La Cámara de Diputados se prepara para una jornada intensa, con un temario que incluye la posible modificación de la ley que regula los DNU como tema quizá más importante, pero el debate por el Presupuesto 2026 y la situación del diputado José Luis Espert se llevarán toda la atención.
En los hechos, por causa y efecto, debiera considerarse el debate a la modificación de la Ley 26.122, que regula los DNU, lo más importante de la sesión de este miércoles en Diputados. Porque si se aprueba será ley; y debería ser esa la preocupación mayúscula de cara a la sesión, habida cuenta de la importancia que para este gobierno en minoría tiene una norma de tal característica. Pero en realidad, se tiene confianza el oficialismo en que puedan frenarlo con el veto. La ley saldrá, seguramente, este miércoles; el veto será rechazado primero en el Senado -cámara de origen-, pero en Diputados habría número para ratificar el rechazo presidencial. Eso es por lo menos con lo que se ilusionan en el oficialismo, donde confían en que eso sucederá después de las elecciones y para entonces los gobernadores tendrán esa consideración. Se verá, pero la clave estará dada en el número que consiga Diputados cuando se dé la aprobación el miércoles próximo.
Más allá de eso, la máxima expectativa estará puesta este miércoles en lo que suceda con José Luis Espert y el presupuesto, que en este caso es más o menos lo mismo.
El tema no será abordado de entrada. Primero avanzarán con el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que es lo que figura en primer lugar en el pedido de sesión. Esto es, lo más trascendente, lo que buscan que sea ley, primero, no sea cosa de que un accidentado debate en torno al caso Espert desperfile a la oposición y afecte el resto de la sesión. Porque por más que Espert haya terminado bajando su candidatura, este miércoles irán por su argo.
En segundo lugar, los diputados irán con la resolución sobre la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cargo para el que surgió del concurso realizado María Paz Bertero como candidata principal a ocupar ese cargo. Habrá polémica con eso, pues La Libertad Avanza protestó vivamente cuando se votó la terna que ahora deberá ser aprobada, argumentando irregularidades en el proceso de selección. Lo hizo a través del diputado Nicolás Mayoraz, que será este miércoles la voz cantante en contra de la terna en cuestión (la completan Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden).
Sorteada esa cuestión -que necesita de mayoría absoluta-, toda la atención quedará en el Presupuesto 2026 que, dicho sea de paso, hasta ahora no ha sido convocada la comisión para seguir debatiéndolo. El miércoles pasado, con el cierre intempestivo de la reunión a causa del entredicho con la izquierda, que motivó el retiro del secretario de Hacienda, el titular de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, no anunció cuándo continuaría la exposición de los funcionarios. El oficialismo sabía de la sesión que pediría la oposición para este miércoles, pero además todo el escándalo en torno a Espert ha generado inacción en dicha comisión, que no ha convocado para la continuidad del debate.
Amén de esa reunión todavía no convocada, la oposición avanzará este miércoles para emplazar en la materia. La idea es poner una fecha límite para dictaminar, “para que no puedan bajar el Presupuesto de nuevo”, según confió a este medio una fuente consultada. Un emplazamiento en ese sentido es justamente lo que anticipó sesiones atrás el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien anticipó que esa sería la jugada opositora para evitar que por tercer año consecutivo no haya presupuesto.
Hay quienes objetan la legitimidad de la maniobra, habida cuenta de que todos los gobiernos suelen esperar en los años de renovación parlamentaria a tratar el tema con la nueva composición del Congreso. Consultados al respecto miembros de la oposición recordaron que el Gobierno ya “mató dos presupuestos”. Ante ello, “un tercero sería una catástrofe, incluso para el propio Gobierno”, razón por la cual diseñaron esta estrategia que pondrán en práctica el miércoles. La intención, confiaron ante este medio, es forzar al menos al Gobierno al diálogo. Además, “la nueva conformación no necesariamente va a ser de mucha más ayuda para lo que quieren”, sintetizó un legislador opositor que firmó la cita para este miércoles.
Lo que viene después es lo que se llevará sin dudas toda la atención, para desgracia del Gobierno que no ve la hora de dar por superada la cuestión. Se debatirá en cuarto lugar el expediente por el cual se pide la remoción del diputado José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, argumentando “incumplimiento de sus funciones”.
Ese proyecto fue presentado hace tiempo por la diputada Victoria Tolosa Paz. Hay otros que piden directamente la exclusión de Espert de la Cámara, pero eso no se tratará. Entre los sectores que no quieren saber nada con tal alternativa están los diputados de la Coalición Cívica. Lo cierto es que en primer lugar se pondrá a consideración el tratamiento del tema sobre tablas, para lo cual necesitaría dos tercios. Si eso no está, irían por un emplazamiento, el camino más largo. Pero hay confianza en que se consiga el número para liquidar el tema este mismo miércoles.
Más allá de que la renuncia pueda haber morigerado el escándalo, lo cierto es que los diputados de la oposición en casi todo su conjunto no quieren que Espert siga al frente de la comisión más importante de la Cámara y es muy probable que se alcance el número necesario, incluso con el aporte de firmes aliados de La Libertad Avanza.
La diputada Propato cuestionó el DNU que publicó el Gobierno en el Boletín Oficial que autoriza ejercicios con Chile y con Estados Unidos: “Claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional”. También pasaron a la firma diversos proyectos.
La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo López Murphy (EF), se reunió este martes para dictaminar una batería de proyectos de diversas temáticas, entre ellos el proyecto enviado por el Ejecutivo que solicita la autorización del ingreso y egreso de tropas al territorio.
Al inicio de la reunión el titular de la comisión procedió a pasar a la firma el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de él, de fuerzas nacionales. En ese momento, pidió la palabra la diputada Agustina Propato quien señaló que hay un “claro incumplimiento de los plazos en el envío de los ejercicios militares porque tendrían que haber llegado la primera semana de marzo”.
Propato advirtió que este martes salió publicado en el Boletín Oficial un DNU que autoriza a dos ejercicios militares que “están contenidos en el paquete de propuesta a tratar hoy. Uno es con Chile y el otro es con Estados Unidos”, y alertó: “Lo cierto es que queremos denunciar que sistemáticamente se viene repitiendo esta situación”.
La diputada de UP remarcó que la Constitución Nacional en su Artículo 75 “le otorga y le confiere esta facultad al Congreso de la Nación de autorizar los ejercicios militares porque se trata del ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio y la salida de nuestras tropas fuera de nuestro territorio”.
“Es un tema que claramente compromete, o por lo menos, genera dudas acerca de la seriedad con que están realmente llevando adelante estas cuestiones. Ya lo vivimos en otras oportunidades y en este caso queremos denunciar que claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional. Se están exponiendo a nuestras fuerzas armadas a un acto que tiene características de nulidad y que tiene características de inconstitucionalidad”, apuntó.
Otro de los proyectos que pasaron a la firma declara el interés de la Cámara de Diputados al programa “Embajadores Merlsenses por Malvinas” impulsado por el Municipio de Merlo. Se trata de un programa municipal que tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en estudiantes de nivel secundario.
“Embajadores Merlsenses por Malvinas” tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a partir de un concurso de arte, conocimiento y creatividad que promueve la participación inclusiva de estudiantes del nivel secundario de escuelas privadas y estatales, CENS y FinEs. Este programa municipal, premia a diez ganadores con un viaje a Malvinas junto a veteranos de guerra.
En ese marco, la diputada Roxana Monzón (UP), destacó que “no solo es un proyecto educativo, sino que es un proyecto de puente generacional que, entiendo, debe ser analizado como una herramienta pedagógica, pero también es un proyecto que tiene que ver con lograr justicia para los que dieron la vida por la causa Malvinas”.
“El proyecto entiende a los jóvenes como protagonistas de esta historia, como portadores de la causa Malvinas. Demás está decirles que los jóvenes siempre han sido protagonistas de grandes cambios y esta no es la excepción. Necesitamos que los jóvenes sean emblema de creatividad, necesitamos jóvenes con compromiso para seguir defendiendo la causa Malvinas, son el motor de los cambios históricos”.
“El municipio de Merlo ha sido sede fue el origen de este programa donde los jóvenes de las escuelas secundaria se manifiestan de diferente manera sobre la causa Malvinas. A través de una canción, del teatro, poesía, tik tok, ellos se expresan y manifiestan su sentir. Como premio a esta actividad que realizan, se les da la posibilidad de que 10 que ganan el concurso puedan viajar a Malvinas”, contó.
A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez quien es impulsor del proyecto comentó: “Trajimos una delegación de Merlo compuesta por nuestros primeros 10 embajadores merlenses para Malvinas, hay dos héroes de guerra, docentes que trabajaron en la propuesta que consiste en sumarse a otro programa que hay en Merlo que consiste en reencontrarse con el lugar de combate de los veteranos que lo deseen”.
“Esperamos que sea una causa que pueda unir a todos los argentinos más allá de las diferencias en otros temas, pero que la historia y el futuro nos pueda unir en ese sueño que tienen millones de argentinos de recuperar las islas y que así lo sientan estas nuevas generaciones”, planteó.
En tanto, el diputado Aldo Leiva (UP) y ex combatiente de Malvinas sumó: “La lucha continua, hoy, las armas son diferentes y tienen que ver con la educación, por eso, instarlos al compromiso con la Patria es fundamental”.
“Que Merlo sea el ejemplo, si cada provincia llevara a un grupo de veteranos junto a familiares de los caídos, no estaría faltando ninguna flor en ese lugar sagrado”, instó María Fernanda Araujo (LLA).
En el mismo contexto, se aprobó el proyecto de ley que reconoce al Brigadier Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y le concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”
Asimismo, los legisladores reiteraron pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre la situación de IOSFA; solicitaron información sobre la posible venta de inmuebles del ejército argentino ubicados en la provincia de Córdoba; expresaron preocupación y rechazo a la Resolución N° 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que convoca a la subasta pública del inmueble que se encuentra afectado al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", entre otros.
También, se pasó a la firma el proyecto que se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. Además, la iniciativa que declara Héroes Nacionales al teniente coronel Juan Francisco Borges y al brigadier y capitán general Juan Felipe Ibarra.
Tiene más chances que puedan sesionar el miércoles siguiente. Sí lo haría el Senado el jueves 2 de octubre.
La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.
Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.
El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?
Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.
Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala” se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.
Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.
Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.
Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.
Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.
Sesión en el Senado
En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.
Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.
En un contrapunto con chicanas, la diputada del Pro justificó el otorgamiento de facultades delegadas a presidentes y acusó de hipocresía a sus detractores.
En un encendido discurso en el que se pronunció a favor de modificar la Ley 26.122, la diputada Silvia Lospennato concluyó diciendo: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso. Porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos: cuando nos votan, tienen que saber que si votan a un republicano vamos a defender la Constitución cuando nos convenga y cuando no nos convenga, porque la Constitución está por sobre los intereses de cualquier partido y de cualquier persona”.
Y antes de que continuaran los expositores, pidió la palabra la diputada massista Mónica Litza para preguntarle: “No me quedó en claro una cosa de la diputada Lospennato. Por sí o por no, diputada, ¿usted le dio facultades delegadas al presidente Milei, ya que habla de republicanismo?”.
La diputada del Pro recogió el guante. “Mire, no es un debate, pero le voy a contestar que la delegación de facultades está habilitada en la Constitución Nacional -dijo-; yo lamento que algunos diputados tengan que ir y retomar algún curso de Derecho Constitucional. Y no solamente está habilitada por la Constitución Nacional, sino que la Corte Suprema en reiterados fallos ha…”.
“Por sí o por no, era, diputada, gracias…”, le lanzó Litza, y Lospennato reaccionó diciendo que justamente le estaba costentando. “Y usted no dice, ‘por sí o por no’, mire… Le fue muy mal al que quiso apurar con eso, yo que ustedes no sería…”.
“Tan mal no le fue”, le gritaron desde Unión por la Patria, y le recordaron a la diputada del Pro que habían salido terceros en las elecciones de 2023. Pero Lospennato insistió: “Perdió, el que dijo por sí o por no perdió… Miren, yo no sería ni tan soberbio ni tan prepotente. Justamente nosotros dimos delegaciones legislativas a todos los presidentes, a todos… Y el único que no las pidió fue el presidente Macri, ahí hay una diferencia que yo quiero resaltar. Pero además digo: las dimos porque eran constitucionales, y lo hicimos en el margen que la Constitución habilita: fijando la materia, los límites y ejerciendo luego la facultad de control que corresponde a este Congreso”.
Y cerró: “Así que si algo no puede hacer un kirchnerista es corrernos a los republicanos con la Constitución”.
La sesión será convocada para el jueves próximo, con la certeza de que contarán con los votos para asestarle un nuevo golpe al Gobierno.
No le da tregua el Congreso al Gobierno más disminuido numéricamente de la historia en ambas cámaras. Ya hay un pedido para sesionar el miércoles que viene en Diputados, y también aparecerá en las próximas horas uno para abrir las puertas de la Cámara alta al día siguiente.
Será de alguna manera una continuidad de la sesión del jueves 4 de septiembre, cuando se rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: un hecho histórico, ya que no sucedía algo así desde hacía 22 años.
Además de ese tema se trató la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, proyecto al que se le dio entonces media sanción y sería tratado este miércoles en Diputados.
Ya para la convocatoria de esa sesión se anunció que habría una sesión más, con los temas pendientes que quedaran, el jueves 18 de septiembre. Y para ese día se prevé tratar fundamentalmente el veto a la Ley de ATN, publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado.
La ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de “forma automática y diaria” fue aprobada ya en el Senado el 10 de julio por 56 votos afirmativos y uno negativo. En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no alcanzó los dos tercios que eventualmente necesitará cuando traten de insistir con la norma allí. En esa oportunidad tuvo 143votos a favor y 90 en contra.
Se prevé que también sean tratados este jueves dos temas que quedaron pendientes en la sesión del 11, cuando se resolvió dar por concluida la reunión. Quedaban pendientes una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.
También había dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
La sesión del jueves sería pedida para las 11 de la mañana.
La sesión se concretará este jueves y de cumplirse ese objetivo de la oposición, será la primera vez que le suceda a un Gobierno en dos décadas. Qué otros temas se incluyeron.
La Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11, en la que será la novena reunión del año, contando extraordinarias. Y tal cual viene sucediendo en este período ordinario, el oficialismo no llegará al recinto cargado de optimismo. Por el contrario, lo más probable es que el Gobierno sufra al menos una derrota inédita en las últimas dos décadas.
Hablamos del rechazo a un veto presidencial, que tendría lugar este jueves, un hecho que no sucede desde hace exactamente 22 años. Y este jueves pasaría con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.
Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.
Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.
Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.
De la reunión de Labor participaron los senadores Ezequiel Atauche, José Mayans, Martín Göerling Lara, Eduardo Vischi, Mónica Silva, Fernando Salino, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Juliana di Tullio, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Carlos Espínola, Mariana Juri, Lucila Crexell, Carlos Arce, Edith Terenzi, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo De Angeli. La sesión fue presidida por la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y participó también el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.
Según pudo saber parlamentario.com, se acordó en esta reunión que el Cuerpo vuelva a reunirse el próximo 18 de septiembre, a partir de las 11, con temas a determinar para entonces.
Dos DNU fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo da marcha atrás con los cambios que había dispuesto en distintos organismos y el régimen de la marina mercante.
Luego del rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso a un conjunto de decretos desregulatorios emitidos por el Gobierno, el Poder Ejecutivo restituyó las normas anteriores a esas decisiones, mediante dos decretos de necesidad y urgencia publicados este miércoles en el Boletín Oficial.
En el caso del DNU 627/25, el artículo 1ro. indica: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".
Se trata -en ese orden- de los decretos por los cuales se habían dispuesto cambios en organismos de cultura; la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos; modificaciones en organismos de la Secretaría de Transporte, entre esas la disolución de Vialidad Nacional; y la reforma en el INTI e INTA.
Otro de los artículos instruye "a las distintas jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente medida y su operatividad efectiva".
En los considerandos, el PEN cuestionó que al derogar los decretos, "sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Honorable Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad".
En ese sentido, "es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos delegados bajo análisis, a fin de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa", afirmó.
Por otra parte, el DNU 628/25 dispone la restitución del régimen de la marina mercante que regía antes del dictado del decreto de necesidad y urgencia 340/25, también rechazado por el Congreso.
En los argumentos, el Gobierno señaló que "si bien el régimen jurídico que regulaba la Marina Mercante Nacional previo al dictado del Decreto N° 340/25 tuvo deficiencias que contribuyeron en gran medida a la crisis actual del sector, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento".
"Este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza", agregó y continuó: "Resulta imprescindible la existencia de un marco normativo integral que ordene, regule y promueva el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ya que de lo contrario la falta de reglas seguiría profundizando la crisis de una industria clave para la soberanía y la economía del país".
Seis iniciativas fueron presentadas por legisladores provenientes de distintos bloques políticos. También se planteó la necesidad de elaborar un único dictamen y de recibir a expertos constitucionalistas para profundizar el análisis.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) analizó este miércoles por la tarde seis proyectos que buscan modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes que dicta el Poder Ejecutivo.
El temario incluyó las iniciativas presentadas por los legisladores: Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).
La senadora Vigo, en el inicio de la reunión, manifestó que "la intención es debatir sobre un tema que ha sido recurrente y es de interés de muchos de los senadores". Asimismo, les recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos, presentados hoy, expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".
Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".
También, expresó la intención de unificar los proyectos para poder dictaminar y así "mantener la división de poderes y que cada uno mantenga las facultades que le correspondan".
En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". También destacó el acuerdo existente en "el espíritu de la modificación que se le quiere hacer a la Ley salvo algunas diferencias respecto de los tiempos y formas de rechazo".
En sintonía con lo anteriormente mencionado, el senador Pablo Blanco, autor de una de las iniciativas presentadas, coincidió en la importancia de llevar al recinto un dictamen porque así, "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".
La senadora Florencia López (Frente Nacional y Popular) puso en relieve dos temas en los que la Comisión debe discutir para lograr un consenso que tienen ver con "especificar que necesitamos para que un DNU o las facultades delegadas sean rechazadas y el otro es el vacío legal que tiene el silencio por parte del Poder legislativo, o sea cuando el Congreso no se expide que eso no signifique la validez de un DNU".
"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos propongo que citemos a cuatro constitucionalistas en una sola reunión la semana que viene".
Para finalizar la reunión de comisión, se acordó que la presidencia elabore un proyecto definitivo y unificado para arribar a un único dictamen que, una vez consensuado entre los integrantes, pueda ser firmado y elevado a su tratamiento en el recinto.
Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia. Si se votan por mayoría simple en el Senado, se caerán.
Milei junto a Sturzenegger, el ministro detrás de los decretos rechazados en Diputados
Un durísimo revés sufrió el oficialismo en la sesión de la Cámara de Diputados, no sólo por la aprobación de leyes que rechaza por su costo fiscal, sino por la votación en contra de cinco decretos firmados por el presidente Javier Milei.
Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia, que imponen profundas reformas desregulatorias -detrás de las que se encuentra el ministro Federico Sturzenegger-, y que se hicieron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Justamente, las medidas fueron publicadas días antes que se termine el plazo de los "superpoderes".
Ninguno de los cinco habían sido tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo y, pasados los días para que la comisión los analice, se llevaron directamente al recinto. Si el Senado los vota en contra, por mayoría simple, se caerán.
El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. A favor de que quede sin efecto votaron 141 diputados, mientras que 65 lo hicieron en contra y uno una sola abstención.
Por medio de este decreto, el PEN dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 134 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones. Mediante esta medida, se dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".
Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".
Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.
El cuarto decreto delegado en ser rechazado, por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).
Finalmente, por 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo pasado.
A través de este decreto se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".
A su vez, desde los gremios del sector denunciaron que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".
El decreto forma parte del temario de la sesión del próximo miércoles. Recuerdan que la Justicia lo suspendió y advierten por los puestos de trabajo.
Los gremios marítimos, fluviales y pesqueros manifestaron su pedido a la Cámara de Diputados para que avance en el rechazo del DNU 340/25, por el cual el Gobierno nacional desreguló la actividad en aguas argentinas.
El decreto forma parte del temario de la sesión del próximo miércoles, en la que también se tratarán los proyectos sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan, entre otros.
Aunque el decreto fue suspendido preventivamente por la Justicia laboral, los trabajadores advierten que "no es suficiente" y exigen "su nulidad definitiva por parte del Congreso". En ese marco, se espera una importante presencia de trabajadores frente al Palacio Legislativo.
"La postura de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del DNU 340/25 debería ser un llamado de atención para los diputados y diputadas que votaron los superpoderes a Javier Milei", sostuvo el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y representante de la ITF para el sector fluvial argentino.
El dirigente resaltó que "la suspensión preventiva no garantiza ni la seguridad laboral ni que el Gobierno no vuelva a intentar desmantelar la actividad marítima, fluvial y pesquera". "Por eso, como trabajadores, como argentinos y como votantes, les exigimos que este miércoles se sienten a dar quórum y dicten la nulidad del Régimen de Exención de la Marina Mercante", reclamó.
Los gremios remarcaron que el DNU 340/25 implica "una entrega de soberanía" ya que "al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".
"No estamos discutiendo una reforma técnica. Estamos defendiendo los puestos de trabajo, la soberanía sobre nuestros ríos y mares, y el futuro de una marina mercante nacional que aún podemos recuperar", concluyó Moreno.
La estrategia del Gobierno para blindar el superávit fiscal se apoya en vetos presidenciales y decretos, ante un Congreso donde aún no tiene los números para avanzar con reformas estructurales. El informe de la consultora La Sastrería analiza las votaciones, la aritmética parlamentaria y el posible impacto de las elecciones 2025 en el equilibrio de fuerzas. ¿Alcanza con resistir?
Los vetos para las leyes ya aprobadas por el Congreso en detrimento de los intereses del Gobierno son inexorables y llegarán en breve, atentos a la consigna que dice que “el equilibrio fiscal es innegociable”. A partir de ese trámite, se iniciará la cuenta regresiva para que ambas cámaras definan la suerte de esos vetos.
Así las cosas el objetivo fundamental del Gobierno es blindar el superávit fiscal; ergo, contar con el tercio necesario en ambas cámaras para garantizarlo.
¿Cuál es el balance de fuerzas hoy en el Congreso? ¿Milei puede avanzar con reformas estructurales o, por ahora, solo puede gobernar con veto y DNU? ¿Sigue contando con los héroes que necesita para vetar? Esas son las preguntas que se formuló La Sastrería, la consultora de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, para elaborar un informe denominado #HilandoFino, al que tuvo acceso parlamentario.com y que pasamos a detallar.
El trabajo arranca por el Senado, un espacio hostil para el oficialismo, que analiza las votaciones de 2024 (Ley Bases, DNU SIDE, movilidad jubilatoria y financiamiento universitario) y de 2025 (Comisión $LIBRA, ficha limpia y las seis votaciones del 10 de julio pasado). Determinó en ese sentido que 33 diputados nunca votaron a favor del oficialismo (los de UP, que ahora son 34), hubo 33 votos oscilantes y 6 que nunca votaron en contra, obviamente los del oficialismo.
La mejor votación para La Libertad Avanza fue la del 36 a 36 que desempató Victoria Villarruel con la que se aprobó la Ley Bases el año pasado; en tanto que la peor votación fue la de jubilaciones, en 2024, que el oficialismo perdió 61 a 8.
Según los mismos parámetros, en Diputados hubo 106 diputados que nunca votaron a favor del oficialismo; 94 oscilantes y 57 que nunca votaron en contra.
La mejor votación para La Libertad Avanza fue en este caso también la de la aprobación de Bases, 146 a 107; mientras que la peor resultó 52 a 156, cuando la oposición volteó el DNU de la SIDE, el año pasado.
El espejo de Carlos Menem
Con estos números, concluye La Sastrería, el oficialismo de Javier Milei aún no está en condiciones de llevar adelante reformas estructurales como las que sí logró el presidente Carlos Saúl Menem en sus primeros 2 años. A saber:
1989 – Ley de Reforma del Estado (23.696)
1989 – Ley de Emergencia Económica (23.697)
1991 – Ley de Convertibilidad (23.928)
Obviamente Carlos Menem contaba con números que hoy no tienen los libertarios. Entre 1989 y 1991, el oficialismo tenía 26 de un total de 46 senadores (equivalente al 57% de la Cámara alta), y 127 de un total de 254 diputados (50% de la Cámara baja).
Para La Sastrería, la actitud avasallante del presidente Javier Milei contrasta con su estrategia legislativa; su primer intento en el Congreso expuso esta cuestión. Para LLA resultó necesario “recalcular” y negociar gran parte de la Ley Bases para conseguir su sanción.
Así las cosas, en poco más de un año y medio de gobierno consiguió estos resultados:
Ante esta situación adversa, el oficialismo apela a dos herramientas constitucionales: el veto presidencial y el DNU.
En septiembre de 2024, Milei logró juntar en Diputados lo que denominó “87 héroes” para sostener su veto al aumento de jubilaciones. Un mes después, nuevamente sostuvo un veto, esta vez con 85 diputados y frente al proyecto de financiamiento universitario.
Raúl Alfonsín vetó 49 veces, perdió una insistencia. Menem vetó 195,perdió 30; De la Rúa vetó 46, perdió 5.
Néstor Kirchner vetó 39 leyes, Cristina Kirchner 21 y Mauricio Macri 8: ninguno perdió insistencias.
En cuanto a los DNU, se recuerda que el artículo 99 de la Constitución Nacional faculta al presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Los DNUs se someten a consideración del Congreso.
En 2024, por primera vez en la historia se rechazó un DNU (el de los fondos reservados para la SIDE). En 2025, Milei ratificó el DNU para endeudarse con el FMI con 129 votos en Diputados.
Ante los posibles vetos del presidente Milei al incremento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad se presenta la duda si, esta vez, los podrá sostener. ¿El escenario? Diputados, a menor cantidad de presentes, más factible el bloqueo de la insistencia por parte del oficialismo.
Ejemplo:
Diputados presentes | 2/3 insistencia | 1/3 bloqueo/veto |
230 | 153 | 77 |
240 | 160 | 80 |
257 (todos presentes) | 172 | 86 |
La ley de jubilaciones votada en Diputados el 4 de junio tuvo este resultado: 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Hubo 288 presentes y 28 diputados ausentes.
¿Cuántos “héroes” hacen falta?
Si pensamos que el piso de diputados con el que contaría Javier Milei son los 67 que votaron, el pasado 4 de junio, contra el proyecto para incrementar jubilaciones y pensiones, ¿de dónde podrían surgir los héroes que aún resultan necesarios?, se pregunta la consultora de Timerman y Malagoli.
Tras aclarar que el presidente de la Cámara puede votar en las insistencias, se recuerda la procedencia de los 28 ausentes en esa votación: 3 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 2 de LLA, 1 de la UCR, 7 de Hacemos Coalición Federal, 5 de UP y 7 de otros bloques. Entre estos, hay 10 de los que supieron sostener el veto a las jubilaciones en 2024.
