de cuánto tomar”. “El hecho de que haya una baja sustancial de siniestros viales nos indica que tenemos que votar esto”, opinó.

En una breve interrupción, Rizzotti señaló que “no sirve de nada tener una ley si no se controla, tanto a nivel provincial como nacional”.

“Las leyes requieren un control y es una función del Ejecutivo, pero pasó una década y no logramos una ley de alcohol cero. Es fundamental trabajar, pero no es una ley seca, sino que quien maneja no tome, no es atentar contra economías regionales sino defender la vida y la salud y reforzar la educación de cuidar a los otros, fomentar el respeto por la vida del otro”, expresó la vicepresidenta de la Comisión.

La diputada nacional del Pro María Luján Rey sostuvo que “se estiran los tiempos y hay otros mecanismos para hacer participar a muchas asociaciones, pero tenemos pronto un dictamen de mayoría para que avance y sea tratado en el recinto, esas organizaciones lo van a celebrar”, y pidió: “Hay que pensar otros mecanismos para hacerlos participar, pero avancen con un dictamen unificado”.

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, tenía previsto presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de su gestión el 31 de agosto, pero en la tarde de este lunes se conoció la postergación de la cita para el próximo mes.

Según informó la Cámara baja, la reunión se agendó para el miércoles 14 de septiembre a las 11. De concretarse, será la primera vez que el funcionario se presente ante ese cuerpo desde que asumió y ante la cual deberá responder un total de 3.926 preguntas efectuadas por los diputados de los diferentes bloques.

De acuerdo a la nota que enviaron desde la Jefatura de Gabinete a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, la postergación es “en virtud de las modificaciones a la Ley de Ministerios y el gran volumen de preguntas realizadas, se cita a dicha Sesión Informativa para el día 14 de septiembre a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”.

Viene en mora en esa materia el jefe de Gabinete, puesto que asumió el 20 de septiembre del año pasado y recién concurrió al Congreso por primera vez el 2 de junio pasado, al Senado de la Nación. Recordemos que el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir todos los meses al Congreso, alternando cada mes entre las cámaras.

La flamante electa presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (FdT), se instaló en el despacho que ocupó Sergio Massa para comenzar a delinear una agenda parlamentaria de cara a las próximas semanas. La misma estará sujeta a los anuncios que Massa realice en su nuevo rol y a los temas que ya se vienen trabajando en el cuerpo.

En una visita a la sala de periodistas de la Cámara baja, la legisladora se mostró confiada en poder construir consensos con la oposición y reveló que en los próximos días se reunirá con las autoridades de las diferentes bancadas que integran Diputados, una tarea que pidió el tigrense en su discurso de despedida en la sesión de este martes.

En ese contexto, Moreau adelantó que la agenda parlamentaria de las próximas semanas estará sujeta en parte a los anuncios que realice Massa desde su nuevo rol de ministro Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, ya que en su alocución el tigrense señaló que terminaba una etapa en Congreso, pero que “en esa nueva etapa voy a venir una y cien veces a esta casa que es la del pueblo, a la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este país sea mejor, podamos más allá de nuestras diferencias, darles a los argentinos en cuatro, en cinco o diez temas, políticas de Estado”. También, se continuará con el tratamiento de los temas que viene analizando el cuerpo legislativo.

En un posible temario enumeró proyectos como la ley de Enfermería, la de Agroindustria, la ley de Envases, la de Obstetricia y la de Licencias por Paternidad, esta última relacionada a la agenda de género. También mencionó el proyecto que crea un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que tiene media sanción del Senado, pero nulas chances que se apruebe en Diputados.

También mencionó la ley de Moratoria Previsional, que fue impulsada por el kirchnerismo en el Senado e introducida en una reunión informativa convocada por la presidenta de la comisión de Previsión, Marisa Uceda, a principios de julio.

Moreau destacó en la charla con los medios el rol de Massa como “hombre de consensos” y, en ese sentido, puso de relieve su trabajo en las modificaciones al proyecto de Presupuesto 2022 -que finalmente fue rechazado por la oposición- y al que avaló el último acuerdo con el FMI.

Y tuvo también tuvo este miércoles su primera visita de peso en su nuevo despacho: el gobernador Axel Kicillof, al que calificó como “compañero fundamental” para la transformación de la Provincia.

🏛 » En mi primer día como presidenta de @DiputadosAR recibí la visita del gobernador @Kicillofok.

¡Gracias Axel por venir! Sos un compañero fundamental para la transformación de nuestra amada Provincia de Buenos Aires y de la Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/J8oOd5R9Ge

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 3, 2022

Ante las tensiones entre el Gobierno nacional y el campo, sumado a la convocatoria de una manifestación por parte de militantes afines al oficialismo el próximo sábado en la inauguración de La Rural, diputados nacionales de la UCR recorrieron la Exposición Rural 2022 en donde realizaron fuertes críticas a la política agropecuaria del gobierno. Allí dialogaron con productores y representantes del sector. 

Consultado sobre las medidas que el gobierno anunció recientemente para el campo, el presidente del bloque en Diputados, Mario Negri, consideró que son “parches”. “El gobierno no tiene un plan: te hace un programa en cuotas y por rubro. Primero te dijeron que no, pero ahora te dicen que, hasta agosto, un pedacito de lo que liquides de soja te lo doy a un dólar, el otro 70 % déjamelo depositado”, apuntó.

“Es decir, lo que está diciendo el gobierno es ‘no tengo una concepción del desarrollo productivo, sino que mi concepción tiene que ver con de qué manera me das los dólares que yo creo que vos tenés y que, según mi opinión, esos dólares no son tuyos, sino que se los tenés que dar al Estado”, afirmó.

Asimismo, el jefe del bloque dijo que “estamos ante un gobierno débil, un gobierno en default político y que no puede unificar una posición”.

Y enumeró: “La directora de la AFIP ha dicho que el mercado marginal del dólar es el mayor desestabilizador; el presidente ha dicho que los especuladores son los productores; la vocera presidencial dice que el mercado marginal del dólar no existe; el ministro de agricultura está afónico, no dice nada, y es el encargado de hablar del sector del campo; y Pesce, que es el encargado de la política monetaria, se ha hecho cargo de la política agropecuaria. Así estamos”.

“Cinco opiniones distintas sobre el principal sector que aporta divisas al país. Nos ha dado 20 mil millones de dólares y se han esfumando entre los dedos. Desgraciadamente estamos sin rumbo”, sostuvo Negri.

Por su parte, el formoseño Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados agregó: “Hoy el Gobierno nos dice que nos trata igual a todos, pero es solo por 30 días”.

Y señaló que “el análisis que hace el Gobierno es de neto corte especulativo respecto a la soja. El productor vende cuando necesita, lo va a hacer si necesita al precio que sea. Pero como cualquiera, va a querer retener parte del fruto de su trabajo, de sus ahorros, porque tiene que ir cumpliendo con sus obligaciones, muchas de las cuales se pagan justamente con soja”.

“No es cierto que haya 20.000 millones de dólares sin liquidar. Hay 13.000, y de esos 13.000 los productores se llevan 3.000 y el Gobierno se queda con los otros 10.000, ya que en Argentina el productor cobra el 28 % de lo que cobra un productor de soja en otra parte del mundo, el resto se la queda toda el Estado”, remarcó.

Estuvieron presentes, además, los diputados Karina Banfi, vicepresidenta del bloque; Juan Martín, Marcela Coli, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Miguel Bazze. La comitiva fue recibida por Juan Diego Etchevehere, presidente de la SRA de Entre Ríos, y otros representantes del sector.

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) presentó un pedido de informes en la Cámara baja, ya que “las restricciones del Banco Central afectan el ingreso de insumos para la producción y compra de equipamiento sanitario y otros insumos médicos”, detalló.

En el pedido de informes -que fue acompañado por más de 30 diputados- se solicitó, entre otras cuestiones, que “se informe respecto a la situación de la disponibilidad de divisas para la importación de componentes y materiales para la producción de equipamiento hospitalario y para la importación de insumos y productos médicos“; y “qué medidas se han tomado para asegurar la disponibilidad de productos médicos descartables, implantables y electromédicos en todo el territorio nacional, y qué prioridad se le otorga a la importación de estos productos”.

“Este tipo de insumos son insumos muy específicos, con pocos fabricantes a nivel mundial, y a los cuales es muy difícil cambiar las condiciones de pago, llevando en la práctica a la imposibilidad de introducir al país estos elementos esenciales para proveer a la salud y a proteger la vida de los argentinos”, precisó El Sukaria.

La vicepresidenta del Pro cordobés, agregó: “La situación denunciada sin dudas va a terminar afectando servicios básicos como guardias o cirugías de urgencia. Así como se autoriza los medicamentos, es importante eliminar las restricciones para el ingreso de estos productos esenciales, sin los cual no puede funcionar un servicio de salud”.

Por último, cerró: “Existe también una industria en nuestro país que fabrica dispositivos médicos y que no sólo abastece al mercado interno, sino que exporta a otros países. Si esta industria nacional no cuenta con las importaciones necesarias, se produce una pérdida de mercados que se tardó mucho tiempo en ganar y generar la confianza necesaria para comerciar. El daño que se produce por estas medidas es altísimo”.

A pedido de la Municipalidad de Neuquén, puntualmente por el intendente, Mariano Gaido, legisladores de la provincia en la Cámara baja del Congreso de la Nación presentaron un proyecto de ley para que se declare como Fiesta Nacional a la Fiesta de la Confluencia, que se realiza desde el año 2013 en el Paseo Costero de la Isla 132.

El proyecto lleva la firma de Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi (Frente de Todos); Pablo Cervi y Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio); y Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino.

El proyecto presentado establece a la ciudad de Neuquén como sede permanente de la “Fiesta Nacional de la Confluencia” y la incluye en el calendario turístico y cultural nacional.

“La Fiesta de la Confluencia cumplirá su décimo aniversario el próximo año. Se creó en 2010 mediante la ordenanza 11.947, sancionada por el Concejo Deliberante durante la intendencia de Martín Farizano; pero recién en el año 2013, durante la Intendencia de Horacio Quiroga, se realizó por primera vez”, argumenta la iniciativa.

Además, destaca que “el evento persigue una doble finalidad: por un lado, generar una festividad acorde a la identidad de los neuquinos destacando el patrimonio histórico y cultural de la ciudad; y por el otro, llevar a cabo un evento atractivo en el marco de una estrategia de promoción y desarrollo económico a nivel regional y nacional”.

La Legislatura del Neuquén estableció su carácter de Fiesta Provincial en el año 2016 a través de la Ley 3048. La última edición de febrero de 2022 fue un verdadero éxito, con más de 200 emprendedores en la Feria, 200 comercios gastronómicos y cinco noches de espectáculos musicales de nivel internacional que convocaron a más de 1.200.000 vecinos y turistas.

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró este jueves que “el paro agropecuario pasó sin pena ni gloria”, y advirtió que la Mesa de Enlace “no está logrando sintonizar con el verdadero humor de los argentinos ni con el sentir de sus propias bases de representación”.

En declaraciones a El Destape Radio, Gerardo Martínez expuso que “en un contexto muy delicado, los sectores productivos están tratando de ver cómo atenúan el costo para seguir produciendo”. Además, sostuvo que “la acción de ayer tiene que ver con cuestiones políticas partidarias que fueron en sentido contrario a lo que piden las propias bases de las entidades rurales”.

El legislador hizo referencia también a las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, y descartó que en el FdT existan “resquebrajamientos” en relación a esos anuncios, ya que consideró que “el mensaje tiene destinatarios muy concretos y ella les habló a todos los actores del desarrollo y el crecimiento económico en función del panorama que se venía dando en los mercados”.

“Es lógico que algunos compañeros sientan que el mensaje no los contuvo, pero hay que tomarlo con serenidad”, manifestó Martínez, quien además añadió que “hay que ir despacito y no hay que perder la mirada estratégica, sobre todo por lo que estamos jugando en Argentina”.

Respecto a la agenda parlamentaria, Martínez aseguró que en Diputados se trabaja para conseguir que proyecto para que la deuda contraída con el FMI se pague con dinero fugado al exterior “sea aprobado con los votos necesarios”, luego de la media sanción que la iniciativa obtuvo en el Senado.

El legislador remarcó: “Demostramos que pudimos sacar leyes con consenso amplio y otras de forma más ajustadas como la Asignación Específica para el financiamiento de la cultura. Esa iniciativa ya está en Senado, seguramente podrá ser tratada a la brevedad. Estamos satisfechos con la tarea que se realizó en esta primera parte del año”.

En el inicio de la sesión de la Cámara baja, el diputado nacional y titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, apuntó contra la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis: “Con suerte va a ser una buena almacenera”. Además, cuestionó a Alberto Fernández porque “no tiene entidad política ni entidad institucional”, y lanzó duras acusaciones contra la vicepresidenta: “Esta señora que toma el poder, más tóxica no se consigue”.

“Todos ya vemos que tenemos un presidente de la Nación sin entidad política y con leve, casi nula, entidad institucional y eso nos preocupa a todos. Por eso estamos acá sentados, no por la agenda parlamentario, sino porque queremos un Congreso abierto que garantice un poco de institucionalidad a un presidente sin entidad institucional”, comenzó en su alocución López.

En ese sentido, señaló: “Vimos momentos de vacío de poder, vimos momentos de anarquía en el poder y cuando eso pasa alguien lo toma, no se crean que queda vacío”, y advirtió: “El poder siempre se ocupa. Lo pueden tomar los temerarios y creo que lo esta tomando una persona temeraria. Lo pueden tomar los golpistas, lo pueden tomar los desesperados por impunidad y en esa situación estamos”.

Respecto a la renuncia de Martín Guzmán, comentó: “El exministro fue un oportunista, descarado, escandaloso, se fue en este momento solo porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”.

“Nos deja el poder a una ministra, Batakis, que parece que la nombraron los gobernadores, la vicepresidenta y el presidente”, expresó en un tono elevado y manifestó: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”. Inmediatamente se disculpó: “Con perdón de los almaceneros”.

En ese contexto, el legislador de JxC alertó: “Si Argentina tiene poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar. No hay mucho para decir, porque hay que tener cuidado con las palabras estos días. Yo no se si Cristina Kirchner tiene alguna estrategia política por delante, la verdad que lo dudo mucho o en todo caso a dónde nos lleva, pero si se que sabe el daño que causa, lo sabe. Si esto fuera derecho penal, de mínima es dolo eventual. Se representa lo que puede pasar porque fue 8 años presidenta y lo hace igual, no le importa. Es como el que pasa el semáforo en rojo a 180, no sabe si va a matar a alguien, pero si lo mata lo mata”.

“Miren Frente de Todos, señores gobernadores, intendentes, diputados, dirigentes sociales, van a terminar como Alberto Fernández, van a terminar vencidos, van a terminar humillados con esta señora que toma el poder, que más tóxica no se consigue. Así terminan los que siguen sumisos frente a la falta de liderazgo de ustedes y aferrarse al liderazgo de alguien que solamente está desesperada”, cerró con un fuerte mensaje hacia el oficialismo.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja, presidida por el radical Víctor Hugo Romero, se reunió este miércoles para establecer una metodología y una agenda de trabajo. En ese contexto, propuso citar a funcionarios nacionales y provinciales para que conocer “cuál es la mecánica del Gobierno nacional con respecto a la defensa al consumidor”. En tanto fijó los miércoles a las 14 como día de encuentro.

Al comienzo de su alocución, Romero resaltó la “importancia que tiene la comisión en temas que están relacionados con el consumidor y hay demandas permanentes de todo tipo. Era necesario hacer la reunión para definir la mecánica”.

En ese sentido, sugirió hacer una base de datos de todos los proyectos que tienen como “cabecera para tener un orden”, y propuso que “cada 15 días por secretaria se vayan incorporando los nuevos así podemos ir generando información”.

“Que los asesores empiecen a trabajar en cada uno de los proyectos porque hay muchos que tienen temáticas similares y es bueno generar alguna unificación. Luego definiremos el criterio político de cuáles son los proyectos que se van a tratar”, consideró y sumó: “Sería una buena mecánica que los asesores trabajen de forma virtual por las distancias para que nos vayan dando información”.

Por otro lado, sugirió establecer “un periodo de escucha de la comisión, generar herramientas o reuniones informativas con funcionarios nacionales y trabajar de forma virtual con los distintos funcionarios provinciales que trabajan en la temática y escucharlos. La idea es que sean reuniones de escucha y tomar un criterio”.

En esa línea, propuso “invitar a la secretaria de Comercio e Industria o a la subsecretaria que están relacionados con defensa el consumidor”, con el fin de saber “qué programas hay, cuál es la mecánica del Gobierno nacional con respecto a la defensa al consumidor y tener una visión cabal de los temas a tratar. Luego organizar con las entidades que están a cargo de la defensa del consumidor en cada provincia y Capital Federal, hacer un encuentro federal virtual con una temática”.

“La idea es que trabajemos en equipo, es importante”, resaltó el radical y aclaró que la idea es establecer también “un periodo de escucha con asociaciones intermedias, sociedad civil” porque “es bueno saber la visión que tienen en el programa de gestión nacional, hay que escuchar a todos ese es el objetivo”.

A casi un mes de la primera reunión informativa, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el debate por los créditos hipotecarios UVA este miércoles a las 11 desde el Anexo “C”.

La reunión conjunta de las comisiones que presiden los oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller será la segunda con carácter informativo ya que fueron invitados especialistas y representantes de los tomadores de créditos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas había adelantado en el plenario del 1 de junio que se acordó llevar adelante dos reuniones informativas, con la presencia de especialistas y representantes de los tomadores de créditos, y una reunión de debate.

Martes 28 de junio

10:30 hs. Encuentro Federal del Personal de Salud, organizado por la senadora Beatriz Avila.

13:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda de  la Cámara baja, para tratar el proyecto de Industria Automotriz.

13.30 hs. Reunión constitutiva de la Comisión de Turismo del Senado.

14.00 hs. Reunión constitutiva de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

14.30 hs. Reunión constitutiva de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado.

16.00 hs. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado. Recibirán a una delegación de senadores franceses.

18.00 hs. Jornada “Experiencias de vida independiente de personas con discapacidad intelectual – Insumos para el debate del proyecto de ley de creación de Sistema Integral para la Vida Autónoma”. Organiza la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.

18:00 hs. Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja. Con invitados del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

18.00 hs. Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Miércoles 29 de junio

09.30 hs. Reunión de la Comisión de Minería de Diputados. Fue invitada la secretaria de Minería de la Nación, Dra. Fernanda Ávila, representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), a fin de informar la situación de la Minería en la República Argentina, perspectiva de crecimiento del sector.

11.00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

13.00 hs. Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados.

14.00 hs. Presentación del documental “Archivos VIH/Sida: historias y voces de una pandemia”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

14.00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

15.30 hs. Reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados.

16.00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura – Reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Convocado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que preside Ricardo Buryaile, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se presentó este miércoles para explicar la situación del sector del país.

Desde la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, el expresidente de la Cámara baja entre 2011 y 2015, habló de una nueva ley de semillas la cual destacó que “es un estímulo para la inversión en el sector que aún tiene un camino para recorrer y es algo importante para la Nación”, pero la mayor parte de su ponencia se enfocó en la ley agrobioindustrial, destinada a estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, uno de los temas clave que figura al tope de la agenda oficialista para los próximos meses.

Al inicio de la reunión el presidente de la comisión expresó: “Acá pretendemos que se dialogue. Hoy tenemos una responsabilidad todos los estamos en la política en un momento que vive la argentina, de dialogar, de encontrara soluciones. Pensamos distinto porque eso enriquece y eso es mejor para la sociedad”.

En su alocución Domínguez agradeció la invitación a la comisión y recordó que cuando fue ministro en el 2010 “se trabajó en lo que fue el PEA – Plan Estratégico- donde se trabajaron en metas por cadena de valor”. En tanto reconoció que la sorpresa más grata es cuando se enteró que se institucionalizaban la materialización de las diferentes cadenas productivas. Es un hecho absolutamente novedoso en la vida empresarial y productiva del país”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta de “principal interés” en esta etapa de la gestión es la propuesta del Consejo agroindustrial y resaltó que “la trabajó el sector privado. La constituyeron las diferentes organizaciones empresariales, se debatió mucho en la órbita del Ministerio de Economía. Cuando asumí estaba convencido que era el mejor instrumento para la acción, para subir un proceso de promoción y de nuevas inversiones, de industrialización de la ruralidad argentina, de generación de empleo y venía a dar respuesta a uno de los principales problemas que reclama el productor argentino que son reglas de previsibilidad”.

“Tenemos el convencimiento de que el mejor mensaje que hoy pueden recibir los productores, la Argentina y la industria del sector es que se van construyendo consensos básicos y promociones a quienes decidan invertir en el país”, señaló el titular de la cartera de Agricultura y sumó: “La mejor noticia que puede tener el país es que el sector privado en acuerdo con el sector público pone a consideración una propuesta para ser discutida y debatida”.

En tanto, explicó que dicha propuesta “viene en un contexto que no imaginábamos. Fin del año pasado la Argentina vivía un contexto internacional que se modificó más allá de lo que los economistas del sector podían plantear porque nadie imaginaba que la guerra iba a traer las consecuencias que trajo como el costo de los fertilizantes fue la primer señal que recibimos donde el escenario iba a cambiar y eso ameritó reuniones con los ministros de los países limítrofes donde consecuencia de ese aumento América Latina estimaban que 80 millones de habitantes iban a  bajar por la línea de la pobreza. Esa señal nos advertía los problemas que iban a haber sumado a una demanda creciente de lo que Argentina produce”.

“Estamos en un escenario de que lo que Argentina produce, el mundo lo reclama. Es una construcción colectiva que viene a dar respuesta y a generar mejores condiciones para las nuevas inversiones en el país”, resaltó Domínguez y ponderó que “hay mucha distorsión con este proyecto porque contempla todas las economías, todas las regiones del país. No es un proyecto pensado para un sector o región particular, sino que busca estimular nuevas inversiones y alentarla en todo el país. Es importante porque es la ley de todo el país, fue conversado con más de 12 gobernadores. Recoge un sentimiento o deseo de generar condiciones para que Argentina pueda avanzar en un proceso de inversión y de industrialización”.

En tanto, contó que cuando presentaron el proyecto la denominaron “Ley agrobioindustrial,” porque “vivíamos un proceso, hasta fines del año pasado, donde los países centrales tenían condiciones sanitarias extremadamente rígidas que terminaban actuando como barrera arancelaria para nuestra producción”. También relató que defendieron la producción ganadera sobre la cual había una “embestida sobre la producción”, lo cual llevó al país a un ejercicio de certificación de buenas prácticas agrícola y de certificación de manera que se garantizara la trazabilidad de lo que el país producía.

También destacó que su predecesor impulsó a las economías regionales bajando “a tasa 0 los derechos de exportación” es decir “hubo una clara decisión de generar mejores condiciones de competitividad”.

“La ganadería es un punto común de todos los productores de Argentina. Nos aprecia que llevar una estrategia en las políticas ganaderas que permitieron más y mejor carne, el objetivo es más ternero por madre, más carne por animal, para lograr recomponer la pérdida de 900 mil vientres”, enumeró y recordó los trágicos incendios de Corrientes que “nos descalzó en el plan ganadero. Haberlo sufrido a dicho incendio fue una catástrofe imposible de imaginar. La angustia e incertidumbre de los productores, pero logramos la interacción del gobierno provincial y nacional de las entidades para reponerse rápidamente y las consecuencias en el impacto a la economía fueron mucho mejor al que pensábamos”, explayó Domínguez.

En ese sentido, afirmó: “Mi visión sobre el sector ganadero es la mejor porque asumieron y absorbieron un cambio de ciclo y desplazamiento de la ganadería que fue exitoso”, y señaló que “si hay algo que tenemos que defender si queremos seguir produciendo, exportando, si queremos dar respuesta a la demanda global de alimento, es el primer paso que es el productor argentino porque cada vez que los productores tuvieron problemas la producción está comprometida”.

En suma, ponderó el proyecto de industrialización del Consejo Agroindustrial porque “es un compromiso con el futuro y un mensaje fuerte para los países de la región. Construirá la mejor señal de previsibilidad a nuestros socios del Mercosur”.

“Es una ley que promueve el incremento de la inversión y el incremento del empleo. Genera condiciones altamente favorables para la inversión y el empleo. Las metas que se plantearon poder exportar 100 mil millones de dólares y generar 290 mil puestos de empleo. El horizonte es altamente importante. Pretende impulsar el aumento de la producción y la competitividad de las diferentes cadenas por lo que está pensado de una manera sensata en un momento donde el mundo espera de los países que producen proteínas. Actuará como un disparador de rendimiento y de industrialización”, describió.

Y sumó: “Genera un aprovechamiento de la biomasa y eso lleva a un impulso de la transformación de valor agregado. Promueve la producción de alimentos procesados, servicios para el agro”.

“Argentina ha hecho una fenomenal transformación en las últimas dos décadas, fue una verdadera revolución en la producción extensiva. Estamos en el límite de las capacidades de crecimiento de la producción agrícola del país. Tiene un horizonte de ampliación de la zona cultivable”, destacó el ministro de Agricultura.

A su vez, destacó que los dos ejes centrales para el desarrollo de la agroindustria del país son el INTA porque “es un espacio de cooperación” y el SENASA porque “Argentina puede garantizar lo que exporta”. Por otro lado, destacó las capacitaciones en las universidades porque son “generaciones aptas para el desarrollo del sector con grandes conocimientos”.

Por último, se refirió al cambio climático que “vino para quedarse y la respuesta viene por la biotecnología y la empresa del conocimiento. Por eso el plazo de la ley de cinco años es aceptable porque construye la previsibilidad que los empresarios y agricultores demandan”.

El problema por la distribución equitativa del subsidio al transporte público de pasajeros en el interior del país, comenzará a ser analizado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) este martes desde las 14 en la Sala 3.

Durante la elección de autoridades en la reunión constitutiva de la Comisión que se llevó a cabo el martes pasado el flamante presidente electo, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, había adelantado que al día siguiente realizarían una reunión con la con la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la UTA, para hablar del tema subsidios al transporte y la crisis que atraviesa el transporte automotor del interior, pero por cuestiones de organización se postergó para la semana siguiente.

Al ser elegido titular de la comisión, el radical expresó su voluntad “en favor de los argentinos y el federalismo”. Destacó en ese sentido lo difícil que es el sistema de transporte en un país tan vasto como la Argentina, ya que el 87% de los subsidios se concentra en el AMBA, y solo el resto para el interior.

Cabe mencionar que el radical es autor de un proyecto de distribución equitativa del subsidio al transporte público de pasajeros, específicamente para que los subsidios correspondientes al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SISTRANS) sean dispuestos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las pautas de: a) unidades vigentes habilitadas y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; b) cantidad de empleadas y empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación; y c) cantidad de kilómetros promedio recorridos por las unidades computables en el semestre anterior a la asignación del subsidio, con informe del Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación y al Consejo Federal del Transporte de los montos distribuidos a cada jurisdicción.

Los diputados mendocinos Jimena Latorre, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) también presentaron un proyecto de ley para el “Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, cuya finalidad es lograr la distribución bajo criterios equitativos de los subsidios al transporte público de pasajeros para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que será solventado a través de un “Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina”.

Además, el rionegrino Agustín Domingo adelantó que presentará una iniciativa en el mismo sentido para promover el “federalismo en serio, no unitarismo generoso” para “cambiar de raíz la inequidad de los subsidios al transporte público, basado en fondos federales que favorecen al AMBA y perjudican al interior”.

El temario de la reunión es el siguiente:

• Dispónese la continuidad del Fondo Compensador al Transporte Automotor del Interior, establecido en la Ley 27.561, para los servicios urbanos municipales y provinciales, suburbanos e interurbanos provinciales, que no se encuentran comprendidos dentro de las jurisdicciones que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

• Comisión de Jurisdicciones Beneficiarias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País, creación en el ámbito del Ministerio de Transportes de la Nación.

•  Créase en todo el Territorio de la República Argentina el “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros” para líneas urbanas y suburbanas. Declárase la emergencia del transporte público de pasajeros por automotor, urbanos y suburbanos del interior del país; modificación de la Ley 27.591. Subsidios al Transporte Público de Pasajeros. Régimen. Proyectos de declaración.

Con media sanción del Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que fue impulsado por el neuquino Oscar Parrilli.

La reunión se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara alta y contó con la disertación de los especialistas Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.

Abrió la ronda de expositores el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional que expresa “promover el bienestar general” porque “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.

Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que “faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.

“Recalco esto porque es menester que en la Convención Constituyente del año 94’ no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados. Las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación esas facultades”, explicó.

También señaló que dicha invocación sirve para “desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’, o que es una norma penal o tributaria, creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó Barcesat.

En suma, remarcó que dichas facultades “son indelegables conforme lo establece el artículo 76 de la C.N dado que la materia de administración puede provocar delegación y corresponden como tarea central a este Congreso proceder a ese arreglo de la deuda externa”.

Respecto del proyecto, cuestionó el artículo 25 que sostiene “que el ministro de Economía disponga respecto de la deuda externa, es decir contraer empréstitos”, y señaló que “esto es un error porque no esta facultado para contraer nada, los que disponen son ustedes, el Congreso  a través de la Comisión Bicameral, pero la competencia constitucional es de este Congreso de la Nación, el ministro de Economía es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a  las decisiones que tome el Congreso de la Nación”.

Sobre los fundamentos, consideró que “la mención más valiosa es la de los artículos 1 y 2 de ambos Pactos Internacionales de Naciones Unidas que tienen la particularidad de iniciar con la misma cláusula” porque “es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad de buscar que el derecho de la auto libre determinación de la independencia económica de los estados y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas  y recursos naturales adquiera un énfasis o relieve particular, de manera que, todo aquello que provenga de la explotación de riquezas y recursos naturales, debe atender a esta designación que hace la norma del derecho internacional de los derechos humanos, que la titularidad es de los pueblos y de ahí los derechos de poder gravar, de poder exigir, el derecho de poder regular respecto de lo que resulta de esa explotación de riqueza  de titularidad de los pueblos”.

“La Argentina ha ratificado tanto a nivel nacional e internacional los protocolos facultativos de los Pactos Internacionales que son las normas de mayor jerarquía de los derechos internacionales de los derechos humanos y son vinculantes para la órbita de los 124 estados que forman Nacionales Unidas, frente a esta normativa es difícil que se pueda imponer otra norma”, agregó el constitucionalista.

Entre los protocolos facultativos de la Convención Interamericana, resaltó la resolución que “establece dos recomendaciones: una de ellas refiere a la deuda externa donde los expertos aconsejan suspender los pagos de la deuda externa en tanto la vigencia de la pandemia y buscar aliviar el peso para poder atender la crisis que provocó la pandemia y se acrecienta con un conflicto bélico que tiene impacto en la humanidad toda”.

“Cuidar el tema de los pagos de la deuda externa subordinarnos a superar la situación de excepcionalidad, primero por la pandemia que prosigue y segundo por la situación de conflicto bélico que afecta a la humanidad y lo estamos padeciendo. Esto no puede escapar de la premisa del preámbulo”, señaló Barcesat y sumó: “Poner contribuciones excepcionales que duren el tiempo de la necesidad para que pueda atenderse a estos valores supremos de la vida, la salud y la integridad personal”.

Por último, informó que hay proyectos para crear una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales que calificó como “crimen económico contra la humanidad de jurisdicción universal e imprescriptible. Es una iniciativa poder impulsar una Convención para prevenir esa sangría de la riqueza de los pueblos del continente en beneficio de ese capitalismo financiero que financia los peores crímenes de la humanidad”, y resaltó que el proyecto oficialista está respaldado por los Pactos Internacionales.