En las 19 abstenciones (9 radicales, 9 Pro y 1 de otros), hay 8 de los que sostuvieron el veto a las jubilaciones en 2024 (todos del Pro). 18 de los 19 que se abstuvieron, votaron en contra de la creación de la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA.
Milei frente a los “87 héroes” en ocasión del asado con el que los homenajeó en Olivos.
El espejo de Mauricio Macri
La Sastrería se pregunta cuánto puede cambiar el tablero en el Congreso a partir de las elecciones de octubre. Y pone el ejemplo de las elecciones intermedias de Cambiemos (2017) como el sueño de Milei.
Recordemos que Mauricio Macri ganó en 2015 por balotaje, igual que Milei en 2023. En 2015, Cambiemos consolidó un piso de 46 diputados, base legislativa que luego de la gran elección de 2017 incrementó en 61 bancas. Con casi el 42% de los votos a nivel nacional en 2017, Cambiemos quedó con 107 diputados.
Pero se advierte que ese contexto de 2017 tiene importantes diferencias con el de 2025, a saber: 2017 fue el pico de performance del macrismo; la economía estaba en crecimiento; la polarización con el peronismo en casi todo el país impidió terceras fuerzas relevantes. De tal manera, 2017 se repartió entre menos fuerzas y eso benefició principalmente al que ganó la elección.
Es así que la consultora hace una proyección de los resultados en ambas cámaras. Se aclara que el 7 de agosto se conocerán las alianzas electorales de cara a octubre, lo que permitirá proyectar bancas en función de las fuerzas que se presenten en cada provincia. Mientras tanto, hace cálculos en función de las proyecciones que el politólogo y docente Pablo Salinas realizó tomando los números de la elección de 2023.
Así, recuerda que en el Senado LLA cuenta con 6 miembros, y según las generales de 2023 podría llegar a 14, en tanto que de acuerdo con el resultado del balotaje de 2023, podría tener 20 senadores.
Mientras que en la Cámara alta no le alcanzaría para llegar a tener un tercio, sí superaría ese número en Diputados, donde cuenta con 39 miembros y según las elecciones generales de 2023 llegaría a tener 71 diputados, en tanto que de acuerdo con el balotaje de las últimas presidenciales, el bloque se engrosaría a 94.
Entre los decretos que fueron publicados este martes en el Boletín Oficial eliminan, fusionan o reestructuran áreas estatales, con transferencia de funciones y personal a ministerios y agencias, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público
El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.
Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria mostraron preocupación por las medidas y proponen un rechazo por mayoría simple en el Congreso de la Nación. Así lo explicó la diputada Carolina Gaillard en un extenso posteo en sus redes: “Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como en Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el INTA, el INTI, el INASE, y la destrucción de la Marina Mercante con el DNU 340 entre otros, pueden ser tratados si hay quórum y rechazados con mayoría simple en el recinto de ambas cámaras y pierden validez, o sea quedan sin efectos”.
“Aquellos que votaron la Ley Bases y la delegación de facultades pueden resarcirse tratando en sesión especial estos decretos de MILEI que desmantelan el estado y dar quórum y votar rechazo de estos decretos delegados”, criticó.
En esa línea, bregó para que “prime la sensatez y la responsabilidad de todos los bloques políticos” porque “tenemos herramientas para frenar este desquicio debemos usarlas como Congreso. No pueden avasallar las instituciones y quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas de control de los decretos delegados que establece la Ley 26122”.
Gaillard remarcó que el art. 20 de la ley dice que si no se trata en la Comisión Bicameral dentro de los 10 días puede ser tratado de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, remarcó.
Para los arrepentidos diputados o diputadas que hoy deberían estar leyendo el Boletín Oficial: INTI, INTA, FONDO MANEJO DEL FUEGO, VIALIDAD, etc. no hay que esperar una tragedia en la Argentina para entender porque esta no es una desregulación sino que es una entrega.
Todos los… https://t.co/Gf8MHrwM6k— Vanesa Siley (@Vsiley) July 8, 2025
También se manifestó la diputada Julia Strada: “Hoy de repente muchos diputados muestran preocupación por la destrucción de organismos estratégicos del Estado. Léase INTI, INTA, VIALIDAD, INSTITUTO DEL CÁNCER, sólo por mencionar los últimos atacados”.
Strada recordó que la ley Bases tuvo 142 votos afirmativos en general, y las facultades delegadas en particular tuvieron 135 votos afirmativos. “Pocos se bajaron de votarle superpoderes a Milei. El gobierno contó con aliados para hacer este desastre. Las actas son públicas”, criticó.
“Miren lo que le votaron a Milei: el Capítulo Reforma del Estado otorgó poder para transformar y desguazar organismos (el art. 3), empresas públicas (el art. 4) y fondos fiduciarios (el art. 5). Además, le dieron poder para la intervención de organismos (el art. 6). Vean abajo los artículos de la Ley”, cuestionó.
La diputada de UP apuntó: “Todavía me acuerdo de algunos aliados del gobierno queriendo hacerse los patriotas, metiendo organismos entre las excepciones de disolución del Art. 3. En castellano, decían "le 'damos la herramienta' al gobierno, pero ojo porque estamos preservando que algunas cosas no se disuelvan" MIENTRAS LE DABAN SUPERPODERES PARA HACER COSAS SIMILARES O PEORES QUE DISOLVER. ¿Saben lo que estaba en esa lista de "salvataje"? INTI e INTA. Hoy los vacían, cambian funciones, desjerarquizan: porque esos aliados les dieron el poder para hacer lo que quisieran. Desde UP lo dijimos: había que rechazar sin matices”.
Milei no podría destruir el INTA, INTI, Vialidad y decenas de organismos clave para el desarrollo sin que legisladores rionegrinos le aprobaran la Ley Bases.
Presentaré un proyecto de Ley para derogar los decretos. Veremos quien esta con Milei y quien con los rionegrinos. pic.twitter.com/oHRjQ3JNEJ
— Martin Soria (@MartinSoria_) July 8, 2025
"La disolución de Vialidad Nacional es el ejemplo claro del uso real de las facultades extraordinarias de la ley bases: centralismo, ajuste sin planificación y desmantelamiento del Estado donde más se lo necesita. No es eficiencia, son las mismas ideas centralistas que buscan destruir el interior productivo", expresó el senador pampeano Daniel Bensusán.
El decretazo ómnibus de Milei incluye 24 decretos para eliminar organismos públicos y reestructurar otros 7. Se disuelve Télam (+350 despidos), se vacía el CONICET (+4.000 científicos en riesgo), y se entregan INTA e INTI al Ministerio de Economía.
Esto no es modernización: es…
— José Glinski (@jglinski) July 8, 2025
La Ley Bases no le sirvió de nada a Río Negro. Vino a destruir el federalismo y a poner a la provincia de rodillas.
Fue un error histórico e irreparable de quienes votaron este bodoque impresentable que hoy Milei usa para gobernar por decreto.
Los lamentos disfrazados de… pic.twitter.com/lNwXUNBSi6
— Martin Doñate (@martindonate) July 8, 2025
Organismos disueltos
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Transformaciones y fusiones
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
La diputada del FIT Mercedes Trimarchi impulsó una iniciativa en la Legislatura porteña en la que expresa su rechazo a ese decreto, ya que aseguró que “se vulneran gravemente derechos y garantías constitucionales”.
La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mercedes Trimarchi presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevé manifestar “su más enérgico repudio” al DNU 383 que “institucionaliza el ciberpatrullaje”.
El mencionado decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y facultaría “a las fuerzas represivas nacionales a realizar detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional, se avanza en la creación de un organismo de seguridad con el que se institucionaliza el coactivo accionar del ciberpatrullaje sobre la ciudadanía y se vulneran gravemente derechos y garantías constitucionales, el principio de inocencia y las libertades democráticas”.
En los fundamentos de la iniciativa, la diputada afirmó que ese decreto “constituye un nuevo avance autoritario por parte del Gobierno Nacional, en el marco de una acción represiva cada vez más brutal y violenta sobre los sectores populares, las organizaciones sociales y los militantes políticos que se oponen a su régimen cada vez más iracundo e intolerante” e indicó que “bajo el pretexto de reforzar la seguridad y combatir el delito, se habilita a las fuerzas federales a actuar por fuera de todo marco legal, facultándolas a detener personas sin orden judicial ni garantía de debido proceso”.
“A partir de la firma del decreto la PFA podrá revisar, sin orden judicial, redes sociales y detener si considera sospechosas a las personas o grupos que difundan sus publicaciones. En caso de manifestaciones, también sin orden judicial, la PFA podrá revisar vehículos, bolsos y pertenencias procediendo a disponer detenciones por la vestimenta o rostro. A la vez, se crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dentro de la Policía Federal, facultándolo para actuar sin orden judicial, incluso en el ámbito digital, con detenciones de hasta 10 horas y requisas arbitrarias. Así se configura una concentración de poder policial con nulas garantías, similar a modelos autoritarios, bajo eufemismo de ‘lucha contra el crimen’ que habilita una cacería represiva”.
Por lo que concluyó denunciando que “este decreto es una herramienta de persecución política y disciplinamiento social. Resulta la coronación, o cristalización por parte de un programa de Gobierno que solo puede sostenerse a través de la más brutal represión. La feroz transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grandes grupos económicos, el ajuste sobre jubilaciones, salarios y servicios públicos, y, ajuste y el ataque a distintas conquistas sociales, solo pueden imponerse con miedo, con palos y con cárcel para quienes se organizan y protestan”.
La medida había sido anticipada en conferencia de prensa por Manuel Adorni. "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo", argumentó el PEN.
A un día de la celebración de la fecha, el Gobierno nacional eliminó el feriado por el "Día del Trabajador del Estado", instaurado en 2013 como el 27 de junio de cada año.
La medida, que había sido anunciada en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se oficializó este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto de necesidad y urgencia 430/25.
El decreto deroga el artículo 2 de la Ley 26.876, que indicaba: "Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".
Además, el PEN estableció que "a efectos del cómputo de los plazos legales, el 27 de junio de 2025 no será considerado día hábil administrativo", es decir, la decisión se comunicó 24 horas antes de la fecha.
En los considerandos, el Gobierno señaló que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".
"No es adecuado que la Administración Pública Nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad", expresó el PEN.
Y agregó: "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas".
En su conferencia de prensa de este miércoles, Adorni había anunciado la decisión. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, manifestó y sumó que "ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
El funcionario dijo que la medida “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”.
Con apenas una sesión propia en Diputados y una seguidilla de reveses en el Senado, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario parlamentario hostil. Entre derrotas en el recinto, parálisis en comisiones y una estrategia defensiva para evitar nuevas caídas, La Libertad Avanza opta por cerrar el recinto antes que arriesgar el quórum. Mientras tanto, la condena a Cristina Kirchner sacude el clima político en ambas cámaras.
De las cuatro sesiones que han tenido lugar en lo que va del año en la Cámara de Diputados, solo una fue impulsada por el oficialismo. Fue la del 19 de marzo pasado, cuando el Gobierno estaba urgido por tratar el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, sus principales éxitos en esa cámara consistieron en evitar que la oposición pudiera reunir el quórum en un par de sesiones, pero debió soportar que en otras tres reuniones la oposición se saliera más o menos con la suya.
Peor le ha ido este año en el Senado, donde lo único que ha experimentado el Gobierno este año han sido reveses. Al menos si tomamos el rechazo de la ley de ficha limpia como tal, dadas las sospechas sobre la autoría intelectual del voto negativo de los dos senadores misioneros.
Eso fue el 7 de mayo; pero peor fue para el Gobierno cuando el 3 de abril fracasó el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En ambos casos fueron sesiones pedidas por el oficialismo, pero las dos terminaron con resultados adversos.
Ya se sabe que la Cámara alta es la más complicada para el mileísmo, donde más le cuesta hacer pie. Porque es una minoría extrema, con solo 6 senadores (menos del 10% del Cuerpo), pero además allí ya no tiene relación con la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.
Por el contrario, la relación con la autoridad principal de la Cámara baja es la mejor, pero tampoco eso es garantía de un buen pasar para las leyes allí tramitadas.
En rigor, no es que no haya leyes que le interesen al Poder Ejecutivo, sino que el oficialismo tiene claro que cada vez que se abren las puertas de los recintos está expuesto a sufrir derrotas, o transpirar la gota gorda para evitarlas. El último instante de la sesión de la Cámara de Diputados del 4 de junio pasado fue una módica muestra del delgado desfiladero por el que suele transitar allí La Libertad Avanza. Martín Menem acababa de evitar que el tucumano Pablo Yedlin consiguiera filtrar el tratamiento de dos emplazamientos (sobre la crisis en el Garrahan y el presupuesto universitario), haciendo votar antes la emergencia en Bahía Blanca, para que a continuación la sesión se quedara sin quórum y la oposición se fuera con un gusto agridulce por no haber conseguido ese objetivo. Aunque antes le había propinado tres sonoras derrotas, al aprobar dos proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad. No se recuerda una jornada legislativa más adversa para la gestión libertaria.
Ya en la primera sesión del año, el 12 de marzo, la oposición había conseguido emplazar por el caso $LIBRA, aunque en esa misma jornada el oficialismo logró dejar sin quórum (en una maniobra cuestionada) la sesión antes de tratar la derogación de las facultades delegadas de Javier Milei.
La aprobación de la creación de la comisión investigadora $LIBRA.
Bloqueo en la Cámara alta
En el Senado se encuentran las tres medias sanciones que aprobó la Cámara baja en su última sesión. Previsiblemente la oposición quiere darles rápido tratamiento, con la intención de convertir esos proyectos en ley, pero no hay señales de tratamiento en comisión para dictaminar. En una semana como la que viene, con dos feriados, habrá presencia mínima de legisladores, y en el Senado no hay ni una reunión de comisión convocada. Hay, sí, un encuentro sobre la ley de emergencia en discapacidad convocado por el senador chubutense Carlos Linares, con invitados, este martes a las 14, pero eso no tiene nada que ver con los giros asignados para que el proyecto tenga el dictamen correspondiente.
Está clara la estrategia del oficialismo respecto de los temas previsionales y la emergencia en discapacidad: demorará lo máximo posible para evitar el tiempo que pueda que se conviertan en ley.
Sobre llovido… la condena
En este contexto se ha dado también la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha puesto a Unión por la Patria en estado deliberativo en ambas cámaras. La semana pasada un plenario convocado para tratar la ampliación de la Corte Suprema se suspendió en el Senado precisamente por la ausencia de miembros de UP, en tanto que en Diputados se suspendieron dos reuniones que tenía previstas la Comisión de Cultura, presidida por una diputada de UP, la catamarqueña Silvana Ginocchio. También fue postergada la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
En las pocas reuniones que sí se realizaron, los diputados de UP hicieron acto de presencia para expresar sus airados cuestionamientos a la situación planteada con CFK y luego se retiraron. El tema sin lugar a dudas va a ser eje de discusiones permanentes, tanto en las comisiones como en el recinto.
Los riesgos para el oficialismo
En el inicio del período ordinario, el oficialismo había adelantado la intención de tratar el Régimen Penal Juvenil de manera inminente. De hecho, el presidente Javier Milei había pedido puntualmente al pleno en ocasión de la Asamblea Legislativa el tratamiento de esa ley. Sin embargo el oficialismo no ha convocado para tal fin, a pesar de contar ya con el dictamen correspondiente. Pasa que el Gobierno prefiere que las puertas del recinto de Diputados permanezcan cerradas para evitar que, por ejemplo, la oposición logre colar emplazamientos, la resolución de la paridad en la comisión investigadora $LIBRA y -sobre todo- la votación de dos auditores opositores para la AGN.
Dadas las circunstancias, el oficialismo desarrolla una tarea defensiva, o bien “de bloqueo”, que es la que se le recomienda a todo gobierno en minoría. El problema es que le urge al Gobierno aprobar el proyecto de ley de reparación de los ahorros de los argentinos; esto es, una reforma de la Ley Penal Tributaria. El oficialismo ya adelantó que para ellos es prioritaria, pero todavía no hay señales de tratamiento en comisión. El proyecto tiene giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación Penal y de Legislación General, por lo que será tratado en plenarios, pero todavía no figura en agenda.
Según pudo saberse, la mora radica en que no están aseguradas las firmas necesarias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De los 49 integrantes de la comisión que preside el diputado José Luis Espert, el oficialismo tiene garantizadas 23 firmas, incluida la del cordobés Ignacio García Aresca (Encuentro Federal).
De la vereda de enfrente, la oposición más dura podría tener garantizadas 24 firmas, sumando las 20 de UP, 3 de Democracia para Siempre y una de la izquierda. El Gobierno debería garantizarse al “Colo” Rizzotti, de Democracia para Siempre, de modo tal de dejarlos en 23. Y que Nicolás Massot, de Encuentro Federal, no se sume a ese espacio.
Se ve que no están garantizadas las firmas, de ahí que todavía el oficialismo no se decide a convocar. Lo bien que hacen en ese caso.
Pero lo cierto es que, en definitiva, el Congreso se encuentra inmerso en un fuerte parate de ambas cámaras… y eso que todavía no arrancó de lleno la campaña electoral.
El diputado de la Coalición Cívica anunció que impulsará una reforma de la Ley 26.122, a la que calificó como “una anomalía institucional”. La iniciativa generó un fuerte cruce con un diputado del Pro, que recibió una devolución.
Bien temprano, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió a confrontar este martes con el Gobierno por la intención de modificar por decreto la Ley de Glaciares, y luego anunció que pondrá a partir de ahora toda su energía en modificar la Ley 26.122 de Trámite Legislativo.
“Esa ley, redactada a medida del hiperpresidencialismo, es una anomalía institucional que permite que un decreto con fuerza de ley quede firme con el solo aval de una de las Cámaras. Es hora de terminar con ese atropello a la división de poderes”, advirtió Ferraro, para quien “el Poder Ejecutivo no puede seguir a decretazo, como si el Congreso no existiera”.
Le contestó su excompañero de Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Fernando Iglesias, quien desde Europa, adonde viajó acompañando al presidente Javier Milei en su gira le contestó a Ferraro: “Increíble. La ley que puso Cristina para gobernar por decreto aunque tenía mayoría en ambas cámaras? Ahoraaa, que un presidente elegido con el 56% de los votos tiene 15% de los diputados y 9% de los senadores?”.
Y concluyó: “O síndrome de Estocolmo mais grande do mundo. @maxiferraro”.
Le contestó el propio Ferraro: “Fernando, desde que sos un ‘republicano intermitente’ y aliado del peronismo neo-menemista, pasaste a ser una parodia de lo que antes solías criticar. Tu defensa de los DNU es el colmo, estás avalando una de las herramientas más autocráticas del sistema político argentino y una ley que sabés que es inconstitucional”.
“Me hacés recordar esa frase de Borges que dice: ‘hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos’. Y vos, lamentablemente, ya cruzaste la línea”, concluyó Ferraro.
La iniciativa es encabezada por la diputada Vanina Biasi para anular la resolución 34/2025 que “ataca” la organización sindical e “impone una intromisión absolutamente improcedente del Estado en la regulación de las elecciones y la representación gremial”.
El bloque Frente de Izquierda, encabezados por la diputada nacional Vanina Biasi, presentó un proyecto para anular el DNU 34/2025 por medio de la cual se “ataca la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras dentro del Estado, imponiendo una intromisión absolutamente improcedente del Estado en la regulación de las elecciones y la representación sindical”.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, firmada por el secretario Maximiliano Matías Narciso Fariña.
Entre los argumentos, señalaron que se trata de una nueva “medida anti obrera” que adoptó el Gobierno que supone “el absoluto control por parte de ese ente respecto de la convocatoria de elecciones sindicales y de quién puede o no ser representante de sus compañeras y compañeros. Para esto, establece toda una serie de procedimientos mediante los cuales centraliza la nómina completa de las personas que se postulen en los comicios de alguno de los gremios estatales”.
“El DNU tiene como propósito disminuir la cantidad de personas protegidas por tutela gremial frente a nuevos despidos”, denunciaron y precisaron que “plantea la confección de un registro de juicios en los que se invoca tutela gremial. En otras palabras, el Gobierno no quiere dejar flanco alguno para sus nuevas tandas de despidos masivos que, en su plan, no deberían sufrir obstáculos ni en la justicia ni en ningún lado”.
“El registro centralizado de delegados de la administración pública nacional, por su parte, será armado con instrucciones detalladas para reducir la cantidad de delegados admitidos como válidos. La pretensión patronal llegaría hasta el impedimento completo de las elecciones, si la organización no reúne afiliaciones por un mínimo del 10% de la planta de empleados. Así, el gobierno, o sea la patronal, se reserva el derecho a definir todo lo referido a la organización de sus trabajadores”, manifestaron.
Por último, alertaron que desde el Gobierno “aman al Estado y sus normas como instrumento para reprimir y reventar a los trabajadores y trabajadoras. También vale destacar que la resolución se apoya en normas establecidas por gobiernos previos, tanto el macrista como el de Kirchner”.
La resolución 34/2025 de Milei es una intervención directa contra la organización de les trabajadores del Estado. Quieren designar a dedo a nuestros delegados, controlar las elecciones y vaciar los sindicatos. Esto es fascismo antiobrero maquillado de “desregulación”.
Por eso,… pic.twitter.com/X1IhRTXYWn
— Vanina Biasi (@vaninabiasi) May 29, 2025
Fueron oficializados por el Poder Ejecutivo los cambios que endurecen el ingreso de inmigrantes al país y elevan condiciones para el otorgamiento de la ciudadanía. Qué dice sobre salud y educación.
Se oficializó este jueves el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno nacional reformó la Ley de Migraciones (25.871), a través del cual endurece el ingreso al país de los inmigrantes, eleva las condiciones para la obtención de la ciudadanía, habilita el arancelamiento del sistema sanitario y posibilita que las universidades -si así lo desean- puedan cobrar a los extranjeros.
El DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, deberá ser girado al Congreso, donde debe ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
"En la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social", señaló el Poder Ejecutivo y agregó que "la enorme extensión de nuestras fronteras y los deficientes mecanismos de control de pasos no habilitados que existen han permitido el constante ingreso de extranjeros de forma ilegal".
Para el Gobierno, "la situación de irregularidad migratoria en nuestro país también es un fenómeno que requiere de medidas urgentes". Mientras que en los considerandos mencionó que el más de un millón de deportados de Estados Unidos "representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina".
"Es indispensable establecer criterios claros para delimitar las condiciones de ingreso y permanencia regular a nuestro país, y brindar las garantías necesarias para el goce efectivo de los derechos con los que cuentan en nuestro territorio quienes se asientan en él legítimamente", argumentó el PEN y sumó que "es necesario establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales".
En cuanto a los extranjeros que sean admitidos para ingresar y permanecer en el país, se clasifican las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios" o "residentes transitorios". La Dirección Nacional de Migraciones determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría.
Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta 90 días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria.
El decreto indica que "la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”.
Por otra parte, "se considerará 'residente permanente' a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación".
"A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes", señala y sobre la "reunificación familiar" reza: "Ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a 18 años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de 3 años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples".
En tanto, la norma aclara que "los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna".
En cuanto a los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal "serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". Mientras que, en una modificación a la Ley 24.521 se establece que "las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación" para las otras clases de residentes.
"Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.
En relación a la salud, se sostiene que "en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria" y "los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos".
"Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”, dispone.
En los considerandos, el PEN expresó que "producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la República Argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita".
Diferenciando siempre a los residentes permanentes, se establece que "a fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación".
Respecto de las modificaciones en el artículo 29 de la Ley de Migraciones, sobre las "causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional", se enumera -entre otras-: la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo".
También, haber sido condenado o tener tener antecedentes, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; haber sido condenado, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; o haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa.
Otro de las reformas, al artículo 35 de la Ley 25.871, determina que la Dirección Nacional de Migraciones procederá al inmediato rechazo en frontera e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero: que pretenda ingresar con documentación destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país; que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado; sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.
Además, cuyo ingreso irregular sea advertido al momento de realizarse o inmediatamente después; que se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 29 de la presente ley; cuando se verifiquen situaciones que constituyan una emergencia crítica en materia de salud pública o de seguridad nacional, siempre que la emergencia haya sido declarada por disposiciones normativas específicas.
El diputado de DpS señaló que la Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra “era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo”, y le hizo un particular pedido al bloque Pro: “Espero que recuperen un mínimo de dignidad política y empiecen a cumplir la función que tienen que cumplir”.
El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación vinculada al escándalo de la criptomoneda $Libra -la cual estableció el Gobierno por decreto- sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la “impunidad de Milei”.
“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.
En esa línea, señaló que “esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.
Carbajal se ocupó, además, de señalar que en la sesión prevista en la Cámara de Diputados para este miércoles se buscará activar la Comisión Investigadora creada por resolución y que La Libertad Avanza y sus aliados “están trabando”.
“La dificultad que estamos teniendo en el Congreso está clara. Es por la actitud que tiene el Gobierno Nacional y sus aliados de haber impedido la conformación de la Comisión. Bueno, vamos a ver ahora qué hacen esta semana, si siguen encubriendo esto o van a dar los pasos necesarios para que podamos poner en funcionamiento la Comisión, que requiere elegir las autoridades y que Milei, junto con el Pro, con los radicales con peluca, bloquearon la constitución de esta Comisión. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para esta semana poder dar los pasos y conformar esa Comisión”, explicó el formoseño.
El diputado se preguntó también sobre qué pasos tomará el bloque macrista luego de la derrota electoral porteña y los agravios proferidos por Milei.
“Espero que los del Pro recuperen un mínimo de dignidad política y empiecen a cumplir la función que tienen que cumplir, que es sencillamente permitir que las instituciones funcionen”, expresó.
Por último, comentó: “La Comisión no tiene un dictamen escrito, simplemente lo que queremos es juntar información y eventualmente hacer una evaluación de responsabilidad. ¿Por qué el Pro sigue defendiendo e impidiendo que esa Comisión funcione? Más aún después de lo que pasó esta semana, el nivel de enfrentamiento y la pretensión de exterminio que el Presidente Milei ha planteado respecto a ese partido político sería inexplicable que sigan haciéndolo”.
Se espera que la medida sea publicada en el Boletín Oficial, luego del anuncio realizado en el tramo final de la campaña porteña por el candidato y vocero presidencial Manuel Adorni.
Activo desde el atril de Casa Rosada en los últimos días de campaña de cara a las elecciones porteñas, donde competirá como primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó varios anuncios esta semana.
Uno de los más rimbombantes fue la reforma migratoria, con el objetivo de endurecer el ingreso de inmigrantes al país, aumentar las condiciones para la obtención de la ciudadanía y disponer aranceles en salud y educación.
A pesar de haber sido anunciada por el presidente Javier Milei durante la última Asamblea Legislativa, las modificaciones a la legislación vigente no ingresarán a través de un proyecto de ley al Congreso, sino que se espera sea vía decreto de necesidad y urgencia; el cual igualmente debe ser analizado en la Bicameral de Trámite Legislativo.
Sin embargo, la letra del decreto todavía no se conoce y no fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, día después de las declaraciones de Adorni.