A su turno el contador público y especialista en finanzas, Andrés Edelstein, respecto al proyecto en general consideró que “la finalidad que tiene es evidentemente una decisión de ámbito político”, y precisó que “algunos de sus lineamientos tienen que ver con los medios elegidos de dotar de recursos a este Fondo que se pretende crear y esos medios elegidos es lo que se denomina ‘pago’ en el proyecto, ‘aporte especial’ en el proyecto original”, y opinó que “no es más que un régimen de exteriorización o de normalización a un blanqueo, más allá que el término no suene bien o tenga alguna connotación negativa, ese mecanismo genera los principales reparos”.

Además, indicó que “una medida de estas características puede tener cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y tiene sentido ser analizados”. En cuanto a la oportunidad, explicó que “tratándose de un régimen de exteriorización especial, normalmente se dan estos regímenes cuando se dan circunstancias extraordinarias que se dan por un deseo de generar inversiones que no pueden realizarse por existir una masa de recursos no declarados, o la otra es cuando la percepción del riesgo de quienes tienen bienes no declarados es tan levada que tiene sentido un régimen de estas características porque va a permitir una adhesión de estas características porque va a permitir una adhesión masiva, pero no es lo que está ocurriendo en el contexto actual en cuanto a la oportunidad de estas características”.

Sobre el mérito, señaló que “si tiene en cuenta la dimensión de la deuda con el FMI a la luz de lo que se permitió exteriorizar, cualquiera de los regímenes anteriores de exteriorización ve que es una tarea titánica y por ende duda bastante de la eficacia de este mecanismo para cancelar la deuda con el Fondo”.

En cuanto a la conveniencia de la figura, Edelstein precisó que “es una relación de costo- beneficio en ese caso este régimen de exteriorización sería el quinto registro de estas características que se crea en los últimos 14 años. Es un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores dada la recurrencia de este tipo de regímenes excepcionales”.

Sobre aspectos puntuales de la iniciativa, destacó las adecuaciones que fueron introducidas al texto que cuenta con media sanción que “dieron alguna precisión adicional”, pero “sigue siendo susceptible de mejoras porque tiene imprecisiones importantes”.

“El primer punto tiene que ver con el articulo 7 que establece el pago sobre los bienes no declarados por parte de los sujetos residentes en el país, bienes no declarados que se detecten o localicen desde la entrada en vigencia de esta ley. Es a partir de ese momento están sujetos a este pago. El tema es que, tratándose de un régimen extraordinario de exteriorización, el hecho de no tener una fecha de corte preciso, sumado a que el Fondo esta previsto que dure en tanto se mantenga la deuda con el FMI, esto le da una característica de régimen extraordinario permanente de regularización, lo cual va a en contra de todo principio básico de un régimen de estas características”, explayó el economista e hizo hincapié en que “es un desincentivo a quienes pagan sus impuestos correctamente. Es el aspecto central y más relevante”.

Además, cuestionó: “Para aquellos que no adhieran a este esquema se estima que estarán sujetos a la regla general en materia tributaria y penal, pero se agrega que además de todo eso y las sanciones van a tener que ingresar un pago que empieza con el 20%, pero dado que no esta precisada la naturaleza jurídica de este pago que es un impuesto especial, podría cuestionarse que es una doble sanción”.

“El tercer tema tiene que ver con el Tribunal Fiscal de la Nación en el artículo 15 que modifica el efecto suspensivo y se transforma en efecto devolutivo”, enumero. Por último sobre la figura del colaborador remarcó que es “novedosa” porque en el derecho tributario no está contemplada, pero si en otros países si aparece como una figura privada, informantes, con una recompensa, que colabore, aunque advirtió que “puede tener efectos colaterales y perjudiciales, porque el régimen de un colaborador que recibe recompensas necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia con celeridad no estamos en condiciones de eso y los efectos pueden ser preocupantes, da pie a que la litigiosidad aumenten”.

A continuación, el licenciado en economía Horacio Rovelli resaltó que es “importante e imprescindible” que se haga ley el proyecto porque “es necesario que funcione la Bicameral de Seguimiento de contratos y pagos de la deuda”. En ese sentido, recordó que la apertura de sesiones ordinarias el presidente de la Nación le solicitó al Banco Central un informe de la deuda contraída por la gestión anterior que fue de “más de 100 mil millones de dólares que 24 mil millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los Fondos Buitres”.

“Sospechamos que los bancos no cumplieron con la Ley 25.246 de lavados y encubrimiento de activos que exige a los bancos, que cuando compran dólares, deben brindar la procedencia de los fondos y no se hizo porque hay una incoherencia entre las compras y los estados contables de las empresas. Esto hay que investigarlo. No que el pueblo pague una deuda que no lo benefició”, cerró.

La economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún “tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico” para que sea “factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que la ley sea aprobada para que “la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y se comportaron de una manera ilícita porque los pagos salen de los ajustes presupuestarios”. A su vez propuso darle un nombre al Fondo como “Fondo de reparación o de resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento”.

“Esta norma es necesaria para construir un país libre de los condicionamientos del Fondo y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y no achicada por el ocultamiento de activos fuera del país”, cerró Brenta.

En su exposición, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto: “La mala práctica e inequidad del proyecto, hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.

“Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan, este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó”, agregó.

Y continuó: “La inconsistencia entre los bienes interiores y exteriores. ¿Por qué alguien que tiene bienes en el exterior tiene que pagar una alícuota menor que el que tiene justamente bienes no declarados al interior del país? Eso incentiva llevar bienes al exterior no declararlos y pagar menos. Es ilógico”.

El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”, apuntó Lorenzo.

“Hay una falta de justicia con las provincias a favor del Tesoro Nacional. ¿Por qué está subordinada la deuda de las provincias a la del Fondo Monetario? no tiene sentido”, apuntó y sumó: “Quinto punto es la deuda con privados porque puede traer contingencias a futuro, no tiene sentido práctico”.

Otra de las críticas que hizo Lorenzo fue: “Si el pago se hace en dólares, ¿qué pasa si se detectan inmuebles y no tiene los dólares para pagarlo?, ¿quién me lo va a dar si el Banco Central no tiene reservas?”. Sobre l figura del colaborador, cuestionó: “¿Qué sentido tiene que alguien residente, que delata, reciba dólares que sabemos que hay escaseo, por ese delate? A tal punto que esta mal diseñado que le quita recursos al propio fondo”.

“El proyecto tiene plazo indeterminado para el pago. ¿No estaba resuelto el tema del pago con el Fondo? tenemos previstos pagos de desembolsos. ¿Por qué insisten en que es ilegal la compra de dólares?, una cosa es la compra que lo permite el Banco Central y otra es la fuga y dinero negro no exteriorizado”, preguntó y finalizó: “El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”.

A su turno, el investigador Pablo Manzanelli se basó en los fundamentos económicos del proyecto que busca resolver “el problema de una deuda histórica contraída por el gobierno anterior” que no fue “emitida en moneda local para financiar déficit fiscal, sino que fue emitida en moneda extranjera lo cual agrava los términos de solvencia financiera”. “Se pasó de una economía con baja deuda a una economía con deuda insostenible”, disparó Manzanelli y finalizó: “Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa, pide ajuste y devaluación para solucionar el tema de la deuda y, por ende, más pobreza e indigencia en la economía argentina”.

Cerró la ronda de expositores la exfuncionaria en materia económica, Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que “tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver”.

“Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción, es decir estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer”, explayó.

En tanto, cuestionó el acuerdo al que se llegó con el Fondo porque “viene con metas fiscales, con metas monetarias, con metas de recebas, tenemos que seguir un rumbo para cumplir esas metas que tiene ciertas cuestiones que no van a permitir que el país se desarrolle libremente porque tenemos que ajustar el camino al cumplimiento de ciertos hitos”.

“Argentina no es el único país con problemas de endeudamiento, estamos en un contexto que venimos de dos años con una pandemia y ahora una guerra que repercute en la economía de los demás países”, indicó la economista y reiteró que “el problema del endeudamiento es un tema que atraviesa la economía mundial” y ponderó el proyecto porque “dará herramientas para buscar el dinero fugado, que se blanquee”, y opinó que se “debería buscar todos los incentivos para que el dinero no se siga fugando”.

A casi un mes de la sesión especial fallida a la que había convocado la oposición para debatir el tema de los créditos hipotecarios UVA, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pondrá en marcha el análisis del tema.

La reunión conjunta de las comisiones que presiden los oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller se llevará a cabo este miércoles a partir de las 10 en el Anexo “C”, a la cual fueron invitados expositores relacionados a la temática cuya lista aún no trascendió.

Cabe recordar que legisladores de Juntos por el Cambio habían solicitado la convocatoria a una sesión especial para el pasado 5 de mayo con el propósito de analizar de forma “urgente” la problemática de los créditos UVA. El pedido puntualmente había sido impulsado por el radical Julio Cobos para darle tratamiento a dos proyectos sobre esta cuestión: uno propio, que acompañaban otros diputados radicales, sobre renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados por UVA; como así también uno del exdiputado nacional radical Álvaro De Lamadrid, acompañado por otros legisladores del radicalismo y el Pro, denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

Sin embargo, luego de llegar a un acuerdo parlamentario con el oficialismo, la oposición levantó el pedido de sesión especial con el objetivo de lograr el tratamiento de una ley que resuelva el problema de más de 120 mil familias que hoy se ven perjudicadas por el sistema de crédito creado durante la gestión anterior.

El acuerdo entre el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, el del Frente de Todos, Germán Martínez, y los diputados radicales Mario Negri y Julio Cobos establecía “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.

El diputado nacional Gerardo Milman consideró que es “absolutamente inoportuno” ampliar la cantidad de legisladores a raíz de los resultados del último censo.

“Hay muchos derechos incluidos en nuestra Constitución Nacional que aún la política no ha podido garantizar. El acceso a una vivienda digna, una salud y educación pública de calidad, son solo algunos de los tantos. Así que, antes de ponernos a ver si entra algún diputado o diputada más, hay que usar los recursos disponibles en resolver los problemas de los ciudadanos”, explicó Milman.

“La sociedad tiene cuestiones mucho más urgentes que modificar la cantidad de diputados que representan a una provincia -agregó-. Como diputado me comprometo a trabajar por garantizar aquellos derechos que reza nuestra constitución y no hemos alcanzado”.

Además, con respecto a la inflación, sostuvo que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio tienen un programa para derrotarla. “Le vamos a dar una salida a este flagelo que perjudica a los más humildes”, sentenció.

Hay muchos derechos en nuestra constitución que los argentinos aún no tenemos, como por ejemplo, el acceso universal a una vivienda digna. El aumento de la cantidad de diputados por el censo es inoportuno. No gastemos más lo que falta en otras cosas.#NoSeraLey

— Gerardo Milman (@gmilman) May 21, 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor al presidente de Rotary International, Shekhar Mheta, oriundo de India, quien se encuentra en nuestro país con motivo de participar de una conferencia multidistrital con representantes rotarios de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Durante el encuentro, conversaron acerca del valor de la organización y su aporte a la comunidad, su trabajo en pos del empoderamiento de las mujeres, el cuidado del ambiente, así como otros importantes objetivos de la institución que promueven el progreso social y la igualdad en un mundo postpandemia que requiere liderazgos cooperativos.

“Siempre son bienvenidos los representantes de Rotary Club al Congreso de la Nación, espacio que representa la imagen más clara de la democracia argentina”, sostuvo Massa durante la reunión, al tiempo que transmitió su compromiso y voluntad de trabajo conjunto entre el Parlamento y Rotary Internacional.

Rotary es una organización global abierta a toda la comunidad, que tiene más de 35.000 clubes en todo el mundo con más de 1,2 millones de miembros. Se trata de una institución de servicio que reúne a líderes cuyo objetivo es brindar asistencia humanitaria y promover la paz en todo el mundo. El primer club rotario en Argentina se inauguró en noviembre de 1919, siendo nuestro país el segundo en tener un club de este tipo en Latinoamérica.

“Rotary Club Internacional tienen una agenda de trabajo proactiva que cruza transversalmente a la política y sus representantes, y es nuestro compromiso acompañarla y ser parte de ella”, afirmó el titular de la Cámara baja.

Además, Massa puso en valor el diálogo entre las autoridades y las organizaciones como motores de desarrollo al sostener: “En temas como salud, educación, pobreza y reducción de las desigualdades que vive la Argentina y el mundo, siempre van a encontrar en nosotros el compromiso del trabajo conjunto”.

Shekhar Mheta, empresario del sector inmobiliario y director de una prestigiosa institución con sede en Canadá que trabaja para prevenir la ceguera y restaurar la vista, es rotario desde 1984. Sirvió como director, integrante y presidente de varios comités, coordinador de zona, líder de capacitación, miembro del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria y gobernador de distrito. Además, es presidente de La Fundación Rotaria (India). Fue elegido presidente de Rotary Internacional por el período 2021-2022.

Participaron también del encuentro Vicente Roccasalva, gobernador del Distrito CABA y Norte de la provincia de Buenos Aires del Rotary, y el director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Ariel Sotelo.

Tras la denuncia que realizó públicamente el diputado oficialista y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, de que intentarán “desprestigiar” dicha Comisión anticipando que “en los próximos días un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática”, el bloque de diputados del FdT emitió un comunicado en el que respaldó el trabajo realizado porque “contribuyó al esclarecimiento del plan sistemático de espionaje ilegal más importante del que se tenga memoria en democracia, perpetrado por el Estado”.

“La actuación de la Comisión parlamentaria, en cumplimiento de sus facultades, busca consolidar la protección de la privacidad de los ciudadanos a fin de que los mismos puedan ejercer libremente sus derechos individuales y políticos”, defendieron en el comunicado.

En tanto, sumaron: “Ello, sin que, mediante actividades de inteligencia ilegal, se limite su ejercicio por razones de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión y/o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, entre otras”.

“La práctica del espionaje ilegal instalado durante el macrismo produjo una ruptura de pacto democrático sobre el que las fuerzas políticas construyeron las bases de un consenso elemental: que en la contienda política no habría lugar para las prácticas que vulneren los derechos y garantías de los individuos”, apuntaron en el texto.

Y cerraron con el acompañamiento “firmemente” de la misión de la Comisión Bicameral en su “defensa de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”.

En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados para debatir debate boleta única, cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción, la diputada radical Jimena Latorre (Mendoza), que está transitando un cáncer de mama y con sesiones de quimioterapia, se hizo presente en el recinto. Dicha actitud fue destacada por el jefe del bloque UCR, Mario Negri, y por la entrerriana Gabriela Lena a través de las redes sociales.

El cordobés expresó: “Nuestra querida Jimena Latorre vino con todas las fuerzas a esta sesión histórica. No quiso perdérsela por nada del mundo. ¡Jimena nos brinda un mensaje de compromiso que ennoblece a la política!.

Nuestra querida @JimehLatorre vino con todas las fuerzas a esta sesión histórica. No quiso perdérsela por nada del mundo.
¡Jimena nos brinda un mensaje de compromiso que ennoblece a la política! pic.twitter.com/ZKyJtNCgNK

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 5, 2022

“Por iniciar la sesión en Diputados y quiero reconocer el gran ejemplo que nos da Jimena Latorre quien vino a sesionar el día de hoy. ¡Tu fuerza y valentía es un ejemplo para todos!”, escribió en un cálido mensaje Lena.

Latorre hizo pública la notica hace unas semanas a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Allí contó que hace dos meses le detectaron la enfermedad por lo que comenzó con una lucha con las sesiones de quimioterapia. Además, se propuso a concientizar a la población sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos a tiempo.

La preocupación de la oposición por la realización del censo en el partido de La Matanza, el más populoso de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los temas de la reunión que este miércoles mantuvo la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, durante la que expuso el titular del INDEC, Marco Lavagna.

Desde Juntos por el Cambio, el macrista Alejandro Finocchiaro aseguró que en el partido se han detectado “irregularidades” y que le iba a transmitir a Lavagna esa información “para que corrobore, porque no creo que usted conozca esto que está pasando”.

“Tenemos la fuerte presunción de que el censo 2010, en el periodo de recupero, cuando las bolsas quedaron dentro del Palacio Municipal, fueron adulteradas y con respecto a ello La Matanza ostenta una cantidad de personas que no existen”, apuntó.

El legislador recordó que “el diputado (Martín) Tetaz hizo la denuncia y ha dado indicadores” de cómo “se infló el número de personas” en aquella oportunidad, y ejemplificó: “Si La Matanza tiene 2 millones de personas, y un padrón de 1.100 millones, estaríamos en el ridículo de que la mitad tiene menos de 16 años”.

Finocchiaro, que fue candidato a intendente de La Matanza, advirtió que el municipio realizó un “pre-censo y se les indicó a los jefes que, en algunos barrios populares de Ciudad Evita, Puerta de Hierro, Villa Palito, Villa Celina, Laferrere, Isidro Casanova, los censistas serían gente propia del mismo partido político partidario”.

Además, denunció que desde el municipio se bajó la orden de “trabajar los barrios de manera presencial, obviando la virtualidad”. “La virtualidad limita la capacidad de presión, por eso quieren que sea presencial en esos lugares”, agregó.

Por su parte, Lavagna respondió que “el censo digital no está restringido para ninguna zona. No conozco cómo se guardó el material en ese momento, ahora nosotros tenemos un despliegue del material que llevamos a fracciones censales, es decir, cada material sale directamente a la fracción”.

“En censos anteriores iban a las direcciones provinciales y después se encargaban del reparto, nosotros ahora hacemos una distribución a distintos puntos, no al radio. Los materiales quedan ahí cuando se termina el operativo. Cada censista y jefe cierran en los colegios y eso queda guardado bajo llave con resguardo de la información y a la mañana siguiente hacen el repliegue del material, queda cerrado en sobres con las firmas, se lleva a centros de acopios y se entrega paulatinamente a medida que alcanza la digitalización”, explicó y añadió que “el sistema de registro de censistas está en proceso, lo hacemos en cascada. Está mucho la estructura docente en los censos, es un pilar fundamental. Tenemos mucho voluntariado también”.

El titular del INDEC remarcó que “cada municipalidad tiene sus particularidades, como el caso de La Matanza, porque tienen barrios de difícil acceso, porque hay lugares que a las 15 tenemos que cerrar el operativo. Todo lo que tenga que ver con operativos en barrios populares la carga de trabajo es más chico por las dificultades que se presentan”.

A su turno, Tetaz apuntó que “es de público conocimiento y hay sobrada evidencia que hubo adulteraciones en el censo 2010, al menos en el distrito de La Matanza”. “El intendente que adulteró los datos en esa oportunidad es el mismo que está ahora, Fernando Espinoza, y va a estar a cargo del censo en su distrito y sospecho que es muy probable que va a adulterar los datos”, disparó el diputado de Evolución Radical.

Y sobre los mecanismos para detectar fraudes o adulteraciones, el opositor consultó: “¿Cómo han avanzado con ese protocolo? ¿Cuándo se dará a conocer?”.

“Hay que promover el censo digital, dígale a los de La Matanza que hagan el censo digital porque eso nos va a asegurar tener más información para poder corroborar los datos”, le respondió Lavagna.

En cuanto a la verificación de datos, le contestó: “Tenemos indicadores y eso lo utilizamos para validar los datos de los distritos. Cuando los valores se alejan de los valores medios del segmento, ahí lo utilizamos para ver el problema del desvío y la explicación. Si no estamos seguros, hacemos un relevamiento de campo. Vamos a poner en práctica estos protocolos cuando empecemos a analizar”.

En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.

Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que “es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis”.

En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un “gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal”.

“La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo la entrerriana.

Además, destacó: “El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, y subrayó que “hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal”.

“El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud”, explayó la legisladora del FdT.

“Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo”, puntualizó Gaillard y cerró: “El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad”.

A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado”, resaltó.

En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: “Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal”. Sin embargo, señaló que “el presente proyecto tiene aristas a marcar”, y precisó: “Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen”.

A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en “la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute”. Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el “centralismo de la ubicación de la agencia en CABA”, por lo que sugirió que puede ser “más federal”.

A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es “una ley que no es la ideal”, y ejemplificó con la situación actual de su provincia que “es la que más ha avanzado en el cultivo” y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.

Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde “el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana”.

“Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene”, criticó el rionegrino y pidió “debatir en profundidad el tema”.

De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque “hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal”. En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

Los diputados de Juntos Somos Río Negro, integrantes del bloque Provincias Unidas, Agustín Domingo y Luis Di Giácomo, acompañaron el pedido para tratar en una sesión especial los proyectos presentados para la implementación de la Boleta Única de Papel.

En reunión con el diputado por Buenos Aires Emilio Monzó, los rionegrinos firmaron el pedido – dirigido al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa– en el que solicitaron que convoque a una sesión especial para el próximo jueves 5 de mayo.

Antes de rubricar el pedido, los representantes de JSRN se reunieron con el dirigente rionegrino Leandro Lescano, integrante de la Red de Acción Política (RAP), que da impulso a la boleta única.

“Analizamos las enormes virtudes que tiene este sistema de sufragio, por eso respaldamos el pedido para tratarlo en una sesión especial”, sostuvo Domingo.

El objetivo es lograr que, en las elecciones de 2023, se implemente este sistema. “El mismo garantiza el derecho a elegir a todos los candidatos y evita la falsificación de boletas, establece un sistema de equidad para todas las fuerzas políticas ya que es el Estado quien se encargará de su impresión y además disminuye el impacto ecológico, además de establecer un ahorro estimado en $ 3.000.000.000”, expresó el rionegrino.

“Es un reclamo histórico que merece ser atendido, los partidos chicos se encuentran en inferior de condiciones en relación a la estructura para fiscalizar en todas las mesas. Además, cuenta con otras virtudes, ya que agiliza el recuento y evita las largas filas al momento de sufragar”, explicó el parlamentario.

El planteo cuenta, además, con el acompañamiento de distintas fuerzas políticas como Juntos por el Cambio, interbloque Federal y Avanza Libertad.

La boleta única contiene los nombres y las fotos de todos los candidatos, divididos por casilleros (presidente, diputados, senadores, dependiendo de la elección). Los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren.

En suma, evita el corte de boleto ya que el votante podrá elegir candidatos de distintas listas, sólo con “tildar” los representantes elegidos.  Además, evita el efecto arrastre, disminuye el fraude y las manipulaciones.

Históricamente el sistema fue implementado por primera vez, en Australia, en 1856 por lo que su uso está garantizado. En América Latina, sólo Argentina y Uruguay siguen utilizando el sistema anterior.

En una jornada maratónica en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo este miércoles en el Anexo “A” la reunión constitutiva de la Comisión de Comunicaciones e Informática que quedó presidida por el oficialista Pablo Carro, siendo elegidas en las vicepresidencias la radical Karina Banfi y Florencia Lampreabe (FdT).

Como secretarios parlamentarios fueron propuestos Florencia Klipauka Lewtak (Pro), Liliana Paponet (FdT) y Emiliano Yacobitti (Evolución radical). Aún restan por designar dos miembros de la comisión.

Como agenda de trabajo acordaron que las reuniones se realizarán todos los martes a las 17.

En el uso de la palabra, Banfi sostuvo: “Esta Comisión va a tener un trabajo importante y vamos a hacer que la dinámica sea estratégica porque cuando hablamos de desarrollo y productividad hablamos de revolución del conocimiento. Esta Comisión es clave en eso”.

“Tenemos capacidad de diálogo, hay todo un tema de plataformas y redes que son imprescindibles para tratar y tenemos que tener consenso para debatirlo. Son temas que para adelante necesitamos amplios consensos”, cerró Carro.

El diputado nacional Facundo Manes (UCR – Buenos Aires) fue electo presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados que se constituyó este miércoles de forma presencial y designó a la diputada Mara Brawer como vicepresidenta primero y como vicepresidenta segunda eligieron a Danya Tavela.

El Frente de Todos designó a Tomás Ledesma y a Matyi Brenda Vargas como secretarios, mientras que JxC nombró a la diputada Sabrina Ajmechet como secretaria de la Comisión dejando vacante el restante cupo.

Desde JxC propusieron a Facundo Manes para que presida la Comisión y explicaron que la decisión se debe “por lo que simboliza en materia de ciencia y tecnología su decisión de incorporarse a la vida política con otra perspectiva”, y describieron: “Es neurólogo, neurocientífico graduado en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cambridge Inglaterra donde obtuvo su doctorado en ciencias.  En 2001 creó el instituto de Neurología Cognitiva. Es investigador del CONICET”.

Tras ser elegido presidente, Manes agradeció la designación y sostuvo: “Estoy convencido que la ciencia y tecnología tienen que tomar un rol central para ser el motor del desarrollo de la Argentina y tiene que ser una política de Estado”, por lo que se comprometió a “trabajar, más allá de las diferencias políticas y partidarias, para que sea una política de estado.

“Yo pedí esta Comisión, para mi es una de las más importantes y es un privilegio”, reconoció el radical y agregó: “Es el denominador común para unir a los argentinos y vamos a trabajar para esto”. Además, invitó a una reflexión: “La inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación para generar nuevas ideas e introducirlas en servicios no es un lujo de países desarrollados, sino que los países han logrado desarrollarse porque antes hicieron prioridad el desarrollo humano en la ciencia y la masiva transferencia al sector productivo”.

En ese sentido, remarcó que “la única manera de generar crecimiento económico de manera sostenida durante mucho tiempo es generando permanentemente actividades económicas de mayor valor y la única forma de generar productos es a través de la revolución del conocimiento. No es menor, porque en mi opinión la Argentina no toma el camino al desarrollo hace mucho tiempo, diría un siglo que no encaramos un desarrollo sostenido en cualquier administración”.

Por otro lado, aclaró que las líneas generales de la Comisión estarán puestas en “brindar a la matriz productiva argentina la capacidad de modernizarse y actualizarse permanentemente con el objetivo de generar bienes y servicios de mayor valor en el mercado internacional”, y sumó: “El mundo cambió y si la Argentina no mejora su cadena de valor a los productos que exporta no s ele puede dar bienestar a la población. Generar más exportación de más valor dará una economía más sólida, trabajo mejor pago, sustituir importaciones, exportaremos cosas con más valor y lograremos un desarrollo inclusivo”.

En suma, advirtió: “Argentina cuenta con un sistema nacional de ciencia y tecnología que funciona en base a una configuración de mediados del siglo XX, fueron diseñados para un mundo que ya no existe y hay que reconfigurarlos, adaptar su funcionamiento a las condiciones de investigación y producción del siglo XXI”:

Por ese motivo, subrayó que desde la Comisión impulsarán “acciones legislativas que apunten a reorganizar el sistema científico, tecnológico y a potenciar la aplicación de la reciente Ley Nacional 27.614 de inversión en investigación y desarrollo”, y enumeró los objetivos:

• Generar investigación científica de excelencia en el mayor espectro posible. Garantizando que los investigadores tengan los instrumentos necesarios.
• Que se les brinden las mejores condiciones y que se brinde un seguimiento de control y estímulo en base al rendimiento y desempeño de los investigadores.
• Teneos que definir roles y misiones de cada institución del sistema nacional de ciencia y tecnología porque cada una requiere de actores especializados.
• Generar estímulos para la inversión privada en ciencia y tecnología con programas claros, ágiles y estables.

Luego de que el Frente de Todos nombrara a Mara Brawer como vicepresidenta primera, Manes destacó que fue una “excelente decisión, tenían varios candidatos a elegir, fue una difícil decisión para ustedes”.

A su turno, la diputada del FdT agradeció a su bloque que la designó como vicepresidenta y señaló que la ciencia “es fundamental para el desarrollo, la soberanía y para la independencia económica. La pandemia nos demostró la importancia de la ciencia aplicada a mejorar la calidad de vida de las personas”.

La comisión quedó constituida con 31 miembros, siendo del Frente de Todos Constanza María Alonso, Bormioli Lisandro, Mara Brawer, Lía Verónica Caliva, Carro José, Chahla Rosana, Eduardo Fernández, Daniel Gollan, Rogelio Iparraguirre, Susana Graciela Landriscini, Tomás Ledesma, Dante López Rodríguez, Roberto Mirabella, Julio Pereyra y Matyi Brenda Vargas.

De la vereda de enfrente fueron designados Sabrina Ajmechet, Mario Barletta, Miguel Ángel Bazze, Camila Crescimbeni, Ximena García, Sebastián García de Luca, Ingrid Jetter, Florencia Klipauka Lewtak, Facundo Manes, Rubén Manzi, José Carlos Núñez, Fabio Quetglas, Francisco Sánchez, Gustavo Santos y Danya Tavela.

Por el interbloque Federal completa la nómina Ignacio García Aresca (Córdoba Federal).

La Comisión estableció respetar el cronograma de trabajo que tenía previamente el cuerpo, por lo que las reuniones serán todos los martes a las 18.

En virtud de un acuerdo parlamentario alcanzado con las autoridades de la Cámara de Diputados, el interbloque Juntos por el Cambio decidió postergar la sesión especial pedida para la semana que viene para derogar la Ley de Alquileres.

El acuerdo implica constituir en lo inmediato la Comisión de Legislación General, la cual iniciará el tratamiento de la Ley de Alquileres el próximo martes 5 de abril, por un plazo de 30 días hábiles.

ACUERDO PARLAMENTARIO POR LEY DE ALQUILERES

Se constituirá la Comisión de Legislación General para iniciar, desde el próximo martes 5 de abril, el tratamiento de la Ley de Alquileres. El mismo tendrá un plazo de 30 días y buscará mejorar la legislación actual.#UniendoVoces🇦🇷

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 30, 2022

Durante dicho lapso, la Comisión de Legislación General recibirá a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual.

También se acordó que este problema acuciante para inquilinos y propietarios será de exclusivo tratamiento de la Comisión de Legislación General por decisión de giro unificado de la Presidencia de la Cámara. 

Vencido el plazo de 30 días hábiles pactado, y en caso de que no haya dictámenes de la Comisión, Juntos por el Cambio se compromete públicamente a reimpulsar el pedido de sesión especial.

Al respecto, el jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Mario Negri, expresó: “Acuerdo parlamentario para tratar urgentemente una nueva ley de Alquileres. El martes se conformará la Comisión de Legislación General y durante 1 mes se escucharán todas las voces. Esperamos alcanzar un dictamen de consenso para resolver un problema acuciante para mucha gente”.

Acuerdo parlamentario para tratar urgentemente una nueva ley de Alquileres. El martes se conformará la Comisión de Legislación General y durante 1 mes se escucharán todas las voces. Esperamos alcanzar un dictamen de consenso para resolver un problema acuciante para mucha gente. https://t.co/gZikbbrbkT

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 30, 2022

Dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron distintas reuniones este miércoles en el Congreso con diferentes bloques de la oposición, a raíz del reclamo por la suba de retenciones en la harina y el aceite de soja, que el Gobierno nacional dispuso por decreto el sábado pasado.

Los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales conversaron en la Sala del Anexo C desde las 10 con el bloque Avanza Libertad, que integran José Luis Espert y Carolina Píparo, acompañados por Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). Al mediodía fue el turno del encuentro en la Sala 1 del Anexo con el interbloque Juntos por el Cambio y, por último, con el interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. También se reunieron a puertas cerradas con Javier Milei.

Espert calificó como “fructífera” la reunión que mantuvo con la Mesa de Enlace quienes les plantearon “sus dudas, miedos, los ataques a los que se ve sometido el sector por parte del Gobierno. Estamos a favor de retenciones cero, a favor de una economía abierta al mundo, a favor de que las provincias financien el mantenimiento de los caminos con las inmobiliarias rural que cobran y mucho, que se eliminen ingresos brutos que es un impuesto muy distorsivo en las provincias y lo paga muy fuertemente el agro también, que se cree un IVA diferencial de cuatro puntos”.

El diputado criticó la falta de compromisos de los otros bloques opositores que cada uno quise tener su propia reunión con el campo: “Creo que era un momento oportuno para estar todos juntos y darle un volumen político al reclamo del Campo. Pero los distintos bloques quisieron tener sus 15 minutos de fama y decidieron que sean un encuentro por cada espacio”.