De acuerdo a detalles aportados desde el Gobierno, la reforma establecerá que "cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado". Actualmente, el artículo 29 de la Ley 25.871 ya prevé que extranjeros condenados por delitos graves no pueden ingresar ni permanecer en territorio argentino.
Además, según precisó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, "quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado" y "los condenados por cometer un delito serán deportados".
También se prevé el pago de servicios en salud para inmigrantes ilegales y contar con un seguro médico al entrar al país; que las universidades nacionales, si así lo desean, apliquen aranceles a los extranjeros no residentes; y la condición de que se otorgará la ciudadanía argentina únicamente a quienes residan durante dos años en Argentina, sin salir del territorio.
Sobre algunos de estos puntos -y otros-, se presentaron en el último año varios proyectos de ley, impulsados por los diputados Santiago Pauli (LLA), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Patricia Vásquez (Pro), Pamela Calletti (IF) y Miguel Pichetto (EF). La mayoría de ellos tienen como cabecera a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto o la de Población y Desarrollo Humano. No obstante, no fueron debatidos hasta el momento.
El bloque de UP presentó un dictamen de rechazo al argumentar que “estamos discutiendo son DNU de la casta” y que “se escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes”. El titular de la Comisión, Oscar Zago, aclaró que los DNU de presidencias anteriores: “Ya fueron tratados y tuvieron dictamen”.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el oficialista Oscar Zago, se reunió este martes para emitir dictamen sobre 14 Decretos de Necesidad y Urgencia correspondientes a la presidencia de Javier Milei referidos a la modificación de la Ley de Ministerios.
Al inicio del encuentro en el Salón Arturo Illia, Zago le solicitó al bloque de UP que para la próxima sesión brinden el nombre de quién ocupará la secretaría que le falta a la comisión para poder completarla.
Así, aclaró la modificación del giro del expediente 181/2025 DNU 97 que comunica el dictado del Decreto de facultades delegadas 97/25 que autoriza el procedimiento para la privatización total de corredores viales S.A bajo la modalidad de concesión de obra pública por el peaje, remitiéndolo a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.
El opositor Mariano Recalde (FNyP) lamentó que “tenemos en el haber 102 DNU para tratar. Cuando comenzó la comisión en la anterior presidencia queríamos tratar los más importantes y nos dijeron que íbamos a empezar por los últimos, pero parece que cambió el criterio y de los 102 DNU se ve que escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes o con menos trascendencia, habiendo DNU verdaderamente importantes que requieren un tratamiento rápido porque ya van a vencer”.
“Entiendo que está en campaña, pero vender humo acá también me parece que no es lo que corresponde”, le lanzó a Zago. “Queremos tratar rápidamente estos DNU, pero ponernos a discutir las cosas importantes que le afectan a la gente porque lo que estamos discutiendo son DNU de la casta, de cómo se acomodan los funcionarios, ministerios y demás. Entendemos que no hay ni necesidad ni urgencia en ninguno de ellos así que nosotros vamos a hacer un dictamen de rechazo”, anticipó Recalde.
De la vereda de enfrente recogió el guante el senador riojano Juan Carlos Pagotto quien le remarcó a Recalde que “todos los DNU hay que tratarlos, aunque a muchos por conveniencia política no les gusta”.
El oficialista sostuvo que “lo que es importante para algunos, no es para los otros. Por eso voy a mocionar para que se aprueben todos los decretos porque son modificaciones a la Ley de Ministerios que es una prerrogativa del Ejecutivo y esta comisión es conteste en ese sentido. Por lo tanto, el discurso político y los vendedores de humo no tengo interés en hacerle ofertas por nada”.
En el mismo sentido, se manifestó el diputado Francisco Monti (La Liga del Interior): “Creo que esto no es humo, es relevante la distribución de competencias y de departamentos y divisiones del trabajo para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Ejecutivo”. El catamarqueño contradijo a Pagotto al aclarar que no se trata de una “prerrogativa” de la Ley de Ministerios porque “de así serlo no estaríamos acá”.
Monti sostuvo que “hay una práctica constitucional en lo que refiere a la utilización de los DNU para modificación de la Ley de Ministerio y la atribución de competencias que es histórica y que claramente no agravia a la Constitución y a la utilización de los institutos constitucionales”.
“Me parece que no tiene ningún sentido político de traer o intentar eludir el debate de los DNU en esta comisión. Apuesto a que podamos tener un plan de trabajo orientado que es lo que se frustró el año pasado, que podamos tratar todos los Decretos de manera ordenada por materia, por tiempo”, opinó.
En tanto, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) consideró que “ninguno de estos DNU cumple con el requisito esencial que deben tener, el uso de esta herramienta. Es una práctica común que la Ley de Ministerio se modifique por esta vía, vemos una decisión del presidente Milei de destruir el Estado y desmantelarlo, con lo que no estamos de acuerdo porque trae como consecuencia que se discontinúen programas proyectos, políticas públicas”.
Por último, el chaqueño radical Víctor Zimmermann celebró el trabajo de la Comisión y aclaró que los DNU de la presidencia de Alberto Fernández y Mauricio Macri también fueron tratados y, la mayoría, tiene dictamen. “Es cierto que estos DNU tienen que ver con una práctica común, pero también le dimos dictamen positivo a expedientes de estas características a presidentes anteriores”, le respondió a Gaillard.
Al cierre, Zago celebró que la comisión está funcionando: “Después de años y años de no funcionar, hoy esta trabajando y hemos sacado la mayoría de dictámenes que teníamos de presidencias anteriores y quedan solamente los expedientes del gobierno de Milei”.
La resolución 741-D/25 fue publicada este martes en el Boletín Oficial. El oficialismo logró blindar el acuerdo en la Cámara baja con 129 votos a favor.
El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial la validez del decreto de necesidad y urgencia 179/25 que establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue blindado en la Cámara de Diputados en la sesión del miércoles 19 con 129 votos a favor.
La resolución 741-D/2025, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, publicada esta madrugada, que establece: “Declarar la validez del decreto de necesidad y urgencia 179/2025, del 10 de marzo de 2025”. La misma lleva las firmas del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y del secretario parlamentario, Adrián Pagán.
La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.
La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.
Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.
Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.
Tras la aprobación del acuerdo con el FMI, el Gobierno ahora se dirige hacia la concreción de un entendimiento técnico con el staff del organismo para poder llegar a fines de abril, coincidente con la reunión de primavera del Fondo Monetario en Washington a la que asistirían Luis Caputo y Santiago Bausili, con el proceso al borde de su aprobación.
Al respecto, el presidente Javier Milei proyectó que el acuerdo con el FMI estaría cerrado antes de que finalice el cuatrimestre, es decir, para finales de abril. Si todo sigue este cronograma, quedaría un breve margen de unas pocas semanas para que el directorio del Fondo pueda reunirse y tomar la decisión final sobre el caso argentino.
Volvieron las sonrisas en Casa Rosada, donde el miércoles pasado se vivió como “perfecto”. Aprobación del decreto del acuerdo con el Fondo, más paz en las calles. Buenas noticias tras dos meses de datos negativos, en general autoinfligidos. Pero la economía sigue planteando interrogantes y las encuestas alertan sobre un cambio de tendencia.
Muchos libertarios llegaron a comparar la aprobación del DNU del acuerdo con el FMI con la Ley de Bases, tal la importancia que le asignan. Más moderado, el consultor Rosendo Fraga admitió igual que lo aprobado por los diputados el miércoles pasado es lo más importante que necesitaba este año el gobierno de La Libertad Avanza.
“Puede no hacer nada más en el Congreso, porque lo único que necesitaba para este año ya está hecho”, agregó el politólogo sin faltar a la verdad. Porque ni aunque vaya a salir la ley de ficha limpia -un tema en veremos en el Senado, que el Gobierno prefiere que no se apruebe, aunque por momentos dé señales de estar jugando a fondo-, nada será lo suficientemente imprescindible para esta administración, como para igualar este acuerdo.
Ni una reforma impositiva que por ahora no impulsará, ni mucho menos una previsional, cuestión que le costó la cabeza al extitular de la ANSeS Mariano de los Heros, cuando dijo que estaban preparándola. A propósito, este fin de semana vence la moratoria previsional que los gobiernos kirchneristas impulsaron desde 2005 y por las cuales el 59,5% (4,3 millones) de todos los jubilados del país obtuvieron sus jubilaciones a través de una moratoria. El Gobierno no piensa prorrogarla, y ese tema generará consecuencias. Porque una cosa es que este gobierno en extrema minoría ya no necesite nada del Parlamento este año, y otra muy distinta que esté blindado allí.
De hecho, el miércoles en el que el Gobierno tuvo su gran éxito legislativo con la aprobación del DNU en Diputados, más tarde la oposición más dura intentó llevar adelante una sesión para tratar una serie de proyectos para extender la moratoria previsional. No tuvieron quórum, pero hubo 124 presentes. Para el 3 de abril, la Comisión de Previsión ya fue convocada a analizar esos temas. Si llega a haber otra ley, habrá otro veto.
Tampoco está previsto que vaya a haber una reforma laboral este año. Quedará lo que se logró a través de la Ley Bases, que es menos de lo que el Ejecutivo pretende. Pero este no es el tiempo, como no lo fue el año pasado para la modernización sindical que el presidente Javier Milei llegó a proponer en su primer discurso ante los legisladores, pero cuyo debate cargó sobre sus hombros el diputado Martín Tetaz. Los proyectos que ahí debatieron no pudieron ser tratados en el recinto porque la sesión en cuestión no tuvo quórum. Vaciada especialmente por el oficialismo, que pactó con los gremios no aprobar nada de eso este año a cambio de paz social. ¿Cambia ese acuerdo tácito el paro que finalmente aprobó la CGT para el 10 de abril? El Gobierno quiere que sea tratado por el nuevo Congreso, y además tener el derecho de autor, no vaya a ser cosa de favorecer a un ajeno.
A propósito de la paz social, celebró el Gobierno que esta vez la calle no se desmadrara. Debió hacer concesiones, como olvidarse esta vez del protocolo antipiquetes. Valió la pena y al cabo de la jornada en la Rosada suspiraban con alivio. Pero el método persistirá: la oposición kirchnerista y la izquierda creen haber recuperado la calle para desgastar al Gobierno. Esta vez la bala entró.
Por eso en el Gobierno observan con inquietud lo que vaya a suceder el lunes en la marcha de organizaciones de derechos humanos, que tendrá gran concurrencia de dirigentes K y de la izquierda.
De ese tema se habló, entre otras cosas, en la reunión del lunes en la Rosada, cuya foto se convirtió en un hecho político en sí. Allí se vio al presidente Milei, su hermana, el armador Sebastián Pareja, Lule Menem y los diputados del Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli. Muchos la interpretaron como una “mojada de oreja” a Mauricio Macri. Es verdad que Ritondo le avisó al expresidente que irían a la Casa de Gobierno, donde pareció formalizarse la alianza de LLA con el Pro para la provincia de Buenos Aires. Eso aún no sucedió.
La reunión en el despacho de Karina Milei en la Rosada.
Esa fotografía dio mucho que hablar, no solamente por la presencia de los diputados del Pro. Principalmente la disposición de los lugares en esa mesa, en la que el rol preponderante lo exhibía Karina Milei -ahí más “Jefe” que nunca-. Sentada en la cabecera, la postura personal parecía darle a la secretaria general un rol aun más importante que el del Presidente, a un costado, casi insertado por photoshop. Después se explicó que la reunión fue en el despacho de Karina, por eso la cabecera, y el Presidente llegó cuando ya llevaban un buen rato. ¿De qué hablaron? Actualidad pura, también algo sobre las elecciones, pero vagas definiciones sobre eso, sin precisiones. La alianza LLA – Pro en la provincia que todos dieron por acordada, todavía sigue en veremos. La Libertad Avanza quiere privilegiar esa marca, sin formalizar frentes o alianzas. Abrir sus listas, sí, pero que los que acepten se sumen sin que eso los lleve a compartir después el eventual éxito en la elección.
Resignado, el Pro estaría dispuesto a aceptar esas condiciones en ese distrito al menos. La fórmula sería la de 2013, cuando emergía el fenómeno Massa y Mauricio Macri optó por resguardar a su partido en la provincia de Buenos Aires, con una alianza menor, sin bombos ni platillos, que consistió en sumar algunos nombres a la lista de diputados nacionales. Entre los candidatos del Frente Renovador hubo entonces tres del Pro: Gladys González, Christian Gribaudo y Soledad Martínez. Tres entre los 16 que sumó Massa en esa elección que ganó con amplitud (44%, 5 puntos más que los que había tenido en las PASO), superando por casi 12 puntos al Frente para la Victoria, que llevó como primer candidato al exesposo de Jesica Cirio, Martín Insaurralde.
Francisco de Narváez, que en 2009 había ganado de manera resonante, en una alianza que entonces compartió con Macri y Felipe Solá, concurrió a esa elección con el frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, y apenas consiguió el 5,5%. Ese ejemplo es el que tiene muy en cuenta el Pro. De Narváez sumó con ese puntaje 2 diputados; el Pro, con su alianza silenciosa, 3. Pero el mote de gran perdedor le correspondió al empresario que luego del resultado de 2009 llegó a explorar la manera de ser candidato presidencial a pesar de su origen colombiano. Además, en 2013 había PASO, en las que Narváez había sacado casi el doble de puntos. Es la razón por la que el Pro cambió su decisión original de mantenerlas este año: el voto útil podría resultarle letal.
Entre tantas buenas señales que mejoraron la sucesión de traspiés iniciada en enero en Davos, la pérdida de reservas no se frenó ni con la luz verde al acuerdo, de cuyos datos todavía se conoce poco. La preocupación es alta en materia económica. Se ve en los mercados y también en la calle.
Las encuestas marcan una baja sostenida para el Gobierno, pero la preocupación se relativiza porque no aparece amenazado el resultado electoral. Un sondeo de Pulso Research conocido esta semana muestra que no solo la imagen viene bajando, sino también las expectativas. Ante una pregunta sobre el estado de ánimo, las respuestas negativas superan las positivas con un 41,9% a 37,6. Y eso sucede por primera vez desde junio del año pasado. El pico máximo en esta materia fue en enero pasado, con un 47,4% y en marzo fue superado por la sensación negativa.
Un 46,3% tiene una mala imagen de la gestión del Gobierno, contra el 45,9% (un escenario parejo), pero el dato saliente aquí -como en los que iremos viendo- es que después del pico positivo de 51,75%, en enero, el negativo supera el positivo por primera vez desde octubre del año pasado.
La misma tendencia negativa y superando este mes la positiva se da ante las preguntas sobre expectativas de mejora económica del país y en la economía personal. El dato sorprendente es que por primera vez durante toda la gestión mileísta las expectativas negativas sobre una mejora del país superan a las positivas.
Eso sí, el 49% le atribuye la responsabilidad de la situación a las decisiones tomadas por la gestión anterior, aunque un 38,7% culpa a la de Milei.
El Presidente alardea con que las encuestas lo favorecen a pesar de haber implementado “el ajuste más grande de la humanidad”, pero un 40,7% piensa que lo peor del ajuste está sucediendo ahora, en tanto que un 23,6% opina que lo peor está por venir, según la encuesta de Pulso Research. Solo un 22,5% le cree al Gobierno en cuanto a que lo peor del ajuste ya pasó. Y más allá de lo que vayan a decir los datos oficiales sobre la pobreza, para un 52,3% aumentó.
La encuesta es lapidaria con el “triángulo de hierro”, al estimar el 55,2% que Milei está mal rodeado, contra un 26,5% que piensa lo contrario. Y un dato que da bajo la línea de flotación de Milei: el 52% opina que Milei es deshonesto, contra un 39,7% que opina lo contrario.
Ya en lo electoral, un 33,9% piensa votar a alguien aliado al Gobierno, mientras que un 36% piensa votar a un opositor, un llamado de atención porque revierte en marzo una tendencia que siempre fue al revés. Un 30,1% no lo tiene decidido. Como sea, La Libertad Avanza aparece primera en intención de voto para 2025, con 38,7%, proyectando indecisos, en tanto que el opositor mejor encumbrado es un peronista kirchnerista, con 22,5%.
Por último, un detalle que irrita en la Rosada: mientras la imagen negativa de Javier Milei supera a la positiva (47,2% contra 46,4%), la única dirigente que tiene un diferencial de imagen positivo (3,8%) es Victoria Villarruel.
Tal como se esperaba, con el acompañamiento de aliados y bloques dialoguistas, La Libertad Avanza logró refrendar en la Cámara de Diputados el decreto por el cual el presidente se autorizó a negociar con el organismo internacional.
Foto: HCDN
Tras seis horas de debate, el oficialismo obtuvo una importante victoria en la Cámara de Diputados con el blindaje del decreto de necesidad y urgencia 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo se autorizó a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.
La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.
Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.
Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.
Junto a los diputados que estaban dispuestos desde el primer momento a votar junto al oficialismo, se decidió por votación nominal en el comienzo de la sesión que el debate no fuera extenso. LLA quería liquidar el tema antes del comienzo de la masiva marcha convocada en las afueras del Palacio, con un fuerte operativo de seguridad y tras la represión de la semana pasada.
En la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que pediría al Parlamento el apoyo sobre un nuevo acuerdo con el FMI, pero a los pocos días decidió dictar un DNU, cuestionado por la oposición más dura por no cumplir con el artículo 2 de la Ley 27.612, que establece que cualquier nuevo programa con el organismo internacional debe ser por ley del Congreso.
LLA decidió avanzar con un trámite veloz del asunto y este martes, tras una intensa reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, logró el dictamen de mayoría a favor del DNU para debatirlo directamente en el recinto este miércoles.
Un inicio de sesión agitado
El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados de LLA, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, un grupo de Encuentro Federal y los habituales aliados del oficialismo de partidos menores. De la bancada libertaria, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes el miércoles anterior tuvieron un duro enfrentamiento con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce.
La sesión arrancó con un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres del diputado José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos diputados oficialistas. El primero se encontraba presente en el recinto y recibió el saludo de varios de sus pares. En lo sucesivo, durante el primer tramo de la jornada, ya no hubo tiempo de sosiego.
Martín Menem
Y todo matizado por la circulación de un audio por las redes sociales y medios de comunicación, en el que se escuchaba la supuesta voz del presidente de la Cámara, Martín Menem, dando instrucciones a su bloque con la intención de que en todo momento hubiera cuatro diputados propios dispuestos a plantear una cuestión de privilegio, que discutieran a los gritos. “Ténganlos siempre, en todo momento. Los quiero gritando a los gritos, puteando, nada de ser pacíficos”, se escucha decir en un audio que fuentes libertarias atribuyeron a la IA y que, durante la sesión, desde la oposición más dura citaron, pidiendo explicaciones. Pero, además, con megáfono en mano, Pagano también reclamó a Menem por esto, en un nuevo enfrentamiento entre ambos.
Culminada la sesión, este miércoles la agenda en la Cámara baja continúa con dos plenarios de comisiones por los proyectos de criptogate (luego que el oficialismo no aceptara recibir los dictámenes de la oposición este martes) y con una convocatoria a sesión por parte de Unión por la Patria para tratar proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.
La discusión en el recinto
La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón que, lejos de explicar los lineamientos centrales del acuerdo con el FMI, centró su alocución exaltada en acusar al kirchnerismo de haber generado “un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años”, y de provocar “movimientos sediciosos financiados por el gasto público”. Respecto del acuerdo solo resaltó que “el objetivo primario es fortalecer las reservas del Banco Central”.
La enfática intervención de Almirón despertó la reacción del cívico Maximiliano Ferraro, quien se le levantó de su banca para reprocharle al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, que no diera un discurso como miembro informante.
Más adelante, el diputado Miguel Pichetto intervino para pedirle al titular de la Cámara controlar el tiempo de los oradores durante las cuestiones de privilegio. “Habíamos hablado en Labor Parlamentaria que el oficialismo tenía el deber de la mesura en este debate -recordó-. Y tenía también el deber de acortar el tiempo. Y aplicar el principio elemental de que los oficialismos se llevan la ley y no el discurso”. Tras lo cual le apuntó a la intervención de Almirón: “Pusieron un incendiario para provocar, entonces son responsables de lo que hacen, traten de ubicarse, traten de ser racionales e inteligentes y profesionales”.
Desde Unión por la Patria, Vanesa Siley sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”. Y señaló que el día anterior, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el monto de la deuda.
“No saben ni el monto, ni el costo, ni los intereses de esta deuda, ni tampoco qué va a poner la Argentina. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”, lanzó.
Siley hizo su aporte a la crispación que reinó durante la primera etapa de la sesión, cuando ante el pedido de Menem por cerrar porque se había extendido, replicó: “No me jodas”. Y luego redobló su apuesta al reclamar que no le cortara la palabra y decirle al presidente del Cuerpo que parecía fingir que no había pasado nada en la sesión pasada. “Usted parece que finge que no se cagan a piñas en su propio bloque, y levantó una sesión con quórum… Usted merece una investigación penal por lo que pasó la semana pasada, ¿y me quiere cortar por cinco minutos?”, manifestó.
Momento en el que Almirón le propuso un "piquito" a Oscar Zago
Por su parte, los diputados santacruceños volvieron a diferenciarse. Hablaron uno a continuación del otro: en su intervención, Sergio Acevedo adelantó su voto negativo, adhiriendo al dictamen expuesto por el senador Francisco Paoltroni durante la reunión de la Bicameral de DNU del día anterior. Su compañero del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, recordó que todos los gobiernos tuvieron que pasar por el Fondo, aunque observó que “el Gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la fuga de capitales, pero no voy a ser un obstáculo para que este proceso de corridas bancarias y especulaciones económicas golpee más a los argentinos. Así que voy a tomar la decisión de acompañar este proyecto”.
La sesión de este miércoles se realizó en momentos complejos en materia cambiaria, en cuyo contexto el oficialismo esperaba conseguir la aprobación del DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar una etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta.
A su turno, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, hizo alusión justamente al contexto económico. “Hoy amaneció mal el día en los mercados, ayer tampoco fue un día bueno. La brecha aumentó, el riesgo país subió y eso puede obturar un plan de estabilización económica”, expresó. Al criticar la conducta de diputados del oficialismo, les advirtió: “No se trabaja así, estén a la altura, tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros”.
“Este acuerdo con el Fondo también lo tomó el Gobierno al que apoyamos, entonces somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione”, dijo en referencia a la gestión de Cambiemos, que integró el partido liderado por Elisa Carrió. Después, agregó que él no considera que “haya que devaluar, pero hay que salir del cepo” y seguramente el FMI “va a poner alguna condición o regla deseable para que el mercado de cambios sea un poquito más liberal”.
Finalmente, el porteño sostuvo: “Esta vez no nos va a unir el amor, sino el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar a la Argentina, a los que no se hacen cargo de la historia y del pasado que es muy reciente”.
En nombre de su bloque, Democracia para Siempre, Facundo Manes anunció que no acompañaría la ratificación del DNU “porque consideramos que estamos ante una triple irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política”.
“Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento”, aseveró.
Manes dijo que la segunda irresponsabilidad es la económica, ya que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible”. Y respecto de la irresponsabilidad política, el neurocientífico sostuvo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.
El oficialismo celebrando el quórum este miércoles
Avanzada la lista de oradores, Nicolás Massot consideró “ineludible” alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que consideró conducente discutir qué tipo de acuerdo, como así también la fortaleza del mismo y, por último y más relevante, “discutir aquello que nos vuelve a hacer recurrir a ese salvataje, que creo que es en la Argentina la política cambiaria”.
El legislador de Encuentro Federal opinó que el DNU “raya la ilegitimidad”, aclarando que “están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.
Por el contrario, Pichetto, jefe de ese bloque, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, pero se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más”.
De profesión economista, el diputado radical Martín Tetaz comparó el nuevo acuerdo con el Fondo con “llamar a una ambulancia”. Asimismo, apuntó contra la gestión presidencial de Cristina Kirchner: “Sacó 65 mil millones para pagar deuda del Banco Central, pero gobernó 7 de 8 años con déficit fiscal”. Pese a que confirmó “no poner palos en la rueda”, cuestionó a Javier Milei por no redactar un proyecto de ley con este tema y añadió que “sorprendió que sumaran el roll over de los vencimientos del FMI para este año”. De todos modos, reiteró que “se está tomando la decisión de pagar la deuda con el BCRA que dejó la expresidenta Cristina Kirchner”.
El titular de bancada radical, Rodrigo de Loredo, defendió la postura de la Unión Cívica Radical en virtud del avance de este DNU 179/2025: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.
Referente de temas presupuestarios en su bloque, el diputado de UP Carlos Heller cuestionó que “nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe” y un decreto por el cual se “delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable”.
“Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”, afirmó y rechazó el pedido a que “aprobemos a libro cerrado un acuerdo al que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie nos ha explicado cuál es la necesidad y urgencia”.
En su intervención, el diputado Eduardo Valdés hizo suyas las palabras de Javier Milei en su discurso del 10 de marzo de 2022, “que uno podría pensar que son de Del Caño, o de Máximo Kirchner, por la postura crítica”. Y señaló: “Vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral. Para nosotros, la cuestión moral es central". A lo que agregó: “Cualquier parecido de Milei con aquella frase de Groucho Marx 'estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros', ¿es pura coincidencia?”.
Para culminar las intervenciones de cada bloque, por Unión por la Patria habló Máximo Kirchner, quien renunció a la jefatura del bloque cuando el gobierno de Fernández debatió el anterior acuerdo con el FMI, y señaló: “El Congreso le da este acuerdo a un presidente que no reconoce una estafa a dos centímetros de su nariz”.
“Esto va a fracasar y ustedes lo saben y lo que están haciendo diputados que nos daban clases de instrucción cívica de cómo se debía gestionar la república apoyando este DNU es sacarse de encima", aseveró Kirchner, quien también indicó que "cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente".
Para culminar, enfatizó: "Tiene que ser seria la discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrado del pescuezo nos van a tener”.
Por su parte, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, apuntó contra la gestión kirchnerista y manifestó que “evitaron tratar 237 DNUs teniendo mayorías en Diputados y en el Senado”. Luego, señaló que “hicieron uso y abuso entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner desde que la reforma del 94 introdujo esta herramienta”.
Reafirmó el compromiso del Pro con el presidente de la Nación, y cerró: “La Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina”. “Vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar”, reiteró.
Por el oficialismo, el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, afirmó que es la “primera vez en la historia que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario sin tener crisis en la Argentina”.
Interrumpido por los gritos de UP, el diputado cordobés relató que es el “momento excelente para sentarnos a negociar con el Fondo”, y en el final de todo el debate, defendió la gestión del actual gobierno: “Lo que hace el presidente Milei es a favor de los argentinos, se va a sanear el BCRA y darles fortaleza a las reservas”.
El legislador ratificó su apoyo al DNU, pero reclamó que el Gobierno cambie la motosierra por el bisturí, y reprochó que no le reconozcan nada al Parlamento.
El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.
Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.
A propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.
Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.
El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.
“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.
Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.
Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.
En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, el oficialismo espera darle buenas noticias al Gobierno aprobando una herramienta clave para su relación con los mercados.