La semana pasada, el diputado nacional presentó un proyecto de ley para modificar el código Aduanero y permitir así, que sea el Congreso Nacional el que tome el control de los aranceles para gravar o desgravar las exportaciones e importaciones.

“La Constitución nacional establece que los derechos de importaciones y exportaciones son una facultad propia del poder legislativo. El Código Aduanero, esconde en cada uno de sus artículos una delegación directa en el Poder Ejecutivo, así los artículos 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 755, 756, 757 y 758 son un escollo para una sana vida constitucional. Por eso con este proyecto se busca que el Congreso retome el control que por ley le asigna y que actualmente debería tener en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación”, dijo Espert.

El legislador aclaró que, si el proyecto prospera, el Congreso debería armar un recorrido para que en comisiones se trate y evalúe que tipo de aranceles se debe fijar para cada producto en particular, tanto de exportación como de importación.

En declaraciones a Diputados TV, Espert ratificó el pedido de la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo “para tratar el DNU, sino se debe tratar en sesión”.

En otra línea, señaló: “Los países civilizados están aprovechando el boom de los precios de trigo, gas y nafta para producir más para que localmente los precios no suban tanto. Acá no nos comamos más el verso de que más recaudación implica mejoría en las cuentas públicas”. “Hay otras maneras no cavernícolas para aumentar la producción y bajar los precios del pan en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que es permitir que la producción del trigo explote fruto de los precios extraordinarios que tiene en el mundo. En vez de estar persiguiendo con una pistola en la cabeza al productor, dejemos que se siembre trigo hasta en la maceta de la casa”, subrayó el diputado de Avanza Libertad.

El presidente de la bancada Pro, Cristian Ritondo, sostuvo: “La solución para el Gobierno es cazar en el zoológico, matar a impuestos al sector más productivo del país”.

“En esta reunión hay representantes de todas las provincias productivas, varios de ellos también son productores. Desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, remarcó Ritondo.

Además, el diputado del Pro reclamó: “La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que trata los DNU, debería funcionar desde el 11 de diciembre. Los presidentes del bloque de Pro y de la UCR en Diputados y Senado enviamos varias notas a la presidencia de ambas cámaras para que se normalice la situación. Creemos que hay cuestiones, como la de las retenciones, que deben ser tratadas por el Congreso y no legisladas por decreto”.

Por su parte, el presidente del bloque UCR, el cordobés Mario Negri, señaló: “Somos 116 diputados en JxC comprometidos con el campo. Vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria para defenderlo y ayudarlo”.

“Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, expresó el dirigente radical durante la reunión.

A su vez, cuestionó: “El kirchnerismo se beneficia con la parálisis legislativa. Hoy se cumplen 104 días sin que se conforme la Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los DNU. Desde JxC tenemos compromiso en poner en marcha el Congreso. Esta parálisis tiene además que ver con la fractura expuesta del Frente de Todos, pero no va a continuar porque nosotros vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria”.

Negri explicó que “se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja. Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo”, e insistió: “Si logramos el apoyo de otro sector de la oposición vamos a darle previsibilidad al campo, que es lo que necesitan los productores desde hace 20 años”.

En tanto, el legislador cordobés comunicó a la prensa que el interbloque JxC y las entidades agropecuarias crearon una mesa de trabajo para diseñar un plan de acción. 

En el mismo sentido, Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, sostuvo: “Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado”.

“¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales”, se preguntó López.

Y cerró: “Me parece bien que vengan acá a buscar una ley que ponga topes y que sea una ley que delegue en el Ejecutivo por plazos cortos, de 2 y 3 años. Lo estudiaremos, nos pondremos de acuerdo entre todos, pero esa base de discusión me parece que está ganada”.

Por su parte, el diputado Ricardo Buryaile afirmó: “No hay salida posible en la Argentina sin mayor exportación, sin previsibilidad y afectando al sector que más divisas genera y que es uno de los pilares de la economía argentina”.

El diputado Jorge Vara destacó: “Fue una reunión muy abierta y franca. No hay otra intención que tener reglas de juego claras y previsibles, sobre eso hablamos y coincidimos todos. Lo que pide el sector productivo son reglas de juego claras, previsibilidad y bajar la carga impositiva que es altísima”.

Buryaile insistió en que los productores “nos expresaron fundamentalmente su preocupación, porque así como el Gobierno avanzó con el dictado de algunos decretos, mañana perfectamente, y en violación a las facultades que son propias del Congreso, pueden dictar otros y apoderarse del trabajo de los productores agropecuarios. Por lo tanto, la incertidumbre reina en los productores, lo que impactará en la inversión que seguramente tendremos en los próximos meses para la campaña 2022/23”.

Y agregó: “Les manifestamos que vamos a trabajar para, desde lo que está al alcance de los legisladores nacionales, hacer cumplir la Constitución, que los derechos de importación y exportación los fije el Congreso, que las políticas tributarias pasen por el Congreso y darles previsibilidad para que generen una mayor producción y un mayor fomento a las exportaciones”.

Vara, además, se refirió puntualmente al trigo: “Ahora viene la siembra de trigo y lo que necesitamos son reglas de juego claras para que se siembren la mayor cantidad de hectáreas posibles. Hay muchas oportunidades de colocar trigo en todo el mundo y recuperar mercados que fuimos perdiendo a mano de los países que están en la zona de conflicto”.

Y añadió: “Por eso a través de una Ley en el Congreso deberíamos garantizar que no se cambien las reglas de juego para el trigo en medio de la campaña, garantizando el consumo interno y apuntando a tener un gran excedente exportable, en el mismo sentido que propone discursivamente el ministro Julián Domínguez, pero fijándolo a través de una ley”.

“Hay una enorme coincidencia en todo el interbloque de Juntos por el Cambio sobre la valoración que se hace de la producción agropecuaria y el campo al país”, amplió.

En lo que se anticipa será un tema polémico dentro del Parlamento, donde hasta ahora nunca un DNU fue anulado -esto es, rechazado por ambas cámaras-, la medida del Ejecutivo deberá ser primero analizada en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Tras la oficialización del aumento de dos puntos -del 31% al 33%- en los derechos de exportación de distintos productos, gran parte de la oposición advirtió que el decreto es inconstitucional por tratarse de una cuestión tributaria, además de no poseer esas facultades el Poder Ejecutivo tras el rechazo que hubo al Presupuesto 2022.

Desde la semana pasada la Mesa de Enlace viene organizando reclamos junto a productores de distintos puntos del país, y con la intención de convocar a una gran marcha en Buenos Aires.

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, motivo por el cual diputados y senadores de distintos espacios políticos invitaron a través de las redes sociales a la reflexión, a generar conciencia sobre los derechos e inclusión social.

“Día Mundial del Síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen derecho a una participación significativa en la sociedad y a tomar sus propias decisiones. Es un día para generar conciencia, celebrar la vida, la diversidad y la inclusión. #TodosSomosúnicos”, escribió el diputado radical Ricardo Buryaile (Formosa).

En el mismo sentido se pronunció la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada: “Día Mundial del Síndrome de Down. Por una sociedad que integre y en la que todos puedan gozar de su autonomía e independencia y llevar adelante una vida plena desarrollando sus potencialidades”.

Día Mundial del Síndrome de Down

Por una sociedad que integre y en la que todos puedan gozar de su autonomía e independencia y llevar adelante una vida plena desarrollando sus potencialidades#DiaMundialDelSindromeDeDown 💙💛 pic.twitter.com/RP7fMScEXD

— Leonor Martinez Villada (@leonormartinezv) March 21, 2022

Desde ese espacio también se expresó su presidente, Maximiliano Ferraro: “En el día del Síndrome de Down, usamos medias distintas que nos recuerdan la importancia de la igualdad a pesar de las diferencias. Hoy es un día para concientizar, dar visibilidad y fortalecer el compromiso en la búsqueda de igualdad de oportunidades”.

En el día del Síndrome de Down, usamos medias distintas que nos recuerdan la importancia de la igualdad a pesar de las diferencias. Hoy es un día para concientizar, dar visibilidad y fortalecer el compromiso en la búsqueda de igualdad de oportunidades.#DíaDelSíndromeDeDown pic.twitter.com/UkRfZGzObY

— maxi ferraro (@Maxiferraro) March 21, 2022

“Hoy se conmemora el #DiaMundialDelSindromeDeDown, una fecha para que cada uno desde su lugar pueda generar conciencia y fomentar la inclusión desde la niñez”, posteó el rionegrino e integrante del interbloque Provincias Unidas Luis Di Giacomo.

A su vez, el diputado nacional y exsenador mendocino Adolfo Bermejo sostuvo: “Hoy es el #DiaMundialDelSindromeDeDown, una fecha para generar conciencia sobre está condición, no enfermedad. La discapacidad solo existe en la medida que como sociedad no derribemos las barreras de los prejuicios”.

“Hoy 21 de marzo se conmemora el #DíaMundialdelSíndromedeDown, una fecha para generar conciencia sobre los derechos, dignidad y las valiosas aportaciones de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad”, escribió el senador rionegrino Alberto Weretilneck.

Hoy 21 de marzo se conmemora el #DíaMundialdelSíndromedeDown, una fecha para generar conciencia sobre los derechos, dignidad y las valiosas aportaciones de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad. pic.twitter.com/XPZRVcgC4h

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 21, 2022

De cara al inicio del debate sobre el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el bloque del Frente de Todos fue convocado para este domingo a una reunión destinada a tratar de amalgamar la postura que llevarán al recinto en el transcurso de la semana.

Será la primera reunión del bloque oficialista tras la salida de Máximo Kirchner y obviamente entonces la primera en la que participará Germán Martínez como titular de esa bancada.

No se descarta que en el encuentro participe el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los efectos de responder inquietudes que puedan plantearle los diputados.

La reunión cobra especial importancia ante el clima deliberativo que impera en el seno del bloque -lo mismo sucede en el Senado- con relación al acuerdo con el Fondo. Con todos y cada uno de los legisladores ya dialogó de manera personal o telefónicamente Germán Martínez, pero ahora llegó el momento de garantizar el resultado de la votación y esta reunión permitirá dar garantías al “poroteo” propio que elaboran de cara al debate en el recinto cuyo inicio está previsto para el próximo jueves.

A partir de ese conteo es que se sabrá con certeza cuál es la magnitud del apoyo opositor que necesita el Gobierno para sacar el acuerdo con el mayor respaldo posible.

Diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio estuvieron presentes este miércoles en una jornada de oración que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, frente a la Catedral, organizada por Scholas Occurrentes para pedir por la paz en Ucrania ante la invasión de la Federación Rusa.

Estuvieron el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Eduardo Valdés, y el vicepresidente segundo de la Cámara baja José Luis Gioja, por el oficialismo; mientras que por la oposición estuvieron el presidente del bloque Pro en Diputados Cristian Ritondo y su compañera de bloque María Eugenia Vidal. También estuvo Guillermo Olivieri, secretario de Culto de la Nación y Gustavo Beliz, secretario de Estado. También estuvo presente la exdiputada nacional del Pro Carmen Polledo. Todos respondieron a la convocatoria interreligiosa y rezaron juntos.

La idea era parar un minuto las actividades para orar por la paz en Ucrania, y con tal objetivo los organizadores anunciaron que la carpa armada en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral de Buenos Aires, permanecerá armada durante toda la semana dedicada a la oración por la paz en Ucrania, invadida desde la semana pasada por Rusia.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) expresó este lunes su preocupación luego de que una flota de más de 300 pesqueros chinos ingresaran desde el Océano Pacífico al Atlántico sur y se posicionaran en el borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La flota en cuestión comprende también buques tanque y cargueros frigoríficos que brindan apoyo logístico para que las naves pesqueras operen de forma continuada sin necesidad de regresar al puerto.

Ante tal situación, Asseff solicitó información sobre el relevamiento que realiza la armada sobre la cantidad de unidades, sus principales características y las maniobras que realizan las fuerzas de vigilancia estatales para evitar que las embarcaciones orientales lleven a cabo actividades extractivas mientras circulan por aguas nacionales.

Asimismo, el legislador nacional se alegró por la llegada del recientemente incorporado OPV (Oceanic Patrol Vessel) “Storni”, el cual fue diseñado específicamente con el objetivo de controlar la pesca ilegal y el abordaje de naves pesqueras para su inspección. De esta manera, el diputado del Pro lo describió como “fundamental para la defensa de nuestro mar”, aunque resaltó que no puede ser la única de su tipo dado que la presencia de embarcaciones extranjeras es cada vez mayor y su control se torna más dificultoso.

En este sentido, Asseff aseguró que buena parte de este mal se debe a que Reino Unido posee la soberanía de las Islas Malvinas –que se encuentran dentro del Mar Argentino-. “Nuestro problema con la depredación de nuestros recursos marítimos proviene de la ocupación de nuestras Islas Malvinas, siendo que Inglaterra otorga permisos pesqueros en aguas que no le pertenecen y lo hace sin el derecho para tal concesión”, remarcó.

Por este motivo, el diputado sostiene que recuperar la soberanía del territorio insular acabaría con las prácticas de pesca ilegítima que se vienen registrando en aguas argentinas desde hace algún tiempo. Sin embargo, a sabiendas de que se trata de una empresa complicada, mientras tanto considera que es necesario controlar y multar a quienes pesquen ilegalmente en territorio marítimo nacional, así como también acordar en el G20 que se respete la jurisdicción económica en la plataforma argentina.

“El reclamo por la soberanía de nuestro territorio es parte integral de la lucha contra el flagelo de la pesca ilegal en nuestras aguas y la depredación de nuestros recursos marítimos. Hace a un todo que no puede ser ignorado y que requiere de una negociación de gobierno a gobierno”, condenó tajante.

Como todos los años, la revista Parlamentario y parlamentario.com elaboran una encuesta a los efectos de determinar cuáles han sido a juicio de los consultados los legisladores más laboriosos del año en curso. De este sondeo toman parte periodistas, asesores, empleados legislativos y los propios legisladores, quienes determinarán con sus votos los nombres de quienes más se han destacado a lo largo del presente año. Este año, por imperativo de las circunstancias, el sondeo se hará estrictamente vía online, por lo que solicitamos su participación.

El sistema de votación es el siguiente: deberán poner los nombres escogidos por orden de importancia, por cuanto el primero de la lista recibirá 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto 1.

Sírvase enviar solo una respuesta a semanario@parlamentario.com

Senador/a más laborioso/a		Diputado/a más laborioso/a
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1) ……………………………………………….		1) ……………………………………………….
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Rubro medios de comunicación relacionados con lo legislativo

Mejor cobertura radial de la actividad legislativa:

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Mejor periodista radial (en el ámbito legislativo):

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Mejor cobertura televisiva de la actividad legislativa:

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Mejor periodista televisivo (en el ámbito legislativo):

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Mejor cobertura gráfica de la actividad legislativa:

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Mejor periodista gráfico (en el ámbito legislativo):

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Mejor periodista de medios del interior:

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Mejor cobertura a través de agencias y portales de noticias:

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Mejor asesor de prensa:

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue contundente a la hora de dar su discurso en el búnker del Frente de Todos en el Complejo C en el barrio de Chacarita, minutos antes de las 23. 

“Festejen”, le dijo a la militancia que colmó el salón del comando de operaciones y remató: “El Frente de Todos seguirá siendo la primera minoría en Diputados a partir del 10 de diciembre”.

Al recodar que la oposición se expresó a favor de pedir la presidencia de la Cámara baja luego de las PASO pensando que serían la primera minoría, Massa se despachó: “Se hablo mucho de las PASO hasta acá. Se habló mucho de como quedaban las mayorías en Diputados, pero gracias al voto de millones de argentinos el Frente de Todos seguirá siendo la primera minoría en la cámara de Diputados de la Nación con 119 diputados”.

Justamente, horas antes, parlamentario.com adelantó que ese número serían los miembros del bloque mayoritario que conduce el diputado Máximo Kirchner.

“Esta fuerza es la que nos va a permitir recorrer la segunda etapa de la superación. Hoy comienza esa segunda etapa de la reconstrucción y la superación”, consideró.