Con ánimos fuertemente exaltados, los diputados debaten desde las 10.24 si le dan luz verde al decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.
El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados del oficialismo, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, varios de Encuentro Federal y los habituales aliados del Gobierno de partidos menores. También estuvo presente el santafesino Roberto Mirabella. Del oficialismo, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci.
La sesión arrancó con un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres del diputado José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos diputados oficialistas. El primero se encontraba presente en el recinto y recibió el saludo de varios de sus pares. En lo sucesivo, ya no hubo tiempo de sosiego.
Y todo matizado por la circulación de un audio por las redes sociales y medios de comunicación, en la que se escuchaba la supuesta voz del presidente de la Cámara, dando instrucciones a su bloque, con la intención de que en todo momento hubiera cuatro diputados propios dispuestos a plantear una cuestión de privilegio, que discutieran a los gritos. “Ténganlos siempre, en todo momento. Los quiero gritando a los gritos, puteando, nada de algo pacífico”, se escucha decir en un audio que fuentes libertarias atribuyeron a la IA, y que durante la sesión, desde la oposición más dura citaron, pidiendo explicaciones.
La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón que, lejos de explicar los lineamientos centrales del acuerdo con el FMI, centró su alocución exaltada en acusar al kirchnerismo de haber generado “un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años”, y de generar “movimientos sediciosos financiados por el gasto público”. Respecto del acuerdo solo resaltó que “el objetivo primario es fortalecer las reservas del Banco Central”.
La intervención exaltada de Almirón despertó la reacción de Maximiliano Ferraro, que le reprochó al presidente del bloque libertario que no diera un discurso como miembro informante.
Más adelante, el diputado Miguel Pichetto intervino para pedirle al titular de la Cámara controlar el tiempo de los oradores durante las cuestiones de privilegio. “Habíamos hablado en Labor Parlamentaria que el oficialismo tenía el deber de la mesura en este debate -recordó-. Y tenía también el deber de acortar el tiempo. Y aplicar el principio elemental de que los oficialismos se llevan la ley y no el discurso”. Tras lo cual le apuntó a la intervención de Almirón: “Pusieron un incendiario para provocar, entonces son responsables de lo que hacen, traten de ubicarse, traten de ser racionales e inteligentes y profesionales”.
Desde Unión por la Patria, Vanesa Siley sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”, afirmó, asegurando que el día anterior Pablo Quirno no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el monto de la deuda”.
“No saben ni el monto, ni el costo, ni los intereses de esta deuda, ni tampoco qué va a poner la Argentina. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”, lanzó.
Vanesa Siley hizo su aporte a la crispación que reinó durante esta sesión, cuando ante el pedido de Martín Menem por cerrar porque se había extendido, replicó: “No me jodas”. Y luego redobló su apuesta al reclamar que no le cortara la palabra y decirle al presidente de la cámara que parecía fingir que no había pasado nada en la sesión pasada, “usted parece que finge que no se cagan a piñas en su propio bloque, y levantó una sesión con quórum… Usted merece una investigación penal por lo que pasó la semana pasada, ¿y me quiere cortar por cinco minutos?”.
Los diputados santacruceños volvieron a diferenciarse. Hablaron uno a continuación del otro: en su intervención, Sergio Acevedo adelantó su voto negativo, adhiriendo al dictamen expuesto por el senador Francisco Paoltroni durante la reunión de la Bicameral de DNU del día anterior. Su compañero del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, recordó que todos los gobiernos tuvieron que pasar por el Fondo, aunque observó que “el Gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la fuga de capitales, pero no voy a ser un obstáculo para que este proceso de corridas bancarias y especulaciones económicas golpee más a los argentinos. Así que voy a tomar la decisión de acompañar este proyecto”.
La reunión se realiza en momentos complejos en materia cambiaria, en cuyo contexto el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura.
En nombre de su bloque, Democracia para Siempre, Facundo Manes anunció que no acompañaría la ratificación del DNU “porque consideramos que estamos ante una triple irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política”.
“Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento”.
Manes dijo que la segunda irresponsabilidad es la económica, ya que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible”. Y respecto de la irresponsabilidad política, el neurocientífico sostuvo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.
A su turno, Nicolás Massot consideró “ineludible” alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que consideró conducente discutir qué tipo de acuerdo, como así también la fortaleza del mismo y por último y más relevante, “discutir aquello que nos vuelve a hacer recurrir a ese salvataje, que creo que es en la Argentina la política cambiaria.
Consideró “rayano en la ilegitimidad” al DNU, aclarando que “están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.
El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, pero se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.
De profesión economista, el diputado radical Martín Tetaz comparó el nuevo acuerdo con el Fondo con “llamar a una ambulancia”. Asimismo, apuntó contra la gestión presidencial de Cristina Kirchner: “Sacó 65 mil millones para pagar deuda del Banco Central, pero gobernó 7 de 8 años con déficit fiscal”.
Pese a que confirmó que “no poner palos en la rueda”, cuestionó a Javier Milei por no redactar un proyecto de ley con este tema y agregó que “sorprendió que sumaran el roll over de los vencimientos del FMI para este año”. De todos modos, reiteró que “se está tomando la decisión de pagar la deuda con el BCRA que dejó la expresidenta Cristina Kirchner”.
El titular de bancada radical, Rodrigo de Loredo, defendió la postura de la Unión Cívica Radical en virtud del avance de este DNU 179/2025: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.
Referente de temas presupuestarios en su bloque, el diputado de UP Carlos Heller cuestionó que “nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe” y un decreto por el cual se “delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable”.
“Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”, afirmó y rechazó el pedido a que “aprobemos a libro cerrado un acuerdo al que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie nos ha explicado cuál es la necesidad y urgencia”.
NOTICIA EN DESARROLLO
La cita es a partir de las 10 de la mañana en la Cámara baja, donde el oficialismo piensa que no tendrá mayor inconveniente en conseguir los votos necesarios.
En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.
En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.
No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.
Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.
Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.
Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.
La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.
Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.
Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con posturas seguramente muy disímiles.
Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.
Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.
Sucedió sobre el final del debate del DNU 179/25, en el seno de la Bicameral de Trámite Legislativo.
El debate sobre el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo no estuvo exento de polémicas, y hasta tuvo un momento de alta tensión como el que protagonizaron el diputado radical Francisco Monti y su par de UP Itai Hagman.
Al hacer uso de la palabra, el catamarqueño reprochó que habían un sector había sido privilegiado con la posibilidad de hacer la mayoría de las preguntas, en referencia a Unión por la Patria. Sobre el final de su exposición, Monti dijo que “quizá en otro momento podamos reflexionar cómo llegamos hasta acá, señores funcionarios, porque 69.000 millones de dólares, que está calzado el BCRA de letras intransferibles es mucho. Entonces, si quizás en el futuro…”.
El legislador ya que venía escuchando las críticas que le dirigía Hagman, y ahí se detuvo para dirigirse airadamente hacia su par: “Yo no lo interrumpí a usted. ¡Que cerrés el orto!... Porque yo estoy hablando acá porque me dieron la palabra. ¡No me interrumpas a mí, ni me hagás acotaciones! Estoy hablando con mucha seriedad… ¿Qué te pensás que sos?”.
Oscar Zago trataba de calmar los ánimos, mientras los cruces seguían entre ambos diputados, ubicados en primera fila, pero separados por un pasillo al medio. “No te hagás el pesado, no te hagás el pesado”, le advirtió Monti. “¿Te pensás que porque tenés las organizaciones sociales detrás te podés hacer el picante? No me interrumpas porque yo no los interrumpí a usted, ni a la diputada Strada (ubicada a la izquierda de Hagman), ni a ningún legislador de Unión por la Patria… Que no me interrumpa”.
La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio se había acercado también para calmar los ánimos, y finalmente el cruce no pasó a mayores. Aunque al concluir, Monti retomó la discusión con Hagman por un instante más, ante las señales de Di Tullio para que parara.
Diputados de La Libertad Avanza y aliados convocaron a una sesión en Diputados para este miércoles a las 10 de la mañana. La medida impacta directamente en los emplazamientos aprobados la semana pasada.
Presuroso como para sacarse de encima el tema rápidamente y darle en consecuencia una señal contundente al Fondo Monetario Internacional con el que se sigue negociando, el Gobierno de Javier Milei aceleró los tiempos con el decreto de necesidad y urgencia 179/2025, por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.
Así, un grupo de diputados del oficialismo y aliados pidieron este lunes una sesión para este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana, a fin de tratar el DNU. Alcanzará para que este decreto tenga vigencia que sea aprobado en una de las dos cámaras, y en este caso el oficialismo está convencido de que conseguirá la aprobación en la Cámara baja.
El pedido de sesión extendido a Martín Menem fue suscripto por los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Nadia Márquez, Silvana Giudici, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Santiago Santurio, Rocío Bonacci, Gerardo Huesen, Santiago Pauli, María Emilia Orozco, Carlos García, María Fernanda Araujo, Romina Diez, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, José Núñez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.
La convocatoria es impulsada dando por seguro que este martes se emitirá el dictamen correspondiente en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, convocada para este martes a las 16.
El tema es que paralelamente a esa reunión de la bicameral están convocadas desde la sesión del miércoles pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, con el objeto de tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
Ahora bien, ese plenario seguirá su curso seguramente, pero la sesión pedida para este miércoles afectará los plenarios convocados para las 13 y las 16 horas, con el fin de dictaminar los proyectos sobre el cripto escándalo, tal cual se acordó en la última sesión.
Así las cosas y no pudiendo objetar nada, la oposición más dura está analizando usar esta nueva sesión, cuyo quórum garantizan el oficialismo y sus aliados, para pedir un nuevo emplazamiento de las comisiones para emitir los dictámenes que claramente no saldrán este miércoles, según pudo saber parlamentario.com.
Así lo expresó el partido de Elisa Carrió, que aclaró que eso no significa un respaldo al Gobierno o a su programa. Al Congreso le compete prestar autorización solamente.
La Coalición Cívica confirmó este fin de semana que ese espacio va a apoyar la autorización legislativa de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y lo argumentó diciendo que es para “defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”.
El bloque de la CC en Diputados cuenta con seis legisladores que serán clave a la hora del tratamiento del tema en el recinto.
El partido de Carrió explicó que “en la Coalición Cívica hemos decidido autorizar legislativamente una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no como respaldo a un gobierno o a su programa económico, sino porque, constitucionalmente, la definición de dicho programa le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Congreso solo le compete prestar autorización. La responsabilidad de la negociación y sus consecuencias es del gobierno”.
Los cívicos dicen dar este paso “pensando en los argentinos y en la estabilidad del país. Nuestro compromiso es evitar que la Argentina sufra nuevas volatilidades, retroceda en el proceso de estabilización o incluso caiga en default, con las graves consecuencias que ello tendría para los ciudadanos, el empleo y la inversión”.
“Así lo hicimos en 2022, cuando apoyamos el acuerdo con el FMI bajo la gestión de Alberto Fernández. En aquel entonces, no solo votamos a favor, sino que incluso presentamos una solución legislativa antes que el propio oficialismo, que luego no fue respaldada por gran parte de sus propios legisladores ni por diputados como Javier Milei o Ricardo López Murphy”, recordó la CC, que aclaró que “nuestra posición siempre ha sido la misma: defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”.
A través de un comunicado, la Coalición Cívica dijo entender que el contexto internacional es sumamente complejo. “La incertidumbre en los mercados globales, los efectos de la crisis geopolítica y la situación en Estados Unidos, con la administración de Donald Trump y la guerra comercial que propone al mundo, generan un escenario que exige máxima prudencia y responsabilidad. En este marco, la Argentina no puede permitirse titubeos ni aventuras irresponsables”, sugirió la CC.
Con todo, aclararon que la vía del decreto de necesidad y urgencia elegida por el Gobierno “no es la mejor herramienta para una decisión de esta magnitud, pero también reconocen que, según la legislación vigente y dada la urgencia, “el Poder Ejecutivo ha decidido someterlo de inmediato a la consideración del Congreso. Ante esta situación, debemos tomar una decisión, y la correcta es acompañarlo”.
Por otra parte, la Coalición Cívica recordó que desde hace tiempo han impulsado modificaciones legislativas para fortalecer el rol del Congreso en decisiones de este tipo, pero admitieron que “mientras esa reforma no se concrete, nuestra prioridad es evitar un nuevo colapso”. Así las cosas, remarcaron que “el Congreso de la Nación tiene la facultad constitucional de evaluar la necesidad y la urgencia de este tipo de medidas”.
Asimismo, insistieron en la importancia de garantizar la independencia del Banco Central y fortalecer la acumulación de reservas. “Sin un Banco Central autónomo, libre de interferencias políticas y con capacidad para administrar responsablemente la política monetaria y cambiaria, cualquier acuerdo con el FMI será insuficiente”, advierten, aclarando que “la acumulación de reservas es clave para dar certidumbre, proteger la moneda y evitar crisis recurrentes que afectan a toda la sociedad. Existen ejemplos contundentes de países que, más allá de crisis políticas, sostienen una macroeconomía sólida gracias a la confianza que genera la independencia de su Banco Central. Como país, no podemos renunciar a esa garantía”.
El mensaje de Elisa Carrió concluye señalando que “la Argentina necesita certezas, no más crisis. La responsabilidad institucional debe prevalecer por encima de las diferencias partidarias o electorales”.
Se había convocado rápidamente y suspendido de la misma manera. La reunión será a partir de las 16, en superposición con un plenario de Diputados por el escándalo cripto. Quiénes asistirán.
Un trámite rápido en el Congreso apunta a darle el oficialismo al DNU 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo dictó la aprobación del nuevo programa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El mismo día que el decreto salió publicado en el Boletín Oficial se envió al Parlamento y al día siguiente se convocó a la Bicameral de Trámite Legislativo, que debe abocarse a su análisis.
Sin embargo, tras las peleas registradas en la Cámara de Diputados en la sesión del pasado miércoles, la primera de ellas protagonizada por dos miembros de esa comisión, se conoció que el encuentro se había suspendido. No se dieron demasiadas explicaciones al respecto, pero el episodio de tensión entre el oficialista Lisandro Almirón y el exjefe de la bancada libertaria Oscar Zago aparecía como una de las razones encubiertas.
Pero este viernes fue convocada nuevamente la bicameral, con la novedad de la participación de tres invitados. A saber, estarán el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza Narbona; y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.
La reunión será este martes 18 desde las 16, en el Salón Illia del Senado. Ese mismo día, y en la misma hora, fue aprobado el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
La bicameral está integrada por los libertarios Juan Carlos Pagotto -senador que la presidió el primer año- y el mencionado Almirón; los radicales Víctor Zimmermann y Francisco Monti; Luis Juez y Diego Santilli, por el Pro; el senador de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola; el senador Francisco Paoltroni (ex LLA); y el diputado Zago.
De la vereda de enfrente están, por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Ramiro Gutiérrez, Carolina Gaillard y Vanesa Siley. También el diputado Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, quien se manifestó en contra de que se haya utilizado un DNU para el acuerdo con el FMI.
El oficialismo necesita 9 firmas para el dictamen favorable, o en todo caso 8, y desempata el presidente de la comisión, cuyo voto en caso de empate vale doble. El primer grupo es el que a priori La Libertad Avanza consideraba afín. El tema es que no es seguro que Paoltroni vaya a alinearse con el Gobierno. Y después de los sucesos del miércoles, la posición de Zago entró en duda para el oficialismo. No sólo por la pelea del final de la sesión, sino porque dio quórum y votó a favor de los proyectos sobre el caso $LIBRA.
Con todo, haya o no dictamen favorable para LLA en la comisión, la cuestión determinante será la votación dentro del recinto. El oficialismo apuesta a buscar su aprobación en la Cámara de Diputados ya que en el Senado hay una mayoría de UP que le dificulta más los números.
Cabe recordar que, de acuerdo a la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo y el año pasado la oposición no tuvo éxito en modificar, un decreto de necesidad y urgencia permanece vigente hasta tanto no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso, mientras que, con el aval de una sola de ellas ya queda ratificado.
Aunque el anuncio más importante del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa fue el pedido al Congreso para que apruebe el nuevo acuerdo con el Fondo, a los pocos días optó por autorizarse a sí mismo por decreto, en contra de lo establecido por el artículo 2 de la Ley 27.612, que indica que todo programa con el FMI "requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Por este motivo, un grupo de diputados de UP lo denunció penalmente.
El proyecto ingresó por la Cámara baja y es impulsado por un exdiputado nacional en calidad de particular.
Un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado por el Presidente Milei para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto lleva el número 0011-P-2025 y lo firma el exdiputado nacional (2019-2023) Alejandro “Topo” Rodríguez, en su carácter de ciudadano particular, profesor universitario y director del Instituto Consenso Federal.
El proyecto cuenta con cuatro artículos, siendo el primero el que dice: “Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial con fecha 11 de marzo
de 2025, que aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, así como toda norma ampliatoria y/o complementaria del referido DNU.
La iniciativa “deja sin efecto y declara nula de nulidad absoluta e insanable todo acto previo, administrativo o jurídico, resultante del DNU” en cuestión.
En los fundamentos, “Topo” Rodríguez habla de un procedimiento de “profunda gravedad institucional, empeorado por el engaño evidente del titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien públicamente y en diferentes ámbitos anunció que haría exactamente lo contrario”. Se refiere a que, por ejemplo, Javier Milei anunció el 1° de marzo que le pediría al Congreso apoyar este nuevo acuerdo con el FMI. Y ante la consulta popular de Luis Majul en La Nación+, refiriéndose a la necesidad de enviar un proyecto de ley para avalar el acuerdo con el FMI, el presidente aseguró que “las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe” y agregó que enviaría el programa al Congreso. Para el autor del proyecto, no hablaba de un DNU, y enfatizó que el artículo 2 de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública se establece que todo acuerdo “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación”.
Sin brindar mayores detalles, se aclaró el encuentro previsto para este jueves era postergado, sin fecha. Allí iba a ponerse a consideración el decreto de necesidad y urgencia 179/2025.
Venía veloz el trámite legislativo para el DNU 179/2025 a través del cual el Gobierno nacional formalizó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El decreto de necesidad y urgencia se anunció el lunes; esa misma mañana se confirmó el envío del texto al Congreso de la Nación y al día siguiente se confirmó la fecha del tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
En todos los casos, se venían sobrecumpliendo los tiempos que establece la ley. Y si bien nada indica que eso no vaya a seguir sucediendo, este jueves, a horas de la reunión prevista para las 13.30 para poner a consideración el DNU 179/2025 por el que el Gobierno nacional formalizó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se dispuso la suspensión del mismo.
No se dieron los motivos por la decisión, pero claramente todos los caminos conducen a vincular esta medida con los hechos sucedidos este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. Un dato no menor, que parlamentario.com destacó este miércoles es que de esa comisión bicameral forman parte dos de los protagonistas principales de los incidentes del miércoles: Lisandro Almirón y Oscar Zago. Cuando desde este medio se hizo hincapié en ese detalle, se advirtió sobre la tensión que podría vivirse en ese ámbito.
Pero más allá de eso, sobrevinieron en el oficialismo las dudas respecto de lo que pudiera suceder con lo que más le interesa al Gobierno: la firma del dictamen correspondiente.
Recordemos que forman parte de esa comisión, por parte de La Libertad Avanza, solo el senador Juan Carlos Pagotto y el mencionado Almirón; los radicales Víctor Zimmermann y Francisco Monti; por el Pro Luis Juez y Diego Santilli; el senador de Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola; el senador Francisco Paoltroni (ex LLa), y el diputado Oscar Zago.
De la vereda de enfrente están, por UP, Anabel Fernández Sagasti, Carolina Gaillard, María Teresa González, Ramiro Gutiérrez, Mariano Recalde y Verónica Siley. También el diputado Nicolás Massot está en contra del DNU.
El Gobierno necesita 9 firmas para el dictamen favorable, o en todo caso 8, y desempata el presidente de la comisión, cuyo voto en caso de empate vale doble. El primer grupo es el que a priori La Libertad Avanza consideraba afín. El tema es que no es seguro que Paoltroni vaya a alinearse con el Gobierno. Y después de los sucesos del miércoles, la posición de Zago entró en duda para el oficialismo. No solo por la pelea del final de la sesión, sino porque dio quórum y votó a favor de los proyectos sobre el caso $Libra.
La presidencia corresponde hasta ahora al senador riojano Juan Carlos Pagotto, pero en este período debía pasar a la Cámara baja, y para ese lugar se barajan los nombres de Lisandro Almirón, Francisco Monti o Diego Santilli.
Se verá para cuándo es ahora reconfirmada la reunión suspendida de este jueves.
Desde distintos bloques no sólo enfatizaron en el incumplimiento de la legislación vigente, sino en la decisión unilateral y la falta de detalles sobre el nuevo programa con el organismo internacional.
Desde distintos bloques de la oposición cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de recurrir a un DNU para habilitar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. No sólo enfatizaron en el incumplimiento de la Ley 27.612 (conocida como "Ley Guzmán"), que establece que todo programa de financiamiento debe aprobarse por ley del Congreso -razón por la cual ya se presentó una denuncia-, sino también en la falta de detalles acerca del nuevo acuerdo con el organismo internacional.
"Buen día para todos, menos para los que le votaron la Ley Bases y no quieren derogar el DNU 70 en los que se funda este nuevo endeudamiento con el FMI. Una operación de crédito sin montos, sin fecha ni plazos. Nunca antes visto", criticó la vicejefa del interbloque Unión por la Patria en el Senado, Anabel Fernández Sagasti.
En tanto, Gabriela Estévez, diputada de UP cuyo bloque emitió un comunicado, coincidió en que "este nuevo endeudamiento con el FMI es posible porque existen la Ley Bases y el DNU 70". "Un recuerdo muy especial para todos los diputados y senadores que con su voto permitieron que estas normas estén vigentes y Milei tenga superpoderes. Ellos también son cómplices de la entrega", remarcó.
Por su parte, el senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, afirmó que "el DNU 179/2025 con el que el presidente Milei se autoriza a sí mismo a endeudarse con el FMI es ilegal, un peligro, un engaño y, además, un error".
Desde el bloque Encuentro Federal, el diputado Oscar Agost Carreño señaló que "el Gobierno quiere cerrar un acuerdo con el FMI por decreto y sin Presupuesto Nacional vigente, agotando en días los fondos aprobados para 2023. ¿Cómo se sostiene la 'sustentabilidad' si no hay cuentas claras?".
"El FMI exige 'amplio consenso' en sus programas, más aún en acuerdos de facilidades extendidas. ¿Pero cómo los funcionarios del FMI lo justificarán si todo se maneja en secreto y sin debate parlamentario? Si avanzan sin garantías, quedarán expuestos a denuncias", advirtió el cordobés.
Y agregó: "Prestar en estas condiciones carga de responsabilidad extra a los funcionarios del FMI, que tendrían que avalar un Gobierno que administra los recursos como un almacenero".
También desde ese bloque, la diputada Margarita Stolbizer calificó al Gobierno como "cegados de poder". "El DNU con el que Milei autoriza a Milei a endeudarse con el FMI en nombre de todos y sin dar la más mínima explicación a nadie, es un disparate jurídico y una demostración más de que esta gente está cegada de poder", subrayó.
"Karina recauda en la moneda que sea, Santi espía y amenaza, Javier se la pasa queriendo llamar la atención de sus amigos los villanos… Mientras tanto, gozan destrozando el Estado que sí hace falta, el que necesitan los inundados, los jubilados, los enfermos. Sin control, sin rumbo, el mejor gobierno de la historia hace rato que está gobernando MAL. La República no es sólo una idea, es un sistema pensado para que ningún humano se crea Dios. Vamos a cuidarla", completó.
También opinó al respecto el diputado socialista Esteban Paulón, quien indicó que "el DNU dará por aprobado el acuerdo con el FMI unilateralmente por parte del Ejecutivo. NO es una consulta al Congreso. NO es un pedido de aprobación. Y SI, es inconstitucional".
"Abajo el DNU del estafador de Milei y el endeudador serial de su ministro Caputo. No al nuevo acuerdo con el FMI", fue uno de los mensajes del diputado de la izquierda Nicolás del Caño.
El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy sostuvo: "El Gobierno habilitó un acuerdo con el FMI, pero ni el Congreso ni los ciudadanos conocemos el contenido. Tampoco sabemos cuál es el presupuesto del país, porque no fue aprobado por el Congreso. No hay transparencia: gobiernan a ciegas y nos piden que confiemos".
"Y lo peor: lo autorizan por decreto, esquivando la ley. Un gobierno que toma decisiones a espaldas de la gente y al margen de la Constitución es cualquier cosa, menos liberal", sentenció el porteño.
El jefe de Gabinete denunció que la oposición “quiere ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral”. Al respecto, aseguró que desde el Gobierno darán respuestas en el Congreso sobre el escándalo de $Libra, pero no están "dispuestos a hacer un show del tema".
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó a la oposición de "garrapatas" en la antesala a la sesión solicitada por la oposición que se llevará a cabo el miércoles en Diputados para tratar diversos proyectos que apuntan a profundizar la investigación y pedir informes sobre el escándalo en torno al caso $Libra.
"Entiendo la situación y me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos. Nosotros estamos dispuestos a dar la respuesta que requiera, pero no estamos dispuestos a hacer un show del tema", aseguró Francos en diálogo con radio Splendid AM990 sobre la interpelación a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales.
En ese sentido, señaló que "la oposición no ha encontrado un resquicio para atacar a un gobierno con éxitos económicos importantes, entonces encuentran este tema y quieren prenderse como garrapatas para ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral. Y nosotros no queremos ser parte de un show mediático".
Con once proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión.
Entre las iniciativas más relevantes, el Frente de Izquierda presentó un pedido de interpelación para el propio Javier Milei, mientras que Encuentro Federal impulsa citar a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. A su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete. Además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.
Respecto a la publicación que realizó el presidente Javier Milei el viernes 14 de febrero para "difundir" la criptomoneda $Libra, Francos marcó que "mucha gente no ha tomado conciencia de que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente".
"En la década del 90 la comunicación era diferente, una cámara de televisión era la forma de comunicarse con el electorado. Hoy es distinto, hoy uno lanza un tuit o un X. El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, entonces es difícil decirle al Presidente -que tiene esa forma de comunicación directa con el electorado- que lo abandone. Es la forma en que ha llegado a ser presidente de la República", afirmó el jefe de Gabinete.
Y aseguró que Milei "tiene perfectamente claro que es presidente las 24 horas", aunque señaló que "dijo que lo había tuiteado de su cuenta personal de economista".
Respecto del DNU que fue publicado en las últimas horas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos aseguró que será enviado "de inmediato al Congreso para que lo trate como corresponde, seguramente hoy".
"Hay un procedimiento que empieza por la bicameral", detalló el funcionario y consideró que "ese DNU tiene fuerza de ley mientras no sea rechazado por ambas cámaras". Aunque manifestó que no cree que eso pase porque el decreto "tiene una larga fundamentación histórica" donde se remonta a otros DNUs "que existieron antes en relación al FMI y este no se aleja de lo que se ha tratado antes".
También apuntó a la "famosa ley Guzmán", presentada por el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, que "tenía una cláusula que decía que todos los acuerdos posteriores tenían que pasan por el Congreso. Pareciera que está por encima de la Constitución porque limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución Nacional".
"El DNU establece la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establecen. Claramente dice que no se incrementa la deuda pública y se dice para qué se va a usar el desembolso: pagar vencimientos con el Fondo y pagar deuda del Estado con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del Tesoro no se va a incrementar", completó Francos.
Así lo había adelantado la semana pasada la Oficina del Presidente. El decreto de necesidad y urgencia con el Programa de Facilidades Extendidas establecido con el FMI fue publicado este martes en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El mismo fue publicado este martes en el Boletín Oficial y cuenta con cinco artículos, el primero de los cuales establece que el Programa de Facilidades Extendidas celebrado con el FMI tendrá un plazo de amortización de diez años.
Según establece el texto conocido, el crédito otorgado por el organismo encabezado por Kristalina Georgieva será destinado a la cancelación de las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina; como así también las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, cuyo vencimiento opere dentro de los 4 años de la suscripción del acuerdo.
El DNU no da mayores detalles sobre el acuerdo, fundamentalmente el monto establecido.
El presidente de la Nación adelantó el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa que su gobierno está avanzando “en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”.
En esa oportunidad informó que en los próximos días le pediría al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En rigor, así lo establece la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que en su artículo 2° dice que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Como se ve, la norma habla de una ley y no un DNU, como lo que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, por lo que previsiblemente la oposición reaccionó de manera crítica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el uso de la facultad del Poder Ejecutivo de apelar a un DNU con el argumento de que enviar un proyecto al Congreso “demoraría” el avance porque “en el Senado hay mayoría kirchnerista”.
El titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de que la Cámara de Diputados apruebe el decreto una vez que sea tratado en el recinto. En caso de que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo no convoque el tratamiento del DNU, el mismo podrá ser llevado al recinto de cualquiera de las dos cámaras trascurridos los diez días hábiles desde su ingreso.
No obstante, con la sola aprobación de una cámara, el DNU quedará vigente, pero requiere del rechazo de ambas para su derogación. Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei fue el primero desde la sanción de la Ley 26.122 (marco normativo de los DNU) al que el Congreso le derogó un decreto cuando en septiembre pasado el Senado (primero Diputados en agosto) hizo caer el DNU 656/24, por el cual se asignó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El temporal en Bahía Blanca que conmovió al país logró el milagro de distraer por un rato la escalada propiciada por la Rosada contra Axel Kicillof, el enemigo deseado. Qué hay de cierto en el baño de sangre por la inseguridad. En su laberinto, el Congreso decide si le marca límites al Gobierno.
Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.
Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri -la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.
Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.
Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.
Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).
Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.
El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.
Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.
¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.
Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.
Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni -a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.
El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.
La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.
En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.
Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.
Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.
Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.
Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025
Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.
El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”.
Dicen que el que avisa no traiciona.
La noticia se conoció este jueves a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se aclara que será un decreto lo que mandará al Congreso. Qué había dicho el presidente el sábado.
La Oficina del Presidente informó este jueves que se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lugar de buscar aprobar una ley, como se esperaba a partir de los dichos de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
No obstante, el Gobierno aclaró que de esta manera está cumpliendo con el compromiso del presidente formulado en la apertura de sesiones ordinarias. “Se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dice el proyecto que agrega que dicho acuerdo “implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”.
“El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, remarca la Oficina del Presidente.
Agrega el comunicado que este acuerdo “permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y liberación de las restricciones cambiarias”.
“No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, puntualiza la Oficina del Presidente.
El texto continúa reafirmando la intención de “convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado”. Agregan que ello constituye “una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas”.
“Es por esto que el presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico”, concluye el comunicado.
Qué dijo el presidente el sábado
En su presentación ante la Asamblea Legislativa, el presidente sostuvo el 1ro de marzo que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Y agregó: “Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos, y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con los consecuentes mejores salarios, que implican menor cantidad de pobres e indigentes”.
El presidente de la CC y diputado nacional denunció que “se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y les pidió a los senadores que “dejen de jugar a las escondidas y que tengan una oposición a la designación de Lijo y a este procedimiento”.
El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.
“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".
En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.
Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.
Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.
Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.
“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.
La medida, que se trata de modificaciones en la Ley 25.938, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo habilitó que las fuerzas de seguridad puedan reutilizar armas decomisadas "para reforzar la lucha contra el crimen, sin generar mayores dispendios presupuestarios", según el decreto de necesidad y urgencia 103/25 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
"El Gobierno nacional ha asumido frente a la ciudadanía un compromiso de austeridad y reducción del déficit fiscal, frente a lo cual el aprovechamiento óptimo de los recursos representa una contribución importante en orden a ese objetivo", se señaló en los considerandos.
Además, en los argumentos del decreto se sostuvo que "durante años se han acumulado o destruido miles de armas en perfectas condiciones de utilización; muchas de ellas compatibles con las utilizadas por las citadas fuerzas".
"Resulta necesario extremar los recaudos con el fin de lograr la trazabilidad óptima de las armas y evitar su malversación o extravío", se agregó y se insistió que "la reutilización de las armas decomisadas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales no sólo incrementa sus capacidades operativas, sino que permite evitar un gasto innecesario en la compra de nuevo armamento, lo cual se alinea con los principios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos estatales".
El nuevo artículo 5 de la Ley 25.938, sobre el depósito definitivo de las armas, indica que "concluida la causa o las actuaciones administrativas, o cuando el estado del trámite lo permita, la autoridad interviniente deberá disponer, en el más breve plazo, la remisión de los materiales involucrados a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para su depósito definitivo y el inicio de los trámites destinados a disponer su destrucción o su entrega a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para su uso exclusivo".
Y añade que el Ministerio de Seguridad "resolverá el destino de los materiales, el cual solo podrá ser utilizado por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, así como las reglas de trazabilidad del armamento y toda medida de seguridad necesaria para ordenar el traspaso”.
En tanto, en el artículo 7 se expresa que "la utilización con fines de interés público solo podrá tener como destinatarios del material a las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales".
El decreto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial. En los próximos días, el presidente irá a la asunción de Donald Trump.
Se publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 17/2025, por el cual se autoriza al presidente Javier Milei a ausentarse del país, cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente a este año. Un similar DNU al que se dictó en enero del año pasado (50/2024).
"Las sesiones ordinarias del H. Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2024, y actualmente no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional", expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos.
La autorización a los viajes al exterior de Milei formaba parte del temario que el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado para el mes de diciembre y no fue. Sin embargo, el proyecto tampoco fue girado al Congreso.
En el DNU, el Gobierno señaló que el presidente "es el Jefe de Estado de la República Argentina, y su actuación en tal carácter pone de relieve la imperiosa necesidad de representar al Estado Nacional en el ámbito internacional". "Esa tarea resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones", se agregó.
Y se recordó que entre el 17 y 24 de enero, Milei participará de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y del Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad de Davos, Suiza.
"Resulta imperativo que, hasta tanto se sancione la ley que otorgue el permiso para que el titular del Poder Ejecutivo Nacional pueda ausentarse del territorio de la Nación, se adopten las medidas constitucionalmente habilitadas para que el presidente de la Nación pueda desenvolverse en su calidad de Jefe de Estado", se completó.
Legisladores de distintos bloques aseguran que se trata de un decreto "inconstitucional" por tratarse de materia tributaria, a partir de la extensión también del impuesto a los pasajes al exterior.
Uno de los primeros DNU del año firmado por el presidente Javier Milei fue el que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 y, con ello, el impuesto de un 7% a los pasajes aéreos y marítimos al exterior.
Por incluir una cuestión tributaria detrás, varios legisladores de la oposición salieron a rechazar que el Poder Ejecutivo haya tomado la medida por esa vía.
Desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para declarar al DNU 4/25 "nulo de nulidad absoluta e insanable" por "falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".
En los fundamentos de la iniciativa encabezada por Juan Manuel López, los legisladores explicaron que "una de las particularidades del impuesto a los pasajes al exterior es que fue concebido como una fuente de financiamiento con el único objetivo de integrar el Fondo Nacional de Turismo, de modo tal que la vigencia de dicho impuesto quedó ligada directamente con la vigencia del Fondo. De esta manera, el vencimiento del Fondo Nacional de Turismo implicaba, de forma automática, el vencimiento del impuesto".
"Por tal motivo, la prórroga del Fondo Nacional del Turismo dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el DNU N° 4/2025, en realidad, tuvo por finalidad producir la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025", señalaron.
Y, en ese sentido, manifestaron que "es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad, al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3 del artículo 99 de nuestra ley fundamental".
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, también presentó un proyecto para rechazar el decreto y declarar su nulidad.
"Una vez más el titular del Poder Ejecutivo desafía a este Congreso Nacional a través de una norma que, claramente, es violatoria de las limitaciones que le impone la propia Constitución Nacional y la vigencia del Estado de derecho democrático y republicano y la división de poderes", apuntó.
La bonaerense remarcó: "Hemos advertido reiteradamente sobre la maniobra del oficialismo para clausurar el debate del Congreso sobre el Presupuesto y la decisión de prorrogar el del año anterior, lo que materializó a través de un decreto. La intención era, sin duda, el manejo discrecional de los recursos públicos y la decisión de gobernar por decreto, invalidando la función propia del Poder Legislativo".
También desde EF presentó un proyecto el socialista Esteban Paulón, quien propone el rechazo del decreto porque "dispone medidas en materia tributaria que son facultades exclusivas del Congreso". A su vez, el santafesino presentó otra iniciativa para prorrogar por ley la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2034, algo similar a lo planteado por Ana María Ianni, de UP.
Las razones por las cuales el 4/25 no debería tener validez, al contener un tributo.
En 2014, mediante la Ley de Presupuesto 2015, se prorrogó por 10 años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo.
Ese Fondo recibe financiamiento por distintas vías. Una de ellas es "el 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional".
La vigencia del Fondo venció el 5 de enero de 2025.
Si la intención del Gobierno libertario era prorrogarlo, debió haberse incluido en la nueva Ley de Presupuesto, que el presidente Javier Milei decidió no tener por segundo año consecutivo.
O, en todo caso, enviar un proyecto de ley específico para ser aprobado en el Congreso.
En lugar de buscar una ley, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/2025 (publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial) Milei y todos sus ministros prorrogaron el Fondo del Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Ese DNU es groseramente inconstitucional, porque el Fondo contiene el tributo del 5% sobre el precio de los pasajes, cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar por DNU en materia tributaria.
En efecto, el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional autoriza el uso de DNU cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".
El régimen libertario argentino empieza este año del mismo modo que terminó el anterior: con sesgo autocrático y fisura en la institucionalidad republicana.
Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que el financiamiento de dicho fondo es a través de impuestos y, por tanto, el decreto sería "nulo de nulidad absoluta e insanable".
Scioli celebró en sus redes la temporada en Mar del Plata
Además del DNU por el cual se disolvió la Administración General de Puertos, en el Boletín Oficial de este lunes se publicó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se prorroga el Fondo Nacional de Turismo hasta diciembre de 2027.
Al resaltar que dicho fondo está financiado por impuestos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) advirtió que el decreto sería "nulo de nulidad absoluta e insanable" por las materias que tiene vedadas en la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo para dictar un DNU, entre ellas la tributaria.
"Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos", posteó el legislador en su cuenta de X, mencionando al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien durante el fin de semana se mostró satisfecho por la temporada en la Costa Atlántica.
Ferraro señaló que "el Gobierno nacional acaba de oficializar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 4/2025, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, creado por la Ley 25.997, sigue financiándose con impuestos que encarecen los pasajes aéreos y marítimos, golpeando directamente el bolsillo de los argentinos".
"La Secretaría de Turismo, bajo el control del 'multifacético' Daniel Scioli, será la encargada de administrar este fondo millonario. En vez de eliminar impuestos abusivos que convierten al turismo en un lujo inalcanzable para muchos, el Gobierno prefiere alimentar una estructura que sigue beneficiando a quienes manejan los recursos, dejando al ciudadano común afuera", cuestionó el porteño.
En esa línea, consideró que "es preocupante que, en lugar de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos, se prorrogue un impuesto del 7% y un fondo que incrementa los costos de viajar, beneficiando directamente a quienes controlan estos recursos".
Por último, remarcó: "Señores, han vulnerado una materia expresamente vedada por nuestra Constitución. No pueden dictarse DNU en materia penal, tributaria ni electoral. Estaríamos ante una flagrante violación del artículo 99, inciso 3, por lo que sería nulo de nulidad absoluta e insanable".
En el mismo sentido se sumó el jefe del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López: "DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año. Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste Daniel Scioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior".
DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año.
Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste @DanielScioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior.
Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido, no les suena el “no taxation without representation”@fedesturze decía… pic.twitter.com/sU9Bj6hxg5— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 6, 2025
El DNU salió publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y todos los ministros. Por otra parte, se prorrogó el Fondo Nacional de Turismo.
A través del decreto de necesidad y urgencia 3/2025 quedó oficializada este lunes la disolución de la Administración General de Puertos SAU, que pasará a ser la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
En la medida publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, se dispone la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte.
"Dispónese la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, continuando vigente su intervención a estos exclusivos efectos", reza el artículo 2 del DNU.
A su vez, se crea la ANPYN en el ámbito del Ministerio de Economía, como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
La Agencia estará "a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado y será secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional", se indica. Los mandatos durarán cuatro años.
"A lo largo de los últimos años la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias", sostuvo el Gobierno en los considerandos.
En ese sentido, agregó que "las referidas circunstancias generan un importante costo para el Estado Nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del Tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita".
"Las distintas medidas adoptadas por esta gestión de gobierno tienen por objeto ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan, procurando la eficiencia organizacional de las estructuras burocráticas de la Administración Pública Nacional centralizadas, descentralizadas y de las empresas del Estado", argumentó.
También se señaló que la medida está amparada en las facultades que se le delegaron al PEN a través de la Ley de Bases (27.742).
Prórroga al Fondo Nacional de Turismo
Por otra parte, en el Boletín Oficial de este lunes fue publicado el decreto de necesidad y urgencia 4/2025 por el cual se prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, constituido por el artículo 24 de la Ley 25.997.
"Dada su inminente caducidad, resulta necesario prorrogar el plazo de que se trata hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive", dispuso el Gobierno sobre un fondo que se encuentra bajo la competencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli.
La diputada nacional Vanina Biasi presentó un proyecto para anular los decretos 1107 y 1112 del Ministerio de Defensa que autoriza al ejército a intervenir con “represión interna, frente a potenciales amenazas o agresiones”.
La diputada nacional Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto de ley para anular los decretos 1107 y 1112 que el gobierno los cuales autorizan el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad interior.
Biasi declaró: "El combo represivo de los decretos 1107 y 1112 abre paso a que las FFAA y el ejército intervengan en la represión interna, frente a ‘potenciales amenazas o agresiones’ definidas por criterio arbitrario del propio gobierno”.
“Se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir ‘Objetivos de Valor Estratégico’ (edificios, rutas, calles) que serán custodiados por las FFAA. Esa carta podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo”, criticó.
La diputada de izquierda preguntó: “¿Quién define qué es una ‘amenaza’ y el despliegue de las FFAA? Milei y sus ministros, especialmente Bullrich: la responsable del asesinato de un bagayero por parte de la gendarmería en nombre de “combatir el narcotráfico” y la que califica de "terroristas" a luchadores populares”.
La diputada continuó: "Estos decretos, que violan la ley de Seguridad Interior, también legalizan la posibilidad de dictar un estado de sitio sin pasar por el Congreso. En síntesis: más facultades represivas para un "Estado presente" de la Gendarmería, el Ejército y las FFAA".
"Un Congreso que no reacciona frente a esto, es un Congreso que delegó sus funciones legislativas en un gobierno de ajustadores y represores: un parlamento de ciencia ficción. Sin la colaboración de los bloques capitalistas, Milei no podría imponer esta ofensiva. Milei, (Patricia) Bullrich y Luis Petri quieren un pueblo aterrorizado para profundizar el ajuste y el hambre de millones de trabajadores y jubilados. Más que nunca, enfrentemos toda la agenda represiva y anti obrera de Milei en las calles", concluyó Biasi.
Se publicó este miércoles en el Boletín Oficial una readecuación del plan de gastos y recursos. Entre las medidas, se destinan fondos para la SIDE y la ANSeS.
El Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto. Se trata del plan de gastos y recursos que había sido proyectado para 2023, luego se prorrogó durante todo este primer año de gestión de Javier Milei y así continuará, ante el no tratamiento de la “ley de leyes” para el año próximo.
A través del decreto de necesidad y urgencia 1104/24, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”.
“La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, agregó en los considerandos.
Entre las medidas, se dispone una readecuación del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, “reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto N° 656 del 19 de julio de 2024”, el cual le otorgaba al organismo 100 mil millones de pesos y fue rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Por otra parte, se incrementan partidas para la Agencia de Administración de Bienes del Estado; la Administración de Parques Nacionales; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; el pago de sentencias judiciales previsionales de las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas; y la ANSeS, entre otros.
En tanto, se incorpora “la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros” y se establece que la Secretaría de Obras Públicas “deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional” por un billón de pesos.
“Es menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”, agrega otro de los párrafos.
Uno de los artículos del DNU amplía en 100 mil millones de pesos “el importe máximo de colocación de los bonos de consolidación décima serie”; mientras que otro dispone que durante el ejercicio fiscal 2025 “los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas al sector público nacional” y “los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda”.
“Dispónese que durante el Ejercicio Fiscal 2025 los pagos de los servicios de amortización de capital y el 60% de los servicios de intereses de las letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, en cartera del BCRA, serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos emitidos a la par, a 5 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, y que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA”, reza otro de los artículos.
Este martes se publicó en el Boletín Oficial un DNU que por el cual quedó sin efecto la norma que venía prorrogándose desde 2009.
A través del DNU 1083/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso fin a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (N°26.160), sancionada en 2006 y que venía prorrogándose desde 2009 por distintas leyes y siendo la última vez mediante un decreto que también se derogó con esta medida adoptada.
De esta manera, se dejó sin efecto el DNU 805/21, por el cual el gobierno de Alberto Fernández había extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025.
“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1° de la Ley N° 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”, estableció el Poder Ejecutivo.
Desde su perfil de la red social X, el jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, destacó la decisión: “Como vengo advirtiendo desde hace muchos años públicamente, incluso con la presentación de proyectos de ley que fueron duramente criticados, la entrega arbitraria de tierras a pueblos pseudo-originarios fue otra muestra de la demagogia que solo generó conflictos y violencia en todo el país”.
“Esta derogación restaura la vigencia del derecho de propiedad, violado por concesiones estúpidas del gobierno anterior. Un gobierno indigenista que avalaba las usurpaciones violentas”, cuestionó el legislador.
Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho advirtió que “el Gobierno acaba de poner fin por decreto a la emergencia en tierras indígenas. ¿Por qué es importante? Porque las comunidades siguen viviendo SIN derechos básicos, sin el reconocimiento de su tierra y expuestas a desalojos violentos”.
“La ley de 2006, prorrogada desde entonces y derogada ahora por (Javier) Milei, relevaba y protegía a las comunidades. Ahora, el gobierno habilita operativos de desalojo en los territorios donde familias enteras viven y trabajan la tierra”, explicó.
En ese sentido, la opositora enfatizó que “esto es parte del plan de miseria y entrega de las tierras indígenas a los negocios inmobiliarios. Son malos con los indígenas, los pobres, los pibes y los viejos. Pero con los narcos y evasores se comen los mocos. Así son los cagones que nos gobiernan”.
“Atento con esto: suspenden la ley 26.160 de emergencia sobre desalojos de territorios indígena. Tomando el reclamo de los terratenientes, empresarios inmobiliarios, mineros, forestales, etc. Avanzan sobre el reclamo histórico de los pueblos indígenas sobre su territorio. La negación del gobierno sobre los pueblos originarios ahora se expresa en negarles derechos”, fue el mensaje del diputado del FIT Alejandro Vilca.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que esta emergencia “ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores” y que, además, “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.
“Desde la sanción de la Ley N° 26.160 y sus sucesivas prórrogas se han incrementado notoriamente las inscripciones de las supuestas comunidades, con prodigalidad en los reconocimientos” y “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, agregó el Gobierno, que precisó que desde ese momento “se pasó a tener 1.626 comunidades reconocidas al día de la fecha”.
También apuntó que “el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, bajo el amparo de la Ley N° 26.160 y sus respectivas prórrogas, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”.
“Como es de público conocimiento, el conflicto en el sur de la República Argentina creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”, sumó el PEN.
Y afirmó que “no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que, más bien, su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno”.
El diputado de Encuentro Federal, uno de los bloques impulsores de la sesión caída de este martes, sostuvo que “la Ley 26.122 de DNU es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.
El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.
En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.
“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.
El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.
“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.
El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.
Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.
“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.
La legisladora radical justificó la decisión de no dar quórum para la sesión pedida por la oposición para avanzar contra la reglamentación vigente contra los DNU.
Para la secretaria Parlamentaria de la bancada radical, Soledad Carrizo, “responsabilidad y coherencia” son “las 2 grandes ausentes con aviso en la sesión de hoy”.
La diputada cordobesa recordó que la Ley 26.122 que regula el trámite de los DNU fue sancionada en julio de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hoy lleva más de 18 años de vigencia. Durante ese período, transcurrieron 13 años de mandatos presidenciales kirchneristas, con mayorías propias en el congreso, y que aun así dictaron cerca de 330 DNU. Es una incoherencia que hoy, sus mismos autores se escandalicen por el uso desmedido de los DNU”.
Así las cosas, anunció que este martes no daría quórum en la sesión porque “no creo que la solución sea bloquear la gestión de un gobierno sin mayorías parlamentarias. Eso sería quitar capacidad de negociación de deuda, algo que todos los presidentes han tenido. En este caso, cambiar las reglas de ejercicio de los DNU es anular al Ejecutivo”.
Para Soledad Carrizo, “el país necesita control y diálogo político, pero principalmente gestión. No estoy de acuerdo con el abuso de los DNU, pero menos estoy de acuerdo en seguir cambiando reglas por enojo”.
“Hoy la preocupación del Congreso debe estar puesta en tratar la ley de presupuesto, generar una agenda de trabajo común, y sostenida en el tiempo”, concluyó.
Al explicar la postura decidida por su bancada, el jefe radical recordó que todos los gobiernos se sirvieron de la ley que reglamenta los DNU, por lo que consideró que “la doble vara no se concilia con lo republicano”.
El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, justificó la decisión de ese espacio respecto de la sesión pedida por la oposición para este martes cargando contra el kirchnerismo, al que acusó de simular “preocuparse de la institucionalidad”.
En un extenso posteo en la red social X, De Loredo dijo que la mayoría de su bloque resolvió “no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”.
“El kirchnerismo simula preocuparse por la institucionalidad, pero están tendiendo una trampa dañina para los argentinos. La reforma de los DNU es necesaria, porque los decretos están reglamentados por una mala ley que impulsó el peronismo allá por 2006”, sostuvo.
De Loredo admitió que “es un despropósito que un DNU, que tiene la misma fuerza que una ley, requiera menos requisitos para su vigencia. Una ley necesita la aprobación de dos cámaras; un DNU, que no lo rechacen ambas cámaras. Deberían equipararse. No hay mayor discusión en eso”.
Sin embargo aclaró que “la cuestión es cuándo hacerlo. Cristina Kirchner, en sus dos gobiernos, y Alberto Fernández, tuvieron mayoría en ambas cámaras y sin embargo utilizaron los DNU (78 y 177, respectivamente), amparados en esa ley que ahora irrita a los kirchneristas. Todos los gobiernos se sirvieron de esta herramienta”.
En ese marco, De Loredo advirtió que “a este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva, en comparación de sus antecesores, incluido el de Mauricio Macri. La ‘doble vara’ no se concilia con lo republicano”.
El jefe radical planteó que “tenemos muchas diferencias con este Gobierno. Somos críticos de su desenvolvimiento institucional, de su ataque a la prensa, de su violento discurso y su maniqueo relato histórico”, pero advirtió que “cambiarle súbitamente las reglas de juego solo a él no haría más que justificarlo”.
“Habiéndonos opuesto a su licuadora previsional y universitaria no es responsable tomar medidas que den señales que afecten los incipientes logros de estabilidad económica”, remarcó De Loredo, que reivindicó finalmente: “Autores este año de la reforma laboral y la esencialidad educativa, le exigí al Gobierno que deje de pisar nuestra iniciativa de reforma sindical. Nuestra posición, una vez más, es de responsabilidad frente a la fragilidad que se vive en nuestro país”.
La oposición se ilusiona con asestarle al Gobierno de Javier Milei un traspié, aún a sabiendas de que ello podría traer consecuencias. El oficialismo hizo todo lo posible para doblegar voluntades y conseguir frenar la sesión, aunque los opositores llegan a esta jornada cargados de optimismo.
Con una composición distinta por la reciente ruptura del bloque radical, provocada tras el cisma en el bloque radical, que terminó fortaleciendo a la oposición más dura, la Cámara baja volverá a abrir las puertas del recinto este martes. Allí, ese renovado espacio opositor frente al Gobierno de Javier Milei se encontrará con el desafío de conseguir -o no- su primer éxito legislativo.
El primer objetivo que se proponen alcanzar será conseguir el quórum para la sesión que pidieron la semana pasada. Si eso se logra, está claro para propios y extraños que el resto será cuestión de esperar que transcurra la sesión, pues el triunfo estaría prácticamente garantizado.
La sesión pedida por miembros de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Por Santa Cruz, es para debatir la reforma de la Ley 26.122 que en 2006 reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, como así también se debatirá el DNU 846/24 referido a los canjes de deuda.
El Gobierno se enfrascó los últimos días a la intensa tarea de tratar de desactivar la sesión, sobre todo presionando sobre los gobernadores. No es fácil y lo saben, pues existe un número importante de legisladores dispuestos a ir a fondo para asestarle una doble derrota al Gobierno este martes. Desde el oficialismo hicieron saber que esta sesión “atenta” contra la solidez financiera del Gobierno, como así también conspira contra todo lo conversado hasta ahora entre el oficialismo y los gobernadores sobre el presupuesto.
Muchos dan por descontado que una eventual derrota de La Libertad Avanza este martes, condenaría al fracaso al proyecto de presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión se encuentra interrumpido desde hace dos semanas.
Si bien se había especulado con un endurecimiento del principal aliado del oficialismo, el Pro, este lunes por la tarde se acordó en el partido amarillo no dar quórum para esta sesión, con la premisa de “no poner en riesgo la gobernabilidad”. “No vamos a votar con el kirchnerismo”, se remarcó y la postura establecida en la reunión de la que participaron Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el jefe de bancada de Diputados, Cristian Ritondo, y sus pares Diego Santilli y María Eugenia Vidal; y los intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Esa postura fue reconfirmada en la reunión posterior del bloque, que tuvo lugar a partir de las 19.