Ante los cánticos de los militantes, Massa agregó: “Esa tarea nos tiene que encontrar trabajando juntos, entendiendo la unidad en la diversidad y que tenemos la convicción de dialogo, pero también tenemos la firmeza en el recorrido que tenemos que llevar, muy distintos al gobierno anterior”

Al finalizar, manifestó: “Los próximos 2 años van a ser de más trabajo porque necesitamos un Congreso activo para que le de todas las herramientas al presidente -Alberto Fernández- para llevar adelante las transformaciones que la Argentina necesita”.

Massa dio su discurso en el escenario junto al presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; y los diputados nacionales electos Leandro Santoro y Gisela Marziotta (CABA) y Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires).

“Ay Jujuy, jujuycito de mi alma”, canta la Izquierda con una histórica elección en la provincia norteña que le dio la posibilidad de sumar una banca al Frente de Izquierda de los Trabajadores y pelear el segundo puesto con el Frente de Todos que logró recuperarse y superar por décimas al FIT.

Con el 96,80 % de las mesas escrutadas, JxC obtuvo el 49 % mientras que el FdT cosechó 25,70% y el FIT 25,29 por ciento de los votos por un lugar en la Cámara baja.

En Jujuy se renovaban 3 bancas de la Cámara de Diputados y, con estos resultados, se las reparten entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el FIT.

En el juego de las bancas, JxC puso en disputa 2 y el FdT 1, por lo que el espacio liderado por el gobernador Gerardo Morales perdió un escaño a manos del FIT.

Por eso, el diputado electo de Juntos es Gustavo ‘Bacha’ Bohuid quien es ministro de Salud provincial y su referente es el mandatario radical.

La legisladora electa por el FdT es la diputada provincial y referente de La Cámpora jujeña, Leila Chaher, mientras que el tercer lugar fue para el diputado provincial Alejandro Vilca (FIT), quien trabaja como recolector de residuos.

Los diputados a los que se les vence el mandato son: María Gabriela Burgos y Osmar Antonio Monaldi (JxC) y José Luis Martiarena (FdT).

Por lo tanto, a partir del 10 de diciembre, los diputados de Jujuy serán 6, siendo que el FdT quedaría con 3 bancas: Daniel Ferreyra, Carolina Moisés y Chaher; JxC quedaría con 2 bancas: Jorge Rizzotti y Bohuid; y el FIT con 1: Vilca.

En la actualidad, de los 6 en total, 3 son del FdT y 3 son de JxC.

En tierra radical, los mendocinos se inclinaron nuevamente en las elecciones de medio término por el Gobierno provincial que se posicionó primero con un contundente 50,10% de votos que llevó para Diputados al exvicepresidente de la Nación Julio César Cobos y para el Senado al presidente del radicalismo Alfredo Cornejo. Por su parte, el FdT que postuló a Anabel Fernández Sagasti, quien renueva su banca en la Cámara alta, y al actual senador provincial Adolfo Bermejo para la Cámara baja quedó alejado en segundo lugar con 25,69% votos. De esta manera, los escaños para la Cámara de Senadores quedan iguales, mientras el FdT suma un diputado.

El espacio Cambia Mendoza postuló como candidatos a senadores nacionales a Alfredo Cornejo, secundado por la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri. Mientras que para la Cámara de Diputados colocó al exgobernador y actual senador nacional Julio Cobos seguido por su compañera en el Senado Pamela Verasay y por Álvaro Martínez.

Por su parte, el Frente de Todos fue con la senadora nacional Fernández Sagasti que renueva su banca, y como candidato a diputado nacional al senador provincial Adolfo Bermejo acompañado por la legisladora provincial Liliana Paponet.

En tercer lugar se posiciona el Partido Verde con 9,10% de votos, seguido por el Frente de Izquierda con 4,89%, Vamos Mendocinos suma 3,91%, el Partido Federal tiene 3,84 y a lo último se ubica Compromiso Federal con 2,53% de votos.

Cabe destacar que para el Senado se renuevan tres bancas correspondientes a Julio Cobos y Pamela Verasay (UCR), y Fernández Sagasti (FdT). Mientras que para Diputados se renuevan cinco de los diez escaños que tiene en Congreso, los cuales son los de Félix Chafi (FdT), Claudia Najul, Luis Petri y Raúl Zamarbide (UCR), y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal).

De esta manera ingresan para la Cámara de Senadores: Alfredo Cornejo y Mariana Juri, mientras que el FdT retiene la banca de Fernández Sagasti. Por su parte, para la Cámara de Diputados ingresan: Julio Cobos, Pamela Verasay y Alvaro Martínez del espacio Cambia Mendoza, y para el FdT Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

El objetivo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados será lograr conformar el quórum para sacar sus propias iniciativas, en un recinto que estará dividido en dos grandes interbloques casi empatados y por eso los diputados de bloques chicos serán clave.

En ese contexto, ocurren movimientos políticos que agregan aun más imprevisibilidad como el caso del diputado riojano de Felipe Álvarez que se iría de la Cámara baja si resulta este domingo electo como diputado provincial, ya que encabeza la lista de “Hay Futuro La Rioja”.

En la actualidad, el peronista Felipe Álvarez, quien tiene mandato hasta 2023, era uno de los diputados que ingresó por Juntos por el Cambio y el año pasado -octubre- abandonó el interbloque y conformó un bloque denominado Acción Federal junto al diputado santacruceño Antonio Carambia.

Con el antecedente de haber asistido a la convocatoria del Gobierno nacional a la Casa de Gobierno en la presentación del proyecto de ley de Reforma Judicial el 9 de julio de 2020, y haber votado a favor del Presupuesto 2021 el año pasado, se especulaba con que Álvarez terminara acercándose al oficialismo, pero no fue así.

Por eso, al legislador riojano del bloque Acción Federal no se lo puede considerar un aliado del oficialismo.

Todo lo contrario. Durante la campaña electoral, Álvarez se mostró en La Rioja junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

No se puede construir futuro apostando a fórmulas del pasado. La Rioja no puede quedarse en las peleas de la vieja política. Armemos una nueva agenda. #HayFuturoLaRioja pic.twitter.com/pdUok1tgld

— Felipe Alvarez (@FelipeAlvarezLR) October 27, 2021

Por lo tanto, se podría considerar que es un diputado cercano a Juntos por el Cambio a pesar de haberse ido en su momento del interbloque. Su queja por entonces era la falta de consideración que se le daba a los diputados del interior. No era el único que se quejaba de eso, pero él fue de los que terminaron dando un portazo.

En su provincia es muy crítico del gobierno riojano de Ricardo Quintela, pero también del radicalismo riojano, al que acusa de haber estado “callado un año y medio” y haberse “despertado” quince días antes de las elecciones.

Ya anticipó que si resulta electo este domingo renunciará a su banca y lo reemplazará, por la ley de Paridad de Género, Carlos Laciar, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales (Sitrapp).

Por su perfil opositor, el panorama es aun más complejo para el FdT pero no se sabe a ciencia cierta si al asumir su banca volvería a sumar un integrante el interbloque JxC.

Lo cierto que los jefes de los principales bloques en Diputados buscarán tentarlo -a Alvarez si sigue, o Laciar si lo reemplaza- para acercarlo a su redil en el futuro Congreso.

“Ay Jujuy, jujuycito de mi alma”, canta la Izquierda con las aspiraciones intactas de lograr sumar una banca al FIT desde el norte del país.

En Jujuy se renuevan 3 bancas de la Cámara de Diputados y, según los resultados de las PASO, se la repartirían entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el FIT.

Jujuy renueva 3 bancas. JxC pone en juego 2 y el FdT 1. JxC perdería un escaño a manos del FIT.

El pasado domingo 12 de septiembre, el Frente Cambia Jujuy, el espacio que lidera el gobernador Gerardo Morales (JxC), obtuvo el primer lugar con 46,42 por ciento de los votos.

Así, solo ingresaría el candidato Gustavo ‘Bacha’ Bohuid quien es ministro de Salud provincial y su referente es el mandatario radical. Lo secunda la candidata Natalia Sarapura, titular del Ministerio Desarrollo Humano de Jujuy.

El segundo fue el Frente de Todos (FdT), con 28,32% de los votos, que lleva como primera candidata a la diputada provincial y referente de La Cámpora jujeña, Leila Chaher, acompañada por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi.

Los diputados que se les vence el mandato son:

JXC (2): María Gabriela Burgos y Osmar Antonio Monaldi.

FdT (1): José Luis Martiarena.

El tercero, con 23,31%, fue la sorpresa que arrojaron las primarias abiertas, ya que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) fue la única alianza con interna en Jujuy y acumuló más de 81 mil votos, por lo que obtendría una banca si se repitiese el resultado.

La nómina ganadora fue la del diputado provincial Alejandro Vilca, quien trabaja como recolector de residuos y disputa una banca con la segunda candidata de Cambia Jujuy.

Se quedan hasta 2023:

FdT (2): Daniel Ferreyra y Carolina Moisés

JxC (1): Jorge Rizzotti

Por lo tanto, a partir del 10 de diciembre, los diputados de Jujuy serán 6, siendo que el FdT quedaría con 3 bancas: Ferreyra, Moisés y Chaher; JxC quedaría con 2 bancas: Rizzotti y Bohuid; y el FIT con 1: Vilca.

En la actualidad, de los 6 en total, 3 son del FdT y 3 son de JxC. Por eso, en esta elección, Juntos perdería un escaño a manos del FIT.

A partir del 10 D:

Jujuy: 6 diputados

FdT: 3

JxC: 2

FIT: 1

Los diputados del Frente de Todos recibieron a empresarios pymes que apoyan al Gobierno nacional y elaboraron un documento denominado “Tenemos memoria”, con un perfil electoral en el que señalan las medidas implementadas por Cambiemos durante la gestión de Mauricio Macri y sus impactos negativos en el desarrollo de la producción y la industria nacional.

Junto a la Mesa Nacional de Unidad PyME (MNUP), que agrupa a más de 50 cámaras de pequeñas y medianas empresas de todo el país, estuvieron los diputados Carlos Heller, Eduardo Fernández, Carlos Ponce, Paula Penacca y Mara Brawer.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, señaló: “En el marco del diálogo que sostuvimos en el Salón Delia Parodi, escuchamos sus inquietudes y renovamos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas parlamentarias que apunten a cuidar y fortalecer la producción y el trabajo nacionales”.

En el marco del diálogo que sostuvimos en el Salón Delia Parodi, escuchamos sus inquietudes y renovamos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas parlamentarias que apunten a cuidar y fortalecer la producción y el trabajo nacionales. pic.twitter.com/yLlvUdRgxc

— Carlos Heller (@CarlosHeller) November 3, 2021

Los referentes de PyMEs de la producción, la comercialización y los servicios se habían concentrado previamente frente al edificio del Congreso, convocados bajo las consignas “Para seguir construyendo un país con producción y trabajo” y “Tenemos Memoria”.

La presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Frente de Todos), fue la encargada de respaldar el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y consideró que “vivimos en un mundo atravesado por las enfermedades crónicas no transmitibles” como la obesidad y “nuestro país no es la excepción”.

En ese contexto, planteó que el “Estado argentino no va a mirar para otro lado y va a dar la pelea ante esta situación que nos alarma” en referencia a la obesidad, la mal nutrición y los “engaños en la alimentación”.  

“Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos y lo hacemos basándonos en evidencia científica”, remarcó.

Al respecto, señaló que “el octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios”.

“La verdad es que muchas veces las etiquetas son engañosas y nos ilegibles o incomprensibles y los consumidores tienen el derecho a saber que es lo que está ocurriendo y lo que está consumiendo e ingiriendo”, agregó.

En ese sentido, señaló que “la información nutricional que hoy se nos brinda no solo es ilegible por el tamaño de la letra sino porque hay una gran parte de la población no sabe que esa información existe”.

A la hora de citar estadísticas, consideró que “el 66 por ciento de la población tiene sobrepeso. El 32, obesidad. 42 por ciento presión alta y el 30 por ciento colesterol elevado. Los chicos de entre 5 y 17 años el 41 por ciento tiene exceso de peso. Y el 13,5 de los menores de 5 años tienen sobrepeso.

Con respecto a las polémicas, aclaró: “No estamos legislando sobre ninguna industria. No quereos prohibir ningún producto. Solo queremos brindarles al consumidor información concisa y concreta de lo que consume.

“En la curricula escolar se va a incluir el saber nutricional y el Estado nacional va a tener que priorizar la contratación de alimentos y bebidas que no tengan ni un sello de octágono lo que impactará a favor de la salud de los niños que asisten a comedores escolares”, destacó.

La ley de Etiquetado Frontal de Alimentos comenzó a ser tratada pasada las 15.45 y tiene previsto un tratamiento de más de 8 horas de debate y se estima que se votaría pasada las 23, aunque se descuenta que se convertirá en ley ya que el dictamen de mayoría que avala la media sanción del Senado es apoyado por la mayoría del Frente de Todos, algunos sectores de Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios.

Así tiene los números garantizados para ser aprobada, pero tendrá votos transversales a los bloques parlamentarios.

En el inicio de la defensa del dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (FdT), aseguró: “Con esta ley se busca la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos”.

“El octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios”, sentenció la legisladora del FdT.

Moreau señaló: “El mundo atraviesa una problemática recurrente: las enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro país no es la excepción, y hoy estamos diciendo que el Estado argentino no va a mirar para otro lado y va a dar la pelea”.

Conocé el proyecto de ley de Etiquetado Frontal

A continuación, Liliana Schwindt (FdT) expresó que el proyecto de ley de etiquetado frontal “es poner en los más alto los derechos de los consumidores que vienen reclamando información, clara, precisa, veraz”, y señaló: “Quisiera remarcar la ventaja de la ley para la industria alimentaria, le permite orientarse a una producción saludable sin incurrir en mayores costos y potenciarse en la inserción en los mercados de consumo”.

“La implementación de la ley en Chile no solo tuvo un impacto en la industria, sino que fue beneficiosa. En segundo lugar, hay que resaltar el avance que resultan en la calidad agroalimentaria. Esta ley es beneficiosa para la industria”, comparó la legisladora oficialista.

Además, continuó: “En tercer lugar esta ley es una iniciativa de salud pública que tanto faltó en esta pandemia que atravesamos porque previene enfermedades como obesidad, hipertensión, cardiovasculares, la diabetes, la falta de información al consumir estos productos altos en sodio, azúcares, hacen que estas enfermedades se propaguen y sean una pandemia silenciosa que fueron un riesgo para el Covid-19, estamos tomando una medida de salud pública muy beneficiosa”.

También, destacó que “es una cuestión de economía porque los gastos en los que incurre el Estado para el tratamiento de estas enfermedades, son muchos más elevados que los que se destinan a las campañas de prevención. Esta ley es una herramienta para producir alimentos de mejores estándares de calidad, y nos brindará un paso más en la lucha contra la mal nutrición”, y concluyó que “los más afectados son los niños a donde apunta el marketing de promoción que nada tiene que ver con alimentarse bien, sino con vender”.

A su turno, la diputada radical Brenda Austin defendió el dictamen de mayoría a manifestar: “Tratamos un tema tan importante como el Etiquetado Frontal de Advertencia en la República Argentina, y pudimos derribar mitos sin haber caído en la grieta y en defensa del derecho a la Salud. Esto es un ejemplo claro de ello. Una deuda desde la década de los 90, que permite que los ciudadanos tengan información, fundamentales para las enfermedades no transmisibles. Rescatando la transversalidad, claramente representativo de esta Cámara para avanzar en el tema. Estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”.

“La dificultad que representa al tratar el tema en el contexto de pobreza que tiene que ver con casi uno de cada dos chicos viviendo en la pobreza, y tratar de cambiar los hábitos alimentarios. Esta ley incorpora dentro de sus artículos la disposición de que el Estado al momento de llevar adelante la compra de los bolsones alimentarios, de programas alimentarios, la provisión en las escuelas para comedores escolares deberá priorizar aquellos productos que no tengan etiquetado de advertencia”, apuntó la legisladora cordobesa.