Otro bloque que tomó una decisión este lunes fue el radical, que conduce Rodrigo de Loredo. En el marco de un encuentro por Zoom al que no fueron invitados los cinco radicales más cercanos al Gobierno, por haber malestar en el resto del bloque porque aquellos adelantaron públicamente su posición sin esperar a una resolución del bloque, se informó que los gobernadores sostienen que el presupuesto es el tema central y no quieren que nada enturbie ese debate.
Por eso decidieron no dar quórum y, si arranca la sesión, no votarán con el resto de la oposición, dado que ha primado en ese espacio la idea de “no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos” a gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Con todo, habría al menos una postura divergente, que es la de Julio Cobos, quien el fin de semana sostuvo que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”.
Las presiones del Gobierno alcanzaron también al bloque Unión por la Patria, a sabiendas de que con los que pudieran conseguir entre los ex Juntos por el Cambio no alcanzan. El éxito o no de estas negociaciones se conocerá promediando la tarde.
Así fue acordado en la reunión del bloque que conduce Rodrigo de Loredo, donde se habló de qué postura adoptar este martes en el recinto. Molestia con los radicales “con peluca”.
De cara a la trascendental sesión especial convocada por parte de la oposición para este martes a partir de las 15, los bloques han ido definiendo en las últimas horas cuál será la postura que adoptarán en el recinto, donde si se alanza el quórum, se va a debatir la reforma a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, de canje de deuda.
Horas después de que el Pro resolviera su postura en una reunión que mantuvieron con su presidente, Mauricio Macri, y otras encumbradas figuras del partido, el bloque radical mantuvo su propia reunión, al caer la tarde. En rigor, fue una reunión virtual, ya que a raíz del asueto en el Congreso con motivo de celebrarse este lunes el Día del Empleado Legislativo, se resolvió que la reunión prevista se hiciera por Zoom.
Según pudo saber este medio, no fueron invitados los cinco diputados que quedaron alineados en las últimas sesiones con el Gobierno nacional, coloquialmente ya conocidos como los “peluca”, y quienes fueron el factor desencadenante de la ruptura del bloque UCR. La razón por la que no se los invitó es que habría “un gran malestar” con ellos por haber anunciado de antemano públicamente su posición respecto de esta sesión, sin haberla conversado antes dentro del bloque radical.
En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, informó que había hablado sobre esta sesión con los gobernadores de su partido. Estos señalaron que el Presupuesto 2025 es “lo central” y expresaron que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y las negociaciones en marcha.
Así las cosas, se resolvió que no darán quórum a la sesión prevista para las 15.
Según informaron fuentes consultadas del partido centenario, durante la reunión se escucharon muchas opiniones respecto de la Ley 26.122 y los dictámenes para modificarla. Recordemos que la propia Karina Banfi es autora de uno de los dictámenes que se llevarán este martes al recinto. También se habló del decreto 846, de canje de deuda. Y lo que primó fue la postura de no someter al Gobierno elegido hace menos de un año a “estándares no impuestos a Cristina Kirchner, o al propio Mauricio Macri”.
De tal manera, se estableció que las reglas de juego deben cambiar hacia adelante, no ahora. “Adelante”, debería ser tomado como después de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo pueda fortalecer, en caso de irle bien en las elecciones, su presencia parlamentaria.
Con todo, la postura no es unánime, ya que el mendocino Julio Cobos insistió en mantener su postura revelada el fin de semana respecto de la necesidad de cambiar la ley que rige los DNU.
La presión oficial sobre los gobernadores desde que la oposición pidió la sesión de este martes fue muy intensa, pero los números son difíciles de revertir. La alternativa que, al final del día, podría mitigar el impacto del resultado.
Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.
Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.
Las mayúsculas corresponden a su cuenta de la red social X.
Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).
A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).
Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.
De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.
También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.
Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.
De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.
El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.
Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.
A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.
A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.
Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.
Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.
Contrapunto por la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia que la oposición quiere aprobar este martes.
De cara a la áspera sesión que se espera para este martes, el presidente del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, salió a pegarle a la oposición que buscará este martes darle media sanción a la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU.
El cordobés escribió en su cuenta de X: “Así de hipócritas son los mismos de siempre”, y detalló la cantidad de DNU que aprobaron en su momento anteriores presidentes, a saber: Néstor Kirchner 270; Cristina Kirchner 76; Eduardo Duhalde 158 y Alberto Fernández 178.
“Los mismos que abusaron de los DNU ahora quieren modificar modificar la ley que los reglamenta solo para ponerle palos en la rueda a Javier Milei”, evaluó el jefe de la bancada oficialista, para quien los opositores “están obsesionados con que el país fracase. Lo único que les importa son sus negocios. La gente no les interesa”.
El que salió a contestarle es el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, bancada que no convocó a sesionar, pero cuyas presencias se esperan en esta sesión. El diputado le pidió a su colega que “digamos todo” y citó los 47 DNU que firmó Javier Milei en 11 meses. Y agregó que este presidente “contó con la aprobación y tratamiento del 100 % de las Leyes que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso. (Bases, Blanqueo, Ganancias, Banco de Datos Genéticos, Juicio por Jurado, Reincidencia, Régimen Penal Juvenil, Armas)”.
Bornoroni le aclaró que “todos los DNU dictados por el Gobierno fueron para ordenar la situación económica y fiscal desastrosa que nos dejaron. Mirá si habrán sido importantes esos DNU que bajamos la inflación a un 3% mensual”.
“Igual de importantes fueron todas las leyes que vos citas. Sería bueno que volvamos a discutir leyes que le resuelvan problemas a la gente y que dejemos de discutir la agenda de la política que solo quiere poner palos en la rueda”, agregó Bornoroni, que cerró así: “Al final del camino, es la misma gente la que le va a picar el boleto a los políticos que solo se dedicaron a boicotear mientras algunos nos pusimos a arreglar el país”.
Habló de asimetrías, abusos y la urgencia de cambiar la norma ahora, que existe una mayoría en condiciones de hacer algo que a su juicio servirá para “fortalecer la democracia”.
Mientras propios y extraños hacen números pensando en la sesión pedida por la oposición para este martes en Diputados, habrá que sumar al radical Julio Cobos, quien este domingo detalló porqué es necesario aprobar uno la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia.
“La Constitución Nacional establece el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, basado en la división de poderes. Ningún poder puede arrogarse para sí atribuciones de otro. Esto da un marco institucional y equilibrio a la democracia”, arrancó en un extenso hilo de la red social X, donde arrancó citando la excepcionalidad. “La Constitución Nacional también contempla casos en dónde el presidente puede ejercer atribuciones legislativas: cuando el Congreso le delega facultades, o cuando emite un decreto. En Argentina vivimos de emergencia en emergencia, esto permite al Poder Ejecutivo solicitar facultades delegadas”, planteó.
Al hablar de “la asimetría”, Cobos señaló que “los DNU tienen el mismo efecto práctico que una ley, pero menos exigencia: para su validez sólo se requiere la aprobación de una de las cámaras, e incluso son válidos si ninguna los trata. El DNU es un atajo que saltea los pasos virtuosos del camino de una ley”.
Así las cosas, se refirió a “los abusos”. Recordó que entre 1853 y 1989 se emitieron 25 decretos. Los 35 años restantes (de Menem a la actualidad) se emitieron 1.418 DNU. “La normalización de la excepcionalidad desvirtuó el objetivo y los límites del instrumento”, concluyó el legislador radical.
Recordó entonces que la propuesta de la oposición es “corregir la ley”, de modo tal que para tener validez un DNU deberá contar con la aprobación de ambas cámaras; más allá de otros cambios como por ejemplo si los DNU abordan más de dos temáticas (como el DNU 70/23) permitir el rechazo a la aprobación parcial.
Se refirió luego a “la urgencia”, advirtiendo que “por comodidad del gobernante de turno o por la imposibilidad de construir las mayorías necesarias, se pospuso durante años la modificación de la ley que regula los DNU. Hoy esa mayoría es posible, hay que avanzar”.
Cobos se refirió entonces a la oportunidad, y enfatizó que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”. Resumió entonces en “menos discrecionalidad, más institucionalidad y equilibrio de poderes para fortalecer la democracia”.
Con un hasta ahora magro de la ley de leyes en la comisión, los tiempos se agotan, mientras el Gobierno insiste en que no convocará a extraordinarias. Al oficialismo le sienta bien gozar de la discrecionalidad que le permite ordenar los gastos sin necesidad de acordar con la oposición.
El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.
Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.
Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.
En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.
En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.
Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.
Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.
También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.
Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.
Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.
Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.
Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.
La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.
Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.
Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.
Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.
En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.
Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.
El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.
Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.
Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.
El misionero Martín Arjol anticipó en sus redes el voto en contra de la reforma de la ley de DNU. El diputado de la CC le enrostró: “Parece que algunos diputados han olvidado las palabras de Raúl Alfonsín como constituyente”.
El presidente de la CC y diputado nacional Maximiliano Ferraro le respondió a los “radicales peluca” que anticiparon su voto en contra de la reforma de la Ley de DNU en la sesión especial solicitada para el próximo martes.
“Acabo de leer el comunicado de la peluquería y considero necesario hacer algunas aclaraciones para no faltar a la verdad. Para ello, abordaré los tres puntos que dicen defender: equilibrio fiscal, gobernabilidad y respeto por las instituciones”, encabezó su posteo Ferraro.
El dirigente de la Coalición Cívica les recordó que “una de las principales batallas del gobierno de Cambiemos fue el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. Por eso, apoyamos el objetivo de equilibrar las cuentas nacionales y reducir la inflación”, pero enrostró: “No se puede ignorar el costo de alcanzar este equilibrio: una recesión sin precedentes, una pobreza que supera el 50 % y una situación en la que los jubilados, las clases medias, los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, la educación, el Hospital Garrahan y la respuesta integral al VIH y el desarrollo científico tecnológico no son prioridad”.
“Desde el espíritu de lo que representó Juntos por el Cambio, el ordenamiento fiscal debe ir acompañado de una firme protección de las reglas republicanas que constituyen nuestra institucionalidad”, indicó.
Ferraro remarcó que el Congreso “ha otorgado amplias herramientas al presidente Milei para llevar adelante su gobierno y ha aprobado o dado tratamiento a todos los proyectos enviados desde el Ejecutivo”, y planteó: “Con justa razón, entonces, la gobernabilidad no puede significar la validación de un abuso de las facultades constitucionales ni la erosión del rol legítimo del Poder Legislativo”.
“La Constitución de 1994, que reconoció los decretos de necesidad y urgencia, fue clara al señalar que su uso debe ser excepcional y no la norma”, precisó y les enrostró a los cinco radicales rebeldes: “Parece que algunos diputados han olvidado las palabras de Raúl Alfonsín como constituyente, cuando afirmó que ‘la duda debe resolverse interpretando de la manera más restrictiva posible las facultades presidenciales’”.
Arjol en su posteo afirmó que el presidente emitió tan solo cinco DNU en lo que va de su gestión. Pero, Ferraro le salió al cruce y lo desmintió: “El presidente Milei ha emitido, hasta la fecha, 47 DNUs casi diez veces más que los cinco mencionados en el comunicado. En sus primeros 100 días de gobierno ya había emitido 15 DNUs, igualando a Alberto Fernández en el mismo período”.
“Es cierto que todos los presidentes han abusado de este mecanismo, y por eso es un imperativo enmendarlo. Quienes nos opusimos en su momento a semejante atropello a las instituciones, y queremos poder mirar a los argentinos a la cara y no volver atrás, tenemos la obligación de mantener nuestra coherencia y reformar esta ley que desde hace años vulnera el espíritu de nuestra Constitución”, remató.
Se trata del misionero Martín Arjol, uno de los cinco “radicales con peluca”, quien aclaró que no son libertarios, sino que “quieren que al Gobierno les vaya bien”, y resaltó que “lo que menos nos importa” son los conflictos internos que traen estas posiciones dentro del bloque.
En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.
La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.
Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.
En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.
“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.
El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.
Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.
Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.
Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.
“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.
Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.
“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.
“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.
Advierten desde el oficialismo que la derogación del DNU 846 que intentará lograr la oposición pone en riesgo la estrategia financiera del Gobierno. Y anticiparon que esa convocatoria atenta contra las negociaciones del Presupuesto.
El presidente dio una señal al encargarse de presentar el Presupuesto 2025, aunque ahora hay dudas de que el texto vaya a debatirse en el recinto.
Las recurrentes referencias oficiales minimizando la importancia de contar o no con el Presupuesto 2025 despertaron inquietud en los últimos días dentro de la oposición, respecto de las verdaderas intenciones del Gobierno de aprobar la ley de leyes.
Hizo ruido esta semana el mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que afirmó que el Gobierno no piensa convocar a extraordinarias. Ya ese funcionario había relativizado el interés oficial por aprobar el Presupuesto, y en la entrevista a la que hacemos referencia volvió a mostrarse despreocupado por la posibilidad de que no llegue a avanzar el proyecto del Ejecutivo presentado el pasado 15 de septiembre. “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del Presupuesto actual”, dejó claro Francos.
Desde un primer momento la oposición más cercana al Gobierno tomó estas señales de “despreocupación” oficial como una estrategia de presión, a través de la cual dejaban claro que si desde la vereda de enfrente presionaban demasiado con cambios en el texto enviado por el Ejecutivo, no tendrían ningún problema en pegar el portazo.
Pero ahora se plantean desde esos sectores si realmente el oficialismo quiere tener el Presupuesto aprobado, o más bien prefiere lo contrario. A esta altura, hay muchos ya convencidos de esto último.
Llamó la atención desde el principio el cronograma planificado por el oficialismo para el tratamiento del proyecto, con reuniones semanales y espaciadas. Por caso, acaban de cumplirse dos semanas sin debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En rigor, se esperaba que esta semana no se reuniera la misma, por eso llamó la atención que se convocara para este jueves a una reunión a la que asistiría el ministro de Salud, Mario Lugones. Al final, la misma fue suspendida un día antes, “por razones de agenda”. Se desconoce si eso implica que ese funcionario vaya a concurrir la próxima semana, o si ya no irá. Pero lo cierto es que se esperaba que el próximo encuentro ya fuera para dictaminar, cuestión de llevar el texto al recinto la semana siguiente.
Aquellos que piensan que el Gobierno está “muy tentado” por prorrogar el presupuesto vigente dudaban igual de que por primera vez en la historia una administración optara por no aprobar la ley de leyes dos veces seguida, porque faltaba una buena excusa que justificara el portazo en cuestión. Parece que ahora la han encontrado.
La sesión de la discordia
No por esperado dejó de molestar a La Libertad Avanza el pedido de sesión de parte de la oposición para el martes que viene. El oficialismo planeaba convocar a una reunión para el miércoles próximo en la que tratarían la privatización de Aerolíneas Argentinas y ficha limpia. Dos temas de alto impacto que no dejaban margen para agregar uno más. Igual, sabían en cercanías de Martín Menem que la oposición se tomaría esta semana para juntar fuerzas y tratar de llevar al recinto la próxima el proyecto de reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.
Lo que no esperaban era que se incluyera un tema más para esa sesión especial, como es la derogación del DNU 846/24 que habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.
Un tema realmente sensible para el Gobierno, por cuanto mientras a la ley de los DNU el presidente Javier Milei ya adelantó que si sale la veta, el rechazo al decreto de canje de deuda sería garantía de una derrota catastrófica posterior en el Senado, donde se alcanzaría fácilmente el número para derogarlo.
Altas fuentes parlamentarias del oficialismo hicieron notar a parlamentario.com que “ningún diputado identificado con los gobernadores firmó” el pedido de sesión. Tampoco lo hizo el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtieron.
Para el oficialismo, “los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno”. Sucede que “cada gobernador negocia a qué obras se le asigna presupuesto, del total que prometió el Gobierno anterior sin plata”.
Las fuentes consultadas advirtieron que la convocatoria opositora a sesionar el martes que viene “atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”. Esta podría ser la señal que dé por tierra con el debate de la ley de leyes, advierten desde el espacio opositor.
La pregunta es ahora es si, ante tamaña situación planteada, la oposición, la oposición podrá reunir el número necesario para el quórum el martes que viene. Por ahora, sumando tan solo a los bloques convocantes, el número de diputados llega a 128. Sin contar a la izquierda, que sin duda se sumaría.
Pero dadas las circunstancias, habría que estar muy atentos a los diputados alineados con gobernadores para ver si el oficialismo logra neutralizar esa sesión, única alternativa para evitar una doble derrota en caso de que la misma arranque.
Diputados del bloque de Pichetto, el radicalismo díscolo y Unión por la Patria incomodan al oficialismo y convocan al recinto el próximo martes a las 15.
Diputados del bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo incomodan al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Además, con la expectativa de rechazarlo, el temario incluye el DNU 846/24 sobre canje de deuda.
Días atrás estos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.
Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.
El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar "un golpe de Estado".
El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.
Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.
Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: "Creemos tener todo en orden".
El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos "perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación".
Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario "las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".
Uno de los cambios centrales es que "el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.
Finalmente, el proyecto indica que "rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario".
Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiaera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.
Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después. El proyecto de "ficha limpia" para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos en las elecciones sería uno de los principales temas. En esa fecha podría confirmarse la condena contra CFK en la causa Vialidad.
Estará bajo la órbita de Presidencia, según se dispuso en un DNU publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Cifelli, el pasado 10 de octubre, en la Cámara de Diputados
El Gobierno nacional dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia 989/24 el traspaso de la Secretaría de Cultura: ya no estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano sino que dependerá directamente de Presidencia de la Nación.
En los considerandos de la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial se argumentó: “Con el objetivo de optimizar la gestión de gobierno resulta conveniente suprimir las competencias asignadas al Ministerio de Capital Humano en todo lo concerniente a la cultura”.
“La cultura es fundamental para el desarrollo social, en tanto promueve la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos, así como también fomenta la identidad y el sentido de pertenencia, lo que a su vez fortalece el tejido social, y tiene un impacto significativo en el desarrollo económico, a través de industrias creativas, turismo cultural y actividades artísticas que generan empleo y contribuyen al crecimiento sostenible”, se agregó.
En el DNU, el PEN consideró que “resulta conveniente readecuar el ámbito jurisdiccional de la Secretaría de Cultura actuante en el ámbito de dicho Ministerio, la que funcionará como Secretaría Presidencial”.
Así las cosas, son siete las secretarías que dependen del presidente Javier Milei: General; Legal y Técnica; Planeamiento Estratégico Normativo; Prensa; Inteligencia de Estado; Comunicación y Medios; y Cultura.
Actualmente, la Secretaría de Cultura está liderada por Leonardo Cifelli, quien protagonizó el pasado 10 de octubre una picante reunión en la comisión competente de la Cámara de Diputados.
El vocero presidencial apuntó contra la oposición que firmó el dictamen que modifica la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso: “Veremos cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra la oposición por el dictamen de reforma a la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNU del Ejecutivo: “Son movimientos estrictamente políticos que buscan complicarle el Gobierno a Milei”.
Desde Casa Rosada en su habitual conferencia de prensa fue consultado por los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que aún no tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado. En caso de que no prosperen, aseguró que “no hay ninguna determinación de que el Gobierno los termine designando por DNU en comisión, al menos por ahora”.
Por otro lado, fue interrogado por el dictamen que impulsa la oposición que regula los DNU y disparó: “Entendemos la absoluta minoría que tenemos en ambas cámaras. Con el 10% del Senado y el 15% de Diputados uno está expuesto a que ocurran este tipo de cosas, pero en muchos casos hemos logrado el entendimiento de una parte de la oposición para frenar este tipo de cuestiones que, entendemos, son movimientos estrictamente políticos que no buscan el fin real que tiene o debería tener cualquier norma en su texto, sino que lo que buscan es complicarle el Gobierno a Milei. Veremos cómo avanza y cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca”.
En esa línea, criticó: “Incluso en momentos donde los DNU nos encerraban o eran prohibitivos de nuestras libertades a nadie se le hubiese ocurrido hacer esto. Veremos cómo se desarrollan los hechos en materia legislativa”.
Sobre la reunión entre el Gabinete y gobernadores, sostuvo: “Está en línea con otras que ha tenido el presidente. Son habituales donde Milei explica cuál es la marcha del gobierno y hacia dónde vamos yendo y los próximos pasos que se van a dar y el porqué de algunas decisiones como por ejemplo del Presupuesto 2025”.
Al cierre, se refirió al pedido de rectificación que le hizo el diputado de UP Eduardo Valdés al presidente contra los diplomáticos tras la expulsión de la ex canciller Diana Mondino: “Es un tema de él y creo que puede dar una explicación, pero el presidente en ningún momento agravió a nadie. Solo dijo que, si encuentra a los responsables de lo que él considera una traición a la patria, serán separados de sus lugares. Esto va en línea con la carta que mandó el presidente de que la política exterior tenía que alinearse con lo que él diga. Estamos para empujar la agenda del presidente no otra”.
En el marco de la tercera reunión realizada para debatir el tema, se firmó el texto que habilitó su tratamiento en el recinto, que el oficialismo buscará dilatar. Hubo cuatro dictámenes.
La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.
Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.
El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).
Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de su aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.
El debate
Tras la exposición de los invitados que habían quedado pendientes de las dos jornadas previas, a la hora de la intervención de los diputados, abrió el juego la diputada de UP Mónica Litza, quien resaltó el “desafío” que era tratar la modificación de la Ley 26.122, que “vino a suplir una necesidad y un vacío que había respecto de la reglamentación de los DNU, que fue recogido por la Constitución de 1994”. Tras valorar esa ley que consideró muy importante, llegó hasta el presente, situándose en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei “nos sorprendió con el envío a esta casa de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos, donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada”.
Admitió que el dictamen que estaban presentando podía no ser “perfecto”, pero valoró la importancia de haberse puesto de acuerdo en cosas que consideró “importantes”. En ese sentido resaltó que estaban proponiendo que “ante el silencio de ambas cámaras se derogue el DNU”, y contra lo manifestado durante esa tarde por uno de los expositores, dijo que “el silencio nunca puede interpretarse en forma afirmativa, como hasta ahora”.
Respecto de los plazos, detalló las diferencias que había entre los múltiples proyectos puestos a consideración, habiéndose concluido en que fueran 90 días corridos los considerados. “Es muy importante haberle puesto un plazo”, enfatizó, como así también destacó la asimetría que existía entre el proceso de formación de las leyes y un DNU. “Para que una ley sea ley, necesita la aprobación de ambas cámaras; con el decreto de necesidad y urgencia pasa algo diferente: basta que una cámara lo apruebe para que sea vigente”, destacó.
“Corregimos eso y también si una cámara podía abocarse o tenía que esperar una convocatoria -agregó-. Lo saldamos. Ojalá que pronto podamos llevarlo al recinto y que se convierta en ley”.
Durante el plenario, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aclaró que firmó con disidencias el dictamen. "La corrección que se está haciendo es la que se debe hacer, pero es insuficiente", consideró.
"La Ley 26.122 no es buena. Y además es inconstitucional. Esto no es desde que gobierna Milei. El uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo. La ley ha sido funcional a todos los gobiernos. Ha permitido atrocidades y un deterioro muy grande de nuestra calidad institucional", observó.
Por su parte, el socialista Esteban Paulón, también miembro de EF, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene "mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados", pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.
En ese sentido, desafió a los legisladores que en el pasado "gritaban desde sus bancas" favor de "la República, la democracia y las instituciones". "Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme", agregó.
En un día especial, por cumplirse 41 años del retorno de los argentinos a la democracia, varios de los diputados radicales comenzaron sus exposiciones con esa referencia y, en particular, las expresiones que durante el día ya habían repudiado del presidente de la Nación, contra Raúl Alfonsín. Lo hicieron Fernando Carbajal, Cecilia Moreau y Karina Banfi, quien consideró “un agravio” los dichos de Mile, que atribuyó a “la ignorancia y los prejuicios”.
Respecto de su posición y el dictamen elaborado por el bloque radical, señaló que “tenemos que buscar ese equilibrio de los pesos y contrapesos que tienen los poderes. Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994 para evitar los excesos del presidencialismo”.
“Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, justamente para evitar los excesos del presidencialismo”, señaló, remarcando la intención de “normalizar los procesos legislativos, donde se necesiten las dos cámaras para aprobar un DNU, comprometiendo a la Comisión Bicameral con plazos, y darle una lógica a los procedimientos y tratamientos de múltiples materias”.
Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón enfatizó: "No podemos dejar pasar por alto la hipocresía". "Parece que tienen la memoria frágil", dijo al recordar que pasaron 12 años desde la reforma constitucional a la sanción de la ley para regular los decretos.
El libertario apuntó que esta reforma se da en un marco de "capricho de sectores del Poder Legislativo". A continuación, denunció una "obstrucción de la gobernabilidad del país" por un acuerdo de espacios opositores que serían "una alianza que en términos electorales jamás se hubiera pensado".
Visiblemente en contra de la reforma, Almirón acusó a la oposición de "ir en contra del cambio que votó la gente" por "egos, vanidades y ventajismo político". Confiado en las elecciones del año que viene, afirmó: "Vamos a ser nosotros mismos con mayoría los que modifiquemos las cosas que dejaron mal".
"No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido el veto, por hipócritas, mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", lanzó.
Para Fernando Carbajal, la 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.
“Y es lo que está haciendo Javier Milei, por lo que yo no me voy a poner acá en la posición del gran ético político, que lo censuro a Milei por tratar de mantener esa ley, porque sería un gesto de hipocresía política, porque quienes lo precedieron hicieron lo mismo”, advirtió. Eso sí, aclaró que ha cambiado la correlación de fuerzas, “y esto sí es consecuencia del libre juego de la democracia y las instituciones. Y le guste o no le guste a Javier Milei y a su partido, van a tener que aceptar que esta es la oportunidad histórica para mejorar el funcionamiento institucional”.
La voz de los invitados
Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la Ley 26.122.
El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.
Jorge Enríquez, exdiputado del Pro y uno de los expositores de este miércoles.
En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas cámaras en el plazo de 90 días”.
Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.
En el marco de la tercera reunión del plenario que analiza el tema, tal cual se estableció en el emplazamiento original, tratarán de dictaminar este miércoles, para dejar listo el tema para llevarlo al recinto.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará este miércoles analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, tal cual se estableció durante la última sesión de la Cámara baja, en la que la oposición forzó un emplazamiento para debatir este tema. Emplazamiento que incluía un cronograma según el cual este miércoles 30 de octubre se debería emitir dictamen.
Esa es precisamente la intención de la oposición, a contramano de los deseos del oficialismo y sus aliados, que preferían extender en el tiempo el debate, de modo tal de que -hay que decirlo- concluyera el período ordinario sin chances de llevar el tema al recinto.
Se había ilusionado el oficialismo con esa posibilidad, ante la gran cantidad de expositores presentados, pero ese no será un impedimento. De hecho, mientras los mismos vayan hablando este miércoles, estará circulando el o los textos de los dictámenes en cuestión.