Asimismo, dijo que “es una iniciativa que busca dar paso a una transformación en los hábitos alimentarios para hacerlos más saludables. Demás está decir que la etiqueta actual es absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y la mitad de los que la leen las entienden, no es posible ampararse en tener un alimento en base a ignorar, a esconder lo que estos productos tienen”.

La primera consideración negativa al dictamen de mayoría llegó de parte de la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) quien manifestó: “Debemos pensar en un sistema de etiquetado integral y completo, es por eso que presentamos un dictamen proponiendo una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios”.

Para marcar las diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio, la legisladora porteña Carla Carrizo señaló que “es una ley sumamente importante y necesaria porque es una cuestión de salud pública. Es importante que sea con los octógonos porque está comprobado que es el método que mejor protege”.

La diputada Claudia Márquez de Córdoba Federal también se manifestó con cuestionamientos a varios puntos de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos como “la falta de armonización en los pactos con el Mercosur” y “el impacto que tendrá esta norma con la producción alimenticia de nuestras industrias” y sobre el aspecto de la publicidad que tienen dicha normativa. Sin embargo, adelantó que votará a favor en general.

Otro de los críticos fue el diputado porteño Alejandro García porque “no se pudo tocar ni una letra de lo que venía del Senado, se oyó a todos, pero no se escuchó a nadie y todas las observaciones que se hicieron desde diferentes sectores fueron inútiles”.

“Quiero dejar en claro la buena fe con la que se maneja la gran mayoría que propicia este proyecto de ley, todos compartimos la preocupación para lograr una alimentación saludable y que evite consecuencias dañinas a la salud, pero acá no se escuchó a nadie”, remarcó.

También hizo observaciones al dictamen de mayoría la diputada cordobesa Soher El Sukaría al aseverar que este proyecto “no solamente no se armoniza la normativización, sino que además no está previsto que la norma se aplique a los alimentos procesados y ultraprocesados. Solamente se remite al perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud”.

“El trabajo en comisión fue rico, pero no logramos que otra mirada que no fuera el texto como venía del Senado. No se permitió que se rediscuta para enriquecer un proyecto que ya de por sí atrasa. En Argentina necesitamos generar empleo”, esgrimió El Sukaría.

Por su parte, el presidente del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, Jose Luis Ramón, afirmó que se debe sancionar el proyecto de etiquetado frontal porque “la Constitución Nacional nos obliga a proteger la salud, más allá de la presión de las 12 empresas productoras de alimentos y las 6 supermercadistas que no quieren tener un octógono para informar y empoderar a los consumidores”.

Al defender el proyecto de etiquetado frontal, el diputado mendocino dijo que “hace más de 20 años que peleo desde la sociedad civil, impulsando leyes que benefician directamente a las familias. Me satisface ver en las gradas a las Asociaciones que luchan para mejorar la nutrición en Argentina”.

Sin embargo, la legisladora bonaerense, Mariana Stillman (JxC), consideró: “Esta ley viene a cumplir con el mandato constitucional del Artículo 42, el cual establece que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, a una información adecuada y veraz, y a la libertad de elección”.

En defensa de la industria alimenticia, la diputada correntina Ingrid Jetter (JxC) sentenció que “esta ley es inútil, imperfecta, mala y puede generar peores efectos. Para los que queremos mejorar la alimentación es absolutamente insuficiente porque si hay dos paquetes de galletitas que superan los valores, pero uno lo hace por muy poco y otro por mucho, esa información no está en los octógonos negros y el consumidor no la tiene y no puede elegir. Entonces es peor”, remarcó.

“También prohíbe toda información nutricional si el alimento ya tiene un octógono. Entonces eso es perjudicial porque se oculta el detalle de la información”, manifestó Jetter, quien sentenció: “Es una ley que nivela para abajo y subestima al ciudadano”.

“La industria alimenticia es lo único que nos queda. Esta ley nace de vuelta en la lógica en amigo enemigo y le pone toda la responsabilidad de la obesidad a la industria alimenticia al igual que ahora le carga toda la responsabilidad de la inflación a la industria”, dijo Jetter quien chicaneó: “Los choripanes que reparten en las campañas van a venir con el octógano”, preguntó.

En una jornada intensa en comisiones, el proyecto de ley de Oncopediatría obtuvo dictamen de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados y luego sumó el último aval de la Comisión de Presupuesto y así ya está lista para ser tratada este martes en el recinto.  

El dictamen unificado fue firmado por todos los bloques parlamentarios y se espera que la aprobación sea unánime.

Cinta amarilla para todos

Con una cinta amarilla que fue repartida por los familiares de niños con cáncer que se acercaron a Diputados, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) se refirió al tema en la Comisión de Familia: “Claro que vamos a apoyar una ley que viene a dar una respuesta con un Estado presente que arme una red en todo el país donde hay tantas desigualdades”.

“Al interior de cada provincia vivimos los problemas que hay para poder acceder a una atención primaria, con diagnósticos y tratamientos de forma oportuna y rápida”, agregó.

Resaltó que la ley busca “generar polos en cada región para darle una rápida atención, una contención cercana y que no abandonen la educación y si no tienen recursos darle una AUH para personas con discapacidad”.

“También ayudarlos con viviendas cuando se tienen que trasladar porque hay muchos que se tienen que trasladar al -Hospital- Garraham”, apuntó.

Najul agregó: “Estamos dando un paso importantísimo en un Estado presente en la salud de los niños y adolescentes. En esta ley hay un Estado inteligente donde se necesita”.

Por su parte, la diputada bonaerense María de las Mercedes Joury (JxC) dijo que “el proyecto de ley es un gran avance, no es la ideal para los que venimos trabajando con los papás de niños con cáncer queríamos ir más allá, pero esto será un alivio del dolor”.

“Los chicos y las familias no pueden seguir esperando. Se lo debemos a ellos. Ojalá pronto podamos tener esta ley”, estimó.

Luego, en la Comisión de Presupuesto, la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) sostuvo que “la enfermedad es dura, pero sin un Estado que apoye es aún peor”.

“Todo lo que hagamos de política pública para acompañar a la familia y a los niños es muy bueno”, concluyó.

El pasado 6 de octubre, la Comisión de Salud emitió dictamen del proyecto, consensuado entre varias propuestas, que fueron presentadas por los diputados Jimena López, Eduardo “Bali” Bucca, Carlos Cisneros (FdT); Soher El Sukaria, Cristian Ritondo (Pro); Claudia Najul (UCR); y Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).

El proyecto

El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.

En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000 y ya está listo para ser tratado este martes 26 en una sesión maratónica.

Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.

En el debate en la comisión que preside el diputado porteño Carlos Heller (Frente de Todos), el sector de Juntos por el Cambio (JxC) adelantó que votará a favor de este proyecto y firmó el dictamen.

Al respecto, el referente en materia económica de JxC, el diputado santafesino Luciano Laspina consideró que “esta es una de las moratorias que significan un acto de justicia y más que justificada porque también se incluye a los contribuyentes que son buenos cumplidores y que también vienen sufriendo por la pandemia”.

“Es un alivio fiscal justificado y es bueno para los monotributistas que han sufrido este año de la pandemia”, remarcó Laspina quien adelantó: “Nosotros (JxC) vamos a acompañar este dictamen consensuado que hemos logrado”.

A su turno, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) señaló que “este es un proyecto muy importante porque los que sufren por la pandemia son también contribuyente de la AFIP y es muy necesario este alivio fiscal”.

En su intervención pidió que “se modifique la fecha de vencimiento estipulada -según la interpretación del legislador- para el 16 de diciembre para evitar que ocurra el mismo problema que hubo con el monotributo”.

En respuesta, Heller propuso poner que “sea 30 días después de que salga la reglamentación de la AFIP”.

Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al igual que la propuesta de incorporar a otras entidades y se prometió que se realizarán en el recinto este martes.

La voz de la AFIP

Al inicio de la comisión, el subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, brindó un informe sobre este alivio fiscal a pequeños contribuyentes y se mostró abierto a incorporar cambios al texto.  

Bianchi explicó que el proyecto “prevé la condonación de deudas -alivio fiscal para el sostenimiento económico-, regularización de obligaciones adeudadas, y en tercer aspecto el beneficio para contribuyentes cumplidores”.

“El presente proyecto está estructurado atendiendo la particularidad de distintos grupos de contribuyentes. El objetivo es atender sus particularidades, con soluciones distintas y en función de su tamaño”, agregó.

Y subrayó: “En primer lugar se trata un acápite a las micro y medianas empresas, donde se condonan deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto de 2021 a 1.035.000 contribuyentes”.

“El segundo acápite es la deuda que no ha sido regularizada en planes de facilidad y hoy se encuentra en situación de ser ejecutada. El 53% corresponde a microempresas y personas humanas, a quienes atienden este proyecto”, apuntó.

“El tercer acápite del proyecto es el beneficio a contribuyentes cumplidores. Los grandes resultados de este tipo de medidas ya se vieron en el caso del alivio fiscal a monotributistas”, concluyó Bianchi.

El proyecto

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.

Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.

“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.

Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.

Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.

En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.

También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.

Todos a favor

La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.

En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.

“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.

Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.

Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.

Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.

“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.  

Horas antes de la maratónica sesión del martes 26, a las 9.30, en la sala 2 del 2° piso Anexo A de la Cámara de Diputados, la Comisión de Discapacidad tratará el proyecto de ley en revisión por el cual se adopta el Símbolo de Accesibilidad Universal.

Además, se analizará en el orden del día el proyecto de ley en revisión por el cual se instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille en adhesión al Día Mundial del Braille.

Símbolo de Accesibilidad Universal

Este cambio de logo de accesibilidad para los discapacitados se trata de una adecuación que hizo se en 2019 a nivel internacional y con esta ley, Argentina se sumará a un nuevo concepto.

La iniciativa ya cuenta con el aval del Senado y ahora será el inicio del camino en Diputados, que se descuenta que tiene el apoyo de todos los sectores políticos.

El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano.

Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio.

Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.

El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.

Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados buscará el próximo lunes a las 17 emitir dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y mipymes.

La iniciativa comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
La idea del oficialismo es poder tratar este proyecto en la sesión del próximo martes.

El proyecto de alivio fiscal -presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y que cuenta con el aval del oficialismo y de la mayoría de la oposición- forma parte del temario de la sesión especial solicitada para la próxima semana por todos los bloques políticos con una agenda de temas consensuados.

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.

La citación

• Fecha: lunes 25 a las 17:00 horas
• Lugar: Anexo “C” – 2° piso de la Cámara de Diputados
• COMISION: Presupuesto y Hacienda
• Temas varios: Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19. Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Créase el Programa Nacional de Oncopediatría. Contrato de Trabajo -Ley 20.744-. Asignaciones Familiares –Ley 24.714- Modificaciones. Transferir a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional a la ciudad capital de la provincia del Neuquén.

El proyecto de ley que declara “inembargable” el patrimonio bibliográfico, el inventario informático y el bien inmueble donde funcionan las bibliotecas populares se encamina a convertirse en ley antes de noviembre, tras haber recibido un respaldo unánime de todas las bancadas en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Cultura emitió un despacho favorable al proyecto sancionado hace tres años por el Senado y luego de que la comisión de Legislación General avalara por unanimidad esta iniciativa, con lo cual se podrá sancionar en las próximas sesiones que se realicen antes de la finalización del período ordinario que concluye el 30 de noviembre.

El organismo parlamentario, que conduce la diputada de Juntos por el Cambio, Gisela Scaglia, adoptó esa decisión en la primera reunión presencial que efectúa tras haber eliminado el sistema virtual que se había implementado a raíz de la pandemia del coronavirus.

Scaglia dijo sentirse “muy contenta de tener quórum en la primera reunión presencial y poder trabajar” en los dictámenes de proyectos de ley y en una cincuentena de iniciativas de resolución y declaración.

El texto votado en Senado reforma el artículo 5 de la ley 23.351 de Bibliotecas Populares para que no se pueda embargar el patrimonio bibliográfico.

En ese sentido incorpora la inembargabilidad e inejecutablilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático y de un único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.

La vicepresidenta de la comisión, Carolina Moisés (Frente de Todos) señaló que esta ley “ya era importante cuando se votó en el 2018, y más ahora que se ha planteando una crisis importante en cuanto al mantenimiento de las bibliotecas en la pandemia”.

Por otra parte, la comisión analizó y envió nuevamente a asesores un proyecto de ley de la diputada Moisés que crea el Museo Nacional de la Independencia Argentina en Jujuy. La legisladora del FdT señaló que quieren “recuperar y consolidar, antes de que se siga perdiendo, un museo histórico de los héroes de la independencia en la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy”.

El pedido de vuelta a comisión fue hecho por la diputada del radicalismo Josefina Mendoza y respaldado por el de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes respaldaron la iniciativa, pero cuestionaron temas puntuales de su redacción que consideraron debían ser solucionados antes de ser llevado al recinto. Por ejemplo que se mencionara solo vagamente el lugar donde se instalaría el museo.

Desde el Frente de Todos, Claudia Bernazza expresó sus reparos a la postura de la oposición, pero luego expresó la disposición del bloque a acceder, con el compromiso de ponerle fecha a su aprobación posterior. Y a instancias de lo que resolviera la vicepresidenta de la comisión. Moisés cuestionó la actitud de la principal oposición y que no hubieran manifestado antes sus reparos, pero finalmente accedió.

Por otra parte, la comisión emitió dictamen al proyecto que declara sitio Histórico Nacional y Patrimonio Cultural al lugar donde falleció Fray Mamerto Esquiú denominado El Suncho, provincia de Catamarca.

Además respaldó un proyecto de la diputada radical Lorena Matzen que declara fiesta nacional a la Fiesta de Michay y La Diatomea, que se realiza anualmente en los meses de febrero y marzo en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.

Matzen señaló que “es un proyecto importante para nuestra provincia que se trata de volver como Fiesta Nacional del Michay y la Diatomea. Sirve, no solamente para mostrar nuestras provincias, sino también la cultura, producción y costumbres”.

Además, el organismo parlamentario emitió despacho sobre el Acuerdo de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre el proyecto que declara Monumento Histórico Nacional al Museo Florencio Molina Campos ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires.

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para debatir el proyecto de ley “Alcohol Cero al Volante” en todo el país y para todo tipo de vehículos.

Se trata de un proyecto presentado por el exdiputado Facundo Moyano y el legislador bonaerense Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), que comenzará a ser analizado este martes a las 16 en la Comisión de Transporte, que preside José Cano (UCR).

La reunión presencial será en la Sala 2 del 2° piso Anexo A de la Cámara baja.

Al respecto, Romero sostuvo hoy que “hay varios proyectos que espero que se unifiquen para que esta ley sea aprobada. Es importante que sea a nivel nacional”, destacó en declaraciones a Diputados TV.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

El proyecto, en cambio, prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.

La medida ya se viene implementando en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en países de la región, como Brasil, Paraguay y Uruguay.

En el conurbano bonaerense, en tanto, el Municipio de Moreno se convirtió recientemente en el primero en aplicar esta medida.

La última visita de Meoni al Parlamento

Diez días antes de fallecer el 23 de abril en un acccidente automovilístico en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 7, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de alcohol cero al volante en todo el país. Se busca que la iniciativa, impulsada por la ANSV, sea tratada durante este año y, en el caso de ser aprobaba, marque un antes y un después en materia de leyes viales en nuestro país.

En este sentido, el encuentro entre los funcionarios nacionales se llevó adelante en el Congreso de la Nación y, además de Meoni y Massa, contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y del Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto, Meoni afirmó que “debemos tener claro que a la hora de conducir estamos asumiendo una responsabilidad y que, cuando ocurren los siniestros, ocurren por factores que van mucho más allá de hechos fortuitos. El consumo de alcohol antes de conducir incrementa mucho las posibilidades de producir siniestros fatales, por eso como sociedad debemos darnos la oportunidad de debatir esta ley de alcohol cero al volante, que tiene el potencial de salvar muchas vidas, sobre todo entre los más jóvenes”.

Asimismo, el proyecto de ley de “Alcohol cero” prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero. La propuesta legislativa, cuyo objetivo es que se incorpore en la agenda de sesión legislativa de este año, se plantea como una política de Estado que tiene el propósito de reducir la siniestralidad vial ante uno de los factores más determinantes que la generan: el alcohol.