Durante la última reunión, la segunda, realizada el miércoles pasado, cerca de las 20 se informó que quedan entre 9 y 11 expositores propuestos por la oposición, para hablar, como así también 18 autores de proyectos. Fue por eso que por parte de la oposición el diputado Juan Manuel López pidió modificar la hora de inicio: en lugar de las 17, arrancar más temprano. El titular de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, se mostró afablemente inflexible: “Me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”. Ahí fue que el jefe del bloque Coalición Cívica dijo que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero aclaró que podrían circular el dictamen mientras se estaba hablando, cosa que Mayoraz por supuesto aceptó.
Y es lo que sucederá entonces este miércoles, avanzando la oposición en su conjunto con un dictamen que contemple una modificación de la ley elaborada allá por 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establece que para ser rechazado un DNU deben votarlo en contra las dos cámaras. El texto que la oposición quiere aprobar ahora dirá que alcanzará con el rechazo de una de las cámaras para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia, como así también rigurosidad con los tiempos: si pasada una determinada cantidad de días el tema no se vota en las cámaras, el DNU pierde validez.
Entre otras cosas, también se aumenta -según los proyectos puestos a consideración- la cantidad de integrantes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: de 12 senadores y 12 diputados, en lugar de 8 y 8.
El oficialismo no quiere saber nada con esta ley y el presidente Javier Milei adelantó que, si la aprueban, la vetará. El Pro, a pesar de haber impulsado en su momento varias iniciativas para reformar este sistema para los DNU, ahora está alineado con el oficialismo, diciendo que con un gobierno tan en minoría, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta.
Fue durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La mayoría de los especialistas coincidieron en modificar la norma que regula el trámite de los decretos.
En la segunda reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados que analiza una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, más de una docena de expositores coincidieron en avanzar con una modificación de la norma.
Desde la oposición se presentaron distintos proyectos sobre el tema, y se busca avanzar para evitar un abuso en el uso de esta herramienta por parte del presidente, quien ya rechazó una eventual ley en este sentido y avisó que la vetará.
La reunión se extendió alrededor de tres horas y al concluir, a las 20, el diputado Juan Manuel López pidió saber qué oradores estaban previstos para la próxima reunión y cuáles autores de proyectos que no son más diputados estarían. El titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, señaló que para el próximo miércoles, fecha establecida para dictaminar, según el emplazamiento que dispuso el tratamiento de este tema, quedan entre 9 y 11 especialistas propuestos por la oposición, y alrededor de 18 autores de proyectos. “Vamos a manejarlo”, aclaró el diputado oficialista que dijo que escuchará durante la semana propuestas para ordenar la reunión del miércoles.
López le recordó entonces que al votarse la moción, Oscar Agost Carreño había dicho que podían elegir otro horario para sesionar más temprano, pero Mayoraz se mantuvo inflexible. Con buen humor, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”.
“Lo puede interpretar, porque en la convocatoria estaba”, le advirtió Juan Manuel López con una sonrisa, a lo que en el mismo tono Mayoraz pidió: “No me hagan decir a mí lo que ni el reglamento, ni la convocatoria dicen”. Con todo, el legislador de la Coalición Cívica señaló que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero deslizó que “eventualmente” se podría circular el dictamen mientras estaban hablando, cosa que Mayoraz aceptó.
Cerró el socialista Esteban Paulón, pidiéndole al diputado libertario que mantuviera “su espíritu ceñido al reglamento en los próximos temas que vendrán”. “Desde ya que sí, sobre todo si me emplazan”, concedió Mayoraz.
La presentación de Barra
Como primer orador, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, señaló que el uso de los DNU “ha sido una tradición constitucional” y “una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”. “El DNU no es exactamente una ley, tiene un régimen jurídico distinto. Es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley”, explicó.
El representante del Poder Ejecutivo recordó que “el DNU no necesita ser aprobado” por el Congreso, aunque “sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso “100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.
En una breve intervención, el funcionario remarcó que “es un procedimiento de excepción y urgencia” y que “el constituyente ha sido claro, ha creado una forma de legislación con excepciones”, en alusión al artículo 99, inciso 3, que impide al presidente dictar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
No se le formularon preguntas, ni a Barra, ni a ninguno de los otros oradores.
A continuación habló Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, quien defendió la herramienta. “La clave está en interpretar qué puede hacer cada poder. Los poderes son coordinados y cada uno tiene una función prevaleciente o predominante, pero eso no impide que ejerza la otra función también”, expresó.
En línea con Barra, apuntó que el artículo 99, inciso 3, es “la principal atenuación que se ha hecho de las facultades del presidente”. Y mencionó que la Constitución ya habla de los plazos para su tratamiento en el Congreso, donde indica que el jefe de Gabinete de ministros tiene un plazo de 10 días para remitir a la Comisión Bicameral, que a su vez tiene un plazo de 10 días para dictaminar y luego “de inmediato lo considerarán las cámaras”. “Hay que cumplirlo de esa manera que está escrito”, dijo.
“No se trata del predominio de un poder sobre otro, porque el Congreso siempre va a tener la potestad superior de derogarlo como quiera”, remarcó y completó: “Si queremos desvirtuar el presidencialismo, eliminemos los decretos de necesidad y urgencia y no cumplamos la Constitución”.
Por su parte, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el DNU “es una práctica que se generalizó de una manera excesiva en la época de (Carlos) Menem” con “más o menos 500 DNU; antes de (Raúl) Alfonsín hubo unos 10 y Alfonsín dictó 30”. “Siempre estuvo la discusión acerca del alcance del contenido de un DNU y el plazo que tenían los diputados y senadores para expresar su convalidación o no”, siguió.
Para el abogado, la Ley 26.122 “en la práctica se ha demostrado que tiene que modificarse” porque “carece de plazos para que las cámaras se expidan, carece de las consecuencias por no expedirse, y carece sobre el contenido que tiene que tener el despacho de comisión”.
“Es conveniente incorporar un plazo razonable para que las cámaras se expidan”, opinó y se mostró a favor de que “60 días hábiles es un plazo razonable para discutir y expedirse”. Además, respaldó que se pueda validar o invalidar parcialmente porque “es una mala idea la aprobación a todo o nada” de un DNU.
A su turno, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo aseguró que “el constituyente fue muy claro para dejar abierta esta cuestión para que el Congreso la resuelva; el Congreso es quien tiene la llave para decidir qué valor tiene el DNU”.
“El principio de seguridad jurídica deja claro que una cuestión no puede quedar abierta” porque “el ciudadano no sabría cómo actuar ante una medida” ya que “puede ser que dos, tres o cuatro años después el Congreso rechace un DNU”. En ese sentido, enfatizó que la Ley 26.122 “es inconstitucional porque deja abierto un espacio sine die”.
Vítolo apuntó que “desde la entrada en vigencia de la ley, el 82,3% de los DNU no fueron tratados por las cámaras. Esto es lo grave. Esto es lo que llevó a la desidia de que la ley se dictara 12 años después de la Constitución”. “Lo único que ha traído hasta el día de hoy es una gran inseguridad jurídica”, agregó sobre la 26.122, que se mostró a favor de modificar.
En tanto, Ana María Mustapic, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, observó que “los DNU plantean el problema de los riesgos de la toma de decisiones en forma unilateral. Y el problema del unilateralismo es que es enemigo de la estabilidad de las políticas de Gobierno. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana”.
Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, opinó que la Ley 26.122 “es un vergonzoso renunciamiento por parte del Congreso a sus atribuciones legislativas. No nos olvidemos que los DNU son un supuesto excepcional en el que el Poder Ejecutivo toma prestadas -sin pedir permiso- atribuciones que son del Congreso”. “Al ser un instituto absolutamente excepcional, la forma de regularlo debe ser restrictiva, porque el Congreso no puede resultar a sus facultades de control, a su potestad legislativa”, aseveró.
Se realizará la segunda jornada del plenario que analiza los proyectos para modificar la norma de 2006, que resisten el oficialismo y sus aliados.
Con la presencia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, continuará este martes el debate impulsado por la oposición sobre una reforma de la Ley 26.122, que es la que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia.
En efecto, la cita es a las 17, habiendo sido convocadas para tal fin las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que ya la semana pasada comenzó a analizar quince proyectos presentados sobre el tema.
Al respecto, el presidente de la Nación, Javier Milei, ya adelantó un horizonte de conflicto, al señalar que si sale una ley, él la vetará, por considerar que detrás de esta movida hay un intento de “golpe de Estado”.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, confirmó este martes la presencia de Rodolfo Barra en este debate que a priori debería concluir el miércoles próximo, 30 de octubre, según lo convenido en la última sesión de la Cámara. Cosa que tratarán de resistir el oficialismo y sus aliados del Pro, que buscan estirar lo más posible este debate. Dejarlo para el año que viene, en lo posible.
La idea es que alcance con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto el decreto, y además se apunta a poner un plazo perentorio de vigencia del DNU después del cual pierde vigencia.
Los proyectos puestos a consideración son de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy (2), José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, juan Manuel López, Roberto Mirabella, Fernando Carvajal, Mónica Fein, Pablo Giuliano, Mónica Litza, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Ana Carla Carrizo.
Ellos habían sido convocados originalmente a exponer sobre sus proyectos. Habrá que ver si hay tiempo para que eso concluya este miércoles y la semana siguiente se pueda dictaminar, como quiere principalmente Unión por la Patria.
El Poder Ejecutivo realizó una modificación de la Ley 26.165 a través de un DNU publicado este martes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (N°26.165) para que ya no se reconozcan como refugiados a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, actos contrarios a la ONU e incitación y participación en delitos.
Luego que el Gobierno decidiera revocar ese estatus al expresidente boliviano Evo Morales, avanzó ahora en una reforma de la normativa a través de un decreto de necesidad y urgencia (942/24), publicado este martes en el Boletín Oficial.
De acuerdo a los cambios, la condición de refugiado cesará por varias razones, tales como el acogimiento a la protección del país de nacionalidad; el recobro de nacionalidad perdida; la adquisición de nueva nacionalidad con protección; el establecimiento en el país habitual abandonado; y la residencia en otro país porque han desaparecido las circunstancias que justificaron la condición de refugiado, a menos que mantengan un temor fundado de persecución.
Según reveló el PEN, "en la actualidad, un número significativo de migrantes realiza solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) por motivos que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado contenida en la ley".
"Esto hace que, por la lentitud del procedimiento administrativo y del proceso judicial, obstruya y dilate los trámites de aquellas personas que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado argentino", agregó.
La CONARE es el organismo encargado de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado, otorgando un plazo razonable para dejar el país o regularizar su situación migratoria.
Por otra parte, este martes se publicó también en el Boletín Oficial el DNU 941/24, mediante el cual se incorporaron reformas técnicas puntuales en el Código Aeronáutico (Ley 17.285), con la finalidad de generar fortalezas relativas a la seguridad operacional, que se adicionan a las condiciones de libre acceso a los mercados, cielos abiertos y seguridad.
Mientras las protestas estudiantiles no ceden, el Gobierno ya se desentiende de ellas. Explora acuerdos en el peronismo y se despreocupa por nuevos desafíos en el Congreso, desatendiendo advertencias sobre números ajustados y lealtades frágiles.
Los modos del Gobierno siguen siendo un tema… Lejos de circunscribirse al estilo presidencial, van extendiéndose entre los funcionarios, que descuentan que mérito al adaptarse y adoptar el estilo verborrágico de su líder.
En su presentación ante el Coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destrató a la oposición diciendo que “el 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros”.
Dos días después, el presidente visitó por primera vez ese ámbito empresarial en esa condición y si bien estuvo más bien moderado, cuando un periodista de C5N le preguntó por la reforma de la ley que reglamenta los DNU y si la iba a vetar si se aprobaba, él dijo que sí: “Obviamente”, porque en el fondo “están tratando de hacer un golpe de Estado; cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿A vos te parece que es normal eso?”. Y sobre las protestas universitarias, les recomendó a los estudiantes que “no se dejen engañar por los delincuentes. Yo no voy a cerrar la universidad pública, no la vamos a arancelar, pero lo que no voy a permitir es a los chorros que viven de robarle la plata a los alumnos”.
Caputo siente que hoy tiene el respaldo del que no gozó en su primer paso por la función pública, con Mauricio Macri. Tampoco en tiempos de Cambiemos quería ir al Congreso, donde la oposición lo esperaba agazapada por la toma de deuda, pero el presidente de entonces le ordenó que fuera. Y le fue más o menos bien hasta que la entonces diputada Gabriela Cerruti recibió un papelito suyocon un mensaje y se armó un escándalo.
Desde entonces, no quiere ir más al Congreso, a pesar de que es uso y costumbre que los ministros de Economía presenten personalmente la ley de leyes. No es obligación, eso sí. Y el presidente Milei quiso sacarle presión presentándose él en persona en el recinto de Diputados el 15 de septiembre. Para la oposición no es lo mismo; el presidente hizo un stand up, sin responder preguntas, que es lo que debería hacer Caputo si concurriera. Que no lo hará, a pesar de que hay en curso un proyecto con dictamen para citarlo. No pasará de ahí: así como cuando citaron a la ministra Sandra Pettovello, Caputo no irá. La oposición lo sabe, e insiste igual para que al menos no le salga gratis la rebeldía.
Para justificarse, el ministro de Economía ha dicho que no piensa “prestarse a un show” en el Congreso. Curiosa manera de relacionarse con otro poder, cuya función constitucional es esa: interpelar al oficialismo, mientras no se infrinjan las reglas.
Los funcionarios cercanos al presidente justifican sus modos diciendo que esa es su forma de ser y no la va a cambiar. Está claro que ellos están convencidos de que eso le sigue redituando ante los propios, pero difícilmente le reporte beneficios semejante accionar en los mercados, o en aquellos que se espera inviertan en el país. ¿Qué tipo de inversor llegaría convencido si el propio presidente está agitando la posibilidad un golpe de Estado?
Con todo, no parece que los modos vayan a desvelar hoy al Gobierno: el riesgo país siguió bajando la última semana y el maltrato del Toto Caputo a la oposición fue coronado por un fuerte aplauso de su auditorio empresarial.
Así y todo, no significa que tengan razón. Esta última semana se entregó el Premio Nobel de Economía y Javier Milei no estuvo nominado, más allá de las expectativas que él mismo abrió en ese sentido (entiéndase la ironía). Por el contrario, los tres académicos que se hicieron acreedores a la distinción 2024 esta última semana lo recibieron “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”.
Los trabajos premiados demuestran que para la generación de riqueza no bastan los indicadores económicos o los recursos naturales. Éstos deben estar acompañados de instituciones sólidas para permitir que las inversiones tengan el adecuado clima de negocios y contribuyan así al desarrollo individual y social, explicó a propósito de esta distinción Alfredo Vítolo, presidente de Fores, una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación.
El Gobierno se muestra despreocupado frente al conflicto universitario. En lo más alto del poder consideran que lo peor en ese sentido ya pasó y que la continuidad de las tomas terminará perjudicando a quienes las promueven. Por eso mantiene a su ejército de trolls activo en la materia y a la prensa amiga agitando permanentemente en contra de esa protesta. Algunos sostienen que no debiera tomarla a la ligera: las protestas estudiantiles tienen un componente especial; se sabe cómo empiezan y no cómo terminan.
Vencida en el recinto, la oposición amigable busca ahora modificar el presupuesto destinado al sector, pero no es cosa sencilla. El Gobierno se ha sentado sobre la plata y aclara que cualquier desvío de recursos debe salir de algún lado. No será fácil esa discusión en el Congreso.
Un Congreso donde el Gobierno siente que las últimas batallas ganadas lo han fortalecido enormemente en un lugar donde es infinitamente débil. El tercio y fracción que ha conseguido en dos oportunidades consecutivas para mantener vetos, le ha dado tranquilidad, aunque los números son demasiado ajustados y las lealtades volátiles. Igual, el presidente está tan confiado que ya promete los vetos para todo lo que lo moleste.
El que anticipó sobre la reglamentación de los DNU tiene que ver con un debate que arrancó la última semana, previo emplazamiento alcanzado en el recinto. Se trata de un tema que le quema los papeles a más de uno. Al kirchnerismo, que es autor y defensor de la norma desde que en 2006 la impuso la propia Cristina Kirchner como senadora, y casi 20 años después busca avanzar en sentido contrario. Y al Pro, que tiene iniciativas propias para cambiar el sistema y que ahora se ve interpelado defendiendo exactamente lo contrario. A modo de chicana, la oposición presenta entre los proyectos de cambios uno de Patricia Bullrich y hasta hay de Silvia Lospennato, a quien se la vio durante el plenario del martes pasado -en su condición de presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento- incómoda y sin intervenir durante el debate.
Arrancó el debate sobre los DNU.
La reglamentación que comenzó a tratarse en comisiones, y que debería tener dictamen en dos semanas establece un cambio sustancial en el sistema vigente. Recordemos que los Decretos de Necesidad y Urgencia conservan su validez en la actualidad mientras no hayan sido rechazados en las dos cámaras. Y no hay plazos para su tratamiento, más allá de algunos que sí existen pero tampoco se cumplen.
Entre los cambios que se pondrán a consideración está el de que los DNU tengan un vencimiento para el caso de no ser tratados en el recinto. Y que deberían ser aprobados en ambas cámaras para mantener su vigencia. Cambios sustanciales e inesperados para un gobierno como el de Javier Milei, que erróneamente considera esa herramienta como clave, y ha cimentado parte de su gestión en el mega DNU 70/23, que fue rechazado en el Senado, pero que la oposición dialoguista protege en Diputados, al coincidir con buena parte del mismo y estimar que su caída sería un duro golpe para la actual gestión.
Esa oposición dialoguista tiene entre sus pilares al inoxidable Miguel Pichetto, de quien la semana pasada destacamos el discurso que expresó durante el debate por el veto. Allí le reprochaba al Gobierno no haber construido una mayoría parlamentaria institucional, y mantener “una apuesta a la confrontación”. Y también le endilgó estar haciendo un ajuste “al estilo de Martínez de Hoz”. Milei no le perdonó sobre todo eso último y ante la consulta del periodista Antonio Laje, dijo que Pichetto “es aliado del ‘partido del Estado’, es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”. Y fue más allá: lo describió como “un ser inconsistente e incoherente” que, “de estar con el kirchnerismo, se fue con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.
Semejante artillería utilizada contra el jefe de uno de los bloques clave para este gobierno lleva a pensar que el oficialismo ya debe pensar que con las leyes que tiene le alcanza; que si no le aprueban el Presupuesto, tanto mejor, y que con el poder de vetar todo lo que la oposición imponga le es suficiente.
Lo mismo pasa con la UCR cuyo bloque podría romperse esta semana. A LLA lo entusiasma la idea.
No es exactamente lo que se supone esperan en el FMI, ni mucho menos esos inversores de los que hablábamos. A los que tampoco debe tranquilizar demasiado una fractura expuesta en la mismísima fórmula presidencial, con una vicepresidenta haciendo una visita de Estado en Europa, con agenda propia y potente. Y de yapa un encuentro sorprendente con Isabel Perón, a quien homenajeó con un busto en el Senado elaborado en el más estricto secreto. Mensajes enigmáticos que en el Gobierno interpretaron dirigidos a una parte del peronismo nacionalista que la mira con cierta simpatía. La coincidencia con los libertarios es que también ellos se desviven haciendo gestos hacia el peronismo.
A partir de este miércoles se abocan a la discusión de 15 iniciativas que cambiarían una norma que se aprobó durante el kirchnerismo. Cuáles son los cambios sustanciales que quieren hacer a la reglamentación.
Inmediatamente después de convalidado el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición intentó alcanzar al menos una módica victoria, elaborada cuando ya veían que no tenían los números para avanzar con el rechazo al veto. Así avanzó con algo con lo que no solo la oposición actual, sino también durante la gestión anterior, se impulsó varias veces: los emplazamientos a comisiones. Una estrategia que, bueno es decirlo, les ha permitido alcanzar no pocas aprobaciones de leyes.
En este caso se votaron dos cosas: una simplemente testimonial, la citación al ministro Luis Caputo para hablar del Presupuesto 2025. La otra, que es la que aquí nos ocupa, un intento por modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Una norma que, de alcanzarse, generará un efecto de grandes consecuencias para los gobiernos futuros, pero en especial para este, de extrema minoría.
La movida, motorizada por el bloque Encuentro Federal a través del cordobés Oscar Agost Carreño, emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que de manera conjunta inicien el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia.
Se pusieron las siguientes fechas: este miércoles 16 de octubre a las 17, el 23 de octubre en el mismo horario, y el 30 de octubre para dictaminar.
Quince son los proyectos que se pondrán a consideración. Esos son los que tienen estado parlamentario. Hay otros que Agost Carreño consideró importantes para tener “a la vista” como las de Silvia Lospennato o Patricia Bullrich. Fue una picardía que el presidente de la Cámara, Martín Menem, desechó sobre la marcha.
De 2023 son los proyectos de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy, José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, Juan Manuel López, Roberto Mirabella y Fernando Carbajal. Y de 2024 hay de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, de Pablo Juliano, Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, Oscar Agost Carreño y de Margarita Stolbizer. Hay también otro de Ricardo López Murphy, de 2023, presentado en este caso con diputados del Pro.
La ley vigente
Los decretos de necesidad y urgencia son un instrumento legal habilitado por la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 3º, que dice cuándo el Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Es el que emite el presidente o presidenta cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.
El régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia vigente se rige por la Ley 26.122. Fue sancionada en julio de 2006, a instancias de la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Según la norma, el jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia que se emiten, mientras que el Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras para su tratamiento.
La Bicameral tiene competencia para pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia, por delegación legislativa, y de promulgación parcial de leyes. Dicha comisión está integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. Sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen.
Los dictámenes se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente.
El Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. La Bicameral debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Bicameral Permanente los decretos, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.
Según establece el artículo 24 de la Ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Los proyectos en danza
El más reciente, de Margarita Stolbizer, establece una integración para la Bicameral Permanente de 12 senadores y 12 diputados, representando la proporción y las representaciones políticas.
El jefe de Gabinete debe presentar los DNU a los diez días corridos desde la fecha de su dictado, y a tal fin debe comparecer personalmente ante la comisión, para informar los motivos que justificaron su dictado y responder preguntas. Vencido el plazo previsto para que concurra el jefe de Gabinete a la comisión, se avocará de oficio a la consideración del decreto dictado.
El plazo para dictaminar es de 10 días corridos, contados desde la audiencia con el jefe de Gabinete. Producido el dictamen, el mismo será incorporado como primer punto del orden del día de la primera sesión que se realice, en cada una de las cámaras, sin necesidad de mayorías especiales. ¿Y si no hay dictamen? Dentro del plazo de diez días corridos desde la presencia del jefe de Gabinete, las cámaras deben abocarse al tratamiento del decreto de oficio, en forma inmediata.
El tema será incorporado directamente como primer punto del orden del día en la primera sesión que se realice en cada una de las cámaras. Si hay receso, habrá convocatoria automática a sesiones extraordinarias para su tratamiento.
Otro dato: pierde vigencia el DNU que no sea aprobado en forma expresa por ambas cámaras dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de su dictado.
El proyecto de Oscar Agost Carreño modifica la norma vigente elevando también la Bicameral Permanente a 12 diputados y 12 senadores. El Poder Ejecutivo debe someter el decreto de delegación legislativa a la Bicameral Permanente dentro de los diez días de dictado. Al día hábil siguiente a la receptación del decreto por parte del presidente de alguna de las cámaras, debe remitirse a la Comisión Bicameral para su tratamiento.
Las cámaras deberán pronunciarse por la aprobación, el rechazo o la modificación del decreto en el plazo de 60 días. Precisamente una de las prerrogativas que permite este proyecto es la modificación de un DNU. Pero eso puede suceder en la comisión, no en el recinto, donde deben circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma. Sí puede haber derogaciones parciales.
La Comisión Bicameral puede convocar al jefe de Gabinete personalmente para explicar los alcances y razones del decreto. Por otra parte, cuando vence el plazo sin que la Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán dentro de los 3 días hábiles al expreso o inmediato tratamiento del decreto.
En el caso de vencimiento de los plazos previstos, sin que se haya avanzado en las etapas previstas, caducará la vigencia del decreto, “resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes seis meses, a fin de regular la misma materia”.
En su último artículo, el proyecto de Agost Carreño aclara que rechazado un decreto, el Ejecutivo no puede dictar un decreto análogo al mismo, por un plazo de un año.
Tenemos también el proyecto de Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, que establece que para el caso de que el jefe de Gabinete no remita a la Bicameral los decretos reglamentados por esta ley la comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Tiene diez días para dictaminar, contados a partir del vencimiento del término establecido por la presentación. Cuando el decreto sea dictado en período de receso del Congreso, se convoca automáticamente a sesiones extraordinarias para su tratamiento.
Las cámaras pueden introducirle modificaciones al texto del PEN. Si eso sucede, el decreto pierde vigencia como tal y su tratamiento continúa bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.
Los decretos tienen vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente ratificados por ambas cámaras y convertidos en ley. Vencido ese plazo sin que las cámaras se expidan, el decreto pierde vigencia, sin perjuicio de que continúe su tratamiento bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.
Uno de los dos proyectos que presentó Ricardo López Murphy lo presentó con diputados del Pro como Alejandro Bongiovanni, Daiana Fernández Molero y Damián Arabia, más Marcela Campagnoli, de la CC. Lo presentaron el 22 de diciembre del año pasado, con Javier Milei ya en el poder. Y también conforma la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo con 12 diputados y 12 senadores.
En cuanto a los plazos, dan 10 días hábiles desde su dictado para la remisión del mismo desde la Jefatura de Gabinete. El día de su recepción en el Congreso debe ingresar a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento. En caso de incumplimiento de la remisión por parte de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Bicameral Permanente debe abocarse de oficio a su tratamiento disponiendo la presencia del jefe de Gabinete dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto.
La Bicameral debe expedirse en un plazo de 10 días hábiles desde su ingreso, y hay un plazo de 60 días desde la expedición del dictamen emitido por la comisión, para su aprobación por parte de ambas cámaras.
En caso de vencimiento de cualquiera de los plazos previstos, caducará la vigencia del decreto, resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los
siguientes 6 meses, a fin de regular la misma materia.
Hay también un proyecto de los radicales Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo y Danya Tavela, entre otros, que establece que dentro de los 10 días corridos de dictado un DNU, el Poder Ejecutivo lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Vencido dicho plazo sin que el decreto hubiere sido remitido, la comisión deberá considerarlo de oficio. Tiene 10 días corridos para dictaminar; vencido ese plazo sin que haya habido dictamen, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto.
La Comisión Bicameral Permanente o las cámaras podrán fragmentar el decreto, pudiendo expedirse separadamente sobre diferentes disposiciones del decreto.
El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo, mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo.
Perderán su vigencia aquellos decretos de necesidad y urgencia que no sean aceptados o rechazados por ambas cámaras dentro de los 60 días corridos contados de emitido.
La aprobación de una de las Cámaras dentro de dicho plazo genera automáticamente una extensión del plazo por otros 15 días corridos. Vencido este plazo sin haber sido aprobado por la otra cámara, perderá su vigencia.
La moción de emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales fue realizada por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño quien propuso hacer dos reuniones informativas y el 30 de octubre poder dictaminar.