Sobre la importancia del proyecto de ley “Alcohol cero”, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, señaló: “En las provincias donde rige el alcohol cero la cantidad de alcoholemias positivas se redujeron sistemáticamente. En el límite de 0,5 hay una afectación clara para conducir y además invita a especular, a instalar la falsa creencia de que una copa no hace nada y esto no puede continuar siendo así. Este proyecto de ley busca implementar una política de Estado que salve vida y demuestra el compromiso del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la Nación, con la seguridad vial. Ahora queda en manos de los legisladores y la sociedad se merece el debate de este tema. El mensaje es claro: al volante, cero alcohol”.

Por su parte, Gabriela Torres, secretaria de Sedronar, resaltó que “desde Sedronar, y junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contamos cuestiones que venimos trabajando, que tienen que ver con las consecuencias físicas y sociales que trae el consumo de alcohol. Esta es la sustancia más consumida por argentinos y argentinas, y existe una tendencia a la baja de edad de inicio de consumo. Es por eso que venimos trabajando en políticas de interpelación de la práctica de consumo y en instalar las consecuencias del problema. Entendemos que una política integral tiene que ver con la regulación y con estrategias de cuidado”.

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados buscará este martes emitir dictamen a un proyecto de ley de reforma de las Bibliotecas Populares en el que se declara “inembargable” el patrimonio bibliográfico, el inventario informático y el bien inmueble donde funcionaran esas instituciones.

La cita de la comisión, que preside la santafesina Gisela Scaglia (JxC), es a las 15 y tiene el objetivo de firmar un conjunto de dictámenes, en el cual se destaca la iniciativa sobre las Bibliotecas Populares que tiene sanción del Senado Nacional.

Ese proyecto ya obtuvo dictamen de la comisión de Legislación General y solo falta que respalde esta propuesta Cultura para que puede ser debatida en el recinto de sesiones y se convierta en ley.

El texto votado en Senado reforma el artículo 5 de la ley 23.351 de Bibliotecas Populares para que no se puedan embargar el patrimonio bibliográfico.

En ese sentido incorpora la inembargabilidad e inejecutablilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático y de un único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.

Por otra parte, la Comisión de Cultura tiene previsto emitir despacho sobre el Acuerdo de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También buscará dictaminar sobre los proyectos que declaran Fiesta nacional a la Fiesta de Michay y La Diatomea, que se realiza anualmente en los meses de febrero y marzo en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro y Monumento Histórico Nacional al Museo Florencio Molina Campos ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, avalarán declarar sitio Histórico Nacional y Patrimonio Cultural al lugar donde falleció Fray Mamerto Esquiu denominado El Suncho, provincia de Catamarca, Crease el Museo Nacional de la Independencia Argentina.

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Diego Santilli (Juntos), Florencio Randazzo (Vamos con Vos), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Cynthia Hotton (Más Valores), debatieron sobre política de empleo, producción, sistema tributario, previsibilidad y educación en el 57° coloquio de IDEA, realizado hoy en el predio de Costa Salguero.

En la tercera y última jornada del coloquio que organiza el sector empresarial, los candidatos que encabezan las principales listas a diputados bonaerenses expusieron sus ideas en las diferentes temáticas casi sin cruces polémicos siendo el liberal Espert el más aplaudido por los empresarios, que además celebraron su chicana a Randazzo, que se mostró molesto.

En el inicio del panel, cuyo moderador fue el periodista Fernando González, se aclaró que Nicolás del Caño, el candidato cabeza de lista del Frente de Izquierda (FIT), eligió no asistir al encuentro y estuvo en C5N en ese momento.

El primer tópico fue sobre la generación de empleo, en el que Tolosa Paz anunció que presentará un proyecto denominado ley de Promoción de Empleo Joven que convertirá en ley el programa Te Sumo, que propone incentivos fiscales durante 3 ó 5 años para las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años.

Mirando a los empresarios, la candidata del FdT señaló: “El rol del Estado debe ser activo y dinámico. No hay que aumentar los impuestos ni generar nuevos, sino que hay que tener una mejor administración tributaria haciéndola más progresiva”.

En esa línea, enfatizó: “El Estado tiene que ser solidario con el conjunto que invierte en la Argentina liberando cargas patronales para hacer rápida la incorporación de la inclusión laboral”.

Diego Santilli también se manifestó sobre el tema y dijo que “la Argentina necesita tener una nueva política de Estado porque la única que mantuvimos desde 1983 es la democracia”.

“Por eso, le agregaría una política de Estado basada en la producción”, dijo el candidato de Juntos, quién explicó que esa ley de la producción debe “integrar cuatro pilares centrales básicos”, entre ellos el “consenso fiscal, porque es imposible crear trabajo si no bajamos los impuestos”, el consenso laboral, que implica “sentar a la mesa a los empresarios y sindicalistas para generar trabajo genuino”.

Además, señaló que se necesita un “consenso federal porque la Argentina es rica en todo su territorio, pero hay que producir, procesar y transportar esa riqueza”, para lo que se requiere “conectividad y rutas”.

Dijo que el 4° consenso es de “las reglas claras porque necesitamos una regla perdurable en 30 o 50 años”.

Randazzo consideró el empleo como “un tema fundamental” para la Argentina, pero advirtió que el país “no tiene ninguna posibilidad de generar empleo si no baja la inflación” por lo que, dijo, “el desafío es ver cómo bajar la inflación” al mismo tiempo que se “respetan las leyes de mercado”.

El preferido de los empresarios según los aplausos fue Espert, quien afirmó: “El Estado se debe achicar lo suficiente para que solo provea bienes públicos y deje de romper la economía como lo está haciendo hace años”.

Agregó que “para que se genere trabajo con buenos sueldos es necesario cambiar el sistema económico que abrazó ocho décadas” y postuló: “Tenemos que tirar a la basura el proteccionismo industrial y la sustitución de importaciones porque el mundo no es nuestro enemigo”.

Espert también señaló que se necesita una “reforma laboral que dinamite el edificio legal laboral que ha provocado que los trabajadores estén en negro y terminar con la indemnización”.

Allí, Cynthia Hotton se diferenció de Espert al señalar: “No somos libertarios. El Estado tiene que estar presente, ser articulador e inteligente”.

En ese sentido Hotton dijo que ese Estado presente al que se refería no era como el actual, sino “como el modelo alemán”.

Otro de los momentos que despertó el aplauso de los presentes fue cuando en el tópico de previsibilidad, Espert fustigó: “Económicamente hablando, si Argentina no sanciona una ley que achique el Estado y que no sea un conchabo para los miserables y chorros, no va a salir nunca. Estoy harto de los conceptos rimbombantes”.

En ese punto, Tolosa Paz sostuvo que “el pueblo argentino requiere que la dirigencia política de los diferentes partidos genere un horizonte de certezas” y cerró ese panel al afirmar que “hoy, el Estado es socio de la recuperación, socio del dinamismo y de ese camino de certezas que tenemos hacia adelante entre todas las fuerzas políticas en el Congreso después de las elecciones”.

En tanto, Santilli sostuvo que “para dar previsibilidad no hay que reiterar los errores del pasado”, sino “volver a nuestra identidad que es educarnos, trabajar y vivir en paz”.

Durante su intervención, Espert reiteró: “Necesitamos un cambio crítico” e incluyó la modificación del estatuto docente para limitar el derecho a huelga.

Sobre la educación, Tolosa Paz planteó que se debe implementar la “obligatoriedad de la sala de 3 años para que se garantice la calidad educativa en la edad temprana” y agregó: “Cuando vos tenés una parte de la población sumergida en la pobreza, el Estado tiene que acompañar gobierne quien gobierne, con Conectar Igualdad y Becas Progresar como políticas de estado inamovibles para garantizar la política de continuidad en todo el ciclo educativo”.

Por su parte, Santilli propuso la “ley de Emergencia Educativa, para ir a buscar al millón trescientos mil chicos que abandonaron el colegio en pandemia y hacer que vuelvan y hacer obligatoria la evaluación educativa”.

El momento de mayor tensión fue cuando Espert cruzó con una chicana a Randazzo, a quien se refirió como “el nuevo liberal” porque en su alocución habló de “bajar y eliminar retenciones” y “cambiar la política fiscal con una ley de estabilidad económica”.

“Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en tiempos electorales”, lanzó Espert mientras que Randazzo retrucó con sus logros en la gestión pública y calificó los dichos de candidato liberal como “una falta de respeto que no colabora al debate”.

El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La decisión de enviar el proyecto al Congreso fue anticipada este miércoles por el presidente Alberto Fernández, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de la CGT y la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa.

“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, expresó Fernández al celebrar la redacción del proyecto que ingresó hoy a la Cámara de Diputados.

La iniciativa lleva las firmas del Presidente; del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen cien o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de quinientos trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de diez trabajadores y/o trabajadoras y menos de cien, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

La propuesta, de 11 artículos, apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.

Entre otras cuestiones, el organismo buscará promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia.

COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 1º.- Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.
Definición.- Créase un “COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO” en cada ámbito laboral. El mismo se constituirá como un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta y participación, regular y periódica, de las actuaciones en materia de prevención de riesgos, seguridad, salud y medio ambiente, que se lleven a cabo en los lugares de trabajo, ya sea que se trate de empresas o establecimientos del ámbito privado o en el Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º, incisos a), b) y c) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones.
El citado Comité Mixto será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen CIEN (100) o más trabajadoras y trabajadores. Estará formado, como mínimo, por DOS (2) representantes de las trabajadoras y los trabajadores, por una parte, y por el empleador o la empleadora y/o sus representantes, en igual número, salvo lo que se disponga en los Convenios Colectivos de Trabajo respectivos. En las empresas en que se desempeñen más de QUINIENTOS o QUINIENTAS (500) trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.
En aquellos lugares de trabajo en los que se desempeñen más de DIEZ (10) trabajadores y/o trabajadoras y menos de CIEN (100), el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a esta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo.

ARTÍCULO 2º.- Elección de sus miembros.- La Entidad Sindical designará DOS (2) representantes entre aquellos delegados elegidos y aquellas delegadas elegidas en los términos de los artículos 40 y 45 de la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, dentro de los lugares de trabajo definidos en los términos del artículo 1º de esta Ley.
La elección deberá respetar la paridad de género existente entre dichos delegados y dichas delegadas. El mandato de las y los representantes sindicales en el Comité Mixto cesará conjuntamente con el de su mandato como delegadas y delegados.
Cuando existiera más de UNA (1) asociación sindical con personería gremial con actuación en el lugar de trabajo, la integración se hará en forma proporcional al número de personas que trabajan, representadas por cada organización sindical en dicho ámbito. En ningún caso la pluralidad de entidades sindicales que allí confluyan redundará en el aumento del número de miembros del referido Comité Mixto.
La representación del empleador o de la empleadora deberá contar al menos con UN (1) o UNA (1) integrante o representante de sus máximos niveles de dirección, con facultad de decisión.

ARTÍCULO 3º.- Funcionamiento.- Se elegirá Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria de entre los y las integrantes del citado Comité, quienes podrán ser reelegidos o reelegidas. Si el Presidente o la Presidenta representan al empleador o a la empleadora, el Secretario o la Secretaria representará a las personas que trabajan y viceversa. Si no hay acuerdo, se decidirá por sorteo.
En las reuniones del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo participarán, con voz pero sin voto, los responsables técnicos o las responsables técnicas de la prevención en los lugares de trabajo, que no estén incluidos o incluidas en su composición. En las mismas condiciones podrán participar representantes de la Autoridad de Aplicación o profesionales y técnicos o técnicas con competencia en la materia que fueran invitados o invitadas por el Comité.
El citado Comité Mixto se reunirá mensualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria, siempre que lo solicite alguna de las representaciones que lo integran. El Comité Mixto adoptará sus propias normas de funcionamiento. La convocatoria a reunión deberá realizarse con una antelación mínima de SIETE (7) días y se señalará lugar y hora en que se desarrollará la misma. El temario deberá consensuarse por las partes.
Las reuniones del Comité Mixto se llevarán a cabo en los lugares y horario de trabajo, sin desmedro de las remuneraciones de sus miembros. Estos no percibirán remuneración suplementaria alguna por el ejercicio de sus funciones, pero el empleador o la empleadora abonará los viáticos o gastos que demandare el desempeño de sus tareas.
El Comité Mixto deberá llevar un Libro de Actas y los registros que dispongan las normas vigentes en la materia o en su Reglamento interno.

ARTÍCULO 4º.- Competencias.- El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos en el Trabajo tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos, la promoción de la seguridad y el resguardo de la salud y los factores de riesgo psicosociales en el ámbito laboral. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en materia de prevención, los proyectos atinentes a planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia en el ámbito de trabajo.
c) Participar en la elaboración de los planes de formación en materia preventiva.
d) Contribuir en la prevención de la violencia y del acoso en el trabajo así como de cualquier otra forma de discriminación.

ARTÍCULO 5º.- Facultades.- En el ejercicio de sus competencias, el Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad psicofísica de las personas que trabajan, con el objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Colaborar en la implementación de protocolos de prevención a los fines de erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y de toda otra forma de discriminación.
e) Garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras canales de comunicación ágiles, expeditivos y confidenciales para que puedan denunciar eventuales casos de acoso y/o violencia en el trabajo y de toda otra forma de discriminación.
f) Garantizar con periodicidad a las personas que trabajan capacitaciones, cursos y/o charlas formativas a los fines de erradicar conductas de violencia o acoso en el trabajo, haciendo especial hincapié en aquellas relacionadas con el género.
El ejercicio de las facultades del citado Comité Mixto y sus actuaciones deberán tener en cuenta, según las circunstancias de cada caso, la preservación de datos personales y datos sensibles y el resguardo de la intimidad de las víctimas en los términos de la Ley Nº 25.326 y su modificatoria.

Las actuaciones y decisiones del referido Comité Mixto no desplazan las obligaciones que emergen del “CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO” –CONVENIO 190–adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), aprobado por la Ley Nº 27.580 y la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, en cabeza de los empleadores y las empleadoras, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y de los empleadores autoasegurados y las empleadoras autoaseguradas.

El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo deberá ser informado de las tareas que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo realicen, en materia de prevención, en el marco de la referida Ley Nº 24.557 y sus modificaciones.
Las actuaciones y decisiones de dicho Comité no implican desmedro alguno de los derechos individuales de las personas que trabajan ni implican corresponsabilidad alguna ante los eventuales damnificados o las eventuales damnificadas respecto al deber de seguridad que recae sobre empleadores y empleadoras.

ARTÍCULO 6º.- Autoridad de Aplicación.-El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y los Ministerios de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en materia laboral, serán las Autoridades de Aplicación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 7º.- Riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de las personas que trabajan.- Cualquiera de las y los representantes del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo podrá recurrir a la Autoridad de Aplicación de su jurisdicción si considera que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o la empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En los casos en que la Autoridad de Aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas.

ARTÍCULO 8º.- Práctica desleal.- Constituye “práctica desleal”, en los términos de los artículos 53, 55 y concordantes de la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, toda conducta del empleador o de la empleadora que impida, demore u obstaculice la formación y actuación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo previsto por esta Ley.

ARTÍCULO 9º.- Autonomía colectiva. El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo creado por el artículo 1º de la presente Ley, con competencia específica en los lugares de trabajo, no afecta ni reemplaza a los órganos paritarios emergentes de la autonomía colectiva, con competencias genéricas para el análisis y la prevención de riesgos, seguridad e higiene y medio ambiente o de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

ARTÍCULO 10.- Disposiciones Transitorias. En los lugares de trabajo en los que se desempeñen más de CIEN (100) trabajadores y/o trabajadoras, la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo será obligatoria dentro de los SESENTA (60) días de promulgada la presente Ley.
En los lugares de trabajo en los que se desempeñen más de DOSCIENTOS o DOSCIENTAS (200) trabajadores y/o trabajadoras, la creación del referido Comité Mixto será obligatoria dentro de los TREINTA (30) días de promulgada la presente Ley.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.