Luego de que el oficialismo se alzara con el triunfo del blindaje al veto presidencial hacia la Ley de Financiamiento Universitario, la sesión se desmadró cuando, al momento de continuar con las cuestiones de privilegio y los homenajes tal como habían acordado en Labor Parlamentaria, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño hizo una moción de emplazamiento a comisiones sobre los proyectos de modificación a la Ley que regula los DNU.
El cordobés dispuso leer el pedido: “De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento esta Cámara formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Peticiones, Poderes y Reglamento para que, en forma conjunta y en trabajo plenario, inicien en el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.
En tanto, propuso que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 de octubre a las 17; la segunda el día 23 de octubre en el mismo horario y el día 30 de octubre estar en condiciones para dictaminar. Tras ello, la moción de emplazamiento resultó afirmativa con votación a mano alzada.
Nota - pedido incorporación por art. 109 - Com. Asuntos ConstitucionalesLa propuesta que trajo conflicto
El cordobés respaldó su pedido en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara respecto de los proyectos de ley que modifican la Ley 26.122 del régimen de los DNU. “El tema de los emplazamientos los vamos a hacer al final como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, homenajes. Es lo que acordamos en Labor Parlamentaria entre todos”, le aclaró el presidente del Cuerpo, Martín Menem.
Al darle la palabra al diputado de izquierda Alejandro Vilca para que realice una cuestión de privilegio, éste decidió cederle su tiempo al diputado Nicolás Massot, pero Menem le reiteró enojado: “Ya se la he dado, no es una moción del 127… Lo hemos planteado en Labor Parlamentaria que venía el debate de la sesión, votábamos, Luego cuestiones de privilegio, homenajes y durante la sesión vinieron a pedirme un emplazamiento y lo vamos a hacer al final como hemos quedado porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todo y no vamos a cambiar”.
“Retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Massot”, reiteró Vilca, pero el titular del Cuerpo lo volvió a rechazar, aunque luego le cedió finalmente la palabra al diputado de Encuentro Federal.
Massot le planteó a Menem que no es la primera vez que, por cuestiones de la dinámica, se altere el plan de labor. “Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan decidamos votar mociones de orden y, si resultan afirmativas, tratarlas al final. Quizás sea una solución y usted lo ha hecho en sesiones pasadas presidente...”. Atento que Menem no lo estaba mirando, lo chicaneó: “Si quiere le mando un mensaje de texto si lo va a leer desde el teléfono”. “Lo estoy escuchando diputado”, le retrucó el libertario, pero Massot le contestó: “No parece”.
“Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en Labor Parlamentaria”, reiteró Menem, pero el diputado de Encuentro Federal insistió: “Entonces no me está escuchado, porque las mociones no atentan contra el plan de labor y se puede cumplir simplemente respetando las mociones, votándolas y si resultan afirmativas se votan al final. No está fácil el clima acá. Por favor tenga la prudencia de respetar las mociones”.
El titular del Cuerpo solicitó al secretario parlamentario dar lectura al artículo 127 del reglamento de la Cámara sobre las mociones de orden.
Se sumó al cruce el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López, quien le recordó a la Presidencia que el pasado 1 de octubre se aceptó una moción por el tema de los incendios en San Luis que alteró el plan. “Está claro en el reglamento, no lo violenten. El diputado Agost tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y votarla inmediatamente, no veo por qué tensar y hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos en los términos del 106 emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted”, le planteó López y le enrostró que hubo cinco antecedentes “pacíficos” sobre lo mismo.
Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, comentó que le propuso a Agost Carreño, ante la posibilidad de pérdida de quórum en la sesión, la realización de una reunión de la comisión para tratar los 16 proyectos que hay de reforma de la Ley de DNU, teniendo en cuenta que es una ley que requiere de mayoría especial, para el miércoles siguiente y armar un plan de trabajo. “Pasaron 12 años sin tener ley de DNU y entendemos que hay que modificarla”, afirmó Mayoraz.
Menem lo interrumpió en tono enojado y le aclaró: “No se trata convocar o no. Las mociones de orden están en el 127 no es que no se van a tratar, solo estamos respetando el orden en el que hemos quedado… No se trata de no tratar algo, simplemente que al final se vota y se emplaza. No hay voluntad de no tratar algo”.
De la vereda de enfrente, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, reafirmó que un emplazamiento en el recinto se puede hacer “en cualquier momento de la sesión”, y le advirtió: “Ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum”, a lo que Menem reaccionó: “Diputado no se trata de voltear el quórum…si quieren votar lo van a hacer”, a lo que el santafecino le salió al cruce: “Lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento porque la moción de emplazamiento no tiene nada que ver con las mociones del 127”, y le pidió votar la propuesta de Agost Carreño.
También se metió el diputado de izquierda Christian Castillo al debate quien le recordó a Memen que “se han hecho en las sesiones numerosas oportunidades donde se ha hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no se votó. Se han modificado propuestas de moción que usted transformó en apartamientos. Apoyamos la propuesta del diputado Agost Carreño”.
Por el Pro, la diputada Silvana Giudici le tiró más leña al fuego y arremetió: “Me da escozor que el partido que defiende la institucionalidad y la república la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. El plan de labor se cumple y el que se haga cargo que quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso decida de qué lado se queda. Queremos que se cumpla el plan de labor y no hay cuestión reglamentaria para que sea diferente”.
Tras ello y para poner paños fríos, el presidente de la Cámara invitó a los jefes de bloque a un breve cuarto intermedio de un minuto para “resolver el tema como corresponde. Nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos incumpliendo”. Para dar cierre a la situación, pidió al diputado Agost Carreño que reitere la moción y pidió no volver a repetir lo ocurrió porque “damos un mal ejemplo”.
Se trata de una medida que había firmado el expresidente en diciembre de 2019 para otorgar una compensación económica a víctimas y familiares de fallecidos durante la llamada "Operación Primicia".
La peronista consideró que “no resuelve el problema de los vecinos de los barrios que están colapsados, donde la suspensión de obras se queda a mitad de camino”.
En medio del debate sobre las modificaciones al Código Urbanístico, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira analizó la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspende los permisos de las construcciones y reformas de los proyectos inmobiliarios por 180 días de corrido en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, la peronista planteó que “enviaron un DNU que era necesario, porque suspender los permisos de obra era un pedido de los vecinos, pero lo hicieron con todas las falencias en las que suele caer el Poder Ejecutivo cuando propone normas generales para problemas particulares, como los que plantea la Ciudad en materia urbanística”.
Al mismo tiempo que consideró que “este DNU no resuelve el problema de los vecinos de los barrios que están colapsados, donde la suspensión de obras se queda a mitad de camino porque solamente suspende la USAB1 y la USAB2, y hay muchas zonas en Devoto, Villa Ortúzar o Parque Chas, por ejemplo, que van a pasar a ser USAB2, pero donde se podrá seguir pidiendo permisos de obra con la normativa actual. Y, por otro lado, aplica una norma general para suspender la construcción en lugares donde tal vez no era necesario”.
“Lo que se debería haber hecho es ir a analizar los problemas en el territorio y pensar en normas particulares que den soluciones reales. Es lo que nosotros hubiéramos podido aportar si nos hubieran consultado antes de sacar este decreto. Pero en lugar de buscar consensos previos, mandan un DNU que esta Legislatura sólo puede aprobar o rechazar”, añadió Neira.
A la vez que concluyó aseverando que el DNU “no resuelve los verdaderos problemas, sino porque estamos convencidos de que este no es el camino. La Ciudad se merece un camino de diálogo y de consensos como el que estamos queriendo construir en el debate del Código Urbanístico y la reforma de la normativa que se merecen los vecinos”.
A través de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras se confirmó oficialmente el rechazo del Congreso al decreto 656/24 por el cual se asignaba una partida de dinero para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Ya se ha dicho que la votación registrada en la madrugada del 13 de septiembre pasado en el Senado de la Nación fue histórica, pues ese resultado estableció el rechazo por primera vez en la historia argentina de un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Este lunes se oficializó esa decisión, a través de la publicación de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras en las que se da por finalizado el trámite.
En el caso del Senado, la resolución tiene el número 32/24, de fecha 23 de septiembre y las firmas de la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, resuelve “rechazar, en los términos de la ley 26.122, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024. El artículo 2 comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La resolución de la Cámara de Diputados lleva el número 76, y corresponde al sábado 21 de septiembre. Allí también hay dos artículos, el primero de los cuales resalta el rechazo “en los términos de la ley 26.122 el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024, mientras que el segundo comunica la novedad al Poder Ejecutivo Nacional.
Recordemos que el pasado 13 de septiembre la oposición aprobaba, pasadas las 2 de la madrugada, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones.
El camino del rechazo del DNU 656 se había iniciado en Diputados, cuando el 21 de agosto, se aprobó el rechazo por 156 votos contra el mismo, 52 a favor del decreto y 6 abstenciones. El dato saliente de esa votación fue que por primera vez la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.
Primera e histórica oportunidad legislativa -desde 1994, en que se estableció- en que el Congreso de la República rechaza muy expresamente un DNU del Ejecutivo nacional.
¿Con qué autoridad institucional?... ¿Con qué vara o medida -presuntamente superior- el Ejecutivo nacional cuestiona el voto muy ampliamente mayoritario (49 votos, Vs 11 + 2 abstenciones) del Senado de la Nación, que rechazó -por primera vez en la historia constitucional argentina, desde 1994 hasta acá- un decreto de necesidad y urgencia?
Esto ocurrió en la madrugada del viernes 13 de septiembre pasado. Antes, lo había desechado la Cámara Baja.
Por eso -y conforme a las disposiciones de la vigente aunque amañada Ley 26.122 (que reglamentó el funcionamiento efectivo de la Comisión Bicameral Permanente, prevista en el inciso 3 del Art. 99, del nuevo Texto Fundamental jerarquizada por la Reforma Constitucional de 1994)- el DNU pierde su vigencia y cae.
Se produce una derogación de pleno derecho, en los términos del Art. 24 de la precitada ley reglamentaria:
Rechazo
ARTICULO 24. — El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".
El comunicado de la oficina presidencial, escribe textualmente: que "condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores". Y agrega luego -entre muchas consideraciones discutibles, en torno a las políticas públicas con relación a la administración del Estado Nacional en la presente gestión Ejecutiva- que "fue el Senado el que le falló al pueblo argentino".
La Cámara alta constituye el órgano constitucional colegiado con mayor pluralidad, oportunidad de disenso, diversidad de pertenencias partidarias e igualdad territorial en la representación numérica. Junto a la Cámara de Diputados de la Nación conforma el Poder Legislativo federal de la Nación (más de 300 voces en personas distintas), con la misma legitimidad de origen que el titular del Ejecutivo nacional (con las particularidades que imponen -en este caso- la cuestión jurisdiccional electoral, y el instituto de la elección presidencial en la segunda vuelta: noviembre de 2023).
Están en una situación de paridad en el status constitucional: ningún poder es ni más ni menos que el otro. Y no resulta casualidad que -en el ordenamiento sistemático de la estructura del completo y vigente Texto Constitucional- los capítulos y artículos dedicados al Legislativo Federal se hallan apenas inicia el título "Del Gobierno Federal" dentro de la Segunda Parte "Autoridades de la Nación".
Por decisión del Constituyente, el Poder Legisferante estuvo siempre -y se mantuvo allí- en el primer lugar y orden. Ello, no es fruto del azar. Fue políticamente decidido, en el tradicional y republicanamente democrático reparto o distribución de las facultades asignadas a cada departamento de la Gestión Nacional; a la par que el consecuente diseño del sistema del control constitucional, mutuo y recíproco e interpoderes. Este último contenido, resultó incorporado por la Enmienda Federal de hace 30 años con la expresamente finalidad (entre otros objetivos) de "atenuar el hiperpresidencialismo argentino " (Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución de la Nación; Ley N° 24.309; noviembre de 1993).-
Luján, septiembre 13 de 2024.
Néstor Fabián Migueliz es abogado, investigador y docente / Asesor Legislativo - Prosecretaría Parlamentaria Senado de la Nación
Una herramienta utilizada desde 1853, incluida en la Constitución Nacional de 1994 y reglamentada en 2006, fue utilizada para implementar medidas clave como el Plan Austral, el Operativo Independencia y la AUH. Quiénes fueron los que más los usaron.
A las 2.19 de la madrugada del viernes 13 de septiembre se concretó un hecho histórico: por primera vez en la historia argentina, el Congreso de la Nación rechazaba un decreto de necesidad y urgencia emitido por un Gobierno.
Fue el Senado el lugar donde se concretó ese hecho, con 49 votos contra el DNU que asignaba fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado, 11 a favor del mantenimiento del mismo y 2 abstenciones. Previamente, la Cámara de Diputados había hecho la primera parte del trabajo rechazándolo también, con 156 votos contra 52 y 6 abstenciones.
Estaba escrito que si alguna vez se rechazaba un decreto de necesidad y urgencia, el principal favorito para sufrir ese traspié era el actual gobierno, el más débil numéricamente hablando en el Congreso de la Nación.
Se equivocan aquellos que piensan que los DNU son herramientas ideales para ser utilizadas por los gobiernos con minorías legislativas. Por el contrario, la ley pergeñada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006 fue hecha así para favorecer a los poderes ejecutivos en general, pero particularmente a aquellos que tienen mayorías legislativas. O aquellos capaces de resistir al menos en una de las dos cámaras embates de la oposición de turno para voltear esos decretos.
Que le pregunten sino a Mauricio Macri, o a sus principales espadas legislativas, lo mucho que debieron batallar para resistir la presión para que esa administración sufriera un revés de esas características. Anoticiado del dato, más de una vez el Gobierno de Cambiemos debió volver sobre sus pasos con un decreto de necesidad y urgencia ante la enconada resistencia de la oposición.
Los decretos de necesidad y urgencia son instrumentos que permiten a los gobiernos legislar en circunstancias muy excepcionales. Una vez promulgados, el Congreso tiene atribuciones para analizarlos y determinar si continúan o no vigentes. Las reglas las establecen la Constitución, en su artículo 99, inciso 3, y la Ley 26.122 que los reglamentó.
Los gobiernos pueden dictarlos en situaciones excepcionales, cuando resulta imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Pero no se puede hacer DNU para cualquier tema. Hay cuatro cuestiones sobre las que no se pueden emitir decretos: en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos.
A diferencia de los decretos comunes, los decretos de necesidad y urgencia deben contar con el acuerdo general de los ministros. Esto es, que el jefe de Gabinete y todos los ministros lo firmen.
La citada Ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006 establece que una vez dictado el decreto, el jefe de Gabinete debe dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (que es la única que funciona todo el año), en un plazo no mayor a los 10 días. Esta comisión debe elevar luego un dictamen y enviarlo a ambas cámaras para su tratamiento, también en el término de 10 días. Cabe destacar que ninguna de estas dos reglas se cumple en general.
Cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente. Es lo que acaba de suceder con el decreto 656/2024.
Decretos hubo siempre
Los decretos de este tipo no nacieron con la reforma constitucional de 1994. Los hubo siempre, incluso durante los gobiernos de facto. En ese entonces, al no funcionar el Congreso, las normas legislativas que promovía el gobierno militar de turno eran conocidas como decretos leyes.
La Corte Suprema de Justicia los reconoció en 1945 como válidos, siempre y cuando su sanción fuera necesaria para cumplir los objetivos del gobierno militar. Eso sí: perdían validez al terminar el gobierno de facto, pero podían ser ratificados por el Congreso.
En 1947, un nuevo fallo de la Corte Suprema determinó que los decretos leyes seguían con vigencia y debían ser derogados o modificados por otras leyes.
Ahora bien, decretos hubo siempre. Desde 1853 al presente. Aunque convengamos que hasta tiempos de Carlos Menem, fueron siempre una herramienta utilizada excepcionalmente. Y para casos no menores, por cierto. Por ejemplo Raúl Alfonsín, quien fue un presidente que utilizó esa herramienta muy pocas veces (apenas 10), implementó por esa vía en 1985 el cambio del peso al austral.
Durante la gestión menemista ese recurso se utilizó a destajo. En efecto, el riojano fue el primer presidente que firmó DNU en gran número. Desde su asunción -en condiciones de gran crisis económica-, hasta la reforma constitucional de 1994, los decretos comenzaron a ser utilizados como un recurso institucional ordinario en el proceso de toma de decisiones.
Otra vez fue la Corte Suprema la que se encargó de avalar el dictado de decretos de ese tipo en lo que se conoció como el caso Peralta. El Tribunal Superior solicitó la inconstitucionalidad del decreto 36/90 dictado por Carlos Menem, y los jueces de esa Corte fallaron en contra de Luis Peralta, ratificando la validez de la norma.
Con la incorporación de los DNU a la Constitución, a partir de 1994, se les confirió una mayor legitimidad, aunque buscaron implementar una serie de restricciones para acotar su utilización. Se dispuso un mecanismo para el control parlamentario, pero se dejó en manos del Congreso la reglamentación del tema. Se tomaron su tiempo y recién 12 años después se aprobó la ley correspondiente.
Volvamos ahora a los confines de la historia institucional argentina, y veremos que entre los años 1853 y 1983 apenas se firmaron 25 decretos. 25 decretos en un período de 130 años. Menem, en sus 10 años y medio de gestión, firmó 545.
¿Para qué se utilizaban los decretos en el pasado lejano? Justo José de Urquiza creó por esa vía, en 1854, las mensajerías nacionales para correr las postas en el servicio de correo.
En 1858 se rebajó, por decreto, el derecho de importación de aguardiente de caña que no excediera el 21% de graduación alcohólica.
En tiempos de Santiago Derqui, se estableció por decreto que no se recibirían más pagos de aduanas con los bonos o billetes de tesorería que se venían utilizando hasta entonces. Fue en 1861.
Ya en el siglo XX, Agustín Justo modificó en 1933 el régimen de la moneda y su tipo de cambio desdoblándolo en oficial y libre.
Juan Domingo Perón nacionalizó los teléfonos y ferrocarriles por decreto; en tanto que Arturo Frondizi creó por empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica, e implementó el Plan CONINTES.
También Arturo Illia emitió decretos. En 1963, anuló por esa vía los contratos petroleros firmados por el Estado con empresas extranjeras.
Y más cerca en el tiempo, María Estela Martínez de Perón firmó en 1975 el decreto 261/75 por el que ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo el “Operativo Independencia”.
A través del decreto 430/00, Fernando de la Rúa ordenó una disminución del 13% del sueldo de los agentes estatales.
El decreto 214/02 de Eduardo Duhalde estableció entre otras cosas la pesificación de los depósitos bancarios.
Cristina Kirchner dispuso por decreto, en 2009, establecer la asignación universal por hijo.
En 2016, Mauricio Macri modificó por DNU la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en ese mismo sentido intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), removiendo a Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.
En el presente, Javier Milei anunció el 20 de diciembre del año pasado el DNU 70/23, un megadecreto a través del cual derogó leyes como la de Alquileres y habilitó la privatización de empresas públicas. La norma establecía más de 300 modificaciones de leyes, entre ellas la Ley de Tierras y de Promoción Industrial y el régimen laboral.
El mega DNU de Javier Milei presentado en diciembre del año pasado.
Los DNU desde 1983
Presidente | Cantidad | Promedio |
Raúl Alfonsín (1983-1989) | 10 DNU | Entre 1 y 2 por año |
Carlos Menem (1989-1999) | 545 DNU | 54,5 por año |
Fernando de la Rúa (1999-2001) | 73 DNU | 36,5 por año |
Adolfo Rodríguez Saá (2001) | 6 DNU | 367,8 por año |
Eduardo Duhalde (2002-2003) | 158 DNU | 9,3 por año |
Néstor Kirchner (2003-2007) | 270 DNU | 60 por año |
Cristina Kirchner (2007-2015) | 76 DNU | 9,6 por año |
Mauricio Macri (2015-2019) | 70 DNU | 17,50 por año |
Alberto Fernandez (2019-2023) | 178 DNU | 44,5 por año |
Javier Milei (9 meses) | 27 DNU | 36,3 por año |
En las redes hubo mensajes de legisladores de Unión por la Patria luego de la votación en el Senado. El posteo del presidente de la CC-ARI. La queja de Patricia Bullrich.
Desde la oposición destacaron que el Congreso, por primera vez en la historia, haya rechazado un decreto de necesidad y urgencia, luego de la votación en contra del DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE que ocurrió en la madrugada de este viernes.
La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio posteó en su perfil de X: "Vetan el aumento a los jubilados, amenazan con vetar el financiamiento universitario, pero quieren sostener los $100 mil millones de la SIDE. No. Hay límites institucionales que el presidente tiene que respetar. Por eso en el Senado rechazamos el DNU por los fondos reservados".
"Vetar el aumento a los jubilados y darle $100 mil millones de gastos reservados a la SIDE es insostenible. Por eso en @senadoargentina rechazamos el DNU que le asignaba esos fondos para garantizar la 'defensa de Argentina'", escribió por su parte el senador de UP Sergio "Oso" Leavy.
También desde la principal bancada opositora, el senador Mariano Recalde expresó que "si dicen que no hay plata para jubilados, para educación, para obras, para comida o remedios…menos puede haber para espionaje o recursos que nadie controle". "DNU RECHAZADO POR LAS DOS CÁMARAS", enfatizó.
Desde la Cámara de Diputados, el jefe de UP, Germán Martínez, resaltó que hubo una "gran tarea de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria (en ambas cámaras) construyendo mayorías amplias para aprobar el financiamiento universitario y rechazar el DNU de gastos reservados de la SIDE". "Convicción y coherencia, para representar a las y los argentinos", sumó.
La diputada de UP Carolina Gaillard destacó que "anoche el Senado, en un hecho histórico de control democrático, rechazó con 49 votos el DNU 656 de @JMilei que establecía 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE". "Sí. Hay límites. Y son las instituciones. No se puede violar la Constitución Nacional presidente. El Congreso existe funciona y controla. Mande una ley", exigió.
Mientras que su par Eduardo Toniolli advirtió que "es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU. Y no será la última, porque esa misma historia nos enseña que no puede estabilizarse ni social ni políticamente un régimen que busca deliberadamente empujar a la miseria al 80% de la sociedad". "Alguna vez el padre de la Patria dijo que los argentinos no somos empanadas que se comen de un sólo bocado", manifestó.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recordó: "Lo vimos, lo denunciamos y lo hicimos sin miedo. Solo era cuestión de tener el coraje de sostener una posición, y teníamos razón. El DNU que incrementaba en un 3131% los gastos reservados de la SIDE fue rechazado por nulidad absoluta e insanable".
"En medio de tantas necesidades reales en Argentina, esto no representaba ni una necesidad ni una urgencia. La única urgencia era gastar 80 mil millones de pesos en 20 días, sin control democrático. No mientan: el decreto no contenía ni un solo argumento relacionado con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado", sostuvo el presidente del partido fundado por Elisa Carrió.
El porteño aseguró que "no había razón para actuar por fuera de la Constitución. Se le quitó una facultad al Congreso, y con este rechazo, se ejerció una acción reparadora". "Este hecho es histórico, ya que es la primera vez desde la reforma constitucional de 1994 que se rechaza un DNU", apuntó.
Por el lado del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado contra la decisión del Senado, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: "LA NARCOCRIMINALIDAD 1 - LOS ARGENTINOS DE BIEN 0. Todo lo que necesitamos para combatir el terrorismo, bochado por un grupo de senadores irresponsables".
"El Congreso decidió desfinanciar la SIDE. Es la primera vez que pasa en la historia. No son conscientes de la gravedad de sus actos. Ponen en riesgo la seguridad nacional y del presidente para hacerle pagar un 'costo político' a Milei", fue el mensaje de Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia.
En una jornada maratónica, la Cámara alta aprobó con modificaciones la Boleta Única de Papel, convirtió en ley el aporte para universidades nacionales y rechazó el decreto de necesidad y urgencia, con posturas bien distintas en algunos casos.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, desde Casa Rosada cuestionaron a los legisladores que rechazaron el decreto. Párrafo aparte para la UCR.
Luego de una votación histórica, al tratarse de la primera vez que el Congreso en ambas cámaras rechaza un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno salió con un comunicado contra los senadores que votaron en contra del DNU por el cual se habían otorgado 100 mil millones de pesos a la SIDE.
"La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país", arranca el texto difundido este viernes.
Desde Casa Rosada se señaló que "el rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política".
A continuación, desde el Poder Ejecutivo destacan que "siguiendo la visión del presidente Javier Milei, se reformó el Sistema de Inteligencia con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia".
"Pero este viernes, fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo, que deberá decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado, rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al nivel del promedio histórico, y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento", sostiene el comunicado.
Además, la Oficina del Presidente cuestiona que "nuevamente, los intereses personales atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos. Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional".
"Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales", finaliza.
El decreto será tratado en último lugar en la sesión de este jueves. Corre riesgo de ser rechazado y ya cuenta con el voto en contra de la Cámara de Diputados.
Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR
Tal como se esperaba, luego que fuera quitado del plan de labor para la sesión, el bloque de Unión por la Patria solicitó en el arranque de la jornada de este jueves que el DNU 656/24 por el cual se otorgaron 100 mil millones de pesos a la SIDE sea incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada.
En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques de este miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una "sesión secreta" en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.
Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto sea tratado este jueves, en último lugar.
Al tomar la palabra, antes de que se someta a votación el acta y plan de labor, el jefe de UP, José Mayans, afirmó que desde su bancada querían dar tratamiento al DNU. Sobre la sesión secreta pedida por el Ejecutivo, en el marco del artículo 18 del reglamento, explicó que para ello son necesarios los "dos tercios" si no, no puede ser reservada. Y, a continuación, manifestó su rechazo a que se haga una reunión de ese tipo, para lo cual su bloque sería necesario.
En ese sentido, el formoseño dijo que rechazaban una sesión así por "los tiempos que estamos viviendo, donde el presidente llama a diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian su voto en 24 horas; entonces, es un momento donde la gente sospecha de corrupción", lanzó en referencia a lo sucedido con cinco diputados de la UCR que ayudaron a sostener el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria.
UP, el radicalismo y Guadalupe Tagliaferri y Edith Terenzi votaron juntos esta vez. (Foto: Comunicación Senado)
"Entonces nosotros dijimos, ¿sesiones secretas para hablar de un gasto de 100 mil millones de pesos y con una ministra (por Patricia Bullrich) experta en pegarle a gente desarmada? Imposible que nos prestemos a eso", expresó.
Por otro lado, recordó que según la Ley 26.122, los DNU deben ser tratados en 10 días por la Bicameral de Trámite Legislativo, y una vez vencido ese plazo quedan habilitados "inmediatamente para ser tratados en ambos recintos".
Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pase a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorpore el DNU al temario como último tema.
Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo. Después de darle la palabra a la senadora Anabel Fernández Sagasti -que reclamó por cuándo se deben votar las mociones-, Villarruel se retiró del recinto.
El DNU sobre la SIDE ya fue rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. De repetirse el escenario en el Senado -se necesita de mayoría simple- representaría una nueva derrota legislativa para el oficialismo y se convertiría además en el primer decreto de necesidad y urgencia en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.